El decreto 502/2023 oficializó este miércoles lo suscripto por el presidente Alberto Fernández sobre la jueza Ana María Figueroa. El texto refiere al acuerdo prestado por el Senado de la Nación, “y en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 4, tercer párrafo de la Constitución Nacional” es que el mandatario nombra “por el término de cinco años a partir del 9 de agosto de 2023, vocal de la Cámara Federal de Casación Penal a la doctora Ana María Figueroa, quien oportunamente fue nombrada por el Poder Ejecutivo Nacional para desempeñar dicho cargo mediante el decreto N° 143 del 4 de febrero de 2013”.

Ese es el texto del decreto que fundamentalmente abre a partir de ahora un conflicto de poderes entre el Gobierno y la Corte Suprema de Justicia, que hace algunas semanas había dispuesto el cese de funciones de la jueza, que el pasado 8 de agosto cumplió 75 años de edad y no había recibido para entonces la habilitación de una prórroga a través del Senado de la Nación.

Eso llegó el jueves pasado a través de una votación que terminó empatada en 35 votos y que fue desempatada por el voto de la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.