A horas de que se conformen las comisiones que trabajarán en plenario, el diputado nacional Nicolás Trotta criticó al gobierno de Javier Milei por impulsar la Ley Penal Juvenil. “Reducir la edad de imputabilidad sin fortalecer el entramado institucional es garantizar el fracaso”, lanzó. Este lunes el Poder Ejecutivo de la Nación volvió a enviar el texto con la insistencia en la baja a 13 años y con una asignación presupuestaria definida.

Designado como vocal de la Comisión de Legislación Penal, que quedará constituida este martes a partir de las 13.00, el legislador de Unión por la Patria señaló que “lo que está en discusión no es si hay sanción, sino qué tipo de sanción, con qué objetivos y en qué condiciones institucionales”. También, consideró que “la seguridad no se construye con consignas ni con atajos punitivos: se construye con políticas serias, integrales y sostenidas en el tiempo”.

“La respuesta estatal debe ser firme y responsable: sancionar el hecho, reparar el daño y trabajar para que no vuelva a ocurrir. En esta discusión no solo se juega una política de seguridad, se juega qué sociedad queremos ser”, remarcó Trotta. Si bien el oficialismo acordó con la oposición dialoguista revalidar el dictamen del 6 de mayo pasado con el agregado presupuestario, este lunes el Gobierno envío una nueva redacción con la baja en 13 años.

El plan de La Libertad Avanza es conformar Justicia; y Familias, Niñez y Juventudes para citar a un plenario el miércoles junto a Presupuesto y Hacienda; y Legislación Penal que tendrá como objetivo dictaminar el texto. Luego, el oficialismo en la Cámara de Diputados pedirá una sesión extraordinaria para el jueves 12 con la Ley Penal Juvenil como único tema de agenda.

Unión por la Patria y el Frente de Izquierda son los únicos dos bloques que van a rechazar la iniciativa. Sin embargo, los integrantes de la oposición dialoguista e, incluso, los aliados dejaron en claro que apoyarán el Régimen Penal Juvenil con la baja en la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El Gobierno nacional reenvío el texto este lunes, ingresó por Mesa de Entradas de la Cámara baja, y definió un asignación presupuestaria de $23.739.155.303,08 destinados a adecuar los centros de detención para que alberguen adolescentes y la contratación de profesionales. Sobre este punto, Trotta concluyó que “cualquier reforma penal debe ser parte de una política integral, articulada con las provincias y acompañada por inversión institucional, social y educativa”.

En pleno auge de las plataformas de venta electrónica, los diputados nacionales Guillermo Michel y Kelly Olmos presentaron un proyecto de ley para establecer un marco regulatorio de protección integral de los derechos de los consumidores. La propuesta tiene por objetivo, entre varios puntos, garantizar la transparencia entre usuarios y proveedores y es presentada como complemento de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor.

El propio legislador de Entre Ríos explicó a través de X que se trata de una iniciativa para “defender la industria local, el empleo argentino y combatir la competencia desleal generada por la mercadería ingresada de manera irregular a nuestro país y luego comercializada por plataformas virtuales”. Del mismo, contextualizó que “en los últimos años el comercio electrónico ha adquirido una importancia creciente en la comercialización de bienes y servicios”.

En el mismo anuncio, Michel explicó que “las leyes de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial no han sido objeto de las actualizaciones que permitan defender adecuadamente los derechos de los consumidores e identificar la trazabilidad de los proveedores”. Agregó, en ese sentido, que “es necesario actualizar la ley a los efectos de evitar que la mercadería que ingresa de contrabando a nuestro país se comercialice a través de plataformas digitales bajo apariencia de legalidad”.

De todos modos, dejó en claro que “esto no le va a generar ningún costo adicional al consumidor, pero sí le va a asegurar que la mercadería que compra sea genuina y haya ingresado al país en forma regular”.

Los puntos del texto

El proyecto de ley impulsado por los diputados de Unión por la Patria tiene por objeto garantizar la protección integral de los derechos de los consumidores y usuarios que adquieran bienes o servicios a través de plataformas de comercio electrónico o cualquier otro medio digital de intermediación, garantizando condiciones de transparencia, información, trazabilidad y la responsabilidad solidaria entre proveedores y plataformas.

El alcance de la norma, en caso de prosperar, será de aplicación a toda plataforma digital que intermedie o sea utilizada para transacciones comerciales electrónicas dirigidas a consumidores situados en el territorio de la República Argentina, independientemente del lugar de radicación de la plataforma o de los proveedores que la utilicen.

La iniciativa que impulsan Michel y Olmos exige que las plataformas deberán asegurar que toda publicación indique descripción y especificación del bien, manuales de uso cuando resulte aplicable; razón social, domicilio, CUIT, cuenta bancaria y dato de contacto del proveedor y del fabricante o distribuidor; y la documentación que acredite el origen y procedencia de los bienes objeto de oferta y publicación.

También exige que estén indicados la mención de las características de la garantía; los plazos y condiciones de entrega; el precio y condiciones de pago; los costos adicionales, especificando precio final a pagar por el adquirente; y la declaración Jurada de cumplimiento de la normativa aplicable.

Finalmente, define como autoridad de aplicación a la Secretaría de Industria y Comercio, y establece que incumplimiento dará lugar a las sanciones previstas en la ley 24.240 de Defensa del Consumidor y en el marco legal vigente de Lealtad Comercial, incluyendo multas, suspensión y bloqueo de operaciones, sin perjuicio de las ya aquí dispuestas.

Con un comienzo de año sin sesiones extraordinarias hasta febrero, pero con los ojos puestos en las noticias que llegan desde Venezuela, la diputada nacional Karina Banfi compartió una carta en la que, sin nombrarlos, apuntó contra el kirchnerismo. “Darse cuenta de que vivieron equivocados es un montón”, deslizó a través de un extenso posteo en su perfil de X.

Los integrantes del oficialismo y la gran mayoría de quienes formaron parte de Juntos por el Cambio le recordaron durante estos últimos días al peronismo la relación cercana entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez y la de Nicolás Maduro con Cristina Kirchner. También se refirió a los integrantes de Union por la Patria como aquellos “quienes negaban las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, los delitos de lesa humanidad cometidos por Chávez y Maduro, los casi 1000 presos políticos y el Helicoide”.

Contundente, la integrante del monobloque Adelante Buenos Aires añadió que “algunos que se enteran hoy que Chávez expropió canales de televisión, empresas enteras desde el 2007, quiero decirles que los entiendo en el difícil momento que están pasando”, e ironizó: “Darse cuenta que vivieron equivocados es un montón”.

Quiero decir que entiendo a quienes negaban las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, los delitos de lesa humanidad cometidos por Chávez y Maduro, los casi 1000 presos políticos, el Helicoide.

Algunos que se enteran hoy que Chávez expropió canales de televisión,…

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) January 6, 2026

Con un sugestivo tono irónico, Banfi siguió: “Los entiendo, horrible es que la gente que ustedes tanto odian siempre haya tenido razón. Pero ya está, te sentís un boludo y ya”. Culminó su mensaje con un pedido hacia UP: “Ahora suelten, reconozcan y salgan a bancar a un pueblo bravo que cada venezolano nos necesita”.

En las últimas horas del lunes, Banfi junto a Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de declaración para exhortar a Delcy Rodríguez, nueva presidenta del régimen chavista en Venezuela, a la liberación de presos políticos, puntualmente del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Caracas hace más de 13 meses.

Los bloques de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados y el Justicialista en el Senado repudiaron de manera categórica la intervención militar llevada adelante por los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, así como la captura de su presidente. Según manifestaron, estos hechos implican una violación grave y deliberada de la soberanía de un Estado y del derecho internacional, en abierta contradicción con los principios de la Carta de las Naciones Unidas.

En un comunicado conjunto difundido este sábado, advirtieron que se trata de “una agresión armada inadmisible” que golpea directamente a América Latina y el Caribe como Zona de Paz, al tiempo que instala un precedente de extrema gravedad para la convivencia internacional. Alertaron además que la vulneración de la integridad territorial de un país, mediante el uso unilateral de la fuerza, pone en riesgo a toda la región, erosiona el multilateralismo y debilita los mecanismos pacíficos de resolución de controversias.

Los legisladores recordaron que la historia latinoamericana demuestra que la injerencia externa y las intervenciones militares unilaterales solo han derivado en violencia, desestabilización institucional y retrocesos democráticos. En esa línea, reclamaron que la comunidad internacional —a través de las Naciones Unidas— responda con firmeza y responsabilidad, evitando que se naturalice el uso de la fuerza como herramienta de política exterior.

Finalmente, las bancadas reafirmaron que la Argentina debe sostener una política exterior fundada en la defensa de la paz, el multilateralismo, la no intervención y la protección irrestricta de la soberanía y de la integridad territorial de los Estados de la región.

Después de haber repudiado los dichos a través de X, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para instar al Cuerpo a la creación de una comisión especial parar que “evalúe” la conducta de la legisladora libertaria Lilia Lemoine por sus dichos contra militantes peronistas en el canal de streaming Ánima Digital acusada de banalizar y burlarse de los “vuelos de la muerte”.

“Con lo único que les va mal es con el agua porque cuando van a las marchas los bañan, y si los tiran de los aviones, no saben nadar, pero si se tiran por algún lado por el sur, también se ahogan”, había expresado la diputada nacional de La Libertad Avanza en la edición del programa FDC el pasado sábado 20 de diciembre.

El proyecto para crear la comisión fue impulsado por Marcelo Mango y avalado con la firma de Jorge Araujo Hernández, Juan Carlos Molina, Adriana Serquis y Pablo Todero. En paralelo, Kelly Olmos presentó un proyecto de repudio contra el canal que fue apoyado por Germán Martínez -jefe de bancada-, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Jorge Taiana, María Teresa García, Claudia Palladino, Marina Salzmann e Itai Hagman.

Dos diputados de la libertad avanza se burlan de los vuelos de la muerte durante la dictadura militar.

Pocos saben que Lilia Lemoine es hija de un comisario de José León Suárez donde se produjeron los fusilamientos por aquella época pic.twitter.com/63WCGVxFwD

— Alejandro Gimenez (@GimenezCarlosA) December 26, 2025

En los fundamentos del proyecto para crear la comisión especial, los legisladores firmantes señalaron que tienen por objeto que esta Honorable Cámara se expida con la “máxima claridad y firmeza frente a un hecho de extrema gravedad institucional”. Del mismo modo, reiteran las acusaciones contra Lemoine por “banalizar, burlar y reivindicar crímenes y prácticas de exterminio propias del terrorismo de Estado, particularmente los llamados ‘vuelos de la muerte’, con referencias explícitas a ‘tirarlos de los aviones’ y a su ahogamiento”.

“En una democracia constitucional, la memoria histórica y la política de Memoria, Verdad y Justicia no constituyen un ‘debate opinable’ ni un terreno apto para la burla. El terrorismo de Estado no es una metáfora ni una herramienta para la chicana: fue el dispositivo criminal por el cual el Estado, de manera clandestina e ilegal, secuestró, torturó, asesinó y desapareció a miles de argentinos y argentinas”, explicaron los diputados que acompañaron la iniciativa.

Agregaron, además, que “no resulta admisible que frente a manifestaciones que trivializan crímenes de lesa humanidad se pretenda normalizar lo ocurrido, minimizarlo como ‘humor’ o descalificar el rechazo social como ‘sensibilidad exagerada’”. “La libertad de expresión, pilar esencial del sistema democrático, no habilita a naturalizar la violencia estatal, celebrar el exterminio o promover la deshumanización del adversario político. Cuando quienes ostentan funciones públicas contribuyen a esa normalización, el daño institucional es directo y profundo”, mencionaron.

Por último, los legisladores de Unión por la Patria manifestaron que “las instituciones democráticas se debilitan cuando naturalizan el odio y la deshumanización; y se fortalecen cuando responden con firmeza ética y política”.

Con la santacruceña Ana María Ianni a la cabeza, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley para prorrogar por 20 años más al Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica, el cual perderá vigencia este 31 de diciembre. La norma había sido sancionada en el gobierno de Néstor Kirchner (26.190) y ampliado en el último mes del mandato de Cristina Kirchner (27.191).

Según el bloque peronista en la Cámara baja, estas normativas “demostraron ser robustas y eficaces para sentar las bases de transformación de la matriz energética nacional y promover inversiones que fortalecieron la infraestructura energética del país, incluyendo la construcción de más de 4.600 kilómetros de líneas de alta tensión”.

Además de Ianni, el texto lleva la rúbrica del jefe de bloque Germán Martínez y de los diputados nacionales Juan Carlos Molina, Adriana Serquis, Paulo Tita, Ariel Rauschenberger, Moira Lanesan Sancho, Jorge Araujo Hernández, Gabriela Pedrali, Diego Giuliano, Hilda Aguirre, Martín Aveiro, Lorena Pokoik, Roxana Monzón y Blanca Osuna.

“Se trata de una política de estado que cuenta con amplio consenso político ya que permitió consolidar un mercado competitivo y maduro evidenciado en el interés de los actores del sector de poder contar con esta herramienta por un tiempo prolongado”, remarcaron en los fundamentos. Luego sintetizaron que “esta ley es condición esencial para garantizar la continuidad de las inversiones: la estabilidad fiscal prevista en el artículo 17 merece tener mayor continuidad”.

La diputada santacruceña Ana María Ianni impulsó el proyecto con aval de todo su bloque.

Detallaron, además, que “el promedio anual de cobertura de la demanda de energía eléctrica cubierta por generación de equipos renovables se encuentra en el 17%, por debajo del objetivo”. “Proponemos una prórroga para evitar riesgos que encarezcan la financiación y frenen nuevas inversiones”, destacaron en el contenido del proyecto de ley impulsado este lunes.

En el último párrafo de los fundamentos, los diputados peronistas aclararon que la prórroga “no implica compromisos presupuestarios para el Estado, pero sí genera condiciones favorables para que el flujo de capital continúe, consolidando el crecimiento y la promoción de un sector con alta intensidad de capital y la transición energética del país hacia fuentes de generación más limpias y, por ende, más saludables para el medio ambiente”.

El proyecto de ley que encabezó la diputada santacruceña Ana María Ianni y cuenta con aval de todos los espacios que conforma Unión por la Patria tiene giro a las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y Energía y Combustibles.

A la espera de la sesión extraordinaria del viernes en el recinto de la Cámara alta, un grupo de legisladores del peronismo se reunió este lunes junto a estudiantes en el Congreso de la Nación. Ambas partes se proclamaron a favor de rechazar el artículo 30 -modifica la Ley de Educación Técnico Profesional- del dictamen del proyecto de ley de Presupuesto 2026.

Por el Senado estuvieron el chaqueño Jorge Capitanich, el chubutense Carlos Linares y el camporista Mariano Recalde; mientras que por la Cámara de Diputados estuvo Julia Strada. Acompañaron a los legisladores, el exdirector del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) Gerardo Marchesini, y estudiantes secundarios de escuelas técnicas y agro-técnicas de la provincia de Buenos Aires y CABA.

La propuesta con despacho que la Cámara alta debatirá el viernes 26 a las 12 propone en su artículo 30 la derogación del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional; el 5, 6 y 7 del Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; el 52 de Educación Técnico Profesional; y el inciso 1 del artículo 4 de la Ley d27.565 del Fondo Nacional de la Defensa.

Uno de los ítems del encuentro fue el reclamo por la continuidad del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FONETP); y la insistencia con la necesidad de ampliar los recursos para financiar la educación destinada a formar jóvenes especializados para ocupar puestos en la producción industrial y agropecuaria.

De cara a la sesión del próximo viernes 26 de diciembre, Capitanich señaló que Ley de Educación Técnica (26.058) se venía cumpliendo “casi a rajatabla de las metas correspondientes con 1.900 millones de dólares”, pero mencionó que las excepciones fueron en la pandemia y en el gobierno de Mauricio Macri. “Con dichos recursos se construyeron y remodelaron escuelas, se compraron equipos y se invirtió en tecnología diversa para la formación calificada de los jóvenes”, destacó.

La iniciativa había sido motorizada durante la presidencia de Néstor Kirchner: “Nosotros valoramos mucho la formación técnica, que fue una creación de Juan Domingo Perón. Después vino la universidad obrera, que luego se convirtió en Universidad Tecnológica Nacional, y también se estableció la gratuidad universitaria”, remarcó el chaqueño.

Luego, añadió que “la industria argentina genera cerca de 2,6 millones de empleos y eso tiene un soporte que no puede tirarse por la borda”, y recordó que los países más desarrollados ponen especial énfasis en la formación de técnicos idóneos para sus respectivas industrias.  Según estimo, a la educación técnica le correspondería alrededor de 204 millones de dólares para el próximo año para cumplir con lo establecido en la Ley 26.058.

Para terminar, reiteró que la postura del interbloque Popular que, al igual que su símil expresión política en la Cámara de Diputados -Unión por la Patria-, se opondrá a la votación en general y a las particulares que votarán capítulo por capítulo. Cabe recordar que la media sanción salió sin el Capítulo XI y el oficialismo en el Senado buscará que la sanción definitiva sea este viernes, sin nuevas modificaciones.

Comenzado el debate del proyecto de Ley de Presupuesto 2026, el diputado nacional Lisandro Almirón pidió la palabra y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar en el artículo 27 del dictamen una serie de obras, entre las que celebró la restauración del Puente General Belgrano. Sin embargo, el legislador no pudo notar antes de su intervención que lo estaba avalando se encontraba dentro del dictamen de minoría de Unión por la Patria.

Astuto, Germán Martínez -presidente del bloque peronista- pidió una interrupción en el recinto, le aclaró al correntino de La Libertad Avanza que la lista de obras que leyó en el recinto a viva voz eran parte del anexo del artículo 26 del despacho de minoría y lo invitó a dar lugar a incorporarlo en el texto final que se votará esta noche en la Cámara de Diputados.

Tras dos horas de debate por la "ley de leyes", un embalado Lisandro Almirón había proseguido a destacar la lista de obras del anexo del artículo llamado "Infraestructura Federal" de la provincia de Corrientes sin saber que era del dictamen Unión por la Patria. De hecho, le agradeció al presidente de la Nación, Javier Milei, por esa lista de rutas a mejorar.

La misma comprendía obras en la ruta nacional 126, tramo Sauce – Curuzú Cuatiá; en el acceso y Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes; el tramo de la 119 entre Mercedes – Curuzú Cuatiá; el tramo de la 12 entre Riachuelo – Saladas (Cuatro Bocas); el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14, en la zona foresto–industrial; y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14, en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá.

Mientras los diputados de Unión por la Patria lo interrumpían para aclararle que la lista mencionada era del despacho de minoría, Almirón agregaba: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”, sumó Almirón.

ESTO ES INSÓLITO.

Un diputado libertario se puso a agradecer las obras para su provincia que tiene el proyecto de presupuesto del gobierno pero estaba leyendo EL DICTAMEN DE UNIÓN POR LA PATRIA.

Gracias diputado Almirón por este gran momento. pic.twitter.com/qTSfes44fh

— Itai Hagman (@ItaiHagman) December 17, 2025

Después de haberle negar el pedido de interrupción en el recinto, el diputado correntino de La Libertad Avanzo reiteró: “Son rutas y obras de mi provincia que están incluidas en el Presupuesto”. Entre los gritos que venían del flanco opositor, Almirón frenaba y decía "después tendrán tiempo de explicar". Obviamente, nunca se había dado cuenta que estaba leyendo el dictamen de minoría que impulsó Unión por la Patria y que había sido presentado por Julia Strada, Victoria Tolosa Paz y Agustín Rossi.

Al tomar la palabra , Germán Martínez explicó que lo que Almirón había destacado era el anexo del artículo 26 del despacho de minoría y que las obras en Corrientes fueron un pedido de los diputados Raúl Hadad y Nancy Sand.

Para presentar el dictamen de minoría de Unión por la Patria, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz fue crítica del despacho que elevó La Libertad Avanza -con el aval de las bancadas peronistas de Tucumán, Misiones y Catamarca- y señaló que se trata de la “consolidación de un proyecto de ajuste brutal contra el pueblo argentino”.

“Nos negamos a convalidar la salida que propone Javier Milei de más ajuste, más recesión, pérdida de empleo, pérdida de salario, baja del consumo y la destrucción del entramado pyme-industrial”, aseveró. Al igual que lo hizo Julia Strada minutos antes, la diputada opositora reclamó por la intención del oficialismo de derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

La referencia de las legisladoras del bloque peronista hace referencia al artículo 75 del dictamen de la Ley de Presupuesto 2025 que elevó el oficialismo. De todos modos, LA Libertad avanza logró imponer la moción para llevar a cabo la votación particular en bloques de capítulos, por lo que el llamado “Otras Consideraciones” será tratado todo junto en un paquete de 12 artículos.

Sobre este tema, Victoria Tolosa Paz cuestionó a La Libertad Avanza y aseguró que “han elegido cerrar la discusión de un presupuesto”. Y luego, expresó: “No tengo buenas noticias para el conjunto del pueblo argentino”. Cargó, además, que “vienen a extranjerizar la economía, a primarizar la economía y a entregar el sueño de desarrollar la economía”.

También señaló que este proyecto de presupuesto “no trae mejoras para jubilados, ni para las personas con discapacidad, ni para la educación pública, ni para el sistema sanitario, ni mucho menos para que el país crezca y se desarrolle en el tiempo”.

El otro punto que cuestionó fue la eliminación de las metas de inversión en materia educativa y en el sistema tecnológico: “Borran dejar de cumplir la meta de inversión del 1% en ciencia y tecnología que son valores de la Argentina”. Para cerrar, enfatizó: “Acá estamos para mostrar que hay otro camino”.

En medio de las tensione entre el Gobierno nacional y la CGT por el comienzo del debate del proyecto de modernización laboral, la sede del Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (Seivara) fue atacada y el despacho del secretario general Cristian Jerónino -quien además es parte del triunvirato que conduce la central sindical- fue destrozado.

A poco de conocerse lo acontecido en Juan de Garay al 370 en el barrio porteño de San Telmo, el consejo directivo de la Confederación General del Trabajo tituló un comunicado con “no nos van a amedrentar”. Además, catalogaron el hecho de ser “un hecho que nos retrotrae a viejas prácticas que creíamos superadas en nuestro país”.

Del mismo modo, acusaron que los responsables del hecho “no fueron identificadas”, pero señalaron que “resulta ingenuo creer que este hecho responde a un simple delito policial y no a un intento de amedrentamiento hacia todo el movimiento obrero en las vísperas de la movilización que se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre en defensa del trabajo y contra la reforma laboral”.

Desde el Congreso de la Nación, diferentes legisladores de Unión por la Patria salieron a repudiar lo sucedido. Una de las primeras fue la senadora bonaerense Juliana di Tullio, quien sintetizó que “el ataque a una sede sindical es un grave retroceso democrático”. “Repudiamos el ataque cobarde a la sede del sindicato del vidrio (SEIVARA) y nos solidarizamos con los trabajadores y su conducción gremial, Cristian Jerónimo. Exigimos un pronto esclarecimiento de los hechos”.

El ataque a una sede sindical es un grave retroceso democrático.

Repudiamos el ataque cobarde a la sede del sindicato del vidrio (SEIVARA) y nos solidarizamos con los trabajadores/as y su conducción gremial, Cristian Jerónimo.

Exigimos un pronto esclarecimiento de los hechos.

— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) December 15, 2025

Integrante de los diputados sindicalistas, Sergio Palazzo, secretario general de La Bancaria, agregó: “Mi más absoluto repudio al ataque sufrido en las oficinas del Sindicato del vidrio, con la clara intención de intimidar al secretario general y compañero Cristian Jerónimo ante la convocatoria a la movilización nacional contra la reforma laboral”. Luego, expresó: “Fuerza compañero y no nos van a doblegar”.

Desde el PJ de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Máximo Kirchner señalaron que “estos actos de intimidación se producen en el marco del avance del gobierno nacional sobre los derechos laborales y a días de la marcha convocada por la Confederación General de los Trabajadores”. El comunicado fue reposteado por la diputada nacional Vanesa Siley.

“Los intentos de intimidación a quien ha manifestado el rechazo a todos los puntos del proyecto de reforma laboral del FMI que defienden Sturzenegger, Bullrich y Milei son una muestra más de que no buscan debatir las condiciones de los trabajadores sino poner de rodillas e instalar el miedo entre quienes se opongan a la entrega, el ajuste y la flexibilización”, aseveraron.

MI SOLIDARIDAD CON EL COMPAÑERO CRISTIAN JERÓNIMO @JeronimoCOK.
Repudiando el criminal acto de amedrentamiento que sufrieron hoy por parte de encapuchados que ingresaron en el Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio (@seivaraoficial) rompiendo todo.

Cristian Jerónimo…

— Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) December 15, 2025

Para el diputado Eduardo Valdés el ataque al sindicato "no es un hecho aislado", sino que se trata de "una señal de intolerancia y violencia política contra las organizaciones sindicales y los trabajadores. Es un mensaje de amedrentamiento contra quienes defienden derechos laborales y organizan a los trabajadores”.

El legislador advirtió que "cuando se naturaliza el odio contra los sindicatos, el paso siguiente es la violencia. Y eso pone en riesgo la convivencia democrática”. Además, sostuvo que “no hay democracia plena sin libertad sindical” y llamó al Gobierno nacional a condenar de manera explícita estos hechos y a garantizar la seguridad de las organizaciones gremiales. “Los sindicatos forman parte de la historia democrática argentina y han sido actores centrales en la construcción de derechos, justicia social y paz social”, subrayó.

Con la confirmación del retraso en la presentación del proyecto de ley, senadores y diputados peronistas se reunieron este miércoles con los referentes de la CGT en el despacho de Unión por la Patria en la Cámara alta. El tema de la cumbre fue la modernización laboral que el Gobierno nacional debía enviar en estas horas, pero se atrasó por el viaje de Javier Milei a Noruega.

Según supo parlamentario.com, del encuentro se acordaron tres puntos: el primero fue sobre trabajar en unidad entre las dos CTA y la CGT junto a los dos bloques de UP y los gobernadores; la segunda premisa fue trabajar en la construcción de una mayoría legislativa que bloquee el avance del proyecto en el Senado; y por último, la conformación de una agenda a futuro que contemple temas laborales.

La reunión comenzó a las 17.15 y se estiró hasta después de las 19. De la misma participaron los senadores que integran el interbloque opositor José Mayans, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Alicia Kirchner, Jorge Capitanich, Mariano Recalde, Carlos Linares, Florencia López, Fernando Rejal, Fernando Salino y Carolina Moisés. Estos últimos tres forman parte del bloque Convicción Federal y, en medio de diferentes especulaciones, continuarán dentro del interbloque Unión por la Patria.

En representación del bloque opositor en la Cámara de Diputados, fueron los legisladores sindicales Vanesa Siley, Mario “Paco” Manrique, Hugo Yasky y Kelly Olmos. Y por la Confederación General del Trabajo estuvieron Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, triunvirato a cargo de la organización sindical; como así también asistió Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA e integrante del Consejo de Mayo.

Al retirarse de la cumbre, uno de los presentes en la reunión reveló a este medio que varios coincidieron en que se trata de un proyecto “redactado por estudios jurídicos asociados a multinacionales y corporaciones”. En otro momento señalaron que el Gobierno pretende incorporar la derogación del impuesto al yate dentro del modernización laboral.

Por otro lado, otra fuente de la oposición adelantó que tendrán entre siete u ocho vocales en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, la cual venía siendo presidida por la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, pero trascendió que La Libertad Avanza se la asignaría a Patricia Bullrich para que sea quien comande las reuniones y la elevación del dictamen. Al menos para el tratamiento de este tema.

Con el inicio del período extraordinario, el Gobierno nacional planeaba enviar el proyecto de ley de modernización laboral este mismo miércoles. El argumento oficial para la postergación fue el viaje del presidente de la Nación a Oslo para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a Corina Machado (cosa que al final no pudo suceder, ya que la dirigente venezolana no pudo asistir). Desde el oficialismo se argumentó que el arribo del proyecto a Mesa de Entradas del Senado se demoraría hasta contar con la rúbrica del jefe de Estado, quien estará llegando al país este jueves cerca de las 9 de la mañana.

Así las cosas, este miércoles a primera hora hubo una reunión informal entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel para comenzar con el organigrama de los temas que se tratarán en el Senado. Una fuente opositora reveló a este medio que la vicepresidenta solicitó la nómina por bloque de los sugeridos para integrar las comisiones de Presupuesto y Hacienda; de Trabajo y Previsión Social; Justicia y Asuntos Penales; y de Minería, Energía y Combustibles.

Así como Diputados será cámara de origen del proyecto de ley de Presupuesto 2026 e inocencia fiscal, la Cámara alta lo será para la reforma laboral, la modificación a la Ley de Glaciares y la reforma del Código Penal de la Nación. De todos modos, el atraso en la llegada de los textos y la presión opositora en exigir varias reuniones informativas con expositores disminuyen las chances de La Libertad Avanza para llegar al recinto antes del 30 de diciembre.

A la espera de que finalmente se conozca el texto definitivo de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, los senadores del interbloque Unión por la Patria -rebautizado con el sello PJ- recibirán este miércoles desde las 17 a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT).

La reunión se hará en las oficinas de la bancada que preside el formoseño José Mayans. La central obrera actualmente está conducida por Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.

Este martes se conoció el informe final que realizó el Consejo de Mayo, donde está incluida la modernización laboral. Sin embargo, la iniciativa todavía no fue publicada ni enviada al Congreso. Se sabe que ingresará por el Senado, pero al no haber entrado y no contar con los giros, todavía se retrasa la conformación de las comisiones que deberán tratarlo.

De acuerdo a lo que se reveló, la reforma laboral avanza sobre aspectos como ultraactividad, convenios colectivos, reglamentación del derecho a huelga, indemnizaciones, vacaciones, banco de horas, licencias, entre otros, como derogación de la Ley de Teletrabajo.

También se conoció recientemente que el proyecto no avanzaría, en un gesto a la CGT, con reformas como la eliminación de la cuota sindical solidaria.

En una reunión similar, aunque esta vez con más datos arriba de la mesa, los representantes gremiales mantuvieron el mes pasado un encuentro con el bloque de diputados de UP.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para instituir el 13 de mayo como el “Día Nacional de la Memoria de las Víctimas del Fentanilo Adulterado y de la Seguridad Farmacológica”, fecha que recuerda el inicio de la investigación judicial sobre la peor crisis sanitaria por adulteración de medicamentos desde la creación de ANMAT.

El proyecto cuenta con las firmas de los diputados Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz, Daniel Gollán, Florencia Carignano, Eduardo Toniolli, Jorge Araujo Hernandez, Carolina Yutrovic, Roxana Monzón, Natalia Zabala Chacur, Pablo Todero, Carolina Gailard, Ramiro Gutierrez y Jorge Romero.

“El 13 de mayo no es solo una fecha: es el momento en que el Estado reconoció una tragedia evitable y comenzó a actuar frente a una cadena de fallas que costó vidas”, señaló Valdés, integrante de la comisión especial investigadora de la cámara de diputados, que recientemente dictaminó su informe final.

La iniciativa busca honrar a las víctimas, visibilizar las fallas en los controles y promover políticas públicas de prevención sanitaria, luego de que el país tomara conocimiento —en mayo de 2025— de la masacre silenciosa causada por el suministro de fentanilo contaminado a pacientes en distintos centros de salud del país.

“El Estado tiene la obligación indelegable de garantizar la seguridad farmacológica. Esta tragedia nos dejó al menos 120 víctimas fatales y una herida abierta como sociedad. No puede volver a ocurrir”, afirmó el Valdés.

Un antes y un después en la seguridad sanitaria

El proyecto destaca que la investigación reveló fallas profundas en trazabilidad, vigilancia epidemiológica y control de laboratorios, que impidieron advertir tempranamente la adulteración del medicamento. La Comisión Especial Investigadora del caso —creada por unanimidad de la Cámara— propuso medidas legislativas para mejorar los sistemas de control de medicamentos, auditorías, alertas sanitarias y trazabilidad.

Valdés remarcó el rol de los familiares: “Este proyecto también es un pedido de quienes sobrevivieron y lucharon para visibilizar la tragedia y exigir reformas. Institucionalizar esta fecha honra ese compromiso y fortalece la responsabilidad del Estado”.

Objetivos del Día Nacional

La iniciativa establece que cada 13 de mayo el Estado deberá realizar actividades oficiales, publicar el Informe Anual de Seguridad Sanitaria elaborado por ANMAT, y realizar Jornadas de memoria, prevención y concientización en hospitales y universidades.

Además, deberá realizarse un acto oficial con familiares de víctimas y autoridades sanitarias. A su vez, prevé la actualización de los protocolos de vigilancia, trazabilidad y respuesta ante emergencias sanitarias por medicamentos adulterados. “El objetivo final es claro: memoria, control y prevención. Que nunca más una falla del Estado cueste vidas”, concluyó Valdés.

Tras jurar como diputado nacional por el bloque de Unión por la Patria, el santacruceño Juan Carlos Molina dialogó con parlamentario.com y contó sus expectativas de cara a la labor legislativa que viene: “La gente nos votó para dar respuesta y no para hacer de la Cámara un circo”.

Molina afirmó que llega con la expectativa de “defender a la gente, al pueblo, de que la Cámara de Diputados no sea un lugar que avasalle, sino un lugar que proponga. Así que tenemos mucho, mucho trabajo”, y se refirió a la situación ocurrida durante la jura de los diputados del FIT y los libertarios: “Ustedes lo vieron ya cómo se va a dar esta conformación, ¿no? De gritos, de no dejar hablar al otro”, por lo que se distanció y planteó: “Nosotros queremos ir por otro lado. Necesitamos ir por otro lado porque la gente nos votó para dar respuesta y no para hacer de la Cámara un circo”.

“Tenemos que trabajar para el diálogo. Siempre confío en el diálogo. Lo que no me parece que tenemos que dejar es transar para arruinar la vida de la gente. Pero en el diálogo siempre”, manifestó.

Al ser consultado sobre las propuestas para su provincia, Molina contó: “Nosotros tenemos varios problemas en nuestra provincia de Santa Cruz. Pero la primer gran propuesta, y nos hemos quedado de acuerdo con los diputados, los tres que somos de Santa Cruz, es ser una oposición estudiosa, concienzuda, fuerte y de alianzas”.

“Tenemos que mirar mucho la reforma laboral. Tenemos que mirar mucho la Ley de Glaciares, nos afecta directamente. Tenemos que mirar muchísimo la zona fría, porque son tarifas que hay que poder pagar y tenemos que cuidar nuestro territorio. Tenemos que armar la regionalización de la Patagonia, que podamos, así como fue en su momento el patagonazo que defendió. Acuérdense que nosotros vivimos muy lejos, somos pueblos pequeños y que nos necesitamos unidos para poder pelear lo que pelean los grandes conglomerados”, explayó.

Así, afirmó: “Vamos a trabajar mucho en eso. Tenemos que mirar el tema del petróleo. Nosotros, al irse YPF de nuestra zona, deja un tendal importante, dejaron 1500 desocupados. Como se entregó la zona madura, también creemos que va a haber más desocupados. Tenemos yacimiento a los municipios de Río Turbio, que es una sociedad anónima que también hay que empezar a regular y ver qué quieren hacer con eso. Hay trabajo por la provincia”.

“Como hombre de la Iglesia, como hombre de Jesús, ¿yo soy una persona pesimista? No. ¿Soy una persona derrotista? No. Miro para adelante, creo en la resurrección, creo en la vida y hay que pelear esa vida. Lo que no quiere decir que no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Lo que no quiere decir que, como hizo Jesús, no levantemos al caído. Me tengo que poner a estudiar mucho porque es un lío ser diputado”, cerró.

Como nunca hasta el presente, se armó en la Cámara baja una gran disputa en torno a la conformación de los bloques, que trascendió incluso el “dead line” que se había fijado para el martes pasado, ya que recién este miércoles, durante la misma sesión, terminaron de armarse las bancadas. O mejor dicho, los interbloques, pues ese fue el recurso utilizado por los legisladores de la oposición menos extrema para aglutinarse, más allá de las diferencias internas que tienen entre sí.

Toda la discusión quedó en el sector minoritario y disperso que comprende a poco más del 25% de la Cámara, ya que más del 73% de los diputados pertenecen a los dos grandes polos que tiene hoy el Congreso: La Libertad Avanza y Unión por la Patria. Y en esa competencia que estos dos espacios se plantearon abiertamente terminó prevaleciendo el oficialismo, que en su arremetida final le ganó al bloque que mantendrá el nombre Unión por la Patria, luego de que este espacio sufriera la salida de tres catamarqueños y se confirmara también la del puntano Jorge “Gato” Fernández.

UP quedó con 93, y LLA ganó la partida con 95. Un triunfo fundamentalmente psicológico, dado que el sistema D’Hont que se usa para distribuir lugares en las comisiones no establecería una mayor diferencia en favor de quien tiene apenas dos miembros más en el bloque. Así lo planteaba este miércoles por la tarde una fuente oficialista, poniendo como ejemplo que en una comisión de 31 diputados, 12 irían para LLA y 12 para UP.

El resto de esos lugares -apenas 7-, deberían disputárselos los demás bloques, que este miércoles discutían quién podía sumar más, ya no con la integración de los bloques, sino trazando alianzas para la conformación de interbloques.

A pesar del duro golpe sufrido en las elecciones de octubre, cuando la aspiración de convertirse en una alternativa de poder para 2027 sufrió un severo traspié que sacudió la autoestima de ese espacio, Provincias Unidas se había propuesto ser la tercera minoría de la Cámara. Las negociaciones que se habían complicado con Encuentro Federal cuando Miguel Pichetto se enojó porque lo vetaban como jefe del bloque, se encaminaron con el armado de un interbloque que terminó sumando a 18 diputados de Provincias Unidas, 2 de Encuentro Federal y 2 de la devaluada Coalición Cívica. Total: 22 diputados.

Con ese número llegaron los miembros de ese interbloque a la sesión, a sabiendas de que el Pro no había podido anudar las alianzas suficientes para prevalecer. Y encima había sufrido fugas que a última hora lo dejaron en su piso histórico de 12 diputados. En las últimas horas se le fueron el santafesino José Núñez y el rionegrino Sergio Capozzi. Ambos cercanos a Patricia Bullrich, pero sin intenciones de hacerse libertarios, terminaron sumándose a Provincias Unidas. Y la única alianza que habían alcanzado las huestes de Cristian Ritondo era con el MID, que solo tiene 2 diputados. Sin embargo, en el transcurso de la sesión se rubricó un nuevo acta por el cual se establecía un interbloque más robusto, producto de la inclusión del bloque radical (que quedó reducido a 6 miembros), el santacruceño José Luis Garrido, y la también radical que había optado por armar un monobloque llamado Adelante Buenos Aires, Karina Banfi. Total: 22 miembros.

Esta paridad desembocó en una disputa en la sesión de este miércoles. Es que Gisela Scaglia reclamó la vicepresidencia tercera para el cordobés Ignacio García Aresca, recordando que en “pre labor” habían acordado que el tercer vice sería para bloques mayoritarios, y ellos tenían 18 diputados, pero en interbloque eran 22. Desde el Pro, Javier Sánchez Wrba planteó que ellos sumaban 22 como interbloque, pero Pablo Juliano -del interbloque PU- remarcó que ellos eran 18 como bloque. “Es una integración unívoca, no hay nada que someter a consideración. Entendemos que el tercer espacio debería ser para Provincias Unidas”.

Terció la ahora oficialista Silvana Giudici, que aclaró que “la representación de la Cámara es por espacio político y el interbloque tiene la misma cantidad de diputados que ellos”. El tema quedó para resolver en la próxima sesión. Pero la discordia opositora no solo habla de su dispersión; es también música para los oídos del Gobierno, que ya bastante sufrió a lo largo de este año con una oposición unida en su contra.

El espacio que al final no pudo expandirse fue el otro impulsado por los gobernadores, en el que trabajaban mandatarios del norte -Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Hugo Pasalacqua (Misiones), más el neuquino Rolo Figueroa-, pero la confluencia no prosperó: parece que a Jaldo, Jalil y Figueroa les cierra más negociar por separado. Además, solo hubieran sumado 15 diputados, menos que Provincias Unidas; de ahí que seguirá existiendo el bloque Innovación Federal, con 7 diputados, uno menos que la conformación que tenía hasta ahora.

Este es el panorama que se le traza a un oficialismo más vigoroso que lo que era hasta ahora -creció un 156% respecto de la conformación que tuvo el último año-, pero que enfrenta el desafío de ir ahora a la búsqueda de las leyes, para lo cual necesitará más de una treintena de apoyos para abrir las sesiones y aprobar proyectos. Un objetivo para el cual necesitarán de “mucho acuerdo”, tal cual remarcó una alta fuente oficialista ante la prensa parlamentaria.

Ese universo que redondea un cuarto de la cámara es donde La Libertad Avanza deberá encontrar los votos para avanzar.

En una jornada de pura “rosca”, a horas de la sesión preparatoria en la Cámara de Diputados, el bloque de Unión por la Patria -todavía con ese nombre- reunió a sus integrantes actuales y los electos que jurarán este miércoles.

Durante el encuentro, que se extendió por varias horas y se desarrolló este martes en las oficinas de la bancada ubicadas en el tercer piso del Palacio Legislativo, se ratificó al trío conductor: Germán Martínez presidente, Cecilia Moreau vice y Paula Penacca, secretaria parlamentaria. Además, en la sesión se ratificará a Moreau en la vicepresidencia del cuerpo que les corresponda.

Aunque en la previa surgieron rumores sobre un posible desplazamiento de Martínez, el santafesino permanecerá como presidente. El reclamo de un sector sobre una escucha mayor de las provincias y una agenda más federal, que no quede solo contemplada en AMBA, por el momento no logró imponer otro nombre.

Según dijo a parlamentario.com uno de los asistentes de la reunión, “nadie objetó sobre las tres autoridades”, sino más bien imperó un clima de “unidad”. “No hubo ninguna voz disonante, sino mucha unidad de concepciones en lo que hay que oponerse”, agregó esta fuente, que admitió que en algunos proyectos podrá llegar a haber “particularidades” en las posturas.

Mientras se llevaba a cabo la reunión se confirmó la salida de tres catamarqueños comandados por el gobernador Raúl Jalil, que efectivamente no asistieron a la cita. La única catamarqueña que sí se quedó fue Claudia Palladino, quien participó, habló ante sus compañeros y fue aplaudida.

Con el éxodo de estos tres legisladores, UP quedó en 94, misma cantidad que hasta este miércoles tenía el futuro bloque de La Libertad Avanza. Sin embargo, hay quienes ya dan por fuera a Jorge “Gato” Fernández, quien tras ser electo dijo públicamente que no se sumaría a esta bancada. Pero, según supo parlamentario.com, el puntano “pasó” por el encuentro del bloque este martes.

Al culminar la reunión, desde Unión por la Patria (que se conocerá este miércoles finalmente si se rebautiza como Fuerza Patria o no) no daban todavía por perdida la condición de primera minoría. “Mañana se verán finalmente los números y cómo quedamos”, declaró un referente del bloque en referencia a la previa de la sesión preparatoria.

Tras la exposición del jefe de Gabinete de la Ciudad, Gabriel Sánchez Zinny, en la Legislatura porteña, la presidenta del bloque Unión por la Patria (UP), Claudia Neira, criticó con dureza las declaraciones del funcionario y se mostró sumamente preocupada por la inseguridad que se vive en el distrito capitalino.

En ese sentido, la peronista aseveró que “llegamos a este segundo informe del año absolutamente atónitos por lo ocurrido en la reunión de Jorge Macri con vecinos de Liniers preocupados por la seguridad. Una muestra de la desconexión de su Gobierno con las preocupaciones y las angustias reales de los porteños” y consideró que “no pueden empatizar con los vecinos porque desconocen lo que ocurre en los barrios y las distintas situaciones vinculadas a la inseguridad, como el narcomenudeo, que se agrava día a día en la Ciudad".

Además, precisó que “piensan que el problema se resuelve diciendo que Buenos Aires es la ciudad más segura. Repiten frases hechas con datos falsos o inexactos, como lo volvió a hacer hoy el jefe de gabinete, Sánchez Zinny, en la Legislatura”.

“Siguen repitiendo, por ejemplo, que el 82% de la Ciudad está videovigilada, cosa que es mentira. Hoy apenas el 46% de la Ciudad tiene cobertura de videovigilancia. Lo sabemos porque por un gravísimo error administrativo el Gobierno porteño publicó la ubicación de todas las cámaras de la Ciudad.  Algo que no sólo preocupa por la divulgación de datos sensibles para la seguridad, sino que demuestra una vez más la ineficiencia y la falta de rigor en la gestión", sentenció Neira.

Las chances esbozadas por el presidente del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, la semana pasada respecto de realizar una última sesión antes del cierre del período ordinario, se esfumaron finalmente cuando pasó el tiempo sin que apareciera la convocatoria para este miércoles. Es que esa fecha había sugerido Martínez en la última reunión de la Comisión Investigadora del Fentanilo adulterado, cuando ante las intenciones de citar al ministro Mario Lugones para este miércoles a la tarde, anunció la intención de hacer un esfuerzo para sesionar ese mismo día, por lo que recomendaba no dejarle la eventual sesión como excusa para no asistir.

La misma fecha se manejaba en la Cámara alta, donde el interbloque conducido por José Mayans ya había intentado sin éxito sesionar la semana pasada y pretendía insistir esta semana. Allí, nadie da por caída definitivamente esa sesión en la que UP pretendía llevar como tema principal el proyecto de reforma de los decretos de necesidad y urgencia, pero casi. En tal sentido, un legislador peronista deslizó que bien podrían ponerse de acuerdo finalmente y anunciar una sesión para este jueves, pero la realidad es que también en el Senado las chances son mínimas, conforme pasa el tiempo sin novedades.

En Diputados querían hacer una sesión para llevar al recinto los dictámenes que hubieran quedado pendientes, a excepción del Presupuesto 2026, pues está claro que ese tema quedará para extraordinarias. Pero el esfuerzo pareció quedar enteramente en manos de UP, en días en los que capea en ese espacio la desconfianza de muchos respecto de la homogeneidad que vaya a tener ese bloque.

Así como la oposición tenia reparos para llamar a sesionar sin certezas de contar con el quórum, para no dar una muestra de debilidad si no llegaban a contar los 129, en los últimos días comenzó a prevalecer otra postura: la de evitar dar una muestra de dispersión por parte de Unión por la Patria. Es que son días donde las versiones cruzadas están a la orden del día y muchos se hacen a la idea de que más temprano que tarde el oficialismo terminará desplazándolos de la condición de primera minoría. Algo impensado hasta antes del 26 de octubre, y aun después… pero lo cierto es que hoy en la principal oposición todos hablan de una diferencia a su favor de entre 5 y 6 diputados, pero cada vez son más fuertes las versiones respecto de que los catamarqueños (4) se irán a formar otro bloque, lo que los dejaría en las puertas de perder su condición de primera minoría.

También sonaba fuerte este martes la posibilidad de que también los santiagueños (7) armen un bloque propio, en soledad. Los legisladores que responden al gobernador Gerardo Zamora están desde hace tiempo en el seno de Unión por la Patria, pero si deciden armar el bloque Frente Cívico Santiagueño, no será algo inédito, pues así funcionaron mucho tiempo, hasta que Cristina Kirchner les pidió unificarse con sus legisladores. Ahora, una fuente santiagueña consultada por parlamentario.com aclaró, con máxima crudeza, que “no son lo mismo las órdenes de Cristina Kirchner presidenta del Senado, que Cristina Kirchner presa”.

Lo cierto es que el bloque de Germán Martínez quiso evitar también entonces que quedara graficado quiénes no daban quórum.

Así las cosas, el período ordinario concluirá este viernes habiéndose registrado 13 sesiones, un número muy alto teniendo en cuenta que 2025 fue un año electoral, y sin sesión de despedida.

Crítico de la respuesta del Estado Nacional, el diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto de ley para otorgar una reparación a los familiares de las víctimas y sobrevivientes por Fentanilo contaminado. “El Estado tiene la obligación de asumir un compromiso social ante esta tragedia, brindando una respuesta integral a los familiares de las víctimas y a quienes sobrevivieron”, señaló el legislador.

La iniciativa del diputado de Unión por la Patria propone una reparación integral e igualitaria que incluye prestaciones de salud, asistencia social, reinserción educativa, inserción laboral y una subvención económica equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles para los familiares directos de las víctimas.

“Muchas familias perdieron no solo a sus seres queridos, sino también su sustento económico. No podemos permitir que, además del dolor, carguen con el abandono del Estado”, profundizó Eduardo Valdés. Así las cosas, el proyecto de ley prevé una pensión vitalicia para hijos y cónyuges de las personas fallecidas, y beneficios para los sobrevivientes que hayan sufrido incapacidades a raíz de la intoxicación.

En rigor, se mostró crítico de la postura del Gobierno nacional y lanzó duros cuestionamientos contra los laboratorios involucrados en el caso: “La inoperancia estatal y la negligencia privada dejaron una herida abierta en la sociedad argentina, y este proyecto busca ofrecer reparación y justicia social a quienes quedaron desamparados”.

La norma encomienda al Ministerio de Capital Humano la implementación del programa y la coordinación con las provincias afectadas. Además, crea un Consejo de Control y Seguimiento integrado por familiares de víctimas, ONG y organismos públicos, con el fin de garantizar la transparencia y efectividad en la aplicación de la ley.

Además de Valdés, autor de la iniciativa, acompañaron con su rúbrica los diputados nacionales Pablo Yedlin, Victoria Toloza Paz, Carlos Castagneto, Carolina Gaillard, Vilma Ripoll, Florencia Carignano, Lorena Pokoik, Eduardo Toniolli, Pablo Todero, Jorge Araujo Hernández, Ramiro Gutiérrez, Christian Castillo y Blanca Osuna.

Mientras en Casa Rosada alistan la redacción de la reforma laboral que llegará al Congreso con el llamado a sesiones extraordinarias, el diputado nacional Hugo Yasky presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de Contrato de Trabajo. La iniciativa propone cambiar el 92 bis y establecer que empleadores reconozcan la efectividad a los empleados desde el primer mes de vigencia del período de prueba.

De todos modos, la iniciativa se opone a los cambios contemplados en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742 sancionada en junio del 2024) que amplió el período de evaluación de tres a seis meses y, además, habilitó la extensión del contrato de prueba hasta un año. Ante esto, el legislador de Unión por la Patria propuso que un empleador no puede contratar a un mismo trabajador, más de una vez, utilizando el período de prueba, de lo contario se considerará efectivizado.

En tal sentido, explicó: “El uso abusivo del período de prueba con el objeto de evitar la efectivización de trabajadores será pasible de las sanciones previstas en los regímenes sobre infracciones a las leyes de trabajo”. “En especial, se considerará abusiva la conducta del empleador que contratare sucesivamente a distintos trabajadores para un mismo puesto de trabajo de naturaleza permanente”, aseveró.

Luego, agregó que “el trabajador tiene derecho, durante el período de prueba, a las prestaciones por accidente o enfermedad del trabajo. También por accidente o enfermedad inculpable, que perdurará exclusivamente hasta la finalización del período de prueba si el empleador rescindiere el contrato de trabajo durante ese lapso”.

Crítico de la modificación en 2024, Yasky señaló que “conviene preguntarnos si un período de prueba tan extenso colisiona con la protección constitucional contra el despido arbitrario”, y sumó que “el mandato constitucional no se cumple con la sola existencia de una indemnización: exige que el legislador diseñe un sistema que desincentive la ruptura sin causa y garantice la estabilidad en el empleo”.

En el final de la redacción de la iniciativa, el diputado peronista marcó que el texto “busca restablecer la coherencia constitucional del artículo 92 bis, asegurando que el período de prueba vuelva a ser una instancia excepcional y razonable, compatible con la protección contra el despido arbitrario prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”.

Además de Yasky, autor del proyecto de ley, acompañaron con su firma el bonaerense Carlos Castagneto; el sanjuanino Jorge Chica Muñoz; y el santiagueño José Gómez, todos integrantes del bloque Unión por la Patria.

Después de haber alcanzado el dictamen de comisiones, el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, planteó un sinfín de críticas al contenido del proyecto de ley de Presupuesto 2026. Entre varias cuestiones, el santafesino se refirió al ajuste en materia educativa, obras públicas y asignaciones familiares: “A nivel nacional son 9.4 millones de argentinos que ya no van a tener una metodología automática de movilidad de los valores”.

En primera instancia, Martínez señaló que “es malo este (proyecto de ley) presupuesto porque desarma cualquier compromiso del Gobierno nacional con el financiamiento la educación”. Diferenció la postura del peronismo en la reunión del martes pasado y se refirió al financiamiento de las escuelas técnicas “hoy se está subejecutando a menos de un tercio”.

Entrevistado en el streaming Un Grito de Corazón, cuestionó que el dictamen que firmó el oficialismo junto al Pro, el radicalismo e Innovación Federal “no contempla mejoras para los jubilados que dependen de ANSES”. “En cambio nosotros propusimos un 7,2% que no lo dieron en el arranque del gobierno de Javier Milei, más la actualización del bono”.

En otro tramo de la conversación de la cual fue parte Agustín Rossi, el titular del principal bloque opositor agregó que el despacho de La Libertad Avanza “no garantiza el financiamiento para las cajas de jubilaciones que no fueron transferidas, a la Nación”. Explicó, en ese ítem, que “este año el Gobierno transfirió a las 13 cajas de jubilaciones 170 mil millones y nosotros proponemos seis veces eso que es 950 mil millones que es el cálculo de los gobernadores”.

Por otro lado, el legislador santafesino afirmó que “no hay nada de la obra pública”, y comparó: “En el último año del Frente de Todos, nosotros teníamos el 8% del Presupuesto destinado a gasto de capital, a inversiones en obras públicas. Ahora es el 2,3%”. “No existe la obra pública a nivel nacional”, sintetizó.

Después de que el Gobierno suspendiera la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, Martínez indicó que “se sigue desfinanciando a las universidades” y manifestó que “ellos quieren 4,8 billones para las universidades públicas y nosotros proponemos el 7,3 que es lo que estipulan los rectores que se congregan en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)”.

También, sostuvo que “perdemos el beneficio de la Zona Fría para los usuarios de gas, algo relativamente nuevo” porque “estamos hablando de más de 200.000 usuarios en la provincia de Santa Fe en 76 localidades, que es casi un millón de personas”, deslizó.

Finalmente, afirmó que “incumple con la Ley de Emergencia en Discapacidad porque la sigue sin financiar y algo no menor, quieren quitarle toda movilidad automática a las Asignaciones Familiares”. “No solamente la AUH, sino a todo el sistema de asignaciones familiares que cobran los trabajadores en relación de dependencia”, añadió.

“A nivel nacional son 9,4 millones de argentinos que ya no van a tener, si prospera el presupuesto del Gobierno, una metodología automática de movilidad de los valores de las asignaciones familiares”, concluyó Germán Martínez, jefe de bancada de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados.

Mientras en Casa Rosada había concluido la asunción de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en el tercer piso del Palacio Legislativo los diputados de Unión por la Patria se reunían para hacer un balance sobre las elecciones en todo el país y evaluar la posibilidad de acordar con otros bloques de la oposición una sesión para dentro de dos semanas.

Durante el encuentro que duró más de dos horas, la tropa que conduce el santafesino Germán Martínez se congregó para hacer catarsis con “tema libre”. Algunos de los que hablaron abogaron con énfasis por la unidad de la bancada a futuro. Es que, a partir del próximo 10 de diciembre, el peronismo/kirchnerismo continuará con el mismo número de legisladores, pero la mirada sobre algunos gobernadores en particular reaviva chances de fugas.

“Yo no veo razón por la cual romper. Se entenderá si hay diputados que deben votar como necesiten o consideren sus gobernadores”, confesó ante parlamentario.com uno de los diputados que mete presión para que el bloque se mantenga como hasta ahora. Igualmente, la voluntad de la mayoría es que no haya cambios en lo inmediato. También lo es la creencia de que no ocurrirá pronto.

Con la nueva composición parlamentaria, UP quedará con 98 integrantes, misma cantidad que ostenta hoy, pero es intención de La Libertad Avanza sumar aliados y arrebatarle el rol de primera minoría.

Además, los ojos están puestos sobre cómo actuarán gobernadores -por ejemplo- de Catamarca o Santiago del Estero, quienes estos dos años colaboraron con el Gobierno nacional a través de votos de sus diputados diferenciados del resto del bloque o ausencias sugestivas.

“Yo quiero a todos adentro, me encantaría que también estén los tucumanos”, afirmó la misma fuente, en referencia a los tres legisladores por esa provincia, que rompieron con UP cuando Javier Milei llegó al poder. Aunque el pasado 26 de octubre el peronismo compitió unido en ese distrito, el gobernador Osvaldo Jaldo fue uno de los más efusivos en su saludo con el presidente en el encuentro con los jefes provinciales y ya se manifestó a favor de la reforma laboral. Cuenta con tres votos en la Cámara baja.

En cuanto a la agenda legislativa en lo que resta del período ordinario, se sabe que la oposición no reúne las voluntades para llevar al recinto el debate del Presupuesto 2026. Por el emplazamiento se firmaron los dictámenes esta semana (y LLA consiguió quedarse con el de mayoría), pero los aires cambiaron a partir del resultado de las urnas y el oficialismo ya dijo que se tratará en extraordinarias.

Desde UP buscarán acordar un pedido de sesión con otros bloques para el próximo 12 o 19 de este mes. La fecha del 19 se anota más adeptos. Sería una sesión también para que algunos puedan despedirse del recinto, aunque se verá si se puede acordar un temario que convoque y garantice quórum. Entre algunos proyectos que cuentan con dictamen, una de las diputadas asistentes mencionó el juicio por jurados o la emergencia para PyMEs.

Además de las autoridades de bloque, algunos de los que estuvieron fueron Carlos Heller, Eduardo Valdés, Julia Strada, Mónica Litza, Ramiro Gutiérrez, Mario “Paco” Manrique, Eduardo Toniolli, Natalia Zaracho, Silvana Ginocchio, Daniel Arroyo y Carlos Castagneto. También entró avanzada la reunión Máximo Kirchner.

En el cierre hubo aplausos: se saludó -con torta incluida- a Leopoldo Moreau, que cumplió este miércoles 79 años.

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución por el cual le exige al Poder Ejecutivo la inmediata implementación de las leyes de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica en el Garrahan y el Financiamiento Universitario, insistidos por el Congreso de la Nación.

"No hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique una ley como tal fue aprobada", remarcaron en los fundamentos del texto. Cabe que recordar que ambas leyes fueron vetadas por el presidente Javier Milei, pero lograron superar los dos tercios de votos en ambas cámaras.

Junto a compañeros y compañeras de @Diputados_UxP presentamos un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo la inmediata implementación de las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, las cuales fueron votadas y ratificadas por ambas cámaras.

La salud y la… pic.twitter.com/ZtlVGdHKgG

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) October 20, 2025

De ese modo, enlistaron cuestionamientos contra el Gabinete nacional: "Lamentablemente en los últimos tiempos el Poder Ejecutivo desconoce las facultades del Congreso y elabora novedosos y ridículos argumentos para evadir las obligaciones que desde este Poder se le imponen por imperio de la norma constitucional".

Asimismo, reiteraron en los fundamentos que "la falta de promulgación es otro ardid para evitar garantizar los derechos establecidos por las diferentes normas".

Los firmantes del proyecto de resolución fueron Germán Martínez (jefe de bloque), Cecilia Moreau, Sergio Casas, Sergio Palazzo, Roxana Monzón, Jorge Romero, Hugo Yasky, Leandro Santoro, Jorge Muñoz, Adolfo Bermejo, Carlos Castagneto, Mónica Macha y Jorge Araujo Hernández.

Según trascendió, el Gobierno nacional publicará este martes en el Boletín Oficial ambas leyes insistidas por el Congreso pero, al igual que con la Ley de Emergencia en Discapacidad, será promulgadas pero sin ejecución presupuestaria.

A un mes del triple femicidio, los legisladores de Unión por la Patria (UP) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una iniciativa de declaración en la que cuestionaron con suma dureza las declaraciones de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, respecto del feminismo.

Todo comenzó cuando días atrás, la funcionaria visitó el programa “La Misa” de Carajo Stream, el día jueves 16 de octubre, en donde expresó: “si vos lo que hacés es generar una idea de que vos estás, digamos, empoderada, vos tenés el poder, y sos capaz de pisotear a cualquiera, no importa sea un hombre, sea tu madre, sea tu padre, lo pisoteas, finalmente lo que termina pasando es que se te viene en contra. Entonces, el desequilibrio que se generó con el feminismo extremo, te lleva a situaciones en las que la violencia es tan fuerte que termina destruyendo a la misma persona que genera esa lógica”.

En los fundamentos de la iniciativa, los peronistas explicaron que “esta afirmación negacionista, banaliza y desconoce las estructuras socioculturales que sostienen y reproducen la violencia hacia las mujeres y diversidades” y recordaron que “según datos del Observatorio ‘Ahora Que Sí Nos Ven’, a septiembre de 2025 se registraron 178 femicidios, y en lo que va de octubre ya se contabilizan 11 más, lo que equivale a una mujer asesinada cada 28 horas. Estas cifras no son simples estadísticas: son el reflejo del continuo y sostenido retroceso en materia de derechos y políticas públicas de protección hacia las mujeres y diversidades”.

“Los discursos de odio dirigidos contra el feminismo son también formas de violencia, que alimentan un clima de hostilidad y agresión. La retórica que criminaliza, ridiculiza o amenaza a las mujeres, a las activistas y a quienes defienden la igualdad de género restringe la libertad de expresión de quienes sufren la violencia, desalienta la denuncia y tiene consecuencias reales sobre la salud física y mental de las víctimas”, agregaron.

Y concluyeron precisando que “el feminismo no busca pisotear a nadie, sino que defiende el derecho a vivir sin violencia, a denunciar injusticias y a construir sociedades más libres y justas, con igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas. Por eso, es deber del Estado y de las plataformas de comunicación asumir su responsabilidad para prevenir, condenar y no reproducir este tipo de discursos que fomentan el odio y la discriminación”.

A 80 años del Día de la Lealtad, legisladores de Unión por la Patria se manifestaron a través de las redes sociales para recordar esa fecha clave para del peronismo y algunos también compararon a Juan Domingo Perón con la situación de Cristina Kirchner. Este viernes habrá una movilización hacia su departamento en Constitución, donde se encuentra en prisión desde junio pasado.

" '¡Queremos a Perón!', el lema repetido por millones de argentinos ese 17 de octubre de 1945 mientras colmaban las calles de pueblo. De esa lealtad nació el movimiento que cambió la historia y sembró la doctrina de la justicia social", escribió el senador Eduardo "Wado" de Pedro.

A continuación, el kirchnerista dijo que "a Cristina la proscribieron como a Perón, los persiguen para romper el lazo de amor con su pueblo. Nunca lo lograron, ni lo van a lograr. El pueblo es sabio y agradecido". "Ochenta años después, seguimos de pie. No nos pararon tres dictaduras, menos lo hará la mafia judicial. Ayer por Perón, hoy por Cristina. Nos vemos en San José 1111", convocó.

"Hoy más que nunca, el 17 de Octubre nos convoca. Porque aquel grito de los trabajadores en 1945 no fue solo por Perón, fue por dignidad, justicia social y soberanía nacional. Hoy levantamos las banderas de Perón, de Evita, de Néstor, de Cristina y de todos los que nunca se rindieron. Feliz día compañeros y compañeras!!", fue el mensaje de la senadora Lucía Corpacci.

En tanto, el diputado Daniel Gollán expresó: "A 80 años del 17 de octubre de 1945, el día que cambió el rumbo del país y marcó la inclusión de los trabajadores a la política, seguimos defendiendo las banderas, que nos heredó nuestro líder #JuanDPerón, de Independencia Económica, Justicia Social y Soberanía Política".

"17 DE OCTUBRE 1945-2025. 80 AÑOS DE LEALTAD. Nos vemos en San José 1111", publicó el diputado Eduardo Valdés, junto a un video en el que vitorea: "Viva Perón. Viva Cristina. Luchamos por su inocencia y la queremos libre". "El peronismo más vivo que nunca", agregó.

Leales de corazón. ❤️ pic.twitter.com/tU09pAy7gJ

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) October 17, 2025

La diputada Ana María Ianni destacó que "el 17 de Octubre de 1945 el pueblo sublevado llenó las calles para decirle basta a los abusos en contra de los trabajadores y reclamar sus derechos", mientras que su par Daniel Arroyo manifestó que "a 80 años del 17 de octubre de 1945 nos queda una gran enseñanza: la tarea de la política es integrar a los que nadie ve".

"La lealtad es ese compromiso que nos mueve a seguir trabajando por la justicia social y la grandeza de nuestra Patria, que nos abraza en un amor inquebrantable por nuestro pueblo. Hoy se cumplen 80 años de aquella primera movilización del 17 de octubre de 1945, un hecho fundacional que marcó para siempre la historia de nuestro movimiento. ¡Feliz día de la Lealtad, compañeros y compañeras!", publicó el senador Sergio Uñac.

Por su parte, el candidato Jorge Taiana consideró que el 17 de octubre de 1945 "no fue el inicio de una historia, fue el momento en que la historia cambió de dirección".

Feliz día de la lealtad para todos y todas!! ✌🏻
80 AÑOS, la misma fuerza, la lealtad con nuestro Pueblo.

Un 17 de octubre que sigue latiendo en cada trabajador y trabajadora, en cada derecho conquistado, en cada bandera que levantamos con orgullo.

La lealtad no se declama, se… pic.twitter.com/omD1tYCZFK

— Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) October 17, 2025

Un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda se reunió este miércoles por la mañana para debatir cuestiones relacionadas con el acuerdo con los Estados Unidos conocido los últimos días.

Así lo hizo a partir de lo establecido una semana atrás en el marco del emplazamiento votado con 129 votos a favor, 66 en contra y 4 abstenciones. Durante el plenario, dado por finalizado a las 12 para atender la convocatoria a sesionar para interpelar a funcionarios, se firmaron tres dictámenes. El de mayoría tuvo 50 firmas; el de rechazo 19 y uno de minoría tuvo 2.

La reunión arrancó a las 10.30 en minoría, con la intervención ya no del autor del proyecto, Máximo Kirchner -quien no estaba presente en la sala-, sino del diputado Itai Hagman, quien previsiblemente se refirió al acuerdo alcanzado con Estados Unidos las últimas semanas, de las que “nos enteramos a través de  un tuit de Scott Bessent”, planteó, remarcando que el mismo se da “atendiendo la extrema fragilidad financiera que estaba atravesando nuestro país, luego de varios días en los que el Banco Central tuvo que vender más de mil millones de dólares”.

“Desde ese día, casi todas las novedades económicas nos las fuimos enterando a través del secretario del Tesoro de Estados Unidos -continuó-. Todo nos lo vamos enterando con lo que van anunciando en Estados Unidos. Hace un par de semanas estamos con una delegación absoluta de la gestión de la política económica de funcionarios de una potencia extranjera. La palabra del ministro de Economía y del presidente de la Nación se encuentran totalmente devaluadas”. Así las cosas, sostuvo que lo que sucedió este martes durante la reunión bilateral del presidente Javier Milei y Donald Trump “se inscribe dentro de este contexto”.

Hagman habló de “una intervención de la secretaría del Tesoro de Estados Unidos sin precedentes, como intervenir en el mercado cambiario argentino. Un anuncio de rescate total que ha sido además absolutamente desembozado en cuanto a sus intencionalidades políticas, al plantear abiertamente que el objetivo principal tenía que ver con la reelección de Milei”.

Para Hagman, “esto supera cualquier precedente en materia de lo que es una delegación de la definición de la política económica en manos de funcionarios de otro país”.

“Presentamos este proyecto para reafirmar que es potestad de este Congreso, en función del artículo 75 de la Constitución, que todos los arreglos de la deuda de la Nación, cualquier empréstito e incluso la aceptación de los convenios bilaterales con otros países pasen por acá”, señaló Hagman, recordando que el Gobierno actual “ya ha sentado precedentes de vulnerar las atribuciones de este Congreso”, en referencia al acuerdo con el FMI, que solo pasó por una de las dos cámaras vía DNU.

El diputado de Unión por la Patria advirtió que esta “una economía que necesita que cada seis meses alguien ponga 20 mil millones de dólares no es una economía estable”, y recordó cuando el Gobierno insistía que tenía todo bajo control, pero “terminaron a un mes de las elecciones pidiendo un salvataje sin precedentes al Gobierno de Estados Unidos”.

En otro pasaje volvió a referirse a lo sucedido este martes en Washington, asegurando que “va a quedar en la historia ver al presidente de la Argentina humillado… Ni siquiera (Trump) pidió que le tradujeran lo que dijo Milei en esa audiencia; es muy triste ver a  un presidente electo de la Argentina dejarse humillar así frente al presidente de Estados  Unidos”.

“Peor es que ha sido absolutamente inútil”, alertó, al considerar que el acuerdo con EE.UU. “no resuelve el problema que tiene la Argentina, incluso lo profundiza. Hoy la estabilidad económica de la Argentina depende de una palabra que coloque el presidente de los Estados Unidos en una conferencia de prensa o en un tuit”. Y agregó que “ayer quedó muy claro que el apoyo de este rescate depende del resultado del 26 de octubre”.

En referencia al proyecto debatido, Itai Hagman dijo que el mismo pretende “que este Congreso cumpla sus funciones”, y le dijo al presidente del plenario que “usted tiene una oportunidad de traer esta discusión acá; lo decimos muy claramente en este proyecto: Reafirmamos las atribuciones de este Congreso”.

Ratificó en ese sentido que si el Gobierno avanza con este acuerdo con Estados Unidos, lo considerarán “nulo”. “Y si este gobierno no está dispuesto a traer esta discusión acá, el pueblo argentino nos va a acompañar con este mensaje el 26 de octubre, que ya no es simplemente una elección legislativa; se ha convertido no en un plebiscito para el Gobierno, sino de un plebiscito de si queremos que la Argentina siga teniendo soberanía sobre nuestra política económica, o si queremos que esté tutelada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos”.

“Si no aceptan, convocamos al pueblo argentino a hacerles ver al Gobierno nacional y el de Estados Unidos que no aceptan eso. No cometan el error de volver a sacrificar el futuro de los argentinos con una negociación de corto plazo”, cerró el legislador de UP.

A su turno, el diputado Christian Castillo habló del dictamen de minoría de la izquierda que llama a “dar un mensaje muy contundente del Congreso: que desconocemos la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. El desconocimiento soberano de esa deuda, y que nos vamos del Fondo Monetario Internacional. Se acabó ser parte de un organismo de sometimiento, eso es el FMI”.

Desde La Libertad Avanza, Cecilia Ibáñez calificó la presentación como un “acto de campaña” de la oposición y sostuvo que el Gobierno no está haciendo “nada a escondidas” y concluyó su intervención con un “nos vemos en las urnas”.

La diputada del Pro Germana Figueroa Casas aseguró a su vez que no se había violado ninguna norma. Citó el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera, que establece que cuando se trata de endeudamiento con organismos internacionales, por lo cual no eran necesario llevar al Congreso esas discusiones, hasta que llegó la Ley Guzmán, “que bastantes complicaciones nos ha traído”, comentó, razón por la cual cuando hubo acuerdo con el FMI, recordó, “tuvo que pasar por acá”. Antes, “el artículo 60 de la Ley de Administración Financiera cubría permanentemente el tema y se actuó con legalidad”.

En la actualidad, planteó, hay una ley que podría plantearse que establece que “si el Gobierno hipotéticamente realizara una operación, que no se ha realizado, no hay nada que realizar, son solo declaraciones preventivas por si acaso sucede algo. Si hiciera esto, hay una nulidad, pero tampoco somos nosotros los que tenemos que determinarlo, sino la justicia. Algunos en el Congreso están tratando de utilizar un instrumento declarativo para insinuar que el Gobierno va a violar la ley”. Así las cosas, para Figueroa Casas “emitir esto sería un pronunciamiento de base ficticia, porque el Poder Ejecutivo tiene el manejo de las relaciones exteriores y se estaría tratando de impedir esa potestad”.

“¿Qué no vamos a reconocer, si todavía no sabemos a qué se refiere este acuerdo? El Congreso ya tiene estas herramientas constitucionales necesarias. Este proyecto no cumple nada normativo y aprobarlo sería debilitar al Gobierno y generar confusión”, concluyó.

El titular de la bancada UP, Germán Martínez, se refirió a las interpelaciones previstas para este miércoles y las notas que enviaron los funcionarios excusándose, ante lo cual contó que estaban circulando una nota para decirle al presidente de la Cámara que ya que los tres en teoría no se habían negado a concurrir, que pusieran fecha y hora para una nueva cita.

“La Constitución Nacional se tiene que reafirmar todos los días –dijo-. ¿Alguien puede estar en contra de que reafirmemos las atribuciones que tiene el Congreso en materia de deuda? ¿Alguien puede estar en contra de que toda la información que haya la envíen al Congreso? ¿Alguien puede estar en contra de que si esto no pasa por el Congreso no tenga la validez necesaria y sea declarado nulo lo que se arregle?”.

Leyó a continuación declaraciones de Elisa Carrió, diciendo que “el acuerdo con Trump es un negocio y una intervención geoestratégica”, y de Margarita Stolbizer diciendo que “si el préstamo se lo da Trump a Milei, que lo devuelva Milei”.

“Tenemos que tener en claro qué estamos discutiendo: si se cumple la Constitución, la Ley de Administración Financiera y la de Sostenibilidad de la Deuda”, remarcó Martínez, que remarcó que “los temas de deuda los tenemos que tomar con una seriedad tal que no podemos permitirnos fisuras, porque nadie es oficialismo eternamente”.

A continuación, el diputado libertario Gerardo Huesen cargó contra el kirchnerismo, al que atribuyó el gasto público, el déficit fiscal, una inflación de 235% y el deterioro del salario y las jubilaciones. “La verdad que fingen demencia y nuestro Gobierno sí tienen plan, se dejó de emitir, ustedes destrozaron el Estado, por eso este 26 de octubre es: o la libertad avanza, o la Argentina retrocede”, cerró en tono de campaña.

Desde el Pro, la diputada Daiana Fernández Molero aclaró que “acá no hay ni un empréstito, ni un salvataje: es meramente una ficción que monta el kirchnerismo en su capítulo mil, par aponer palos en la rueda”. Sostuvo que si hubiera un crédito o un empréstito, debería pasar por el Congreso; en el caso de un swap, es algo del Banco Central, que es autárquico y entonces no pasa. Lo que hay en cambio son “puras especulaciones, un acto de campaña que hacen acá y es solamente un intento de sabotear cualquier intento de car confianza a la Argentina”.

La diputada concluyó atribuyéndole al kirchnerismo “un complejo de inferioridad” que deben tratar en terapia. “Argentina tiene potencial, solo necesita que ustedes no manifiesten que se van a oponer a todo y van a seguir con el terraplanismo económico que nos ha llevado al fracaso absoluto”.

A su vez, la diputada kirchnerista Julia Strada consideró que el swap de 20 mil millones es en realidad “un empréstito para comprar deuda”. Se basó en los dichos del ministro de Economía y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, señalando que están utilizando al Banco Central “como pantalla para lo que en realidad sería un empréstito”.

“No estamos hablando solo de un swap, sino de tres elementos: swap, compra de activos públicos en Argentina, y tercero, un bilateral entre el Tesoro de Estados Unidos y Argentina”, enumeró Strada, que le enrostró al oficialismo que “ustedes no tienen documentación pública para confirmar que es solo un swap; solo estamos pidiendo en el proyecto la información que nos permita conocer de qué se trata el anuncio”.

“Le hemos concedido al Tesoro de EE.UU. facultades que son del Banco Central”, apuntó.

Tras la exposición del ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, los diputados de Unión por la Patria (UP) –bloque conducido por Claudia Neira- cuestionaron con dureza el proyecto del Presupuesto 2026 y pidieron reordenar las prioridades económicas de la Ciudad para el próximo año.

En ese sentido, los peronistas aseveraron que “en un contexto de crisis económica, destrucción del empleo y caída de la actividad, es inadmisible que un área como Desarrollo económico pierda un 40% de su presupuesto para el año que viene”.

“Mientras vemos cómo avanza el narcotráfico y la violencia en los barrios de la Ciudad, es muy preocupante la caída de la inversión en áreas claves como promoción social o vivienda. El IVC, por ejemplo, tiene asignado menos del 0,27% del presupuesto total de la Ciudad, del cual solo $34 mil millones va a parar a obras en barrios populares”, sostuvieron los legisladores.

A la vez que concluyeron señalando que “con un gasto total de 17 billones de pesos, este presupuesto no resuelve ninguna de las cuestiones más elementales de la vida de los porteños. Hay una total falta de ideas y de gestión del Gobierno de Jorge Macri, que, además, vuelve a presentar las mismas obras que dejó inconclusas este año. Desde nuestro bloque vamos a trabajar junto a la oposición por un presupuesto que atienda las verdaderas necesidades de los porteños”.

Tras haber estado negociando durante cuatro días en los Estados Unidos, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó el acuerdo con nuestro país por el swap de 20.000 millones de dólares. Fue a través de X junto al anuncio de una compra de pesos argentinos. De regreso a la Argentina, el ministro de Economía, Luis Caputo, respondió: “Espero con entusiasmo nuestra reunión la próxima semana, en la que continuaremos trabajando con el mismo espíritu de determinación y colaboración para lograr nuestros objetivos comunes”.

En el mensaje a través de X, el funcionario estadounidense relató que “Argentina enfrenta un momento de grave iliquidez. La comunidad internacional, incluyendo IMF, apoya unánimemente a Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar con rapidez. Y actuaremos”.

También, Bessent agregó que “el liderazgo económico de América Primero de Donald Trump está comprometido a fortalecer a nuestros aliados que dan la bienvenida al comercio justo y la inversión estadounidense”. Y auguró por el avance de nuevas medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei: “El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica”. Volverán a reunirse en el país norteamericano el próximo martes en presencia de Javier Milei.

Una vez que se difundió el mensaje, los integrantes de la oposición en el Congreso salieron a cruzar al titular del Palacio de Hacienda, quien está citado a dar un informe verbal en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja el próximo miércoles 15 de octubre a las 12. El proyecto resolución logró la mayoría calificada para avanzar sobre tablas en el recinto.

Las primeras críticas llegaron desde Unión por la Patria: el diputado nacional Carlos Castagneto posteó en X un mensaje contra el ministro: “Escúchame Luis Caputo, ¿seguís siendo el ministro de economía argentino? Digo, porque el acuerdo que firmaste en Estados Unidos lo informa Scott Bessent y vos le responde como si fuera tu ‘jefe’. ¿A cuánto nos vendiste?”.

Desde el bloque Encuentro Federal, el diputado nacional Esteban Paulón ironizó sobre el anuncio del secretario estadounidense: “Habló el ministro interventor (de Economía) mientras Luis Caputo está sin wifi en el avión, el nuevo ministro interventor Scott Bessent anuncia las medidas de apoyo para la ‘provincia 51’”. “Dios salve a América”, finalizó el breve mensaje.

Desde el Frente de Izquierda, el diputado jujeño Alejandro Vilca posteó la foto que se tomaron Caputo y Bessent, y amplió: "El acuerdo de Toto Caputo con Estados Unidos trae más timba financiera y más presión colonialista. Fuera yanquis de Argentina y América Latina".

El legislador porteño Gabriel Solano del Partido Obrero aseveró que “en un acto colonial que no reconoce antecedentes, el pueblo argentino se entera de la intervención de los EEUU en la política cambiaria de nuestro país por funcionarios extranjeros y no por nuestro propio gobierno”. “No sabemos nada, además, del costo financiero ni los plazos del rescate”, siguió.

Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, presentara en la Legislatura porteña el proyecto del Presupuesto 2026, los diputados de Unión por la Patria (UP) salieron a cuestionar con suma dureza las proyecciones del ejecutivo local.

En ese sentido, la bancada conducida por Claudia Neira planteó que el texto “sigue las pautas nacionales que a esta altura ya son totalmente absurdas. Con una inflación anual estimada en 10.1% y un dólar a 1423 para diciembre de 2026”.

“Este año que termina Jorge Macri tuvo más plata que nunca. Además del presupuesto de 14.2 billones de pesos - incluyendo transferencias de 1.4 billones del Estado nacional por el conflicto de coparticipacion - usó USD 330 millones del Fondo Anticíclico”, afirmaron y precisaron que “mientras tanto subieron la tarifa del subte, el boleto de las líneas de colectivo transferidas y los alquileres. Y no tuvieron una sola política para reactivar el empleo y la actividad económica de la Ciudad”.

Sobre esa misma línea, los legisladores plantearon que “hasta ahora, todo lo que tenemos de la gestión de Macri son los mismos anuncios de obras ya previstas, como la construcción de la Línea F de subte, la ampliación de la Au Dellepiane o la cárcel de Marcos Paz, que este Gobierno ya viene postergando y sin poder concretar”.

“Los próximos días iremos compartiendo más detalles junto a las rondas con los Ministros que gracias a nuestro bloque volverán a la Legislatura. Somos una oposición responsable. Parte de esa responsabilidad es cuidar que los recursos de los porteños vayan donde más se necesitan”, sentenciaron.

Saldando una deuda de la Ciudad de Buenos Aires, los legisladores de Unión por la Patria (UP) celebraron la reglamentación de la ley de gratuidad del subte para jubilados y pensionados, la cuál había sido impulsada por distintos bloques de la oposición, quienes lograron aprobarla en una sesión especial.

De esta manera, jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas o de Seguridad que cobren hasta 2,5 haberes mínimos fijados por ANSES podrán viajar gratis todos los días y sin restricción de horarios en toda la red de subtes de la Ciudad. El beneficio tendrá una validez de 5 años renovable y podrá tramitarse a través de la plataforma de Tramitación a Distancia (TAD) del Gobierno porteño, en las sedes comunales o en las estaciones cabecera habilitadas, a fin de garantizar una gestión accesible para todos los adultos mayores, tal como se propuso el espíritu de la ley.

Desde UP aseguraron que este “es un pequeño logro que conseguimos articulando con la oposición en la Legislatura. Con los tarifazos que aplicó Jorge Macri, hoy la tarifa del subte es el doble de cara que un pasaje en colectivo, por lo que la gratuidad representa un alivio significativo para el bolsillo de muchos adultos mayores”.

“Esto es producto del trabajo que venimos haciendo desde la oposición en la Legislatura. Reuniendo los consensos y las mayorías necesarias para llevar soluciones concretas a sectores muy golpeados por las políticas del Gobierno nacional, que no terminan de encontrar respuestas en la gestión de Jorge Macri”, sentenciaron.

Con Máximo Kirchner a la cabeza, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria también presentó un proyecto de resolución para remarcar las atribuciones exclusivas del Congreso de la Nación establecidas en el artículo 75 de la Constitución Nacional, donde aclararon la facultad del Poder Legislativo sobre contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación, el arreglo del pago de la deuda exterior de la Nación y la aprobación de tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales.

La iniciativa firmada por el espectro kirchnerista dentro de Unión por la Patria le exige al Poder Ejecutivo Nacional y al Banco Central que someta a la consideración de ambas cámaras del Congreso cualquier acuerdo alcanzado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América o con la administración de los Estados Unidos de América, adjuntando el conjunto de toda la documentación y cláusulas del acuerdo, con particular atención a cualquier compromiso que asuma la Argentina como condición para el otorgamiento.

Así las cosas, el texto establece la reafirmación de que todo empréstito tomado por nuestro país con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América o con la administración de los Estados Unidos de América que no sea aprobado por ambas cámaras del Congreso de la Nación “es nulo de nulidad absoluta e insanable y no obligará al Estado nacional de manera alguna”.

Cabe recordar a comienzos del 2022, el diputado nacional Máximo Kirchner había renunciado a la presidencia del bloque del Frente de Todos en rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que llevaron adelante el exministro de Economía, Martín Guzmán, en la presidencia de Alberto Fernández.

En esa línea, Kirchner sostuvo que "la crisis se agrava al considerar la política de confrontación abierta instaurada por Poder Ejecutivo contra el Poder Legislativo, que incluye declaraciones ofensivas y decisiones unilaterales que vulneran la institucionalidad democrática y se materializa en la ausencia de un Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso durante los últimos dos años y en la falta de rendición de cuentas por parte del Poder Ejecutivo".

“La suscripción de un acuerdo financiero con el Tesoro de los Estados Unidos sin la aprobación del Congreso de la Nación viola de manera flagrante las disposiciones constitucionales que reservan al Poder Legislativo la potestad exclusiva sobre el endeudamiento público y los tratados internacionales”, explicó el diputado en los fundamentos del proyecto de resolución.

El proyecto fundamenta, además, que cualquier empréstito o tratado internacional requiere la aprobación del Congreso, según los artículos 75 incisos 4, 7 y 22 de la Constitución Nacional. Diversos juristas citados en los fundamentos refuerzan que "estas atribuciones no son delegables" y que su incumplimiento genera nulidad absoluta. También se mencionan leyes específicas como la 24.156 y la 27.612, que exigen autorización legislativa para operaciones de crédito público.

El proyecto de resolución está encabezado por Máximo Kirchner y lleva las firmas de Constanza Alonso, Leila Chaher, Gabriela Estévez, Emiliano Estrada, Rogelio Iparraguirre, Tomás Ledesma, Mónica Macha, Leopoldo Moreau, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Agustina Propato, Vanesa Siley, Rodolfo Tailhade y Natalia Zaracho.

En medio del viaje del presidente Javier Milei a Estados Unidos con el objetivo de recibir un préstamo económico por parte del Tesoro del gobierno de Donald Trump, los referentes del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados, con Itai Hagman a la cabeza, presentaron un proyecto de resolución para pedir por la interpelación del ministro de Economía, Luis Caputo, en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional y el 204 del reglamento del cuerpo.

En los fundamentos, el legislador del Frente Patria Grande señaló que "desde el inicio de la gestión del presidente Milei, el ministro de Economía nunca concurrió al Congreso". En esa línea, remarcó que "es un hecho sin precedentes en la historia de la democracia porque siempre los titulares de Hacienda se hicieron presentes en el Parlamento para dar cuenta de sus actos de gobierno y, especialmente, para la presentación de los respectivos proyectos de Ley de Presupuesto General".

"Esto constituye un acto de desprecio inadmisible hacia los legisladores que representan al pueblo y las provincias", aseveraron en la iniciativa los representantes de Unión por la Patria. Y luego, acusaron la ministro de sumarse a "la catarata de odio" contra el
Parlamento al recordar que lo llamó como “un obstáculo más" y que "es agresivo tratando de manera brutal de desestabilizar a un gobierno”.

🔴 ANTE UNA NUEVA TOMA DE DEUDA POR PARTE DE JAVIER MILEI.

📄• Diputados/as Nacionales de Unión por la Patria presentamos dos Proyectos de Resolución para que:

- el Ministro de Economía Luis Caputo venga al Congreso de la Nación a dar explicaciones ante un nuevo… pic.twitter.com/FCbyhUqJsy

— Diputados UP (@Diputados_UxP) September 23, 2025

Del mismo modo, Hagman denunció que "a punto de comenzar la discusión del Presupuesto del ejercicio 2026, que el gobierno dejó trascender y el Secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent confirmó, la posibilidad de obtener un blindaje del gobierno de EEUU.". "Esto podría comprometer no sólo la soberanía de nuestro país y la dependencia de nuestras cuentas públicas, sino que profundiza la degradación de la institucionalidad de nuestro país", aseveró.

Respecto al posible acuerdo entre el Gobierno nacional y la administración estadounidense de Trump, la iniciativa de Hagman sostuvo que “no puede aceptarse que el Gobierno acceda a contraer nueva deuda sin el acuerdo del Congreso, tal como lo establece nuestra Constitución”. “Menos aún que lo anuncie públicamente sin suponer que no tendrá consecuencias legales y políticas. El Parlamento debe retomar sus atribuciones fundamentales y ejercer las facultades constitucionales que le corresponden”, cargó.

El proyecto de resolución fue acompañado con la firma del jefe de bancada, Germán Martínez, y los diputados nacionales Paula Penacca, Cecilia Moreau, Carlos Heller, Gustavo Bordet, Sergio Casas, Carlos Castagneto, Ana María Ianni y Rogelio Iparraguirre.

Tras el contundente triunfo de Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses, dirigentes y legisladores del peronismo y kirchnerismo salieron a celebrar en las redes sociales con distintos mensajes. También hubo advertencias desde otros sectores de la oposición al Gobierno, ante el resultado con una tan marcada diferencia para La Libertad Avanza.

"Enorme triunfo en la provincia de Buenos Aires. Ahora, a frenar a Milei en las elecciones de octubre. Con más militancia que nunca, vamos a reconstruir la esperanza en cada rincón de la Patria", escribió el jefe de UP, Germán Martínez.

Junto a una foto de la expresidenta Cristina Kirchner celebrando en el balcón del departamento donde cumple con prisión domiciliaria, la senadora Juliana Di Tullio escribió: "Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!".

"Le reacción popular frente al ajuste y la destrucción del gobierno de Milei fue contundente. Felicitaciones a las y los bonaerenses que dieron hoy una demostración de responsabilidad cívica y conciencia popular", expresó la diputada Paula Penacca, y agregó que "en defensa de los derechos del pueblo y por la libertad de Cristina, ahora vamos el 26 de octubre también a depositar la boleta de #FuerzaPatria. Como dijo Cristina: 'Kirchnerismo y Peronismo… ¡Más que nunca!'”.

También desde UP, el diputado Pablo Yedlin observó que "el contundente resultado de las elecciones de provincia de Buenos Aires es una muestra del modelo de país que la gente quiere y necesita". "Felicitaciones @Kicillofok, @SergioMassa, @magariovero y a toda @FuerzaPatriaBA. La unidad del peronismo es el camino @CFKArgentina", dijo.

"¡Gran victoria de @FuerzaPatria en la provincia de Buenos Aires! Felicitaciones al gobernador @Kicillofok, a @SergioMassa por la unidad y al trabajo de todos los intendentes. Un aplauso enorme al amigo @gkatopodis por ganar en la 1° Sección", destacó el legislador Daniel Arroyo.

En tanto, la vicejefa del bloque UP en Diputados, Cecilia Moreau, sostuvo que fue una "histórica jornada democrática en la provincia de Buenos Aires", donde "Fuerza Patria triunfó con el apoyo masivo del pueblo bonaerense". "Un paso gigante hacia una Argentina más justa, solidaria y soberana", afirmó.

Hugo Yasky celebró que "el pueblo bonaerense fue a votar masivamente convencido de que había que decirle basta a Milei. Y Axel @Kicillofok construyó una victoria electoral que abre un camino de esperanza para la Argentina".

En su posteo, el senador de UP Sergio Uñac manifestó que "hoy los vecinos de la provincia de Buenos Aires volvieron a ratificar con firmeza y en las urnas, la confianza en la gestión de @Kicillofok. Felicitaciones Axel y, en vos, a todo el armado provincial del Frente que triunfó en estas elecciones bonaerenses".

"Con estos resultados vemos como el pueblo argentino le pone un freno a un gobierno nacional de crueldad y a los gobiernos provinciales que son cómplices, que se hacen los distraídos ante el brutal ajuste que sufre el pueblo argentino", aseguró el exgobernador sanjuanino.

Y completó: "Con la unidad de todos vamos a volver a poner en marcha el desarrollo y el progreso de nuestra Patria. Por nuestros jóvenes, por las personas con discapacidad, por nuestros abuelos, por las familias trabajadoras, para que vuelvan los sueños, la obra pública y el empleo, hoy más que nunca: Fuerza Patria, Fuerza San Juan!".

"La UNIDAD del peronismo hoy nos da la esperanza de un país más humano, estamos más cerca de terminar con este gobierno que tortura, humilla, destruye nuestras industrias, odia a nuestra gente. Hoy estamos más cerca, y eso es un logro de los que apostaron a la unidad del único partido que siempre le dio los días más felices a nuestra gente", escribió la diputada K Florencia Carignano, que pidió: "A seguir trabajando con el objetivo claro de que tenemos que representar a la mayor cantidad de argentinos para proponerles el futuro que se merecen".

Por su parte, desde el bloque Encuentro Federal, la diputada Natalia de la Sota consideró que "ya es inocultable. Cada vez más argentinos ejercen su derecho a defenderse de las políticas de Milei que nos hacen daño. El cachetazo que hoy le dieron los bonaerenses al presidente, es un cachetazo al ajuste, a la crueldad, al intento por destruir el Estado, al avasallamiento de derechos e instituciones. Es un cachetazo al individualismo egoísta y al gobierno para unos pocos".

"Quienes integramos 'Defendamos Córdoba', estamos en el camino correcto. No hay lugar para medias tintas. La confrontación contra las políticas de Milei que dañan a Córdoba tiene que ser contundente. Tenemos mucho trabajo por hacer. Los invito a que se sumen al único frente con la coherencia y la firmeza que se necesita para defender a Córdoba", planteó la candidata por ese espacio.

También desde esa bancada, el diputado Oscar Agost Carreño señaló que "a diferencia de las leyes, los resultados electorales no se pueden vetar. Los bonaerenses dejaron ayer un mensaje claro: la sociedad reclama equilibrio de poderes, sin que nadie tenga el control absoluto".

"La falta de diálogo, la corrupción en el entorno presidencial, el abandono de jubilados y personas con discapacidad, de la educación universitaria, del Garrahan, del empleo de calidad, de la obra pública y del interior productivo no son gratis", agregó.

La diputada de EF Margarita Stolbizer aseveró que "hoy el desgobierno de los Milei-Menem descubrió que hay una vida afuera de las redes. Un mundo real, donde la gente la pasa mal, no se banca la crueldad y quiere otra cosa".

"Que la opción haya sido el kirchnerismo es una desafío doble para quienes queremos dejar atrás un pasado de corrupción. En octubre habrá otra alternativa, que invita a pensar un proyecto de país, con educación, producción y empleo. Una opción de gestión y decencia. En octubre estaremos con Provincias Unidas", señaló la candidata por el espacio de "centro".

Precisamente desde Provincias Unidas, varios de los mandatarios referentes del espacio se manifestaron. Entre ellos, el chubutense Ignacio "Nacho" Torres, quien afirmó que "este resultado es un llamado de atención de la ciudadanía, que le exige al Gobierno nacional más humildad para escuchar al interior que produce, que genera y que trabaja todos los días para sacar el país adelante".

"Quiero felicitar a @manupassaglia y a @petreccapablo por la excelente elección que hicieron hoy, en un contexto tan polarizado, demostrando con gestión y hechos concretos que se puede construir una alternativa real. Hoy, más que nunca, es tiempo de dejar de lado las peleas inconducentes, los insultos y las agresiones, y construir, de una vez por todas, una verdadera agenda de desarrollo federal", añadió.

Desde la UCR, el diputado Martín Tetaz opinó que "si quedaba alguna duda, el resultado confirma que la economía está mucho peor que lo que dice el gobierno. El salario real (bien medido) esta 10 puntos abajo del 2023, el empleo en algunos sectores sensibles como la construcción y la industria se cayó a pedazos. Algunos grupos poblacionales como discapacitados, empleados públicos y jubilados fueron duramente afectados y reaccionan en consecuencia".

"En síntesis, lo único que funciona (y de la peor manera) es el equilibrio fiscal; el resto es un desastre", sentenció. Sin embargo, también le envió un mensaje a Fuerza Patria: "Los peronistas que tampoco se peinen para la foto porque ganaron una elección con baja participación y mucho aparato. Octubre es otra cosa".

Después de la abrupta salida de Diego Spagnuolo de la Agencia Nacional de Discapacidad, la diputada nacional Blanca Osuna presentó un proyecto de ley para exigirle al nuevo interventor de ANDIS que se restituyan las pensiones no contributivas por invalidez laboral dadas de baja a partir de auditorías denunciadas por diversos organismos por los irregulares procedimientos a partir de los cuales se llevaron a cabo.

En segunda instancia, la iniciativa solicita la suspensión temporal de las auditorías en todo el territorio nacional, hasta tanto se garantice que los procedimientos aplicados respeten plenamente los derechos de las personas con discapacidad, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

El proyecto de ley encabezado por la diputada entrerriana fue acompañado con las firmas de Esteban Paulón de Encuentro Federal; y Jorge Araujo Hernández, Jorge Romero, Nancy Sand, Ricardo Herrera, Natalia Zaracho y Sabrina Selva de Unión por la Patria.

Sobre la suspensión de las auditorías, Osuna explicó que “dichos procesos no pueden realizarse mediante modalidades que vulneren los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, ni que omitan los ajustes razonables que exige su participación efectiva”, y aseveró: “La única argumentación aparente de las auditorias de ANDIS es la motosierra”.

El proyecto de Blanca Osuna fue acompañado por sus compañeros de bloque y por Esteban Paulón.

Luego, se sustentó en la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y profundizó que “establece en su artículo 28 el derecho de las personas con discapacidad a una protección social adecuada, y que cualquier medida administrativa que pudiera implicar la pérdida o suspensión de beneficios debe instrumentarse con salvaguardas suficientes que eviten la vulneración de derechos”.

Amparó, además, su proyecto en el informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) que reveló que “la ANDIS implementó el plan de auditoría utilizando instrumentos muy rudimentarios. “Aparentemente se enviaron citaciones de manera masiva y sin un criterio estratégico para que los beneficiarios se presenten en oficinas públicas y el resultado fue un maltrato sistemático a personas con discapacidad, con largas esperas y suspensión arbitraria de beneficios”, sumó.

El proyecto de ley tiene giro a las comisiones de Discapacidad y Asuntos Constitucionales. La primera está en manos del diputado massista Daniel Arroyo y la otra está a cargo de Nicolás Mayoraz, quien se encuentra cumpliendo su rol de convencional constituyente en la provincia de Santa Fe.

El diputado nacional Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de ley para establecer la obligatoriedad de la capacitación en técnicas básicas de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios para todo el personal docente y no docente de instituciones educativas públicas y privadas, de los niveles inicial, primario y secundario del sistema educativo nacional.

En palabras del autor, la iniciativa surgió como respuesta a “la falta de preparación ante emergencias médicas en el ámbito escolar”. El proyecto de ley contempla formación en maniobras de RCP, uso de desfibriladores externos automáticos (DEA), desobstrucción de vías aéreas y principios básicos de primeros auxilios.

“Casos como el de la reciente muerte de un alumno por asfixia en un hogar escuela del partido de Esteban Echeverría ha conmocionado a la comunidad educativa y social, exponiendo una realidad que requiere una respuesta legislativa urgente: la falta de formación en maniobras básicas de reanimación y auxilio por parte del personal a cargo”, cargó el legislador massista.

Ramiro Gutiérrez presentó el proyecto de ley que busca la obligatoriedad del RCP en las escuelas.

Además, mencionó les leyes 26.835 y la 27.159 no contemplan la formación obligatoria para todo el personal escolar, especialmente en niveles iniciales y primarios. Esta nueva propuesta busca “cerrar esa brecha” y garantizar que cada institución educativa cuente con “adultos preparados para actuar ante situaciones críticas”.

“Es menester que el Estado garantice que todo el personal escolar esté en condiciones y tenga conocimientos acerca de cómo actuar ante una emergencia. Ello es un acto de justicia, de prevención y de protección integral de la niñez y la adolescencia. La vida de cada estudiante y trabajador merece contar con adultos capacitados que puedan intervenir de forma eficaz y segura ante situaciones críticas”, concluyó Gutiérrez.

Con el objetivo de asistir a personas menstruantes, los diputados de Unión por la Patria (UP) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca garantizar la incorporación del “kit de salud menstrual” como parte del botiquín de primeros auxilios en todos los ámbitos públicos y privados.

De esta manera, y en caso de que el texto sea aprobado, dichos kists deberán estar incluidos en los botiquines de dependencias de la administración pública, establecimientos educativos de todos los niveles, instituciones de salud, espacios de atención al público, culturales, recreativos y deportivos, y lugares de trabajo de gestión pública o privada.

Cada kit deberá incluir toallas higiénicas descartables, protectores diarios, tampones, jabón neutro en presentación individual, bolsas para la disposición segura de los residuos y material informativo breve y accesible sobre el uso de cada producto y la higiene menstrual.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores explicaron que “la inclusión de los elementos del kit de salud menstrual integral dentro del botiquín de primeros auxilios se fundamenta en la necesidad de equiparar la respuesta sanitaria inmediata ante un episodio menstrual inesperado con la atención de otras contingencias como cortes, quemaduras o descompensaciones” y precisaron que “en el plano de la salud pública, el uso de materiales improvisados o insalubres para contener el sangrado menstrual está asociado a un mayor riesgo de infecciones urogenitales y dermatitis, con consecuencias que pueden requerir atención médica posterior”.

“Actualmente, la ausencia de insumos menstruales en estos dispositivos responde a un vacío normativo y cultural, no a una inexistencia de necesidad sanitaria. La incorporación de estos productos bajo el régimen ya establecido para los botiquines asegurará su disponibilidad constante y su control por parte de las autoridades competentes”, sentenciaron.

Tal y cómo lo anticipó parlamentario.com, el diputado de Unión por la Patria (UP) Alejandro Grillo presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de Ley de Reintegro de Tarifas de Servicios Públicos para los clubes de barrio, en el que se propone un alivio del 40% en las facturas de luz y gas para aquellas instituciones inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID).

El mismo fue anunciado durante un acto que se llevó a cabo en el salón Jauretche de esa Casa, en el que hicieron uso de la palabra Maia Daer (UP), presidenta de la Comisión de Deportes y Turismo; Anita Rodríguez y Juan Ignacio Bruera, consejeros titulares por los clubes de barrio en el Consejo Asesor del Deporte; Santiago Yanotti, gerente general del Ente Provincial Regulador de la Electricidad de Río Negro, ex vicepresidente de CAMMESA y ex subsecretario de Energía Eléctrica de la Nación; y finalmente el legislador autor del proyecto.

El encuentro contó con la presencia de legisladores Claudio Ferreño, Juan Modarelli, Claudia Neira y Matías Barroetaveña (UP); el diputado porteño mandato cumplido, Claudio Morresi; comuneros; autoridades de todas las federaciones de clubes de CABA, y los consejeros suplentes por los clubes de barrio en el Consejo Asesor del Deporte, Laura Gordillo y Sergio Ruggeri Silva.

La propuesta de Grillo establece un reintegro del 40% en las facturas de luz y gas para las entidades inscriptas en el RUID. El objetivo es reconocer el rol de los clubes de barrio como espacios de identidad, formación y pertenencia, y garantizar su sostenimiento frente al impacto de los incrementos en los servicios públicos.

El proyecto prevé que el reintegro se efectúe dentro de los 30 días posteriores a la presentación de la documentación correspondiente, con una vigencia de dos años a partir de la reglamentación. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Deportes de la Ciudad.

Al cierre del encuentro, Alejandro Grillo afirmó: “se trata de hacer justicia defendiendo a las entidades de la sociedad civil sin fines de lucro y reafirmando que los clubes son, y deben seguir siendo, de sus socios”. Y agregó: “tenemos la tarea de militar nuestros clubes y, más temprano que tarde, vamos a convencer a la sociedad de que este proyecto se convierta en ley”.

Con el objetivo de proteger a los clubes de barrios, el legislador de Unión por la Patria (UP) Alejandro Grillo presentará este miércoles en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley mediante el cual buscará establecer reintegros para esas instituciones.

La iniciativa en cuestión plantea un reintegro del 40% en luz y gas para los clubes de barrio inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas (RUID).

El acto de presentación será este miércoles a las 17 en el salón Jauretche del Parlamento porteño y contará con la presencia de los diputados Grillo y Maia Daer (UP) y el exsubsecretario de Energía de la Nación, Santiago Yanotti.

Tras numerosas denuncias por parte de los vecinos, los legisladores de Unión por la Patria (UP) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de resolución mediante el cual le exigirán al Gobierno porteño que dé respuestas por la “proliferación” de roedores en el distrito capitalino.

De esta manera, buscarán que el Ejecutivo detalle cuáles son los planes y acciones de desratización por comuna; el presupuesto anual asignado a tareas de limpieza, recolección de residuos y desratización; si existe algún convenio vigente con empresas privadas para realizar tareas de control de roedores; entre otros puntos.

Además, prevén informarse acerca de la cantidad de casos presuntos o confirmados de enfermedades transmitidas por roedores en la población de la Ciudad; si se registraron impactos socioeconómicos vinculados a la presencia de roedores, como cierre de comercios, pérdidas de alimentos, afectación de mercados barriales o de ferias populares; y si existe un protocolo especial de control de plagas para las líneas de subte.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores precisaron que “los vecinos y medios de comunicación han vuelto a advertir sobre un crecimiento significativo en la presencia de roedores en varios barrios de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, a partir de este proyecto de Resolución buscamos profundizar la solicitud de información”.

“La falta de limpieza adecuada en espacio público—como contenedores desbordados, mantenimiento insuficiente de desagües y abandono de terrenos—favorece la proliferación de roedores. Esto no solo afecta la calidad de vida, sino que también representa un riesgo sanitario con potencial aparición de enfermedades como leptospirosis, salmonelosis y hantavirus”, advirtieron.

Por lo que concluyeron señalando que “urge avanzar con transparencia, coordinación y eficiencia en políticas de prevención, limpieza, promoción de la denuncia ciudadana y campañas de concientización. Contar con datos claros permitirá evaluar la eficacia de las acciones actuales y ajustar estrategias en base a resultados concretos”.

Desde el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria fueron presentados dos proyectos de resolución que exigen pedidos de informes al Poder Ejecutivo Nacional vinculados a la situación del brote con pacientes fallecidos provocado por la distribución y uso de fentanilo inyectable contaminado en hospitales públicos y privados ocurridos en CABA, PBA, Santa Fe y Neuquén.

La primera iniciativa fue impulsada por el tucumano Pablo Yedlin, quien le solicita al Ministerio de Salud, al ANMAT y ANLIS-Malbran cuestiones vinculadas al brote de infecciones y muertes ocasionadas por la administración de fentanilo inyectable contaminado con Klebsiella pneumoniae (Kpn) metalobetalactamasa (MBL) no betalactamasa de espectro extendido (BLEE) y Ralstonia spp, detectado en abril de 2025.

Entre los tópicos solicitados, Yedlin exigió la cantidad de casos confirmados, probables y sospechosos; el número total de fallecidos; la cronología de los hechos; las medidas adoptadas por la ANMAT desde que se conocieron los primeros casos; conocer si existieron fallas en los sistemas de control y trazabilidad de medicamentos; y la identificación completa de los medicamentos y lotes involucrado.

También solicita información sobre los lotes adicionales bajo investigación, medidas preventivas y resultados de análisis microbiológicos; el detalle de inspecciones y auditorías realizadas por ANMAT a HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A. en los últimos cinco años; el estado de la habilitación de ambos laboratorios al momento de la producción y distribución de los lotes contaminados; y el detalle de protocolos de control de calidad y trazabilidad a todo nivel que se aplican a medicamentos inyectables críticos.

Finalmente, el pedido de informes contempla un listado de las instituciones de salud, públicas y privadas, que recibieron los lotes contaminados; las medidas implementadas para garantizar el retiro efectivo de los lotes; el detalle de las droguerías que intervinieron en la distribución; la colaboración (documentación y reportes) prestada por ANMAT y el Ministerio de Salud a la justicia federal en el marco de la causa en trámite; las acciones legales y administrativas iniciadas contra los responsables de la producción; y los avances en la investigación sobre la denuncia acerca del robo ocurrido el 11 de mayo de 2025 en las oficinas de Garantía de Calidad de HLB Pharma y medidas adoptadas para preservar pruebas.

El segundo proyecto ingresado en mesa de entradas es de Victoria Tolosa Paz, quien exigió la misma información que solicitó Yedlin. “Las muestras analizadas por el Instituto Malbrán confirmaron la presencia de bacterias altamente peligrosas, tales como Klebsiella pneumoniae (productora de metalo-betalactamasa) y Ralstonia pickettii, ambas con características de multirresistencia y potencial letal para pacientes críticos o inmunocomprometidos”, referenció en los fundamentos.

Según la diputada, “hasta la fecha se han confirmado 52 personas fallecidas y 78 pacientes afectados por infecciones severas vinculadas al uso hospitalario de ampollas de fentanilo contaminadas producidas por los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Laboratorios Ramallo S.A.”.

En el final, manifestó que “el caso ha evidenciado fallas significativas en los aspectos sanitarios, administrativos y en los sistemas de trazabilidad de medicamentos, lo que pone de manifiesto no sólo un serio déficit de supervisión estatal, sino también la existencia de vínculos institucionales poco claros y circuitos de actuación que requieren una revisión integral y transparente, a fin de garantizar que los procesos de control y habilitación se ajusten a los estándares de calidad y legalidad exigidos por la normativa vigente”.

Después de que el presidente Javier Milei vetara las 3 leyes que sancionó el Senado el pasado 10 de julio, el interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria brindó este martes una conferencia de prensa para confirmar la insistencia con el aumento a los haberes jubilatorios, la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

El anuncio se llevó a cabo en el salón de reuniones del interbloque en el Palacio Legislativo. Estuvieron presentes José Mayans, Juliana di Tullio, Anabel Fernández Sagasti, Fernando Salino, Eduardo “Wado” de Pedro, Alicia Kirchner, María Eugenia Duré, Florencia López, Silvia Sapag, Fernando Rejal, Sergio Leavy, Mariano Recalde, Carlos Linares y Stefanía Cora.

Entre varios temas, los legisladores presentes repudiaron la represión de este martes al mediodía contra las organizaciones de personas con discapacidad que se congregaron a la Plaza de los dos Congresos para manifestarse en contra del veto publicado este lunes. También, hicieron mención al reclamo de los recicladores en otro punto de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, los integrantes de la principal bancada opositora se mostraron optimistas de que los tres proyectos de ley puedan sortear el veto presidencial en la Cámara de Diputados.

El primero en tomar la palabra fue Mariano Recalde, senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, quien apuntó directamente contra el presidente de la Nación: “Es mentira que no hay plata y es mentira que afecta al equilibrio fiscal porque si un aumento de 62.000 pesos afecta el equilibrio del país habla muy mal del presidente”.

En defensa del proyecto de aumento a los haberes jubilatorios y la declaración de emergencia en discapacidad, Recalde afirmó que “las leyes prevén métodos de financiamiento”. En ese tramo, agregó: “Cuestan lo mismo que la baja a las retenciones a favor de la Sociedad Rural”. Del mismo modo, acusó al Ejecutivo de “asignar como nunca fondos reservados a la SIDE por otras vías”.

Organizaciones de personas discapacidad rechazaron el veto a la emergencia en frente del Congreso.

“Hay plata para espiar a los opositores, a organizaciones que marchan los miércoles y no hay plata para los jubilados”, enfatizó. En el final, desenfundó un nuevo cuestionamiento contra Milei: “El presidente que vino a promover algo nuevo, lleva a cabo las mismas recetas de siempre”. Por último, procedió a leer los nombres de aquellos dialoguistas que votaron a favor de las leyes.

En otro tramo de la conferencia, el formoseño José Mayans anticipó que el Gobierno nacional “tiene un plan para llevar la edad jubilatoria a 70 años”. “Tenemos buenas expectativas de lo que ocurra mañana en la Cámara de Diputados respecto a los proyectos de los gobernadores”, consideró el jefe del interbloque.

También, Juliana di Tullio señaló que “podemos recibir presión, pero nunca aceptarlas” porque “nos compromete la representación con el pueblo”. En esa línea, agregó que “estas leyes fueron el resultado de la voluntad popular a través de sus representantes”, auguró: “Espero que se logre con éxito la Cámara de Diputados”.

Del mismo modo, le pidió a la ciudadanía que se movilice ante los vetos porque "es importante que cada uno pelee”. “Nosotros estamos representando, pero es importante lo que hicieron las personas y organizaciones de discapacidad y los jubilados que sufren tanto desprecio y violencia inusitada cada miércoles”, aseveró.

Por último, la senadora que representa a la provincia de Buenos Aires planteó: “¿Cuál es el freno a los vetos del presidente? Hay que votar porque los límites se lo pone el pueblo argentino”. Para concluir, Di Tullio hizo una mención del exsenador entrerriano preso en Paraguay: “En Diputados creemos que vamos a conseguir los dos tercios porque la realidad se impone y para que se repita el mismo resultado y que no haya más Kueiders”.

Integrantes de Unión por la Patria, con la diputada entrerriana Blanca Osuna a la cabeza, presentaron un proyecto de ley para crear la comisión administradora del Río Paraná como ente de derecho público interjurisdiccional, con autarquía económica financiera, personería jurídica y capacidad de actuación, en el ámbito del derecho público y privado.

El objetivo propuesto en el texto es el de institucionalizar un ámbito interjurisdiccional de coordinación, promoción y ejecución de políticas públicas ambientales, económicas y sociales para el óptimo cuidado y aprovechamiento racional del Río Paraná y región adyacente.  Establece, además, que la comisión tendrá competencia en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires.

Además de Osuna, el proyecto de ley lleva las firmas de Diego Giuliano, Daniel Gollán, Micaela Moran, Pablo Todero, Roxana Monzón, Jorge Romero, Nancy Sand, Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Pedrini, Sabrina Selva, Carolina Yutrovic, Eugenia Alianiello¸ María Luisa Montoto y Lorena Pokoik.

En los fundamentos fueron destacados el valor estratégico del Río Paraná como vía navegable, reserva de agua dulce y símbolo cultural; mencionados los antecedentes históricos y jurídicos que legitiman el dominio provincial sobre los ríos; y remarcaron la necesidad de una gestión coordinada e integral para afrontar crisis ambientales y garantizar un desarrollo sostenible.

Además, propone una manera para obtener el financiamiento de la comisión administrativa a través de la creación de un fondo de compensación ambiental para prevenir y reparar daños ecológicos; y a través de presupuestos estatales, donaciones y otros aportes.

Los otros objetivos de la comisión serán coordinar políticas ambientales, económicas y sociales para el cuidado y aprovechamiento del Río Paraná y su región; la promoción del uso racional del recurso hídrico; y la fortaleza de la soberanía fluvial frente a procesos de privatización de la via navegable.

A varios meses del anuncio de la construcción de la Línea F de la red de subterráneos, la presidenta del bloque Unión por la Patria (UP), Claudia Neira, volvió a apuntar con dureza contra el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, y lo acusó de lanzarla con fines electorales.

A través de su cuenta de X –ex Twitter-, la peronista le habló directamente a los vecinos del distrito capitalino. “¿Te acordas cuando Jorge Macri anunció (por cuarta vez) la construcción de la Línea F (otra vez) en plena campaña electoral? Bueno, recién ahora la Ciudad contratará un servicio de consultoría para desarrollar el proyecto. Pero eso no es todo: ¡los resultados del informe recién estarán listos en un año y medio!”, comenzó diciendo.

“El Ministerio de Infraestructura acaba de adjudicar esta licitación que sólo contempla el primer tramo de la Línea F (Barracas - Callao) y para el cual SBASE ya había contratado estudios técnicos que fueron desestimados y ni figuran en el pliego actual”, explicó y recordó que “no se trata del primer informe que contrata esta gestión para la Línea F. En 2014, SBASE contrató un estudio que finalizó en 2016 y luego fue descartado. En 2019, se lanzó otra licitación que fue postergada ¡14 veces! hasta cancelarse en 2022”.

Sobre esa misma línea, Neira indicó que “ahora el Ministerio de Infraestructura excluye directamente a SBASE, empresa que debería tener un rol protagónico en todo este proceso, ya que tiene a su cargo la administración de la red de subtes, su desarrollo, expansión, y el control operativo del servicio. ¿Por qué la dejarían afuera del proyecto más ambicioso y más postergado del subte en años?”.

“Las consecuencias son claras: si se avanza sin participación directa de SBASE, no sólo se debilitaría el modelo de institucionalidad técnica y operativa del subte, sino que la Ciudad sufriría una pérdida de saberes acumulados en los que ya invirtió reiteradas veces y podría haber interferencias entre diseño y operación futura de la red”, agregó.

Por lo que concluyó planteando que esta es “solo una muestra más de que Jorge Macri no tiene idea cómo llevar adelante la gestión de la Ciudad. La construcción de la línea F fue puro humo como dijimos en la campaña. No tienen idea donde hacer el trazado, de donde van a sacar el financiamiento ni plazos realistas de obra. Nada de nada”.

De cara a los comicios de medio término que se llevarán a cabo en los próximos meses, organizaciones sociales manifestaron su apoyo a la candidatura de Victoria Montenegro al Congreso de la Nación por la Ciudad.

La diputada se encuentra alineada en el sector que lidera el Gobernador bonaerense Axel Kicillof, junto a su par de Unión por la Patria (UP) en la Legislatura porteña, Berenice Iañez.

La misiva en apoyo a la peronista lleva la firma de más de 400 referentes sociales, entre los cuales se encuentran Estela de Carlotto, Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos, Rita Cortese, Roberto Feletti, Hugo Yasky, Raúl Zaffaroni y Carlos Tomada, entre otros. En la misma destacaron la trayectoria de la legisladora y resaltaron su compromiso “con los valores históricos del peronismo y los derechos humanos”.

En ese sentido manifestaron que “Victoria es una militante popular cuya vida es un tributo a la buena política” y destacaron su “defensa inclaudicable de una democracia con instituciones al servicio del bien común y su rechazo a los pactos con los poderosos”.

Además, los firmantes coincidieron en que “es necesario fortalecer la reconstrucción del movimiento nacional y popular con representantes ‘honestos y capaces’ que enfrenten con coraje la avanzada neoliberal y autoritaria que encabeza el gobierno de Javier Milei”.

“El principal desafío es construir una mayoría que le ponga fin a la pesadilla liberal”, completa el documento.

El bloque de senadores nacionales de Unión por la Patria le envío una carta a sus pares estadounidenses John Thune, líder de la Mayoría, y a Charles Schumer, líder de la Minoría, para manifestar profunda preocupación tras las declaraciones de Peter Lamelas, embajador nominado de los Estados Unidos en Argentina, respecto a su “misión” en nuestro país.

Los denominados líderes de la mayoría y minoría del Senado de los Estados Unidos ofician como jefe de los portavoces del organismo para sus partidos, la administración y programación de la actividad legislativa y ejecutiva. Como uso y costumbre, el presidente de la Cámara alta le otorga al líder de la Mayoría prioridad en la obtención de reconocimiento a hablar en el Senado.

“Las expresiones del Dr. Lamelas sobre la República Argentina son violatorias del principio de no injerencia de asuntos internos de los Estados establecido en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y de los principios diplomáticos reflejados en la Carta de las Naciones Unidas, que deben guiar la labor de cualquier funcionario diplomático”, alertaron los legisladores.

La carta lleva la firma de los tres presidentes de bloques que conforman Unión por la Patria: José Mayans por Frente Nacional y Popular, Juliana di Tullio por Unidad Ciudadana, Fernando Salino de Convicción Federal; y también, la camporista Anabel Fernández Sagasti.

En el texto repudian a Lamelas de “expresar con liviandad asuntos que poseen enorme importancia para la Argentina, el Embajador propuesto reflejó durante su alocución un preocupante desconocimiento de nuestra institucionalidad, y más grave aún, sostuvo como válida una postura sumamente injerencista que ataca a la soberanía de nuestro país”.

“No podemos más que repudiar cualquier intento de condicionar el accionar soberano de las provincias argentinas, ya que constituye un cuestionamiento a las bases del sistema federal expresado en nuestra Constitución Nacional”, remarcaron los cuatro firmantes en representación del interbloque compuesto de 34 senadores nacionales.

Asimismo, manifestaron: “Rechazamos solemnemente las expresiones realizadas por el Dr. Lamelas sobre la presidenta del Partido Justicialista y ex presidenta de nuestra nación, la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, quien hoy es víctima de un acto de persecución judicial y de una proscripción de carácter política que erosiona el estado de Derecho en la Argentina”.

En el final, señalaron que “mantenemos la profunda convicción de que usted, como senador y líder de la mayoría dentro de la Cámara alta, comprenderá la gravedad que implica que un señor como el Dr. Lamelas, que sostiene una postura que viola principios fundamentales y soberanos de un país, llegue a ocupar un cargo tan honroso”.

El bloque de Unión por la Patria (UP) impulsó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual buscan declarar “persona no grata” a Peter Lamelas, candidato para ocupar el cargo de embajador estadounidense en la República Argentina, en virtud de sus declaraciones públicas del día 22 de julio del corriente, que “evidencian su voluntad de interferir en los asuntos políticos internos, en las decisiones del Poder Judicial y desconocer la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur”.

La petición de los peronistas se dio después de que Lamelas expusiera frente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano y manifestara que su tarea en la Argentina será “vigilar a los gobernadores”, “frenar acuerdos con China”, “eliminar la corrupción” y “asegurar que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que merece”. A su vez, manifestó su apoyo explícito al actual Gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones legislativas de 2025.

Atentos a estas declaraciones, los legisladores advirtieron que las mismas constituyen “una inaceptable intromisión en los asuntos internos de nuestro país y una grave ofensa a nuestra soberanía nacional” y consideraron que estos “dichos no pueden ser interpretados de otro modo que como una amenaza directa al principio de no injerencia contemplado por el derecho internacional, especialmente al derecho soberano del pueblo argentino a elegir libremente su destino y sus representantes sin tutelajes externos”.

“También resulta particularmente alarmante la estigmatización sobre los gobernadores y figuras provinciales, a quienes asocia con prácticas corruptas por mantener vínculos con países distintos al suyo, lo que no solo representa una ofensa a funcionarios legítimamente electos por sus pueblos, sino también un ataque a nuestro sistema federal todo, que prevé la autonomía de las provincias”, agregaron en los fundamentos de la iniciativa.

Al mismo tiempo que señalaron que “frente a este nuevo atropello, que no solo propone vulnerar nuestra soberanía nacional sino que además atenta contra el principio de autodeterminación de los pueblos, esta Legislatura, representante de una ciudad autónoma, como es la Ciudad de Buenos Aires, debe reafirmar su compromiso con una política exterior basada en el respeto irrestricto al derecho internacional, la no intervención en los asuntos internos de otros Estados, la solución pacífica de las controversias, la promoción de la paz y la cooperación y expresar, en este sentido, su más enérgico repudio y declarar a Lamelas como persona no grata de nuestra Ciudad”.

Los legisladores de Unión por la Patria (UP), el bloque conducido por Claudia Neira, expresó su profundo rechazo a la decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de recortar el financiamiento sobre el traslado diario de los cartoneros.

A través de un comunicado que compartieron en sus redes sociales, los peronistas apuntaron con dureza contra el alcalde porteño, Jorge Macri. “El Gobierno de Jorge Macri anunció hoy que dejará de financiar el traslado diario de recuperadores urbanos que viajan desde distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires para cumplir sus tareas en el territorio porteño”, comenzaron diciendo.

“Jorge Macri no logra encontrar un rumbo a su gestión y aparece con medidas que lejos de ser positivas, son golpes de efecto ideológicos y manotazos de ahogado. Los servicios de la Ciudad muestran una clara declinación e ineficiencia que se ve a simple vista”, argumentaron y precisaron que “la gestión de residuos es una de las principales preocupaciones de los porteños y porteñas ante el abandono cotidiano y claramente estas medidas lo único que hacen es deteriorar aún más el servicio”.

A la vez que remarcaron que “según el presupuesto para el 2025 la Ciudad tiene previsto gastar más de $1 billón en el Servicio de Higiene Urbana, en su gran mayoría concentrado en el Contrato de Basura excesivamente opaco que rige hoy en nuestra Ciudad”.

En ese sentido, los legisladores advirtieron que “recortarle el transporte a trabajadores que ya tienen ingresos bajos y que son agentes fundamentales del Sistema de Reciclado de la Ciudad profundiza el deterioro del sistema. Esto no es una medida eficiente, atenta contra el ambiente y es un ajuste contra los que menos tienen” y destacaron que “el sistema de residuos tiene una complejidad estructural en nuestra Ciudad, que Macri no conoce ni sabe cómo resolver. Desde la oposición venimos discutiendo un plan serio y alternativo a este colapso que vivimos”.

“Eso requiere una investigación de los contratos de la basura, transparentar los recursos que demanda el servicio y construir una política de higiene urbana eficiente que priorice la limpieza, la inclusión y el bienestar de los porteños para lograr, de una vez, la basura cero”, sentenciaron.

Buscando darle respuesta a un reclamo histórico del sector, los legisladores de Unión por la Patria (UP) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley que busca introducir una serie de modificaciones al Código Contravencional, a fin de derogar artículos que sancionan la oferta y demanda de sexo en los espacios públicos, “para dar un paso más en la lucha contra la violación a los Derechos Humanos ejercida a las mujeres, cis y trans”.

La iniciativa en cuestión es de autoría de Victoria Montenegro (UP), quien en los fundamentos de la misma explicó que esta normativa “habilita abusos, su aplicación se ha desvirtuado y sirve a fines ajenos a los propuestos mediante su sanción” e indicó que “es utilizada como una excusa para habilitar el ejercicio arbitrario de poder punitivo por parte de las fuerzas de seguridad sobre personas altamente vulnerables, peor aún si se trata de personas trans y travestis persisten prácticas violentas, estigmatizantes y discriminatorias por parte de los y las agentes estatales”.

“En el año 2021 y 2023 se presentaron proyectos en igual sentido, el cual perdió estado parlamentario. Volvemos a presentarlo por las implicancias que tiene esta contravención sobre quienes recae y dado que es una de las contravenciones más frecuentes en la Ciudad, lo que demuestra que los agentes policiales la aplican de manera recurrente: según informes del Ministerio Público Fiscal de CABA la oferta y demanda de sexo en los espacios públicos (prevista en el art. 86) durante el año 2021 se encontraba entre las 10 contravenciones más frecuentes en la Ciudad”, continuó.

A la vez que advirtió que “toda restricción a las libertades debe fundarse en una razón de convivencia social real y comprobable, debe ser un medio adecuado al fin propuesto (proporcionalidad), y debe haber una relación directa entre el daño social y la conducta prohibida. Sin embargo, en el caso de la norma que estamos analizando se prohíben conductas sólo porque se presume que ellas conducen a una alteración de la tranquilidad pública”.

“Nos encontramos entonces frente a una norma de dudosa eficacia, pero que sostenemos al costoso precio de una gran restricción de la libertad personal. Es por ello que, en esta oportunidad, promovemos su derogación”, sentenció.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (UP) presentó un proyecto de declaración en repudio a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de eliminar el subsidio histórico destinado a la Fundación de la Hemofilia, una institución de referencia nacional e internacional que garantiza el tratamiento integral de personas con hemofilia y otras coagulopatías hereditarias.

El proyecto propone exhortar a las autoridades a restituir de forma “urgente” el subsidio y garantizar la continuidad de la fundación, defender el derecho a la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes y visibilizar el rol esencial de instituciones de referencia.

“La crueldad no puede ser una política de Estado. La salud de miles de argentinos está siendo puesta en riesgo por un gobierno insensible que prioriza el ajuste por sobre la vida”, sostuvo la senadora.

La Fundación, con más de 80 años de trayectoria, atiende a más de 4.800 pacientes de todo el país, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, y se sostiene gracias a un subsidio que cubre entre el 50% y 70% de su presupuesto operativo.

“Desde diciembre pasado, no recibe fondos estatales, acumulando deudas y dejando a su personal médico y técnico sin los recursos necesarios para garantizar la atención y continuidad de los tratamientos”, alertó la rionegrina y cerró: “No vamos a quedarnos callados frente al abandono. Seguiremos levantando la voz por una Argentina justa, solidaria y humana”.

Un grupo de diputados nacionales del bloque Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra “trolls” libertarios por atentar contra el orden democrático y promover la “apología del crimen, intimidación pública y amenazas coactivas” a través de las redes sociales mientras se desarrollaba la sesión en el Senado que terminó aprobando las leyes de jubilaciones, moratoria y emergencia en discapacidad.

La denuncia fue presentada por los legisladores Hugo Yasky, Daniel Goyán, Sabrina Selva, Juan Marino, Victoria Tolosa Paz, Julio Pereyra y Santiago Cafiero, contra quienes serían los titulares de las cuentas de la red X identificadas como @Gordodan_, @ElTrumpista, @FranFijap y @elpittttt.  Presuntamente, las personas detrás de estos perfiles serían Daniel Parisini, Franco Antunes, Luciano Cabrera y Pedro María Lantarón, respectivamente.

La acusación se basa en una serie de publicaciones realizadas el pasado 10 de julio, mientras el Senado de la Nación debatía proyectos de ley clave para jubilados, personas con discapacidad y las provincias.

Según los denunciantes los posteos en redes: “Constituyen una instigación a cometer delitos, apología del crimen, intimidación pública y amenazas coactivas, figuras penales contempladas en los artículos 209, 212, 213 y 149 bis del Código Penal. Además, se argumenta que la instigación se dirige a atentar contra el orden democrático, un delito previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional”.

Entre las publicaciones denunciadas, se destacaron mensajes como: “@elpittttt: Es ahora Javo: Metan todos los tanques adentro del Congreso"; "@ElTrumpista: El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso"; "@FranFijap: Hay que dinamitar todo el Congreso con diputados y senadores adentro".

“Las referencias a sobrevolar el Congreso con aviones de combate o dinamitar el edificio configuran actos que infunden temor público y alteran el orden social”, resaltan.

Los legisladores señalan que, si bien la libertad de expresión es un pilar fundamental de la democracia, no es un derecho absoluto y encuentra sus límites cuando se incita a la violencia y se atenta contra las instituciones. Además, remarcan la gravedad de que estas manifestaciones provengan de personas presuntamente vinculadas a las máximas autoridades del Gobierno Nacional, incluyendo algunos con acceso privilegiado al presidente de la Nación o a altos funcionarios.

“La instigación al atentado contra el orden constitucional reviste una gravedad excepcional que justifica la intervención del derecho penal", afirmaron los diputados en la denuncia.

En la presentación, los legisladores solicitaron al juez o fiscal interviniente una serie de medidas de investigación. La causa, que ha sido sorteada, recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 9, a cargo de la doctora María Eugenia Capuchetti.

Cuando aún restaban varios emplazamientos, algunos de los diputados de Unión por la Patria se levantaron en el recinto para increpar al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert. Luego, el escándalo se desató y la sesión especial se dio por terminada al quedarse sin quórum.

Gritos, increpadas y legisladores gesticulando fueron la última imagen de una sesión pedida por la oposición que solo pudo aprobar los emplazamientos para tratar los proyectos de financiamiento de universidades y la declaración de emergencia en pediatría en el Hospital Garrahan para el próximo 8 de julio.

Luego de un arranque alborotado con extensas cuestiones de privilegio y en donde se coló la polémica por el fallo contra YPF, la confirmación de la condena contra Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema, la detención de dos mujeres por tirar excremento en la casa de Espert y el cierre de las residencias del Garrahan decretado por el Gobierno, Maximiliano Ferraro propuso resolver la autoridad de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA y todo empezó a descontrolarse.

Lejos de encontrar consenso para continuar con el plan de labor parlamentaria acordado en la previa de la sesión, Cecilia Moreau tuvo una intervención en el recinto repleta de agravios contra La Libertad Avanza y el Gobierno nacional. Los ánimos empezaban a caldearse y la extitular de la Cámara baja acusó a los libertarios de “meterse la Constitución Nacional en el culo”.

En medio de esta discusión, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaba por X la detención de una edil de Quilmes en el marco de la causa abierta por haber tirado excremento en la puerta de la casa de Espert. “De día, concejal de Quilmes. De noche, planificaba y ejecutaba ataques a opositores y sus familias”, señalaba la funcionaria.

Según supo parlamentario.com, lo que generó el enojo desmedido de algunos integrantes de Unión por la Patria se dio a partir de una serie de comentarios -fuera de micrófono- de Espert con relación a la detención de la concejal quilmeña. Inmediatamente, varios integrantes de la oposición fueron hasta la banca del economista en el sector derecho del hemiciclo del recinto.

Paula Penacca, Vanesa Siley, Constanza Alonso, Mario Manrique, Lorena Pokoik, Roxana Monzón, Tomás Ledesma, Florencia Carignano y Jorge Araujo Hernández fueron algunos de los legisladores de UP que increparon a Espert cara a cara. Del otro flanco, en defensa del titular de Presupuesto y Hacienda, se pararon Nadia Márquez, Juliana Santillán, Nicolás Mayoraz, Gabriel Bornoroni y Lisandro Almirón.

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Unión por la Patria vs La Libertad Avanza pic.twitter.com/luP84ExXLf

— Leandro Bravo (@LeandroNSBravo) July 2, 2025

Montoncito con la mano, seña de miedo, dedos índices apuntando, risas irónicas y los gritos se apoderaron de un recinto envuelto en el caos. El resto de los bloques miraban atónitos, otros filmaban el pleito. Sin poder lograrlo, Martín Menem llamaba al orden: nadie le hacía caso.

A pocos metros del conflicto entre legisladores, la diputada sanjuanina Nancy Picón Martínez, aliada del oficialismo que acompañó ambos emplazamientos, le pidió a Menem por el cierre de la sesión y, en consecuencia, el presidente de la Cámara de Diputados dio por terminada la cita en el recinto. En efecto, no había quórum para votar la moción del artículo 127 inciso 5 que había pedido el diputado Juliano, con lo cual se levantó la sesión.

Con el pronunciamiento del cierre de la sesión, el diputado formoseño Fernando Carbajal le pidió a Menem por las expresiones en minoría. El riojano no hizo lugar al pedido y empezó a retirarse, mientras del otro lado del estrado lo esperaban Germán Martínez y Nadia Márquez, entre otros, para hablar de lo sucedido en el recinto.

Cuando la sesión se descontroló, restaban tratar aún los emplazamientos sobre salud mental, ley Alzheimer, incentivo para PyMEs, huso horario y retenciones. También, el temario incluía el debate por la ley de juicio por jurados y la modificación a la Ley de DNU, ambos temas con despacho de comisiones.

¿Pacto para hacer caer la sesión?

A la salida del recinto, en pleno retiro de los legisladores, integrantes de los bloques dialoguistas dejaron trascender su malestar con Unión por la Patria e incluso, consideraron que el escándalo desatado contra Espert se dio en el marco de un “pacto” para hacer caer la sesión. “Ellos solo querían universidades y Garrahan”, señalaron a este medio en los pasillos del Congreso una vez caída la sesión.

El diputado cordobés Carlos Gutiérrez fue uno de los que recogió el guante y apuntó contra la polarización de bancas: “Qué casualidad que se lograron los emplazamientos para financiamiento universitario y emergencia del Garrahan, y no se logra para retenciones”.

"Una vez más, el kirchnerismo y el Gobierno se ponen de acuerdo y son funcionales para perjudicar a todo el interés federal. Parece mentira que haya diputados, como (Rodrigo) de Loredo, que no dio quórum y es beneficiario indirecto de la caída de la sesión", insistió.

Así las cosas, integrantes de la oposición dialoguista comentaron a este medio que insistirán con un nuevo pedido de sesión para retomar los emplazamientos que quedaron pendientes.

En otro vértice del recinto, la diputada monobloquista Lourdes Arrieta (según relató en X) fue increpada por Lilia Lemoine quien la habría amenazado con la frase “agradecé que no te arranco la cabeza”. Luego, la mendocina agregó: “Me da lástima que haya ‘representantes de la Nación’ así. Una muestra del papelón que fue la sesión de hoy. Dejo mi integridad física en manos de la presidencia”.

Otro dato revelador al término de la sesión fue que Marcela Pagano, integrante de La Libertad Avanza, quien se sienta en la banca número 56 en el flanco derecho del hemiciclo, no se retiró por la salida lateral por la que ingresan y salen los miembros de La Libertad Avanza, sino que cruzó en 45° hasta la salida de los bloques dialoguistas.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria – CABA) fue designado presidente de la Comisión del Mercosur de la Cámara baja. La designación se dio tras un consenso con los demás bloques políticos.

Luego de quedar al mando del organismo parlamentario, el legislador peronista señaló que “el Mercosur es una de las instituciones que se fundaron por los mejores motivos que puede tener un país que recupera la democracia, como fue en el 1985 cuando el presidente Raúl Alfonsín se encuentra con José Sarney, presidente de Brasil”.

Y recordó se trató de un acuerdo entre “dos naciones que recién recuperaban la democracia e imaginaron esta integración regional como medio de consolidar la paz cuando en ese momento las hipótesis de conflicto de los países de la región eran altas”.

En el final, consideró el órgano multinacional “es para pensar juntos cómo convivir institucionalmente entre los países y ojalá que los acuerdos de comercios que se hagan de acá en adelante sean para mejorar la vida de los ciudadanos de los países que lo componen”.

Después de la confirmación de la sesión especial pedida por las facciones del radicalismo para emplazar los proyectos de financiamiento universitario y emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan, Unión por la Patria y Encuentro Federal pidieron una segunda cita -que fue oficializada a los pocos minutos- en el recinto para el miércoles 2 de julio a las 14.30. Una diputada de Democracia para Siempre también acompañó la petición.

En esta ocasión, los bloques opositores presentaron un temario con cuatro iniciativas de rechazo a diferentes decretos de necesidad y urgencia: al 340 que aprobó el nuevo régimen de la Marina Mercante; al 344 sobre organismos fusionados de la orbita del Ministerio de Justicia; al 345 que cerró organismos que dependen de la Secretaría de Cultura; y al 351 que dispuso la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

También está contemplado el proyecto de ley que modifica a la Ley 24.769 y establece un nuevo Régimen Penal Tributario sobre actualización de montos por el delito de evasión tributaria, impulsado por el diputado cordobés Oscar Agost Carreño. El texto tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre de 2024.

El proyecto que presentó el Gobierno sobre el Régimen Penal Tributario ya existe, tiene dictamen unificado y está listo para votarse en el recinto desde noviembre de 2024.

No hace falta empezar todo de nuevo: podemos aprobarlo la semana que viene.

Mientras el nuevo texto… pic.twitter.com/gd0AeMOcuT

— Oscar Agost Carreño (@oagost) June 6, 2025

Cabe recordar que el pasado 5 de junio el Gobierno nacional, con José Luis Espert como orador, presentó el proyecto de ley de principio de inocencia fiscal. La iniciativa del Poder Ejecutivo propone incrementar el monto mínimo considerado como delito de $1.500.000 a $100.000.000.

Desde que el texto ingresó por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados, jamás hubo anuncios, ni convocatoria a debate en comisiones. Según supo parlamentario.com, el plan original de La Libertad Avanza era el de avanzar con la sanción de la ley antes del receso invernal (el cual sería del 21 de julio al 4 de agosto), pero con el correr de los días esa meta se fue desvaneciendo y el tratamiento jamás comenzó.

La sesión especial pedida cerca del mediodía y oficializada a los pocos minutos contó con la firma de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Pablo Carro, Carolina Gaillard, Silvana Ginocchio, Gustavo González, Ramiro Gutiérrez, Blanca Osuna, Lorena Pokoik, Agustina Propato, Vanesa Siley, Martín Soria, Julia Strada y Hugo Yasky de Unión por la Patria; Emilio Monzó, Nicolás Massot, Oscar Agost Carreño, Natalia de la Sota, Mónica Fein, Esteban Paulón y Margarita Stolbizer de Encuentro Federal; y Danya Tavela de Democracia para Siempre.

El destino de la convocatoria a rechazar los decretos de necesidad y urgencia mencionados y el tratamiento del nuevo Régimen Penal Tributario está directamente ligado a la suerte de la sesión especial de las 12. Las miradas estarán puestas en el quórum, que a estas horas se presenta como muy difícil.

Los decretos en cuestión

El primer DNU cuestionado por Unión por la Patria fue el que se publicó el 21 de mayo en el Boletín Oficial por el cual se aprobó el nuevo Régimen de Excepción de La Marina Mercante. La medida declaró la esencialidad de la navegación por agua marítima y/o fluvial destinada al transporte comercial de personas, de mercaderías, de carga, servicios conexos y operaciones costa afuera.

Respecto el 344 con fecha del 22 de mayo pasado, el Gobierno nacional dispuso la transformación del Archivo Nacional de la Memoria y del Museo de la ESMA en unidades organizativas a incorporarse a la estructura del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos.

A través del 345, el gobierno de Javier Milei dispuso de la fusión del Instituto Nacional Yrigoyeano y del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas . Y por último, el 351  que decretó la transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

El Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF 2) ratificó este jueves las restricciones vigentes para las visitas a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria en el marco de la causa Vialidad. La decisión judicial generó una fuerte reacción del bloque de diputados de Unión por la Patria, que denunció una “intromisión del Poder Judicial en las facultades del Congreso” y alertó sobre un “grave precedente institucional”.

Tanto los diputados, como los senadores K habían invocado sus fueros parlamentarios, entre otros elementos, para no tener que pedir autorización para ver a  CFK.

Los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini enviaron a los abogados de la ex mandataria, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, los escritos presentados por legisladores nacionales que solicitaron autorización para visitar a Fernández de Kirchner. En su resolución, el tribunal reiteró que las visitas deben ajustarse al régimen de arresto domiciliario previamente establecido, que limita el ingreso al domicilio a familiares, médicos, custodios y abogados.

La defensa de la ex presidenta había solicitado al tribunal que aclare el procedimiento aplicable en casos de visitas solicitadas por legisladores, argumentando que los mismos gozan de fueros e inmunidades parlamentarias que no pueden ser restringidas por resoluciones judiciales. Sin embargo, el TOF 2 ratificó que cualquier excepción al régimen vigente debe ser tramitada por los abogados defensores y autorizada expresamente por el tribunal.

La respuesta judicial motivó una dura declaración pública del bloque de Unión por la Patria, que calificó la medida como una “limitación al ejercicio de la representación parlamentaria” y una “violación al principio de división de poderes”. En el comunicado, los legisladores denunciaron que la resolución judicial “afecta directamente nuestras funciones constitucionales como representantes del pueblo argentino” y advirtieron que se trata de un nuevo episodio de “judicialización de la política”.

Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento legislativo fue la denuncia de una supuesta filtración mediática de la resolución judicial, que habría sido difundida por medios como Clarín y Radio Rivadavia antes de que los abogados defensores tuvieran acceso formal al documento. “Esta situación confirma una preocupante connivencia entre sectores del aparato judicial y del sistema mediático concentrado”, afirmaron.

El bloque también cuestionó que se exija a los legisladores tramitar permisos individuales para visitar a la ex presidenta, señalando que “los legisladores no ejercen su función en carácter personal, sino como portadores de un mandato constitucional”. En ese sentido, citaron artículos de la Constitución Nacional que garantizan la autonomía funcional del Congreso y la inviolabilidad de sus miembros en el ejercicio de sus funciones.

Además, los diputados señalaron que la medida judicial vulnera tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan el respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad y su contacto con el entorno político y social.

Ante esta situación, Unión por la Patria anunció que pondrá el caso en conocimiento de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Unión Interparlamentaria Mundial. “No vamos a permitir que se institucionalice la persecución por vías judiciales ni que se cercene la capacidad de contacto político con una de las principales figuras del movimiento nacional y popular”, concluye el comunicado.

La controversia reaviva el debate sobre los límites entre los poderes del Estado y el rol del Poder Judicial en causas de alto voltaje político, en un contexto de creciente tensión institucional.

Luego de que se llevara a cabo la primera reunión informativa al respecto, la presidenta del bloque Unión por la Patria (UP), Claudia Neira, reflexionó acerca de las iniciativas que prevén crear un Servicio Penitenciario para la Ciudad de Buenos Aires y la Ley de Ejecución Penal.

A través de sus redes sociales, la peronista manifestó que “en medio de la crisis que atraviesa la Ciudad, con más de 2400 detenidos en comisarías y alcaidías, finalmente se logró comenzar a dar una discusión que tanto pedimos desde nuestro bloque: el debate sobre la creación de un Sistema Penitenciario y una Ley de Ejecución Penal propias”.

“Esto va a implicar poner en discusión, de cero, cómo se van a cumplir las penas impuestas por la Justicia de la Ciudad y quién va a ejercer su aplicación. Nuestro bloque va a trabajar para construir, junto al resto de los bloques de la oposición, un consenso que permita unificar las distintas propuestas”, continuó.

Sobre esa misma línea, la legisladora remarcó que “primero es necesario que el Gobierno de Jorge Macri deje de improvisar. Al día de hoy, no hay información oficial sobre los avances en cuanto a los traspasos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) ni de las transferencias de delitos que hoy tramitan ante la Justicia Nacional” e indicó que “vamos a dar el debate, con la profundidad que amerita, para construir una Ley y un Servicio Penitenciario a la altura de nuestra Ciudad: esperamos que el conjunto del oficialismo y el Jefe de Gobierno trabajen en ese sentido”.

“Por último, hoy aprovechamos para exigirle al Jefe de Gobierno a través del Ministro Tapia que reglamente, en tiempo y forma, las leyes que sanciona esta Legislatura: no lo hizo con el Boleto Educativo, ni con las modificaciones incluidas en el Código Urbanístico en beneficio de los porteños, temas que llevaron horas de trabajo y consensos de todos los espacios”, sentenció.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 resolvió dar lugar al pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de la expresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. La misma se hará efectiva en el departamento ubicado en San José 1111 en Constitución.

Al quedar sin efecto la citación de CFK en Comodoro Py, la mesa chica del Partido Justicialista, en reunión con los gobernadores -entre ellos Axel Kicillof-, ratificó la idea de movilizarse: Será a las 14 de este miércoles en Plaza de Mayo. De esta manera, el Partido Justicialista reorganizó este martes la movilización en apoyo a Cristina Fernández de Kirchner, bajo la consigna de rechazar la “proscripción” de la ex presidenta.

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, confirmó la convocatoria y anticipó que se realizará un acto político frente a la Casa Rosada. “Cristina es inocente y el país atraviesa un momento muy difícil. Nos manifestaremos pacíficamente”, expresó.

La decisión de centralizar la protesta en Plaza de Mayo fue tomada luego de que el Tribunal Oral Federal 2 suspendiera la citación a Comodoro Py y autorizara el cumplimiento de la pena en el domicilio de la ex mandataria, en el barrio de Constitución.

En la sede del PJ se reunieron gobernadores como Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto y Gustavo Melella, junto a dirigentes como José Mayans, Germán Martínez, Eduardo Wado de Pedro y Anabel Fernández Sagasti. También participaron referentes del Movimiento Derecho al Futuro, que movilizarán con una columna propia encabezada por Kicillof.

A través de X, diferentes legisladores de Unión por la Patria convocaron a la militancia para estar presentes en Plaza de Mayo. La totalidad de los miembros de las bancadas en las dos cámaras, organizaciones de derechos humanos y dirigentes confirmaron presencia.

Mañana más que nunca nos vemos en Plaza de Mayo! https://t.co/DTuHY5zO2i

— Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) June 17, 2025

La resolución de la prisión domiciliaria

Pasado el mediodía de este martes, Cristina Kirchner fue notificada de la resolución del Tribunal en relación al pedido de "prisión domiciliaria". No obstante, la prisión efectiva ya se encuentra en curso ya que la expresidenta se encuentra en su departamento de la calle San José desde antes de conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia.

Así las cosas, la resolución judicial advirtió que la exmandataria "deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. Desde que se conoció el fallo, cientos de militantes han acaparado la intersección de las calles donde reside la presidenta del PJ.

La Justicia, también dispuso, de un plazo de 48 horas para que Cristina Kirchner presente la nómina de personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos y abogados que la representen, quienes podrán acceder a la vivienda sin autorización judicial. Cualquier persona que no integre esta lista deberá tramitar la autorización judicial.

En otro punto, encomienda a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica, organismo que depende del Ministerio de Seguridad, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico, conocido como "tobillera".

Finalmente, quedó sin efecto la citación para este miércoles 18 de junio respecto a presentarse en los tribunales de Comodoro Py.

El interbloque de Unión por la Patria expresó su más profundo pesar por el fallecimiento del periodista, abogado y militante peronista Juan Manuel Abal Medina, a sus 80 años de edad.

“En un día dramático para el peronismo como lo es el aniversario 70° de la masacre y bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955, que condujo al golpe de Estado contra Juan Domingo Perón, extendemos nuestras condolencias a la familia de nuestro querido compañero”, expresó el interbloque que conduce José Mayans.

Recordaron los senadores la militancia juvenil por el nacionalismo católico de parte de Abal Medina padre, como así también sus posiciones progresistas dentro del peronismo. “Juan Manuel supo equilibrar el punto de unión entre las diversas posiciones existentes dentro del movimiento nacional, convocando a las bases y dirigencias a rescatar el aporte de la transversalidad”, precisaron los senadores de UP.

Evocaron su paso por la Secretaría General del Partido Justicialista en 1972 y su papel de delegado del presidente Perón, señalando que “este militante argentino participó de la hazaña más importante para nuestro movimiento: traer de regreso al general Perón. Abal Medina cumplió la misión y Perón retornó al país, tras 17 años de exilio y una proscripción que hoy sorprende con sus similitudes”.

“Testigo privilegiado de los acontecimientos más importantes de nuestro pasado reciente, Juan Manuel luchó por la unidad de la juventud, el sindicalismo y el movimiento obrero organizado que fortalezca al campo nacional y popular y su proyecto político. Bandera de unidad que nuestro bloque llevará en alto en estos difíciles momentos”, concluye el comunicado del interbloque de senadores de Unión por la Patria.

Como principal consecuencia del fallo de la Corte de la Suprema de Justicia respecto a la condena de seis años contra Cristina Kirchner, todos los espacios que conforman el Partido Justicialista a nivel nacional se reunieron de forma extraordinaria este jueves como síntoma de unidad. Sin embargo, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz cuestionó la postura de Juan Grabois, y una de las legisladoras del Frente Patria Grande le salió al cruce: “Siempre jugaste a dividir. Vicky salí del country…”.

El peronismo no es un ejercicio teórico, es un ejercicio PRÁCTICO, porque la única VERDAD es la REALIDAD.

El abstencionismo será una posibilidad para las minorías, pero nunca para el peronismo, que es y siempre ha sido un partido de mayorías.

Tenemos un único camino: ir UNIDOS… pic.twitter.com/fAryTSGYQO

— Victoria Tolosa Paz (@vtolosapaz) June 13, 2025

En una entrevista matutina de este viernes, el referente del Frente Patria Grande había desarrollado su idea de ir por el voto en blanco en octubre para enfrentar a lo que llamó un “régimen ilegitimo”: “Para sacar el abstencionismo revolucionario del cajón de las propuestas para ponerlo en el cajón los planteos teóricos”. Este recorte audiovisual fue posteado en X por la exministra de Desarrollo Social durante los últimos dos años de Alberto Fernández.

Primero, señaló que “el peronismo no es un ejercicio teórico, es un ejercicio práctico, porque la única verdad es la realidad”, y siguió: “El abstencionismo será una posibilidad para las minorías, pero nunca para el peronismo, que es y siempre ha sido un partido de mayorías”. “Tenemos un único camino: ir unidos a las elecciones y ¡ganarlas!”, remarcó Victoria Tolosa Paz.

A las pocas horas, la diputada nacional Natalia Zaracho, una de las dos integrantes del Frente Patria Grande dentro de Unión por la Patria, cruzó a Tolosa Paz sin pudor: en primera instancia, aseveró con tono irónico que “la ministra antipobres viniendo a dar clase de peronismo déjate de joder”; y luego, recordó viejas discrepancias entre la exfuncionaria y el kirchnerismo: “No perdiste oportunidad de tirarle mierda a Cristina y fuiste pésima ministra. Siempre jugaste a dividir”. “Vicky, salí del country...”, finalizó.

El exdiputado nacional Federico Fagioli, miembro del FPG, también reaccionó al posteo de Tolosa Paz: "Tiroteo al pedo de oportunista no", y cuestionó: ¿O no te acordás que cuando fuiste ministra te olvidaste de ejecutar políticas para la gente?... ¿te olvidas que dijiste que Cristina era el pasado?.... ahí la práctica te la llevaste a marzo". "A veces lo mejor es callarse", cerró.

La ministra anti pobres viniendo a dar clase de peronismo! Dejate de joder. No perdiste oportunidad de tirarle mierda a Cristina y fuiste pésima ministra. Siempre jugaste a dividir. Vicky, salí del country...

— Natalia Zaracho (@Naty_Zaracho) June 13, 2025

También, la exlegisladora porteña Ofelia Fernández cruzó a la exfuncionaria: "Cic divina ¿te parece momento?... si vamos a hablar de práctica fuiste una pésima ministra y quisiste joder a Cristina en cuanta lista puedas". "¿Para que carajo me haces acordar si ahora lo importante es otra cosa?", añadió.

Cuando la dos veces presidenta de la Nación era vicepresidenta, en junio del 2023, cuestionó los deseos de Victoria Tolosa Paz respecto a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. Quien en ese momento era la ministra de Desarrollo Social le había contestado que “cuando Cristina quiere dar palitos, más que palitos da palazos", y había aseverado que "no se puede negar la contundencia con la que ella hizo una lectura equivocada del rol en la construcción de la unidad”.

Un numeroso grupo de diputados de Unión por la Patria presentaron un proyecto en el que repudian las declaraciones vertidas por el diputado libertario José Luis Espert contra la hija de Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de su condena a 6 años de prisión e inhabilitación a ocupar cargos públicos.

La iniciativa expresa “repudio y preocupación” por los dichos e insultos del diputado Espert a Florencia Kirchner en el marco de la Cumbre de Comunicación Política de la UCA que se llevó a cabo en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante su disertación, el diputado libertario “reveló ante el público presente que en el pasado le dijo a Florencia Kirchner, hija de la expresidenta, ‘cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta’”. En el proyecto, señalaron que estos dichos “redoblan aún más la apuesta violenta al expresar otros dichos como ‘no sabía que estaba lleno de kukas’”, tras ser abucheado en la Cumbre.

“Nada esperamos de alguien tan nefasto, pero atacar a la hija de una dirigente política como CFK es de una bajeza absoluta. Con la familia NO, Espert”, escribió la diputada Florencia Carignano.

A dos días del fallo del máximo tribunal de justicia por la Causa Vialidad, el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto para repudiar la “proscripción política de Cristina Kirchner” y ratificaron “la inocencia” de la exmandataria. El texto tiene las firmas de todos los integrantes de la bancada.

Asimismo, se refirieron al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ratificó la condena a seis años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra CFK de ser un “atentado contra la democracia ejercido por miembros del Poder Judicial al cercenar el derecho de la ciudadanía de elegir libremente a sus representantes”.

📄 • EXPRESAMOS NUESTRO MÁS PROFUNDO REPUDIO A LA PROSCRIPCIÓN POLÍTICA DE CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER Y RATIFICAMOS SU INOCENCIA.

⬇️ pic.twitter.com/t2MJ4Qk8RS

— Diputados UP (@Diputados_UxP) June 12, 2025

“La sentencia confirmada por la Corte es producto de un proceso judicial arbitrario y amañado como pocas veces se ha visto en la Argentina, que manifiestan la clara intención persecutoria contra la líder más importante de la oposición al actual Gobierno nacional”, señalaron en los fundamentos del proyecto presentado.

Luego enumeraron una serie de aspectos que consideraron de ser irregulares en el marco de la causa: “Se vulneró la garantía de ser juzgado por jueces imparciales e independientes; se vulneró el principio acusatorio porque los jueces incorporaron prueba que no había planteado la fiscalía; y se condenó a la expresidenta por una conducta por la cual no fue indagada ni procesada en el supuesto plan ‘limpiar todo’ en la que se incluyó material proveniente de otra causa”.

También, agregaron que “se vulneró el derecho a la defensa a negarse a realizar pericias exhaustivas solicitadas sobre la totalidad de las obras en base a las cuales se fundó la condena; no se pudo probar la cartelización ni el sobreprecio; y se le imputan a Cristina delitos que no pudo haber cometido como presidenta de la Nación”.

En el final, recordaron el nombramiento en comisión de dos de los ministros de la Corte por Mauricio Macri y cerraron que “todas las fuerzas democráticas deben manifestarse en repudio y exigir la plena vigencia del sistema representativo, republicano y federal”.

Después que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratifique la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Cristina Kirchner, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución para repudiar la decisión del máximo tribunal. Además, hace un llamado para que los organismos internacionales se expidan sobre el caso.

Al igual que los demás integrantes del bloque de Unión por la Patria, la legisladora catalogó al fallo como proscripción, y reiteró que “la condena merece un enérgico repudio legislativo, fundamentado en las graves inconsistencias e irregularidades procesales que han caracterizado este expediente desde sus inicios”.

“Los antecedentes, pruebas documentales, informes técnicos y peritajes que demuestran esta vulneración del debido proceso, el uso del Poder Judicial como herramienta política y la parcialidad manifiesta de sectores del poder mediático y económico contra Cristina Fernández de Kirchner”, explicó en los fundamentos, donde solicita que los tribunales internacionales tomen el caso.

Del mismo modo, cuestionó: “Es una decisión carente de pruebas concluyentes y rodeada de vicios procesales, que no solo afecta los derechos individuales de una dirigente política -quien fuera electa dos veces presidenta, una vez vicepresidenta, senadora y diputada nacional, entre otros cargos-, sino que también vulnera principios fundamentales del sistema democrático al condicionar la voluntad popular mediante la eliminación arbitraria de figuras representativas del movimiento nacional y popular”.

Luego de que se conociera la sentencia contra la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad, el bloque de Unión por la Patria (UP) -presidido por Claudia Neira- emitió un comunicado en las redes sociales en el que rechazaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y advirtieron que es un “atentado contra la voluntad popular”.

En ese sentido, los legisladores aseguraron que “en un inédito fallo político contra la democracia, la Corte Suprema dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner. A pocos días de postularse como candidata, impiden su postulación para que no pueda competir”.

“Una vez más, tal como sucedió en otros países de Latinoamérica como con Lula Da Silva en Brasil, en Argentina vuelven a utilizarse causas con procesos plagados de irregularidades para juzgar y perseguir a los líderes populares. En el fondo, buscan un revanchismo que castigue a la oposición política y logre disciplinarla”, opinaron.

A la vez que remarcaron que “asistimos a una sentencia que ya había sido escrita desde el primer momento. Una Corte Suprema actualmente integrada por sólo tres jueces que, en consonancia con un sector del poder político y económico concentrado, vuelve a vulnerar la democracia y la institucionalidad del país” e indicaron que “no por nada, la sentencia inhabilita a Cristina a ocupar cargos públicos de por vida. Esto es lo que más les importa: intentar proscribir cualquier proyecto que le mejore la vida a los argentinos”.

“Desde el bloque Unión por la Patria rechazamos este atentado contra la voluntad popular, nos solidarizamos con Cristina y esperamos el apoyo de yodas las fuerzas de la democracia”, completaron.

Rápidamente las redes sociales se llenaron de repercusiones este martes por la decisión de la Corte Suprema de confirmar la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner, quien irá presa por la causa de corrupción "Vialidad". Desde el lado de Unión por la Patria hubo un contundente rechazo, con críticas a la justicia y denuncias de "persecución" y "proscripción".

"La Corte más degradada de la historia ratifica el fallo en una causa armada por los jueces, fiscales y camaristas que viajaban a Lago Escondido con Clarín y jugaban al fútbol, al paddle o almorzaban a escondidas con Macri", enfatizó el diputado Martín Soria. "NO ES JUSTICIA, ES PERSECUCIÓN Y PROSCRIPCIÓN", aseguró el exministro de Justicia.

Por su parte, la diputada Julia Strada compartió una foto de los jueces Horacio Rossatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti junto al texto: "Brazo ejecutor del poder económico. Como los milicos. Adonde vayan los iremos a buscar".

"El Partido Judicial acaba de cargarse la democracia argentina. Todos a las calles, vamos a defender a Cristina donde sea porque Cristina es Pueblo. Salí a la calle, la Patria te necesita", exclamó la diputada Mónica Macha.

En tanto, el senador Sergio "Oso" Leavy consideró que "el fallo de la Corte Suprema es una declaración de guerra a la Democracia. Es un fallo absolutamente proscriptivo contra @CFKArgentina y que le pone un cerco a la voluntad popular".

"Desde el comienzo, el transcurso de esta causa vulneró principios y garantías procesales básicas. Por eso nos queda claro que el Estado de Derecho ha muerto. La Justicia debe ser un poder independiente y no un poder atento a los cronogramas electorales y a las presiones del poder económico concentrado", señaló.

El salteño completó: "Será el pueblo quien, indefectiblemente, ponga en el lugar de la historia que merecen a los tres jueces de Corte que eligieron intereses corporativos por sobre la república".

"El rechazo de la Corte Suprema al recurso de queja presentado por la defensa de @CFKArgentina, en la Causa Vialidad, no sólo consolida una condena injusta, sino que representa un ataque directo a la democracia y al pueblo argentino", sostuvo la diputada Victoria Tolosa Paz, quien opinó que "estamos ante una situación de extrema gravedad institucional: una causa armada, sin sustento jurídico, con resoluciones anticipadas en los medios, plagada de irregularidades y con jueces y fiscales que jamás ocultaron su alineamiento político y su odio visceral al peronismo".

La exministra de Desarrollo Social afirmó que "no hay democracia plena cuando hay proscripción, y no hay justicia cuando se usa el poder judicial para perseguir a una mujer que transformó la Argentina".

"Hoy es Cristina, mañana puede ser cualquier dirigente que se anime a defender los intereses del pueblo trabajador", advirtió y reclamó: "Basta de persecución. Basta de odio a la justicia social. Basta de judicializar la política para disciplinar a quienes no se arrodillan ante los poderes concentrados". "Los y las peronistas estamos acá. Firmes, organizados, movilizados. Porque no nos han vencido. Y no nos van a vencer", concluyó.

Por su parte, el diputado Santiago Cafiero expresó que "la persecución judicial a @CFKArgentina está impulsada por intereses ideológicos que operan en y fuera de Argentina. Tenemos que velar por nuestra democracia, ante el avance de las derechas antidemocráticas que buscan dividir al pueblo y estafar a la sociedad".

"La judicialización de la política no puede reemplazar el funcionamiento pleno de la democracia. No puede haber ningún tipo de proscripción. Las diferencias políticas siempre deben definirse en las urnas", reflexionó el diputado Daniel Arroyo.

La diputada Liliana Paponet manifestó que "el rechazo del recurso de queja no es justicia: es persecución. Una vez más, el partido judicial actúa como brazo ejecutor de los poderes fácticos. No buscan verdad ni justicia, buscan disciplinar. Es un ataque a la democracia y a la voluntad popular. Duele!".

También hubo repudio al fallo desde el Frente de Izquierda. "Todo nuestro repudio a la proscripción de CFK dictada por la Corte", dijo Nicolás del Caño, mientras que su par Christian Castillo publicó: "Todo el repudio a la resolución proscriptiva de la Corte Suprema contra Cristina Fernández de Kirchner".

La diputada cordobesa Gabriela Estévez presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia económica, financiera y productiva del sector de alimentos lácteos en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2028. Según la propuesta, serían beneficiados los productores tamberos que generen hasta 5.000 litros diarios considerados micro y pequeños en los contemplado en la Ley 25.300.

También, pretende crear un registro único de productores tamberos beneficiarios (RUPTB) de inscripción obligatoria para todas las personas físicas y jurídicas que pretendan acceder a los beneficios en caso de que esta ley prospere en las dos cámaras. Además, el trámite será ágil y de fácil acceso, y la información consignada estará protegida por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales en Argentina.

Sobre el panorama actual del sector, la diputada de Unión por la Patria señaló que “el sector lácteo ha sido históricamente vulnerable a factores externos como la volatilidad de los mercados internacionales, las políticas macroeconómicas nacionales y las condiciones climáticas adversas”. “A esto se suma una cadena de valor con tensiones en la distribución de la rentabilidad, donde el productor primario, eslabón fundamental, a menudo se ve imposibilitado de cubrir sus costos de producción y obtener márgenes razonables”, planteó.

Respecto a los beneficios fiscales propuestos en la iniciativa, están mencionadas la suspensión de anticipos para que los productores que adhieran al registro mencionado tengan suspendida la exigibilidad de los pagos de los anticipos del impuesto a las ganancias y del impuesto a los bienes personales; y la exención del Impuesto al Crédito y al Débito de forma total con las cuentas directamente vinculadas a la actividad tambera.

Asimismo, el proyecto de ley establece que los productores registrados en el RUPTB tendrán exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para invertir en tecnología, infraestructura predial y genética. Del mismo, podrán gozar de esa exención para inversiones en equipamiento y obras de infraestructura directamente vinculadas a la producción láctea y que su instalación requiera, compra de hembras destinadas a la producción de leche e inversiones genéticas.

Por otra parte, la iniciativa propone un mecanismo de devolución ágil de los saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos y plazos que establezca la reglamentación.

En última instancia, el proyecto de ley de Gabriela Estévez propone la creación a través del Banco de la Nación Argentina y otras entidades bancarias públicas y privadas con líneas de fomento, una línea de créditos bonificada especial destinada a capital de trabajo, recomposición productiva y refinanciación de deudas existentes.

La idea es que sean con tasas de interés subsidiadas y plazos de repago extendidos, con opciones de cuotas ajustables a la producción, y serán dirigidas a adquisición de tecnología; proyectos de eficiencia energética y energías renovables; y programas de mejora de la sanidad y el bienestar animal.

Por último, el texto propone un plan de acción urgente para la infraestructura vial lechera elaborado por el Poder Ejecutivo Nacional en coordinación con las provincias y autoridades locales. También, exige un plan de acción urgente para la mejora y mantenimiento de los caminos rurales, accesos a los tambos en las principales cuencas lecheras, destinando fondos específicos; y dar prioridad a las zonas con mayor impacto en la producción y el transporte.

A este proyecto de ley de Gabriel Estévez, lo acompañan otros diputados nacionales de Unión por la Patria: Pablo Carro, Florencia Carignano, Constanza Alonso, Magalí Mastaler, Matías Molle, Leila Chaher, Luciana Potenza y María Luisa Chomiak.

En un contexto plagado de repercusiones en redes sociales, discusiones entre protagonistas y acusaciones malintencionadas sumado a la infinidad de “fake news” elaboradas, el diputado nacional Martín Soria presentó un proyecto de ley para crear la figura del “amparo informativo” en virtud del derecho a la protección y resguardo del honor ante la sociedad. “Toda persona, tiene derecho a la protección y resguardo de su honor, en términos que garanticen el equilibrio entre la preservación de su derecho y el de libertad de expresión y de prensa”, planteó.

En los fundamentos explicó que “tiene por fin un dispositivo legal que dote a los individuos y a la sociedad argentina, de una herramienta procesal específica, que sirva para tutelar una serie de derechos y libertades esenciales, vinculados entre sí; y de raigambres constitucionales, cuya importancia resulta capital para las democracias modernas”, y agregó: “Se considera que esta herramienta cobra mayor relevancia en los tiempos actuales, donde los avances tecnológicos, propagación y acceso a las noticias y a la información, refieren a una hiper comunicación”.

Respecto de la formación de la opinión pública, el diputado rionegrino mencionó en el artículo 3 que “los propietarios de los medios de difusión tenderán a divulgar las distintas informaciones referidas a un mismo hecho y de respetar el pluralismo como principio fundante de la comunicación social”.

Luego, define a la utilización del amparo informativo “en favor de toda persona, que temiera ver perjudicados su privacidad, su honor o el goce completo de sus derechos, según el caso, ante informaciones agraviantes o inexactas vertidas a través de cualquier medio de difusión”. El mismo asegura el ejercicio de los derechos de rango constitucional -art 75 inc. 22 de la Constitución Nacional-, a los que se refieren el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 13.

Sobre su aplicación, Soria explicó que “debe interponerse por escrito, con la firma de la persona afectada o sus representantes legales, sin necesidad de patrocinio letrado, haciéndose constar las informaciones que se estiman agraviantes o inexactas y el medio de difusión por el que fueron transmitidas, ofreciéndose la prueba pertinente y acompañándose una propuesta de la rectificación que se procura”.

“La presentación podrá hacerse ante cualquier juez letrado, de primera instancia, sin distinción de fueros y sin más formalidades. Territorialmente será competente el juez del domicilio del medio o del afectado, a elección de este. La actuación estará exenta del pago del impuesto de justicia, del sellado de actuación y demás contribuciones de ley”, añadió.

En el artículo sexto señala que “el juez interviniente dará traslado en forma inmediata y por dos días al responsable del medio involucrado para que responda el pedido de rectificación solicitado y ofrezca la prueba que estime conveniente, si es que la misma se puede diligenciar en un plazo de dos días más”.

Acto seguido, propone que “el juez dictará sentencia al día siguiente y siempre dentro de los cinco días de haberse promovido la acción. Si el medio requerido no fuera de la misma localidad en donde tenga su asiento el juzgado interviniente, el plazo se prorrogará por un día más”.

Respecto a la sentencia, el exministro de Justicia de la Nación propuso que “deberá establecer las características de la rectificación ordenada, asignándole el mismo espacio en el medio de difusión y los mismos recursos técnicos para su producción que los utilizados en la información que dio origen a la demanda. Establecerá asimismo el plazo dentro del cual el medio deberá efectuar la rectificación”.

También, establece en el texto que “la falta de cumplimiento por el medio de la rectificación ordenada judicialmente determinará la aplicación de una multa diaria que el juez fijará prudencialmente hasta tanto se dé cumplimiento a lo ordenado. A elección del afectado, el juez podrá disponer además que la rectificación se publique o difunda en otro medio similar a costa del demandado”.

En cuánto a los efectos de la sentencia, la iniciativa menciona que “a apelación será fundada y resuelta por el tribunal de alzada sin más trámite, en un plazo de cinco días”, y sumó que “la sentencia sólo hará cosa juzgada respecto de la procedencia de la rectificación solicitada, sin que suponga prejuzgar sobre otros aspectos involucrados en la causa y que puedan ser objeto de otras acciones”.

Además, señala que “la acción de amparo informativo caduca a los sesenta días corridos de publicada la información que dio origen al reclamo”, y aclara que “en caso de que se trate de un medio gráfico de difusión postal o restringida el plazo de caducidad será de un año”.

Exige, también, que “cuando la rectificación se haga a través de un medio de comunicación social, se hará constar expresamente el hacerse en cumplimiento del del derecho de réplica”, y remarca que la acción de amparo “no obsta a la subsistencia de otras acciones o reclamos con fundamento en otros sistemas jurídicos de responsabilidad y que ante la afectación de los bienes referidos en la presente pudiesen llegar a corresponder”.

En el final, insta al Poder Ejecutivo de la Nación a promover y difundir el contenido de esta ley, en caso de que prospere, procurando la distribución de su texto en todos los tribunales judiciales, los medios de comunicación social y los municipios y comunas.

Acompañaron el proyecto de Martín Soria los diputados nacionales de Unión por la Patria Roxana Monzón, Sabrina Selva, Ricardo Herrera, Eduardo Valdés, Gabriela Pedrali, Pablo Todero, Ariel Rauschenberger, Blanca Osuna, Lorena Pokoik, Diego Giuliano, Jorge Romero, Hilda Aguirre, Jorge Araujo Hernández y Daniel Gollán.

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para citar en la Cámara baja a la secretaria de Energía de la Nación, María Tettamanti, para interpelarla por el estado de avance y proyecciones de la iniciativa "Argentina LNG" liderada por YPF.

El texto fue encabezado por el neuquino Pablo Todero y acompañado por Martín Soria, Rogelio Iparraguirre, Jorge Araujo, José Glinski, Tomás Ledesma, Ana María Ianni, Micaela Moran, Daniel Gollán, Sabrina Selva, Ricardo Herrera, Gabriela Pedrali, Eduardo Toniolli, Nancy Sand y Diego Giuliano.

“Argentina, gracias a las vastas reservas de gas no convencional de la formación Vaca Muerta, busca transformar su matriz energética y balanza comercial, pasando de ser un importador neto a un potencial exportador de GNL de relevancia global”, expresaron en los fundamentos de la iniciativa.

En el final, señalaron que “dada la magnitud estratégica, económica y socioambiental de estos proyectos de exportación de GNL, que definirán parte importante del futuro energético y la balanza comercial de Argentina, resulta indispensable que esta Honorable Cámara reciba información directa y detallada de la máxima autoridad en la materia. La transparencia y el control parlamentario son fundamentales para asegurar que este desarrollo se realice de manera responsable, sostenible y en beneficio del interés nacional”.

En medio de la situación conflictiva que atraviesa el personal del Hospital Garrahan, la diputada nacional Roxana Monzón (Unión por la Patria) presentó un proyecto de ley para establecer la creación de un fondo especial para desarrollar y sostener al nosocomio, garantizando la estabilidad laboral, la remuneración justa y condiciones dignas de trabajo del personal.

“Este fondo se nutrirá prioritariamente de las asignaciones del Presupuesto Nacional, un porcentaje de los impuestos nacionales a productos de consumo perjudiciales para la salud y del recupero de costos por prestaciones a obras sociales y empresas de medicina prepaga, garantizando la sostenibilidad y eficiencia”, explicó la legisladora.

Luego de llamar como “pilar irremplazable del sistema sanitario argentino” a la institución, señaló que “garantiza el acceso a la salud infantil sin distinción y es una referencia en materia de la atención de alta complejidad, investigación científica y eficiencia estatal”. También, definió que “es un eje fundamental en la formación de profesionales de la salud. Es sede de residencias, becas y carreras universitarias de grado y posgrado en 25 especialidades, siendo el principal centro formador de pediatras del país”.

“El hospital asume una carga asistencial que ninguna otra institución podría absorber: atiende el 40% de los pacientes pediátricos con cáncer a nivel nacional, realiza la mitad de los trasplantes infantiles y resuelve el 70% de las cardiopatías congénitas complejas en los primeros tres meses de vida. Cuenta también con 34 consultorios multidisciplinarios y 500 camas”, destacó en los fundamentos.

Sobre el contexto actual, Monzón indicó que “el Hospital atraviesa una profunda crisis que compromete la continuidad y calidad de sus servicios”, y cargó que “este deterioro se debe a la caída del poder adquisitivo de los salarios del personal, la sobrecarga de trabajo, la falta de reconocimiento y una drástica reducción de recursos presupuestarios para su funcionamiento operativo”.

Antes del final, la legisladora de Unión por la Patria responsabilizó al gobierno de Javier Milei por el contexto: “La falta de diálogo con las autoridades nacionales, la confrontación y estigmatización por parte de integrantes del ejecutivo, así como la incertidumbre sobre el financiamiento que debe aportar el Estado Nacional comprometen seriamente su normal funcionamiento”.

Para finalizar, sintetizó que “este proyecto busca reconocer la especificidad del trabajo en el Hospital Garrahan, dotarlo de un marco institucional de protección presupuestaria, establecer mecanismos de actualización salarial, garantizar espacios de diálogo institucional y prevenir la pérdida de capital humano en un área de altísima sensibilidad. Defendiendo así el derecho a la salud de excelencia para todas las infancias”.

Tras los resultados de los comicios del pasado 18 de mayo, la presidenta del bloque de Unión por la Patria (UP), Claudia Neira, participó de un mano a mano con parlamentario.com en el que analizó lo ocurrido durante el proceso electoral y el impacto que tendrá que el peronismo cuente con una bancada de 20 legisladores en la Legislatura porteña.

Además, analizó la posibilidad de pedir la vicepresidencia primera de la Casa y anticipó las prioridades legislativas del espacio para lo que resta del año.

-Estos comicios fueron favorables para Unión por la Patria, que logró retener las bancas que arriesgaba y asegurarse un bloque de 20 legisladores. ¿Cuál es el análisis que usted puede realizar al respecto?

-Nuestro balance en términos legislativos es muy bueno porque sumamos dos bancas más de las ocho que ponía en juego nuestro bloque, que ahora será el más grande de la Legislatura con 20 diputados y diputadas. Vamos a ser un tercio de una Legislatura que seguirá muy fragmentada, y donde podemos hacer valer esta nueva mayoría, como en parte ya lo venimos haciendo. Por otro lado, para nosotros es muy importante haber ganado en la mayoría de los barrios de la Ciudad, un total de 26 frente a los 22 que ganó LLA. Sobre todo, porque ganamos en barrios y comunas del centro de la Ciudad, donde nunca habíamos ganado, y creo que en parte se debe a que pudimos vincularnos de otra manera con sectores de la clase media que la están pasando muy mal. Sectores que en otro momento quizás no se habían identificado con nosotros y en esta elección nos dieron su voto. Y creo que eso también es producto del trabajo que vinimos haciendo desde la Legislatura y que pudo plasmarse en la campaña. En ese sentido para nosotros el resultado de esta elección es un paso hacia adelante.

-Con estos resultados, UP se consolidó como la primera minoría. ¿Tienen intenciones de pedir la vicepresidencia primera de la Casa?

-Antes que tomar esa definición, nuestro espacio debe diseñar la estrategia opositora que llevará adelante. A nosotros nos votaron para ser oposición y tenemos que serlo de modo eficiente con un bloque importante de 20 legisladores. Ello implica tener agenda propia, construir las alianzas para aprobar proyectos que mejoren la vida de los porteños y seguir avanzando en la construcción de una alternativa amplia que pueda gobernar la Ciudad. Tenemos varios meses por delante, mucho por trabajar y las autoridades se discuten recién en diciembre. Hay que discutir primero la política.

-Este es un año sumamente atípico para la Legislatura: no hubo sesiones y muy baja actividad en las comisiones. ¿A qué se debe está situación?

-En realidad en este momento en la Legislatura hay en discusión temas importantes en los que venimos trabajando muy activamente, como por ejemplo la creación de un servicio penitenciario de la Ciudad. Hay también un debate en materia impositiva y de Ingresos Brutos sobre el cual tenemos propuestas superadoras a las que presentó el Poder Ejecutivo. Desde nuestro bloque venimos trabajando en una agenda enfocada en distintas iniciativas que, en muchos casos, se tradujeron en propuestas concretas durante la campaña con Leandro Santoro. Y en muchos otros, son parte de una agenda sobre la que seguimos trabajando en comisiones o buscando construir acuerdos entre los distintos bloques de una Legislatura que, como mencioné, está muy fragmentada. Para nosotros es fundamental que la Legislatura esté activa y por eso desde nuestro bloque nunca dejamos de trabajar en una agenda propia, que vamos a seguir impulsando durante los próximos meses.

-Por último, ¿cuáles serán las prioridades legislativas de Unión por la Patria para lo que resta del año?

-Para nosotros es medular que la Legislatura logre avanzar en la creación de un servicio penitenciario de la Ciudad, así como en una ley de ejecución penal. Personalmente tengo presentado un proyecto para crear juzgados de ejecución, algo que es muy importante poder incorporar a esta discusión. Vamos a seguir insistiendo en una reforma de la matriz impositiva de la Ciudad que se volvió totalmente injusta y regresiva, como sucede hoy con Ingresos Brutos. Hay que ir a fondo y rediscutir una fuerte baja de este impuesto porque la reforma que propuso el Ejecutivo es totalmente insuficiente. Y muchos otros temas en los que nuestro espacio ya viene trabajando en la Legislatura y que, como mencioné recién, formaron parte de las propuestas de campaña, como el control y la revisión de los contratos y las licitaciones públicas, la gestión de la higiene urbana, la confección de un fondo de financiamiento para la construcción de las Líneas F y G del Subte. Y en particular también estamos interesados en impulsar una reforma al sistema de hogares, para que todos cumplan los mismos estándares de calidad para el cuidado de niños, niñas y adolescentes en la Ciudad.

La diputada nacional Julia Strada presentó un proyecto de resolución para declarar nulo de nulidad absoluta e insanable al DNU 340/2025 publicado el pasado 20 de mayo en el Boletín Oficial. Tal decreto aprueba el Régimen de Excepción de la Marina Mercante que declara a la actividad como “servicio esencial”.

Además, establece que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”. Y advierte que “en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75 % de la prestación normal del servicio de que se tratare”.

En tercera instancia, considera servicios esenciales a: los servicios sanitarios y hospitalarios; la producción, transporte y distribución y comercialización de agua potable, gas y energía eléctrica; los servicios de telecomunicaciones; la aeronáutica comercial y el control de tráfico aéreo y portuario; servicios aduaneros y migratorios; el cuidado de menores y educación de niveles guardería, preescolar, primario y secundario; y el transporte marítimo y fluvial de personas.

La diputada de Unión por la Patria señaló en los fundamentos que este DNU “vulnera los requisitos constitucionales (art. 99, inciso 3) para su dictado” porque “no existían al momento del dictado circunstancias excepcionales que impidan el procedimiento de formación y sanción de leyes, ni se invocaron razones válidas de necesidad y urgencia. El Congreso de la Nación está funcionando normalmente”, agregó.

Strada enumeró las leyes modificadas por el DNU 340/2025 publicado la semana pasada.

Como antecedente, Strada mencionó que “la Corte Suprema de Justicia ha resuelto que las ‘circunstancias excepcionales’ se podrían dar en dos supuestos”, y afirmó que no se dan en el caso de la publicación del 340/2025: “La imposibilidad de sesionar; o una urgencia tal de un tema que impidiera el tratamiento del Poder Legislativo”.

Además, recordó que ha habido pronunciamientos judiciales de inconstitucionalidad en decretos anteriores publicados durante la gestión de Javier Milei. En ese sentido, la legisladora opositora cargó que este DNU lleva una referencia en el titulo a la Marina Mercante, pero modifica a Ley de Navegación (20.094); Decreto-Ley 19.942/1944    de Navegación y comercio de cabotaje          nacional; Ley 27.418 de Régimen de Promoción de la Industria Naval Argentina; Ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional y la Integración Fluvial Nacional; y a la Ley 25.877 de Régimen Laboral.

STURZENEGGER MIENTE.
ESTE DECRETO DE HOY DESTRUYE LA MARINA MERCANTE, LOS PUESTOS DE TRABAJO Y LA NAVEGACION DE CABOTAJE CON BANDERA ARGENTINA.
¿Qué es lo que de verdad implica?
1. Virtual derogación de la ley de cabotaje: el decreto permite a buques de bandera extranjera operar… https://t.co/XchZVybu0e

— Julia Strada (@Juli_Strada) May 21, 2025

En el final, Julia Strada apuntó que “con este DNU el Poder Ejecutivo deja pasar la chance de mejorar sustancialmente las condiciones de trabajo y operativas de la Marina Mercante para instalar un régimen de extranjerización y flexibilización”, y cerró: “Se abren las aguas a extranjeros y se pone en riesgo la soberanía nacional”.

Ya con la mirada puesta sobre los comicios de octubre a nivel nacional, la diputada de Unión por la Patria (UP) María Bielli reflexionó sobre los resultados de las elecciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y analizó el trabajo que debe realizar el peronismo.

A través de sus redes sociales, la legisladora comenzó agradeciéndole “a los cientos de miles que depositaron su confianza en nuestro espacio, fuimos la fuerza más votada en más de la mitad de los barrios de la ciudad y vamos a tener un bloque de 20 legisladores” y felicitó a “Leandro Santoro, a quienes integraron la lista y a los miles de compañeros y compañeras que salieron a la calle a conversar, que le pusieron mucho trabajo y cuidaron los votos el domingo”.

Por otro lado, se refirió a la baja participación ciudadana que tuvo el comicio del pasado fin de semana. “No hay que subestimar que hay fuerzas políticas que trabajan para que la desconexión entre la sociedad y la política se profundice. Para ellos es un objetivo en sí mismo, funciona como un ciclo de retroalimentación, una suerte de profecía autocumplida”, señaló.

“Por nuestra parte, hay que poner toda la energía en estar muy cerca de las necesidades de nuestro pueblo y en construir y proponer las mejores soluciones a los problemas. Decir siempre lo que se piensa y mirando de frente, orgullosos de nuestras ideas, humildes para reconocer errores y con las orejas como antenas, para escuchar sin interferencias”, continuó Bielli.

Al mismo tiempo que remarcó que “la cercanía y el compromiso de la militancia (en sus múltiples formatos) es una de las llaves para reconectar. No la única, no perfecta, pero muy valiosa”.

“Con esta fuerza, con imaginación política y creatividad para construir las respuestas necesarias, vamos a seguir trabajando hasta que lo imposible se vuelva inevitable”, concluyó la legisladora.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria – CABA) se refirió al triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones porteñas celebradas este domingo, pero destacó el segundo lugar obtenido por Es Ahora Buenos Aires: “La elección del peronismo en la Ciudad fue muy buena porque crecimos en legisladores y ganamos barrios históricamente adversos”.

En tal sentido, mencionó que “ganamos 6 comunas y 24 barrios”, y añadió que “vamos a ser el principal bloque de la Legislatura”. Además, sostuvo que “poníamos en juego 8 bancas y obtuvimos 10, sumamos 2 y no es poco lo que logramos”.

En diálogo con AM 530, Valdés destacó la tarea política de Juan Manuel Olmos: “Construyó una propuesta amplia, con representación de todos los sectores en lucha y eso se notó en la urna”. “Ganamos en barrios como Villa Ortúzar, Villa Pueyrredón o Villa Crespo, tradicionalmente difíciles para nosotros”, celebró el diputado de Unión por la Patria.

De cara a lo que pueda suceder en la provincia de Buenos Aires y las nacionales, señaló que “si en las elecciones provinciales ganaron los oficialismos, en la Ciudad de Buenos Aires nuestra lista quedó entre el oficialismo nacional y el local, y es un dato político fuerte”. Luego remarcó: “Se vienen nuevas elecciones este año. Hay que generar el doble de esperanza, porque lo que está en juego no es una interna, es el modelo de país”.

El dato llamativo de esta elección fue la baja participación de la ciudadanía (53,35%) y advirtió que el Gobierno nacional “desalienta la participación ciudadana”. No obstante, añadió que “los signos políticos como los de Milei en Argentina, Trump en EE.UU. o Meloni en Italia tienden a desincentivar el compromiso democrático. Nosotros tenemos que hacer lo contrario: entusiasmar, invitar, incluir”.

“El votante de derecha encontró en Milei una nueva figura que le genera más esperanza que Macri, a quien no le perdonan su mal gobierno y Milei ocupó ese espacio con fuerza arrolladora”, cargó Eduardo Valdés.

En el final, habló de las internas en el Partido Justicialista, puntualmente de las listas que fueron por afuera de Es Ahora Buenos Aires: “Hubo tres listas, pero la de Leandro Santoro se llevó casi todo el voto y las otras quedaron al margen”. “A veces los egos superan a la razón y esta elección tiene que empujarnos a construir unidad, especialmente en la provincia de Buenos Aires”, reflexionó.

La diputada nacional Blanca Osuna (Unión por la Patria – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley para garantizar la conectividad, el uso de la tecnología con fines educativos y la alfabetización digital en todas las escuelas de nivel obligatorio de gestión estatal del Sistema Educativo Nacional bajo los términos de la Ley 26.206.

En los fundamentos, señaló que “el estado Nacional tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación, de financiarlo y definir políticas”, y agregó: “En el siglo XXI esa responsabilidad incluye garantizar conectividad e infraestructura tecnológica en los establecimientos educativos, la entrega de dispositivos uno a uno a estudiantes, desarrollo de plataformas educativas nacionales y la formación continua”.

A su vez, la iniciativa propone como objetivos la definición de una política integral que permita la inclusión digital de estudiantes y docentes en ámbito escolar; la alfabetización digital; el acceso a la tecnología para una educación inclusiva y de calidad; el desarrollo de plataformas públicas; la entrega de dispositivos tecnológicos a estudiantes de nivel primario y secundario; y la incorporación critica de la Inteligencia Artificial en el aprendizaje formando docentes en esta área.

En un segundo capítulo, Blanca Osuna propuso asegurar el servicio de conectividad, el cual incluye a la conexión a internet mediante wifi con las características técnicas necesarias para tener acceso en todo el establecimiento educativo. También exige garantizar la provisión, instalación, mantenimiento y actualización de equipamiento, software, redes y la tecnología de los pisos tecnológicos de todos los establecimientos educativos de gestión estatal.

Además, propone relanzar el programa educativo “Conectar Igualdad” para alumnos de las escuelas de gestión estatal con la entrega de dispositivos tecnológicos mediante la modalidad uno a uno a estudiantes del nivel secundario para uso pedagógico en el 100% de las escuelas estatales.

Por otro lado, estableció que la autoridad de aplicación en acuerdo con el Consejo Federal de Educación desarrolle y financie políticas educativas con el fin de formar docentes sobre la incorporación de la Inteligencia Artificial en el ámbito educativo.

En el final del texto, la diputada entrerriana afirmó que “la situación de la educación en nuestro país, producto de las decisiones del Gobierno nacional, transita el tiempo de mayor desinversión de nuestra historia”, e incorporó que “la necesidad histórica, el contexto y el marco normativo hacen inevitable que se legisle en torno a las políticas que tiene que garantizar el estado nacional para enseñar y aprender en un mundo caracterizado por la cultura digital”.

Acompañaron con su rúbrica este proyecto los diputados nacionales de Unión por la Patria Nancy Sand, Mónica Macha, Daniel Arroyo, Pablo Carro, Roxana Monzón, Sergio Palazzo y Gisela Marziotta.

Después de la presentación del senador nacional Sergio Leavy junto a jubilados de la localidad de Tartagal, el Juzgado Federal de Mendoza dictó una cautelar para suspender las resoluciones de PAMI de esa provincia y obligar a la restitución de la entrega de medicamentos gratuitos.

“A partir de la semana próxima está obligado a restituir los medicamentos esenciales que recibían gratuitamente los jubilados salteños, dentro del Programa Vivir Mejor, y que decidió dar de baja el gobierno de Javier Milei en diciembre de 2024”, anunció el legislador de Unión por la Patria.

Un tiempo atrás, Sergio Leavy había acompañado la presentación judicial que hicieron los integrantes del centro de jubilados y pensionados 21 de septiembre en los tribunales de Tartagal a través de Inés Sánchez y el doctor Facundo Maciel. En esa ocasión, se habían manifestado en contra de ambas resoluciones del PAMI.

Respecto al fallo de la justicia mendocina, Leavy agregó que “es una medida cautelar por la que el PAMI debe devolver este derecho, que le cortó la actual gestión, y que afecta la salud y la economía de los jubilados salteños”. “Desde el Juzgado Federal de Mendoza N° 2 nos comunicaron hoy que dieron lugar a este amparo, que vengo acompañando, presentado por la presidenta del Centro de Jubilados de Tartagal”, remarcó.

“Esta acción judicial se presentó para frenar la medida implementada por el Gobierno de Javier Milei, la cual es considerada una violación al derecho a la salud de los jubilados, un sector vulnerable que depende del sistema público de salud para acceder a sus medicamentos y se realizó en Mendoza porque ahí se habían presentado un par de acciones similares, a cargo del juez Pablo Quirós, quien las agrupó”, precisó el legislador salteño.

Sin embargo, la causa de fondo continúa en ese mismo juzgado ya que recientemente la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza falló a favor del Juzgado Federal N°2 de la Provincia, al reconocerle la competencia en la causa por la entrega de medicamentos del PAMI, concentrando los amparos ya presentados en Mendoza, Córdoba, Tucumán y Salta.

El pasado martes 13 de mayo ocurrió un ciberataque perpetrado al Ejército Argentino, a través del cual se han divulgado legajos de aproximadamente 50.000 miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas. Esto fue denunciado por la diputada nacional Agustina Propato en un proyecto de resolución, quien acusó que no ha habido una pronunciación oficial desde el Poder Ejecutivo Nacional.

Entre los varios pedidos de informe que la legisladora de Unión por la Patria exige, sobresale uno sobre si el ataque “guarda relación alguna con el Memorándum de Entendimiento suscripto recientemente entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par británico Dan Jarvis el cual versaría sobre intercambio de información en materia de ciberseguridad, entre Argentina y el Reino Unido”.

Agustina Propato exige una serie de informes vinculados al ciberataque.

Propato es quien lleva adelante los temas militares dentro del bloque opositor y, en esta ocasión, señaló que “la filtración de datos representa una grave vulneración del Sistema de Defensa Nacional”; consideró negativamente a “la desprotección de los miembros de las Fuerzas Armadas debido a la exposición de información sensible”; y recordó que hubo “un precedente de ciberataques al Estado Argentino, como el ocurrido en la C.N.E.A. sobre el Plan Nuclear Argentino”.

En nombre de la Cámara baja, Propato exige que el Poder Ejecutivo informe sobre si se han encendido alarmas o alertas en relación a posibles filtraciones de datos pertenecientes a los miembros de las Fuerzas Armadas; si el ciberataque sufrido por las Fuerzas Armadas guarda relación alguna con el Memorándum de Entendimiento suscripto recientemente; y si se ha concretado algún tipo de intercambio de información entre Argentina y el Reino Unido.

Además, solicita información vinculada a si ha sido vulnerada la base de datos de las Fuerzas Armadas; qué datos han sido filtrados; si han sido comercializado datos de las Fuerzas Armadas; y por último si el Estado argentino está en conocimiento de quien ha perpetrado el ciberataque.

La diputada nacional Mónica Macha (Unión por la Patria – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley que tiene por objetivo crear el programa nacional de reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegalizadas.

Sobre el proyecto, la legisladora explicó que “tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para asegurar el diseño y la implementación de estrategias de intervención que contemplen las perspectivas socioculturales, etarias y de género, para reducir las consecuencias sanitarias, sociales y económicas negativas, relacionadas con consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegalizadas”.

Además, remarcó que el programa se regirá por los derechos humanos, la salud pública, la participación de la sociedad civil y la accesibilidad a servicios de salud. También, se priorizará la autonomía de las personas y la atención ambulatoria. ​

Sobre las acciones del programa, Macha propuso desarrollar un plan de capacitación de los sistemas sociosanitarios de nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el marco del modelo de reducción de riesgos y daños; y realizar intervenciones bajo los principios de reducción de riesgos y daños destinada a personas usuarias de sustancias psicoactivas legales e ilegalizadas.

También, establece promover acciones orientadas a demorar todo lo posible el inicio del consumo; diseñar e implementar dispositivos sociosanitarios en espectáculos públicos, eventos masivos, locales bailables y en todo escenario donde ocurren los consumos; elaborar campañas en medios masivos de comunicación enfocadas en la eliminación de la estigmatización de las personas consumidoras de sustancias; y controlar dispositivos socio-sanitarios públicos y privados que asistan y brinden tratamiento a personas con uso problemático de sustancias psicoactivas.

A su vez, exige asegurar que los dispositivos de atención estén basados en fundamentos científicos; la promoción de acceso de sustancias psicoactivas a los servicios sociosanitarios; la constitución de equipos orientados a realizar relevamientos; políticas tendientes al monitoreo y la observación de los patrones de consumo de la población; la deconstrucción de saberes preexistentes, mitos, prejuicios y creencias; la incorporación de una mirada transdisciplinaria e interjurisdiccional; y la participación ciudadana, particularmente de personas usuarias de drogas en la formulación, implementación y evaluación del programa.

En los fundamentos, la diputada nacional de Unión por la Patria expresó: “Tanto en nuestro país como a nivel internacional, conviven y discuten diversos paradigmas en función al abordaje del consumo de sustancias, que tienen en cuenta al consumo desde diferentes perspectivas. Es necesario que el eje de intervención ante los consumos problemáticos esté centrado en la persona, en su autonomía y poder de decisión”.

El diputado nacional Daniel Gollan (Unión por la Patria – Buenos Aires) presentó un proyecto de ley para definir un marco legal y normativo vinculado al uso responsable, desarrollo e implementación de la Inteligencia Artificial. El objetivo principal es proteger derechos humanos promoviendo el uso ético y sostenible de esta nueva tecnología.

El texto, también, propone la creación de la Agencia de Gestión del Conocimiento (A.G.C.) ​que tendrá como labor la regulación y gestión de los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) en Argentina. La misma estará bajo la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología; ​y tendrá funciones como diseñar políticas públicas, establecer estándares éticos y técnicos, y supervisar sistemas de IA. ​

En los fundamentos, Gollan señaló que “Argentina, como país comprometido con el desarrollo tecnológico soberano, los derechos humanos y la justicia social, debe establecer normas claras que promuevan un uso responsable de la IA, protegiendo a las personas frente a posibles abusos y garantizando que su aplicación contribuya al bien común”.

Además, cuestionó que “la falta de un marco regulatorio específico y políticas públicas integrales puede limitar su potencial, generar riesgos en materia de privacidad, sesgos algorítmicos y seguridad, o incluso afectar la competitividad del país en el escenario global”.

Del mismo modo, planteó que “la IA ofrece un extraordinario potencial para incrementar el bienestar de las personas, por la vía de acceder a nuevos descubrimientos científicos que amplían los límites del conocimiento humano; optimizar el uso de recursos finitos que nos ayudan en tareas cotidianas; y ampliar el acceso a la educación, así como al goce de diversos derechos fundamentales, sólo por mencionar algunos beneficios”.

En el proyecto de ley de su autoría, el exministro de Salud de la Nación (2015) explicó que la IA se compone de un “sistema de máquinas que generan resultados a partir de información recibida; un ciclo de vida de que incluye fases como planificación, diseño, implementación y desmantelamiento; partes interesadas que son los desarrolladores, usuarios, el Estado y organizaciones de la sociedad civil; y producciones sintéticas, conocidas a través de las obras generadas por IA, incluyendo textos, imágenes y música. ​

Asimismo, definió una serie de principios por los cuales se basará la iniciativa. Crecimiento inclusivo y desarrollo sostenible: La IA debe beneficiar a las personas y ser neutral para el ambiente; transparencia y explicabilidad: Se requiere claridad en el funcionamiento de los sistemas de IA; responsabilidad: se debe definir claramente quién es responsable de las decisiones tomadas por la IA; y control de la vigilancia estatal: se deben establecer medidas de control judicial para el uso de IA por el Estado.

También, el proyecto de Gollan menciona los derechos específicos para las personas afectadas por decisiones tomadas por sistemas de IA: Derecho a recibir información clara sobre decisiones automatizadas que les afecten; Derecho a impugnar decisiones y solicitar intervención humana; Derecho a la rectificación de datos inexactos y a la supresión de datos innecesarios; y el Derecho a no ser discriminados por decisiones automatizadas. ​

Por último, el diputado de Unión por la Patria  propuso un sistema de clasificación de IA según los riesgos: Inaceptable; alto riesgo; e ilimitado. El primero, estará prohibido por violar derechos fundamentales; el de alto riesgo a los que pueden afectar la salud, seguridad y derechos de las personas; y el último, para los sistemas que presentan un riesgo no significativo y deben ser transparentes en su uso. ​

Al término del tercer cuarto intermedio, comenzaron las preguntas individuales. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió una nueva tanda de preguntas del bloque Unión por la Patria, enunciadas a través de Carolina Gaillard, Matías Molle, Victoria Tolosa Paz, Eduardo Toniolli, Martín Soria y Pablo Carro; y una de Julia Strada de Nacional y Popular.

Decidido a confrontar, Francos se mantuvo firme y evitó profundizar en los nuevos interrogantes planteados por la oposición. Enumeró uno por uno los casos judiciales de los gobiernos del Frente para la Victoria (Néstor y Cristina Kirchner) y del Frente de Todos (Alberto Fernández). “¿Alguna vez hubo una interpelación o creación de una comisión investigadora sobre esos temas?”, repitió una decena de veces.

Sí, tuvo una respuesta que fue al diputado cordobés Pablo Carro: “Que decida la justicia si esto es una estafa”. Francos contaba con 20 minutos para responder en esta tanda. Sin embargo, consideró: “No veo en las preguntas, ninguna que no haya contestado en mi primera intervención porque son todas preguntas recurrentes que no vale la pena responder”. El funcionario hizo uso de 12 minutos esta vez.

Tuvo un fuerte cruce con el jefe de bloque Germán Martínez, a quien le gritó: “Más caradura sos vos”. Notoriamente, el funcionario se mostró mas aliviado tras este exabrupto en el que contó con la asistencia del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien le enrostró al rosarino que “le falta el respeto al llamarle ‘caradura’”.

Lejos de mostrarse nervioso e intranquilo como en la primera tanda de preguntas de Unión por la Patria, ironizó contra las acusaciones de Julia Strada: “Si quería sacarse una selfie conmigo, la próxima la invitamos”.

Strada cruzó al jefe de Gabinete porque durante el cuarto intermedio se tomó fotos con el bloque oficialista.

En ese momento, reiteró su cuestionamiento contra los episodios de presunta corrupción en administraciones anteriores y mencionó: “TGN y la constructora sueca Skanska que involucró al exministro Julio De Vido, el caso de Antonini Wilson; el presunto enriquecimiento ilícito de Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor Kirchner; la Causa Vialidad que involucró a Lázaro Báez entre 2010 y 2015; Hotesur – Los Sauces por presunto lavado de dinero y asociación ilícita; los bolsos de José López, quien fue detenido en 2016; la causa por manipulación del Indec sobre Guillermo Moreno; la muerte Alberto Nisman; Amado Boudou y la calcográfica Ciccone; a Milagro Sala y el desvío de más de 60 millones de pesos destinados a viviendas sociales; Sueños Compartidos gestionado por Madres de Plaza de Mayo; la Tragedia de Once; y el juicio por la estatización de YPF”.

Así las cosas, evitó responder las preguntas de Gaillard respecto a si “hicieron una consulta al área legal y técnica sobre esta inversión que estaban promoviendo, si consultaron si los protocolos estaban registrados en la CNV, si Milei o Francos hicieron la denuncia correspondiente cuando se consumó la estafa y si hicieron la denuncia correspondiente en la Oficina Anticorrupción”.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz buscó ahondar sobre qué sucedió durante las cinco horas de diferencia entre la publicación del tuit y la posterior eliminación.

Por último, Julia Strada lanzó: “Vino acá después de dos meses y no sabe nada (Francos parecía intranquilo)”, acusó al jefe de Gabinete de estas coacheado y cerró: “¿Tan hasta las manos están con Novelli que no le sueltan la mano? Usted tiene que explicar, si no se llama encubrimiento”.

Con el senador pampeano Daniel Bensusán a la cabeza, este miércoles se llevó a cabo la segunda edición del conversatorio “Elecciones 2025: Elegí Donar”. El evento tuvo como objetivo poner propuestas en común bajo el fin de visibilizar la problemática de la donación pediátrica y avanzar en una serie de políticas públicas.

En tal sentido, el legislador de Unión por la Patria refirió que “lo que está en juego es la vida de los niños, y nuestro norte es que haya cada vez más donantes”. A su vez, insistió en que “lo primordial es aumentar el universo de donantes pediátricos” y añadió que este es un tema que “está por encima de cualquier identificación política o partidaria”.

Además del colectivo Familias en Acción también participaron del conversatorio los senadores nacionales Lucía Corpacci, Carlos Arce, Pablo Blanco, Alicia Kirchner, Carolina Losada, Carlos Linares, María Teresa González, Juan Manzur, Fernando Salino, Daniel Kroneberger y Fernando Rejal; y los diputados nacionales Ariel Rauschenberger y Varinia Marín.

Por el colectivo Familias en Acción, Noelia Gaffuri, quien atravesó la espera de un trasplante para su hijo y en la actualidad lleva adelante junto a otras familias el trabajo de concientizar sobre la temática, expresó: “Acá estamos los padres de niños trasplantados, niños en espera de donación, donantes y también padres de niños a los que no les llegó a tiempo el órgano que les hubiera salvado la vida”.

Del mismo modo, Gaffuri recordó que actualmente más de 7000 personas esperan un trasplante, de las cuales 196 son menores de 17 años. También, otra integrante de FeA sotuvo que “donar salva y tenemos que empezar por casa, hablando con los nuestros, para luego salir y llevar el mensaje a todos lados”.

La senadora nacional Lucía Corpacci, presidenta de la Comisión de Salud, reflexionó: “Uno puede entender el dolor de los padres, pero no puede transitar ni imaginar ese nivel de sufrimiento”. Luego, señaló que “desde las leyes puede ser difícil normar la voluntad de donación de un menor, pero sí debemos concientizar en todos los ámbitos sobre la necesidad de ampliar el universo de donantes”.

Por otro lado, el senador misionero Carlos Arce propuso avanzar en el proyecto ya presentado por Bensusán para establecer una “semana nacional de la donación pediátrica”, visibilizando dentro de ella el 30 de mayo, Día Nacional del Donante de Órganos. La propuesta fue acompañada por padres y legisladores presentes.

El papa Francisco logró lo que no podría considerarse un milagro, pero tampoco es mucho menos: que todos los sectores de la Cámara baja se pusieran de acuerdo en cambiar la virulenta sesión que se preveía para este martes en el recinto de Diputados, por una sesión para homenajear al fallecido Santo Padre.

Así las cosas, se terminó resolviendo que para este martes a las 15 se realice una sesión especial para rendir homenaje al fallecido Jorge Bergoglio.

La idea se la había acercado a modo de pedido, bien temprano, el diputado Eduardo Valdés al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, quien lo había llamado para expresarle su pésame por la muerte de quien él sabía que era muy cercano al legislador de Unión por la Patria. Entonces el legislador porteño le pidió que se realizara una sesión especial este mismo martes, postergando las interpelaciones por el caso $Libra para la semana próxima.

Desde que se conoció la noticia, se especuló con la posibilidad de que la sesión para interpelar a funcionarios se terminara postergando. Aunque surgían dudas: si bien nada mejor para el oficialismo que postergar esta cita, estaba claro que sería ideal que esa sesión se realizara en un momento en el que toda la atención estará puesta en Roma. De ahí que para la oposición no fuera la mejor idea llevar adelante la sesión, pero sí para el Gobierno.

Todo terminó resolviéndose en el marco de una reunión de la que tomaron parte los 24 jefes de bloques con el presidente de la Cámara baja, Martín Mene, en la que terminaron adhiriendo al duelo nacional dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, con motivo del fallecimiento de su Santidad. Se resolvió también suspender y posponer por una semana la sesión convocada en el marco del artículo 71 de la Constitución a llevarse a cabo este martes, al igual que las reuniones de las comisiones que fueron resueltas por emplazamiento del Cuerpo.

También se resolvió posponer por una semana el resto de las reuniones de comisiones programadas, y citar en cambio a sesión especial en Homenaje al fallecimiento de su Santidad el papa Francisco para este martes 22 de abril a las 15.

Asimismo, realizar una ceremonia interreligiosa en honor a su Santidad, en día y horario a convenir.

De tal manera se posterga no solo la interpelación a Guillermo Francos, jefe de Gabinete; Luis Caputo, ministro de Economía, y Mariano Cúneo Libarona, de Justica; y Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores, sino también la reunión constitutiva de la comisión investigadora del caso $LIBRA, como así también las restantes reuniones.

El homenaje a Francisco 

La petición de la sesión homenaje fue encabezada, como dijimos, por Eduardo Valdés, de histórica relación con el fallecido Sumo Pontífice y exembajador en el Vaticano, quien manifestó sobre Bergoglio: “Argentino y vecino de la Ciudad de Buenos Aires, recordamos perfectamente el lugar y la hora cuando nos enteramos que Jorge Bergoglio había sido anunciado como nuevo Papa. Luego de 12 años de papado, de una vida basada en la solidaridad y la fraternidad y comprometida con la justicia social y la paz, lamentamos profundamente su partida”.

Con su firma, acompañaron, también Victoria Tolosa Paz, Carolina Gaillard, Pablo Todero, Roxana Monzón, Santiago Cafiero, Eugenia Alianiello, Sabrina Selva, Mónica Litza, Ricardo Herrera, Eduardo Toniolli, Nancy Sand, Jorge Romero, Lorena Pokoik y Daniel Gollán.

“El Papa soñaba con un mundo donde prime la fraternidad y el respeto por nuestras culturas, tradiciones y ciudadanías. Porque ‘o somos hermanos, o nos destruimos’”, mencionaron en la petición de cita en el recinto que acompañaron gran parte de los espacios que forman del bloque de Unión por la Patria.

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un proyecto de resolución para interpelar al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, para que brinde un informe detallado respecto al desfinanciamiento y el ajuste presupuestario definido por el gobierno nacional y mencionado en la Asamblea 140 del Consejo Federal de Educación.

“El recorte del presupuesto educativo tiene graves consecuencias en la inclusión y calidad educativa”, señalaron en el texto que encabezó la diputada entrerriana Blanca Osuna y que fue acompañado con la firma de Hugo Yasky, Itaí Hagman, Lorena Pokoik, Andrea Freites, Roxana Monzón, Mónica Macha, Pablo Carro, Nilda Moyano, Nancy Sand, Micaela Morán, Martín Aveiro, Constanza Alonso y Ana María Ianni.

En los fundamentos, mencionaron que “entre diciembre de 2023 y lo que se proyecta para 2025 la caída del presupuesto es del 38 por ciento”. “El 76 por ciento de las 60.000 escuelas de nuestro país son de gestión estatal y tanto la Ley 26.206 como la Constitución Nacional responsabilizan al Estado Nacional, ese que Milei, cual topo, quiere destruir desde adentro, de garantizar el derecho a la educación”, agregaron.

Luego, mencionaron que Torrendell, en la Asamblea 140 del Consejo Federal, señaló que “el presupuesto de educación para este año es lamentablemente menor que el del año pasado, porque es sobre el ejecutado 2024”. Asimismo, relataron que el funcionario de la cartera que está bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano alertó que “no estaríamos llegando a octubre, pero les pido que no cunda pánico innecesario”.

Entre todas las críticas que el bloque opositor le enrostró al Gobierno por medio de esta iniciativa, explicaron que la caída del Fonid "redujo los salarios docentes en un 8%", advirtieron que "no resuelven la convocatoria a paritaria docente" y criticaron que la resolución 381/2025 define de “manera unilateral” el salario mínimo en 500 mil pesos para un maestro de grado. También, anticiparon que “el funcionamiento de las universidades hoy está en peligro”.

“La desfinanciación y la retirada del Estado nacional como garante a la educación representa un gran retroceso sobre el derecho social a la educación e incumple con el artículo 14 de la Constitución Nacional, donde se establece el derecho a enseñar y aprender de todos los habitantes de la nación argentina”, concluyeron.