El diputado nacional de JxC es investigado por una presunta alusión al hecho unos días antes en un bar cercano al Congreso, pero no está imputado formalmente.
El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) designó al abogado Manuel Barros como su defensor en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y así podrá acceder al expediente en el que no está formalmente imputado. Se lo investiga por una supuesta alusión al hecho pronunciada días antes en un bar cercano al Congreso.
Milman presentó espontáneamente un escrito en salvaguarda de sus derechos y pidió tener acceso a las actuaciones que llevan adelante el fiscal Carlos Rívolo por delegación de la jueza María Eugenia Capuchetti. Así, el jueves 22 de junio la Cámara Federal porteña hará una audiencia de manera previa a decidir si ordena que se secuestre su teléfono celular para ser peritado.
Capuchetti se negó a disponer esta medida pedida por la querella de Cristina Fernández de Kirchner, dado que Milman no está imputado en la causa. Esta decisión fue apelada por la vicepresidenta y el Tribunal de Apelaciones convocó a la audiencia presencial que se realizará ante los jueces de la sala primera del tribunal de apelaciones Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
La querella, representada por los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, reclama el secuestro del celular de Milman con el objetivo de buscar allí algún elemento que permita acreditar o descartar si el legislador tuvo alguna vinculación con el atentado contra la vicepresidenta ocurrido el 1 de septiembre de 2022. Uno de los argumentos de la jueza para rechazar la medida solicitada fue que el diputado no se encuentra imputado.
La decisión del legislador opositor fue tomada después de una serie de episodios que lo pusieron en el radar periférico de la investigación, especialmente los señalamientos de la querella de la propia Cristina Kirchner y la declaración de una ex colaboradora que lo situó en una escena de borrado de teléfonos.
Todo ello se suma a la denuncia formulada por un funcionario del Congreso quien aseguró haber escuchado al dirigente del Pro decir, dos días antes del intento de magnicidio en el restaurante Casablanca: “Cuando la maten, yo estoy camino a la costa”.
Las dos mujeres que lo acompañaban en aquella ocasión, Ivana Bohdziewicz (quien semanas atrás reconoció que su teléfono fue borrado en oficinas que pertenecen a Patricia Bullrich) y Carolina Gómez Mónaco (quien aún trabaja con el diputado) negaron haber escuchado aquella frase.
Milman, después de aquella versión sobre un diálogo, entregó un escrito en el que negó los hechos.
Ahora, la Justicia deberá resolver si acepta a Milman en calidad de imputado y, en ese caso, concederle acceso al expediente digital para que pueda ejercer su derecho de defensa y controlar la prueba que se produce en el marco de la investigación.
En una carta enviada a la Cámara Federal desde el Complejo Penitenciario de Ezeiza, donde está detenido, Fernando Sabag Montiel –el hombre que quiso matar a la vicepresidenta- desmintió cualquier vínculo de Milman con el intento de homicidio.
