El diputado nacional Leopoldo Moreau (FdT) cuestionó el fallo del juez federal Sebastián Ramos quien cerró la causa contra el secretario del juez de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Silvio Robles, por la violación a los derechos civiles, entre ellos el de la intimidad que supone hacer una denuncia en base a chats obtenidos ilegalmente.

“El fallo de Sergio Ramos deja en evidencia que estamos frente a una Justicia a la carta e independientemente del juez Ramos lo que está claro es que hay una asociación ilícita que negocia fallos”, expresó Moreau en declaraciones radiales y sumó: “Ellos negociaron dos sentencias, coparticipación y Consejo de la Magistratura”.

Al respecto, el diputado opinó que “la Justicia argentina está obturada” y que este tipo de fallos “demuestra que la Justicia independiente no existe en nuestro país”. En ese sentido, manifestó que “hay que hacer como hizo Lula (da Silva), recurrir a la Justicia internacional”.

El oficialista continuó sus críticas a través de su cuenta de Twitter: “JUSTICIA A LA CARTA: En un fallo inusitadamente veloz, el Juez Ramos, dictaminó respecto a la denuncia contra Silvio Robles, ladero de Horacio Rosatti, que no podía ser imputado de ningún delito porque la denuncia se apoyaba en una ‘escucha ilegal’”.

“Es más el juez calificó a esta metodología como propia de la dictadura militar. Hasta aquí todo luce como un fallo razonablemente opinable, pero a la vez también confirma que en Argentina para Comodoro Py hay dos códigos de procedimiento y dos códigos penales”, planteó Moreau.

En esa línea, detalló: “Uno que se aplica en la persecución contra el movimiento popular y otro que se aplica a favor del macrismo y de la banda mafiosa que los representa en los tribunales”, y recordó la causa del memorándum de entendimiento con Irán -en la que esta implicada Cristina Kirchner– “estaba cerrada y fue reabierta precisamente por la utilización de una escucha ilegal que fue avalada por distintas instancias desde Bonadío hasta los Camaristas Hornos y Borinsky. Esta reapertura implicó que Carlos Zannini estuviera ilegalmente preso más de 3 meses”.

“Lo que es peor aún, llevar a la muerte a Héctor Timerman. Como si fuera una trágica parodia la defensa de Robles se apoya en el único voto que rechazó esa ilegalidad, pero quedó en minoría, que fue el de la Dra. Ana Figueroa”, sumó a las críticas.

También recordó “otro paso de este minué desfachatado y vergonzante lo dio en esta causa el Fiscal Stornelli, que adujo que no acusaba porque la prueba era ‘ilegal’. Recordemos que esa ilegalidad él la usó en su propia defensa cuando se presentó en Comodoro Py a acusar al diputado Eduardo Valdés en lo que se conoce como la causa puf puf, apoyándose en escuchas ilegales que clandestinamente le hizo llegar la AFI de Macri, Arribas y Majdalani cuyas transcripciones habían sido obtenidas de escuchas en el penal de Ezeiza entre presos políticos y sus abogados”.

En ese marco, preguntó: “¿Que harán ahora en Comodoro Py con este fallo? ¿Alguien procesará a Hornos y Borinsky por haber utilizado herramientas que se parangonan con las que usó la dictadura militar?”.

“¿Alguien abrirá una causa para castigar a los que llevaron a la muerte a Timerman y a una prisión arbitraria a Zannini? ¿El Procurador Casal le aplicará una dura sanción a Stornelli por su doble estándar?”, remató Moreau.

El juez Ramos cerró la causa contra Robles, abierta a raíz de los chats hackeados con el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, actualmente con pedido de licencia.

En el fallo escribió que la protección de los derechos humanos “sufrió su punto de menoscabo más alto durante la última dictadura militar como se encuentra acreditado en los diversos precedentes sometidos a juicio desde el inicio de la causa n°13/84, en las que se comprobaron testimonios arrancados bajo tortura, secuestro de personas e incluso de sus hijos, su desaparición y todo otro tipo de atropello que no encuentra asidero alguno”, entre otras medidas ilegales.

“Recomponer, en base a los flagelos sufridos a lo largo de la historia el estado constitucional de derecho, llevó y lleva en la actualidad un arduo trabajo, que involucra a la sociedad en su conjunto, de la cual forman parte tanto los funcionarios públicos como aquellos que sobre todo se dedican al derecho, motivo por el que es inadmisible e insostenible, que un proceso se inicie con prueba violatoria a las mínimas garantías constitucionales, y/o lo que es peor aún, que pueda ser iniciada a través de la comisión de un delito penal”, agregó el magistrado.

En consecuencia, “no pueden ser admitidas bajo ningún concepto como parte de un juicio respetuoso del debido proceso, pruebas o testimonios que hayan sido obtenidos, como a esta altura puede observarse, mediante maniobras organizadas basadas en actividades de inteligencia ilegal”, explicó el juez Ramos en su fallo.