Los miembros oficialistas del Consejo de la Magistratura -que componen los senadores nacionales Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, y los diputados nacionales Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade– cuestionaron este jueves, a través de un comunicado, a la Corte Suprema por la situación de la jueza Ana María Figueroa.

Luego de la aprobación del pliego de la jueza el jueves pasado en el Senado (tras desempatar con el voto de la presidenta provisional Claudia Ledesma Abdala) y la firma del decreto del presidente Alberto Fernández, los legisladores oficialistas señalaron que “se completó el procedimiento constitucional requerido” para un nuevo nombramiento como vocal de la Cámara Federal de Casación Federal por el término de cinco años de la jueza Figueroa.

“En virtud de ello, la jueza Figueroa se encuentra legitimada para continuar ejerciendo su función jurisdiccional por el plazo y en el Tribunal antes mencionados”, agregaron Recalde, Pilatti Vergara, Siley y Tailhade.

Por otro lado, el comunicado presentado por los miembros del Consejo de la Magistratura por el oficialismo cargó contra el máximo tribunal de justicia: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación es totalmente ajena al procedimiento de designación y de remoción de los jueces”.

Y agregaron: “Razón por la cual la resolución administrativa 2328/2023 de fecha 6 de septiembre pasado, resulta nula de nulidad absoluta por haberse dictado vulnerando los límites de la competencia del máximo Tribunal y las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación”.

En ese tema, aseveraron que “resulta cuanto menos repugnante a la Carta Magna y al Estado de Derecho, y además revelador de su estado de descomposición y decadencia, que la Corte se arrogue la facultad de hacer cesar, por sí y por vía administrativa, a un magistrado judicial en su cargo. Ello resulta una elemental contravención al orden público constitucional”.

Del mismo modo, el comunicado apuntó contra “algunos” medios de comunicación: “Las declaraciones públicas y notas periodísticas aparecidas en el día de hoy, respecto a que el Consejo de la Magistratura ‘dejó de considerar jueza’ a Figueroa, configuran una operación berreta que sólo busca confundir a la opinión pública y continuar abasteciendo in infame ataque que vienen desplegando contra la magistrada desde hace meses”.

Además, explicaron que “solo se trató de una decisión administrativa respecto de un concurso para cubrir vacantes judiciales en la ciudad de Rosario, cuestión que no guarda absolutamente ninguna relación con su nuevo nombramiento por el término de 5 años”.

Por último, el comunicado de los miembros del Consejo de la Magistratura del oficialismo anticipó: “La posición institucional del Consejo de la Magistratura respecto de la situación de la jueza Ana María Figueroa quedará definida en la próxima reunión de la Comisión de Selección, una vez que ponga formalmente en consideración este asunto”.