Comenzó el debate en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se busca consensuar un proyecto único. Este miércoles expondrá el ministro Moroni.
El proyecto para regular el teletrabajo, una modalidad que se multiplicó en el contexto de la pandemia, comenzó a ser debatido este martes en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde recibió el visto bueno de las centrales sindicales y gremios de las telecomunicaciones e informática.
La comisión presidida por Vanesa Siley (Frente de Todos) dio el puntapié inicial para aprobar una iniciativa consensuada entre todos los bloques, en una reunión informativa donde la CGT, las dos CTA y varios sindicatos plantearon su postura.
Este martes será el turno del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y del titular de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, Daniel Lovera, quienes se sumarán al debate en una nueva reunión virtual.
Al inicio de la reunión, Siley –que además es titular de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales- recordó que el primer proyecto sobre el tema fue presentado en el año 2007 por el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada. “Luego hubo varios proyectos a lo largo de la historia que nunca han prosperado”, repasó.
Según la diputada, en lo que va del año y en el marco del aislamiento social obligatorio, donde muchos trabajadores se volcaron al trabajo remoto, se presentaron 17 proyectos de ley, entre los cuales “hay una coincidencia del 90% en los institutos a regular”.
En ese sentido, la oficialista explicó que se buscarán establecer “presupuestos legales mínimos” que funcionen como un “piso de derechos”, para luego “delegar en las convenciones colectivas de trabajo las especificidades de cada sector”.
El vicepresidente de la comisión, Albor Cantard (UCR) destacó el nivel de consenso alcanzado y aclaró que el teletrabajo es “una modalidad” y no una nueva actividad, donde además “debe primar la voluntad de las partes”.
El diputado Walter Correa, secretario general de la Federación del Cuero (FATICA) y del Sindicato de Obreros Curtidores, explicó los aspectos principales del proyecto y remarcó que “esto es un piso que aplica a los convenios colectivos”. “Lo que no es escribe acá, va a los convenios, y por ende, a las paritarias”, enfatizó.
Correa indicó que se busca delimitar la jornada laboral; garantizar el derecho a la desconexión digital; contemplar las tareas de cuidado de menores o adultos mayores; y establecer que los elementos de trabajo sean provistos por la patronal -caso contrario, habría una compensación económica para el trabajador-.
El proyecto consensuado también establece que el trabajador pueda prestarse de manera voluntaria al teletrabajo, y con el mismo criterio retomar sus tareas habituales in situ, señaló Correa.
El legislador agregó que las empresas tercerizadas serán solidariamente responsables con las obligaciones laborales; y que el trabajador deberá gozar de igualdad de derechos sindicales.
La salud, la higiene y la seguridad en el trabajo serán otros de los aspectos contemplados en la futura ley, además del derecho a la intimidad y la privacidad del trabajador. Asimismo, se buscará “salvaguardar las fuentes de trabajo” cuando se trate de empleados no residentes en el país.
Héctor Daer y Carlos Acuña, secretarios generales de la CGT, reconocieron que “esperaban otro momento” para emprender la discusión, aunque se mostraron de acuerdo, en líneas generales, con el proyecto unificado.
Entre otras cosas, los cegetistas propusieron que no haya un plazo determinado para que los convenios colectivos puedan adaptarse a la ley; y consideraron que la compensación de gastos por parte del empleador debe ser deducida del impuesto a las Ganancias.
Desde la CTA de los Trabajadores, que dirige Hugo Yasky, también hubo un respaldo, aunque el secretario gremial, Claudio Marín, advirtió sobre el riesgo de que con esta modalidad aumente el trabajo no registrado, que en nuestro país alcanza el 40%.
Por parte de la CTA Autónoma, Ricardo Peidró propuso que “el consentimiento solo pueda establecerse en forma colectiva y no individual”, y en ese sentido sugirió “que el teletrabajo solo pueda ser utilizado previa habilitación en la negociación colectiva”.
Julio Acosta, secretario Interior de la CTA Autónoma, contó la experiencia en el sector de los trabajadores de la electricidad. Remarcó que “cualquier reglamentación se debe hacer para proteger los derechos vigentes de los trabajadores”, y alertó conque el teletrabajo “viene a uberizar y precarizar el trabajo de las y los jóvenes.
“La crisis puede ser una oportunidad para el sector empresarial para maximizar ganancias o una oportunidad para los trabajadores para avanzar en la progresividad de sus derechos”, explicó.
Numerosos dirigentes sindicales de los sectores de la informática y las telecomunicaciones expusieron en la reunión virtual y apoyaron, en su mayoría, la regulación del teletrabajo, aunque algunos hicieron observaciones.
Horacio Arreceygor, de SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos) reveló que en su caso recibieron “una cantidad espeluznante de denuncias de trabajadores por la cantidad de horas” trabajadas con esta modalidad.
También señaló que “va a haber que trabajar mucho la penalidad para cuando las empresas incumplan” la ley, algo que consideró como un punto flojo del proyecto.
Por su parte, Osvaldo Iadarola, del Sindicato de las Telecomunicaciones (FOETRA) consideró que “no es una oportunidad, sino una necesidad” la de legislar sobre este tema, y en ese sentido marcó la intención de pasar “de un convenio analógico a uno digital”.
Desde la Unión Informática, Ignacio Lonzieme dijo que según relevamientos de su sector, hay “una sobrecarga de tareas, por eso es muy importante que cada actividad tenga su articulado respecto de esta modalidad”.
En cuanto al derecho a la desconexión laboral, sugirió la posibilidad de que el trabajador se ponga a entera disposición del empleador –lo que definió como “guardia pasiva”-, aunque aclaró que en ese caso debe haber una compensación económica, como si se tratara de horas extra.
Fabián Boccella, de la Unión Personal Jerárquico de Empresas de Telecomunicaciones (UPJET) consideró que “el teletrabajo es una modalidad, no es un beneficio, y debe ser voluntario; y para que sea decente y seguro, debe ser regulado” para que no se produzca “una relación freelance que solo hace a la precarización laboral”.
En nombre de la ATACC (Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contactos), Walter Franzone informó que según un sondeo interno, “casi el 64% de los trabajadores” del sector están “satisfechos” o “algo satisfechos” con el teletrabajo.
“Hay que darle al sindicato la potestad de contralor de las empresas, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, porque sabemos que algunos empresarios siempre buscan un resquicio para ir por un lado u otro”, dijo Franzone, y agregó que en su sector se está analizando implementar la figura del “teledelegado”.
En tanto, Carlos Minucci, de APSEE (Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía) fue uno de los más críticos y opinó que el teletrabajo “debe estar acordado con el gremio; no lo pueden arreglar la empresa y el trabajador”.
“No se puede ejercer el teletrabajo si un trabajador no sabe cuáles son sus funciones y responsabilidades y si el gremio no acordó. Esto apunta a perder la relación sindical con los trabajadores. Hoy en nuestras propias oficinas sufrimos aprietes de los jefes; imagínense a los dirigentes sindicales yendo a la casa de cada uno para ver que no los apreten y para ver si tienen todo”, advirtió Minucci.
