El de Cambiemos fue impulsado en 2018, tenía 170 medidas y fue muy resistido por la oposición. Qué tuvo que hacer ese gobierno en minoría ante el rechazo de la oposición.
Mucho se ha escrito y dicho en torno al mega decreto de necesidad y urgencia impulsado por el Gobierno de Javier Milei, y la excepcionalidad que le corresponde por su extensión. Lo cierto es que, en realidad, hubo un antecedente. También le correspondió a un gobierno en minoría, como fue el de Mauricio Macri, que optó por la vía de un “súper DNU” en el penúltimo año de su mandato. Veamos cómo le fue a él.
Ese Gobierno de Macri padecía una inferioridad numérica importante, pero así y todo tenía el doble de legisladores en ambas cámaras que hoy La Libertad Avanza. En el caso de Cambiemos, las instancias creadas para saltear al Parlamento tampoco terminaron resultándole del todo viablels a un oficialismo condenado a negociar todo o soportar el máximo posible las presiones de la oposición. Si bien los DNU parecían ser una alternativa muy viable, sobre todo en tiempos de receso legislativo, no la tuvo fácil esa administración con tal herramienta. Es verdad que la ley de DNU hace difícil que a un gobierno le rechacen un decreto, pero varias veces el Gobierno de Cambiemos quedó al filo de esa derrota sin precedentes.
¿Qué le queda a Milei entonces?
Cada receso veraniego fue aprovechado por el Gobierno de Cambiemos para impulsar una batería de decretos a través de los cuales pudiera sortear las dificultades parlamentarias. Nunca terminó de convencerse de que ello implicaba un fuerte desgaste pues la oposición dura siempre objetó esa vía para legislar y una y otra vez le asestó derrotas en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, emitiendo dictámenes que se convertían en espadas de Damócles con las cuales amenazaba al oficialismo en el recinto.
En el verano de 2018, el Gobierno de Macri volvió a aprovechar el receso legislativo ya no para impulsar una serie de decretos cuya validez después tuviera que salir a defender, sino directamente un gran DNU que presentó el 10 de enero en el marco de una conferencia de prensa encabezada por el entonces ministro de Producción, Francisco Cabrera, quien lo justificó en la necesidad de reducir a través del mismo trámites que deben hacer las empresas para operar en el país, como así también establecer nuevas prácticas en el sector de finanzas y transportes, con el fin de reducir costos y ganar competitividad.
Pero la magnitud de ese decreto tan amplio y variado la daba el detalle de la cantidad de modificaciones de leyes o decretos que implicaba: 140. Además de derogar un total de 19 leyes o decretos.
El DNU más extenso de la administración Macri -y de los que pudiera recordarse hasta entonces-, agrupaba un total de 170 medidas en 22 capítulos, en las áreas de gestión de ocho ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria y Energía.
Fue siempre una característica operativa de Cambiemos enviar al Parlamento un proyecto ambicioso en el que pudiera camuflar otro de características controvertidas. Ejemplo: la reparación histórica, en la que incluyó el blanqueo de capitales; o la reforma laboral, donde presentaban un blanqueo en el que todos estaban de acuerdo, pero incluían un artículo que modificaba el régimen de despidos.
Ahora, en este ambicioso megadecreto, se hablaba de medidas que permitirían bajar los costos del sector productivo a un punto del Producto Interno Bruto, lo cual significaba un ahorro de 100.000 millones de pesos en dos años. Y, paralelamente, se autorizaba al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS a realizar otras operaciones como la creación de fideicomisos financieros y otorgarle “modernos instrumentos para invertir sus activos en otras operaciones financieras”, explicó “Pancho” Cabrera.
Lo cierto es que conforme el resultado electoral de 2017, se daba la novedad de que la Bicameral de Trámite Legislativo debía reconstituirse y con esa nueva conformación Cambiemos se aseguraba por fin la mayoría en ese cuerpo estratégico: de los 16 integrantes de la comisión, al oficialismo le corresponderían 8. Y podría desempatar así a su favor con el voto del presidente, que después de haber estado a cargo un año el santafesino Marcos Cleri, ahora volvía a ser Luis Naidenoff. La diferencia radicaba en la nueva conformación de Diputados, donde al haber acrecentado Cambiemos su número, tendría 5 representantes en esa bicameral. Por la oposición estarían los diputados Marcos Cleri, Máximo Kirchner (FpV-PJ) y Pablo Kosiner (Justicialista).
En el Senado, en tanto, donde ahora había paridad de fuerzas, Cambiemos tendría tres integrantes y los otros tres serían del bloque de Miguel Pichetto; habría un lugar para el espacio cristinista y el restante sería para el interbloque Federal, del puntano Adolfo Rodríguez Saá.
Por lo pronto, la nueva composición de la comisión le aseguraba a Cambiemos el blindaje del mega DNU, y en realidad de todos los decretos que pasaran en el transcurso del año. Pero ya se sabe que asegurarse el dictamen de mayoría no garantiza nada.
Más allá de esas vicisitudes, al día siguiente de la aparición en el Boletín Oficial comenzaron los cuestionamientos de parte de la oposición. Para el presidente del bloque cristinista, Agustín Rossi, el megadecreto no era otra cosa que una “ley ómnibus” con la que estaba claro que “Macri se burla del Parlamento”. Y anticipaba que cuando comenzaran las sesiones ordinarias pedirían su derogación.
Tan controvertido resultaba un decreto de semejantes características que el propio exministro de Planificación Federal Julio De Vido le reclamó desde la cárcel a la oposición que se uniera para “voltearlo”. Desde las redes sociales donde difundía sus reflexiones, el suspendido diputado pidió a los legisladores “que peleen y acuerden para tener todos los votos que necesitan para voltear ese decreto que es contrario claramente a los intereses del pueblo argentino en su conjunto”.
Y mientras el Gobierno demoraba el envío del mega DNU al Parlamento, comenzaron las presentaciones judiciales en su contra. Primero fue el kirchnerismo, que a través de Eduardo Barcesat y Julián Domínguez denunció al presidente, a Marcos Peña y a los ministros que firmaron el decreto por “violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, y luego diputados del Frente Renovador fueron a la Justicia para reclamar la inconstitucionalidad del mismo.
Dos semanas tardó el gobierno en enviar el polémico DNU al Congreso, y ya dando por descontadas las complicaciones que despertaría semejante iniciativa, el titular del bloque Pro de Diputados, Nicolás Massot, dejó abierta la posibilidad de que un proyecto de ley lo reemplazara, tras poner como ejemplo que eso ya habían hecho con la modificación de la ley de ART. “Nosotros como gobierno tuvimos nuestras razones para avanzar con el decreto: el verano es largo, y habida cuenta de que el tratamiento de la reforma previsional nos llevó tanto tiempo y energías, dejando de lado incluso leyes que estaban programadas para ser tratadas en diciembre, y no pudieron por la complicación de la ley previsional, creímos que hay medidas muy importantes en este DNU de simplificación que no podían esperar”.
Puede que el Gobierno de Macri se haya confiado a partir de las prerrogativas que le habían brindado el triunfo electoral, como la de dominar la Bicameral de los DNU, donde el 6 de febrero de 2018 consiguió dictaminar por la validez de ese decreto de reforma del Estado. Tras el empate en 8, el voto doble de Luis Naidenoff en su condición de flamante titular de la comisión desniveló la paridad. Pero habida cuenta de que tener la aprobación de la Bicameral de DNU no asegura nada, el mismo día de la reunión de esa comisión, el propio Naidenoff anticipó que el Poder Ejecutivo enviaría no uno, sino tres proyectos de ley para reemplazar al mega DNU de simplificación del funcionamiento del Estado.
Los tres proyectos llegaron al recinto el 21 de marzo de 2018, pero lejos estuvo de ser ese un trámite amable. De entrada nomás la oposición mostró los dientes al buscar cambiar el orden del temario, cuestión de tratar primero el dictamen del megadecreto y votar su rechazo, para recién después avanzar con los proyectos que lo remplazaban. Agustín Rossi explicó al pedirlo que el decreto de necesidad y urgencia que los proyectos venían a reemplazar estaba todavía vigente, pues no había sido derogado, con lo cual se estaban tratando de aprobar “leyes que modifican lo que ya no existe”. Lo que “ya no existe” era lo que había sido modificado por el controvertido DNU.
La movida impulsada por el bloque kirchnerista fue apoyada por el massismo, pero no prosperó. Primero se votó el plan de labor, que necesitaba 2/3 de los votos, y se consiguieron; y luego la moción de Agustín Rossi, que perdió: obtuvo 88 votos afirmativos y 150 en contra.
El debate fue muy prolongado y la votación de las tres leyes se hizo a la 1.30 del día siguiente, cuando la sesión llevaba ya más de 13 horas. El proyecto relativo al área de infraestructura tuvo 141 votos a favor y 86 en contra; mientras que el de producción obtuvo 140 votos a favor, 69 en contra y 18 abstenciones, y el de la administración pública nacional, 138 votos afirmativos, 63 negativos y 25 abstenciones.
Por esos días, el Frente Renovador había dejado de ser el bloque colaborador del Gobierno, tal como había sucedido durante los dos primeros años de la gestión Cambiemos, que lo había reemplazado por el interbloque Argentina Federal, que respondía a los gobernadores. Ese fue el acompañamiento con el que contó Cambiemos para aprobar esos proyectos, no sin antes proceder a una serie de modificaciones de artículos controvertidos, como la marcha atrás que debió hacer el oficialismo con el artículo que permitía embargar las cuentas sueldo, y la autorización al Fondo de Garantía de Sustentabilidad para operar como actor financiero y crear fideicomisos.
Esa fue la primera sesión del año en la Cámara baja, y la primera ordinaria luego de 16 meses y medio, y terminó en un verdadero escándalo, cuando el oficialismo dejó sin quórum el recinto a la hora de tratarse el dictamen de la Bicameral de DNU sobre el megadecreto. Es que si bien los diputados acababan de aprobar los tres proyectos de ley que reemplazarían a ese DNU ómnibus firmado por Mauricio Macri en enero, tanto el kirchnerismo, como el massismo querían terminar la sesión propinándole una módica derrota al oficialismo al rechazar el decreto. Pasó lo que se presumía que iba a suceder y se explicaba así por qué la presión inicial de la oposición por tratar el rechazo al DNU en el inicio de la sesión.
La maniobra del oficialismo comenzó a quedar expuesta cuando ya sobre el final, el presidente del interbloque, Mario Negri, pidió que se leyera por secretaría el pedido de informe a la Corte Suprema sobre las escuchas telefónicas entre la expresidenta Cristina Kirchner y Oscar Parrilli. Previamente se había alterado el orden del día para aprobar un proyecto de resolución referido a la liberación de represores. En ese contexto el oficialismo intentó hacer lo propio con ese texto, ante lo cual Agustín Rossi pidió tratar primero el DNU y luego el pedido de informe. “Si nosotros lo incorporamos sobre tablas, se antepone al proyecto del DNU -le aclaró el presidente de la Cámara, Emilio Monzó-. Si lo incorporamos con los dos tercios sobre tablas, automáticamente tiene prelación sobre el otro tema”.
Previendo lo que iba a pasar, el jefe del bloque FpV-PJ le advirtió que “no quisieron votar el DNU como primer punto. Ahora estamos para tratar el DNU y después tratemos el pedido de informe”. Negri aclaró que lo suyo era una moción de orden, y terminó leyéndose finalmente el texto consensuado que pedía se votara.
Con el cuerpo muy curtido en todo tipo de estrategias parlamentarias, Graciela Camaño advirtió entonces: “Quisiera no estar frente a una maniobra, porque evidentemente cuando nos empezamos a enojar y pelear tanto por un tema, es porque nos queremos ir por el otro”. Y advirtió a sus pares que eran responsables por el contenido del decreto que, insistió, todavía tenía juridicidad. “Hasta que no se promulgue (la nueva ley), con el decreto se pueden seguir tomando las cuentas sueldo. Se puede hacer todo lo que dijeron que no se puede hacer”, advirtió la jefa del bloque massista, que agregó que el presidente además podía promulgar parcialmente, o vetar lo que acababan de aprobar. Y expuso su temor a “que se levanten los diputados del oficialismo, acá no haya quórum y no hagamos lo que constitucionalmente corresponde, que es rechazar o aceptar el DNU. Sean responsables, quedémonos hasta el final; comprometámonos con el número y pongamos a votación del decreto de necesidad y urgencia”, reclamó.
Rossi leyó un artículo del reglamento según el cual no podía hacerse a esa altura una incorporación de la moción como quería imponer el oficialismo, pero Monzó insistió en que se iba a votar la incorporación sobre tablas. “No, no voy a hacer lo que usted quiere, Kicillof; soy yo el presidente de la Cámara, no usted”, advirtió el titular del Cuerpo ante los gritos del exministro de Economía.
La votación tuvo 131 votos afirmativos, 80 en contra y una abstención. O sea, no obtuvo los dos tercios necesarios. La maniobra había sido consumada, pues los diputados del oficialismo empezaron a pararse e irse. La tensión iba en aumento y se temió por un instante que se reviviera el escándalo de diciembre pasado, pues Monzó reaccionó de manera destemplada ante los gritos de un diputado: “¡No te permito! ¿¿¿Qué te pasa???”, le gritó.
Eran las 2.35 de la madrugada y la situación estaba desmadrada. Ya más calmado, Monzó decidió seguir como si nada; ya no había quórum, le gritaron, pero él aclaró que no había que votar aún, y puso en consideración el dictamen de mayoría recaído en el proyecto sobre la validez del decreto en cuestión.
Volvió a tomar la palabra Rossi: “Le dije en el transcurso de la sesión que estábamos frente a un mamarracho parlamentario; está claro que esto es un papelón absoluto. ¡Es imposible construir un trabajo ordinario con este tipo de cuestiones!”, arrancó, para disparar a continuación: “Presidente, usted fue cómplice, claramente; lo llevaron hasta el final con un tratamiento. Usted incumplió con el reglamento, porque las mociones sobre tablas se tratan al final de la sesión”.
“La verdad que están haciendo pelota el Congreso de la Nación, están haciendo pelota la Cámara de Diputados porque no se bancan llevar adelante una discusión. No se bancaron sostener los decretos de necesidad y urgencia”, insistió. Rossi continuó señalando que “nos hicieron trabajar, nos hicieron votar, y se levantaron y se fueron al momento de la votación”. Más caliente, agregó: “Sabe del respeto que le tenía; usted fue cómplice de una decisión que dejó al recinto en esta situación. Y armaron todo para que este último punto en el orden del día no se tratara”. Y para concluir, le advirtió: “Estas cosas después se pagan, se lo quiero decir claramente, en cualquier momento y cualquier lugar… No pretenda juego limpio de ninguna fuerza política después de lo que hicieron”.
Tras el santafesino, volvió a hablar Graciela Camaño, que no fue más leve, y calificó de “bochorno” lo hecho por Cambiemos. “Me extraña del presidente del interbloque; de quien integra el bloque de la Coalición Cívica y pregona republicanismo. Me extraña de algunos diputados del Pro que en el pasado solían quejarse del kirchnerismo…”.
“¿Sabe una cosa presidente? El kirchnerismo siempre nos ganó y nosotros siempre pataleábamos, pero ellos tenían el número. La prepotencia del kirchnerismo era la prepotencia del número que habían sacado en las elecciones -agregó Camaño-. Yo no me quiero imaginar este Congreso con una mayoría de Cambiemos… Si esto logran hacer siendo nada más que la primera minoría, no me quiero imaginar de qué manera van a atropellar y llevarse por delante las instituciones”.
Fuera de sí, Camaño insistió en que “lo que ustedes hicieron es bochornoso, no tienen nada para envidiarle (al kirchnerismo). Ya están iguales y peor, porque ellos tenían el número para los abusos que cometían”.
Ahora oficialista, Alfredo Olmedo era el único de ese interbloque presente, y como tal quiso hacerlo notar, y salió a contestar: “Yo los escucho a todos con mucha atención, pero lo mismo que pasó hoy, pasó muchas veces cuando eran gobierno”, recordó. Y ante los gritos del kirchnerismo, retrucó: “Yo soy un laburante y no me robé absolutamente nada… ¡Prueben trabajando y no roben!”.
A continuación, siguió una serie interminable de intervenciones, en la que Cecilia Moreau calificó a Cambiemos como “lo peor de la política”; el socialista Luis Contiggiani advirtió que “diciembre fue un quiebre, porque de la (reforma) previsional no se vuelve”; Guillermo Carmona habló de “autoatenado contra la gobernabilidad, de consecuencias imprevisibles”: el kirchnerista salteño Sergio Leavy dijo que “la democracia se está cayendo a pedazos”, y Axel Kicillof calificó de “repugnante” a la sesión. La santafesina Alejandra Rodenas fue la última oradora, y habló directamente de un quiebre del Estado de Derecho.
A las 3.25, el presidente de la Cámara dio por levantada la sesión por falta de quórum, tras 15 horas de debate.
