La exgobernadora bonaerense remarcó que “nosotros vamos a seguir peleando por un país en el que los delincuentes estén presos, sea quien sea” y apuntó contra el Pata Medina.
Tras el fallo de la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires respecto de anular todos los procesamientos que se habían dictado en la causa conocida como “Gestapo sindical”, la diputada nacional María Eugenia Vidal (Pro – CABA) expresó que “cuando diste las batallas que había que dar, la justicia acompaña”.
El fallo argumentó que hubo una “deficiente” valoración de la prueba, las consideró a las conclusiones sobre la reunión filmada “difusas y debatibles” y advirtió que en esa reunión “pudo haber tenido una finalidad distinta” a la de la persecución política a líderes sindicales, como se estableció inicialmente.
La causa se inició en diciembre de 2021 cuando la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) presentó en la justicia federal de La Plata una filmación encontrada en sus oficinas que daba cuenta de una reunión ocurrida en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia.
“Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, decía en ese encuentro Marcelo Villegas, entonces ministro de trabajo de Vidal.
Según los jueces, la fundamentación no demostró que hubo inteligencia ilegal. Frente a eso, se ordenó profundizar la investigación.
El sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina y el empresario Horacio Homs habían pedido formalmente que se confirmaran los procesamientos de los exfuncionarios del gobierno provincial de la gestión de María Eugenia Vidal.
A través de su cuenta de X, la exgobernadora manifestó que “cuando no tenés nada que ocultar y las pruebas demuestran que diste las batallas que había que dar, la justicia acompaña”, y agregó: “Ahora, una vez más, es el Pata Medina el que tiene dar explicaciones. Nosotros vamos a seguir peleando por un país en el que los delincuentes estén presos, sea quien sea”.
La solicitud fue realizada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. Además, rechazaron el planteo de “prisión domiciliaria” para uno de los acusados y criticaron que “una justicia que tarda no es justicia”.
La Cámara Federal instó este miércoles a que Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo sean sometidos a juicio oral y público como presuntos responsables del intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el primero de septiembre pasado en el barrio porteño de Recoleta.
La recomendación partió de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, los cuales rechazaron un planteo de prisión domiciliaria para Carrizo, quien es considerado como jefe del grupo denominado “Los Copitos”, e instaron a la jueza María Eugenia Capuchetti a que el caso pase a instancia de juicio oral.
La causa por el intento de magnicidio ahora está delegada en la fiscalía de Carlos Rívolo. Los jueces Bertuzzi y Bruglia recomendaron que “frente a la situación de detención de los imputados y el estado de la investigación a su respecto, se proceda con la celeridad que el caso requiere a fin de avanzar en el estadio procesal”.
“Más allá de que el plazo del proceso no parece excesivo para las distintas hipótesis de investigación que sugiere la querella las que aún no han sido probadas siquiera con el grado de certeza que requiere esta etapa- lo cierto es que luce inadmisible que no se haya elevado a juicio el hecho principal cuando la investigación a su respecto se encuentra agotada y con sus imputados en detención preventiva”, opinó Llorens con su voto.
Y sumó: “Al menos respecto de la situación procesal de Carrizo y sus consortes, entiendo que las actuaciones se encuentran en el tiempo óptimo para proceder conforme lo previsto por el art. 346 del C.P.P.N. para así lograr una pronta realización del juicio”.
En tanto enfatizó que “una justicia que tarda no es justicia; pero tampoco lo es una que se pronuncia mecánicamente, guiada por el impulso de ajustarse a un calendario. Es por ello que la razonable tramitación de las causas deben serlo en un tiempo óptimo”.
Según la investigación, tanto Sabag Montiel como su novia venían planificando el atentado desde hace varios meses tal cual surge de sus conversaciones vía mensajería instantánea y hasta habían proyectado alquilar una propiedad cercana a la de la vicepresidenta para seguir todos sus movimientos.
De esta forma, los tres rechazaron el pedido de detención domiciliaria presentada por Carrizo con la defensa de Gastón Marano, y aludieron a “riesgos procesales” como ser el posible entorpecimiento de la investigación que por ahora tiene solo tres detenidos e imputados.
La vicepresidenta, querellante en el caso a través del abogado Juan Manuel Ubeira, considera que la jueza Capuchetti “no investigó ni a los autores intelectuales detrás del ataque del 1 de septiembre, ni tampoco a quienes hicieron la pata financiera”.
También apunta al financiamiento y en ese sentido reclama la vicepresidenta que ésta causa tramite en conjunto con aquella que se investiga por amenazas a Revolución Federal, cuyos líderes estuvieron presos por distintos mensajes enviados hacia ella y el presidente.
En esta causa, en manos de otra jueza, la vicepresidenta asegura que aparece vinculado la familia del exministro macrista Nicolás Caputo, por algunos trabajos de carpintería que le encargó a Jonatan Morel, líder de Revolución Federal, y que todo eso no es más que un camuflaje de un financiamiento encubierto a las actividades ilegales de dicha organización.
La querella de la vicepresidenta había solicitado que se corra a la jueza federal por incompatibilidades en su función.
Por segunda vez, la Cámara Federal porteña rechazó el pedido de la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner para que se aparte a la jueza federal María Eugenia Capuchetti de la causa que investiga el atentado en su contra, ocurrido el 1ro. de septiembre de 2022.
La semana pasada, los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal habían reclamado que se aparte a la magistrada por “incompatibilidades en su función”, por tareas realizadas como investigadora del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad desde 2014.
Los letrados habían señalado que Capuchetti “estaría cobrando un sueldo por parte de un organismo que debería ser investigado en estas actuaciones, demostrando ello un interés en el proceso”.
Además, la querella remarcó que “no sólo se trata de tareas incompatibles con su función” sino que marcarían “un vínculo que solo se explica como una contraprestación para tener llegada al juzgado a su cargo” por parte de un área que debería ser investigada en la causa, vinculada a la Policía de la Ciudad y al Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
En su resolución, el camarista Leopoldo Bruglia rechazó la solicitud al considerar que los argumentos son “ajenos” al proceso y responden a la “creación de hipotéticos escenarios alejados de cualquier circunstancia objetivamente comprobable que pueda revestir aptitud suficiente para justificar el apartamiento de un magistrado”.
El juez evaluó que no se probó que “la actividad académica enunciada pueda determinar un interés en el resultado de este proceso por parte de la Dra. Capuchetti y/o provocar un temor de parcialidad que amerite su apartamiento”.
“El ejercicio de la docencia o la participación en trabajos de investigación como los descriptos -en principio- no se encuentran vedados para los magistrados y, en caso de verificarse alguna falencia administrativa y/o irregularidades en el contexto de posibles incompatibilidades genéricas, su tratamiento resulta extraño al instituto invocado y debería ser canalizado por demás vías administrativas específicas”, señaló en el escrito según publicó la agencia Télam.
Además, Bruglia agregó que “resulta importante destacar que las particularidades (fines y objetivos) que le asigna la querella al instituto en el cual la magistrada desarrollaría las actividades académicas, como así también los actores que menciona en carácter de integrantes o referentes del mismo, no conforman parte de imputación alguna en estas actuaciones ni de las líneas investigativas en trámite”.
“Ello también torna manifiestamente improcedente la pretensión objeto de esta incidencia, en tanto no se comprende cómo puede existir algún interés en el resultado del proceso que involucre organismos o sujetos ajenos a este”, concluyó.
También, en el escrito, Bruglia realizó una “nueva advertencia” a José Manuel Ubeira, abogado de la parte querellante, “ésta vez por la abusiva utilización de términos objetivamente ofensivos y agraviantes hacia un magistrado”, entendiendo que se trata de “opiniones carentes de efecto jurídico alguno” y “revelan un innecesario exceso en el rol de su ministerio”.
La querella había pedido la recusación de la magistrada argumentando que “no sabe ni quiere investigar”. Además, había solicitado el secuestro de los teléfonos de dos colaboradoras del diputado Gerardo Milman, implicado en la causa.
A poco de cumplirse 3 meses del intento de homicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la Cámara Federal rechazó este viernes la recusación planteada por la querella de la vicepresidenta contra la jueza María Eugenia Capuchetti de la investigación.
“Por el momento no se desprende en el marco de estas actuaciones, acto alguno por parte de la magistrada interviniente que pueda inferir un objetivo y concreto dato de parcialidad”, concluyó el camarista Leopoldo Bruglia al rechazar el planteo.
En paralelo, la Cámara Federal le solicitó a la jueza que siga una serie de medidas que se deberán profundizar para esclarecer una de las pistas sobre la que apunta la querella contra el diputado del Pro Gerardo Milman, a quien le atribuyen haber dicho en un bar dos días antes del ataque “cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”. Entre esas medidas, se dispuso que declaren dos diputados del Frente de Todos para saber qué saben de esa hipótesis.
Según resolvieron los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, la jueza o el fiscal Carlos Rìvolo -en quien la jueza delegó el miércoles la instrucción- deberán llamar a declarar nuevamente al testigo Jorge Abello, que declaró que escuchó esa frase; citar a su jefe, el diputado santafesino Marcos Cleri; y a otro cliente del bar Casablanca que estaba en ese momento en el lugar: el diputado del Frente de Todos Mario Leito. Recién ahí, la jueza deberá evaluar si se procede al análisis de los teléfonos de las colaboradoras de Milman, en un marco “acotado” a lo que haga referencia a esta pista.
Para el juez Bruglia el expediente bajo investigación “reviste particularidades que indefectiblemente le otorgan una importante gravedad de trascendencia institucional. Además de atentarse contra el derecho fundamental a la vida de una persona, la particularidad del caso, en atención a la investidura institucional ostentada, ha puesto severamente en riesgo los preceptos y valores de convivencia democrática y del orden constitucional”.
Frente a este escenario, el magistrado, que integra la Sala I de la Cámara Federal porteña, indicó que ante la gravedad de los hechos debe existir una respuesta institucional, “donde impere una investigación profusa y sin demoras, en la que se considere y se agote toda línea de investigación que pueda tener algún impacto en la hipótesis delictiva”.
Por lo tanto, consideró que se debe priorizar “la realización del universo de medidas probatorias que resulte indispensable para determinar o descartar cualquier otra participación en el hecho, más allá de la reprochada a los sujetos que ya fueran identificados y procesados”.
Entre los argumentos que manifestó la vicepresidenta para solicitar el corrimiento de la jueza al frente de la causa, dijo: “Estamos ante una de las causas más relevantes de nuestra historia democrática, y necesitamos que la investigación esté liderada por alguien voluntarioso y que las decisiones las tome un juez imparcial, comprometido con la verdad y la justicia, y no con no molestar a quienes no hay que molestar”.
Y agregó: “Todos seremos noveles Sócrates que solo sabremos que no sabemos nada. Pero no por un ejercicio de mayéutica, sino porque la instrucción habrá estado a cargo de alguien que ni sabe ni quiere investigar”.
Al respecto, Bruglia sostuvo que “de ningún modo concreta una evidencia que demuestre la ausencia de imparcialidad invocada”, y dijo que las críticas expresadas por Cristina Kirchner “sustentan un claro desacuerdo con decisiones adoptadas” en el marco de la investigación, pero que no alcanza los elementos suficientes para apartar a la jueza.
Al momento de analizar cómo realizó la investigación la jueza, Bruglia dijo que por el momento “no se desprende en el marco de estas actuaciones, acto alguno por parte de la magistrada interviniente que pueda inferir un objetivo y concreto dato de parcialidad”.
Con el acompañamiento de aliados, el oficialismo avanzó con el nombramiento del abogado, que ocupará un lugar clave en la Justicia. Juntos por el Cambio se dividió entre el rechazo y la abstención. La defensa de Parrilli.
El Frente de Todos logró avalar este jueves en el Senado la designación de Roberto Boico, exabogado de la vicepresidenta Cristina Kirchner, como vocal de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que actúa en casos de corrupción.
Con el apoyo de Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), Magdalena Solari Quintana (Misiones) y Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), el oficialismo aprobó el pliego enviado por el Poder Ejecutivo, con lo cual Boico pasará a integrar la Cámara junto con Martín Irurzun y Eduardo Farah.
Juntos por el Cambio se dividió entre el rechazo y la abstención. Quienes se opusieron al nombramiento fueron Luis Naidenoff -jefe del interbloque-, Roberto Basualdo, Pablo Blanco, Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, Julio Martínez, Stella Maris Olalla, Belén Tapia y Víctor Zimmermann.
En cambio, Humberto Schiavoni, Laura Rodríguez Machado, Ernesto Martínez, Oscar Castillo, Juan Carlos Marino, Alfredo De Angeli, Esteban Bullrich, Gladys González, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri y Pamela Verasay se abstuvieron, al igual que Carlos Reutemann (Interbloque Federal) y llamativamente un oficialista, Claudio Poggi.
Boico, quien defendió a la expresidenta y al actual senador Oscar Parrilli en la causa del memorándum de entendimiento con Irán, ocupará un lugar clave en la Sala II de la Cámara Federal, donde días atrás el Gobierno repuso además al juez Farah.
Al presentarse en la audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos, el abogado consideró que “la característica fundamental que tiene que tener una Cámara Federal, que tiene las causas de la envergadura que tiene, es la celeridad y el compromiso por el respeto a las garantías constitucionales de todas las partes en pugna y en litigio”.
Quien se puso al hombro el rechazo al pliego fue la cordobesa Rodríguez Machado, que explicó que “nada hay que decir de la cuestión técnica ni los conocimientos jurídicos del doctor Boico, pero este Senado también analiza la cuestión de la imparcialidad de los jueces”.
La senadora recordó que en su presentación ante la comisión, Boico “no mencionó en ningún caso el ejercicio de la abogacía. Sabemos que este abogado no solo fue abogado defensor de Cristina Kirchner en la cuestión del memorándum con Irán, sino también lo fue del doctor Parrilli. Y habló siempre de un Poder Judicial disciplinado a la voluntad popular. Y habló insistentemente de la rendición de cuentas de los jueces frente al pueblo… pero la rendición de cuentas de los jueces es ante el Consejo de la Magistratura, no ante el pueblo”.
Alertó entonces que el doctor Boico “decididamente elige la voluntad popular y no la Constitución; y a mi entender un juez tiene que fallar en relación a las leyes, porque lo otro le compete a un organismo político”.
Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, defendió la designación de Boico y criticó a Juntos por el cambio por no acompañarla.
“Fue abogado mio, sí, claro, fue abogado mio y me siento orgulloso, hizo una gran defensa, y también fue abogado de la presidenta del Senado. ¿Por qué no lo votan? ¿Porque no pasó el examen? ¿Porque no rindió bien? No, solamente por cuestiones dogmáticas, por persecución ideológica: no lo votan porque supuestamente es kirchnerista”, lanzó Parrilli.
El senador destacó que en su presentación ante la Comisión de Acuerdos, Boico “dio clase de Derecho Constitucional porque es un gran profesional, además de haber sido abogado mio. Ese es un detalle nada más”.
Parrilli insistió en que “el único motivo que tienen para no votarlo es porque fue abogado de Cristina y mio. Pero quédense tranquilos: no va a tratar ninguna causa de Cristina ni mia”.
Además, recordó que el nuevo juez “de 2015 a 2019 participó en nueve concursos; en los nueve salió ternado, en todos ganó, y no fue porque era abogado de Cristina o de Parrilli, sino porque profesionalmente es muy capaz”, pese a lo cual el gobierno anterior no impulsó su candidatura.
