En la reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidades, Vanina Biasi se cruzó con un grupo de invitadas del oficialismo. El ministro Mariano Cúneo Libarona brindó detalles sobre la situación en que encontraron al ministerio de las mujeres.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados recibió este martes al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, quien despachó una serie de críticas contra el ex Ministerio de la Mujer y detalló cuál es la política del Gobierno nacional en función de repeler la violencia. Acusó a la gestión anterior de tener “hipocresía de género e hipocresía gubernamental”.
Los diputados de la oposición presentes cuestionaron duramente al ministro por sus dichos respecto a que “nosotros rechazamos la diversidad de identidad sexual que no se alinea con la biología”, cuando parafraseó dichos del presidente de la Nación, Javier Milei, y exhortó que “se acabó la diversidad de género, vamos por otros valores como la familia y la educación”.
Esteban Paulón, de Encuentro Federal; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; Vanina Biasi, del Partido Obrero; la radical Carla Carrizo; Gabriela Estévez y Brenda Vargas Matyi, de Unión por la Patria cuestionaron las palabras de Mariano Cúneo Libarona en su interpelación.
Acompañaron al funcionario, la titular de la Unidad Gabinete de Asesores, María Florencia Zicavo, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños. Previo a responder las inquietudes de los legisladores presentes, el escándalo se hizo presente en la Sala del 2º piso del Anexo “C”, cuando un grupo de militantes, invitados desde el bloque oficialista, se cruzó con diputados opositores en medio de gritos y desorden.
La presidenta de la comisión Mónica Macha pidió saber quienes eran las personas invitadas, pero Cúneo Libarona respondió que no vinieron con él. De inmediato, solicitó al personal de seguridad el retiro de este grupo de mujeres, mientras la diputada libertaria Lorena Villaverde daba anuncio de que estaban invitadas por La Libertad Avanza.
Las mujeres invitadas que aplaudían los dichos del funcionario y se cruzaron con los opositores son integrantes del “Observatorio de falsas denuncias”, una organización encabezada por Patricia Anzoátegui, abogada penalista especializada en causas de falsas denuncias. El cruce más duro se dio con la diputada nacional Vanina Biasi (Partido Obrero), quien, en medio de los gritos, pidió que “saquen a esta barra de pedófilos”.
Comenzada su exposición, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informó en detalle la situación en la que el nuevo gobierno encontró al organismo conocido como ministerio de la mujer devenido en una Secretaría dependiente de su cartera. “La juventud está harta del garrote ideológico porque el kirchnerismo despilfarró una oportunidad y la violencia no disminuyó y se incrementó”, inició.
Propuso brindar un informe de esta índole cada tres o cuatro meses y señaló que las denuncias por violencia “en el ámbito judicial son el 40% de las causas que están entrando”. Asimismo, cargó que “en 2023 hubo una paulatina desinversión y la violencia siguió latente”. Por otro lado, remarcó que “este es un tema que concierne al derecho”
Con relación al funcionamiento del organismo, Cúneo Libarona reveló: “Encontramos 1.000 empleados, pero solo 70 estaban trabajando presencialmente. Había 930 que trabajaban por zoom”. En detalle, relató que “consultamos quienes eran y la respuesta fue ‘no los conocemos’. Eran monotributistas que nunca se presentaron e ingresaron en los días previos al cambio de gobierno”.
“Nos encontramos con 48 direcciones, pero no existían planes (de trabajo), producción y no evaluaban casos. Se trató de personal no capacitado. Está probado un fracaso absoluto”, remarcó el ministro de Justicia, quien a su vez amplió que “no había botones antipánico, no se asistían a las víctimas y se abandonó en plena pandemia donde hubo un máximo de violencia”.
Sin nombrarlo, Libarona hizo una clara referencia al expresidente Alberto Fernández, quien está procesado por una denuncia por violencia de género realizada por su exesposa Fabiola Yañez: “Hubo parlanchines políticos que decían que se iba a acabar el patriarcado, pero en otros ámbitos no es lo que sucedía”, y agregó: “El pueblo quiere concluir con este nefasto período de hipocresía de género”.
A colación trajo frases de Milei y añadió: “La falta de personal, estructura, misiones y planes de cómo se trató la violencia motivó el cierre a un organismo que no dio soluciones a sus tareas”. “La prevención de la violencia pasa por la prevención, la educación y el castigo y nuestro compromiso es con la sociedad”, enfatizó.
Por otro lado, sumó que “recibimos un país con millones de pobres y una economía devastada, niños pobres y mayores vulnerados, y estos son los problemas reales de los argentinos”. Con relación a las tareas que dejaron de hacerse en el ministerio cerrado, reiteró que se trató de una ·superposición de tareas de distintos poderes que no debe justificarse”.
“La violencia es violencia sin importar el género, el Estado no fue la solución, fue la problemática y la hipocresía progresista por la que se beneficiaron unos pocos no prestaba utilidad y era un gasto inútil para los argentinos”, remarcó el ministro de Justicia, quien señaló que los casos por violencia de género “nunca se redujeron en estos años con el ministerio, por el contrario, aumentaron sistemáticamente”.
En medio de la tensión entre los diputados de la oposición y las mujeres presentes del “Observatorio de falsas denuncias”, el funcionario lanzó que el Gobierno nacional “rechaza la diversidad de identidades sexuales que no se alineen con la biología”, y añadió: “Son inventos subjetivos. Se acabó el género, vamos por otros valores como la familia y la educación”.
De inmediato, la diputada radical Carla Carrizo cruzó al ministro: “Una cosa son sus opiniones personales y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia y está obligado a respetar las leyes argentinas, no importa lo que usted piense”. “Estudie y respete todos los derechos porque me parece una falta de respeto a todos los diputados que estamos acá”, agregó.
De la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro añadió: “Solamente le faltó decir que podíamos ser enfermos o volver a patologizarnos a muchos de nosotros”. También, le señaló que “usted no puede desconocer que ser gay, lesbiana, travesti, transexual, en los ´90, pero también en principios de los 2000, y en la actualidad, estuvo siempre asociado a la ignominia, a la discriminación en nuestras casas, en los ámbitos laborales, en el ámbito de la política, que muchas veces tuvimos que enfrentar asimetrías en la relación en términos de la desigualdad y también en el trato, usted no lo puede desconocer”.
La diputada Silvia Lospennato propuso votar un proyecto de resolución que insta a los órganos correspondientes a suspenderlo en el cargo.
Durante un apartamiento de reglamento en la sesión de este miércoles, fracasó un pedido de la diputada del Pro Silvia Lospennato contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, procesado por abuso sexual.
“Unión por la Patria se niega a tratar (el proyecto), quieren decirse que defienden a las víctimas de violencia, pero no defienden a todas las víctimas, porque si las víctimas son de un poderoso cómo Espinoza, a Espinoza le dan protección política”, lanzó.
Y detalló que el proyecto de resolución expresa la “preocupación ante el procesamiento del intendente de La Matanza” por “el gravísimo delito de abuso sexual en el ejercicio de su función pública”. Además, mediante el texto se solicita “el urgente tratamiento por los órganos que corresponden de su inmediata suspensión en el cargo, mientras se sustancian las investigaciones pertinentes”.
Pero el pedido no reunió los votos -se requerían tres cuartas partes-, al cosechar 103 votos a favor, 79 negativos y 0 abstenciones.
A continuación, la diputada de Unión por la Patria, Mónica Macha, dijo que también solicitaba un apartamiento para aprobar un proyecto que reza: “Expresar nuestra posición en relación al procesamiento por abuso sexual simple del intendente del partido de la Matanza Fernando Espinoza, en perjuicio de una mujer. Siempre estuvimos del lado de las mujeres que sufrimos violencias por razones de género. Creemos y construimos un feminismo popular que no sólo abrace a las víctimas, sino que bregue por cambiar las condiciones estructurales que las generan y legitiman. Así mismo, requerimos que la justicia esclarezca los hechos y determine las responsabilidades penales correspondientes respetando las debidas garantías del proceso, con la celeridad y la perspectiva de género que el caso requiere”.
Sin embargo, cuando debía pasarse a esa votación, la sesión se quedó sin quórum y fue levantada.
Según reveló la titular de la comisión, la diputada Mónica Macha, el ministro de Justicia pidió reprogramar la convocatoria. Lo habían citado ante la alerta por las políticas de género.
Fue suspendida la reunión de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados a la que había sido convocado el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con el objetivo de interrogarlo sobre “la falta de políticas de género” por parte del Gobierno.
La visita del funcionario estaba prevista para este jueves a las 15, pero según reveló la titular de la comisión, la diputada de Unión por la Patria Mónica Macha, el funcionario “pidió reprogramar” el encuentro. De esta manera, la nueva fecha es para el próximo 27 de agosto, a las 15.
En su última reunión, la comisión acordó citar al ministro para consultarlo sobre la decisión (mediante el DNU 450/24) de que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género pase de la órbita del Ministerio de Capital Humano a la de Justicia. También se proponían interrogarlo por la “falta de políticas de género”.
Al asumir la gestión de Javier Milei, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad pasó al rango de subsecretaría bajo el control de la cartera que conduce Sandra Pettovello. Desde mayo se encuentra en la órbita de Justicia.
Recientemente, el Poder Ejecutivo anunció que pondrá a la venta el edificio donde funcionó el Ministerio creado durante el gobierno de Alberto Fernández, actualmente en el ojo de la tormenta por la denuncia por violencia de género que presentó su expareja Fabiola Yáñez. Un tema que sin dudas iba a ser también centro de la reunión que se suspendió este jueves.
La Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género quedó bajo la órbita del Ministerio de Justicia desde mayo y la comisión a cargo de Mónica Macha busca hacer consultas sobre las políticas públicas en materia de géneros y diversidades.
Tal cual fue anunciado en el último encuentro, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados convocó a una reunión informativa para este jueves 8 de agosto a las 15, a la que fue invitado el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
A cargo de Mónica Macha (UP), la citación al funcionario es para que sea interpelado respecto al cierre de la subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, y sobre las políticas públicas en materia de géneros y diversidades.
El 23 de mayo se publicó en el Boletín Oficial el DNU 451/24 que informó que la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género pasaría a estar de la órbita del Ministerio de Capital Humano al Justicia de la Nación. Así las cosas, la presencia del funcionario no está confirmada aún.
En el mes de junio pasado, la Comisión de Salud Pública y Acción Social había citado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuando fue invitada para responder sobre la polémica en el reparto de alimentos y el plan de política alimentaria que planea desde su cartera. Sin embargo, la funcionaria desistió de asistir al Congreso en dos oportunidades.
En la reunión de este martes se dictaminaron más de 20 proyectos, entre los que se destaca uno de Karina Banfi que amplía facultades a jueces ante denuncias. La titular Mónica Macha explicó que la convocatoria para con el funcionario es por el cierre de la Secretaría de Géneros y Diversidades y la “falta de políticas” en la materia.
La Comisión de Mujeres y Diversidad se reunió este martes para recibir a integrantes del colectivo de Periodistas Argentinas en el marco de la denuncia por acoso sexual en el ámbito laboral contra Pedro Brieger, quien formó parte de diferentes medios de comunicación en la órbita privada y pública.
En el inicio del encuentro, la titular Mónica Macha anunció la intención de formalizar la citación al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, para el próximo jueves 8 de agosto a las 15 para que informe sobre el cierre de la Secretaría de Géneros y Diversidades y sobre “la falta de políticas de género” en esta gestión. La petición será elevada a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
Luego de escuchar a las invitadas de PA, la comisión procedió a dictaminar una serie de iniciativas de resolución, declaración, pedidos de informes y repudios, entre los que se destaca el proyecto de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres -Ley 26.485- y modificaciones del artículo 27, sobre facultades de los jueces, impulsado por la diputada radical Karina Banfi y la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.
Con relación a este texto, la diputada radical explicó que confiere a “órdenes de restricción y alejamiento del agresor, custodia y otras cuestiones” para “que sean obligatorias para el juez, en las 24 horas que se emita la denuncia, para repeler al ataque que está denunciando cada una de las víctimas”. “De los 136 femicidios en 2024, 19 víctimas habían solicitado alguna medida urgente de protección”, informó.
En el final de la reunión, la Comisión de Mujeres y Diversidad pasó a la firma más de 20 proyectos de resolución, declaración y expresiones de beneplácito impulsados desde el oficialismo, el radicalismo, Unión por la Patria, el Pro, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal.
Desde el colectivo de Periodistas Argentinas, la primera en hablar fue su titular Claudia Acuña, quien informó que “el 84% de las integrantes de PA sufrió violencia y acoso”, y aseveró que “no es ajeno a la política porque venimos a que nos escuchen”.
Del mismo modo, expresó: “Que no suframos violencia depende de ustedes porque para este pedido no hay grieta”. “No venimos para una selfie, venimos a armar un grupo de trabajo y necesitamos que se legisle sobre el acoso porque hay conductas asquerosas que vivimos todos los días”, concluyó.
De la misma manera, la conductora de televisión Agustina Kämpfer se refirió a las denuncias contra Brieger y amplió: “Este hecho no escapa a los ámbitos laborales y académicos, y necesitamos que este problema baje al recinto para proteger a las mujeres”. Sumó, además, que “logramos que nuestro acosador sexual reconozca públicamente los hechos porque a él no le quedó otra opción, éramos 19 mujeres”.
También, María Cecilia Guardati manifestó que Brieger “actuó durante 20 años de esta forma”, y añadió: “No es el único caso que enfrentamos de este tipo y muchas compañeras dudaban en dar el nombre o no porque siempre hay consecuencias laborales (pérdida del puesto)”. “No pedimos solo el perdón (de Brieger), sino una reparación”, enfatizó.
El abogado Juan Pablo Gallegos agregó que el tema “se ha manejado con seriedad y ha sido efectivo ya que nunca vi a un agresor sexual asumiendo los hechos”. Sumó que “es interesante generar este grupo de trabajo porque tenemos un hombre incurrido en más de 20 hechos con matices distintos”.
La última en exponer fue Inés Hayes, quien afirmó que “todas hemos sufrido acoso”, y apuntó contra el Poder Ejecutivo Nacional: “El Gobierno nacional está tirando por tierra todas las políticas de género y en un contexto de crisis, se recrudecen las violencias con la precarización laboral”.
Al finalizar las expresiones de las integrantes de Periodistas Argentinas, la Comisión de Mujeres y Diversidad pasó a la firma 24 iniciativas respecto a declarar de interés el 3° Congreso Nacional Mujeres conductoras a celebrarse del 24 al 26 de mayo del 2024 en Bariloche, de la oficialista Lorena Villaverde; el 36° festival la Mujer y el Cine, a realizarse del 2 al 5 de mayo de 2024 en CABA, de la kirchnerista Gabriela Pedrali; y al observatorio nacional de crímenes de odio LGBT+, de Esteban Paulon.
Avanzaron, también, los beneplácitos impulsados por Micaela Morán respecto al 12º aniversario de la sanción de la Ley N.º 26743, la conmemoración del día internacional de la higiene menstrual, el día internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género y el día internacional del orgullo LGBTTIQ+.
También obtuvieron despacho los repudios contra las declaraciones discriminatorias del escritor Nicolás Márquez relacionadas con las personas homosexuales, presentados por Marilú Quiroz (Pro) y Mónica Frade (CC); y a la decisión del Poder Ejecutivo de cambiarle el nombre al “Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario” de la Casa Rosada por “Salón de los Próceres”, de Gisela Marziotta.
De igual manera, tuvieron aval los pedidos de informe al Poder Ejecutivo sobre cuestiones relacionadas con las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género; arbitrar las medidas necesarias para garantizar la continuidad del Consejo Nacional de la Mujer; y la reglamentación de la Ley 27.533, de la radical Carla Carrizo.
También, los pedidos de informe al Poder Ejecutivo de las radicales Natalia Sarapura y Marcela Coli respecto al cumplimento de las leyes nacionales 27.039 -Fondo Especial de Difusión de la Lucha Contra la Violencia de Género- y 26.485 -Protección Integral a las Mujeres-; cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 26.485; y la continuidad de la “línea 144”.
Finalmente, pasaron a la firma el proyecto de Mónica Macha para incorporar concepto de “violencia vicaria” en la Ley 26.485 y la modificación impulsada por Karina Banfi y Pamela Calletti a las facultades de los jueces ante denuncias por violencia de género, que también comprendía un texto presentado por la diputada del Pro, Silvia Lospennato.
En la Comisión de Mujeres y Diversidad, las invitadas advirtieron que “en lo que va del año hubo 127 femicidios”, y señalaron que “no hay precedentes en Argentina de que el Estado nacional deje de cumplir con los acuerdos internacionales que exigen que haya políticas de erradicación de la violencia de género”.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados recibió este martes a especialistas en género para debatir respecto a la desmantelación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género -lo que antes fue el Ministerio de la Mujer-.
La titular de la comisión, la diputada nacional Mónica Macha (UP – Buenos Aires), anticipó que se realizará “una citación al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona”, y expresó que estas reuniones son para establecer “un plan de acciones elaboradas y coordinadas”.
La primera invitada en exponer fue Fernanda Fuentealba, referente de ATE (Asociación Trabajadores del Estado), quien señaló que “la institucionalización de políticas de género es una línea estatal que se mantiene por diferentes gobiernos, evidenciando que estas políticas son un consenso democrático”.
Del mismo modo, planteó que “desde que se creó el Consejo de la Mujer en 1992 no hay precedentes en Argentina de que el Estado nacional deje de cumplir con los acuerdos internacionales que exigen que haya políticas de erradicación de la violencia de género”.
En segundo lugar, Fabiana Tuñez, exdirectora Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, advirtió que “en lo que va del año hubo 127 femicidios y hay miles de familias que están peleando por justicia sin ningún organismo que lo cumpla”, y remarcó: “Vamos a presentar una denuncia internacional”.
Luego, Laura Branchini , trabajadora del programa “Acercar Derechos”, explicó que la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género “cuenta con 59 equipos en todo el país, con un 27,5% de casos de altísimo riesgo, y por ello, es muy importante su continuidad”.
“Es una política de Estado creada con el objetivo de acompañar a las personas que hayan atravesado situaciones de violencia de género, a través de equipos técnicos, conformado por trabajadores sociales, psicólogos, abogados y son una política para fortalecer el acceso a derechos y al sistema de justicia a las mujeres y diversidades”, amplió Branchini.
Mariela Bilsky , representante de Amnistía Internacional, sugirió que “hay que llevar los reclamos al espacio internacional, luego de pedir que persista el trabajo desde la sociedad civil y el Congreso”. “Es una experiencia que se mira con mucha atracción y eso va a generar la salida a la calle”, enfatizó.
Por último, Verónica Baracat, en representación de ONU-Mujeres, explicó que “tenemos la capacidad de convocar a distintos actores tanto de la sociedad civil como organizaciones. Esa es la oferta que vengo a hacerles a ustedes acá hoy”.
Referentes en temáticas de género expusieron en la comisión presidida por Mónica Macha. La ley Bases es “contra los trabajadores, las mujeres, los jubilados, los desocupados y la juventud que condena al trabajo precario”, afirmó una expositora.
La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa para analizar los efectos y consecuencias del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos y el DNU 70/2023.
La diputada Mónica Macha (UP), titular de la comisión, explicó que “nos parece importante escuchar cuáles son los efectos del DNU 70/2023 y la ley Bases, poner en palabras cuáles son los estragos y las consecuencias que estas políticas está generando en distintos espacios de la población”.
Según explicó Macha, los ejes de la reunión informativa abordaron el plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), la situación de las jubiladas y las cocineras de comedores comunitarios, y la diversidad.
En primer lugar, expuso Gabriela Bauer, pediatra del Hospital Garrahan y especialista en salud y niñez.
Bauer se refirió al Plan ENIA y explicó que “contó con un consenso social muy fuerte, se basó en evidencia y detectó el problema de entrada, se ocupó de las inequidades y contó con una perspectiva de Estado garante”. “El presupuesto destinado a salud sexual y reproductiva disminuyó en un 38%, se despidieron 619 trabajadores del ENIA que estaban en los territorios y se recortaron todos los procesos para la distribución de anticonceptivos”, argumentó.
Posteriormente, Mónica Revelli, miembro de la organización Adultos Mayores de la Ciudad, manifestó que “las jubiladas no pueden pagar los alquileres, sienten que son una carga para sus hijos, pierden su autonomía mientras se les escurren los derechos”. “Todo esto sucede en una etapa en la que deberían tener seguridad, bienestar y tranquilidad”, añadió.
Nora Biaggio, docente jubilada y dirigente del Plenario de Trabajadores Jubilados, dijo que la ley Bases es “contra los trabajadores, las mujeres, los jubilados, los desocupados y la juventud que condena al trabajo precario”.
En tanto, Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), explicó que “en la rama socio comunitaria del movimiento el 95% somos mujeres, realizamos un trabajo de cuidado, en nuestros comedores, en nuestras ollas, en espacios deportivos e infantiles”. “Nosotros construimos una red de cuidado en nuestros barrios, no solo alimentando, sino construyendo herramientas, pedagogía y estrategias”, resumió Zarza.
Por su parte, María Rachid, referente de la Federación Argentina LGBT, dijo que “tanto el DNU 70/2023 como la ley Bases implican la retirada del Estado como garante del acceso a todos los derechos”. “El DNU tiene la voluntad explícita de avalar la discriminación en Argentina”, sostuvo, antes de defender “la importancia de la existencia del INADI”.
La iniciativa había sido presentada en 2022 y busca incorporar al Código Penal Argentino como delito la violencia digital por obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez.
La diputada nacional y titular de la Comisión de Mujeres, Diversidad y Género, Mónica Macha (Unión por la Patria), volvió a presentar el proyecto de “Ley Belén” que busca incorporar al Código Penal Argentino como delito la violencia digital para que se apliquen sanciones por obtención y difusión no consentida de material íntimo y/o de desnudez, de los “porn deep fake” y de la llamada “sextorsión”.
El proyecto establece que “será reprimido con multa de pesos seiscientos mil ($600.000) a pesos cuatro millones ($ 4.000.000) el que ejecutare, o hiciere ejecutar por otros, actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros; o exhibiciones de partes genitales con fines predominantemente sexuales, enviadas por intermedio de las tecnologías de la información y la comunicación sin consentimiento de quien las recepta”.
También plantea que “será reprimido con multa de pesos trescientos mil ($ 300.000) a pesos dos millones ($2.000.000) el que, hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente, si el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros”.
“Se aplicará prisión de ocho meses a un año y el doble de la multa establecida en el artículo 155° a quien, por cualquier medio, sin autorización de la víctima o mediando engaño, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o elabore, documentos con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas”, agrega.
Asimismo, dispone que “se aplicará prisión de tres meses a tres años y el doble de la multa establecida en el párrafo anterior a quien, por cualquier medio, y sin autorización de la víctima, difunda, publique, envíe o de cualquier manera ponga al alcance de terceros los documentos referidos en el párrafo anterior obtenidos con o sin mediar su consentimiento”.
Además, busca la aplicación de prisión de “ocho meses a un año y el doble de la multa establecida en el art. 155 a quien, habiendo recibido del autor del párrafo anterior o de terceras personas o teniendo en su poder por cualquier circunstancia distinta a la descrita en el primer párrafo, los documentos allí referidos, por cualquier medio, y sin consentimiento de la víctima los difunda, publique, envíe o de cualquier manera ponga al alcance de tercero y la misma pena será para quienes hayan elaborado con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, o de la inteligencia artificial, y no correspondan con la persona que es retratada, señalada y/o identificada en los mismos”.
“Será reprimido con prisión o reclusión de tres (3) a ocho (8) años el que, por amenaza de imputaciones contra el honor, o de difusión de los documentos referidos en el artículo 155° bis o de violación de secretos, cometiere alguno de los hechos expresados en el artículo precedente”, suma en su articulado.
1123-D-2024Para la vicepresidencia primera y segunda fueron elegidos el socialista Esteban Paulon, quien estuvo ausente, y María Sotolano (Pro). A su vez, dejaron en acta el repudio expresado por los bloques al ataque sexual que sufrió una militante.
La Cámara de Diputados cerró este jueves una intensa jornada legislativa con la constitución de la Comisión de Mujeres y Diversidad siendo ratificada como presidenta la diputada Mónica Macha (Unión por la Patria) y confirmaron como día y horario de reunión los martes a las 15.
“Militante transfeminista, Licenciada en Psicología y doctorando en Salud Colectiva. En su gestión en Morón llevó adelante una política que fue pionera del abordaje violencias y políticas de género que, además, tuvo un reconocimiento internacional. Fue impulsora del proyecto IVE, del cupo laboral trans en provincia de Buenos Aires y en la Cámara de Diputados, de la Ley Johanna, de la creación de protocolo para el cuidado, acompañamiento y atención integral para mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, una gran acompañante de las madres protectoras. Una militante todo terreno”, la definió la cordobesa Gabriela Estévez al proponerla a Macha.
En tanto, el diputado Maximiliano Ferraro (HCF) propuso como vicepresidente primero al socialista Esteban Paulón (Santa Fe) quien es “un histórico activista del colectivo LGTBQY+ desde el año 2002 que inició su participación en la Asociación Civil Box una ONG de Rosario que se expandió. En 2005 fue el fundador de la Federación Argentina de Lesbianas, Gay y Trans organización que presidió desde el 2010 hasta 2015. Desde allí, formó parte del equipo redactor y de incidencia política en lo que fue la aprobación de las leyes de matrimonio igualitario y de identidad de género que son leyes significativas que hacen al reconocimiento pleno y ampliación de derechos”.
En materia de políticas públicas, destacó que Paulón fue “impulsor del área de diversidad sexual de la municipalidad de Rosario y estuvo a cargo de la primera subsecretaría de políticas de diversidad sexual del país. Estamos orgullosos que ocupe la vicepresidencia”.
Para la vicepresidencia segunda fue propuesta María Sotolano (Pro) quien se desempeñó en “actividades de territorio y cerca de la gente a través de la Secretaría de Desarrollo Social”.
La secretaría primera que le corresponde a UP, la segunda que es para La Libertad Avanza y la tercera para la UCR, quedaron pendientes de designación de nombres.
Promediando el encuentro, Estévez solicitó a que la comisión exprese repudio al respecto de lo sucedido con una militante de la agrupación H.I.J.O.S cuya noticia se difundió en los medios en la mañana de este jueves. “La abusaron sexualmente, le robaron documentación y le dejaron una leyenda de ‘VLLC’. No quiero orientar esto a ninguna fuerza política, pero si hablar de la gravedad que estos hechos tienen”, expresó la cordobesa.
“Es fundamental que en términos de respeto y resguardo de la democracia que lo podamos hacer en esta instancia”, afirmó Macha.
La iniciativa pretende garantizar la reincorporación de quiénes hayan sido desvinculados por falta de pago, luego de que en los primeros tres meses de 2024 los aumentos de las obras sociales alcanzaron un acumulado del 100%.
Ante las subas mensuales que vienen realizando las prepagas, la diputada nacional Mónica Macha (Unión por la Patria) presentó un proyecto para declarar por un año la emergencia para personas usuarias de empresas de Medicina Prepaga.
El objetivo es que queden suspendidos los aumentos de las cuotas de esas prestaciones producidos a partir de diciembre de 2023 como consecuencia de la desregulación de los precios de la economía determinados por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Además, establece que los nuevos aumentos sólo podrán autorizarse mensualmente de las cuotas de los servicios “según lo que resulte del promedio entre el índice de Costos de Salud y el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE)”.
También propone que los aumentos de las cuotas desde el mes de diciembre de 2023 deben ser reajustados de conformidad con el índice mencionado previamente y descontados los montos que hayan superado el mismo a partir de la primera cuota.
En suma, exige la reincorporación “inmediata” de los usuarios desvinculados por cualquier causa a partir de enero de 2024. “Durante el plazo de emergencia no se podrá excluir a usuarios y usuarias del servicio por falta de pago de las cuotas”, indica.
Según la diputada, la iniciativa se funda, en primer lugar, en la convicción de que “la salud y la vida se encuentran por encima de todo criterio económico de mercado”, y entendiendo que -más allá de su constitución como empresas- los entes de medicina prepaga “tienen a su cargo una trascendental función social que está por encima de toda cuestión comercial”.
Asimismo, Macha detalló que los aumentos en los aranceles de los dos primeros meses de 2024 fueron “dispares. Mientras que en enero hubo incrementos cercanos al 40%, en febrero llegaron al 36% y se cobraron retroactivos”.
“Usuarias y usuarias recibieron subas en la facturación de más del 75% sobre los importes de diciembre en solo dos meses. Y con el incremento de marzo, el acumulado superará el 100%”, explicó.
Mujeres, lesbianas, travestis, trans, maricas, no binaries, intersex, bisexuales y otras expresiones, participaron de la Plenaria de Géneros y Disidencias 2021.
De forma virtual, y con el lema “La Revolución del Deseo” se llevó a cabo la plenaria de Géneros y Disidencias del partido Nuevo Encuentro.
“La revolución del deseo la hacemos todo el tiempo sin pausa, y sabiendo que en esos deseos y en esas prácticas políticas se juega también nuestro propio destino y el de nuestras generaciones”, sostuvo la diputada Nacional y dirigenta del partido, Mónica Macha, que estuvo a cargo de la apertura.
La presidenta de Nuevo Encuentro Provincia de Buenos Aires, agregó: “Hay muchas cuestiones pendientes y son todas temáticas que hacen a la agenda de nuestro partido político. Este es el momento en donde lo que marca la diferencia es el hacer y nosotres somos una fuerza que hace y avanza. Cuando nosotras y nosotres hablamos de un partido transfeminista, también estamos poniendo la mirada en los modos de construcción”.
Luego, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación expresó: “Hay un momento en donde la correlación de fuerzas está dada para que nuestras luchas sean efectivamente emancipadoras. Esta plenaria hermosa será parte de esa conversación necesaria, para la revolución de todas todos y todes”.
Otra de las oradoras invitadas fue Araceli Ferreyra, directora Nacional de Fortalecimiento de Organizaciones de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación y responsable Nacional Mujeres Evita: “Sigamos soñando utopías para hacerlas realidad en el presente”, dijo, y la la siguió una emocionada Alba Rueda, activista trans y Subsecretaría de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, que celebró la sanción de la Ley de cupo laboral Trans Travesti: “Nos deja una responsabilidad histórica y no solamente porque estamos de cara a cambiar la estructura de la igualdad a través del trabajo”.
Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires también estuvo presente y reivindicó el rol de las compañeras conductoras Evita y Cristina Fernández: “Son las que expresaron un movimiento en clave femenina y feminista”.
“Tenemos que pensar en la construcción de un feminismo popular que entiende que hay condiciones de desigualdad, pero que dentro de esa condición, cuando gobierna el neoliberalismo, para las mujeres y diversidades es más difícil”, indicó a su turno Paula Penacca, militante de La Cámpora y diputada nacional.
Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional y vicepresidenta de PJ nacional dijo: “A las mujeres nos enseñó la historia que las transformaciones las logramos organizadas y en red”.
Para el cierre Flora Viola, responsable del Frente de Géneros y Disidencias de Nuevo Encuentro expresó: “Sigamos amándonos a militar con amorosidad, libertad y pasión”.
Durante el encuentro federal que se celebró virtualmente y que se pudo seguir simultáneamente en el Canal de Youtube del Partido Nuevo Encuentro, se intercambiaron ideas en comisiones acerca de la importancia de los feminismos y transfeminismos como herramientas de transformación política; se debatió en comisiones sobre diferentes temáticas como la implementación de IVE, Ley de cupo Travesti-trans, participación política, parto respetado, ambientalismo y desigualdad de género.
