La senadora de UP consideró que la resolución “impacta negativamente en otros derechos fundamentales, como el derecho a la circulación, al trabajo y a la educación”.
La senadora nacional Juliana di Tullio y el defensor del Pueblo bonaerense, Guido M. Lorenzino presentaron en la Justicia un pedido de anulación de los aumentos en las tarifas del transporte por considerarlos “irrazonables e ilegal”.
El pedido de anulación fue presentado en el Juzgado Federal N2 de La Plata en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo, luego de que se informara la medida de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura de la Nación que dispuso un nuevo cuadro tarifario con aumentos del 251% para colectivos y de 247% para trenes.
En la presentación, Di Tullio explicó que la resolución de la Secretaría de Transporte es “irrazonable”, que “no guarda relación con los salarios” y que “impacta negativamente en otros derechos fundamentales, como el derecho a la circulación, al trabajo y a la educación”.
Además, señaló que la mencionada resolución “careció de los procedimientos esenciales en su elaboración, no proporcionó información clara y accesible a los usuarios del sistema y, además, no se llevó a cabo una audiencia pública”.
“La participación ciudadana se vio limitada a expresarse electrónicamente, siempre y cuando sus comentarios no excedieran los 5000 caracteres”, afirmó, y recordó que la audiencia estaba suspendida debido a una medida cautelar dictada el 24 de enero de 2024 por el Juzgado de Feria Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Lomas De Zamora N°3.
Junto al Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires @GLorenzino hicimos una presentación en la Justicia para anular el incremento ilegal del transporte en el AMBA. pic.twitter.com/xZBLEU5kAy
— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) February 9, 2024
También, expresó que “el aumento en las tarifas, además de ser irrazonable, es inmoral debido a su impacto directo en los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, la obligación de registrar la tarjeta SUBE representa un mecanismo de control social que afecta la esfera de intimidad de estos mismos sectores, configurando una indebida injerencia del Estado”.
Del mismo modo, aseveró que la resolución 5 “fue emitida por un funcionario incompetente, ya que el secretario de Transporte de la Nación no posee la facultad para aprobar e implementar tarifas”.
Para terminar, advirtió que “ante cualquier aumento en las tarifas no se debe pensar exclusivamente en la rentabilidad de las empresas, sino que debe ir de la mano con la situación de los ingresos de los consumidores”
“Es claro que los salarios no acompañaron el ritmo inflacionario, sobre todo teniendo en cuenta que el transporte tiene un carácter de servicio público esencial que es necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales como el trabajo, la educación y la salud”, concluyó.
