La Corte Suprema de Justicia de la Nación es el máximo tribunal federal de nuestro país y, en tanto tal, posee la última palabra en los juicios en los que se discuten cuestiones que involucran los derechos y garantías asegurados en la Constitución Nacional. También dirime con carácter definitivo los conflictos entre las provincias y entre éstas y la Nación.

Su misión constitucional y su posición institucional es de tal gravedad que sus decisiones se encuentran en relación directa con la honestidad e idoneidad de sus integrantes, como recuerda la Corte Suprema en el Prólogo al volumen 1 de su colección de fallos.

Así se expresó el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, para el cual esos magistrados deben ser juristas intachables, con distinguidos antecedentes profesionales y morales. Pues la falta de idoneidad o la ausencia de honorabilidad de alguno de ellos, tarde o temprano pero inexorablemente, deshonrará al Tribunal ante la opinión pública, sostiene el Colegio de Abogados.

Para esa entidad, “actualmente existen -sin dudas- candidatas de destacada trayectoria que estarían llamadas a ocupar prioritariamente el sitial que ocupara la doctora Highton de Nolasco. Obviamente, la nominación del juez Ariel Lijo, recae sobre alguien que no integra aquella clase. Sin perjuicio de ello, los antecedentes del doctor Lijo no satisfacen los requisitos de idoneidad y aptitud requeridos para ese cargo”.

El Colegio de Abogados de CABA considera que “el o la postulante propuesta para integrar la Corte Suprema debe ser alguien de intachable carrera profesional, de desempeño excepcional, sin cuestionamientos económicos ni involucramientos políticos. Sin embargo, el doctor Lijo, juez a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°4 de Comodoro Py 2002, ha sido reiteradamente cuestionado por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por su actuación irregular o morosa en causas de corrupción contra la Administración Pública Nacional”.

“En particular, este Colegio lo denunció ante el Consejo por la demora en la tramitación de numerosas causas y por la falta de colaboración en la reunión de datos estadísticos que permitieran controlar el desempeño del tribunal a su cargo –agrega el Colegio-. Idéntico reproche se le ha formulado en la causa en la que se debería investigar el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci. Los medios periodísticos también se han hecho eco de esas y otras imputaciones contra el magistrado que, consideradas en conjunto, ponen en evidencia que el doctor Lijo está muy lejos de poseer las cualidades de excelencia que se espera de un juez de la Corte Suprema”.

Por ello, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires considera “inaceptable” y se opone a la candidatura propuesta por el Poder Ejecutivo del juez Lijo, en reemplazo de la vacante producida en la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la doctora Highton de Nolasco.