A un año del intento de magnicidio hacia la vicepresidenta de la Nación, el diputado oficialista apuntó contra la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo: “Han hecho lo imposible para no profundizar ninguna de las pistas”.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo ya había emitido la orden. la Comisión Bicameral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene 10 días para entregar la información solicitada.
Luego que la Cámara baja aprobara la autorización para que la Justicia abra el celular del diputado Gerardo Milman, el pampeano criticó el accionar de la jueza María Eugenia Capuchetti.
Los jueces de la Cámara Federal porteña revocaron una decisión de la jueza que investiga el atentado contra la vicepresidenta de la Nación.
Pidieron a las autoridades convocar a concurso para cubrir la vacante y advirtieron que su aspiración de seguir en el cargo es “insostenible”.
La presentación fue realizada por la defensa de la vicepresidenta en la que solicitaron que evalúen los nuevos informes que ratifican que los cuadernos fueron adulterados, pero el máximo tribunal tiene a estudio un planteo de rechazo sobre ese elemento de prueba.
La diputada de JxC aseguró que la mamá de Cecilia “no recibió el apoyo de ninguna organización de Derechos Humanos, ni del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad”.
Fueron la piedra de la discordia entre el oficialismo y la oposición. Conozca los nombres que estaban previstos para abordar en la frustrada sesión.
La causa se inició en 2016 por “administración fraudulenta” en la frustrada edición de libros sobre “La década ganada” y otra por la contratación de un servicio de seguridad personal para la entonces titular de la entidad monetaria.
Así lo expresaron a través de un comunicado diputadas y referentes de ONG’S que se reunieron en la Cámara baja para exigir que se esclarezca de forma “urgente” el caso de Cecilia Strzyzowski en Chaco.
Al cuestionar el título de una noticia de La Nación, la vicepresidenta apuntó a Mariano Borinsky, quien “jugaba al paddle” con el expresidente en la Quinta de Olivos.
Pese a la postura de la querella, la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó clausurar parcialmente la instrucción, tal como lo había solicitado anteriormente el fiscal.
La acusación es contra el ministro de Defensa, el jefe de Gabinete y el gobernador de Tierra del Fuego por “delitos contra la seguridad de la nación y delitos contra la administración pública; abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”.
El cuerpo tendrá cuatro representantes del Congreso: las diputadas nacionales Costa y Romero, y el senador Torello junto a Bensusán.
El exadministrador de la Corte Suprema solicitó por “un tribunal imparcial” y una “tutela judicial efectiva”.
Lo decidió este lunes el juez federal Sebastián Casanello, luego del pedido del fiscal Guillermo Marijuan, la UIF y la AFIP.
El actual gobernador provincial estaba postulado para un cuarto mandato. En redes, dirigentes opositores remarcaron que “la alternancia en el poder es necesaria para la calidad de la democracia”, y resaltaron la necesidad de respetar la Constitución Nacional.
El diputado nacional de JxC es investigado por una presunta alusión al hecho unos días antes en un bar cercano al Congreso, pero no está imputado formalmente.
La vicepresidenta de la Nación emitió un comunicado donde cuestionó al fiscal y a la jueza Capuchetti por “pretender cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa”.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas efectuó la denuncia penal, ya que CABA utilizó los datos para un sistema de reconocimiento fácil que luego fue declarado inconstitucional.
Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte fueron acusados como coautores del intento de magnicidio y Gabriel Carrizo como partícipe secundario. La querella había reclamado que estaba pendiente “la producción de muchas medidas de prueba”.
El fiscal federal argumentó que “no logró reunir elementos probatorios que le permitieran avanzar más allá de la sospecha manifestada en su momento para convocarla a indagatoria”. Había imputado a la expresidenta en base a las declaraciones del arrepentido Leonardo Fariña.
“Mi gestión como administrador generó una base sólida para el cuidado de la Independencia del Poder Judicial. Dejé la Corte con 150 mil millones de pesos de fondos y cero deuda”, afirmó el exadministrador general de la CSJN.
La diputada del Pro se refirió al pedido de indagatoria a Ginés González García por la causa del vacunatorio VIP.
Se trata del magistrado del juzgado federal N°1 de Mendoza, quien está investigado por mal desempeño de sus funciones y delitos graves. Legisladores de JxC celebraron lo resuelto.
Los abogados de la vicepresidenta sostuvieron que mantendrán la acusación contra los tres detenidos, pero advirtieron que “está pendiente la producción de muchas medidas de prueba”.
Luego de la declinación de Juan Manzur, el máximo tribunal levantó la cautelar, que había sido presentada por la oposición.
En el marco de la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta, la jueza Capuchetti argumentó que el diputado no está imputado en la causa del atentado.
El radical, candidato a gobernador en Formosa, pidió al máximo tribunal que suspenda la convocatoria y los comicios provinciales.
Mauricio D’Alessandro insiste en que el reglamento de la comisión no les concede a los diputados, ni a un juez semejante posibilidad. Diferenció el caso de su defendido con el de otros testigos reticentes.
La diputada oficialista sostuvo que los jueces del máximo tribunal “se basan en las órdenes del poder real de la Argentina para dictar sentencias”, y aseguró que la Corte “viene jugando con la democracia”.
En una nueva muestra de la tensión entre el oficialismo y los miembros de la Corte, cuestionaron en el Consejo los dichos del titular del Tribunal en AmCham.
El integrante de la Comisión de Juicio Político sostuvo que la CC- ARI “retrocedió sobre sus pasos”, luego de acusar durante 10 años al juez Lorenzetti como “el máximo corrupto de la Argentina”.
El interbloque oficialista en la Cámara alta sostuvo que las acordadas de la Corte Suprema de Justicia avasallan las autonomías provinciales.
La vicepresidenta publicó este lunes un tuit en el que se hace eco de las novedades en el caso que investiga el ataque que sufrió en la puerta de su casa hace ocho meses.
A raíz de información que surgió de la declaración de una exasesora del diputado macrista Gerardo Milman, la bancada que conduce José Mayans salió a pedir “que la justicia no se cómplice ni encubridora”.
Fue luego de que se conocieran datos sobre la declaración brindada ante la justicia por una exsecretaria del legislador del Pro. “La Justicia no puede seguir mirando para el costado”, advirtieron desde el bloque de Germán Martínez.
Es a raíz de su aparición en chats que se develaron durante el juicio oral y público por la causa Vialidad, en la que fue condenada la vicepresidenta.
Por su parte, el fiscal Diego Luciani también presentó su apelación y solicitó que Cristina Kirchner también sea condenada por asociación ilícita. El fallo fue dictado en diciembre pasado por el Tribunal Oral Federal 2.
El senador nacional y candidato a gobernador volvió a apuntar contra el actual mandatario provincial: “Hay una presentación pedida por Morales para impugnar mi candidatura, ya que habíamos construido una alternativa en Jujuy”.
La presentación fue realizada por los dirigentes de izquierda Romina Del Plá, Gabriel Solano y Néstor Pitrola por “administración fraudulenta, malversación de caudales públicos y estafa”.
La decisión fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi al argumentar que “las acciones atribuidas al diputado no reúnen las condiciones para provocar el impedimento u obstaculización del normal funcionamiento del acto legislativo”.
La denuncia judicial fue presentada por el diputado de JxC Ricardo López Murphy por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad contra el titular del Banco Central”.
Luego de una entrevista que diera el exministro de Seguridad de Santa Fe, Mónica Frade alertó por posible “delito de encubrimiento” por parte del presidente y funcionarios nacionales.
El fiscal federal Guillermo Marijuan pidió que se cierre el expediente promovido contra el magistrado, acusado de falso testimonio, al argumentar que los hechos denunciados “no constituyen delito”.
Así lo expresó el diputado oficialista al referirse al proceso de juicio político contra los miembros del máximo tribunal y remarcó la importancia de “hacer una investigación profunda y seria” y “manejar los tiempos desde la política” para llevar los dictámenes al recinto.
Pablo Tonelli, Mario Negri y Juan Manuel López aseguraron que el magistrado ofreció un falso testimonio ante la Comisión de Juicio Político.
La resolución fue adoptada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, con lo que Luis Juez queda más cerca de asumir en ese organismo. La reacción de Cristina Kirchner.
En un documento de más de 1.600 páginas, el Tribunal Oral Federal N°2 argumentó las razones de su veredicto. En diciembre pasado, la vicepresidenta fue sentenciada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Se trata del chubutense Santiago Igon, quien recibió la primera dosis de la Sputnik V en febrero de 2021 anotado como “personal de salud”. La Cámara de Comodoro Rivadavia confirmó su procesamiento por el delito de dádivas.
La solicitud fue realizada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. Además, rechazaron el planteo de “prisión domiciliaria” para uno de los acusados y criticaron que “una justicia que tarda no es justicia”.
Pedirán que se evalúen las acciones del presidente para con el Poder Judicial durante la última Asamblea Legislativa. “Podría ser parte de un conjunto de acciones planificadas y ejecutadas con la finalidad de impedir, obstaculizar o trabar la ejecución de la resolución de la Corte”, afirmaron
La acusación fue realizada por un abogado peronista quien reclamó que el cuerpo de Peritos Forenses de la Corte “se expida sobre la posible perturbación de la orientación espacio temporal” del legislador opositor.
A través de su cuenta de Facebook el juez se manifestó “dispuesto y preparado” para presentarse ante los senadores para avanzar con su designación.
Será por traición a la patria, abuso de poder, violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público, tras el anuncio de que entregarán tierras mendocinas a mapuches.
El máximo tribunal de justicia aprobó los ingresos de Recalde, Pilatti Vergara y Vischi. Sin embargo, no resolvió quien será el cuarto consejero.
El informe completo de la principal oposición con el rechazo in limine de los pedidos de enjuiciamiento a los miembros del Tribunal Superior.
Acceda aquí al texto que el Frente de Todos puso a consideración este 9 de febrero para enjuiciar a la Corte Suprema de Justicia.
La diputada oficialista sostuvo que “el daño institucional provocado por la Corte es muy grave”, y destacó la denuncia que ratificó la legisladora Paula Oliveto.
Legisladores de ambas cámaras se hicieron eco del veredicto que se conoció este lunes por el crimen del joven ocurrido hace tres años en Villa Gesell.
La querella de la vicepresidenta había solicitado que se corra a la jueza federal por incompatibilidades en su función.
Ubeira y Aldazábal argumentaron que la magistrada cobraba un salario como investigadora de la Policía de la Ciudad, a la que la querella definió con “actitud omisiva” la noche del intento de magnicidio contra la vicepresidenta.
La Cámara Federal resolvió que sea “presencial”, pero no quedó claro que acepte el pedido de la vicepresidenta de que se transmita en vivo.
En este caso, una ONG la emprende contra los miembros del Tribunal Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, por supuestamente haber beneficiado a Elena Highton de Nolasco, “en connivencia con el Gobierno de ‘Cambiemos”.
La magistrada, que investiga el atentado contra la vicepresidenta, respondió al cuestionamiento planteado por la querella a raíz de su vinculación con el Ministerio de Seguridad porteño.
Elogió la decisión de esos diputados de asistir a la comisión y alertó contra la no comparencia de los miembros del tribunal a la Cámara baja.
Defienden la medida como “una instancia de la democracia y no del privilegio de impunidad”. Dirigen la nota a los integrantes de la Comisión de Juicio Político y la opinión pública en general.
El diputado del Pro aseguró que el Gobierno “está ensañado con la gente” y acusó de que buscan transmitir “la sensación de que el Poder Judicial es peligroso”. Sobre el temario de extraordinarias manifestó que “no se pierde demasiado porque no hay plan de gobierno”.
El diputado entrerriano respaldó el juicio político y remarcó que “es una figura constitucional en la Argentina” y que “no es algo que se va a resolver mañana”.
Eso expresó el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez tras la reunión de la Comisión de Juicio Político. Al respecto, reiteró que el jury contra los miembros de la Corte Suprema “marcha al fracaso y daña al país”.
El titular del bloque oficialista remarcó que el “mal desempeño” del máximo tribunal “no han hecho otra cosa que invadir competencias que tiene el Poder Legislativo y el Ejecutivo”.
El jefe del bloque UCR aseguró que si el FdT reúne los números en el recinto “nosotros bajaremos a discutir como siempre”, y remarcó que “son ellos los responsables de poner en marcha el Congreso”.
Eso expresó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade quien pidió a la oposición que “dejen trabajar tranquila a la Comisión de Juicio Político con los chats filtrados”.
Presentarán un informe ante el Consejo de Derechos Humanos para dejar en claro “la voluntad del kirchnerismo de apropiarse de la Justicia y quebrar el estado de derecho”.
El diputado oficialista vinculó al fiscal federal de salir en “auxilio de las vergonzosas ilegalidades cometidas por los más altos magistrados de la Nación”, tras cerrarse la causa contra Silvio Robles, vocero del titular de la Corte.
La vicepresidenta Cristina Kirchner le adjudicó la responsabilidad al juez Stornelli y remarcó que la Causa del Memorándum con Irán se inició por “una escucha ilegal”.
El diputado kirchnerista tildó a los jueces como una “banda mafiosa” y comparó el caso con la causa del memorándum de entendimiento con Irán que fue reabierta y la causa “Puf-Puf” que se “apoyaron en escuchas ilegales”.
500 personas destacas del mundo de los negocios y profesionales independientes presentaron la misiva en protestas ante la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación.
Cuatro iniciativas de peso fueron incluidas por el Ejecutivo en el temario de sesiones previstas para este verano. Con el juicio a la Corte como dato previsto y destacado.
Así lo expresaron Ximena García y Francisco Monti quienes integran la Comisión de Juicio Político tras conocerse el temario y la convocatoria a extraordinarias por parte del Ejecutivo.
