Sorprendió a todos el pedido de sesión especial hecho por el bloque de Unión por la Patria este viernes al presidente de la Cámara baja para el martes próximo a las 11 de la mañana.

La solicitud, suscripta por 88 de los 99 diputados que tiene el bloque que conduce Germán Martínez, era para realizar una sesión especial con el fin de tratar el DNU 70/23 que ya cuenta desde el 14 de marzo pasado con el rechazo del Senado.

Eso ya sería un dato en sí mismo. Pero la “picardía” estaba en la fecha elegida por UP, pues para entonces se descuenta que estará en pleno desarrollo la sesión que se iniciará el día anterior para tratar la ley de Bases y el paquete fiscal. Nadie espera que pueda concluir ese mismo lunes.

Entre los firmantes figuran, como dijimos, casi el 90% de los legisladores del bloque, a excepción de los diputados nacionales Máximo Kirchner; la massista Marcela Passo; y el santafesino Roberto Mirabella; y el jujeño Guillermo Snopek, entre otros.

La movida fue interpretada por muchos como un intento de obstaculizar la sesión de Bases y paquete fiscal, y la pregunta del millón era cuál sería la decisión adoptada por el titular de la Cámara para resolver el planteo.

Según pudo saber parlamentario.com, Martín Menem desactivó esa sesión. Dado que ya está convocada una sesión el lunes y se desconoce cuánto puede llegar a durar, el jefe de la Cámara propuso un cambio de fecha.

La respuesta de Germán Martínez se conoció en las redes, y fue negativa. “Menem quiere impedir que se trate el DNU 70/2023”, expresó, advirtiendo que “el presidente de la Cámara NO TIENE atribuciones para NO CONVOCAR a una sesión especial solicitada en los términos de los artículos 35 y 36 del Reglamento”.

Para Martínez, “no respetar el reglamento es incumplir deberes de funcionario público”.

El jefe del bloque UP publicó a continuación qué dicen los citados artículos. El 35, refiere la petición de sesión especial: “Las sesiones especiales se realizarán por resolución de la Cámara, a petición del Poder Ejecutivo; o por un número no inferior a diez diputados, dirigida por escrito al presidente, debiendo expresarse en todos los casos el objeto de la sesión”.

Y el 36 (Citación a sesión especial) precisa que “en cualquiera de los casos establecidos en el artículo anterior, el presidente ordenará la correspondiente citación para el día y hora que se hubiesen determinado, o que se indiquen en la petición del Poder Ejecutivo o en la de los diputados que soliciten la sesión”.

Se espera de todas maneras que en el inicio de la sesión del lunes, el bloque UP haga planteos de emplazamientos para tratar temas que el oficialismo viene eludiendo.

Tal como lo anunció Germán Martínez, jefe de bancada de Unión por la Patria, en el plenario que dictaminó la ley Bases, el principal bloque de la oposición en Diputados presentó un pedido para llevar a cabo una sesión especial con el fin de tratar el DNU 70/2023 que ya cuenta desde el 14 de marzo pasado con el rechazo del Senado.

Eso ya sería un dato en sí mismo. Pero la “picardía” está en la fecha elegida por UP: el próximo martes 30 de abril, a las 11. Esto es, cuando se descuenta estará transcurriendo la maratónica sesión pedida por el oficialismo para debatir la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y la de Medidas Fiscales y Paleativas y Relevantes. Esa sesión arrancará el lunes 29 a las 12 y todavía no se ha resuelto si se pedirá un cuarto intermedio en algún momento de la jornada para continuar al día siguiente el debate. Lo seguro es que se extenderá a lo largo del lunes y buena parte del martes.

El pedido lleva la firma de casi el 90% de los legisladores del bloque a excepción de los diputados nacionales Máximo Kirchner; la massista Marcela Passo; y el santafesino Roberto Mirabella; y el jujeño Guillermo Snopek, entre otros.

Para muchos, la movida tiene por objeto obstaculizar la sesión de la sesión de Bases y paquete fiscal. La pregunta del millón es cómo se procederá en esas circunstancias. En principio, el presidente de la Cámara, Martín Menem, debe conceder el pedido solicitado por los diputados opositores. Según expresó una fuente legislativa consultada por parlamentario.com, el titular del Cuerpo tiene la facultad de “ordenar” las sesiones. De tal manera, si como todo indica la sesión del lunes 29 continúa al día siguiente para la hora pedida por la oposición, la misma se correrá para para el final de la misma. Y si hay quórum, se hará a continuación de la sesión original. Sino, serán expresiones en minoría.

Lo más probable en ese caso, cuando tal vez suceda en la madrugada del miércoles, 1° de mayo, Día de los Trabajadores.

Desde el día del rechazo en la Cámara alta, los legisladores de UP habían anunciado que harían uso del pedido de sesión para “rechazar el decreto” cuando tuviesen aseguradas las 129 acepciones necesarias para lograrlo. Sin embargo, a pesar de que diputados de otros bloques habían manifestado su intención de rechazo, el destino del DNU es una incógnita.

Después de que en el último mes se escaparan once presos de distintas comisarías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presidenta de la Comisión de Seguridad y diputada de Vamos por Más (VxM), Gimena Villafruela, y la vicepresidenta del bloque de Unión por la Patria (UP) y vocal de esa misma comisión, Claudia Neira, dialogaron con Parlamentario acerca de lo sucedido.

En ese contexto, ambas legisladoras fueron consultadas acerca de las causas que llevaron a que se pudieran fugar de cuatro comisarias del distrito capitalino. En ese sentido, Villafruela explicó que “la Ciudad no tiene Servicio Penitenciario ni cárceles propias. Así como la Policía de la Ciudad no está formada para cuidar a los presos, las Comisarías y Alcaidías no son lugares preparados para alojar delincuentes”, comenzó diciendo.

“Tanto la Nación como la Ciudad, heredan una situación provocada durante la gestión de Alberto Fernández que fue generar un crecimiento exponencial de los detenidos en la Ciudad producto de prohibir el ingreso de presos al Servicio Penitenciario Federal durante la pandemia. En 2021, en la Ciudad había 60 presos, hoy tenemos más de dos mil. Hay una superpoblación en las Alcaidías y Comisarías, hay lugar para alojar mil y hoy tienen más de dos mil. Por todo esto es que los ministerios de Seguridad de la Nación y de la Ciudad están trabajando de manera conjunta para ir regularizando esta situación”, continuó.

Al mismo tiempo que remarcó que “el orden y la seguridad son ejes centrales en la Ciudad y eso se ve reflejado en los números: en el primer trimestre de gestión aumentaron las detenciones un 14%, sólo en el último mes aumentaron un 22%. Se detiene, en promedio, más de 80 personas por día. Estamos trabajando para cuidar al vecino y darle la tranquilidad que merece”.

Por su parte Neira, además de coincidir con Villafruela acerca de la sobrepoblación de las comisarías, explicó que “el ritmo de detenciones se encuentra en aumento. Desde el comienzo de esta gestión fueron detenidas más de seis mil personas, un promedio mucho mayor al de 2022, por ejemplo, donde en todo el año fueron detenidas poco más de 17 mil”.

“Todo esto genera una saturación del sistema que se traduce en este tipo de hechos, y pone en evidencia la necesidad de crear un Sistema Penitenciario propio de la Ciudad”, aseguró. En cuanto al pedido del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, para que Nación traspase presos al sistema federal, la diputada oficialista señaló que “hay canales de diálogo abiertos permanentemente entre el Gobierno de la Ciudad y el Ministerio de Seguridad de la Nación para descomprimir la situación y llegar a un acuerdo favorable que garantice la seguridad para los vecinos”.

Mientras que la peronista remarcó que “es fundamental que el Gobierno porteño avance en soluciones de corto y largo plazo en la materia: resulta tan necesaria la búsqueda de soluciones a través del Sistema Penitenciario Federal para descomprimir la sobrepoblación, como la asunción de la responsabilidad de crear un Sistema Penitenciario propio para resolver definitivamente el conflicto existente y, a la vez, anticiparse a transferencias penales futuras”.

“Por otra parte, ante el aumento de las competencias penales y teniendo en cuenta que continuará el proceso de nuevas transferencias de competencias a la Justicia de la Ciudad, presentamos una propuesta para ampliar de tres a cuatro la cantidad de juzgados de Ejecución penal estableciendo que, hasta tanto se pueda garantizar su puesta en funcionamiento, podamos contar con 4 secretarías de ejecución por zonas, para asegurar que se respeten todas las garantías constitucionales durante el cumplimiento de las penas, y colaborar en el desarrollo de un tratamiento post-penitenciario para la reinserción social de las personas liberadas”, continuó.

¿Vuelve el Consejo de Seguridad?

Desde que estas fugas comenzaron a darse de manera habitual, Neira reclamó en varias oportunidades la necesidad de que vuelva a reunirse el Consejo de Seguridad. “Creo que es imposible avanzar en todos los desafíos en materia de seguridad y de política penitenciaria sin la construcción de un diálogo institucional entre los diversos órganos que hacen a la elaboración de políticas públicas de la Ciudad. En este sentido, insistimos con la constitución del Consejo de Seguridad y Prevención del Delito”, destacó.

“Este es un órgano que reviste jerarquía constitucional, que se encuentra previsto en la Ley de Seguridad Pública (N° 5.688), que cuenta con su propia Ley (N° 1.689) pero que, lamentablemente, no fue aún constituido. Sin embargo, sí existe una Unidad Enlace del Consejo en la órbita del Ministerio de Seguridad, que cuenta con presupuesto a pesar de no estar constituido el Consejo”, remarcó y precisó que “es fundamental, entonces, la conformación de este espacio para dar un marco de trabajo y planificación, partiendo del diálogo entre las instituciones públicas y con una perspectiva integral sobre las políticas de seguridad, prevención de delitos y de los mecanismos de detención de personas privadas de su libertad. Creemos que es viable y que se trata sencillamente de la voluntad política del Ejecutivo”.

Por su parte, Villafruela se mostró dispuesta a trabajar en la conformación de ese Consejo. “Si bien es un organismo que no está integrado únicamente por la Legislatura, sino por representantes de los tres Poderes de la Ciudad, estamos abiertos al diálogo en relación a este tema, como en muchos otros a los que me referí en preguntas anteriores”, explicó.

Finalmente, y atenta al trabajo parlamentario que se desarrollará dentro de la comisión de Seguridad, la diputada oficialista adelantó cuáles serán las prioridades para este año. “Estamos trabajando fuertemente en el proyecto de Ley de Reiterancia, presentado por el Poder Ejecutivo, que posibilita que, si una persona es detenida y tiene una causa judicial abierta, espere su proceso presa, para finalmente terminar con la puerta giratoria. Ese proyecto de ley recae en las Comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales, pero es una temática que está íntimamente ligada al área de Seguridad, por lo cual nos encontramos trabajando de forma articulada para lograr el mayor consenso posible y finalmente convertirlo en Ley”, indicó.

“Además, hace unos días se constituyó la Comisión Especial de Seguimiento de los Sistemas de Video Vigilancia, la cual tengo el orgullo de presidir, siendo un ámbito institucional necesario para el funcionamiento de dichos sistemas consagrados en la Ley del Sistema Integral de Seguridad Pública”, precisó.

Mientras que Neira explicó que buscarán “mejorar el Mapa del Delito, integrando nuevas fuentes de información y publicando los datos actualizados en un tiempo razonable, algo que también venimos exigiendo al Ejecutivo ya que aún no contamos con los datos completos del año 2023. En ese sentido hemos presentado una propuesta para que el Gobierno tenga la obligación de publicar la información de cada año en el inicio de sesiones ordinarias del año siguiente, porque necesitamos tener acceso a esa información tan sensible para el desarrollo de políticas de prevención”.

“Por otro lado, creemos que es necesario poner prioridades en el abordaje de algunos barrios, como el caso de Constitución, donde hay una situación muy difícil por cómo se presenta la complejidad del delito. En ese sentido nosotros hemos acompañado un proyecto de los vecinos para declarar la emergencia urbanística y de seguridad en el barrio, proponiendo que el Estado establezca allí una zona de desarrollo prioritario para abordar el problema desde una mirada integral, reforzando especialmente los controles a las metaleras que siguen siendo el foco de mayor conflictividad para los vecinos del barrio”, subrayó.

A la vez que recordó que “a estos fines también venimos proponiendo un nuevo centro de monitoreo para el barrio en tiempo real, que permita una actuación rápida y efectiva de las fuerzas de seguridad. Otra cuestión que para nosotros debería estar entre las prioridades en este mismo sentido es que el Gobierno porteño termine de asumir por completo la función de la seguridad en el barrio Ricciardelli (ex 1-11.14) que hoy no cuenta con presencia de la Policía de la Ciudad para garantizar la seguridad de los vecinos. Esa tarea aún está en manos de las fuerzas federales, y la Ciudad continúa cediendo su autonomía en materia de seguridad ya que la única fuerza que custodia el barrio es la Gendarmería nacional”.

Con una jornada repleta de encuentros, la Comisión de Legislación del Trabajo, a cargo del radical Martín Tetaz, comenzó este miércoles el debate de la reforma laboral -que acompañará a la ley Bases en el recinto la semana que viene- y tuvo a varios expositores.

La reunión debió pasar a un cuarto intermedio pocos minutos antes de las 11, debido a que se lleva a cabo la sesión especial solicitada por Unión por la Patria para debatir el incremento de las partidas presupuestarias a universidades, la recuperación de la vigencia del FONID y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Se acordó retomar el encuentro el próximo viernes a las 10.

Al comenzar, a través de la Secretaría Parlamentaria se completó la nómina de integrantes de la comisión con la confirmación de Alida Ferreyra (LLA – CABA), quien al final, cuestionaría el pase a un cuarto intermedio. Así las cosas, Legislación del Trabajo quedó compuesta por 31 diputados nacionales.

Iniciado el debate, los diputados Alejandro Vilca (PTS – Jujuy) y Hugo Yasky (UP – Buenos Aires) le reclamaron al presidente Tetaz qué se discutan los demás proyectos y no solo el del radicalismo. A esto, se sumó el cuestionamiento de la jefa de bancada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman: “¿Cuál es la razón por la que se discute su proyecto y no el resto?”, expuso.

Rápidamente, el radical a cargo de la Comisión de Legislación del Trabajo contestó: “Les pido que acerquen una orden de prioridades y serán escuchados”. Asimismo, se refirió al tratamiento en el recinto estipulados para el 29 y 30 de abril: “No tengo noticias ni escuche planteos que su proyecto sea tratado en la sesión de la semana que viene”.

No obstante, la diputada nacional Vanesa Siley (UP – Buenos Aires) cuestionó varios, por no decir todos, de los componentes de esta reunión: “En la convocatoria no hay número de expediente”, cargó contra Tetaz en primera instancia.

Luego, fue más allá: “Usted no es un recién llegado a la cámara para cometer estos errores”. “Ni la ciudadanía ni los invitados saben qué proyecto se trata y usted pone ‘reforma laboral’ y damos por supuesto como si fuera un programa de televisión”, aseveró.

En tal sentido, amplió: “Hay que citar con 48 horas de antelación y anunciar qué proyectos de ley se van a abordar porque si no hay claridad no sabemos qué proyecto se está debatiendo”. Desde UP acusaron que “el desorden lo arma el propio Poder Ejecutivo porque manda reforma por túneles”.

Las exposiciones

Culminados los cuestionamientos, los expositores comenzaron sus intervenciones. En primer lugar, fue el turno de Gastón Utrera, quien planteó: “Un sistema indemnizatorio en la Argentina genera dos contraposiciones porque el tiempo aumenta el monto y en sentido contrario se reduce la antigüedad por retiro de trabajadores”.

Además, sumó que “la empresa acumula pasivos contingentes y es necesario eliminar las indemnizaciones agravadas”. Agregó, también, que “hay que retomar el planteo de reducir contribuciones patronales y proponer incentivos fiscales en el empleo informal”.

En segunda instancia, Martín Juárez Ferrer acompañó lo propuesto por el anterior expositor y añadió: “el régimen de indemnizaciones agravadas ha promovido la litigación. Creemos que debe suprimirse completamente”.

También, señaló que “el empleo en negro debe ser combatido y no puede ser corregido con indemnizaciones entre privados”. “Queremos lograr el pleno empleo, perfectamente registrado”, manifestó. Consultado por la relación entre el trabajador no registrado y la renta no declarada, respondió que “está vinculado con el dinero en negro”.

Por su parte, Pablo Devoto indicó que “pasaron 50 años de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, que fue un hito revolucionario”, y agregó: “Apoyamos las propuestas de modificación de legislación laboral sobre todo en el contrato de trabajo”, con relación a que el período de prueba pasa de tres a seis meses.

A la hora de la reunión, la diputada opositora Julia Strada reclamó que “van tres expositores y no tenemos un solo dato (numérico)”. En esa línea, remarcó: “Les pido que aporten información concreta”.

A todo esto, el empresario pyme Juan Méndez (logística) sumó que “la extensión del período generaría mayor adaptación porque venimos de una generación que no conoce el trabajo por vivir del asistencialismo del Estado”, y criticó a la actividad sindical: “No es un derecho bloquear una empresa”.

El abogado Jorge Samuelián (asesor de pymes) señaló que “debe ser sancionado el pecado del empleador que toma a trabajadores en negro”, y coincidió que “no debe haber mantenimiento de las indemnizaciones agravadas”.

Del mismo modo, planteó que “el trabajador y la empresa no deben ser enemigos, van juntos y se necesitan”. También, advirtió que “hace 12 años que no crece el trabajo privado y sin seguridad jurídica es imposible crecer”.

Explicó, en ese sentido, que “la seguridad jurídica es darle, a las dos partes, previsibilidad de costos”. Por otro lado, consignó que “cuando un empleador toma personal en negro, está robando al Estado”.

Para terminar, Samuelián se opuso a la reforma del Fondo de Cese: “No lo veo factible porque el DNU lo toma como un tope y da números muy altos por la inflación”. “Querer cambiar un sistema por el otro, me haría chocar con la misma piedra y es imposible aplicarlo a los seis millones de trabajadores en blanco y los más de ocho millones en negro”, culminó.

En ese momento, las autoridades de la comisión (presidente y vicepresidente Sergio Pallazzo) anunciaron el pase a un cuarto intermedio debido a que se estaba por llevar a cabo la sesión especial y confirmaron retomar el encuentro este viernes 26 de abril a las 10.

Tras una cadena nacional de 16 minutos el presidente de la Nación, Javier Milei, reivindicó el “esfuerzo heroico de los argentinos”, e indicó: “Entiendo que la situación que estamos viviendo es dura, ya hemos recorrido la mitad del camino. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena”, por lo que desde la oposición dura cuestionaron el mensaje y lo calificaron de “mentiroso”.

En su discurso, Milei ponderó el superávit fiscal del 0,2% logrado durante el primer trimestre, pero también buscó cimentar la idea que el denominado “plan de estabilización de shock” tiene “más motosierra que de licuadora”, es decir, que afectaría más a la “casta” política que a la gente. Además, confirmó la continuidad el ordenamiento de las cuentas públicas como único camino para sacar de la pobreza “al 60%” la población. “Se terminó el Estado presente”, enfatizó, en alusión a uno de los slogans del kirchnerismo.

Al respecto, el jefe del bloque de Unión por la Patria, el santafecino Germán Martínez, manifestó: “Alimentos y medicamentos por las nubes. Salarios y jubilaciones por el piso. Provincias y universidades desfinanciadas. Recortes a educación. Tarifazo. Obras públicas freezadas. Recesión absoluta. Despidos en aumento. Milei es un perverso: festeja que las y los argentinos sufran”.

“Hace un año hicimos un informe sobre esa estafa que fue el préstamo del FMI a Macri. Cerramos el video mostrando las caras de los responsables del endeudamiento del país. Son los mismos cuatro muñecos que anoche rodeaban a Milei. Los cuatro jinetes del Apocalipsis”, chicaneó el diputado Rodolfo Tailhade en alusión a quienes formaron parte de la emisión el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili y su vice, Vladimir Werning.

🤥 El Presidente Milei va a utilizar la cadena nacional para festejar que alcanzó “superávits gemelos"

Ahora, ¿Esto es verdad?
¡NO!

Cuando estudiamos los números en detalle, nos encontramos con una gran FICCIÓN construida sobre deudas y cuentas sin pagar.

#MileiTeMintió… pic.twitter.com/mh8ULOZWGK

— Carolina Gaillard (@CaroGaillard) April 23, 2024

La entrerriana Carolina Gaillard calificó a Milei de mentiroso con un emoji y apuntó: “El presidente Milei va a utilizar la cadena nacional para festejar que alcanzó ‘superávits gemelos’. Ahora, ¿Esto es verdad? ¡NO! Cuando estudiamos los números en detalle, nos encontramos con una gran FICCIÓN construida sobre deudas y cuentas sin pagar”.

De forma irónica, Leopoldo Moreau cuestionó: “No todo lo que dijo Milei es mentira. Afirmó que ‘está vez el esfuerzo va a valer la pena’. Y es cierto. El sufrimiento que le está cargando a la sociedad le viene bien al FMI, Techint, Galperin, Elsztain,Musk etc. Al fin y al cabo tu sacrificio debe servirle a sus ‘héroes'”.

Milei: “Por primera vez en la Argentina no pagan justos por pecadores”*

*Justos:
– fugadores de capitales
– evasores fiscales
– personas alcanzadas por el impuesto sobre bienes personales
– ex Techint y Corporación America en directorio de YPF

Pecadores:
– jubilados y…

— Itai Hagman (@ItaiHagman) April 23, 2024

“Milei, por cadena nacional: Mintió sobre quién paga el ajuste. Mintió sobre la hiperinflación heredada. Mintió al afirmar que no había otro camino. Mintió sobre la recuperación del salario con su modelo económico”, enumeró la diputada Julia Strada y siguió: “El superávit fiscal de 0,2% del PBI, que festejó Milei, lo logró recortando a jubilados, eliminando la obra pública, llevando las boletas de luz y gas a niveles casi impagables y licuando salarios públicos”.

También el superávit del primer trimestre se explicó por compromisos que escondieron “bajo la alfombra”: dejaron de pagar a CAMMESA e interrumpieron así la cadena de pagos del sistema eléctrico. pic.twitter.com/CCcsoGdJAq

— Julia Strada (@Juli_Strada) April 23, 2024

La legisladora porteña y exdiputada nacional Graciela Ocaña criticó: “El presidente Milei anoche dijo que el ajuste era sustentable y moralmente deseable, y que por primera vez no pagarían justos por pecadores. ¿Entonces son los jubilados los pecadores del país? El superávit lo consiguió licuando casi 40% de las jubilaciones de aquellos que han trabajado 30 o más años. Ya la fórmula Massa-Fernández había empezado este camino de empobrecer a los jubilados, pero ahora el Gobierno Mileista los empujó a la indigencia. Presidente Milei, ¿es sostenible y moralmente deseable que un Jubilado de la mínima cobre menos de 250 mil pesos en dos cuotas?”.

A raíz de la implementación del protocolo antipiquetes y en las vísperas de la movilización en defensa de la educación universitaria pública, la diputada de Unión por la Patria (UP) Claudia Neira salió al cruce del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, por sus dichos acerca de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El encontronazo entre la peronista y alcalde local se dio después de que él asegurara que “no todos están de acuerdo con que se marche. La UBA es icónica, es muy importante para la Ciudad de Buenos Aires. Si bien es icónica, es cierto que es razonable que, si todo el mundo está haciendo un esfuerzo, la UBA también lo haga”.

Atenta a sus dichos, Neira salió al cruce a través de las redes sociales. “¿De qué lado estás Jorge Macri? Ya dejaste solo al sector de la cultura en la ciudad de la cultura, ¿ahora vas a dejar solos a los universitarios en la ciudad de la UBA?”.

Además, se refirió a la posibilidad de que se implemente el protocolo antipiquetes en la movilización. “Estás a tiempo.  Ponete al frente, vamos juntos en ésta. Y saca un poco de valor para ponerle los puntos a Patricia Bullrich… que no se meta con la seguridad de la marcha en nuestra Ciudad. Cuidá a la gente”, completó.

El Congreso de la Nación será, esta semana, el gran escenario de varios acontecimientos. En primer lugar, en las afueras del Palacio Legislativo, se llevará cabo la marcha federal de las universidades en reclamo por un aumento en las partidas presupuestarias.

Al día siguiente, Unión por la Patria tendrá el desafío de lograr el quórum y llevar a cabo una sesión para tratar el incremento del presupuesto de las casas de altos estudios, el restablecimiento del FONID y la actualización de la fórmula de movilidad jubilatoria, entre varios temas.

El jefe de bancada de UP, Germán Martínez, se manifestó en X al respecto: “Mañana acompañemos la #MarchaFederalUniversitaria y el miércoles construyamos quórum para avanzar en una ley que garantice el financiamiento universitario. Hace 1 mes convocó HCF x jubilaciones y el 98% de UP dió quórum”.

Al respecto, el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, resaltó: “Es importante preservar la universidad pública. Hay un presupuesto anclado en 2023 y la inflación fue del 250%, el gobierno tiene que resolverlo. Desde Roca y Sarmiento nuestro país fue un faro en educación. Tenemos clase media y fuerzas productivas porque existe la universidad”.

Del mismo modo, el diputado nacional Leopoldo Moreau agregó: “Milei no sólo pide que le bajen las luces en sus apariciones públicas.  También ya provocó un apagón en la industria, en los comercios, en los empleos, en la cultura y en la ciencia. Ahora pretende hacerlo en las Universidades. Pero mañana los estudiantes acompañados por el resto de la sociedad volverán a prender la luz y su incapacidad e ignorancia quedarán al descubierto. A las calles”.

También, la diputada nacional Carolina Gaillard sostuvo que “hay una fuerte decisión de este gobierno de desfinanciar la cultura, las universidades y todo lo que promueva el pensamiento crítico de estructuras establecidas”. “Mañana prendemos la luz de las universidades. Tiene razón Karina Milei es una marcha contra el gobierno que ataca y desfinancia la universidad pública no enviando el presupuesto necesario para que funcione por eso queremos defenderla”, añadió.

#UniversidadPúblicaSiempre

Estudiar fue históricamente garante de la movilidad social ascendente en la República Argentina. Para que la Universidad Pública siga siendo un baluarte del progreso social argentino, el 23 nos vemos en la Marcha Federal Universitaria 🇦🇷 pic.twitter.com/ONVhkHHunW

— Vanesa Siley (@Vsiley) April 22, 2024

En el mismo sentido se expresaron a favor de la marcha la diputada de izquierda Romina del Plá y Margarita Stolbizer de Hacemos Coalición Federal por “la salud, la educación, ciencia e investigación pública e inclusiva”.

Gran metáfora.
¡El 23 todo el pueblo con la educación pública! pic.twitter.com/skzezCZxMu

— Romina Del Plá (@RominaDelPla) April 21, 2024

“Argentina no merece que se desfinancie la universidad pública. La educación superior significa progreso, representa oportunidades, movilidad social y económica, y genera comunidad, contribuyendo a la igualdad. Quiero expresar mi total apoyo a la marcha para el sostenimiento de la UNIVERSIDAD PÚBLICA, mi apoyo a los alumnos, graduados, docentes, investigadores y a todos quienes integran el sistema universitario público de nuestro país”, expresó en un posteo la senadora cordobesa Alejandra Vigo.

Mientras el oficialismo comenzó a debatir el proyecto de Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados, desde el bloque Unión por la Patria presentaron una iniciativa propia modificando Ganancias en la que proponen la ampliación de los sectores que ya están alcanzados.

El proyecto busca sustituir el segundo párrafo del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias para que la nueva redacción indique que las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar en casinos y de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos y apuestas automáticas; extracción de petróleo crudo, gas natural y fabricación de productos de refinación de petróleo; y la intermediación financiera y servicios de seguros, tributarán al 41,50% alícuota que será aplicable para personas humanas y jurídicas.

“El Gobierno busca restituir Ganancias afectando aún más el salario ya deteriorado de las y los trabajadores”, explicó la diputada Cecilia Moreau en su red social “X” y sumó: “No se puede ir para atrás, para desarrollar el país hay que apuntar hacia un esquema impositivo más equitativo”.

El Gobierno busca restituir Ganancias afectando aún más el salario ya deteriorado de las y los trabajadores.

Presentamos como alternativa un proyecto que modifica la Ley de Impuesto a las Ganancias, en el que proponemos que se amplíen los sectores que ya están alcanzados,… pic.twitter.com/mJPt7O44zB

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) April 22, 2024

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP – CABA) presentó un proyecto de ley para que todas las escuelas públicas del país, tanto de gestión estatal cómo de gestión privada, cuenten con una tarifa diferencial de gas, energía eléctrica y agua inferior al 50 % de la tarifa total.

La iniciativa tiene el apoyo de más de 20 legisladores, prohíbe los cortes en los establecimientos educativos por falta de pago. Daniel Gollán, Blanca Osuna, Martin Soria, Lorena Pokoik, Gisela Marziotta, Ramiro Gutiérrez y Andrea Freites, entre otros.

“Los aumentos que implementó el gobierno vulneran muchos derechos, entre ellos y fundamentalmente el derecho a la educación. Buscamos generar un alivio a un sector fundamental para la vida de nuestra sociedad. Estos aumentos repercuten directamente en el valor de la cuota que deben afrontar las familias o bien en el cierre de numerosos establecimientos”, señaló Valdés

La iniciativa, que hasta el momento cuenta con el apoyo de más de veinte diputados, establece que se generará un crédito a favor de los beneficiarios si durante el periodo que va desde el 1° de abril de 2024 hasta la efectiva implementación de la tarifa diferencial hubieran abonado por los servicios un monto mayor deñ 50 % de la tarifa. “Es obligación del Estado argentino garantizar el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes a la matricula y la continuidad de las actividades de las instituciones educativas, públicas y privadas”, indicó el autor del proyecto.

En los fundamentos del proyecto, el diputado Valdés señala: “el derecho a enseñar y aprender se encuentra consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, y que para respetar y garantizar ese derecho el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 26.206, cuyo artículo 3 expresa: ´La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación´”.

En tanto, el artículo 3 del proyecto determina la prohibición de cierre de establecimientos en caso de falta de pago de la siguiente manera: “Prohíbase la suspensión, corte y/o disminución del suministro eléctrico y de gas a los establecimientos beneficiarios de la Tarifa Diferencial por falta o demora en el pago de hasta 5 meses de servicios. En el caso de mora por el plazo previsto, la prestataria del servicio deberá ofrecer un plan de pago en cuotas, las cuales podrán actualizarse hasta el límite de la inflación informada por el INDEC para los meses respectivos”.

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un escrito al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para solicitar una sesión especial con fecha del próximo miércoles 24 de abril y así tratar la modificación del Presupuesto con una actualización dirigida a las partidas para universidades nacionales.

El día después de la marcha nacional de las universidades públicas para este martes 23 de abril, la oposición pretende debatir el tema en el recinto. El último miércoles, organizaciones estudiantiles debatieron con legisladores de UP, el FIT, la UCR y HCF, donde ampliaron la cuestión. 

En el encuentro reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.

El temario inicia con el pedido de tratamiento de la iniciativa de Romina del Plá para declarar la emergencia presupuestaria de las obras sociales de universidades nacionales; y otro de Mónica Litza con la modificación del incremento y actulización de presupuesto para las casas de altos estudios.

Se incluyó, también, el proyecto del diputado nacional Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.

También, están incluidos los pedidos de declaración de emergencia presupuestaria del sistema universtiario impulsados por Christian Castillo (FIT-U) y Julia Strada (UP).

Cabe recordar que el presidente de la Nación, Javier Milei, prorrogó el Presupuesto 2023 para el este período a través del DNU 88/2023 a pocos días de asumir en el Gobierno Nacional. El tratamiento de la Ley de Leyes para este año quedó suspendida acuerdo mediante entre el libertario y Sergio Massa, exmnistro de Economía, en el marco de las elecciones presidenciales.

En esa línea, buscan llevar al recinto el reclamo de la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Desde la oposición han explicado anteriormente que al prorrogarse el Presupuesto 2023, “se autoimpone la continuidad del FONID”.

Creado en 1998 y revalidado período tras período, para este año el Gobierno Nacional decidió no continuar con la prórroga, por lo que perdió vigencia el 1ero. de enero del 2024 tras casi 25 años de validez .

El temario propone tratar varias iniciativas de UP, el FIT, el radicalismo y uno de Margarita Stolbizer  donde exigen reestablecer la vigencia del FONID desde el 1ero. de enero de 2024 y su prórroga por 1, 2, 4 y 5 años. Todos los proyectos se presentaron en el inicio del año.

Por otro lado, están incluidos en el temario que pretenden llevar al recinto los diferentes dictámenes avalados esta semana por la Comisión de Previsión y Seguridad Social respecto a la modificación de la fórmula previsional.

Los 5 textos fueron presentados por las bancadas de Unión por la Patria (13 firmas), el bloque de la UCR junto a Hacemos Cambio Federal (7 firmas), y el Frente de Izquierda (una firma). En tanto, el bloque oficialista de La Libertad Avanza, junto al Pro, habían presentado un dictamen en defensa del DNU 274/2024 (otorgó aumento por decreto a las jubilaciones).

El pedido para sesionar lleva la firma de 24 diputados de UP. Entre otros, están las del jefe de bloque Germán Martínez, la vicepresidenta primera Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Blanca Osuna, Mónica Macha, Máximo Kirchner y Carlos Heller.

📄 • El bloque de UP solicita #SesiónEspecial para el próximo miércoles 24 de abril, a las 11.

El financiamiento de las Universidades, el Fondo de Incentivo Docente y las Jubilaciones no pueden esperar.

Tratamiento URGENTE en el recinto.

📎 Se adjunta pedido. pic.twitter.com/23kyCfpclK

— Diputados UP (@Diputados_UxP) April 19, 2024

La reunión fue encabezada por el senador nacional Oscar Parrilli (Rio Negro), que fue acompañado por Eduardo “Wado” De Pedro, Silvia Sapag y la diputada nacional Mónica Macha. También estuvo presente la Intendenta del municipio de Quilmes, Mayra Mendoza.

Estuvieron presentes, además, trabajadoras del ámbito de la salud y representantes de Amnistía Internacional; UNICEF; Fundación Huésped; Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES); Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC); Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); Fundación Kaleidos; Sociedad Argentina de Ginecología Infantojuvenil (SAGIJ); Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); Asociación Argentina de Anticoncepción (AMAdA) y Surcos Asociación Civil.

Durante el encuentro se llevó adelante un intercambio entre los presentes acerca del desmantelamiento del Plan ENIA dado por la no renovación de los contratos de 619 trabajadores.

Dicho plan se concibió como una política para abordar el problema del embarazo no intencional en la adolescencia en Argentina desde una perspectiva integral, uno de los problemas clave para el desarrollo e inclusión social de las y los adolescentes. La misma lleva cinco años de implementación, dos gestiones de gobierno nacional y ha producido resultados claros.

Se trata de una política intersectorial, interjurisdiccional y clasificada como un plan de referencia para América Latina por su diseño e impacto comprobado sobre la reducción de la tasa de fecundidad adolescente, la cual ha llegado a reducirse hasta un 49% en solo tres años.

En el final, se resolvió trabajar en forma conjunta entre los legisladores y los representantes de la sociedad civil, comenzando por solicitar un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el estado de situación del plan y elaborar un proyecto de ley que dé continuidad a esta política pública que tantos resultados positivos obtuvo.

A diferencia de otros períodos legislativos, esta vez la conformación de las comisiones de la Cámara de Diputados tuvo un trámite mucho más ágil. Todas tienen confirmadas a sus autoridades, a excepción de Juicio Político, donde se ha planteado una controversia, pues ante el primer llamado a constituirla, la mayoría de sus miembros nominó los principales cargos, pero nada menos que el presidente del Cuerpo, Martín Menem, considera inválidas esas designaciones. El tema deberá resolverse en las próximas semanas, pero a priori la presidencia está reservada para La Libertad Avanza.

A pesar de no haber avanzado con la ley Bases en el período de sesiones extraordinarias, el tratamiento requirió la conformación de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto y Hacienda. Todas son presididas por diputados oficialistas.

También, antes del 29 de febrero, se designó a los integrantes y autoridades de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto para avanzar con una serie de acuerdos internacionales. El resto se fue constituyendo en los meses de marzo, y finalmente en abril para culminar la labor.

Así las cosas, La Libertad Avanza quedó a cargo de 9 comisiones -las más importantes-; Unión por la Patria tiene 19; el Pro preside 8; los radicales se quedaron con 6; y Hacemos Coalición Federal obtuvo 4. Más o menos se respetó el sistema D’Hont acordado a fines del año pasado.

Previsiblemente, La Libertad Avanza se quedó con las principales presidencias y cedió otras importantes a los bloques del Pro, la UCR y HCF. En el comienzo del año, UP cuestionó las designaciones de los liberales en las comisiones que trataron en reunión plenaria la ley ómnibus, pero el reclamo no prosperó.

Solo resta designar al reemplazante del cordobés Gabriel Bornoroni en la Comisión de Legislación General y el cambio en las autoridades de la Comisión de Juicio Político, la cual seguirá siendo de La Libertad Avanza.

 

1) ASUNTOS CONSTITUCIONALES

Presidencia: Nicolás Mayoraz (LLA – Santa Fe)

Vicepresidencia 1°: María Eugenia Vidal (Pro – CABA)

Vicepresidencia 2°: designación pendiente (UP)

Secretaría: Karina Banfi (UCR – Buenos Aires)

Secretaría: designación pendiente (UP)

Secretaría: Silvia Lospennato (Pro-Buenos Aires)

Secretaría 4º: Juan Manuel López (HCF – Buenos Aires)

 

 

2) LEGISLACIÓN GENERAL

Presidencia: Gabriel Bornoroni (LLA – Córdoba) -será reemplazado-

Vicepresidencia 1°: Carla Carrizo (UCR – CABA)

Vicepresidencia 2°: designación pendiente (UP)

Secretaría: Florencia De Sensi (Pro-Buenos Aires)

Secretaría: designación pendiente (UP)

Secretaría: Lorena Villaverde (LLA – Río Negro)

Secretaría: Agustín Domingo (Innovación Federal – Río Negro)

 

3) RELACIONES EXTERIORES

Presidencia: Fernando Iglesias (Pro – CABA)

Vicepresidencia 1º: Santiago Cafiero (UP – Buenos Aires)

Vicepresidencia 2°: Juliana Santillán (LLA – Buenos Aires)

Secretaría: Margarita Stolbizer (HCF – Buenos Aires)

Secretaría: Nadia Márquez (LLA – Neuquén)

 

 

4) PRESUPUESTO Y HACIENDA

Presidencia: José Luis Espert (LLA – Buenos Aires)

Vicepresidencia 1º: designación pendiente (UP)

Vicepresidencia 2°: Germana Figueroa Casas (Pro – Santa Fe)

Secretaría: Alberto Benegas Lynch (LLA – Buenos Aires)

Secretaría: Lisandro Nieri (UCR – Mendoza)

Secretaría: Ignacio García Aresca (HCF – Córdoba)

Secretaría: Pamela Calletti (Innovación Federal)

5) EDUCACIÓN

Presidencia: Alejandro Finocchiaro (Pro – Buenos Aires)

Vicepresidencia 1º: Blanca Osuna (UP – Entre Ríos)

Vicepresidencia 2°: Danya Tavela (UCR – Buenos Aires)

Secretaría: María Celeste Ponce (LLA – Córdoba)

Secretaría: designación pendiente (UP)

Secretaría: designación pendiente (Innovación Federal)

Secretaría: designación pendiente (Pro)

 

 

6) CULTURA

Presidencia: Silvina Ginocchio (UP – Catamarca)

Vicepresidencia 1º: Hernán Lombardi (Pro – Buenos Aires)

Vicepresidencia 2°: María Fernanda Araujo (LLA – CABA)

Secretaría: Lorena Pokoik (UP)

Secretaría: María Cecilia Ibáñez (LLA – Córdoba)

Secretaría: Hilda Aguirre (UP)

 

7) JUSTICIA

Presidencia: Manuel Quintar (LLA – Jujuy)

Vicepresidencia 1º: Pamela Calletti (Innovación Federal – Salta)

Vicepresidencia 2°: Patricia Vásquez (Pro – CABA)

Secretaría: designación pendiente (UP)

Secretaría: designación pendiente (UCR)

Secretaría: designación pendiente (UCR)

 

8) PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL

Presidencia: Gabriela Brouwer de Koning (UCR – Córdoba)

Vicepresidencia 1º: Ricardo Herrera (UP – La Rioja)

Vicepresidencia 2°: Alejandra Torres (HCF – Córdoba)

Secretaría: Sergio Capozzi (Pro – Río Negro)

Secretaría: Carlos García (LLA – Chaco)

Secretaría: Nicolás Del Caño (FIT – Buenos Aires)

 

 

9) ACCIÓN SOCIAL Y SALUD PÚBLICA

Presidencia: Pablo Yedlin (UP – Tucumán)

Vicepresidencia 1º: designación pendiente (LLA)

Vicepresidencia 2º: designación pendiente (UP)

Secretaría: Mónica Fein (HCF – Santa Fe)

Secretaría: Carla Carrizo (UCR – CABA)

Secretaría: designación pendiente (UP)

 

10) FAMILIAS, NIÑEZ Y JUVENTUDES

Presidencia: Roxana Reyes (UCR – Santa Cruz)

Vicepresidencia 1º: designación pendiente

Vicepresidencia 2°: Marcela Campagnoli (HCF – Buenos Aires)

Secretaría: Gabriela Besana (Pro – Buenos Aires)

Secretaría: Nadia Márquez (LLA – Neuquén)

Secretaría: designación pendiente

11) DE LAS PERSONAS MAYORES

Presidencia: Gisela Marziotta (UP – CABA)

Vicepresidencia 1º: Marcela Passo (UP – Buenos Aires)

Vicepresidencia 2°: Florencia Klipauka Lewtak (LLA – Misiones)

Secretaría: designación pendiente (UP)

Secretaría: designación pendiente (UCR)

Secretaría: Gabriela Besana (Pro – Buenos Aires)

 

12) LEGISLACIÓN PENAL

Presidencia: Laura Rodríguez Machado (Pro – Córdoba)

Vicepresidencia 1º: Mariano Campero (UCR – Córdoba)

Vicepresidencia 2°: Martín Soria (UP – Río Negro

Secretaría: designación pendiente (LLA)

Secretaría: designación pendiente (UP)

Secretaría: Carolina Píparo (Buenos Aires Libre)

 

13) LEGISLACIÓN DEL TRABAJO

Presidencia: Martín Tetaz (UCR – CABA)

Vicepresidencia 1º: Sergio Palazzo (UP – Buenos Aires)

Vicepresidencia 2°: Sergio Capozzi (Pro – Río Negro)

Secretaría: José Gómez (UP – Santiago del Estero)

Secretaría: designación pendiente (Pro)

Secretaría: designación pendiente (LLA)

 

 

14) DEFENSA NACIONAL

Presidencia: Ricardo López Murphy (HCF – CABA)

Vicepresidencia 1º: Julio Cobos (UCR – Mendoza)

Vicepresidencia 2°: Agustina Propato (UP – Buenos Aires)

Secretaría: Alejandro Bongiovanni (Pro – Santa Fe)

Secretaría: Guillermo Montenegro (LLA – Buenos Aires)

Secretaría: Mariano Campero (UCR – Tucumán)

 

15) OBRAS PÚBLICAS

Presidencia: José Herrera (UP – Santiago del Estero)

Vicepresidencia 1º: Francisco Morchio (HCF)

Vicepresidencia 2°: María Luisa Chomiak (UP)

Secretaría: Gerardo Cipolini (UCR – Chaco)

Secretaría: Lisandro Almirón (LLA – Corrientes)

Secretaría: designación pendiente

 

16) AGRICULTURA Y GANADERÍA

Presidencia: Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos)

Vicepresidencia 1º: Beltrán Benedit (LLA – Entre Ríos)

Vicepresidencia 2°: Sofía Brambilla (Pro – Corrientes)

Secretaría: Luis Basterra (UP – Formosa)

Secretaría: designación pendiente (UP)

Secretaría: Carlos Gutiérrez (HCF – Córdoba)

Secretaría: Martín Ardohain (Pro – La Pampa)

 

17) FINANZAS

Presidencia: Alberto Benegas Lynch (LLA – Buenos Aires)

Vicepresidencia 1º: Itai Hagman (UP – CABA)

Vicepresidencia 2°: Victoria Borrego (HCF – Buenos Aires)

Secretaría: Daiana Fernández Molero (Pro – CABA)

Secretaría: designación pendiente (UCR)

Secretaría: designación pendiente (UP)

 

 

18) COMUNICACIONES E INFORMÁTICA

Presidencia: Pablo Carro (UP – Córdoba)

Vicepresidencia 1º: Karina Banfi (UCR – Buenos Aires)

Vicepresidencia 2º: designación pendiente

Secretaría: Silvana Giudici (Pro – CABA)

Secretaría: designación pendiente

Secretaría: Oscar Agost Carreño (HCF – Córdoba)

 

19) ECONOMÍAS Y DESARROLLO REGIONAL

Presidencia: Ramiro Fernández Patri (UP – Formosa)

Vicepresidencia 1º: Carlos Zapata (LLA – Salta)

Vicepresidencia 2º: designación pendiente

Secretaría: Martín Ardohain (Pro – La Pampa)

Secretaría: Victoria Borrego (HCF – Buenos Aires)

Secretaría: Roberto Sánchez (UCR – Tucumán)

 

20) ASUNTOS MUNICIPALES

Presidencia: Juan Brügge (HCF – Córdoba)

Vicepresidencia 1º: Designación pendiente

Vicepresidencia 2º: Adolfo Bermejo (UP – Mendoza)

 

21) INTERESES MARÍTIMOS, FLUVIALES, PESQUEROS Y PORTUARIOS

Presidencia: Héctor “Tito” Stefani (Pro – Tierra del Fuego)

Vicepresidencia 1º: César Treffinger (LLA – Chubut)

Vicepresidencia 2°: Gustavo González (UP – Santa Cruz)

 

22) VIVIENDA Y ORDENAMIENTO URBANO

Presidencia: Leandro Santoro (UP – CABA)

Vicepresidencia 1º: designación pendiente

Vicepresidencia 2°: Gerardo Huesen (LLA – Tucumán)

Secretaría: Emmanuel Bianchetti (Pro – Misiones)

Secretaría: Fabio Quetglas (UCR – Buenos Aires)

Secretaría: designación pendiente (UP)

 

23) ECONOMÍA

Presidencia: Ariel Rauschenberger (UP – La Pampa)

Vicepresidencia 1º: designación pendiente (UP)

Vicepresidencia 2°: designación pendiente (Innovación Federal)

Secretaría 1º: designación pendiente (UP)

Secretaría 2º: Julio Moreno Ovalle (LLA – Salta)

Secretaría 3º: designación pendiente (UCR)

 

24) PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y CONTROL DEL NARCOTRÁFICO

Presidencia: Mónica Frade (HCF – Buenos Aires)

Vicepresidencia 1º: Gabriel Chumpitaz (Pro – Santa Fe)

Vicepresidencia 2º: designación pendiente (UP)

Secretaría: Emilia Orozco (LLA – Salta)

Secretaría: Marcela Antola (UCR – Entre Ríos)

Secretaría: designación pendiente (UP)

 

25) ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES

Presidencia: Juan Manuel Pedrini (UP – Chaco)

Vicepresidencia 1º: Guillermo Snopek (UP – Jujuy)

Vicepresidencia 2º: designación pendiente (LLA)

Secretaría 1º: designación pendiente (UP)

Secretaría 2º: designación pendiente (UP)

Secretaría 3º: Luciano Laspina (Pro – Santa Fe)

 

26) POBLACION Y DESARROLLO HUMANO

Presidencia: designación pendiente (UCR)

Vicepresidencia 1º: Varinia Lis Marín (UP – La Pampa)

Vicepresidencia 2°: Alejandro Vilca (FIT – Jujuy)

 

27) DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS

Presidencia: Sabrina Ajmechet (Pro – CABA)

Vicepresidencia 1º: Hugo Yasky (UP – Buenos Aires)

Vicepresidencia 2º: designación pendiente (UCR)

Secretaría: María Celeste Ponce (LLA – Córdoba)

Secretaría: designación pendiente (UP)

Secretaría: Alejandro Vilca (FIT – Jujuy)

 

28) DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Presidencia: Mónica Fein (HCF – Santa Fe)

Vicepresidencia 1º: designación pendiente (UP)

Vicepresidencia 2º: designación pendiente (LLA)

Secretaria: Belén Avico (Pro – Córdoba)

 

29) DEFENSA DEL CONSUMIDOR, DEL USUARIO Y DE LA COMPETENCIA

Presidencia: Carolina Yutrovic (UP – Tierra del Fuego)

Vicepresidencia 1º: Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal)

Vicepresidencia 2°: María Eugenia Alianiello (UP – Chubut)

Secretaría: designación pendiente

 

30) SEGURIDAD INTERIOR

Presidencia: Alejandro Bongiovanni (Pro – Santa Fe)

Vicepresidencia 1º: designación pendiente

Vicepresidencia 2º: designación pendiente

Secretario: Álvaro Martínez (LLA – Mendoza)

 

31) DISCAPACIDAD

Presidencia: Daniel Arroyo (UP – Buenos Aires)

Vicepresidencia 1º: Nicolás Del Caño (FIT – Buenos Aires)

Vicepresidencia 2°: Eduardo Valdés (UP – CABA)

Secretaría: Karina Bachey (Pro – San Luis)

Secretaría: designación pendiente (UP)

Secretaría: Natalia de la Sota (HCF – Córdoba)

 

32) MUJERES Y DIVERSIDAD

Presidencia: Mónica Macha (UP – Buenos Aires)

Vicepresidencia 1º: Esteban Paulón (HCF – Santa Fe)

Vicepresidencia 2°: María Sotolano (Pro – Buenos Aires)

 

33) ASUNTOS COOPERATIVOS, MUTUALES Y DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES

Presidencia: Eduardo Toniolli (UP – Santa Fe)

Vicepresidencia 1°: Juan Marino (UP – Buenos Aires)

Vicepresidencia 2°: designación pendiente (LLA)

Secretaría: Melina Giorgi (UCR – Santa Fe)

Secretaría: designación pendiente (HCF)

Secretaría: Julio Pereyra (UP – Buenos Aires)

 

34) ENERGÍA Y COMBUSTIBLES

Presidencia: Lorena Villaverde (LLA – Río Negro)

Vicepresidencia 1°: Martín Maquieyra (Pro – La Pampa)

Vicepresidencia 2°: Pablo Cervi (UCR – Neuquén)

Secretaría: Pablo Todero (UP – Neuquén)

Secretaría: Jorge Araujo Hernández (UP – Tierra del Fuego)

Secretaría: Ana Clara Romero (Pro – Chubut)

35) COMERCIO

Presidencia: Tomás Ledesma (UP – Entre Ríos)

Vicepresidencia 1°: designación pendiente (LLA)

Vicepresidencia 2°: Ana Fabiola Aubone (UP – San Juan)

Secretaría: Verónica Razzini (Pro – Santa Fe)

Secretaría: Mariela Coletta (UCR – CABA)

Secretaría: Celia Campitelli (UP – Santiago del Estero)

 

 

36) RECURSOS NATURALES Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE HUMANO

Presidencia: Carlos D’Alessandro (LLA – San Luis)

Vicepresidencia 1°: Gabriela Estévez (UP – Córdoba)

Vicepresidencia 2°: Margarita Stolbizer (HCF – Buenos Aires)

Secretaría: designación pendiente (UCR)

Secretaría: Natalia Zaracho (UP – Buenos Aires)

Secretaría: Maximiliano Ferraro (HCF – Buenos Aires)

37) DEPORTES

Presidencia: Magalí Mastaler (UP – Santa Fe)

Vicepresidencia 1º: Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires)

Vicepresidencia 2º: Micaela Moran (UP – Buenos Aires)

Secretaría: designación pendiente (LLA)

Secretaría: José Luis Garrido (Por Santa Cruz)

Secretaría: Francisco Morchio (HCF – Entre Ríos)

 

38) LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Presidencia: designación pendiente (LLA)

Vicepresidencia 1º: Christian Castillo (FIT – Buenos Aires)

Vicepresidencia 2º: Carolina Gaillard (UP – Entre Ríos)

Secretaría: Germán Martínez (UP – Santa Fe)

Secretaría: designación pendiente (UCR)

Secretaría: María Graciela Parola (UP – Formosa)

 

39) CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA

Presidencia: Daniel Gollán (UP – Buenos Aires)

Vicepresidencia 1º: Martín Yeza (Pro – Buenos Aires)

Vicepresidencia 2º: designación pendiente (UCR)

Secretaría: designación pendiente (LLA)

Secretaría: Andrea Freites (UP – Tierra del Fuego)

Secretaría: Damián Arabia (Pro – CABA)

Secretaría: Brenda Vargas Matyi (UP – Buenos Aires)

40) TURISMO

Presidencia: Gabriela Pedrali (UP – La Rioja)

Vicepresidencia 1º: Marilú Quiróz (Pro – Chaco)

Vicepresidencia 2º: Marcela Antola (UCR – Entre Ríos)

Secretaría: Ana María Ianni (UP – Santa Cruz)

Secretaría: designación pendiente (LLA)

Secretaría: Emmanuel Bianchetti (Pro – Misiones)

 

41) TRANSPORTES

Presidencia: Pamela Verasay (UCR – Mendoza)

Vicepresidencia 1º: Aníbal Tortoriello (Pro –

Vicepresidencia 2º: Diego Giuliano (UP – Santa Fe)

Secretaría: designación pendiente (LLA)

Secretaría: Jorge Chica Muñoz (UP – San Juan)

Secretaría: Carlos Cisneros (UP – Tucumán)

 

42) MINERÍA

Presidencia: Walberto Allende (UP – San Juan)

Vicepresidencia 1º: Pablo Outes (Innovación Federal – Salta)

Vicepresidencia 2º: María Florencia De Sensi (Pro – Buenos Aires)

Secretaría: José Peluc (LLA – San Juan)

Secretaría: Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo – San Juan)

Secretaría: Leila Chaer (UP – Jujuy)

43) MERCOSUR

Presidencia: Roberto Mirabella (UP – Santa Fe)

Vicepresidencia 1º: Romina Diez (LLA – Santa Fe)

Vicepresidencia 2º: Jorge Romero (UP – Corrientes)

Secretaría: Gerardo Milman (Pro – Buenos Aires)

Secretaría: Tanya Bertoldi (UP – Neuquén)

Secretaría: Christian Zulli (UP – Corrientes)

 

44) INDUSTRIA

Presidencia: Ana Clara Romero (Pro – Chubut)

Vicepresidencia 1º: Gustavo Bordet (UP – Entre Ríos)

Vicepresidencia 2º: Natalia Zavala Chacur (UP – San Luis)

Secretaría: designación pendiente (LLA)

Secretaría: Roxana Monzón (UP – Buenos Aires)

Secretaría: Mario Manrique (UP – Buenos Aires)

 

 

45) PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO

Presidencia: Silvia Lospennato (Pro – Buenos Aires)

Vicepresidencia 1º: Paula Penacca (UP – CABA)

Vicepresidencia 2º: designación pendiente (LLA)

Secretaría: Francisco Monti (UCR – Catamarca)

Secretaría: Germán Martínez (UP – Santa Fe)

Secretaría: María Graciela Parola (UP – Formosa)

 

 

46) JUICIO POLÍTICO*

Presidencia: Marcela Pagano (LLA)

Vicepresidencia 1º: Paula Olivetto (HCF – CABA)

Vicepresidencia 2º: Leopoldo Moreau (UP – Buenos Aires)

* Para el presidente de la Cámara de Diputados, esas designaciones no son válidas, pues la reunión en la que se concretaron había sido suspendida.

 

En medio de la delicada situación económica que atraviesa el país, el legislador de Unión por la Patria (UP) Matías Lammens impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para crear el programa “Hay equipo”, con el objeto de garantizar el acceso a la práctica deportiva a niños y adolescentes de entre 5 y 17 años pertenecientes a hogares en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica.

El programa busca acercar al deporte a chicos pertenecientes a hogares en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y garantizar a los clubes inscriptos el costo de la actividad deportiva por cada niño/a o adolescente que concurran a la institución.

“Los clubes inscriptos en el Programa recibirán por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires un abono mensual por cada niño o adolescente perteneciente a un hogar socioeconómicamente vulnerable que efectivamente participe de una actividad deportiva en la institución, de acuerdo con el tipo de actividad deportiva en que esté inscripto”, sostiene el documento.

Serán titulares de la prestación “la madre, padre o jefe/a del hogar al que pertenecen los niños y adolescentes que acceden a la práctica deportiva en un club de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto titular de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y/o del programa Ciudadanía Porteña”.

“En caso de ausencia permanente o incapacidad legal de la madre, el padre o jefe de hogar, el titular del beneficio es el padre a cargo del hogar o el jefe del hogar al que pertenecen los niños y adolescentes que acceden a la práctica deportiva en un club de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que demostrare fehacientemente esta condición”, agrega el texto.

En cuanto al abono que percibirán, la iniciativa plantea que “la autoridad de aplicación determinará el abono mensual que corresponderá abonar a las instituciones inscriptas en el programa, de acuerdo a la frecuencia y al tipo de práctica deportiva que se desarrolle en la institución. El abono mensual a determinar por la autoridad de aplicación no podrá ser inferior a 12 unidades fijas”.

En los fundamentos de la iniciativa, Lammens expresó: “creemos no equivocarnos si afirmamos que todos los sectores de nuestra sociedad comparten la creencia en la enorme importancia que la participación en prácticas deportivas tiene para el desarrollo personal y colectivo. Es ampliamente compartida también la creencia en la centralidad y trascendencia de los clubes -en particular los de barrio- para el acceso masivo a ese tipo de prácticas en nuestro país” y destacó que “sin embargo, ambas cosas, la posibilidad de practicar deportes, en particular en la infancia y la adolescencia, y la existencia misma de esa fantástica institución social, de carácter asociativo y sin fines de lucro, están en peligro”.

“Según el Relevamiento Nacional de Clubes y Entidades Deportivas (RENACED) publicado en 2023, la cuota social y deportiva que usualmente abonan las familias constituye el principal ingreso de los clubes, con el que se hace frente a los múltiples (y crecientes) gastos que demanda el normal funcionamiento de las instituciones y sus actividades: desde una infraestructura adecuada hasta los materiales deportivos, desde los servicios de luz, agua y gas hasta los salarios de profesores y profesoras, las cargas federativas y los arbitrajes, los gastos de transporte, etc”, remarcó.

Al mismo tiempo que señaló que “en un contexto de crisis económica, de aumento generalizado de precios y enorme deterioro de los salarios y los ingresos familiares, el pago de la cuota de un club se convierte en un lujo que muchas familias no se pueden permitir. Se priorizará, como es lógico, los gastos en alimentación, educación y atención de la salud frente a los que demanda la práctica deportiva, que sin embargo resulta absolutamente esencial en lo físico y emocional para miles y miles de chicos y chicas que depositan en ella lo mejor de sí”.

Por lo que concluyó señalando que “un programa de esta naturaleza se implementó -aunque fuera discontinuado cuando es más necesario- con éxito a nivel nacional. No tenemos dudas que a nivel local se puede llevar adelante con eficiencia y celeridad, dando respuesta a las necesidades de nuestra ciudadanía y nuestras instituciones, marcando el rumbo a otras jurisdicciones en lo que hace a la política deportiva que la hora demanda”.

Luego de que se produjera la tercera fuga de presos en menos de un mes, la legisladora de Unión por la Patria (UP) y vocal de la Comisión de Seguridad, Claudia Neira, se refirió al escape de cuatro nuevos presos en la zona de Caballito y les exigió a las autoridades que convoquen al Consejo de Seguridad de la Ciudad.

A través de sus redes sociales, la peronista lanzó: “¡otra vez! Anoche otros cuatro detenidos se fugaron de una Comisaría en Caballito. La Policía recapturó a dos, otros dos siguen libres. La semana pasada hubo fugas en San Telmo y en Balvanera. En pocos días son diez prófugos que andan por la calle”.

“¿Van a convocar al Consejo de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff y Diego Kravetz? Hay que buscar soluciones urgentes”, sentenció.

Cabe recordar que días atrás, cuando se produjo la fuga en Balvanera, la legisladora había realizado el mismo pedido. “Le pedimos a Diego Kravetz que convoque al Consejo de Seguridad de la Ciudad para discutir el tema institucionalmente y trabajar en soluciones. Este órgano no se conforma hace años,  lo venimos pidiendo y es el ámbito constitucional para tratar estos temas”, concluyó en aquel momento.

A raíz de los incidentes en las inmediaciones del Congreso Nacional el pasado 4 de abril, los legisladores de Unión por la Patria (UP) impulsaron una iniciativa para que el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, sea interpelado en la Legislatura porteña debido a las agresiones que recibieron los diputados nacionales Juan Marino y Lorena Pokoik (UP) por parte de agentes de la Policía de la Ciudad.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores recordaron que “el 4 de abril se desarrollaban en simultáneo, en la intersección de las avenidas Entre Ríos y Rivadavia, frente al Congreso Nacional, un acto de la Multisectorial por la Seguridad Social y un reclamo de sindicatos docentes” y precisaron que “pese a que el desarrollo de la jornada transcurría de modo pacífico, la Policía de la Ciudad decidió avanzar sin previo aviso sobre la manifestación de docentes”.

“Al momento del avance policial se encontraban presentes los diputados nacionales Juan Marino y Lorena Pokoik, que rápidamente se acercaron al cordón policial con sus credenciales de diputados nacionales en alto, para dialogar con algún responsable del operativo y así poder solucionar el conflicto. Frente a eso y sin mediar palabra, un efectivo de la Policía de la Ciudad, que no portaba identificación en su uniforme, les arrojó gas directamente a la cara”, aseveraron.

Sobre esa misma línea precisaron que “a esta grave falta debe sumarse el feroz ataque contra dos diputados nacionales, que reviste un acto de suma gravedad institucional, violatorio de la Constitución Nacional, que en su capítulo tercero establece criterios claros sobre la limitación del ejercicio de la fuerza pública sobre los representantes directos del pueblo elegidos democráticamente”.

Asimismo, consideraron que “resulta inadmisible la naturalización del ejercicio de la violencia por parte de agentes policiales, cuya misión fundamental es garantizar la convivencia ciudadana y el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. Más aun cuando esa violencia es ejercida contra funcionarios de uno de los tres poderes del Estado, reconocido como fundamental por el sistema democrático argentino. A esta altura, no sólo representa una agresión a la persona y a la investidura de los legisladores, sino un riesgo real y latente de fractura del sistema democrático”.

“La conducción de las fuerzas de seguridad es el mayor deber político del ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Waldo Wolff. Es por ello que resulta menester que, en un acto de respeto por la institucionalidad, la división de poderes y de reafirmación del sistema democrático, se presente frente a este cuerpo legislativo a fin de dar cuenta sobre lo ocurrido el pasado 4 de abril”, sentenciaron.

La Comisión de Economías Regionales de Diputados se reunió este jueves por la tarde para llevar a cabo su constitución y ratificó al frente de la misma al formoseño Ramiro Fernández Patri (Unión por la Patria). Se fijó los días jueves a las 10 para la actividad legislativa.

El formoseño fue propuesto por su par Bernardo Herrera (Santiago del Estero) en nombre del bloque, y lo describió como: “Licenciado en administración, con conocimientos y máster en Ciencias del Estado y posgrado de desarrollo local”. También recordó que “tiene una vasta experiencia porque ocupó numerosos cargos en su provincia de Formosa como ministro, subsecretario y en este Congreso en donde cursa su segundo mandato. Además, ya fue presidente desde el 2021 al 2023 en esta comisión. Es la persona indicada”.

Para el cargo de vicepresidente fue propuesto el libertario salteño Carlos Zapata que es “contador nacional, asociado a la industria tabacalera, fue docente universitario, concejal, diputado provincial y desde el 2021 diputado nacional”, lo calificó su compañera de bloque la cordobesa Cecilia Ibáñez y agregó: “Él está con todos nuestros intereses y proyectos sobre el sector productivo”.

Unión por la Patria reservó el nombre de la vicepresidencia segunda. En tanto, para el puesto de secretario fue propuesto el pampeano Martín Ardohain (Pro) que es el licenciado en administración y productor agropecuario. Para ocupar el lugar de secretario segundo, fue el diputado Maximiliano Ferraro el encargado de sugerir a Victoria Borrego (HCF) que “se desempeñó en varias funciones a nivel municipal en el partido de 25 de Mayo y ejerció el cargo de secretaria de Gobierno, de Hacienda y secretaria general de Economía y fue intendenta y abogada”.

Por último, el catamarqueño Francisco Monti postuló como secretario tercero en nombre de la UCR al tucumano Roberto Sánchez es “ingeniero agrónomo de su provincia, presidió la Asociación de Productores de Papa Pucara, fue legislador provincial donde impulsó varias iniciativas vinculadas al sector agroindustrial, fue dos veces intendente”.

Tras ser ungido presidente, el formoseño Fernández Patri expresó: “Es una comisión que tiene un traspasamiento en el territorio de todas las provincias desde donde hemos venido trabajado muy bien y así seguirá siendo”.

Al pedir la palabra, Zapata agradeció su designación por la “confianza” y expresó: “El desafío que se presenta y la forma de aportar a la Gobernabilidad y al destino de los argentinos está orientado a la eliminación de asimetrías y a todas aquellas trabas que impiden y obstaculizan a los productores que aportan con su esfuerzo al crecimiento del país en la generación de empleo, de divisas y de productos brutos”.

Ardohain hizo suyas las palabras del salteño y agregó: “Representamos a las economías, venimos de esas regiones, las conocemos bien y sabemos de nuestras obligaciones financieras, sanitarias y económicas y nuestros pocos derechos. Tenemos mucho por trabajar. Hay vientos de cambios en el país y esta comisión la puede representar a lo largo y ancho del país”.

A continuación, pidió la palabra la diputada Sabrina Selva (UP) quien ponderó el rol de la comisión para “marcar una agenda que es de fundamental valor para el desarrollo productivo de la Argentina. La incidencia de nuestras economías regionales tiene un valor fundamental”.

“Estamos lejos de un equilibrio y de fortalecimiento que necesitan las economías porque tenemos un Gobierno nacional que está tomando medidas que las perjudican como por ejemplo la apertura de la importación de alimentos y están alarmando de la situación porque perjudican la producción y el consumo. Espero que desde esta comisión salgan medidas que ayuden a fortalecer y a cuidar a las economías regionales, lejos de lo que el Gobierno hace hoy”, remató.

El radical Sánchez remarcó que “de norte a sur en todo el país hay economías regionales que son muy importantes para cada uno de esos sectores”, y enumeró las actividades regionales que hay en Argentina y señaló que “cuando a esas producciones les va bien, le va bien a cada pueblo que vive de la economía esa actividad que hoy no la están pasando muy bien”.

Al cierre, Fernández Patri recordó que “se venía haciendo un muy buen trabajo en los últimos dos años. Es una mesa federal y estamos representadas gran parte del país”. Así, explicó que no hay una definición concreta sobre qué es economías regionales, pero remarcó que “hay varios proyectos que están intentando darle una definición y, el que venimos trabajando y tiene mayor consenso, lo define como actividades que tiene un sector agroindustrial primario y sus industrias derivadas, pero tienen una localización específica dentro de una región o provincia, de mano de obra intensiva y predominancia de pequeños y medianos productores”.

El presidente de la comisión informó que hay 31 proyectos de ley con estado parlamentario que “tenemos para trabajar más lo que pueden ir sumando. Tenemos un gran desafío porque genera muchos dólares y es un tema que nuestra macroeconomía necesita. Hoy generan más de 1 millón de puestos de trabajo directo y está en una situación difícil con insumos o costos elevados de transporte y ventas que disminuyen. Hay que encontrar medidas para que todo esto no sea en detrimento de empleo en cada una de las regiones”, cerró.

En el marco de un emotivo acto que se desarrolló en el Salón Dorado, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró como “personalidad destacada en el ámbito del deporte” al histórico defensor de Boca Juniors Enrique Hrabina, gracias a una iniciativa impulsada por la legisladora de Unión por la Patria (UP) Maia Daer.

En el acto, además del homenajeado, estuvo presente el legislador Juan Pablo Modarelli, Claudio Ferreño (UP); el secretario parlamentario Horacio Rivero; y la directiva de la Fundación Boca Juniors, Marta Helguero.

La primera en tomar la palabra fue Daer, quien afirmó: “en representación del mandato otorgado, toda la sociedad lo reconoce por su labor, su desempeño y su historia en Boca Juniors”. Por su parte, Modarelli resaltó la importancia de Hrabina en la historia de Boca Juniors.

Por su parte, Hrabina se mostró sumamente emocionado por la distinción. “Es una emoción impresionante porque uno nunca se espera este tipo de homenajes o de reconocimientos, uno hace lo que siente y lo que puede”, indicó y concluyó aseverando que “lo más importante es lo humano y este reconocimiento es por eso que por lo deportivo”.

Cabe recordar que Hrabina debutó en el Club Atlético Atlanta como marcador de punta izquierda. En los Campeonatos Nacionales de 1º División B tuvo una destacada actuación y por este motivo, el Club Atlético San Lorenzo de Almagro decide comprarlo. Su pase fue el más costoso de la época para un defensor y jugó en ‘El Ciclón’ hasta 1985, cuando San Lorenzo le da el pase libre por una deuda económica que la institución tenía con él.

En ese entonces, el empresario deportivo, Osvaldo Rivero, lo acercó al Club Atlético Boca Juniors junto a otros jugadores. Fue así que comenzó a jugar en el club de la rivera y permanece allí hasta su retiro definitivo como jugador profesional, en 1992. En su palmarés se destacan la Supercopa Sudamericana de 1989.

Actualmente es director técnico del equipo de ex jugadores de Boca, denominados Seniors, donde juegan los ex deportistas Jorge Bermúdez, Marcelo Delgado, Sergio ‘Chicho’ Serna, Raúl Cascini, Marcelo ‘Chelo’ Delgado, Pablo Ledesma, Antonio ‘Chipi’ Barijho, Sergio Martínez, Ariel ‘Burrito’ Ortega, Daniel Díaz y Luis Villalba, entre otros.

Ante las subas mensuales que vienen realizando las prepagas, la diputada nacional Mónica Macha (Unión por la Patria) presentó un proyecto para declarar por un año la emergencia para personas usuarias de empresas de Medicina Prepaga.

El objetivo es que queden suspendidos los aumentos de las cuotas de esas prestaciones producidos a partir de diciembre de 2023 como consecuencia de la desregulación de los precios de la economía determinados por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Además, establece que los nuevos aumentos sólo podrán autorizarse mensualmente de las cuotas de los servicios “según lo que resulte del promedio entre el índice de Costos de Salud y el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE)”.

También propone que los aumentos de las cuotas desde el mes de diciembre de 2023 deben ser reajustados de conformidad con el índice mencionado previamente y descontados los montos que hayan superado el mismo a partir de la primera cuota.

En suma, exige la reincorporación “inmediata” de los usuarios desvinculados por cualquier causa a partir de enero de 2024. “Durante el plazo de emergencia no se podrá excluir a usuarios y usuarias del servicio por falta de pago de las cuotas”, indica.

Según la diputada, la iniciativa se funda, en primer lugar, en la convicción de que “la salud y la vida se encuentran por encima de todo criterio económico de mercado”, y entendiendo que -más allá de su constitución como empresas- los entes de medicina prepaga “tienen a su cargo una trascendental función social que está por encima de toda cuestión comercial”.

Asimismo, Macha detalló que los aumentos en los aranceles de los dos primeros meses de 2024 fueron “dispares. Mientras que en enero hubo incrementos cercanos al 40%, en febrero llegaron al 36% y se cobraron retroactivos”.

“Usuarias y usuarias recibieron subas en la facturación de más del 75% sobre los importes de diciembre en solo dos meses. Y con el incremento de marzo, el acumulado superará el 100%”, explicó.

El jefe de bloque Germán Martínez y los diputados nacionales de UP Jorge Romero, Ana María Ianni, Ramiro Fernández Patri, Ernesto Alí, y Martín Aveiro se reunieron con referentes del turismo social para conversar sobre el cierre de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse.

El encuentro fue para interiorizarse sobre los efectos de la decisión tomada por el Gobierno Nacional, y delinear ejes de acción para “sostener las políticas públicas que habilitan el ejercicio de este derecho de todos los argentinos”. En Chapadmalal, el predio consta de nueve hoteles y edificios complementarios, mientras que Embalse cuenta con casi 3.000 plazas distribuidas en siete hoteles y 50 casas.

En esa línea, señalaron: “La medida de cierre atenta contra los miles de argentinos y argentinas -en especial niños, jóvenes y adultos mayores de sectores vulnerables – que hacen uso de las instalaciones, siendo esta, en muchas ocasiones, la única oportunidad de vacacionar y conocer el mar y algunos de los paisajes más característicos de nuestro país”.

También, manifestaron que están en riesgo la fuente laboral de alrededor de 500 trabajadores directos y miles de empleos indirectos de las comunidades de Chapadmalal y Embalse. Desde UP acordaron avanzar en distintas herramientas legislativas que permitan preservar estos sitios y sostener el fomento del turismo social “porque no hay programa más federal, inclusivo, equitativo y dignificante”.

En tanto, los referentes de turismo social que formaron parte de la reunión fueron: Soledad Santellán, secretaria de Convenios Colectivos ATE Capital; Silvana Ávila, secretaria de Acción, Social Turismo y Cultura ATE Capital; Ernesto Belli, trabajador turismo social y secretario general ATE Turismo y Deportes; Mailén Córdoba Martínez, trabajadora de dirección nacional de planificación de Subsecretaría de Turismo y Secretaria Gremial ATE Turismo y Deportes; Ludmila Eslejer, trabajadora de Subsecretaría de Turismo; Alejandro Tsusinsky, vocal ATE Capital; David Salto, secretario general ATE seccional Río tercero, y Ricardo Nemkasky, delegado unidad turística Embalse.

Promediando la sesión especial de este jueves del Senado, el jefe del bloque de Unión por la Patria el formoseño José Mayans, cuestionó duramente al presidente de la Nación por el mega DNU 70/23 y por las “amenazas y ataques” hacia los senadores y gobernadores.

Además, al igual que el santacruceño José Carambia y el cordobés Luis Juez (Pro), Mayans se solidarizó con la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, quien recibió críticas de Javier Milei por haber habilitado la sesión que le valió el rechazo del decreto de necesidad y urgencia. También, recibió amenazas vía redes sociales por parte de trolls libertarios.

“Hay una sola forma de ser libres y es siendo esclavos de la ley. La democracia exige el verdadero Estado de derecho, el cumplimiento de la Constitución, de las leyes, el respeto a las libertades fundamentales. Esa es la Argentina que quiero. Se supone que esta era una etapa nueva, con una propuesta distinta”, inició su intervención.

Mayans coincidió con los senadores preopinantes del bloque UCR Pablo Blanco y Martín Lousteau en que se “perdió tiempo porque podríamos haber tratado 15 leyes que sustituyan los títulos y, a lo mejor, muchas ya estaban aprobadas”.

“El gobierno empezó con medidas económicas que es un tema para discutirlo en una sesión.  Un plan de gobierno parecido a lo que parece el plan del campesino porque pensó que tuvo éxito porque quería hacer trabajar a su mula sin comer y justo que se acostumbró se murió, ese es el plan que está en vigencia en Argentina”, comparó y apuntó: “Hay una brutal devaluación que aplasta el salario del sector público y privado, eso es inobjetable”.

El formoseño cuestionó: “Dos medidas tomó. Una el DNU que empezó el 20 de diciembre y la Ley ómnibus están inspiradas en Sturzenegger como un comisario sin tener ninguna función y él dijo que era el autor ideológico con Caputo, pero cuando pedimos que vengan no apareció ninguno”.

Así, le recordó a la oposición no K que cuando empezó el tratamiento en Diputados el presidente los calificó de coimeros porque “algunos manifestaron estar en desacuerdo con una ley que tiene más de 600 artículos. Es una cosa increíble. Después les dijo que eran un nido de ratas, es la primera vez que escucho a un presidente que dice eso de sus bloques de amigos. Cuando se cayó la ley hizo la lista de los traidores y después dijo textualmente que iba a hacer mierda a los gobernadores, de los traidores y de los coimeros”, y agregó: “Es terrible lo que pasó con ese nivel de insulto y de castigo a los pueblos de las provincias”.

En tanto, calificó de “vergonzoso” que Milei haya utilizado como burla el síndrome de Down hacia el gobernador chubutense Ignacio “Nacho” Torres que “reclamaba atención por parte de Nación”, y les preguntó a sus pares: “¿A ustedes les parece normal que un presidente les diga a los gobernadores que le piden una reunión que vayan a un psicólogo porque no los va a atender? ¿Se pude permitir esto? ¿con este nivel de irresponsabilidad vergonzosa?”.

Por otro lado, el jefe del bloque UP detalló que “el gasto social se redujo a un 30%, la transferencia a las provincias se redujo en un 83%, los subsidios por los servicios el 64% y en marzo va el 100%, gasto de capital e inversión pública el 83% reducido eso significa mucha gente sin trabajo y desocupación, jubilaciones, inversión pública, todo esto es devastador. Un jubilado gana 150 mil y la canasta está en 700 mil”.

Al hablar puntualmente del DNU, recordó que “empezó con una amenaza hacia nosotros por parte del Ejecutivo. Ahí empezó el tema del tratamiento con amenazas y ataques a los senadores. Desprestigió al Senado”.

Mayans hizo un párrafo aparte para expresarle su solidaridad a Villarruel porque “ayer la amenazaron de muerte porque eso que decían en redes que había que colgarla en Plaza de Mayo por habilitar la sesión. Eso no es para tomar en broma”, y volvió a preguntarle a sus pares muy enojado: “¿Todo eso les parece normal a los legisladores? ¿No les llama la atención, a la reflexión? De que esta persona tiene sus facultades mentales alteradas. Porque ahora seguro publica la lista de la votación que salió y está instigando al linchamiento. Es grave”.

“Nosotros no somos ningunos delincuentes como dijo en su discurso el presidente. Dijo que el Estado es una organización criminal. Hay gente que avala esto y aplaudían sus legisladores que él derogó leyes. No lo puede hacer porque está expresamente vedado por la Constitución Nacional y él no es la excepción y tiene que cumplir”, expresó entre gritos.

Y cerró: “El presidente tiene que respetar la Constitución, tiene que respetar la división de poderes. Nosotros no somos empleados de él, estamos electos por el pueblo“, y chicaneó: “Alguien que le avise al presidente que no puede derogar leyes. Si puede modificar o derogar entonces este Congreso hay que cerrarlo, no lo puede hacer”.

En medio de los aumentos en las tarifas de los distintos transportes públicos, los diputados de Unión por la Patria (UP) presentaron en la Legislatura de la Ciudad de Buenos un proyecto de ley que busca ampliar el boleto educativo, el cual actualmente solo alcanza a estudiantes del nivel inicial, primario y secundario.

A través de esta iniciativa, los peronistas buscarán incluir a los estudiantes de nivel superior o universitario, trabajadores docentes y no docentes de todos los niveles y modalidades; también pedirán que se aplique una tarifa reducida al 50% para los acompañantes de menores de 12 años; eliminar el tope de viajes diarios e incluir el uso de ese boleto para los días sábados.

Especto de esta iniciativa, el jefe del bloque, Juan Pablo Modarelli (UP), aseguró que “a los tarifazos y la pulverización del poder adquisitivo del Gobierno de Javier Milei y Jorge Macri, la ampliación del Boleto Educativo es una respuesta concreta para garantizar el acceso a la educación a más estudiantes, docentes, no docentes y trabajadores. Defender la educación es defender a los argentinos y argentinas”.

Por su parte, Delfina Velázquez (UP) planteó que “acceder a la educación es un derecho y un motor de crecimiento para nuestro pueblo. El Estado tiene el deber de garantizarlo”.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) cruzó al ministro de Economía, Luis Caputo, tras su disertación en AmCham Summit -foro que nuclea a las empresas de Estados Unidos en la Argentina- y acusó al gobierno de llevar al país “a un caos institucional sin precedentes”.

A través de su cuenta de “X” la exministra de Desarrollo Social apuntó: “NO SABEN LO QUE QUIEREN NI CÓMO HACERLO. Es preocupante la desorientación y la incapacidad que muestra día tras día este gobierno”.

“¿No era que el Estado tenía que retirarse para que la economía de mercado se autoregulara?”, le preguntó a Caputo y señaló que “desataron una inflación real desmedida y un deterioro brutal del ingreso, liberaron los precios y licuaron el poder adquisitivo y ahora quieren hacer uso de herramientas políticas para la fijación de precios.”

En el posteo, Tolosa Paz compartió un fragmento de la disertación de Caputo y le consultó: “¿A quién le habla? ¿A los formadores de precios? ¿Los van a convencer de bajar los precios en una conferencia empresarial?”.

“Falta que repitan lo que dijo Pugliese hace algunos años: ‘les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo’”, ironizó y cerró: “Están llevando el país a un caos institucional sin precedentes. Pretenden gobernar un país con el índice de un manual de teoría económica. MIENTEN, ESCONDEN, MALVERSAN, JUEGAN CON LA MESA DE LOS ARGENTINOS”.

La diputada nacional Eugenia Alianiello (Unión por la Patria – Chubut) junto a sus pares de bancada presentó un proyecto para declarar beneplácito por el “documento formal de apoyo abierto y comprometido al Sistema Científico Nacional de parte de 68 prestigiosos científicos del mundo galardonados con el Premio Nobel”.

La chubutense destacó que “Argentina es un país con una larga trayectoria científico-tecnológica, motor clave para el desarrollo de una nación soberana”, y apuntó: “Esto se sostuvo durante décadas, a pesar de los sectores concentrados que pretenden relegar y reducir nuestra producción de conocimiento”.

“Hoy nuestra matriz científica es amenazada de extinción por el gobierno”, alertó y sumó: “El desguace del CONICET y la pretensión de entregar ARSAT, YPF y otras, son algunas pruebas del modelo extractivista que pretenden imponer”, por lo que manifestó que “es nuestro deber defenderla y visibilizar su prestigio en el mundo”.

La diputada nacional Gisela Marziotta (UP – CABA) presentó este lunes dos proyectos de ley: Uno para modificar la fórmula de movilidad jubilatoria; y otro para la eliminación de regímenes jubilatorios especiales para funcionarios públicos.

Con relación al primer texto, la diputada de UP sostuvo que “la movilidad previsional, en tanto mecanismo que busca proteger al poder adquisitivo del haber jubilatorio contra el riesgo inflacionario, debe asegurar a sus beneficiarios, cierto nivel de ingresos que prevenga o elimine de la pobreza a la población adulta mayor”.

La iniciativa presentada pretende modificar el artículo 32 de la Ley 24.241, el cual establece que “la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) elaborará y aprobará el índice trimestral de la movilidad y realizará su posterior publicación”.

“La garantía de la movilidad de las jubilaciones y pensiones se encuentra establecida en el artículo 14 bis tercer párrafo de la Constitución Nacional se complementa con lo que disponen sobre este aspecto los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a la Constitución por medio del artículo 75, inciso 22 de la misma”, explicó Marziotta.

PL Modificación Fórmula Movilidad Jubilatoria

Luego, respecto al proyecto de eliminación de regímenes jubilatorios especiales para funcionarios públicos, manifestó que “se trata no sólo de eliminar privilegios que no corresponden, sino también de poder reorientar los recursos públicos a las verdaderas necesidades de nuestro pueblo”.

El segundo texto impulsado por Marziotta cuestionó que “en la actualidad los haberes que perciben los funcionarios superan con creces los montos máximos establecidos por el ANSES para los aportantes al Sistema Previsional Argentino establecido por la ley 24.241”.

Para cerrar, Marziotta expresó que “el fundamento principal está en la necesidad de hacer más equitativa la distribución de recursos del sistema previsional y reducir la gigantesca asimetría que beneficia a jueces y diplomáticos”.

PL Eliminación Regímenes Jubilatorios especiales para Funcionarios Públicos

En medio de un fuerte incremento en los costos de los medicamentos, el diputado nacional Pablo Yedlin (UP – Tucumán) junto a compañeros de bloque, presentó un proyecto de ley para la regulación recios de medicamentos en Argentina porque “son un bien social, y como tal, quiénes los necesitan deben poder acceder”.

La iniciativa busca regular el precio de los medicamentos al definir un tope al aumento, que no podrá superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

“El aumento de los precios de los medicamentos muy por arriba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de los salarios ha generado que muchos argentinos no tengan acceso a la medicación necesaria para sus enfermedades agudas y sus estados crónicos de salud”, fundamentó Yedlin y alertó que ello “producirá un aumento en las complicaciones de esas enfermedades sumado a la profunda caída en la venta de los medicamentos”.

Según explicó el tucumano l objetivo es que “si los sueldos aumentan por arriba de la inflación no dispare más el precio de los medicamentos y si ocurre que la inflación supera los sueldos (como lamentablemente ha pasado últimamente) los medicamentos no aumenten por arriba de estos”.

“Está ley es una medida de emergencia para las argentinas y argentinos que no pueden esperar que la macroeconomía se estabilice para acceder a la medicación y continuar sus tratamientos. La salud es un derecho no un privilegio”, planteó.

Acompañan la iniciativa los diputados Walberto Allende, Eduardo Toniolli, Jorge Antonio Romero, Victoria Tolosa Paz, Andrea Fleitas, Santiago Cafiero, Liliana Paponet, Sabrina Selva, Natalia Zaracho, Eduardo Valdés, Carolina Yutrovic, Daniel Gollan, Ariel Rauschenberger, Ana María Ianni, Martín Aveiro, Julio César Pereyra, Pablo Todero, Roxana Monzón, Martín Soria, González Gustavo, Micaela Morán, Lorena Poikok, Eugenia Alianiello, Gabriela Pedrali, Hilda Aguirre, Germán Martínez, Carlos Cisneros, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Aldo Leiva, Carlos Castagneto, Daniel Ernesto Alí, Virginia Marín y Nancy Sand.

🏛️Hoy presenté un proyecto de ley de Regulación de precios de medicamentos en Argentina junto con diputados y diputadas @Diputados_UxP.
➡️Los medicamentos son un bien social, y como tal, quiénes los necesitan deben poder acceder.
Les comparto el proyecto 👇 pic.twitter.com/bSm4Pskr3G

— Pablo Yedlin (@pyedlin) March 7, 2024

Al comienzo de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, la diputada nacional Vanesa Siley (UP – Buenos Aires) anunció que su bloque presentará en esta reunión los fundamentos de rechazo al decreto de necesidad y urgencia 70/2023 enviado por el Poder Ejecutivo en diciembre pasado.

Entre diferentes cuestiones presentadas por Siley, primero, señaló que en La Libertad Avanza “hay un mar de confusiones, falta de comunicación o falta de línea de acción, cosa que se ha visto en el tratamiento de la ley ómnibus”. Del mismo modo, mencionó que el radicalismo desde febrero insiste en tratar el DNU del presidente Javier Milei, pero “ahora piden tratar los de la gestión de Alberto Fernández”.

En esa línea, la diputada kirchnerista agregó: “El mail –de citación- llegó el día 5 de marzo a las 21.44 horas, pero no sé qué pasó entre las 13 y las 21 que llega otro correo que dice ‘aclaración que esta citación de los ministros se le cursó vía jefe de Gabinetes que es quien informará la convocatoria de citación’”.

Dirigida al titular de la comisión Juan Carlos Pagotto, aseveró: “Nosotros no invitamos, nosotros citamos. Lo dijo usted presidente porque el citado debe asistir”.

También, relató: “Aparece otra nota del 6 de marzo firmada por diputados y senadores de la oposición, tengo dudas si son oposición, para que se dé tratamiento a todos los DNU pendientes del gobierno de Alberto Fernández”, y enfatizó: “Me llama la atención de la UCR que pedía tratar el 70/2023 y ahora piden tratar los de Alberto”.

“No sé si el único bloque opositor es el nuestro o si se han puesto de acuerdo para salvarle la ropa a usted (a Pagotto) por la ausencia de funcionarios”, cuestionó la diputada de UP.

Así las cosas, señaló: “Llévenlos al recinto a los DNU de Alberto, pero el 70/2023 está causando problemas gravísimos porque no es la función constitucional que tiene esta comisión bicameral”.

Por otro lado, Siley se refirió al cierre de la agencia de noticias Télam y explicó que “muchos se consternaron, pero una característica del cierre está fundada en este DNU”. Y añadió: “Sabemos de la desregulación sobre las prepagas. Hay empresas como Swiss Medical que desde diciembre acumularon más del 250% de aumento”.

Finalmente, Vanesa Siley anunció que “por nuestra parte hemos tomado la decisión política de presentar los fundamentos del rechazo de este DNU tan dañoso para la sociedad argentina”.

Tras el pedido de sesión que realizaron diputados de Hacemos Coalición Federal, el bloque presidido por Miguel Pichetto, para tratar la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, se iniciaron los primeros contactos con parte de la oposición.

La bancada de 23 integrantes realizó la solicitud a Martín Menem sin consulta previa a otros de sus pares, incluso a la UCR. Sin embargo, de cara a alcanzar el quórum en esa reunión, el espacio de Unión por la Patria resulta clave con sus 99 integrantes.

El bloque que preside Germán Martínez todavía no tiene una postura tomada sobre si se sentarán o no en esa sesión, ni tampoco un análisis definido sobre la fórmula de movilidad que propone la Coalición Cívica. De hecho, es una cuestión incómoda para el otrora oficialismo, que impulsó el cálculo que hoy día se cuestiona desde el Gobierno y la oposición dialoguista.

Sin embargo, las incipientes conversaciones giran en torno a la posibilidad de ampliar el temario de esa sesión e incluir proyectos que el kirchnerismo también quiere discutir: Fondo Nacional de Incentivo Docente y asistencia a las provincias, principalmente en cuanto a subsidios al transporte del interior y obra pública (hay un proyecto presentado por Máximo Kirchner que reversiona lo que fue el Fondo Federal Solidario).

En cuanto al FONID, Hacemos Coalición Federal también pidió una sesión -para una semana después-, en base a un proyecto de Margarita Stolbizer. Este tema suma muchas iniciativas, que fueron presentadas desde UP, la UCR, el Frente de Izquierda e Innovación Federal.

Más allá de la propuesta de aunar proyectos, en UP buscan esperar con prudencia qué saldo dejará la reunión entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo este viernes en Casa Rosada. Se verá también si después de ese encuentro se conoce algún tipo de reacción desde La Libertad Avanza, que por ahora no se sabe qué hará de cara a esa sesión.

Lo que sí prima desde el kirchnerismo es la postura de no entrar en una “guerra” de sesiones. “Hay bloques que ven más conveniente que la Cámara funcione a que esté cerrada, como quieren La Libertad Avanza y el Pro. (Javier) Milei quiere que esto esté congelado y eso es lo que se está viendo que no va a pasar”, expresaron con cierta satisfacción desde UP.

En caso de que la primera minoría se sume a la sesión pedida por HCF, que contaría además con sus pares de Innovación Federal, el bloque de 9 que responde a un grupo de gobernadores, el quórum alcanzaría sólo con la asistencia perfecta de esas tres bancadas.

En principio, más que la expectativa por alcanzar los dos tercios, pues los proyectos no cuentan con dictamen, la mirada estaría puesta en lograr la aprobación para emplazar a las comisiones a que debatan los temas -con fecha y hora-, una práctica que se vio en el último período del gobierno anterior, con los casos por ejemplo de la Ley de Alquileres, boleta única de papel y humedales.

Esto también obligaría a la Presidencia de la Cámara baja a acelerar la conformación de algunas comisiones, para las cuales ya se les pidió a los bloques remitir el listado de los integrantes que quieren tener en cada una.

 

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria salió a repudiar los “dichos elitistas” de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, en defensa de la legisladora Natalia Zaracho.

“Condenamos a la actual canciller que reproduce incesantemente su mirada elitista, inequitativa y ordinaria, al tiempo que reivindicamos el enrome trabajo que lleva a diario Zaracho representando con su banca a los sectores más postergados de nuestra Argentina”, expresaron a través de un comunicado.

Del mismo modo, plantearon que “es un orgullo para nuestro bloque contar con una trabajadora de la economía popular oriunda de Villa Fiorito (Lomas de Zamora)”. “Ella mejor que nadie está capacitada para legislar en materia de políticas de igualdad y ampliación de derechos”, defendieron.

📄 #COMUNICADO • Diputados y diputadas de UP apoyamos a nuestra compañera Natalia Zaracho y repudiamos los dichos elitistas de la canciller Diana Mondino.

⬇️ pic.twitter.com/vn9L4pQVRa

— Diputados UP (@Diputados_UxP) March 5, 2024

A su vez, cargaron contra Mondino y señalaron que “viene llevando adelante acciones y declaraciones vergonzosas, que repudiamos enérgicamente”, y ampliaron: “Defendió la libre venta de órganos, comparó a la homosexualidad con tener piojos, aseguró que la Argentina debe compartir la soberanía británica en Malvinas y se benefició económicamente a partir del mega DNU”.

Para terminar, señalaron: “Reiteramos nuestro apoyo y respeto por su labor a Natalia Zaracho, su prédica y su tarea legislativa son dignas de imitar en todo el cuerpo de la Cámara de Diputados”.

 

El senador nacional Marcelo Lewandowski reiteró este martes un pedido de informes hacia el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, para conocer “la política de reducción, control y destrucción de armas y municiones en el territorio” anunciada en el marco del Plan Bandera.

“La violencia armada se ha instaurado como una problemática social grave que se enlaza directamente con la proliferación de armas y municiones que alimentan los circuitos ilegales”, señaló el proyecto de comunicación que presentó Lewandowski.

Además, el texto planteó que “en 8 de cada 10 homicidios cometidos en Santa Fe entre enero y octubre de 2023 se utilizaron armas de fuego” y sostuvo que “en el Departamento Rosario el cuadro es más grave aún”.

Por otro lado, la iniciativa relató que “entre enero de 2019 y junio de 2023, se registraron en todo el territorio provincial un total de 14.342 secuestros de armas de fuego, dato de las diferentes fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad”.

A su vez indicó que “en cuanto a municiones, entre octubre de 2020 y junio de 2023 se secuestraron en la provincia 85.095 elementos, lo que representa unas 23,88 municiones secuestradas por cada 1000 habitantes”.

Ante este escenario, la iniciativa de Lewandowski remarcó que “se carece de información concreta sobre los alcances y lineamientos del plan” que anunciaron el Gobierno nacional y provincial.

Por consiguiente solicitó al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Seguridad y la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), que informe en relación a las acciones desarrolladas en el ámbito territorial de la Provincia de Santa Fe la cantidad de delegaciones de ANMaC en funcionamiento; el personal de control e inspección de materiales controlados cumpliendo tareas; la entrega de materiales controlados previstas para su destrucción definitiva; los acuerdos celebrados con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe para la entrega y destrucción de materiales controlados; y las acciones llevadas adelante para cumplir con los objetivos y fines previstos por la ANMaC.

Las legisladora de Unión por la Patria (UP) Claudia Neira y Maia Daer volvieron a presentar en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una iniciativa que busca crear la Sociedad del Estado “CannaBA“ (CannaBA S.E.), a fin de poder desarrollar productos derivados de la planta de cannabis con fines científicos, medicinales, terapéuticos y/o industriales.

A través de esa misma sociedad se buscará “promover la radicación de emprendedores y empresas que generen cultivos, producciones y comercialicen este tipo de productos”, “diseñar capacitaciones para el sistema de salud público y privado en el uso de productos derivados del cannabis”, “potenciar la actividad en todo el territorio nacional, fomentar sinergias y constituir redes público-privadas para lograr un ecosistema innovador” y, por último, “promover la vinculación del sector científico, el sector productivo y la sociedad”.

El proyecto de Neira establece que la empresa contará con un directorio conformado por cinco miembros, los cuales serán designados por la Legislatura porteña. El presidente será propuesto por el Ejecutivo mientras que los vocales por la mencionada Casa.

Para financiarse, “CannaBA” dispondrá, según consigna en el texto recientemente presentado, de los fondos que anualmente se le asignen por el Presupuesto General de la Ciudad; por los subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que reciba; y la totalidad de los ingresos netos percibidos por la empresa producto de la venta de bienes y/o servicios.

El proyecto establece que la firma será radicada en la Comuna 8 y que se promoverá la participación de organizaciones sin fines de lucro con experiencia en la producción y utilización de productos derivados del cannabis.

La iniciativa ya había sido presentada en 2022, pero debido a que no fue tratada por la Legislatura, perdió estado parlamentario, por lo que las legisladoras volvieron a insistir con su tratamiento.

La diputada nacional María Eugenia Alianiello (UP – Chubut) presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder Ejecutivo una serie de informes en donde brinden detalles respecto a la situación de las obras públicas en la Argentina.

La legisladora chubutense expresó que la obra pública es “una actividad clave para el desarrollo federal y motor del empleo genuino a lo largo y ancho del país”.

También, señaló que “sólo en Chubut se calcula que la paralización de la Obra Pública implica la pérdida de cerca de 1000 puestos de trabajo directos y más de 10 mil indirectos, así como perjudica a miles de empresas y sus distintos proveedores. Otro grave avance del gobierno contra el pueblo argentino”.

En las cuestiones mencionadas, el proyecto exige detalles sobre: La nómina de las obras publicas en ejecución financiadas por el Gobierno Nacional en laks 24 jurisdicciones del país; El listado de obras paralizadas; Porcentajes de avance financiero y de avance físico; el monto de certificados de obras aprobados y sin abonar; y los plazos de finalización de obras previstos.

La iniciativa fue acompañada por 30 diputados naciones del bloque de Unión por la Patria.

En el recinto, la bancada de UP de la Cámara baja no rechazó de manera explícita el discurso presidencial. Sin embargo, al terminar emitieron un comunicado donde aseveraron que “cada vez son más los compatriotas que están siendo perjudicados por el brutal ajuste”.

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria se refirió al discurso presidencial durante la apertura del 142° período de sesiones ordinarias e ironizó con la frase del oficialismo: “el que no la ve es el presidente Milei”.

Si bien, en su gran mayoría, la bancada opositora no rechazó de forma explícita el discurso del presidente Javier Milei en el recinto –de hecho, Oscar Zago, jefe de bloque de LLA lo celebró en X-, al terminar el acto desde UP criticaron que “los agravios y las excusas no tapan la realidad”.

“Producto de la motosierra y la licuadora, que viene llevando adelante como plan económico, cada vez son más los compatriotas que están siendo perjudicados por el brutal ajuste, generando zozobra y graves complicaciones en la vida diaria”, agravaron en un comunicado.

El comunicado cuestionó “en pleno ‘prime-time’, el presidente haya decidido realizar un discurso plagado de generalidades, frases sueltas y chicanas, funcional a los títulos de los diarios, pero totalmente vacío de respuestas ante los problemas que angustian a la mayor parte del pueblo argentino”.

Directo al perfil activo del presidente, el bloque kirchnerista agregó en el comunicado: “A este país lo maneja una persona que se preocupa más por la cantidad de likes y retuit en X que por lograr acuerdos para sacar al país adelante”. “Milei sigue de campaña electoral. Una oportunidad totalmente desaprovechada”, enfatizaron.

Respecto a la labor parlamentaria, criticaron que “Milei se expresó en un Congreso al cual le mandó 14 leyes sin lograr aprobar ninguna, los hechos demuestran que todas las estrategias parlamentarias, llevadas adelante por el oficialismo, fracasaron”.

Además, se opusieron a los datos mencionados por el libertario: “El Gobierno de La Libertad Avanza y aliados incrementó la pobreza 13 puntos y la indigencia alcanzó el 15%. En ese período, el arroz subió un 100,5%, el aceite un 106,6%, y la harina un 105,9%”.

“Los salarios del sector privado registrado están en niveles inferiores a los de 2001. Tan sólo en el mes de enero la venta de alimentos, en comercios minoristas, cayó 37,1% (una caída mayor a la registrada durante la pandemia). Acindar paralizará su producción por un mes dada la caída de ventas en un 40%, algo inédito en la historia de la empresa. 50.000 despidos directos y 100.000 indirectos en la construcción”, siguieron.

Para UP, “Milei no planteó una sola iniciativa que auxilie las realidades económicas de las provincias”. “No transmitió ni un sólo plan para mejorar los salarios y el poder adquisitivo de las/los trabajadores y no expresó ningún proyecto de ley que resuelva el problema de la vivienda que padecen millones de compatriotas”, ampliaron.

Del mismo modo, continuaron que “no hubo ni una propuesta beneficiosa de futuro para las y los jóvenes. De las y los jubilados se olvidó totalmente. No manifestó ni una decisión que termine con la desesperanza reinante del argentino de a pie. Ni si quiera se preocupó por establecer lineamientos que favorezcan la educación o la salud pública”.

Así las cosas, anunciaron que “vamos a trabajar incansablemente para que se frene el estrepitoso retroceso de la calidad de vida de las/los argentinos”. “El diálogo con otros sectores políticos es un compromiso ineludible, por eso reiteramos la convocatoria a un acuerdo parlamentario para defender a las provincias y municipios, independientemente del signo político que sean, frente a un presidente que pretende fundirlas”, señalaron.

Por último, el bloque de Unión por la Patria comunicó que “no cesará en su esfuerzo para construir una Argentina con más oportunidades, más y mejor trabajo, salud, educación y mayor Justicia Social”. “Junto con los sectores organizados y las instituciones de la democracia tenemos el deber de defender los intereses soberanos de las provincias y nuestra Patria en su conjunto”, concluyeron.

Tras la exposición del jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, en el marco de la sesión inaugural, los legisladores de Unión por la Patria (UP) salieron al cruce del funcionario y advirtieron que “no dio una sola medida a favor de los trabajadores en un contexto de brutal ajuste”.

En ese sentido, el jefe de la bancada UP, Juan Pablo Modarelli, planteó: “Jorge Macri dio un discurso de una hora en la legislatura porteña pero no mencionó nada sobre la emergencia ¿Cuáles son las políticas para paliar la crisis, Jorge? No diste una sola medida a favor de los trabajadores y las trabajadoras en un contexto de brutal ajuste”.

Al mismo tiempo que Andrés La Blunda (UP) afirmó que “lo único que quedó claro es que no tienen ni voluntad ni conocimiento para gobernar la Ciudad de Buenos Aires. Cuando termine su mandato serán 20 años del Pro en CABA, el balance: educación sin presupuesto, subtes destruidos, invadidos por ratas y mosquitos, menos espacios verdes, nuestra cultura desapareciendo y regalando los inmuebles a las grandes corporaciones inmobiliarias”.

“Es así, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri son los responsables de una Ciudad que se encuentra sucia y abandonada. Las familias porteñas se merecen vivir mejor, se merecen una Ciudad más justa, más humana y más equitativa”, agregó y remarcó que “no hay que confundirse, por más que el jefe de Gobierno quiera desligarse de las gestiones anteriores, recordemos: Mauricio es Macri, Horacio es Macri y Jorge es Macri. Mismo apellido, mismo proyecto de Ciudad”.

Por su lado, Claudia Neira (UP) explicó que “abrieron las sesiones en la Legislatura y Jorge Macri, entre otras cosas, aseguró que la seguridad es una prioridad en su gestión. Si es así, ¿por qué no se aprueba la Ley de Emergencia del barrio de Constitución? En 2022 tuvieron 3283 robos y hurtos denunciados -los últimos datos disponibles-, en comparación con 2407 en 2021, y cuenta con una de las tasas más altas de estos delitos por kilómetro cuadrado”.

“Algo similar sucede en Colegiales: las tasas de robos y hurtos por kilómetros cuadrados aumentaron exponencialmente en los últimos años -de 578 en 2021 a 702 en 2022- y pasaron de un total de 1156 a 1404 en un año, cifras similares a las de todo el barrio de La Boca. Estos niveles de desidia son insostenibles. Los porteños necesitamos que Jorge Macri se ponga a trabajar realmente por la seguridad de la Ciudad”, remarcó.

En tanto, Magdalena Tiesso (UP) indicó que “la Ciudad es el distrito con más personas en situación de calle. ¿Cuáles son las políticas destinadas al sector de las que habla Macri? ¿Enseñarles a no generar desorden cuando revuelven la basura? Una persona mayor de 60 en situación de vulnerabilidad, cobra $12550 de subsidio para sostener los gastos de alquiler. Mientras que el alquiler de un dos ambientes en la Ciudad es de $300mil”.

“Los programas para paliar la crisis habitacional que existen en CABA son un chiste. El 40% de las familias porteñas no tienen vivienda propia mientras en la Ciudad hay 228mil viviendas vacías.  ¿De verdad no hay ningún anuncio de políticas habitacionales? ¿Esto es poner a los porteños en primer lugar, Jorge?”, completó.

A su vez, Delfina Velázquez (UP) destacó que “es evidente que no hay decisión de apoyar a los y las ciudadanas de la ciudad afectadas por el ajuste brutal que estamos viviendo” y consideró que “por el contrario, hay complicidad y abandono para trabajadores y trabajadoras. La descentralización también estuvo ausente en el discurso del jefe de Gobierno”.

“La tarea de las comunas debe fortalecerse, para sumar servicios y posibilidades de respuesta de cercanía a los porteños y porteñas”, sentenció.

 

Los diputados porteños de Unión por la Patria reclamaron al jefe de Gobierno Jorge Macri “implementar medidas concretas” ante el ajuste impulsado desde Nación y sus efectos ante la sociedad.

“En un contexto de políticas de ajuste y desregulación salvaje del gobierno de (Javier) Milei, creemos que la Ciudad debe implementar medidas concretas para mitigar el impacto en su población”, señalaron desde el bloque UP.

Agregaron que el jefe de Gobierno “Jorge Macri tiene los recursos y la obligación de cuidar a los porteños y porteñas en esta crisis”.

En ese marco afirmaron que el bloque que conduce Juan Pablo Modarelli están trabajando en iniciativas legislativas “para mitigar el impacto sobre porteños y porteñas”.

Tras el cierre de la segunda reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, a cargo del senador nacional Juan Carlos Pagotto (LLA – La Rioja), la diputada nacional Vanesa Siley (UP – Buenos Aires) exigió con relación  a la próxima reunión que “se clarifique la naturaleza de los invitados”.

Tomando como referencia lo acontecido durante las reuniones plenarias en la Cámara de Diputados durante el debate del proyecto de ley ómnibus, Siley señaló que en esa oportunidad “hubo invitados que dijeron no haber escrito la ley”. “Antes de votar, quiero consultar sobre el listado de invitados”, le pidió a Pagotto.

También, la diputada camporista reiteró el pedido de Oscar Parrilli sobre invitar al asesor presidencial Federico Sturzenegger, y cuestionó: “¿No se va a invitar a los que escribieron el DNU? quisiera que clarifiquen la naturaleza de los invitados”.

Finalizada la primera reunión de la comisión bicameral abocada al tratamiento del DNU 70/2023, en donde el oficialismo y Unión por la Patria tuvieron otro encuentro discrepante, se la pudo observar a la diputada Siley “muy enojada y a los gritos”, ante la situación transcurrida en el cierre.

Durante la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo el bloque de Unión por la Patria rechazó ocupar el cargo de vicepresidente y reiteraron su denuncia por la “constitución irregular” de la misma reclamando la falta de un representante en la composición e insistieron en que el decreto tiene el plazo vencido y debe tratarse por oficio en el recinto de alguna de las cámaras.

Fue la vicejefa del principal bloque opositor Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) la que afirmó que siguen con la misma postura y denunció la “no representatividad y proporcionalidad en la integración de la comisión” y apeló al artículo 99 inc. 3 de la Constitución Nacional y al reglamento de ambas cámaras. “No vamos a participar y no vamos a convalidar esta composición con la participación nuestra en la votación”, cerró.

En representación de UP la entrerriana Carolina Gaillard insistió en la presentación que hizo su bloque impugnando la comisión por la “constitución irregular” porque “no se respetó la proporcionalidad que establece la Constitución Nacional” y denunció que “se está alterando la voluntad popular de las elecciones del 22 de octubre donde nuestra fuerza política tuvo un determinado número de escaños y deberían ser considerados a la hora de integrar debidamente esta comisión”. Incluso, Gaillard remarcó que “se vulneró y violó la resolución aprobada por el pleno de la Cámara de Diputados que las comisiones debían ser integradas respetando la proporcionalidad del sistema D’ Hondt”, y reiteró que a UP le correspondían cuatro integrantes y le “están vulnerando en Diputados un miembro”, al tiempo que se quejó por la “composición tardía” de la comisión.

“Esta comisión fue constituida irregularmente y estamos impugnando la conformación porque vulneran la proporcionalidad que establece la Constitución”, apuntó.

La entrerriana también planteó que el artículo 6 de la Ley 26.122 establece que la comisión no tiene receso, es decir, “es permanente del Congreso que no puede conformarse cuando disponga la autoridad de alguna de las cámaras tiene que funcionar siempre porque es Bicameral permanente que controla una facultad que, excepcionalmente, ejerce el presidente. Es una irregularidad grave que no se haya constituido durante 74 días”.

Gaillard apeló a la norma para reclamar que el jefe de Gabinete envió al Congreso el pasado 5 de enero el DNU, pero a partir de la fecha “empezó a correr el plazo que establece que la comisión tiene 10 días hábiles para expedirse y elevar el dictamen. Eso no ocurrió y, vencido el plazo, las cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del DNU”.

“Sin dilaciones desde el bloque no queremos dilatar más el tratamiento del DNU 70/23 que dictó Milei y nos ampara la ley, los plazos se vencieron el 19 de enero por lo cual las cámaras deberían abocarse al tratamiento”, denunció y recordó los pedidos de sesión especial que realizaron a la presidencia del Senado de quien no obtuvieron “ninguna respuesta”.

La diputada entrerriana aclaró que “no se trata del kirchnerismo, se trata de la república, de las instituciones, del reglamento, de la Constitución y de las leyes. Se trata de un decreto excepcional que dicta el presidente que no es un DNU más porque modifica 300 leyes. No nos podemos hacer los distraídos. Es el Congreso el que debe legislar”.

“Es muy grave lo que está ocurriendo en el Senado que la presidenta no convoque a sesión especial, es una obligación”, apuntó y resaltó que son “42 senadores que piden que se convoque porque hay premura por parte de una mayoría, pero no quieren convocar. Esto es obturar un poder del Estado como es el Congreso”.

Por último, alertó que el DNU “genera inseguridad jurídica, que va a aumentar la litigiosidad y que perjudica a los argentinos y que pretende la entrega del patrimonio nacional”.

El jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, se refirió al nombramiento del Salón Arturo Illia. “Cuando teníamos 44 senadores ratificamos lo del busto y lamentamos lo que pasó con el busto de Néstor Kirchner”, inició.

En tal sentido, cargó contra la presidenta del Senado y expresó que “debería haberlo puesto a consideración del Poder Legislativo” porque “no es cierto que no haya pertenecido a la casa”, en relación a Néstor Kirchner, quien fue diputado nacional en 2009 y 2010. “Queremos que se reponga el busto”, exigió.

Luego, el formoseño se dirigió al oficialismo y puntualizó en el artículo 2 de la Constitución Nacional sobre el sistema representativo, republicano y federal. “¿Ustedes creen que le hacen bien a (Javier) Milei demorando el tratamiento el DNU?”, cuestionó el jefe de bancada kirchnerista.

“Este DNU representa la mayor inseguridad jurídica desde el 83 hasta acá porque el decreto debe estar basado en una ley ya que este es el sistema y no puede derogar una ley por decreto”, criticó.

Por otro lado, reflotó el malestar de UP respecto a la composición de la bicameral: “Para constituir una mayoría circunstancial, hacemos trampa y nos creemos los vivos de la política”.

Asimismo, siguió: “Gobernar sin Congreso es gobernar sin ley y sin seguridad jurídica y con esta acción están cerrando el Congreso”. Así las cosas, añadió que “esto no admite dilación. Manden los 16 títulos, pero este DNU hay que tratarlo de manera inmediata”.

Finalmente, Mayans enfatizó que “esto es una maniobra dilatoria y este DNU está destrozando la economía y el sistema federal de gobierno”. “Terminemos con esta aberración”, concluyó.

De igual manera, el presidente de bancada de UP en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, también cuestionó la “dilatación” del tratamiento del DNU 70/2023 y manifestó su disconformidad respecto a la conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

Así las cosas, se dirigió directamente contra el presidente de la Nación, Javier Milei: “será muchas cosas, pero sonso no es”, y recordó que “fue la sorpresa en las PASO, no le fue bien en la general y luego, agarró un auto acordó con Mauricio Macri y ganó”.

Además, se refirió respecto a la trunca ley ómnibus e ironizó contra un diputado aliado del oficialismo: “Su nuevo vocero José Luis Espert acaba de decir que van a romper la ley Bases y la van a mandar por partes. Eso quiere decir que les importa”.

Finalmente, se dirigió a los demás bloques opositores y enfatizó que “no tengan miedo de rechazar el DNU porque le van a buscar la vuelta para dejar vigente todo esto”. A su vez, aseveró que “cuando encuentra un límite le busca la vuelta y estamos dispuestos a ponerle un límite real a Milei”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP – CABA) presentó un proyecto de ley en el que rechaza el cierre de las unidades turísticas de Chapadmalal y Embalse en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

“Le pedimos al secretario de Turismo, Daniel Scioli, que revea esta medida”, expresó Valdés, quien agregó que “él conoce muy bien la historia y la relevancia que tienen ambos complejos para el Turismo Social y el acceso al derecho al esparcimiento de parte de los sectores populares de nuestro país”.

Del mismo modo, señaló: “En Chapadmalal y en Embalse muchos argentinos vieron por primera vez el mar o las sierras, esos recuerdos son inolvidables y están grabados en la memoria emotiva de nuestra sociedad. Debemos impedir su cierre”.

Tras conocerse la medida, el diputado de UP manifestó: “De llevarse adelante el cierre definitivo de estos complejos, los afectados serán los sectores más humildes y quienes que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, impidiendo el goce de derechos que hacen a una calidad de vida digna y justa”.

“Tanto Chapadmalal como Embalse son emblemas del turismo social argentino. Desde sus inauguraciones en 1950 y 1951, incontables familias, trabajadores y estudiantes de todo el país pudieron disfrutar de vacaciones en el mar o en las sierras, cuando antes eso era un privilegio de los sectores más pudientes de la sociedad”, enfatizó Valdés.

Por último, sostuvo que “el turismo social ayuda a que cualquier persona, independientemente de sus condiciones socioeconómicas, o impedimentos físicos o de cualquier otra índole, pueda acceder al derecho a gozar de vacaciones, del bienestar y de la recreación, del mismo modo que aquellas personas que no necesitan la asistencia estatal para gozar de esos derechos”.

El texto contó con el acompañamiento de los diputados nacionales: Victoria Toloza Paz, Carolina Gaillard, Blanca Osuna, Mónica Macha, María Eugenia Alianiello, José Glinski, Mónica Litza, Varinia Lis Marín, Roxana Monzón, Juan Manuel Pedrini, Julio Pereyra, Ariel Rauschenberger, Jorge Romero, Nancy Sand, Pablo Yedlin, Agustina Propato y Carolina Yutrovic, entre otros.

Legisladores de Unión por la Patria expresaron un fuerte rechazo a la resolución firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que suspende la creación de cinco universidades Madres de Plaza de Mayo, Río Tercero, Delta, Ezeiza y Pilar que fueron aprobadas por ley en 2023.

“NO TIENEN LÍMITES”, tituló su posteo en redes la diputada y exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y agregó: “Ahora van a desfinanciar la creación de Universidades. UNIVERSIDADES. Terrible como ajustan a ‘la casta’. Están pisoteando el sueño de miles de jóvenes de tener un futuro digno. ¿O piensan que con estos tarifazos van a poder viajar decenas de kilómetros hacia otra institución?”.

“@JMilei grita sobre la libertad y uno de los caminos más importantes para alcanzarla es con una educación de calidad, es democratizando el acceso a estos espacios que representan los sueños de los pibes y pibas de los barrios de poder estudiar”, apuntó y recordó que se trabajó “muchísimo para que las y los vecinos tengan una solución educativa de calidad cerca de casa”.

La diputada de UP cerró: “Me llena de tristeza ver como pisotean el futuro de miles de bonaerenses porque no tienen el dinero para ir a otra más lejos. ¿¿¿¡VLLC!???”.

Su par de bancada Lorena Pokoik escribió: “Años y años invertidos en la creación de nuevas universidades para que cobardemente detrás de un escritorio las quieran eliminar. ¿Milei sabrá que cerrando universidades no va a bajar la pobreza, al contrario, genera mayor desigualdad?”, y chicaneó: “Deje un poco Twitter y camine, presidente”.

“El año pasado el Congreso Nacional aprobó la creación de 5 universidades que hoy el Gobierno, a través de una simple resolución ministerial, decidió interrumpir”, recordó la extitular de la Cámara baja Cecilia Moreau y expresó: “Estamos convencidos de que un pueblo sin educación está sometido a la ignorancia y la dominación, por eso vamos a trabajar sin descanso para revertir esta decisión inconsulta, autoritaria, fiscalista y absurda”.

El bonaerense Daniel Gollan posteó: “El gobierno nacional que encabeza Milei decidió, a través de una resolución ministerial que firmó la ministra Pettovello, frenar la creación de 5 universidades que habían sido aprobadas el año pasado por el Congreso Nacional”.

El cordobés Pablo Carro disparó: “Te prometió ajustar a la casta y terminó quitándole la oportunidad de estudiar a miles de pibas y pibes. Hoy Sandra Pettovello firmó una resolución para frenar la apertura de 5 nuevas universidades. Entre ellas, la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero de Córdoba”.

Otro ataque a la educación pública.

El gobierno frena la creación de las universidades nacionales que votamos en el Congreso para que más pibes tengan la posibilidad de estudiar y progresar.

En el país de la mano de obra barata de Milei, las universidades públicas están de más. pic.twitter.com/cqgxMrFUsL

— Hugo Yasky (@HugoYasky) February 27, 2024

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (UP – Buenos Aires) realizó declaraciones en contra del presidente Javier Milei, a quien llamó “un secuestrador de los recursos que extorsiona a Kicillof y a todos los gobernadores de la Argentina”.

“Un presidente que se comporta como un secuestrador para extorsionar y pedir que se pongan de rodillas los 24 miembros que conforman la estructura federal, los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, amplió la legisladora.

Por otro lado, Tolosa Paz consideró que Kicillof “va a accionar con toda la potencia a partir de pedirle al fiscal general de la provincia de Buenos Aires la presentación en la Justicia para que dé una cautelar y le devuelvan a la provincia este fondo tan importante”.

Con relación al Fondo de Fortalecimiento de la PBA, señaló que “nos permitió mejorar las condiciones de la inversión en seguridad, con sueldos para los policías, patrulleros, tecnología y su formación profesional, además de mejorar las condiciones en las más de 200 secuelas que se construyeron, las obras de integración de los barrios populares, y el desmantelamiento de la enorme capacidad de recursos que tenía esta provincia para sostener el Servicio Alimentario Escolar”.

Por último, cerró: “Nunca vimos esta violencia institucional con un presidente dispuesto a llevarse puesto no solamente la Constitución y la soberanía de los gobernadores que hoy ven que les manotean sus cuentas y sus recursos, afectando al pueblo argentino que se queda sin capacidad de tener una escuela abierta, tener un plato de comida, y una seguridad que haga que los policías puedan tener los salarios que se corresponden”.

La diputada nacional Gisela Marziotta (UP – CABA) presentó un proyecto de ley para la creación del pasaje educativo, universal y gratuito para transporte público de pasajeros terrestre urbano, interurbano y rural, ferroviario, subterráneo y fluvial en todo el territorio nacional.

“El objetivo general de esta ley es colaborar en la generación de las condiciones materiales que permitan el efectivo ejercicio del derecho a la educación de todos los niños y jóvenes de la República Argentina que se encuentran comprendidos en la edad escolar obligatoria”, señaló Marziotta en el texto.

Además, sostuvo: “Para ello la promoción de la accesibilidad a las instituciones educativas que conforman nuestro Sistema Educativo Nacional se constituye en una cuestión clave”.

Del mismo modo, afirmó que “el transporte público es en muchos casos uno de los gastos de mayor incidencia dentro del presupuesto de las familias argentinas, actuando en muchos casos como un determinante de la posibilidad de acceder a la educación”.

“Es con esta consideración que en el año 2015 la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley N° 14735 que estableció el Boleto Estudiantil gratuito para esa jurisdicción, y en el año 2016 la CABA dispuso lo mismo a través de la Ley N° 5656, entre otras jurisdicciones que establecieron normativas locales al respecto”, remarcó la diputada de UP.

Acompañaron con su firma este proyecto de ley, los diputados nacionales: Tanya Bertoldi, Lía Caliva, Pamela Calletti, Silvana Ginocchio, Mónica Litza, Carolina Arricau, María Luisa Chomiak, Varinia Marín, Nancy Sand, Eugenia Alianiello, Rosana Bertone, Gabriela Pedrali y Sergio Palazzo.

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz (UP – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para garantizar el acceso y el fortalecimiento de las Becas Progresar, fijando el monto de la beca en un 25% de la Canasta Básica Total del adulto medida por el INDEC y con un ajuste trimestral. El texto fue acompañado por Pablo Toredo (Neuquén).

La iniciativa reivindica el objetivo del Programa implementado en el año 2014, de acompañar con financiamiento a estudiantes jóvenes de 16 a 24 años de bajos ingresos para que puedan terminar la primaria o la secundaria, realizar un ciclo de formación profesional o estudiar una carrera terciaria o universitaria.

También, destacó que “el monto de la beca (actualmente es de 20 mil pesos) no se corrige desde julio de 2023, por lo que resulta necesario que las actualizaciones queden fijadas por ley, ya que el monto actual fue licuado por la exorbitante inflación de este año”.

El texto propone que la partida presupuestaria del Tesoro Nacional destinada a financiar las becas “no puede ser orientada a gastos distintos de los que fue asignada”.

“Queremos garantizar la igualdad en el derecho al acceso, permanencia y egreso de la educación para las familias vulnerables de la Argentina que hoy son víctimas de un contexto de brutal ajuste e inflación. Por eso junto a más de 40 legisladores de Unión por la Patria presentamos este proyecto para actualizar por ley y trimestralmente los montos de las becas que el gobierno nacional ha decidido no actualizar”, agregó Tolosa Paz.

Y agregó: “Necesitamos sostener y tener actualización inmediata en las Becas Progresar que con decisión política en nuestro gobierno creció de 570 mil en 2019 a 1.800.000 en 2023, porque creemos que los chicos en la escuela o en la Universidad es lo mejor que podemos brindarle a nuestro país y no pueden ser los que paguen el ajuste”.

Entre los fundamentos del proyecto, que cuenta con el apoyo y la firma de 44 diputados de Unión por la Patria, se mencionó que “es urgente atender y garantizar la dignidad de la Educación para quienes no cuentan con recursos propios para su acceso, actualizando por ley la movilidad de dicha cobertura en este contexto inflacionario”.

El proyecto pretende que el Programa Becas Progresar “mantenga condiciones igualitarias de acceso a la Educación, la permanencia y el egreso a grupos en condición de vulnerabilidad multidimensional priorizados”.

Por último, añadió que “sea sin tope de edad para personas trans, pertenecientes a comunidades indígenas y/o pueblos originarios, con discapacidad o refugiadas y se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijos menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales”.

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria acusó que “hace varios días asistimos a una campaña de ataque y difamación” por parte del Gobierno Nacional, de la política de integración de los barrios populares llevada adelante desde la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) de la Nación en el período 2019-2023, a cargo de Fernanda Miño.

“Como cada vez que se implementa una embestida de estas características, sus instrumentos son los principales medios de comunicación y grupos mediáticos en sus diversos formatos”, señalaron.

Del mismo modo, señalaron que “el objetivo del Ejecutivo Nacional es desprestigiar una política pública ampliamente consensuada por un espectro muy amplio del arco político argentino, que beneficia directamente a más de cinco millones de compatriotas que viven en barrios populares de todo el país.  Paso previo para desfinanciarla y discontinuarla”.

Asimismo, acusaron que “la operación política-mediática que está llevando adelante el gobierno del presidente Javier Milei apunta a seguir intoxicando a la opinión pública con infundadas acusaciones de corrupción, orientadas a promover una visión delictiva de la actividad política, funcional al plan económico de ajuste contra el interés nacional y las condiciones de vida tanto de la clase trabajadora como así también de los sectores medios”.

La creación de la SISU es una política pública cuyo marco normativo fue acompañado por una mayoría multipartidaria, en dos oportunidades, por el Congreso de la Nación. En tanto, la Ley de Barrios Populares (N° 27.453) fue sancionada en 2018, y actualizada en 2022. Asimismo, el financiamiento de las obras de urbanización fue establecido también por ley del Congreso, en cumplimiento de criterios de estricta justicia social, mediante la asignación de una porción de los ingresos tributarios del impuesto PAIS y del Aporte Extraordinario a las Grandes Fortunas.

En Argentina existen 6.467 barrios populares, entre 2019 y 2023 se realizaron obras en 5.060 barriadas, el 78% del universo total. Para diciembre de 2023 se habían aprobado 251.395 obras, de las cuales se habían finalizado 207.244, más del 82% del total: 1.277 obras de integración, 23.909 lotes con servicios generados, más de 250 mil mujeres que mejoraron o ampliaron sus viviendas con el programa Mi Pieza, más de 850 mil familias que obtuvieron sus certificados de vivienda familiar, entre otras.

“Todos estos trabajos se llevaron adelante mediante convenios con provincias y municipios de todos los colores políticos, sin ningún tipo de favoritismo partidario y en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y con el acompañamiento de los propios vecinos, que fueron parte de los procesos de urbanización de sus barrios”, explicaron desde UP

Finalmente, el bloque de UP en Diputados cerró: “Lo que el gobierno de Milei y medios cómplices llaman ‘curros’ son derechos sociales. Reafirmamos nuestro compromiso en defender cada uno de los derechos sociales amenazados en estos tiempos”.

Por un lado, diputados naciones de Unión por la Patria y por otro, de la Unión Cívica Radical, presentaron un proyecto de resolución para exigirle al Gobierno Nacional que actualice, a través del ajuste por inflación, las partidas presupuestarias destinadas a las universidades nacionales.

El proyecto de UP fue encabezado por Leopoldo Moreau y acompañado por la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau; el jefe de bancada, Germán Martínez; y los diputados nacionales: Blanca Osuna, Itaí Hagman, Paula Penacca, Eduardo Valdes, Carolina Galliard, Pablo Carro, Sabrina Selva, Mónica Macha, Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Julio Pereyra, Hugo Yasky, Daniel Gollan, Sergio Palazzo, Mónica Litza, Carlos Castagneto y Rogelio Iparraguirre.

El Texto de la oposición más férrea sostuvieron que las universidades “se encuentran al borde de un escenario de colapso, que en un lapso no mayor de dos o tres meses puede llegar incluso a paralizar las actividades académicas, de investigación e incluso las prestaciones de sus Hospitales Escuela”.

Asimismo, propusieron tratarlo de manera “urgente e inmediata” desde el 1ero. de marzo cuando, tras la Asamblea Legislativa, comience el período ordinario en la Cámara de Diputados.

El texto de la UCR

Por el lado del radicalismo, se presentó un proyecto a través del cual expresa su preocupación ante la falta de actualización presupuestaria en materia universitaria por parte del Poder Ejecutivo Nacional. En ese sentido, le solicitan al Gobierno que incremente esas partidas, teniendo en cuenta la situación de emergencia declarado por universidades nacionales.

El proyecto fue encabezado por la diputada nacional Marcela Coli y acompañado por Manuel Aguirre, Marcela Antola, Gerardo Cipolini, Julio Cobos, Mariela Coletta, Pedro Galimberti, Jorge Rizzotti, Natalia Sarapura, Danya Tavela y Gabriela Brouwer de Koning.

En tal sentido, Coli señaló que “son varias las universidades nacionales que han declarado emergencias en virtud de la situación que atraviesan”. “La Universidad Nacional de La Pampa declaró la emergencia de su sistema de comedores universitarios a raíz del congelamiento de los gastos de funcionamiento”, agregó.

También, expresó que “así como la Universidad de Buenos Aires resolvió manifestar el estado de extrema preocupación de la comunidad universitaria respecto de la situación presupuestaria”, y recordó que la Ley de Educación Superior dispone en su artículo 2 que “el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales”.

Para concluir, señaló que “la defensa de la educación pública constituye un deber histórico, parte del patrimonio nacional, en este caso, la universidad nacional es un pilar de desarrollo equitativo y federal, que contribuye al país con conocimiento, innovación, investigación, ciencia, tecnología y sus actividades de extensión”.

“Comprender su rol protagónico e importancia es indispensable y para esto defender su financiamiento es una tarea del parlamento que se lleva adelante mediante esta iniciativa”, concluyó Coli.

El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria repudió este martes la visita del secretario de Asuntos Exteriores del Reino Unido, David Cameron, a las Islas Malvinas.

A través de un comunicado, el interbloque opositor informó: “El funcionario británico declaró que ‘la soberanía con Argentina no está discusión’, en un claro acto de provocación a nuestro país y de desconocimiento a las múltiples resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y del mandato de la comunidad internacional respecto al archipiélago austral”.

“En enero de este año Cameron mantuvo una reunión con el presidente Javier Milei en Davos cuyo contenido se desconoce sobre todo en lo referente a la cuestión de las Islas Malvinas”, remarcaron desde la bancada presidida por José Mayans.

Del mismo modo, plantearon que “la causa Malvinas es un tema de relevancia para todos los argentinos y las argentinas y debe ser una política de estado, como lo consagra la Constitución Nacional”.

“Rechazamos cualquier intento de discutir la soberanía de Malvinas de espaldas al pueblo argentino En homenaje a los veteranos, las veteranas y en memoria de los caídos, repudiamos este acto unilateral y solicitamos a las autoridades del Ejecutivo Nacional que realicen el reclamo correspondiente”, concluyó el comunicado.

La diputada nacional Gisela Marziotta (UP – CABA) cuestionó este martes las medidas del Poder Ejecutivo y criticó al presidente Javier Milei: “Él tiene la bandera de la injusticia social, la dependencia económica y el sometimiento político”.

Del mismo modo, señaló que “el no a la dolarización tiene que ser una movida muy fuerte que tenemos que llevar adelante”. “Me da mucho miedo el recorrido que está haciendo el presidente hacia la famosa dolarización, que anunció durante la campaña”, enfatizó.

En diálogo por FM 89.9, Marziotta agregó que “mucha gente que lo votó pensó que eso no iba a pasar, y yo espero que no pase”. También, señaló que “más allá de los colores políticos, tenemos que estar unidos todos los argentinos”

Esa línea, pidió unirse “en defensa de nuestra soberanía, y en ese sentido hay que defender nuestra propia moneda, porque no podemos perder la moneda argentina”. “Tiene que ser una política de estado y tiene que ser un no a la dolarización”, afirmó.

Por último, remarcó que “desde el peronismo, nosotros tenemos las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y el presidente Milei, es todo lo contrario. Injusticia social, dependencia económica y sometimiento político”.

A días del inicio de un nuevo ciclo lectivo y luego de que se anunciaran fuertes aumentos en las cuotas, los legisladores de Unión por la Patria (UP) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para que el Ministerio de Educación porteño establezca las pautas que rigen los aranceles máximos de las escuelas públicas de gestión privada incorporadas a la enseñanza oficial que perciben actualmente aporte estatal por parte del GCBA.

El texto es de autoría de María Bielli (UP) y lleva las firmas de Matías Barroetaveña, Maia Daer, Claudio Ferreño, Victoria Freire, Alejandro Grillo, Berenice Iañez, Andrés La Blunda, Matías Lammens, Juan Pablo Modarelli, Claudia Neira, Juan Pablo O’Dezaille, Graciana Peñafort, Magdalena Tiesso, Juan Manuel Valdés y Delfina Velázquez (UP).

De esta manera, los peronistas le solicitaron al Ministerio que a la hora de definir las pautas de incremento tenga en cuenta el porcentaje de aporte estatal que reciben los colegios (que pueden oscilar entre el 40% y 100%).

“Los establecimientos informarán a las familias a través de los medios de comunicación institucionales habituales y en forma previa a su aplicación, los nuevos valores tope de los aranceles correspondientes según el porcentaje de aporte que recibe cada nivel, regímenes y modalidad de enseñanza, así como el detalle de la cantidad de cuotas a cobrar y la matrícula de inscripción o reinscripción, en caso de que corresponda”, sostiene el documento.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores recordaron que “en la Ciudad de Buenos Aires uno de cada dos estudiantes asiste a una institución educativa de gestión privada. Hay 2135 unidades educativas de nivel inicial, primario y secundario de modalidad común, de las cuales el 58% son de gestión privada. El nivel inicial es el que tiene mayor proporción de estudiantes que asisten a una escuela privada (52% mientras que el 48% asiste a una escuela estatal)” e informaron que “el último informe público disponible sobre educación privada en la Ciudad (2020) da cuenta de que el 71,2% de las instituciones educativas de gestión privada están subvencionadas por el Estado”.

“El contexto económico está ocasionando que gran cantidad de familias encuentren dificultades en el pago de las cuotas de las escuelas privadas, debido a los aumentos que se han anunciado para el inicio de clases del 2024”, aseveraron y concluyeron explicando que “el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene la obligación de brindar respuestas ante este nuevo contexto. Esta iniciativa legislativa busca robustecer la normativa que regula el aumento de las cuotas de las escuelas de gestión privada con subvención estatal, dando el carácter de ley al conjunto de normativas establecidas en disposiciones, resoluciones y decretos”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, le solicitó al jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, los nombres de los tres miembros que formarán parte de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo por ese bloque.

A través de un escrito, el titular de la Cámara baja le reiteró a Martínez que, de acuerdo a la cantidad de integrantes de su bloque (99) sobre un total de 257, “le corresponde el 38,52% de representación”. “Lo que implica un 3,08 y en ningún caso puede pretender la integración de cuatro diputados que implicaría el 50% de representación”, remarcó el riojano.

Así las cosas, el presidente de la Cámara de Diputados señaló que “seguir demorando la conformación de una comisión tan trascendente por su insistencia en mantener una desproporcionada representación política en el seno de la misma, produce una seria lesión al derecho de este Congreso de ejercer su función de controlar los decretos de necesidad y urgencia que dicta el Poder Ejecutivo Nacional en uso de sus facultades constitucionales”.

A su vez, le cuestionó a Germán Martínez “la gran cantidad de decretos de la gestión anterior que aun siguen sin tratar dada la escasa actividad de la bicameral cuando fue presidida por el bloque usted preside”. “No se ha reunido en 2023, solo una vez en 2022 y no hay dictámenes desde el 8 de noviembre del 2021”, criticó Menem.

Para culminar el texto, el libertario le advirtió al bloque de UP: “En caso de negativa de eliminar a uno de sus cuatro nominados para integrar dicha comisión, me veré obligado a elevar la nómina correspondiente a su representación política con la mención de tres integrantes, en lugar de cuatro”.

H. Cámara de Diputados de la Nación

El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria insistió este miércoles con el reclamo hacia la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, para exigirle “el expreso e inmediato” tratamiento al DNU 70/2023 en una sesión especial.

“Al no hacerlo, la vicepresidenta de la Nación incumple con la Constitución Nacional, la Ley 26.122 y el reglamento de la Cámara”, señalaron desde la bancada presidida por José Mayans.

Además, se refirieron al pedido de la UCR para con el titular de Diputados, Martín Menem, para la conformación de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo (el Senado ya giró sus miembros, restan los de la Cámara baja) como una “maniobra dilatoria que resulta funcional a la estrategia de mantenerlo en vigencia”.

“Los plazos establecidos para el tratamiento en comisión del referido DNU se encuentran sobradamente vencidos”, remarcaron desde el interbloque opositor en el Senado.

Finalmente, aseveraron que “es momento de abordar el decreto en el recinto y que cada actor político asuma su posición de cara a la sociedad, frente a las consecuencias que ya genera el mismo en la vida de las argentinas y los argentinos”.

Este jueves finaliza el período de sesiones extraordinarias, por el cual nadie del Gobierno ha dado indicios sobre una eventual prorrogación. El Senado debía convocar a una sesión para tratar el proyecto de ley sobre Lavado de Activos -cuenta con media sanción de la Cámara baja- , el cual perderá estado parlamentario sino se trata en el recinto antes del 29 de febrero.

Los diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley para garantizar por el plazo de cinco años la continuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) creado por la Ley Nº25.053.

La vigencia del FONID se prorrogó de forma sucesiva desde 2004 y la última prórroga se realizó a partir del 1 de enero de 2022 –por el término de dos años– en el marco del DNU 88/22 durante la presidencia de Alberto Fernández, pero ahora no fue prorrogado.

La iniciativa tiene por objeto promover “el reconocimiento a la educación como prioridad nacional y política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.

Del mismo modo, plantearon que busca “garantizar el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender de los estudiantes y docentes de todo el país de forma equitativa”, en línea con los establecido por la Ley de Educación Nacional.

El texto fue presentado por los diputados Ariel Rasuchenberger, Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Juan Manuel Pedrini, Nancy Sand, Eduardo Toniolli, Silvina Ginocchio, Ana María Ianni, Tanya Bertoldi, Carolina Yutrovic y Gustavo Bordet, entre otros.

5265-D-2023 FONID

La senadora nacional Juliana di Tullio y el defensor del Pueblo bonaerense, Guido M. Lorenzino presentaron en la Justicia un pedido de anulación de los aumentos en las tarifas del transporte por considerarlos “irrazonables e ilegal”.

El pedido de anulación fue presentado en el Juzgado Federal N2 de La Plata en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo, luego de que se informara la medida de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Infraestructura de la Nación que dispuso un nuevo cuadro tarifario con aumentos del 251% para colectivos y de 247% para trenes.

En la presentación, Di Tullio explicó que la resolución de la Secretaría de Transporte es “irrazonable”, que “no guarda relación con los salarios” y que “impacta negativamente en otros derechos fundamentales, como el derecho a la circulación, al trabajo y a la educación”.

Además, señaló que la mencionada resolución “careció de los procedimientos esenciales en su elaboración, no proporcionó información clara y accesible a los usuarios del sistema y, además, no se llevó a cabo una audiencia pública”.

“La participación ciudadana se vio limitada a expresarse electrónicamente, siempre y cuando sus comentarios no excedieran los 5000 caracteres”, afirmó, y recordó que la audiencia estaba suspendida debido a una medida cautelar dictada el 24 de enero de 2024 por el Juzgado de Feria Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de Lomas De Zamora N°3.

Junto al Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires @GLorenzino hicimos una presentación en la Justicia para anular el incremento ilegal del transporte en el AMBA. pic.twitter.com/xZBLEU5kAy

— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) February 9, 2024

También, expresó que “el aumento en las tarifas, además de ser irrazonable, es inmoral debido a su impacto directo en los sectores más vulnerables de la sociedad. Asimismo, la obligación de registrar la tarjeta SUBE representa un mecanismo de control social que afecta la esfera de intimidad de estos mismos sectores, configurando una indebida injerencia del Estado”.

Del mismo modo, aseveró que la resolución 5 “fue emitida por un funcionario incompetente, ya que el secretario de Transporte de la Nación no posee la facultad para aprobar e implementar tarifas”.

Para terminar, advirtió que “ante cualquier aumento en las tarifas no se debe pensar exclusivamente en la rentabilidad de las empresas, sino que debe ir de la mano con la situación de los ingresos de los consumidores”

“Es claro que los salarios no acompañaron el ritmo inflacionario, sobre todo teniendo en cuenta que el transporte tiene un carácter de servicio público esencial que es necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales como el trabajo, la educación y la salud”, concluyó.

El diputado nacional Diego Giuliano (UP – Santa Fe) se refirió a la quita del Fondo Compensatorio al transporte público y acusó al Gobierno de Javier Milei que “lo hace en un contexto de venganza” tras no avanzar con la aprobación de la ley ómnibus.

“Un boleto sin subsidio es desproporcionado para los ingresos de los argentinos y ahora más después de que explotaron los precios en los supermercados y en la nafta, mientras los salarios están congelados”, consideró el exministro de Transporte.

En esa línea, Giuliano sostuvo que “en campaña, con Sergio Massa, le planteamos a la sociedad que un boleto sin subsidio iba a estar en los 700 u 800 pesos y nos acusaron de hacer campaña del miedo”, y agregó: “Hoy el gobierno lo transformó en realidad, lo que demuestra que lo que hicimos fue informar a la gente”.

“Esto es un cóctel explosivo que el Gobierno crea bajo emoción violenta porque se cayó la Ley Ómnibus”, afirmó, e indicó que “las regiones más afectadas por la eliminación del Fondo Compensador del Interior son Córdoba, Rosario, Santa Fe, Tucumán y todas las ciudades capitales argentinas”.

También, advirtió que “esto no es un problema de un partido político, el transporte tiene subsidios en el mundo entero. Pero no porque se regala sino porque dinamiza la economía, lo social, la cultura y genera impacto ambiental”.

Por último, Giuliano explicó que “un colectivo representa a 60 autos o motos, eso genera ordenamiento urbano y reducción del impacto al ambiente, lo que genera soluciones para las medianas y grandes ciudades”.

El interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria presentó un nuevo pedido para exigirle a la vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, una sesión especial con fecha el 15 de febrero a las 14.

A través de un comunicado, señalaron que Villarruel “incumplió su obligación de citar a sesión, vulnerando el artículo 20 del reglamento del Senado”. Tras esto, desde UP afirmaron que, basado en el artículo 19, convocan a una sesión para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

La semana pasada, el jefe del interbloque José Mayans, junto a todos los integrantes de Unión por la Patria, realizaron una conferencia de prensa donde además de cuestionar a Villarruel, habían anticipado que volverían a exigir una sesión.

El pedido lleva la firma de los 33 integrantes de UP, donde culminaron el texto al expresar que “resulta imperioso que este Senado se aboque al inmediato tratamiento de oficio del DNU, a fin de dar acabado cumplimiento en el artículo 20 de la mencionada ley”.

Nota del 7-2-24 - Sesion Especial
Nota del 7-2-24 - Sesion Especial

 

Diputados y senadores patagónicos se refirieron a la vuelta a comisión del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos: “El camino de la prepotencia y las descalificaciones tenía que terminar sin ley”, y volvieron a solicitar a la presidencia del Senado la convocatoria a sesión para tratar el decreto de necesidad y urgencia que había pedido el bloque de Unión por la Patria.

A través de un comunicado los legisladores que representan a la Patagonia en el Congreso Nacional expresaron: “Nos mantuvimos firmes y unidos para defender el derecho de nuestras provincias ante el avance de la Ley Ómnibus”.

“La modificación de la Ley de Pesca, el desfinanciamiento a la actividad turística (desconociendo los logros de la Ley Nacional de Turismo), la eliminación de los subsidios de la zona fría (que implicaban un tarifazo criminal), el avance sobre la Ley de bosques y Glaciares, la privatización de empresas que operan en nuestro territorio como YCRT, Aerolíneas Argentinas y Arsat, entre otras, la propuesta sobre los Parques Nacionales, la imposición de retenciones a las economías regionales, el cambio en la Ley de Tierras y las propuestas en materia de hidrocarburos, son solo algunas de las propuestas que denunciamos como ‘perjudiciales’ para los habitantes de la Patagonia”, detallaron.

Así, destacaron que “a partir del trabajo conjunto pudimos frenar los cambios propuestos por esta ley, que no hacían más que deteriorar la vida de nuestros vecinos y vecinas”. En ese sentido, afirmaron: “Seguiremos trabajando para detener las políticas que, con la excusa de hacer un esfuerzo para transformar el país, lo que único que logran es dificultar el día a día de los que vivimos en la Patagonia”.

Además, exigieron la convocatoria a sesión en el Senado de la Nación para el tratamiento del DNU “que está vigente, y que también avanza sobre los derechos de los argentinos”.

“El camino de la prepotencia y las descalificaciones, sin tener en cuenta ni conocer a la Patagonia, avasallando la Constitución, pisoteando las autonomías provinciales y sus recursos, tenía que terminar de esta manera, SIN LEY”, plantearon y pidieron “más diálogo, más consenso, más política, y más federalismo”.

El comunicado lleva las firmas de María Eugenia Duré (TDF), Cristina López (TDF), Carolina Yutrovic (TDF), Andrea Freites (TDF), Jorge Araujo (TDF), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Ana María Ianni (Santa Cruz) Gustavo González (Santa Cruz), Eugenia Alianiello (Chubut), Carlos Linares (Chubut), José Gilinski (Chubut), Silvina García Larraburu (RíoNegro) Martín Doñate (Río Negro), Martín Soria (Río Negro), Silvia Sapag (Neuquén), Tanya Bertoldi (Neuquén), Oscar Parrilli (Neuquén), Pablo Todero (Neuquén) y Daniel Bensusán (La Pampa), Ariel Rauschenderger (La Pampa), Varinia Marin (La Pampa).

En la reanudación de la sesión, el presidente del bloque de UP, Germán Martínez, presentó una cuestión de privilegio a partir de una nota del periodista Joaquín Morales Solá por una nota publicada el domingo en el diario La Nación. “El manto de sospecha que somete a los integrantes de esta Cámara merece que no seamos indiferentes ante esto”, inició.

“El domingo salió una nota, que viniendo de la pluma de periodista que goza de la credibilidad y que en general plantea las cosas con nivel de razonabilidad, donde habla de los artículos económicos de esta (ex) mega ley”, siguió.

En tal sentido, profundizó que “lo que dice es de una gravedad tal que no podemos permanecer indiferentes porque la nota -titulada ‘los dias que Javier Milei juega su presidencia’- plantea que un gobierno frágil nos espera ante una derrota legislativa”.

Con el recorte periodístico en sus manos, Martínez leyó el último párrafo, en el cual mencionó que la nota decía que el oficialismo contó con el apoyo de (Miguel Ángel) Pichetto, (Rodrigo) De Loredo y (Cristian) Ritondo, y agregó: “Él señaló que hay diputados que se mueven en función del lobby de sectores empresarios y de empresas vinculadas al narcotráfico”.

“Señalar que hay posicionamientos de diputados que se mueven en función a esto nos afecta en la credibilidad que es la base de nuestro posicionamiento politico”, aseveró el jefe de bloque de la oposición. Además, enfatizó que “le quiso bajar el tenor y no hay constancia de que esto sea cierto”.

Este lunes el Gobierno nacional oficializó este lunes la intervención de los medios de comunicación públicos por el plazo de un año a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 117/2024. En efecto, se dispuso la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, la agencia de noticias Télam, y el portal Educ.Ar, lo que se suma a la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Al respecto, el interbloque de senadores de Unión por la Patria emitió un comunicado repudiando dicha medida señalando que “esta decisión, expresa un ataque a las potestades del Congreso nacional, a las diversas fuerzas políticas que integran las cámaras y pretende acallar las voces disidentes de la democracia por parte de la casta mediática empresarial”.

Además, indicaron que “esta intervención se produce en el mismo momento en que la Cámara de Diputados tiene en tratamiento la llamada ‘ley ómnibus’, que contempla precisamente un apartado referido a eventuales privatizaciones de empresas públicas entre las que se encuentran los medios del Estado”, y agregaron: “Ello implica una nueva muestra del desprecio que tiene el presidente Milei respecto del trabajo parlamentario”.

Em tanto, enfatizaron que la intervención en los medios públicos “se suma a un cercenamiento integral de la libertad de expresión manifestada en la desregulación de las comunicaciones que prevé el DNU 70/23, junto con el cierre de la Defensoría del Público y la desaparición del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, que financia medios de comunicación sin fines de lucro, que propone también el texto de la ley ómnibus”.

Desde el interbloque denunciaron que la decisión del gobierno de intervenir los medios públicos “está dirigida a generar eventuales privatizaciones destinadas a favorecer a poderosos grupos económicos o producir el cierre de algunas de las empresas que constituyen el entramado mediático del Estado”, y agregaron que “busca dejar sin medios públicos al país y arrasar así con la pluralidad de voces, la federalización de la información y la soberanía informativa, a la vez que intenta atacar, de esa forma, el derecho a la información de la población”.

A su vez, plantearon que así “se pretende centralizar y concentrar aún más la producción y la circulación de la información diaria en todo el territorio nacional. Además, de querer instalar un discurso único en beneficio de los grandes grupos económicos y especulativos, en desmedro de los intereses de las grandes mayorías nacionales”.

“Los medios públicos son aquellos que llegan a los pueblos más recónditos del país con un discurso plural”, destacaron.

Interbloque MEDIOS PUBLICOS (1)

Durante la tercera jornada de sesión en el tratamiento del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el diputado nacional Pablo Yedlin (UP – Tucumán) señaló que la quita de artículos “hará a la iniciativa mucho menos nociva por el esfuerzo de la sociedad civil y de las movilizaciones en las calles”.

De ese modo, destacó: “Se ha permitido achicar cosas que hacen mal como la importación libre de azúcar que hubiese sido un desastre para Tucumán, el aumento a las retenciones al limón y la producción de bioetanol de caña y Diesel”.

También, agregó que “afectaba a la Ley de Salud Mental cuando la Organización Mundial de la Salud debió expedirse diciendo que esta ley atrasaba 50 años”. “Este bloque ha sido artífice de las posibilidades de cambio”, afirmó el tucumano.

Sin embargo, cargó contra el oficialismo: “Asi como hubo una vacunatorio VIP, es una falacia decir que la vacunación contra el COVID fue mala, pero les pregunto a ustedes ¿Qué van a hacer con la vacuna del dengue? porque murió un chico de 22 años”. “¿Dónde está el ministro de Salud de la Nación?”, cuestionó.

Asimismo, explicó que “el déficit fiscal es un problema, pero no es el único problema y es falacia decir que se recupera con este ajuste salvaje”, y añadió: “Hay otro camino con el aumento de la exportación y dándole recursos a los gobernadores coparticipando el impuesto PAIS porque es falaz decir que (el ajuste) ese es el único camino”.

Finalmente, planteó que “lo que hay que hacer es discutir”, y advirtió: “Cuente con este bloque para discutir, pero con todos los argentinos adentro”.

Durante la tercera sesión de debate acerca de la Ley de Bases, el diputado de Santa Fe por Unión por la Patria (UP) Roberto Mirabella cuestionó con dureza el tratamiento que se le dio a esa iniciativa en el Congreso Nacional y aseguró que su debate fue “malo e improvisado”.

En ese sentido, el opositor planteó que “todo el procedimiento ha sido muy malo, confuso, desordenado, improvisado y nos han querido llevar por delante, no a nosotros, sino al Congreso Nacional. Desde el arranque, un proyecto de tal magnitud merecía el tratamiento en 20 comisiones diferentes, se constituyeron tres y se trabajó de forma conjunta” y recordó que “luego de eso, una gran cantidad de comunidades intermedias, atendimos casi a un centenar. Nos convocaron cerca de la una de la madruga para firmar dictamen, no hubo debate. Además, en la buena fe de varios diputados que habían acordado cosas, les cambiaron el dictamen y nos lo enteramos públicamente”.

“Llegamos a este recinto y al comienzo de la sesión se sacaron cientos de artículos, sobre el dictamen que ya se había firmado. Un proyecto de esta magnitud merece otro tipo de tratamiento y procedimiento. No es lo mismo hacer el amor que violar a una persona, con lo cual todo esto ya merece el rechazo”, advirtió.

Al mismo tiempo que indicó: “me pareció interesante, cuando recién apareció esta ley, que el Gobierno había inventado un género inédito: la wikiley, al estilo de Wikipedia, cada usuario incorporó cosas y terminamos con este mamotreto. Es difícil determinar que es lo importante y que es lo accesorio”.

Además, durante su alocución Mirabella hizo hincapié en algunos de los puntos centrales del proyecto. “Se propone derogar la Ley 27.604, ese fue un complemento de la Ley de Manejo del Fuego, votado en este Congreso en el 2020. Yo tengo que volver a mi provincia y explicarle a los rosarinos que durante meses se llenaron de humo cuando se quemaron los humedales, que ahora vamos a derogar esto”, precisó.

“Por otro lado, se propone adherir a la Convención Internacional para la protección de nuevas variedades vegetales. Es un tema controvertido, desde el año 1991 que el país no adhiere a esto; Brasil no adhirió y hubo muchas entidades que se expresaron a favor y en contra. Estamos afectando el uso propio de las semillas para las cosechas que se hará este año”, siguió el diputado.

Finalmente, concluyó precisando que “en cuanto al cambio ambiental, se propone la creación de un mercado de bonos de carbono. Propongo que discutamos seriamente un proyecto para estar en línea con lo que pasa en el mundo, es un tema complejo para tratarlo en cuatro artículos”.

En el inicio de la tercera jornada de la sesión para tratar la ley ómnibus, el diputado nacional Eduardo Toniolli (UP – Santa Fe) presentó una cuestión de privilegio contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por “instalar una ‘fake news’ diciendo que le pegue una trompada a un policía”.

“Mandó a decir que le pegué una trompada a un policía, que le corrí la mandíbula y que le rompí los lentes”, relató el santafesino, quien agregó que “es una acusación grave y esa noticia falsa se convirtió en una denuncia penal por la supuesta víctima”.

A su vez, señaló: “Había 3 o 4 cámaras de televisión y vieron cómo saque el carnet de diputado para acompañar a las mujeres detenidas, pero hacen esto para tapar y denunciar a las chicas”. “Le metieron una causa por resistencia a la autoridad”, aseveró.

Del mismo modo, manifestó que “conseguimos los números de los noteros y cuando los llamamos, estaban hospitalizados por los balazos que recibieron este jueves”.

Luego, la diputada nacional Gisela Marziotta (UP – CABA) presentó una cuestión de privilegio contra el Gabinete de Javier Milei, al que consideró como “un gobierno represivo”.

“Pensé que nunca más íbamos a vivir la represión de ayer porque buscan generar miedo en la sociedad”, enfatizó. “el derecho a la información se vio coartado por la represión contra los periodistas”, denunció Marziotta.

Para cerrar, reiteró que el Gobierno “atenta contra la libertad de expresión porque quiere cerrar medios públicos”, y cerró: “Tengo la lista de más de 20 periodistas heridos por los balazos y los gases”, los cuales fueron leídos por la legisladora en el recinto.

Luego, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (UP – Buenos Aires) presentó una cuestión de privilegio contra las diputadas libertarias María Celeste Ponce y Lilia Lemoine por retuitear un video donde se la ve a la exministra de Desarrollo Social corriendo bajo el titulo “van a correr zurdos”.

“No vamos a naturalizar los agravios y no vamos a tolerar que una de estas personas sea quien invitó a Leonardo Sosa a venir a este recinto”, lanzó. “Vamos a seguir señalando las inconductas de las diputadas”, remarcó.

El interbloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, encabezado por el jefe de bancada José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti, brindó una conferencia de prensa este jueves para pedirle a Victoria Villarruel, vicepresidente de la Nación y titular del Senado, que “no cierre el Senado”.

Con la presencia de todo el interbloque, se refirieron al tratamiento del decreto de necesidad y urgencia 70/2023 y explicaron que “ingresó el 5 de enero y debió tratarse a los diez dias hábiles, pero vencido el plazo de esos dias, en forma automática quedan habilitadas ambas cámaras para darle tratamiento”.

También, habló de la composición de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo: “Mandamos la lista porque nos correspondían 4 miembros y ellos dijeron que por una forma arbitraria nos sacan un senador”. “No cuestionamos porque queríamos que funcione”, aclaró Mayans.

En relacion al DNU, amplió: “Queríamos una audiencia pública para discutir uno por uno los temas para que le expliquen a los argentinos, pero no quisieron venir y queremos que den explicaciones válidas porque la magnitud del 70/2023 traspasa lo que es un decreto”,

“Hicimos un pedido formal para un sesion de este jueves a las 14 horas para el tratamiento del DNU porque luego del tratamiento, se aprueba o se rechaza”, aseveró el formoseño, y agregó: “Tenemos la emergencia de que cada senador explique qué apoya y qué no porque se declaró inconstitucional la reforma laboral y pretende habilitar privatizaciones”.

De ese modo, reiteraron que “queremos la discusión del DNU de cara al pueblo argentino”, y cuestionaron que “el sistema de salud está incluido, lo queremos discutir, y los códigos no se pueden tratar por DNU”.

Dirigidos al presidente de la Nación, Javier Milei, señalaron que “necesitamos tratar los temas que puso el Gobierno, pero no le tengan miedo al tratamiento porque cerrar el Congreso solo lo hace la dictadura”. “Cuando hay una dictadura, lo primero que hacen es anular el Poder Legislativo”, ironizó.

En esa línea, reiteraron: “Le pedimos a la vicepresidenta, quien debe ser garantía de imparcialidad, en forma inmediata que abra las puertas de la Cámara alta porque si hay quorum o no, o si se acepta o rechaza es parte del Senado”.

Para finalizar, remarcaron que “le pedimos Villarruel que no cierre el Senado”, y concluyeron: “Estamos dispuestos a tratar los 16 titulos en acuerdo o desacuerdo de cada uno de los temas porque queremos trabajar con absoluta responsabilidad y vamos a reiterar el pedido de sesión especial”.

La respuesta de la presidenta del Senado 

“El kirchnerismo tiene que entender que hay un cambio de época. Los argentinos eligieron un cambio”, le contestó al interbloque UP Victoria Villarruel a través de un video posteado en las redes sociales.

Allí señaló que “el kirchnerismo no maneja más la agenda política. Nadie viola la Constitución ni el reglamento del Senado, vamos a sesionar con el acuerdo de todos los senadores y no solo de aquellos que atropellaron las instituciones”.

El kirchnerismo no maneja más la agenda política. Nadie viola la Constitución ni el reglamento del Senado, vamos a sesionar con el acuerdo de todos los senadores y no solo de aquellos que atropellaron las instituciones. pic.twitter.com/OhG1pf6SmM

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) February 1, 2024

En la reanudación de la sesión para tratar la ley ómnibus de este jueves, el diputado nacional Eduardo Toniolli (UP – Santa Fe) presentó una cuestión de privilegio en contra de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por el operativo montado en las afueras del Congreso durante la primera jornada en el recinto.

También, al igual que Carolina Gaillard y Leopoldo Moreau se solidarizó con la diputada radical Carla Carrizo “por las amenazas que está recibiendo”. “Si ella lo desea la podemos acompañar a hacer la denuncia”, aseveró.

Además, cuestionó a su par Roxana Reyes, y manifestó que “lamento su intervención porque perdió la oportunidad de repudiar la violencia institucional”. También, relató los hechos que culminaron con la detención de cuatro jóvenes mujeres en la vereda del Congreso.

“Salí tarde del Congreso y observé un desmesurado operativo policial, un despliegue totalmente desproporcionado y veo que se llevan detenido a un joven maniatado con la rodilla en la cabeza, mientras le tiraban gas en la cara”, relató el santafesino.

Y añadió: “Me dirigí con el encargado del operativo y me dijo que tenía la orden de sacar a quien cortara la calle. Luego, un grupo se puso a cantar el himno y se llevaron detenida a una joven menudita”. “Una de ellas tenía mucha sangre en la boca y le exijo a los policías que me dejen acompañar a las chicas”, continuó.

De ese modo, aseveró que “recibí insultos de la policía y el camión se va con las chicas detenidas”, y agregó: “En eso nos enteramos de que faltaba Ivana Bunge, una militante radical. Allí deducimos que intentaban llevarte un trofeo para justificar el operativo”, enfatizó.

Para terminar, señaló que “a Bullrich le decimos que la Argentina no necesita violencia, necesita paz y que el protocolo es ridículo”. También cargó contra el jefe de bancada oficialista, Oscar Zago: “A él le digo que deje de decir pavadas y haga el curso de la Ley Micaela”.

Luego, la entrerriana Gaillard agregó que “debemos reflexionar que no podemos delegar ninguna facultad a Patricia Bullrich, si no le ponemos freno a este desquicio va a haber una tragedia”, y presentó una cuestión de privilegio contra Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, “por rechazar la convocatoria a sesión especial para este jueves para tratar DNU 70/2023”.

En tal sentido, Gaillard explicó: “Con el pedido de 5 senadores se puede convocar a sesión y en ningún caso se puede rechazar, pero el agravante es que el rechazo se formuló en contra la ley vigente”. Además le mandó un mensaje a Martín Menem: “Le reitero presidente que conforme la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo”.

Por último, el jefe de bancada de UP, Germán Martínez, presentó una cuestión de privilegio en contra del titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, por decir que “la lectura que hizo el secretario parlamentario (sobre los artículos eliminados) habían sido votados por el cuerpo con la mayoría requerida”.

“Segundos antes había acusado a quienes planteamos que no tenemos sobre las bancas el texto definitivo, había dicho que dejemos de ‘tomar de la mala’”, agregó, y siguió: “No me gusta tomar de la mala ni de la buena y esto es una falta a la verdad, nunca este cuerpo votó a extracciones que le quieran sacar a la ley ómnibus”.

Además, cuestionó que “estas demoras y cuarto intermedios son para conseguir los votos”. “Percibimos que hay algo que está pasando y nos afecta como atribuciones porque estamos debatiendo cuestiones de privilegio que hablan de la desmesura del aparato represivo montado por la ministra Bullrich contra jóvenes y mujeres”.

Los diputados nacionales Carlos Heller y Leopoldo Moreau fueron los encargados de disertar en la sesión de Diputados de este miércoles en representación del dictamen de minoría presentado por el bloque de Unión por la Patria y denunciaron que con el proyecto de la ley ómnibus “se pretende beneficiar a las grandes corporaciones” y lo calificaron de “ensalada normativa inconcebible”.

El primero en hablar fue Heller quien, anticipadamente, pidió disculpas porque “con todos estos cambios quizás me refiera a alguna cosa que se sacó, pero uno prepara una intervención con las herramientas que tiene”.

Seguidamente, el economista denominó al proyecto “4M” en alusión a “Martínez de Hoz-Menem-Macri y Milei”, y explicó que “un denominador común es que todos propiciaron lo mismo”, y explicó que el lema de Martínez de Hoz y la dictatura fue “achicar el Estado y agrandar la Nación”, para Menem “todo lo que sea estatal será privatizado”.

“Macri dijo lo mismo y agregó que ‘Menem fue un gran reconstructor del país’ elogiando todas sus políticas de privatizaciones’. Milei dijo exactamente lo mismo y en una entrevista hace unos días dijo que ‘todo lo que podamos pasar al sector privado lo vamos a hacer. No sé si genera ganancia o valor’”, explayó.

Heller retomó los dichos de Milei durante su conferencia en Davos donde expresó que “el problema es que la justicia social no es justa porque no aporta el bienestar general. Es una idea intrínsicamente injusta porque es violenta. Es injusta porque el Estado se financia a través de impuestos que se cobran de manera coercitiva”.

Al respecto, el diputado de UP remarcó: “Quiero decir que la justicia social está incluida en la Constitución Nacional, por lo tanto, renegar de la justicia social es de alguna manera estar diciendo que se desconoce la Constitución”.

“Milei dijo que los fallos de mercado no existen y terminó haciendo un elogio a las grandes corporaciones. Se refiere al mundo diciendo que las estructuras concentradas de la economía son las que explicaron el crecimiento económico desde 1800 hasta hoy”, criticó el economista.

En tanto, manifestó: “Hay que decirle al presidente que en el 1800 ya estaba en desarrollo la revolución industrial, justamente con el nacimiento de las luchas populares, algunas de las cuales terminaron en las jornadas de ocho horas que sirvió para equilibrar y distribuir mejor los recursos que generaba esa revolución haciendo que no todo quedara en beneficio de los dueños de las empresas, sino que también los trabajadores recibieran la parte que les correspondía”.

“Entre 1800 y hoy hubo dos guerras mundiales, tuvimos la gran depresión del 30’ donde se inició el Estado de Bienestar que duró más de 40 años donde se desarrollaron un montón de políticas que están en las antípodas de esto que están planteando en este proyecto y que generaron un enorme crecimiento de la economía mundial, pero acompañada de una mejor distribución de los ingresos que ese crecimiento generaba”, informó.

“El presidente niega eso, y le dice a los grandes representantes en Davos ‘ustedes son benefactores sociales, son héroes, son los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás se haya vivido’. Este pensamiento del presidente no es nuevo, ya que en una nota de hace unos meses dijo ‘lo que hace el contrabando es evitar el fisco, los contrabandistas para mi son héroes. Uno de mis grandes héroes’”, disparó Heller.

Así, denunció: “Queda claro entonces a quién se pretende beneficiar, según estos ideales a las grandes corporaciones. Ese es el espíritu que atraviesa a lo largo tanto del DNU como al proyecto Bases que estamos considerando”.

“Esto es contrario al interés y conveniencia de la sociedad. En un reciente informe del FMI el regreso de la política industrial dice que los países desarrollados contabilizan en conjunto 788 políticas de subsidios domésticos para impulsar el desarrollo de industrias, Estados Unidos es un ejemplo. 148 políticas de subsidios a las exportaciones, 111 barreras a la importación, 124 políticas de localización, 242 subsidios domésticos entre todos los países emergentes del mundo y 146 trabas a las importaciones”, precisó con datos el opositor.

En tanto, apuntó: “Es una falsedad esto de que eliminando las restricciones y abriendo los mercados va a venir la prosperidad, lo que va a venir es la ganancia para un grupo reducido de corporaciones de acá y del exterior que vienen por todas las riquezas que el país tiene. Esto de la libertad que se plantea es una puerta para que efectivamente eso suceda”.

“Respecto de la búsqueda del déficit cero” que plantea el gobierno nacional, el diputado subrayó: “al anunciar el retiro del paquete fiscal, el ministro Caputo dijo que el objetivo era poder aprobar el resto de la norma ya que lo más importante es la parte estructural de la ley ‛para cumplir con el déficit cero’ y dijo que ya que las medidas no se podían tomar por la vía de los ingresos se iban a tomar vía los recortes de los gastos”.

Heller detalló que “el déficit financiero de 2023 finalizó en el 6,1% del PBI, incidido con un 3,2% de intereses de la deuda, deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri”. “3,2% del 6,1% son principalmente intereses de la deuda”, puntualizó. Y en ese mismo sentido añadió: “El FMI estima una caída del 2,8% del PBI para este año. Si el PBI cae 2,8%, y teniendo en cuenta que la producción agropecuaria que había caído un 22% en el 2023 se va a recuperar, ¿cuánto va a tener que caer la industria? ¿Cuánto van a tener que caer la construcción, los servicios, para que se cierre con un 2,8% de caída del PBI?”.

“No se puede aprobar esto. De ninguna manera. Si las empresas de servicios públicos se privatizan y ponen precios de mercado, las tarifas van a ser inaccesibles y mucha gente no va a poder tener luz, agua, gas, ni ninguno de los servicios esenciales”, enfatizó el legislador.

En lo referido al traspaso de facultades que persigue el gobierno para poder endeudarse sin pasar por el Congreso, Heller señaló: “la eliminación de las condiciones que se habían puesto para que se pueda acceder a una refinanciación me parecen lesivas para el interés nacional”.

En el cierre de su intervención, el diputado de Unión por la Patria manifestó: “Esto no se puede aprobar, por eso nuestro bloque ha decidido el rechazo total en general y en particular, porque no hay cosas rescatables, porque el contenido a lo largo y a lo ancho de todo este proyecto es contrario al interés de las y los argentinos”.

También se expresó el diputado Leopoldo Moreau quien planteó que “es una irresponsabilidad estar tachando frenéticamente artículos”. “El gobierno está fabricando una crisis, provocando deliberadamente una hiperinflación para desvalorizar el peso. Con una inflación del 25% a desregulado todos los precios de la económica usando a la Argentina como un conejito de indias provocando un desastre social”, alertó.

Moreau enfatizó que “la responsabilidad del Congreso no es solo darle gobernabilidad al Gobierno, es darle gobernabilidad a la sociedad antes de que esto se transforme en tragedia. Nunca el Gobierno fue desafiado a la estabilidad democrática a renunciar expresamente a sus facultades como se pretende en la ley, aun poniendo a los diputados a incurrir en violar el artículo 29 de la Constitución Nacional”.

“Para justificar esta desmesura el Gobierno dice ‘tenemos el 54% de los votos’, una verdad incontratable. El Congreso tiene el 100% de los votos, no es cuestión de confrontar legitimidad, sino sentido común”, le enrostró el diputado de UP a los libertarios y señaló: “El presidente no puede ser rey de una colonia, tiene que ser presidente de una república y está representada en este parlamente le guste o no, lo dice la Constitución”.

En tanto, cuestionó que “se reclama una declaración de emergencia que abarca todas las temáticas, ahora no sé cuáles quedan estamos trabajando a ciegas. Esto se impuso mediante un trámite oscuro, desprolijo, se constituyeron solo tres comisiones que tuvieron que abarcar temas de diversa índole, fue una ensalada normativa inconcebible en un debate restringido”.

“Querían reformar todos los temas, Código Penal, Comercial, leyes ambientales, un delirio de alguien que  se encerró en estudios privados y empezó a decirles ‘trae lo que te interesa desregular que yo tengo los números para hacerlo ley’”, chicaneó Moreau y sumó: “A esto le agregan el DNU, no se conforma con facultades extraordinarias dadas por ley sino que suma un DNU, que ya tiene efectos, que tiene las viejas aspiraciones de los grupos más concentrados arrasar con los derechos de los trabajadores, con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.

Moreau alertó que “estamos en presencia de una regresión enorme. Parece que Milei quiere volver a 1910 con un modelo agroexportador extractivista que enriquecía a una minoría y empobrecía a los demás. Ese es el país al que se quiere volver”.

“Son libertarios, pero no creen en la democracia. Restringen la libertad a un solo aspecto que es el papel que el dan al Estado para reprimir. Este proyecto no tiene aspectos como desarrollo, progreso, inclusión social, fortalecimiento democrático, promoción del consumo. Resucitan la vieja consigna de la dictadura de achicar al Estado”.

Y remató: “Cuando agarramos este mamotreto que se parece al libro gordo de Petete encontramos una reforma al Código Penal dirigida a perseguir opositores”.

En medio de la intervención de Hacemos Coalición Federal, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, le exigió a Presidencia el retiro de Leonardo Sosa, militante de Revolución Federal, quien había hecho varios posteos contra la oposición al momento de la sesión.

Moreau le informó al titular de la Cámara baja, Martín Menem, que Sosa “está presente en el recinto, tuiteando y amenazando diputados”. “Cuide la integridad de los diputados y retire a esa persona que ingresó con una pulsera rosa”, agregó.

También, reiteró que “no tiene ninguna explicación que esté presente”, a lo que Menem contestó que “la seguridad lo está buscando y ya di la orden de retirarlo”.

Sosa compartió posteos que realizó durante la sesión y publicó un video del diputado nacional Máximo Kirchner a quien se refirió como “mamarracho”.

Previo a entrar de lleno en el debate sobre el proyecto de ley de Bases, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez (Santa Fe), hizo una moción de orden para pedir que la iniciativa vuelva a comisión tras la quita de 165 artículos. La moción de orden fue rechazada con 149 votos negativos contra 103 afirmativos y ninguna abstención.

En su intervención, Martínez denunció que hubo “una estrategia de oscurantismo que llevó al giro caprichoso en tres comisiones a que no se presenten al plenario ni el jefe de Gabinete, ni el ministro de Economía, tampoco el padre de la criatura de Sturzenegger no dijo absolutamente nada”.

“Arbitrariedades que en un momento llevaron a que no quieran recibir a la sociedad civil, fue el propio plenario que forzó a que positivamente eso se provoque. Que llevó a que suspendan las comisiones, que en un momento se dejaron de convocar y apareció el debate a las 21 de un día martes donde a la madrugada completaron las firmas de un texto que nosotros reclamábamos y que nunca estuvo a la vista, que nadie explicó y que nadie defendió”, cuestionó.

Y siguió: “Se llevaron el dictamen y en medio de eso solicitamos el texto y nos dijeron que no estaba disponible. El visado dejó en claro que ninguno de los 55 diputados en el momento de firmar conocía el texto del dictamen. Sale Caputo diciendo ‘sale el paquete fiscal’. El domingo hacen circular una versión 28-12. Llegamos a esta sesión y leen una cantidad de artículos que supuestamente salen del texto de la orden del día y ni siquiera está arriba de las bancas el texto que no solo propone esas exclusiones y no dejaron tampoco en claro, y todos los diputados nacionales van a arrancar el debate cuáles son las modificaciones que están proponiendo, porque una cosa son las exclusiones y otra las modificaciones que en el famoso borrador se realizaron u no sabemos si se están poniendo en consideración. ¿Qué es todo este mamarracho?”.

El santafecino se dirigió al oficialismo y les planteó: “Tienen una única y última posibilidad de emprolijar todo y por eso venimos a proponer que realicemos una moción de orden en el marco del artículo 127 de nuestro reglamento para que este expediente vuelva a comisión como dice el 128 ‘estas mociones no se discuten’, y como dice el 129 ‘para aprobarse se requiere la mayoría absoluta de los votos emitidos y nosotros vamos a pedir votación nominal’”.

“Si quieren cuidar al presidente de la Nación, hagan que este tema vuelva a comisión y a los diputados de los otros bloques es momento para decir claramente un ‘no’ a este tratamiento, es hoy. No aceptemos cuestiones graves que mencionó un diputado de la oposición -haciendo referencia a Nicolás Massot– preanunciando aprietes, amenazas, carpetazos y denuncias para quienes tienen un posicionamiento distinto”, cerró entre gritos Martínez.

De la vereda de enfrente le salió al cruce el titular del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien le recordó que “en el ámbito de labor parlamentaria él ha validado estas cuestiones que planteó. Ese discurso que acaba de hacer debería haberlo hecho anoche cuando avalamos y convalidamos que, por una cuestión de agilidad del tratamiento de este largo proyecto de ley, se iba a hacer el listado de temas que se excluían cuando llegaba el cierre del debate y se iban a incorporar por escrito y que iban a estar por la tarde el detalle de los temas”.

“Estamos dispuestos a tratar artículo por artículo en función de la transparencia hasta que termine este tema. No hay ningún problema de discutirlos. El debate lo vamos a hacer, pero ayer validaron este procedimiento y no había ninguna irregularidad. Rechazamos el pase a comisión”, remató Pichetto.

En el mismo sentido se pronunció el jefe de la bancada Pro, Cristian Ritondo, quien ratificó los dichos del diputado preopinante y planteó que “la Labor es el lugar de pautar y coordinar cómo van a ser las reglas en el recinto y en una ley que abarcar distintos temas y que es larga”, y le enrostró: “Muchas cosas que hoy critican, años anteriores fueron hechas por ustedes -refiriéndose a la bancada de UP- entraba un martes el presupuesto y a los dos días lo debatíamos en el recinto, sacaban artículos o modificaban en el momento”.

Por último, la diputada de izquierda Myriam Bregman propuso que el proyecto “debería volver a comisión y ordenarse y renumerar todo el dictamen para ver qué queda y qué no, si tiene coherencia interna o es la continuidad de este procedimiento desprolijo”.

Tal cual se preveía, en el inicio de la sesión para tratar el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos diputados de Unión por la Patria lanzaron una fuerte embestida contra el oficialismo, trayendo a colación el tratamiento en la Cámara del mega DNU, como así también todo lo que rodeó el dictamen del proyecto de ley ómnibus.

Fueron varios los que hablaron del tema, y el diputado nacional Pablo Yedlin (UP – Tucumán) fue el primero, al presentar una cuestión de privilegio contra el titular de la Cámara baja, Martín Menem, a quien acusó de impedir la constitución de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.

“La reforma del 94 la estableció como una manera de limitar el presidencialismo argentino”, explicó el tucumano. Además, señaló que “intentó, después de épocas de excesos, ponerle una lógica de control legislativo”.

De tal modo, sostuvo que “la comisión no se ha constituido a pesar de las notas de nuestra bancada, pero el Senado sí la ha constituido”. De esta manera, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados: “La responsabilidad cae en su persona”.

Finalmente, expresó que la Bicameral “tiene como objetivo dar dictamen de rechazo o aprobación a los DNU”, y agregó que “tiene como función analizar las leyes parcialmente vetadas”. “tenemos el DNU más grande la historia argentina con más de 300 artículos y derogación de leyes y aumento de prepagas”, aseveró.

Y concluyó: “Le pido a aquellos que votan facultades delegadas que sepan que este presidente no quiere conformar la Comisión Bicameral”.

También la diputada nacional Carolina Gaillard (UP – Entre Ríos) presentó una cuestión de privilegio contra Martín Menem y enfatizó que “hace años que soy diputada y trabajadora legislativa y nunca vi el nivel de oscurantismo que hay desde que usted es presidente”.

En tal sentido, señaló que vio “distintas irregularidades que empezaron el 7 de diciembre donde se incumplieron los acuerdos para la conformación de comisiones y usted está incurriendo en un delito de responsabilidades públicas por no conformar la Comisión Bicameral”.

Así las cosas, reiteró que “nuestro jefe de bloque (Germán Martínez) le envío varias notas para conformarla porque esta comisión es la única que no se toma vacaciones”.
En el final, cargó contra la titular del Senado, Victoria Villarruel, por no convocar la sesion en la Cámara alta y le pidió a la oposición que acompañe la sesión que pretende llevar UP este jueves en el recinto de la Cámara de Senadores.

Diego Giuliano también la emprendió contra el presidente de la Cámara por el tratamiento de la ley ómnibus, a la que le atribuyó la capacidad de “cambiar la matriz económica de la República Argentina”. Y dijo que se estaba en un “momento constitucional muy crítico”, por estipular “a la ley de mercado como el principio rector de nuestra Constitución. Y esto no es así”.
“Este proyecto de ley ómnibus pasa por encima todas las reformas”, aseguró, para cuestionar también la cantidad de comisiones a las que fue girada la iniciativa. “Debió haber ido a 12, no a 3”, sostuvo, para afirmar que el despacho final estuvo acompañado por “momentos grises”.

Luego, la diputada nacional Vanesa Siley presentó una cuestión de privilegio contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por “amenazar” a los gobiernos provinciales en el marco de las negociaciones por el avance del proyecto de ley Bases.

“Si alguno de los capítulos es rechazado, habrá partidas que serán recortadas”, remarcó la legisladora, y añadió: “A él no lo votó nadie, es conocido por endeudar a la Argentina por 100 años siendo ministro de Mauricio Macri, por fugar millones y fue parte de los ‘Panamá papers’”.

En tal sentido, acusó: “Caputo es conocido por financiar el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner y no sabemos si acá hay cómplices de Fernando Sabag Montiel”. “Estos son los parásitos de la democracia”, aseveró.

Contra el presidente Milei

El diputado nacional Leandro Santoro (UP – CABA) presentó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, Javier Milei, “por haber sembrado dudas en el tratamiento de esta”, en relacion a la acusación del jefe de Estado respecto a un “pedido de coimas”.

El legislador opositor señaló que “es una situación inédita y que no es gratis por acusar a diputados de pedir coimas o que buscan favores personales para aprobar esta ley”. “La opinión publica puede llegar a la conclusión de que la ley se sanciona por esto”, indicó.

Asimismo, volvió a cuestionar al presidente: “No puede decir que se pidieron coimas sin presentarse en la Justicia porque si tiene conocimiento del pedido de coimas, debió presentarse en la Justicia, y si no, debe retractarse y pedir disculpas”.

También, cargó contra el ministroCaputo: “Llegaron a decir que si no conseguían los votos iban a fundir a las provincias o que el ajsute sería mucha grave”. Sin embargo, sostuvo que “les dio resultado, el apriete, porque legisladores cambiaron de bancada”.

En el cierre de su intervención, se dirigió al titular de la Cámara baja, Martín Menem, y cerró: “Esto hace mal a la democracia argentina y al Gobierno. Le pido a usted que haga reflexionar al presidente de la Nación”.

También, la diputada nacional Ana María Ianni (UP – Santa Cruz) realizó el mismo pedido contra Milei y explicó que “no vamos a tolerar la falta de respeto porque venimos siendo tildados de ‘chorros’, ‘corruptos’ y ‘coimeros’”.

“Trabajamos para ser representantes del pueblo porque para eso no han votado”, consideró la exsenadora. A su vez, presentó la cuestión de privilegio contra José Luis Espert, Gabriel Bornoroni y Nicolás Mayoraz, quienes presidieron el plenario de comisiones del tratamiento del proyecto de ley ómnibus.

El interbloque de Unión por la Patria en la Cámara alta, a través de una publicación de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, insiste con sesionar el jueves 1º de febrero para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

La legisladora opositora planteó que “con la firma de cinco senadores, es oficial que hay sesión especial”. Del mismo modo, se mostró confiada de acceder a un eventual quórum para llevar el DNU al recinto.

El interbloque cuenta con 33 senadores (17 del Frente Nacional y Popular y 16 de Unidad Ciudadana), quienes a través de sus jefes de bancada, José Mayans y Juliana Di Tullio, le exigieron a la titular del Senado, Victoria Villarruel, que habilite la realización de la sesión este jueves.

“Solo falta que los senadores que dijeron estar en contra bajen al recinto a debatir el DNU para que luego lo rechacen los diputados”, concluyó en su hilo de X Fernández Sagasti.

En su publicación, Sagasti, confía que “al menos seis senadores de otros bloques se exprese en contra” del DNU. Sin embargo, según supo parlamentario.com, “esos senadores no bajarían al recinto” y la sesión fracasaría, siempre y cuando la titular del Senado habilite la realización de la sesión.

#1F #EsAhora 👉🏻 El Senado le dice #NoAlDNU 🇦🇷 pic.twitter.com/NrjR9855j3

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) January 30, 2024

 

 

Luego de que se pospusiera hasta el miércoles del debate por la Ley Ómnibus, los legisladores de Unión por la Patria (UP) se reunieron con artistas, empresarios y referentes de la cultura para pedirle a los diputados nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que rechacen ese proyecto y exijan el retiro definitivo de varios capítulos del mismo.

Tras el encuentro, los peronistas emitieron un comunicado en el que señalaron que “los legisladores de Unión por la Patria (UP) nos reunimos con artistas, empresarios teatrales, productores audiovisuales, músicos, representantes de entidades, medios comunitarios, sindicatos y organizaciones culturales preocupados por el avance de la Ley Ómnibus y su perjuicio a la actividad cultural de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Tanto su producción artística como su enorme oferta cultural son parte de nuestra identidad porteña y colocan a la Ciudad como una de las más importantes referencias culturales de Latinoamérica, donde el acceso a la cultura, además de ser un derecho garantizado, es una actividad que atrae inversiones y multiplica las fuentes de trabajo”, precisaron e indicaron que “la cultura no es un costo, es una inversión para la sociedad”.

Sobre esa misma línea, recordaron que “los porteños contábamos con más de 500 librerías, más de 300 teatros, cerca de 350 bibliotecas y una gran cantidad de centros culturales y milongas distribuidas por toda la Ciudad. Además, los espectadores de cine en nuestra Ciudad representan más del 20% del total del país”.

“Más allá de que nuestro bloque y nuestro espacio político rechaza contundentemente la Ley Ómnibus en general y en particular, en lo que atañe a la cultura le pedimos a los diputados nacionales por la Ciudad de todos los bloques que soliciten el retiro definitivo del capitulo III ‘Cultura’; del capitulo II referido a las modificaciones de la Ley N° 11.723 (Régimen de propiedad intelectual) bajo la denominación ‘gestión colectiva de derechos’; y del articulo 60 referido a la derogación de la Ley N° 25.542 sobre el precio uniforme de venta al público de libros”, agregaron y pidieron que “rechacen, en el mismo sentido, las facultades delegadas que dan vía libre al Poder Ejecutivo para tomar las medidas que no logren aprobarse en dicha ley”.

A su vez, los legisladores porteños solicitaron que “no se deje sin financiamiento el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) que es una herramienta que permite redistribuir los recursos que provienen de los medios de comunicación audiovisual (gravámenes y multas) para fomentar a los medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios”.

“Al mismo tiempo, hemos enviado una nota al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, para que se haga eco del reclamo, reciba a los representantes de los distintos sectores de la cultura, y se abra a una instancia de diálogo y trabajo donde se planteen cada uno de estos temas en profundidad, a fin de preservar y continuar potenciando el desarrollo cultural de la Ciudad. Sin dialogo y consenso con los sectores afectados, no hay soluciones posibles”, sentenciaron.

El bloque de Unión por la Patria en el Parlasur envió una nota al presidente de Colombia, Gustavo Petro, para acercarle un pedido de disculpas por las afirmaciones que realizó, en el marco de una entrevista, el presidente de la Nación Argentina, Javier Milei.

El pedido de disculpas fue encabezado por Teresa Parodi, Gabriel Fuks, Franco Metaza, Victoria Donda, Cecilia Nicolini y Gustavo Arieta quienes expresaron: “Los pueblos argentino y colombiano son grandes promotores de la integración latinoamericana, y nuestras relaciones bilaterales se han visto notablemente fortalecidas con la incorporación de Colombia como estado asociado al Mercosur”.

“Las declaraciones realizadas por el presidente argentino Javier Milei son de una altísima gravedad institucional dado que vulneran y desconocen los profundos lazos que ambos países sostenemos hace más de 200 años”, aseveraron.

En esa línea, el texto explicó que “estas declaraciones irresponsables e irrespetuosas tanto para con usted como para con las instituciones colombianas, no representan en absoluto el sentir del pueblo argentino”.

Por último, los representantes de Unión por la Patria en el Parlasur sostuvieron: “Cuente con nosotros, en tanto parlamentarios supranacionales de la República Argentina, para continuar aportando a la senda de la integración para el desarrollo de nuestras naciones y el mantenimiento de la paz en nuestro continente”.

Nota disculpas a Petro 290124 IMPRIMIR

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP – CABA) se refirió este lunes a los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, con relación al proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y afirmó que “son un engañapichanga”.

Además, consideró que “Si le dejan el cuarto artículo, que son la delegación de facultades legislativas al presidente, significa que cuando tenga los poderes delegados va a reinstalar todo lo que retiraron. La clave es que no se aprueben las facultades delegadas que quieren”.

Consultado por la posición de Unión por la Patria, respondió “va a votar en contra porque esta ley ómnibus no favorece al país”, y agregó: “Siempre hubo delegación de facultades, pero eran acordes a la Constitución. En este caso pretenden cambiar la matriz social, económica, cultural y política del país”.

Con relación al dictamen de mayoría del oficialismo, Valdés aseveró que “LLA lo denomino `atrapado sin salida´ porque lo votaron 34 diputados en blanco y los estafaron, lo presentaron sin los cambios que pedían”. “Estos bloques que no fueron respetados en sus propuestas ¿van a dar el quorum? ¿Van a votar positivamente una ley que les cambian permanentemente? ¿Está la confianza restaurada? Creo que no, creo que la confianza está claramente viciada”, cuestionó.

Por otro lado, Valdés se refirió al DNU: “Los cambios de vida definitivos de las personas no pueden ser por decreto. Aquí de pronto pasaron a estar fuera de la ley los que tienen una agencia de turismo, los farmacéuticos que estudiaron para ejercer y los jubilados a quienes les cambian la forma de vida con asignaciones paupérrimas”.

“Tampoco se puede cambiar el código civil en período de sesiones extraordinarias, las reformas al código civil llevaron años, y son producto de debate de grandes juristas de distintas tendencias para llegar a una propuesta que después toman los legisladores, lo mismo con la reforma del código penal”, criticó.

Por último, manifestó: “Espero que esta ley se debata a la luz del día y no en una sesión maratónica por la noche y sin televisar”, y cerró: “No se convocaron a todas las comisiones que correspondía para debatirlo, es una gran anomalía”.

Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución en rechazo a la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), ordenada por decreto 89/2024. Además, plantearon que se revierta.

El texto fue encabezado por el diputado nacional Pablo Carro y acompañado por Germán Martínez (jefe de bloque), Leopoldo Moreau, Gisela Marziotta, Brenda Vargas Matyi e Itai Hagman.

En el texto solicitan que se cumpla conl a legislación vigente respecto de la conformación del Directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) como organismo colegiado de aplicación de las leyes 26.522 y 27.078.

“Desde su creación, el directorio del ENaCom cuenta con siete integrantes, cuatro designados por el presidente y tres por el Congreso (de diferentes fuerzas políticas). Así, el oficialismo cuenta con mayoría para tomar las decisiones que crea necesarias, por lo que no se comprende la intervención”, consideró Carro.

Del mismo modo, agregó: “Creo que hay intenciones ocultas con este accionar, creo que el presidente quiere eliminar esa representación opositora en el Enacom y así poder avanzar en favorecer a las grandes empresas del sector, a espaldas del pueblo argentino. Quieren impedir la transparencia, pluralismo y disenso sobre lo que autocráticamente quiera disponer el Gobierno sobre las políticas TIC y audiovisuales”.

Para la oposición el presidente de la Nación, Javier Milei, “quiere echar mano a las pocas capacidades regulatorias y de gestión existentes y considera que el actual ENACOM es un obstáculo”. “Invocan la defensa de la conectividad de los 47 millones de argentinos y argentinas, pero entendemos que la intervención resulta en la defensa de los intereses de unas pocas empresas concentradas”, indicaron.

En tal sentido, UP le exige al presidente revocar la intervención del organismo dispuesta por el Decreto 89/2024 y designe los directores por parte del Poder Ejecutivo, mientras el Congreso Nacional designa los directores correspondientes a las minorías parlamentarias.

5147-D-2023 P R rechazo intervención ENACOM

Esta semana, finalmente se pondrá en discusión la llamada Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados de la Nación. El primer desafío que deberá superar es la presencia de más de 129 diputadxs en sus bancas dando quorum. Luego vendrá la votación en general y luego la de cada tema en particular. Con mis compañeros del bloque de Unión por la Patria —boleta por la que me eligieron los tucumanos— daremos el debate, fundamentaremos nuestras posiciones y votaremos en contra del proyecto del Poder Ejecutivo.

Cuando se vote en particular la norma que modifica la Ley de Biocombustibles apoyaré los cambios propuestos siempre y cuando impacten positivamente en la actividad y redunden en beneficios para Tucumán. Habrá que estar atentos también a la defensa de nuestros jubilados, de nuestros artistas y de la Cultura dado que buscan vulnerarlos y someterlos a ajustes innecesarios.
Para aquellos diputados “dialoguistas” el desafío de cómo actuar sigue presente. No alcanza con el retiro de la derogación de la Ley de Azúcar para votar una norma que le da facultades delegadas al presidente de la Nación. ¿O acaso qué garantías hay que al delegarle facultades no vuelva el Presidente a reintroducir esa misma derogación sin pasar por el Congreso de la Nación?
Fue el mismísimo presidente de la Nación quien propuso terminar con la protección a la industria del azúcar. Y fue el reclamo de los gobernadores, empresarios y de los diputados de Unión por la Patria que frenó la iniciativa. El gobernador Osvaldo Jaldo fue parte de ese reclamo. Pero ¿quién puede ser Garante de que el presidente Milei, una vez que le voten las facultades delegadas no va a derogar la Ley del Azúcar otra vez?
De igual modo con las modificaciones que se pretenden con los biocombustibles. ¡O aún peor! ¿Qué diputados votarán una ley que va en contra del bioetanol de caña, bajo la promesa incierta de que al llegar ese tema se cambie el texto de la norma y esa modificación tenga el número de votos suficientes para que la ley salga corregida?
Recordemos que los propios diputados “aliados o dialoguistas” del presidente Milei han dicho que fueron “sorprendidos” por un dictamen que se firmó bajo una supuesta redacción y horas después se encontraron con otro texto que no respetaba los acuerdos.
Hoy para Tucumán -bajo una mirada incluso estrictamente local- lo más conveniente es que no haya media sanción. De esa manera la Ley de Azúcar se mantiene y no podrá reinstalar su derogación el Presidente con facultades delegadas. La Ley de Bioetanol queda como está ahora y así regirá hasta el 2030 preservando el piso de corte y el precio adecuado, y las retenciones al limón y sus derivados se mantienen en 0%.

Y si pensáramos con una mirada más amplia, no estaríamos dejando a 40 empresas estratégicas y nacionales -que no son deficitarias- en condiciones de ser privatizadas a sola firma (Aerolíneas Argentinas, AYSA, YMAD, Telam, Ferrocarriles Argentinos, Belgrano Cargas, Fabricaciones Militares, etc).
Dejar afuera la Emergencia Previsional, no significa que evitemos el desguace que se propone la Ley Ómnibus del fondo de garantía de sustentabilidad (FGS) al Tesoro nacional

¿Qué medida tomará el presidente Milei con la progresiva pérdida de valor adquisitivo de los jubilados de la mínima y de las otras categorías? En Tucumán son más de 200 mil los jubilados/as que tenemos que cuidar y recomponer sus ingresos.

¿En verdad alguien piensa en votar la Ley Ómnibus en general?
¿La prórroga del Presupuesto 2023, en cuánto afecta a Tucumán?

¿Como se sostendrá la Universidad Nacional de Tucumán en la que estudian 80 mil jóvenes?

¿Cómo se hará frente al desfinanciamiento del CONICET que tiene 17 Unidades Ejecutoras/Centros de Investigación, más de 450 becarios/a y más de 350 investigadores en nuestra provincia?

¿En verdad alguien piensa en votar la Ley Ómnibus en general?

¿Cuántos proyectos iniciados o por iniciar de obras públicas quedan suspendidos en Tucumán?  ¿Cuánto empleo se pierde con estas suspensiones?

¿En verdad alguien piensa en votar la Ley Ómnibus en general?

También estoy convencido que un país no es sólo sus finanzas y no todo puede ser evaluado en cuanto ingresa y cuanto “se gasta” en cada política. Estoy convencido de que es necesario sostener la Educación y la Salud Publica, convencido en que las 38 bibliotecas populares de nuestra provincia son parte del tejido social de sus comunidades y colaboran a tener una sociedad mejor.
El Fondo Nacional de las Artes, que, así como ayudó en sus inicios al legendario Antonio Berni o a Astor Piazzola, en estos años financió a más de 800 proyectos y artistas de nuestra provincia a través de becas, subsidios y préstamos. Es mi obligación defenderlos a ellos también. El INCAA, que hace a la identidad y a la esencia de nuestro país, también vería recortadas sus capacidades y potencialidades.
Sin dudas, las discusiones y peleas que dimos alcanzaron a frenar en parte los avances sobre la Salud Pública, las economías regionales y la industria tucumana en particular, Pero ese triunfo es parcial y no es suficiente.

Por último, vamos a trabajar para recomponer los ingresos del Estado provincial a través de la Coparticipación. Vamos a presentar un proyecto que le devuelva de forma estable y regular sus ingresos a Tucumán sin afectar a los trabajadores sin restablecer el impuesto a las Ganancias.

Uno de los datos salientes de una semana en la que pasó de todo, desde la emisión del dictamen para la ley de Bases, el paro nacional contra esa norma y la vuelta atrás con el capítulo fiscal, fue sin lugar a dudas la nueva ruptura del bloque Unión por la Patria en la Cámara baja. No por su magnitud, pero sí por la dimensión política del hecho que activó alarmas en el seno del bloque conducido por Germán Martínez.

No es sencillo para cualquier oficialismo pasar a ser oposición. Sobre todo cuando se trata del peronismo, acostumbrado a gobernar y en consecuencia siempre muy atento a las tentaciones. Pero fundamentalmente eso puede darse cuando conviven en el seno de una fuerza sectores tan diversos.

Sin ir más lejos, es lo que sucedió esta vez con Juntos por el Cambio. Al pasar de ser oficialismo a oposición, las rupturas fueron menores y de no mayor significación. Un dato de la realidad fue el hecho de que se mantuvieran unidos durante los cuatro años siguientes partidos que mostraban diferencias sustanciales, sobre todo a nivel dirigencial, no tanto entre sus votantes. Los mantuvo seguramente unidos primero la pandemia, que cristalizó escenarios políticos, y luego la posibilidad de volver a gobernar, que se percibió más temprano de lo previsto, y se verificó realmente cuando ganaron las elecciones intermedias.

La frustración de no haber concretado esa esperanza, pero sobre todo las diferencias que abrió el internismo que no agotó -por el contrario, potenció- el resultado de las PASO, hicieron lo suficiente como para detonar finalmente ese espacio.

Al peronismo le pasó en 2015, cuando tras doce años de kirchnerismo gobernante, muchos recuperaron su capacidad de “pensar y decir” lo que realmente pensaban, como diría Miguel Pichetto a poco de volver al llano. Hábilmente los operadores de Cambiemos actuaron sobre los gobernadores y temprano hubo una escisión en el seno del bloque Frente para la Victoria formándose el bloque Justicialista, de 17 diputados, con los que el Gobierno de Mauricio Macri consiguió herramientas para tener gobernabilidad en el Congreso.

Rupturas en Unión por la Patria 

En el Senado, la ruptura sobrevino antes del cambio de Gobierno y fue a partir de la salida del bloque oficialista de los senadores Guillermo Snopek (Jujuy), Ernesto Kueider (Entre Ríos), Carlos “Camau” Espínola (Corrientes) y María Eugenia Catalfamo (San Luis), que armaron un bloque propio junto a la cordobesa Alejandra Vigo, y que hoy subsiste, reducido a tres, con Kueider, Espínola y Vigo.

En Diputados, la elección del 22 de octubre, que UP terminó ganando, dejó un bloque propio de 106 miembros. La falta de liderazgos, consecuencia de la derrota presidencial, abonó la posibilidad de rupturas, y prontamente se supo de negociaciones para recrear un spacio propio que respondiera a gobernadores con intereses distanciados de los que pudiera tener por ejemplo el kirchnerismo. Allí se lo vio muy activo al diputado jujeño Guillermo Snopek, quien precisamente había liderado el bloque rupturista del Senado y llegaba a Diputados con intenciones de armar algo similar.

Por eso tardó en oficializarse su pertenencia a UP, aunque finalmente eso sucedió. Snopek tiene la particularidad de no tener un gobernador propio, pero así y todo estuvo en negociaciones con los salteños, aunque finalmente las mismas no llegaron a buen puerto y él se mantiene hoy dentro del bloque UP.

Sí prosperaron las negociaciones de los salteños con los de otras provincias, aunque no atrajeron otros diputados de UP. Solo los tres salteños que responden al gobernador Gustavo Sáenz: Pamela Calleti, consultora jurídica del mandatario provincial, quien se desempeñó como ministra de Justicia, ministra de Derechos Humanos y Justicia y Fiscal de Estado de la provincia de Salta durante varios años de la gobernación de Juan Manuel Urtubey; Pablo Ismael Outes, actual coordinador de Enlace y Relaciones Políticas del gobierno de Gustavo Sáenz, y Yolanda Vega (Salta), exintendenta de Cerrillos, parte del partido “Salta Nos Une”, aliado del gobernador.

Esos diputados terminaron armando Innovación Federal, un espacio que sumó además a representantes de partidos provinciales como los misioneros del Frente Renovador de la Concordia (4), un rionegrino y un neuquino.

No todos los salteños se alejaron de UP. Emiliano Estrada no responde a Sáenz y se quedó donde está. Kirchnerista, fue ministro de Economía de Urtubey, hasta que dejó el cargo para dedicarse de lleno a su campaña. Acompañó como candidato a vicegobernador a Sergio Leavy en su intento de gobernar Salta. En enero de este año rompió el vínculo con el gobernador Sáenz y conformó con el ahora libertario Carlos Zapata una fórmula para la gobernación.

La ruptura más reciente del bloque que encabeza Germán Martínez se dio la última semana, a partir de que el tucumano Agustín Fernández, (exintendente de Aguilares, que fue secretario de Gobierno de Juan Manzur) suscribió el dictamen de mayoría de la ley de Bases. Alineado con el gobernador Osvaldo Jaldo, horas después de firmar como firmó, se despegó del bloque UP junto a las otras dos diputadas que también responden a Jaldo: Elía Mansilla (exintendenta de Aguilares, cargo que cedió a su hija Gimena, quien completa el mandato de Rossana Chahla, que ganó la intendencia de la capital tucumana. Es esposa del exsenador nacional Sergio Mansilla), y Gladys Medina (esposa del intendente de Banda del Río Salí).

Quedaron en el bloque UP los diputados que responden a Manzur: Pablo Yedlin y Carlos Cisneros (hombre del riñón del actual senador nacional, y dirigente de La Bancaria).

Los que siguen en UP

Consumado el alejamiento de esos tres diputados tucumanos, el bloque UP perforó el piso de 100 diputados y quedó en 99. Sigue siendo primera minoría, pero con el riesgo de tener más rupturas. Se verá si eso sucede, pero para intuirlo vale tener en cuenta los diversos sectores que conviven en una bancada que sigue siendo muy diversa. Y sobre todo, el hecho de que hay gobernadores peronistas que alientan que sus diputados y senadores puedan lograr tener mayor volumen político dentro de las Cámaras.

Particularmente eso se verá en Diputados, donde a juicio de varios de los gobernadores -los cuales se han visto disminuidos en cantidad a raíz de las derrotas cosechadas en varios distritos este año- no van a lograr tener influencia si se mantienen dentro del bloque UP.

Muchos ven con buenos ojos la posibilidad de armar algo sin que eso signifique alinearse con La Libertad Avanza, sino bien ajustado a sus necesidades locales, como ha sucedido con Innovación Federal y el flamante bloque Independencia. La idea -por ahora congelada- es tener “peso específico para negociar no solo con las autoridades de la Cámara, sino con el Gobierno nacional en las votaciones, para lograr beneficios para sus provincias”.

Esto se da en un bloque que sigue conduciendo Germán Martínez, a quien le ratificaron la confianza al pasar a ser oposición, donde el kirchnerismo cuenta con 36 exponentes fieles, mientras que aquellos que responden a sus gobernadores suman una veintena bancas.

Entre esas “almas inquietas” figura el santafesino Roberto Mirabella, quien en vísperas de la asunción de los nuevos diputados estuvo en conversaciones con otros sectores, pensando en armar un bloque propio que hasta tenía nombre: Defendamos Santa Fe. Por el momento sigue en UP.

El siente, como otros diputados “sin tierra” -que no responden a gobernadores o algún espacio político dentro del peronismo-, que siempre tuvo una relación compleja con el expresidente Alberto Fernández en cuestiones tales como la lechería y biocombustibles. Y se puso en contacto con otros pares de Entre Ríos, Buenos Aires, Salta, Jujuy y Mendoza, según pudo saber este medio. Pero todavía ni armó con otros, ni optó por crear un monobloque.

En el bloque convive un puñado de massistas (8) y hasta algunos alineados con el expresidente Fernández. 

Nombre por nombre 

Germán Martínez (Santa Fe): Fue reelecto por un segundo mandato en la Cámara baja. Hombre del riñón de Agustín Rossi, asumió la presidencia del bloque del Frente de Todos en febrero de 2022 cuando renunció a ese cargo Máximo Kirchner.

Responden a sus gobernadores (19)

Hilda Aguirre (La Rioja): Logró renovar su banca por cuatro años más. De 2011 a 2017 fue senadora. Responde al gobernador Ricardo Quintela.

Ernesto Alí (San Luis): Fue ministro de Seguridad de su provincia bajo la gestión de Alberto Rodríguez Saá. Comenzó su militancia en el Partido Justicialista durante su carrera universitaria.

Jorge Araujo Hernández (Tierra del Fuego): Es representante del Movimiento Popular Fueguino, partido aliado del gobernador Gustavo Melella.

María Fernanda Ávila (Catamarca): Actualmente secretaria de Minería de la Nación y exministra de Minería en su provincia, responde al gobernador Raúl Jalil.

Luis Basterra (Formosa): Responde al gobernador Gildo Insfrán. Actualmente es ministro de Educación y Cultura de su provincia; fue ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca durante la primera parte del gobierno de Alberto Fernández y diputado nacional durante dos mandatos, de 2011 a 2019.

Sergio Casas (La Rioja): Renovó su mandato por cuatro años más tras encabezar la lista. Es exgobernador de su provincia.

Andrea Freites (Tierra del Fuego): Fue legisladora provincial por FORJA, el partido que integra el gobernador Gustavo Melella.

Sebastián Nóblega (Catamarca): Intendente de Tinogasta y miembro del PJ local.

Graciela Parola (Formosa): Renovó su banca por cuatro años más, responde directamente al gobernador Gildo Insfrán.

Ariel Rauschenberger (La Pampa): Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de La Pampa, quien responde al gobernador Sergio Ziliotto. Fue diputado entre 2017 y 2021.

Ramiro Fernández Patri (Formosa): El legislador formoseño responde lealmente al gobernador Gildo Insfrán.

Silvia Ginocchio (Catamarca): Abogada de profesión y diputada nacional desde 2017, es la esposa del gobernador catamarqueño Raúl Jalil.

Ricardo Herrera (La Rioja): Un diputado importante para el Frente de Todos que responde al gobernador Ricardo Quintela.

Dante López Rodríguez (Catamarca): De perfil muy bajo como diputado, va por su segundo mandato y responde al gobernador Raúl Jalil.

Varinia Lis Marín (La Pampa): El propio gobernador Sergio Ziliotto pidió para que estuviera en la lista que la depositó en una banca de la Cámara baja. Según ella misma ha dicho, en su provincia “suma” tener el apellido de quien fue cuatro veces gobernador, senador y diputado nacional, como así también presidente del PJ durante muchos años, Rubén Marín, su padre, que falleció este fin de semana.

Gabriela Pedrali (La Rioja): Exesposa del gobernador Ricardo Quintela, de quien fue ministra de Desarrollo Social. Miembro clave de la mesa chica del quintelismo.

Tanya Bertoldi (Neuquén): Enojada con el peronismo provincial, se acercó al gobernador electo Rolando Figueroa, expresando “nuestro espíritu peronista nos dice y nos marca que el camino de la transformación es la unidad. Una unidad real, no solo entre quienes piensan igual”.

Carolina Yutrovic (Tierra del Fuego): Miembro del Partido Social Patagónico que fundó la exgobernadora Fabiana Ríos, pensó en formar un monobloque de ese partido, pero al final se sumó al Frente de Todos.

Natalia Zabala Chacur (San Luis): Fue jefa de Gabinete de Alberto Rodríguez Saá. Llegó al Congreso para reemplazar a María José Zanglá, quien estuvo solo una sesión en su banca, que dejó para seguir al frente de la habilitación del Hospital Ramón Carrillo y el Comité de Crisis de la pandemia en su provincia.

 

Con Kicillof (2)

Daniel Gollán (Buenos Aires): Fue el último ministro de Salud de Cristina Kirchner y ocupó el mismo cargo en esa cartera en la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof.

Agustina Propato (Buenos Aires): Esposa del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, fue candidata a intendenta de Zárate este año, siendo superada por apenas dos mil votos por el intendente electo de Juntos por el Cambio. Contó para esa elección con un fuerte apoyo del gobernador Axel Kicillof.

 

Sin tierra (16)

Eugenia Alianiello (Chubut): Militante social, licenciada en Psicología, fue funcionaria de Mario Das Neves y es reconocida como un cuadro del vicegobernador saliente Ricardo Sastre.

Walberto Allende (San Juan): De dilatada trayectoria política, fue funcionario durante la gestión de José Luis Gioja en su provincia y luego ministro de Desarrollo Humano de Sergio Uñac. Partidario de lograr una renovación en el Partido Justicialista sanjuanino tras la derrota de este año, que atribuyó fundamentalmente a la “fuerte interna” que hubo en su provincia. Está alineado con Uñac.

Ana Fabiola Aubone (San Juan): Abogada y procuradora, fue ministra de Gobierno de Sergio Uñac, con quien está alineada políticamente.

Martín Aveiro (Mendoza): Referente del PJ en su provincia, intendente de Tunuyán desde 2011. Profesor de educación física, también tuvo cargos vinculados al deporte.

Adolfo Bermejo (Mendoza): Con mandato hasta 2025, fue senador nacional entre 2009 y 2015, año en el que se postuló para gobernador de su provincia, siendo sucedido en su banca por Anabel Fernández Sagasti. Referente del peronismo de Maipú, donde fue intendente, en las últimas elecciones provinciales apoyó al bionomio kirchnerista integrado por Omar Parisi y Lucas Ilardo, sorprendiendo con su decisión, pues históricamente estuvo más vinculado al peronismo de los intendentes.

Gustavo Bordet (Entre Ríos): Gobernador saliente de Entre Ríos, ha mantenido ciertas diferencias con la gestión de Alberto Fernández. Fue uno de los mandatarios provinciales que no avaló el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema.

Jorge “Coqui” Chica Muñoz (San Juan): Exjugador de fútbol y actual secretario de Deportes de su provincia. Es un hombre del entorno del exgobernador y actualsenador Sergio Uñac.

María Luisa Chomiak (Chaco): Fue intendenta de Charata. Responde a Jorge Capitanich.

Carlos Cisneros (Tucumán): Hombre del riñón de Juan Manzur y dirigente del gremio La Bancaria, renovó su banca por un segundo mandato.

Gisela Marziotta (CABA): Periodista y escritora, diputada kirchnerista.

Roberto Mirabella (Santa Fe): Fue senador nacional en reemplazo de Omar Perotti, a quien responde políticamente.

Liliana Paponet (Mendoza): De profesión contadora, integra el equipo de los hermanos Emir y Omar Félix en San Rafael.

Juan Manuel Pedrini (Chaco): Miembro de una familia célebre en el peronismo chaqueño, está alineado a Jorge Capitanich, al que acompañó desde los comienzos de su gestión como gobernador.

Jorge Antonio Romero (Corrientes): Hombre del peronismo provincial.

Guillermo Snopek (Jujuy): Fue uno de los senadores que se fue del Frente de Todos en febrero de 2023 y pasó a presidir el bloque Unidad Federal. En las elecciones compitió por Unión por la Patria. Fue diputado entre 2015-2017.

Nancy Sand (Corrientes): Miembro del PJ local, exintendenta de Bella Vista y diputada nacional desde 2019, logró su reelección.

Pablo Yedlin (Tucumán): Hombre de Juan Manzur, exgobernador de Tucumán. Fue ministro de Salud en su provincia y diputado nacional en el período 2017-2021, con destacada participación en los temas de salud durante la pandemia. Senador nacional desde 2021, volverá a la Cámara baja.

 

Albertismo (3)

Santiago Cafiero (Buenos Aires): Saliente canciller de la Nación, fue jefe de Gabinete durante la primera etapa del gobierno del Frente de Todos. Mano derecha de Alberto Fernández.

Victoria Tolosa Paz (Buenos Aires): Saliente ministra de Desarrollo Social de la Nación. Fue diputada entre 2021 y 2022, menos de un año, cuando se fue para asumir en el Ejecutivo. Del sector de Alberto Fernández.

Leandro Santoro (CABA): De origen radical y buena relación con Alberto Fernández, del que es amigo, es un moderado que se lleva bien con La Cámpora, al punto de haber acompañado a Mariano Recalde en la fórmula para la Jefatura de Gobierno en 2019.

 

Frente Cívico por Santiago (7)

Celia María Campitelli de Dib (Santiago del Estero): Al igual que todos sus pares de lista, responde al Frente Cívico del gobernador Gerardo Zamora. Fue legisladora provincial.

Ricardo Daives (Santiago del Estero): Del Frente Cívico del gobernador Gerardo Zamora, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos de su provincia entre 2011 y 2019. Fue reelecto por un nuevo mandato como diputado nacional.

José Edgardo Gómez (Santiago del Estero): Secretario general de la CGT santiagueña, ha sido cuestionado por sus críticos por mostrarse “genuflexo” con el gobernador Gerardo Zamora.

Estela Neder (Santiago del Estero): Fue reelecta por un nuevo mandato. Parte del Frente Cívico, es hermana del senador nacional José Neder.

Bernardo José Herrera (Santiago del Estero): Hombre del justicialismo que integra el Frente Cívico por Santiago, responde al gobernador Gerardo Zamora.

María Luisa Montoto (Santiago del Estero): Médica oftalmóloga, juró por primera vez como diputada nacional en 2019 en reemplazo de Claudia Ledesma Abdala, cuando la esposa del gobernador renunció para asumir como senadora.

Nilda Moyano (Santiago del Estero): Pertenece al Frente Cívico por Santiago y por lo tanto totalmente alineada al gobernador Zamora.

 

Camporistas (16)

Constanza Alonso (Buenos Aires): Nacida en Capital Federal, hizo su carrera política en Chivilcoy, donde fue concejal y hoy preside el PJ. Fue asesora legislativa de la diputada María Teresa García. Es militante de La Cámpora.

María Florencia Carignano (Santa Fe): Saliente directora nacional de Migraciones, es parte de La Cámpora.

Leila Chaher (Jujuy): Es referente de La Cámpora Jujeña. Fue coordinadora regional de la Red Comprar de la Secretaría de Comercio de la Nación.

Gabriela Estévez (Córdoba): Fue la única que logró entrar en su provincia por Unión por la Patria, logrando la renovación de su banca. Es parte de La Cámpora.

José Glinski (Chubut): Actual director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cercano a La Cámpora.

Rogelio Iparraguirre (Buenos Aires): Hombre de Tandil, intentó este año alcanzar la intendencia de esa ciudad. Es uno de los fundadores de La Cámpora.

Máximo Kirchner (Buenos Aires): Hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner y líder de La Cámpora. Es diputado nacional desde diciembre de 2015, cuando ingresó por la provincia de Santa Cruz. En 2019 fue reelecto, pero por la provincia de Buenos Aires. Actualmente preside el PJ bonaerense.

Tomás Ledesma (Entre Ríos): Joven diputado que se acercó a La Cámpora atraído por el trabajo territorial y el despliegue provincial de la agrupación, y con la propuesta entonces de conformar en toda la provincia un frente de secundarios que se consolidaría con el tiempo.

Magalí Mastaler (Santa Fe): Especializada en temas de género y diversidad, licenciada en Trabajo Social. Es militante de La Cámpora y creció en Hacemos Anta Fe, espacio propio del gobernador Omar Perotti.

Matías Molle (Buenos Aires): Diputado provincial por el Frente de Todos desde 2019 y dirigente de La Cámpora.

Paula Penacca (CABA): Diputada nacional desde 2019, logró un nuevo mandato. Se ha desempeñado como la secretaria parlamentaria del bloque Frente de Todos. Es de La Cámpora.

Luciana Potenza (Buenos Aires): Abogada y dirigente de La Cámpora. Fue coordinadora de Prestaciones Sociales del PAMI en La Matanza.

Vanesa Siley (Buenos Aires): Integrante de La Cámpora, es una de las espadas kirchneristas en materia jurídica, habiéndose destacado en el debate del juicio político a los miembros de la Corte durante este año. Lidera el Sindicato de Trabajadores Judiciales.

Rodolfo Tailhade (Buenos Aires): Referenciado en La Cámpora y diputado nacional desde 2015, va por su tercer mandato. Presidió la Comisión de Justicia y formó parte central del juicio político contra la Corte Suprema.

Luana Volnovich (Buenos Aires): Integrante de La Cámpora, saliente titular del PAMI. Fue diputada en el período 2015-2019, durante el gobierno de Cambiemos.

Cristian Zulli (Corrientes): Gerente de la UDAI Corrientes de ANSeS, de La Cámpora.

 

Kirchneristas duros (20)

Pablo Carro (Córdoba): Fuertemente identificado con el kirchnerismo, el diputado cordobés es docente y sindicalista. Forma parte del Partido Solidario y es secretario general de la sección Córdoba de la CTA.

Carlos Castagneto (Buenos Aires): Referente de Kolina, el partido de Alicia Kirchner. Actualmente es titular de la AFIP y fue diputado nacional durante 2015-2019.

Emiliano Estrada (Salta): Dirigente kirchnerista, fue ministro de Economía de Juan Manuel Urtubey, hasta que dejó el cargo para dedicarse de lleno a su campaña. Acompañó como candidato a vicegobernador a Sergio Leavy en su intento de gobernar Salta. En enero de este año rompió el vínculo con el gobernador Gustavo Sáenz y conformó con Carlos Zapata una fórmula para la gobernación.

Carolina Gaillard (Entre Ríos): De alto perfil este último año por haber liderado la Comisión de Juicio Político que acumuló pruebas contra los miembros de la Corte, esta entrerriana demostró lealtad al presidente Alberto Fernández y buen diálogo con el kirchnerismo duro. Militó junto a Eduardo “Wado” de Pedro y  Mariano Recalde, pero en agrupaciones distintas. Fue asesora de Vilma Ibarra cuando ella era pareja de Alberto Fernández. Es cercana al exgobernador Sergio Urribarri, a quien la une un grado de parentezco.

Gustavo Carlos González (Santa Cruz): Ex intendente de Puerto Deseado, “Kaky” está alineado con el kirchnerismo. En campaña para la banca que hoy ocupa prometía continuar con “el proyecto nacional y popular” iniciado por Néstor y Cristina Kirchner.

Carlos Heller (CABA): Líder del Partido Solidario, es un aliado clave del kirchnerismo y palabra autorizada en materia económica, pues presidió la Comisión de Presupuesto los últimos cuatro años.

Ana María Ianni (Santa Cruz): Dentro del grupo de legisladores cristinistas, culmina este año su mandato como senadora nacional. Ya fue diputada entre 2011 y 2015.

Aldo Leiva (Chaco): Identificado con Cristina Kirchner y el gobernador saliente Jorge “Coqui” Capitanich, es diputado nacional desde 2019 -con lo cual renovó su banca- y es el primer excombatiente de Malvinas en llegar al Congreso.

Mónica Macha         (Buenos Aires): Miembro del partido Nuevo Encuentro que fundó su esposo Martín Sabbatella, esta diputada es muy prolífica y es una referente en cuestiones de género. Muy alineada con el kirchnerismo.

Mario “Paco” Manrique (Buenos Aires): Secretario adjunto del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) y secretario gremial de la CGT, de corte kirchnerista.

Juan Marino (Buenos Aires): Militante y fundador del Partido Piquetero que asumió como diputado en reemplazo de Sergio Massa en agosto de 2022, con lo cual ahora irá por un mandato entero.

Leopoldo Moreau (Buenos Aires): De origen radical alfonsinista, es hoy un enfático kirchnerista, especializado en temas jurídicos que le interesan a Cristina Kirchner.

Blanca Osuna (Entre Ríos): Logró la reelección de su banca. Exintendenta de Paraná y exsenadora nacional. Se referencia en Cristina Kirchner.

Sergio Palazzo (Buenos Aires): Diputado sindical, titular de La Bancaria, es uno de los kirchneristas duros de la Cámara.

Lorena Pokoik (CABA): Militante de Unidos y Organizados y exlegisladora porteña, se ubica dentro de los dirigentes más kirchneristas.

Martín Soria (Río Negro): Muy alineado con el kirchnerismo, fue diputado entre 2019 y 2021, cuando asumió como ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Julia Strada (Buenos Aires): Oriunda de Rosario, economista que fue durante muchos años panelista del canal C5N y fue designada directora del Banco Nación en junio de 2021.

Pablo Todero (Neuquén): Responsable regional de ANSeS Patagonia Norte, kirchnerista del sector de Darío Martínez.

Eduardo Valdés (CABA): De buena llegada a Alberto Fernández y Cristina Kirchner, diputado desde 2019 -renovó su mandato-, exembajador ante el Vaticano y exparlamentario del Mercosur.

Hugo Yasky (Buenos Aires): Exsecretario general de CTERA, es un claro representante del kirchnerismo duro.

 

Massismo (8)

Diego Giuliano (Santa Fe): Saliente ministro de Transporte de la Nación, forma parte del Frente Renovador liderado por Sergio Massa.

Ramiro Gutiérrez (Buenos Aires): Renovó su mandato como diputado por cuatro años más. Especialista en temas de seguridad y parte del Frente Renovador.

Cecilia Moreau (Buenos Aires): Es diputada nacional desde 2015. Comenzó su tercer mandato. El 2 de agosto de 2022 se convirtió, con la salida de su líder, Sergio Massa, en la primera mujer presidenta de la Cámara baja.

Sabrina Selva (Buenos Aires): Jefa de Gabinete en Administración de Parques Nacionales, referenciada en el massismo e hija del diputado Carlos Selva.

Daniel Arroyo (Buenos Aires): Exministro de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández, es un reconocido militante del Frente Renovador de Sergio Massa.

Mónica Litza (Buenos Aires): Doctora en Ciencias Políticas, oriunda de Avellaneda donde fue concejal, es miembro del Frente Renovador, donde dirige la Escuela de Gobiernos y Políticas Públicas.

Micaela Morán (Buenos Aires): Pertenece al massismo y formó parte de la Comisión de Juicio Político, aunque fue una de las reemplazadas en la última reunión de la misma para no firmar los dictámenes acusatorios. Es esposa del extenista “Pico” Mónaco.

Marcela Passo (Buenos Aires): Pertenece al Frente Renovador, fue intendenta de General Lavalle. Fue la primera mujer electa intendenta por voluntad popular en ese distrito, al que trató de regresar como intendenta en 2019, pero perdió ante el intendente de Juntos por el Cambio.

 

Frente Patria Grande (2)

Itaí Hagman (CABA): Es diputado nacional desde 2019, por lo que logró la reelección. Economista, forma parte del Frente Patria Grande de Juan Grabois.

Natalia Zaracho (Buenos Aires): Activista de la agrupación de Juan Grabois, que se desempeña como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires desde 2021.

 

Con los intendentes (3)

Roxana Monzón (Buenos Aires): Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable de Merlo y pareja de Gustavo Menéndez.

Julio Pereyra (Buenos Aires): Histórico intendente de Florencio Varela, cargo que ocupó desde 1992 hasta 2017.

Brenda Vargas Matyi (Buenos Aires): De 29 años, es la diputada más joven. Se desempeña como secretaria de Juventud del partido de La Matanza. Su referente político es el intendente Fernando Espinoza.

 

Movimiento Evita (1)

Eduardo Toniolli (Santa Fe): Desde 2005 forma parte del Movimiento Evita y es secretario general del PJ santafesino.

El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió este viernes al traspaso de la cartera de Infraestructura, como Secretaría dentro del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y aseveró que “el ministro y BlackRock seguirán haciendo negocios juntos”.

El presidente de bancada del principal bloque opositor ya se había manifestado al respecto durante el debate de la ley ómnibus en el plenario de comisiones, cuando la actual Secretaría de Infraestructura era un Ministerio: “(Guillermo) Ferraro Vino con buena predisposición, pero salió en una nota hablando bien de BlackRock, que es un fondo de inversión que vino a la Argentina con la intención de ser un ‘fondo buitre’”.

Régimen de Grandes Inversiones. Ley ómnibus.

Además de avasallar potestades tributarias provinciales, está hecho a la medida del fondo especulativo BlackRock.

Si Economía absorbe Infraestructura, Caputo y BlackRock seguirán haciendo negocios juntos. pic.twitter.com/rvSNaJ8Plz

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) January 26, 2024

“Marca las claras que un gigante de la inversión financiera especulativa está trasladando al sistema de infraestructura y obra pública”, había expresado Martínez. “¿El Régimen de Grandes Inversiones no está hecho a la medida de blackRock?”, cuestionó durante el debate.

En esa línea, este viernes, remarcó que “además de avasallar potestades tributarias provinciales, está hecho a la medida del fondo especulativo BlackRock”.

Un grupo de senadores patagónicos del bloque Unión por la Patria solicitaron el acompañamiento de sus pares de la región para rechazar el DNU en la sesión que pidieron para el 1ro de febrero y señalaron que “las medidas afectan particularmente” a sus provincias.

A través de un comunicado, manifestaron: “Luego de haberse agotado el plazo legal del proceso administrativo y jurídico en el parlamento, desde el interbloque de Unión por la Patria solicitamos una sesión especial para el 1° de febrero para dar tratamiento al DNU impuesto por el gobierno nacional”. En este marco, instaron a sus pares de otros partidos y espacios políticos de la región a que “nos acompañen en el rechazo al decreto que viola la Constitución, el Estado de Derecho y el sistema republicano de gobierno”.

“Como venimos sosteniendo desde su publicación, el DNU afecta particularmente a nuestras provincias con medidas como: la desregulación del turismo con las consecuentes pérdidas de fuentes de trabajo; la desregulación del sector minero, que dejaría en manos privadas la explotación de los recursos estratégicos de nuestro suelo; la derogación de la Ley de Tierras, dando potestad a los extranjeros para adquirir territorio patagónico sin límite; la reforma de la Ley de Bosques Nativos, Ley de Glaciares y la Ley Manejo del Fuego, con las que se ponen en peligro el ambiente, nuestros recursos y reservas naturales, y la soberanía del país”, detallaron.

También mencionaron “la derogación de la Ley de Promoción Industrial, afectan directamente a la provincia de Tierra del Fuego AIAS con la apertura indiscriminada de importaciones; y las modificaciones en la Ley de Hidrocarburos, que delegan en las petroleras decisiones estratégicas vinculadas a la producción, abastecimiento, exportación y márgenes de ganancia de las empresas privadas”.

Y siguieron: “La privatización de empresas estatales como la minera YCRT, que pondría en crisis toda la cuenca carbonífera de Río Turbio y afectaría la generación de energía para la nación; el Banco Nación, la banca con la mayor presencia federal con 790 sucursales; y Aerolíneas Argentinas, que impacta en la compleja interconectividad de la Patagonia y afecta el turismo, además de poner en riesgo incontables fuentes laborales”.

“Todas estas estas medidas tienen vigencia mientas no se rechace el DNU, en un marco general en el que se están afectando los recursos coparticipables de las provincias, en el que la delegación de facultades al Ejecutivo podría afectar las jubilaciones patagónicas dejando sin efecto el 40% de la zona austral, el freno a la obra pública, la derogación de la ley de alquileres, el desguace de la cultura y la educación pública, y la mercantilización del sistema de salud”, alertaron.

Por eso y “honrando y haciendo respetar la responsabilidad que tenemos ante el pueblo del sur de la Argentina profunda y las instituciones democráticas que están siendo atropelladas por el Poder Ejecutivo, es que esperamos contar con el rechazo unánime al inconstitucional decreto”.

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP – CABA) se refirió al tratamiento del proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos en en la sesión de la Cámara baja y consideró que “va a ser destrozada en el recinto porque perdió autoridad”.

Del mismo modo, planteó: “Esta ley nació mal parida porque nadie se hizo cargo de quién la escribió y el padre de la criatura no aparece”. “Muchos tienen miedo de quedar pegados, por eso firman en disidencia, pero es una hoja en blanco y después arriba les cambiaron los artículos”, aseveró.

En declaraciones a Radio Delta, Valdés sostuvo que “muchos ahora notan estupefactos que se negoció en el hotel Savoy mientras referentes de la sociedad civil exponían en la comisión acerca de cómo los afecta este proyecto, lo cual es una falta de respeto”.

En tal sentido, expresó que “es algo absolutamente atípico porque avanza un dictamen que no tiene ningún consenso mayoritario, lo cual quiere decir que cuando la ley sea votada en el recinto, va a ser destrozada en la discusión en particular artículo por artículo”.

Consultado por la decisión de los legisladores que responden a Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, de formar el bloque Independencia, por fuera de UP, señaló que “fue horrible”, y amplió: “Tengo el orgullo de pertenecer al grupo de la primera minoría. Intentaron quebrarnos por todos los medios y no lo lograron, por eso robaron lugares nuestros en todas las comisiones”.

“Entre gallos y medianoche nos enteramos de que un diputado tucumano les había dado la firma porque no llegaban a las 55 firmas. No conozco a ninguno de estos diputados, porque no han tenido una participación muy activa, creo que se merecen la máxima sanción dentro del bloque”, analizó.

El diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria – Tucumán) avizoró que en la votación en particular de artículos de la ley ómnibus “el Gobierno la va a tener difícil”. Además, confirmó que su par de bancada Agustín Fernández acompañó el despacho de mayoría por pedido del gobernador de su provincia porque “se han visto sujeto a presiones en este último tiempo”.

En diálogo por Radio 10, Yedlin se refirió a la votación de su coterráneo a favor del proyecto oficialista: “Fue el pedido que recibió del gobernador de la provincia. Yo en particular voy a votar en contra en general y en particular voy a defender todas las cosas que para Tucumán entiendo que son importantes”, y justificó: “Pero lo que hay que entender, y no lo culpo y creo que es un error y se lo plantee al gobernador, pero hay que entender las presiones a las que los gobernadores se han visto sujetos en estos últimos días”.

“Nos encaminamos a una situación muy compleja. Yo creo que con un poco de trabajo parlamentario en el recinto va a salir esta ley muy complicada para las voluntades iniciales que tuvo el Gobierno nacional, porque definitivamente la delegación de facultades amplias como las que se plantean, la fórmula de jubilación, el desguace del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y las privatizaciones van a ser puntos que se van a complicar en el debate artículo por artículo”, cuestionó.

El tucumano manifestó que “el dictamen de mayoría fue casi forzado. En un Gobierno que tiene muy poco de recorrido, no ha dejado de cometer errores y de entrometerse en los otros poderes desde que empezó y la verdad que lo hacen abiertamente”.

“Escuchaba a los compañeros radicales criticando al kirchnerismo, pero nunca hizo las cosas que Milei está haciendo en este tiempo. El intento de arrebatar el poder real del país con un DNU y una ley ómnibus sin contar con las medidas económicas que están tomando…”, expresó y se refirió al paro general de este jueves: “Hoy lo vamos a ver en la calle con las manifestaciones y que haya un mensaje claro y les llegue a todos aquellos que firmaron con disidencias parciales entiendan que acá hay un mensaje que darle al Gobierno”.

En tanto, el exsenador planteó: “Nosotros desde UP la tenemos mas sencilla porque rechazamos desde el plano todo, pero hay temas particulares en donde me parece que vamos a tener el acompañamiento de rechazo por parte de algunos radicales”.

Así, avizoró: “Yo creo que en la votación de artículos el Gobierno la va a tener difícil, sino nos mienten a todos porque en definitiva aquellos que acompañaron con disidencias lo han hecho con el objetivo de marcarle al Gobierno, no que no pueda gobernar o plantear sus ideas, sino que deben ser puestas sobre el tamiz sobre el sistema republicano”.

“Desde temprano nos llegó una versión del dictamen que no fue el que terminaron firmando los diputados de lo que iba a ser el modelo del proyecto de ley reducido a la expresión que le permitía una serie más de votos. La letra última que se seguía negociando hasta cuando empezó la reunión. Es un dictamen grande que estaban modificando hasta último momento”, denunció.

En esa línea, sostuvo: “Estoy convencido que muchos han firmado sin tener algunas modificaciones de último momento que se ejecutaron. Es totalmente irregular al igual que una comisión de reúna a las 21, también es irregular la conformación de las comisiones, es irregular que no constituyan la Bicameral de Trámite Legislativo como son tantas cosas irregulares en este Gobierno no es ninguna sorpresa, o la democracia entera se pone fuerte y le marca el camino o vamos a tener que seguir recibiendo estos aprietes del señor (Manuel) Adorni desde la televisión como si fueran útil”.

“Este Gobierno no se ha ganado la confianza porque cuando uno ve las delegaciones en otros presidentes, ninguna de estas amplitudes, y después hay que ver qué hicieron, me da miedo qué va a hacer este gobierno con estas delegaciones y ya lo vemos con el DNU de ir por todo”, remató.

En medio de la fuerte crisis que atraviesa el país, los diputados de Unión por la Patria (UP) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual buscarán expresar “su más enérgico repudio a la decisión del Gobierno Nacional de interrumpir el pago a prestadores del Programa Incluir Salud”.

La iniciativa en cuestión es de autoría de Juan Manuel Valdés (UP) y lleva las firmas de Maia Daer, Claudio Ferreño, Victoria Freire, Alejandro Grillo, Berenice Iañez, Claudia Neira, Graciana Peñafort, Magdalena Tiesso y Delfina Velázquez (UP).

En los fundamentos de la iniciativa, los diputados recordaron que “el programa Incluir Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, al que adhieren todas las provincias, brinda asistencia financiera para brindar servicios de salud a las personas afiliadas a través de la red pública de prestadores y garantizar que todas las personas titulares de la Pensión no Contributiva (PNC) puedan acceder a una atención de calidad independientemente de donde vivan”.

“El Gobierno nacional, en la eliminación de los giros a las provincias, incluye los fondos para pagos de las prestaciones que la Agencia hace en forma directa, pero que son controladas por cada gobernación. Entre ellas, transporte, centros de día, internaciones y medicamentos de alto costo. Afectando de esta manera a las más de 500 mil personas que están inscriptas en este programa en todo nuestro país y también a sus familias”, agregaron y precisaron que “esta compleja situación se suma a las complicaciones que están atravesando los choferes de personas con discapacidad, que dejaron de prestar servicio debido al aumento del combustible y el congelamiento del arancel que perciben del Estado”.

Sobre esa misma línea, los peronistas aseveraron que “la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual en nuestro país tiene rango constitucional, establece en su Art. 25 que los Estados deben proporcionar a las personas con discapacidad programas de atención a la salud gratuitos o a precios razonables y que estos se desarrollen cerca, físicamente, de los hogares de las personas con discapacidad”.

“En este sentido Incluir Salud se presenta como un programa federal el cual desarrolló una red de Unidades de Gestión Provinciales para que cada persona en su ciudad pueda solicitar la presentación que necesite. Avanzar con el vaciamiento de un programa con estas características es básicamente ir en contra de lo que establece la Convención”, sentenciaron.

El diputado nacional Pablo Yedlin (UP) habló este lunes respecto a la situación del dengue en Tucumán y señaló que “estamos en alerta máxima porque este año se está reiniciando la epidemia”.

Del mismo modo, planteó que “este año tenemos una vacuna fabricada por  la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat)) que ataca las cuatro cepas del dengue”, y agregó que “en Brasil habrá una experiencia piloto”.

Entrevistado por parlamentario.com, el diputado Yedlin cuestionó al Ministerio de Salud por “no tener un criterio ni una estrategia clara” en relación a la situación del dengue. “Nadie le conoce la voz y no ha hablado con los ministros provinciales”, aseveró.

– ¿Cómo se encuentra la provincia de Tucumán respecto al dengue?

– Hemos pasado el peor año de epidemia de dengue de la historia con muchos mas casos que lo habitual y muertes que no habíamos tenido años anteriores. El cambio climático, algunos temas con los residuos plásticos, y los basurales a cielo abierto generan la acumulación de agua y generan la presencia de este mosquito. Este año estamos reiniciando la epidemia porque ya tenemos casos en la provincia de Tucumán. Estamos en alerta máxima

Este año tenemos una vacuna fabricada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que ataca las cuatro cepas, y hay países como Singapur que han podido controlar. Brasil está usando esta estrategia y va a vacunar a dos millones de jóvenes porque la Organización Mundial de la Salud recomienda, y Brasil tiene cinco millones de jóvenes. Es una experiencia piloto.

La vacuna es cara, pero no hay criterio claro de estrategia desde el Ministerio de Salud y hay provincias que han comprado o dicen que van a comprar, como Salta o Misiones, y hay una diputada del oficialismo que ha propuesto la vacuna del dengue para el calendario de vacunas de manera gratuita, que en realidad no se necesita una ley, el Ministerio de Salud podría hacerlo con un decreto, pero es una equivocación plantear una ley, porque el Ministerio debería plantearlo y decir a qué provincias y a qué edades van a vacunar y ponerla de forma gratuita en el calendario de vacunas. Es importante entender el debate, pero la verdad es que debería haber una política porque si no se van a vacunar personas donde el riesgo es bajísimo y esto pasa cuando se deja al mercado y no hay un Estado presente con una política.

 

– ¿Cuáles fueron las recomendaciones del Ministerio de Salud?

– No conocemos la voz del nuevo ministro de Salud de la Nación, nadie lo conoce, nadie sabe cómo se llama y no ha dado ninguna explicación. No se ha reunido con los ministros provinciales y necesitamos que el ministro coordine a cada una de las provincias sino cada provincia hace por separado y se genera una enorme deficiencia.

Un diputado ha planteado la incorporación de la vacuna gratuita, pero deben comprarlas el Ministerio de Salud y nadie lo conoce al ministro.

 

– ¿Cómo está el tema de la legionella que azotó la provincia de Tucumán en 2022?

– Son enfermedades generadas por una bacteria que se reproduce en el agua en las torres de aire acondicionado. Hubo casos en un sanatorio, hubo enfermedades graves y hubo personas que fallecen y debe haber conductas de prevención proactivas en lugares que hay estas torres. Esto pasó mucho en la salida de la pandemia y es un tema particular que puede darse en cualquier lugar del país, Tucumán lo tuvo en 2022 y ahora está controlado.

El jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, se refirió este lunes a los cambios que el Poder Ejecutivo le hizo al proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, con los requerimientos hechos por la oposición dialoguista. “El nuevo texto es un engaño. Espero que todos se den cuenta”, aseveró.

Del mismo modo, planteó que “a todo lo que supuestamente renuncia el oficialismo en la nueva versión de la ley ómnibus, Milei lo puede hacer al otro día de aprobada la ley por el margen de facultades discrecionales que le van a delegar los que la aprueben”.

Entre las modificaciones hechas por el presidente de la Nación, Javier Milei, el nuevo texto propuso cambios en la movilidad jubilatoria, YPF queda fuera de las privatizaciones y una reducción en las retenciones a las economías regionales, entre otras.

A la espera del dictamen en comisiones y la posterior sesión en el recinto de la Cámara de Diputados, UP anticipó que se opondrá en la votación de la iniciativa.

Tras los destrozos ocurridos por el temporal que azotó a la Ciudad de Buenos Aires el pasado 18 de diciembre, el diputado de Unión por la Patria (UP) Matías Barroetaveña impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución mediante el cuál buscará instar al Gobierno local a dar detalles acerca de los operativos de remoción de árboles y ramas caídas en los distintos puntos del distrito.

De esta manera, el peronista pidió que se informe cuál es el saldo de árboles caídos producto de la tormenta; cuáles fueron los barrios más afectados por la caída de árboles, calles anegadas y destrozos; y que se indique qué porcentaje de los árboles caídos producto de la tormenta de la madrugada del 18 de diciembre, habían sido podados en el transcurso de ese año.

Además, prevé conocer cuales son las medidas que el Gobierno porteño está desarrollando en materia de arbolado público urbano, teniendo en cuenta los escenarios climáticos proyectados para la Cuenca del Plata; así como también cuáles son las medidas planificadas para mitigar las consecuencias a futuro ante escenarios de tormentas de similares características; y que se informe a qué organismo público y/o empresa le corresponde el cuidado, mantenimiento y preservación del arbolado público urbano en la Ciudad y cuál es su nivel de formación y capacitación del personal a cargo.

En los fundamentos de la iniciativa, Barroetaveña señaló que “el pedido de informe surge de la preocupación sobre distintas acciones que vinculan la falta de planificación ecosistémica que se requiere en la materia y la ausencia, en muchos casos, de tareas de mantenimiento, poda y cuidado de las especies arbóreas”.

“El distrito porteño sufrió, según información de público conocimiento, la caída de 363 árboles en distintas zonas que impactaron sobre viviendas y vehículos estacionados. Este escenario fue advertido desde diferentes organizaciones ambientales. Entre los principales cuestionamientos por la caída de árboles se encuentran: las extracciones realizadas en la ciudad por empresas contratadas por el ejecutivo porteño, que en promedio alcanzan las 30 por día, y las podas mal realizadas que superan los 70 mil árboles por año”, aseveró.

Por lo que agregó que “el tratamiento de la forestación urbana como recurso bioclimático en el potencial térmico de las ciudades, es una de las más sencillas y eficientes estrategias para colaborar en el mejoramiento de las condiciones bioclimáticas, pues es un elemento físico del sistema urbano que reviste menor dificultad de acción, con factores de ocupación que permiten la intervención en su tejido urbano”.

“Conocer y diseñar estrategias de intervención y políticas públicas eficientes de cara al gran desafío que implica la crisis climática en nuestra ciudad y región resultan constitutivos”, sentenció.

Un grupo de diputados del bloque Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución para expresar su “enérgico repudio a las prácticas intimidatorias ejercidas por la Policía Federal contra los trabajadores de los medios públicos de comunicación, llevadas a cabo el día lunes 15 de enero de 2024 en las inmediaciones de las sedes de la Televisión Pública, la Agencia Télam y Radio Nacional”.

Además, extendieron su repudio a “los hechos que han venido ocurriendo en relación con violaciones sucesivas a los estándares de libertad de expresión en nuestro país desde el 10 de diciembre de 2023”.

Así, denunciaron que caracterizan a la nueva administración con “afrentas a periodistas desconociendo las recomendaciones del sistema interamericano, impedimentos para la cobertura de actos y limitaciones al derecho de protesta y reunión”.

“La práctica de intimación y amedrentamiento por parte de las fuerzas federales de la Policía Federal que requiere no solo el repudio de la Cámara sino la adopción de medidas consistentes con las reglas de derechos humanos que deben empezar con un informe puntilloso y seguir con las decisiones que los prevengan de aquí en más”, plantearon.

El proyecto lleva las firmas de los diputados Sergio Palazzo, Carlos Cisneros, Julia Strada, Vanesa Siley, Mario Manrique, Pablo Yedlin, Pablo Carro y Hugo Yasky.

5098-D-2023