La jefa de Unidad Ciudadana en el Senado presentó una medida cautelar en la que reclama que el Gobierno “se abstenga de ejecutar medidas tendientes a la disolución y liquidación” de la agencia.
La senadora nacional Juliana Di Tullio le inició una demanda judicial al Poder Ejecutivo por el cierre de la agencia de noticias Télam.
La jefa del bloque Unidad Ciudadana presentó este viernes una medida cautelar para que el Gobierno “se abstenga de ejecutar medidas tendientes a la disolución y liquidación” de esta Sociedad del Estado.
“Este desguace y desregulación está presente en el decreto de necesidad y urgencia 70/23, por eso el presidente está tan interesado en que siga vigente. Y mientras eso suceda, va a avanzar con la privatización de todas las Sociedades del Estado”, advirtió.
La kirchnerista señaló que “la inseguridad jurídica que instaura el Gobierno nacional cerrando el Congreso y gobernando por decreto, nos exige a los representantes del Poder Legislativo ponerle un límite a esta autocracia”.
Consultada por la importancia del caso, Di Tullio resaltó que “el cierre de la agencia afecta el derecho a recibir información veraz, deja al pueblo argentino vulnerable a la difusión e instalación de fake news y desgasta nuestra institucionalidad y democracia. Télam llega a todos los rincones de nuestro país, por eso es tan importante su defensa”.
El cierre de Télam, anunciado por Javier Milei en el discurso de apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, se efectivizó durante la madrugada del 4 de marzo cuando los trabajadores recibieron sus licencias y el edificio sede fue vallado con custodia policial.
“No podemos aceptar la crueldad con la que este Gobierno celebra que 700 familias pierdan su trabajo”, enfatizó la senadora en relación a los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni, la canciller Diana Mondino y otros referentes del oficialismo.
Sobre el final, Di Tullio explicó que “el Estatuto de Télam establece que su liquidación sólo podrá ser resuelta por el Poder Ejecutivo Nacional, previa autorización legislativa, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley N° 20.705, por lo que se interpreta que el Poder Ejecutivo Nacional avanza de hecho, sin ningún acto administrativo, sin reforma Estatutaria, sin ley. Hablan de libertad, pero lo único que hicieron estos tres meses fue cercenar derechos”.
