A través del decreto 467/2026, el Poder Ejecutivo modificó los regímenes vigentes para la selección de magistrados y funcionarios del Ministerio Público. La medida apunta a acelerar la cobertura de vacantes judiciales, eliminar duplicaciones administrativas y concentrar el control en el Senado.
Maximiliano Ferraro y Mónica Frade solicitaron a la Justicia que se lo investigue por ese delito y, además, en caso de declararlo culpable, se lo inhabilite para ejercer cargos públicos.
Todos los espacios que integran Unión por la Patria estuvieron representados en la conferencia de prensa realizada en el Senado. Hubo críticas a la Corte Suprema, Javier Milei y Mauricio Macri. Los detalles del documento.
Un informe institucional presentado en la Facultad de Derecho concluyó que la expresidenta cumple su detención bajo condiciones más severas que las aplicadas a condenados por delitos graves. Los expositores hablaron de arbitrariedad y acusaron una intencionalidad política.
El ministro de Justicia aseguró que “el Senado habilitó al Presidente, pero no lo obligó” tras la aprobación del pliego de la candidata Verónica Michelli que el mandatario buscó vetar por tratarse de una familiar de un periodista de La Nación y planteó que Javier Milei “no tiene por qué fundamentar su decisión”.
En una carta enviada al procurador General, los legisladores hicieron referencia a la falta de recursos que tendría la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia para seguir adelante con la causa que involucra al presidente Milei.
El Colegio Público de la Abogacía porteño y las agrupaciones institucionalistas advirtieron que la actitud del Ejecutivo “no hacen más que profundizar el deterioro institucional de nuestro país” porque “dilatan el llenado de vacantes judiciales”. Al respecto, remarcaron que es decisión del Senado aceptar o retirar el pliego.
Infancia en Deuda presentó un amicus curiae en contra de la designación de autoridades, la composición de vocalías y la votación que determinó la caída de la candidatura de María Paz Bertero en la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El tribunal electoral autorizó a una ONG a implementar un sistema electrónico para recolectar firmas, en una prueba piloto que busca ampliar la participación ciudadana y modernizar el mecanismo previsto en la Constitución.
El fiscal planea exigirle a que explique su patrimonio en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, mientras se acerca una instancia clave en la causa que podría derivar en su citación.
El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de acceso a la información pública para que el Gobierno informe sobre un posible incidente de ciberseguridad que habría expuesto datos sensibles de millones de personas. Reclama detalles sobre el alcance, las medidas adoptadas y las auditorías realizadas.
Un grupo de referentes en Derechos Humanos llevó a la Justicia Federal a la senadora radical por su iniciativa para modificar el Código Penal. Sostienen que el proyecto puede intimidar a víctimas y profesionales.
La diputada nacional acusa a la funcionaria de pagar con recursos públicos el contrato de Andrea Juárez, a quien señaló como su asistente personal y amiga, y cuestionó la falta de funciones oficiales y controles administrativos.
El máximo tribunal rechazó intervenir de manera directa en el expediente por la Ley de Modernización Laboral al considerar que no se daban las condiciones excepcionales. El planteo oficial fue declarado inadmisible y la discusión continuará en otras instancias judiciales.
La diputada denunció al jefe de Gabinete por supuesto entorpecimiento de la investigación en torno a las refacciones de una propiedad suya, tras conocerse el testimonio de un contratista que habló de gastos por 245 mil dólares.
El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina. Apunta a gastos personales, compras en free shop, consumo en el exterior y retiros de efectivo que, según sostiene, podrían encuadrar como malversación de caudales públicos.
Un grupo de legisladores de La Libertad Avanza presentó una denuncia por presunto enriquecimiento ilícito, omisión en declaraciones juradas y administración fraudulenta. La causa quedó radicada en el fuero federal.
El presidente de la Corte advirtió que la tendencia a trasladar las disputas políticas al ámbito judicial termina demorando la implementación de políticas públicas y remarcó que los cambios normativos deben resolverse en el Congreso.
El fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dictó que la causa continúe el tramite en ese mismo fuero. La central obrera buscará que el trámite se continúe dilatando.
Desde la entidad expresaron preocupación por la sentencia de la Cámara Nacional del Trabajo que revocó la cautelar que dejaba inactivos a 82 artículos. También solicitaron la nulidad del fallo porque “la resolución carece de todo fundamento”.
En lo que va del año, el Poder Ejecutivo ha superado el centenar de pliegos judiciales enviados al Senado. La Comisión de Acuerdos se reúne el jueves 30 a las 10 para tratar los que quedaron pendientes por el dictamen de Carlos Alberto Mahiques.
La diputada libertaria quiere que se lo investigue por presunta defraudación. Cuestionó "la ejecución extraordinaria" en este rubro, frente a "la inejecución simultánea" de otras obligaciones.
Un juzgado federal consideró que las declaraciones del ex ministro de Defensa contra la vicepresidenta se encuadran en la crítica política y no configuran los delitos de calumnias, injurias ni atentado contra el orden constitucional.
La Cámara del Trabajo concedió la apelación presentada por el Gobierno nacional contra el fallo del juez Raúl Ojeda que había suspendido la normativa. Desde el oficialismo celebraron la medida a través de las redes sociales.
La exintegrante del bloque oficialista señaló que “la Casa Rosada no es propiedad privada y muchos menos un mandatario ni sus funcionarios esbirros pueden decidir si a dicho edificio puede acceder la prensa”. Los hechos denunciados y las exigencias a la Justicia.
Mientras el jefe de gabinete enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, el excandidato para la Corte queda bajo la lupa por un ritmo inédito de medidas que sacudió a Comodoro Py, la Casa Rosada y el establishment.
La bancada radical repudió la detención de la exsenadora y actual vicepresidenta del partido en La Rioja, a la que calificó de arbitraria e ilegal, y advirtió sobre el uso de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial como herramientas de hostigamiento político.
La presentación fue llevada a cabo por Sebastián Amerio, procurador del Tesoro Nacional. El Gobierno pide la suspensión de los artículos vinculados a recomposición salarial docente y actualización de becas que lo obliga a girar 2.5 billones de pesos.
La Casa Rosada pidió la intervención directa del máximo tribunal para dejar sin efecto la cautelar que suspendió más de 80 artículos de la ley, tras una presentación de la CGT. El Ejecutivo habla de “gravedad institucional” y cuestiona la competencia del juez que dictó el freno.
El pedido formal al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires fue formulado por el diputado nacional Esteban Paulón quien fundamentó su pedido por las “contradicciones públicas” de la escribana Adriana Nevechenko sobre el caso que involucra al jefe de Gabinete.
La presentación fue impulsada por la familia del abogado, junto a una ONG, con el objetivo de obtener medidas urgentes ante el organismo interamericano por presuntas violaciones a los derechos humanos.
El listado de nombres para cubrir vacantes en fueros penales, civiles y económicos en distintos distritos del país. Ahora deberán pasar por el análisis de la Comisión de Acuerdos.
El juez Raúl Ojeda había suspendido 82 artículos del nuevo régimen laboral la semana pasada. El artículo 55 había sufrido varios fallos en su contra.
Una diputada nacional de la Coalición Cívica presentó una denuncia penal para que se investigue el otorgamiento de millonarios préstamos del Banco de la Nación Argentina a dirigentes, funcionarios, legisladores y personas vinculadas al oficialismo. Cuestiona posibles conflictos de intereses, favoritismos y eventuales delitos contra la administración pública.
El nuevo régimen laboral modificaba el capítulo de Conflictos Colectivos de Trabajo e imponía una cobertura de servicios mínimos del 75% en jornadas de huelga.
La presentación de los exintegrantes de la comisión investigadora fue realizada ante el procurador General, Eduardo Casal. Le imputan "falta de impulso" en la causa y "falta de colaboración" con el Poder Legislativo, entre otros puntos.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó el fallo que en diciembre pasado había dictado el juez Enrique Cormick.
El listado de nombres para cubrir vacantes en fueros penales, civiles y económicos en distintos distritos del país. Antes de llegar a la Comisión de Acuerdos, las postulaciones deberán quedar habilitadas en el recinto del Senado.
La presentación judicial incorpora una nota periodística, cuestiona las condiciones de un préstamo familiar declarado por el jefe de Gabinete y pide que declare la escribana que intervino en la operación inmobiliaria.
El Juzgado Nacional del Trabajo hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la central sindical al considerar que existen “indicios serios de inconstitucionalidad y riesgo de daños irreparables”.
La suspensión de artículos clave de la Ley de Modernización Laboral en el sector comercio que acaba de conocerse no es un hecho aislado. Desde la sanción de la norma, distintos tribunales ya dictaron resoluciones adversas al nuevo régimen impulsado por el Gobierno nacional.
Un juzgado federal de San Martín suspendió de manera cautelar la aplicación de dos artículos de la Ley de Modernización Laboral en el sector comercio. La medida, solicitada por el sindicato local, alcanza a los convenios colectivos y a los aportes sindicales, y regirá mientras se analiza la constitucionalidad de la norma.
La presentación fue realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, que acusa a la legisladora salteña de negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y cohecho, a partir de su actuación legislativa en la reforma de la Ley de Glaciares y sus vínculos con empresas del sector minero.
Las solicitudes de inscripción para participar en las audiencias públicas superaron los 100.000 formularios. Cuántas personas van a exponer presencialmente el miércoles 25 de marzo. El fallo del juez federal Enrique Alonso Regueira contra la cautelar solicitada por una ONG.
Se trata del artículo 55 de la Modernización Laboral, el cual establece una nueva fórmula para el cálculo del monto de las indemnizaciones y que, según la ley sancionada el 27 de febrero, también aplicaba a los juicios en trámite y pendientes de sentencia definitiva. El repaso de las anteriores declaraciones de "inconstitucionalidad".
Reclamaron ante la Justicia que se le ordene al Congreso "garantizar la participación oral de la totalidad de los inscriptos" y que no se implementen "mecanismos que sustituyan o restrinjan" tal participación.
La diputada cargó contra el jefe de Gabinete, al que acusa de enriquecimiento ilícito. La reacción de Lilia Lemoine, archienemiga de la exlibertaria.
La expresidenta cuestionó al Tribunal Oral Federal 7 por citarla de manera presencial en la causa Cuadernos, habló de una “farsa procesal” y vinculó la decisión con una puesta en escena mediática. En un extenso mensaje, también criticó la situación social y económica del país y volvió a referirse al caso $LIBRA. Senadores querían acompañarla este martes, pero no los dejaron.
El Tribunal del Trabajo 3 de La Plata declaró inconstitucional el artículo 55 de la Reforma Laboral. Es la segunda sentencia en una semana. Se trata de los cambios en la composición del cálculo a las indemnizaciones.
Sostuvo que a la expresidenta “la juzgan con la doctrina del derecho penal del enemigo”, cuestionó la imparcialidad de los tribunales en la causa Cuadernos y afirmó que el sistema político debe pronunciarse.
Un peritaje informático confirmó intercambios directos entre el presidente Javier Milei y el lobista Mauricio Novelli en los minutos clave del lanzamiento de $LIBRA. Según Maximiliano Ferraro y la reconstrucción judicial y periodística del caso, las comunicaciones incluyeron llamados, mensajes y coordinación previa a la publicación presidencial que impulsó el criptoactivo.
Se trata del artículo 55 declarado inconstitucional en la sentencia del juez federal Ricardo Gileta. En el fallo, mantiene vigente el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo sobre la composición de créditos laborales.
La denuncia penal fue presentada por los diputados nacionales Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano del interbloque Provincias Unidas por los dos viajes que hizo el jefe de Gabinete junto a su esposa, en el avión presidencial, y a un periodista en un jet privado.
La vicepresidenta presentó una querella en los tribunales federales contra el diputado mendocino por acusarla de “apostar al fracaso del Gobierno” y de actuar como una alternativa presidencial. En la denuncia incluyó las expresiones televisivas y los posteos en los que el legislador la calificó de “golpista”.
El diputado nacional y ex secretario de Derechos Humanos respondió a la denuncia presentada por Waldo Wolff, que derivó en una citación a indagatoria. Defendió su trayectoria en materia de derechos humanos, rechazó las acusaciones de antisemitismo y advirtió sobre el “riesgo” de judicializar posiciones políticas vinculadas al conflicto en Medio Oriente.
El fallo fue firmado por el juez Lavié Pico, quien no dio lugar a la acción de amparo que impulsó la central obrera el pasado viernes 6 de marzo.
La acusación sostiene que el traslado habría implicado peculado, defraudación al Estado y abuso de autoridad, y reclama determinar si otros funcionarios facilitaron su inclusión en la comitiva oficial.
Encabezado por Carlos Quintriqueo, titular de las entidades, los sindicatos ATE y CTA señalaron que la ley promulgada el viernes pasado “reproduce en gran medida el Título IV del DNU 70/2023”.
El Ministerio de Justicia inició la actualización de antecedentes penales, fiscales y patrimoniales de los candidatos a jueces, fiscales y defensores. Es el paso previo al envío de los pliegos que deberá remitir el Presidente para cubrir 337 vacantes en el Poder Judicial.
Anunciada en la movilización del lunes frente al Palacio de Tribunales, la central obrera presentó la acción de amparo en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°7. El objeto es la nulidad y declaración de inconstitucionalidad de los artículos 90 y 91 de la promulgada Ley de Modernización Laboral.
El fallo estuvo a cargo de la jueza Vanessa Kozaczuk de San Antonio Oeste en el marco de la causa por presunta venta irregular de terrenos en Las Grutas. Este embargo se suma al que impuso la justicia de Bariloche por más de 40 millones de pesos en diciembre pasado.
La senadora kirchnerista pidió que se investiguen los presuntos delitos de defraudación contra la administración pública y encubrimiento. Incluye a la esposa del ministro de Desregulación.
En esta fecha tan especial, participantes de la comisión que investigó el escándalo recordaron el hecho en las redes sociales.
Julia Strada, Germán Martínez y Paula Penacca aseguran que el ministro de Economía cometió violación de los deberes de funcionario público y violación del secreto estadístico.
A través de una presentación judicial, Ferraro y Frade reclamaron que se incorpore la prueba al expediente y avance sin dilaciones en la verificación de su autenticidad.
Así lo resolvió el titular del Juzgado Federal de Paraná, Daniel Alonso, ante el habeas corpus que había sido presentado por un grupo de abogados de la UCR.
La Cámara Criminal también instó al juez Marcelo Martínez De Giorgi a que haga lo necesario para producir las pruebas que permitan esclarecer la situación de las personas investigadas y a aumentar el embargo de los imputados.
La presentación fue hecha por diputados del bloque Provincias Unidas quienes alertaron que “de aprobarse este DNU estaremos ante un Estado que observará al ciudadano como a un sospechoso”.
El fallo del juez federal Martín Cormick manifestó que “el deterioro salarial impacta no solo en los trabajadores universitarios, sino también en el derecho a enseñar y aprender”. Además, catalogó al Gobierno de tener una “conducta arbitraria y contraria” a lo establecido en la Constitución Nacional.
Con el aval de una investigación periodística, el diputado de la CC denunció que el impulsor de $LIBRA firmó un contrato confidencial con el presidente y advirtió que, pese a las pruebas reunidas por el Congreso, la Justicia sigue sin avanzar ni citar a los principales involucrados.
Félix Lonigro salió al cruce del jefe del bloque Pro, quien en la última sesión aseguró que la designación de tres auditores en la AGN era inconstitucional por no figurar en el temario de extraordinarias. Lonigro sostuvo que “no es cierto” y dio sus razones.
El bloque que conduce Cristian Ritondo presentó un amparo judicial para impugnar la designación de los nuevos auditores. Denuncia un procedimiento inconstitucional, fuera del temario de extraordinarias, y advierte sobre un acuerdo político que, a su criterio, compromete el equilibrio del organismo de control.
El diputado libertario, hombre de confianza de Karina Milei, juró como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura tras una disputa que desplazó a la UCR de un asiento que reclamaba como propio. Su desembarco refuerza la presencia de La Libertad Avanza en el organismo y reaviva tensiones internas y externas en la puja por el control del mapa judicial.
El juez Civil de Bariloche Santiago Morán ordenó el embargo preventivo sobre la dieta y el medio aguinaldo de la legisladora libertaria Lorena Villaverde, hasta cubrir 40 millones de pesos, por la falta de entrega de un terreno en un desarrollo inmobiliario de Las Grutas.
Le solicitan al Tribunal Superior de Justicia de Buenos Aires que revoque por “arbitraria” la sentencia que obligaría al cierre de la Fundación Provivienda Social, organización que en 25 años facilitó a 40 mil familias el acceso a servicios públicos básicos
Tras revelarse nuevos detalles del lujoso lanzamiento del token en Dallas, el diputado Maximiliano Ferraro sostuvo que nada fue improvisado y reclamó que la Justicia investigue el rol del presidente y de su círculo íntimo en el escándalo cripto que sacudió al Gobierno.
Se trata de una decisión del juez federal Adrián González Charvay, quien hizo lugar a un amparo colectivo. Asimismo, declara la invalidez de un artículo clave del decreto de promulgación. Familiares de personas con discapacidad habían marchado este jueves a Plaza de Mayo.
El reclamo fue planteado por el diputado santafesino Esteban Paulón. Consideró que su ingreso por la Cámara alta “es un capricho” de Patricia Bullrich. Invocó dos artículos de la Constitución Nacional.
Los designados en el organismo que controla a los jueces reemplazarán a la radical Roxana Reyes y a Francisco Monti, respectivamente, cuyos mandatos culminaron.
El espacio que lidera Elisa Carrió presentó un escrito ante el juez Daniel Rafecas para que se allane la propiedad de Luciano Pantano y Ana Conte en Villa Rosa, Pilar. También solicitaron medidas de seguridad alternativas para preservar los bienes del inmueble.