Cuestionamientos de UP a Martín Menem por haber rechazado un pedido de sesión

En el inicio de la sesión de este lunes, diputadas de la principal oposición hicieron presentaciones de cuestiones de privilegio por la decisión del titular del Cuerpo.

Tal cual se preveía, Unión por la Patria arrancó la sesión impulsando una cuestión de privilegio contra el presidente de la Cámara baja, Martín Menem. Fue a través de la diputada Carolina Gaillard, quien detalló primero una serie de lo que consideró incumplimientos de parte del titular del Cuerpo. Citó el caso de la violación del sistema D’Hont en la composición de las comisiones, tal cual había sido acordado en la sesión preparatoria de diciembre pasado.

Citó también el retraso de la composición de la Bicameral de DNU, y también que le hubieran retaceado un lugar a UP, que considera que debieron corresponderle allí 4 lugares para los diputados y no tres.

Criticó también que no se garantizara la difusión de encuentros, como sucedió con un evento organizado con la presencia de constitucionalistas para analizar el mega DNU, y cuya transmisión fue cortada. También cuestionó la situación que dijo se vive en la señal Diputados TV, donde dijo que hubo despidos y casos de “censura”.

“Cosas gravísimas están ocurriendo en esta Cámara”, dijo, citando el caso de la Comisión de Libertad de Expresión, cuya flamante presidenta se negó a convocar a un grupo de periodistas, argumentando que ella iba a “ordenar el temario”.

Pero como motivo principal de su cuestión de privilegio citó el caso del pedido de sesión de su bloque, para este martes a las 11 de la mañana, rechazado por Menem porque entendía que la sesión sobre la ley de Bases se iba a extender. Gaillard dijo que “no es discrecional otorgar o no la sesión. Eso está regulado por los artículos 35 y 36. No se ha cumplido con el reglamento”. La diputada explicó que de debía convocarla igual y si la sesión actual se extendía, quedaba para desarrollarse a continuación. La intervención de Gaillard terminó cuando el presidente de la Cámara le cortó el micrófono.

Sobre el mismo tema hizo más tarde una cuestión de privilegio similar la diputada Vanesa Siley. “Usted no se puede apropiar de las instituciones”, le advirtió la legisladora kirchnerista.

“Parece que de su familia no heredó usted la viveza criolla, señor presidente”, concluyó la diputada.

Siley adelantó que presentarán los fundamentos de rechazo al mega DNU

Al inicio de la reunión de la bicameral de DNU, la diputada de UP responsabilizó al decreto 70/2023 por el cierre de Télam y criticó la posición de la UCR sobre querer tratar decretos de la gestión anterior.

Al comienzo de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la diputada nacional Vanesa Siley (UP – Buenos Aires) anunció que su bloque presentará en esta reunión los fundamentos de rechazo al decreto de necesidad y urgencia 70/2023 enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado.

Entre diferentes cuestiones presentadas por Siley, primero, señaló que en La Libertad Avanza “hay un mar de confusiones, falta de comunicación o falta de línea de acción, cosa que se ha visto en el tratamiento de la ley ómnibus”. Del mismo modo, mencionó que el radicalismo desde febrero insiste en tratar el DNU del presidente Javier Milei, pero “ahora piden tratar los de la gestión de Alberto Fernández”.

En esa línea, la diputada kirchnerista agregó: “El mail –de citación- llegó el día 5 de marzo a las 21.44 horas, pero no sé qué pasó entre las 13 y las 21 que llega otro correo que dice ‘aclaración que esta citación de los ministros se le cursó vía jefe de Gabinetes que es quien informará la convocatoria de citación’”.

Dirigida al titular de la comisión Juan Carlos Pagotto, aseveró: “Nosotros no invitamos, nosotros citamos. Lo dijo usted presidente porque el citado debe asistir”.

También, relató: “Aparece otra nota del 6 de marzo firmada por diputados y senadores de la oposición, tengo dudas si son oposición, para que se dé tratamiento a todos los DNU pendientes del gobierno de Alberto Fernández”, y enfatizó: “Me llama la atención de la UCR que pedía tratar el 70/2023 y ahora piden tratar los de Alberto”.

“No sé si el único bloque opositor es el nuestro o si se han puesto de acuerdo para salvarle la ropa a usted (a Pagotto) por la ausencia de funcionarios”, cuestionó la diputada de UP.

Así las cosas, señaló: “Llévenlos al recinto a los DNU de Alberto, pero el 70/2023 está causando problemas gravísimos porque no es la función constitucional que tiene esta comisión bicameral”.

Por otro lado, Siley se refirió al cierre de la agencia de noticias Télam y explicó que “muchos se consternaron, pero una característica del cierre está fundada en este DNU”. Y añadió: “Sabemos de la desregulación sobre las prepagas. Hay empresas como Swiss Medical que desde diciembre acumularon más del 250% de aumento”.

Finalmente, Vanesa Siley anunció que “por nuestra parte hemos tomado la decisión política de presentar los fundamentos del rechazo de este DNU tan dañoso para la sociedad argentina”.

Siley pidió que “se clarifique la naturaleza de los invitados”

En el cierre de la primera reunión de la comisión bicameral de DNU, la diputada de UP se refirió a la posibilidad de convocar a Federico Sturzenegger y recordó que en Diputados “fueron muchos invitados que no había escrito la ley ómnibus”.

Tras el cierre de la segunda reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, a cargo del senador nacional Juan Carlos Pagotto (LLA – La Rioja), la diputada nacional Vanesa Siley (UP – Buenos Aires) exigió con relación  a la próxima reunión que “se clarifique la naturaleza de los invitados”.

Tomando como referencia lo acontecido durante las reuniones plenarias en la Cámara de Diputados durante el debate del proyecto de ley ómnibus, Siley señaló que en esa oportunidad “hubo invitados que dijeron no haber escrito la ley”. “Antes de votar, quiero consultar sobre el listado de invitados”, le pidió a Pagotto.

También, la diputada camporista reiteró el pedido de Oscar Parrilli sobre invitar al asesor presidencial Federico Sturzenegger, y cuestionó: “¿No se va a invitar a los que escribieron el DNU? quisiera que clarifiquen la naturaleza de los invitados”.

Finalizada la primera reunión de la comisión bicameral abocada al tratamiento del DNU 70/2023, en donde el oficialismo y Unión por la Patria tuvieron otro encuentro discrepante, se la pudo observar a la diputada Siley “muy enojada y a los gritos”, ante la situación transcurrida en el cierre.

Con representantes gremiales invitados, Diputados vuelve a debatir sobre la reducción de la jornada laboral

La reunión está prevista para el próximo miércoles a las 16.30. Será la segunda reunión informativa para debatir entre siete proyectos que establecen reducir la carga laboral entre 40 y 36 horas semanales.

A cargo de Vanesa Siley, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados se reunirá este miércoles a las 16.30 para continuar con el debate de los proyectos que proponen la reducción de la jornada laboral.

Las siete iniciativas que hay sobre el tema se dividen en, cinco de los oficialistas Hugo Yasky, Claudia Ormachea, Eduardo Valdés, Mónica Litza y Sergio Palazzo, y las dos restantes de Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) y el socialista Enrique Estévez.

En la primera reunión estuvieron invitados: Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA Autónoma; Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA); Claudio Marín, secretario general FOETRA y gremial de la CTA de los trabajadores; Natalia Salvo, presidenta de la Corriente de Abogados Laboralistas “7 de Julio”; Pablo Anino, editor de la sección economía de La Izquierda Diario; y la ministra de Trabajo Kelly Olmos.

Para la próxima semana fueron invitados representantes gremiales y especialistas quienes expondrán sobre la Ley de Régimen de Jornada Laboral y las modificaciones sobre jornada máxima laboral.

Los proyectos a considerar

La iniciativa presentada por la diputada oficialista Claudia Ormachea establece que la jornada de trabajo sea de 6 horas diarias o 30 semanales; mientras que la del líder de la CTA, Hugo Yasky -quien había anticipado el 11 de septiembre pasado el inicio de este debate-, propone que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.

Por su parte, el referente del sindicato bancario y diputado nacional Sergio Palazzo propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana.

Al igual que el proyecto de Ormachea, las propuestas de Valdés y Del Caño proponen un máximo de 6 horas diarias y 30 semanales.

Por otro lado, el socialista Enrique Estévez y Mónica Litza propusieron que la jornada laboral no exceda las 36 horas semanales.

Con voces de todos los sectores, arrancó en Diputados el debate sobre la reducción de la jornada laboral

Fue en una reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo, donde hubo numerosos invitados que incluyeron la experiencia internacional. Muchas voces a favor, las dudas planteadas y el cuestionamiento de la UIA.

En el marco de una reunión informativa, arrancó este martes en la Cámara de Diputados el debate de la reducción de la jornada laboral, que tiene como base siete proyectos de ley, cinco de oficialistas,  uno de la izquierda y el restante del socialismo.

Fue el primer encuentro desarrollado en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo, cuya presidenta, Vanesa Siley (FdT) aclaró en el inicio de la reunión que este será el primer encuentro, pero no el último, e informó que “la CGT va a estar presente en la próxima reunión y también algunas cámaras empresariales que nos pidieron participar”.

“Esta discusión es para modificar una norma que data de 1929, que es la ley que rige actualmente la jornada laboral en Argentina, de 48 horas semanales”, señaló la oficialista y dijo entonces que se trata de “modernizar y actualizar la legislación laboral, que cumpliría dentro de cinco años 100 años”. “Cuando se habla de reformas laborales frente a la tecnología, el cambio en las relaciones laborales, hablamos también de este derecho fundamental que es la jornada laboral”, expresó.

Al comparar lo que ocurre en otros países, detalló que “hoy acaba de tener dictamen en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de México y está próximo a pasar a recinto; en Chile se discutió en abril de 2023 y se convirtió en ley; en Colombia en el 2021 y se convirtió en ley; en Ecuador fue en el año 1983 que se redujo a 40 horas”.

Por otra parte, en Reino Unido hubo una prueba piloto de 61 empresas para reducir un día la semana, que duró seis meses y tras ese tiempo “solicitaron tener definitivamente como régimen una jornada de cuatro días”. De acuerdo con los resultados, “se ve notablemente incrementada la productividad, una baja en el ausentismo, baja en accidentes laborales, lo que trae como consecuencia la baja de un costo”, destacó. Y añadió que además apunta a “mejorar la calidad de vida no solamente en términos físicos, sino de salud mental”. “Todavía no se ha encontrado en todas las experiencias del mundo ningún aspecto negativo”, sumó.

Autora de uno de los siete proyectos en consideración, la diputada Claudia Ormachea (FdT) resaltó que “hace 100 años que no se discute sobre el tema de la jornada” y, sobre el impulso de la iniciativa, consideró que ante los avances tecnológicos y después de la pandemia “era necesario sentarse y pensar en este derecho”. “Es un tema de debate con pruebas piloto en todo el mundo, en los países desarrollados y en los países también de América Latina”, apuntó.

La dirigente de La Bancaria defendió que “es una medida que tiene que ver con mirar la calidad de vida de los trabajadores, mejorar la salud de los mismos”. “Un horario de trabajo que pueda ser mejor compaginado con la vida personal”, remarcó y aclaró que “esta ley, como cualquier otra, no es que viene a prometer cantidad de puestos de trabajo. Esta ley lo que sí va a hacer es una mejor distribución del trabajo y, por supuesto, en algunos sectores de la economía, creación de puestos”.

Al subrayar el aspecto clave de que “este avance no implique una reducción en el salario”, la oficialista afirmó que “las experiencias que se han llevado adelante demuestran que para el lado de las empresas hay menos ausentismo, menos accidentes, la gente trabaja de otra manera y rinde”. Por último pidió, sacarse “la mirada desde lo partidario para que esto se convierta en una ley que mejore la vida de todos”.

Los expositores

El primer expositor en hablar fue Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA Autónoma, quien argumentó que reducir la jornada laboral contribuye “en la responsabilidad familiar compartida” entre hombres y mujeres, al tiempo de recordar que “la pelea por la jornada laboral es constitutiva del movimiento sindical; está en el ADN de nuestras organizaciones esta pelea”.

“Tenemos internacionalmente experiencia, pero la jornada laboral en la República Argentina es una de las más altas en la región”, manifestó y aseguró que “no es una cuestión que se nos ocurre ahora”, sino que “se está aplicando y discutiendo en todo el mundo”. Para el líder de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, “indudablemente es tiempo de avanzar y profundizar nosotros en este tema” porque esta medida está “directamente relacionada con la salud y la seguridad en el trabajo”, además de generar una “mayor igualdad en esta sociedad”.

En contra de la propuesta, Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), preguntó a los legisladores: “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas  diarias o 48 horas semanales”.

A continuación, Claudio Marín, secretario general FOETRA y gremial de la CTA de los trabajadores, solicitó que se separe la cuestión del “tiempo de trabajo” de la “productividad” porque “sino parece que la productividad depende del tiempo que una persona esté a disposición de su empleador”, por lo que remarcó que “ese no es el único elemento ni tampoco se le puede llamar productividad”.

Así, definió a la productividad como “lo que se puede lograr en la producción a partir de aplicar determinadas técnicas, herramientas y capacitación requiere una inversión por el lado patronal para poder lograr una productividad que no necesariamente tiene que ver con la extensión de la jornada ni la carga del trabajo”.

“Cuando los sindicatos formamos parte de la organización del trabajo, cuando el propietario invierte la productividad y eso no quiere decir que haya que trabajar de más. O sea, lograr mayores resultados no implica una relación directa con la cantidad de tiempo que dure una jornada de trabajo porque hay otros elementos en el medio a tener en cuenta porque si no estamos haciendo una discusión pobre”, señaló el secretario de FOETRA.

En tanto, planteó que “la reducción de la jornada no tiene por qué tener un correlato automático con una caída de la productividad porque eso no es productividad, es tener menos carga que puede redundar en una mejora en la productividad al final de la jornada. Es absolutamente necesario que el Congreso pueda llevar adelante una normativa general donde los sindicatos podamos discutir en cada ámbito la implementación sobre la base de una ley que motiva, dispara y da un marco necesario”.

A su turno, Natalia Salvo, presidenta de la Corriente de Abogados Laboralistas “7 de Julio”, expresó que “el trabajo es fundamental para ordenar una sociedad, pero el trabajo con derechos”. “Son derechos humanos consagrados en tratados internacionales con jerarquía constitucional”, afirmó.

En relación a las causas porque las que se mostró a favor de la reducción de la jornada de trabajo, explicó que “si hubo un síntoma de reducir las jornadas fue la salud de los laburantes”, y amplió: “Luego de ver la salud deplorable de los trabajadores que eran de 16 y 17 horas, vino la reducción”, a principios de siglo XX.

“Estamos discutiendo intereses objetivos, pero el trabajador discute por mejores condiciones de trabajo y de vida y la regulación es fundamental para que exista un capitalismo sustentable”, concluyó.

El otro integrante de la Corriente de Abogados Laboralistas “7 de julio”,

Luis Padín, mencionó que “la disminución de la jornada laboral debe ser sin pérdida y que reparta el trabajo existente”. En tal sentido, sostuvo que “la creación de derechos ni la destrucción no genera empleo”.

A su vez, destacó que “los operativos pilotos demuestran que la reducción de las aumentan la productividad y reducen el ausentismo”. Finalmente advirtió que “no debe ser aceptado que el convenio colectivo perfore derechos de los trabajadores en distintos contextos”.

La experiencia española

La secretaria Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España, Cristina Faciaben, contó que en dicho país la jornada laboral se determina por convenio colectivo. “La cobertura es del 86% de los trabajadores, es decir hay un 15% de la clase trabajadora que no tienen cobertura y están bajo la normativa mínima que es el estatuto de los trabajadores que fija la jornada máxima semanal en 40 horas exigiendo que haya un descanso de 12 horas entre jornada y jornada y el máximo de una jornada ordinaria pueden ser 9 horas”, precisó.

“Desde las comisiones obreras defendemos la reducción del tiempo de trabajo por muchas razones que ya se han apuntado. Tiene comprobado efectos positivos, tanto para las empresas como los trabajadores, es la parte más importante. Además, da respuesta a las necesidades manifestadas por los propios trabajadores y da una autonomía. Racionaliza los tiempos, hay que pensar en los usos del tiempo más allá del trabajo, en forma global como escuela, televisión, fútbol”, detalló Faciaben.

A su vez, afirmó que España es uno de los países donde los trabajadores tienen una jornada para comer de 2 horas y donde las personas “más trabajan a partir de las seis de la tarde, o evitar trabajos nocturnos o a contra turno”. “Facilita y equilibra la vida laboral y personal, la corresponsabilidad entre progenitores, también puede reducir la dualidad de los mercados de trabajo donde los hombres tienen jornadas muy largas y horas extras mientras que las mujeres tienen horas reducidas, ayuda a las empresas a dar puestos de trabajo, reduce el ausentismo y las faltas en el trabajo, también impacta en la sustentabilidad del ambiente al reducir los desplazamientos y tiene impactos positivos en la salud física y mental”, enumeró.

“Puede llevar a mejoras de la productividad por todas las ventajas y la calidad del empleo y el salario, son factores positivos que permiten más ese ser más productivo”, destacó y advirtió que reducir la jornada no implica reducción del salario, no debe ser una imposición, que sea una negociación mediante acuerdos, no debe ser “una moneda de cambio que el empresario llame al trabajador a su gusto como un recurso a disposición”, no se debe ser reduccionista y se tienen que pensar alternativas porque “no en todas las actividades es posible reducirlo a 4 días semanales”.

Pablo Anino, editor de la sección economía de La Izquierda Diario, colaboró en el proyecto que presentó el diputado nacional Nicolás Del Caño (FIT) y expresó: “es tratar esto porque contrapone a la agenda de la ultraderecha”, como así también agregó que “los salarios se cayeron el gobierno de Mauricio Macri y por la devaluación de Sergio Massa y el FMI”.

“Nosotros planteamos que, además de la reducción de la jornada, que nadie ganes menos de la canasta básica, sin flexibilidad y sin bajas de salarios”, señaló Anino, y añadió: “Bajo estas condiciones, esto debe ir con una lucha del sector trabajador”.

Del mismo modo, remarcó que “reivindicamos la lucha mediante una discusión en el Congreso”, pero advirtió que “las centrales sindicales defienden corporativamente los derechos en un país donde hay trabajadores informales y desocupados”.

A su vez, consideró que, en caso de darse la reducción de la jornada de trabajo, “en las 12.000 grandes del país, se podrían generar 1,1 millón de nuevos trabajadores”. “Esto mejoraría las condiciones de vida de la clase trabajadora porque el trabajo bajo el capitalismo es sometido a la explotación”, cerró.

Kelly Olmos a favor del proyecto

El cierre del tramo destinado a oradores invitados correspondió a la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, quien adelantó el apoyo de esa cartera a esa iniciativa, promoviendo en tal sentido que en caso de adoptarse una modificación de la cantidad máxima de horas “se haga de una manera escalonada, con un horizonte y una previsibilidad”, y que a partir de fijar ese máximo de horas “fortalezcamos la competencia de la negociación tripartita de cada convenio para la mejor distribución de las horas máximas a los efectos de adecuar cada sector.

la funcionaria señaló que “si optáramos por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social”.

“No es un tema ideológico”

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT), autor de uno de los siete proyectos presentados, sostuvo que “veo que los países de mayor índice Gini que son los que están reduciendo el horario laboral como Noruega, Alemania o Dinamarca”, y afirmó que “no es un tema ideológico porque lo discute la derecha inglesa”.

Asimismo, planteó que “las empresas más importantes fueron al calor de esos derechos laborales y los líderes del mundo se lo están debatiendo y se lo están planteando”. “Argentina tiene prestigios en el mundo con los derechos humanos y laborales”, indicó.

“El mundo está planteando nuevos desafíos y hay menos fuentes de trabajo. Ojalá esta reducción permita que se tomen otros trabajadores que quedaron fuera del mercado de trabajo. Bienvenido este debate”, cerró Valdés.

Desde la oposición, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) dijo estar “a favor de la reducción”, y explicó que “los datos de Argentina son de mediados del 50, cuando eran 2060 horas mensuales y hay una tendencia constantemente a reducir”.

Sin embargo, propuso que “se ensayen y exploren instrumentos para la reducción de la jornada laboral porque no podemos sostener la productividad con la reducción de la jornada”. “No pretendamos que la causalidad va al revés. Generemos una normativa con incentivos”, señaló.

Del mismo modo, planteó: “Hay sectores que no tienen sentido por ejemplo en tareas de cuidados y una serie de empleos, donde la norma no puede ser de carácter general”. A su vez, añadió: “Los incentivos son el camino correcto y el Estado debe llevar ese experimento que son de participación voluntaria”.

“El conjunto de regulaciones puede tener un impacto, pero estaría bueno crear condiciones para que las empresas exploren modos alternativos o que puedan elegir cumplir 10 horas en 4 días porque el mercado de trabajo no es homogéneo”, concluyó.

En el cierre, Daniel Arroyo (FdT) agregó: “Tenemos la necesidad de reducir la jornada de trabajo, luego tratar el tema de la informalidad -que son el 40 por ciento de los que trabajan- y el tercer tema es el tema de los ingresos”, pero aclaró: “Celebro que trabajemos ordenadamente”.

Luego, la diputada María Rosa Martínez (FdT) le respondió a Tetaz respecto a los incentivos que propuso en su intervención y le recordó el tratamiento del proyecto del Empleo MiPyME: “Reducir tareas de cuidado es mejorar la calidad de las horas de trabajo y estamos discutiendo en un país con productividad”, añadió.

Yasky y el proyecto que se viene

El diputado nacional Hugo Yasky afirmó que “nos preocupa resolver la informalidad”, y dejó abierta una posibilidad que contemple una solución que pase por el Congreso: “Estamos trabajando con un proyecto que tiene un objetivo ambicioso, informalidad cero”.

“Sabemos que va a generar resistencias de los sectores empresarios, pero nos va a permitir poner en debate un tema que se utiliza como argumento para postergar avances en la legislación laboral”, explicó respecto la iniciativa en la que se encuentran trabajando desde su bloque.

Para terminar, manifestó que “queremos que la gente trabaje menos para que viva mejor y que viva menos alienado”. “Europa demostró que no hay impacta positivamente en la productividad, es un avance para el sector empresario y la vida es eso que pasa mientras que uno está ocupado haciendo otras cosas”, concluyó.

Finalmente, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, dio por terminada la reunión y anticipó que habrá más reuniones informativas con nuevos expositores.

Obtuvo dictamen la ampliación de licencias maternales, paternales y parentales

El oficialismo logró dictamen de mayoría. Juntos por el Cambio y el socialismo firmaron dictámenes de minoría. Se logró una síntesis entre 55 proyectos presentados por diversos bloques.

Siley apuntó contra JxC: “El objetivo que tienen es precarizar el trabajo”

La diputada oficialista sostuvo que en estas elecciones “se juega la ganancia de nuevos derechos o la pérdida de los que existen”. Respecto de las propuestas de UP sobre el Poder Judicial planteó: “Hay que dotarlo de transparencia, imparcialidad y verdadera independencia”.

La diputada nacional y secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (Sitraju), Vanesa Siley (FdT), sostuvo que “el objetivo de Juntos por el Cambio es precarizar el trabajo”, y advirtió que en las elecciones de este año se juega “la ganancia de nuevos derechos o la pérdida de los existentes”.

“Precarizar el trabajo es el objetivo de Juntos por el Cambio para que la redistribución de la riqueza sea más regresiva y contraria al trabajador argentino”, afirmó la presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo de Diputados en declaraciones a radio AM 530.

Sobre la propuesta de eliminación de la ultraactividad (renovación automática de los convenios colectivos de trabajo) para “modernizar” esos instrumentos que mencionó el exministro de Producción y Trabajo macrista Dante Sica, la diputada consideró que se trata de un “eufemismo para decir que hay que eliminar los derechos laborales que han negociado históricamente las organizaciones sindicales con las cámaras empresariales”.

Siley señaló que esta propuesta se apoya en una “idea falaz de que los derechos laborales de los convenios son viejos”, cuando en realidad -indicó- los CCT “son la normativa laboral que más se ha actualizado en los últimos años”.

“Tenemos muy en claro lo que se juega el mundo del trabajo en esta elección: se juega si vamos a adquirir nuevos derechos que nos faltan, por ejemplo, las licencias parentales igualitarias o la reducción de la jornada laboral que estamos discutiendo en comisión, o si van a venir a sacarnos los derechos que tenemos sin otorgar nuevos”, definió la legisladora.

Al respecto, la legisladora oficialista planteó: “Hay que analizar el porqué de la pérdida del poder adquisitivo en la Argentina. Venimos manifestando la suma fija hace tiempo, es sumamente necesaria”.

La diputada opinó que de fondo existe una “idea mentirosa que tiene (Patricia) Bullrich, (Horacio Rodríguez) Larreta y todo el macrismo, para instalar los derechos laborales del trabajador como ‘un privilegio’ y no es así, es el patrimonio del trabajador”.

“La pérdida del poder adquisitivo que hubo en el macrismo todavía no la hemos podido recuperar. El índice de desocupación ha llegado a niveles similares a los de diciembre del 2015, que fue cuando asumió Mauricio Macri”, apuntó.

Siley llamó a tener en cuenta que durante la gestión de Mauricio Macri “eliminaron el Ministerio de Trabajo, eso habla de una política de Estado para eliminar derechos, convenios colectivos de trabajo y el sistema de paritarias libres en la Argentina”.

“Durante el macrismo se intervinieron organizaciones sindicales como se hacía en la dictadura militar. El ataque directo a la forma colectiva y organizacional de los trabajadores es lo que pretenden volver a instalar y mucho más fuerte”, sentenció.

En lo que respecta a las propuestas de Unión por la Patria en relación al sistema de justicia, la dirigente dijo que las principales iniciativas están enfocadas en “dotar de transparencia, imparcialidad y verdadera independencia al sistema judicial”.

“Necesitamos una Corte Suprema que supere el número de actores actuales. Con la Corte Suprema de Justicia que tenemos actualmente esos principios republicanos están violados”, evaluó Siley, quien enfatizó que se requiere de una Corte “ampliada e igualitaria”.

Y cerró: “No hay perspectiva de género ni popular para los procesos judiciales. Lo que hay es un sistema de privilegios donde sucesivamente nos encontramos con fallos judiciales, con sentencias del máximo tribunal favoreciendo a las grandes empresas, a los monopolios y a quienes delinquen, pero nunca del lado de la víctima ni del que menos tiene”.

Avanza la derogación de la ley que impide determinados trabajos para mujeres y menores

El proyecto, unificado en base a iniciativas de JxC y el FdT, obtuvo 153 votos afirmativos y busca la derogación de una ley que data de 1925.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la derogación de la Ley 11.317 y el decreto 2.699 del 28 de mayo de 1925 sobre prohibición de tareas peligrosas o insalubres para mujeres y personas menores de 18 años.

La iniciativa obtuvo 153 votos afirmativos. Se unificaron proyectos impulsados por las diputadas nacionales Silvia Lospennato (Pro), Lucila Masin y Vanesa Siley (ambas del FdT).

La diputada Vanesa Siley resaltó el consenso alcanzado para llevar al recinto este tema. “Esta norma data de 1924, cuando se prohibía el trabajo de mujeres para ciertas actividades consideradas oportunamente riesgosas e insalubres. En el dictamen hemos salvado las normas que refieren a la prohibición del trabajo infantil para mantener las normas que actualmente prohíben el trabajo infantil para que no se mezclen con la intención y la naturaleza de lo que estamos derogando, que es la prohibición del trabajo de mujeres en ciertas actividades”, señaló la diputada del FdT.

Siley consideró que “tal vez hace casi 100 años tenía un fin loable prohibir el trabajo de mujeres en estas actividades, considerándolas insalubres, nocturnas o riesgosas, pero la actualidad nos lleva a replantearnos esos estereotipos patriarcales”.

Concretamente esta norma fue deviniendo en abstracto, comentó la diputada, ejemplificando que la ley prohibía en subterráneos, y hoy sí trabajan mujeres en subterráneos; o prohibía el trabajo de mujeres en la industria del vidrio, o destilerías de alcohol. Pero por ejemplo, agregó, “en la minería sigue siendo alegada esta norma para no contratar mujeres. Por ejemplo en la industria portuaria, marítima, empresas de hoy día siguen alegando esta norma para no contratar mujeres”, comentó.

Agradeció la presencia de mujeres en las gradas, que aplaudieron la sanción de la norma, y precisó datos para respaldar sus dichos, elaborados por la Subsecretaría de Asuntos Portuarios de la Provincia de Buenos Aires, según los cuales en la actividad portuaria un 87% son del género masculino, solo un 13% son mujeres, que trabajan en la administración, recursos humanos, en comunicación. “Se vuelve a presentar esta realidad de la división sexual del trabajo, que es uno de los motivos de la brecha de género en la Argentina”, agregó Siley.

Precisó además que “este origen de la división sexual del trabajo, que hace que muchas mujeres se desarrollen en la educación, la salud, en los trabajos domésticos, actividades desvalorizadas la mayoría de ellas socialmente, y mal remuneradas. Ese es uno de los orígenes de la brecha salarial en la Argentina. En nuestro país, la brecha salarial tiene que ver con la segregación ocupacional”.

“La idea de derogar esta norma es poder abrir el abanico y que las mujeres tengamos mayores posibilidades para elegir en la inserción laboral”, resaltó.

Por su parte, la diputada Silvia Lospennato celebró poder llevar al recinto ese proyecto. “Esta es una norma que en su gran mayoría se ha ido derogando en todos sus artículos y algunas normas no derogadas cayeron en desuso, pero todavía se sigue utilizando para impedir el trabajo de mujeres en determinadas actividades, por eso es importante que hoy finalmente eliminemos esta rémora de un tiempo en que se trataba a las mujeres como a niños”, apuntó la diputada, que consideró “importante” avanzar con esta norma que les costó mucho hacer llegar al recinto.

“Pero además es importante avanzar en esta legislación, porque cuando miramos las brechas que todavía existen entre varones y mujeres en la sociedad argentina según el Foro Económico Mundial, que las divide en cuatro subíndices, la Argentina califica dentro de los 114 países que se contemplan, en el número 32 –destalló-. Y eso parecería que es algo positivo. Sin embargo, cuando miramos los subíndices, vemos que a nivel Educación las brechas son casi nulas, y entonces rankeamos en el puesto 1; a nivel de empoderamiento político, debido a los avances que hemos logrado con leyes sancionadas en esta cámara, entre ellas la de paridad, estamos en el número 28; cuando evaluamos los indicadores vinculados al acceso a la salud, la Argentina está en el número 46, pero cuando hablamos de participación económica, la Argentina rankea en el número 102. Y eso quiere decir que es ahí donde nos falta reducir las brechas de desigualdad entre varones y mujeres”.

Mujeres en los palcos celebraron la aprobación.

Una norma del siglo pasado

La derogación aprobada deja sin efecto la ley sancionada hace casi 100 años que dispone la prohibición de tareas peligrosas o insalubres para mujeres y personas menores de 18 años y se rige por las disposiciones de las leyes 26.390 –prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente– y 25.212 –ratificación del Pacto Federal del Trabajo–, sin perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública, conforme lo previsto en el artículo 148 bis del Código Penal.

La modificación del artículo 11 de la Ley 11.317 refiere que las personas menores de 18 años tiene prohibido ocupar cargos en: carga y descarga de navíos; canteras o trabajos subterráneos; como maquinistas o foguistas; en el engrasado y limpieza de maquinaria en movimiento; En el manejo de correas; en sierras circulares y otros mecanismos peligrosos; en la fundición de metales, y en la fusión y en el sopleo bucal de vidrio; y en el transporte de materias incandescentes; en el expendio de bebidas alcohólicas destiladas o fermentadas, y en cualquier local o dependencia en que se expenda.

Camino al dictamen, nueva reunión informativa sobre las licencias parentales

En el marco de un plenario de comisiones y con la presencia de expositores, debatieron sobre licencias de cuidado en el ámbito laboral. Durante el encuentro, se propició un intercambio en torno a la actualización de la Ley de Contrato de Trabajo.

Las comisiones de Legislación de Trabajo y Mujeres y Diversidad, que presiden las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha, respectivamente, encabezaron este martes una nueva jornada con eje en la modificación de las licencias laborales de cuidado, extensivas tanto para trabajadores gestantes como no gestantes.

El encuentro contó con la participación de exponentes de distintos sectores sociales como las centrales sindicales CGT y CTA de los Trabajadores, representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) y la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados nucleadas en la Conarcoop.

Así como lo había hecho durante la reunión anterior de la comisión que ella preside y en la que se analizó una reparación para trabajadores de empresas públicas privatizadas en los 90, en el inicio Siley recordó que este 7 de julio se recuerda “La Noche de las Corbatas” y en ese sentido recordó particularmente al abogado Norberto Centeno, responsable en 1974 del proyecto de ley de contrato de trabajo -aún vigente en la Argentina- y uno de los juristas desaparecidos en esa fecha. Siley evocó que “este tema de licencias parentales tuvo dictamen 4 veces en la historia parlamentaria (2006, 2008, 2013 y 2014), y media sanción una única vez en el 2006”, al tiempo que ponderó que “ambas comisiones llevan tratados más de 54 proyectos de modificación a la ley de contrato de trabajo, en lo que respecta a licencias parentales y licencias especiales”.

El inicio de la ronda expositora correspondió a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Si bien reconoció como “pionera en la región” a la ley formulada por Centeno, la ministra advirtió que “todavía representa un concepto discriminador, que reconoce el cuidado exclusivamente para las mujeres”. En contrapartida, Díaz calificó como excelente al borrador actual, “porque no solo trata las licencias especiales, y recoge la ampliación de las licencias para personas gestantes y no gestantes, sino que además toma el reconocimiento de las nuevas familias en esta sociedad más diversa y compleja”. Finalmente, la ministra resaltó “el reconocimiento de la licencia para padres y personas no gestantes en el proceso educativo y en la crianza”, en línea con el agregado de las licencias por violencia de género, por lo que instó a los representantes parlamentarios a no perderse esta enorme e histórica oportunidad, “porque reproducir la vida y cuidarla es una tarea del conjunto de la sociedad”.

A su turno, Juan José Etala, presidente del Área de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), se diferenció de la postura de Díaz al teorizar que “este proyecto preliminar, a pesar de sus numerosos y mayores derechos, tiene un problema de origen, o, mejor dicho, en las consecuencias, que es quiénes lo pagan”. Etala manifestó “una profunda preocupación por el impacto fiscal del proyecto”, a la vez que denunció que “los trabajadores no hacen un solo aporte para las asignaciones familiares, ni son un beneficio que otorga graciosamente el Estado, sino que la pagan los empleadores, quienes históricamente hemos hecho aportes al sistema de seguridad social”. El referente de la UIA teorizó que los potenciales beneficios de las modificaciones se limitarían a los empleadores formales, “por lo que el 38 o el 40 por ciento de los trabajadores no van a tener acceso, y otro 38 por ciento de empresas no lo podrán conceder, por lo que los mayores costos, en merced de mayores beneficios, siempre caen en las mismas empresas, y es algo que no nos parece equitativo”.

Encolumnado con el posicionamiento de Etala, el presidente del movimiento nacional pyme (MoNaPi), Alejandro Bestani, describió como necesario “pausar este proyecto, encontrando primero la salida al desastre de la pobreza, con la generación de 8 millones de empleo más, y con una expansión del PBI”. “Por eso, para corregir este terrible y peligroso desvió, venimos a proponer una nueva ley pyme que resolverá el problema de la pobreza y estos derechos que estamos hablando”, formuló el titular de MoNaPi.

En contrapartida a la postura referenciada en Etala y Bestani, hicieron uso de la palabra Karina Moyano, Secretaria General Adjunta de las 62 Organizaciones Peronistas y secretaria de Genero de Camioneros, y Josefa Ávila, exponente de la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados Domiciliarios.

Moyano exigió a la parte empresarial “que entienda la situación del país y piense con la cabeza y el corazón, pensando en una Argentina mejor. “El cambio no es sólo para el bolsillo de algunos, sino para todas y todos, como corresponde”, sentenció la referente gremial, quien celebró “las palabras nuevas que amplían conceptos, porque se trata darle el mismo derecho a la persona que gesta y no gesta, al padre adoptivo que al biológico”. En ese sentido, Josefa Ávila remarcó que “es la primera vez que el Estado mira, a través de este proyecto, una legislación que cuida al que cuida, sobre todo a las personas gestantes y no gestantes mediante las licencias inscriptas en el dictamen”. “Necesitamos un país más justo, donde todes les trabajadores puedan gozar de los mismos derechos”, añadió Ávila, en representación de más de 50 organizaciones de cuidados de la economía social y solidaria, asociaciones civiles, fundaciones y otros actrices y actores de la sociedad civil”.

Finalmente, Macha anticipó que “la semana que viene convocaremos a asesores nuevamente, trataremos de arribar a los mayores consensos”.

“Luego del receso invernal volveremos a convocar para la dictaminación por mayoría y por minoría de este proyecto”, anticipó por su cuenta Siley, previo al debate entre parlamentarios que diera cierre formal a la reunión conjunta.

Ampliación de licencias maternales, paternales y parentales

El tema se debatió en el marco de otra sesión informativa organizada por un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad.

Extrabajadores del Estado reclamaron una indemnización por las privatizaciones de los 90

Fue en el marco de una reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo en la que representantes de empresas privatizadas reclamaron por haber sido marginados de los Programas de Propiedad Participada.

Por impulso de diputados oficialistas y sin la presencia de legisladores de la oposición, comenzó este martes el tratamiento en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de dos proyectos que proponen una indemnización a trabajadores afectados por las privatizaciones en los años 90.

En el inicio, la presidenta de la comisión, Vanesa Siley, resaltó la presencia de “luchadores históricos” en pos de lo que definió como “un derecho que les fue negado hace 30 años”. Recordó además que este debate se da en vísperas del 7 de julio, día en el que se conmemora lo que se conoció como La Noche de las Corbatas, en la que desaparecieron abogados laboralistas.

“Para todos y cada uno de los que provenimos del mundo del trabajo, dar comienzo a esta reunión informativa es no solamente una obligación moral, sino también política y con la democracia argentina”, señaló Siley.

Los proyectos puestos a consideración corresponden a los diputados Hugo Yasky, Juan Marino, Romina del Plá, Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Vanesa Siley y Victoria Tolosa Paz, entre otros, y comprenden reconocimientos para indemnizar a exagentes o sus derechohabientes de Gas del Estado que no se acogieron a los Programas de Propiedad Participada; los de SEGBA; los de Agua y Energía Eléctrica, y los de Petroquímica General Mosconi.

Y antes de iniciarse la exposición de los invitados, representantes de todas las empresas citadas, Siley contó que habían mandado los proyectos, a través de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a la Oficina de Presupuesto del Congreso, para que hicieran una estimación institucional del costo de esas iniciativas.

Asimismo, Siley puso como antecedentes que en años pasados fueron aprobadas leyes para beneficiar a los trabajadores de Somisa, de Altos Hornos Zapla y de YPF, e hizo hincapié en los autores de esas iniciativas: Elisa Carca (Coalición Cívica), Miguel Giubergia (UCR) y Roberto Feletti (FdT). “Diversos bloques fueron los que en otros momentos históricos impulsaron estas iniciativas”, enfatizó Vanesa Siley, para agregar que “si la coherencia histórica se mantiene firme, no habría por qué no seguir con esa lógica”.

En primer lugar y en representación de los extrabajadores de la empresa Agua y Energía de San Nicolás, Dardo Jara señaló que “esta historia empezó allá por el 93. Las privatizaciones perjudicaron a nuestra ciudad, como al país en general”. Recordó que pasó el tiempo y el decreto que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó en beneficio del reclamo por las PPP de los trabajadores de la exSomisa.

“Nosotros tuvimos la oportunidad en 2015, cuando se aprobó en Diputados”, recordó también, aclarando que no llegó a tratarse en el Senado con el gobierno siguiente, de Cambiemos, por lo que p erdió estado parlamentario. “Luego hubo varias iniciativas en Diputados y el Senado”, señaló, haciendo referencia a que “fueron quedando muchos compañeros en el camino. Por ellos y por nosotros les pedimos que hagan lo imposible para que este proyecto se apruebe”.

En representación de los extrabajadores de Segba, Jorge Daniel Galatti cargó contra el proceso privatizador de los 90, que “dejó tremendas consecuencias, con la bandera de remate al capital público. Fue un plan sistemático de desguace que casi no quedó nada del Estado”, cuyas consecuencias a su juicio fueron “cientos de miles de trabajadores caían en la desocupación y empresas con rentas extraordinarias en dólares que luego se fugaban al exterior”.

Galatti hizo referencia crítica a la Ley de Reforma del Estado del 89 y la de Flexibilización Laboral del 91, que “continuaron el proceso”. Y agregó: “Vimos crecer la desocupación del país de una manera inédita; vimos la ruina de nuestras familias, la ruptura de lazos sociales; vimos partir a nuestros compañeros y compañeras en situaciones dramáticas. Lo único que se agrandó fueron las ganancias de las casas matrices de las empresas”.

Por otra parte contó que en el Senado, a través de la senadora Silvina García Larraburu avanza otro proyecto que va en el mismo sentido, y aseguró que lo que piden no representará erogación de dinero para el Estado, porque los proyectos de ley prevén pago con bonos. Pero recordó que los trabajadores de Zapla “tuvieron que esperar 10 años después de sancionada la ley para comenzar a cobrar los bonos”.

A su turno Héctor Jorge Barba, de Encotel, se quejó porque “fuimos marginados de todo este programa PPP que ha desaparecido. Teníamos el 14% de participación en la empresa y nunca se nos dio nada”. Aseguró también que entre los extrabajadores de esa empresa hubo “suicidios por depresión” que atribuyó a no haber podido cobra lo que les correspondía. “Lo que queremos es la posibilidad de que estos proyectos sean tratados en la Cámara, porque creo que es justicia, porque fuimos y seguimpos siendo marginados”.

Concluyó coincidiendo con Galatti: “Sabemos la situación del país, aceptamos el pago con bonos de consolidación de deuda, ese es un paso importante para lograr esto. Estamos dispuestos a pelear hasta las últimas consecuencias”.

A continuación habló Jorge Imperiali, de Petroquímica General Mosconi, quien dio un discurso muy combativo, en el que hizo referencia a “años de reclamo de este derecho vulnerado. 30 años; algún día quizá computen para el pago del resarcimiento los años de lucha”.

“Queremos que los diputados y diputadas abran la puerta de la esperanza, pero no puede haber esperanza si no se paga la deuda interna con los trabajadores que luchamos contra el neoliberalismo”, dijo, para advertir a continuación que “no vamos a aceptar que nos digan que no hay plata… Si hay plata para el Fondo, tiene que haber plata para los argentinos que defendemos la Nación. No venimos a mendigar nada, solamente a pedir una reparación de un hecho trágico que  pasó en la Argentina y del cual fue culpable el Congreso”.

Recordó entonces cuando Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por el silencio ante las “atrocidades” del Proceso, y lanzó: “Algún día quiero que los diputados pidan perdón por haber sancionado la Ley de Reforma del Estado”.

En un discurso muy político, habló de dos modelos que se debatirán en las próximas elecciones. Habló del ajuste que proponen algunos para volver a despedir trabajadores, y se encolumnó en defensa del Gasoducto Néstor Kirchner, del litio, “vamos a defender lo que la patria demande, y necesitamos grandeza absoluta”. Advirtió que lo harán “con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. Necesitamos legisladores de esa talla y confiamos que lo van a hacer”.

Por último, Jorge Peinador, de Gas del Estado, mandó un mensaje electoral, al señalar que muchos les dan felicitaciones por su lucha. “No me sirven de nada las felicitaciones”, dijo, y pidió “que no nos voten en contra. Y a los diputados, la política de los 90 nos llevó a este desastre. La política nos llevó a esto, les pido por favor que reivindiquen nuestro reclamo y por favor que no nos fallen”.

Siley y Recalde participaron de una charla sobre derechos laborales en la Escuela Justicialista Néstor Kirchner

“Macri, Milei y Larreta nos quieren hacer discutir temas del pasado”, advirtió el senador K. Además estuvieron la legisladora provincial Soledad Alonso y el líder del SUTHER, Víctor Santa María.

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La Escuela Justicialista Néstor Kirchner realizó una charla sobre derechos laborales en la cual participaron la diputada nacional Vanesa Siley y la legisladora provincial Soledad Alonso, ambas de extracción sindical; el senador nacional Mariano Recalde y Víctor Santa María, líder del SUTHER. 

En el encuentro, que forma parte del primero de siete cursos de formación política, se debatió sobre derechos y mejoras en el mundo laboral. La masiva convocatoria se realizó en el aula Magna de la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo). Ofelia Cédola, abogada y presidenta de la fundación YPF fue la moderadora. 

En el marco de la charla, se abordaron temáticas actuales vinculadas al mundo laboral y se puso en discusión la idea de que el problema son los derechos de los trabajadores y trabajadoras, o que las reformas deben implicar retrocesos. 

En la apertura, Cédola destacó que “entre 2003 y 2015 tuvimos década ganada en serio. Empezamos con 23% de desocupación y terminamos con un 5,8% y con el salario en dólares más alto de toda Latinoamérica”.

A continuación, Víctor Santa María, manifestó: “No hay solución gremial si no hay solución política. Eso los trabajadores lo entendimos desde siempre, pero a partir del ‘46, cuando el peronismo llega a la presidencia y sabemos todos y todas lo que pasó, y cuando gobernaron la Argentina Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, lo que nos pasó es que los trabajadores y trabajadoras tuvimos una nueva oportunidad”.

También afirmó la importancia de discutir una reforma laboral “en serio” para que “no quede en manos de la derecha. Necesitamos una reforma laboral que signifique una jornada de seis horas, que defienda las paritarias y garantice mejores salarios”.

En el mismo sentido se expresó la diputada provincial Soledad Alonso: “La discusión pasa por tener una suma fija, por tener una buena paritaria y porque trabajadores y trabajadoras lleguen a fin de mes”.

La secretaria adjunta de SECASFPI (Sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social) también repasó proyectos vinculados a nuevos derechos laborales y consideró que “lo que está pasando, por ejemplo con las nuevas aplicaciones de envíos, es una flexibilización del trabajo de hecho. Las grandes plataformas tienen sus sedes en el exterior y no aportan en el país. La derecha nos quiere hacer creer que son socios de las empresas para mejorar la economía argentina, y ellos son socios de los empresarios”.

A continuación, el senador Mariano Recalde señaló que “la discusión siempre es la misma: no quieren aumentar salarios porque les aumentan los costos. Pero el aumento del salario genera condiciones de vida razonables, poder subsistir, descansar. Las leyes laborales ordenan el trabajo. Pero, además, distribuyen la riqueza que generan los propios trabajadores”.

“Cuando los escuchamos que dicen que hay que achicar los derechos laborales significa volver a aquellas condiciones de explotación de principios del siglo XIX. (Mauricio) Macri, (Javier) Milei y (Horacio Rodríguez) Larreta nos quieren hacer discutir temas del pasado. Para atrás no discutimos más. Vamos a discutir para adelante nuevos derechos laborales para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo”, enfatizó el legislador oficialista. 

Por último, la diputada Vanesa Siley apuntó que “el sistema jurídico laboral argentino es vetusto y es el culpable de la informalidad laboral. Si crece el monotributo pareciera que es por culpa de los derechos laborales. Y ahí tenemos una batalla cultural que librar”.

La secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales también se refirió a los derechos vinculados a las tareas de cuidados. “Se trata de una gran discusión que involucra la reducción de la jornada laboral, entre otras cosas. Hoy el 90% de las que realizan las tareas de cuidado somos mujeres. Cuidamos nuestras niñas y niños, cuidamos a nuestros adultos mayores. Los cuidados están subvaluados, sin embargo, cuando uno cuida a los niños y las niñas está cuidando el futuro, y cuando cuidamos a nuestros adultos mayores estamos cuidando la memoria histórica”, agregó.

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Juicio Político: el oficialismo votó citar a Maqueda

Al cabo de la reunión de la comisión que tiene en el banquillo a los cuatro miembros de la Corte, el Frente de Todos aprobó convocar al magistrado cordobés para interrogarlo sobre las supuestas irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial.

Parecía que terminaba la reunión de la Comisión de Juicio Político en la que se presentaba como la última audiencia sobre las supuestas irregularidades registradas en la obra social de los trabajadores del Poder Judicial, pero no fue así.

Faltaban diez minutos para las 19 y ya habían expuesto los seis testigos previstos, que respondieron preguntas referidas a la investigación desarrollada en torno a la OSPJN, cuando la diputada Vanesa Siley leyó un informe preliminar dirigido a la titular de la Cámara baja donde reclamaban convocar al integrante de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, en los términos del artículo 13 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político.

Sindicado como el responsable de la supervisión de la obra social, la idea de los diputados del Frente de Todos es interrogarlo sobre las supuestas irregularidades detectadas en la OSPJN.

Así se votó, mas no se especificó fecha para la presentación, que como el juez de la Corte puede desoír, pues no está obligado a asistir. Puede declarar por escrito, o directamente no asistir.

En un pasaje de esta última audiencia, Leopoldo Moreau sostuvo que un párrafo de una nota presentada por Maqueda que se leyó varias veces este martes demuestra que él “tenía la exclusiva responsabilidad por la supervisión de la Corte” en la obra social. Y para el oficialismo las irregularidades que respaldan los cargos en contra de Maqueda fueron “debida  y ampliamente fundados” a lo largo de estas audiencias.

El informe considera a Maqueda responsable de “consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”.

Previsiblemente se opuso el titular del bloque Coalición Cívica y vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López, quien advirtió que no les habían avisado que se iba a hacer esta presentación. Un clásico: le salió al cruce Rodolfo Tailhade, quien enfatizó que “no hay nada que esté fuera del reglamento”.

El oficialismo celebró junto a su líder

Legisladores del Frente de Todos valoraron los dichos de Cristina Kirchner en el acto y destacaron especialmente algunos de los pasajes de su discurso.

Legisladores del Frente de Todos acompañaron a la vicepresidenta en el acto celebrado en Plaza de Mayo y luego lo reflejaron en sus redes sociales.

Fue el caso de la diputada nacional Vanesa Siley, que llamó a seguir “imitando” el ejemplo de Néstor Kirchner. “La Plaza colmada de pueblo, la militancia bajo la lluvia y miles de corazones gritando al unísono: que siempre vamos a seguir junto a @CFKArgentina”, tuiteó la diputada y sindicalista, que a continuación resaltó frases de la vicepresidenta, tales como la de que “es necesario construir profundidad territorial de la organización, profundidad sectorial en los sindicatos y las fábricas. Tiene que haber cuadros que tomen la posta y lleven adelante el programa que necesita la Argentina”.  Y aquella en la que expresó: “Basta de pedirle de pedirle al otro que haga cosas que nosotros no estamos dispuestos a hacer. Hay que romperse lo que hay que romperse, y lo tienen que hacer todos y todas”.

Otro diputado sindicalista del oficialismo es el bancario Sergio Palazzo, que calificó como “gran discurso” el de la vicepresidenta, y señaló sobre el mismo: “Marcó las profundas diferencias entre la derecha en sus distintas variantes y el FdT. Repaso de 20 años de la política argentina, donde quedó claro que los que nos ofrecen soluciones mágicas sólo vienen a quitarle derechos a los trabajadores y a endeudarse para fugar divisas”.

El legislador porteño Juan Manuel Valdés resaltó: “Hoy llenamos la Plaza para escuchar a @CFKArgentina y celebrar 20 años de lealtad con el proyecto que transformó nuestro país para siempre. Ni la lluvia nos detuvo”.

El diputado Leonardo Grosso escribió: “Hoy @CFKArgentina nos convoca a construir la esperanza de una Argentina y también un San Martín donde la política resuelva los problemas de la gente, de nuestros vecinos y vecinas. Por eso nos vinimos en tren desde José León Suárez para escucharla. Queremos hacerlo y lo vamos a hacer 💪🏼 Feliz 25 de Mayo”.

A su vez, la senadora Nora del Valle Giménez dijo que “el mensaje final de @CFKArgentina además de su agradecimiento a todos los militantes, a Dios y a la Virgen, es que ahora nos toca a nosotros, los militantes. Y vamos a defender nuestras convicciones. Por todo lo que hicimos, y por todo lo que todavía podemos hacer”.

El senador provincial Omar Plaini dijo que “siempre nos hace re pensar el TODO, nada en ella es porque sí. @CFKArgentina nos diseña la hoja de ruta a seguir”.

“Escuchamos en Plaza de Mayo a nuestra vicepresidenta @CFKArgentina, a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente. Unidos, movilizados, organizados, para hacerle frente a la derecha que pretende arrebatarnos los sueños. Acá vamos a seguir más que nunca peleando por una patria con justicia social”, señaló la diputada Natalia Souto.

Quedan 186 testigos, ante lo cual reclamaron un cronograma concreto para el juicio político

Luego de que la diputada Vanesa Siley pidiera sumar otros 10 testimonios, desde la oposición pidieron replantear el cronograma y que el mismo sea respetado.

Al cabo de la exposición de los dos primeros testigos, y antes de la esperada llegada del doctor Aldo Tonón, se aprobaron dos pedidos de ampliación de pruebas. Uno del diputado Rodolfo Tailhade, sobre cuestiones vinculadas a la causa de Coparticipación y a declaraciones de Héctor Marchi, y otro de la diputada Vanesa Siley, para convocar a nuevos testigos en la causa de Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial.

En ese marco, el vicepresidente de la comisión, Juan Manuel López (Coalición Cívica) aclaró que no acompañarían los pedidos, pues “hay demasiadas pruebas y demasiado largo todo esto que no llegamos a ningún lado”, lo que mereció una réplica irónica de Siley: “Bienvenidas las nuevas pruebas, porque cuanto más probadas estén las cosas mejor son. Las pruebas son conducentes porque algo están demostrando”, remarcó.

En ese sentido se propuso incorporar a la lista de testigos a la doctora Marcela Carlomagno, titular del Juzgado Civil N°61 de Capital Federal, en su calidad de afiliada de la Obra Social; al doctor Néstor Fasciolo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la Obra Social y uno de los firmantes de muchos dictámenes jurídicos de licitaciones y contrataciones; a la doctora Marta Graciela Herrera Alem, en su calidad de exdirectora y vicepresidenta de la Obra Social y exintegrante de la vocalía de Juan Carlos Maqueda; a Milagros Jones, que trabaja en Compras y Licitaciones de la Obra Social del Poder Judicial; y Claudia Viviana Mayde, en su calidad de exdirectora de la OSPJ.

También fueron convocados la doctora Marina Maidana, secretaria de la Defensoría de lo Contencioso Administrativo y Tributario N°4 de CABA, en su calidad de afiliada de la obra social; a Lionel Damián Negro, funcionario de Compras y Licitaciones de la obra social; al licenciado Juan Francisco Ramos, en su calidad de exdirector de la OSPJ; a la doctora Soledad Ramos, funcionaria de la Asesoría Jurídica de la obra social; y a la doctora Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía de Maqueda.

“El sentido de cada uno de los testigos, además del cargo que ostentan y la función que han cumplido acorde al cargo que menciono, es ser afiliados de la Obra Social y haber tenido algún tipo de inconveniente, de traba o de abandono que les causó perjuicios graves y funcionarios de la obra social con responsabilidades en el área de contrataciones y licitaciones”, explicó Siley.

En ese marco fue que la diputada Karina Banfi planteó su inquietud por la extensión del debate y reclamó un cronograma concreto para la evolución del juicio. Recordó en ese sentido que se había dicho inicialmente que este jueves terminaban con el tema de obra social, pero acababan de sumar una decena de testigos para ese tema.

“Hay 176 testigos pendientes sobre los otros temas a tratar, con estos son 186 testigos… Teniendo en cuenta que no estamos respetando las propias planificaciones que se están llevando, solicito a las autoridades de esta comisión replantear el cronograma y que lo respeten”, reclamó la diputada radical.

Recordó también que desde la oposición querían incorporar el juicio político al presidente, ante lo cual se preguntaba si iban a llegar a fin de año con algún tipo de resolución. Por eso, pidió “un cronograma ordenado”.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, aclaró que estaban respetando el cronograma establecido. “Si se ofrecen nuevos testigos, no significa que seas pruebas vayan a ser producidas; se evaluará qué testigos son necesarios para probar los hechos que hacen falta probar. Evaluaremos a partir de aquí cuánto falta”, precisó.

Y de cara a lo pendiente, recordó que concluidas todas las reuniones, la prueba que falte se haría en una audiencia remanente. Agregó que sobre la OPSJN quedaban una o dos audiencias más, luego seguirían con coparticipación, “pero hay un plazo que es estimativo. Si falta algo, tal vez se producirá la prueba más adelante”, concluyó Gaillard.

Diputados comenzó el debate sobre el Sistema Integral de Políticas de Cuidados

Fue en un plenario de comisiones en donde se empezó a abordar los proyectos que proponen modificar las licencias contempladas en la Ley del Contrato de Trabajo. La próxima semana presentarán un borrador unificando todas las iniciativas presentadas.

Un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad se reunió este martes para comenzar el debate para crear un Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA) que surgió a partir de una serie de proyectos elaborados por legisladores de todas las bancadas relacionados con tareas de cuidado, que complementan la iniciativa que había presentado el Poder Ejecutivo hace más de un año que contempla la modificación de regímenes de licencias maternales, paternales y parentales.

En el encuentro de las comisiones que encabezan las diputadas oficialistas Vanesa Siley y Mónica Macha, celebrado en la Sala 1 del 2° piso del Edificio Anexo A, se puso a consideración un total de 48 proyectos de ley.

El temario contempló 35 proyectos de ley sobre licencias y una docena sobre cuidados. Asimismo, se tuvo en cuenta como base un proyecto de ley del Poder Ejecutivo presentado el 3 de mayo de 2022, y fue elaborado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

Siley explicó que en esta primera etapa se trabajará sobre licencias vinculadas a normativas ya existentes, mientras que quedará para más adelante la creación de licencias para monotributistas, autónomos y monotributistas sociales. En tanto, asesores serán convocados en las próximas semanas para iniciar el tratamiento del otro cúmulo de proyectos que tienen que ver con cuidadoras comunitarias, domiciliarias.

También adelantó que la próxima semana volverán a reunirse y presentarán un borrador con las ideas principales en común de cada proyecto. Siley celebró que hay “más coincidencias que diferencias. Si nos vamos a parar en las coincidencias vamos a avanzar rápido”.

La palabra de los diputados

Al comienzo del plenario, el secretario de la Comisión de Legislación del Trabajo procedió a leer que por la Resolución 558/23 de la presidencia se efectuaron, a partir de la fecha, las siguientes modificaciones: se designó a la diputada Natalia Souto en reemplazo de José Pablo Carro; la diputada Macha ingresó por Gisela Marziotta; y la diputada Estela Hernández en reemplazo de Sergio Palazzo.

Por su parte, la secretaria de la Comisión de Mujeres leyó la designación de Silvana Ginocchio en reemplazo de Lucila Masin, Marisa Uceda ingresó por Leonardo Grosso. También se designó a Siley en reemplazo de Gabriela Estévez, a Daniel Arroyo en reemplazo de Florencia Lampreabe; Varinia Lis Marín por Mara Brawer.

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“El secretario acaba de mencionar 48 proyectos de ley de distintos diputados y diputadas. Además de estos 48 mencionados y convocados para la orden del día, hay cuatro más de la diputada Carla Carrizo y uno del diputado Lucas Godoy que también los vamos a incluir, pero como no están en el boletín de asuntos entrados todavía no los hemos circulado por comisión”, aclaró Siley.

Respecto a la iniciativa, la titular de la Comisión de Legislación remarcó que el tema de cuidados “nos atraviesa socialmente a las mujeres y a las disidencias. Es un tema muy importante. Si encontramos tantos proyectos de ley, es porque los representantes del pueblo nos hacemos eco de las demandas de las realidades que tiene nuestra sociedad que necesitamos resolverlas. No resueltas son problemas”.

“Una ley no resuelve nada, pero es el comienzo de muchas cosas”, opinó Siley y explicó que “luego tienen que articularse los tres poderes del Estado y la sociedad toda, incluso el sector privado para abordar los temas tan importantes como los cuidados”.

“Los cuidados se tratan de un trabajo, que es un trabajo no reconocido y cargamos muchas veces individualmente y en soledad las mujeres, las madres, las abuelas, y se trata de algo sustancial para la humanidad porque todos recibimos cuidados en algún momento de nuestra vida de forma necesaria y todos en algún momento cuidamos a otros que necesitan asistencia específica, un cuidado particular a nuestros niños y niñas que son el futuro de nuestras sociedades y también a la memoria de nuestras sociedades en cabeza de las personas mayores”, explayó la oficialista.

En esa línea, agregó que es un cuidado que “también se destina a las personas con discapacidad”. “Esta discusión puede ser muy grande e infinita y nunca llegar a resolverse porque tenemos los cuidados realizados en los hogares. La necesidad de regular las leyes laborales en función de armonizar la vida privada con la vida productiva. Tenemos los cuidados en las comunidades. Tenemos distintos universos”, detalló Siley.

“Hemos decidido comenzar por uno, no significando esto que se vaya a dejar de lado el resto de las discusiones, sino que metodológicamente y por técnica legislativa necesitamos comenzar por partes. Por eso vamos a abordar los proyectos que refieren a licencias y que tocan normativas existentes como ley de contrato de trabajo, ley de asignaciones familiares, la 24.241 del Sistema Previsional, y otras leyes especiales que no están contenidas en al Ley del Contrato de Trabajo como la Ley del Trabajador de Casas Particulares y Ley del Trabajo Agrario”, aclaró.

Al respecto, indicó que “tenemos el trabajo comunitario que también tenemos un montón de proyectos de ley para regular el trabajo de otras tantas mujeres en otros ámbitos y de otras maneras, pero vamos a comenzar por estas normativas de licencias con el objetivo de llegar a un dictamen y avanzar en una discusión hacia el recinto”.

A continuación, hizo uso de la palabra la titular de la Comisión de Mujeres, Mónica Macha, explicó las estrategias que utilizaron para pensar el tratamiento de las distintas dimensiones que implican el cuidado en el país.

“Hoy comenzamos con el tema de licencias y en pocos días vamos a convocar a asesores para trabajar el otro cúmulo de proyectos que tienen que ver con cuidadoras comunitarias, domiciliarias tanto monotributistas como cooperativas. La intención es avanzar con ese tratamiento pensando que hoy vamos a estar trabajando la situación de las personas que están en un contexto de trabajo formal y, del otro modo, vamos a trabajar y generar instancias para que esas personas que dedican mucho tiempo a esta tarea que es parte de ganarse la vida también puedan ir adquiriendo instancias de trabajo formal”, manifestó.

En suma, Macha resaltó que es un tema de “agenda política, social y cultural” y “poder mejorar las condiciones de trabajo para poder mejorar las condiciones de cuidar y es algo que también tiene que ver con la distribución de la renta”.

Sin ser parte de ninguna comisión, pero en carácter de autora de una de las iniciativas, la primera en tomar la palabra fue la vicepresidenta del bloque UCR, Karina Banfi, consideró que “teniendo en cuenta la propuesta del Ejecutivo Nacional que es más completo, mi propuesta en el proyecto es puntual tiene que ver con la licencia por adopción equiparable a la maternidad biológica”.

Además, citó la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 158 “hace referencia al nacimiento biológico y a las licencias que pueden tener las trabajadoras solamente en casos de maternidades biológicas”. En esa línea, Banfi remarcó que ha presentado tres veces el proyecto en la posibilidad de “reconocer los derechos que tienen los niños adoptados a poder también contar con la licencia de sus padres o no gestantes, en función de la construcción familiar, la posibilidad de contar con todo ese tiempo equiparable a la maternidad biológica”.

“Cuando hablamos de licencias, y en este caso por adopción, es principalmente necesaria para el niño que se lo incluye en un nuevo grupo familiar y todo ese tiempo es extremadamente valioso, sin duda para un bebé también, pero que se da en otro contexto. Creo que un concepto que en el Congreso debemos trabajar cuando hablamos de inclusión es cómo identificar las diferencias y a partir de ahí poder ser inclusivos”, manifestó la radical y celebró que el proyecto del Ejecutivo contemple la adopción equiparable a la licencia por maternidad biológica.

A su turno, la diputada de izquierda Myriam Bregman celebró el tratamiento de las iniciativas por temas, pero hizo algunas consideraciones. La legisladora planteó que América Latina “viene muy atrasada y desfasada en esta cuestión incluso de las discusiones que se están dando en otros lugares como en algunos países de Europa”.

“En Argentina estamos en mora, tenemos una de las legislaciones más atrasadas de la región. Hasta UNICEF cuestiona el tema de las licencias y tareas de cuidado en el país. Claramente la extensión del trabajo precario feroz tiene que ver con esto”, expresó Bregman y contó que a ella le tocó parir siendo monotributista: “Trabajé hasta el momento que tuve dolores de parto y no veía la hora de poder volver a hacerlo porque no tenes manera de poder sostenerte. Esto se agravó y muchísimo”.

En tanto, preguntó: “¿Cuál es el compromiso con este debate? Yo creo que hoy tiene que quedar claro cuál es el compromiso. Sobre todo, las fuerzas mayoritarias. Veo que la mayoría somos mujeres nuevamente”, y cuestionó: “Me gustaría saber qué compromiso van a poner las fuerzas mayoritarias en el debate para que no pase como en otros temas como, por ejemplo, hipotecados UVA que se debate, se debate y nunca se llega a una situación a pesar de lo apremiante que es para las familias”.

“Queremos que esto tenga un costo para las empresas y que podamos empezar a discutir todo tipo de protección en los trabajos incluso para las mamás que amamantan, que tengan un lugar para dejar a sus hijos, etc. Tenemos que aclarar cuál va a ser la agenda y hasta dónde estamos dispuestos a debatir porque en un país regido por la bota del FMI tenemos que ser claros”, planteó la diputada de izquierda.

Además, cuestionó: “¿por qué se tardó tanto en llegar a esta agenda? ¿Por qué se tardó tanto en poner este tema? ¿Por qué no podemos discutir seriamente acá con la reducción de la jornada laboral a 6 horas y el reparto de las horas con un salario que alcance y la creación de trabajo genuino? Pero acá la agenda que primó es la del FMI”.

“En este Gobierno del FdT con el ajuste que está llevando adelante con un Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad que es el que menos presupuesto recibe. ¿Cómo se condice con esto?”, criticó Bregman y detalló que durante la gestión de Cambiemos y el actual Gobierno “se transfirieron de los sectores asalariados a los sectores más concentrados del capital 87 mil millones de dólares. Eso es lo que se le sacó del bolsillo de los trabajadores y se transfirió a los sectores más concentrados. Más de 57 mil millones durante el Gobierno del FdT siendo las principales perjudicadas las mujeres”.

Por último, explicó: “Queremos una sociedad donde las tareas de cuidados sean socializadas desde la alimentación hasta el lavado de la ropa sin cargárselo individualmente a las mujeres en el hogar. Le vamos a poner mucho fervor al debate”.

La diputada radical Carla Carrizo bregó para que “este cuarto intento sea con éxito porque esto atravesó distintos gobiernos. Hace 18 años que está en estado parlamentario este tema. 2005 se presentaron 22 proyectos nunca llegó al recinto. En 2011 tuvimos media sanción del Senado, tuvimos dictamen, pero no llegó al recinto. 2013 tuvimos 23 expedientes, tuvimos dictamen, pero tampoco llegó al recinto. Hoy 35 expedientes a la vista y 2 en tratamiento, creemos que esta tiene que ser la oportunidad de llegar al recinto”.

“Si así hiciéramos lograríamos terminar con la profunda desigualdad entre las mujeres porque hay licencias distintas de acuerdo al lugar donde se trabaje, mundo formal e informal, pero dentro de la formalidad hay enormes asimetrías. Sector público y privado y dentro del público hay enormes asimetrías. Nación, provincia, tipo de poder. No va así, no somos iguales ante la ley, necesitamos tener un piso mínimo en un tema básico como es la igualdad en el derecho y la obligación de cuidar”, alertó Carrizo y se distanció de Bregman al considerar que las licencias “no” son un costo, sino que “son una inversión”.

Y cerró: “Tenemos que avanzar porque no se trata de los partidos de Gobierno, sino que se trata de los derechos de varones y mujeres en el país que es el cuidado compartido. Tenemos que terminar en el país con ese enfoque absolutamente biologicista filiar amorosa. No puede ser esa mirada sesgada. Me encantaría que licencias sea ley antes de que los candidatos terminen el mandato presidencial”.

De la vereda de enfrente, la mendocina del FdT Marisa Uceda planteó que “la carga horaria que representa para las mujeres las tareas de cuidado podemos ver que no es equitativo. La Constitución nos ordena en el artículo 14 bis garantizar condiciones dignas y equitativas de trabajo para todos y esa situación no está ocurriendo con las mujeres”.

“Hablar de tareas de cuidado es algo amplio, pero hay que empezar por uno de los obstáculos con los que nos encontramos las mujeres a la hora de acceder al empleo porque nos contratan menos porque la carga de cuidados de los chicos recae sobre nosotros de manera casi exclusiva y accedemos a empleos más precarizados, a condiciones de empleos menos dignas por la necesidad de acceder a un empleo. Esto pasa en todas las esferas”, manifestó Uceda.

Al respecto, remarcó que en el país “no puede seguir siendo una contradicción el crecimiento laboral con el deseo maternal y eso hoy es una limitación. Se no asignó el rol de madres cuidados que nos limitó al acceso al trabajo. Hay que empezar a visibilizar la carga que representan los cuidados”.

“¿No nos hizo ruido que 7 de cada 10 mujeres no lleguen a los 30 años de aportes?”, preguntó Uceda y precisó que esto tiene que ver con la “no posibilidad de acceder a empleos genuinos y en blanco. Tenemos que avanzar con esto porque Argentina merece tener una legislación laboral avanzada”. También coincidió con Banfi sobre las licencias por adopción porque “la Ley de Contrato de Trabajo en materia de licencias es discriminatoria. Tenemos que avanzar en una ley equitativa, igualitaria y que ponga a las mujeres en una situación de equidad en los empleos”.

En su disertación, la diputada Camila Crescimbeni (Pro) adhirió a lo expresado por sus pares porque “es un tema que nos tiene que traer unión”. “Hay algunos temas que me parecen imprescindibles que estén en el proyecto que finalmente salga. Uno es de las licencias prenatales porque casi nadie se toma los 45 días antes y casi todos nos tomamos lo máximo después que tenemos a nuestros hijos. Es evidente que hay muchos mecanismos para cambiar las fechas y muchas madres lo hacen porque no quieren tomarse un mes antes cuando no es un embarazo de riesgo, creo que es importante permitir que se puedan tomar desde 15 días antes”, propuso.

“Es evidente que 3 días, 5 días no sirven para ningún duelo si quieren que esa persona vuelva a funcionar en su trabajo porque el trabajo emocional que eso requiere no tiene un tiempo. Hay que tener en cuenta los casos de fallecimiento perinatal que se considero un tiempo para que el cuerpo de una pueda de a poco transformarse”, expresó al recordar su experiencia hace un año tras el fallecimiento de uno de sus bebés.

Al finalizar, coincidió en que las licencias por maternidad y paternidad “no solo son una injusticia para las madres, sino para los varones porque la gran mayoría han empezado a cambiar y quieren ser parte esencial de la vida doméstica de los hijos”.

“Esto es una problemática que nos preocupa”, expresó la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) y agregó: “Esto ha trascendido gestiones y no podemos estar como legisladores ausentes de esa conexión con la realidad dura que vivimos”. Al respecto, consideró que “hay que darle el debate necesario, con tiempo y en cada punto en común que podemos encontrar entre los 50 proyectos que abarquen distintas cuestiones para dar una respuesta a la realidad porque el cuidado está compartido”.

En el tramo final, hizo uso de la palabra la secretaria parlamentaria del interbloque de JxC, Silvia Lospennato, consideró que “el problema con las licencias no lo tienen los que tienen 90 días, sino que tienen 0 días como monotributistas, informales. Pero por un lado hay que empezar y esto también es una deuda que la venimos pateando y me parece que, si hay vocación de trabajar de manera racional y acotada una reforma a lo que ya existe en los convenios, de lo que ya existe para el empleo público en muchos municipios y provincias y dependencias del Estado, es de alguna manera un primer paso que necesitamos hacer”.

“Tenemos que hacer con absoluta seriedad y hay que despejar algunos temores que puede generar este tema. El primero es pedir un dictamen a la Oficina de Presupuesto para que se vea que esto no es un enorme impacto fiscal inabordable. Este régimen no solo lo pensamos para las empresas grandes, sino para las PyMes y Micro Pymes también porque la mayoría de las mujeres se inserta en la informalidad porque el 62,9% de las mujeres que trabajan no registradas trabajan en esas Micro PyMes y 19,7% más llegan al 82% más cuando le sumamos las PyMes. Ahí está el 88%. Este es el problema más grande que tenemos con la informalidad”, precisó Lospennato.

Además, indicó que “cuando hablamos de las registradas los números son 32,6% y 27,1% el 60% está en ese sector”.

Los proyectos presentados sobre cuidados y licencias:

Diputados de todos los bloques habían presentado sus propias iniciativas, a saber:

FdT: Estela Hernández, Claudia Ormachea, Alejandra Obeid, Silvana Ginocchio, Tanya Bertoldi, Alicia Aparicio, Itaí Hagman, Graciela Caselles, Carlos Ponce, Carolina Yutrovic, Hernán Pérez Araujo, Carlos Cisneros, Blanca Osuna y Marisa Uceda.

JxC: Soledad Carrizo, Graciela Ocaña, Soher El Sukaria, María Sotolano, Marilú Quiroz, Mónica Frade, Facundo Manes, Cristian Ritondo, Camila Crescimbeni, Karina Banfi y Leonor Martínez Villada.

Otros: Romina del Plá, Myriam Bregman, Graciela Camaño, Enrique Estévez y Mónica Fein.

El presidente de la Nación lo anunció en la Asamblea Legislativa del 1° de marzo de 2022, con estas palabras: “Todas y todos necesitamos ser cuidados en algún momento de nuestras vidas. En la primera infancia y en la ancianidad. También en circunstancias de enfermedad o de necesidades especiales. La desigual distribución del trabajo de cuidado es el corazón de las desigualdades entre los géneros. Al igual que otros países enviaremos un proyecto de ley que establezca un sistema integral de cuidados con perspectiva de género que permitirá crear más de 200.000 puestos de trabajo para quienes cuidan a más de 1 millón de personas que necesitan de esos cuidadas”.

Cabe consignar que, en nuestro país, según el módulo de uso del tiempo que se incorporó en 2013 a la Encuesta Anual de Hogares Urbanos (EAHU), el tiempo social promedio dedicado al trabajo de cuidado no remunerado es muy desigual. Las mujeres pasan 5,7 horas por día haciendo trabajo de cuidado no remunerado, mientras que los varones dedican en promedio solo 2 horas diarias (Indec, 2014).

El proyecto del PEN tiene 91 artículos y contempla los siguientes ítems: Derechos; Reconocimiento y valoración de los cuidados; Políticas para la redistribución, conciliación y corresponsabilidad en la organización social de los cuidados; trabajo de cuidados remunerado; licencias igualitarias.

También incluye modificaciones a la ley de contrato de trabajo; modificación a la ley de asignaciones familiares; modificaciones a la Ley Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; modificaciones a la Ley de Obras Sociales; y modificaciones a la Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares, entre otros ítems.

Tipos de licencias previstas

  • Para víctimas de violencia de género.
  • Para conciliación de la vida personal, familiar, cuidados y laboral con perspectiva de género.
  • Para la realización de estudios preventivos de cáncer de mama y cérvico uterino.
  • Licencias laborales para el acompañamiento de personas en alto riesgo de suicidio.
  • Destinadas al cuidad familiar.
  • Por nacimiento y ampliación de licencias por paternidades y personas no gestantes que ejercen la corresponsabilidad parental.
  • Madre de hijo con discapacidad.
  • Licencia especial por nacimiento de hijo pretérmino y de alto riesgo.
  • Por nacimientos múltiples.
  • Protección de la maternidad y conservación del empleo.
  • Ampliación de la prohibición de trabajo de la madre durante los 45 días anteriores al parto y hasta los 53 posteriores.
  • Para trabajadoras madres con hijo que tenga síndrome de Down.
  • Por responsabilidades familiares y tarea de cuidado.

En la pandemia, de acuerdo con el Estudio sobre el impacto de la Covid-19 en los hogares del Gran Buenos Aires realizado por INDEC, la carga de cuidado aumentó y fue absorbida sobre todo por las mujeres (65% de los casos).

El juicio político continuará el jueves que viene

La comisión que preside Carolina Gaillard cambiará la próxima semana su fecha de reunión. Pasará, de los martes habituales, al jueves desde la mañana.

Juicio Político vuelve por esta semana a la fecha con la que habían comenzado sus reuniones, allá por el mes de enero: el jueves.

En efecto, la comisión que encabeza la entrerriana oficialista Carolina Gaillard se reunirá este jueves a partir de las 11, en lugar del martes a las 14, como es habitual, según confiaron a parlamentario.com fuentes de dicha comisión.

Si bien no se aclaró la razón de la modificación, podría atribuirse al plenario previsto para el martes de las comisiones de Legislación del Trabajo y Mujeres y Diversidad, que se reunirá este martes 16 a partir de las 16, para comenzar a tratar la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados. La presidenta de Legislación del Trabajo es Vanesa Siley, una de las figuras principales de las audiencias del juicio político contra los miembros de la Corte.

Pero seguramente la causa más atendible sea en términos partidarios/electorales: la realización el próximo martes 16 del Congreso del PJ en el microestadio de Ferrocarril Oeste.

Se espera que este viernes salgan las citaciones de los nuevos testigos, en el marco del análisis de las supuestas irregularidades en el seno de la Obra Social del Poder Judicial. Entre los citados podría estar el doctor Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte, quien faltó en dos oportunidades y cuya presentación de la semana pasada volvió a postergarse por razones de tiempo: se estimaba que los testimonios de Héctor Daniel Marchi, Nicolás Serafini y la jueza Martina Forns, llevarían demasiado tiempo y se prefirió entonces pasar para la semana siguiente a Clerici.

Siley denunció que el fallo de la Corte “está limitando la libertad de elegir el pueblo”

La diputada oficialista sostuvo que los jueces del máximo tribunal “se basan en las órdenes del poder real de la Argentina para dictar sentencias”, y aseguró que la Corte “viene jugando con la democracia”.

La diputada nacional por el Frente de Todos y consejera de la Magistratura, Vanesa Siley, salió al cruce de la Corte Suprema tras la medida cautelar que suspendió las elecciones en San Juan y Tucumán y afirmó que los jueces del máximo tribunal “se basan en las órdenes del poder real de la Argentina para dictar sentencias”.

En diálogo por AM750, Siley dijo que no le sorprendió que el máximo tribunal suspendiera las elecciones que celebrarían este domingo en Tucumán y San Juan, luego de una denuncia presentada por Juntos por el Cambio por el supuesto incumplimiento en las candidaturas a gobernador y vice de Juan Manzur y Sergio Uñac.

“Cuando nos enteramos estábamos en plena reunión del juicio político y estaba entrando a declarar el contador Héctor Marchi. Entró a declarar con un testimonio muy contundente sobre toda la malversación de fondos y todos los posibles delitos de corrupción que hay en la obra social del Poder Judicial a cargo de Maqueda y del resto de los ministros de la Corte”, relató.

En ese sentido, sentenció: “La Corte Suprema viene jugando a la democracia. No están solo proscribiendo a Cristina (Kirchner), sino que están limitando la libertad de elegir el pueblo, ahora concretamente en San Juan y Tucumán”.

“Cuando leímos el fallo ayer nos enteramos que el abogado en Tucumán de quien hiciera esta demanda contra Manzur es Alberto Garay, cuyo hijo y hermano trabaja en la Corte. También quienes fueron los que iniciaron la demanda para que la Corte esté sentada hoy a la cabeza del Consejo de la Magistratura”, señaló Siley y sostuvo que “son las mismas personas que juegan en el mundo de lo jurídico para representar los intereses fácticos de los poderes reales”.

Al respecto, denunció que “la Corte Suprema ya no se basa más en la Constitución para sentenciar, sino que se basa en las órdenes del poder real de la Argentina. Es gravísimo, por eso hay que seguir firmes y profundizar la investigación en el juicio político”.

“Demuestran su poder de fuego”, planteó la diputada quien es miembro de la Comisión de Juicio Político. En el mismo sentido, expresó: “Suspender una elección a los cinco días es lo mismo que suspenderla a un día, porque ya está todo listo. Lo grave es que el domingo en San Juan y Tucumán no se va a poder votar. Acá están restringiendo el voto al pueblo”.

Además, planteó que “todos los indicios daban que en Tucumán y San Juan ganaba el peronismo. Ellos creían que iba a salir tercero, pero cuando los que salen terceros son los que supuestamente arrasaban como Javier Milei, eso es lo que quieren evitar”.

Por último, aseguró que la Corte “devuelven con golpes a la democracia el legítimo ejercicio que está funcionando en el Congreso con el juicio político. Quieren quebrar las voluntades”.

Por la muerte de su esposo, una jueza relató su caso personal contra la obra social

Muy crítica de la Corte Suprema, la jueza federal Martina Forns relató la situación que vivió en tiempos de pandemia. Su experiencia se mezcló luego con sonados fallos que la tuvieron como protagonista.

En su calidad de damnificada de la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, declaró este martes ante la Comisión de Juicio Político la jueza federal de San Martín Martina Forns. Fue la primera testigo en declarar en la décimo tercera jornada del proceso que se le sigue a los miembros de la Corte Suprema y su declaración expresada en términos personales devino finalmente en otras causas que la tuvieron como protagonista y en cuyo marco se manifestó oportunamente con duras críticas hacia los integrantes del Tribunal Superior.

Tal fue el cariz del interrogatorio, que al cabo del mismo la diputada Vanesa Siley reprendió a los miembros de la oposición que habían formulado preguntas a la jueza, por el tono con el que lo habían hecho, lo que llevó a diputados de la Coalición Cívica replicar que habían sido respetuosos, y a la radical Karina Banfi a advertirle a la diputada oficialista que “no tiene por qué venir a retarnos”.

La jueza Forns contó en primer lugar que había decidido concurrir a testificar porque cuando necesitó a la obra social, en “las peores circunstancias” de su vida, “me dejó abandonada”. Ocurrió en la pandemia, cuando ella, su esposo y sus hijos contrajeron Covid. Fue en abril de 2021, y mientras ella y sus hijos no tuvieron prácticamente síntomas, su esposo estuvo cinco días con fiebre. Desde el CEMIC, contó, “tal cual eran las indicaciones de ese momento, no nos dejaban ir a ningún lugar. Yo me desesperaba porque él se sentía bastante mal, pero nos indicaban que no podíamos ir”.

Finalmente lo llevó al CEMIC, recordó, y precisó que el contacto con ese centro asistencial era telefónico y que al tercer día le dijeron que tenía que sacar a su esposo, porque “no había camas de terapia y su cuadro se estaba complicando”.

La jueza Forns contó que en la obra social no la atendían; los administrativos del CEMIC le indicaban que tenía que sacarlo y ella hacía consultas para conseguir una ambulancia. Finalmente consiguió trasladarlo al Sanatorio Güemes, que no pertenecía a la obra social, cuyos teléfonos seguían sin contestar. “No había comunicación entre el CEMIC y la obra social, y cuando conseguimos el contacto, lo trasladamos. En el Güemes, entró en terapia intensiva y los directivos no sabían si me iban a cobrar o qué, porque -reiteró- no tenían contacto con la obra social”.

De hecho, la ambulancia que trasladó a su esposo no fue cubierta por la obra social. En el Güemes estuvo dos meses y medio, y allí tuvo dos entubaciones y dos paros cardíacos. “Todos los días intenté comunicarme con la obra social”, insistió Forns, que agregó que finalmente “me ayudaron para que le llegaran al ministro Juan Carlos Maqueda los mails que hoy traje en este pendrive haciéndole saber toda la situación grave que estaba pasando… y nunca tuvieron la deferencia de llamarme a ver si necesitaba algo”.

“Nunca me dijeron si iban a cubrir (la internación), no sabía si iba a tener que vender mi casa para pagar esa terapia intensiva… Yo insistí todos los días y las autoridades del Güemes me decían lo mismo”, detalló.

La testigo aclaró que no había recurrido al juez Maqueda en forma directa, sino a través de una de las secretarias del ministro. ¿Por qué lo hizo? “Porque todos sabíamos que era el encargado de la obra social, el único que podía hablar con (el director de la obra social) Aldo Tonón para mover algún mecanismo. Y de hecho lo hizo, porque finalmente la obra social cubrió (la internación). Cuando falleció mi marido, el Güemes me dijo que la obra social cubría todo, pero fueron dos meses y medio sin tener ninguna comunicación” en ese sentido.

Como prueba, la doctora Forns aportó los mails que envió, y luego insistió en remarcar que llegó a tramitar muchas demandas de personal judicial y jueces “que han padecido la obra social y he tenido también que recurrir a personas de la Corte para que le pidieran al juez Maqueda que moviera algo para poder ser atendidos”.

En ese sentido dijo conocer casos de empleados o juezas que han sufrido situaciones como no haber recibido prótesis o tener que esperar mucho tiempo por ellas.

Se hizo hincapié en saber porqué consideraba que Maqueda fuera a quien debían remitirse y ella contó que “cuando uno iba presencialmente a la obra social, todos sabían que si no se podía llegar a Aldo Tonón, había que llegar a Maqueda, porque la obra social no daba respuesta. En vez de ser de los afiliados, la obra social era de la Corte Suprema”.

“Uno se siente muy vulnerable cuando le tocan a su familia, o tiene una situación de salud”, enfatizó en otro pasaje, y agregó: “No solamente fue el abandono en su momento, sino también en el día de la fecha”, y denunció: “No se resuelven causas en la Corte contra la obra social”.

Consultada su opinión respecto de que fuera la propia Corte la que tuviera que resolvier los casos, Forns dijo que ese tema lo habló con otros jueces federales que tienen los mismos casos, y que en el estatuto allí se establece que sea decisión de la Corte actuar en esos casos.

A modo de reproche, recordó haber escuchado al doctor Héctor Marchi decir que había fondos anticíclicos, recursos que como eran excesivos los tenía el Poder Judicial. “¿Pero dónde? -se preguntó-. En los prestadores, se ve que no estaban”.

Admitió que es “muy difícil pedirle a un litigante que está vulnerable que recuse a la Corte, porque siempre tiene esperanzas de que resuelva” la situación. En esas causas, recordó, Aldo Tonón se presentaba en las audiencias solo, “sin el patrocinio letrado correspondiente y se lo tuvimos que exigir. Sino, no le aceptábamos la contestación a la demanda”.

A propósito de las demandas, la mayoría de las causas son por abandono, gente esperando una prótesis, o que cuando llega, es algo distinto a lo que esperaba (en lugar de un brazo, un hombro, ejemplificó. “Parece humor negro”, dijo).

El diputado Juan Manuel López indagó sobre la responsabilidad del juez Maqueda: cómo sabían que él estaba a cargo de la obra social. Martina Forns contó entonces una anécdota. Por haber trabajado 11 años con el exmiembro de la Corte Enrique Petracchi, en cierta oportunidad cuando volvió a verlo y le pidió por un médico que quería entrar como prestador, él juez le aclaró que el único que se ocupaba de esos temas era el doctor Maqueda.

López le preguntó entonces si había alguna persona viva que pudiera afirmar algo en ese sentido, pues Petracchi falleció hace muchos años, a lo que la titular de la comisión, Carolina Gaillard, aclaró que el propio juez Maqueda lo había reconocido a través de un mail. La jueza, en tanto, insistió en que los mails estaban dirigidos a la secretaria de Maqueda.

Más adelante, el titular del bloque de la CC-ARI le preguntó si ella había dicho lo que Página 12 publicó como título tiempo atrás: un pedido suyo a que renunciaran todos los ministros de la Corte. Si bien Gaillard aclaró que esa pregunta no correspondía, porque ella lo había hecho “en el marco del espionaje ilegal de Macri”, y que no debía preguntar sobre cuestiones que no hacían al tema en debate, la jueza contestó de manera afirmativa, aclarando que lo había hecho porque la Corte había tenido una frase hacia ella que consideró inédita en un fallo del Poder Judicial: habían dicho que ella “desprestigiaba al Poder Judicial”.

Otros fallos de la jueza

Sucedió luego de que en el marco de una causa colectiva donde se solicitaba la inconstitucionalidad del aumento de tarifas de 2016, ella remitiera el mismo a la Corte, por conexibidad común. Ella  había resuelto una medida precautelar el 3 de agosto en lo que fue conocido como la “causa Fernández”, y lo hizo, contó, en un marco de ocho partes que lo solicitaban. Ese tema le valió a ella un pedido de juicio político y a su vez la llevó a ella a accionar ante la CIDH, y ese “es uno de los puntos que está aquí en la Comisión de Juicio Político”, comentó la jueza.

¿Quedó enojada con la Corte?, le preguntaron, a lo que ella respondió que “enojada no es la palabra”. Pero aclaró que piensa en las personas en función de su desempeño, de ahí que considere que “hay mal desempeño” de parte de los miembros del Tribunal y ese era un ejemplo. “Y muchísimos más que sería bastante largo de considerar”.

A instancias de una pregunta del diputado Leopoldo Moreau, la jueza Forns dijo haber sufrido “una pequeña amenaza” por esos días en los que falló sobre el tarifazo: “En la esquina de mi casa pusieron una bomba exactamente el día que vino acá (al Congreso) a declarar el secretario de Energía (Juan José) Aranguren, que él también me mencionó como culpable de que no se pudieran cobrar las tarifas de energía”. Eso mereció una denuncia policial y una causa en el juzgado de Daniel Rafecas, pero nunca se pudo determinar quién puso la bomba.

Agregó que al día siguiente, un proyectil había roto el vidrio de la habitación de su hijo.

Al preguntársele sobre si había sufrido alguna sanción disciplinaria su esposo, ella contó que lo habían echado de la IGJ, durante 2016. “Fue la gestión del anterior presidente que no quiero nombrar”, dijo, y contó que a través de Esteban Conte Grand, funcionario del Ministerio de Justicia de entonces, había recibido como respuesta que lo echaban “porque era socialista, sindicalista”. Su esposo inició una causa que no pudo terminar.

¿Cuánto tiempo pasó entre su medida contra las tarifas y el despido de su esposo?, le preguntaron, a lo que ella contó que en realidad había sido en enero de 2016, después de otro fallo suyo, cuando accionó contra el AFSCA por la Ley de Medios. “Ahí lo echaron a mi marido”, señaló.

Más adelante y ante una pregunta puntual de Mónica Frade, la jueza Forns admitió integrar Justicia Legítima, pregunta que sobre el final del interrogatorio el diputado Leopoldo Moreau consideró “macartista”.

Siley: “Depositamos en CFK la esperanza de recuperar la proyección a futuro”

La diputada del FdT hizo referencias respecto a la movilización de l 13 de abril contra la Corte Suprema y habló sobre la precandidatura del presidente de la Nación.

La diputada nacional Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires) opinó este lunes sobre las precandidaturas en el Frente de Todos y se mostró optimista de que la vicepresidenta Cristina Kirchner pueda postularse: En ella depositamos la esperanza de recuperar la proyección a futuro”.

Además, la legisladora integrante de la Comisión de Juicio Político se refirió a la movilización del 13 de abril y expresó: “Haremos una movilización para recordar el comienzo de la agudización de esta persecución de la Corte contra CFK en 2016”.

Entrevistada en AM 530, la diputada expresó que “no se puede seguir permitiendo los discursos del odio”, y agregó: “Los discursos del odio siempre son dirigidos hacia Cristina Kirchner como el centro de todos los males de la sociedad”.

Así también, recordó que “hace un año hubo un intento de magnicidio y femicidio”, y que luego -desde algunos medios de comunicación- “cuestionaron su condición de madre”. “Tenemos problemas económicos y para llegar a fin de mes y la pobreza que vienen de la mano de problemas sociales, territoriales, y se incrementa la violencia y la inseguridad”, señaló.

Del mismo modo, afirmó que “lo económico, lo cultural y lo institucional trae aparejado problemas”. Así también, explicó que “el Congreso está en crisis por una oposición que no quiere votar leyes como la de alcohol cero impulsada por familiares de las víctimas”.

“Depositamos en CFK la esperanza de recuperar la proyección a futuro”, pero afirmó que la Justicia con la proscripción “atacan directamente a la esperanza de la gente”. Además, manifestó que “el comando que pretende hacer el Fondo Monetario Internacional es para digitar la gestión económica de nuestro país”.

Respecto a la movilización contra la Corte Suprema, Siley expresó: “Reivindicamos la historia de la lucha de nuestro pueblo porque no vamos a ceder en nuestro reclamo por una justicia democrática”.

En el cierre, habló de las precandidaturas en el Frente de Todos y advirtió que “no le parece bien” que un presidente vaya a PASO con sus ministros, pero aseguró que “el presidente dijo que quiere competir”.

Por último, sostuvo que “la proscripción daña la posibilidad de elegir libremente el pleno ejercicio de la democracia”, y cerró “¿Qué democracia queremos si no podemos elegir libremente?”.

Tonelli: “El oficialismo quiere a Stornelli para hostigarlo y contribuir a un show”

El jurista del Pro sostuvo que el oficialismo lleva adelante el enjuiciamiento a los miembros del máximo tribunal de justicia para “distraer de la inflación, la inseguridad y el narcotráfico”.

El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – CABA) habló sobre la séptima reunión de Comisión de Juicio Político y se refirió a la ausencia del fiscal Carlos Stornelli: “Al oficialismo le importa hostigarlo para contribuir al show, si no le mandaran las preguntas por escrito”.

Además, el jurista del Pro expresó: “El reglamento de la comisión tiene una jerarquía normativa similar a la de un club de barrio”, y agregó: “La jerarquía normativa de una ley está mucho más por encima del reglamento. Es un invento que hay rango constitucional. Es un disparate, me hacen reír”.

En declaraciones a FM La Patriada, el diputado opositor amplió: “El oficialismo cita gente para contribuir al espectáculo”. Así también, advirtió: “Soy crítico y no lo veo nada bien, se citan testigos sin saber para qué. Citaron testigos por ser parientes del presidente del Colegio de Abogados”.

Al respecto, recordó lo dicho por la diputada oficialista Vanesa Siley sobre la cantidad de testigos a declarar y explicó: “Hay 131 testigos, a cuatro o cinco por semana, vamos a tardar años”. “Estos testigos no aportan nada”, señaló.

En la misma línea, manifestó que el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia “es un ejercicio de distracción para entretenernos con esto y no hablar de inflación, inseguridad y el narcotráfico”. “Este juicio político no apunta a reformar nada, solo apunta a perseguir a los jueces de la Corte”, enfatizó.

A su vez, relató que este miércoles será presentada la denuncia contra el juez Alejo Ramos Padilla. “Hoy se presenta la denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez porque según el oficialismo mintió bajo juramento”.

En el cierre, expresó: “Nadie explicó, ni probó nada sobre el tráfico de influencias”, y cerró: “El oficialismo está llevando esto sin rumbo definido”.

“Parece ser que la Corte tiene 15 defensores oficiales”, ironizó Siley

La diputada oficialista destacó que el Frente de Todos estuvo “sólido” y “coordinado” en el comienzo del juicio político contra los jueces del máximo tribunal.

Tras la primera reunión de la Comisión de Juicio Político, donde el oficialismo busca acusar por mal desempeño a los cuatro jueces de la Corte Suprema, la diputada Vanesa Siley destacó que su bloque, el Frente de Todos, “estuvo sólido y coordinado”.

“Técnicamente todos los diputados somos acusadores en un juicio político”, señaló, por lo que explicó que los legisladores “no deben defender, la defensa de la Corte se la tiene que hacer la Corte”. “Acá lo que está sucediendo es que parece ser que la Corte tiene 15 defensores oficiales”, ironizó sobre Juntos por el Cambio.

No obstante, remarcó que la Coalición Cívica “va a ratificar su denuncia contra (Ricardo) Lorenzetti” y “hay un montón de hechos de la denuncia contra Lorenzetti impulsada por (Elisa) Carrió que son atribuibles a toda la Corte”, consideró.

La oficialista estimó que “va a llevar unos meses largos la etapa de investigación y prueba” y, tras explicar el procedimiento, expresó que “ningún espacio político tiene dos tercios” para aprobar el eventual dictamen en el recinto, “pero la vigencia plena del dictamen dura tres años. Esto significa que puede ser tratado en 2023, en 2024 o en 2025”.

Consultada en AM750 sobre su cruce con el jefe de la UCR, Mario Negri, a quien llamó “machirulo”, Siley relató: “Me interrumpió como interrumpe a todo el mundo cuando alguien está expresando una idea fundada. Y justamente fue cuando me refería a la designación de dos jueces por decreto”.

En alusión a las repercusiones de ese momento, la legisladora observó que se pone el foco en eso “cuando se quiere ocultar de lo que se habló”. “Es un recorte vil de todo lo que se ha dicho”, afirmó.

“Lo importante de la reunión es que comenzó el juicio político en la Cámara de Diputados. Catorce denuncias tienen todos los magistrados y en total hay que analizar 60 hechos”, resaltó.

Siley sobre la Corte: “Nunca tuvieron un fallo en favor del pueblo”

La diputada del FdT criticó al máximo tribunal porque “rechazó todos los recursos presentados por Cristina Kirchner” en la causa Vialidad y lo calificó como una “clara persecución”.

La diputada nacional Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires) volvió a apuntar contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que serán llevados a juicio político por pedido del presidente Alberto Fernández, y afirmó: “Nunca tuvieron un fallo en favor del pueblo”.

En diálogo con AM 530, la integrante de la Comisión de Juicio Político expresó: “Es un buen comenzar de año porque venimos denunciado hace años el accionar de la CSJ”, y agregó: “Esto viene de antes, no solo con el Gobierno del FdT. Esta Justicia es una deformación de la Corte del expresidente Néstor Kirchner”.

“Hace mucho empezamos a ver a todos los fallos en contra de los intereses populares. Con Lago Escondido, la coparticipación y lo ocurrido con el Consejo de la Magistratura todo eso queda en evidencia”, señaló Siley.

Por otro lado, afirmó que la Corte “rechazó todos los recursos presentados (previos a la sentencia por la Causa Vialidad) por la vicepresidenta Cristina Kirchner en una clara muestra de persecución”. Además, advirtió que “seguramente no sea escuchado el pedido de CFK” de recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien lleva adelante la investigación por el intento de magnicidio que sufrió la titular del Senado en septiembre pasado.

Respecto al avance del enjuiciamiento al máximo tribunal de justicia, Siley explicó: “Con mayoría simple -16 de 31 legisladores en la Comisión de Juicio Político- se podrá dar inicio al sumario, y luego se recopilarán las pruebas aplicando el Código Procesal”.

En el cierre, agregó: “A partir de las pruebas se puede continuar como un juicio normal, llamando a testigos a declarar y ejecutando allanamientos”, y concluyó: “Empieza en Diputados porque en Senado no hay Comisión de Juicio Político”.

“El no funcionamiento del Consejo de la Magistratura es otro motivo que vamos a plantear por el juicio político a la Corte”

Así lo afirmó la diputada Vanesa Siley y planteó que “hay que estar preparados para fortalecer las instituciones, y para eso nada mejor que se presente el juicio político a la Corte”. También se refirió a los sucesos en Brasil y lo comparó con Argentina.

La diputada nacional Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires) adelantó que otro fundamento que plantearan para impulsar el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema es el “no funcionamiento” del Consejo de la Magistratura. Por otro lado, comparó el intento de golpe de Estado ocurrido en Brasil con Argentina y alertó: “Hay que estar preparados para fortalecer las instituciones y la democracia”.

La integrante del Consejo de la Magistratura y miembro de la Comisión de Juicio Político, coincidió con las afirmaciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en torno al intento de golpe de Estado en Brasil y sostuvo que “no por casualidad es el mismo método que emplearon hace un año atrás los seguidores de (Donald) Trump en el Capitolio unificando criterios para atacar al Estado”.

“En Brasil lo que se da es sobre los tres poderes del Estado porque van contra Lula, atacan el Congreso y el Tribunal Superior. Esta es la insatisfacción democrática de la que también hablaba y habló tantas veces Cristina que después termina generando que el pueblo no crea en esas instituciones incluso actuando en contra de sus propios intereses”, sostuvo en declaraciones a El Destape Radio.

En esa línea, expresó: “Me parece algo para preocuparnos, América Latina y todo el mundo también. Lo que sucedió en Brasil, el ataque a las instituciones del Estado y un intento de imponerse por fuera de la democracia me parece gravísimo. Hay que moverse rápido y apoyar a Lula, a Brasil. Creo que acá tiene que generarse nuevamente la unidad latinoamericana”.

“Tenemos que estar preparados y fortalecer las instituciones porque desde el SXIX hasta esta parte, los hechos suceden casi todos al mismo tiempo. Para eso, cuando se presente el pedido de juicio político, creo que es un comienzo que va a ir de la mano del fortalecimiento de la democracia y hacer partícipe al pueblo de las grandes decisiones”, manifestó Siley.

Al ser consultada sobre lo que ocurrió en el país vecino con la actualidad política de Argentina, la diputada oficialista comparó: La diferencia entre Brasil y Argentina es que el tribunal superior ya resolvió el apartamiento del titular del ejecutivo en Brasilia, eso me parece un dato distintivo. Ese me parece el comportamiento orquestado antidemocrático encuentra una respuesta de los tres poderes del Estado en su conjunto que acá no está pasando. Acá está pasando lo contrario por la connivencia entre JxC y la Corte Suprema, más específico entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro”.

“(Horacio) Rosatti quiere infligir todo tipo de regla para colocarse él a la cabecera”, aseveró la legisladora y disparó que “el partido político” del presidente del máximo tribunal “es el Pro y la UCR”, y afirmó que “se están cargando a la Constitución y a la democracia, y eso es lo grave. Es grave para toda la Argentina y para toda la población”.

Y aclaró: “No es grave para Cristina, para los kirchneristas, el peronismo, es grave para todos”, y propuso: “A la democracia hay que defenderla con todo, no podemos defenderla a medias”.

Por último, le preguntaron por la recusación que presentó la titular del Senado hacia la jueza Capuchetti que lleva a cargo la investigación por el intento de magnicidio.

“No espero nada de la jueza Capuchetti. ¿Qué debería hacer? es recursarse, aceptarla, pero no lo va a hacer. ¿Cómo se corrige el funcionamiento de los magistrados? Con un Consejo de la Magistratura funcionado, pero el Consejo de la Magistratura no está funcionando y ese es otro motivo por el cual le vamos a plantear el juicio político a los miembros de la Corte”, concluyó.

Siley, contra JxC: “Se oponen al juicio político porque Rosatti, prácticamente, es miembro de su partido”

La diputada oficialista, integrante de la Comisión de Juicio Político, destacó la reunión entre el presidente Alberto Fernández y gobernadores. “Es un hecho histórico”, indicó.

La diputada nacional Vanesa Siley (FdT) opinó este martes sobre el pedido de juicio político contra el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, que anunció el presidente Alberto Fernández, y consideró que Juntos por el Cambio “se va a oponer porque (Rosatti) prácticamente es miembro de su partido”.

“La reunión entre el presidente y los gobernadores es más que un gesto”, expresó la legisladora, integrante de la Comisión de Juicio Político, sobre el encuentro que habrá. Posteriormente, sobre el proceso en el Congreso, explicó que hay “60 días para recopilar pruebas y, cualquier pedido para que avance en Diputados y Senadores, requiere mayoría agravada porque estamos hablando de una de las autoridades de uno de los tres poderes del Estado”. Esos números el oficialismo sabe que nos los tiene.

Entrevistada en Radio 10, la diputada sostuvo que el presidente de la Corte, exministro de Justicia durante el gobierno de Néstor Kirchner, “está actuando de manera partidaria a favor de JxC en cada una de sus sentencias”. “Primero, el fallo con el Consejo de la Magistratura que revivió una ley de hace 16 años para que él mismo presida el Consejo; después interviene en el Poder Legislativo con una acordada; y también falla a favor de la Ciudad y su jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con los recursos coparticipables, plata que le saca al país”, enumeró.

“Y si todo parecía poco, con los chats que salieron parece que compartían la estrategia legislativa. El jefe de asesores de Rosatti, Silvio Robles, le decía a (Marcelo) D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, cómo comportarse en una maniobra jurídica”, señaló sobre los chats filtrados del teléfono del funcionario porteño.

Sobre esto último, la consejera manifestó: “Este accionar de la Justicia lo venimos denunciado hace años”. “Hicieron estas maniobras para perseguir a nuestros líderes peronistas, especialmente a la vicepresidenta Cristina Kirchner”, agregó.

Además, Siley sostuvo que, por no estar funcionando el Consejo de la Magistratura -frenado por la no designación de los miembros del Senado-, lo ocurrido con el viaje a Lago Escondido entre jueces, funcionarios del Pro, empresarios de medios y exagentes de servicios de inteligencia “no tiene proceso abierto cuando lo debería”.

Por otro lado, la oficialista recordó que aún tienen estado parlamentario dos pedidos de juicios contra dos miembros de la Corte Suprema de Justicia: uno que presentó ella misma en 2020 contra el vicepresidente Carlos Rosenkrantz -por declarar la nulidad de la Ley de Obediencia Debida y la Ley de Punto Final sobre delitos de lesa humanidad- y otro que Elisa Carrió -a través del jefe de bancada de la Coalición Cívica-ARI, Juan Manuel López– impulsó contra Ricardo Lorenzetti.

“Es un hecho histórico que un presidente reúna a casi todos los gobernadores para hacerle juicio político a la Corte Suprema. El juicio político antes de llegar al recinto debe tener una investigación, y vamos a intentar ser lo más exhaustivos posible”, concluyó.

Siley, contra D’Alessandro: “Esto es causal de juicio político y movilización en las calles”

Así lo manifestó la diputada del FdT en relación a los nuevos chats que se conocieron entre el ministro porteño Marcelo D’Alessandro y un hombre cercano al presidente de la Corte.

La diputada nacional Vanesa Siley (FdT) opinó este viernes sobre la aparición de nuevas conversaciones del ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, en este caso con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. “Esto es causal de juicio político y movilización en las calles”, señaló.

La integrante del Consejo de la Magistratura apuntó que Robles es “la mano derecha” Rosatti y advirtió: “Nos enteramos que hay charlas previas, entre Robles y el ministro porteño, a la sentencia que dejó consecuencias millonarias entre CABA y en perjuicio con las demás provincias”.

En diálogo por Radio El Destape, la bonaerense manifestó que esta situación “viene siendo denunciada hace muchos años” desde el kirchnerismo, y lamentó que “de estos comportamientos mafiosos te enteras por uno o dos medios, ya que los grandes no lo ponen en la tapa del diario”.

“Hace años vemos los vínculos antidemocráticos que están en las sombras, con los servicios de inteligencia que aprietan a la Justicia, y los jueces que inclinan procesos judiciales violando todo tipo de procedimientos”, expresó la legisladora, quien además sostuvo: “Se defienden atacando porque es verdad lo que expresan ahí (en los chats filtrados), y todo eso lleva a una persecución política solo a nuestro sector y solamente contra Cristina Kirchner”.

En tal sentido, la secretaria general del SITRAJU cuestionó que no se avance en la causa del viaje a Lago Escondido entre magistrados, funcionarios del Pro y empresarios, ni con la investigación del intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta de la Nación. “Le niegan la prisión preventiva de tres personas de Revolución Federal que, sabemos, son los autores intelectuales”, denunció.

Asimismo, afirmó que “para perseguir, condenar y proscribir son rapidísimos”, y remarcó: “Cuando la conducción de un Poder Judicial rompe las reglas de la democracia y arregla los fallos con el poder de turno -en este caso con un funcionario del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta– es causal de juicio político y movilización en las calles”.

En el cierre, Siley apuntó contra D’Alessandro: “En los chats dijo ‘vamos a hacer cagar a alguien’ y eso lo leímos todos. Me dio miedo porque es un dicho de la época de la dictadura. Está utilizando los recursos del Estado en beneficio suyo”.

“No nos olvidemos que fue quien organizó el operativo de ‘inseguridad’ en la puerta de la casa de CFK”, recordó la oficialista, y concluyó: “Debe haber juicio político contra él, y su renuncia ya tendría que haber sido comunicada”.

Siley: “La Corte Suprema está degradada y es ilegítima”

Así lo afirmó la diputada del FdT quien, además, sostuvo que “hay que hacer frente a los poderes mafiosos que atentan contra la democracia”.

La diputada nacional Vanesa Siley (FdT) participó este martes del acto que encabezó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, en Avellaneda y remarcó que la Corte Suprema está “degradada y es ilegítima”.

Entrevistada por Radio Nacional, sostuvo que “actúa violando la Constitución”. En esa línea, agregó: “En vez de ser el máximo garante es quien más viola la CN y eso genera que la gente termine creyendo menos en la democracia”.

Del mismo modo, manifestó que la Corte mantuvo “paralizado” al Consejo de la Magistratura por intromisión del presidente Horacio Rosatti, trayendo “una ley de hace más de quince años sin vigencia”.

“Muchas veces se piensa que es un tema alejado de la ciudadanía y sucede todo lo contrario. No solamente afecta a través de los fallos, sino también por no nombrar a los jueces de un fuero tan sensible como, por ejemplo, es el civil”, expresó.

Por otra parte, se refirió a la proscripción de la vicepresidenta: “Hay que hacerles frente a los poderes mafiosos que quieren atentar contra la democracia”.

Siley y Tailhade juraron “bajo reserva” en el Consejo de la Magistratura

Antes de la ceremonia de juramento, los diputados oficialistas presentaron un escrito contra la Corte Suprema de Justicia.

Los diputados nacionales Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade -abmosd el FdT- juraron este miércoles como representantes del Consejo de la Magistratura, pero con reserva de las atribuciones que le son propias a la Cámara de Diputados en base al principio constitucional de división de poderes.

Previo al juramento, los legisladores presentaron un escrito ante la Corte Suprema de Justicia en el que cuestionaron “la intromisión del Poder Judicial en las competencias del Poder Legislativo”.

Los legisladores remarcaron que, la Acordada 34/2022 que dispuso el juramento de los diputados, “vulneró atribuciones privativas de la Cámara baja y desoyó lo resuelto por un juez en una causa objeto de su competencia”. Asimismo, agregaron: “Con esto se anuló un acto de gobierno exclusivo de otro poder del Estado por vía de acordada, es decir un acto no jurisdiccional, propio de funciones de superintendencia judicial”.

En tla sentido, sumaron que la Corte “pretende erigirse de manera inconstitucional como primus inter pares respecto de los poderes Legislativo y Ejecutivo”.

En la acordada Siley y Tailhade recordaron que la Constitución consagra la división de poderes y le otorga atribuciones exclusivas al Poder Legislativo, las cuales “han sido avasalladas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señalaron.

Por último, postularon que “este conflicto de gravedad institucional deberá resolverse bajo los mismos parámetros para ambas Cámaras del Congreso de la Nación”, en referencia a la situación que tiene frenada la jura de los consejeros por el Senado.

Juraron como consejeros los cuatro representantes por la Cámara de Diputados

Fue durante un acto en el Salón Bermejo de Tribunales. Se trata de los oficialistas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, el macrista Álvaro González y la radical Roxana Reyes.

El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rossati, le tomó juramento este miércoles a los cuatro representantes por la Cámara de Diputados que integrarán el órgano encargado de la selección y remoción de jueces por el período 2022-2026.

Durante el acto, realizado en el Salón Bermejo de Tribunales, juraron los oficialistas Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, el macrista Álvaro González y la radical Roxana Reyes

Estas designaciones obedecen a una decisión de la Corte Suprema, que puso solución así a un diferendo que se había planteado a partir de que luego de un fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick que había apartado del Consejo a la diputada Roxana Reyes en representación de la segunda minoría, la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, anulara la resolución por la que había designado a esos cuatro legisladores elegidos por sus bloques.

Ese pedido de apelación, agigantó “la grieta” en el Congreso y quedó en evidencia con la fallida sesión preparatoria -para elegir autoridades de la Cámara baja- y en la sesión especial, el pasado primero de diciembre cuando ambas quedaron truncas.

A partir de eso, el máximo tribunal firmó una acordada donde ordenó tomarle juramento a los diputados, y en esa resolución sostuvo que el tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”.

Así las cosas, tras la jura de los diputados el Consejo de la Magistratura tendrá a 16 de sus 20 miembros, a la espera de saber qué pasará con el ingreso de los cuatro integrantes por parte del Senado, quienes no han jurado aún.

A diferencia de lo ocurrido en Diputados, la Corte Suprema de Justicia avaló el “per saltum” que presentó el senador Luis Juez (Pro) para impugnar el nombramiento del oficialista Martín Doñate (UC-FdT) para ocupar el espacio en el Consejo por la segunda minoría en la Cámara alta.

Del mismo modo, se resolverá con un fallo de la Corte, ya que, el que se dictó el 8 de noviembre, momento en el que vencían los mandatos iniciados en abril, la Justicia sostuvo que el oficialismo había armado una “maniobra” -al dividir al FdT en Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular- para ocupar tres de las cuatro sillas de los senadores en el Consejo.

El Senado avaló en sesión especial -el pasado 16 de noviembre- el decreto parlamentario 86/22, que designó como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y a Eduardo Vischi (UCR). La resolución causó que se realizaran denuncias penales contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y a los senadores oficialistas que votaron a favor del decreto en el recinto.

Consejo de la Magistratura: juran los miembros de la Cámara baja

Los diputados convalidados por un fallo de la Corte Suprema de Justicia prestarán juramento este miércoles.

En un acto previsto para las 11 de este miércoles, el Salón Bermejo del edificio de Tribunales será epicentro de la jura de cuatro miembros del Consejo de la Magistratura: los que estarán allí en representación de la Cámara de Diputados de la Nación.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia y titular del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, tomará juramento a los diputados nacionales Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, por el Frente de Todos, Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR).

Estas designaciones obedecen a una decisión de la Corte Suprema, que puso solución así a un diferendo que se había planteado a partir de que luego de un fallo del juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick que había apartado del Consejo a la diputada Roxana Reyes en representación de la segunda minoría, la titular de la Cámara baja anulara la resolución por la que había designado a esos cuatro legisladores elegidos por sus bloques.

Ese pedido de apelación, agigantó “la grieta” en el Congreso y quedó en evidencia con la fallida sesión preparatoria -para elegir autoridades de la Cámara baja- y en la sesión especial, el pasado primero de diciembre cuando ambas quedaron truncas.

A partir de eso, la Corte Suprema resolvió el jueves pasado firmar una acordada donde ordenó tomarle juramento a los diputados, y en esa resolución sostuvo que el tribunal “tiene el deber constitucional de adoptar las medidas apropiadas para evitar la eventual paralización del Consejo de la Magistratura”.

Así las cosas, tras la jura de los diputados el Consejo de la Magistratura tendrá a 16 de sus 20 miembros, a la espera de saber qué pasará con el ingreso al Consejo de los cuatro integrantes de parte del Senado, quienes no han jurado aún.

A diferencia de lo ocurrido en Diputados, la Corte Suprema de Justicia avaló el “per saltum” que presentó el senador Luis Juez (Pro) para impugnar el nombramiento del oficialista Martín Doñate para ocupar el espacio en el Consejo por la segunda minoría en la Cámara alta.

Del mismo modo, se resolverá con un fallo de la Corte, ya que, el que se dictó el 8 de noviembre, momento en el que vencían los mandatos iniciados en abril, la Justicia sostuvo que el oficialismo había armado una “maniobra” -al dividir al FdT en Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular- para ocupar tres de las cuatro sillas de los senadores en el Consejo.

El Senado avaló en sesión especial -el pasado 17 de noviembre- el decreto parlamentario 86/22, que designaba como consejeros a los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate y a Eduardo Vischi (UCR). La resolución causó que se realizaran denuncias penales contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y a los senadores oficialistas que firmaron el decreto.

En sus últimas apariciones, el senador Juez remarcó que, el senador Doñate, “no puede ocupar nuevamente esa silla porque entiende que esa maniobra que cuestionó la Corte se sigue cometiendo”.

Para Siley, “la sentencia a CFK es la culminación de una persecución de años”

La diputada del FdT defendió a Cristina Kirchner, tras la condena a seis años de prisión e inhabilitación de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

La diputada nacional Vanesa Siley (FdT-Buenos Aires) habló este miércoles sobre la condena de seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y afirmó que “la sentencia es un trabajo de persecución de años”.

En diálogo por La 990, la legisladora cuestionó al Poder Judicial y agregó: “Es a quien más debemos reclamar, la Justicia es parte de la democracia y debe funcionar acorde a las garantías constitucionales”.

Así también, la oficialista atribuyó como “falsas” las pruebas que llevaron a sentencia a la expresidenta, al señalar que “la causa Vialidad se basa en una Ley de Presupuesto, que discuten más de 250 diputados y 80 senadores. Jamás puede ser prueba de delito, y si lo fuera debería ejecutarlo el jefe de Gabinete de Ministros”.

Siley sostuvo que “la persecución” de su espacio político “viene desde hace años”. En tal sentido, añadió: “Desde el principio buscaron inventarle cosas a CFK. No nos sorprende la sentencia”.

Respecto a la Justicia, la secretaria general de SITRAJU recordó el fallo de diciembre 2021 sobre el Consejo de la Magistratura, “pero no afectó a jueces”. “En 2020 el Consejo -en plena pandemia- se reunió 20 veces, y tras este fallo, en 2022 solo se pudieron reunir dos veces”, apuntó.

Consultada por las filtraciones de conversaciones entre jueces, funcionarios macristas y miembros de medios de comunicación, la diputada afirmó: “Lo ocurrido con el viaje es un delito”.

Fuerte respaldo oficialista a Cecilia Moreau en su decisión sobre el Consejo de la Magistratura

Los legisladores que representan a todos los sectores del FdT se expresaron en redes sociales en apoyo a la presidenta de la Cámara baja en su decisión de apelar el fallo del juez Martín Cormick y poner el suspenso designaciones.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el bloque del Frente de Todos publicó un comunicado en el que resaltó que las decisiones impulsadas por la titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, “son institucionalmente correctas y plenamente ajustadas a derecho” y, en otro orden, que “no hay motivo alguno para que el interbloque de Juntos por el Cambio descalifique el accionar de la presidenta de la Cámara y recurra a críticas políticas infundadas, de claro corte misógino”.

Los legisladores del oficialismo respaldaron su decisión de apelar el fallo  del juez Martín Cormick y poner el suspenso las designaciones de Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Álvaro González y Roxana Reyes.

Por su parte, los legisladores se sumaron a la iniciativa e hicieron lo propio desde sus cuentas personales.

Paula Penacca, secretaria parlamentaria del bloque FdT, sostuvo: “La presidenta de la Cámara tomó una decisión ecuánime con todos los diputados designados”.

Mientras que Vanesa Siley consideró que en su accionar a Cecilia Moreau “la asiste la Constitución y el derecho, la historia institucional y el ejercicio pleno de la división de poderes”.

En respuesta al comunicado de JxC, el diputado Juan Marino twitteó: “Abuso de poder ejerció la Corte Suprema cuando se apropió de la presidencia del Consejo de la Magistratura y cuando suspendió la asunción de (Martín) Doñate. JxC pretende un criterio para el Senado y otro para Diputados, según su conveniencia. Todo nuestro respaldo a Cecilia Moreau”.

De igual manera, Rodolfo Tailhade expresó: “Lo de la presidenta de la Cámara es impecable en términos jurídicos e institucionales. Actúa con responsabilidad y equilibrio en medio de este desquicio provocado por la Corte con la complicidad de Juntos por el Cambio. Mi total y absoluto respaldo a Cecilia Moreau”.

Quedó listo para su tratamiento en el recinto el proyecto que impulsa la creación de Comités Mixtos en espacios de trabajo 

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja otorgó dictamen al proyecto que prevé la creación de comités de formación en materia preventiva. Además, se alcanzó dictamen sobre el proyecto de Régimen Previsional Diferencial para Brigadistas.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja, presidida por la diputada Vanesa Siley, otorgó dictamen al proyecto de ley que establece la creación de Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, en establecimientos o empresas, públicas y privadas donde trabajen 50 personas o más.  

El proyecto, que sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, prevé la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable. 

La creación de ese comité será obligatoria en los lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen 100 o más trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por 2 representantes de los trabajadores, y por el empleador en igual número. 

El proyecto señala que en las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes. Y En aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”. 

Al respecto, la diputada del Frente de Todos y autora de uno de los proyectos sobre Comité Mixtos, Blanca Inés Osuna señaló que se trata de una “iniciativa que tuvo denso tratamiento con la participación de distintos actores y actoras involucrados en la contención concreta de la seguridad de quienes se desempeñan en los lugares de trabajo”, y agregó: “La propuesta refleja acabadamente el esfuerzo y compromiso que cada uno ha puesto sobre este tema”. 

Por su parte, el diputado radical Fabio Quetglas explicó por qué presentaron un dictamen de rechazo: “La salud y la seguridad de los trabajadores es un resaltado que en general no es un procedimiento burocrático, si no que los mejores protocoles adentro de las empresas es ir creando una cultura. Y en ese sentido no tenemos una perspectiva burocrática de la defensa de la salud y la seguridad”, señaló.  

Además, se manifestó contra “el sentido de la oportunidad”, del proyecto: “Por supuesto los temas de seguridad y de salubridad siempre son urgentes e importantes, pero la agenda del trabajo en la Argentina, donde se está viviendo una verdadera catástrofe en materia laboral, sobre todo a la luz de la tasa de actividad. Nosotros creemos que ese debe ser el objetivo central de esta comisión”. 

A su turno, el diputado del Frente de Todos Hugo Yasky indicó que “es un proyecto que básicamente lo que plantea es mejorar las condiciones de seguridad y de salud, y de reducir la siniestra. Esto genera beneficios para, tanto el sector de los trabajadores, como para el sector empleador. No exime responsabilidades a la ART”, en este sentido, agregó que la iniciativa “ha generado una amplia adhesión de las centrales sindicales y empresarias. Hemos contado con el aporte de laboralistas, de médicos especialistas en el tema de salud laboral”. 

El diputado por el socialismo Enrique Estévez recordó que su partido, en su larga historia, “ha sido impulsor de mucha materia de legislación vinculada a la defensa de los derechos de los trabajadores. Para nosotros es muy importante”, y advirtió necesario “apuntar a la posibilidad de la creación de estas instancias, fundamentalmente porque creemos que no podemos construir políticas públicas que tengan que ver con la defensa de un derecho tan importante como es el de la salud, sin que puedan participar en el diseño de esas decisiones los principales interesados, en este caso trabajadores y empleadores”. 

A su turno, el diputado por Evolución Radical Martin Tetaz señaló la necesidad de “contar con evidencia científica” antes de avanzar con proyecto como estos: “No hay ninguna evidencia a favor de los Comités Mixtos desde el punto de vista cuantitativo, por lo tanto, no vamos a acompañar el dictamen de mayoría”, consideró. 

De todas formar, reiteró que “en líneas generales esta es la línea que nos gustaría insistir en otros proyectos que pasen por acá, que tratemos de empezar a tomar decisiones basados en evidencia científica y datos. Sería muy bueno saber cuál es la contribución de la institución que estamos creando a la reducción de la accidentología, si es que existiera, porque eso nos ayudaría a compensar y tomar una decisión adecuada”. 

Finalmente, el diputado sindicalista Sergio Palazzo consideró “muy importante”, que “después de la pandemia, y atendiendo compromisos internacionales que asume el país cuando suscribe convenios con la OIT hoy estemos dando este debate. Hay un vacío legal entre propios trabajadores que nosotros tenemos que cubrir”. 

Por esto, señaló que “si nosotros invirtiéramos en la prevención del accidente, podríamos estar destinando un montón de dinero al funcionamiento de la economía, que hoy se lleva el 4% en accidentes de trabajo”. 

“A lo largo del año, el debate del proyecto en comisión convocó a distintos referentes del movimiento sindical, empresarios, empresarias, abogados laboralistas y expertos en la materia que dieron testimonio de experiencias reales en distintas fábricas y ámbitos laborales”, concluyó 

Por otra parte, la comisión también alcanzó dictamen sobre el proyecto de Régimen Previsional Diferencial para Brigadistas, régimen que reconoce la labor de los trabajadores como una tarea de riesgo; debido a la dificultad de trabajar expuestos a la presencia de fuego, gases tóxicos, y condiciones climáticas difíciles, y la exposición a problemas de salud graves tanto físicos como psicológicos. 

El proyecto viene con media sanción del Senado y dictamen de la Comisión de Seguridad Social, y apunta a reconocer una jubilación diferenciada, de 50 años para las mujeres y 57 para los varones, donde se reconozcan 25 años de aporte, de los cuales 15 deben acreditar haber complicado las tareas que tienen que ver fundamentalmente con el combate y la supresión de incendios forestales o rurales, la participación en situaciones de emergencia y la intervención en operativos de búsqueda y rescate, participar en actividades de concientización en la sociedad, entre otras. 

Al respecto, la diputada Marisa Uceda señaló: “Avanzar en este proyecto, que es reconocer su derecho a una jubilación anticipada, no por capricho como decía uno de los compañeros en la comisión, si no por necesidad, sería un gesto que esta cámara debería tener con este colectivo de trabajadores que ven dañadas su salud y mitigado la integralidad de su desarrollo físico, producto de esta tarea, que a nadie se le escapa lo que impacta en el cuerpo de los trabajadores”.  

El cristinismo omnipresente siempre en el Consejo de la Magistratura

Los miembros titulares del oficialismo responden estrictamente a la vicepresidenta de la Nación. Una conducta que se prolonga en el tiempo.

Queda claro, por si quedaban dudas, que el área judicial es de máximo interés para Cristina Fernández de Kirchner en esta gestión que la muestra motu proprio generalmente ajena al Gobierno, mas no por completo. La cuestión judicial, vale repetirlo, es central para ella por múltiples razones.

Prueba de ello es el ministro del área, que si bien fue elegido por el presidente Alberto Fernández, da permanentes muestras de responder a los intereses de la vicepresidenta de la Nación. Eduardo Soria se ha peleado con la Corte Suprema de Justicia y mantiene una aspereza más afín a lo que ella representa, que lo que respecta al presidente de la Nación.

No fue así siempre, muy por el contrario, ya que al frente del Ministerio de Justicia Fernández había puesto inicialmente a una persona de su máxima confianza, amiga y socia en el estudio jurídico que compartían: Marcela Losardo. Finalmente ella dejó esa cartera ante la fuerte presión del Instituto Patria y luego de haber formado parte del grupo de “funcionarios que no funcionan”, según la curiosa interpretación que en un momento clave de esta gestión hizo pública CFK.

Marcela Losardo no duró mucho al frente de Justicia.

Pero si hubo algo que nunca dejó librado a designios ajenos Cristina Kirchner fue la representación oficialista en el Consejo de la Magistratura. Allí siempre puso gente muy afín: si son de La Cámpora, mejor.

Es lo que decidió ahora con los representantes legislativos del Frente de Todos ante el Consejo de la Magistratura. Allí, todos los titulares reportan a Cristina. En Diputados, Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley son los representantes titulares y son camporistas y cristinistas, que en este caso viene a ser redundante. Los suplentes no son camporistas, pero sí están muy alineados con la vicepresidenta y responden a gobernadores totalmente afines a CFK: el chaqueño Juan Manuel Pedrini y el santiagueño Bernardo José Herrera.

Rodolfo Tailhade, un histórico K en el Consejo.

Respecto del Senado, fueron nombrados otros dos camporistas: Mariano Recalde y Martín Doñate, cuya designación es la que ha generado el conflicto de poderes tan difundido. Y otra chaqueña, María Inés Pilatti Vergara, que ya estaba antes en la Magistratura, y que está súper alineada con Cristina Kirchner.

Los suplentes son otra señal hacia los gobernadores, pero en definitiva son suplentes: Claudia Ledesma Abdala de Zamora, esposa del gobernador santiagueño, el pampeano Pablo Bensusán, y otra camporista, Anabel Fernández Sagasti, quien integra el selecto grupo de preferencias de la vicepresidenta.

Anabel Fernández Sagasti, camporista pura.

No cabe ninguna duda de que ese organismo encargado de la selección, nombramiento y destitución de los jueces en todo el país fue, es, y seguirá siendo un de interés supremo para la exmandataria.

Una presencia permanente

En tiempos del kirchnerismo fueron integrantes del Consejo de la Magistratura, entre 2006 y 2007, la senadora María Laura Leguizamón, muy cercana a Cristina, y, entre 2006 y  2010, el senador santacruceño Nicolás Fernández y los diputados Diana Conti y Carlos Kunkel, los tres muy kirchneristas.

Igual que Marcelo Fuentes, histórico amigo de Néstor Kirchner y actual secretario Parlamentario del Senado que presiden CFK, que estuvo entre 2007 y 2017, en representación del Senado. El mismo tiempo que Ada Itúrrez de Cappellini, senadora santiagueña. Como se ve, esa provincia gobernada por Gerardo Zamora ha tenido habitualmente representación en el Consejo.

Desde 2010 a 2017 estuvieron en el Consejo de la Magistratura un ultra K como Carlos “Cuto” Moreno y la tucumana Stella Maris Córdoba, también ella alineada con el kirchnerismo.

Carlos “Cuto” Moreno, histórico amigo de los Kirchner.

Sigamos: el actual ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro -uno de los principales referentes camporistas- fue integrante del Consejo de la Magistratura entre 2014 y 2015, mientras que entre 2014 y 2016 lo fueron otras figuras muy referenciadas en el kirchnerismo: el senador santacruceño Pablo González y los diputados Anabel Fernández Sagasti (Cámpora pura) y el histórico abogado laboralista Héctor Recalde, presidente del bloque Frente para la Victoria de la Cámara baja entre 2015 y 2017.

Entre 2014 y 2017 estuvo en el Consejo el senador sanjuanino Ruperto Godoy, en tanto que entre 2016 y 2017 lo estuvo otra santacruceña, Virginia García, excuñada de Máximo Kirchner.

De origen kirchnerista, el chubutense Juan Mario Pais fue representante en el Senado entre 2017 y 2020. Rodolfo Tailhade, que ahora vuelve al Consejo, ocupó allí un lugar entre 2016 y 2019.

Ahora vuelve allí, junto con los ya citados Mariano Recalde, María Inés Pilatti Vergara y Martín Doñate, en representación del Senado, y Vanesa Siley, que allí está desde 2019.

Listado histórico de legisladores en el Consejo de la Magistratura

NombreCargoPartidoInicioFinalización
Jorge SolanaSenadorMPN19981999
Augusto AlasinoSenadorPJ19982001
Carlos BrandaSenadorPJ19982001
Horacio UsandizagaSenadorUCR19982002
Juan Carlos MaquedaDiputadoPJ19981999
Oscar MasseiDiputadoPJ19981999
Melchor CruchagaDiputadoUCR19982000
Miguel Angel PichettoDiputadoPJ19982001
Miguel Angel PichettoSenadorPJ19982005
Miguel Angel PichettoSenadorFpV20012005
José Angonio Romero FerisSenadorPA19992001
Pablo FernándezDiputadoFrePaSo19992001
Lelia ChayaDiputadaPJ19992005
Carlos MaestroDiputadoUCR20002001
Marcelo StubrinDiputadoUCR20012006
Jorge CasanovasDiputadoPJ20012005
Jorge YomaSenadorPJ20012005
Ricardo Gómez DiezSenadorPRS20012006
Carlos PradesSenadorUCR20022005
Marcela RodríguezDiputadaARI20032005
Juan Jesús MinguezDiputadoUCR20032005
Federico Storani DiputadoUCR20052007
Nicolás FernándezSenadorFpV20062007
María Laura LeguizamónSenadoraFpV20062007
Ernesto SanzSenadorUCR20062007
Diana ContiDiputadaFpV20062010
Carlos KunkelDiputadoFpV20062010
Marcelo FuentesSenadorFpV20072014
Oscar AguadDiputadoUCR20072014
Ada Itúrrez de CappelliniSenadoraFC20102014
Mario CimadevillaSenadorUCR20102014
Carlos “Cuto” MorenoDiputadoFpV20102014
Stella Maris CórdobaDiputadaFpV20102014
Eduardo “Wado” de PedroDiputadoFpV20142015
Ruperto Eduardo GodoySenadorFpV20142017
Pablo GonzálezSenadorFpV20142016
Angel RozasSenadorUCR20142018
Anabel Fernández SagastiDiputadaFpV20142016
Héctor RecaldeDiputadoFpV20142016
Gustavo ValdésDiputadoUCR20142017
Virginia GarcíaSenadoraPJ/FpV20162017
Juan Mario PaisSenadorPJ/FpV20172020
Rodolfo TailhadeDiputadoFpV20162019
Rodolfo TailhadeDiputadoFdT2022
Mario NegriDiputadoUCR20172019
Pablo TonelliDiputadoPro20162022
Graciela CamañoDiputadaCF20182022
Roxana Nahir ReyesDiputadaUCR2022
Vanesa SileyDiputadaFdT2019
Mariano RecaldeSenadorFNyP2020
María Inés Pilatti VergaraSenadoraFNyP2020
Silvia GiacoppoSenadoraUCR20192022
Martín DoñateSenadorUC2022

Diputados oficializó sus designaciones para el Consejo de la Magistratura

Hay dos oficialistas y dos opositores, uno del Pro y una radical. Se producirá el retorno a ese organismo del diputado Rodolfo Tailhade.

Sin el polémico contexto que acompaña al tema en la Cámara alta, la presidenta del Cuerpo envió este jueves al Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Senado, la nómina de nuevos consejeros que corresponden a Diputados.

La resolución suscripta por la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, establece la designación de Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade por el Frente de Todos; el diputado Alvaro González (Pro) y la radical Roxana Reyes por la tercera minoría.

Es la vuelta de Tailhade, un viejo habitante del Consejo de la Magistratura donde estuvo hasta 2018. En ese entonces, un acuerdo del Frente para la Victoria y el Frente Renovador les permitió arrebatarle a Cambiemos un lugar. Presente en esa negociación, el líder del FR, Sergio Massa, le había pedido al FpV que le aportaran un nombre que no fuera el de Tailhade, que no veía viable, y entonces el bloque que entonces conducía Agustín Rossi sugirió a Eduardo “Wado” de Pedro, quien despertaba menos resistencias en el Frente Renovador, que por su parte impulsó a Graciela Camaño. Esta última renunció ahora a ser reelecta y su lugar es el que ocupará Tailhade.

El otro nuevo es Alvaro González, quien reemplaza a Pablo Tonelli, quien tampoco buscó su reelección, cosa que podría haber hecho a partir de un fallo de la jueza María Servini.

Los diputados suplentes designados son, por el oficialismo, Juan Manuel Pedrini y Bernardo José Herrera, y por la oposición la diputada del Pro Soher El Sukaria y el radical Francisco Monti.

20221608

Para Siley, la jueza Capuchetti “está demorando una investigación central para la República”

La diputada oficialista reclamó que se acepte la recusación de la jueza Capuchetti solicitada por Cristina Kirchner por la investigación del intento de magnicidio. Además, se mostró preocupada por la situación de Gerardo Milman.

La diputada y secretaria general del sindicato de los trabajadores Judiciales, Vanesa Siley, reclamó este viernes que se acepte la recusación de la jueza federal María Eugenia Capuchetti que realizó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por la causa de la investigación del intento de magnicidio y se mostró “preocupada” por el diputado Gerardo Milman (Pro) y su supuesta vinculación con el caso.

“Lo de Milman me preocupa porque es diputado de la Nación, de quien se comprobó que estuvo ahí con sus asistentes y dijo lo que el testigo denunció”, afirmó Siley en declaraciones a radio AM 750, donde remarcó que la jueza Capuchetti “no lo llamó a declarar, por lo que necesitamos que se acepte la recusación para que se investigue”.

Para Siley, la magistrada “está demorando una investigación central para la República”. Asimismo, la diputada planteó que “se necesita que se esclarezca” el intento de asesinato a la vicepresidenta el pasado 1 de septiembre en el ingreso de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta y pidió que “la justicia actúe con celeridad”.

Además, Siley reiteró que Milman “nunca fue llamado a declarar”, por lo que “se tiene que aceptar la recusación de Capuchetti porque está demorando la investigación”.

Sobre la situación del sistema judicial, la gremialista sostuvo que “no es cierto que todo el Poder Judicial es corrupto o ejerce corrupción, pero con que haya uno es grave y en Comodoro Py hay varios”. “Los buenos magistrados y magistradas tienen que salir a hablar. No pueden permitir que el Poder Judicial tenga estos niveles de legitimidad. No es todo lo mismo”, exhortó. “La Corte le está haciendo un daño grande a la democracia”, consideró Siley, quien continuó: “Hay una inclinación política en este sector del Poder Judicial que es garantizarle la impunidad a (Mauricio) Macri y perseguir al kirchnerismo en cabeza de Cristina o cualquiera que se atreva a defender a los más humildes”, concluyó

Siley: “Del universo imponible Poder Judicial, tenemos que distinguir que ahí adentro hay trabajadores”

La diputada oficialista se refirió a los tres artículos del presupuesto que establece que el Poder Judicial pague Ganancias y sostuvo que “no podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”.

Palabra esperada era la de la diputada nacional y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, Vanesa Siley (FdT), en la sesión de este martes en el debate del Presupuesto 2023 en la Cámara baja, respecto a su postura sobre los artículos incorporados por su propio bloque que proponen que el Poder Judicial pague el impuesto a las Ganancias ante lo que afirmó: “No podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”.

Al inicio de su intervención, Siley aclaró que hablaría de los artículos 100,101 y 102 del Presupuesto que refiere al pago del impuesto a las ganancias al Poder Judicial: “¿Desde qué lugar? ¿Desde dónde hablar? Cuando una se encuentra en una posición incómoda porque no comparte la dirección de esta definición, lo mejor es hablar desde la sinceridad”.

“En ese sentido, impuesto a las Ganancias ¿no? y ahí decimos desde hace muchísimos años los trabajadores y trabajadoras en la Argentina que el salario no es ganancia. Que la ganancia y, así fue pensado este tributo que originalmente tenía otro nombre, la ganancia es aquella diferencia, aquella rentabilidad, aquellos frutos de la explotación ajena que permite generar la famosa riqueza en base a la cual se distribuyen el ingreso en la Argentina”, explicó.

En esa línea, recordó que “los orígenes de este tributo con Prebisch allá por 1932, no por casualidad mismo hombre que años después, del Golpe del 55’, traería al Fondo Monetario Internacional al país”, y le tiró un palito a la Justicia: “No es por casualidad, por eso creo que algunas juezas y jueces deberían apuntar bien las sentencias hacia donde las direccionan”.

“Se ha dicho mucho sobre este impuesto que fue Perón el que lo puso a los salarios, al trabajo personal, la famosa cuarta categoría. También aquí una diferencia, una claridad que hay que arrojar: cuando Juan Domingo Perón en su tercera presidencia allá por el año 73’ amplía a los altos ingresos este tributo que, en un principio y sin desnaturalización es un tributo progresivo, pero que se ha deformado con el tiempo, cuando lo plantea es porque había un dibujo que lo hacían los gerentes de las empresas y se ponían la rentabilidad como salario y evadían un impuesto a la riqueza”, repasó la diputada.

Y siguió: “Esto hacía que en aquella época tribute un 2% de los asalariados en el país. Las sucesivas crisis económicas de Argentina a raíz de la implantación del Neoliberalismo, y luego lamentablemente de aquellos que dijeron que nadie iba a pagar ganancias, pero terminaron haciendo que el doble pague ganancias, este tributo a los altos ingresos o a la riqueza, se ha desvirtuado a su cuarta categoría”.

En ese sentido, lamentó que “se ha desvirtuado, se ha desnaturalizado y hoy estamos meta a poner todo el tiempo consecutivamente parches”. Asimismo, aclaró: “Yo no voy a defender a los jueces, nunca los he defendido, yo defiendo trabajadores y trabajadoras desde hace muchísimo tiempo. Cuando hablamos del universo imponible Poder Judicial tenemos que distinguir que ahí adentro hay trabajadores y que esa masa total representa el 96% del Poder Judicial Federal, que no negocia salarios porque no tiene paritarias y porque no tiene convenio colectivo es el Poder Judicial de la Nación, no así los provinciales”.

“En el Poder Judicial Federal 765 jueces hay nada más, más de 30 mil son trabajadores y trabajadoras que tienen sindicato y que hay alguien que lucha por sus derechos y condiciones laborales”, contó Siley.

Por otro lado, recordó que en el 2016 el bloque del Frente para la Victoria “planteó esta reforma del presupuesto lo hizo acompañado de algunas cosas que, cuando volvió del Senado fue recortado ese presupuesto y ahí fue que el bloque se ausentó de la votación porque volvió recortado, porque un plan económico es completo no son golpes esporádicos donde pretendemos medidas como estas que terminamos lamentablemente dañando el salario de trabajadores tal vez con buenas intenciones”.

“En el 2016 lo que se proponía era que, además, de que tribute el Poder Judicial a partir del 2017, se aumentaran las deducciones y se actualizaran las escalas. También se proponía que se recentaran las retenciones a la minería que había sacado Macri o gravar la renta financiera, todo eso se sacó en el Senado y por eso no acompañamos en ese momento”, enumeró la sindicalista.

Al cierre de su alocución, sostuvo que sus compañeros de bancada “referencia al problema de la inflación, de la distribución del ingreso, ese 40 para el trabajo y 60 para el capital, en este momento donde realmente nunca ha sucedido en la Argentina que un trabajador registrado sea pobre, con organizaciones sindicales como la mía que se junto cuatro veces este año para arreglar paritarias para combatir la inflación”.

“¿Vamos a generar que asalariados les pasen a asalariados? Eso no es redistribución de la riqueza. Redistribución de la riqueza es cuando le sacamos al capital como lo proponía Axel Kicillof en el 2016 y le transferimos al trabajo para equilibrar el reparto”, reclamó Siley y cerró: “No hay que considerar nunca más que el salario es ganancia y que los jueces se arreglen solitos, pero nosotros no podemos fallarle a los nuestros, no podemos tocarles el bolsillo a los trabajadores”.

Para Siley: “CFK pone en evidencia la situación crítica que atraviesa el Poder Judicial”

Además, la diputada oficialista sostuvo que están “en estado de alerta para defender la democracia y a Cristina”. También cuestionó el pedido de juicio político presentado por JxC: “Están empecinados en entorpecer la democracia”.

La diputada nacional Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires) se refirió este viernes sobre el enjuiciamiento de la vicepresidenta y consideró que “CFK pone en evidencia la situación crítica que atraviesa el Poder Judicial”. Además, cuestionó el pedido de juicio político presentado por el interbloque de JxC y lo consideró como un “entorpecimiento” a la democracia.

En una entrevista por Radio Nacional AM 870, la legisladorase refirió a la reunión del PJ en LA Plata de la cual destacó que fue “muy buena” y señaló: “Estamos en estado de alerta para defender la democracia, para defender a Cristina y para intentar generar una demanda social, que ya existe, pero canalizarla hacia afuera sobre un sistema de justicia que está funcionando de una manera desastrosa”.

“Hay una memoria popular imborrable como suele suceder en nuestra querida patria de los derechos y conquistas del pueblo. La sociedad argentina en su conjunto incluso algunos empresarios, las conquistas materiales que consiguió la sociedad en 12 años de gobiernos de Néstor y Cristina es imborrable y el pueblo le devuelve con tanto amor”, sostuvo.

En ese contexto, cuestionó que “son jueces que fueron elegidos por el poder real y mediático para salir en los grandes medios de comunicación para ponderar lo que hacen o para todo lo contrario”, y denunció que “se manipula al sistema Judicial actual” porque “son jueces que fueron puestos a dedo”.

“Ese repudio generalizado en la sociedad porque, además, hay demandas sociales en torno al sistema de justicia y hay una situación muy clara con el avasallamiento que están realizando sobre Cristina, la persecución”, consideró Siley.

En ese sentido, remarcó que “CFK pone en evidencia la situación crítica que atraviesa el Poder Judicial, que ha formado parte de un engranaje antidemocrático y debe ser revisado en su funcionamiento”.

Por último, sobre los dichos del presidente respecto a la comparación entre los fiscales Alberto Nisman y Diego Luciani, y el posterior pedido de juicio político por parte de JxC sostuvo: “Creo que la derecha argentina representada en parte de JxC, porque hay muchos que están en esta sobreactuación, esta empecinada en entorpecer la democracia y utilizan distintos mecanismos a esos fines y este es uno de ellos”.

“Quedó claro en los últimos días que todo el juicio este vestido desde el inicio porque los fiscales no cumplieron su rol, no construyeron un relato solo leyeron, hablaron vía zoom para salir en la televisión, violaron las garantías constitucionales a Cristina”, enumeró la diputada del FdT.

Y cerró: “Hay integrantes políticos de JxC que sobreactúan todo y quieren tener más protagonismo que el Papa”.

Dictaminaron sobre el proyecto de Equidad Laboral

La iniciativa deroga una normativa que prohíbe el trabajo de las mujeres en diferentes actividades laborales, entre ellas la carga y descarga de navíos, en canteras o trabajos subterráneos.

La Comisión de Mujeres y Diversidad, que preside la diputada Mónica Macha (FdT), avanzó con el dictamen de un proyecto consensuado por los que modifican las leyes 11.317 y 20.744 sobre prohibición del acceso de mujeres a diversas actividades laborales.

Se trata de una modificación que sustituye la denominación de infracciones y sanciones en el trabajo de mujeres y en el trabajo de menores por infracciones y sanciones en el trabajo de personas menores de 18 años y de la ley de contrato de Trabajo sobre discriminaciones por razones de género y equidad laboral.

Asimismo, el texto prevé la prohibición de tareas peligrosas o insalubres para personas menores de 18 años se rige por las disposiciones de las leyes 26.390 -Prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente- y 25.212 -Ratificación del Pacto Federal del Trabajo-, sin perjuicio de las denuncias penales que corresponda efectuar para determinar la eventual comisión de delitos de acción pública, conforme lo previsto en el artículo 148 bis del Código Penal.

La diputada Vanesa Siley (FdT), una de las autoras del proyecto, consideró que “estamos yendo a un punto nodal de inserción aboral igualitaria derogando una vieja norma que segrega el mundo laboral y le prohíbe explícitamente actividades laborales a mujeres que suelen estar bien remuneradas, estas actividades son del mundo privado”, dijo.

“Estaríamos dando un paso importante en la igualdad laboral y también en eliminar un aspecto de la brecha salarial”, aseguró la diputada.

En la misma línea, la diputada Silvia Lospennato (Pro), explicó que es una ley “muy antigua que casi no se aplica pero hay que remover sobre todo para dar una señal de que las mujeres podemos realizar todo tipo de trabajos, no tenemos ninguna limitación por nuestra condición de mujeres”, consideró y aclaró que la norma también busca “preservar los artículos que tienen que ver con el trabajo infantil”.

Además, la comisión aprobó diversos proyectos de declaración y resolución entre los que se destacan el uso adecuado de la cesárea mediante la toma de decisiones de calidad por las mujeres, personas gestantes y profesionales de la salud; Declarar de interés de la Cámara el ciclo teatral y campaña de concientización sobre femicidios “¿Cuántas Son Muchas?”; Expresar beneplácito y adherir al lema propuesto por Naciones Unidas – ONU Mujeres- para el día internacional de la mujer 2022, a conmemorarse el 8 de marzo: “Igualdad de Género Hoy para un Mañana Sostenible”; Expresar adhesión a la conmemoración del día internacional de acción por la salud de las mujeres que tiene lugar el 28 de mayo de cada año, entre otros proyectos.

Siley defendió a CFK: “Este juicio es una vergüenza porque no hay sustentos en pruebas”

La diputada del Frente de Todos defendió a la vicepresidenta y sostuvo que “Luciani y Mola son amigos de la oposición”. Además afirmó que “hay una maquinaria mediática que condena todos los días a CFK”.

La diputada del Frente de Todos defendió a la vicepresidenta de la Nación y sostuvo que “(Diego) Luciani y (Sergio) Mola son amigos de la oposición”. Además afirmó que “hay una maquinaria mediática que condena todos los días a Cristina Fernández de Kirchner”.

Tras conocerse el pedido del fiscal Diego Luciani de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos sobre Cristina Fernández de Kirchner, la diputada nacional Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires) manifestó: “En primer lugar este juicio, desde sus comienzos es una gran vergüenza para el Poder Judicial porque no hay sustentos en pruebas y no se desarrollaron las pruebas en la fiscalía”.

“Los fiscales Luciani y Mola hacen un montaje actoral más que un comportamiento acorde al Derecho”, disparó Siley en El Destape Radio, donde además agregó que “se violaron todas las garantías constitucionales de CFK, ella puede hablar en cualquier momento para defenderse y ampliar su defensa”.

La legisladora sostuvo que “le fueron agregando hechos e imputaciones y le reabrieron causas como ‘Hotesur’ y ‘Los Sauces’ donde CFK ya estaba sobreseída”. En tal sentido, la diputada definió: “Es una vergüenza cómo está actuando el Poder Judicial como institución”.

Respecto a los fiscales, Siley dijo que “juegan en el mismo equipo de fútbol que los jueces de la oposición, cualquiera se da cuenta de que son amigos y de que por ahí viene la cosa”. Por otro lado, agregó que “hay una maquinaria mediática que, con sus tapas, todos los días condena a CFK”.

Consultada acerca de las movilizaciones a la puerta de la casa de la vicepresidenta, la oficialista expresó: “La manifestación popular de encontrarnos entre compañeros y compañeras a veces es la única herramienta que tiene el pueblo”, y agregó: “Tenemos la militancia como método democrático de expresión”.

“En la época de CFK teníamos aumento salarial y los compañeros se iban de vacaciones; hoy los aumentos son para pagar deudas”, lanzó Siley, quien además concluyó que “los mejores años para los trabajadores fueron en el Gobierno de CFK”.

Tuvieron dictamen varios proyectos laborales, entre ellos uno de la izquierda

En el marco de la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja se avanzó con la firma de dictámenes de casi una decena de proyectos.

Al cabo de la reunión informativa con invitados para exponer sobre el proyecto de Comisiones Mixtas, la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados que preside Vanesa Siley se abocó al rápido debate de una serie de proyectos que no ameritaban controversia.

No hubo debate con ninguno de los proyectos, sobre los cuales solo expusieron sucesivamente sus autores, como fue el caso de Claudia Ormachea, quien aceptó los cambios introducidos al proyecto que incorpora la individualización del correo electrónico del empleador/a y el convenio colectivo aplicable al trabajador. Contó la legisladora oficialista que habá quienes solicitaban que la empresa tuviera la posibilidad de que además del domicilio electrónico se pusiera el de la empresa. “Este proyecto tiene otro artículo importante: los derechos y obligaciones necesarios corren por las partes y la modificación en el recibo de haberes, nos pareció importantísimo que esté asentado el último domicilio registrado por el trabajador de la empresa, pero fundamentalmente el convenio colectivo aplicable al trabajador, para que sepa los derechos que le asisten en cuanto a liquidaciones”.

Después fue el turno de un proyecto para que establece la gratuidad de los telegramas y cartas documentos para los trabajadores y sus derechohabientes. El proyecto era originalmente del radical Luis Petri, pero perdió estado parlamentario en 2021, por lo que volvió a presentarlo el puntano Carlos Ponce (Frente de Todos), quien lo defendió diciendo que si bien la gratuidad está establecida para todos los telegramas en cuanto a los trabajadores, tenemos un caso, que es un inciso, el segundo, por el cual se amplía ese derecho para los derechohabientes y pasa en la práctica más a aquellos que nos ha tocado ser delegados de establecimientos, nos ha marcado a fuego cuando fallece el trabajador y quedan situaciones con la familia”.

El diputado contó que hay “empleadores muy responsables que acompañan a la familia, no hace falta mandarles carta documento; pero otros que muchas veces se hacen los distraídos, les niegan la liquidación final, y el trabajador al haber fallecido el derechohabeinte queda con ese problema y empiezan las dificultades. Por eso nos parece muy atinado legislar en ese sentido”. 

Luego fue el turno de un proyecto impulsado por los diputados de la izquierda, Romina del Plá, Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Milman, que incluye iniciativas de los diputados del Frente de Todos Gustavo González, Paola Vesvessian y Jorge Verón. La iniciativa instituye el 17 de junio de cada año como Día nacional de los trabajadores caídos y desaparecidos en el mar, en memoria de las víctimas del hundimiento del buque Repunte, y de todas las víctimas de tragedias mientras desarrollaban sus actividades. Asimismo establece a todo el mes de junio como de memoria para los tripulantes desaparecidos en el Mar Argentino.

Habló la diputada Del Plá, para recordar que a este proyecto solo le faltaba tener dictamen de esta comisión (también pasó por Legislación General y Asuntos Marítimos), y contó que había sido unificado con el proyecto de los citados legisladores oficialistas. La idea es, contó, “visibilizar la problemática y contribuir a evitar que estas situaciones se repitan”.

Comentó también que “en los últimos veinte años hubo 52 hundimientos y hay más de 1340 tripulantes muertos o desaparecidos en el mar. En general, no hay registro de la magnitud de los hundimientos que se producen. Es un problema muy serio y por eso nos parecía muy importante que se apruebe este dictamen.

Valoró la tarea de los familiares de víctimas, uno de cuyos logros fue, dijo, constituir en 2020 un organismo técnico descentralizado que entre otras cosa logró establecer que “cada barco que sale tiene la obligación de que haya trajes de abandono para todos los integrantes de la tripulación.

También tuvo dictamen un proyecto de Vanesa Siley y otros diputados de su bancada que instituye el 23 de agosto como el Día de la Militancia Sindical, en homenaje a Felipe Vallese.

Con el hijo de Felipe Vallese presente en la reunión, María Rosa Martínez contó que “Felipe fue un militante sindical, de la UOM, también militante territorial, perteneciente a la Juventud Peronista, en años de gobiernos de dictaduras y gobiernos democráticos condicionados. Era un participante muy activo, muchas veces detenido, luchando por la vuelta del peronismo y la eliminación de la proscripción”.

Comentó luego que Vallese desapareció con otros militantes, pero fue el único que no volvió a aparecer. Su cuerpo nunca fue encontrado y la policía jamás reconoció haberlo detenido. “Se supone que falleció en un hecho de tortura. También detuvieron al hijo y al hijo de 8 años de una compañera, todos brutalmente torturados”.

También tuvo dictamen un proyecto de equidad laboral que unifica iniciativas de diputadas como Silvia Lospennato, María Lucila Masín y Vanesa Siley, que deroga una iniciativa que prohíbe el trabajo de mujeres en diferentes sectores como en la actividad marítima y portuaria.

Además, se aprobó un proyecto del diputado del Frente de Todos Sergio Palazzo, que busca modificar el artículo 256 de la Ley Contrato de Trabajo respecto a los plazos de prescripción para el ejercicio de las acciones por créditos laborales, llevando a 5 años ese plazo que se origina durante la vigencia de la relación laboral y ampliando a 3 años el lapso de prescripción por los créditos que derivan de su extinción.

Al defender su iniciativa, Palazzo habló de “dejar de lado una ley originada de una dictadura”, y sugirió que “en algún momento todos los legisladores tenemos que dar por tierra con leyes que fueron pergeñadas por una dictadura militar”.

Asimismo se avanzó con la firma de un proyecto del diputado del Frente de Todos y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que propone que el trabajador puede prestar servicios para otras empresas o por cuenta propia, salvo que ello derive de un daño cierto y determinado para su empleador o que la exclusividad de su trabajo hubiese sido expresamente pactada a cambio de una compensación económica.

Por último, se suscribió el dictamen de un pedido de informes impulsado por la  oposición sobre cuestiones relacionadas con el decreto 144/22 para que establecimientos de trabajo ofrezcan espacios de cuidado para niños y niñas de entre 45 días y  3 años de edad. Lo defendió la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro-Córdoba) que para conseguir la firma de sus pares aclaró que la iniciativa no tenía ningún componente ideológico.

La reunión de Legislación del Trabajo terminó a pura polémica

Sobre el final del encuentro iniciado poco después del mediodía los ánimos se caldearon entre oficialismo y oposición, cuando desde JxC plantearon objeciones sobre el funcionamiento de la comisión, lo que generó fuertes cruces.

Se sabía que sería extensa la reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo a la que había sido invitada más de una decena de expositores para hablar de los proyectos para la creación de Comités Mixtos en el ámbito laboral. Pero lo que no estaba previsto fue que terminara de la manera como lo hizo.

El encuentro se inició a las 12.20 y se extendió hasta pasadas las 16. Alrededor de las 14 concluyeron las exposiciones sobre el principal tema a debatir y se pasó a analizar nueve proyectos consensuados que pasaron a la firma. Y cuando la presidenta de la comisión, Vanesa Siley, estaba por dar por terminado el encuentro, el vicepresidente, Fabio Quetglas (UCR) la sorprendió con un planteo referido a “problemas en la manera de citación de la comisión”.

Vanesa Siley se manifestó “sorprendida” y a continuación Pamela Verasay planteó que buscaban “intentar tener una convivencia operativa de tal manera que se aporte al trabajo”. Advirtió que no había sido “muy productiva” la forma como se habían discutido los proyectos en asesores, y que incluso los proyectos les había llegado antes a ellos que a los propios diputados. “Es una sugerencia, tómelo o déjelo, pero eso va a mejorar la convivencia”, señaló la diputada mendocina, que luego advirtió que no podían “traer invitados en 48 horas, cuando hay un feriado en el medio y no hay vuelos”.

Por eso planteó la sugerencia de adoptar una modalidad mixta para las reuniones informativas, para evitar “vaciar la comisión con la forma de trabajo”. Y tras pedirle “respeto”, enfatizó que es “una irresponsabilidad vaciar una comisión,  pero cuando no se cumplen el reglamento o los compromisos, también es un mecanismo de participar en el Congreso la ausencia y la abstención”.

Visiblemente molesta, Siley advirtió que “si algo esta presidencia fue durante el mandato anterior y este es prolija y de consenso. No hay ninguna objeción al cumplimiento del reglamento”.

Luego señaló que llevan 5 meses con el temario abierto para el tema de los comités mixtos, y que la oposición incluso había invitado a un expositor. Que no tenía problemas en hacer comisiones mixtas, virtuales o presenciales, también estaba “abierta” a ello. “Quiero decir: no pongamos en la cancha del otro lo que está picando en la de ustedes”, enfatizó, y agregó que la convocatoria a esa reunión no había sido de 48 horas, sino de tres días.  

“Me sorprenden los planteos y no me gustan, porque no son ciertos. Nunca nos hemos manejado como no sea hablando y mcuho… Estoy sorprendida”, cerró la diputada oficialista.

Fabio Quetglas replicó: “Usted está sorprendida y yo estoy sorprendido por su sorpresa. Nadie la acusó de desprolija, simplemente le dimos una pauta de funcionamiento p ara darle fluidez y operatividad a la función. Sería injusto acusarla de desprolija, pero estamos en el derecho de pedir un funcionamiento fluido y acordado que tiene que ver con nuestro deber de diputados”.

A continuación, la diputada Dolores Martínez pidió la palabra y  planteó la cuestión de fondo. “Hace mucho tiempo venimos arrastrando el no tratamiento de determinados proyectos, sobre todo los que desde mi fuerza política venimos presentando”, dijo, para aclarar luego que “no pongo en cuestión el temario de hoy, ni el de ayer, ni el del año pasado… ¿Pero cuándo vamos a trabajar los proyectos que tienen que ver con la generación del empleo, la modernización de las leyes laborales, la capacitación laboral que merece el sistema laboral argentino por la situación que viene atravesando el país”.

“Venimos presentando propuestas, ha habido un recambio legislativo… Nadie pone en duda la forma profesional con la que usted trabaja, pero queremos debatir. Lo mínimo que queremos hacer es debatir. Particularmente presenté un proyecto, no me citaron, yo lo que uiero es debatir: queremos generar empleo registrado, hablar sobre cómo incorporar a los jóvenes al primer empleo, y todo eso en esta comisión está ausente, lo que estamos pidiéndole es eso”, cerró Dolores Martínez.

Desde el oficialismo, la diputada Claudia Ormachea le salió al cruce cuestionando que no se respetaran las cosas consensuadas. “Está claro que no nos ponemos de acuerdo”, admitió y cuestionó que la oposición tampoco diera espacio a proyectos para “mejorar la producción, la justicia, la industria automotriz, y eso también tiene que ver con la calidad del trabajo”.

Sergio Palazzo dijo que le preocupaba que se dijera una cosa y después otra. “No estoy de acuerdo en que no se haya cumplido el reglamento. Me preocupa que antepongamos cosas como que hay un fin de semana largo de por medio para venir a una reunión, si somos diputados nacionales”, disparó y concluyó: “Creo que hay 13 o 14 diputados de ustedes y hoy hay acá 5, no sé dónde están los otros”.

Hugo Yasky contrapuso que “esta es una de las comisiones que más actividad ha tenido en el Congreso este año. Es una comisión en la que se respeta el reglamento y tiene el funcionamiento armonioso”, y planteó que cosas así las debían resolver entre la presidenta y el vice.

Recogió el guante Quetlgas, que aclaró que no habían objetado el uso del reglamento, y apuntó que “tenemos en este momento una visión de las relaciones laborales que es un aporte pertinente al debate social argentino, y naturalmente ustedes pueden tener una posición política distinta. Ese debate que no está acá está en los medios. Quizá lo podíamos haber resuelto nosotros, pero los proyectos que pusimos en consideración, queremos que se traten. Lo vamos a discutir, vamos a hacerlo, no es de generar un antagonismo”.

Seguidamente la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado apuntó que la presidencia del bloque “vetó” uno de sus invitados: “Yo hice un listado de tres invitados a esta comisión, el primero no pudo venir por un tema laboral, merced a la buena gestión del vicepresidente, incorporamos a un segundo, y sí, hubo un derecho a veto contra un tercer invitado que presenté yo, al que la presidenta dijo ‘yo no lo voy a invitar’. Por motivaciones personales, o no sé qué”, describió la legisladora, a lo que agregó: “Y la verdad es que esas cosas no existen en la democracia el derecho a veto, alguien al que se le niegue la palabra en una Comisión de la Cámara de Diputados. Bajo ningún punto de vista, ni si quiera por cuestiones que parecen ser absolutamente circunstanciales”.  

De todas formas, señaló que están “dispuestos a trabajar en conjunto”, y que “hemos firmado proyectos de ustedes, ustedes han aceptado un pedido de resolución, sigamos trabajando de esa manera”, y pidió “simplemente aceitar mejor las relaciones, y que acá todos estamos en un plano de igualdad, más allá de los números”.  

“Y claro que tampoco es nuestra voluntad vaciar comisiones ni nada, de hecho, yo vengo del Senado donde el bloque oficialista como tiene la mayoría vaciaba sesiones completas”, concluyó su intervención. 

En respuesta, la presidenta de la Comisión, Vanesa Siley rechazó que haya existido veto alguno, si no que, por el contrario, se trató de un consenso con la vicepresidencia y no de una imposición de parte: “Ustedes habían propuesto efectivamente primero dos personas, uno que no pudo venir, que fue convocado a tiempo, que se comunicó mi equipo de asesores; y se convocó a un dirigente sindical, Peretta, que no hice un derecho a veto, si no que le comenté -y ahora vamos a hacer público todos los diálogos- al diputado Quetglas que este dirigente había golpeado a una persona en las escaleras del Ministerio de Trabajo, y que se hizo públicamente conocido por el hecho de violencia en cuestión, y que tenía una reserva ética para invitar a esta persona a la Comisión”. 

“Y ahora lo hago público, en vivo que estamos, y que lo sepa toda la sociedad, porque si no parece que tengo una cuestión personal. No, no, no la conozco a la persona que usted invitó. Pero esta persona ejerció un acto de violencia contra una persona mayor en una institución del Estado nacional, como es el Ministerio de Trabajo, está en los medios de comunicación. Googleen y van a encontrar el hecho en cuestión, que ejercí como reserva ética”, desarrolló la legisladora. 

En este sentido, aseguró que “nosotros hemos invitado a esta Comisión informativa de comité mixto a cámaras empresariales, gremiales de alto nivel de la República Argentina, a las centrales obreras en sus máximas autoridades, a asociaciones de abogados laboralistas, y cuando se me hizo la propuesta, ayer, de una tercera persona, yo no hago objeciones personales ni ideológicas, sí éticas, por este hecho concreto que estoy comentando”.  

“Está muy bien decir todo, lo que no está bien es mentir. Una es una militante política por, sobre todo, y tengo palabra y tengo código. Porque creo que si no hay palabra y no hay código en la política pasan estas cosas, donde las formas terminan anteponiéndose al fondo”. 

“Acá nadie se siente atacada, pero las cosas como son, y la verdad sobre la mesa. Porque si no después, hablamos todo bien en el pasillo y cuando tenemos el micrófono hacemos una escena política que no se condice con la realidad”, cerró.  

Rodríguez Machado tuvo la oportunidad de replicar las objeciones: “No sabía que usted se reservaba la ética sobre los invitados que vienen en un medio de un sistema democrático. Así que yo lo que digo, cuando tengamos un invitado, la reserva ética que la tengamos todos los de la comisión. Porque nosotros a ningún invitado que el Frente de Todos estime venir nos vamos a poner encima el sayo de juzgador de su conducta ética ni muchísimo menos.” 

“Lamento que en democracia haya esta situación, de que usted como diputada nacional le niegue la palabra y juzga su comportamiento ético por un video que tiene sus prolegómenos y tiene otra situación. En fin, nosotros no hacemos reserva ética sobre los invitados de ustedes, vengan todos los que quieran hablar porque somos absolutamente democráticos”, manifestó la diputada cordobesa. 

Para cerrar el ida y vuelta, Siley aclaró que se trató de una “una manifestación que le hice al vicepresidente de la comisión, y que él automáticamente aceptó. No es una imposición de parte, a ver si nos entendemos. Fue un consenso que no venga el señor Peretta, no fue una imposición de parte. Yo se lo manifesté, y él no me hizo una devolución diciéndome que si o si nuestro bloque quiere que venga fulano. Entonces ubiquémonos en lo que decimos”. 

Desatada la polémica, la diputada María Rosa Martínez tuvo la oportunidad de manifestar su opinión: “Me parece una discusión absolutamente desmadrada. Porque a partir del planteo del diputado Quetglas, que sin duda se podría haber resuelto de manera de diálogo entre presidencia y vicepresidencia si se trataba de fijar días que ya fijamos”.  

“Yo participo de esta comisión de Legislación Laboral desde el 2019, y sin ninguna duda ha sido una de las comisiones con mayor funcionamiento en esta Cámara, en pandemia, y ahora postpandemia. Y la verdad es que me llevó a interrumpir el planteo de la diputada de Mendoza cuando dijo que no quieren vaciar esto, en términos casi de amenaza”, agregó la diputada del Frente de Todos.  

En este sentido, la legisladora manifestó su perplejidad: “Parece que estamos discutiendo, ‘no queremos vaciar esto porque no tuvo el día anterior, cuando tuvo 72 horas para venir’, no entiendo nada. Yo creo que cuando las discusiones se dan con fundamento, primero era el día, después eran los temas y después parece que era las personas a invitar, creo que tienen un choclo de cosas para decir que evidentemente les están molestando”. 

“Hagan una síntesis, hagan un planteo serio, y hagan un planteo con calidad y responsabilidad legislativa, por favor. Porque si no esto es una joda muchachas. Y vayan al reglamento que es lo que nosotros aplicamos. Me parece absolutamente ridículo que encima se enojen”, cerró la diputada bonaerense. 

A continuación, Palazzo retomó la palabra, cargó las tintas y apuntó: “Para no caer en estos jueguitos mediáticos cuando se enciende la Cámara, seamos concretos. Pidan una fecha y hora y fíjenla. Y sabe qué, invítelo. Yo propongo que invite a este señor Peretta. Pero le va a hacer muy bien al proyecto que estamos impulsando en Comité mixto, porque cuando lo escuchen hablar seguramente van a terminar votando con nosotros”. 

“Así que le pido que lo invite y terminemos con este show. El problema era que no cumple el reglamento, le acreditó que cumple el reglamento, el problema es que no le traen los invitados, le acaban de decir que lo habla, el problema pasa a ser Peretta, solucionemos los problemas”, agregó.  

“Ponga fecha, ponga hora, nos reunimos y tratamos los proyectos. Hay una composición distinta en la Cámara, y también en las comisiones. Tienen los votos, bien, sacaran los proyectos. No los tienen, miren se acabó el debate, votamos, no pasa la reforma laboral ni las flexibilizaciones que han venido proponiendo en todos los proyectos, y nosotros trataremos de pasar la disminución de la jornada de trabajo que nos interesa para que se genere empleo”, concluyó el legislador. 

Seguidamente, la diputada por el Frente de Izquierda Romina del Plá intentó reencauzar la discusión: “Uno de los problemas que tenemos en relación a la generación de empleo y a la calidad del empleo son las leyes que se han aprobado de flexibilidad y precarización laboral décadas atrás. Y que justamente han demostrado que lejos de resolver a generación de más puestos de trabajo, han redundado en una reducción de puestos de trabajo y en un avance de la precarización y flexibilizaciones brutales”. 

“Hay que avanzar en la registración laboral, fundamental. Terminar con el fraude laboral, terminar con el monstruito del monotributo. El aumento de salarios y jubilaciones debe ser urgente. Son la agenda que debería estar, pero no es la agenda que interesa a los principales bloques. No obstante, pongo mi insistencia en el tema, y mi pedido de poder estar en esta comisión en algún momento”, concluyó. 

Verasay tuvo la oportunidad de aclarar sus dichos, y pidió a los diputados que “escuchen, y no le hagan decir a las palabras cosas que no se han dicho. En ningún momento dijo que usted, presidenta no cumple el reglamento. El primer lema es escuchémonos. Estaba conversando, de manera propositiva para que conviviéramos de otra forma en esta comisión, cuando la diputada me trata de irresponsable, porque digo que uno de los mecanismos que existe en el Congreso para trabajar es discutir, consensuar, bloquear, vaciar, no estoy diciendo nada nuevo. Depende desde luego de la voluntad de cada uno de los diputados”. 

“Pero nunca dije que no se estaba cumpliendo el reglamento, dije que no venir también forma parte de cuando no se es escuchado, cuando no se respeta, cuando no se cumple el reglamento, pero en ningún momento la acusé a usted. Y no voy a permitir de que se me trata a mí de que hablo de manera extorsiva. Simplemente pedí que nos escuchemos”, cerró la legisladora. 

Finalmente, el diputado, presidente del bloque socialista de Santa Fe, y secretario de la Comisión Enrique Estévez, intentó poner paños fríos al asunto y pidió cuidar las formas: “Me parece que nosotros debiéramos cuidar un poco más las cosas que discutimos en público. Yo tengo diálogo frente con el vicepresidente y con la presidenta, creo que en términos generales hemos podido trabajar bien. En términos generales hemos podido abordar los temas que se han querido. A mí me han preguntado, y me consta que a todos los bloques nos han preguntado si queremos tratar temas en la Comisión, está en el derecho de cada diputado hacerlo si el tema está en el marco de la Comisión. Después los votos están o no están”. 

“Pero me parece que no ameritaba tener este debate en público, menos visto por la gente de afuera porque hay problemas realmente graves afuera y que nosotros estemos discutiendo, lo que para mí son detalles, y se podían resolver en otro lado”, concluyó. 

Con invitados, siguió avanzando el debate de los Comités Mixtos en el ámbito laboral

El tema tuvo su tercera jornada de discusión en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, con una decena de invitados que expusieron en torno del proyecto que atiende a las cuestiones de seguridad, salud y prevención de riesgos del trabajo.

Se desarrolló este jueves una extensa reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara baja en la que una decena de invitados, miembros del ámbito empresarial, sindical y asociaciones, expresaron sus posturas respecto de los proyectos de ley sobre Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo.

Se trabaja en ese sentido en base a cinco proyectos existentes, haciendo base sobre el presentado por el Poder Ejecutivo a fines del año pasado, y la de este jueves fue la tercera reunión para analizar el tema. La primera, desarrollada a fines de octubre de 2021, contó con la presencia de los ministros Claudio Moroni y Elizabeth Gómez Alcorta, y este año es la segunda que se realiza con invitados.

La primera en exponer en la reunión presidida por la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos-Buenos Aires) fue la ministra de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Mara Ruiz Malec, quien lo hizo a partir de la experiencia propia que puede exponer ese distrito donde ya existe una ley que regula los comités mixtos. Recordó la funcionaria que la norma rige desde fines de 2012 y recién se reglamentó en diciembre de 2014.

“Cuando llegamos a la gestión, no estaba muy difundida ni aplicada”, reconoció la ministra, que aseguró que durante su administración se intentó fomentar la presencia de comités mixtos, aunque en ese sentido recordó que debieron lidiar con la pandemia. “Fue un momento muy complejo: nos encontramos haciendo cosas que no eran las que esperábamos hacer y para las que estábamos preparados”, comentó, recordando que en ese tiempo debieron considerar en algunos momentos si había que volver o no a las fábricas si había un caso de Covid; inspeccionar si había alcohol en gel; si debía pasarse el trapo de piso con lavandina… “Interactuábamos casi todos los días con el Ministerio de Salud”, evocó, admitiendo que eso fue una circunstancia excepcional convertida en habitual.

En ese marco fue donde había comités mixtos o donde se generaron, los lugares en los que se funcionó mejor. “Donde se propició desde las propias empresas una instancia de diálogo social para poder articular las acciones en pandemia, los conflictos eran más acotados y fáciles de resolver”, remarcó. Así es que destacó que en su administración se propusieron como política “impulsarlos”, tras lo cual destacó algunas particularidades de la ley.

“En la Provincia es obligatorio para empresas donde hay 50 o más trabajadores; su composición refleja la representatividad de la Ley de Asociaciones Sindicales. En caso de empresas de 10 a 50 trabajadores, hay un solo delegado por trabajador y un representante por empresa, que no son comités, pero es obligatorio”, detalló, agregando que cuando hay “menos de 10 empleados, la autoridad de aplicación puede hacer que sea obligatorio”.

Aseguró que desde su administración se busca que los comités tengan una lógica de prevención, en lugar de “después multar a una empresa o indemnizar al trabajador. Con las empresas hacemos un trabajo de concientización de la importancia de la prevención, pero también con los trabajadores”, dijo, aclarando que se deja claro siempre que “la constitución de comités mixtos no exime a la empresa, ni al Estado de sus responsabilidades. Sino estamos derivando una responsabilidad en quien no la tiene”.

Para concluir expresó que en la provincia “los representantes son los propios delegados, que a veces no tienen formación en salud del trabajo, y este es un tema que hay que trabajar. Estamos creando capacitaciones, orientando a los futuros integrantes de comités mixtos”.

Admitió que la aplicación del sistema en la provincia “va despacio, y su registro también va lento”. Hay solo 78 registrados, precisó, pero aclaró que al llegar ellos no había ninguno, “así que tampoco quiero desmerecer el trabajo enorme que estamos haciendo en la materia”. Además, apuntó, algunos existen y no están registrados.

A continuación fue el turno de Omar Yasín, abogado laboralista, profesor adjunto de Derecho del Trabajo en la UBA, quien enumeró tres críticas hacia la norma. En primer lugar, que establece funciones y potestades que actualmente ejercen los sindicatos. “El delegado gremial actúa en la planta y hace planteos respecto de seguridad e higiene -recordó-. Los convenios colectivos también establecen cláusulas pactadas que tienen que ver con eso”.

Además, a su juicio se superponen funciones que actualmente ejercen la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y las ART. Y por último, señaló una observación constitucional: “Todos sabemos que el Estado nacional no puede ejercer las funciones que no delegaron las provincias. La Provincia ya tiene una ley, si sancionamos una ley nacional, tenemos un problema jurídico, se va a judicializar”, advirtió.

En otro pasaje de su intervención, señaló que “los comités controlan, pero los excluye de toda responsabilidad”, como así también apuntó que la norma “genera problemas en empresas que no están sindicalizadas”.

En síntesis, consideró que “el vehículo ideal para este tipo de cuestiones es el Convenio Colectivo de Trabajo, y cerró apuntando que “si existe un deseo de generar empleo en blanco, esto no ayuda”. Y puso este ejemplo: “Si tenés 9 empleados y con 10 se genera esto”, no se contrata a un décimo empleado.

Exministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe entre 2007 y 2011, Carlos Rodríguez fue uno de los más enfáticos defensores de los comités mixtos. Con la experiencia de haber implementado en su provincia el sistema, consideró el hecho de que los trabajadores puedan intervenir “es el derecho a controlar el propio destino”. Y para ejemplificar la importancia del tema, recordó que en el mundo mueren anualmente 3 millones de personas en accidentes y enfermedades derivadas del ámbito laboral. “Es una verdadera pandemia ocultada”, enfatizó.

Apuntó luego que “si uno mira la legislación argentina, no hay una ley de Prevención y Salud del Trabajo, pese a haberse mandado muchos proyectos al Congreso, el primero en tiempos de Illia”. Por el contrario, apuntó que “estamos regidos por un decreto ley de una dictadura”.

Así remarcó que “este es el único país de América Latina donde los trabajadores tienen negada la participación en comités, salvo estas dos provincias”, en referencia a Santa Fe y Buenos Aires, donde el tema cuenta con leyes provinciales. Por eso estimó que “estamos en la prehistoria de la legislación en esta materia. Participar es hacer prevención, el riesgo laboral es inadmisible porque es un riesgo impuesto contra la voluntad del trabajador”.

Y apuntando a las ART, agregó que “encima tenemos un sistema de cobertura del trabajo con sentido de lucro… No se nos ocurrió mejor manera”.

Para cerrar, Rodríguez destacó que “la salud es la reserva más importante que tienen los trabajadores; no es una mercancía para vender, sino un bien a defender, mediante la prevención”.

Ahí fue que se planteó la posibilidad de formular la primera tanda de preguntas, respecto de lo cual el vicepresidente de la comisión, el radical Fabio Quetglas, le preguntó a Carlos Rodríguez si existían datos que demostraran que la salud laboral post 2008 (año de entrada en vigencia de esa ley en Santa Fe) era mejor, o que tenían en la provincia mejores indicadores de salud.

El exministro contó que las primeras comparaciones las había hecho a los dos años de vigencia de la norma, y que entonces había ya 400 comités y miles de delegados, comprobándose un descenso en el ausentismo. “Lamentablemente no he podido hacer un seguimiento”, admitió, observando que el estudio es factible y recomendó hablar con las universidades para hacerlo. Como sea, aclaró que la existencia de esos comités “mejora las condiciones de trabajo, evita a futuro problemas más serios y es rentable para las empresas. Así sucede en todo el mundo”.

Intervino el diputado Martín Tetaz, quien en la misma línea que Quetglas recomendó que la comisión pida a la Universidad de Buenos Aires, la de Santa Fe y la del Litoral un estudio que contemple dos fuentes de variación: a lo largo del tiempo, que pasó en los 5 años previos y los 5 posteriores a la implementación de la ley; y qué pasó en provincias gemelas –para el caso de Santa Fe, recomendó a Córdoba-  en las mismas ramas industriales. “Porque sino podemos tener un problema metodológico”, apuntó.

Así las cosas, el diputado de Evolución Radical le pidió a la comisión impulsar con universidades una investigación que se ocupe de hacer esta comparación, rama por rama, y cerró: “Yo me convenzo muy rápido cuando veo evidencia”, y puso como ejemplo lo que personalmente le había pasado con el etiquetado frontal.

La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade le preguntó a la ministra Ruiz Malec cuantos inspectores tiene actualmente la Provincia de Buenos Aires para controlar a los comités, a lo que Ruiz Malec apuntó que hay 117 inspectores específicamente abocados al tema. “Claramente es un número bajo para los casi 170 mil establecimientos que hay registrados”.

Desde el oficialismo Marisa Uceda le preguntó a Yasín sobre las obligaciones de las ART, apuntando por su experiencia como abogada laboralista y sindical que “nunca en 14 años de ser abogada del gremio de docentes privados de Mendoza vi a una ART haciendo visitas periódicas, tampoco haciendo los estudios médicos periódicos, y mucho menos previendo enfermedades”.

Luego preguntó si estaba vigente el convenio 190 de la OIT, que  reconoce el derecho de toda persona a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso. Además determina que tales comportamientos pueden constituir una violación o un abuso de los derechos humanos. “Las ART no tienen ningún protocolo en la materia, tampoco la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Entonces los comités mixtos sirven para contener estas situaciones”.

Florencia Klipauka Lewtak preguntó a su vez por la inconstitucionalidad del proyecto y las acciones que pueden derivar con las provincias, mientras que Hugo Yasky le apuntó al doctor Yasín preguntándole si conocía el artículo 75 inciso 12 de la Constitución por el cual se establece que el Congreso tiene competencias delegadas para legislar en materia nacional.

Yasín le aclaró que lo conocía, pero preguntó si se estaba legislando sobre el Contrato de Trabajo o sobre Salud. “La materia por la cual se legisla de fondo es otra cosa. Ya lo resolvió la Corte con las comisiones médicas, la Ley de Riesgo de Trabajo de 1996, que se sancionó en tiempos de Menem y permaneció con los sucesivos gobiernos. Puede haber críticas a ese sistema, pero hay que rescatar algunas cosas: que antes de la Ley de Riesgo de Trabajo, un trabajador cuando tenía un accidente tenía un juicio”.

“Una cosa es decir que el sistema actual tiene fallas, corrijámosla, pero sin saber si hay estudios, introducir algo dejando el anterior, se va a superponer y no sé si se va a resolver”, estimó.

Respecto de la pregunta de Marisa Uceda sobre violencia laboral, Yasín dijo que ese era un tema muy específico. “Yo no sé si un comité puede resolver una situación que es muy delicada y discutir si es una cuestión de riesgo de trabajo o no”, aclaró, y respecto de la constitucionalidad de la norma, consideró que “las cuestiones de fondo las legislan las cámaras (del Congreso) y las de forma, una reglamentación de un procedimiento para establecer el tema de denuncias, por ejemplo, para mí es facultad de las provincias. Cuando se le exija a un empleador el cumplimento de esta ley, puede ir a la justicia para decir que invaden la potestad de las provincias”.

Al reiniciarse las exposiciones, intervino Mercedes Mondino,  gerenta de Recursos Humanos de Bahco, una industria de herramientas de mano radicada en la provincia de Santa Fe, quien concurrió acompañada por los integrantes del comité mixto que existe en esa empresa. Desde su experiencia dijo que para ellos es “todo para bien, agrega valor”. Aclaró que no tenía estadísticas de accidentología, pero los accidentes habían disminuido. Y concluyó: “Son instancias de diálogo y trabajo conjunto sumamente potentes”.

Fabián Molina, técnico en Higiene y Seguridad de Bahco, contó que se había trabajado en la capacitación de todos los que participaron en el comité mixto. En cuanto a los accidentes, destacó que lo que cambió fue “la gravedad” de los mismos. “Logramos que los accidentes en máquina no se padezcan en el puesto de trabajo, sino en periferia”, apuntó. A su vez, Carlos Brochero, delegado de la UOMRA en Bahco, destacó la importancia de “la participación”. “Que se tenga en cuenta el valor de lo que dice el compañero desde su lugar de trabajo. Las recomendaciones que hacemos es porque lo estamos viviendo”, señaló, cuestionando el papel de las ART, pues son ellos los que saben dónde está la máquina, la contextura física del trabajador que va a manejarla, o la ubicación de las mismas. “Hay que ir adecuándose, nos dan cursos de capacitación, y cuando hay un accidente se ve qué falló, para que no vuelva a  pasar”.

Intervino a continuación Mara Rivera, dirigente sindical del sevicio de energía eléctrica, integrante del consejo directivo de APSEE, quien expuso las experiencias de las empresas privadas de la provincia que tienen comités mixtos: Edelap, Central Dock Sud y la Central Térmica Barragán, ex Enarsa.

“Todos los comités reuniones periódicas, si surge un inconveniente se convoca a una reunión extraordinaria. El comité es un ordenador de un tema tan sensible como son los accidentes”, comentó, apuntando que trabaja en la instalación de “la cultura preventiva”, y remarcó que “el cuidado de la salud de los trabajadores es una inversión y no un costo”.

A su turno, Luciano José Mellia, integrante del Comité Mixto de Higiene y Seguridad de General Motors Argentina y miembro del SMATA, aclaró que el comité mixto funciona desde su generación, porque SMATA ya los contemplaba en su convenio colectivo. “No puedo decir que han disminuido los accidentes, porque siempre se trabajó en General Motors por la seguridad de los trabajadores. “Lo que se trabaja es en el diálogo y lo que hacemos es apuntar a prevenir, no llegar a un accidente, sino poder evitar que eso ocurra”.

En representación de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, su asesor legal Pablo Devoto planteó algunas observaciones a la ley en discusión. Le apuntó al convenio 190 de la OIT, que si bien aclaró que no lo rechazaban, sugirió que “habría que buscar otra forma de incorporarlo, porque hay una línea divisoria un poco compleja. Tiene que ver con que representa cuestiones de casuística personal”, dijo, advirtiendo que puede generar conflictividad laboral.

Pero puntualmente señaló el tema de las PyMEs, que son las empresas que ellos representan. Recordó que el 60 o 70% de las mismas son las que están generando mano de obra, y en el caso de su cámara, ese porcentaje aumenta al 80 o 90%. Apuntó que la ley conceptúa a las pequeñas empresas como las que tienen hasta 40 trabajadores, y a las medianas hasta 200.

“Estamos recién sacando la cabeza a flote”, señaló en referencia a la pandemia y advirtió que las PyMEs no tienen asignado presupuesto ni disponibilidad para acrecentar sus inversiones, como significaría la implementación de comités mixtos.

Pero como previamente había hablado a favor de la ley, aclaró que “no venimos a desdecirnos sobre las bondades del proyecto, sino a decir que la propuesta sería subir el piso de 100 trabajadores a 300, o eventualmente a 200”.

Luego fue el turno de María Paula Lozano, vicepresidenta de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), quien celebró la existencia de estos proyectos, “dado que nos parece urgente que exista la obligatoriedad de los comités mixtos”. Agregó que las normas vigentes “son de dictaduras militares, antiguas, por eso es urgente el dictado de esta ley, porque establece un cambio de paradigma, porque la salud laboral deja de ser una cuestión de costos, pasa a ser una cuestión que se analiza al interior del trabajo y eso cambia la manera de abordar todo lo que tiene que ver con el mercado del trabajo. Los trabajadores pasan a tener un rol activo en la materia”.

Lozano sostuvo que “esa información con la que cuentan los delegados es sustancial para prevenir”, y consideró que “el piso de 100 personas para la obligatoriedad de los comités es muy alto, quedan muchas empresas afuera”. Para ella, deben establecerse a partir de 10 empleados, y en caso de que exista en la actividad una alta siniestrabilidad, “se debería bajar a menos”.

Asimismo sostuvo que “estos trabajadores deben tener tutela sindical, y que se establezca la obligatoriedad de paridad de género. Además, tienen que tener formación y capacitación, y también es fundamental que deben ser informados respecto de las mejoras que se van a hacer. Y es importantísimo que se le den facultades para retener taras frente a un riesgo para la vida o la salud”.

Qué dice el proyecto

El proyecto, que sigue lineamientos de la OIT, prevé la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable.

La creación de ese comité será obligatoria en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen 100 o más trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por 2 representantes de los trabajadores, y por el empleador en igual número.

En las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.

En aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”.

Representantes de la Cámara de Comercio opinaron sobre los Comités Mixtos

Representantes del sector mantuvieron un encuentro con la titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se analiza el proyecto de ley que crea esa figura que considera la seguridad, salud e higiene en el ámbito laboral.

La diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, mantuvo una reunión de trabajo con representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) para recibir consideraciones sobre el proyecto de ley sobre Comité Mixtos y avanzar en el tratamiento del proyecto.   

Según se informó, durante el encuentro se hizo hincapié sobre la importancia del diálogo para continuar en la construcción del proyecto con la participación de todas las partes. 

“Nos reunimos con representantes de la Cámara Argentina de Comercio para dialogar sobre el proyecto de ley de Comités Mixtos que venimos tratando en la Comisión de Legislación Laboral”, expresó al cabo del encuentro la diputada Siley, para quien resulta “clave” el intercambio entre los legisladores y los diversos actores que intervienen en este tema “para enriquecer el proyecto con la participación de todas las partes”.

Cabe recordar que el pasado 6 de julio se realizó precisamente en la Comisión de Legislación del Trabajo la segunda reunión para analizar los proyectos que existen sobre el tema. El debate se había iniciado el año pasado con la presencia de los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y en esa segunda reunión participaron representantes de todos los sectores que expusieron sus posturas, en general favorables a la creación de los comités mixtos.

Hay cinco proyectos en consideración -entre ellos uno del Ejecutivo-, sobre los que se trabaja para elaborar un proyecto definitivo sobre la creación de comités mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar accidentes laborales y afirmar el derecho a un dominio sindical seguro y saludable. 

El proyecto del Ejecutivo fue presentado el 7 de octubre de 2021, luego de una reunión que mantuvo el presidente con dirigentes de la CGT y la CTA para adelantarles los alcances de la iniciativa. “No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo XXI”, dijo en esa oportunidad el presidente Alberto Fernández.

Qué dice el proyecto

La creación de ese comité será obligatoria en los lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen 100 o más trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por 2 representantes de los trabajadores, y por el empleador en igual número.

En las empresas en las que se desempeñen más de 500 trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes.

En aquellos lugares en los que se desempeñen más de 10 trabajadores y menos de 100, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”.

Avanza el debate sobre la creación de comités mixtos de seguridad e higiene

Con numerosos expositores se desarrolló una sesión informativa en la Comisión de Legislación del Trabajo. Participaron representantes de los gremios y empresas.

La Comisión de Legislación del Trabajo que preside la diputada Vanesa Siley retomó este miércoles el debate del proyecto de ley que crea la figura del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo. Retomó, por cuanto ya el año pasado y con otra conformación esa comisión había realizado una reunión informativa a la que asistieron los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, para exponer en torno al proyecto que envió el Ejecutivo sobre el tema.

En rigor, hay en total cinco proyectos sobre los que se trabajará para elaborar un proyecto definitivo, entre ellos el del Ejecutivo respecto del cual el primero de los invitados, Héctor Recalde, fue lapidario, ya que lo definió como “el que menos sustancia tiene”. Con todo, según señaló sobre el final la diputada de Juntos por el Cambio Laura Rodríguez Machado, está acordado que el proyecto de referencia que se utilizará para elaborar la futura ley será precisamente el del Ejecutivo, y los demás se tendrán también en consideración “para agregar o quitar cosas”.

Como dijimos, el diputado nacional (MC) Héctor Recalde fue el primero de los invitados en intervenir, y contó que había estado analizando todos los proyectos existentes sobre el tema, pero que particularmente había puesto atención en el elaborado por los diputados Walter Correa, Vanesa Siley, Hugo Yasky, María Rosa Martínez, Carlos Cisneros y Carlos Ponce, entre otros, al que consideró como “el más completo. “En general estoy absolutamente coincidiendo con el proyecto”, dijo, para plantear luego una serie de consideraciones sobre artículos puntuales. Particularmente el 8°, donde sugirió agregar “algo que tiene que ver con lo inesperado: un trabajador que de repente advierte un grave riesgo a su salud o la integridad psicofísica; poner que el trabajador puede negarse a hacer una tarea si advierte un riesgo”, remarcó.

“Son pocas las observaciones que pude hacer para un proyecto que está muy bien redactado”, dijo, recomendando de paso lo que definió como una “tarea para el hogar”: “Que este Congreso derogue la Ley 27.348, sancionada por el Gobierno anterior”, que es la Ley de Riesgos del Trabajo. Precisamente las ART fueron centro de múltiples cuestionamientos durante la jornada. Sobre el final de la reunión, Recalde volvió sobre el tema proponiendo como solución “suprimirlas”.

A continuación, el presidente de Políticas Sociales de la UIA, Juan José Etala, consideró “muy importante que los legisladores nos reciban, porque después somos los que tenemos que aplicar la ley e interpretarla. Es bueno que nos escuchen y atiendan nuestras observaciones, si es que existen”.

Aclaró que “no hay cuestionamientos a las comisiones mixtas en materia de higiene y seguridad”, pero recordó que Santa Fe tiene una ley y hay en esa provincia muchas comisiones registradas, cosa que existe además en Buenos Aires, donde también está la ley y hay muchas comisiones registradas.

“En ambos casos la ley dejó a salvo la autonomía colectiva, que cuando los convenios colectivos establecieron comisiones de higiene y seguridad era lo que realmente regía, porque nada más importante que las propias partes para regular este tipo de cuestiones”, señaló Etala, que destacó que “han funcionado muy bien; muchas empresas que tienen por convenio colectivo o de empresa el funcionamiento de estas comisiones”.

Alertó sobre lo que definió como una “colisión normativa” que se daría entre una ley nacional y dos leyes provinciales: “Es una superposición que no debería existir. Debería darse prioridad a los convenios colectivos, y a las legislaciones provinciales, que funcionan bien”.

Eso sí, observó que “hay un solo aspecto que entendemos que va a generar mucha conflictividad y litigiosidad: lo del acoso y la violencia en el trabajo. No es solo del empleador al trabajador, puede ser al revés. Nunca estuvo claro eso, no hay que olvidarse que son cuestiones casuísticas, someterlas a consideración de una comisión mixta de higiene y seguridad, no parece ser el mecanismo idóneo para su tratamiento. Sale de lo que debería ser, esto lo tiene que valorar un juez, no con versiones de hecho”.

De tal manera, puntualizó que otra cosa es que se hagan protocolos, y a propósito de eso la mayoría de las empresas los tienen, “así que no estaríamos innovando. Otra cosa es someter estas cuestiones a las comisiones”, comentó.

A continuación, expuso Walter Andreozzi, vicepresidente de Relaciones Parlamentarias de la UIA, quien como santafesino habló de la experiencia en esa provincia, donde contó que “la película había empezado con un gran enfrentamiento entre los gremios y el Gobierno de (Hermes) Binner. No había consenso entre las partes como para poder avanzar en este tema”, pero luego esa situación se revirtió. Aclaró entonces que “debemos valorar que podamos estar en la mesa del diálogo y avanzando en algo que antes no nos podía parecer que pudiéramos avanzar”.

“En Santa Fe ya tenemos 3.057 comités registrados, y venimos en perfecta armonía”, dijo, sugiriendo que “no llevemos un conflicto donde no lo hay y el tema está fluyendo. Tratemos de incorporar a quienes no tienen esta norma y avancemos en este sentido”.

Fue el turno de Cristian Jerónimo, secretario de Salud Laboral de la CGT y secretario general del Sindicato de la Industria del Vidrio. “Para nosotros es sumamente importante estar hoy acá y tratando varios proyectos de ley que entendemos que tienen injerencia en el día a día de los trabajadores”, dijo.

Advirtió que muchas veces se minimiza la importancia de la seguridad e higiene y los comités tripartitos “por desconocimiento”, precisando que “la salud y la seguridad y prevención en el mundo laboral tienen que empezar a ser miradas desde una perspectiva integral”.

“Hay muchas empresas y empresarios que a la seguridad y prevención la toman como un costo. Cuando se logra una síntesis entre el sector empleador y los trabajadores, se logran mejores formas de trabajar y sobre todas las cosas generarle dignidad a los trabajadores”, comentó el sindicalista, que realzó “la importancia de tener una ley nacional que resguarde la integridad física de todos los trabajadores en el mundo laboral y la salud, como principio fundamental y derecho humano para el desarrollo del trabajo y dignificándolo”.

En otro pasaje, Jerónimo dijo tener muy claro que “el proyecto de ley que salga adelante tiene que ser uno que resguarde la integridad de todos los trabajadores y trabajadoras, y también que el Estado no sea ajeno a la realidad de lo que se discute”. “También las ART, que es algo que lamentablemente la pandemia sacó a la luz: la intransigencia que tienen esas empresas para darle la cobertura a los trabajadores, y lamentablemente la pandemia demostró que no estuvieron a la altura de las circunstancias –afirmó-. En los momentos más difíciles de la pandemia se hacían las distraídas. En un universo donde las obras sociales sindicales demostraron que estuvieron a las circunstancias, saliendo a trabajar codo a codo con los trabajadores”.

El sindicalista expresó su deseo de que “tanto el Estado como las ART y las empresas no tienen que ser ajenos a este tipo de discusiones”. Y agregó: “Nos parece injusto en algunos proyectos que leímos que tienen que tener 100 trabajadores para constituir un comité tripartito”. Se mostró crítico al respecto, afirmando que “donde hay un trabajador, tiene derecho a tener la dignidad necesaria, la seguridad necesaria y la prevención necesaria que se merece”.

“Ojalá que ese punto lo podamos seguir trabajando”, dijo, y relató que en Santa Fe la norma vigente establece que con más de 50 empleados se pueden conformar los comités mixtos.

Por último, destacó la importancia de mantener la conformación del comité mixto en los ámbitos donde funcionan y “darles las herramientas a todos los compañeros que designa la comisión gremial. No estamos de acuerdo en que sean los delegados los que participen del comité mixto, sino que por una cuestión institucional, los tiene que designar su organización gremial, en representación de los trabajadores”.

Por el Espacio Intersindical de Salud, Trabajo y Participación de los Trabajadores, Lilian Capone consideró que este es “un momento muy oportuno  para discutir estas cuestiones. La OIT, en su 110° reunión, incorpora el tema de la salud y la seguridad como un derecho fundamental. Eso es histórico, inédito”.

“Precisamente en este marco y por ser nosotros un país miembro de la OIT, consideramos que es importante esta charla”, señaló, para poner luego el ejemplo de Santa Fe y provincia de Buenos Aires. “No podemos estar tranquilos con los convenios colectivos, de ninguna manera; esto tiene que ser nacional, de todas las provincias y todos los municipios”, enfatizó.

Consideró que tomando lecturas comparativas de los distintos proyectos existentes, los comités, además de ser órgano asesor y de consulta, deben supervisar las políticas. “Sino es la ñata contra el vidrio: tienen que estar discutiendo supervisar las políticas acordadas en ese ámbito, porque sino nadie las supervisa”.

¿Qué más tienen que hacer los comités? Para Capone “un seguimiento constante de los compañeros que han sido lesionados por las condiciones de trabajo. Nuestro sistema de riesgo de trabajo está privatizado, y por eso son las empresas con fines de lucro las que sacan ganancia con los daños y malos eventos que sufren estos compañeros. Tienen que tener una mirada muy crítica supervisada, y tienen que supervisar que los mapas de riesgo que se hacen sean coherentes”.

La sindicalista consideró que “la alta litigiosidad está dada por la cantidad de trámites que tienen que hacer los compañeros; vale de ejemplo que el Covid no es considerado enfermedad profesional para los trabajadores de la salud. No puede ser que los trabajadores de la salud no tengan ese derecho”.

Asimismo expresó su coincidencia con la CGT respecto de que todas las empresas tienen que tener un delegado de prevención; a partir de 10 trabajadores deben tenerlo, elegirlos las organizaciones sindicales, y tienen que tener la idoneidad para discutir en un comité”.

Aclaró que los técnicos de las empresas también pueden aportar, pero sin voz ni voto. “Porque la coyuntura tapa a un comité, y la opinión de un experto tapa la voz de un compañero”.

Habló luego Juan Pablo Diab, asesor legal de CAME, quien sostuvo que esa organización “siempre ve con buenos ojos todo lo que sirva para el tutelaje y la salud de los trabajadores. El trabajador, para las PyMEs que representamos, es una fuerza productiva”. Señaló en ese sentido que la mayoría de empresas a las que representan no superan los 10 o 15 trabajadores en promedio, con lo cual el siniestro o enfermedad que pueda sufrir alguno de ellos es una quita muy fuerte productiva. “A lo cual también hay que destacar que el mismo empleador es un compañero de trabajo en la mayoría de los casos. Con lo cual está de los dos lados, porque está compartiendo las tareas”, dijo, considerando entonces que “es beneficioso tener una autoridad que tutele esto”.

Destacó que en Santa Fe “funcionan bien las normativas que se están aplicando, como los convenios que tienen conocimiento específico de cada actividad, con lo cual esos convenios pueden llegar a ser más precisos que una ley nacional. Tiene que haber una ley que no se contraponga a esos convenios; quizá habría que ver una ley más en sintonía, que ampare estas circunstancias”.

Con relación a la representación de un trabajador a partir de diez empleados, dijo: “Imagínense una PyME que no tiene riesgo o situaciones de higiene y seguridad, como son comercio de manera básica. No existen casi cuestiones que salgan del marco legal. Esa creación de la comisión y su funcionamiento puede entrometerse en horas productivas de producción de la empresas, con lo cual habría que rever el número de trabajadores y la escala a abordar”.

También desde CAME, Sergio Mascaró aclaró que “no cuestionamos las comisiones mixtas”. Y en respuesta a lo expresado por Cristian Jerónimo, sobre delegados que sean designados por las organizaciones sindicales, pidió tener en cuenta que “las PyMEs tienen pocos empleados y si vamos a tener mucha gente en las comisiones, vamos a sacarle gente a la productividad de las empresas”.

Pidió en tal sentido rever alguna cuestión en cuanto al funcionamiento. Comentó que el proyecto establece que se regulará el propio comité, pero no dice de qué forma, con qué mayoría. “En el caso del artículo 7 del proyecto, cualquier miembro del comité puede denunciar un caso a la autoridad de aplicación. En ese caso no sabemos si la actuación del comité va a ser colegiada o individual, porque si el trabajador va a poder denunciar por sí mismo, ¿qué función tiene el comité? Y si el empleador no está de acuerdo, el artículo 8 dice que constituiría una práctica desleal. Tendríamos que ver que analizar, discutir”.

Luego fue el turno de Ramiro Fernández, de la CTA Autónoma, quien brindó datos surgidos de un documento de la OIT: los accidentes y enfermedades de origen laboral tienen a nivel mundial un costo anual promedio del 4% del PBI, pero ese número es un promedio entre los países que hacen prevención y los que no.

En estas últimas estimaciones hechas en el documento “La seguridad en cifras”, se sostiene que las pérdidas llegan al 10% del PBI, no estando Argentina entre los mejores ni los peores casos. Pero sí por encima del promedio en los cálculos de pérdidas.

En cuanto a las enfermedades de origen laborales en nuestro país, donde según el Sistema de Riesgos del Trabajo, las mismas representan solo el 3,5% de los eventos denunciados, contrario a los porcentuales que indica la OIT, sosteniendo que en el promedio mundial, solo el 14% de las muertes en el trabajo son debidas a accidentes y que el resto son debidas a enfermedades de origen laboral. “Estos datos indican que más que un subregistro, lo que existe de parte del sistema es un ocultamiento liso y llano de las enfermedades vinculadas al trabajo”, advirtió.

Asimismo consideró que el texto del proyecto analizado no respeta la pluralidad sindical, al no permitir aumentar el número de miembros del comité en caso de que exista más de un sindicato. Pidió no limitar el número de representantes, y en todo caso que el voto sea proporcional al porcentaje de representación.

A su turno, Leo Bilanski, presidente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), señaló que “leyendo los proyectos nos parece muy bien la implementación de los comités de seguridad, para empresa de más de 10 trabajadores. Respecto de la cantidad de delegados, proponemos que quede a definición de la misma cantidad que se ha acordado en los convenios colectivos. También que haya pluralidad sindical, pero cuando no haya acuerdos, hay que incorporar una instancia de conciliación entre el sindicato y la entidad empresarial”.

Exdiputado nacional, Walter Correa estuvo presente en la reunión de la comisión, en su condición de secretario general del sindicato de Curtidores. En su condición de coautor de uno de los proyectos puestos a consideración, dio detalles del proyecto y puntualizó que “esto para nosotros es un piso y somos respetuosos como siempre de los convenios colectivos”. También fue crítico de las ART: “Nos abandonaron en la pandemia”, planteó.

También ex diputada nacional y coautora de uno de los proyectos, la santafesina Patricia Mounier es secretaria de Derechos Humanos de SADOP, y recordó la primera reunión informativa que hubo el año pasado con la presencia del Ministerio de Trabajo. Valoró la importancia de estos comités y “la posibilidad de participar en planes de prevención de esos accidentes o enfermedades”.

Señaló que “es importante entender que esta conformación de comité mixto no releva a las ART de sus obligaciones según la normativa vigente”.

Fue muy valioso el testimonio del representante de APL Carlos Gonzálvez, por cuanto habló en su carácter de responsable del Comité Mixto de la Cámara de Diputados detalló la experiencia que tienen ya con este sistema a partir del hecho de que funcionan desde 2016. Admitió que ya desde 1995 se había establecido que debían conformarlos, pero debieron pasar 21 años para comenzar a funcionar.

En la Cámara de Diputados funcionan con 3 representantes de las autoridades y 3 de los gremios, que agrupan a trabajadores de UPCN, ATE y APL. La presidencia se cambia una vez por año; uno corresponde a las autoridades de la casa y al año siguiente a los gremios. Cuando hay paridad, el que define es el presidente.

Gonzálvez contó la experiencia personal: “Al principio teníamos un poco de miedo sobre cómo iban a sucederse las cosas, como que iba a haber competencia entre los tres gremios, y con las autoridades del otro lado de la mesa. Fue todo bueno, con coherencia, sentido común. Hemos hecho muchísimas recorridas, trabajamos en los pasillos con la Dirección Médica, la Dirección de Obras”.

Destacó además que en la Cámara existe el cupo del 4% para personas con discapacidad. “La accesibilidad desde 2016 cambió completamente”, valoró. Además informó que los accidentes que había en los talleres y sectores de mano de obra bajaron 150 o 200 casos por año, a 70, en los que su mayoría corresponden a accidentes de desplazamiento dentro de la Cámara.

“El espíritu de la ley es bueno, más allá de que nosotros en nuestra organización tenemos los comités de Higiene y Seguridad desde el año 1975, por convenio colectivo de trabajo y estatuto. Alguna experiencia en esto tenemos”, señaló con suficiencia Paco Manrique, secretario de la CGT y adjunto del SMATA. Sentado a la derecha de Pablo Moyano, que asistió a la reunión, mas no hizo uso de la palabra, el gremialista justificó la postura expuesta por Cristian Jerónimo respecto de que el representante gremial en los comités no surja de los delegados, sino de la organización gremial. De lo contrario “siempre vamos a estar en desventaja”, dijo, en referencia a que cada dos años pueden cambiar los delegados y debería cambiarse el representante en el comité. “Formar un licenciado de Seguridad e Higiene lleva 5 años, y si lo quiero ingeniero, otros 5”, explicó destacando que debe ser la organización sindical la que designe sus representantes y es la que además los va a capacitar.

Bien concreto, Manrique señaló que “la ley especifica reuniones periódicas donde tienen que participar obligatoriamente las ART, y en mi industria las ART brillan por su ausencia. Entonces si vamos a poner en esta ley que es obligación de las ART presentarse, también que se pongan las sanciones que va a tener esa ART si no cumple ese requisito”. Puntualizó en ese sentido que “por ley si querés armar una empresa tenés que tener una ART, y las mismas dejaron de cumplir sus funciones porque no tuvieron control del Estado”.

Muy crítico del sistema de las ART, observó que “hay empresas en las que el ausentismo está provocado por la ausencia de la ART. Hay trabajadores que han estado tres años ausentes, estando en perfectas condiciones de volver a trabajar”.

“La ART pasó a ser un requisito legal, ya no es una herramienta funcional. Por eso me gusta esta ley”, cerró.

Fue el último de los invitados en exponer. A continuación, el diputado radical Fabio Quetglas, vicepresidente de la comisión señaló que habrá que analizar si la creación de los comités mixtos de seguridad e higiene es algo prioritario o no, en una Argentina que “se acerca a una crisis del mercado del trabajo muy severa”.

Señaló también que “se dijo que las ART nacieron con este sentido y hoy son solo un requisito. Tendríamos que preguntarnos si no tenemos que hacer algo para que funcionen bien. Los problemas burocráticos no se arreglan con más burocracia; lo tendríamos que saber”.

Puso como ejemplo en ese sentido de la policía. “Porque la Policía bonaerense era mala, se creó la Policía 2; y al tiempo tuvimos dos policías malas”, ejemplificó.

“El 72% del empleo privado en la Argentina se produce en unidades de menos de 20 trabajadores”, comentó también, convencido de que el tema tiene que avanzar por convenio. “No me parece oportuno que un país donde casi la mitad está en la informalidad, pongamos esto en la mesa antes de que pensemos cómo bajar esa informalidad”, cerró.

A continuación, el gremialista bancario y diputado nacional oficialista Sergio Palazzo expresó su discrepancia con el vicepresidente de la comisión al señalar que “el hecho de que exista una gran informalidad, no quita que se pueda avanzar con esto. Tenemos que avanzar con las dos cosas”.

Vanesa Siley, sobre el proyecto que busca adelantar el aumento salarial: “Representa el espíritu del FdT”

La diputada oficialista sostuvo que la iniciativa permitirá que los incrementos se “perciban en agosto y no esperar a enero del 2023” con el objetivo de “que los salarios le ganen a la inflación”.

La diputada nacional Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires) se refirió al proyecto que presentó Máximo Kirchner que propone adelantar al mes de julio los incrementos del Salario Mínimo Vital y Móvil y afirmó que la iniciativa está en línea con la consigna de la coalición gobernante de “que los salarios le ganen a la inflación” porque “entendemos como prioritario responder a los intereses de la sociedad”.

En el aire de FM La Patriada, la legisladora sostuvo que se trata de “un proyecto de resolución” cuyo siguiente objetivo es que “se vote en comisiones” el adelanto del SMVM cuya suma asciende a $47.850 porque “entendemos como prioritario responder a los intereses de la sociedad”.

En ese sentido, Siley agregó: “Quienes acompañamos al compañero Máximo Kirchner, planteamos que las cuotas pautadas del SMVM se adelanten de agosto y diciembre a julio, para que esos $47.850, que terminaría siendo el SMVM, se perciban en agosto y no esperar a enero del 2023”.

Además, señaló que “el SMVM está lejos de cubrir la canasta básica familiar”, y apuntó: “Creo que este proyecto representa el espíritu del Frente de Todos, que es que los salarios le ganen a la inflación”.

En una entrevista con el equipo de Todos en Cuero, la diputada de la coalición gobernante sentenció: “La discusión del reparto de la riqueza fue central siempre para nosotros. Esa discusión sigue vigente en el país”.

“En el mundo laboral en nuestro país tenés sectores de trabajadores registrados con sistemas de negociaciones salariales y con todos los derechos, y tenés amplios sectores de la informalidad o no registración laboral y de economía popular”, ilustró.

De esta manera, declaró: “Planteamos que el Estado cumpla un rol protagónico en corregir los desequilibrios que generan desigualdades sociales”, por las cuales “un trabajador no llega a fin de mes y está por debajo de la línea de la pobreza”.

El proyecto de Resolución presentado el oficialismo propone adelantar al 1 de julio “los aumentos establecidos en la Resolución 4/2022, dictada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y Prestaciones por Desempleo para los meses de agosto y diciembre de 2022”.

Siley acusó a la oposición de querer a Rosatti para “garantizar la impunidad de Macri”

A su vez, se refirió a la resolución que firmó el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, en la que designó a Reyes al Consejo de la Magistratura: “Entiendo que el presidente hizo lo que corresponde a sus funciones”.

La diputada nacional Vanesa Siley (FdT) se metió en la discusión sobre la composición del Consejo de la Magistratura y acusó a la oposición de defender al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, para que presida órgano judicial y, de esa manera, “sacar propuestas de jueces que le garanticen impunidad a Mauricio Macri” y advirtió que “es muy grave lo que está pasando”.

“Lo importante es que se siente Rosatti en el Consejo de la Magistratura presidiendo algo que hoy no sucedía. La Constitución no dice eso, en absoluto dice eso, está fuera de la ley”, aseveró la diputada nacional del Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura en declaraciones radiales.

Para Siley “las decisiones que adopte el Consejo son muy importantes para todos los días, aunque no tenga un efecto inmediato en la gente”, con lo cual “es muy grave lo que está pasando”.

“Como decía Cristina (Fernández de Kirchner), si quieren hacer política que se presenten a elecciones: este tipo de jueces ya tienen su partido político que es Juntos por el Cambio”, señaló la legisladora nacional.

En ese sentido, Siley consideró que “hay que manifestarse, hay que movilizarse, pero después tenemos un deber como espacio político que es gobernar para la gente y ganar elecciones”.

“Hablan de República, pero trabajaron y trabajan porque hay justicia vacante. El objetivo que venga Rosatti es quedarse con mayoría. Antes no teníamos ninguno mayoría. No avanzaron en consensos y, ahora, quieren conformarse una mayoría propia para sacar las propuestas de jueces que le garanticen impunidad a Macri”, analizó la diputada del FdT y planteó: “Vamos a ver qué es lo primero que hacen”.

La diputada nacional hizo referencia además a la decisión adoptada este miércoles por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para designar a la radical santacruceña Roxana Reyes como representante de la segunda minoría ante el Consejo de la Magistratura de la Nación: “Entiendo que el presidente hizo lo que corresponde a sus funciones”, al sostener que, “una cosa es el rol institucional de Massa y otra la del jefe de nuestro bloque, Germán Martínez“, en referencia a la diferente actitud adoptada por ambos dirigentes del Frente de Todos.

Martínez dejó expuesto su desacuerdo con la resolución firmada por Massa para designar a Reyes, al sostener que “esa resolución la composición de los 4 miembros va a quedar en contradicción por lo dispuesto en el inciso 3 art 2 de la ley del Consejo sancionada en 1997 señaló el santafesino en una conferencia de prensa desarrollada en el salón de los Pasos Perdidos.

Diputados convirtió en ley el proyecto de jubilación anticipada para viñateros

La Cámara baja aprobó el proyecto que baja a los 57 años la edad para jubilarse para los trabajadores del sector, en tanto que hizo lo mismo con otra iniciativa referida a las mensualidades que cobran los contratistas.

La Cámara baja sancionó el proyecto de ley que establece la jubilación anticipada para trabajadores viñateros, tras una votación que resultó con 173 votos afirmativos y 23 abstenciones. El texto iba a volver al Senado, porque había recibido cambios, pero finalmente se informó que el Poder Ejecutivo avaló la redacción de la Cámara alta y, por eso, se convirtió en ley.

La iniciativa impactará sobre un universo de 38 mil personas que viven de esta actividad, de los cuales entre el 60% y 65% se encuentran en Mendoza. Además de esta provincia, resultarán beneficiadas San Luis, San Juan y Salta.

El texto había sido votado en la Cámara alta el 5 de noviembre del año pasado, impulsado por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT), junto a otra iniciativa referida a las mensualidades que perciben los trabajadores, que sí recibió sanción definitiva durante la sesión.

Miembro informante fue la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos), quien destacó que el régimen especial para los trabajadores del sector se justifica en las condiciones en que desarrollan sus actividades, a lo que debe sumarse las condiciones climáticas muchas veces extremas que deben soportar. Todo eso provocan generalmente secuelas graves tanto físicas, como psíquicas.

Vanesa Siley fue la miembro informante de ambos proyectos. (Foto HCDN)

“Estaríamos beneficiando a alrededor de 40 mil trabajadores y trabajadoras de todo el país”, destacó la diputada del Frente de Todos.

En cuanto al proyecto referido a los contratistas del sector vitivinícola, el mismo fue aprobado y convertido en ley por 193 votos afirmativos. Siley destacó que se trata de una ley sui generis, ya que son trabajadores y trabajadoras contratistas, que tienen una relación de dependencia, “pero a la vez son autónomos o socios del empleador”. De este mismo modo los ha considerado el Estatuto. El proyecto busca reconocerles el derecho a tener doce remuneraciones, puntualizó la legisladora de origen sindical.

“Creo que una vez más el Congreso de la Nación está diciendo que allí donde hay un trabajador, una trabajadora, deberá haber derechos laborales, deberá haber protección contra el despido arbitrario, y deberá haber un salario y una remuneración justas”, concluyó la diputada.

Mendocina, la diputada Marisa Uceda (Frente de Todos) consideró que el proyecto que otorga un beneficio previsional a los viñateros es “fundamental” para su provincia y afirmó que “llega en un momento muy oportuno el reconocimiento de derechos a trabajadores y trabajadoras, en épocas de añoranzas flexibilizadoras, estar hoy ampliando derechos es toda una señal”.

La mendocina Marisa Uceda destacó la oportunidad en la que llega esta ley. (Foto: HCDN)

A su turno, el sanjuanino Walberto Allende (Frente de Todos) destacó que la vitivinicultura genera más de 150 mil puestos de trabajo directos y más de 280 mil indirectos. “Esto demuestra que es una actividad sumamente importante”, remarcó quien confesó haber desarrollado la actividad, pidiendo acompañar ese proyecto para “traer justicia (algo) que se viene solicitando hace más de 20 años”.

El diputado de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace (UCR) anticipó el apoyo de su espacio a la iniciativa, cosa que consideró una reparación para una omisión producida al establecer el régimen diferencial hace una década. “El acompañamiento a este proyecto es un acto de equidad”, dijo, recordando que en comisión puntualizaron una diferencia de carácter general, por cuanto consideraban que debía haber habido una propuesta por parte del Ejecutivo de consideración de los regímenes diferenciales en su conjunto, y la misma no se formuló. “Nos debemos esa discusión mucho más profunda, que no abone a una fragmentación del sistema previsional, sino que por el contrario logre su consolidación”, apuntó.

El legislador puntano agregó que plantearon su disidencia porque al momento del tratamiento en comisión no tenían ningún informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el impacto fiscal de ese régimen previsional. “Como pasa con otras leyes, tomamos decisiones sin contar con información de lo que representa al Estado financieramente”, señaló, aunque aclaró que a partir de esa observación llegó ese informe de la OPC, que destaca la importancia de esa actividad para nuestro país.

Con todo, ese régimen tiene un impacto fiscal, reconoció el informe, aunque aclaró que no termina de ser concluyente el mismo, “pero sí es fundamental para el análisis”.

Alejandro Cacace detalló las disidencias expresadas en comisión por su espacio. (Fotos HCDN)

En su intervención, el mendocino José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) destacó que “la matriz productiva de mi provincia es esta matriz que nos hizo conocidos en la Argentina y en el mundo entero; por algo somos orgullosos de decir los vinos que tenemos. Cuando este proyecto de ley reconoce estos derechos de los trabajadores de viñas, está reconociendo, en línea con el norte que tenemos que seguir, y es que en una provincia como la nuestra lo que hay que hacer es mejorar la matriz productiva agrícola. Y no cambiarla por esa otra matriz extractiva”.

Sobre el final del debate, el radical Luis Pastori (UCR) marcó diferencias con el resto de sus pares al advertir un problema constitucional para el tratamiento del proyecto previsional. Explicó en ese sentido que el proyecto no debía venir desde el Senado, sino que debió haber sido Diputados la Cámara iniciadora. Sucede que el proyecto incluye un aumento de la contribución patronal en dos puntos por sobre el régimen común. “En consecuencia, al contener una norma de tipo tributaria, algo que le está vedado al Senado como Cámara iniciadora, está invadiendo competencia propia de esta Cámara”, señaló el misionero.

“Si no dijéramos esto, estaríamos aceptando que el Senado está invadiendo nuestra competencia exclusiva. No podemos aceptar como Cámara revisora estar tratando este proyecto que contiene una norma en materia tributaria que por el artículo 52 de la Constitución exclusivamente corresponde a la Cámara de Diputados. Por ese motivo voy a pedir permiso para abstenerme”, concluyó el legislador.

Cerró el debate el diputado sanjuanino José Luis Gioja (Frente de Todos), quien destacó la “ampliación de derechos” que marcó toda la jornada legislativa, y destacó entonces que “hoy se viene a escribir una página más en la historia de la justicia social argentina, y del peronismo también”.

”El reconocimiento a los trabajadores siempre molesta, sobre todo a patrones. Que los trabajadores tengan más derechos es la única forma de alcanzar equidad y la justicia social”, enfatizó el vicepresidente segundo de la Cámara baja.

Los proyectos

El proyecto votado en primer lugar establece un régimen previsional especial para los trabajadores y las trabajadoras vitícolas y los y las contratistas de viñas y frutales.

La iniciativa establece que “tendrán derecho a la jubilación ordinaria con un mínimo de 57 años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios con aportes”.

Cuando hubieren desempeñado este tipo de tareas, y alternadamente otras de cualquier naturaleza, “a los fines de determinar los requisitos para el otorgamiento de la jubilación ordinaria se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”, estipula el texto.

Y agrega que “la contribución patronal respecto de las tareas a que se refiere la ley será la que rija en el régimen común -Sistema Integrado Previsional Argentino-, incrementada en dos puntos porcentuales (2%)”.

Por otra parte, el otro proyecto que se convirtió en ley es el que modifica el Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales, de modo de establecer cambios en las mensualidades que se contemplan.

Así, el nuevo inciso b del artículo 12 de dicha norma, establecerá que “en los casos en que la rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin causa justificada y antes del vencimiento del año agrícola, el contratista debe percibir la indemnización por antigüedad y la parte proporcional del porcentaje aun cuando no se complete el primer año de trabajo” y “ambos conceptos se deben computar teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. A tales efectos, por mensualidades se divide el monto total por 12 meses y luego, se multiplica esta cifra por el número de meses en que se haya mantenido la vigencia del contrato; y por concepto de porcentaje de cosecha se divide por 10 meses y luego, se multiplica esta cifra por el número de meses en que se haya mantenido la vigencia del contrato”.

En lo que respecta a la remuneración mínima, se señala que ésta se debe abonar distribuida en 12 mensualidades iguales y consecutivas -y no en 10, como figuraba en la actualidad-, debiendo ser reajustadas si la situación económica, general o zonal, así lo aconseja.

En la previa de la sesión caída por falta de quórum, diputados K le pegaron a JxC

Varios referentes del bloque oficialista cuestionaron la decisión de la principal bancada opositora de no bajar al recinto y lo asocian al lobby empresarial contra la ley de etiquetado.

En la previa de una sesión convocada por el oficialismo complicada para alcanzar el quórum, diputados del Frente de Todos cuestionaron la decisión de Juntos por el Cambio de no bajar al recinto y asociaron la decisión al tenor de los proyectos que se tratarán.

“A los diputados y diputadas de Cambiemos les pesa la representación de los poderosos y no la del pueblo. Cuando aparece el lobby de las empresas votan en contra de la gente”, lanzó en diálogo con AM990 la legisladora Vanesa Siley, en relación al proyecto de etiquetado frontal de alimentos.

La oficialista criticó que la bancada opositora “no quiere dar quórum para tratar la ley de etiquetado claro” pero “lo paradójico de esto es que muchos diputados y diputadas de Juntos por el Cambio habían acompañado el proyecto en las comisiones”. “Distintas empresas alimenticias están haciendo lobby para que no se trate y no tengamos sesión. Aparece el lobby de las empresas y ya no quieren tratar la ley porque van a votar en contra. Esto ya pasó, y es bueno que la sociedad lo sepa: como cuando se trató la equidad en los medios de comunicación, habían estado a favor y después llegó el lobby de Clarín y votaron en contra”, recordó.

Y continuó: “A estos diputados y diputadas de Cambiemos les pesa no la representatividad que deben ejercer sentados en sus bancas, sino la representatividad de los poderosos y de los poderes concentrados. Cuando aparece el lobby de las empresas votan en contra de la gente”.

“Es muy importante la ley para nuestra sociedad porque no solo da claridad a los consumidores y consumidoras sobre los productos que va a consumir, tiene sujetos especialmente protegidos que son los niños, niñas y adolescentes. Porque se va a evitar vender estos productos que le hacen mal a la salud que a veces ni tienen elementos naturales, no se van a poder vender en los colegios. Uno es libre si tiene información, si puede elegir, si te mienten o te dibujan la realidad difícilmente puedas elegir”, agregó.

Además, Siley mencionó los proyectos relacionados a trabajadores viñateros y frutales, votados por unanimidad en el Senado y la iniciativa sobre protección de los derechos de personas en situación de calle.

“Son leyes que apuntan a mejorar la vida de los que más nos necesitan como Estado; los trabajadores y trabajadoras necesitan del rol del estado para equilibrar las desigualdades sociales, ese es el poder del Estado”, concluyó.

En declaraciones a la misma radio, la diputada Florencia Lampreabe sostuvo que “cuando la oposición nuevamente impide que se trate etiquetado empezás a sospechar si no hay condicionamientos”. “La ley de etiquetado es una ley fundamental para el interés de los argentinos, acceder a información clara de lo que están comiendo. Son derechos de las personas”, enfatizó.

Sobre la postura de JxC, la oficialista señaló que “cuando la oposición nuevamente impide que se trate etiquetado empezás a sospechar si no hay condicionamientos de la gran industria alimentaria que les impide dar este debate de cara a la gente”. Y respecto a la iniciativa destacó que “no es prohibir alimentos ni decirle a nadie cómo debe alimentarse. Se trata de proveer información clara. Hoy tenemos un problema de salud pública”.

Otro de los legisladores que salió a cuestionar la postura de la principal bancada opositora fue Federico Fagioli, impulsor del proyecto sobre personas en situación de calle, quien en diálogo con Radio 10 consideró que “la sesión corre riesgo porque JxC está mostrando nuevamente la hilacha”.

“Queda en claro para quiénes juegan. Además se iba a tratar la ley para personas en situación de calle. Ellos salen a decir que apoyan la ley pero después boicotean la sesión”, remarcó. En tanto, sobre etiquetado frontal de alimentos, apuntó que el proyecto “tiene media sanción del Senado, estamos pronto a que pierda su vigencia, necesitamos que salga pronto”.

En alusión a la postura y los argumentos de una parte de Juntos por el Cambio para oponerse a la ley expresó que “ellos dicen que bajaría el consumo, es muy flojo. El tema es que son las empresas las que les terminan financiando la campaña”.

Por su parte, en declaraciones a radio El Destape, el diputado Itaí Hagman calificó a la actitud de JxC como “muy irresponsable”. “La verdad que la actitud de JxC sorprendió, porque hoy se tratan una serie de leyes que benefician directamente a la población y no implican enormes polémicas; pero de pronto salen a decir que no van a dar quorum”.

Sobre las razones de la oposición para poner en duda la sesión, el legislador indicó: “No sabemos si es porque hay un lobby de la industria que está en contra de la ley que opera a través de JxC, o si es una actitud en función del escenario electoral”.

Se sumó a las críticas la diputada nacional y vicepresidenta del Bloque del Frente de Todos Cecilia Moreau quien en declaraciones por la AM1030 afirmó: “Veo esto con mucha confusión por parte de las declaraciones de la oposición, en primer lugar tuvieron un arrebato, en si Vidal, de querer conducir algo después de que perdió la provincia de Buenos Aires, planteo que quería ser presidenta de la Cámara con (Elisa) Carrió y aparecieron personajes nefastos para la Argentina. Además, cuando consiguieron el Congreso fue para retroceder derechos de los argentinos o sacarnos derechos o generar problemas como lo que hicieron cuando nos endeudaron con el Fondo y fueron cómplices al no pasarlo por Congreso. Parte de la estrategia es de su jefe político que no es Larreta, ni Vidal, es Mauricio Macri que necesita de alguna manera tener una herramienta para tener negocios como hizo en dictadura y en democracia”.

“Estamos con una sesión muy compleja y rara, volvemos a la presencialidad total de la Cámara, pese a que tenemos diputados con Covid–19, y aquellos que decían sesionar en forma presencial en medio de la pandemia hoy no quieren venir“, criticó la legisladora oficialista y detalló: “Son 4 proyectos muy claros que tienen que ver con la vida de la gente. Son la ley de etiquetado frontal de alimentos en donde aquellos alimentos que tengan excesos de azúcares, de sodio, de grasas o cafeína van a tener un octógono negro que advierta, no es que se retiran alimentos ni es contra las industrias. El otro proyecto tiene que ver con un régimen previsional a todos los trabajadores viñateros en la región de cuyo y otro que crea un programa de atención a personas en situación de calle”.

Además, agregó: “Los proyectos fueron tratados en Comisiones donde se realiza el trabajo más fuerte y luego vienen al recinto. Yo creo que hay especulación electoral y, por otro lado, creo que el proyecto de etiqueta frontal dice que lo acompañan y no lo hacen porque me parece que muchos tienen presiones de algunas empresas que creen que se verán afectadas y terminan conduciendo a los grupos empresariales”.

“Es un proyecto que tiene que ver con una mezquindad grande que no lo quieran tratar, porque cuando hablamos de alimentación y de la calidad, hablamos de prevenir enfermedades que hoy son en Argentina un gran problema como diabetes tipo 2, colesterol”, indicó Moreau y concluyó: “Es un proyecto que fue trabajado en Comisión con el Ministerio de Salud, de Cancillería, con profesionales de salud, las Cámaras de Industrias vinieron. Esa media sanción del Senado, donde obtuvo 70 votos, en el plenario de Comisiones de Diputados tuvo 96 firmas acompañando la sanción sin modificaciones, de los cuales había mas de 20 radicales y que ahora no quieran sesionar”.

Diputados oficialistas resaltan el aumento del piso de Ganancias a 175 mil pesos

Los legisladores Casaretto y Siley destacaron la actualización automática por índice salarial prevista por ley. La medida elevó el piso de Ganancias a 175 mil pesos.

El Gobierno nacional decidió elevar el piso de Ganancias a 175 mil pesos y los diputados oficialistas Marcelo Casaretto y Vanesa Silley coincidieron en resaltar la medida y además recordaron que con la ley prevista por el Congreso se prevé la actualización automática por índice salarial”.

Al respecto, el diputado entrerriano se refirió al aumento en el piso de Ganancias al asegurar que “esto ha sido una preocupación permanente del Gobierno, ya que a principios de este año el mínimo no imponible estaba en $75.000”.

En ese momento, el Frente de Todos presentó un proyecto, a instancias del presidente del cuerpo, Sergio Massa, y el jefe de bloque del FdT, Máximo Kirchner, “para duplicarlo y lo llevamos a $150.000”.

“Este aumento ya lo veníamos pidiendo hace unas semanas porque nuestra convicción es que solo deben pagar ganancias solo el 10 por ciento de los trabajadores que más ganan. Por eso la ley prevé actualización automática por índice salarial”, agregó Casaretto.

En tanto, la diputada Siley consideró que “la elevación del piso del impuesto a las ganancias a $175mil es una medida estratégica para llevar un alivio fiscal a todas las y los trabajadores y jubilados, e impulsar el mercado interno”.

“la ley tiende a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras que pagan ganancias”, subrayó.

Siley explicó que la medida estaba contemplada cuando se modificó la ley en el Congreso para elevar el piso de Ganancias.

“Previmos en el artículo 12 que en caso de que haya paritarias se pueda elevar, y así se ha hecho hoy. Se subió a 175 mil pesos”, dijo en declaraciones a El Destape radio.

“Durante el macrismo a pesar de la promesa de campaña de que nadie iba a pagar Impuesto a las Ganancias, la realidad fue inversa y terminaron siendo el doble los trabajadores y trabajadoras que los que pagaron”, fustigó.

Siley enfatizó la decisión de reformar Ganancias “en medio de una pandemia”

La diputada oficialista ponderó el contexto en el que se avanza con una ley para que “miles de cientos de trabajadores y trabajadoras recuperen el valor adquisitivo de sus salarios”.

vanesa siley sesion 27 marzo 2021

La presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, enfatizó la decisión de avanzar con la reforma del impuesto a las Ganancias en medio del contexto de pandemia de coronavirus.

“Yo estoy desde mi casa no porque quiero, y tampoco porque me guste, sino que tengo Covid, señor presidente”, señaló la oficialista, conectada a la sesión de manera remota.

Y prosiguió: “Estamos en el medio de una pandemia, en la puerta de la segunda ola, y la Argentina va a hacer un esfuerzo fiscal de alrededor de 50 mil millones de pesos para que miles de cientos de trabajadores y trabajadoras recuperen el valor adquisitivo de sus salarios”.

En su intervención, la legisladora del Frente de Todos remarcó “la perspectiva de género del proyecto”, en referencia al reintegro de gastos por guardería. “Estamos volcando el feminismo a una norma tributaria”, ponderó.

Al respecto, dijo que “los cuidados cargan sobre las espaldas de muchísimas trabajadoras” y este punto, “solicitado por muchas representantes sindicales”, permitirá que “alrededor de 5.200 por mes sean posibles de deducir”.

Otro aspecto que subrayó fue uno sobre el cual Juntos por el Cambio planteó disidencias, y es el referido a “la posibilidad de que un ingreso extra por fuera de la jubilación hasta el tope de 167 mil pesos” no les imposibilite poder acceder la beneficio de la deducción especial.

Al igual que su par Carlos Heller, recordó que en el gobierno anterior hubo “dos leyes que quitaban esta posibilidad; son dos leyes que solo voy a decir los años en que fueron votadas y que fueron propuestas por el Poder Ejecutivo: de 2016, la 27.346 impulsada en su momento por (Alfonso) Prat Gay, y la 27.430 impulsad por (Nicolás) Dujovne”.

“Le quitaban la posibilidad a los jubilados y jubiladas de deducir Ganancias cuando se pasaran un peso por encima de la jubilación” por plazos fijos o ahorros, apuntó.

La miembro informante de la bancada oficialista lanzó: “A veces decimos una cosa en campaña electoral, a veces proponemos algunas cosas previo a ser gobierno, y cuando se llega al gobierno se hace todo lo contrario, violando el contrato electoral”.

“Y después cuando se pierde la elección por haber, entre otras cosas, multiplicado por dos la cantidad de trabajadores y jubilados que tributan Ganancias, ahora, que no son más Gobierno, dicen ‘no, ningún jubilado tiene que pagar Ganancias’“, continuó.

Y defendió que “nosotros acá lo que estamos haciendo es dejando apenitas el 2% de jubilados que tributan el impuesto; que son las grandes y altísimas jubilaciones, no hay nadie de la mínima, ni de la media, ni de la media alta”.

Luego, la diputada hizo hincapié sobre el contexto en el cual se aprueba el proyecto. “Estamos en la Argentina 2021”, expresó.

“Este es el camino, el rumbo, es por ahí donde vamos hacia a la recuperación. Es la prueba cabal que entendemos por dónde se recupera, por dónde se generan puestos de trabajo”, sostuvo Siley, secretaria general de SITRAJU y reforzó: “Es por este lado que nosotros entendemos que se recupera el país y más en pandemia”.

Finalmente, manifestó: “Si hay alguien que no se confunde es el pueblo, podrán engañarse a sí mismos, pero no a la gente y no a los trabajadores y trabajadoras”.

Siley tiene Covid y es la quinta diputada contagiada en una semana

La diputada no podrá participar de forma presencial en la sesión que se celebrará la semana próxima para tratar el proyecto de Ganancias.

La diputada del Frente de Todos Vanesa Siley contrajo coronavirus y se convirtió así en la quinta legisladora contagiada esta semana.

“Recién me confirmaron el resultado positivo de Covid. Estoy bien, por el momento con síntomas leves”, informó en su cuenta de Twitter, y agregó: “Es muy importante que sigamos cuidándonos. La pandemia no terminó”.

En consecuencia, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo no podrá participar en forma presencial de la sesión que se celebrará la semana próxima para tratar el proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias.

Siley es la quinta diputada en contagiarse esta semana después de Carolina Gaillard, Nicolás Rodríguez Saá, Mara Brawer -los tres del Frente de Todos- y Ezequiel Fernández Langan, del Pro.

El proyecto de cambios en Ganancias recibió dictamen y se vota la semana próxima en Diputados

Juntos por el Cambio acompañó al oficialismo, aunque presentó disidencias. Fuerte defensa de diputados de extracción sindical. La iniciativa se aprobaría el próximo martes en el recinto.

Por Carolina Ramos

Con apoyo parcial de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos consiguió darle dictamen favorable al proyecto de ley que eleva a 150.000 pesos brutos el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias para que 1.267.000 trabajadores y jubilados dejen de estar alcanzados por el tributo.

El dictamen recibió 59 firmas, aunque la cifra crecerá dado que algunos diputados que se retiraron de la reunión para participar de la presentación del libro del expresidente Mauricio Macri sumarán sus adhesiones en las próximas horas.

El debate, donde predominaron los discursos oficialistas, tuvo lugar en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presididas por Carlos Heller y Vanesa Siley.

El proyecto encabezado por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, quedó en condiciones de ser tratado en el recinto la semana próxima en la primera sesión del período ordinario, que sería convocada para el martes, según fuentes parlamentarias.

El debate

“Hay un montón de cosas para trabajar en modificaciones de fondo, pero lo que estamos haciendo es volver al nivel histórico de trabajadores alcanzados, que estaba en un 10%, 12% y que llegó al 25% en la actualidad. Con esta ley alcanzaría solo al 7% de los trabajadores registrados y al 2,4% de los jubilados”, destacó Heller.

El diputado precisó que según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, dado a conocer este miércoles, el costo fiscal total de la ley será de cerca de 47.600 millones de pesos, sin contar las modificaciones consensuadas en las últimas horas (Ver abajo).

Para acceder al informe completo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, haga click aquí.

El radical Luis Pastori anticipó el acompañamiento de Juntos por el Cambio aunque planteó disidencias, como la necesidad de actualizar las deducciones por intereses de créditos hipotecarios; incorporar la deducción de gastos educativos; y actualizar las escalas mediante el índice de inflación (IPC) y no el de variación salarial (RIPTE).

“Estamos de acuerdo con el objetivo que pretende este proyecto, que es alivianar el bolsillo de muchos trabajadores que hoy pagan Ganancias, pero no es el diseño correcto. Ganancias es el impuesto más progresivo y redistributivo del sistema argentino, y con tantos parches a lo largo de los años ha perdido esa progresividad, y con esto la perderá más aun”, advirtió Pastori.

En ese sentido, aseguró que “se desnaturaliza el impuesto” porque “discrimina a los trabajadores autónomos”, que no están contemplados y que tributan a partir de 42.000 pesos mensuales, contra el piso de 150.000 que regirá para los trabajadores en relación de dependencia.

Por otra parte, el radical aclaró que “no se aumenta el mínimo no imponible, sino que se crea una deducción especial para una determinada franja de trabajadores, por la cual el trabajador pasa a una gravabilidad plena”, y se delegan “amplias facultades” en el Poder Ejecutivo “para que el salto no perjudique al que gana entre 150.000 y 173.000 y termine cobrando menos que el que está en una escala inferior”.

Por último, advirtió que como Ganancias es un impuesto de ejercicio anual, si el trabajador aumenta sus ingresos a mitad de año producto de una negociación colectiva y al 31 de diciembre su promedio salarial anual supera el piso de 150.000 pesos, pasará a tributar Ganancias.

Otro integrante de la UCR, Alejandro Cacace, reclamó eximir a los jubilados en función de varios fallos judiciales y reforzó el pedido de Pastori para actualizar las escalas mediante el IPC. “Si el salario aumenta pero la inflación aumenta más, el poder de compra de ese trabajador va a caer y sin embargo va a seguir pagando el impuesto de la misma manera, y eso no está bien”, consideró.

Heller respondió que “si los salarios perdieran frente a la inflación, el ajuste por RIPTE no alteraría lo que pagaría de impuestos. Ese salario le valdría menos, no por el impuesto, sino porque perdió frente a los precios. Yo confío plenamente en las políticas del Gobierno que ha planteado como objetivo que los salarios no pierdan contra la inflación”.

El lavagnista Jorge Sarghini, que intervino a pesar de no integrar las comisiones, opinó que “es una modificación distorsiva del impuesto que mejora la situación de un número todavía indeterminado de trabajadores”, que surgirá “del resultado de las paritarias y de las declaraciones juradas”.

“Seguimos distorsionando el impuesto y le quitamos ese valor central que tiene, que es la progresividad. Estamos llegando a un punto donde están los que no pagan y los que pagan, y los que pagan lo hacen con una alícuota muy alta”, alertó el bonaerense.

Además, planteó que “estamos dejando afuera a los sectores que no pagan Ganancias porque su nivel de ingreso no llega al mínimo no imponible; más de la mitad de los trabajadores formales no llegan, porque el salario promedio previo a estas paritarias es de 70.000 pesos”.

Desde el oficialismo, el diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky destacó que “todas las centrales sindicales de Argentina y todos los sindicatos que las integran hay apoyado con convicción el proyecto, y esto habla de un consenso altísimo entre sindicatos que tienen diferentes niveles de ingresos”.

“Si entre ser pobre y tributar Ganancias hay 20.000 pesos de diferencia, evidentemente hay una enorme distorsión, que se produjo fundamentalmente durante los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, en los que los asalariados perdimos 20 puntos”, sumado a que “hubo un proceso inflacionario que con el correr de los años terminó en una espiral descontrolada y se triplicó el número de trabajadores que pagan Ganancias”, describió Yasky.

Si bien reconoció que algunos pedidos de sindicatos quedaron en el camino y pidió a Sergio Massa, titular de la Cámara baja, evaluar la posibilidad de incorporarlos, sostuvo que “es mejor lograr lo bueno que quedarnos sin nada pensando en lo perfecto”.

Los diputados de extracción sindical María Rosa Martínez (Federación Gráfica Bonaerense), Pablo Carro (CTA Córdoba), Patricia Mounier (SADOP Santa Fe), Walter Correa (Federación del Cuero-Obreros Curtidores) y Facundo Moyano también sumaron sus voces a favor de la iniciativa y cargaron contra la gestión anterior.

“Juntos por el Cambio no tiene autoridad moral para hacer ciertas críticas”, lanzó Moyano, al recordar que en esos cuatro años “no solo se duplicó la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias, estando la promesa de que no iban a pagarlo, sino que en la medida en que fueron creciendo los trabajadores dentro del tributo, se perdió un 20% del poder adquisitivo”.

Cerca del final del debate, el titular del PJ, José Luis Gioja, coincidió en que “no nos pueden criticar tratando de sacar más cosas quienes prometieron y no cumplieron”. Y finalizó con una ironía sobre la presentación del libro de Macri: “Creo que hay un evento literario o algo así en el día de hoy en la Capital Federal… espero que (los diputados de Juntos por el Cambio) no estén allí porque no van a prender mucho”.

Las últimas modificaciones

Al inicio de la reunión, Heller confirmó que el proyecto incorporará nuevos beneficios por gastos de guardería, hijos con discapacidad y horas extra trabajadas.

En primer lugar, se eximirá del impuesto al reintegro por gastos de guardería para los hijos de hasta tres años, con un tope de hasta el equivalente al 40% de la ganancia no imponible -67.000 pesos al año, es decir 5.590 pesos mensuales-.

Asimismo, se aumentará la deducción por hijo con discapacidad hasta los 18 años. En este punto, el radical Ricardo Buryaile -padre de un hijo en esa condición-  pidió que no haya un límite etario: “No importa la edad; los padres tenemos que asumir todos los costos independientemente de la edad”, dijo, y Heller se comprometió a evaluarlo.

Finalmente, se prorrogará hasta el 30 de septiembre de este año la exención de las horas extras y guardias -activas o pasivas- del personal de salud debido a la pandemia del Covid-19.

Anteriormente, el proyecto original había incorporado otras mejoras: se estableció que el beneficio será retroactivo al 1ro. de enero y que el aguinaldo quedará exento del pago de Ganancias.

Se agregó también la deducción del concubino -actualmente se permite solo el cónyuge- y se mantuvo el diferencial del 22% que perciben los trabajadores de la Patagonia en concepto de zona desfavorable.

Asimismo, se habilitó que los jubilados que perciban ingresos distintos al haber jubilatorio, como por ejemplo una renta de alquiler o intereses de un plazo fijo, podrán acceder igualmente al beneficio de la deducción de Ganancias, que pasa de seis a ocho haberes mínimos.

Diputados se reunieron con la Corriente Federal de Trabajadores por los cambios en Ganancias

Legisladores del Frente de Todos encabezados por Máximo Kirchner recibieron a una nueva ronda de sindicalistas para avanzar en las negociaciones sobre la iniciativa.

Diputados del Frente de Todos encabezados por el jefe del bloque, Máximo Kirchner, recibieron este miércoles a sindicalistas nucleados en la Corriente Federal de Trabajadores (CFT) para continuar las negociaciones en torno al proyecto que eleva a 150.000 pesos el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.

El encuentro tuvo lugar en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja y asistieron los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, Carlos Heller y Vanesa Siley, además de los diputados de extracción sindical Walter Correa, Facundo Moyano, Patricia Mounier, Carlos Ortega, Claudia Ormaechea, Carlos Cisneros y María Rosa Martínez.

Por parte de la CFT participaron Sergio Palazzo (Asociación Bancaria), Héctor “Gringo” Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense), Alejandro Carlos Ruiz (SATSAID), Heber Ríos (ATILRA), José Luis Kalinger (SADOP), Jorge Theler (SOEA), Gabriel Maximiliano Navarrete (SOC), Carlos Borgna (FESTRAM), Jorge Adrián Silva (APDFA) y Sergio Pini (UPJET), entre otros numerosos dirigentes gremiales que brindaron su apoyo al proyecto del oficialismo.

Se trata de la tercera reunión de trabajo por el proyecto de Ganancias, luego de que el titular de Diputados, Sergio Massa, recibiera en primer lugar a la cúpula de la CGT y luego a sindicalistas identificados con el moyanismo, con Pablo Moyano (Camioneros) a la cabeza.

El proyecto comenzó a ser debatido este martes en el plenario de comisiones con la presencia del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Las comisiones volverán a reunirse este jueves a las 14 para escuchar a especialistas en materia tributaria, y el viernes a las 15 harán lo propio con sindicalistas de los distintos sectores, de cara a la firma del dictamen la semana próxima.

Con la participación de funcionarios, arrancó en Diputados el debate sobre Ganancias

El ministro de Trabajo, la titular de la AFIP y el secretario de Política Tributaria expusieron ante un plenario de comisiones sobre los proyectos de suba del mínimo no imponible y de cambios al régimen de monotributo. La discusión se reanudará el jueves con especialistas.

carlos heller plenario impuesto a las ganancias

Con la participación de funcionarios que intercambiaron con los diputados, arrancó este martes el debate sobre la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y los cambios al régimen de monotributo, dos proyectos de ley de fuerte impacto económico que el oficialismo espera aprobar la semana próxima en el recinto de la Cámara baja.

La discusión se dio en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo, presididas respectivamente por Carlos Heller y Vanesa Siley, con la participación del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; y el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Las comisiones volverán a reunirse el jueves a las 14 para escuchar a especialistas en materia tributaria, y lo harán nuevamente el viernes a las 15 con la presencia de sindicalistas, según anunció Heller al comienzo de la videoconferencia.

Las dudas de la oposición

Al momento de las preguntas, el radical Luis Pastori afirmó que desde Juntos por el Cambio están de acuerdo en “varias de las reformas” introducidas en Ganancias, como la deducción del concubino o la vigencia de la ley a partir del 1ro. de enero, pero sugirió otros cambios.

En ese sentido, el misionero pidió eliminar la limitación de los jubilados que estarían fuera del beneficio porque tributan el impuesto a los Bienes Personales. “Nos parece muy injusto mantener esta discriminación en contra de los jubilados”, expresó.

El legislador reiteró su apoyo al objetivo del proyecto, pero dijo tener “serias discrepancias” con “el diseño”. Sobre ello, cuestionó que los salarios por encima de 150.000 pesos tendrán una “gravabilidad plena” y “van a estar pagando en forma desproporcionada”.

“El mínimo no imponible permanece igual, lo que se crea es una deducción especial hasta 150.000”, señaló y preguntó “con qué mecanismo” el Poder Ejecutivo -que estará facultado para eso- podrá procurar que aquellos salarios que están en el rango de entre 150.000 y 173.000 pesos “no terminen teniendo un sueldo neto inferior”.

Pastori también consideró que “en un contexto altamente inflacionario como tenemos en la economía argentina”, la actualización debería ser por el IPC y no por el índice RIPTE, además de realizarse semestralmente y no anualmente.

Finalmente, el diputado de la UCR solicitó que se contemplen las deducciones por gastos de educación e hijo discapacitado; y advirtió que con respecto a los trabajadores autónomos “se va a producir una discriminación muy grosera”.

Otro radical, Alejandro Cacace, consultó a los funcionarios por la exclusión de los jubilados del impuesto y preguntó por qué no se decidió “compatibilizar (la iniciativa) con lo que deciden los tribunales y, en particular, con lo que es el fallo Calderale de la Cámara Federal de la Seguridad Social, que establece la inconstitucionalidad del impuesto sobre los beneficios previsionales”.

“¿Por qué la elección de los ocho haberes mínimos, que continúa la lógica de la ley actual, y no atender a la interpretación judicial sobre este tema?”, cuestionó. Asimismo, coincidió con Pastori en la situación de los trabajadores autónomos y recomendó que el mecanismo de actualización se realice por inflación.

Para el puntano, cada vez más trabajadores pagan el tributo porque “es un problema de los valores nominales en la ley”. “Aún con el RIPTE queda desfasado frente al incremento de los precios”, resaltó, y preguntó “si no consideran que es mejor tomar el IPC, o como se hizo en la fórmula previsional, el que dé más alto entre los índices”.

En referencia a los jubilados, el subdirector general de Fiscalización de la AFIP, Julián Ruiz, apuntó que el fallo García de la Corte Suprema “se refiere a los jubilados en general, pero con una condición en particular, que es la vulnerabilidad”. “El proyecto viene a resolver esa cuestión”, dijo, y aclaró que “no es que si tiene otro ingreso pierde este mínimo no imponible, sino que se plantea que aquellos que no están en condiciones de vulnerabilidad, que tienen más de ocho haberes mínimos garantizados y tienen adicionalmente otro ingreso van a obtener el que tienen los trabajadores en relación de dependencia”.

“Está tratado el tema tal cual lo solicita la Corte”, reiteró y en cuanto a la doble imposición explicó que “en el momento en que uno es trabajador activo permite deducir los aportes vinculados a la jubilación, y esa deducción que se hace en ese momento es la que se grava cuando se tienen rentas pasivas”.

Por su parte, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias, sostuvo que “si aumentamos el mínimo no imponible o las deducciones para que haya menos trabajadores y trabajadoras que pagan Ganancias, obviamente eso afectaría a toda la escala, incluso a las personas de altos ingresos”.

“No sólo tendría un costo fiscal muchísimo más alto, sino que generaría una inequidad bastante importante, porque ahí le estamos reduciendo el impuesto a personas que tienen ingresos muy altos y en las circunstancias actuales del país nos parece que no es el momento para hacer una reducción de impuestos en esa categoría”, ahondó.

El funcionario garantizó que para los salarios de entre 150.000 y 173.000 pesos, el Ejecutivo aplicará “una política salarial de incremento que no genere en ningún caso una caída en el salario de bolsillo”. “En ningún caso el impuesto será más regresivo, sino todo lo contrario -continuó-, va a tener mayor progresividad que la que tiene ahora”.

Respecto a la actualización por inflación, reclamada desde Juntos por el Cambio, Arias enfatizó que entre 2015 y 2019 “los salarios crecieron menos que la inflación, por eso se dio esta incorporación extraordinaria de personas al impuesto”. “Las deducciones se actualizaron por el RIPTE, que creció 20 puntos menos que la inflación, fundamentalmente en el año 2018 y 2019”, añadió.

“Nosotros no pensamos que esto va a volver a suceder, todo lo contrario, nuestro Presupuesto 2021 prevé que durante este año el salario real crezca más que la inflación, con lo cual este esquema de actualización en este escenario macroeconómico es válido”, aseveró.

En otro tramo, el secretario de Política Tributaria explicó que una deducción por hijo discapacitado “hace que el beneficio sea mayor a las personas de más altos ingresos”, por lo cual “no es la mejor forma de dar una cobertura a través del impuesto a las Ganancias”, ya que se afecta la cuestión equitativa.

Sobre el reclamo de la oposición por los trabajadores independientes, el funcionario dijo que aquellos autónomos que ganen hasta 150.000 pesos “van a poder ser monotributistas” a partir de la iniciativa complementaria del oficialismo. “Las dos medidas son muy consistentes entre sí. No merece tocar Ganancias de los autónomos”, argumentó.

Además, confirmó que el costo fiscal de 41.250 millones de pesos corresponde al proyecto en su última versión, es decir, con las exenciones y deducciones incorporadas en las últimas horas.

El diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky cargó las tintas contra la gestión anterior: “¿Por qué habiendo caído los salarios casi 20 puntos durante el gobierno de Mauricio Macri, por qué habiendo existido medidas que claramente beneficiaron con exenciones impositivas a sectores muy poderosos, como el sector financiero o agrario, no hubo un tratamiento simétrico con los trabajadores?”.

Para el oficialista, no se explica cómo “se triplicó la cantidad de trabajadores que pagaban Ganancias y no hubo una política para tratar de subsanar esto”. Por eso, pidió “honestidad intelectual” en el debate: “Sino parece que caímos de un plato volador, que venimos de Marte y que no nos hacemos cargo de lo que pasó en Argentina en estos cuatro años”.

Ante una consulta del líder de la CTA sobre cuál será el monto que retornará a las arcas del Estado para cubrir el costo de la ley, Arias comentó que “no se ha hecho el cálculo específico” pero estimó que “entre el 23% y 25%” retornará en concepto de presión tributaria general.

Desde el Pro, Luciano Laspina pidió la intervención de la Oficina de Presupuesto del Congreso para calcular el costo fiscal del proyecto con las últimas modificaciones y teniendo en cuenta posibles escenarios de paritarias.

También mostró inquietud por la situación de “los 500.000 trabajadores autónomos” que no se verán alcanzados, pero el secretario de Política Tributaria volvió a defender la decisión del Gobierno: “Consideramos que con el ajuste en el monto máximo de facturación que podrá tener un monotributista, los autónomos -o sea, los trabajadores independientes que facturan hasta 150.000 pesos por mes- entran dentro de la categoría del monotributo, con lo cual no estarán alcanzados por Ganancias. Son consistentes los dos proyectos”.

En tanto, el radical chubutense Gustavo Menna volvió a plantear la inquietud sobre la deducción especial del 22% para trabajadores patagónicos, y Heller garantizó que se incorporará un artículo específico para mantener ese beneficio.

Por su parte, Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda) advirtió que “si hay una paritaria que recupere el salario, muchos trabajadores pasarían nuevamente a pagar Ganancias”, y por eso consideró que “este impuesto debería ser eliminado para todos los trabajadores bajo convenio”.

Arias respondió que “si el salario crece más que la inflación, que es el objetivo del Gobierno para el año 2021 en el marco de la recuperación post-pandemia, los trabajadores se verán beneficiados, porque la actualización del mínimo no imponible es por el índice de salarios”.

El secretario de Política Tributaria explicó que “entre 200.000 y 300.000 personas que a principio de año no pagan Ganancias, a fin de año pagan” por los aumentos salariales, por eso la proyección de 1.200.000 trabajadores que se verán beneficiados por la nueva ley es un promedio anual.

Arranca el martes en Diputados el debate sobre la suba del piso de Ganancias

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo comenzarán ese día con las reuniones informativas. El oficialismo espera votar el proyecto la semana siguiente.

Ya tiene fecha el inicio del debate sobre el impuesto a las Ganancias en la Cámara de Diputados: será el próximo martes, a partir de las 15, en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, que escucharán a invitados antes de la firma del dictamen.

El mismo día y en el mismo ámbito se tratará el proyecto de ley de Régimen de Sostenimiento e Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes.

El diputado oficialista Marcelo Casaretto, secretario de Presupuesto y Hacienda, confirmó que ese día se realizará el primer plenario virtual, donde asistirían el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

La intención del oficialismo es realizar dos o tres reuniones informativas la semana próxima, con la mira puesta en una votación en el recinto la tercera semana del mes.

El titular de la Cámara, Sergio Massa, había enviado este jueves una nota a Heller en la que le solicitó convocar al debate, luego de que el presidente Alberto Fernández pidiera avanzar con la ley durante su discurso de apertura de sesiones.

Fernández sostuvo que “recuperar el salario medio en la Argentina es un desafío que debemos asumir en este tiempo de recuperación económica”, y en ese sentido pidió al Congreso que avance con los proyectos de Ganancias y modificaciones al régimen de monotributo.

El proyecto del Frente de Todos busca elevar a 150.000 pesos el mínimo no imponible del impuesto para que más de 1.200.000 trabajadores y jubilados dejen de pagarlo. La iniciativa propone que ese piso se actualice anualmente según el índice de variación salarial (RIPTE).

Por su parte, la CGT y diputados de extracción sindical que integran el bloque oficialista reclaman eximir de Ganancias a las horas extra, los viáticos, los feriados trabajados, distintos adicionales, gastos educativos y hasta el aguinaldo, entre otros conceptos.

Es ley la ratificación del Convenio de la OIT contra la violencia y el acoso laboral

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado este miércoles por unanimidad en la Cámara de Diputados. El documento, firmado en 2019, contempla cómo estas conductas afectan especialmente a mujeres y trabajadores informales.

En una votación unánime, la Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, firmado en 2019 en Ginebra, Suiza.

La iniciativa había sido enviada por el Poder Ejecutivo e impulsada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias, y con su sanción, Argentina se convierte en el tercer país del mundo en adherir a este Convenio, luego de Uruguay y Fiji.

La presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos) destacó la perspectiva de género en este convenio, que se aprobó justo el día que se cumplen 69 años desde la primera elección con voto femenino en nuestro país.

Siley recordó que en 1951 se instaló el derecho de las mujeres no solo a elegir, sino también a ser elegidas, y recordó a “las 23 diputadas que por primera vez se sentaron en el recinto y las seis primeras senadoras”.

Foto: HCDN

Respecto del Convenio 190, resaltó el compromiso del presidente pero también mencionó que “muchos diputados habían presentado proyectos” en el mismo sentido.

La oficialista explicó que el texto “armoniza” con tratados internacionales, distintas leyes nacionales y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que “refiere a las condiciones dignas de trabajo”. “Un trabajo sin violencia y acoso es un trabajo decente y digno”, dijo.

Siley apuntó que el Convenio “considera a la violencia como una práctica inaceptable, y la define en un marco de actuación muy amplio, incluyendo no solo a asalariados sino también a aquellos que no tienen trabajo, los que buscan empleo, los pasantes y aprendices”.

También señaló que el documento “hace especial hincapié en que el daño que se produce cuando hay violencia laboral, se produce también por la condición de género”.

Para acceder al texto completo del Convenio 190 de la OIT, haga click aquí.

También por el Frente de Todos, Marisa Uceda dijo que “son conductas que además de ser indeseables, atentan contra los derechos humanos, porque el derecho a un ambiente de trabajo sano y sin violencia es un derecho humano”.

En el mismo sentido, su par Silvana Ginocchio sostuvo que “este es un importantísimo paso para avanzar en leyes específicas sobre trabajo decente, asegurando el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”.

El radical Albor Cantard destacó otro aspecto del Convenio, la inversión de la carga de la prueba, ya que “este tipo de circunstancias generalmente se da a puertas cerradas”, lo que genera “una gran dificultad para las víctimas en materia probatoria”.

Según explicó Cantard, “la víctima aportará indicios para que el denunciado o denunciada sea el o la que tenga que demostrar que no ha incurrido en violencia o acoso”.

A su turno, Silvia Lospennato (Pro) destacó que “la puesta de este Convenio en la agenda de la OIT en 2018 y 2019 sin dudas vino de la mano del movimiento de mujeres, con el Mee Too y el Ni Una Menos, donde quedó a la vista la urgencia con la que la OIT tenía que abocarse a la adopción de una norma como esta”.

Lospennato recordó que el expresidente Mauricio Macri integró la comisión de trabajo tripartita de gobierno, sindicatos y trabajadores, y “durante ese proceso siempre el Gobierno argentino trabajó para que se concluyera favorablemente”.

La diputada enfatizó que la violencia y acoso “afectan a varones y mujeres, pero no hay dudas de que hay trabajadores más vulnerables que otros: las mujeres, la comunidad LGBT, las personas con discapacidad, los jóvenes y muy especialmente los trabajadores informales, algo que recoge este Convenio dándoles un piso mínimo de protección”.

Por su parte, Dolores Martínez (UCR-Evolución) subrayó que “el mercado de trabajo discrimina a las mujeres solo por el rol social de cuidadoras que se nos asignó, y nos obliga a elegir entre el desempleo, el trabajo precario o el mal trato”.

Graciela Camaño (Consenso Federal) aseguró que este Convenio “no es fruto de un presidente ocasional de un país, sino de un trabajo elevadísimo de expertos y, en el caso de Argentina, de las mujeres sindicalistas y asesoras de dirigentes sindicales que comprometieron sus esfuerzos en este trabajo”.

Por último, Romina Del Plá adelantó el voto afirmativo del Frente de Izquierda al entender que el Convenio “es un herramienta en la cual muchísimas personas, especialmente mujeres y diversidades sexuales, podrán ampararse a la hora de denunciar situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral”.

Sin embargo, aclaró: “De ninguna manera nuestro voto a favor es un cheque en blanco para la OIT o la ONU, organismos que defienden los intereses de los países imperialistas que lo integran y que amparan ataques a los derechos laborales”.

Qué dice el Convenio 190

El Convenio -que entrará en vigor el 25 de junio de 2021- considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.

Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.

Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.

También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.

Otros acuerdos internacionales

En la sesión también se convirtieron en ley un conjunto de acuerdos internacionales, entre ellos uno firmado entre Argentina y la República Popular de China para instalar un centro cultural chino en el país, que fue suscrito en la ciudad de Beijing el 17 de mayo de 2017.

Además, se sancionó un convenio de coproducción cinematográfica entre Argentina y el Estado de Israel, suscrito en la ciudad de Jerusalén el 28 de abril de 2014; y un acuerdo de cooperación técnica entre Argentina y la República de Kenia, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 14 de marzo de 2017.

También se aprobó un acuerdo de sede con el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná; y el protocolo de 1997, denominado MARPOL, que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, adoptado en Londres, Reino Unido.

Rosenkrantz denunció “una campaña de desprestigio”

El presidente de la Corte Suprema rechazó las imputaciones formuladas por la diputada Vanesa Siley en su pedido de juicio político.

En una infrecuente medida, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, salió este lunes a defenderse del juicio político impulsado por una diputada kirchnerista y denunció paralelamente una “campaña de desprestigio” contra él.

“Una cosa es un juicio político, que apunta a destituir a un juez por incumplimiento de sus deberes, y otra es el juicio motivado por intereses políticos”, señaló el cortesano a través de una carta difundida este lunes, luego de analizar el fin de semana el proyecto que en rigor de verdad la diputada Vanesa Siley presentó el 25 de septiembre.

“Hace tiempo soy blanco de una persistente campaña de desprestigio en distintas publicaciones y por parte de distintas personalidades” , se quejó el presidente de la Corte, al sostener en su texto que le atribuyen “falsamente inconductas, irregularidades y delitos de distinta naturaleza”. Entre ellas, tener 71 cuentas en el extranjero, una imputación que aclaró que es “falsa”.

“Una diputada oficialista presentó un pedido de juicio político en el que considera configurada la causal de mal desempeño que habilitaría la apertura del procedimiento en la Cámara de Diputados para investigar esos hechos y, en su caso, avanzar con mi destitución”, señaló Rosenkrantz

Con relación a la acusación de la diputada Siley respecto de haber aceptado en minoría la aplicación del 2×1 en el caso del condenado por delitos de lesa humanidad Luis Mina, Rosenkrantz consideró “curioso” de que se lo acuse así por algo que ocurrió hace tres años y que también fue firmado por otros dos jueces, Horacio Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.

“Lo cierto es que, contrariamente a lo que afirma la diputada denunciante, los lineamientos jurídicos defendidos en mis decisiones sobre el ‘2×1’ (tanto en “Muiña” como en “Batalla”) encuentran su apoyo en la Constitución Argentina”, advirtió Rosenkrantz, quien también se refirió a la acusación de la diputada Vanesa Siley relacionada con la causa conocida como “La noche del apagón” en la que se investigan hechos ocurridos en el pueblo de General San Martín, en Jujuy, y donde se dictó la falta de mérito del empresario Carlos Blaquier y Alberto Lemos. En ese sentido rechazó “vínculos explícitos con la familia Blaquier”, bajo el criterio de que “mi esposa integra una junta directiva en una ONG sin fines de lucro dedicada a brindar becas a estudiantes secundarios de bajos recursos con alguien que sería el sobrino del imputado”, cosa que consideró “completamente absurda”.

“Nunca intervine en una causa en la que tuviera obligación alguna de excusarme”, apuntó en otro pasaje.

Siley justificó su pedido de juicio político a Rosenkrantz

La diputada kirchnerista sostuvo que “hay que respetar la República”, y vinculó al presidente de la Corte con el tema del 2×1 a autores de delitos de lesa humanidad.

Autora del proyecto para enjuiciar al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que ella hizo conocer este fin de semana, pero que en realidad presentó el viernes de la semana anterior, Vanesa Siley justificó su pedido de juicio político contra Carlos Rosenkrantz en lo que ya en 2017 se había promovido en su contra, cuando avaló el 2×1 para autores de delitos de lesa humanidad.

“En el año 2017, a raíz de lo que fue el 2×1 a quienes habían cometido delitos de lesa humanidad, tres bloques presentaron el pedido de juicio político para Carlos Rosenkrantz, que en ese momento no era presidente de la Corte. Los pedidos se fundan en que las sentencias no estuvieron ajustadas a derecho”, explicó este domingo por radio Mitre.

Según la legisladora del Frente de Todos, “esta cuestión que fue el 2×1 se agravó e incrementó en pandemia” y nombró un caso donde “unilateralmente Carlos Rosenkratz le da recomendaciones a un Tribunal de Rosario para que el imputado se vaya a su casa”.

“El juicio político es un proceso establecido en la Constitución Nacional. No depende del Poder Ejecutivo. Hay que respetar la República. Sino hablamos de la división de poderes y después nos confundimos y estamos pretendiendo que el Poder Ejecutivo empiece un juicio político y no es así”, afirmó la legisladora.

Al hacer referencia a la aceptación del per saltum de los jueces Bruglia, Bertozzi y Castelli, Siley consideró que eso “lo tiene que decidir la Corte. Tiene un caso concreto y aceptó un per saltum. Esperemos que fundamente su criterio”.

Desde el Frente de Todos piden el juicio político del presidente de la Corte

Vanesa Siley presentó un proyecto en ese sentido tres días después de que Carlos Rosenkrantz convocara a los integrantes del tribunal a analizar si correspondía tratar el per saltum pedido por tres jueces desplazados por el oficialismo.

carlos rosenkrantz

El mismo día en que el presidente Alberto Fernández la emprendió contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia por haber convocado a sus pares del Alto Tribunal para el tratamiento del per saltum pedido por los tres jueces desplazados por el Senado, una diputada nacional del Frente de Todos presentó un pedido de juicio político contra el propio Carlos Rosenkrantz.

En efecto, el viernes 25 de septiembre pasado, tres días después de que el presidente del Tribunal convocara a reunirse el martes siguiente para tratar el pedido de los jueces Leopoldo Bruglia, Eduardo Bertuzzi y Germán Castelli, la diputada Vanesa Siley presentó su pedido de juicio político ampliando los fundamentos de los pedidos del año 2017.

Así lo anunció la diputada, del gremio de los judiciales, que responsabiliza a Rosenkrantz de “cajonear la causa Blaquier para evitar que la corte confirme el procesamiento de Carlos Pedro Blaquier por delitos de lesa humanidad. Tiene esa causa en su vocalía desde que asumió”, aseguró, agregando que “sus familiares integran la misma fundación que los Blaquier”.

“La reciente convocatoria a la comisión Interpoderes, a la que se negó desde que es presidente (incluso ante 7 pedidos de los organismos de DDHH), es una victoria de la democracia y de nuestras Madres y Abuelas. No de la impunidad de los responsables del Terrorismo de Estado”, tuiteó este sábado Siley, al anunciar la presentación de su proyecto.

En el mismo promueve el juicio político contra el presidente de la Corte Suprema “por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.

En todas las causas que incluye en su pedido de juicio político, entre las que incluye la habilitación del 2×1 de 2017 para un caso de lesa humanidad, Siley sostiene que “no solo se evidencia una nula actuación jurisdiccional, sino que más bien se confirma una firme postura ideológica por parte del doctor Rosenkrantz que es contraria a las leyes, la Constitución Nacional y los pilares fundamentales del Estado de Derecho”.

Sostiene la diputada que desde que Rosenkrantz asumió la presidencia del cuerpo “gran parte de sus decisiones jurisdiccionales y administrativas estuvieron orientadas a cercenar las conquistas y las luchas que buscan reivindicar el movimiento de derechos humanos en nuestro país”.

Sobre el final de su presentación, Siley recuerda la doctrina sentada por el  Congreso en el caso del juicio político realizado en 1991 al juez Alberto Oscar Nicosia, que estableció que “constituyen mal desempeño todos aquellos actos que violan la constitución y las leyes del país, o que sin violarlas puedan constituir un abuso, un exceso en las atribuciones para el logro de fines indebidos”.

“Finalmente, estimo cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 7 del Reglamento Interno de la Comisión de Juicio Político de la Cámara, razón por la que solicito que esta petición sea girada a la Comisión de Juicio Político a los fines de su pronta evaluación”, concluye.

Diputados debatirá en comisión sobre el desplazamiento de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli

La oficialista Vanesa Siley presentó una cuestión de privilegio en la sesión de este miércoles, que luego Graciela Camaño pidió se le dé “tratamiento efectivo” en Asuntos Constitucionales. Juan Manuel López y Gustavo Menna cuestionaron al presidente y al oficialismo del Senado.

vanesa siley sesion 24 septiembre 2020

En vísperas a lo que resuelva la Corte Suprema de Justicia sobre el rechazo por parte del Senado, ratificado por decreto por el presidente Alberto Fernández, sobre los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, la Cámara de Diputados aprobó una moción para tratar el tema en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El tema fue traído este miércoles por la oficialista Vanesa Siley, quien planteó una cuestión de privilegio contra los magistrados y fustigó que “se intenta confundir en varios medios de comunicación”.

La legisladora recordó que los jueces “no han acudido a la audiencia pública del Senado” y “han agraviado no solamente al Congreso de la Nación, sino al procedimiento constitucional claramente establecido en el artículo 99, inciso 4, segundo párrafo”.

“La Corte Suprema de Justicia ya ha clarificado cuál es el procedimiento adecuado para que un magistrado de la Nación sea correctamente designado, el cual es un acto federal complejo que involucra a tres poderes del Estado con el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación”, explicó.

En ese sentido, la consejera señaló que “los jueces y juezas son funcionarios de alto rango” y “son los únicos que no son electos de manera directa”, en tanto “esa función se ejerce a través del involucramiento de los tres poderes del Estado, por eso es un acto complejo”.

“Por eso nos agravia a nosotros el hecho de que en esos pasos, el paso donde participa el pueblo, que es la audiencia pública del Senado, estos tres magistrados no hayan concurrido”, continuó, para decir luego que el tema “se comenzó a discutir en marzo” en el Consejo “y se hizo un análisis importante de todos los traslados que se habían realizado a lo largo de la historia”.

Siley indicó que sobre los “10 traslados mal realizados” se envió una comunicación al Poder Ejecutivo, que fue el que luego envió a la Cámara alta los pliegos de diez magistrados, de los cuales “siete concurren a la audiencia, dan explicaciones, se ponen a conocimiento de la gente, se someten a la interpelación de los senadores” pero “tres no fueron”. “Tres jueces que conocen y deben aplicar la Constitución incumplieron la Constitución”, enfatizó.

La diputada del Frente de Todos resaltó que Bruglia, Bertuzzi y Castelli “habían sido trasladados en 2018 a dedo, por decreto, sin pasar por el Senado”. Ahora, ante el rechazo “estos tres jueces deben volver a sus tribunales de origen, siguen siendo jueces, no dejar de serlo”. Y destacó que la decisión haya sido ratificada por la Cámara Federal y la Cámara de Apelaciones.

En contra de la oposición, la oficialista reclamó que “se escuchó decir ‘que la república, que se cargan a tres jueces, que estamos violando la Constitución’ y lo que está pasando es todo lo contrario, se está cumpliendo la Constitución, salvo que pretendamos que el presidente continúe con esta práctica y designe jueces a dedo, por decreto. Creo que eso no lo debe querer nadie”.

“La república no se la puede enarbolar en las palabras y después pisotearla en los hechos”, lanzó y abogó por “la igualdad ante la ley necesaria para que el Estado democrático y el Estado de Derecho estén plenamente vigentes y vivos en nuestro país”.

juan manuel lopez sesion 24 septiembre 2020

Aunque no estaba anotado, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López salió a contestar. Planteó entonces otra cuestión de privilegio, contra el presidente Alberto Fernández “por haberse arrogado facultades judiciales y haber violado la inamovilidad de los magistrados”.

El legislador defendió que en los traslados de 2018 “se cumplió con lo previsto por el reglamento de traslados que estaba vigente en ese momento y con la acordada 4 de la Corte Suprema y una acordada posterior” sobre casos análogos.

“Anularon (los traslados) arrogándose facultades jurisdiccionales, cosa que les prohíbe el artículo 109 de la Constitución Nacional”, insistió y remarcó que los decretos del presidente Mauricio Macri -derogados la semana pasada- habían “generado derechos subjetivos” con lo cual “solo pueden ser revisados en sede judicial y nunca por el Poder Ejecutivo y el Senado”.

Y sobre el Consejo de la Magistratura, López manifestó que “es un órgano contramayoritario y tenemos que cuidarlo”. “Ojalá siga funcionando a lo largo de los años y no se termine de tergiversar o violar por el poder de turno político, que creo que de alguna manera intenta subvertir ese régimen y orden de ideas y cosas que prevé nuestra Constitución”.

Seguidamente, el radical Gustavo Menna sostuvo que “estamos en presencia de una situación inédita” que solo tiene “precedentes en golpes de Estado”. Para el chubutense, este hecho “es un absurdo que nos pone al margen del ordenamiento constitucional” y rechazó que “por un decreto del Poder Ejecutivo se produzca ese desplazamiento”.

“Estamos ante un hecho de una gravedad institucional sin precedentes que obliga a que sin más se pronuncie el máximo tribunal”, reiteró y dijo que “trasciende el derecho de los afectos” y “afecta a toda la sociedad porque esto implica terminar con un Poder Judicial independiente”.

Finalmente, tomó la palabra la diputada Graciela Camaño, titular de la Comisión de Selección de Magistrados del Consejo de la Magistratura, donde se avanzó con la revisión. “Lamento muchísimo que quienes se expresan hoy defendiendo la república no hayan advertido las irregularidades que se cometían en el Consejo de la Magistratura en el mientras tanto”, cargó contra Juntos por el Cambio.

Y habló de una “necesidad imperiosa de que la cuestión de privilegio planteada correctamente por la diputada Siley sea puesta en consideración en la Comisión de Asuntos Constitucionales”, algo que “no ocurre en el Parlamento”.

“Hemos tenido durante el pasado, durante los últimos cuatro años concretamente, algunas cuestiones muy interesantes como pedidos de juicios políticos”, recordó y mencionó que para la misma fecha del traslado de los magistrados se había pedido el juicio político contra el exministro de Justicia, Germán Garavano, “donde claramente se hablaba de concursos que están mal hechos”.

graciela camano sesion 24 septiembre 2020

Dictamen unánime para un convenio sobre eliminación de la violencia y el acoso laboral

En un plenario de comisiones se aprobó un proyecto que propone ratificar el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo, que ya cuenta con sanción del Senado.

En el marco de una reunión conjunta de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, se avanzó este miércoles con un proyecto que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

Al inicio de la reunión, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, valoró la importancia del paso que se está a punto de dar, por cuanto destacó que si el proyecto se aprueba en el recinto, como se descuenta que será, Argentina será el tercer país en el mundo en implementarlo.

“No es broma la violencia laboral, no es un tema menor para el desarrollo de la vida en plenitud”, destacó Siley, remarcando que “estamos dando un paso muy importante para mejorar la calidad de vida de la población”.

Asimismo destacó que una vez aprobada la ley, su implementación es clave y ello se tiene que hacer en conjunto en un marco de “concertación”, por cuanto será entre los empleadores, los trabajadores y con la regulación del Estado. “Se debe ratificar este convenio y luego también hay que velar para que se pueda cumplir”, enfatizó la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo.

“El convenio enfatiza que su aplicación es tanto en el ámbito privado, como el público”, destacó Graciela Camaño, aclarando que “el ámbito de aplicación también tiene una amplitud que es muy ponderable”, y precisó que “no se limita únicamente a lo que ocurre en el establecimiento o lugar de trabajo, sino que lo hace extensivo en los desplazamientos, viajes, eventos, actividades sociales o actividades de formación vinculados al trabajo”.

“El acoso en el mundo del trabajo afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas, y para revertirlo se requiere este enfoque inclusivo e integrado”, precisó por su parte la diputada radical Brenda Austin. Y agregó que estamos frente a una norma que “va a transformar el modo en que miramos las situaciones de acoso en el mundo del trabajo”.

Eduardo Valdés se manifestó muy satisfecho por el consenso alcanzado en las comisiones.

Antes de la emisión del dictamen, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Eduardo Valdés, celebró la unanimidad. “Ojalá en los tiempos que se vienen podamos tener los consensos para todos los temas que hacen a la mejor convivencia de los argentinos”, señaló.

El Convenio 190 de la OIT fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra en junio de 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo.

La norma proporciona un marco claro para la adopción de medidas y brinda la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso.

Un dato a tener en cuenta es que las definiciones de “violencia” y de “acoso” varían según sea el país, ante lo cual la OIT estableció para ambos conceptos como “un conjunto de comportamientos y acciones inaceptables” que “tengan por objeto provocar, ocasionen o sean susceptibles de ocasionar, daños físicos, psicológicos, sexuales o económicos”. Hablamos entonces del abuso físico o verbal, la intimidación y el hostigamiento, el acoso sexual, las amenazas y el acecho, sin perjuicio de otros actos.

Teletrabajo: los detalles del proyecto consensuado que aprobó Diputados

La iniciativa garantiza el derecho a la desconexión digital, a la intimidad y a las tareas de cuidado. También establece que la modalidad será voluntaria y que los gastos estarán a cargo del empleador.

El proyecto de regulación del teletrabajo que aprobó este jueves la Cámara de Diputados establece una serie de principios generales para esta modalidad, que funcionarán como marco legal para los convenios colectivos de trabajo.

La iniciativa incorpora el artículo 102 bis a la Ley de Contrato de Trabajo señalando que “habrá contrato de teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios” sea  “efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.

Además, ese nuevo artículo señala que “las regulaciones específicas del teletrabajo se establecerán para cada actividad mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos en esta ley”.

La iniciativa indica que “las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración será la correspondiente al convenio colectivo de trabajo, no pudiendo ser inferior, en su caso, a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial”.

En lo que respecta a la jornada laboral, ésta deberá “ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos”.

En tanto, “las plataformas y/o software utilizados por el empleador” tendrán que “desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma”.

En ese sentido se introduce el derecho a la desconexión digital, por el cual la persona que trabaja bajo esta modalidad “tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias” y “no podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho”.

“El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral”, agrega el texto.

Sobre la tarea de cuidados, quienes “acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”.

“Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio resultando aplicables las previsiones de la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios”, añade el articulado.

El proyecto que ahora deberá tratar el Senado indica que “el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito”.

En lo que respecta a la reversibilidad del consentimiento, el mismo podrá ser revocado por el trabajador “en cualquier momento de la relación”. “En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”, dispone.

Si el empleado se niega, “dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas”.

La reversibilidad sólo se dará con la voluntad del empleado, aunque se aclara que “en los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.

La iniciativa establece que “el empleador debe proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja”.

En tanto, el trabajador remoto “tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar” y “dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva, y quedará exenta del impuesto a las Ganancias”, un pedido que hizo la CGT.

La autoridad de aplicación de la ley -que entrará en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio-, será el Ministerio de Trabajo, que dictará normas referidas a la seguridad e higiene; incorporará las nuevas enfermedades laborales por esta modalidad; tendrá a cargo la fiscalización; y llevará un registro en el cual deberán estar anotadas las empresas que desarrollen esta modalidad.

Sobre las “prestaciones transnacionales”, se aplicará al contrato de trabajo respectivo “la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja”.

“En caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación. Los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones”, completa.

El texto también abarca cuestiones referidas a la capacitación; la protección de la información laboral; el derecho a la intimidad; la representación digital; y el goce de todos los derechos colectivos.

Moyano enfatizó que se necesitan “mujeres que le saquen la mancha a ese sindicalismo lleno de hombres”

El diputado del Frente de Todos apuntó que en la CGT deberían tener “energía” y “dinámica” como la que demostró su par Vanesa Siley durante el debate por la regulación del teletrabajo.

Durante su discurso este jueves en la Cámara de Diputados, el oficialista Facundo Moyano enfatizó que se necesitan “mujeres que le saquen la mancha a ese sindicalismo lleno de hombres” que representa la CGT.

Al momento de debatir el proyecto de ley sobre teletrabajo, el hijo de Hugo Moyano destacó “la capacidad de trabajo de la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley”, su compañera de bloque.

En ese sentido, ponderó su habilidad para “articular el consenso” y valoró el “trabajo arduo y dinámico” de la legisladora, quien además es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales.

Consideró entonces que esa “energía” y “dinámica” es “también la que deberíamos tener en la Confederación General del Trabajo”. “En el sindicalismo tenemos que esperar ver, no solamente capacidades como la de Vanesa, sino mujeres que le saquen la mancha a ese sindicalismo lleno de hombres. ¡La CGT no puede mostrar ni siquiera sola mujer!”, resaltó.

Y completó: “Celebraría que en poco tiempo mujeres como Vanesa y otras mujeres con gran capacidad estén ocupando cargos importantes y de decisión dentro del movimiento obrero”.

Diputados aprobó por amplia mayoría la regulación del teletrabajo

La Cámara baja avaló una iniciativa consensuada que establece presupuestos legales mínimos y delega las regulaciones particulares en los convenios colectivos. El debate se precipitó por la pandemia. Destacan el nivel de consenso alcanzado.

sesion virtual diputados 25 de junio 2020

Por Carolina Ramos y Melisa Jofré

La regulación del teletrabajo avanzó este jueves en la Cámara de Diputados, que aprobó un proyecto consensuado entre propuestas de diferentes bloques que establece un “piso de derechos” para los trabajadores que elijan esta modalidad, extendida con la pandemia del Covid-19.

Tras un debate protagonizado por los diputados de extracción sindical, la votación resultó con 214 votos afirmativos y solo uno negativo, de Francisco Sánchez (Pro-Neuquén), además de 29 abstenciones, provenientes de integrantes de Juntos por el Cambio y del Frente de Izquierda.

El proyecto, que ahora deberá tratar el Senado, establece presupuestos legales mínimos para el teletrabajo y delega en los convenios colectivos las regulaciones específicas para cada rama de la actividad.

La futura ley -que a pedido del sector empresario entrará en vigencia recién 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio– modifica la Ley de Contrato de Trabajo incorporando una serie de principios generales.

En primer lugar, se garantiza la igualdad de derechos: la remuneración recibida por el teletrabajador no podrá ser menor a la que percibe un empleado que realiza sus tareas en modo presencial.

El trabajador podrá prestar su consentimiento para el teletrabajo de forma voluntaria y por escrito, y tendrá la posibilidad de revertirlo en cualquier momento de la relación contractual, si es que desea volver a las tareas presenciales.

Se considera además el derecho a la desconexión digital, equivalente al tiempo de descanso, para que el trabajador no esté obligado a cumplir tareas por fuera de su jornada laboral.

El empleador deberá proveer los elementos de trabajo -software, hardware y otros-, y en caso de que el trabajador incurra en gastos extra, tendrá acceso a una compensación económica, que quedará exenta del pago del impuesto a las Ganancias.

Otro aspecto novedoso es la contemplación de las tareas de cuidado: los trabajadores que tengan a su cargo menores de 14 años, personas mayores o con discapacidad, podrán acordar horarios compatibles con esas tareas, y si el empleador incumple, será pasible de sanciones por acto discriminatorio.

El proyecto aprobado también incluye los derechos colectivos y la representación sindical; la higiene y seguridad laboral; el derecho a la intimidad y la privacidad del domicilio; y la creación de un registro de empresas que utilicen esta modalidad, en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

Una redacción de consenso

Al abrir el debate, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, explicó que el debate “se nos vino encima por la pandemia”, pero “ya existía y muchos diputados habían intentado que avance”.

Siley precisó que se unificaron 20 proyectos presentados este año y resaltó que “hay un interés social en que este tema se regule”, por lo cual se decidió escuchar a todos los sectores involucrados: empleadores, trabajadores y el Estado.

En ese sentido, recordó que pasaron por la comisión el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; las centrales sindicales; sindicatos telefónicos; la directora de Políticas de Cuidado, Lucía Cirmi Obón; cámaras empresarias; jueces del fuero laboral y especialistas.

“El trabajo que se realizó pondera mucho a la Cámara de Diputados”, consideró Siley, al explicar que se ponen en juego “intereses contrapuestos” y que lo que se busca con esta legislación es “proteger a la parte más débil de la relación laboral”.

Desde Juntos por el Cambio, Albor “Niky” Cantard opinó que “el hecho de que hayan transcurrido más de 12 años desde la presentación de los primeros proyectos valoriza el trabajo realizado para tratar de alcanzar los máximos consensos posibles”.

Para el radical, “esta modalidad contractual no solo ha venido para quedarse, sino que va a crecer, y mucho, en el futuro, producto de la avance de las tecnologías de la información y la comunicación”.

A su turno, el oficialista Hugo Yasky enfatizó que en todo el mundo “los trabajadores vamos a ser particularmente castigados por las consecuencias de esta pandemia”, y en ese sentido citó un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que alerta por la pérdida de “300 millones de puestos de trabajo”.

Por eso, el titular de la CTA de los Trabajadores consideró que “necesariamente debemos respaldar y fortalecer la posición de los trabajadores”, porque son “el sector más frágil, el más vulnerable”.

“Esta ley viene a saldar un vacío legal. Los tiempos de esta crisis, que necesariamente vamos a atravesar, va a requerir esforzarnos para este tipo de leyes”, agregó el legislador del Frente de Todos.

Por el mismo bloque, Patricia Mounier, dirigente sindical de SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Particulares) sostuvo que “este proyecto pone en valor las negociaciones colectivas de trabajo porque es una norma general que abarca a todo el mundo laboral, pero que después por actividades podremos trabajar más específicamente”.

Mounier valoró especialmente que “por primera vez en una normativa se tienen en cuenta las tareas de cuidado. Es un momento histórico para la lucha de las mujeres trabajadores y creo que ahí hacemos justicia”.

Una voz disonante fue la de Mónica Frade, integrante de la Coalición Cívica y abogada laboralista, quien advirtió que “estamos frente a una ley que va a ser usina de conflictos laborales”, y decidió abstenerse.

“No hay nada más perjudicial para un trabajador, también para un empleador, que tener que recurrir a la instancia judicial y esperar cinco años que un juez determine si tenía razón o no”, agregó.

La legisladora sostuvo que el proyecto “tiene en general contenidos de consenso”, pero a su vez presenta “serias divergencias”, ya que “no recoge muchas de las recomendaciones de todos los que nos han venido a informar” y “se olvida que hay un marco del cual no podemos corrernos, que es la Ley de Contrato de Trabajo”.

Por su lado, el dirigente de la UATRE Pablo Ansaloni destacó que los trabajadores “son el motor de la economía y por ende debemos primar que este proyecto lleve dignificación para cada uno de ellos”, y abogó por brindarles “las herramientas necesarias a los sindicatos” ya que se necesita “un gremialismo fuerte”.

Autor de un dictamen en minoría -con pocas diferencias respecto al de mayoría-, el bonaerense opinó que esta norma “será un antes y un después” y aclaró que no solo debe proteger a los empleados, sino también “a aquellos empleadores que siempre están dentro de la ley”.

Por el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño (PTS) cuestionó el artículo referido a la jornada laboral, al afirmar que “abre la puerta a la flexibilización”, que es “lo que quieren las patronales y a lo que hemos escuchado de las cámaras empresarias”. 

También consideró que “los derechos sindicales están planteados de manera insuficiente” y cuestionó que la ley vaya a entrar en vigencia 90 días después de finalizado el aislamiento porque “hoy se están dando los abusos”.

“Pedimos que empiece a regir inmediatamente”, solicitó Del Caño, y añadió que “no se puede retroceder un milímetro en los derechos de los trabajadores”.

Su colega Romina Del Plá (PO) subrayó que “en nombre de los avances tecnológicos no se pueden flexibilizar las conquistas laborales que están establecidas en los convenios colectivos de trabajo”.

La legisladora señaló que los aspectos positivos del proyecto, “pueden quedar barridos o arrasados por otros artículos que habilitan el tema de la precarización” y alertó que no esté “taxativamente” establecida “la prohibición del monotributo”, lo que resulta una “habilitación para el fraude laboral”.

El exsindicalista del peaje Facundo Moyano celebró que “después de 18 años estamos por sacar media sanción” a un proyecto sobre teletrabajo, en el cual se establecen “pautas mínimas, pero que significan derechos para que se respeten y sobre los cuales se puedan parar las convenciones colectivas”.

Ante las advertencias sobre una posible flexibilización, observó que también hay precarización en el trabajo presencial, y enfatizó que hay un tema en el cual “los diputados y, fundamentalmente los diputados del peronismo, no nos podemos seguir haciendo los distraídos”, en referencia a la informalidad.

“En Argentina hay un 40% de trabajo no registrado”, informó, y sostuvo que eso “es responsabilidad de la política y fundamentalmente del peronismo”, por lo que llamó a “discutir derechos para quienes no los tienen y más derechos para quienes los tienen”.

El proyecto sobre teletrabajo quedó listo para ser debatido en el recinto

La comisión que encabeza la diputada Vanesa Siley sacó dictamen de un proyecto consensuado. No obstante durante el debate se expresaron disidencias respecto de algunos artículos.

La Comisión de Legislación del Trabajo emitió dictamen este miércoles para el proyecto de ley de teletrabajo, con lo cual el tema quedó listo para ser tratado en la próxima sesión de la Cámara baja.

El dictamen tuvo el acompañamiento de prácticamente toda la comisión, con disidencias parciales de parte de los diputados de Juntos por el Cambio, en tanto que el diputado Pablo Ansaloni presentó un dictamen propio solo firmado por él.

El dictamen tuvo el acompañamiento de prácticamente toda la comisión, con disidencias parciales de parte de los diputados de Juntos por el Cambio, en tanto que el diputado Pablo Ansaloni presentó un dictamen propio solo firmado por él.

La presidenta de la comisión, Vanesa Siley, resaltó al inicio de la reunión de este miércoles que “hemos trabajado con un espíritu de diálogo social, con tres reuniones informativas”, a las que asistieron representantes de todos los sectores. Así las cosas, remarcó que “hemos confluido, no sin dificultades, disidencias, no sin diferentes opiniones, en un dictamen de consenso donde intentamos contener la mayor cantidad de intereses posibles en esta regulación”.

“Este dictamen de consenso parte de la base de considerar el teletrabajo como una modalidad laboral, y así la integramos al contrato de trabajo y delegamos las especificidades dentro de las convenciones colectivas de trabajo”, destacó Siley.

Por su parte, el diputado radical Albor Cantar, vicepresidente primero de la comisión, valoró el esfuerzo realizado para alcanzar “los máximos niveles de consenso”. En ese sentido resaltó el momento en el que finalmente se consiguió avanzar con este tema. “No es casualidad”, dijo, recordando que “llevamos 13 años desde los primeros proyectos que se presentaron en esta Cámara, y ahora llegamos a compatibilizar una veintena de proyectos”.

El legislador santafesino destacó que el proyecto tiene dos objetivos centrales: facilitar el acceso al trabajo, en momentos en que precisamente la desocupación acaba de llegar a los dos dígitos y –adelantó- será mucho peor cuando concluya la pandemia y el aislamiento social obligatorio, y por otro lado “garantizar un piso de derecho a los trabajadores”.

Con todo, Cantar planteó sus disidencias respecto del proyecto consensuado. Por ejemplo respecto del artículo 3° referido a derechos y obligaciones, donde se habla de la facultad de delegar en el Convenio Colectivo de Trabajo, puntualizó que “es una facultad y no una obligación. Entendemos que el término utilizar debería ser ‘podrán’ y no ‘deberán’”. Cuestionó además el tema de la “reversibilidad”, de la que habla la ley y cuyo último párrafo debería ser sacado, dijo.

Asimismo consideró que el proyecto debería haber contemplado “algún incentivo para esta modalidad para las pymes”, de modo tal de promoverla.

A su turno, el diputado Hugo Yasky resaltó que este proyecto establece “un piso derechos para que a partir de ahí y de acuerdo a las características de cada sector de trabajo y sus convenios, se puedan definir cuestiones relativas a cada sector”. Asimismo valoró “la voluntad convergente de todos los diputados intervinientes para lograr concretar esta ley”.

Desde la Coalición Cívica, Mónica Frade planteó fundamentalmente sus disidencias con un proyecto que la llevó a preguntarse “cuál es la razón o la urgencia” para tratar ese proyecto de manera tan acelerada, “teniendo en cuenta que muchas de las cosas que dijeron muchos de los que expusieron ante esta comisión deberían haber sido recogidas con más interés y cuidado. Y deberían haber sido recogidas con un poco de más atención”.

A la hora de plantear sus disidencias, objetó el artículo 5° que le prohíbe a los empleadores remitir comunicaciones a los trabajadores fuera de la jornada laboral. “Se tendría que haber puesto que el empleado no está obligado a responder, pero no se le puede impedir al empleador que organice su propia tarea para el día siguiente”, observó Frade.

También advirtió que el artículo 6° “va a desalentar profundamente la contratación de empleados” con esta modalidad. Sucede que el mismo menciona el caso de aquellos trabajadores que tengan a cargo personas menores de 13 años, o adultos mayores, y establece numerosas penalidades para el empleador que no contemple la disponibilidad en cuanto a horarios y hasta considera esas actitudes como “delitos”. Eso hará que esas personas sean descartadas por los empleadores, advirtió Mónica Frade, entre otras objeciones que planteó.

“A mí no me conforma sacar una ley, sino que lo que quiero es sacar la mejor ley, que va a ser la que fomente este tipo de contrataciones”, destacó la diputada de la CC, apelando a que “podamos afinar un poco más su redacción”.

Con esta diputada coincidió en varios puntos Facundo Moyano al intervenir en un debate que consideró “auspicioso” y que atribuyó a “la insistencia y persistencia, y el dinamismo que adquirió la comisión bajo la presidencia de Vanesa Siley”.

Moyano citó también el artículo 4° del proyecto, señalado que “es imposible evitar que el empleador, fuera del horario laboral, no pueda mandar un mensaje. Sí podríamos regular que el trabajador no deba estar obligado a responderlo. Yo directamente sacaría ese párrafo”.

Facundo Moyano también objetó el artículo 8°, y también el referente a la “reversibilidad” del consentimiento.

Qué dice el proyecto

En el proyecto que obtuvo dictamen se incorpora el artículo 102 bis a la Ley de Contrato de Trabajo para regular que “habrá contrato de Teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios” sea “efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.

Además, ese nuevo artículo señala que “las regulaciones específicas del Teletrabajo se establecerán para cada actividad mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos en esta ley”.

El proyecto indica que “las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración será la correspondiente al convenio colectivo de trabajo, no pudiendo ser inferior, en su caso, a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial”.

Asimismo, “la reglamentación de la ley y los convenios colectivos deberá prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo”.

En lo que respecta a la jornada laboral, ésta deberá “ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales vigentes, tanto en lo que respecta a lo convenido por hora como por objetivos”. En tanto, “las plataformas y/o software utilizados por el empleador” tendrán que “desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida, impidiendo la conexión fuera de la misma”.

En ese sentido se introduce el concepto de “derecho a la desconexión digital”, por el cual la persona que trabaja bajo esta modalidad “tendrá derecho a no ser contactada y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación, fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias” y “no podrá ser sancionada por hacer uso de este derecho”.

“El empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral”, enfatiza el texto.

Sobre la tarea de cuidados, quienes “acrediten tener a su cargo, de manera única o compartida, el cuidado de personas menores de 13 años, personas con discapacidad o adultas mayores que requieran asistencia específica, tendrán derecho a horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada”.

“Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se presumirá discriminatorio resultando aplicables las previsiones la Ley 23.592 -Actos Discriminatorios-“, agrega el articulado y establece que “mediante la negociación colectiva podrán establecerse pautas específicas para el ejercicio de este derecho”.

El proyecto indica que “el traslado de quien trabaja en una posición presencial a la modalidad de teletrabajo, salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditada, debe ser voluntario y prestado por escrito”.

En lo que respecta a la reversibilidad del consentimiento, el mismo podrá ser revocado por el trabajador “en cualquier momento de la relación”. “En tal caso, el empleador le deberá otorgar tareas en el establecimiento en el cual las hubiera prestado anteriormente, o en su defecto, en el más cercano al domicilio del dependiente, en el cual puedan ser prestadas. Salvo que por motivos fundados resulte imposible la satisfacción de tal deber”, se dispone.

Si el empleado se negare, “dará derecho a la persona que trabaja bajo esta modalidad a considerarse en situación de despido o accionar para el restablecimiento de las condiciones oportunamente modificadas”.

Pese a que desde el sector empresario pidieron que se tengan en cuenta las facultades de “organización y dirección del empleador”, la reversibilidad sólo se dará con la voluntad del empleado, aunque se aclara que “en los contratos que se pacte la modalidad de teletrabajo al inicio de la relación, el eventual cambio a la modalidad presencial operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.

La iniciativa establece que “el empleador debe proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, y asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación de las mismas, o la compensación por la utilización de herramientas propias de la persona que trabaja. La compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.

En tanto, el trabajador remoto “tendrá derecho a la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar” y “dicha compensación operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva, y quedará exenta del impuesto a las Ganancias”, un punto solicitado por la CGT.

La autoridad de aplicación de la ley -que entrará en vigencia 90 días después de que finalice el aislamiento obligatorio-, será el Ministerio de Trabajo, que dictará normas referidas a la seguridad e higiene; incorporará las nuevas enfermedades laborales por esta modalidad; tendrá a cargo la fiscalización.

Además, llevará un registro en el cual deberán estar anotadas “las empresas que desarrollen esta modalidad, acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual” y “esta información deberá ser remitida a la organización sindical pertinente”.

Sobre las “prestaciones transnacionales”, se aplicará “al contrato de trabajo respectivo la ley del lugar de ejecución de las tareas o la ley del domicilio del empleador, según sea más favorable para la persona que trabaja”.

“En caso de contratación de personas extranjeras no residentes en el país, se requerirá la autorización previa de la autoridad de aplicación. Los convenios colectivos, acorde a la realidad de cada actividad, deberán establecer un tope máximo para estas contrataciones”, señala el proyecto.

La iniciativa también abarca cuestiones referidas a la capacitación; la protección de la información laboral; el derecho a la intimidad; la representación digital; y el goce de todos los derechos colectivos.

Buscan emitir dictamen para el proyecto de ley para regular el teletrabajo

El texto, que busca consensuar las 17 iniciativas que se presentaron al respecto, avanzaría leste lunes en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados y podría llegar al recinto esta semana.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside la oficialista Vanesa Siley, buscará avanzar este lunes con el dictamen de un proyecto de ley para regular el teletrabajo, modalidad que se ha incrementado a raíz del aislamiento por la pandemia de Covid-19.

Tras el apoyo del Ministerio de Trabajo y los sindicatos, este lunes a las 11 está prevista una nueva reunión, de la que participarían representantes del sector empresario.

Desde un comienzo, la comisión tuvo la intención de arribar a un texto que refleje el consenso entre las 17 iniciativas que se presentaron al respecto. En ese sentido, se alcanzó un borrador de proyecto único, al cual accedió parlamentario.com.

Entre sus principales puntos, la iniciativa incorpora el artículo 102 bis a la Ley de Contrato de Trabajo para regular que “habrá contrato de Teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios” sea “efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.

Además, ese nuevo artículo señala que “las regulaciones específicas del Teletrabajo se establecerán para cada actividad mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos en esta ley”.

El proyecto indica que “las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración será la correspondiente al convenio colectivo de trabajo, no pudiendo ser inferior, en su caso, a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial”.

Asimismo, “la reglamentación de la ley y los convenios colectivos deberá prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo”.

En lo que respecta a la jornada, ésta “deberá ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales, tanto en lo que respecta a las tareas desarrolladas fuera de línea, como aquellas que se realizan en línea”.

La propuesta introduce el “derecho a la desconexión digital” por la cual el trabajador “tendrá derecho a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias”.

Otro de los beneficios es que, quienes trabajen bajo esta modalidad y “acrediten estar a cargo del cuidado de personas menores de 14 años, personas con discapacidad o adultos mayores dependientes, tendrán derecho a pautar horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada de acuerdo a lo que establezca el convenio colectivo aplicable”.

“Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se considerará discriminatoria aplicándose en su caso los regímenes legales de carácter antidiscriminatorios”, advierte el texto.

Sobre la decisión de cambiar de modalidad presencial a la de teletrabajo, el empleado deberá expresar su consentimiento voluntariamente y por escrito; mientras que ese consentimiento podrá ser revocado por la misma persona “en cualquier momento de la relación”.

Según el proyecto, el empleador deberá “proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, así asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación. Esta provisión operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.

También establece que “la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar la persona que trabaja bajo la modalidad laboral del teletrabajo operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva” y esas compensaciones quedarán exentas del impuesto a las Ganancias, un aspecto que pidieron los triunviros de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña.

La iniciativa deja en claro que “quienes se desempeñen en forma total o parcial bajo la modalidad de teletrabajo, gozarán de todos los derechos colectivos y serán considerados a los fines de la representación sindical como parte del conjunto de las personas que trabajan en forma presencial”.

Mediante el proyecto se dispone la creación de un registro, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, sobre “las empresas que desarrollen esta modalidad, acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual”. “Esta información tendrá carácter público y deberá ser remitida a la organización sindical pertinentes”, agrega uno de los artículos.

En la propuesta, además, se introducen regulaciones sobre la capacitación de los trabajadores; la higiene y seguridad laboral; el sistema de control y derecho a la intimidad; la protección a la información laboral; y las prestaciones transnacionales.

Los detalles del borrador del proyecto de ley para regular el teletrabajo

El texto, que busca consensuar las 17 iniciativas que se presentaron al respecto, avanzaría la semana próxima en la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados. Qué dice la propuesta.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, que preside la oficialista Vanesa Siley, buscará avanzar la semana que viene con el dictamen de un proyecto de ley para regular el teletrabajo, modalidad que se ha incrementado a raíz del aislamiento por la pandemia de Covid-19.

Tras el apoyo del Ministerio de Trabajo y los sindicatos, el lunes próximo, a las 11, está prevista una nueva reunión, de la que participarían representantes del sector empresario.

Desde un comienzo, la comisión tuvo la intención de arribar a un texto que refleje el consenso entre las 17 iniciativas que se presentaron al respecto. En ese sentido, se alcanzó un borrador de proyecto único, al cual accedió parlamentario.com.

Entre sus principales puntos, la iniciativa incorpora el artículo 102 bis a la Ley de Contrato de Trabajo para regular que “habrá contrato de Teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios” sea “efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.

Además, ese nuevo artículo señala que “las regulaciones específicas del Teletrabajo se establecerán para cada actividad mediante la negociación colectiva, respetando los principios de orden público establecidos en esta ley”.

Vanesa Siley, presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo.

El proyecto indica que “las personas que trabajen contratadas bajo esta modalidad, gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración será la correspondiente al convenio colectivo de trabajo, no pudiendo ser inferior, en su caso, a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial”.

Asimismo, “la reglamentación de la ley y los convenios colectivos deberá prever una combinación entre prestaciones presenciales y por teletrabajo”.
En lo que respecta a la jornada, ésta “deberá ser pactada previamente por escrito en el contrato de trabajo de conformidad con los límites legales y convencionales, tanto en lo que respecta a las tareas desarrolladas fuera de línea, como aquellas que se realizan en línea”.

La propuesta introduce el “derecho a la desconexión digital” por la cual el trabajador “tendrá derecho a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos digitales y/o tecnologías de la información y comunicación fuera de su jornada laboral y durante los períodos de licencias”.

Otro de los beneficios es que, quienes trabajen bajo esta modalidad y “acrediten estar a cargo del cuidado de personas menores de 14 años, personas con discapacidad o adultos mayores dependientes, tendrán derecho a pautar horarios compatibles con las tareas de cuidado a su cargo y/o a interrumpir la jornada de acuerdo a lo que establezca el convenio colectivo aplicable”.

“Cualquier acto, conducta, decisión, represalia u obstaculización proveniente del empleador que lesione estos derechos se considerará discriminatoria aplicándose en su caso los regímenes legales de carácter antidiscriminatorios”, advierte el texto.

Sobre la decisión de cambiar de modalidad presencial a la de teletrabajo, el empleado deberá expresar su consentimiento voluntariamente y por escrito; mientras que ese consentimiento podrá ser revocado por la misma persona “en cualquier momento de la relación”.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, consideró que “es una regulación necesaria”.

Según el proyecto, el empleador deberá “proporcionar el equipamiento -hardware y software-, las herramientas de trabajo y el soporte necesario para el desempeño de las tareas, así asumir los costos de instalación, mantenimiento y reparación. Esta provisión operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva”.

También establece que “la compensación por los mayores gastos en conectividad y/o consumo de servicios que deba afrontar la persona que trabaja bajo la modalidad laboral del teletrabajo operará conforme las pautas que se establezcan en la negociación colectiva” y esas compensaciones quedarán exentas del impuesto a las Ganancias, un aspecto que pidieron los triunviros de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña.

La iniciativa deja en claro que “quienes se desempeñen en forma total o parcial bajo la modalidad de teletrabajo, gozarán de todos los derechos colectivos y serán considerados a los fines de la representación sindical como parte del conjunto de las personas que trabajan en forma presencial”.

Mediante el proyecto se dispone la creación de un registro, bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, sobre “las empresas que desarrollen esta modalidad, acreditando el software o plataforma a utilizar y la nómina de las personas que desarrollan estas tareas, las que deberán informarse ante cada alta producida o de manera mensual”. “Esta información tendrá carácter público y deberá ser remitida a la organización sindical pertinentes”, agrega uno de los artículos.

En la propuesta, además, se introducen regulaciones sobre la capacitación de los trabajadores; la higiene y seguridad laboral; el sistema de control y derecho a la intimidad; la protección a la información laboral; y las prestaciones transnacionales.

Respaldo del ministro Moroni a los proyectos para regular el teletrabajo

“Es una regulación necesaria”, sostuvo el titular de la cartera de Trabajo ante la comisión de la Cámara de Diputados que analiza el tema.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, dio un fuerte respaldo este miércoles a los proyectos de ley sobre teletrabajo, al sostener que “es una regulación necesaria”, a la vez que aclaró que “el teletrabajo no es un estatuto independiente, sino un modo de prestación del contrato de trabajo”.

“Hace tiempo se venía planteando la regulación de este modo de prestación laboral, pero parece que el virus nos chocó de frente. Pensamos que teníamos más tiempo de pensarlo con más tranquilidad, pero (el teletrabajo) es algo que ya está pasando por imperio de la realidad”, reconoció Moroni.

El funcionario expuso brevemente ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, presidida por Vanesa Siley (Frente de Todos), que avanza hacia un proyecto unificado entre 17 iniciativas de diferentes bloques.

Moroni admitió que esta modalidad “siempre generó suspicacias pensando no solo en las condiciones de prestación del servicio, sino también en la pérdida del vínculo con el grupo”.

“Uno de los temores es la figura del trabajador individual alejado de su grupo de trabajo”, advirtió, aunque destacó que “en los proyectos eso está abordado”.

El ministro explicó que “el teletrabajo no es un estatuto independiente, sino un modo de prestación del contrato de trabajo”. “No estamos creando una categoría distinta de trabajadores”, aclaró en ese sentido.

A su vez, resaltó el “altísimo nivel de coincidencias en cuanto a los puntos a regular” en las diferentes iniciativas.

Entre ellos, mencionó el principio de igualdad; el carácter voluntario del teletrabajo -es decir, “que no puede ser impuesto y requiere asentimiento del trabajador”-; y el principio de indemnidad, para que los gastos no recaigan en el trabajador.

También mencionó la importancia de la protección de datos personales, así como la protección del domicilio, el derecho a desconexión digital -“que en definitiva es el derecho al tiempo de descanso”, dijo-, y la contemplación de las tareas de cuidado de menores o adultos mayores.

Asimismo, destacó el derecho colectivo a la asociación sindical y aseguró que “toda esta figura contractual debe terminar su habilitación como tal en los convenios colectivos”, donde se acordará la regulación específica para cada sector.

Moroni señaló que “previo a la pandemia, el teletrabajo -salvo en algunos casos puntuales- era  prácticamente marginal, no tenía presencia relevante en el mercado de trabajo, y en general no era un tema que generara conflictos”.

Ante una consulta del diputado Mario Arce (UCR), el funcionario advirtió que el número actual de trabajadores que tuvieron que volcarse a esta modalidad no es un parámetro de medición a futuro, ya que “una vez pasada la pandemia no se va a repetir ese porcentaje”.

En ese sentido, mencionó el caso de los docentes, que actualmente dan clases virtuales pero volverán a las aulas cuando se reabran las escuelas.

A futuro, según Moroni, “es muy difícil que tengamos porcentajes similares a países que tenían esta modalidad antes de la pandemia”.

Por otra parte, el ministro dijo que “se está trabajando con el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) para ver la conectividad en las distintas regiones”.

En cuanto a la fiscalización del teletrabajo, apuntó que se deberán “pensar algunos mecanismos a distancia” y agregó que “no tiene mucha lógica fiscalizar en el domicilio del trabajador”.

Por último, aseguró que el Ministerio no impulsará esta modalidad, sino que el objetivo es impulsar el empleo formal. “Nosotros no vamos a incentivar determinados modos de contrataciones, sino fomentar el empleo”, concluyó.

La CGT, las dos CTA y sindicatos apoyaron el proyecto de teletrabajo en Diputados

Comenzó el debate en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se busca consensuar un proyecto único. Este miércoles expondrá el ministro Moroni.

El proyecto para regular el teletrabajo, una modalidad que se multiplicó en el contexto de la pandemia, comenzó a ser debatido este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde recibió el visto bueno de las centrales sindicales y gremios de las telecomunicaciones e informática.

La comisión presidida por Vanesa Siley (Frente de Todos) dio el puntapié inicial para aprobar una iniciativa consensuada entre todos los bloques, en una reunión informativa donde la CGT, las dos CTA y varios sindicatos plantearon su postura.

Este martes será el turno del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y del titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera, quienes se sumarán al debate en una nueva reunión virtual.

Al inicio de la reunión, Siley –que además es titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales- recordó que el primer proyecto sobre el tema fue presentado en el año 2007 por el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada. “Luego hubo varios proyectos a lo largo de la historia que nunca han prosperado”, repasó.

Según la diputada, en lo que va del año y en el marco del aislamiento social obligatorio, donde muchos trabajadores se volcaron al trabajo remoto, se presentaron 17 proyectos de ley, entre los cuales “hay una coincidencia del 90% en los institutos a regular”.

En ese sentido, la oficialista explicó que se buscarán establecer “presupuestos legales mínimos” que funcionen como un “piso de derechos”, para luego “delegar en las convenciones colectivas de trabajo las especificidades de cada sector”.

El vicepresidente de la comisión, Albor Cantard (UCR) destacó el nivel de consenso alcanzado y aclaró que el teletrabajo es “una modalidad” y no una nueva actividad, donde además “debe primar la voluntad de las partes”.

Los puntos centrales

El diputado Walter Correa, secretario general de la Federación del Cuero (FATICA) y del Sindicato de Obreros Curtidores, explicó los aspectos principales del proyecto y remarcó que “esto es un piso que aplica a los convenios colectivos”. “Lo que no es escribe acá, va a los convenios, y por ende, a las paritarias”, enfatizó.

Correa indicó que se busca delimitar la jornada laboral; garantizar el derecho a la desconexión digital; contemplar las tareas de cuidado de menores o adultos mayores; y establecer que los elementos de trabajo sean provistos por la patronal -caso contrario, habría una compensación económica para el trabajador-.

El proyecto consensuado también establece que el trabajador pueda prestarse de manera voluntaria al teletrabajo, y con el mismo criterio retomar sus tareas habituales in situ, señaló Correa.

El legislador agregó que las empresas tercerizadas serán solidariamente responsables con las obligaciones laborales; y que el trabajador deberá gozar de igualdad de derechos sindicales.

La salud, la higiene y la seguridad en el trabajo serán otros de los aspectos contemplados en la futura ley, además del derecho a la intimidad y la privacidad del trabajador. Asimismo, se buscará “salvaguardar las fuentes de trabajo” cuando se trate de empleados no residentes en el país.

La posición de las centrales sindicales

Héctor Daer y Carlos Acuña, secretarios generales de la CGT, reconocieron que “esperaban otro momento” para emprender la discusión, aunque se mostraron de acuerdo, en líneas generales, con el proyecto unificado.

Entre otras cosas, los cegetistas propusieron que no haya un plazo determinado para que los convenios colectivos puedan adaptarse a la ley; y consideraron que la compensación de gastos por parte del empleador debe ser deducida del impuesto a las Ganancias.

Desde la CTA de los Trabajadores, que dirige Hugo Yasky, también hubo un respaldo, aunque el secretario gremial, Claudio Marín, advirtió sobre el riesgo de que con esta modalidad aumente el trabajo no registrado, que en nuestro país alcanza el 40%.

Por parte de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró propuso que “el consentimiento solo pueda establecerse en forma colectiva y no individual”, y en ese sentido sugirió “que el teletrabajo solo pueda ser utilizado previa habilitación en la negociación colectiva”.

Julio Acosta, secretario Interior de la CTA Autónoma, contó la experiencia en el sector de los trabajadores de la electricidad. Remarcó que “cualquier reglamentación se debe hacer para proteger los derechos vigentes de los trabajadores”, y alertó conque el teletrabajo “viene a uberizar y precarizar el trabajo de las y los jóvenes.

“La crisis puede ser una oportunidad para el sector empresarial para maximizar ganancias o una oportunidad para los trabajadores para avanzar en la progresividad de sus derechos”, explicó.

La opinión de los gremios

Numerosos dirigentes sindicales de los sectores de la informática y las telecomunicaciones expusieron en la reunión virtual y apoyaron, en su mayoría, la regulación del teletrabajo, aunque algunos hicieron observaciones.

Horacio Arreceygor, de SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos) reveló que en su caso recibieron “una cantidad espeluznante de denuncias de trabajadores por la cantidad de horas” trabajadas con esta modalidad.

También señaló que “va a haber que trabajar mucho la penalidad para cuando las empresas incumplan” la ley, algo que consideró como un punto flojo del proyecto.

Por su parte, Osvaldo Iadarola, del Sindicato de las Telecomunicaciones (FOETRA) consideró que “no es una oportunidad, sino una necesidad” la de legislar sobre este tema, y en ese sentido marcó la intención de pasar “de un convenio analógico a uno digital”.

Desde la Unión Informática, Ignacio Lonzieme dijo que según relevamientos de su sector, hay “una sobrecarga de tareas, por eso es muy importante que cada actividad tenga su articulado respecto de esta modalidad”.

En cuanto al derecho a la desconexión laboral, sugirió la posibilidad de que el trabajador se ponga a entera disposición del empleador –lo que definió como “guardia pasiva”-, aunque aclaró que en ese caso debe haber una compensación económica, como si se tratara de horas extra.

Fabián Boccella, de la Unión Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET) consideró que “el teletrabajo es una modalidad, no es un beneficio,  y debe ser voluntario; y para que sea decente y seguro, debe ser regulado” para que no se produzca “una relación freelance que solo hace a la precarización laboral”.

En nombre de la ATACC (Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos), Walter Franzone informó que según un sondeo interno, “casi el 64% de los trabajadores” del sector están “satisfechos” o “algo satisfechos” con el teletrabajo.

“Hay que darle al sindicato la potestad de contralor de las empresas, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, porque sabemos que algunos empresarios siempre buscan un resquicio para ir por un lado u otro”, dijo Franzone, y agregó que en su sector se está analizando implementar la figura del “teledelegado”.

En tanto, Carlos Minucci, de APSEE (Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía) fue uno de los más críticos y opinó que el teletrabajo “debe estar acordado con el gremio; no lo pueden arreglar la empresa y el trabajador”.

“No se puede ejercer el teletrabajo si un trabajador no sabe cuáles son sus funciones y responsabilidades y si el gremio no acordó. Esto apunta a perder la relación sindical con los trabajadores. Hoy en nuestras propias oficinas sufrimos aprietes de los jefes; imagínense a los dirigentes sindicales yendo a la casa de cada uno para ver que no los apreten y para ver si tienen todo”, advirtió Minucci.

La CGT dijo que “esperaba otro momento” para debatir el teletrabajo, pero avaló el proyecto

Héctor Daer y Carlos Acuña consideraron que el tema debería discutirse post-pandemia, pero se mostraron de acuerdo con el proyecto e hicieron aportes. La opinión de las dos CTA.

Héctor Daer y Carlos Acuña, secretarios generales de la CGT, reconocieron este martes que “esperaban otro momento” para discutir sobre la regulación del teletrabajo, aunque se mostraron de acuerdo con el proyecto unificado que se empezó a tratar en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

Estábamos esperando otro momento, post-pandemia, para el tratamiento de este tema, que viene desde hace muchos años, pero la pandemia ha acelerado todos los procesos”, observó Daer al exponer en la comisión que preside Vanesa Siley (Frente de Todos).

De todos modos, el cegetista expresó que tienen “una mirada correcta” respecto de la iniciativa, más allá de “algunos matices”, y aclaró que el teletrabajo “es una modalidad laboral y no una actividad laboral”.

Al referirse a los detalles, destacó la decisión de no fijar un plazo para articular la ley con los convenios colectivos de trabajo, dado que originalmente se establecía un período de 180 días.

“Si persiste esta situación y no tenés fuerza sindical, es muy difícil discutir en el marco de un convenio colectivo. Que no existan plazos abre una negociación que es libre para las partes”, consideró.

Respecto a la compensación de gastos, Daer sostuvo que debe ser excluida del cálculo de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias.

“Si bien creemos que la oportunidad del debate tendría que ser a posteriori, creemos también que los consensos que se generaron en la comisión ameritan que esto avance”, admitió el secretario general de la CGT.

Acuña coincidió en ese aspecto, al indicar que el teletrabajo es “algo que tenemos funcionando y que había que reconocerlo y ordenarlo” más allá del momento de la discusión.

La opinión de las dos CTA

En nombre de la CTA de los Trabajadores, el diputado Hugo Yasky (Frente de Todos) consideró que “estamos en condiciones de llegar a un acuerdo que nos permita tener un amplio consenso en torno a este tema”.

“El movimiento sindical en Argentina tiene una larga tradición de haber logrado siempre sobreponerse a los intentos que hubo en distintos momentos de achicar, soslayar, relativizar la representación del sindicato en los lugares de trabajo, y ahora que viene el teletrabajo, hay que garantizar esa presencia del sindicato, de lo colectivo”, subrayó, y agregó: “En momentos como este necesitamos más que nunca la unidad sindical”.

Claudio Marín, secretario gremial de la CTA de Yasky, advirtió que “todas las iniciativas que aparecen como formas organizacionales del trabajo muchas veces terminan siendo mal utilizadas”, en un país donde “más del 40% del trabajo es no registrado”.

Para Marín, esto “puede llegar a terminar en una situación trágica: que aumente la cantidad de trabajadores no registrados o encuadrados en convenios colectivos que no corresponden”. Por eso, dijo que “el punto central es la registración” del trabajador, acompañada de su participación sindical.

Sobre el derecho a la desconexión laboral, comentó que “los gerentes están llamando a la casa de los compañeros los días sábados, domingos, a cualquier hora. No se respetan las jornadas, y esto genera no solo un estrés sino un aumento de la carga de trabajo. Es un problema psicológico individual, pero también una extracción mayor de plusvalía”.

Según el secretario gremial de la CTA, “el piso establecido en la ley tiene que ser lo suficientemente alto para que en ningún convenio exista una condición desigual”.

También consideró que “la conectividad tiene que estar a cargo del empleador” y apuntó a la posibilidad de que puedan implementarse regímenes mixtos donde el empleado pueda ejercer su tarea algunos días de la semana en su lugar de trabajo, y otros desde su domicilio.

Por parte de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró opinó que “deberían incluirse disposiciones específicas que tiendan a fortalecer la negociación colectiva, es decir, establecer que el teletrabajo solo puede ser utilizado previa habilitación en la negociación colectiva”.

Además, propuso que “el consentimiento solo pueda establecerse forma colectiva y no individual”, dado que “lo voluntario en las relaciones laborales por lo general es decisión de los empleadores”.

“El teletrabajo potencia el proceso de individualización de las relaciones laborales y dificulta instancias de organización y reclamo colectivo”, alertó.

Peidró apuntó también que los trabajadores que utilicen esta modalidad deberán estar encuadrados en el convenio aplicable a la actividad principal de la empresa en la que prestan servicio; y que “deberán tener derecho como mínimo a los mismos derechos previstos en la legislación general y en los convenios colectivos”.

Entre los aspectos que deberían regularse, mencionó el límite de la jornada laboral, la cobertura de gastos, el derecho a la privacidad y a la desconexión, además de incorporar beneficios para las mujeres, a fin de “no acentuar las desigualdades” que existen respecto de los hombres.

Diputados arranca el debate sobre el teletrabajo

Es un tema en carpeta desde hace años, que finalmente fue impuesto por la realidad y comenzará a analizarse en la Comisión de Legislación del Trabajo con reuniones informativas que arrancarán con las centrales sindicales.

En abril del año 2010, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anticipó a través de su ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que enviaría al Congreso un proyecto que buscaría regular el trabajo a distancia. El anuncio lo hizo entonces el funcionario en el marco de un taller denominado “Teletrabajo y nuevos contenidos para la negociación colectiva”. El ministro volvió a hablar del tema meses después, pero el proyecto nunca se presentó.

Nadie pensaba entonces que una década más tarde las circunstancias impondrían esa modalidad per sé. Y hoy hay proyectos del oficialismo y la oposición sobre el tema, que comenzará a analizarse en la Cámara de Diputados a partir de esta semana.

De esas reuniones en las que arrancará el debate de la regulación del teletrabajo participarán las centrales sindicales CGT y las dos CTA. Serán reuniones informativas que organizará la Comisión de Legislación del Trabajo, que conduce la oficialista Vanesa Siley, a partir de este martes a las 15.
En la actualidad, hay ingresados 14 proyectos en la Cámara baja, en su gran mayoría de autoría del Frente de Todos: de Walter Correa, Claudia Ormachea, Hugo Yasky, Facundo Moyano, Blanca Osuna, Eduardo Fernández, Silvana Ginocchio, Darío Martinez, Ayelén Sposito y Graciela Caselles e iniciativas de la oposición, de Maximiliano Ferraro, Natalia Villa, Álvaro De Lamadrid, María Piccolomini, Luis Petri y Dolores Martínez.

Se busca regular el teletrabajo -o trabajo a distancia-, como una modalidad especial de prestación de servicios caracterizado por la utilización de tecnologías de la información, nuevas herramientas de comunicación, telecomunicaciones, entre otros mecanismos, en todo el ámbito de las instituciones públicas y privadas.
Así es que este martes a las 15, de manera telemática, en una reunión informativa, los legisladores de la comisión escucharán las opiniones de representantes de entidades sindicales como la Confederación del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentinos–CTA de los Trabajadores (CTA T), la Central de Trabajadores Argentinos Autónoma–CTA Autónoma (CTA A), Asociación Gremial de Computación – Trabajadores Informáticos (AGC), Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos, Gestión de Procesos y Teletrabajo (ATACC); Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones “Sindicato de los Profesionales de las Telecomunicaciones” (CePETel); Federación de Obreros y Empleados de Telecomunicaciones de la República Argentina (FOETRA); Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos. (SATSAID); Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de de las Telecomunicaciones de La Plata (SOEESIT); UNIÓN INFORMÁTICA; y la Unión del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET).

Posteriormente, este miércoles habrá una reunión informativa con el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Claudio Moroni.

La comisión conducida por Siley ya comenzó hace algunas semanas con reuniones de asesores para articular los proyectos en torno a temas centrales. Según se informó, se están buscando los consensos para un posible dictamen unificado, el objetivo es establecer presupuestos legales mínimos de regulación y dejar las cuestiones específicas en manos de las Convenciones Colectivas de Trabajo. La jornada laboral, el derecho a la desconexión digital, el consentimiento por escrito, equipamiento, compensación de gastos, derecho a la intimidad,
seguridad e higiene, entre otros, son los institutos principales que comparten los proyectos ingresados.
“La más reciente crisis de salud mundial evidenció no solo la posibilidad, sino también la necesidad, del trabajo a distancia”, señaló de Lamadrid. Y agregó: “Estamos convencidos de que el teletrabajo nos permitirá contar con una herramienta legal que va a mejorar la calidad y generación de empleo, su eficiencia, dinamismo, flexibilidad virtuosa, mejora del medio ambiente, mayor aprovechamiento del tiempo y una mejor forma de conciliar la vida personal y laboral de las personas”, señaló Alvaro de Lamadrid, autor de uno de los proyectos.

“Proponemos que los teletrabajadores/as gocen de todos los derechos y obligaciones consagradas en la ley 20.744 de Contrato de Trabajo y en sus respectivos Convenios Colectivos para los trabajadores/as en relación de dependencia. Y el cumplimiento de la prestación a través de la forma del teletrabajo, garantizara los mismo derechos y obligaciones que los trabajadores/as que cumplan su prestación en el establecimiento de la empresa en la misma categoría laboral.”, explicó por su parte Luis Petri.

Dolores Martínez afirmó que “ante la ausencia de un marco regulatorio específico para la modalidad, nos proponemos consagrar la igualdad de trato en cuanto a derechos y obligaciones respecto de las demás personas en relación de dependencia que realizan su actividad laboral en el establecimiento de la parte empleadora de modo ´tradicional´. Particularmente debemos considerar esto en términos de Remuneración, capacitación, formación, acceso a mejores oportunidades de trabajo, representación sindical y otros derechos laborales consagrados”.

“El trabajo remoto o teletrabajo no debe afectar de ninguna manera la naturaleza del vínculo laboral, la categoría, remuneración pactada originariamente y demás condiciones laborales, salvo aquellas vinculadas a la asistencia al centro o lugar de trabajo”, señala el legislador en su proyecto de ley”, agregó de Lamadrid.

“Es fundamental que se resguarden los derechos y obligaciones de los empleados/as y empleadores/as y se establezcan las obligaciones de ambas partes, sin pasar por alto aquellos ya establecidos por la Ley de Contrato de Trabajo”, amplió Petri.

Diputados se prepara para iniciar el debate sobre el teletrabajo

Es un tema en carpeta desde hace años, que finalmente fue impuesto por la realidad y comenzará a analizarse en la Comisión de Legislación del Trabajo con reuniones informativas que arrancarán con las centrales sindicales.

En abril del año 2010, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anticipó a través de su ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que enviaría al Congreso un proyecto que buscaría regular el trabajo a distancia. El anuncio lo hizo entonces el funcionario en el marco de un taller denominado “Teletrabajo y nuevos contenidos para la negociación colectiva”. El ministro volvió a hablar del tema meses después, pero el proyecto nunca se presentó.

Nadie pensaba entonces que una década más tarde las circunstancias impondrían esa modalidad per sé. Y hoy hay proyectos del oficialismo y la oposición sobre el tema, que comenzará a analizarse en la Cámara de Diputados a partir de la semana que viene.

De esas reuniones en las que arrancará el debate de la regulación del teletrabajo participarán las centrales sindicales CGT y las dos CTA. Serán reuniones informativas que organizará la Comisión de Legislación del Trabajo, que conduce la oficialista Vanesa Siley, a partir del martes de la semana que viene a las 15.

En la actualidad, hay ingresados 14 proyectos en la Cámara baja, en su gran mayoría de autoría del Frente de Todos: de Walter Correa, Claudia Ormachea, Hugo Yasky, Facundo Moyano, Blanca Osuna, Eduardo Fernández, Silvana Ginocchio, Darío Martinez, Ayelén Sposito y Graciela Caselles y cuatro iniciativas de la oposición, de Maximiliano Ferraro, Natalia Villa, Álvaro De Lamadrid y María Piccolomini.

Así es que el 16 de junio a las 15, de manera telemática, los diputados recibirán a la CGT y CTA  y a sindicatos del sector informático y telefónico para inaugurar el primer encuentro de una serie de reuniones informativas.

La comisión conducida por Siley ya comenzó hace algunas semanas con reuniones de asesores para articular los proyectos en torno a temas centrales. Según se informó, se están buscando los consensos para un posible dictamen unificado, el objetivo es establecer presupuestos legales mínimos de regulación y dejar las cuestiones específicas en manos de las Convenciones Colectivas de Trabajo. La jornada laboral, el derecho a la desconexión digital, el consentimiento por escrito, equipamiento, compensación de gastos, derecho a la intimidad, seguridad e higiene, entre otros, son los institutos principales que comparten los proyectos ingresados.

Otros convocados

Las reuniones informativas contarán también con representantes de la Asociación Gremial de Computación – Trabajadores Informáticos (AGC), Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos, Gestión de Procesos y Teletrabajo (ATACC), el Centro de Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones “Sindicato de los Profesionales de las Telecomunicaciones (CePETel), Federación de Obreros y Empleados de Telecomunicaciones de la República Argentina (FOETRA), Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID), Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de La Plata (SOEESIT), la Unión Informática y la Unión del Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET).