El Senado de la Nación sesionará el próximo 3 de abril para tratar los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, quienes fueron propuestos para integrar la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue oficializada por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, quien fijó la fecha luego de que el interbloque peronista solicitara una sesión especial para abordar el tema de manera urgente.

Si bien la intención del peronismo era llevar el debate al recinto este mismo jueves, la solicitud de sesión especial le dio margen a Villarruel para fijar la fecha y el horario del encuentro legislativo, lo que le permitió dilatar la discusión y descomprimir la presión de la oposición. De esta manera, la vicepresidenta evitó cuestionamientos por la inactividad del Senado y trasladó la responsabilidad a la Casa Rosada y a los senadores.

Los pliegos de García-Mansilla y Lijo ya cuentan con dictamen y están en condiciones de ser votados en el recinto. El caso de García-Mansilla es particular, ya que asumió su cargo en la Corte Suprema en febrero, tras haber sido designado por decreto junto con Lijo. La maniobra del presidente Javier Milei generó una fuerte controversia, lo que llevó a sectores del peronismo y a legisladores como Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (Pro) a impulsar dictámenes que avalan su nominación para que sea formalmente ratificado por el Senado.

La sesión del 3 de abril se anticipa como un escenario de alta tensión política, con el oficialismo buscando consolidar sus nominaciones y la oposición intentando bloquearlas o exponer la decisión del Ejecutivo de designar jueces sin el aval del Congreso. El debate marcará un nuevo capítulo en la pulseada entre el Gobierno y el Senado, en un contexto de creciente confrontación institucional.

Los senadores nacionales de Unión por la Patria le pidieron a la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, un pedido de sesión especial para el próximo jueves 20 de marzo a las 12 con el fin de dar tratamiento a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García – Mansilla. Ambos jueces fueron designados por decreto el pasado 26 de febrero.

La Comisión de Acuerdos pasó a la firma los despachos para el rechazo de García-Mansilla en la reunión de este jueves: Uno de los dictámenes contempló las siete rúbricas de los miembros de Unión por la Patria; mientras que el otro, tuvo las firmas del radical Martín Losuteau, y la senadora larretista Guadalupe Tagliaferri (Pro).

El pasado 27 de febrero, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación le tomaron juramento a García-Mansilla, que luego estuvo sentado con los miembros del máximo tribunal en la Asamblea Legislativa del 1º de marzo pasado.

Sin embrago, la Corte Suprema optó por no tomarle juramento a Ariel Lijo y rechazarle el pedido de licencia como titular del Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py. Sin una renuncia a la vista por parte del juez, su futuro está ligado a la votación del Senado.

Ahora bien, el caso de García Mansilla, quien actualmente está en funciones como miembro de la Corte Suprema, podría desatar un conflicto de poder en caso de que el jueves la Cámara alta haga caer su pliego.

• Nuestro Interbloque solicita se convoque a Sesión Especial para el día 20 de Marzo a fin de tratar los pliegos para la designación del Dr. Ariel Lijo y el Dr. Manuel García Mansilla como
Jueces de la Corte Suprema 👇 pic.twitter.com/XdRYkJldSp

— Senadores de UxP (@Senadores_UxP) March 13, 2025

De cara a la sesión, el interbloque opositor cuenta con 34 miembros, quedando a 3 del quórum. En caso de que la sesión contase con asistencia perfecta, alcanzarían 25 pronunciamientos de esa bancada en contra para que las postulaciones queden sin chances.

Otra vez la tragedia se posó en Bahía Blanca. Como en diciembre de 2023, cuando esa vez el viento causó devastación y entre otras cosas derrumbó el techo de un club causando 13 muertos. El gobierno libertario llevaba menos de una semana en el poder y el presidente viajó a esa ciudad para estar -muy poco tiempo- en el lugar de los hechos. Y ahí, vestido con ropas militares, con el ministro de Defensa a su derecha con igual atuendo, expresó unas palabras que aún resuenan (mal) en la memoria bahiense: “Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr poder resolver esta situación de la mejor manera posible, con los recursos existentes”.

Fue lo primero que les vino a la mente a muchos cuando este viernes se conoció la magnitud de un desastre aún peor en la tierra natal de Manu Ginóbili. Con más experiencia y mejor aconsejado, el Gobierno desarrolló un intenso operativo para atender la emergencia, autorizó el envío de 10 mil millones de pesos para las tareas de asistencia y Patricia Bullrich y Luis Petri -la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio en 2023- se instalaron allí enfrascados en sus funciones ministeriales.

Rápidos de reflejos, en Presidencia suspendieron la visita de Milei a Mendoza para participar de la Fiesta de la Vendimia, aunque al menos de entrada no cambió su destino hacia el lugar de la tragedia. Que logró, eso sí, lo que hasta poco antes parecía imposible: que el Gobierno nacional y el bonaerense se mostraran juntos coordinando acciones en el lugar de los hechos. No podía ser de otra manera, pero dadas las circunstancias y antecedentes, sorprendió. Gratamente.

Porque justo una semana antes, Javier Milei había llegado a sugerir la intervención de la provincia. “Si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”, posteó Milei el viernes anterior al colapso bahiense.

Si bien después diversos voceros trataron de minimizar el alcance de la amenaza, ese ataque es parte del bombardeo oficial constante sobre la administración de Axel Kicillof, secundado por medios y periodistas afines. El combustible para la contienda son los casos de inseguridad que se suceden en territorio bonaerense, situación que el presidente ha descripto como “un baño de sangre”, parangón cuyo copyright corresponde a José Luis Espert, hoy en la pole position libertaria para estas elecciones en el distrito bonaerense (madre de todas las batallas).

Desde la gobernación le contestaron que el índice de homicidios viene bajando en la provincia, cosa que la prensa adicta relativizó. Pero lo cierto es que la única manera de medir estas cuestiones -sin guiarse por la “sensación térmica”- es a través de las estadísticas. Y si bien en la materia puede objetarse que no todos los casos se denuncian, los homicidios no pueden ocultarse. El tema es que, moderada la inflación, la seguridad ha vuelto a ocupar un lugar principal en la escala de demandas de la sociedad. Pardójicamente cuando la ministra de Seguridad de la Nación, a quien el presidente Milei ponderó especialmente en su discurso ante la Asamblea Legislativa, goza de la mejor imagen. Incluso hay una encuesta conocida esta semana que sitúa a Bullrich por encima de Milei, caso $Libra mediante.

El propio presidente dio datos positivos sobre la seguridad, cuando en la Asamblea Legislativa afirmó que “tuvimos el índice de homicidios más bajo de Sudamérica”, dato corroborado por Chequeado, en base a un informe del Insight Crime de 2024, que señala que la Argentina registra 3,8 homicidios por cada 100 mil habitantes, la tasa más baja entre países sudamericanos con datos confiables. También la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2022 señala que Argentina tiene la tasa más baja de la región.

Ante un recinto semivacío, Milei también destacó el 1° de marzo que gracias al plan lanzado por el Gobierno nacional en Rosario se ha logrado “el índice de criminalidad más bajo desde 2006, con menos de 100 crímenes registrados”.

¿Podemos hablar entonces de un incremento de la inseguridad, o es que el Gobierno nacional ha resuelto hacer campaña en el principal distrito del país con ese tema? Lo cierto es que ese mismo elemento se ha colado en la discusión electoral porteña, donde La Libertad Avanza tiene decidido -y no lo oculta- expulsar al Pro del Gobierno de la Ciudad que administra desde hace 17 años. En este caso usando las fugas de comisarías para raspar a la gestión de Jorge Macri. Acá también valen las estadísticas: este año ya fueron 13 los evadidos, pero en 2023 hubo 22 y en 2024 se contabilizaron 21 fugas. Datos del Ministerio de Seguridad, que describe así la sobrepoblación de detenidos en comisarías: en 2023 había 1.600; en 2024 ya eran 2.300, y hay este año 2.455. La capacidad máxima es de mil presos. FIN.

Como sea, el jefe de Gobierno porteño decidió esta última semana dar una señal de cambio en ese sentido, reemplazando al ministro de Seguridad, Waldo Wolff, un civil, por un policía que ya condujo la Policía de la Ciudad en tiempos que gobernaba su primo, quien lo recomendó. Igual Wolff iría como candidato en la trascendental elección prevista para mayo, aunque el primer lugar de la lista estaría reservado para Laura Alonso, actual vocera del Gobierno porteño.

Desdoblada de las generales por primera vez desde 2015, esta elección ha adquirido un carácter nacional, donde competirán pesos pesado. El peronismo llevará como candidato al diputado nacional Leandro Santoro, que quiere ser jefe de Gobierno en 2027 y especula con sacar partido de la división del voto entre macristas y libertarios; la Libertad Avanza podría poner en cancha a Manuel Adorni -a quien no lo convence para nada el cambio, pero hará lo que le pidan-; la Coalición Cívica jugará con la diputada nacional Paula Oliveto y hasta es probable que compita Horacio Rodríguez Larreta.

El misterio se resolverá pronto: el 19 de marzo cierran las listas.

La atención oficial en los próximos días estará puesta en el Congreso, donde hoy dos cuestiones desvelan al Gobierno: los jueces para la Corte y el acuerdo con el Fondo.

En el caso de los magistrados, el presidente se había endulzado pensando que con los nombramientos en comisión se salía con la suya -recordar lo de “los dos o ninguno”-, y más cuando prestamente García-Mansilla fue convalidado por el pleno de la Corte. Pero el entusiasmo se desinfló cuando tres de los cuatro miembros del Tribunal rechazaron convalidar la licencia que había pedido Ariel Lijo para mantener el Juzgado Federal N° 4 como resaseguro por si queda fuera de la Corte Suprema. Se sorprendieron en la Rosada con el voto de García-Mansilla, que dio una muestra de carácter al rechazarle el pedido de licencia, contrariando los deseos del Gobierno y de su compañero de decreto.

Tal vez le haya hecho un favor a Lijo, que sigue apostando a que el Senado apruebe sus fueros. Siguiendo la recomendación que le hizo el propio Gobierno, él mismo se encargó en su momento de conseguir sus votos y pensó que los tenía. Tal vez sea así, pero el clima se enrareció para el Gobierno con el caso $Libra y en el peronismo no quieren regalarle ningún éxito al presidente. Menos el kirchnerismo ahora, que es el que más contactos informales mantuvo sobre el tema con Santiago Caputo, vía Sebastián Amerio, viceministro de Justicia y mandamás real en esa cartera. Lo cierto es que su pliego está listo para ser tratado y podría suceder esta misma semana. Como Lijo no terminó jurando “en comisión” -no piensa retirar su pedido de licencia para hacerlo-, cree que sus chances siguen intactas, pues el bloque que conduce José Mayans había dicho que no votaría a ningún juez impuesto por decreto.

Los senadores de UP y algunos radicales y del Pro apuran la firma del pliego de García-Mansilla, para poder llevarlo al recinto y bocharlo. Para eso avanzaron en la Comisión de Acuerdos con dos dictámenes de rechazo a los que les faltan una firma a cada uno. Igual lo pueden tratar sobre tablas, pero sería más complicado, pues necesitan 2/3 para habilitar el tratamiento. Tras ello, con 25 votos totalmente conseguibles, alcanza para sacarles tarjeta roja a los dos.

Sería una señal muy contundente del Congreso hacia el Gobierno que muchos quieren dar, mas no sus gobernadores, que presionan a los senadores, presionados a su vez por la Rosada.

Sobre el acuerdo con el FMI, el Gobierno anterior impulsó en 2021 la Ley 27.612 que obliga a que todo entendimiento de ese tipo sea aprobado por el Congreso. Para saltear esa instancia, la Oficina del presidente anunció el jueves que cumpliría con el Congreso mandando un decreto de necesidad y urgencia. No es lo que dice la ley citada, que en su artículo 2° establece que todo acuerdo con el FMI “requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 6, 2025

Un DNU no es una ley; es algo mucho más discrecional que le da al Ejecutivo múltiples prerrogativas: entra en vigencia al ser firmado; no necesita ser debatido; y alcanza con que una sola cámara lo apruebe.

El Congreso decidirá esta semana si sigue haciéndole concesiones al Gobierno. Un opositor alertaba este fin de semana con una velada amenaza presidencial en la apertura de sesiones. Fue cuando, hablando del aval a lo que vaya a acordar con el Fondo, advirtió que “si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al Gobierno nacional en esta propuesta que les extiendo, sepan que eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó. Lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer”.

Dicen que el que avisa no traiciona.

Luego de un año en el que la Cámara alta ocupó un rol menor en el andamiaje institucional, el Cuerpo parecería querer recuperar protagonismo y el debate sobre los pliegos para la Corte Suprema podría ser el disparador ideal. En rigor, ya lo intentó en la última sesión, aquella única de extraordinarias, donde algunos intentaron crear una comisión investigadora para el caso $Libra. No les fue bien, y al final la audaz maniobra terminó prácticamente en un blooper.

Con ese antecedente, ahora intentan recuperar fuerzas con las designaciones de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia, nombrados por decreto por el presidente Javier Milei. Revitalizado tras haber recuperado un senador que había perdido con la salida de sus huestes del entrerriano Edgardo Kueider -hoy preso en Paraguay; vip, pero preso al fin- Unión por la Patria se propone avanzar con una sesión donde pueda tratar los pliegos que el presidente quiere instalar por decreto y por el término de un año. Tratan de articular la maniobra con sectores del Pro y la UCR que coinciden en pensar que el procedimiento del Ejecutivo vulnera el rol del Senado en el proceso de selección de jueces supremos.

En la previa de la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema tomó una decisión rápida, que fue la de tomarle juramento a García-Mansilla, a pesar de no contar con el acuerdo del Senado. Tildando de hecho como “constitucional” la medida implementada por el presidente de la Nación.

La designación de Lijo no pudo avanzar, no por las masivas impugnaciones presentadas en su contra, sino por estar decidido el juez federal a mantener -como reserva- el cargo que ya de por sí le asegura un puesto vitalicio en el seno de la Justicia. No quiere arriesgarse a quedarse sin nada. Por eso y solo por eso la Corte no le tomó juramento. Lo que rechazó el jueves pasado fue concederle la licencia que pidió y que -¿corporativamente?- le había concedido la Cámara Federal. Con el voto de García-Mansilla, que dio una valiosa muestra de autonomía rechazando la licencia de su compañero de decreto, sin que ello fuera suficiente para redimirlo ante los senadores.

“Nos mintió en la cara. Dijo que no aceptaría ser designado por decreto y lo hizo”, señalan desde la oposición dialoguista, teniendo en cuenta la pregunta que durante la audiencia en la Comisión de Acuerdos le hizo la mendocina Anabel Fernández Sagasti al catedrático.

A diferencia de Lijo, García-Mansilla no logró reunir las firmas necesarias para el tratamiento de su pliego en el recinto hasta la semana pasada. En un movimiento inesperado, el kirchnerismo y los sectores opositores críticos del Gobierno presentaron dos dictámenes de rechazo: uno encabezado por los porteños Guadalupe Tagliaferri (Pro) y Martín Lousteau (UCR), y otro por los senadores de UP. Quedaron a una firma de estar habilitados para su tratamiento, como el de Lijo.

El oficialismo, por su parte, intentó deslegitimar el procedimiento de Unión por la Patria rechazando la firma de José Mayans, argumentando que el presidente de ese interbloque no estuvo presente en la audiencia de García-Mansilla. No obstante, la oposición sostiene que la firma del formoseño es suficiente para validar el dictamen. Faltaría entonces un radical.

Dentro del radicalismo, la disputa interna respecto de cómo enfrentar las designaciones por decreto de Milei sigue latente. Mientras Lousteau, Pablo Daniel Blanco y Maximiliano Abad lideran el sector más independiente y equidistante (o crítico) del Gobierno, el grupo alineado con los gobernadores busca evitar una confrontación directa. Con el jefe del bloque Eduardo Vischi a la cabeza, esta tensión ya se evidenció en la votación de la comisión investigadora del caso Libra, donde seis radicales boicotearon la iniciativa pese a que fue impulsada por su propio bloque. Hombre del gobernador correntino Gustavo Valdés, Vischi aparece imposibilitado de incomodar a la Casa Rosada, como también sucede con otros legisladores como los mendocinos.

Ahora, los sectores más críticos confían en sumar más votos para rechazar el pliego de Lijo y garantizar el quórum necesario para la sesión. La vicepresidenta Victoria Villarruel será clave en este escenario, ya que su rol como presidenta del Senado le otorga la potestad de habilitar o bloquear el debate. La “descabezada” titular del Senado ha sido decididamente soslayada en sus funciones por el Gobierno y ya dijo oportunamente que no le gusta la designación de Ariel Lijo.

El destino de Lijo

El pliego del juez federal que se aferra a sus dos cargos ya cuenta con dictamen y podría ser tratado sin necesidad de una votación sobre tablas. No obstante, el peronismo enfrenta una disyuntiva: mientras el kirchnerismo impulsa su rechazo, algunos gobernadores peronistas buscan mantener su candidatura. “Lijo no, que es amigo”, argumentan algunos mandatarios provinciales, intentando frenar la ofensiva opositora.

La estrategia del ala dura de Unión por la Patria -porque allí también tallan los gobernadores más cercanos a la Rosada- es sesionar cuanto antes para rechazar ambos pliegos y dejar sin efecto las designaciones en comisión. Según interpretan, si el Senado se pronuncia en contra, los jueces perderían automáticamente su legitimidad y el Gobierno debería proponer nuevos candidatos.

Sobre el tema la consultaron este viernes a Guadalupe Tagliaferri, quien es nada menos que la presidenta de la Comisión de Acuerdos, y esto dijo: “Un decreto simple firmado por el presidente no puede estar nunca por encima del Senado, que es lo que establece la Constitución”.

Pese a los dichos de la senadora del Pro, si la Cámara alta finalmente rechaza las nominaciones, se abrirá un conflicto institucional con el Ejecutivo. Mientras Milei sostiene que, según el artículo 99, inciso 4 de la Constitución, los jueces designados en comisión pueden permanecer en sus cargos hasta noviembre, la oposición argumenta que el proceso de nombramiento solo se completa con el acuerdo del Senado. Esta discrepancia podría derivar en una nueva crisis política y, eventualmente, en presentaciones judiciales. Que recaerían en la propia Corte…

Legisladores de la oposición dialoguista destacaron la decisión de la Corte Suprema, que este jueves rechazó el pedido de licencia realizado por el juez federal Ariel Lijo, designado por decreto en el máximo tribunal, cuya integración al mismo ahora quedó en suspenso.

En declaraciones en radio La Red, el senador Luis Juez fue consultado por el tema y afirmó: "Es lo que corresponde. Si Lijo quiere ser ministro de la Corte, arriesgá algo maestro".

El cordobés consideró que Lijo no tiene "un puto mérito" y "encima no quiere perder una el viejo; eh, loco, pará. No podés querer venir a ser ministro de la Corte y juez federal. Renunciá, jugáte la vida".

"En este tema hay jurisprudencia, no se le puede tomar juramento con licencia, tiene que renunciar", aseguró y advirtió que este escenario "se le puede volver un búmeran" porque " el pliego de Lijo se va a tratar sí o sí en una sesión" del Senado, afirmó.

En contra de Lijo desde el primer día, algo que provocó su salida del oficialismo, el senador formoseño Francisco Paoltroni sostuvo que "Lijo no sólo no puede ser juez de la Corte Suprema, ni siquiera debería seguir siendo juez. Con 350 impugnaciones en el Ministerio de Justicia, 35 en el Senado y 40.000 firmas ciudadanas en rechazo, es evidente la falta de confianza que genera. La justicia debe estar integrada por magistrados intachables e incuestionables".

"La Corte Suprema rechazó la licencia pedida por Ariel Lijo para asumir en el máximo tribunal. Gran noticia para los que aún defendemos las instituciones y lo dijimos siempre", fue el mensaje de la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli.

En tanto, el diputado radical Julio Cobos opinó que "la Corte Suprema hizo lo correcto" al "rechazar el pedido de licencia por improcedente". "Ahora el juez Ariel Lijo tiene dos caminos, renunciar o someterse al proceso de legitimidad que le da el Senado de la Nación si avala su pliego, y esto es lo que corresponde y debería hacer", resumió.

Por su parte, el diputado del Pro Fernando Iglesias destacó la posición tomada por Manuel García-Mansilla, también designada por decreto, quien asumió la semana pasada y votó por el rechazo. "García Mansilla votó a favor de rechazar la licencia de Lijo. Dato, no opinión. Felicitaciones", publicó en la red social X.

Por mayoría simple, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves el pedido de licencia del juez federal Ariel Lijo para asumir como miembro del máximo tribunal sin dejar por completo su cargo en Comodoro Py, donde encabeza el Juzgado Federal N°4 desde 2004. Previamente, la Cámara Federal lo había avalado.

La decisión fue tomada por Horacio Rosatti -presidente de la Corte-, Carlos Rosenkrantz y Manuel García-Mansilla, recientemente asumido. En tanto, Ricardo Lorenzetti votó en disidencia, a favor de la solicitud de Lijo.

Al igual que García-Mansilla, Lijo fue designado "en comisión" por el presidente Javier Milei el pasado 26 de febrero. Sin que avancen los pliegos en el Senado durante las sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo, en una cuestionada decisión, recurrió al decreto.

La semana pasada, la Corte le tomó juramento a García-Mansilla, quien había sido el elegido para cubrir la vacante que dejó la salida de Juan Carlos Maqueda. Dos días después, hizo su debut junto a los otros tres cortesanos en la Asamblea Legislativa, donde fue saludado por muchos.

A diferencia de García-Mansilla, el pliego de Lijo, resistido con fuerza por varios miembros de la llamada oposición dialoguista, sí había recibido dictamen con las firmas necesarias, pero finalmente el oficialismo no pudo garantizarse tener los dos tercios de los votos para llevarlo al recinto.

Con esta decisión, la Corte dejó en claro que Lijo asumirá solo en caso que renuncie como juez federal, algo a lo que no está dispuesto. Desde su entorno aseguran que esperaría lo que le resuelva el Senado en cuanto a su pliego.

Aunque en la Cámara alta la postulación de Lijo corría con más chances que la de García-Mansilla, el paso dado por el presidente Milei, al designarlo por decreto, despertó el fuerte rechazo de todo el arco opositor, incluido -por supuesto- Unión por la Patria, espacio del que se esperaba que al menos una docena acompañe el pliego de Lijo. Ahora, se abrirá un nuevo capítulo, con final abierto.

Fue su segunda inauguración de sesiones ordinarias y por primera vez el presidente Javier Milei no estrenó modalidad al concurrir al Congreso. Hagamos memoria. En la primera asamblea de la que tomó parte, cuando le tomaron juramento, dio la nota no hablándole a los diputados y senadores, sino a la gente en la calle, de espaldas al Palacio de las Leyes. Y conste que la organización del evento no estaba a su cargo, sino tal vez hasta hubiera modificado el horario…

Se lo hubieran agradecido, en ese caso, los presidentes y otros invitados que tuvieron que cocinarse al sol del mediodía de diciembre durante los 33 minutos que habló ese día el entonces flamante presidente.

La segunda vez sucedió tres meses después, ya en el recinto de Diputados, donde inauguró por primera vez las sesiones ordinarias. Y lo hizo -gran sorpresa- a partir de las 9 de la noche, un horario inédito para esa ceremonia. Y desde un atril, ya no compartiendo el estrado con las autoridades de las cámaras.

Su tercera visita tuvo también ribetes inéditos, ya que nunca un presidente de la Nación se ocupó de presentar el presupuesto nacional personalmente, en el recinto. Además del hecho en sí, las fechas y horario no fueron menos novedosas: domingo a las 21, prime time televisivo, que tanto le gusta a quien se hizo conocido a través de la difusión que le dieron los medios audivisuales. Una lástima que semejante actitud de quien es en definitiva el primer presidente economista de la historia argentina no haya estado acompañada por la aprobación de la ley de leyes, pero esa ya es otra cuestión.

Esta cuarta aparición en el Parlamento ya no tuvo el efecto de las novedades. Mismo horario, de nuevo en el atril, ya no hubo elementos nuevos, salvo el hecho de ser un sábado.

No fue lo único que repitió. También usó el método de intimar al Congreso. Lo hizo un año atrás cuando estaba fresco el fracaso del verano con la Ley Bases. Esa vez propuso el Pacto de Mayo. Les hablaba a los legisladores, pero dirigiéndose a los gobernadores, con quienes propuso suscribir el 25 de mayo venidero un contrato social que consistiría en 10 políticas de Estado que presentó entonces como “las bases del progreso de cualquier nación”. El compromiso era sancionar la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el Alivio Fiscal (así presentó entonces a la segunda ley que se aprobaría en los meses siguientes). “Esta es la oferta que nosotros ponemos sobre la mesa: quedará en ustedes y en el resto de la dirigencia argentina saber aprovechar la oportunidad de cambiar la historia; o de lo contrario, pretender continuar por este camino de decadencia por el cual nos han traído”.

Fue también áspero cuando advirtió: “No negociamos el cambio y vamos a cumplir la promesa que le hicimos a la sociedad, con o sin el apoyo de la dirigencia política. Lo haremos con las herramientas que nos puedan brindar, o lo haremos solamente con los resortes legales del Poder Ejecutivo, como venimos haciendo hasta ahora. Porque nosotros, cuando nos encontramos con un obstáculo, no vamos a dar marcha atrás… vamos a seguir acelerando”.

Usó la misma estrategia este sábado para reclamarle a los legisladores que apoyen el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando tras recordar que “este Congreso ya demostró, una y otra vez, que entre ustedes y los argentinos algunos no tienen problema de elegirse siempre a ustedes”, les advirtió: “Si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al Gobierno nacional en esta propuesta que les extiendo, sepan que eso no detendrá el proceso de cambio que el pueblo argentino nos encomendó. Lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer a nuestra manera, pero tarde o temprano lo vamos a hacer (…) Y nunca, pero nunca nos rendiremos. Jamás nos vamos a rendir”.

La vez pasada le fue bien, esta vez se verá. Les hablaba a todos los legisladores presentes, aquellos que en líneas generales deberían darle los votos para aprobar este acuerdo con el Fondo que inexorablemente debe pasar por el Congreso. No estaban aquellos legisladores que nunca le han aprobado nada hasta ahora al Gobierno. Milei tuvo la ventaja este 1ro de marzo de contar con un auditorio de lo más afín. Solo lo escuchaban oficialistas y aliados, salvo alguna excepción.

El problema fue que entre esas excepciones había dos que terminaron aguándole la fiesta. Los diputados de Democracia para Siempre, el sector del radicalismo que ha sido refractario a la gestión libertaria se habían sumado al faltazo anticipado por las bancadas más opositoras. Solo irían dos representantes: su presidente, Pablo Juliano y Marcela Coli. Sobre la marcha se sumó Facundo Manes. El mismo lo anunció en sus redes, diciendo que iría al Congreso a escuchar al presidente. “No me preocupan las burlas ni el show. Nunca me amedrenté ante una responsabilidad difícil y no voy a hacerlo ahora frente a quienes buscan intimidar”, dijo, anticipando que también transmitiría por sus redes la ceremonia, habida cuenta de que “el Gobierno no permite el ingreso al recinto de reporteros gráficos y relegó a la prensa acreditada”.

No imaginaba seguramente el protagonismo que terminaría teniendo. Lo cual irritó particularmente al presidente, que al dejar el recinto sentía que lo suyo había sido un éxito. Pero nada termina hasta que todo concluye, y a la salida del recinto el neurocientífico se cruzó con Santiago Caputo, aunque no hubo casualidad, ya que el asesor todoterreno lo había ido a buscar, tal cual se lo había anticipado desde el palco, cuando interactuaron en plena sesión. Lo demás es conocido, y fue un dolor de cabeza el Gobierno, que sintió que la atención se centraba a partir de entonces donde no debía estar.

Segunda vez que pasa con el asesor presidencial, como cuando una nota pautada para salir del atolladero en el que se metió el presidente con el escándalo $Libra, terminó en un papelón periodístico. Aunque tal vez eso haya sido más rendidor, pues desvió algo la atención del problema principal. En este caso fue todo pérdida.

El súper asesor deberá morigerar en el futuro sus arrebatos personales.

Para Manes, valió la pena decidir finalmente concurrir. Este domingo advirtió que lo que le pasó es “una metodología de gobierno hecha para amedrentar y lograr que nos borremos de nuestro deber institucional. Por eso había que ir ayer”.

Lo deben haber lamentado los de Unión por la Patria y más aún la izquierda, que sí estuvo, solo para dejar puestos carteles en sus bancas que nadie mostró, solo ellos en sus redes sociales. Distinto hubiese sido si hubiesen completado el recinto, para mostrar su oposición directamente ante quien les hablaba, como han hecho otras veces.

Como sea, fue impresionante el vacío que le hicieron al presidente, mostrando un recinto casi desértico por primera vez desde el 83 en una asamblea legislativa.

En una jornada cargada de simbolismos, también había especial atención respecto de la presencia de los miembros de la Corte Suprema, que volvió a mostrarse con cuatro miembros, al sumarse Manuel García-Mansilla, flamante cortesano designado “en comisión”. Se ubicaron exactamente como el Gobierno supone que estarán alineados: Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y García-Mansilla; en ese orden. Rozenkrantz llegó sobre la hora, pero hasta entonces Rosatti le había dejado el lugar libre, entre él y Lorenzetti; no fuera cosa que tuvieran que sentarse juntos. Y hablaban como si estuvieran divididos en dos bloques, que es como el Gobierno los imagina.

La primera prueba se dará esta semana, cuando el jueves 6 de marzo deban decidir qué hacer con Ariel Lijo y su pedido de licencia como juez federal. Rosatti y Rozenkrantz no están dispuestos a que jure si no renuncia a su cargo en el Juzgado Federal N° 4. Previsiblemente, Lorenzetti dice que no es necesario; define García-Mansilla. Será su primera muestra de carácter, lo que hace presumir que no se escudará en la abstención.

Por lo pronto Lijo optó por no ir, aunque en la previa voceros del Gobierno habían justificado su presencia en la Asamblea Legislativa, junto a sus futuros compañeros. El consultor Carlos Fara dijo este domingo que su ausencia fue “el único dato relevante” de la jornada: “Una señal de distensión con la nueva Corte”.

Quien a esta altura -domingo 2 de marzo- diga que sabe qué va a pasar con la Corte, estaría mintiendo. Porque el ajedrez es tan complejo que ni los propios protagonistas lo saben. Obvio que alguien va a tener razón al final del camino, y si ese “alguien” es el gobierno, va a enrostrarle a todo el mundo que no entiende nada y que ellos entienden todo.

La primera pregunta que debe hacerse es a quién le conviene la llegada de Lijo a la Corte, además de a él mismo. El león compró la idea de Lorenzetti creyendo que, al satisfacer la vieja expectativa de Comodoro Py de tener a uno de ellos en el máximo tribunal, los jueces de esa corporación judicial/política no van a entorpecer las reformas -muchas polémicas desde el punto de vista jurídico- y tampoco molestarían al presidente y sus funcionarios en sus tareas, más allá de las formalidades que habitualmente terminan en los brazos de Orfeo.

Cristina cree que el dios Orfeo -en este caso protagonizado por “Ariel”- también calmará a las fieras tocando su lira, tal cual reza la mitología griega. El punto es quien sacará mejor partido en esa negociación. Por las dudas, el ministro Cúneo anunció (¿justo?) este viernes que mandará al Senado el pliego de 222 jueces y fiscales, aunque no son de los que trabajarán en la calle dedicada al famoso marino. ¿Un dulce para aceitar el toma y daca? ¡Jamás!

Pero, así como nadie puede firmar que Ariel -para los amigos- sea leal con esos supuestos compromisos, tampoco puede asegurarse la conducta futura del nuevo juez de la Corte. Rufus -también para los amigos- doctrinariamente podría estar más cerca de Rosatti y Rosenkrantz (los 2 R), que del abogado de Rafaela. Pero, al mismo tiempo, se lo ve muy presionado por el asesor estrella del presidente. ¿Cómo votará en la nueva composición de 4 respecto a la licencia de Ariel, ya que ni siquiera tiene dictamen de comisión en el Senado? Hasta ahora, los más sagaces de este mundo creen que la cámara alta lo va a cepillar a García Mansilla próximamente en esta sala. ¿Seguirá siendo juez después de eso? Teóricamente no. Pero en esta Argentina no solo a Seguro se lo llevaron preso, sino que también a Teóricamente. El gobierno dice que seguirá siendo juez hasta que diga el decreto ya emitido. ¿Rufus buscará asociarse a los 2 R para legitimarse?

En esta Corte líquida, diría Bauman, nada esta claro. ¿Rosenkrantz seguirá siendo un aliado incondicional de Rosatti, en el medio de tanta presión? Quizá somatice tanta angustia personal que le causan estos conflictos y ceda un poco, con lo cual lo dejaría a la máxima autoridad del Poder Judicial en Pampa y la vía. Es decir que, ni García Mansilla, ni Lijo, ni Rosenkrantz pueden dar fe de sus conductas futuras, llegado el caso. Solo hay dos actores de los cinco que tienen posición fija… pero eso no constituye una mayoría.

Además, hay muchos actores de reparto que puedan jugar un rol estratégico. Uno es el juez Ramos Padilla, quien tiene en su poder la potestad de dictar la nulidad del decreto de nombramiento en comisión y arruinar todos los festejos oficialistas. Si bien le dio 10 días al gobierno para que responda, todo es relativo. Este magistrado le hizo lugar a una presentación de una ONG ligada al mundo kirchnerista. Mientras, Cristina sigue en silencio. ¿Llamativo? No. ¿Para qué va a hablar si tiene la capacidad de mover muchas fichas por detrás? ¿Se aprueba Lijo para que se caiga la ley de ficha limpia¡? Probable. Ningún vaqueano o vaqueana del mundo senatorial cree que esa polémica ley se apruebe. Y así, todos felices comerían perdices. Bueno… por ahora, porque “la casta” de los abogados también se va a movilizar ante tanta desprolijidad institucional. Un último comentario sobre este tema: a esta altura, ¿quiere Lijo ser juez con tanto cuestionamiento a las formas? Muchos creen que no y que prefiere esperar a que el Senado lo confirme. Esta Corte de Fab Four podría ayudar en ese camino.

Esta semana también se habló mucho de la justicia por su rol en el tema seguridad. Una sucesión de hechos lamentables en la provincia de Buenos Aires puso en la picota a la gestión de Kicillof. El “gatito mimoso” le pidió que se corra para intervenir el distrito. Es de suponer que se salteó de leer el capítulo de la Constitución dedicado a la materia: con enviar una ley al Congreso y hacerla aprobar, es suficiente. Así de fácil. Más allá de lo terrible del caso, hay varias cuestiones políticas para apuntar:

1)                                                  El gobierno hace rato que viene jugando a la interna entre el gobernador y la jefa, para que ninguno de los dos tenga todo el protagonismo.

2)                                                 Esta semana los muchachos peronistas, que no comen vidrio, cerraron filas con Kicillof porque, quizá, “todos unidos triunfaremos”. Como lo dijimos la semana pasada en esta columna, el mayor desafío para el futuro de Milei es que el kirchnerismo gane en la PBA.

3)                                                 Lamentablemente, la experiencia indica que la seguridad se puede convertir en tema de campaña, pero es poco probable que tenga incidencia electoral. Solo recuérdese el asesinato del kiosquero en Ramos Mejía entre las PASO y la general de 2021: el Frente de Todos no solo no perdió votos, sino que además los recuperó. Cuando frente a un tema relevante la mayoría no ve que alguien tenga la potestad de resolverlo, pierde su capacidad de incidencia en la decisión del voto.

Como no alcanzan los caracteres para analizarlo todo, solo resta prestarle atención a que el Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella registró en febrero su tercera caída seguida, donde el aspecto “preocupación por el interés general” es el peor de los cinco atributos evaluados. ¿Se trata de un gobierno eficiente para atacar problemas centrales, pero que tiene poca empatía con las sensibilidades de la ciudadanía?

Muchos sucesos negativos juntos terminan por adormecer la capacidad de reacción social. Eso lo sabe bien el lugar donde los expedientes judiciales duermen el sueño de los justos. Doctrina Orfeo. ¿O debería llamarse Comodoro Orfeo?

La CC no tiene representación en el Senado. Si la tuviéramos no tengo dudas que esa cueva funcionaría distinto. El proceso de nominación de Lijo a la Corte es un ejemplo.

Les cuento qué hicimos recientemente y en el pasado también.

Elisa Carrió denunció por asociación ilícita, lavado, coimas y tráfico de influencias a los hermanos Ariel y Alfredo Lijo, entre otros. La denuncia fue ampliada en 2019 con información sobre los vínculos de los Lijo con la familia Corach y el caso “Siemens”.

Con Paula Oliveto denunciamos a Lijo ante el Consejo de la Magistratura por el trámite de la causa “Siemens”.

2023: lo denuncié ante el Consejo por su intervención en la causa de la Obra Social del Poder Judicial. La tramitaba con arbitrariedad para beneficiar a Lorenzetti,

En el plenario de las Comisiones en la que tramitó la ley “Bases” le pregunté al Ministro de Justicia, Cuneo Libarona, si el gobierno tenía pensado promover la designación de Ariel Lijo a la Corte Suprema y también si era un chiste. Nadie de otro partido se hizo eco.

La Oficina del Presidente de la Nación, a través de la red social X, anunció la nominación de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.

El mismo día, el partido Coalición Cívica emitió un comunicado anunciando que impugnaría su candidatura.

Los demás partidos... ¿?

Se publicó en el Boletín oficial la propuesta de Lijo para cubrir la vacante en la Corte.

Carrió, y el bloque de diputados lo impugnamos formal y fundadamente ante el Proceso de preselección llevado a cabo en el Ministerio de Justicia.

Sin contestar las impugnaciones hechas ante el Ministerio ingresó el pliego al Senado.

Carrió y el bloque de diputados lo impugnamos ante la comisión de Acuerdos del Senado.

Enviamos decenas de preguntas para ser leídas en la audiencia pública. Se leyeron muy pocas.

Desde aquel momento bregamos para que el Senado lo rechace. Salvo honrosas excepciones los senadores o fueron cobardes o se dedicaron a negociar secretamente.

En comunicados, hoy algunos lloran por la designación por decreto. Sospechosamente solo lloran, pero no hacen nada más.

A más de un año de gobierno y habiendo enviado una propuesta de candidatos que el Senado de la Nación no ha tratado en sus sesiones ordinarias ni en las extraordinarias convocadas a tal fin, el presidente de la Nación ha decidido designar como ministros de la Corte Suprema de Justicia (en comisión) a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla. Y con estas designaciones completó su conformación.

La Constitución permite estos nombramientos, que poseen como límite de vigencia, la finalización del próximo periodo legislativo, a menos que obtengan el previo acuerdo del Senado.

Desde Fores no tienen dudas de la potestad constitucional del presidente de la Nación para realizar nombramientos en comisión durante el receso del Congreso. “En el caso concreto, la falta de pronunciamiento del Senado a casi un año de la presentación de los pliegos contribuye a justificar la decisión presidencial, más allá de toda consideración política sobre la oportunidad de lo resuelto”, señalan desde Fores.

Ante estas designaciones, Fores se interroga: ¿dependen éstas de que la Corte tome juramento a los designados? ¿Podría oponerse la Corte a tomarles el juramento correspondiente? En opinión de Fores, la Corte Suprema sólo podría oponerse a tomar juramento a los designados en comisión, en caso de verificarse que alguno de ellos no cumpla con los requisitos constitucionales para dicho nombramiento. Pero entienden que no podría cuestionarse el mecanismo de designación ya que, como ya se ha expuesto, encuentra sustento en el texto de la Constitución Nacional.

Aun así, lo referido no es suficiente para el caso del juez Lijo, a quien Fores considera que no podría tomarse juramento a menos que renunciara a su actual cargo de juez, no siendo suficiente la cuestionable licencia que le ha concedido la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

Más allá de la legalidad de los nombramientos, desde Fores estiman que tales designaciones extraordinarias y transitorias de los integrantes del Máximo Tribunal, “menoscaban la seguridad jurídica y amenazan el equilibrio institucional de nuestro país”.

A través de un comunicado suscripto por el presidente de Fores, Pablo Pirovano, y la secretaria María Julia Fornario, reiteran sus objeciones a la designación del juez Lijo como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debido a la ausencia de calidades personales para tan digno cargo. Estas objeciones las hemos fundado sobradamente en oportunidad de las impugnaciones efectuadas ante el Ministerio de Justicia y ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación.

Fores es una asociación civil destinada al fortalecimiento de la justicia a través de la investigación, asistencia técnica y capacitación. Es un centro académico que no solo realiza investigación teórica, sino que busca crear un movimiento de opinión en torno al problema de la Justicia y sus soluciones.

Las encuestas indican que el presidente Javier Milei sufrió una leve caída de imagen por el escándalo de la criptomonedas al estimular que inviertan en la cripto $Libra, que desencadenó una presunta estafa, y por lo tanto sus asesores le sugirieron retomar cuanto antes la escena pública con anuncios rimbombantes: el que lidera es la designación del juez Ariel Lijo y del académico Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema.

El caso elegido es “Milei contra todo el mundo”; es decir, a la medida del jefe de Estado, como le gusta a él y a su asesor estrella -virtual primer ministro-, Santiago Caputo.

Como en los despachos del área presidencial, en el primer piso de la Casa Rosada, se tiene la certeza de que el affaire $Libra casi no impactó en el público libertario -alrededor de un 50%- decidieron ir a fondo con el tema quizá más polémico que tienen: el aumento de integrantes de la Corte Suprema.

Según la visión de Santiago Caputo, el Ejecutivo ha revertido en un año la relación de fuerzas que tenía con el Congreso, que finalmente le aprobó los proyectos medulares de la gestión de la Libertad Avanza (LLA) y es tiempo de ir por todo para empezar a controlar la justicia.

Es que Milei y Caputo tienen claro cómo es la movida judicial: muchos decretos y decisiones de la Casa Rosada han quedado en la nada por amparos judiciales. Y ese es el cometido ahora, disputar a brazo partido el escenario judicial.

La idea central, sobre todo en un año de elecciones legislativas, es zamarrear permanentemente a la política y al establishment porque entienden que ese accionar es el que le ha dado buenos resultados y réditos.

Lijo, inicialmente, originó un debate en el mismo Gobierno, ya que se trata de un juez federal de alto perfil y polémico, por ser uno de los principales jueces federales de Comodoro Py y que tiene relación con todo el entramado político y, también, el establishment.

Curiosamente, no es la política la que lo rechaza mayormente, sino el establishment.

Lijo fue propuesto -junto al catedrático Manuel García-Mansilla, en marzo pasado y ambos pliegos están frizados en el Senado, donde su postulación sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, según un informe oficial.

En su carrera como juez federal tuvo y tiene causas de mucha repercusión mediática como Ciccone, Correo y Siemmens, y la  investigación por el encubrimiento en la causa AMIA. Además, tuvo a su cargo la investigación por el asesinato, en 1973, del entonces secretario general de la CGT José Ignacio Rucci.

Lo llamativo es lo variopinto de los rechazos que sumó especialmente Lijo, que no solamente incluyen al arco político y de los abogados.

El disparo inesperado lo recibió de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham), que cuestionó en duros términos la decisión de Milei de nombrar “en comisión” a Lijo y Manuel García-Mansilla, y aseguró que “es un riesgo potencial para la seguridad jurídica y el equilibrio institucional”, y agregaron que “erosiona la confianza” y “aleja inversiones”.

El diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, criticó el decreto de Javier Milei para nombrar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla: “Se está naturalizando e imponiendo una faceta autoritaria por parte del Gobierno”, y aclaró que “no es que el Senado no trató los pliegos, es que no cuenta con las mayorías para su aprobación”.

“La decisión del presidente de mantenerse es una herida casi mortal a la institucionalidad y al Sistema Republicano de división e independencia de los poderes”, aseguró el diputado de CC ARI al referirse al decreto que firmó Javier Milei para designar a los reemplazantes de la Corte Suprema Ariel Lijo y Manuel García Mansilla.

Ferraro remarcó que “no podemos dejar pasar por alto que, en nombre de la lucha contra la inflación, el ordenamiento de las cuentas fiscales y el déficit cero, se está naturalizando e imponiendo una faceta autoritaria por parte del gobierno, que es esta decisión de nominar por decreto a dos jueces a la Corte Suprema".

En cuanto a la oposición de la designación del juez federal Ariel Lijo, el diputado aseguró que este “se ha caracterizado por cajonear causas en Comodoro Py y en la justicia federal, donde demuestra claramente una connivencia con varios sectores políticos y de la justicia federal donde no hay ningún tipo de idoneidad”.

Según indicó el diputado Ferraro, el rechazo de la Coalición Cívica ARI está vinculado a este decreto. “Que los senadores dejen de jugar a las escondidas y que claramente tengan una oposición a la designación de Ariel Lijo y a este procedimiento”, exigió.

Tras indicar que coincide con las palabras del ex juez de la corte Maqueda, Ferraro indicó: “Estamos frente a algo que es horroroso y que es un escándalo desde el punto de vista constitucional, institucional y republicano”, y sumó: “Amenaza a otro poder del Estado como puede ser la justicia, de que, si no le presta juramento la Corte Suprema, el presidente al estilo de un emperador estaría dispuesto a tomarle juramento a estos jueces”, concluyó Ferraro.

Respecto de la asistencia de su bloque a la Asamblea Legislativa, afirmó: “La CC va a tener como siempre una presencia institucional, pero alertamos como gravedad las restricciones que dispusieron las presidencias y la secretaria general a la prensa en algo que no sucedió en 40 años de democracia”.

“El Ejecutivo pretende con la imposición de este DNU que otro poder del Estado se arrodille. No es que el Senado no trató el pliego, en el Senado no cuenta con las mayorías para su aprobación”, planteó.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires volvió a cuestionar la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema, calificando esa decisión como “triste para las instituciones argentinas”.

“A escasas horas de iniciarse el período de sesiones ordinarias del Congreso, el nombramiento en comisión como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del juez federal Ariel Lijo resulta injustificable”, señalaron.

La citada institución se pronunció más de una vez contra la postulación de Lijo. Lo mismo hicieron numerosas entidades vinculadas al Derecho, en lo que calificó como “una coincidencia asombrosa en algunos casos, dada las diversidades ideológicas de los impugnantes”. Advirtieron que “el abrumador rechazo a Lijo no reconoce antecedentes”, y agregan que “su notoria falta de calificación para tan alta magistratura, tanto técnica como moral, fue puesta en evidencia a lo largo de un año. El Poder Ejecutivo, sin embargo, ha hecho oídos sordos a todas las observaciones formuladas, de manera injustificable”.

Respecto del argumento oficial dado en alguna entrevista periodística respecto de que Lijo es “el único que conoce perfectamente el sistema judicial”, el Colegio considera que “esa afirmación no sólo careció de fundamento, sino que estaba en contradicción con errores graves en que incurrió Lijo en la audiencia en el Senado con relación a la competencia de la Corte Suprema, los que ponían en evidencia su falta de idoneidad para el cargo propuesto”.

Sostiene el Colegio de Abogados que la designación en comisión es “especialmente repudiable una vez que ocurrió hace pocos días un virtual rechazo del Senado a esa postulación”. En efecto, incluido el tratamiento del pliego de Lijo en las sesiones extraordinarias y convocado el pleno del cuerpo, se debió levantar la sesión cuando se advirtió que no se alcanzaría la mayoría exigida por la Constitución.

Por lo demás, consideran “inadmisible” que, en lugar de renunciar a su cargo de juez federal, Lijo solicite una licencia extraordinaria, ante la eventualidad de no obtener más adelante el acuerdo senatorial. Precedentes de la Corte Suprema indican que no se puede mantener esa doble condición, sostiene el Colegio, considerando que “la Corte, en homenaje a su propia jurisprudencia no le debería tomar juramento si el juez no renuncia a la función que hasta ahora desempeñaba”.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires expresó su “honda preocupación” en la convicción de que “no habrá desarrollo económico ni seguridad jurídica sin República, y no habrá República sin jueces idóneos y probos, que hagan realidad el imperio de la Constitución y las leyes para todos los habitantes”.

Ya se sabía que el juez federal Ariel Lijo tenía algunos reparos respecto de asumir en la Corte Suprema de Justicia “en comisión”, porque ello conllevaba que tuviera que renunciar a su lugar al frente del Juzgado Federal N° 4 que ocupa desde 2004, sin poder retornar al mismo si es que a fin de año no es elegido para continuar en el Tribunal Superior. Pero en los últimos días trascendió que estaría dispuesto a aceptar asumir en comisión, si tenía garantizado el reaseguro del juzgado.

O sea, que le aceptaran una licencia allí hasta fin de año.

El problema es que, por lo que ha trascendido, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, no estaría dispuesto a tomarle juramento en ese caso, razón por la cual él acudió directamente a la Cámara Federal porteña para pedir la licencia en cuestión.

Esa Cámara es presidida por Mariano Llorens, y con su firma y las de Roberto Boico, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Eduardo Farah y Martín Irurzun, le concedieron la licencia extraordinaria sin goce de haberes “para asumir como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en virtud de la designación en los términos del artículo 99, incs 4 y 19 de la Constitución Nacional, efectuada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 137/2025”.

Fue por unanimidad, pero ahora se le trasladó el pedido a la Corte Suprema, que deberá expedirse y comunicar su decisión al Consejo de la Magistratura.

Luego de que el presidente Javier Milei nombrara por decreto como jueces de la Corte Suprema de Justicia a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla cuyos sendos pliegos quedaron en stand by en el Senado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, acusó a dicha Cámara de “dilatar” el tratamiento.

En conferencia de prensa desde Casa Rosada, Adorni señaló: “La instancia de nombras jueces en comisión iba a estar siempre sujeta a que entendamos que la justicia pueda tener algún tipo de inconvenientes en su funcionamiento”, y planteó: “Entendemos también que ha pasado más de un año desde su presentación de los pliegos y, habiendo pasado todas las instancias necesarias, no se ha logrado que el Senado apruebe los pliegos”.

“Entendemos que efectivamente era momento de nombrarlos en comisión en tanto y en cuanto dure el periodo legislativo ordinario”, aclaró y sumó: “El resto del proceso que tenga que seguir en la Cámara de Senadores es un tema que sigue siendo responsabilidad de esa Cámara. No entendiendo bien las razones, habiendo cumplido con los requisitos de idoneidad y técnicos, que haya ocurrido lo que ocurrió porque, en definitiva, no estamos hablando de cuestiones partidarias, estamos hablando de cuestiones técnicas. Es la decisión del presidente y de que la justicia tenga a todos sus miembros de casi un año que esto no avance en el Senado”.

El portavoz agregó: “Se seguirán los pasos legales que se requieran para que esto efectivamente sea así después de un año que el Senado teniendo el pliego de dos personas que cumplían con los requisitos no han logrado avanzar, solo se firmó dictamen de uno de ellos. Es una de las atribuciones del presidente”.

“La dilatación en la resolución no tenía sentido y que lo único que hacían era complicar una decisión del presidente en post de que la justicia siga trabajando de forma eficiente”, manifestó.

Sobre el comunicado de UP, Adorni apuntó: “En general el kirchnerismo o la izquierda cuando no están en el poder, todo lo que está en el poder es dictadura es antidemocrático, pero es una práctica habitual donde ellos no eran parte. Poco importa que nos traten de antidemocrático o que atentamos contra la Constitución”.

“Un año estuvo el Senado en posición de resolver el tema y no lo hizo, no hay nada más Republicano que el Senado. Los jueces los propone el presidente, no el Senado ni sus miembros, no debería existir otra causal de no aprobación de un pliego si no es por una cuestión técnica o de idoneidad ambas cuestiones que cumplen con creces ambos jueces”, criticó y enrostró: “Es difícil comprender que tomamos una medida o atribución anticonstitucional cuando este mecanismo ha sido utilizado por todo el espectro político incluso peronistas y el mecanismo fue convalidado por la propia Corte”.

“Son cuestiones que solo esgrimen la necesidad de confundir a la gente y de complejizar aún más un tema que no hay nada más republicano que la Corte Suprema de la Nación tenga sus funciones plenas en virtud de que sus miembros estén todos en función. Todo fue dentro de la ley, de la Constitución y son mecanismos utilizados, son más cuestiones políticas que de los pliegos de los jueces”, ratificó.

Al ser consultado por Alec Oxenford que ha sido nombrado como el nuevo embajador de Argentina en Estados Unidos, el vocero aclaró: “Entiendo que ya había tenido reuniones con senadores y que el presidente, en búsqueda de celeridad y que en extraordinarias no se trató, cumple con todos los requisitos de capacidad y trabajo y es una excelente persona, se optó por no dilatar más los tiempos y acelerar el proceso”.

Sobre la posibilidad de restringir la cantidad de fotógrafos y prensa en la apertura del periodo ordinario que se llevará a cabo el 1ero de marzo en la Asamblea Legislativa, Adorni afirmó: “No es así, pero lo cierto es que estamos haciendo las avanzadas que es el procedimiento habitual que se hace en todas las presencias del presidente. El año pasado nos acusaron de antidemocráticos y de estar en contra de la prensa y simplemente los movimos de lugar por una cuestión de seguridad. Solo sabemos que será a las 21 horas y saldrán desde Casa Rosada a Congreso. No va a haber ningún cambio más allá de posiciones o esquema de organización”.

Por último, ante el asesinato de una niña de siete años a mano de delincuentes menores de edad el vocero aseguró que “la baja de imputabilidad es un tema en agenda que la propia ministra Bullrich y vamos a trabajar. Lo que pasó en La Plata es una aberración de asesinos independientemente de su edad y no puede seguir conviviendo en sociedad matando gente”.

Mediante un escueto comunicado, el bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical cuestionó el nombramiento por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, cuyos pliegos no se aprobaron a lo largo del año pasado en la Cámara alta y el Poder Ejecutivo avanzó por otra vía. 

“Ante la decisión del presidente de la Nación de utilizar el instrumento de un decreto para la designación de dos ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el bloque de senadores nacionales de la Unión Cívica Radical considera este hecho como grave, imprudente e innecesario, ya que los mecanismos constitucionales se encuentran plenamente en funcionamiento”, expresaron. 

“A las puertas del inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias del Congreso, esperamos que se retome el camino de la búsqueda de los consensos para lograr normalizar esta situación de gravedad institucional, que solo está previsto para situaciones extraordinarias, y en este caso, no se condicen en este momento histórico”, agregaron. 

“El Gobierno de un paso en la dirección incorrecta”

Por su parte, el bloque de diputados de la UCR, presidido por el cordobés Rodrigo de Loredo, resaltó que “en el momento de mayor debilidad de la investidura presidencial -por los episodios todavía no aclarados en relación a $LIBRA-, el Gobierno da un paso en la dirección incorrecta al decretar el nombramiento en comisión de dos jueces para la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. 

“Es verdad que la Corte tiene dos vacantes que deben llenarse para que el máximo organismo judicial de la Argentina funcione como manda la Constitución Nacional, pero no compartimos el apuro del Gobierno en sacar el decreto a pocos días del inicio del período ordinario de sesiones del Congreso”, manifestaron. 

Rodrigo De Loredo y Soledad Carrizo 

Los radicales más dialoguistas con el Gobierno consideraron que el nombramiento por decreto de Lijo y García-Mansilla “tensa la relación entre los poderes del Estado, cuando hay mecanismos establecidos en la Constitución para que los ministros de la Corte surjan del consenso entre el Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación”. 

“Es una atribución del presidente nominar a los candidatos a ministros de la Corte Suprema, pero es el Senado, donde reside la representación de las provincias, el que debe prestar acuerdo o rechazar los pliegos”, afirmaron. 

Además, subrayaron su rechazo al juez federal: “En el caso de Lijo la situación es de mayor complejidad, porque su nominación por el Poder Ejecutivo, formulada hace casi un año, ha recogido el rechazo de organizaciones de abogados y de la mayoría de la sociedad. Cabe recordar que en la audiencia realizada en el Senado, la candidatura de Lijo recibió 33 impugnaciones, 14 adhesiones y una observación. En la audiencia en el Ministerio de Justicia, su postulación tuvo más de 350 cuestionamientos”. 

“Desde nuestro bloque en Diputados manifestamos nuestro desacuerdo con la decisión del presidente Javier Milei. Todavía puede haber un gesto en favor de la institucionalidad. La demora en el juramento, como ocurrió en otra ocasión en nuestra historia reciente, para que el Senado sea el que acepte o rechace los pliegos de ambos”, finalizaron. 

El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria rechazó “de forma categórica la designación de los doctores Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la categoría ‘en comisión’ y por decreto, por tratarse de una maniobra que viola de manera tajante lo dispuesto por la Constitución Nacional y la normativa vigente”. 

A través de un comunicado titulado “Sin acuerdo del Senado, no habrá juez de la Corte”, la bancada que conduce José Mayans señaló que “una vez más, el presidente Javier Milei vuelve a violar la Constitución y las leyes, y a arrogarse facultades que le están vedadas al Poder Ejecutivo”. 

“Desde nuestra bancada, el pasado 26 de noviembre, ya habíamos anunciado nuestro compromiso de rechazar de plano el pliego de cualquier persona que acepte ser designado juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ‘en comisión’ y por vía de decreto del Ejecutivo, dado que de esa manera se incumplirían los mecanismos de designación para miembros del Máximo Tribunal que disponen las normativas establecidas”, recordaron sobre la nota que le entregaron en mano al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en el marco de una sesión informativa. 

Los senadores de UP insistieron que “esta forma de designación es manifiestamente inconstitucional y conforma una nueva afrenta al sistema republicano, democrático y federal establecido por la Constitución de la Nación Argentina. De esta manera, el presidente Milei comete un ejercicio arbitrario de las facultades del Poder Ejecutivo, quiebra el orden constitucional y el Estado de Derecho”. 

En el final, expresaron que “es evidente que el presidente Milei pretende la impunidad ante los hechos de flagrancia que son de público conocimiento”. 

Los diputados de las diferentes bancadas que conforman la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuestionaron con dureza la decisión del presidente de la Nación, Javier Milei, de nombrar a Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia por decreto y advirtieron que es “un ataque directo a la credibilidad del Poder Judicial”.

En ese sentido, la vicepresidenta tercera de la Legislatura porteña y legisladora de Confianza Pública (CP), Graciela Ocaña, afirmó que “el presidente Milei debe asesorarse y reflexionar antes de tomar decisiones que afectan la institucionalidad del país. A solo tres días del inicio de las Sesiones Ordinarias, elige conscientemente el camino de la inconstitucionalidad al nombrar Jueces por decreto” e insistió en que “en lugar de buscar consensos, impone una medida arbitraria y contraria a la Constitución Nacional, que atenta contra el sistema republicano y la independencia judicial”.

A su vez, el oficialista Hernán Reyes (VxM) opinó que “Milei decidió convertir la Corte Suprema en una cloaca como es Comodoro Py” y resaltó que “la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema es violentar la República. Milei es responsable de un atropello a la seguridad jurídica de la Argentina que nos puede costar 20 años de desprestigio. No es solo una mala decisión, es un golpe a la independencia judicial y una amenaza directa al futuro institucional del país”.

Sobre esa misma línea, el legislador de Compromiso Liberal Republicano (CLR) Pablo Donati aseveró que “la designación de Ariel Lijo por decreto como juez de la Corte Suprema es un ataque directo a la credibilidad del Poder Judicial y un enorme retroceso para la República. Su historial de connivencia con el poder político y denuncias de corrupción lo convierten en la peor opción para integrar el máximo tribunal del país”.

“Lijo representa todo lo que la sociedad quiere dejar atrás: la Justicia manejada por la clase política más nefasta y al servicio de la impunidad. Su nombramiento no solo daña la credibilidad de la Corte, sino que también traiciona el mandato de cambio que votaron millones de argentinos”, añadió y concluyó señalando que “defender la República y sus instituciones es rechazar este atropello del Gobierno de Milei”.

Asimismo, el peronista Matías Barroetaveña (UP) recordó que “de los cinco miembros de la Corte, cuatro fueron nombrados por decreto. Dos por Milei y dos por Mauricio Macri (Elisa Carrio, UCR, Clarín)” y destacó que “Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner no solo no nombraron por decreto, sino que dictaron el decreto 222/22 donde se restringía el poder presidencial de designación de miembros de la estipulado en inciso 4 del artículo 99 de la Constitución”.

“Ese decreto: garantizaba la diversidad de género, federal y de especialidad de los postulantes; obligaba a la publicación de antecedentes en medios públicos para que la sociedad pudiera impugnarlos; obligaba a la presentación de declaraciones juradas de los postulados y sus conyugues”, precisó el legislador, quien concluyó planteando que “se llenan la boca hablando de la República y acusando al peronismo de no respetar las instituciones. La realidad es exactamente al revés”.

Finalmente, el trotskista Gabriel Solano (FIT) remarcó que “la designación por DNU de Lijo y Manuel García Mansilla, a solo cuatro días del comienzo de las sesiones ordinarias del Congreso, constituye un atropello totalitario cuyo único objetivo es tener una mayoría propia en la Corte Suprema para seguir gobernando por decreto y lograr, a la vez, la impunidad para Milei”.

“No es casual, mientras siguen saliendo a la luz escándalos de corrupción, como la estafa $Libra, que involucra a Milei y su círculo más cercano. En momentos en que está en cuestión la constitucionalidad de los decretos que buscan privatizar el Banco Nación, Yacimientos Carboníferos Fiscales, entre otros, los jueces designados por decreto sin duda fallarán a favor del Gobierno”, sentenció.

Después de que se conocieran los nombramientos por decreto, el diputado de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica en la Legislatura, Hernán Reyes, cuestionó con dureza la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema y apuntó contra el presidente Javier Milei por esta decisión.

A través de sus redes sociales, el lilito compartió un extenso descargo en el que explicó que “la designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema es violentar la República. Milei es responsable de un atropello a la seguridad jurídica de la Argentina que nos puede costar 20 años de desprestigio” y aseguró que “no es solo una mala decisión, es un golpe a la independencia judicial y una amenaza directa al futuro institucional del país”.

“En un acto antirepublicano e inconstitucional, Milei designó a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, sin acuerdo del Senado. Uno de ellos es el juez Lijo, la persona más denunciada de la historia en el Consejo de la Magistratura de la Nación y que ha cajoneado casi 60 causas de corrupción a lo largo de su deplorable carrera”, siguió y precisó que “nunca en la historia un candidato a la Corte fue tan cuestionado como Lijo. El presidente pone este candidato como consecuencia de un acuerdo inconfesable. Este acuerdo es con el peronismo de Cristina Fernández de Kirchner y la justicia corrupta”.

Además, afirmó que “los fundamentos utilizados son falsos. Veamos uno por uno. Lijo no resultó seleccionado por un proceso transparente o un concurso público, sino por acuerdos políticos y opacos. El Senado no tiene ninguna obligación de mantener ningún acuerdo corporativo, sino que debe velar por los intereses de los argentinos y de la Corte”.

Sobre esa misma línea, Reyes manifestó que “la Corte Suprema jamás se encontró impedida de resolver. Los tres miembros de la Corte se encuentran plenamente operativos y, si fuera necesario, se pueden convocar a conjueces ya designados para resolver un caso controvertido. No había ninguna interrupción en el normal funcionamiento de la Corte, por lo que la designación en comisión es innecesaria” e indicó que “la figura de la designación en comisión fue pensada para órganos donde se necesita cubrir las vacantes. Es el caso de los embajadores y miembros del servicio del exterior o directorios como el Banco Central”.

Asimismo, el diputado señaló que “la Constitución Nacional prevé un proceso político de análisis de los candidatos en el Senado de la Nación. Los miembros son propuestos por el presidente, sin concurso y por criterio político. Con el mismo criterio político el Senado puede aceptar, rechazar o no tratar esas propuestas”.

“La situación de Lijo es diferente a cualquier juez que se haya discutido en la historia de Argentina. Es un juez denunciado en más de 32 denuncias ante el órgano que analiza los incumplimientos éticos de los jueces de la Nación. No se trata de una cuestión ideológica, sino de una falta total de ética e idoneidad para el cargo”, remarcó y concluyó aseverando que “este asunto debe ser revertido por el Senado de la Nación. El pliego debe ser rechazado y el presidente debe enviar otros candidatos”.

Tal cual se había anunciado horas antes a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, el Poder Ejecutivo designó este miércoles a través del decreto que lleva el número 137/2025 a Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El texto apareció publicado en el Boletín Oficial, donde se indica que “existen dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que requieren ser cubiertas sin demora”.

Las mismas corresponden a las renuncias de Elena Inés Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, ante lo cual en el decreto se invoca el artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, por el cual el presidente de la Nación “nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto”.

En la tarde de este martes, un comunicado difundido por la Oficina del Presidente informó que “el presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”.

Se agregaba allí que “durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”. Y cierra el comunicado el Gobierno advirtiendo que “no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”.

Al anunciar la decisión, el Gobierno recordó todo el trayecto que tuvieron los pliegos de García-Mansilla y Lijo, nominados el pasado 20 de marzo. Recuerdan haber cumplido con la publicación en el Boletín Oficial de la preselección de esos candidatos, más la presentación de ambos postulados en las audiencias en la Comisión de Acuerdos del Senado.

“No habiendo dado tratamiento a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional durante el período ordinario, el presidente de la Nación optó por incluir el tema dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, dándole una nueva oportunidad al Senado para que prestara acuerdo a los candidatos nominados por el presidente”, agrega el texto.

El comunicado continúa reseñando que “desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos, la cámara alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo”.

Refiere el Gobierno que la Constitución nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. “El Senado de la Nación debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos”, precisa la Oficina del Presidente, según la cual “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”.

Por otra parte, recuerda antecedentes de casos en los que los nombres elegidos contaron con “una notable mayoría del arco político” en la “designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos”. Sin embargo, se queja la Oficina del Presidente, “durante muchos meses han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.

“Esta facultad, presente en el texto constitucional desde su origen en 1853, ha sido ejercida a lo largo de 171 años de historia por diversos presidentes de todo el espectro político, entre los que se encuentran Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Menem y Macri, entre otros, y ha sido convalidada en reiteradas oportunidades por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Una Corte de tres

Desde diciembre pasado, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal quedó compuesto por tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La semana pasada se frustró en el Senado la posibilidad de convocar a una sesión para aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo, que había conseguido las firmas necesarias para el dictamen. Los dos tercios de los votos de los presentes no estaban garantizados, ante la fuerte resistencia a Lijo por parte de sectores dialoguistas y al menos una docena de Unión por la Patria a favor. Pero se requerían muchos más.

En el caso del catedrático García-Mansilla, su postulación nunca reunió las adhesiones necesarias para que se formalice el dictamen ante la Comisión de Acuerdos.

El antecedente más reciente de nombramiento de jueces de la Corte por decreto fue el de Rosatti y Rosenkrantz, que en diciembre de 2015 fueron designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri. Ante la ola de críticas y rechazo, finalmente asumieron luego con el acuerdo del Senado.

Al igual que Lijo, el propio García-Mansilla puso reparos al aclarar en la audiencia pública en agosto pasado, en el Salón Azul del Congreso, que ante el impacto que tuvo el decreto de 2015 en la opinión pública, él “no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones”.

La designación del juez Ariel Lijo en la Corte Suprema es violentar la República. Milei es responsable de un atropello a la seguridad jurídica de la Argentina que nos puede costar 20 años de desprestigio. No es solo una mala decisión, es un golpe a la independencia judicial y una amenaza directa al futuro institucional del país.

En un acto antirepublicano e inconstitucional, Milei designó a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, sin acuerdo del Senado. Uno de ellos es el juez Lijo, la persona más denunciada de la historia en el Consejo de la Magistratura de la Nación y que ha cajoneado casi 60 causas de corrupción a lo largo de su deplorable carrera.

Nunca en la historia un candidato a la Corte fue tan cuestionado como Lijo. El presidente pone este candidato como consecuencia de un acuerdo inconfesable. Este acuerdo es con el peronismo de Cristina Fernández de Kirchner y la justicia corrupta.

Los fundamentos utilizados son falsos. Veamos uno por uno. Lijo no resultó seleccionado por un proceso transparente o un concurso público, sino por acuerdos políticos y opacos. El Senado no tiene ninguna obligación de mantener ningún acuerdo corporativo, sino que debe velar por los intereses de los argentinos y de la Corte.

La Corte Suprema jamás se encontró impedida de resolver. Los tres miembros de la Corte se encuentran plenamente operativos y, si fuera necesario, se pueden convocar a conjueces ya designados para resolver un caso controvertido. No había ninguna interrupción en el normal funcionamiento de la Corte, por lo que la designación en comisión es innecesaria.

La figura de la designación en comisión fue pensada para órganos donde se necesita cubrir las vacantes. Es el caso de los embajadores y miembros del servicio del exterior o directorios como el Banco Central.

La Constitución Nacional prevé un proceso político de análisis de los candidatos en el Senado de la Nación. Los miembros son propuestos por el Presidente, sin concurso y por criterio político. Con el mismo criterio político el Senado puede aceptar, rechazar o no tratar esas propuestas.

La situación de Lijo es diferente a cualquier juez que se haya discutido en la historia de Argentina. Es un juez denunciado en más de 32 denuncias ante el órgano que analiza los incumplimientos éticos de los jueces de la Nación. No se trata de una cuestión ideológica, sino de una falta total de ética e idoneidad para el cargo.

Este asunto debe ser revertido por el Senado de la Nación. El pliego debe ser rechazado y el Presidente debe enviar otros candidatos.

La Coalición Cívica tardó muy poco en expresar su descontento por la decisión oficial de designar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. El jefe de ese bloque en Diputados, Juan Manuel López, posteó inmediatamente: “Forzando la Constitución, Milei busca garantizar su impunidad y la de su hermana con Lijo en la Corte. Pero tarde o temprano será extorsionado”.

“Pobre pueblo argentino, condenado a peregrinar por justicia. El Senado aún puede decir #LijoNo”, expresó Juan Manuel López, en tanto que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien encabezó presentaciones contra la designación del juez federal, señaló: “Desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror. En cuanto a Lijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional”.

Desde Unión por la Patria, el senador salteño Sergio “Oso” Leavy relacionó la medida con la intención de “desviar la atención de los problemas que atraviesa el país”. “Pura impunidad”, expresó, recordando que “desde el bloque de Unión por la Patria en noviembre del año pasado nos comprometimos a rechazar las designaciones por decreto de cualquier Juez. Otro atropello en nombre de la libertad, libertad que solo ejercen los hermanos Milei”.

Otro senador, pero del radicalismo, Pablo Daniel Blanco, rechazó categóricamente la designación  de los jueces de la Corte Suprema por decreto. “Pasar por alto al Congreso amenaza la independencia judicial y la confianza en nuestras instituciones. Esto debe tratarse en el Senado. No es un rey ni un emperador”, apuntó.

A su vez, la diputada de Encuentro Federal Margarita Stolbizer habló de un “decretazo a la impunidad”. A su juicio, “poner jueces de la Corte por decreto siempre está mal, pero hacerlo con Lijo demuestra que la degradación de esta gente es total. Hasta a su amigo Putin le debe parecer demasiado”.

“Pasar por alto al Congreso amenaza la independencia judicial y la confianza en nuestras instituciones”, dijo Stolbizer.

Y agregó: “La verdad, los libertarios ya no sorprenden a nadie. Caídas todas las caretas, dejaron al descubierto que lo único que les importa es el poder, cada día más y más poder, para hacer lo que se les antoja. Y eso nunca termina bien. Vamos a frenarlos”.

Desde la izquierda, Vanina Biasi tuiteó: “#MileiEstafador acaba de designar a Lijo y García Mansilla para que ocupen sus lugares en la Corte por decreto. Faltan apenas 3 días hábiles para que se abran las sesiones ordinarias. Está claro que busca tener tiempo para encontrar los condicionantes que necesita (climas y aprietes) para que el Senado se los vote. Un presidente imputado por la mayor estafa cripto designando cortesanos por decreto. Esto lo resuelve el pueblo en las calles instalando su propia agenda y exigiendo que caiga este decreto”. Y concluyó reclamando “juicio político ya. Fuera Milei”.

Maximiliano Ferraro habla de “una Corte adicta”. Para él, la decisión presidencial “es una herida grave a la división de poderes y la institucionalidad republicana. La única verdad es que el Presidente quiere una Corte adicta y automática”.

“Si hasta hoy no consiguió el acuerdo del Senado, no es porque ‘la casta’ esté caprichosa, sino porque Lijo carece de toda idoneidad y acumula sospechas en su trayectoria, siempre en favor de la impunidad y el corporativismo político”, planteó el legislador de la Coalición Cívica. Y agregó: “Hace tiempo lo advertimos. Esta es una nueva muestra de su desprecio por los límites y reglas de la Constitución. No es una cuestión de meros formalismos, sino que erosiona las instituciones desde adentro y pone en riesgo las libertades civiles, la administración de justicia y el derecho de propiedad de todos los argentinos”.

“Desprecio por la Constitución”

El senador nacional Martín Lousteau piensa que de esta manera el presidente “muestra el desprecio que tiene por la Constitución y su devoción por la mentira como método. Lo vemos todos los días. La primera fue con el DNU 70, que tiene tanta inconstitucionalidad como cómplices. Pero son muchos los que dicen una cosa y después avalan otra. Hablan de República, de transparencia y después votan en contra de una comisión investigadora”.

“Si Milei  hoy puede nombrar jueces de la CSJN, es porque Mauricio Macri lo habilitó en 2015”, continuó, para agregar que “de la misma manera, no sabemos cuánto costará a futuro haber permitido los 60 DNUs que el Congreso no trata, cuando un futuro presidente de cualquier signo político quiera usar el mismo método para hacer lo que quiera”.

Y cerró: “Desde 1910, antes de la Ley Sáenz Peña y de la democracia por el voto universal (masculino), no se había hecho esto. Y el presidente vuelve a mentir sobre Raúl Alfonsín, el presidente más decente y con mayor apego institucional de todos los que hemos tenido desde 1983. Alfonsín nombró tres jueces inferiores con este mecanismo y en la urgencia de la vuelta a la democracia”.

Para Lousteau, si Milei puede hacer esto “es porque Mauricio Macri lo habilitó en 2015”.

Enemigo declarado de la designación de Ariel Lijo, el formoseño Francisco Paoltroni dijo que “el nombramiento del juez Lijo por decreto representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente. Festejan los feudos y todos los que se quieren blindar judicialmente. Lamentable”.

Por su parte, el radical Julio Cobos sostuvo que “una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cabeza de otro poder del Estado, requiere toda la legalidad y legitimidad para su composición”.

El exvicepresidente de la Nación observó que “el trámite correcto es tratarlo en sesión en el Senado de la Nación y someterlo a votación, esto no ha sucedido porque el oficialismo no ha convocado a esa sesión. De hecho, uno de los pliegos propuestos tiene dictamen y está listo para ser tratado. Si no se consigue los consensos suficientes, el Ejecutivo posee todas las herramientas en sus manos, tiene la posibilidad de retirar los pliegos y hacer una nueva propuesta, donde por cierto la postulación de una mujer sería muy bien recibida”.

“Advertimos en su momento al presidente Macri que no era el accionar correcto, lo volvemos hacer ahora al presidente Milei y le pedimos que siga los canales constitucionales correspondientes, sin atajos ni recursos endebles”, concluyó.

A favor

Desde la vereda de enfrente, la diputada libertaria Juliana Santillán Juárez Brahím celebró la decisión posteando este texto: “Una Corte constituida, el Gobierno tiene como objetivo normalizar el funcionamiento del máximo órgano de Justicia. Para que la especulación política deje de disminuir el verdadero interés de todos los argentinos: JUSTICIA TOTAL #VLLC”.

Luego de largos meses de indefinición, y tras no haber reunido los votos en el Senado, el Gobierno resolvió avanzar por decreto con la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia por la vía del decreto.

De acuerdo al inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, entre sus atribuciones, el PEN "puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura".

A través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente se informa que “el presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros”.

Se agrega que “durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos”. Y cierra el comunicado el Gobierno advirtiendo que “no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”.

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— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 25, 2025

El comunicado

Al anunciar la decisión, el Gobierno recuerda todo el trayecto que tuvieron los pliegos de García-Mansilla y Lijo, nominados el pasado 20 de marzo. Recuerdan haber cumplido con la publicación en el Boletín Oficial de la preselección de esos candidatos, más la presentación de ambos postulados en las audiencias en la Comisión de Acuerdos del Senado.

“No habiendo dado tratamiento a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo Nacional durante el período ordinario, el presidente de la Nación optó por incluir el tema dentro del temario de las sesiones extraordinarias del Honorable Congreso de la Nación, dándole una nueva oportunidad al Senado para que prestara acuerdo a los candidatos nominados por el presidente”, agrega el texto.

El comunicado continúa reseñando que “desde el 27 de mayo de 2024 hasta el pasado viernes, habiendo transcurrido casi un año desde el momento en que el presidente, haciendo uso de su facultad, decidió nominar a ambos candidatos, la cámara alta debió haber prestado acuerdo a los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, optó por guardar silencio, a pesar de que se cumplieron con todos los requisitos normativos vigentes y se demostró la idoneidad de los postulados para el cargo”.

Refiere el Gobierno que la Constitución nacional, en su artículo 99, inciso 4, establece como atribución exclusiva del presidente el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema. “El Senado de la Nación debe expresar acuerdo o rechazar las propuestas presidenciales, sin que en ningún caso pueda proponer candidatos, para lo cual debe realizar un análisis objetivo basado en la idoneidad de los postulados y no en intereses meramente políticos”, precisa la Oficina del Presidente, según la cual “en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores”.

Por otra parte, recuerda antecedentes de casos en los que los nombres elegidos contaron con “una notable mayoría del arco político” en la “designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos”. Sin embargo, se queja la Oficina del Presidente, “durante muchos meses han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República”.

“Esta facultad, presente en el texto constitucional desde su origen en 1853, ha sido ejercida a lo largo de 171 años de historia por diversos presidentes de todo el espectro político, entre los que se encuentran Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Pellegrini, Roca, Yrigoyen, Perón, Alfonsín, Menem y Macri, entre otros, y ha sido convalidada en reiteradas oportunidades por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Una Corte de tres

Desde diciembre pasado, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal quedó compuesto por tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La semana pasada se frustró en el Senado la posibilidad de convocar a una sesión para aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo, que había conseguido las firmas necesarias para el dictamen. Los dos tercios de los votos de los presentes no estaban garantizados, ante la fuerte resistencia a Lijo por parte de sectores dialoguistas y al menos una docena de Unión por la Patria a favor. Pero se requerían muchos más.

En el caso del catedrático García-Mansilla, su postulación nunca reunió las adhesiones necesarias para que se formalice el dictamen ante la Comisión de Acuerdos.

El antecedente más reciente de nombramiento de jueces de la Corte por decreto fue el de Rosatti y Rosenkrantz, que en diciembre de 2015 fueron designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri. Ante la ola de críticas y rechazo, finalmente asumieron luego con el acuerdo del Senado.

Al igual que Lijo, el propio García-Mansilla puso reparos al aclarar en la audiencia pública en agosto pasado, en el Salón Azul del Congreso, que ante el impacto que tuvo el decreto de 2015 en la opinión pública, él “no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones”.

Luego de largos meses de indefinición, y tras no haber reunido los votos en el Senado, el Gobierno tendría definido avanzar por decreto con la designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia.

Según la información que circuló desde Casa Rosada, luego de la reunión de Gabinete de este martes, el Poder Ejecutivo tendría listos los decretos para que sean firmados por el presidente Javier Milei y se publiquen en el Boletín Oficial en las próximas horas.

De acuerdo al inciso 19 del artículo 99 de la Constitución Nacional, entre sus atribuciones, el PEN "puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura".

El plazo para el Gobierno sería hasta el 28 de febrero, pues un día después quedará abierto el período de sesiones ordinarias en el Congreso.

Desde diciembre pasado, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal quedó compuesto por tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

La semana pasada se frustró en el Senado la posibilidad de convocar a una sesión para aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo, que había conseguido las firmas necesarias para el dictamen. Los dos tercios de los votos de los presentes no estaban garantizados, ante la fuerte resistencia a Lijo por parte de sectores dialoguistas y al menos una docena de Unión por la Patria a favor. Pero se requerían muchos más.

En el caso del catedrático García-Mansilla, su postulación nunca reunió las adhesiones necesarias para que se formalice el dictamen ante la Comisión de Acuerdos.

El antecedente más reciente de nombramiento de jueces de la Corte por decreto fue el de Rosatti y Rosenkrantz, que en diciembre de 2015 fueron designados por decreto por el expresidente Mauricio Macri. Ante la ola de críticas y rechazo, finalmente asumieron luego con el acuerdo del Senado.

Al igual que Lijo, el propio García-Mansilla puso reparos al aclarar en la audiencia pública en agosto pasado, en el Salón Azul del Congreso, que ante el impacto que tuvo el decreto de 2015 en la opinión pública, él “no hubiera aceptado una nominación en comisión porque más allá de que la Constitución lo prevé hay un gran sector de la población que con buenas razones resiste ese tipo de decisiones”.

El senador nacional Luis Juez ratificó este viernes su postura en contra de la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema, al considerar que el juez federal "es todo lo que está mal", y además opinó sobre la posibilidad de que el Gobierno avance por la designación por decreto. "Si me pregunta el presidente, yo le diría que no cometa ese error, porque no está en condiciones de ir al barro", sostuvo.

"No es el mecanismo que establece la Constitución", señaló el cordobés, luego que para el oficialismo se frustrara la posibilidad de avanzar con los pliegos en la Cámara alta.

Juez reiteró que con Javier Milei tiene "una relación de afecto y de cariño" y agregó: "Creo que estamos frente a un tipo de una extrema honestidad, directamente proporcional muchas veces en su ingenuidad". En ese sentido, consideró que si el mandatario nombra jueces por decreto se metería en "lugares incómodos y él no sabe salir de lugares incómodos".

Consultado en radio Continental sobre el fracaso para crear una comisión investigadora del caso $LIBRA, el legislador defendió su postura criticando al kirchnerismo. "Vi a senadores que en los últimos 20 años se hicieron los boludos con la corrupción y ahora son implacables perseguidores de la inconducta. Escucharlo a (Oscar) Parrilli hablar de la lucha contra la corrupción...".

"¿Qué comisión investigadora armaron con los bolsos de (José) López, con el enriquecimiento de Cristina (Kirchner), con (Amado) Boudou, con (Julio) De Vido, con la causa cuadernos, con la muerte de (Alberto) Nisman? Nunca hicieron nada. Ahora estaban desesperados para armar una comisión con atribuciones que no nos corresponden", continuó.

Juez opinó que en caso del criptogate es necesario que "la Justicia actúe, investigue, llegue al fondo de la cuestión, ponga blanco sobre negro". "No me va a encontrar nunca apañando, encubriendo, un acto de corrupción. Pero entregarle la pelea contra la corrupción a los que nos han dejado donde estamos, a los que han hecho de la corrupción una bandera, me parece una exageración", expresó.

Y sumó: "Te hablan con una autoridad ética que te dan ganas de decir, ¿muchachos, en serio? ¿Estos tipos me van a correr con la honestidad, la decencia, con la ética y justicia independiente? Son los mismos que colonizaron la justicia nombrando punteros políticos".

Por otra parte, respecto de una eventual candidatura a gobernado por La Libertad Avanza en 2027, el senador confesó que "si al presidente le va bien, si este país sale de la encerrona en la que estamos y se dan un montón de factores, ¿cómo no ser candidato a gobernador de un tipo que haga bien las cosas?". "Pero falta una eternidad para eso", resaltó y aclaró que "no" se movió "de ningún lado", en referencia a que no se incorporó al partido de Milei.

Tal cual adelantó parlamentario.com, la sesión de este viernes en la que se pretendía poner a consideración la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia fue finalmente desactivada. En consecuencia, y más allá de que su pliego cuenta con el dictamen correspondiente, las posibilidades reales del juez federal para llegar al Tribunal Superior se habrían desinflado completamente.

Desde fines de 2024, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema quedó reducida a tres miembros, cosa que el Gobierno nacional quiere revertir, para elevar ese número a los cinco que establece la ley para la constitución del Máximo Tribunal de Justicia. Para ello, confiaba este verano resolver la situación de los dos hombres que eligió para sumar a la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

De estos dos, solo el pliego del juez federal consiguió las 9 firmas necesarias para poder ser votado en el recinto. En el caso de García-Mansilla, ese nombre no tiene plafón en el bloque más numeroso del Senado, que insiste con que al menos un lugar debe corresponderle a una mujer.

Con el objetivo de definir el destino de Lijo en estas extraordinarias, el oficialismo había deciddio convocar a una sesión este mismo viernes -último día de extraordinarias-, luego de la maratónica reunión en la que se tratarán la suspensión de las PASO, juicio en ausencia, reincidencia y reiterancia y la ley antimafia. Pero las expectativas del oficialismo disminuyeron sustancialmente en las últimas horas, al punto tal que una encumbrada fuente del oficialismo había confiado a parlamentario.com que no creían que fueran a tener quórum este viernes. Ante ello, la decisión final trascendió poco antes del mediodía: se levantaba la sesión que, por otra parte, nunca había sido convocada oficialmente.

Así las cosas, la suerte de Lijo parece estar ya echada.

Pasa que el Gobierno, como dijimos, quiere resolver el tema de la Corte cuanto antes. Esto es, con la designación de los dos miembros que le faltan al Tribunal Supremo por la vía del decreto. Si no son aprobados sus nombramientos por los senadores, entonces se publicarían las designaciones en el Boletín Oficial la próxima semana, antes del inicio del período ordinario, cuando ya no podría hacerlo.

En ese caso, el juez Ariel Lijo no está dispuesto a asumir en la Corte por esa vía, ya que esa instancia tendría plazo fijo: hasta la renovación de las cámaras legislativas, momento en el cual debería el Gobierno reiterar la vía legislativa para las designaciones. Y en ese caso Lijo no podría regresar al fuero federal al que tendría que renunciar para asumir en la Corte.

García-Mansilla también tenía reparos para una designación de ese tipo, pero lo habrían convencido para aceptar, en tanto que el lugar destinado originalmente a Lijo sería ocupado por otro jurista afín al oficialismo. Que asumiría por decreto.

El juez Lijo parecía tener todas las chances de asumir cuando la semana pasada se conocieron las 9 firmas para su dictamen. Estas correspondían a los senadores Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Carlos Arce, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Romero, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y el radical Eduardo Vischi. No era sin embargo un dato menor que no hubieran firmado su designación senadores que el oficialismo confiaba que pudieran terminar aceptando a Lijo, como Guadalupe Tagliaferri, Martín Lousteau o Mariana Juri, muy cercana al gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Salvo Corpacci, ningún kirchnerista firmó: ni Anabel Fernández Sagasti, ni Alicia Kirchner, ni Juliana di Tullio. Tampoco lo hizo el presidente del bloque UP, José Mayans.

Y los acontecimientos que se desencadenaron los últimos días terminaron de obturar ¿definitivamente? el acceso de Lijo a la Corte, ya que el interbloque Unión por la Patria aparece absolutamente refractario ahora a la posibilidad de darle un triunfo al presidente Milei en estas circunstancias en que aparece golpeado.

Celebración en la oposición

Picó en punta para destacar la caída de la sesión, que redundaría en la bolilla negra para el juez, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López. “Ariel Lijo no será juez de la Corte porque nos asiste la razón, porque el país clama justicia y ya no soporta más desilusiones -señaló-. Pero sobre todo porque el Senado está tan sucio que no puede darle otra trompada a la sociedad. Será Justicia, será  #LijoNo”.

Desde fines de 2024, con la jubilación de Juan Carlos Maqueda, la Corte Suprema quedó reducida a tres miembros, cosa que el Gobierno nacional quiere revertir, para elevar ese número a los cinco que establece la ley para la constitución del Máximo Tribunal de Justicia. Para ello, confiaba este verano resolver la situación de los dos hombres que eligió para sumar a la Corte, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla.

De estos dos, solo el pliego del juez federal consiguió las 9 firmas necesarias para poder ser votado en el recinto. En el caso de García-Mansilla, ese nombre no tiene plafón en el bloque más numeroso del Senado, que insiste con que al menos un lugar debe corresponderle a una mujer.

Con el objetivo de definir el destino de Lijo en estas extraordinarias, el oficialismo decidió convocar a una sesión este mismo viernes -último día de extraordinarias-, luego de la maratónica reunión en la que se tratarán la suspensión de las PASO, juicio en ausencia, reincidencia y reiterancia y la ley antimafia. Pero las expectativas del oficialismo disminuyeron sustancialmente en las últimas horas, al punto tal que una encumbrada fuente del oficialismo confió a parlamentario.com que no creen que vayan a tener quórum este viernes. De ser así, la suerte del juez federal estaría echada.

Pasa que el Gobierno, como dijimos, quiere resolver el tema de la Corte cuanto antes. Esto es, con la designación de los dos miembros que le faltan al Tribunal Supremo por la vía del decreto. Si no son aprobados sus nombramientos por los senadores, entonces se publicarían las designaciones en el Boletín Oficial la próxima semana, antes del inicio del período ordinario, cuando ya no podría hacerlo.

En ese caso, el juez Ariel Lijo no está dispuesto a asumir en la Corte por esa vía, ya que esa instancia tendría plazo fijo: hasta la renovación de las cámaras legislativas, momento en el cual debería el Gobierno reiterar la vía legislativa para las designaciones. Y en ese caso Lijo no podría regresar al fuero federal al que tendría que renunciar para asumir en la Corte.

García-Mansilla también tenía reparos para una designación de ese tipo, pero lo habrían convencido para aceptar, en tanto que el lugar destinado originalmente a Lijo sería ocupado por otro jurista afín al oficialismo. Que asumiría por decreto.

El juez Lijo parecía tener todas las chances de asumir cuando la semana pasada se conocieron las 9 firmas para su dictamen. Estas correspondían a los senadores Carlos Espínola, Beatriz Ávila, Carlos Arce, Ezequiel Atauche, Juan Carlos Romero, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y el radical Eduardo Vischi. No era sin embargo un dato menor que no hubieran firmado su designación senadores que el oficialismo confiaba que pudieran terminar aceptando a Lijo, como Guadalupe Tagliaferri, Martín Lousteau o Mariana Juri, muy cercana al gobernador mendocino Alfredo Cornejo. Salvo Corpacci, ningún kirchnerista firmó: ni Anabel Fernández Sagasti, ni Alicia Kirchner, ni Juliana di Tullio. Tampoco lo hizo el presidente del bloque UP, José Mayans.

Y los acontecimientos que se desencadenaron los últimos días terminaron de obturar ¿definitivamente? el acceso de Lijo a la Corte, ya que el interbloque Unión por la Patria aparece absolutamente refractario ahora a la posibilidad de darle un triunfo al presidente Milei en estas circunstancias en que aparece golpeado.

De cara a la sesión extraordinaria que se prevé en el Senado -aún no fue convocada- y en la que se intentaría tratar el pliego del juez federal Ariel Lijo, cuyo dictamen fue formalizado esta semana, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aclaró que todavía no están garantizados los votos para su aprobación.

Además, respecto del otro postulado por el Poder Ejecutivo para integrar la Corte Suprema, el abogado Manuel García-Mansilla, cuyo pliego no reunió las adhesiones necesarias, nuevamente el funcionario habló de la posibilidad de que el presidente Javier Milei recurra a un DNU para designarlo en comisión.

Actualmente el máximo tribunal del país está compuesto por tres de sus cinco miembros: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Mientras Lijo fue propuesto para ocupar la vacante de Elena Highton de Nolasco, quien se fue en 2021, a García-Mansilla se lo postuló en reemplazo de Juan Carlos Maqueda, quien se jubiló a fines del año pasado.

"El juez Lijo tiene un dictamen de comisión, pero después tiene que pasar el pleno del Senado y obtener los dos tercios (de los votos). No es un tema que esté resuelto todavía", admitió este viernes Francos en declaraciones a radio Cadena 3.

Aún cuando debe buscar apoyos para el pliego de Lijo dentro de Unión por la Patria, el jefe de Gabinete no dudó de hablar de la posibilidad de un decreto para el nombramiento de García-Mansilla, algo que desde el interbloque peronista/kirchnerista rechazan de plano.

"La estrategia no se modificó. El presidente fue muy claro cuando dijo: ‘Los dos o ninguno’. Entonces, yo creo que habrá que ver cuáles son las fórmulas para llegar a esa posición que mantiene. El presidente va a cumplir de la manera que cree que debe cumplir la palabra que él expresó públicamente", sostuvo el funcionario.

E insistió: "Si el mandatario dijo los dos o ninguno y uno se aprueba, el presidente decidirá si designa por decreto en comisión al otro juez de la Corte".

En lo que será la última semana del plazo definido por el Poder Ejecutivo para las extraordinarias, el Senado buscará el próximo jueves realizar una sesión para tratar la suspensión de las elecciones PASO y proyectos de seguridad como reincidencia y reiterancia, y juicio en ausencia. Las tres iniciativas, que primero obtuvieron media sanción en Diputados, recibieron dictamen de comisión el miércoles 12.

Pero además, mientras la Cámara baja sesionaba por ficha limpia, en el Senado se formalizó el dictamen de mayoría del pliego de Ariel Lijo para juez de la Corte Suprema. El temario del Gobierno contempla esta cuestión, con lo cual se espera que el oficialismo intente sumarlo a la sesión.

Además, de los siete puntos elegidos por el PEN, se encuentra el llamado proyecto de "ley antimafias" -contra el crimen organizado-, que ya cuenta con dictamen de comisiones desde el año pasado, pero que se verá si finalmente se debate en el recinto, pues desde bloques dialoguistas sugirieron cambios.

La del jueves será la primera sesión de la Cámara alta para tratar un temario de proyectos desde el 26 de septiembre pasado (en noviembre recibió a Guillermo Francos y en diciembre se reunió para expulsar a Edgardo Kueider), y el oficialismo tendrá el desafío de poner en marcha la sesión con 37 senadores sentados en sus bancas para el quórum.

Sobre la suspensión de las PASO, tema en el que algunos dialoguistas no votarán a favor, La Libertad Avanza deberá trabajar en conseguir apoyos dentro del interbloque opositor de Unión por la Patria. Por lo ocurrido en Diputados, se espera que representantes de Santiago del Estero y Catamarca ayuden, entre algún otro, dado que en la Cámara baja también sorprendió la cantidad de miembros de esa bancada que se inclinaron por la positiva.

En el caso del pliego de Lijo, LLA también necesitará de UP, y mucho más todavía, dado el fuerte rechazo que hay en otros bloques de la oposición no K y la mayoría de dos tercios de los votos que se requieren para su aprobación.

En tanto, según supo parlamentario.com, el lunes 24, fecha fijada por el reglamento del Senado, se realizará desde las 14 la sesión preparatoria para ratificación de autoridades. El kirchnerismo contará para ese momento ya con 34 integrantes, pues se sumará la camporista Stefanía Cora, en reemplazo de Kueider, quien había ingresado por el Frente de Todos y abandonó el espacio en febrero de 2023.

Para la presidenta del Cuerpo, Victoria Villarruel, el desafío será mantener a los 37 senadores restantes de su lado para garantizar la continuidad de las autoridades, dado que la mayoría de 39 que construyó cuando recién arrancó la gestión libertaria -con el fin de relegar al kirchnerismo de todo tipo de cargos- se vio debilitada por la expulsión de Kueider y la licencia del radical Víctor Zimmermann.

En la preparatoria se concretaría el recambio en la Secretaría Administrativa, con la salida de María Laura Izzo por el ingreso de Emilio Viramonte, quien trabaja con la vice hace tiempo.

Por los tiempos que corren, el proyecto de ficha limpia, que recibió media sanción de Diputados el miércoles 12, ya no sería tratado en extraordinarias en la Cámara alta. De hecho, así lo dio a entender también este jueves el senador Carlos “Camau” Espínola, que reconoció que no darían los tiempos para tratarlo ahora y podría quedar para el período ordinario. Recordemos que es uso y costumbre en el Senado dejar transcurrir siete días entre la firma del dictamen y el tratamiento en el recinto.

Un nuevo período de sesiones ordinarias comenzará el sábado 1ro. de marzo, cuando el presidente Javier Milei asista a una nueva Asamblea Legislativa. Según confiaron fuentes parlamentarias a este medio, se haría a las 21, horario elegido por el mandatario para sus discursos en el Congreso (apertura de sesiones del año pasado y presentación del Presupuesto 2025).

Este miércoles por la tarde recién se conoció que el dictamen del pliego de Ariel Lijo como candidato a la Corte Suprema reunió las nueve firmas necesarias para llegar al recinto. La Comisión de Acuerdo lo había despachado el pasado 21 de agosto.

El despacho lleva las firmas del jefe de bancada oficialista, Ezequiel Atauche; del titular de bloque radical Eduardo Vischi; del salteño Juan Carlos Romero (CF); el correntino Carlos “Camau” Espínola; la tucumana del Pro, Beatriz Ávila; del misionero Carlos Arce; y de los integrantes de Unión por la Patria, el sanjuanino Sergio Uñac, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora y la catamarqueña Lucía Corpacci.

Tras darse a conocer la noticia, legisladores de la oposición criticaron el dictamen y advirtieron que “se va concretando el pacto de impunidad”.

“Finalmente, el Ejecutivo pactó con el kirchnerismo y consiguió las firmas para el pliego de Lijo, el juez más cuestionado y resistido de la historia. Mientras distraen con la suspensión de las PASO, la casta más rancia avanza. Estos son los cómplices de este desatino a la Patria”, apuntó el ex libertario Francisco Paoltroni, quien desde que se conoció la candidatura de Lijo se mostró en contra lo que le valió la expulsión del bloque oficialista. A su posteo, la diputada de la CC Mónica Frade comentó: “Asco”.

Finalmente el Ejecutivo pactó con el kirchnerismo y consiguió las firmas para el pliego de Lijo, el juez más cuestionado y resistido de la historia. Mientras distraen con la suspensión de las PASO, la casta más rancia avanza. Estos son los cómplices de este desatino a la Patria. pic.twitter.com/pqxX0FK2jd

— Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) February 12, 2025

En el mismo sentido, el diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, expresó: “Pasito a pasito, se va concretando el pacto de impunidad. Señores Senadores, Lijo, ¡No! Si así no lo hicieran, que Dios y/o la Patria se lo demanden”.

Su par de bancada Marcela Campagnoli advirtió: “Estemos atento a que el oficialismo no deje caer FICHA LIMPIA en el Senado a cambio que le voten el pliego de Lijo Recordemos Lijo no. El Gobierno apuesta a conseguir la designación de Lijo en el Senado y apelar a un decreto para García-Mansilla”.

Por su parte, el diputado del bloque Democracia Para Siempre Fernando Carbajal criticó al presidente del bloque radical en el Senado, Eduardo Vischi, por haber acompañado con su firma el dictamen: “Profunda vergüenza por el voto del senador Vischi avalando el pliego de Lijo. ¿Cuál es el precio de entregar los valores de la República?”.

Si bien había trascendido hace bastante tiempo que el pliego de Ariel Lijo contaba con las nueve firmas necesarias para llegar al recinto, recién este miércoles se confirmó que eso sucedió: Tras la audiencia pública del 21 de agosto pasado, la Comisión de Acuerdos del Senado pasó a la firma el dictamen la propuesta del Ejecutivo para designar a un nuevo integrante de la Corte Suprema de Justicia.

El despacho lleva las firmas del jefe de bancada oficialista, Ezequiel Atauche; del titular de bloque radical Eduardo Vischi; del salteño Juan Carlos Romero (CF); el correntino Carlos “Camau” Espínola; la tucumana del Pro, Beatriz Ávila; del misionero Carlos Arce; y de los integrantes de Unión por la Patria, el sanjuanino Sergio Uñac, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora y la catamarqueña Lucía Corpacci.

Lo cierto es que esto se conoce cuando se están alistando los temas que serán llevado al recinto del Senado para una sesión de este periodo extraordinario. Siempre se especuló con que en la sesión donde fuera a tratarse el pliego de Lijo, primero y después el Manuel García-Mansilla, sería una sesión única que no formaría parte del resto del temario de extraordinarias.

Habida cuenta, fundamentalmente, de que García-Mansilla no cuenta con dictamen y el tratamiento de su pliego necesitaría la habilitación del aval de dos terceras partes en el recinto  para avanzar con el tratamiento sobre tablas.

Así las cosas, todo puede suceder en los tiempos que corren, y con la noticia de que el tema Lijo está listo para ser tratado en el recinto, eso debería suceder la próxima semana antes del final del período extraordinario, el viernes 21. Según supo parlamentario.com, la fecha tentativa para ir al recinto de la Cámara alta sería el jueves 20 de febrero.

De todas maneras, que estén las firmas no implica que ya tenga asegurado, Ariel Lijo, los votos en el recinto donde necesitará de dos tercios de los presentes. Es de esperar que si el oficialismo no tiene asegurado ese número no vaya a exponerse en una sesión. A lo largo de esta semana deberán trabajar para contar con un numero importante de senadores del interbloque conduce José Mayans.

Un grupo de diputados del bloque de Unión por la Patria, encabezados por el santafecino Eduardo Toniolli, presentaron un pedido de interpelación al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, para que rinda cuentas ante la Cámara baja sobre el vaciamiento y degradación de las políticas de derechos humanos, y en relación a la denuncia judicial de actividades de inteligencia ilegal realizadas en la ex ESMA el pasado 27 de diciembre de 2024.

El texto extiende la citación al secretario de Derechos humanos, Alberto Julio Baños, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación a fin de que “brinden información detallada y explicaciones verbales respecto de los despidos de trabajadores realizados en la Secretaria de Derechos humanos del Ministerio de Justicia, sobre el vaciamiento y degradación de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y en relación a la denuncia hecha por la Comisión Provincial por la Memoria de actividades de inteligencia ilegal durante el abrazo a la Ex ESMA realizado el viernes 27 de diciembre de 2024”.

La iniciativa contó con el respaldo de la justicia tras el fallo del juez federal Ariel Lijo para preservar los espacios de la memoria y mantener el personal que se desempeña en estas áreas. El candidato del oficialismo para ocupar un lugar en la Corte Suprema podría garantizarse así el apoyo del kirchnerismo a la hora de votar su pliego en el recinto del Senado.

En esta línea, el magistrado ordenó a la secretaría de Derechos Humanos de la Nación que “arbitre los medios necesarios con el objeto de garantizar una dotación de personal capacitado para que los espacios de memoria que funcionan en los ex Centros de Detención y Tortura Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos permanezcan en funcionamiento”.

Esta resolución se debió a la presentación de una denuncia penal contra el ministro de Justicia de la Nación, y el secretario de Derechos Humanos realizada por la legisladora porteña Victoria Montenegro, “por el desmantelamiento de la secretaría de Derechos Humanos”, según fundamentó la diputada porteña.

“La justicia le ordenó a la secretaría de Derechos Humanos que garantice el funcionamiento de los sitios de la memoria. Muchas de las tareas estaban afectadas por los cientos de despidos que decidieron Alberto Baños y Mariano Cúneo Libarona. Frente a la avanzada de este Gobierno, que desmantela las políticas de derechos humanos y ataca a los organismos, conseguimos un pronunciamiento judicial que pone en valor los compromisos por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, posteó en las redes Montenegro.

Además, el juez Lijo ordenó “preservar los acervos y los archivos generados hasta la fecha”, y pidió que continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas” en los espacios.

Entre los fundamentos, el diputado Toniolli señaló que “las políticas públicas de garantía de la vigencia de los Derechos Humanos están siendo reducidas a su mínima expresión, a través de su parálisis y falta de presupuesto. En particular, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar, están siendo vaciadas y degradadas. No cabe otra interpretación cuando se analizan los datos referidos a la situación del personal en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Al inicio de la gestión total había un total de 1050 trabajadores, mientras que al 8 de enero de 2025 solo quedan 540 trabajadores”.

Y agregó que “ninguna de las personas despedidas fue reemplazada, por ende, las tareas se dejaron de hacer o tuvieron que ser asumidas por otros trabajadores. Dentro del conjunto de trabajadores despedidos encontramos personas con hasta 30 años de antigüedad, con diversas experiencias y niveles de formación importantes: administrativos, abogados, sociólogos, psicólogos y psiquiatras, comunicadores, educadores y conservadores”.

El diputado de UP sostuvo que la política de derechos humanos atravesó los años de recuperación democrática en nuestro país. “Entre los mojones más altos en materia institucional cabe mencionar el trabajo de la CONADEP y el Informe Nunca Más (1984), el Juicio a las Juntas militares (1985), la jerarquía constitucional de los Tratados Internacionales sobre derechos humanos incorporada en la reforma de la Constitución Nacional (1994), la anulación de la ley 23492 de Punto final y de la ley 23521 de Obediencia debida (2003), la inconstitucionalidad de los Indultos declarada por la Corte Suprema de Justicia (2010) y el desarrollo de los juicios por los crímenes de lesa humanidad en tribunales de todo el país”.

“No me siento cómodo. No me gusta”, dijo el senador nacional Luis Juez, al anticipar su deseo de dejar la presidencia del bloque Pro de la Cámara alta. Comentó que se ha sentido desautorizado por el expresidente Mauricio Macri, a quien en lo inmediato le expresará su deseo de dejar el cargo, aunque seguirá dentro del bloque.

También adelantó su intención de ser candidato a gobernador de su provincia en representación de Javier Milei.

Asimismo consideró que el Pro tiene que ir a las elecciones junto con La Libertad Avanza: “Coincido un ciento por ciento de que el camino es juntos”, afirmó. Y suscribió la expresión de Milei respecto de que deben ir “juntos y en todos lados. Porque si yo quiero ir solo donde estoy bien y me alcanza y juntarme donde mi fuerza no tiene esa expresión, me parece un acto de egoísmo que pone a las claras que en algún lugar las cosas se van a complicar”.

Entrevistado por La Nación, el senador cordobés agregó que “nuestro electorado decididamente acompaña la política del presidente. No entender eso puede ser catastrófico”.

Valoró el trato que mantiene con Javier Milei señalando que ha tenido “muy buena relación con casi todos los presidentes, pero es la primera vez que un presidente me hace sentir su amigo. Y yo no estoy detrás de nada, lo mío no puede ser interpretado como una expresión obsecuente”.

Luis Juez expresó cuáles son sus críticas sobre Mauricio Macri.

Tras admitir que su forma de ser “muchas veces le ha caído antipática a Mauricio Macri”, de quien dijo que “es de esos tipos que están con la guardia levantada siempre”, anticipó que dejará de presidir el bloque de senadores del Frente Pro. Aseguró que él no quería ser presidente de esa bancada y anunció que no lo voy a ser en el futuro inmediato”.

“No creo que sirva, no me siento cómodo. No me gusta, lo digo con todo respeto, pero me siento desautorizado”, explicó, vinculando su malestar con el expresidente Macri. “No me gusta tal cosa, y esas cosas pasan, pero no hay ninguna autocrítica, entonces es muy complicado”, dijo, puntualizando que “es un tema que seguramente lo hablaré con Mauricio, pero yo ya le hice saber que no tengo ningún interés en seguir”.

El senador Juez dijo no sentirse cómodo presidiendo la bancada del Pro.

Como ejemplo de las veces que se sintió desautorizado, contó que “estuve un montón de meses trabajando para que el bloque se pudiera juntar con el presidente, y cuando el presidente me dio el día y hora para juntarme, me llamaron y me dijeron que no me podía juntar”. Detalló que fue Macri quien lo llamó desde el exterior para decirle eso.

Después sucedió el caso Kueider, respecto del cual Juez dijo haberle dicho al líder del Pro que lo iban a expulsar, “porque es la primera vez en la historia de la política Argentina que entra un oficio de un juez federal al Senado pidiendo el desafuero para meterlo preso”. Contó que Macri “creía que había que suspenderlo porque no está acá”, en referencia al Senado.

“Yo no quería convivir ni media hora más con ese tipo en el Senado. Me dolió muchísimo que de los cinco votos que votaron la suspensión, cuatro eran nuestros. Hay momentos en los que tenés que dejarle al tipo que está en la trinchera que tome la decisión que tenga que tomar. Es fácil decir ‘voten de tal manera’, pero en estos temas que tienen que ver con valores, uno se tiene que diferenciar”, remarcó, tras lo cual reiteró: “Seguramente la próxima vez que me junte con Mauricio voy a poner a disposición la conducción del bloque”. Empero, aclaró que seguirá dentro del bloque porque “no soy un especulador”, y al respecto salió al cruce del rumor de que él quisiera ser presidente provisional del Senado. “Eso no es así. Yo no pido nada y se lo dije al presidente. Le dije: ‘Mirá Javier, dentro de tres años, si Dios me da salud y estoy en la consideración de los vecinos de mi provincia, voy a intentar ser gobernador y me encantaría ser tu gobernador’”.

“El candidato de Milei, no sé si de una coalición o de un espacio más amplio, no sé, pero de Milei. Me encantaría que Milei pueda decir con orgullo ‘mi candidato a gobernador en Córdoba es el senador Luis Juez’. La primera vez que hablamos, en marzo del año pasado comiendo en Olivos, yo le dije: ‘Cuando vos vayas por tu reelección el 10 de diciembre del 2027 yo voy a terminar mi mandato de senador y voy a trabajar con un honor increíble para tu reelección’”, enfatizó.

Sobre el final, aclaró que más allá de su sintonía con el presidente no votará a Ariel Lijo para integrar la Corte. Contó que se lo dijo en marzo del año pasado al presidente de la Nación, y le dio sus razones: “Lijo y su hermano tienen una PyME que se dedica a alquilar bidets a políticos con el culo sucio”, además de ser “el tiempista más grande que tiene la Justicia. Ese tipo de jueces no sirven”.

Dijo que Milei no le hizo ningún problema por eso.

Cuando muchos esperaban que el amague de diciembre de convocar a extraordinarias quedara en la nada durante todo el verano, la posibilidad de que el Gobierno finalmente llamara a sesionar en tiempo de vacaciones volvió a cobrar fuerza los últimos días y se confirmó finalmente al cierre de la semana. El temario incluye cuestiones urgentes para el Gobierno y otras que son puro decorado, más allá de su importancia.

Entre las primeras, la fundamental es la eliminación de las PASO. Entre las imprescindibles habrá que considerar los pliegos de los jueces propuestos para la Corte Suprema. Para ambas cuestiones los libertarios se tienen fe, pero lejos están de tener los votos asegurados.

Más allá de que la movida disgustó al mileísmo, los planetas parecieron alinearse cuando el jefe de Gobierno porteño anunció el desdoblamiento electoral en CABA, decisión que incluía un pedido de suspensión de las elecciones primarias en el distrito. Jorge Macri pronunció entonces un discurso afín a lo que Guillermo Francos expresaba por esos días respecto de la derogación de las PASO, lo que dio pie al bloque Pro de Diputados a replantear su postura original contraria a los deseos del Gobierno nacional en la materia. Sin embargo, con el correr de los días y la acentuación de las diferencias entre La Libertad Avanza y el Pro, la idea que está prevaleciendo en el partido amarillo es la de la suspensión en lugar de la eliminación definitiva con la que insiste el Poder Ejecutivo.

Esa postura es la que hoy por hoy tendría más chances de salir, pues Unión por la Patria sería proclive a avanzar en ese sentido. Desde esa bancada se presentó el proyecto más reciente relacionado con las PASO: es del diputado chaqueño Juan Manuel Pedrini y tiene fecha de ingreso en la Cámara el 29 de noviembre de 2024. Busca suspender las PASO “por única vez”, aclarando que la eventual supresión definitiva debe hacerse luego de “un debate serio, profesional y comprometido con la ciudadanía”.

En el seno del Pro hay posturas divergentes. María Eugenia Vidal tiene presentado un proyecto para eliminar la obligatoriedad de votar en las PASO, que de aprobarse pasarían a ser PAS, mientras que otras voces como la de Hernán Lombardi están a favor de la eliminación para las elecciones legislativas. Como sea, el partido liderado por Mauricio Macri hace sus propias cuentas electorales y apostará a priori a la suspensión por única vez, pues las quiere disponibles para 2027. Vaya si les ha sacado rédito, más allá de que en las más recientes terminó sufriendo. Pero sí o sí prefiere que no se hagan este año, pues teme que le jueguen en contra. Las PASO terminan siendo una condena para las terceras fuerzas, que es en lo que se ha convertido el Pro, junto al resto de lo que fue hasta hace poco Juntos por el Cambio. Es algo que le vino muy bien a esa fuerza en los años que lideraba la confrontación con el kirchnerismo, cuando conocidos los resultados de las PASO aparecía el voto útil en octubre, alineando entonces a la mayoría del voto anti K. Ahora el Pro teme ser víctima del eventual “voto útil” en las elecciones definitivas, que podría arrasarlos, según confiesan en privado. Mejor que no se conozcan las cartas por anticipado, al menos por esta vez.

Es la misma razón por la que en el radicalismo ya admitieron estar repensando su postura original contraria a tocar las PASO.

Le costará al oficialismo derogar las elecciones primarias si no cuenta con la anuencia del Pro y Unión por la Patria. Pero más difícil estará la pulseada para los jueces de la Corte. En el oficialismo confían en tener los dos tercios que necesita Ariel Lijo para llegar a la Corte. Hacen cuentas y suman a buena parte de Unión por la Patria, que desde la primera sesión que haya pasarán a ser 34; más un puñado de radicales y una decena votos del resto del Cuerpo, mas ninguno del Pro. Se verá si la suma le da bien al Gobierno, que mirará de reojo a la titular del Cuerpo, a la que no le agradecerá nada si le va bien.

Más difícil la tendrá Manuel García-Mansilla, quien además llegará al recinto -en la misma sesión en la que tratarán el pliego de Lijo-, sin dictamen. Eso implica un tratamiento sobre tablas que necesitará otros dos tercios. Menuda dificultad contar con esa mayoría especial dos veces seguidas en la misma sesión. Aunque puede llegar a suceder que una cantidad suficiente acepte el debate sobre tablas con la única intención de votarle en contra luego y sacarlo del juego.

Complicadísima la tiene el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, teniendo en cuenta que ni siquiera consiguió las 9 firmas que necesitaba para el dictamen.

Y entre los proyectos que mandará el Ejecutivo y que tendrán que recorrer comisiones y ambas cámaras, está el de ficha limpia, un texto nuevo que el presidente Milei encargó redactar al abogado Alejandro Fargosi luego de percibir la mala repercusión que tuvo en el electorado propio -ausencia de varios diputados oficialistas mediante- el fracaso del debate del proyecto original en Diputados.

El mandatario dijo que le había encargado a Fargosi trabajar en un proyecto que elimine los “agujeros legales” que a juicio del Gobierno tenía el proyecto que llegaba al recinto y cuyo dictamen sin embargo firmó. Si bien no existe todavía un texto al cual analizar, por lo que ha dicho Fargosi en distintas entrevistas, el nuevo proyecto sumaría a las condiciones para invalidar a un candidato condenado una tercera instancia, afincada en la Justicia Electoral. Lejos de convencer esa tercera instancia a aquellos que apoyaron el dictamen que no pudo llegar al recinto en diciembre.

El proyecto oficialista también incluiría un requerimiento especial a la Corte para apurar sus resoluciones para esos casos.

Fuentes de la oposición dialoguista consultadas por este medio aclararon que esperarán a ver el texto antes de adelantar su postura.

Así las cosas, el Gobierno podrá exhibir una vez más el dominio de la agenda política, pero eso no implica la certeza de aprobar los proyectos que ha mandado. Dicen en lo más alto del poder que van a todo o nada y que si fracasan en sus principales aspiraciones -porque bien podrían aprobar 4 de los 7 proyectos y así y todo sería un fracaso-, les servirá para su relato: el de una casta que se resiste a colaborar y solo pone piedras en el camino, razón de más para mantener inactivo lo más posible el Congreso en el resto del año, hasta que la gente con el voto cambie el mapa legislativo. Esa es una melodía que suelen disfrutar los libertarios.

O bien armar las mayorías necesarias para sacar las leyes que desea, recogiendo el consejo que les dio Miguel Pichetto en su momento: buscar armar mayorías en el Congreso para gobernar, en lugar de conformarse con reunir un tercio con el cual poder blindar sus vetos. Lo cierto es que el Gobierno no se ha dedicado a armar mayorías salvo cuando las necesitó para la Ley de Bases. Para un Gobierno que solo ha podido aprobar tres de los proyectos que mandó al Congreso (Ley Bases, Paquete Fiscal y Banco de Datos Genéticos) debería ser un llamado de atención.

Finalmente el Gobierno cumplió este viernes en convocar a sesiones extraordinarias, cosa que había anticipado en diciembre pasado el vocero presidencial para ese mes, aunque luego tal posibilidad se enfrió. Los últimos días volvió con fuerza la idea de que llamarían a sesionar este verano, y finalmente este viernes se conocieron los temas que le interesa al Gobierno tener aprobados en lo inmediato, y los proyectos difieren de lo que se había esbozado a fines del año pasado.

Seis eran los temas que se habían anunciado en diciembre pasado; ahora son siete. En esa oportunidad se mencionó el siguiente temario: Reforma electoral; reforma política; juicio en ausencia; ley antimafias; viajes del presidente y reforma de los fueros de la política.

De ese temario quedaron en pie la reforma electoral; juicio en ausencia y la ley anti mafias. El decreto conocido este viernes sumó otros cuatro: reiterancia y reincidencia; pliegos de designaciones y promociones; ficha limpia y compensación e índice de actualización de quebrantos.

Quedaron afuera la reforma política, que requiere un minucioso debate que excedería las cinco semanas previstas para extraordinarias; los viajes presidenciales, que el presidente ya resolvió por la vía del decreto, así de sencillo; y la reforma de los fueros, un tema ríspido que surgió en diciembre pasado en plena discusión del caso Kueider y los cruces por el no tratamiento de ficha limpia.

Por lo que se ve de lo que mandó ahora el Ejecutivo, solo dos proyectos tienen un camino acotado pues deben pasar solo por una cámara: la ley antimafias, que ya fue aprobada en Diputados, y los pliegos, que solo son cuestiones que pasan por la Cámara alta.

La Cámara baja ya dio media sanción al proyecto de ley antimafias por 137 votos a favor y 92 en contra.

Tenemos entonces 3 proyectos que deben iniciar su recorrido por Diputados; 2 por el Senado y 2 que todavía el Poder Ejecutivo tiene que mandar al Congreso.

Vayamos por los que tienen que llegar primero al recinto de Diputados. Dos cuentan con dictamen y estaban listos para ser debatidos en la última sesión del año, que se cayó por falta de quórum. Es el caso de juicio en ausencia, que el 19 de noviembre tuvo dictamen en un plenario de Legislación Penal y de Justicia. De hecho, hay varios dictámenes (UP presentó dos). Esta iniciativa propone una modificación al Código en el artículo 104 propone que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.

El proyecto con la modificación al Código Penal de la Nación establece juzgar a acusados por delitos graves cuando éstos no se presenten o estén prófugos.

El otro proyecto con dictamen es el de reincidencia y reiterancia, que consiguió dictamen el 25 de septiembre y busca terminar con “la puerta giratoria” en las comisarías para los presos.

El tercer proyecto es del Poder Ejecutivo, que lo presentó el 21 de noviembre pasado. Lleva el título de “Reforma para el fortalecimiento electoral” y es aquel que deroga las PASO. Deberá pasar primero por las comisiones que le han sido asignadas: Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda.

Solo por el Senado

Como dijimos, solo debe atravesar el recinto del Senado el proyecto de ley antimafias, que el 13 de noviembre consiguió dictamen en el seno de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior y Narcotráfico. Esta iniciativa remarca a la figura de la asociación ilícita con carácter especial, para determinados delitos, como tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos de origen delictivo, secuestros, homicidios o trata de personas, y propone penas de prisión que van de los 8 a los 20 años por la mera pertenencia a una organización delictiva.

El otro tema que pasará solo por el senado es el de pliegos para designaciones y promociones. Fundamentalmente se buscará la aprobación por dos tercios del pliego de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema. Como solo el juez federal consiguió los 9 avales en la Comisión de Acuerdos, García Mansilla necesitaría un tratamiento sobre tablas, que se afirma el oficialismo intentará darle, en la misma sesión en la que discutirán la habilitación de Lijo.

Pendientes de ingreso al Congreso hay dos proyectos. Uno es el de de ficha limpia, que debe ser remitido por el Poder Ejecutivo, pues el que tiene dictamen y cuyo tratamiento fracasó dos veces en noviembre pasado no conforma al Gobierno nacional. La misma noche del último fracaso de la ley de ficha limpia en Diputados, el presidente Milei llamó a Silvia Lospennato para decirle que él era partidario de contar con esa ley, pero con algunos cambios. Por eso le encargó al abogado Alejandro Fargosi redactar una nueva ley, que será la que vayan a tratar en este verano.

El otro es un proyecto de ley de compensación e índice de actualización de quebrantos, que es la mayor novedad de este temario, pues nunca se había hablado de su tratamiento hasta ahora.

Causó sorpresa la información que comenzó a tomar fuerza este miércoles al cerrar la tarde, al trascender de fuentes oficiales la intención de convocar a sesiones extraordinarias para este mes de enero. La novedad es precisamente esa: que la convocatoria rija a partir del 15 de enero y se extienda hasta el 15 de febrero, pues se especulaba con la posibilidad de que el Ejecutivo llamara a sesiones extraordinarias, pero durante febrero.

En rigor, recordemos que en el mes de diciembre el vocero presidencial había anunciado extraordinarias que se extenderían entre el 5 y el 27 de ese mes, pero pasaron los días y esa posibilidad se desinfló. En esa oportunidad, Manuel Adorni había planteado un temario que incluía la reforma electoral; reforma política; juicio en ausencia; ley antimafia; viajes del presidente y reforma de los fueros de la política.

Este miércoles fuentes de la Casa Rosada admitieron que se está trabajando en el temario que se presentaría y adelantaron que el llamado se haría este viernes. Y citaron el mes de extensión que tendría el llamado, a partir del 15 de enero.

La posibilidad más fuerte es que se ponga a consideración el proyecto sobre elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Un tema en el que hay resistencias en la oposición dialoguista, aunque las mismas habrían cedido en las últimas semanas, sobre todo a partir de que el Gobierno porteño llamara a suspenderlas en la Ciudad de Buenos Aires para este año. Incluso cerca de la conducción del bloque radical trascendió que estarían dispuestos ahora a conversar sobre el tema, cosa que hasta hace poco parecía vedada.

Las dudas que se plantean giran en torno a la suspensión o derogación de las PASO. Pues en el Pro y en Unión por la Patria germina la intención de avanzar con la suspensión, tal cual impulsaron recientemente desde UP a través de un proyecto del diputado Juan Manuel Pedrini y sus pares chaqueños, que promueven la suspensión “por única vez” de las elecciones primarias.

Desde el Gobierno insisten en que esas elecciones deben derogarse por una cuestión presupuestaria.

Otro tema que se incluiría en el temario es el de ficha limpia. Pero no el proyecto que se intentó dos veces llevar al recinto a fines de noviembre, con un dictamen alcanzado luego de varios plenarios, sino un proyecto del Ejecutivo, ese que el presidente Javier Milei mandó a confeccionar al abogado Alejandro Fargosi luego de la polémica generada tras la segunda vez que se cayó la sesión en la que pretendían tratar el tema.

La ley antimafia cuenta con media sanción de Diputados y tiene dictamen en el Senado desde el 13 de noviembre, pero no alcanzó a llegar al recinto por el freno que se le puso a los debates en la Cámara alta en la última parte del año. Ahora formaría parte del temario.

También se incluirían proyectos que formaban parte de esa última sesión del año que fracasó en Diputados, como el proyecto sobre reincidencias y juicio en ausencia.

Por último, el Gobierno se jugaría un pleno con las designaciones para la Corte Suprema. Según las fuentes oficiales, harían un intento por aprobar los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla. Las designaciones quedaron frenadas luego de la presentación de ambos ante la Comisión de Acuerdos, donde solo el juez federal habría alcanzado las 9 firmas necesarias para llegar al recinto. Así trascendió, luego de que se conociera que la catamarqueña Lucía Corpacci había estampado la propia. Pero en rigor de verdad, nadie oficializó nunca que el camino de Lijo hacia el recinto hubiera quedado libre. Más difícil es la situación de García Mansilla, quien es seguro que no alcanzó las firmas y, para ser tratado su caso en el recinto, debería debatirse sobre tablas, lo cual hace necesario dos tercios.

Como sea, desde el Gobierno se asegura que harán el intento.

A todo esto, un dato no menor es que el recinto de la Cámara de Diputados está prácticamente desarmado, pues se realizan obras de mantenimiento que se extenderían a lo largo de todo el mes de enero.  De hecho, el presidente de la Cámara, Martín Menem, le pidió a todo el personal de la casa que se tomara vacaciones este mes. Lo cual no haría imposible el trabajo en comisiones, pero sí sesionar en el recinto, al menos durante el mes de enero. Si es que alcanzan a terminar a lo largo de este mes.

Pese a que no se ha confirmado desde la Cámara alta que el dictamen del pliego de Ariel Lijo como candidato a juez de la Corte Suprema ha reunido las firmas necesarias, el tema se coló entre las preguntas que los senadores le hicieron este miércoles al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, tras su informe de gestión en el Senado.

Fue la rionegrina Mónica Silva la primera en consultar si desde el Gobierno han pensado en que las bancas deben ser ocupadas por una jueza mujer. En el mismo sentido, el formoseño y ex libertario Francisco Paoltroni sumó: “El pliego de Lijo hace 7 meses está en el Senado y si lo sacan por DNU se estaría burlando la autoridad de la Cámara cuando se resiste a tener dictamen. Es una de las peores señales de autoritarismo y un gravísimo error para la institucionalidad y división de poderes y atenta contra los intereses de todos los argentinos”.

“El Gobierno mandó al Senado estos dos pliegos –Lijo y García Mansilla- y tiene que resolver. Entendemos el reclamo sobre la presencia de una jueza mujer en la Corte Suprema. Seguramente será un tema que el presidente va a considerar en el caso que estos pliegos finalmente no avancen tendrá en cuenta también los reclamos que ha habido con respecto a la participación de mujer en la Corte”, afirmó Francos.

Sobre la designación de jueces por DNU, el funcionario resaltó que “el bloque de La Libertad Avanza es un bloque muy reducido que no tiene la posibilidad de poder. Le resulta muy dificultosa la negociación para obtener acuerdos de esta envergadura”.

“Así como el presidente Mauricio Macri, en una situación diferente al actual, había efectuado una designación en comisión que rápidamente fue ratificada, yo no descarto y no es que el presidente tenga una decisión sobre esto, pero yo no descarto que pueda pasar que si la Corte se queda en una situación cercana a la acefalía el presidente pueda ejercer esa facultad que está establecida en la Constitución de designar de manera absolutamente transitoria ministros de la Corte. Vi hay muchísimos antecedentes tanto en la historia argentina”, explicó.

Así, ejemplificó: “En la Argentina hubo varios presidentes que designaron ministro de la Corte en comisión. Incluso hubo presidentes que tomaron juramento porque la Constitución establece que los presidentes pueden tomar juramento”.

Luego de días de trascendidos, que se dieron a conocer desde Casa Rosada la semana pasada, pero en el Senado se rehusaban a revelar, el kirchnerismo salió a confirmar este martes la firma de Lucía Corpacci al dictamen del pliego del juez federal Ariel Lijo como candidato a ocupar una vacante en la Corte Suprema de Justicia. 

La propia senadora hizo declaraciones este martes por radio. Integrante de los primeros lugares de la lista encabezada por Cristina Kirchner al PJ, la catamarqueña aseguró que en su momento habló con la expresidenta sobre esa postulación, pero decidió acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo no a sugerencia de CFK, sino a pedido de su gobernador, Raúl Jalil, de quien se ha mostrado independiente en muchos temas. Por eso, el aval de Corpacci, alineada a la titular del PJ Nacional, es todo un gesto.

Lijo pasó por audiencia pública ante la Comisión de Acuerdos a finales de agosto. Recibió impugnaciones de la Coalición Cívica y un sector del radicalismo. Con rechazo de senadores de la oposición dialoguista, para la aprobación de su pliego en el recinto, el oficialismo depende sí o sí de Unión por la Patria, interbloque opositor que es primera minoría con 33 miembros. También así, para llegar a los dos tercios, requiere un amplio aval el candidato Manuel García-Mansilla, quien en cambio es más resistido por el kirchnerismo, que insiste con que uno de los dos candidatos debe ser una mujer. 

A diferencia de Lijo, García-Mansilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, todavía no reúne las firmas necesarias para el dictamen de su pliego. El Gobierno, por su parte, tiene una posición tomada respecto de que "son los dos o ninguno", con lo cual todavía hay incertidumbre en saber qué pasará con las designaciones. En el medio, cada dos por tres, funcionarios de Rosada reflotan la posibilidad de que los nombramientos salgan por DNU, como lo hizo Mauricio Macri al comienzo de su gobierno. 

Según confirmaron fuentes del Senado a parlamentario.com, el pliego de Lijo fue avalado por el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche; la tucumana Beatriz Ávila, del Pro; el presidente de Las Provincias Unidas, Carlos "Camau" Espínola; el salteño Juan Carlos Romero, también de ese bloque; el jefe del bloque de la UCR, Eduardo Vischi; y el misionero Carlos Arce.

En tanto, las tres firmas de UP fueron las del sanjuanino Sergio Uñac; la santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora, esposa del gobernador Gerardo Zamora; y la de Corpacci, la última en habilitar el dictamen, que requería una firma más de la mitad de los integrantes de la comisión. 

En declaraciones a radio El Destape, la senadora catamarqueña fue consultada sobre la figura de Lijo y su opinión al respecto: “Yo no tenía cuestionamientos... a ver, siempre uno puede ver algunas cosas, pero no cuestionamientos que me impidieran apoyar su pliego” salvo el rechazo a que no hubiera una mujer postulada en su lugar, pues a Lijo se lo propuso en reemplazo de Elena Highton de Nolasco. 

“Pero después llegó el otro pliego y era otro hombre (por Manuel García-Mansilla). Se intentó acordar la posibilidad de que fuera una mujer, pero eso no se logró y yo había asumido el compromiso de que si eso no se daba antes de fin de año, yo iba a acompañar el pliego”, continuó Corpacci. 

Consultada por las críticas que hay hacia Lijo y que finalmente no se cambió el pliego de una mujer por uno de los dos varones, la legisladora expresó: “Mire, la verdad es que la Justicia está llena de cuestionamientos y gente que llegó que parecía intachable después demostró... la verdad... es tan difícil el tema de la Justicia. Hasta podría decirle que algún otro que manden me podría resultar mucho más preocupante”.

Sobre si había conversado de la candidatura del juez federal con Cristina Kirchner, la senadora dijo que “por supuesto” lo hablaron “en su momento”. “Yo le dije que era entre otras cosas un pedido del gobernador de la provincia, que quería que acompañáramos a los candidatos del Gobierno nacional y el planteo fue ‘tratemos de que sea una mujer’, pero no lo logramos. Y esa fue la actitud del bloque”. Pero negó haber estampado su firma por una decisión de “ahora” conversada con CFK. 

Confirmados por parte del Poder Ejecutivo el pasado 20 de marzo, como candidatos a integrar la futura Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ariel Lijo y Manuel García Mansilla siguen esperando aún que sus respectivos dictámenes avancen en el Senado de la Nación, adonde concurrieron para exponer ante los integrantes de la Comisión de Acuerdos el 28 de agosto de este año.

En rigor, sus nominaciones fueron oficializadas con la publicación del Decreto N° 267/24 efectivizada el pasado 15 de abril.

Una vez cumplida la presentación de ambos ante la comisión que preside Guadalupe Tagliaferri, resta esperar que sus respectivos dictámenes consigan al menos 9 firmas, de modo tal de quedar a disposición del recinto, donde a suerte y verdad deberá decidirse cuando eso suceda la suerte de cada uno. Allí necesitarán contar con los 2/3 de los presentes, de modo tal de quedar consagrados jueces de la Corte Suprema.

No les ha resultado sencillo conseguirlo. Más a Manuel García Mansilla, según ha trascendido. El juez federal Ariel Lijo es quien más reparos ha despertado, pese a lo cual estaría más a tiro de conseguir su objetivo. Él mismo se ha encartado de “militar” su postulación, según afirman propios y extraños.

En las últimas horas, trascendió que contaba ya con las 9 firmas para estar a disposición del pleno. Y que la última firma era la de la catamarqueña de UP Lucía Corpacci. Cercana a Cristina Fernández de Kirchner, resulta impensable imaginar que esa rúbrica no haya sido con la anuencia de la exmandataria. Si sucedió…

Porque en cercanías de la exgobernadora catamarqueña no contestaron la consulta de parlamentario.com. El resto de las fuentes consultadas rehusaron confirmarlo. La información de que “habría” firmado es información que circuló sobre el final de la semana pasada en Casa Rosada. Otras fuentes consultadas por este medio advirtieron que, en rigor, esa no sería la última firma que necesitaría Lijo, sino que faltarían más.

Paralelamente volvió a sonar con fuerza la posibilidad de que el nombramiento de ambos sea por decreto de necesidad y urgencia. De hecho, este fin de semana, Guillermo Francos reflotó esa chance. Esa posibilidad “está en análisis”, confió el jefe de Gabinete por Radio Mitre. “cuando estás en minoría, todo cuesta mucho más”, admitió al hacer votos porque la aprobación de ambos pliegos siga los carriles normales. Sin embargo advirtió que “la propuesta no fue tratada por el Senado y la Corte va a quedar con tres miembros. Hay una preocupación desde el Gobierno para que la Corte esté integrada. En la historia argentina hay otros casos”. Pero insistió en que “lo mejor sería que lo designe el Senado”.

Consultado puntualmente durante la audiencia de la que tomó parte en agosto en el Senado, García Mansilla dijo que no aceptaría un nombramiento por decreto. Algún análisis del fin de semana señalaba que estaría dispuesto a rever ese pensamiento.

Convengamos que si finalmente sucediera el nombramiento por decreto, el mismo tendría validez hasta fines del año venidero. Es que la Constitución habilita al presidente a hacer esto, en su artículo 99, inciso 19, referido a las atribuciones presidenciales: “Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”.

Lo cierto es que todo forma parte de las versiones que imperan por estos días en los que faltan precisiones. Y hay que recordar que el Gobierno planteó de entrada que “son los dos o ninguno”, en referencia a la necesidad de que se aprueben los dos postulantes juntos.

Sobre todo cuando también circula la versión de que el kirchnerismo -cuyos votos son necesarios pues en el Senado estamos hablando de 2/3- estaría dispuesto a aprobar a Lijo, pero a cambio de “poner uno nosotros”. Una, en ese caso, pues tendría que ser  mujer. Hasta se habló de la exsenadora nacional santafesina María de los Ángeles Sacnun, expresidenta de Asuntos Constitucionales en la Cámara alta y por lo tanto de extrema confianza de Cristina Kirchner. Desde el Gobierno descartan cualquier acuerdo en eses sentido.

Un dato importante a tener en cuenta en el marco de estas elucubraciones: quiénes son los 17 senadores que componen la Comisión de Asuntos Constitucionales. Allí, la presidenta es del Pro, la ya mencionada Guadalupe Tagliaferri. Vicepresidenta es la camporista Anabel Fernández Sagasti, extitular histórica de esa comisión. Son vocales, por Unión por la Patria Alicia Kirchner, Juliana di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y José Mayans. La UCR tiene 4 miembros, Martín Lousteau, Maximiliano Abad, Mariana Juri y Carolina Losada, y están también la tucumana Beatriz Ávila, el correntino Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Omar Arce, el salteño Juan Carlos Romero, y por el oficialismo, el jujeño Ezequiel Atauche.

En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El quinto lugar vacante es el que quedó en noviembre de 2021 con la salida de Elena Highton de Nolasco. Para cubrirlo, el Poder Ejecutivo impulsa al juez federal Ariel Lijo. En tanto que el 29 de diciembre Maqueda cumplirá los 75 años de edad y para su reemplazo el oficialismo postula al académico Manuel García-Mansilla.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución para promover un juicio político contra Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de la Nación. En este caso, lo acusan de “negociar” con el Poder Ejecutivo su ascenso dentro del máximo tribunal de justicia.

Este nuevo pedido es una ampliación, de los realizados por parte del espacio que lidera Elisa Carrió, de los presentados en 2017 y 2021, y las ampliaciones de 2018 y 2022, respectivamente. En esta ocasión, denuncian que el magistrado mantuvo reuniones privadas con el presidente Javier Milei y la secretaria Karina Milei para “buscar incidir en la selección de los ministros de la Corte y procurando llevar adelante un golpe institucional contra las autoridades (de la Corte Suprema)”.

Asimismo, señalaron que Lorenzetti “se ha asociado” con el Gobierno nacional para convalidar la nominación de Ariel Lijo. “La contraprestación ofrecida al Poder Ejecutivo habría sido nada más y nada menos que la convalidación de las decisiones presidenciales y con ello la muerte de la división de poderes y de la República”, agregaron.

En el texto impulsado, relatan que la relación entre Lorenzetti y los hermanos Milei “se remonta a la campaña electoral del año 2023”, y añadieron que “el juez negociaba la presidencia de la Corte por la gobernabilidad que iba a precisar el naciente gobierno”. En ese punto, citaron a publicaciones periodísticas que relataban esa vinculación.

En relación a las nuevas designaciones para la Corte Suprema de Justicia, la iniciativa señala que fue el propio Lorenzetti quien le acercó al Gobierno el nombre de Ariel Lijo y lo acusan “de confundir y ocultar el origen de la candidatura, buscando desviar la atención y señalar al propio (Mariano) Cúneo Libarona -ministro de Justicia de la Nación- como responsable de aquella”.

En reiteradas oportunidades, el proyecto presentado por la Coalición Cívica, y que lleva la firma de Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade, señala que “el plan ideado por el juez Lorenzetti se centra en recuperar la presidencia y el poder perdido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Dentro de las conclusiones del texto, detallan que lo mencionado “da cuenta de los encuentros privados entre un ministro de la Corte Suprema y la cabeza del Poder Ejecutivo para definir —peligrosamente— la composición futura del máximo tribunal y la suerte de las causas que penden allí de resolución”.

“Todo bajo la promesa del Juez Lorenzetti de que conseguirá al presidente Milei tanto esa nueva mayoría, favorable al gobierno actual, como retornar a la presidencia de la Corte para vengarse de los otros magistrados”, concluyeron.

Mencionando que este nuevo pedido de juicio político se basa en el artículo 53 de la Constitución Nacional piden que, en caso de avanzar con el proceso, se cite como prueba testimonial a la secretaria de Presidencia Karina Milei, al ministro Mariano Cúneo Libarona, al asesor Santiago Caputo, al juez Ariel Lijo y a Guillermo Scarcella.

La postulación del juez Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia atraviesa todavía un camino sinuoso en el Senado, ya que su pliego no consigue aún el dictamen ni están los votos asegurados. Para alcanzar los dos tercios que requiere la designación, es imprescindible que Unión por la Patria lo acompañe. Este viernes, desde el kirchnerismo llegó un nuevo mensaje al Gobierno: “Así como están las cosas no se lo vamos a aprobar”.

"Nosotros tenemos una postura muy clara sobre qué es lo que queremos para la Corte. La Corte, así como está, es un desastre para Argentina, para la democracia, para la república, para los trabajadores. Es una Corte que defiende al poder económico", lanzó el senador Mariano Recalde durante una entrevista en radio Futurock.

El legislador de UP le recordó al oficialismo: “Nosotros tenemos un proyecto de ley en el Senado para modificar la Corte, no sólo en su composición, sino también en paridad de género, perspectiva federal, que contemple todas las especialidades”. “El presidente mandó esta propuesta, que obviamente no es nuestra. Es del presidente. No se la vamos a aprobar, así como está. Si hubiera alguna otra cosa, vemos. Qué se yo", expresó el porteño.

Lijo es uno de los dos postulados por Milei para integrar la Corte Suprema -el otro es el jurista y académico Manuel García-Mansilla-, y desde que se conoció su nominación ha ido sumando cuestionamientos, muchos de ellos por parte de la oposición dialoguista.

Recalde afirmó que él tiene su opinión sobre el candidato, pero aclaró que dentro del bloque no han debatido sobre el tema. “Yo tengo mi opinión. En el bloque no lo discutimos todavía. El otro día tuvimos reunión de bloque y alguno planteó qué va a pasar con eso, pero postergamos la discusión”, aseguró.

Lijo defendió su pliego el pasado 21 de agosto ante la Comisión de Acuerdos del Senado y respondió preguntas de los senadores durante ocho horas. Una semana después cumplió el mismo trámite García-Mansilla. Sin embargo, desde ese momento la votación favorable de ambos en la Cámara alta parece lejana.

La negociación entre el oficialismo y la oposición peronista/kirchnerista, que incluiría una ampliación del número de miembros de la Corte como contraprestación de un respaldo a la controvertida candidatura de Lijo parece estancada, o al menos ha perdido fuerzas.

Los 33 votos del kirchnerismo son claves para una eventual aprobación del pliego de Lijo, pero también lo son los de la oposición dialoguista, así como los de los bloques de menor representación. Sobre todo, teniendo en cuenta que La Libertad Avanza quedó con apenas seis senadores propios, después de la salida del bloque de Francisco Paoltroni, en desacuerdo absoluto justamente con la candidatura de Lijo y enfrentado a cielo abierto con Santiago Caputo.

El Poder Ejecutivo desestimó este miércoles por decreto una petición iniciada contra la solicitud de acuerdo para designar a Ariel Oscar Lijo en un cargo vacante de la Corte Suprema de Justicia.

Así lo dispuso el Gobierno a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y su ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona.

El decreto lleva el número 785/24 y consta de dos artículos, el primero de los cuales considera “inadmisible” la petición interpuesta de manera conjunta por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Será Justicia, Acción Conjunta Republicana, Asociación Civil Usina de Justicia, Entre Ríos Sin Corrupción y Profesores Republicanos, como así también Alejandro Fargosi, Daniel Sabsay, Pablo Pirovano, Gerardo Vega, Alberto Cohan, Ezequiel Nino, Alejandro Drucaroff, Marcelo de Jesús y Marcelo Camerini.

El decreto presidencial recuerda la facultad que asiste al Poder Ejecutivo para el nombramiento de magistrados del Tribunal Superior, aclarando que la remisión del pliego al Senado no constituye un acto de designación y, por tanto, “no produce por sí mismo efectos jurídicos definitivos para ningún interesado. Ello así, pues se trata de una actuación administrativa de carácter preparatorio de un acto a dictar ulteriormente, que de ningún modo ocasiona un gravamen irreparable a un supuesto interesado”.

“Tampoco se desprende de la presentación que alguno de los firmantes acredite que el envío del pliego cuestionado los afecte en la esfera de sus derechos subjetivos o intereses legítimos, pues no esgrimen norma alguna que les confiera una tutela específica, en condiciones de individualidad o exclusividad, sino que tan solo exhiben un interés simple común a todos los habitantes a quienes el Decreto Nº 222/03, en su artículo 6°, habilita a exteriorizar exponiendo sus posturas, observaciones y demás circunstancias que consideren de interés durante el plazo de participación ciudadana allí establecido”, agrega el decreto.

Para el Poder Ejecutivo, en lo esencial “tampoco se configura ninguno de los señalamientos realizados por los impugnantes, habiéndose cumplido en forma acabada todos los recaudos del procedimiento establecido por el Decreto Nº 222/03, que culminó en la remisión de la propuesta del doctor Lijo al Honorable Senado de la Nación”.

El presidente Javier Milei confirmó este domingo que instrumentará un trabajo de “coordinación parlamentaria” entre el oficialismo y el Pro, cuyo resultado admitió que será “un interbloque”.

Asimismo insistió en la necesidad de que el Senado apruebe el pliego de Ariel Lijo, asegurando que es “el único especialista” en materia de ciberataques.

Entrevistado por Luis Majul en La Nación+, el presidente de la Nación minimizó las diferencias con su vicepresidente, de quien valoró que tenga “su propia agenda”, por cuando él eligió como compañera de fórmula a “una profesional de fuste, no un decorado”.

“Lo primero que hay que entender es que cuando yo elegí a Villarruel como compañera de fórmula, elegí una profesional de fuste, no elegí un decorado, porque quedaba bien en la boleta… Elegí a plena conciencia y eso implica que ella tiene su propia agenda, y no tiene nada malo”, aclaró.

Ante las diferencias que Victoria Villarruel planteó respecto de la candidatura de Lijo para la Corte Suprema, Milei también le restó importancia, dado que “ella no vota”.

“En el caso de Lijo, no es importante” la discrepancia de su vicepresidente, “porque ella no vota”. En este caso, dijo, ella “está dando su opinión personal”, y remarcó que “los liberales no somos manada; ella no viene del ala liberal, pero ella tiene también su propia opinión”.

En ese marco circunscribió su postura respecto del enjuiciamiento de terroristas, que formaba parte de su agenda.

Cuando se le preguntó si en el caso de ir por la reelección la elegiría como compañera de fórmula, dijo que sí. Así y todo, aclaró que “hay que ver si ella también quiere seguir acompañándome, recuerde que el tango se baila de a dos”.

Consultado sobre si se arrepentía por la designación de algunos miembros de sus listas legislativas, como los casos de Lourdes Arrieta y Francisco Paoltroni, Milei dijo que ya habían tomado medidas sobre ambos casos. “De hecho, los expulsamos del sector”, recordó.

“Lourdes Arrieta fue expulsada del bloque por hacer denuncias falsas contra sus propios compañeros, lo cual nos parece inaceptable”, planteó el mandatario. Y en cuanto a Paoltroni, señaló que “mostró claramente una actitud no en línea con la que función a la que llegó”.

En ese sentido diferenció su papel con el de Victoria Villarruel, pues “él tiene una responsabilidad distinta; no tenía ninguna chance de ser senador si no iba en la boleta conmigo”.

Así y todo reivindicó que con el número de legisladores que tiene La Libertad Avanza lograron implementar una reforma que “es la más grande de la historia argentina. Más grande que la de Menem”.

Respecto de la decisión de abocarse más a la tarea legislativa, admitió que él estaba “mucho más abocado a lo que era la economía, interactuando con Luis Caputo, con el presidente del Banco Central Bausili, con la ministra de Seguridad Bullrich”. En cambio ahora “yo me voy a empezar a involucrar más en estos temas de política. Vamos a empezar a hacer un trabajo de coordinación parlamentaria que el resultado natural va a ser llegar a un interbloque”.

¿Quién lo presidirá?, le preguntó Majul, a lo que Milei repuso que “primero tenemos que empezar a caminar; usted no me puede pedir que sea como Usain Bolt si todavía estamos gateando”. E insistió: “Dígame qué gobierno de los últimos 124 años hicieron en este tiempo las reformas que nosotros hicimos”.

Con relación a Lijo, reivindicó su designación “porque es el único que conoce perfectamente cómo funciona el sistema judicial. Sería la primera vez que llega a la Corte una persona de esas características”.

“¿En el mundo moderno, los problemas de dónde vienen? De los ciberataques, ya sea terrorismo, narcotráfico… Dígame quién es el único especialista en esos temas”, señaló Milei, insistiendo en que ese es Lijo, a quien considera “una persona que se preparó toda la vida…”, tras lo cual la emprendió contra el diario La Nación.

“Yo entiendo que está la agenda de Saguier le manda a sus cuatro esbirros, esos pseudoperiodistas que manda a atacar. Que Saguier explique por qué tiene encono con Lijo y conmigo”. Luego insistió en que “si el señor Saguier tiene problemas con Lijo, que se lo arregle con ellos” y aseguró que al atacar a Lijo “mienten descaradamente”.

“Porque no tienen problema de mentir, calumniar y ensuciar con tal de cumplir las tareas que le pide su jefe”.

Cuando le señalaron sus críticas hacia el acuerdo entre el kirchnerismo y una parte del radicalismo para quedarse a cargo de la Bicameral de Control de Inteligencia, le advirtieron que son los mismos que deberían votar la nominación de Lijo. ¿Por qué en un caso es malo y en el otro bueno? “Yo estoy preparado para todos los escenarios, a pesar de tener 15% de los diputados y 10% de los senadores. A pesar de eso, sacamos la reforma estructural más grande de la Argentina, y después dicen que falta gestión política… Hay que hacerle un monumento a Guillermo Francos”.

Se le recordó que en su momento dijo que tenían que pasar los dos pliegos para la Corte, o ninguno. “Tienen que pasar estos dos –insistió-. Tienen los pergaminos para hacerlo”, y cuando se le preguntó sobre una ampliación de la Corte, dijo que algunos hablan de la necesidad de sumar mujeres por una cuestión de género. “Yo no lo tengo en el radar, entonces tendré que escuchar qué me están proponiendo. Si me preguntan a mí, la Corte Suprema es la que hay”.

¿Tiene los números para aprobarlos? “Espero que lo logremos; la Corte después va a ser mucho mejor”, aseguró.

Más adelante, señaló que “si nosotros logramos avanzar exitosamente en un espacio que agrupe a la mejor parte de lo que fue Cambiemos primero y luego Juntos por el Cambio, le puedo asegurar que en el propio 2025 el populismo kirchnerista va a ser historia”.

Decidido a no aflojar en su embate contra la candidatura de Ariel Lijo para ocupar un cargo en la Corte Suprema, el senador Francisco Paoltroni difundió este fin de semana un video con un mensaje suyo que concluye con el hashtag #LijoNo.

“Lo que pasó esta semana es algo muy bueno para todos los argentinos”, afirma el senador formoseño que precisamente durante la misma fue expulsado del bloque oficialista por su campaña contra la designación de uno de los elegidos por el Poder Ejecutivo para ocupar un lugar en el Tribunal Superior.

En un video donde se ve a ciudadanos portando carteles contra la designación de Lijo, Paoltroni señala que “por primera vez en nuestra historia la ciudadanía se comprometió con la designación de un juez de la Suprema Corte de Justicia (SIC), y este es el verdadero cambio que está ocurriendo”.

Para Paoltroni, “este verdadero cambio viene de la sociedad, viene del pueblo, viene de este compromiso ciudadano, en donde se planta y dice: lo que está mal, está mal. Lijo está mal, todos lo sabemos y el cambio está ocurriendo”.

En este marco, el senador formoseño asegura que “esta es la verdadera batalla cultural”, y concluye el video saludando “a todos los argentinos de bien que hacen que esta batalla la vayamos ganando y que una Argentina distinta sea próspera para todos”.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Ezequiel Atauche, habló sobre el pedido de expulsión de quien era su compañero de espacio Francisco Paoltroni y explicó que “hubo declaraciones respecto de nuestra dirigencia que no han gustado”, al tiempo que negó que la postura del formoseño en contra del pliego del juez Ariel Lijo haya sido el motivo principal.

El titular del espacio oficialista se refirió a la nueva nota que le había pedido la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel: “Nosotros habíamos puesto en la nota que ‘solicitábamos’ que se expulse al senador y la realidad que tendríamos que haber puesto ‘comunicamos’. Desde Secretaria Parlamentaria nos dijeron que teníamos que corregir eso y fue lo que hicimos. Se corrigió, se aceptó y no hubo mucho más que eso. Fue una corrección formal”, y aclaró que “no hubo ningún tipo de rechazo” por parte de la vicepresidenta.

“La vicepresidenta, como dijo ella y que me parece correcto, que los bloques son autónomos. Si ella está de acuerdo o no con la expulsión se lo deberían preguntar a ella, pero nosotros somos un bloque oficialista, pero autónomo que simplemente ha tomado autónomamente la decisión de separar al senador Paoltroni”, planteó Atauche en declaraciones a Radio Rivadavia.

El senador oficialista contó que “ya hace mucho tiempo veníamos con discusiones porque había varias situaciones previas a esta, inclusive desde el comienzo de nuestro trabajo y de la conformación del bloque, en la cual no podíamos terminar de ponernos de acuerdo con Francisco en algunas cosas”.

“Últimamente se había hecho insostenible la relación dentro del bloque”, remarcó, y negó tener algún tipo de problema personal con el formoseño: “Simplemente no coincidíamos en algunas cuestiones por sobre todo en cómo se iban manejando las cosas en lo comunicacional, cómo se iba manejando las cosas dentro de la sesión”.

Al ser consultado si la decisión de echarlo del bloque se debió a la postura de Paoltroni en contra de Lijo, Atauche negó que haya sido por eso: “Nosotros respetamos las opiniones de cada una de las personas, de cada uno de los senadores. Él venía expresándose en contra de la candidatura de Lijo hace dos o tres meses y jamás hubo un problema. Siempre hubo libertad y democracia”.

“Realmente la convivencia era difícil. Es intentar ordenar un bloque todos juntos. Es una cuestión que, por supuesto, tiene su peso político que tiene su representatividad y que es algo importante, pero por sobre todo se tiene que entender como una cuestión de adentro del bloque”, aclaró y planteó: “Cuando uno entra un bloque acuerda cosas y después no se cumplen y se empieza a poner difícil”.

“Hay algunas declaraciones que a los senadores y al bloque no le han gustado con respecto a nuestra dirigencia a las ideas que nosotros representamos, al presidente de la Nación y demás que también terminaron al final precipitando”.

Cabe recordar que Paoltroni en la antesala de la presentación de Lijo ante el Senado, le solicitó al presidente el retiro del pliego y apuntó contra su asesor Santiago Caputo a quien lo mandó al “fondo del quincho” y criticó que “le están haciendo mucho daño al gobierno”.

“Hay muchas situaciones en la cual no había coincidencia de todo el bloque y el senador, y me parece que era lo más natural simplemente dejar que él siga su curso si él pensaba de otra forma que el resto del bloque”, explicó Atauche.

Por otro lado, negó tener negociaciones con el kirchnerismo por Lijo: “Estamos en este momento en una etapa en la cual hay que buscar dictaminar favorablemente la candidatura de ambos jueces que ha propuesto el presidente de la Nación”.

Por último, respaldó la candidatura de Lijo: “Es una persona que tiene experiencia, que puede aportar muchas cosas a la Suprema Corte y tengo la confianza plena en que la elección del presidente está justificada”.

Tras ser expulsado del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, el formoseño Francisco Paoltroni rompió el silencio este viernes y volvió a apuntar contra el asesor de confianza del presidente, al asegurar que Santiago Caputo "es una persona que tiene mucho poder y está haciendo gran daño".

"El presidente tiene la oportunidad de corregir el rumbo, si él no lo hace va a ir perdiendo cada vez más credibilidad y confianza", consideró y señaló que Milei "es un académico, un hombre que ha leído muchísimo y ha escrito otro montón, pero no tiene gestión de equipos, nunca gestionó emociones, talentos, y ha delegado muchas de estas funciones en este muchacho Caputo".

Para el legislador, "el triángulo de hierro" que el presidente dijo constituyen él, su hermana Karina y Santiago Caputo, "tendría que ser con (Victoria) Villarruel y (Mauricio) Macri". "Entre Macri y Milei se mete Caputo", agregó.

En diálogo con Radio Rivadavia, Paoltroni opinó que "las malas influencias de Santiago Caputo" lo están llevando a Milei "por el sentido equivocado, está debilitando la imagen, la credibilidad y confianza de este Gobierno". "El presidente tiene la posibilidad de retirar el pliego (de Ariel Lijo) y desplazar a este muchachito", expresó.

En alusión precisamente a su rechazo a la postulación del juez federal para la Corte Suprema, lo que terminó provocando su salida, ratificó: "Yo no me muevo de la promesa de campaña, vinimos a cambiar el sistema económico y a terminar con el modelo de la casta. Cuando vos lo traes a Lijo lo que estás haciendo es que el sistema de la casta siga, continúe y perdure para siempre. Y ahí es donde estamos mal".

El senador contó que él no habló con el presidente, sino que "Santiago Caputo me llamó a la Casa Rosada y me dijo 'ya sabemos que vas a votar en contra pero te pedimos que te calles'", y que él respondió que no sólo no se "iba a callar, sino que iba a hacer lo imposible para que este señor no sea juez".

Consultado sobre negociaciones entre el Gobierno y el kirchnerismo por los pliegos de la Corte, de la mano de una ampliación del máximo tribunal, el formoseño expresó que "sería muy probable, porque acá se está haciendo todo lo contrario de lo que se dijo sobre la Justicia, que íbamos a hacer una Justicia de calidad, independiente, con jueces probos".

"Lijo no investigó la causa de YPF, salvó a Gildo Insfrán de una condena, está a favor de las reelecciones indefinidas y la ley de lemas para que volvamos al caudillismo", sumó.

La Coalición Cívica manifestó de manera “unánime” su más enérgico rechazo a la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia.

“No son miradas sesgadas, son hechos objetivos que demuestran la falta de idoneidad académica, jurídica y moral para integrar el más alto tribunal”, expresaron desde el partido que lidera Elisa Carrió, y que en ese contexto hace responsables al presidente Javier Milei y a los senadores que aprueben su pliego “del pacto de impunidad que se sellará llevando a Lijo a la Corte”.

“A lo largo de estos 20 años hemos marchado y luchado contra la corrupción y en defensa de las instituciones, con denuncias que el juez Lijo ha ralentizado. Sin justicia no hay República”, expresó el partido que preside el diputado Maximiliano Ferraro.

“Por el futuro de la Nación, exhortamos al presidente Milei y a los senadores que emitirán su voto diciéndoles #LijoNo”, concluye el mensaje de la CC en las redes.

El presidente Javier Milei fue consultado este viernes sobre la visita que seis diputados de La Libertad Avanza hicieron al penal de Ezeiza, para reunirse con represores, y afirmó que "absolutamente" le hizo ruido porque "esa no es mi agenda", expresó.

"Bueno, habrá que investigar. Fue hecho con intenciones", consideró y señaló que el sacerdote Javier Olivera Ravasi "que organizó eso terminó siendo echado, es un cura que me insultaba por YouTube".

Ante la pregunta de Jonatan Viale en Radio Rivadavia sobre si esa es la agenda de la vicepresidenta Victoria Villarruel -quien se mantuvo en silencio ante el hecho-, Milei respondió: "No sé, hay que ver qué vínculos hay ahí, mi agenda no es seguro".

Por otra parte, respecto de la posición de Villarruel en contra de la candidatura a juez de la Corte Suprema de Ariel Lijo, de quien opinó "no cuenta con los pergaminos necesarios", el mandatario dijo que "es una apreciación de ella", pero sumó: "Habría que ver qué opina Lijo sobre ella".

Inmediatamente defendió que Lijo "es la única persona que tiene experiencia de cómo funciona el Poder Judicial". Y agregó que Villarruel "tiene su opinión, yo tengo otra, nunca pretendí rodearme de un coro de focas obsecuentes. La discrepancia es parte de la vida misma".

Al inicio de la extensa reunión de la Comisión de Acuerdos del Senado, a la que asistió el juez federal Ariel Lijo para defender su candidatura a la Corte Suprema, se dio a conocer un raro cambio en la integración de la comisión: el fueguino Pablo Blanco fue reemplazado por el presidente del bloque UCR, Eduardo Vischi.

Al finalizar el encuentro, Blanco afirmó que se enteró “anoche a través de los medios”, pero le bajó la espuma al tema: “Creo que no hay que darle más importancia de la que tiene un cambio que se realiza continuamente en las comisiones. Fue muy sobre la hora, pero, así como el bloque me designó para reemplazarlo porque el titular de la comisión es el senador Maximiliano Abad”.

“En esta oportunidad el presidente del bloque él sabrá los motivos por los cuales decidió cambiar el reemplazo y asumir en mi lugar”.

Blanco se mostró conforme porque pudo “preguntar libremente en la comisión y voy a poder votar si hay dictamen en el recinto. No se me dificultó la posibilidad de llevar adelante mi tarea”. Así, ratificó: “Lo dije desde el primer día que anunciaron su candidatura y lo sigo sosteniendo voy a votar en contra”.

“Pregúntenle al presidente del bloque por qué me apartaron, no creo que la decisión de los radicales cambie porque esté yo o no esté presente. Es una decisión que cada uno a consciencia tomará y verá cuál es el camino de acompañar o no”, reiteró.

El radical consideró que “la vacante tiene que ser cubierta por una mujer y creo que hay juristas que son ampliamente capacitadas para hacerse cargo. De producirse la vacante del juez Maqueda, que me parece una falta de respeto elegir a un juez de la Suprema Corte cuando todavía el anterior no renunció, sostengo que debe ser cubierto por una mujer porque hace falta la integración de juristas femeninos. Dos deben ser mujeres en la Corte”.

“Lijo no pasó el examen. El primero que incumplió con eso fue el presidente de la Nación mandando el pliego de dos hombres para cubrir vacantes, me parece que si soy el responsable de asegurar la legalidad de una norma es el primero en incumplirla porque acepto que se incumple la norma para beneficiarme. No tiene autoridad moral para ejercer un cargo en la Corte”, cerró.

En el Salón Azul del Senado de la Nación se realizó este miércoles la audiencia pública convocada por la comisión de Acuerdos, presidida por la senadora Guadalupe Tagliaferri, en donde el candidato a juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ariel Lijo, defendió su pliego y respondió dudas e inquietudes tanto de la ciudadanía como de los legisladores.

Un cambio notorio que se dio en la previa de esta audiencia fue que en el seno del radicalismo hubo una modificación: el presidente del bloque, el correntino Eduardo Vischi, reemplazó a Pablo Daniel Blanco. Un dato saliente es que el senador fueguino había adelantado su rechazo a la propuesta de Lijo, por una cuestión de paridad de género. Esta modificación entonces sería una señal para garantizar la emisión del dictamen.

Al comenzar la audiencia, Guadalupe Tagliaferri informó que, “todo el proceso de la audiencia es público” y que “hay invitados por parte de los senadores a presenciar esta audiencia”. También solicitó que se dé lectura a 182 preguntas de instituciones, organizaciones y personas que han manifestado su opinión sea por adhesión, impugnación u observación”.

Algunas de las preguntas se referían al reconocimiento a los derechos y amparos colectivos, cuestión de género en la Corte Suprema y cargos jerárquicos, Ley Micaela, Ley de Protección Integral a las Mujeres, entre otros temas.

Antes de comenzar a contestar las preguntas, el juez federal Ariel Lijo hizo su presentación refiriéndose a “la función de los magistrados” y consideró que “la función de la Corte no se agota en la función judicial”, que “hay otra dimensión que la Corte debe asumir” y que “deben establecerse políticas institucionales desde la Corte hacia adentro del Poder Judicial y hacia afuera”.

Por otra parte, manifestó que “es indispensable que en ámbito de la de la Corte Suprema se cree una secretaría especial, que investigue el atentado a la AMIA que ocurrió en el año 1994”.

En la audiencia los senadores presentes participaron de la interpelación al candidato, la primera fue la senadora del Pro Carmen Álvarez Rivero, quien manifestó: “Queremos y necesitamos generar confianza. Aunque el señor Lijo cumpla formalmente con los requisitos, sabemos muy bien que también es un requisito la idoneidad moral; ¿Considera usted que cumple con ese requisito de idoneidad moral? Necesitamos confianza para generar confianza”.

Lijo contestó: “Rechazo por infundada mi supuesta falta de idoneidad moral. Efectivamente fui denunciado, sistemáticamente y por temas que ya ocurrieron. ¿Cómo debe responder un juez ante falsas imputaciones? De acuerdo a mis convicciones decidí que se active el sistema de justicia y todas sus oficinas de investigación”, sostuvo el juez federal y dijo que las investigaciones no encontraron nada.

Por su parte, la senadora nacional de Unión por la Patria Juliana Di Tullio le preguntó a Lijo sobre la decisión de la Corte Suprema de suspender la ley del Consejo de la Magistratura y retomar la ley anterior, que ahora está vigente. El juez Lijo argumentó que “la Corte puede establecer mecanismos, parámetros, imponer la búsqueda de una solución, lo que no puede la corte, es imponer una solución”.

La radical Carolina Losada quiso saber la opinión del juez sobre el tema de reemplazar el puesto de una mujer y que la Corte se quede sin mujeres, argumentando que actualmente la justicia cuenta con un 57 por ciento de cupo femenino y que el juez ocuparía un lugar que le corresponde a una mujer. El magistrado respondió, “me parece que la Corte Suprema tiene que estar integrada por una mujer. Y respecto de mi propuesta y de si el Ejecutivo cometió un error o cómo evaluar la propuesta del Ejecutivo respecto a la cuestión de género, no es una respuesta que debo responderle yo”.

Luego del cuarto intermedio de media hora, se reanudó la audiencia con la consulta del senador sanjuanino Sergio Uñac, que fue sobre la cantidad de integrantes de la Corte, y el juez contestó: “No tengo una posición tomada de cuántos miembros debe tener la Corte. En Argentina ha funcionado con distinta cantidad de miembros y los problemas no son derivados de la cantidad de miembros, que son cuestiones que debe evaluar el Parlamento”.

“Me interesa saber qué piensa sobre la posibilidad de armonizar la autonomía de las provincias con la intervención judicial del máximo tribunal de Justicia en casos puntuales. También quiero conocer su opinión sobre el acceso a la información pública en los casos judiciales y el avance de las nuevas tecnologías, incluyendo a la Inteligencia Artificial”, requirió la tucumana Beatriz Ávila.

Lijo aseguró que el Poder Judicial y el Congreso de la Nación deberían trabajar en un marco legal que le de precisión a la intervención de la Corte Suprema en casos surgidos en las provincias. También instó a estar prevenidos, atentos y trabajando en conjunto con relación al avance de nuevas formas de comunicación.

El senador nacional correntino Eduardo Vischi (UCR), le preguntó a Ariel Lijo sobre la demora de 18 años en la causa YPF, por qué en la causa Siemens no investigó a los funcionarios nacionales, por qué mandó una causa contra Gildo Insfrán a la justicia formoseña; cuál era el rol de su hermano, Alfredo Lijo, en el supuesto cobro para gestiones judiciales de las causas. El juez federal postulado para la Corte Suprema respondió, “No soy ajeno a lo que pasa o las especulaciones, ni yo ni mi familia. Luego de investigaciones exhaustivas de todos los resortes del Estado, para investigar a un funcionario que debe someterse al escrutinio público con las reglas del sistema, sin tener una sanción del Consejo (de la Magistratura), con las causas cerradas, terminadas, se sigue teniendo un manto de sospecha, no soy ajeno a esa utilización y a esa especulación que se genera. No puedo contestar sobre especulaciones”.

Muy crítico de antemano con Lijo, el senador formoseño Francisco Paoltroni se refirió al tema del gobierno de Gildo Insfrán y le preguntó al juez si estaba al tanto de que en Formosa existe la reelección indefinida de gobernador, a lo que el magistrado respondió que lo sabía, y que “cada provincia tiene la autonomía para establecer el mecanismo de alternancia que considere más conveniente, porque de eso se trata el federalismo siempre y cuando esa regulación no sea que sólo tienda a vulnerar el principio de falta de alternancia”.

Tras ocho horas de audiencia, el juez Lijo agradeció “la amabilidad y el respeto con que me trataron cada uno de los senadores, desde sus convicciones, estemos o no de acuerdo espero haber satisfecho sus inquietudes”.

Destacó, que “sea cual sea el resultado, estoy convencido de que hay que trabajar en muchas de las cuestiones que hablamos hoy, y avanzar en los procesos para salir de los diagnósticos y solucionarles los problemas a las personas”.

El senador Martín Göerling Lara preguntó sobre la Ley de Lemas, sistema que se utiliza en su provincia, Misiones. El juez contestó que “el derecho electoral tiene ribetes que le son propios. Respecto de la representación es uno de los tantos esquemas electorales que depende de cada caso para establecer si afectan los niveles de representación”. Y agregó que “en caso de que haya un caso. Debería ser evaluado por la Corte, no le quiero adelantar una opinión por el caso de que tenga que intervenir”.

Sobre el final de la larga exposición del juez Ariel Lijo, fue el turno de José Mayans, quien arrancó ponderando la reunión, y durante su prolongada intervención cargó de manera muy dura contra la Corte Suprema por lo que hizo con el Consejo de la Magistratura.

Recordó entonces el famoso fallo por el cual la Corte Suprema derogó la ley que creó el Consejo de la Magistratura y emplazó al Congreso a dictar una nueva norma en seis meses. “Esta Corte violentó la Constitución, porque puso en vigencia una ley que estaba derogada por el Congreso y hoy la Argentina tiene un Consejo de la Magistratura trucho. Verdaderamente es tremendo”, enfatizó el formoseño.

En su embestida, Mayans cargó contra el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, a quien acusó de “tomar por asalto el Consejo”. “Se pone como presidente, interviene en decisiones del Senado, opinando sobre bloques que están constituidos”, señaló en referencia al fallo del Tribunal Supremo sobre la decisión del entonces Frente de Todos de partir sus bloques para quedarse con un lugar más en el Consejo de la Magistratura.

Y continuó: “Primero la Corte emplazó al Congreso; le dieron seis meses, ¿quiénes se creen que son? Cuando ellos se toman todo el tiempo posible… Después de 10 años (de tener en sus manos el tema de la ley que creó el Consejo de la Magistratura), dicen: ‘Ustedes tienen seis meses para resolver este tema’. Ponen en vigencia una ley, se meten en atribuciones del Congreso… Es grave”. En ese sentido, Mayans recordó que él tiene el concepto de que “no podemos aprobar ninguna propuesta que venga de este Consejo de la Magistratura, que es trucho, que está muerto… ¿Cómo un Consejo de la Magistratura trucho va a designar jueces? Su composición está viciada de nulidad”.

Y finalmente Mayans hizo sus preguntas: “¿Usted cree que la Corte Suprema puede poner en vigencia una ley que ha sido derogada por el Congreso? ¿Qué la Corte Suprema puede emplazar al Congreso a hacer una ley?”.

El candidato del Gobierno propuesto para asumir en la Corte respondió que “las leyes tienen su régimen de vigencia establecido en la Constitución con toda claridad, y ese régimen no puede ser alterado sin generar un conflicto constitucional”.

Y ante la insistencia del jefe del bloque UP, Lijo señaló que “las leyes tiene su regulación de vigencia y derogación en los términos que establece la Constitución, que son facultades exclusivas del Congreso. Sí pienso que la Corte puede generar el marco para que se produzcan determinadas acciones legislativas, pero tampoco invadir la esfera de otros poderes, porque de eso se trata el sistema de frenos y contrapesos y de competencias exclusivas. Ese es el sistema que establece nuestra Constitución”.

Por último, le agradeció a Mayans sus conceptos y dijo que también se llevaba “muchas impresiones y aprendizajes y conocimiento de esta audiencia”.

Se lleva a cabo la audiencia pública a la que el juez Ariel Lijo es sometido a preguntas hechas por los integrantes de la Cámara alta para defender su postulación como miembro de la Corte Suprema de Justicia, y la presidenta de la Comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri, tuvo un áspero cruce con la senadora radical Carolina Losada.

Con insistencia en la cuestión de género dentro del máximo tribunal de justicia ya que Lijo fue propuesto por el Poder Ejecutivo para ocupar la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco, la legisladora radical le presentó al magistrado un abanico de inquietudes que no fueron respondidas.

Allí Tagliaferri, primero le llamó la atención al senador oficialista Francisco Paoltroni, quien se opone rotundamente a la postulación de Lijo, y le remarcó que “no se olvide que estamos en el Senado de la Nación”, y luego le advirtió a Losada: “En la Argentina, cualquier persona puede contestar o no contestar. Será una decisión del señor si lo hace”.

En un tono irónico y desafiante, la senadora Losada cargó: “Realmente (usted) parece la abogada defensora del juez”. “En futbol diríamos que está enfriando el partido”, siguió la santafesina. “Le hice una pregunta larga, y me parece fuera de lugar que usted diga que no debe contestar todas las preguntas. Me sorprende de usted”, cerró.

La respuesta de Tagliaferri no tardó en llegar: “Puede contestar las veces que quiera, así como usted puede preguntar”, y le devolvió la chicana: “No soy la defensora de nadie, no voy a permitir que usted me diga eso en este ámbito de la audiencia pública”. “Tenga recaudo con lo que usted me dice a mí”, aseveró la senadora porteña.

El juez federal Ariel Lijo rechazó de manera “categórica” la “supuesta falta de idoneidad moral” que le fue infundada durante su presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado y aseguró que tiene “un manto de sospecha falaz sobre mi integridad moral”.

Durante la tanda de respuestas, Lijo fue consultado por las causas en la que fue denunciado: “Fui denunciado de forma sistemática. Cuando uno recibe una denuncia injusta que versa sobre cuestiones que desconoce o son de prueba negativa son situaciones en la que uno pone en juego sus propias convicciones. ¿Qué debe hacer un juez frente a faltas imputaciones? De acuerdo a mis convicciones decidí que se active todo el sistema de justicia y todos los recursos que el Estado tiene de investigación porque los jueces están sometidos al escrutinio constante”.

“El Consejo de la Magistratura se arrobó facultades amplias y pidió todo tipo de informe sobre mi persona. Toda esa instancia de investigación estuvo a cargo del entonces diputado Pablo Tonelli que luego de dos años de una profunda investigación presentó un dictamen en el que aconsejaba el cierre de todas las imputaciones”, se defendió.

También recordó que fue “investigado por la UIF, por la AFIP y por el Ministerio Público y el Juzgado Federal durante tres años. En los que me abstuve de intervenir. Las imputaciones originales fueron falsas y Mario Cúneo Libarona nunca fue mi abogado, no tuve abogado defensor porque no tuve imputación”.

“Lo vivo como un episodio de injusticia sobre todo porque tengo un manto de sospecha falaz. Es absolutamente infundada mi supuesta falta de idoneidad moral y lo rechazo de manera categórica”, cerró.

"Tanto la opinión de mi idoneidad técnica como la de mi experiencia en el juzgado o mi desarrollo no son como son presentadas", remató.

En el inicio de la audiencia pública a la que concurrió para defender su postulación para ocupar un lugar en el seno de la Corte Suprema de Justicia, expuso este miércoles el juez federal Ariel Lijo. Su presentación arrancó puntualmente a las 10.59, luego de que la locutora oficial leyera el currículum del candidato propuesto por el Poder Ejecutivo. En primer lugar, el juez federal agradeció al presidente de la Nación por haber propuesto su nombre para alcanzar lo que definió como “el máximo desafío al que puede aspirar un hombre del Poder Judicial, al que le dediqué mi vida2.

Agradeció al Senado, definiéndolo como “un poder central, una de las conquistas de las democracias liberales; no es casualidad que en la parte orgánica de la Constitución, los primeros artículos estén dedicados al Senado”. Y siguió: “Tiene además una cuestión adicional, muy valiosa, para el sistema, que es la representación de todas las provincias, valor de un federalismo extraordinario”.

“Es este el lugar donde debo dar las explicaciones  y formular respuestas sobre mis actitudes y actos para el cargo para el que fui nominado”, dijo Lijo, que recordó que esta era la segunda vez en que debía presentarse en ese lugar, en ese mismo salón, donde en 2004 “defendí mi nominación para el Poder Judicial. Se discutía entonces mi candidatura al juzgado federal de la Capital que actualmente ocupo. En esa oportunidad… mi papá ya no nos puede acompañar, pero también me acompañó mi mamá… que es una luchadora”, señaló emocionado.

Luego de extender datos sobre su currículum, Lijo recordó que hizo toda su carrera profesional en el Poder Judicial de la Nación, adonde entró como meritorio, y al respecto resaltó que “gracias a la lucha de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (hoy esos cargos) no está permitidos. Se pasó a un régimen de ingreso más democrático, que evite ese tipo de trabajo sin remuneración”. Destacó a continuación que fue nombrado auxiliar administrativo, o “pinche”, en una defensoría oficial, lo que le permitió tener “una experiencia extraordinaria, muy enriquecedora”, resaltó.

Tras detallar su recorrido hasta llegar al lugar que ocupa actualmente y citar casos que le tocó investigar, remarcó que hoy la Corte está “integrada por académicos, jueces que provienen de otros sectores de la actividad jurídica”. En ese marco, agregó, él sería “un representante del Poder Judicial en la Corte”. “Mi tarea fue resolver un sinnúmero de casos en estos 20 años (como juez). Cada decisión, resolución y expediente incluye muchas decisiones y opiniones concretas que afectan a la gente y el aporte es desde la jurisprudencia. En los procesos en juzgados de primera instancia la regla es que precisamente lo determinante es el control de las partes; es muy marcado el control que tienen las partes, incluso la actividad recursiva son circunstancias que vienen desde distintos medios de obtención de la prueba”.

Tras referirse a los tres modelos de jueces de la historia detallados por un autor francés (el modelo Júpiter, el Hércules y el actual, el Hermes), consideró que “el modelo que me parece que puede generar un aporte es un modelo de justicia más proactiva. La Corte tiene una función jurisdiccional pura, que es la de resolver casos. Empieza y termina en el caso, esa es la competencia central de la Corte”.

“Es en ese marco que la Corte y todos los jueces ejercen el control de constitucionalidad de las normas, es función central en nuestro sistema jurídico”, apuntó. Los sistemas de control de constitucionalidad tienen distintas naturalezas, dijo enumerando y describiendo los tres: el europeo, el anglosajón y el americano o difuso.

Ante un Salón Azul que lo escuchaba atentamente, Lijo dijo que la función de los jueces es “mantener la supremacía de la Constitución sobre cualquier cosa. Tiene que ver con el reconocimiento de derechos y la legitimidad de la propia Constitución”. Agregó que “los jueces pueden controlar los procesos de producción democrática y la continuidad de la práctica constitucional, que es lo que nos hace crecer como república”.

El candidato propuesto para la Corte Suprema señaló a continuación, desde su experiencia, que “la función de los magistrados no se agota en resolver caso. Hay otras decisiones que se deben abordar; una de esas es establecer políticas que irradien y es fundamental conocer qué le pasa a la justicia en todo el país”.

“El federalismo no es una mera expresión vacía que no tiene contenido, implica respetar las autonomías de las provincias. Respetar la gestión de sus políticas de desarrollo. Atrás de cada decisión, hay realidades que tienen que ver con la experiencia humana y los jueces tienen la responsabilidad de conocerlas”, resaltó Lijo, para advertir a continuación que el juez “debe trabajar con el Congreso en la elaboración de propuestas que también generen propuestas para los problemas que tienen las personas. Para eso se cuenta con el apoyo de todos los trabajadores del Poder Judicial de la Nación”.

En su mensaje inicial, el candidato propuesto por el Ejecutivo se refirió a los aportes que podría llegar a aportar con su llegada a la Corte y en un pasaje señaló que “hay que dinamizar los procesos de producción de sentencia”.

Lijo sostuvo que la Corte debe “enfocarse en garantizar el acceso a la justicia” no solo para “garantizar que haya mayor facilidad en las formas de litigar, hay una barrera cultural y social porque hay personas que no se animan a acercarse a Tribunales o que no saben cómo acudir a la justicia, o la autoexclusión de ‘para qué voy a ir si no me van a resolver nada’”. También señaló que los diseños administrativos que son “complejos y son obstáculos reales”.

“Debe haber una sensibilización del sistema para develar los problemas reales que existen detrás de los conflictos. La respuesta del Poder Judicial no puede ser meramente la resolución del caso sin darse cuenta, sin asumir que hay otras consecuencias alrededor de los casos que le toca”, indicó.

También consideró que la Corte debe tener una política que implique “la tutela efectiva” de casos que involucren violencia doméstica, género, laboral, de menores y adicciones. Así, sostuvo que la Corte debe establecer “delegaciones” donde hay mayor nivel de conflictividad y que “tome contacto con organizaciones, iglesias, emprenda acciones en conjunto con el Parlamento y el Ejecutivo que deriven en acciones concretas de soluciones para problemas reales que tienen las personas”.

Sobre la modernización de la justicia, manifestó que la Corte debe “tratar de trabajar en procesos de modernización tecnológicos para las tramitaciones por lo que hay que dinamizar los procesos de producción de sentencia".  En ese sentido, consideró importante el trabajo en conjunto con el Congreso “para encontrar, de una buena vez, mecanismos que simplifiquen y bajen e nivel de litigiosidad que llega a la Corte por diversas vías”, por lo que remarcó que hay “diversos proyectos para que la Corte y el Congreso se sienten y encuentren una solución porque no es viable el nivel de litigiosidad con el que convive la Corte Suprema”.

Lijo señaló que, para ello deben establecer plazos y que, internamente, la Corte “debe trabajar y mejorar las reglas de superintendencia aumentando las autonomías de las Cámaras Federales del interior resolviendo cuestiones de superintendencia, dándoles más autonomía de gestión y económica”.  Además, planteó trabajar sobre la gestión de recursos humanos.

“Los distintos sectores de la sociedad avanzaron en un proceso de segmentación. Pero, el Poder Judicial para un universo de conflicto tiene una única propuesta, utiliza el mismo proceso, los mismos recursos, las mismas personas y mismos tiempos para una catástrofe ambiental o el arrebato de un celular”, comparó y agregó: “No es razonable a esta altura que el Poder Judicial tenga una única propuesta ante cualquier tipo de caso”. De esta manera, reiteró que la Corte debe trabajar con el Congreso para “dar respuestas idóneas, diferenciando los procesos por el grado de gravedad y conflicto. Hay que pasar a las soluciones”.

Por otro lado, remarcó la importancia de disminuir el nivel de litigiosidad y señaló que la Constitución Nacional establece esferas de competencia para cada uno de los poderes y un sistema de frenos y contrapesos de funcionamiento de los tres poderes del Estado. “El cumplimiento de esas atribuciones en el marco del respeto del mandato Constitucional tienen una presunción de legitimidad porque los actos que emanan de los poderes tienen una aprobación de legitimidad incluso cuando son cuestionados. Hay que tender a la estabilidad de los actos de los poderes”, manifestó.

“Las cuestiones de la política deben resolverse en el ámbito de la discusión de ideas que establece la Constitución. Las cuestiones entre el Parlamento y el Ejecutivo tienen también sus propias reglas y no siempre el Poder Judicial es el poder que puede brindar una solución para este tipo de conflictos de la inconstitucionalidad de una norma”, expresó.

Por último, recordó que en los últimos 20 años tuvo la oportunidad de intervenir en la investigación del atentado a la AMIA y, en los últimos meses, está subrogando un juzgado en el atentado a la embajada y contó: “Pudimos avanzar en algunos aspectos que ya venían siendo materia de trabajo de Tribunales. Se trabajó en el reordenamiento del archivo y la documentación y el acceso a la información”.

“Esa experiencia me permite asegurarles que es indispensable que en el ámbito de la Corte Suprema se cree una secretaría especial que investigue el atentado a la embajada que ocurrió en 1994 porque hay mucha información en el mundo. Esa secretaría debería trabajar en dos aspectos, hacia adentro del Poder Judicial en la capacitación de todos los actores del sistema para que puedan dar respuestas y evitar que ocurra lo mismo; y trabajar fuerte en acciones con otras entidades y organismos para luchar contra la discriminación en todas sus formas para concientizar y evitar la discriminación, especial el antisemitismo que es la causa de ambos atentados”, expresó y finalizó: “Estas acciones pueden contribuir a un cambio fuerte en conductas que están muy arraigadas en la sociedad”.

NOTA EN DESARROLLO

En la antesala a que el juez federal Ariel Lijo defienda su pliego ante la Comisión de Acuerdos del Senado, el libertario Francisco Paoltroni (Formosa) ratificó su rechazo y embistió contra el asesor estrella presidencial, Santiago Caputo, a quien acusó de hacerle un “tremendo daño al gobierno”.

En diálogo con la prensa, el oficialista expresó que “recae absolutamente toda la responsabilidad en los senadores de prestar acuerdo o no. El presidente manda una propuesta a través del pliego de Ariel Lijo y hoy la responsabilidad es absolutamente de los senadores y es indelegable y cada uno tiene que fundamentar porque acompaña o por qué no acompaña”.

Paoltroni respaldó a Javier Milei que “está súper concentrado en la economía” y que “sin duda se ha delegado otras funciones en sus colaboradores”, pero apuntó: “Especialmente Santiago Caputo le está haciendo muchísimo daño al gobierno y, sobre todo, a nuestro presidente perdiendo credibilidad y confianza de las ideas que nos trajeron al gobierno que fueron a hacer una Argentina distinta y, sobre todo, abrazando la ciudad de la libertad”.

“Las propuestas en cuanto a la justicia era traer jueces profesionales o los mejores académicos”, planteó y preguntó críticamente: “¿Qué mensaje le estamos dando a la justicia? ¿Qué mensaje le estamos dando a todos esos funcionarios que están haciendo carrera esmerándose por ser los mejores? cuando traemos al juez más cuestionado de la historia con cantidad de fallos revocados, con juicios políticos, con causas escandalosas que no trató como YPF, como el caso AMIA, hay otras acusaciones de trata, causas de corrupción”.

El formoseño remarcó el caso de Ciccone que “salvó a Gildo Insfran –gobernador de su provincia- de la condena. Justo ahora que se está por fallar por la reelección indefinida de Formosa llega a este juez que ya lo salvó a Insfran llega a la Corte Suprema de Justicia”.

“Lamentablemente toda la República argentina está en peligro porque no alcanza con cambiar el modelo económico si no cambiamos el modelo de la casta, y Santiago Caputo está garantizando el modelo de la casta y que volvamos a fracasar todos los argentinos”, alertó.

El senador manifestó que “no todo el bloque rechaza el pliego. Los obsecuentes pueden ser y estudien cuál es el origen de cada uno porque hay varios que vienen de la casta también”.

Así, bregó para que el pliego “no llegue”, y disparó contra el bloque de UP: “Esto siempre dependió de Unión por la Patria porque se necesitan dos tercios para la aprobación y ahí está el pacto de impunidad que vengo a denunciar y que quiero alertar a todos los argentinos de que, si este juez llega a la Corte Suprema de Justicia, un juez que, a hoy los senadores, hoy mismo le tienen miedo senadores y gobernadores, estamos en grave peligro”.

“Caputo seguramente lo ha sabido persuadir a Milei. Durante todo el tiempo que le manejó la campaña y la comunicación y lo llevó a la presidencia, pero hoy le está haciendo un tremendo daño al presidente, a las ideas y a todo el gobierno”, denunció.

Al ser consultado por la postura de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, quien expresó que Lijo “no cuenta con los pergaminos necesarios para integrar la Corte”, Paoltroni agregó: “Está en la misma línea por la cual la gente nos votó. Vinimos a hacer una Argentina distinta, venimos a romper el sistema la casta y acá lo que se está haciendo es garantizar que no cambie nada excepto el modelo económico”.

“Vamos a volver a fracasar porque no hay sistema económico y modelo económico que perdure en el tiempo si no vamos a darle la institucionalidad y garantía de la República Argentina”, reiteró.

Por último, el libertario les solicitó a los senadores el rechazo y al presidente que retire el pliego y que “lo mande a Caputo a fumar al quincho al fondo que persista la casta”.  Además, negó romper con el bloque: “Yo estoy fiel a las ideas de la libertad y no me corro. Este es el contrato social. Esto es lo que la gente y el mandato que la gente nos dio. Vinimos a cambiar el modelo económico y el modelo de la casta. El señor Santiago Caputo que se está olvidando del modelo”.

Al cierre, Paoltroni opinó que el presidente postuló a Lijo “por recomendación de Santiago Caputo”, y aseguró que “se está a tiempo de frenar la llegada de Lijo al máximo tribunal”.

El juez federal Ariel Lijo expone desde las 10.31 ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el Gobierno, y se someterá a responder las numerosas preguntas que harán los legisladores. La mayoría de ellos no definieron su postura y esperarán las respuestas del candidato. A priori, la postulación de Lijo cuenta con el rechazo de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y el oficialista Francisco Paoltroni.

Presidida por la senadora del Pro Guadalupe Tagliaferri, la Comisión de Acuerdos está compuesta además por 7 representantes de UP, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Juliana di Tullio, Lucía Corpacci, Sergio Uñac, Claudia Ledesma Abdala y José Mayans. Por el radicalismo están Martín Lousteau, Eduardo Vischi, Mariana Juri y Carolina Losada. De La Libertad Avanza está Ezequiel Atauche, por Unidad Federal Carlos “Camau” Espínola, el misionero Carlos Arce, la tucumana Beatriz Avila y el salteño Juan Carlos Romero.

Un cambio notorio que se dio en la previa de esta audiencia fue que en el seno del radicalismo hubo una modificación: el presidente del bloque, el correntino Eduardo Vischi, reemplazó a Pablo Daniel Blanco. Un dato saliente es que el senador fueguino había adelantado su rechazo a la propuesta de Lijo, por una cuestión de paridad de género. Esta modificación entonces sería una señal para garantizar la emisión del dictamen.

De esos 17 miembros, el juez Lijo debería contar con un dictamen favorable de 9 firmas para garantizar la llegada del pliego al recinto. Sin embargo, el oficialismo intentará negociar para conseguirlas, ya que hasta el momento se especula que las firmas no están, luego de que el senador Mayans expresara a La Nación que es “responsabilidad del oficialismo conseguir las firmas para el dictamen”, dando a entender que no hay ningún acuerdo para permitir el avance del pliego.

No necesariamente estará este miércoles el dictamen correspondiente, por lo que se anticipa una reunión extensa y se prevé un cuarto intermedio a las 13.

Con 7 miembros en el Senado, y aun reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones. Hasta ahora el kirchnerismo ha evitado pronunciarse, pese a los rumores de que avalarían a Lijo.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Por el lado del Pro, el propio expresidente Mauricio Macri rechazó la elección de Javier Milei sobre el juez federal.

Así las cosas, la postulación de Lijo recibió 34 impugnaciones de distintos partidos políticos, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y particulares. Entre las impugnaciones presentadas ante la comisión hubo de la Coalición Cívica, el partido liderado por Elisa Carrió, y también de un conjunto de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical.

Lijo fue propuesto en marzo pasado por el Poder Ejecutivo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, el otro candidato es Manuel García Mansilla -quien tendrá su audiencia la próxima semana- para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, disertó este martes en el Colegio de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remarcó su oposición a la candidatura del juez Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “No cuenta con los pergaminos necesarios”.

Si bien la titular de la Cámara alta ya había rechazado la idea que Lijo ocupase un lugar en el máximo tribunal de justicia cuando reveló que no le gustaba, esta vez agregó que “está reemplazando la banca de una mujer y me hubiera gustado que ese lugar lo ocupara una mujer, y lo dice alguien que no es feminista sino desde un lugar de justicia”.

“Mi opinión sobre él es pública. No estoy de acuerdo con su candidatura”, remarcó Villarruel consultada por la postulación que propuso el Poder Ejecutivo Nacional desde hace unos meses. Este miércoles a las 10, el juez Lijo defenderá su postulación ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Para terminar, Villarruel reiteró que Lijo “es un juez controversial que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Cabe recordar que en caso de que avance el pliego de Lijo, pasaría a ocupar el lugar que dejó vacante Elena Highton en 2021.

En vísperas a la presentación del juez federal Ariel Lijo ante la Comisión de Acuerdos del Senado para defender su candidatura a la Corte Suprema y, en el marco de las duras críticas que recibió su postulación por parte de distintos sectores, desde el Gobierno están “ansiosos de lo que el Congreso termine decidiendo”.

Así lo manifestó este lunes en conferencia de prensa desde Casa Rosada el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien expresó: “Como en cada cuestión que atañe al Poder Legislativo estamos ansiosos de que ese día llegue y veamos lo que el Congreso termina decidiendo”.

Por otro lado, fue consultado una vez más por la relación entre el presidente de la Nación, Javier Milei, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel, luego de que la titular del Senado se ausentara este fin de semana de los eventos de homenaje ante un nuevo aniversario del General San Martín que se celebraron en la provincia de Mendoza.

“Es correcto lo que dijo el Jefe de Gabinete, tanto el evento del viernes como el del sábado los organizó el Ministerio Defensa de La Nación y fue el responsable de cursar la invitación y la organización por lo tanto presidencia no tiene injerencia en lo que haga Defensa en términos de ceremonial como son las invitaciones”, explicó Adorni.

Así, afirmó que Villarruel: “Efectivamente sí estuvo invitada y el día viernes estuvo acreditado un community manager y fotógrafo personal de ella y a último momento tuvo un inconveniente y no pudo ir. La Dra. Villarruel publicó en su red que no pudo ir por problemas de salud”.

En el tuit al que Adorni hizo referencia, la presidenta de la Cámara alta explicó: "Quiero pedirle disculpas a Mendoza, a sus autoridades y a los mendocinos por no poder asistir hoy al acto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Lamentablemente me descompuse y en el aeropuerto me recomendaron no viajar. Los acompaño a la distancia en una fecha tan importante para los argentinos y los mantengo en mi corazón. Que la búsqueda de la libertad y la defensa de la Patria que encarnó nuestro Prócer sigan guiando al sagrado pueblo argentino en la batalla diaria hoy, mañana y siempre".

El portavoz afirmó que la relación del presidente y la vice "es fantástica y el que la vice se ausente a un evento no implica que la relación cambie o tenga algún inconveniente y, de hecho, Villarruel ha demostrado en cada sesión, incluso la hemos visto cuando tuvo que desempatar en el marco de la Ley Bases, a la altura que está en términos republicanos y democráticos para defender al máximo las ideas de la libertad lo que se vino a hacer desde el 10 de diciembre. Lo demás son especulaciones”.

“La vice siempre ha estado en las más altas esferas de las ideas de la libertad y no está en una pelea con el presidente. Jamás interpondría nada en los objetivos que tiene para la República”, reiteró Adorni.

Por último, aseguró que “no está previsto que el ministro de Defensa, Luis Petri, o el presidente Milei le haya dado indicaciones para que vaya al Congreso a explicar el proyecto para habilitar la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos terroristas”.

El juez federal Ariel Lijo defenderá su candidatura a la Corte Suprema de Justicia, impulsada por el Gobierno, ante la Comisión de Acuerdos del Senado este miércoles. Será a partir de las 10, en el Salón Azul, donde el magistrado se someterá al interrogatorio de los legisladores.

Luego de que su pliego tomara estado parlamentario y se formalizara la fecha de audiencia, su postulación recibió 34 impugnaciones de distintos partidos políticos, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales y particulares.

Entre las impugnaciones presentadas ante la comisión hubo de la Coalición Cívica, el partido liderado por Elisa Carrió, y también de un conjunto de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical.

Al responder a los cuestionamientos en su contra, Lijo rechazó acusaciones sobre su idoneidad moral, incremento patrimonial, falta de formación académica y desempeño como juez.

Por otra parte, el magistrado recibió una serie de adhesiones, entre ellas de rectores de universidades, el gremio de los judiciales -liderado por Julio Piumato- y la Asociación de Jueces y Juezas Federales de la República Argentina, a la que él mismo pertenece.

Lijo fue propuesto en marzo pasado por el Poder Ejecutivo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, el otro candidato es Manuel García Mansilla -quien tendrá su audiencia una semana después- para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Sin dudas, la falta de una candidata mujer a la Corte se anticipa como una de las discusiones que podría poner reparos en uno de los dos postulantes.

Con 7 miembros en el Senado, y aún reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones. Hasta ahora el kirchnerismo ha evitado pronunciarse, pese a los rumores de que avalarían a Lijo.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Por el lado del Pro, el propio expresidente Mauricio Macri rechazó la elección de Javier Milei sobre el juez federal.

Pero el rechazo también llega desde adentro del oficialismo: el formoseño Francisco Paoltroni ha anticipado y ratificado más de una vez que no acompañará el pliego. Y, como si fuera poco, en la previa encabezará una especie de audiencia paralela bajo el nombre de "Encuentro sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación", donde se esperan críticas a Lijo.

El evento, que se llevará a cabo este lunes a las 17 en el Salón Azul, estará moderado por la socia fundadora de Será Justicia, María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la UIF durante el gobierno de Cambiemos. En la jornada expondrán Delia Ferreira Rubio, doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid; Edgardo Buscaglia, académico senior en la Universidad de Columbia; María Teresa Day, ministra de la Suprema Corte de Mendoza; Alfredo Vítolo, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y presidente de Fores; y Alberto Garay, presidente del Colegio de Abogados de la CABA.

La Asociación Civil de juristas y profesores de Derecho, FORES, presentó este lunes ante el Senado de la Nación su impugnación a la candidatura para la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Ariel Lijo, al tiempo que formalizó su apoyo a la postulación de Manuel García Mansilla.

“Lamentablemente, las objeciones presentadas (como las muchas otras presentadas por otras entidades representativas del ámbito de la justicia), no solo no fueron contestadas por el candidato, sino que tampoco fueron merituadas por el Poder Ejecutivo al solicitar el acuerdo. Lo ocurrido parecería haber transformado el proceso de participación ciudadana en una mera formalidad burocrática que afecta el principio republicano que exige la fundamentación de los actos gubernamentales”, planteó FORES en su impugnación a Lijo. “Es por esta razón que nos vemos en la necesidad de reiterar ante ese Honorable Senado tales objeciones, en la esperanza de que ellas sean consideradas al debatir el acuerdo solicitado”.

En cuanto a las características del postulado, la entidad señaló que “no caben dudas de que el Sr. Lijo cumple con las condiciones formales para ser postulado. Son, sin embargo, las condiciones de idoneidad las que no se verifican en el candidato” y cuestionó: “El candidato provoca demasiada polémica en múltiples sectores de la sociedad (condición suficiente para descartarlo). Su postulación carece de suficiente fundamentación y no presenta hechos y resultados que demuestren una adecuada gestión como juez”.

“Resulta preocupante que no se haya presentado un solo informe acerca de la gestión del juzgado a su cargo que permita un análisis a la luz de la propuesta efectuada”, concluyó FORES.

Respecto de la postulación de García Mansilla, en tanto, FORES destacó la idoneidad del candidato para ocupar el cargo, ya que posee “un perfil de formación amplio, lo que entendemos le permitirá analizar las cuestiones que llegan a la Corte Suprema con conocimiento del ‘mundo real’ y experiencia práctica de las necesidades de quienes recurren a los tribunales en procura de justicia”.

La postulación del abogado Ariel Lijo para ser integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es resistida por los bloques dialoguistas de la Cámara baja. Esta vez, la impugnación fue presentada por el grupo de diputados radicales alineados con Facundo Manes -pese a que no firmó el texto-, quienes afirmaron que el partido centenario “no puede ser parte de este acuerdo mafioso para garantizar negocios e impunidad”. El viernes pasado, la Coalición Cívica también había presentado el rechazo ante la Cámara alta.

La presentación de rechazo ante la Comisión de Acuerdos del Senado lleva la rúbrica del diputado entrerriano Pedro Galimberti, el correntino Manuel Aguirre, la pampeana Marcela Coli y el formoseño Fernando Carbajal. Este último, publicó en X que la postulación de Lijo es el “fruto podrido del acuerdo de impunidad entre (Javier) Milei, los K y los operadores de siempre”.

Pedimos al Senado el rechazo del acuerdo del abogado Lijo como candidato a la CSJN, fruto podrido del acuerdo de impunidad entre MILEI, los K y los operadores de siempre. La @UCRNacional no puede ser parte de este acuerdo mafioso para garantizar negocios e impunidad. #NOALIJO pic.twitter.com/aUsP1zQLE1

— Fernando Carbajal (@FCarbajal2021) July 29, 2024

En el inicio del texto presentado ante la comisión que preside la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri manifestaron que “se advierte que su posible nombramiento genera resistencia y falta de confianza en parte de la sociedad, por comportamientos mantenidos que demuestran la falta de idoneidad moral y técnica la falta de compromiso con la independencia del poder Judicial, que es lo mismo que decir la división de poderes y en consecuencia el sistema republicano establecido en la Constitución Nacional”.

De ese modo, acusaron al juez como “presunto integrante de una asociación ilícita” y explicaron: “En 2018, el actual juez federal Ariel Oscar Lijo fue denunciado, junto a Alfredo Damián Lijo —su hermano— y Julio De Vido por la probable comisión de delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Dicha denuncia fue presentada por la exdiputada Elisa Carrió”.

Asimismo, mencionaron a Mariano Cúneo Libarona como el abogado defensor de Lijo en esa causa y señalaron que es “quien hoy se desempeña como ministro de Justicia de la Nación y es quien promueve la candidatura de Lijo”.

En el segundo punto, nombraron a otra denuncia penal de Carrió contra la empresa Repsol YPF ante los tribunales federales que aún tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del Juez Ariel Lijo.

“Según información periodística, se informa que en el despacho del juez Ariel Lijo se encuentra desde 2018 un informe de Inteligencia producido por la Unidad de Información Financiera (UIF), con número 0704/18, detallando un inventario de movimientos inusuales que podrían configurar delitos en torno a la política que la familia Kirchner llevó adelante en YPF”, agregaron.

También, mencionaron en el texto presentado ante el Senado la actuación del Lijo en la causa “siemens”, donde “se investigó el supuesto pago de sobornos por parte de la empresa Siemens a ex funcionarios del gobierno de Carlos Menem, dentro de los cuales se habría encontrado el exministro del Interior, Carlos Corach”.

Según lo presentado por la UCR, “el juez Ariel Lijo omitió excusarse de entender en la causa cuando existían fundados motivos para hacerlo y, además, el magistrado en cuestión habría dilatado deliberadamente la causa Siemens”.

En el cuarto punto planteado por los diputados del radicalismo, señalaron que Lijo “desarrolló conductas irregulares en las causas en las que se investiga la posible comisión de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”, que están cargo del mencionado magistrado.

En quinto lugar, apuntan contra el juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, por “acercar” el nombre de Lijo a la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

Finalmente, recordaron una denuncia del Colegio de Abogados en el Consejo de la Magistratura por mal desempeño contra Lijo; y “la sospechosa actuación del abogado Ariel Lijo en una denuncia de la Tabacalera Sarandí”.

La Coalición Cívica sigue militando contra la candidatura del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, y con ese fin presentaron este viernes las observaciones que dan sustento a su formal impugnación contra el magistrado. Argumentan en tal sentido “manifiesta falta de idoneidad técnica, jurídica y profesional”, como así también la “evidente carencia de condiciones éticas y morales del candidato propuesto”.

Lo hicieron a través de una nota enviada a la titular de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, Guadalupe Tagliaferri, suscripta por Elisa Carrió y los diputados Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, María Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.

Para los miembros de la CC-ARI, Lijo “ha tenido severos cuestionamientos ha tenido severos públicos referidos a su falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal”, por lo que entienden que el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo “no reúne las cualidades exigidas para ocupar la más alta magistratura de la Nación. Además, se suman una serie de inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito del candidato”.

Por lo demás, y en lo que refiere a la idoneidad técnica y jurídica requerida, entienden que el candidato “tampoco cumple con este requisito toda vez que carece de la formación jurídica y académica necesaria para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Condiciones éticas

Para los que firman esta presentación, el juez Lijo cuenta con un “magro currículum vitae, sin antecedentes académicos relevantes, con menos de cinco publicaciones sin referato sobre temas diversos; solo exhibe como ‘mérito’ cerca de 20 años deantigüedad en su cargo de juez federal”.

Advierten desde la CC que “los años de antigüedad no certifican automáticamente la idoneidad para acceder a un cargo, mucho menos para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No se ‘asciende’ a la Corte Suprema por ‘antigüedad?, la permanencia en un cargo en el Poder Judicial no es un elemento determinante, los méritos que deben exhibirse para lograr integrar el máximo tribunal de nuestro país son sustantivamente diferentes, y precisamente son los que recoge el decreto 222/2003: idoneidad técnica y jurídica, condiciones éticas y morales y compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos”.

“Por el contrario, a lo largo de su dilatada permanencia en el fuero federal penal, el candidato Ariel Oscar Lijo exhibe otro tipo de antecedentes, los que dan cuenta de un recorrido profesional bastante opaco y poco notable, como refleja el análisis de su desempeño como juez federal en diversas causas radicadas por ante el juzgado a su cargo y ante los que intervino como subrogante, junto con una sospechosa situación patrimonial que siembra fundadas dudas sobre su desempeño profesional y su independencia en el ejercicio de la magistratura, que dieran lugar a una serie de denuncias e investigaciones sobre su desempeño como juez federal”, advierten, para detallar luego antecedentes y tramitación de todas las causas, con nueve ejemplos concretos.

En las conclusiones de la amplia presentación resaltan que el candidato Ariel Oscar Lijo “ha cometido severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían incluso configurar delitos penales”.

En ese sentido insisten en que como juez, Lijo “ha demorado  intencionalmente la tramitación de causas en las que se investigaban hechos de corrupción con la finalidad de garantizarles impunidad a los funcionarios públicos investigados. Prueba de ello son las causas YPF, Siemens y

Obra social del Poder Judicial de la Nación”. Además, ha sido denunciado por presunto enriquecimiento ilícito “toda vez que presentaría severas inconsistencias en su patrimonio y, sumado a ello, el candidato llevaría a cabo un estilo de vida que no condice con sus ingresos como juez federal”.

“Un mal juez federal es un pésimo candidato y no puede ser considerado apto para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación –afirman-. Un juez federal destacado por su evidente mal desempeño y sus habilidades para obstruir la tramitación de las causas de corrupción que debe investigar no es un candidato apto para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un juez federal que sistemáticamente acumula denuncias vinculadas con el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones no es un candidato apto para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Y suman: “Un juez federal acusado de corrupción y connivencia con actores políticos y económicos involucrados en la comisión de diversos delitos de acción pública no es un candidato apto para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó este viernes en el Senado de la Nación su adhesión a la postulación de Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema Justicia de la Nación y su rechazo a la nominación del juez Ariel Lijo para el mismo cargo.

“El doctor García Mansilla posee sobresalientes méritos para poder integrar el más alto tribunal de la Nación. En su persona se conjugan, de un modo que es poco frecuente, antecedentes que lo califican con la excelencia que uno espera hallar en una persona postulada para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, señala el escrito y agrega: “Por un lado, el candidato posee la formación práctica de un abogado que ha ejercido la profesión intensamente desde su juventud, llegando a intervenir en asuntos de alta complejidad. Allí forjó su carácter, disciplinado, eficiente y con un profundo sentido del deber. Por el otro, posee conocimientos teóricos propios de un académico e investigador del derecho constitucional, cuyos trabajos son referencia obligada para los estudiosos de esa disciplina”.

Sin embargo, respecto de Lijo, el documento firmado por el presidente de la entidad colegiada, Alberto Garay, señala: “Quien pretenda ocupar un sitial en la Corte Suprema debe demostrar que posee una preparación excepcional. Pues en sus manos se depositará la delicada tarea de decidir asuntos en los que estarán en juego la libertad, la seguridad, la propiedad y los demás derechos de todos los habitantes del país; las atribuciones de las provincias, las de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las de las autoridades de la Nación, de conformidad con lo que al respecto declara, establece y garantiza la Constitución Nacional”.

Pero los antecedentes del Lijo no responden a esta exigencia: “Con relación a su desempeño profesional, la reputación del juez Lijo viene siendo cuestionada repetidamente y desde hace tiempo. No obstante, esta información no ha sido volcada oficialmente en el CV publicado en el Boletín Oficial ni tampoco fue informada por el Ministerio de Justicia, como hubiera correspondido. Hasta donde hemos podido indagar, entre el año 2023 y lo que llevamos transcurrido del 2024, se han presentado cinco pedidos de juicio político contra el magistrado ante el Consejo de la Magistratura de la Nación”, recuerda el Colegio de Abogados de la Ciudad en su presentación. Y agrega: “Una de las características del juez Lijo es su morosidad en la tramitación de algunas causas. En la auditoría realizada en el año 2016 este Colegio comprobó que esa demora injustificada en la tramitación de las causas era así, al menos, en 29 expedientes”.

Se publicó este viernes en el Boletín Oficial el aviso a través del cual quedaron formalizadas las audiencias públicas de la Comisión de Acuerdos del Senado, por donde pasarán Ariel Lijo y Manuel García Mansilla a defender sus postulaciones para integrar la Corte Suprema de Justicia.

Tal como se conoció días atrás, las reuniones tendrán lugar el próximo 21 y 28 de agosto, respectivamente. Ahora se confirmó que el lugar será el Salón Azul de la Cámara alta, a partir de las 10. También podrá seguirse por el canal de YouTube del Senado.

A partir de la publicación del aviso, que lleva la firma del secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, se abrirá del 23 al 29 de julio -inclusive- el plazo para presentar preguntas y formular observaciones a las calidades y méritos de los aspirantes.

De acuerdo al artículo 123 ter del reglamento del Senado de la Nación, la Comisión de Acuerdos debe abrir un registro a fin de poder recepcionar las observaciones que cualquier persona quiera formular respecto de las calidades y méritos de los aspirantes cuyo acuerdo haya sido solicitado por el Poder Ejecutivo. Las presentaciones efectuadas estarán a disposición de todos aquellos que quieran consultarlas en la sede de la comisión.

Las presentaciones se podrán realizar de forma digital, de 10 a 17, a través de la web del Senado, en el ítem “Comisión de Acuerdos”, pestaña “Registro de Observaciones”; o de manera presencial en la Comisión de Acuerdos, sita en la Avenida Hipólito Yrigoyen 1702 (6° piso, oficina 606), en soporte papel por duplicado, acompañado de copia fiel en soporte digital.

En una primera etapa de presentaciones, el juez federal Lijo sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, de acuerdo a un informe del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Por su parte, el académico García Mansilla recogió 3.129 avales y 110 observaciones.

En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El pasado 20 de marzo, el Gobierno anunció a Lijo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, la postulación de García Mansilla es para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Los pliegos fueron enviados a la Cámara alta el 28 de mayo, y tomaron estado parlamentario en la sesión del 12 de junio.

Con 7 miembros en el Senado, y aún reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Incluso el libertario Francisco Paoltroni ya anticipó que se opone. Sin embargo, desde el entorno del juez confían en tener los votos, pues contaría con aval del kirchnerismo, que ha evitado pronunciarse hasta ahora.

El panorama aparece más complicado en el caso de García Mansilla, resistido por su perfil conservador (opositor al aborto legal, rasgo reivindicado por el Ejecutivo en su postulación). Además, la falta de una candidata mujer será otro de los ejes de la discusión.

El presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, destacó la “valentía” del senador libertario Francisco Paoltroni por ratificar su rechazo a la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia y le hizo un llamado de atención al bloque Pro y a la UCR.

“Celebro la valentía del senador Paoltroni de la Libertad Avanza”, escribió López en su red social “X” y comparó: “Hay dos tipos de personas que bancan a Ariel Lijo, los corruptos y los cobardes. Ojalá en el Pro y la UCR tengan coraje, sale mucho más barato que ser arrastrados”.

Celebro la valentía del senador Paoltroni de la Libertad Avanza.
Hay dos tipos de personas que bancan a Ariel Lijo, los corruptos y los cobardes. Ojalá en el PRO y la UCR tengan coraje, sale mucho más barato que ser arrastrados.#LijoNo https://t.co/lwdVUGkfea

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) July 17, 2024

Además, durante una entrevista televisiva agregó: “La candidatura de Lijo para la justicia es lo peor que le puede pasar en relación a los incentivos que puede tener cualquier magistrado, cualquier funcionario o cualquier empleado del Poder Judicial de hacer las cosas bien”.

“O sea premiar al juez que en la auditoría del año 2016 salió peor rankeado como el juez de Comodoro Py que más duerme causas y que durmió causas emblemáticas como YPF o el caso Siemens que es el caso de soborno transnacional más importante del mundo y por el que se empezó a generar reglas en todas partes del mundo”, disparó.

López recordó que “salieron las cámaras empresarias como la Norteamericana de Comercio y vio el riesgo de poner un juez de esas características que te puede coimear para resolverte una causa o puede dormirte una causa y extorsionarte económicamente o de la manera que sea y después la incertidumbre de quién es Lijo”.

Por último, le dejó un mensaje al presidente de la Nación: “Si Milei cree que hoy Lijo le va a servir para pasar sus reformas o para no tener problemas en cuanto y en tanto tenga poder popular. Después Lijo es una contingencia enorme, incluso para Milei”.

Se confirmaron las fechas en que se realizarán las audiencias públicas para que Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, candidatos propuestos por el Gobierno nacional para ocupar la Corte Suprema de Justicia, se presenten a defender sus pliegos ante la Comisión de Acuerdos del Senado, presidida por Guadalupe Tagliaferri (Pro). Serán el próximo 21 y 28 de agosto, respectivamente.

Como paso previo, este 19 y 22 de julio deberán publicarse los edictos correspondientes en el Boletín Oficial, y también en dos diarios de circulación nacional. A partir de allí se abrirá un plazo de siete días para la presentación de impugnaciones y/o adhesiones; seguido por tres días de análisis por parte de la comisión sobre qué impugnaciones considera válidas y tres días más para que los postulantes respondan al respecto.

En una primera etapa de presentaciones, el juez federal Lijo sumó 3.578 adhesiones y 328 impugnaciones, de acuerdo a un informe del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona. Por su parte, el académico García Mansilla recogió 3.129 avales y 110 observaciones.

En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El pasado 20 de marzo, el Gobierno anunció a Lijo para cubrir la vacante que quedó tras la salida de Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021. En tanto, la postulación de García Mansilla es para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, quien a fin de año cumplirá los 75 años de edad.

Los pliegos fueron enviados a la Cámara alta el 28 de mayo, y tomaron estado parlamentario en la sesión del 12 de junio.

Con 7 miembros en el Senado, y aún reuniendo a todos los bloques de la oposición dialoguista, el oficialismo no alcanza a la mayoría calificada de dos tercios que se requiere para nombrar a jueces de la Corte. Es decir, sin senadores de Unión por la Patria es imposible que se aprueben las designaciones.

La candidatura de Lijo es muy cuestionada desde un sector de la UCR y la Coalición Cívica -aunque este espacio no tiene representantes en la Cámara alta- y divide transversalmente a los bloques. Incluso el libertario Francisco Paoltroni ya anticipó que se opone. Sin embargo, desde el entorno del juez confían en tener los votos, pues contaría con aval del kirchnerismo, que ha evitado pronunciarse hasta ahora.

El panorama aparece más complicado en el caso de García Mansilla, resistido por su perfil conservador (opositor al aborto legal, rasgo reivindicado por el Ejecutivo en su postulación). Además, la falta de una candidata mujer será otro de los ejes de la discusión.

El juez federal Ariel Lijo y el abogado constitucionalista Manuel García Mansilla, los candidatos propuestos por el Gobierno de Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, serán recibidos por la Comisión de Acuerdos del Senado el 21 y 28 de agosto para defender sus postulaciones en audiencias públicas.

Ambos edictos con las respectivas citaciones se publicarán entre el 19 y 22 de julio próximos. De igual manera, el período de presentación de impugnaciones correrá desde el 23 y hasta el 29 del corriente mes.

Pese a que las dos postulaciones son impulsadas desde el Poder Ejecutivo, el senador libertario de Formosa, Francisco Paoltroni, se opone a la candidatura de Ariel Lijo y señaló que esa postulación es “un retroceso en la lucha por una justicia imparcial”.

A través de un video posteado en X, el senador Paoltroni tituló: “El país se divide en dos”, y explicó que están “los que apoyan la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema y los que no”. “Su pasado genera controversia y desconfianza. Para muchos, Lijo no representa una garantía de justicia ni un cambio positivo en el sistema judicial argentino”, aseveró.

El país se divide en dos: los que apoyan la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema y los que no. Su pasado genera controversia y desconfianza. Para muchos, Lijo no representa una garantía de justicia ni un cambio positivo en el sistema judicial argentino. Quienes aspiramos… pic.twitter.com/NSjnF9XQFA

— Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) July 16, 2024

Del mismo modo, cuestionó que “quienes aspiramos a una Argentina distinta, basada en transparencia y ética, vemos en su posible nombramiento un retroceso en la lucha por una justicia imparcial y confiable”. “La Corte Suprema merece figuras intachables, no cuestionadas”, remarcó acompañando el texto con el hashtag “Lijo No”.

A diferencia de los bloques dialoguistas de la Cámara de Diputados que se manifestaron en contra de la postulación de Ariel Lijo (la Coalición Cívica y el radicalismo), Paoltroni es el primer legislador del oficialismo que se rechaza a uno de los candidatos propuestos por el presidente de la Nación, Javier Milei.

El presidente de la Nación, Javier Milei, ratificó que insistirá con el intento de aprobar el pliego del juez federal Ariel Lijo para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia, por lo que el diputado nacional y presidente de la CC-ARI, Maximiliano Ferraro, le hizo un particular pedido en redes.

“El Senado tiene su dinámica. Yo no voy a dejar de enviar reformas e instrumentos que van a mejorarle la calidad de vida a los argentinos… Yo ahora envié estos dos pliegos, tengo la esperanza de que pasen… voy a insistir con Lijo”, aseveró Milei en una entrevista realizada por LN+, a pesar de los múltiples cuestionamientos de diferentes entidades jurídicas, académicas y empresariales que enfrenta la nominación del juez federal.

Al respecto, el diputado Ferraro le pidió a través de sus redes sociales al jefe de Estado, a la presienta del Senado Victoria Villarruel, a los presidentes del Pro y de la UCR, a los senadores y a los gobernadores de JxC que “estamos a tiempo de impedir este grave retroceso institucional”.

El pliego de Lijo y de García-Mansilla deben ser debatidos en la Comisión de Acuerdos. En el caso del juez federal Lijo, para cubrir la silla que se encuentra vacante desde la renuncia de Elena Highton de Nolasco en 2021; y en el caso del académico García Mansilla para asumir en lugar de Juan Carlos Maqueda, quien se jubilará este año.

Las designaciones para la Corte necesitan de los dos tercios de los votos para su aprobación en el recinto. Lijo ya confirmó en su entorno tener los votos (hay aval desde Unión por la Patria, el bloque más numeroso de la oposición), mientras que García Mansilla todavía no reúne el número.

Señor Presidente @JMilei,
Señora Vicepresidente y Presidente del Senado @VickyVillarruel,
Señores Presidentes de PRO y la UCR. @mauriciomacri @GugaLusto
Señores Senadores,
Señores Gobernadores JxC,

Estamos a tiempo de impedir este grave retroceso institucional.#LijoNo pic.twitter.com/b28JydVNAP

— maxi ferraro (@maxiferraro) July 12, 2024

En tiempos de crisis y una fase histórica líquida, la comprensión de los fenómenos se vuelve más compleja, al mismo tiempo que más desafiante. Hace exactamente tres meses, en la columna “Carambola a tres bandas”, dijimos que con la propuesta de Ariel Lijo para la Corte Suprema se “tratarán de contentar al mismo tiempo a la corporación Comodoro Py, a Cristina, a los gobernadores peronistas y a Macri”. Pues el fallo que exculpa al primo Calcaterra de un delito de corrupción para convertirlo en un simple delito electoral va en esa línea anticipada hace tiempo, y le abre la puerta a una larga lista de exculpados. Muchachos, ¡la próxima pidan un recibo! Era tan fácil…

El famoso chofer Centeno debe estar pensando para qué corrió tantos riesgos por una simple infracción electoral. Se ve que sus acompañantes en esos días de trajinada recolección se habían olvidado el talonario de recibos en sus oficinas. Ahora sus elocuentes cuadernos pueden ser un interesante material de estudio académico, pero de poco interés judicial. ¿Es acaso este fallo un agradecimiento de Comodoro Py al kirchnerismo porque se viene el voto favorable al juez que lija? ¿Qué otros votos favorables habrá para llegar a los dos tercios (de los presentes)?

¿Esto implicará que CFK se libere de sus causas más pesadas? ¿Quedará Macri libre de culpa y cargo de la causa Correo Argentino, que está en el juzgado de… Lijo? Probablemente no, ya que se convertirán en situaciones sin resolución de por vida, “doctrina” aplicada a Carlos Menem, quien se llevó a la tumba la indefinición judicial. De ese modo, los socios quedan amarrados de por vida por las dudas… no vaya a ser que alguno se olvide de cumplir su parte. Un viejo tema de Litto Nebbia rezaba “siempre hay alguien que se olvida de avisar, cuando el tiempo del cariño terminó…”.

Si bien la candidatura del juez que lija pareciera ir viento en popa, los conocedores del ámbito tienen dudas de que se apruebe el pack “2 en 1”, con García-Mansilla incluido. ¿Acaso la doctora se jugaría por un juez conservador y honesto? ¿A cambio de qué? Mejor hacer un gesto a la platea femenina con alguien como la jueza del Tribunal Superior de Entre Ríos, Susana Medina, fundadora de la Asociación de Mujeres Juezas, y ligada al peronismo provincial que perdió la elección para gobernador. Mejor alguien oscilante y con habilidades notables para las relaciones públicas, así siempre será susceptible de ser persuadida.

Hablando de cuadernos importantes, uno que nos los archiva es el FMI. Su clásico es una de cal, una de arena. Primero una felicitación y después su pliego de condiciones. Parece que algunos no se dieron cuenta que el Fondo no es un organismo financiero internacional, sino un organismo político con socios mayoritarios que atiende los problemas de pobres y descarriados. Se dieron la cabeza contra la pared tantas veces con la Argentina que ven una vaca y lloran. Si el Gobierno quiere dinero fresco -que como ya anticipamos en esta columna, hoy es muy poco probable- tendrá que modificar su actual esquema económico, lo cual pondría en aprietos a “jamoncito” con miras a la elección del año que viene. Un crawling peg con más ritmo y reanudar la recuperación de tarifas, entre otras cosas, implicaría que no pueda seguir exhibiendo un milagro argentino en materia inflacionaria. Por eso la baja de tasas se frenó y Toto se embandera mostrando el quinto mes de superávit gemelos.

Trascartón, los indicadores de actividad económica -como consumo en supermercados y shoppings- siguen sin repuntar y los muchachos de Washington DC piensan que faltará mucho para eso, coincidencia local cada vez más mencionada. Un dato clave: siguen en caída las importaciones de bienes de capital, lo que significa que no hay confianza en el repunte por parte de las industrias. Ya mencionamos en varias oportunidades que el mundo de los negocios está cauteloso.

¿Sturzenegger -el “joven maravilla”- será un aliento en la nuca de Toto? ¿Viene para cobrarse venganza por su desplazamiento de la presidencia del Banco Central en 2018? ¿Por qué se demora tanto su llegada al gabinete? ¿Todavía están definiendo sus funciones? Hace 3 semanas advertimos del potencial problema, al que se suma otro no menor: ¿el ministro estrella se quiere ir, a sabiendas de que quizá se esté acabando la época de las buenas noticias?

Un tercer gran tema de esta semana ultra corta es el rol de la Iglesia Católica, la polémica sobre las misas politizadas y la situación social. ¿Operación, descuido o ambas cosas? Un poco de cada una. Hay una jugada política consensuada con Francisco, disparada por la crisis en el Ministerio de Capital Humano. En esa línea están las primeras declaraciones de Ojea (presidente de la Conferencia Episcopal), Lugones (Pastoral Social) y García Cuerva (arzobispo de Buenos Aires), así como la denuncia de Grabois.

El "descuido" es una jugada de los más cercanos al kirchnerismo (Curas en la Opción por los Pobres) y un sector de los curas villeros (padre Tato de La Matanza, etc.) que alentaron el griterío en las misas. El padre Pepe permaneció en silencio. El cura Carrara quedó golpeado porque no sabía lo que iba a pasar en la misa que oficiaba. Para encauzar las cosas vinieron la homilía de García Cuerva y la misa de Ojea. Está claro que el Papa no es un ingenuo: la foto con la bandera de Aerolíneas + la audiencia con Kiciloff, son mensajes políticos unívocos. La Iglesia libra una batalla en defensa de su doctrina social, pero prefiere eludir una confrontación. El "kirchnerismo" y su "rama clerical” lo sabe y empuja. El Gobierno también y, aunque le cuesta, se calla. La pregunta del millón es si Bergoglio viene o no viene este año a la Argentina. Una yapa: ¿la Iglesia es la oposición al gobierno libertario, en ausencia de alternativas?

La Argentina parece tener una enorme habilidad para deglutir hasta las revoluciones más osadas. Todo puede quedar contaminado por el statu quo pre existente. Hasta unos “simples” cuadernos.

Pd: esta columna se hace gracias al aporte de información y análisis de muchos amigos y amigas, mucho mejor calificados que yo. A ellos, infinitas gracias por su generosidad.

Ante el ingreso de los pliegos de Ariel Lijo y García - Mansilla en el Senado de la Nación para que ocupen la Corte Suprema, el presidente y diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, les envió una nota a los titulares del Pro y de la UCR, Mauricio Macri y Martín Lousteau respetivamente, solicitándoles “fijar una posición clara en contra la postulación del juez Ariel Lijo”.

“Me dirijo a ustedes en mi carácter de presidente de la Coalición Cívica – ARI a fin de solicitarles, en su calidad de presidentes de los partidos nacionales Pro y UCR, ex integrantes de Juntos por el Cambio con representación en la Cámara de Senadores de la Nación, la atención que requiere la nominación del Sr. Ariel Lijo como miembro del más alto tribunal de la República”, encabeza la nota.

Así, remarca que desde la Coalición Cívica ARI “manifestamos nuestra profunda preocupación por el silencio que ha imperado entre gran parte de los sectores y la dirigencia política frente a la nominación del Sr. Ariel Lijo, figura judicial que ha sido objeto de numerosas y serias objeciones. Esta propuesta al máximo tribunal de la Nación representa un grave riesgo para el estado de derecho, la división de poderes y la seguridad jurídica en todo el territorio de la República”.

En la carta, recuerdan que el pasado 7 de mayo, los diputados de la Coalición Cívica – ARI junto a Elisa Carrió presentaron la impugnación formal a la nominación del Sr. Lijo, en la que detallaron los argumentos y hechos que fundamentan su “firme rechazo a la postulación”, y enumera: “Falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal; carencia en las cualidades exigidas para ocupar la más alta magistratura de la Nación; inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito; escasa idoneidad técnica y jurídica; injustificables demoras en la tramitación de expedientes judiciales a su cargo y falta de mérito evidenciada en una magra y endeble formación académica”.

“Atendiendo a la gravedad institucional que podría acarrear la designación del Sr. Lijo, le solicitamos a ustedes, y a los partidos que tienen el honor de conducir, tengan a bien fijar una posición clara y contundente en contra de esta postulación, instando a los senadores y senadoras de la Nación electos por Juntos por el Cambio a honrar la responsabilidad que tienen con los ciudadanos de la República”, solicita.

En tanto, remarca que “con ello será posible evitar que un individuo como Lijo y su cuestionable historial de vínculos corporativos, llegue a ocupar un sitial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“El compromiso de ustedes con la defensa de las instituciones y el estado de derecho es fundamental en este momento crucial para la República”, cierra.

En la antesala al debate por la ley Bases, el Senado de la Nación dio ingreso este miércoles a los pliegos de los candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla –que el presidente envió el pasado 28 de mayo- para ser designados en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y se le abre otra batalla al oficialismo en esa cámara. En la actualidad, el máximo tribunal está integrado por Horacio Rossatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

El expediente fue girado a la comisión de Acuerdos, que preside Guadalupe Tagliaferri (Pro), que deberá fijar la fecha para la Audiencia Pública y enviar una copia del pliego y de los antecedentes a todos los senadores. En la reglamentación no se precisa el tiempo que tiene para la convocatoria de la audiencia, lo que puede generar alguna especulación política. Luego deberán ser aprobados por la cámara por dos tercios.

Dicha tarea no le será sencilla al oficialismo, debido a que La Libertad Avanza cuenta solamente con 7 senadores. Aun reuniendo a todos los bloques de la oposición, menos a Unión por la Patria, llegaría a 39, con lo cual el aporte de la bancada peronista/kirchnerista es indispensable.

Los pliegos llevan las firmas del primer mandatario y del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. En el caso del juez federal Lijo, es para ocupar el cargo dejado por Elena Highton de Nolasco en noviembre de 2021, y en el del catedrático, para reemplazar a partir del 29 de diciembre al juez Maqueda que cumple 75 años y no ha presentado ningún pedido para permanecer en el cargo.

En la presentación de los pliegos, el Gobierno destacó la importancia de “contar con un tribunal completo, especialmente en un contexto donde cada decisión requiere el consenso de al menos tres miembros”. En este sentido, el Ejecutivo calificó como "crucial" avanzar con ambas designaciones "para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema judicial argentino”.

En el pliego se explica también que en el proceso de selección de Lijo ha recibido el “respaldo por parte de instituciones, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales y la ciudadanía en general”. Y se subraya que la base del apoyo es la “idoneidad, la extensa trayectoria en el Poder Judicial de la Nación y su labor como docente universitario”.

Sobre la postulación de ambos candidatos, realizada el pasado 20 de marzo, el Gobierno señaló que “Lijo actualmente ejerce como juez federal de la Nación y se ha destacado en su prominente carrera judicial en el ámbito penal, mientras que el Dr. García-Mansilla es un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional y se desempeña como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral”.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) planteó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo y le pidió que respete ese rol para una mujer.

“Hay muchos senadores que a mí me preocupa el silencio que mantienen frente a esta postulación. Los he visto marchar a favor de la justicia, sin embargo, callan con un silencio que aturde”, apuntó la diputada.

Campagnoli planteó que “la Corte necesita gente idónea, gente ejemplar, son el último intérprete de la Constitución Nacional, sus integrantes deben ser un espejo donde los ciudadanos queremos que se refleje el ideal de justicia que perseguimos, Lijo empaña ese espejo con su inoperancia”, y lo acusó de hacer un “cajoneo permanente que ha hecho de causas de corrupción que le ha valido una auditoría que ha demostrado que es el peor juez de Comodoro Py por su lentitud, por la falta de eficacia en sus sentencias y procedimientos, por las sospechas que hay sobre su patrimonio que le ha valido una denuncia de la doctora Elisa Carrió por enriquecimiento ilícito y varias denuncias por su desempeño en el Consejo de la Magistratura”.

“Mi postura no es ideológica, no tengo temor como tienen los senadores que si hablan en contra y no es electo en la Corte pueden ir contra ellos porque el juez Lijo sabemos que es muy influenciable para estos procederes contra alguno de los senadores que no lo quiso votar”, manifestó y apuntó: “Lijo ha cajoneado causas de todos los colores es un juez tiempista, ineficiente, lento, inidóneo, no es ejemplar”.

Al respecto, preguntó: “¿Eso queremos para la Corte Suprema? ¿No hay otros jueces con más méritos? ¿No hay otros académicos con más méritos? ¿no hay mujeres que puedan ocupar ese rol con la cantidad de juezas admirables que hay a lo largo y ancho del país? ¿No hay académicas que puedan cumplir ese rol?”.

“Somos la mitad de la población, merecemos un lugar en la Corte y debemos mantener esa silla en la Corte para una o dos mujeres al menos y me animo a darle nombres si el presidente Milei no tiene tiempo”, sostuvo Campagnoli y le mencionó a la constitucionalista María Angélica Gelli y a “la gran abogada Delia Ferreira Rubio que ha estado a cargo de transparencia internacional”.

La diputada las calificó como “mujeres prestigiosas”, y señaló: “No puede el presidente ningunear como ningunea a las mujeres y no proponer una mujer idónea, hay muchísimas mujeres que pueden ocupar ese lugar con muchísima eficiencia y con mucha más ejemplaridad que tiene el juez Lijo”.

“Hay muchos que creen que el problema del país es el déficit cero, para otros es la dirigencia política, yo soy de las que creo que el problema de la Argentina es la justicia. Si tuviésemos una justicia que actúa en tiempo y forma, que juzga no después de 20 años a aquel que no cumple su rol con eficiencia, con responsabilidad e idoneidad y ejemplaridad, en esta Argentina no se cumple eso de ‘el que las hace las paga’ muchísima gente que debería estar con una sentencia, anda por los canales de televisión”, manifestó.

Y cerró: “Creo que la justicia tiene un rol fundamental en la democracia porque sin justicia no hay República. Le pido al presidente que reflexione a quién quiere poner en la más alta magistratura, postulemos gente idónea, ejemplar, no lijemos la Justicia”.

De los primeros en llegar al recinto a la sesión especial convocada para tratar movilidad jubilatoria, este martes bien temprano, los diputados radicales que están alineados con Facundo Manes pusieron en sus bancas carteles con la leyenda "#LijoNo". La movida encontró eco en otras bancadas claramente opositoras a la postulación del juez federal para la Corte Suprema de Justicia. La Coalición Cívica, por caso, cuyo jefe de bloque, Juan Manuel López, reclamó: “Che, repartan lo de Lijo”. Diligente, el diputado Fernando Carbajal le alcanzó algunos carteles, que además consignaban un rechazo también al “pacto de impunidad”.

Luego de que el presidente enviara al Senado los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, para ser designados en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el diputado nacional Fernando Carbajal volvió a solicitarle a la UCR que se pronuncie en contra de la postulación de Lijo.

“No al Pacto de impunidad. Urge un pronunciamiento de la @UCRNacional rechazando el pliego de Lijo. El silencio aparece como indicio de complicidad”, escribió el formoseño en su red social “X” dirigiéndose al presidente de su partido, el senador Martín Lousteau, quien hasta el momento se mantiene en silencio.

No es la primera vez que Carbajal le solicita a Lousteau que impugne las candidaturas, ya que el pasado 15 de abril junto a sus pares Pedro Galimberti, Marcela Coli y Manuel Aguirre, le enviaron una carta para que convoque al Comité Nacional y argumentaron que en la nominación de ambos “se han vulnerado criterios esenciales de representación de género y de la diversidad geográfica y cultural de nuestro país”.

El rechazo de Carbajal se suma a la postura del bloque de la Coalición Cívica y del Partido Socialista que ya han presentado ante el Ministerio de Justicia la impugnación de ambos pliegos.

Horas antes de la partida del presidente hacia Estados Unidos -país al que viaja por cuarta vez desde que ocupa ese cargo-, y en medio de las repercusiones generadas por los cambios en el gabinete nacional, se conoció el envío por parte de Javier Milei al Senado de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, para ser designados en el seno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los pliegos llevan las firmas del primer mandatario y del ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona. En el caso del juez federal, para ocupar el cargo dejado por Elena Highton de Nolasco, y en el del catedrático, para reemplazar a partir del 29 de diciembre al juez Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años y no ha presentado ningún pedido para permanecer en el cargo.

En ambos pliegos se señala que “finalizado el procedimiento de participación ciudadana, conforme el Decreto N 222 del 19 de junio de 2003, modificado parcialmente por el Decreto N 491 del 29 de mayo de 2018 y por el Decreto N 267 del 20 de marzo de 2024, se procede a la elevación de la presente propuesta teniendo en cuenta la capacidad técnica y jurídica del citado profesional”.

En el pliego de Lijo se consigna que “se recibieron presentaciones de instituciones, de organizaciones no gubernamentales y asociaciones profesionales del quehacer judicial y académico; de los derechos humanos; sindicales y sociales y de juristas de reconocida relevancia tanto a nivel nacional como internacional y de la ciudadanía en general, destacándose el gran número favorable a su propuesta”.

Respecto de García Mansilla se expresa que “la mayoría de las opiniones fueron a favor”, las cuales “se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria como docente universitario, los numerosos artículos del que es autor y su reconocida solvencia intelectual”.

En el caso de Lijo, “la mayoría de las opiniones a su favor se sustentan en su acreditada idoneidad para el desempeño del cargo de que se trata, su trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, su labor como docente universitario y su notable formación jurídica y permanente especialización en el campo del Derecho Penal”.

Sobre García Cuerva se indica que “ha dado muestras a lo largo de su trayectoria personal y profesional de respeto irrestricto a nuestra Carta Magna, al sistema democrático, y compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, todo lo cual lo erigen en un digno aspirante a ocupar un sitio en la Corte Suprema de Justicia”.

Desestimación de recusaciones

En el Boletín Oficial se publicó el decreto 467/2024 que desestima recusaciones, en el que se indica “por el Decreto N° 222/03 se estableció el procedimiento a seguir por el PODER JECUTIVO NACIONAL para el nombramiento de los magistrados de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, en el ejercicio de la facultad que se determina en el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL”.

“Que el procedimiento instituido por el Decreto N° 222/03 tiene por finalidad reunir la mayor cantidad de elementos de juicio que aseguren la mejor selección de los candidatos que serán propuestos para integrar el Alto Tribunal.

“Que la valoración de esos antecedentes es una competencia exclusiva y privativa del PODER EJECUTIVO NACIONAL, conforme lo previsto en el artículo 99, inciso 4 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL.

“Que si bien el MINISTERIO DE JUSTICIA es la autoridad de aplicación del procedimiento contemplado en el Decreto N° 222/03, ninguna de las disposiciones de dicha norma prevé que el titular de esa jurisdicción deba emitir un acto decisorio o brindar opinión sobre los candidatos cuyos antecedentes se encuentren sujetos a la valoración del PODER EJECUTIVO NACIONAL.

“Que según surge expresamente de las constancias del citado Expediente N° EX-2024-32397533-APN-DGDYD#MJ, emanó del PODER EJECUTIVO NACIONAL la instrucción para iniciar, en el marco del Decreto N° 222/03, el pertinente procedimiento para la eventual designación del doctor Ariel Oscar LIJO como juez de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN .

“Que, en las actuaciones precitadas, el 2 de mayo de 2024 el señor Álvaro de LAMADRID recusó al Ministro de Justicia, atribuyéndole que actuó como defensor del doctor LIJO en una causa que tramita ante el fuero Criminal y Correccional Federal.

“Que, por otro lado, la Organización no Gubernamental “SERÁ JUSTICIA” también se presentó en las actuaciones precitadas, el 6 de mayo de 2024, ante el MINISTERIO DE JUSTICIA, formulando objeciones respecto de la postulación del doctor LIJO.

“Que posteriormente, en el citado Expediente N° EX-2024-49108034-APN-DGDYD#MJ, la Organización no Gubernamental “SERÁ JUSTICIA”, el 13 de mayo de 2024, recusó al Ministro de Justicia, doctor Mariano CÚNEO LIBARONA, a fin de que se lo excluya del trámite referido a la propuesta de nombramiento del doctor LIJO como juez de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

“Que, como fundamento de su planteo recusatorio, “SERÁ JUSTICIA” invocó que con anterioridad a su designación en el cargo de Ministro de Justicia el doctor CÚNEO LIBARONA se desempeñó como abogado del doctor LIJO en el marco de la causa caratulada “DENUNCIADO: LIJO, ALFREDO DAMIAN Y OTROS S/ASOCIACION ILICITA, INFRACCION ART. 303 y COHECHO. DENUNCIANTE: CARRIO, ELISA MARIA A. Y OTRO” (Expediente N° 13.082/2018), tramitada por ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, Secretaría N° 20.

“Que, asimismo, la ya referida Organización no Gubernamental invocó que el Ministro de Justicia habría actuado con parcialidad, al emitir opinión en un medio de prensa en el sentido que los cuestionamientos efectuados al doctor LIJO, en base a denuncias formuladas a su respecto, carecerían de entidad ya que estas últimas fueron desestimadas por los órganos jurisdiccionales intervinientes.

“Que en base a esas razones ‘SERÁ JUSTICIA’ considera que el Ministro de Justicia se encontraría incurso en la causal de recusación contemplada por el artículo 17, inciso 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias.

“Que, en consecuencia, merece indicarse en primer término que dicha recusación fue deducida en forma extemporánea ya que no fue formulada en la primera presentación que realizara; a lo que se adiciona que la recusante no invocó ni acreditó que la causal esgrimida fuera sobreviniente a su presentación primigenia (conforme el mentado artículo 6° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias y artículos 14 y 18 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).

“Que la extemporaneidad del planteo de ‘SERÁ JUSTICIA’ es causal determinante, por sí misma, del rechazo de la recusación por ella efectuada (conforme PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, Dictamen 244:262).

“Que la recusación es un instituto de interpretación y aplicación restrictiva, pues funciona como un mecanismo que altera la asignación de competencias dentro de la Administración Pública, en tanto persigue el apartamiento de un determinado funcionario del ejercicio de cometidos que tiene normativamente atribuidos.

“Que la preservación de la imparcialidad -fundamento de ese instituto- debe ser conciliada con la necesidad de asegurar el normal funcionamiento de la Administración Pública, el que podría verse obstaculizado por planteos recusatorios que no se correspondan con las causales que taxativamente prevé la normativa (conforme PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN, Dictámenes 181:92; 244:262; 271:266, entre otros; HUTCHINSON, Tomás, “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. Ley 19.549. Comentada, anotada y concordada con las normas provinciales”, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2002, Tomo 1, página 175; y COMADIRA, Julio Rodolfo – MONTI, Laura, ‘Procedimientos Administrativos. Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, Anotada y Comentada’, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2002, T. I, página 175).

“Que es atribución exclusiva del PODER EJECUTIVO NACIONAL decidir acerca de la solicitud del acuerdo del H. SENADO DE LA NACIÓN para el respectivo nombramiento; así surge del artículo 9° del Decreto N° 222/03, el que en este aspecto hace aplicación de la norma constitucional ya mencionada.

“Que, en síntesis, la actuación del MINISTERIO DE JUSTICIA se limita a la implementación del procedimiento reglado y a los actos instrumentales necesarios para el cumplimiento de tales recaudos, preparatorios de la definición que luego le compete adoptar al PODER EJECUTIVO NACIONAL en ejercicio de sus facultades constitucionales.

“Que las razones expuestas bastan, por sí mismas, para que se califiquen como improcedentes las recusaciones articuladas por la Organización no Gubernamental ‘SERÁ JUSTICIA’ y por el señor Álvaro de LAMADRID.

“Que al respecto se ha expedido el servicio jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA.

“Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 1 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y por el artículo 6° de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549 y sus modificatorias.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

“ARTÍCULO 1º.- Desestímanse las recusaciones planteadas por la Organización no Gubernamental “SERÁ JUSTICIA” y por el señor Álvaro de LAMADRID, contra el señor Ministro de Justicia, doctor Mariano CÚNEO LIBARONA.

“ARTÍCULO 2°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación.

“ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

“MILEI - Mariano Cúneo Libarona”

Lógica, la asociación sin fines de lucro dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad, se presentó en el proceso abierto ante el Ministerio de Justicia de la Nación para cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema, para lo cual el Poder Ejecutivo propuso a la Cámara de Senadores a José García Mansilla (constitucionalista) y Ariel Lijo (penalista).

La ONG no objetó la postulación del candidato constitucionalista, pero sí objetó la del candidato penalista, y exhortó a que, en su lugar, sea propuesto "un, o mejor aún, una candidata con especialidad tributaria", según lo expresado por la ONG.

Esto surge de interpretar el decreto 222/03 y sus considerandos, referido a la “diversidad de especialidad” de la Corte, previo al análisis de otros aspectos (aptitud moral, idoneidad, trayectoria, etc). Ella debería apuntar a las áreas del derecho más relevantes para el país, en la respectiva época. Según Lógica, la fiscal es actualmente y por lejos la más relevante. La rama que más se le relaciona es la del derecho tributario y, en menor medida, la del derecho constitucional, por los principios constitucionales tributarios estudiados desde ambas áreas.

Según Lógica, los excesos fiscales provocaron la actual “tragedia económica”. Los impuestos más gravosos del mundo, la segunda inflación más alta, el descontrol del gasto público, etc. tuvo por efectos una pobreza mayor al 40%, un país estancado desde 2011, con una informalidad que ronda el 45%.

A continuación detallamos otros argumentos de Lógica:

El contexto futuro. Lo fiscal fue lo más relevante durante la última campaña y lo es en el propuesto Pacto de Mayo (el 50% de los 10 puntos son fiscales), a partir del cual, en su caso, se dictará la responsabilidad de jueces demasiado tolerantes con los impuestos más gravosos. En general, los jueces no han puesto un freno a la voracidad fiscal. En la presentación se realizó un análisis de la jurisprudencia de la Corte en los últimos tiempos, concluyendo que muchos de sus fallos han sido funcionales al sistema tributario más gravoso del mundo y la consecuente “tragedia fiscal”.

Las consecuencias. Dicha actitud funcional de los jueces tuvo efectos negativos en todos los argentinos: máxima presión fiscal formal (50,7%), empleados registrados que deben trabajar más de medio año para pagar todos sus impuestos, y ciudadanos que, al final de la cadena, terminan afrontando impuestos por más del 40% y hasta más del 50% del precio final de los bienes que consumen.

La invisibilidad fiscal en la Corte. El país más gravoso se manifiesta en múltiples aspectos con el patrón común de la invisibilidad fiscal. Así como los impuestos no se visibilizan en los tickets, en la Corte se manifiesta en que ninguno de sus 23 ministros desde la vuelta de la democracia ha sido tributarista.

No cualquier tributarista. El elegido debería ser conducente a resolver los problemas fiscales en los casos concretos. Aquel que, además de excelente trayectoria y reputación, sea garantía de impecable aplicación de los principios constitucionales, demostrado en fallos, dictámenes y/o doctrina. No uno de los muchos tributaristas pro-fisco, funcionales al país más gravoso. No es cuestión de agravar el problema.

La cantidad de causas fiscales novedosas. Durante la próxima década confluirán en la Corte las iniciadas como resultado del cúmulo de excesos fiscales de los últimos años en los tres niveles de gobierno y también las que resultarán de las nuevas normas fiscales en el marco del actual proceso de cambio.

La influencia desde lo más alto. La relevancia de lo fiscal es tal que no basta con apoyarse en secretarios tributaristas o en el Procurador General. Quien lidere esos fallos deber ser ministro, marcando el camino dentro de ella, a los tribunales inferiores y al resto de la sociedad, con clara señal de cambio.

Cuestión de género. El Decreto 222/03 exige “diversidad de género”. No hay ministros mujeres desde 2021. Hace 10 años había dos. Cuatro ministros más dos candidatos, todos hombres, es lindante o califica de discriminación. Hay mujeres con la especialidad tributaria y reputación exigida para la Corte.

Por todo lo anterior, desde Lógica no objetaron la postulación del candidato constitucionalista (García Mansilla), entre otras razones, por tener para aportar el conocimiento de los principios constitucionales tributarios.  Pero sí objetaron la del candidato penalista (Lijo) porque (i) desde su especialidad tiene muy poco para aportar a lo fiscal, apenas en los pocos casos penales tributarios atendibles por la Corte, (ii) no se anticipan cuestiones novedosas en lo penal, (iii) la seguridad es prioritaria pero depende de la policía y tribunales inferiores, no del voto de un ministro de Corte a una década de los hechos, y (iv) la existencia de la Cámara de Casación Penal lo vuelve aún menos relevante. En su lugar, Lógica exhortó a que se designe un, o mejor aún, una tributarista con el perfil mencionado para cubrir la restante vacante. Las designaciones de tal tributarista más la del constitucionalista, le infundirán a la Corte el conocimiento en la materia tributaria que resulta tan urgente como imperioso que tenga el más alto tribunal del país.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó este miércoles ante el Ministerio de Justicia de la Nación su impugnación formal a la postulación del juez Ariel Lijo, para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme el procedimiento establecido en el Decreto 222/03 del PEN.

Con la firma de su presidente, Alberto Garay, el escrito señala que Lijo “Carece de las calidades excepcionales que se esperan de alguien que aspire al cargo” dado que su postulación “no encuentra explicación ni justificación en su currículum vitae ni en su trayectoria como juez, cuya reputación se encuentra severamente cuestionada”.

El texto presentado destaca que el candidato Lijo cuenta con una producción académica limitada, principalmente en coautoría con sus secretarios, publicaciones que “carecen de profundidad y valor científico”. Por otro lado, en el escrito, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires recuerda que Lijo fue objeto de cinco pedidos de juicio político entre 2023 y 2024: “Dos de ellos siguen pendientes de sustanciación en el Consejo de la Magistratura”, dice.

Además, indica que en una auditoría del 2016, se comprobó que Lijo tenía 29 causas con demoras injustificadas, algunas de hasta 14 años. Y destaca que “No hay acceso público a las sentencias del juez Lijo, lo que dificulta evaluar objetivamente su desempeño como magistrado.” Y por último, el escrito señala que el candidato a la Corte “ha sido mencionado en denuncias por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita, incluyendo investigaciones lideradas por Elisa Carrió”.

Cuatro diputados nacionales de la UCR impugnaron la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los legisladores Fernando Carbajal (Formosa), Pedro Galimberti (Entre Ríos), Manuel Aguirre (Corrientes) y Marcela Coli (La Pampa) observaron ante el Ministerio de Justicia el pliego de Lijo ya que “ha cometido severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían incluso configurar delitos penales”.

En la presentación de los diputados radicales se mencionan varios hechos que hacen que sea “inadmisible” de aceptar la postulación de Lijo.

El primer hecho es la denuncia de Elisa Carrio en 2018, quien acusó al juez federal de integrar una asociación ilícita con el kirchnerismo. El segundo hecho es la actuación de Lijo como juez en el expediente de YPF donde se debía investigar el vaciamiento de la empresa; esta causa nunca avanzó. El tercer hecho es su actuación en la causa Siemens, donde tampoco no hubo avances. El cuarto hecho es su performance en la investigación de las irregularidades en la Obra Social de los Empleados Judiciales.

El quinto hecho es la vinculación de Lijo con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, de la que dan cuenta diversos medios de comunicación. Para los diputados radicales esto rompe con el principio republicano de división de poderes ya que es el presidente de la República quien debe enviar un pliego al Senado sin intervención previa de la Corte Suprema.

Finalmente, los legisladores Galimberti, Carbajal, Aguirre y Coli agregan como objeciones la denuncia que se le hizo a Lijo ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la actuación de Lijo en una denuncia que radicó la Tacacalera Sarandí.

“Tal como hemos detallado a lo largo de esta presentación, el juez Lijo ha “demorado” intencionalmente la tramitación de causas en las que se investigaban hechos de corrupción con la finalidad de garantizarles impunidad a los funcionarios públicos investigados. Prueba de ello son las causas “YPF”, “Siemens” y “Obra social del Poder Judicial de la Nación”, que revisten de pruebas de un mal juez federal, lo que consiste en un pésimo candidato y no puede ser considerado apto para cubrir una vacante en la Corte Suprema.

“Un juez federal que reuniera los antecedentes del doctor Ariel Lijo sería un candidato universalmente rechazado en cualquier república que funcione normalmente, por la sencilla razón de que generará desprestigio a la Corte Suprema como institución, socavaría la confianza tanto en el Presidente de la República que lo propuso, como en el Senado que le dio el acuerdo y, en definitiva, generaría una sensación de desprotección en toda la población en el ámbito judicial ante todo hecho de corrupción”, sostienen los legisladores en su presentación.

Los diputados de la Coalición Cívica, encabezados por la líder de su partido, Elisa Carrió, presentaron su impugnación contra el juez federal Ariel Lijo, uno de los candidatos del Poder Ejecutivo para ocupar la Corte Suprema de Justicia. 

En el escrito dirigido al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, los legisladores señalaron que Lijo “ha cometido severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían incluso configurar delitos penales”. “Un mal juez federal es un pésimo candidato y no puede ser considerado apto para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, aseguraron. 

El texto -que lleva las firmas de Carrió y los diputados Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Maximiliano Ferraro, María Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade- plantea que Lijo “no reúne las condiciones vinculadas con el requisito de independencia que debe cumplir todo juez y su cuestionamiento público ante graves sospechas de observar conductas reñidas con la transparencia y la ética inciden negativamente en los niveles de confianza que los ciudadanos tienen en la administración de justicia, lo que facilita que se asocie a los magistrados con la protección de actividades relacionadas con el delito”. 

“La nominación de un abogado/a para desempeñarse como ministro de la Corte Suprema reviste suma relevancia institucional toda vez que, como es sabido, dicho órgano es la cabeza del Poder Judicial”, expresaron y, en ese sentido, insistieron que el magistrado “ha tenido severos cuestionamientos públicos referidos a su falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal por lo que, a nuestro entender, no reúne las cualidades exigidas para ocupar la más alta Magistratura de la Nación”. 

En la impugnación, agregaron que a ello “se suman una serie de inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito del candidato. Por lo demás, y en lo que refiere a la idoneidad técnica y jurídica requerida, entendemos que el candidato tampoco cumple con este requisito toda vez que carece de la formación jurídica necesaria para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Sobre esto último, los cívicos calificaron como “magra y endeble” la “formación profesional y académica del juez Ariel Oscar Lijo, que no trasciende las fronteras de su título de grado, junto con sus únicos estudios cursados de posgrado, en el marco de una carrera de especialización en administración de justicia de 540 horas cátedra, cursada por el candidato hace casi 25 años”. 

Al enumerar los argumentos, Carrió y compañía recordaron una denuncia en contra de Lijo, realizada en 2018 por la líder de la CC, en la que se lo investigó como posible integrante de una asociación ilícita. “En dicha denuncia se señaló que Alfredo Lijo, junto a su hermano, el juez federal Ariel Lijo, formarían parte de un entramado destinado a garantizar la impunidad de distintos funcionarios públicos involucrados en causas de corrupción y que, como consecuencia de eso, ambos se habrían enriquecido ilícitamente. Cabe destacar que la denunciante acompañó prueba documental y solicitó que se produjeran varias medidas de prueba”, recordaron. 

Y subrayaron que “pese a la gravedad de las circunstancias denunciadas, ninguno de los imputados fue indagado y, en silencio, la causa fue archivada por el juez Ercolini, con el aval del fiscal Picardi, quien tenía delegada la investigación. Luego de ello, se presentó como abogado defensor el Dr. Mariano Cúneo Libarona, a instar el sobreseimiento del Sr. Alfredo Lijo, petición que le fue concedida por el magistrado. Este ‘detalle’ no es menor ya que, quien ha ejercido la defensa de los hermanos Lijo, hoy se desempeña como ministro de Justicia de la Nación y en ese carácter, en representación del Poder Ejecutivo, promueve la candidatura de su ahijado procesal a juez de la Corte Suprema”. 

Carrió y su tropa de legisladores explicaron que “pese a que públicamente ha trascendido que el juez Ariel Oscar Lijo habría sido sobreseído, cabe señalar que resulta al menos llamativo que pese a que fueron varias las personas denunciadas -entre ellas el candidato Lijo-, solamente se conozca públicamente la resolución del año 2021 que dispusiera el sobreseimiento del hermano del magistrado y no del resto de los consortes de causa”. 

En el escrito se cuestiona además la actuación de Lijo en las causas YPF, Siemens, la que investiga la posible comisión de irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y en una causa iniciada por una denuncia de la tabacalera Sarandí. 

También objetan su “vinculación con el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti”, magistrado contra el que la Coalición Cívica sí impulsó el juicio político; y mencionan la denuncia realizada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires ante el Consejo de la Magistratura contra Lijo por mal desempeño de su cargo.

Los diputados nacionales Esteban Paulon y Mónica Fein, socialistas de Santa Fe que integran el bloque Hacemos Coalición Federal, presentaron un rechazo a la postulación de los jueces Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El escrito fue dirigido hacia el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la explicación de su oposición a las candidaturas fue que “necesitamos varones y mujeres en la Corte que garanticen democracia, ética, transparencia y estén comprometidos con los Derechos Humanos”.

*RECHAZAMOS LA POSTULACION DE LIJO Y MANSILLA*

Presentamos la impugnación a la postulacion de A. Lijo y M. Mansilla para ocupar las vacantes en la CSJN.
Necesitamos varones y mujeres en la Corte que garanticen democracia, ética,
transparencia y estén comprometidos con los DD.HH pic.twitter.com/KUWTwZv8YD

— DiputadosPS (@BloqueDipPS) May 6, 2024

Del mismo modo, plantean que “nuestro país quedó muy lejos de cumplir con los compromisos asumidos en los Tratados de DDHH incorporados en la Constitución Nacional”. También, señalan que “la ausencia de mujeres importa un grave retroceso en orden de efectivizar el principio de igualdad que informa la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”.

“La postulación de dos varones para cubrir las vacantes en la Corte implica, además de un proceder anticonvencional, un grave retroceso en orden a cumplir el mandato constitucional que nuestro país ha adoptado”, cierra el texto dirigido al Ministerio de Justicia.

El Poder Ejecutivo había oficializado ambos pliegos a mediados de abril y desde la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica rápidamente pidieron la impugnación. Incluso desde el oficialismo en el Senado no se mostraron convencidos de la postulación de Lijo.