En medio del conflicto por la estatización de YPF, y cuando la Argentina debería pagar 16 mil millones de dólares por un mal procedimiento realizado durante el kirchnerismo, los diputados nacionales de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Paula Oliveto enviaron una nota al titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Alejandro Melik, en la que le solicitan que se le requiera al subprocurador del Tesoro de la Nación, Andrés de la Cruz, que se abstenga de intervenir en actuaciones relacionadas con el juicio contra nuestro país llevado adelante por Burford Capital, ya que, según ha trascendido públicamente, habría sido abogado de la familia Eskenazi, quienes podría ser beneficiarios del resultado de aquel juicio.

Además, ambos legisladores pusieron en tema al nuevo presidente YPF, Horacio Marín, para que pueda adoptar las medidas “adecuadas que sean respetuosas de las necesidades de la empresa a su cargo y del Estado Argentino en su conjunto”.

De la Cruz fue designado por la gestión de Javier Milei el pasado 26 de diciembre a través del decreto 80/2023, firmado por el presidente y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El abogado es el número dos de la Procuración del Tesoro, que asume la representación y la defensa del gobierno nacional en juicios como el de YPF y que está a cargo de Rodolfo Barra.

“De la Cruz habría sido abogado de la familia Eskenazi por lo que advertimos la existencia de un conflicto de intereses que perjudicaría notoriamente la defensa de nuestro país”, alertaron e insistieron: “Uno de los funcionarios a cargo de la defensa del Estado argentino mantendría una estrecha relación con quienes vendieron sus derechos a los actuales demandantes del Estado argentino y que tendrían un notorio interés en el litigio que llevan adelante contra la Argentina”.

“Cabe recordar que la defensa del Estado argentino en el mencionado juicio es llevada a cabo por la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo subprocurador es Andrés De la Cruz, quien estaría a cargo de los litigios internacionales”, explican los legisladores de la CC en el texto de la carta enviada a la OA.

Asimismo, se anclaron en la ley de Ética Pública y le remarcaron a Melik que “es importante que el subprocurador se abstenga de intervenir en el mencionado juicio puesto que, habida cuenta del notorio conflicto de intereses existente, podría privilegiar su interés particular por sobre el interés público. Si se abstuviera de intervenir se evitarían opacidades o sospechas que podrían mellar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas o, cuanto menos, en la transparencia en los controles del Estado”.

Los diputados nacionales advirtieron que, de no ocurrir el corrimiento, “se estaría atentando contra el ejercicio de una buena defensa por parte de nuestro país —evidenciando un hecho de extrema gravedad institucional— e, insistimos, podría acarrear la confirmación de una condena multimillonaria. Es nuestro deseo que el Estado argentino esté bien representado, puesto que está en juego el presupuesto público; es decir, dinero que le pertenece a todos los habitantes”.

En la nota, explicaron que el Estado argentino enfrenta una causa judicial en la que el fondo Burford Capital¨ que compró los derechos de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de propiedad de Eskenazi, le reclama una multimillonaria indemnización por la estatización de YPF ocurrida en el año 2012.

El pasado mes de septiembre, la jueza de distrito 2 de Manhattan, Loretta Preska, que ya había determinado que Argentina había incumplido el contrato de YPF, consideró adecuado el esquema de compensación propuesto por el fondo Burford Capital, que pide unos 16.000 millones de dólares de indemnización.

“Conforme surge de información publicada en diversos medios periodísticos, el fondo Burford Capital habría efectuado un acuerdo con la familia Eskenazi en el que estos últimos se beneficiarían con el 30% del monto del litigio, si es que obtuvieran alguna indemnización al respecto. Por lo tanto, hay severas y fundadas sospechas que detrás del fondo Burford estarían los Eskenazi”, argumentaron.

Por último, recordaron que “la defensa del Estado argentino en el mencionado juicio es llevada a cabo por la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo subprocurador es Andrés De la Cruz, quien estaría a cargo de los litigios internacionales. He aquí, entonces, donde radica el fundamento de nuestra presentación”.