Por segunda vez, la Cámara Federal porteña rechazó el pedido de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner para que se aparte a la jueza federal María Eugenia Capuchetti de la causa que investiga el atentado en su contra, ocurrido el 1ro. de septiembre de 2022.

La semana pasada, los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal habían reclamado que se aparte a la magistrada por “incompatibilidades en su función”, por tareas realizadas como investigadora del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad desde 2014.

Los letrados habían señalado que Capuchetti “estaría cobrando un sueldo por parte de un organismo que debería ser investigado en estas actuaciones, demostrando ello un interés en el proceso”.

Además, la querella remarcó que “no sólo se trata de tareas incompatibles con su función” sino que marcarían “un vínculo que solo se explica como una contraprestación para tener llegada al juzgado a su cargo” por parte de un área que debería ser investigada en la causa, vinculada a la Policía de la Ciudad y al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

En su resolución, el camarista Leopoldo Bruglia rechazó la solicitud al considerar que los argumentos son “ajenos” al proceso y responden a la “creación de hipotéticos escenarios alejados de cualquier circunstancia objetivamente comprobable que pueda revestir aptitud suficiente para justificar el apartamiento de un magistrado”.

El juez evaluó que no se probó que “la actividad académica enunciada pueda determinar un interés en el resultado de este proceso por parte de la Dra. Capuchetti y/o provocar un temor de parcialidad que amerite su apartamiento”.

“El ejercicio de la docencia o la participación en trabajos de investigación como los descriptos -en principio- no se encuentran vedados para los magistrados y, en caso de verificarse alguna falencia administrativa y/o irregularidades en el contexto de posibles incompatibilidades genéricas, su tratamiento resulta extraño al instituto invocado y debería ser canalizado por demás vías administrativas específicas”, señaló en el escrito según publicó la agencia Télam.

Además, Bruglia agregó que “resulta importante destacar que las particularidades (fines y objetivos) que le asigna la querella al instituto en el cual la magistrada desarrollaría las actividades académicas, como así también los actores que menciona en carácter de integrantes o referentes del mismo, no conforman parte de imputación alguna en estas actuaciones ni de las líneas investigativas en trámite”.

“Ello también torna manifiestamente improcedente la pretensión objeto de esta incidencia, en tanto no se comprende cómo puede existir algún interés en el resultado del proceso que involucre organismos o sujetos ajenos a este”, concluyó.

También, en el escrito, Bruglia realizó una “nueva advertencia” a José Manuel Ubeira, abogado de la parte querellante, “ésta vez por la abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia un magistrado”, entendiendo que se trata de “opiniones carentes de efecto jurídico alguno” y “revelan un innecesario exceso en el rol de su ministerio”.