El Municipio de Tigre reafirma su compromiso con la salud de los vecinos del Delta con el regreso del Catamarán Sanitario, una iniciativa que busca acercar servicios esenciales a quienes viven en la primera sección de islas. Durante los lunes, martes y viernes de la primera quincena de junio, la embarcación recorrerá distintos puntos estratégicos, ofreciendo atención médica integral y gratuita.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran la vacunación del calendario oficial, controles pediátricos y ginecológicos, odontología con turno previo, entrega de medicación crónica y asistencia social. Además, se realizarán seguimientos de embarazos, asegurando que las futuras mamás reciban el acompañamiento necesario.

El cronograma de atención estará organizado en tres días de la semana, facilitando el acceso de los vecinos a estos servicios. Los lunes y martes incluirán vacunación, salud pediátrica, controles de embarazo y odontología con turno previo, mientras que los viernes estarán dedicados a la salud de la mujer y adultos, además de la entrega de medicación crónica.

Las paradas programadas para esta primera etapa incluyen el Canal Honda (Escuela N°17) el lunes 9, Río Luján (Escuela N°10) el martes 10, y Muelle Miramar el viernes 13. Para más información, los vecinos pueden comunicarse con los Centros de Atención Familiar y de Salud (CAFyS) de Carapachay y Río Capitán, o contactar por WhatsApp. Ante una emergencia, el Servicio de Emergencias Tigre (SET) estará disponible a través del 107.

Bajo la iniciativa de seguir con el desarrollo profesional de los médicos del Municipio de Tigre, el gobierno comunal ejecutó la capacitación anual pediátrica en el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”, ubicado la calle Carlos María de Alvear 1666 del centro de la comuna. Participaron pediatras, enfermeros, kinesiólogos y médicos de familia.

“Hubo gran asistencia de personas porque en esta actividad se trataron temas muy importantes como la inmunidad, el nuevo uso de medicamentos en trastornos neurológicos, cuidados del paciente y su seguridad. Se trata de un programa multifacético encabezado por especialistas pediátricos del Municipio que cuenta con la colaboración de laboratorios prestigiosos”, expresó el director del centro médico, Néstor Civetta.

Después, la jefa de servicio de pediatría, Mercedes Pastor, agregó que “somos un hospital escuela con residencia, que también es sede de la UBA”. “Es importante destacar que, desde sus políticas, el Municipio de Tigre acompaña el proceso académico y la formación de los profesionales”, destacó.

Presentes estuvieron las autoridades del Municipio de Tigre que acompañaron la jornada y encabezaron la ejecución de las políticas públicas de la gestión en materia de salud. Además, ratificaron el compromiso con la comunidad hospitalaria y anunciaron que habrá más inversiones para el desarrollo de los centros médicos del territorio.

Un plenario de las comisiones de Discapacidad, de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de Diputados se reunió este miércoles para dictaminar sobre la declaración de emergencia en todo el territorio nacional en materia de discapacidad hasta fines de 2027 que busca “asegurar los derechos al nivel adecuado de vida, salud, habilitación, rehabilitación, educación, protección social y trabajo de las personas con discapacidad”.

En total se despacharon cuatro dictámenes: el de mayoría se alzó con 59 firmas de los bloques de UP, EF, CC e Izquierda, mientras que los de minoría reunieron uno 14 firmas del Pro y el MID; el otro tuvo 8 firmas de DPS, y el último 7 firmas de la UCR.

Pese a que en la sesión del pasado 8 de abril se había votado de manera afirmativa el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto, presidia por el libertario José Luis Espert, el diputado se ausentó en la reunión y lo criticaron duramente desde todos los sectores por no cumplir con su rol. En su lugar estuvo a cargo el diputado de UP Carlos Heller (ex presidente de dicha comisión).

Como autor del proyecto y en carácter de titular de la Comisión de Disparidad, el diputado Daniel Arroyo explicó que el texto plantea la emergencia en discapacidad en tres ejes: la emergencia en lo que hace a las prestaciones a los servicios para las personas con discapacidad; las pensiones en discapacidad y las dificultades que enfrentan las personas que quieren acceder a la pensión o ya tienen; y lo que refiere al maltrato.

Así, brindó cuatro ejemplos de la situación de prestaciones: “Una persona que trabaja en un taller protegido por cuatro horas cobra 28 mil pesos por mes, no por día. Ese monto no se actualiza desde febrero de 2023, estaos ante una evidente emergencia y un ingreso para la persona con discapacidad fuera de toda regla. El problema adicional es que las personas no cobraron ni enero, ni febrero ni marzo”.

Luego presentó el caso de un transportista que traslada a las personas con discapacidad para hacer sus tratamientos: “Esa persona cobra 541 pesos el litro de nafta. Con suerte los transporta dos días y la persona no hace su tratamiento como corresponde”. También contó lo que sucede con los acompañantes de alumnos con discapacidad que asisten a una escuela común: “Cobran a los 180 días 3 mil pesos por hora. Es evidente que no le alcanza y la persona se va, cuando el acompañamiento tiene que ser durante un año, y por eso van rotando”.

Hoy logramos un avance en serio para la Emergencia en Discapacidad. Vamos por lo que falta: la aprobación en el recinto. pic.twitter.com/HtQFkp0dlK

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) April 30, 2025

“Los hogares están a punto de cerrar porque tienen deuda con ARCA hasta el 30 de junio y están viendo cómo hacen en un estado de desesperación porque no saben cómo pagar”, presentó como último ejemplo.

Arroyo aclaró que “ninguno de los problemas empezó hace 14 meses, la situación crítica de las personas con discapacidad viene hace tiempo, pero ha empeorado porque no hubo aumento este año”.

Así, explicó que el primer punto que trata el proyecto busca atender el problema del desfase de las prestaciones y la caída de las prestaciones “por eso la emergencia a las personas con discapacidad”. Sobre las pensiones por discapacidad precisó que hay 1.200.000 personas con pensión.

“El Gobierno inició una auditoría algo que es correcto, está claro que hay personas que accedieron a una pensión que no les correspondía, pero no está haciendo la auditoría como corresponde porque la forma de hacerla es identificar a los médicos que han dado cantidad de certificados truchos y evaluar la situación, identificar las localidades, no poner en estado de desesperación a 1.200.000 personas que les llegan cartas documentos que no saben cómo atender porque lo que está desfasado es la base de datos de la Agencia Nacional de Discapacidad”, criticó.

Arroyo también cuestionó que hay 500 mil personas que se presentaron para acceder a la pensión, pero “en los últimos 14 meses solo entraron 586, el 0,81%”. “Es necesario hacer una auditoría, pero no poner en estado de desesperación a las personas que hacen 10 horas de cola. A la ANDIS le han pedido un nivel de ajuste que no es posible cumplir con las auditorías y ha generado este estado al conjunto del sistema desacomodando la situación de las pensiones”, apuntó.

Por último, se refirió al maltrato: “Se generó una estigmatización y las personas con discapacidad vienen siendo invisibilizadas hace mucho tiempo, sufriendo falta de servicios y de apoyo. El Gobierno hizo la Resolución 187 en enero donde cambia el sistema de pensiones y vuelve 100 años atrás al concepto de pensión por invalidez laboral y en sus consideraciones denomina a las personas con discapacidad como ‘idiotas’, ‘imbéciles’, ‘débiles mentales’”.

“El proyecto apunta a resolver las tres cuestiones, tomando como base para las pensiones diciembre de 2023 antes del 120% de devaluación, actualiza las prestaciones al mes de abril, descuenta lo que ya fue aumentado y en función de eso compensa para evitar que los hogares cierren y para evitar el estado de desesperación de las personas. A partir de esa compensación, establece que la ANDIS debe hacer un nuevo nomenclador razonable, lógico en término de los montos que requieren las prestaciones para las personas con discapacidad”, resumió Arroyo.

Así, destacó que la iniciativa tuvo mejoras “sustantivas” de diversos bloques como el cuidado del sistema de seguridad social; da claridad sobre la imposibilidad de que una persona tenga a la vez pensión y jubilación por discapacidad “quienes hacen la evaluación sobre el impacto fiscal no deberían confundirse”; y actualiza el valor de los aranceles.

“Es evidente que estamos ante una emergencia, no es que el sistema está un poco desfasado, esta desactualizado. Necesitamos un sistema de pensiones lógico y razonable y declarar la emergencia hasta fines de 2027, establece con claridad condiciones para ordenar lo que está mal y tener un nuevo nomenclador, ordena sanamente el tema de las pensiones no generando un impacto fiscal y sale del maltrato”, concluyó.

A continuación, el titular de la Comisión de Acción Social y Salud, Pablo Yedlin (UP), cuestionó la ausencia del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert (LLA): “Estamos a la espera que se decida a convocarnos. El mecanismo de emplazar funciona, habrá que seguir implementándolo”. El tucumano recordó que la iniciativa ya cuenta con dictamen, pero resaltó que “viene mejorado con el aporte de muchos”.

ANTE LA EMERGENCIA, ACCIÓN 🚨

Acabo de firmar el dictamen para que la #emergenciaendiscapacidad SEA LEY!
No podemos consentir el maltrato que el gobierno cruel de @JMilei dispensa a las personas con discapacidad, sus familias y prestadores de servicios
Que sea ley! 🙌 pic.twitter.com/6wcW32aBiU

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 30, 2025

En el mismo sentido, la diputada santafecina Mónica Fein (EF) lamentó la falta de Espert porque “esta comisión tiene quórum y es su responsabilidad estar acá presente”. Luego, remarcó que es un “mecanismo perverso que el Gobierno ha definido para que le cierren los números, dejar a los más vulnerables que requieren del Estado para ser acompañados, restándole prestaciones, limitando aportes, servicios, las maestras, si no también acusando a través de una auditoría y dejando a las personas con discapacidad en una situación de sospecha, vulnerabilidad y abandono. Queremos que sea ley la emergencia”.

“Esto no es una auditoría, es la decisión de que cierren los números y poder dar de baja a más de 400 mil pensiones. No entender que las personas con discapacidad requieren de un Estado presente, un presidente que utiliza el síndrome de Down como insulto para referirse a un gobernador, habla de la falta de humanidad y crueldad, de la incapacidad de comprender una sociedad diversa. Más allá de las dificultades que nos pone el oficialismo impidiendo que discutamos que las personas con discapacidad merecen un trato humano, respetuoso, inclusivo”, cerró adelantando su apoyo al dictamen.

También informando de su acompañamiento al dictamen, Christian Castillo, del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, acentuó la idea de que “viendo el pacto que el Gobierno acaba de firmar con el FMI esto se va a agravar; así como el tema de los adultos mayores, la discapacidad es una de las preferencias de la motosierra de este gobierno”, sentenció. Asimismo, alertó por la posibilidad de un eventual veto presidencial.

EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD @PabloJulianoLP fuerte contra @jlespert

"Qué jodido tenés que ser para presidir la comisión de Presupuesto y Hacienda, tener un emplazamiento de todo el pleno y borrarte. ¿Con qué cara vas a recorrer la Provincia de Buenos Aires para buscar el voto… pic.twitter.com/NIwH2fOjry

— democraciaparasiempre (@dipdemocraciaps) April 30, 2025

La pampeana Marcela Coli (Democracia para Siempre) le agradeció al diputado Carlos Heller (UP) por tomar la presidencia de la Comisión de Presupuesto y “poder hacer ese llamado al titular de la comisión José Luis Espert de no cumplir con su rol, más allá de que esté de acuerdo o no con la temática que se debate. Cuando uno cumple una función, tiene que hacer lo que se debe hacer. Hoy tenía que hacer eso y no está cumpliendo su función, escuchar lo que no quiera escuchar. Lamentablemente no da una buena imagen de su rol”.

“Estamos totalmente de acuerdo que la discapacidad transita la emergencia. Nuestro país recién en 2011 se adhirió a la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad y le dio jerarquía constitucional. Hasta el día de hoy pasaron 5 presidencias donde la discapacidad no ha tenido la atención e inversión de recursos necesarios para tener esa dinámica, esa contención, planes de atención, programas para que hoy la Argentina no este discutiendo una emergencia. Es vergonzoso”, expresó.

Al pedir la palabra, el diputado del Pro Martín Maquieyra señaló que la responsabilidad de la situación por la que pasan hoy en día las personas con discapacidad es “de quienes han gobernado, sobre todo de quienes más han gobernado durante más tiempo”.

“Nuestro dictamen plantea la actualización por el índice de precios al consumidor (IPC) del nomenclador y prestaciones porque creemos que es un problema que hay que solucionar. También planteamos adaptar el vocabulario que se dictan en los organismos. Planteamos que el Ejecutivo reglamente los montos a los talleres protegidos, nos parece inviable en este momento con esos montos que una persona pueda trabajar. Lo diferente es que nosotros creemos que la real dignidad de la persona es poder conseguir un trabajo y no atarlos a una voluntad del Gobierno y por eso plantemos una modificación a la ley laboral para que se triplique el beneficio a quienes contraten personas con discapacidad”, precisó.

Para Maquieyra: "La mejor forma de dar dignidad a cualquier persona es que pueda conseguir un trabajo en blanco, sobre todo un empleo en el sector privado; creemos que esa es la manera de que Argentina salga adelante y ese derecho se le tiene que brindar a todas las personas con discapacidad”.

La radical Carla Carrizo expresó: “Las pensiones no contributivas están sospechadas porque los gobiernos han hecho política partidaria con ellas, pero la dignidad de las personas con discapacidad no puede estar bajo sospecha. SÍ, debe haber controles y auditorías sobre las pensiones".

"Estamos de acuerdo con esta Ley. Pero presentamos dictamen de minoría porque creemos que la emergencia debe ser sólo por 12 meses. También queremos establecer un presupuesto para la misma, no puede quedar en facultad del Ejecutivo disponer una partida", concluyó.

En tanto, el diputado Eduardo Valdés (UP) lanzó una dura crítica al Poder Ejecutivo por el abandono y la violencia institucional hacia el colectivo de personas con discapacidad: “Nunca estuvieron tan mal como ahora. Este gobierno usa la palabra ‘auditar’ como sinónimo de recortar derechos. Lo hicieron con las universidades, con los jubilados y ahora con las personas con discapacidad. La única política de discapacidad que aplican es la crueldad”.

Valdés advirtió que “se está regresando al modelo médico de los años 70, que ya había sido superado por las luchas del colectivo y por los marcos de derechos humanos. “Volvieron a poner el foco en la patología, en la ‘medición de la discapacidad’, en lugar de entender las barreras sociales. Es un retroceso de 50 años”.

Además, Valdés denunció la vigencia de la Resolución 187/25, que el gobierno prometió derogar, pero continúa publicada en los portales oficiales. “Ese texto incluye términos como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘débil mental’ para clasificar personas. Es inadmisible, y demuestra el pensamiento real que tienen sobre el tema”, sostuvo.

En el marco de la crisis sanitaria que atraviesa la Argentina, el diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes expresó en sus redes sociales su preocupación por la intención del Gobierno Nacional, a cargo de Javier Milei, de avanzar con la creación de una agencia que podría impedir la compra de medicamentos para enfermedades raras.

De esta manera, a través de su cuenta de X -ex Twitter-, el lilito planteó: “estoy preocupado. El Gobierno Nacional está pensando en hacer una agencia que pueda impedir la comercialización en Argentina de medicamentos para enfermedades raras”.

Al mismo tiempo que indicó que “lo quieren presentar como una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias, pero se tiene que traducir de esa forma: un límite para medicamentos especiales y sí, más costosos, para personas que necesitan de ese tipo de tratamientos”.

“PAMI, las obras sociales y las prepagas tienen un problema con este tipo de medicamentos que suelen otorgarse por amparos en la justicia. Es cierto que existen los abusos, pero también es cierto que son la única opción terapéutica para algunas personas”, añadió Reyes.

Además, explicó que “este tipo de agencias de evaluación de tecnologías sanitarias miden el costo-beneficio de los tratamientos. Eso está bien, pero que el resultado sea aceptar o rechazar el medicamento no procede”.

“Cuando hablamos de enfermos, debemos pensar en términos médicos. Una evaluación de este tipo tiene que ser en función de los resultados médicos y no para beneficiar al cártel local de medicamentos o para impedir opciones terapéuticas seguras y eficaces”, sentenció el legislador porteño.

El 20 de marzo se cumplieron cinco años del Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 a través del cual el gobierno de Alberto Fernández establecía el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO, tal como se lo conoció) como política para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

En ese marco, ante más de una decena de familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos en el transcurso de la cuarentena por el COVID-19, el diputado del Pro Fernando Iglesias, acompañado por sus pares Sabrina Ajmechet y Lilia Lemoine (LLA), presentó un informe que recoge algunos de esos delitos cometidos por el Estado nacional y las provincias.

El acto se realizó en el Salón Blanco del Congreso y estuvieron presentes también los diputados Maru Sotolano, Carlos Arancibia, Gerardo Milman y Javier Sánchez Wrba, además del escritor Marcelo Gioffré.

“Esta medida fue valorada positivamente en el comienzo de la crisis sanitaria por su relativo éxito para contener el avance de los contagios y las muertes en el territorio nacional. La medida, dispuesta originalmente hasta el 31 de marzo de ese año, se fue prorrogando a través de sucesivos decretos, hasta el punto de que nuestro país implementó una de las cuarentenas más restrictivas y extensas del mundo”, sostiene el informe.

El documento recoge de diversas fuentes los principales casos de asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y otras violaciones a derechos esenciales cometidos por las fuerzas policiales en los primeros meses de la cuarentena. El informe, que se presenta en el quinto aniversario del decreto 297/2020, “es un punto de partida para colaborar y que la justicia pueda avanzar en su esclarecimiento”.

En el mismo acto, el diputado Iglesias también anunció que volvió a presentar un proyecto de ley, como viene haciendo desde 2020, para crear una Comisión Bicameral Nacional de Investigación de los Delitos Cometidos por el Estado en la cuarentena (CONADEC). Pero esta vez, amplió el eje de la investigación de esa comisión al manejo de las vacunas por parte del gobierno de Alberto Fernández, que dejó muchas preguntas sin responder sobre ese punto.

Lo acompañaron en la iniciativa diputados de varios bloques: Ajmechet, Lemoine, Diego Santilli, Juan Manuel López, Manuel Quintar, Marcela Campagnoli, Damián Arabia, Patricia Vásquez, Maru Sotolano, Florencia De Sensi, Martín Ardohain, Sergio Capozzi, Ana Clara Romero y Gerardo Milman.

“A veces las sociedades tienen mala memoria y por eso trabajamos en este informe e impulsamos la creación de una Comisión que investigue estos delitos”, señaló Iglesias. “El otro día escuchaba que el diputado Leopoldo Moreau mencionaba que vivimos en un estado policial. Se ve que se olvidó de lo que era vivir en cuarentena con Alberto Fernández, cuando había desapariciones, torturas y asesinatos”.

La diputada Ajmechet, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, valoró la presencia de los familiares, nucleados en el Movimiento Ciudadano #20M. “A los familiares que vinieron hoy, a quienes conozco, les dije que no los iba a abandonar. Porque nadie se suicida en una comisaría. Y porque se vulneraron derechos fundamentales. 'Hasta el último suspiro tengo mis derechos', dijo Solange Musse. Y tenía razón”, expresó.

La diputada Lemoine le dio un enfoque en primera persona a su presentación: “Yo me metí en política por lo que pasó en la cuarentena. El día que anunciaron que nos encerraban por 15 días estaba en un hospital con mi madre que tenía cáncer. La mantuve con vida 5 meses casi sin ayuda”.

En el informe, apuntó: “Cada paso, se revelaba la corrupción y la improvisación del gobierno argentino. El rechazo de las vacunas Pfizer. Los anuncios ridículos de que, con la vacuna AstraZeneca, Argentina iba a vacunar al continente entero. Los negociados con Putin por la vacuna Sputnik. El show mediático montado alrededor de los aviones de Aerolíneas Argentinas. La instrumentación de los aplausos a las 9:00 de la noche. La puesta en escena del presidente Fernández, con sus filminas, a la cabeza del Trío Pandemia. Las festicholas en la Residencia de Olivos”.

“La Organización Mundial de la Salud jugó un rol lamentable, pero como institución sin ninguna capacidad de cohesión ni de sanción, la responsabilidad toda les correspondía a los gobiernos. El nuestro fue, probablemente, uno de los que lo hizo peor en todo el mundo. El grado de represión que demostró superó ampliamente todas las recomendaciones de las agencias internacionales y la cuarentena fue absoluta y prolongada artificialmente por motivos que explicó muy bien el exministro de economía Martín Guzmán: la conveniencia política para el gobierno”, denuncia.

Así, resume que se trató de “las peores violaciones a los derechos humanos de la historia de la democracia”, y afirma que el documento es una guía que puede disparar nuevas denuncias y proveer de información importante a la Justicia argentina, que “lamentablemente debería haberse ocupado antes y mejor de todos estos temas, y con contadas excepciones”.

“El estado de aislamiento sirvió de excusa para el ejercicio de una violencia institucional de magnitud alarmante desde su entrada en vigencia y en virtud del despliegue de las fuerzas de seguridad en la Argentina”, cerró.

Informe CONADEC - Fernando Iglesias

El Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Mario Lugones, discontinuó este mes la compra y distribución de medicamentos para el cuidado paliativo de pacientes con cáncer en etapa terminal, lo que generó un fuerte rechazo por parte de legisladores opositores quienes calificar la medida de “crueldad”.

La Ley de Cuidados Paliativos fue promulgada en 2022 y brindaba el acceso de los pacientes a las prestaciones sobre cuidados paliativos en sus distintas modalidades en el ámbito público, privado y de la seguridad social, y el acompañamiento a sus familias.

La senadora nacional Silvina García Larraburu (UP) expresó su profundo rechazo ante la decisión del gobierno de Javier Milei de desmantelar el Programa Nacional de Cuidados Paliativos y alertó: “Una medida que afectará negativamente a miles de pacientes que dependen de estos tratamientos esenciales para mejorar su calidad de vida”.

"La suspensión de este programa es un retroceso inaceptable en materia de salud pública. Los cuidados paliativos no son un lujo, sino un derecho fundamental para quienes enfrentan enfermedades graves y necesitan acompañamiento médico y humano en situaciones extremas de dolor y vulnerabilidad", señaló.

Asimismo, advirtió sobre las graves consecuencias de este recorte: "Profesionales de la salud confirman el desmantelamiento del Programa Nacional de Cuidados Paliativos. Como resultado, aumentará la prevalencia de cáncer, el sufrimiento de los pacientes y el número de personas sin acceso a personal calificado ni al alivio del dolor".

García Larraburu recordó su trabajo en esta materia: "Hace 13 años inicié un trabajo de investigación y construcción colectiva junto a la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos y médicos del Hospital Zonal Bariloche Ramón Carrillo. En 2012, como Diputada, presenté el primer proyecto para establecer un marco regulatorio y garantizar el acceso a estos tratamientos".

Además, destacó su insistencia legislativa en este tema: "En 2015, ya en el Senado, presenté el Proyecto de Ley de Atención Paliativa. En 2017, un proyecto para la creación del Programa Nacional de Cuidados Paliativos.  Luego de un intenso trabajo parlamentario logramos consensuar una iniciativa que reunía las propuestas de diferentes legisladores, logrando su promulgación en el año 2022", finalizó.

Por su parte, el diputado nacional y titular de la Comisión de Salud en la Cámara baja, Pablo Yedlin (UP), manifestó: “El Gobierno nacional ha decidido dejar de comprar morfina y otros insumos esenciales de los cuidados paliativos. Esto es inadmisible. Son los cuidados que dan esas personas que acompañan a pacientes con enfermedades terminales en el último tramo de sus vidas, asegurando que no sufran dolor, que tengan una muerte digna”.

“La medida, vinculada a un recorte presupuestario, afecta la provisión de morfina y metadona en todo el país y deja sin apoyo a los equipos especializados en el tratamiento del dolor. Desde su asunción, el Gobierno ha adoptado una postura de descentralización de la salud, argumentando que es responsabilidad exclusiva de las provincias. Si bien la Constitución reconoce el federalismo en la administración de la salud”, apuntó y recordó que “la Constitución del ’94 establece la salud como un derecho y que el Estado, en todas sus partes, debe garantizarlo”.

El tucumano se refirió al recorte de personal en el área de cuidados paliativos: “Son esas personas que acompañan a pacientes con enfermedades terminales en el último tramo de sus vidas, asegurando que no sufran dolor”, y denunció: “El Gobierno Nacional ha decidido dejar de comprar morfina y otros insumos esenciales. Esto es inadmisible”.

El impacto de esta política, según Yedlin, profundizará las desigualdades entre las provincias. “Si cada provincia se hace cargo de todo por sí sola, vamos a tener diferencias enormes entre CABA y Tucumán, entre CABA y Jujuy. El Ministerio de Salud de la Nación tiene un rol de rectoría para garantizar la equidad”, sostuvo.

Por su parte, en su carácter de secretaria de la Comisión de Salud la diputada socialista Mónica Frade realizó un pedido de informes para esclarecer la situación de los pacientes que se encuentran bajo el Programa de Cuidados Paliativos y la entrega de medicamentos oncológicos.

El Gobierno confunde equilibrio fiscal con crueldad. Desfinancia, entre otras cosas, la leche para bebés prematuros y deja sin recursos a pacientes oncológicos. Ajustan donde más duele.

Reformar el Estado es combatir privilegios, no recortar sin mirar.

— Fabio Quetglas (@fabiojquetglas) February 25, 2025

Tras la decisión del Gobierno de retirar a la Argentina de la Organización Mundial de la Salud, el bloque de senadores de Unión por la Patria responsabilizó a Milei de “atentar contra la vida de los argentinos”.

A través de un comunicado, señalaron que dicha medida “nos deja más desprotegidos y vulnerables frente a enfermedades, epidemias y desastres naturales”. Así, plantearon: “No es verdad que la OMS le indica a los gobiernos qué hacer, sino que junto con la comunidad científica y académica recomienda acciones de prevención, tratamiento y erradicación de distintos tipos de padecimientos”.

“En nuestro país, su aporte fue fundamental en las campañas contra la viruela, el sarampión, la polio y la Hepatitis B”, destacaron y preguntaron: “¿Quién va a ser el responsable de un nuevo brote de esas enfermedades?”.

Desde la bancada que conduce el formoseño José Mayans, denunciaron: “El presidente Milei y sus funcionarios con premeditación y crueldad nos están poniendo en peligro a todos. ¿Qué va a pasar cuando necesitemos nuevas vacunas? ¿Quién va a prevenir a los niños y niñas del sarampión? ¿cómo va a hacer el INCUCAI para seguir capacitándose en trasplantes?”.

“La salida de la OMS implica pagar más caros los medicamentos y las vacunas, pero también que nuestros médicos y médicas dejen de acceder a los programas de capacitación internacional y a las nuevas tecnologías para alcanzar diagnósticos más rápidos y acertados. Es decir, menos salud y de peor calidad para todos los argentinos”, advirtieron.

Y cerraron: “Desde el bloque de senadores de Unión por la Patria, hacemos responsable al presidente de la Nación de atentar contra la vida de los argentinos y de incumplir con la Constitución Nacional”.

La Comisión de Salud y Acción Social de Diputados, presidida por el tucumano de UP Pablo Yedlin, se reunió este martes para abordar diversas cuestiones relacionadas con las políticas sanitarias, la situación de los trabajadores del sector, despidos, desfinanciamiento de los hospitales y Direcciones Nacionales del área y el impacto de esta situación en su normal funcionamiento.

El encuentro de carácter informativo se llevó a cabo en la sala 6 del 3er piso del Anexo “A” y se extendió por más de tres horas. Al mismo asistieron los diputados Mónica Fein, María del Carmen Montoto, Luana Volnovich, Natalia Sarapura, Daniel Gollán, Mónica Macha, Natalia Zaracho, Carolina Gaillard, y Nicolás del Caño entre otros.  Cecilia Ibáñez (MID) fue la única diputada del oficialismo que participó. Tampoco asistieron los legisladores del Pro que son miembros de la comisión.

Al inicio de la reunión, Yedlin apuntó: “El tema de nuestra comisión han sido temas que han tenido varias novedades malas durante enero. Hoy nos encontramos acá porque podrán no venir a las comisiones cuando los citamos, podrán no responder los pedidos que hacemos, pero el vaciamiento que se está llevando adelante en tema de salud pública nacional en su teórica idea de transferencia a las jurisdicciones sin que digan que pueden hacerlo va a generar problemas al sistema de salud y seguramente va a generar muertes y habrá responsables. Entre los responsables serán el presidente Javier Milei y el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones”.

“Fueron convocados agentes que vieron directamente afectada su actividad en el sistema de salud. Entendemos que más allá de determinada actividad o área, esto afecta al conjunto del sistema y, por lo tanto, cuando se afecta una parte todo el sistema queda afectado”, criticó y sumó: “Vimos con asombro algunos comentarios diciendo que no hay vaciamiento, que hay una eficientización del sistema, pero la verdad es que llama la atención esta manera y genera enorme preocupación lo que está pasando. Estamos frente a un sistema de salud nacional que ha decidido no hacerse cargo de los temas que por ley tiene adjudicado por ejemplo al VIH, hepatitis, tuberculosis, que los obliga como Estado nacional”.

Así, lamentó: “No hemos podido transformar en ley el programa REMEDIAR, pero es un programa que tiene media sanción del Senado y tiene dictamen de esta comisión. Lo único que necesita es un esfuerzo de los diputados de llevarlo al recinto y transformarlo en ley y por lo menos que este achicamiento del programa REMEDIAR tenga consecuencias legales para los funcionarios que lo decidan”.

El primero en disertar fue Fernández Camacho Leonardo abogado y delegado general de ATE quien planteó que el hospital Bonaparte es un centro nacional de referencia en la materia en salud mental y consumos problemáticos. Así criticó los argumentos sobre los despidos que se referían a los años de ingreso al nosocomio entre 2020 y 2023.

“Eso definieron las autoridades del Ministerio de Salud, de Mario Lugones, y la directora Nacional de Salud Mental, Liliana González, para ellos esa gente que ingresó es la que debía irse sin ningún tipo de análisis institucional sobre el funcionamiento del hospital. Eso nos dejó una institución inoperativa sin 200 profesionales que atienden a un sector vulnerable de la sociedad que cada vez se acercan más”, manifestó.

En esa línea, precisó: “No tuvimos conversaciones con las autoridades del Ministerio, están negadas a cualquier tipo de negociación en cuanto a reincorporaciones. En el área de niñeces se despidió al 50% del personal que atendían 700 consultas por mes, hubo reducciones al dispositivo de atención de demanda espontánea en un 30% se atiende alrededor de 500 consultas por mes; consultorios externos se vio afectado en un 40%, hospital de día en un 30%, la guardia tuvo 45 despidos lo que implica la pérdida del servicio como tal, la farmacia se vio afectada en un 60% de trabajadores; odontología en un 60%, clínica médica en un 40%, la línea de urgencia de atención de salud mental a nivel nacional se vio reducida en un 40% de despidos”.

“Pedimos que el ministro Lugones de alguna explicación de la decisión y a la directora porque nadie le conoce la cara y desconocemos el proyecto que se tiene sobre salud mental a nivel país y el proyecto institucional para con el hospital”, cerró.

María del Valle Juárez, de la dirección de control inmuno prevenibles encargada de compra y distribución de vacunas, planteó: “Han desarmado todo un equipo que funcionaba. Éramos 46 personas para cuidar a 46 millones de personas, suena bastante eficiente. Los despidos en nuestro caso fue sacar piezas fundamentales del engranaje. Sacaron las funciones precisas para que el equipo deje de funcionar”.

“Echaron a tres personas que hacían el soporte nominal de vacunación y es un ejemplo en el país porque muy pocos países tienen un sistema así. No hay un plan de reestructurar. Hace días no responden los emails a usuarios. En el área de compras echaron a dos personas que hacían las compras de vacunas que son muy complejas que llevan tiempo y necesitan tecnicismo, no cualquiera lo puede hacer y eran personas hace más de 10 años que hacían esas funciones”, relató y cerró: “No estamos peleando solo por los 14 puestos de trabajo, sacaron engranajes muy importantes, si no tienen un plan de contingencia esto se va a caer. Pedimos por mantener el equilibrio de poderes, ustedes son nuestros defensores acá”.

Yedlin acotó que “era un orgullo el calendario de vacunación del país mientras tanto el Estado nacional se hacía cargo de la compra y garantizado a que esto llegue a cabo”, al tiempo que señaló: “Argentina tiene hoy una cobertura de vacuna relativamente bajas la verdad que estamos cerca de un 70% en promedio de cobertura las vacunas debieron tener coberturas 95%. Hay un veinticinco por ciento un 30% de argentinos que no se están vacunando según lo que deberían la solución para eso no es comprar menos vacunas para que no sobren, si no justamente hacer que esas 25% de vacunas no colocadas se coloquen a través del programa de vacunación porque el objetivo que nos vacunemos todo no ahorrar plata bueno llamativamente Parece ser que acá el objetivo pasa por ahorrar”.

Fabio Núñez de la Comisión de VIH explicó que fueron despedidos de la Dirección y "personas especializadas, creadoras del programa VIH”, y agregó: “Están desmantelando y han despedido trabajadores de más de 20 años de trabajo”. En esa línea, denunció que previo a los despidos ya habían dejado de recibir respuestas y siguen sin tener la medicación oportunista y ejemplificó: “Hemos repartido solo el 5,3% de los preservativos que había para distribuir”.

Además, participaron representantes del Hospital Garraham, de la Fundación Huésped, de la Federación LGBTQ+; entre otras instituciones que están resistiendo despidos de profesionales; cierres y vaciamientos de programas que afectan a la atención de la Salud Pública.

Con testimonios muy emotivos, profesionales despedidos pidieron en algunos casos que bregar para que los periodistas y medios cuenten el vaciamiento que ocurre en la Salud Pública nacional.

Diputados del bloque de Unión por la Patria que integran la Comisión de Salud, presidida por el tucumano Pablo Yedlin, recibirán este miércoles a las 12 a personal del área de salud para escuchar sus testimonios, ya que fueron afectados por las últimas medidas que tomó el Ministerio de Salud de la Nación.

Los diputados de UP que integran la comisión son el mencionado Yedlin, Luana Volnovich, Natalia Zaracho, Eugenia Alianiello, Jorge Neri Araujo, Carlos Castagneto, Gabriela Estévez, Andrea Freites, Carolina Gaillard, Daniel Gollan, Mónica Macha, Cecilia Moreau, María Luisa Montoto, Estela Neder y Blanca Osuna.

A raíz de la decisión del Gobierno de cerrar el Hospital Bonaparte de Salud Mental, Yedlin acusó que “el sistema de Salud Pública en Argentina está en crisis, la falta de rectoría y regulación por parte del Poder Ejecutivo Nacional, el desfinanciamiento, vaciamiento, cierre de efectores y de políticas públicas, solo vienen a profundizar esa crisis”.

El diputado presentó un pedido de informes para que se detalle la cantidad de trabajadores de esas áreas con la respectiva relación laboral de los mismos; razones de por qué no se renovaron los contratos que vencían el 31 de enero de 2025; si tienen planeado que dejen de funcionar estas direcciones; Información de las acciones llevadas adelante por dichos organismos en el año 2023 y 2024; y metas y acciones planificadas para este año 2025.

En tal sentido, señalaron que “es imperativo que el Ministerio de Salud de la Nación brinde respuestas claras y precisas a los puntos solicitados, garantizando el cumplimiento de las leyes mencionadas y el bienestar de la población de nuestro país”.

Además, los diputados de UP habían expresado su rechazo al cierre de la Coordinación de tuberculosis y lepra y de la Coordinación de hepatitis virales que funcionaban en el ámbito del Ministerio de Salud y exigieron su restablecimiento, la convocatoria de la Comisión Nacional de VIH, HV y TBC, reincorporación de los despedidos y cumplimiento de la Ley 27.675.

Un grupo de diputados del bloque Unión por la Patria, encabezados por el santafecino Eduardo Toniolli, presentaron un proyecto expresando su “absoluto rechazo” al cierre de la Coordinación de tuberculosis y lepra y de la Coordinación de hepatitis virales que funcionaban en el ámbito del Ministerio de Salud.

“El Ministerio de Salud cerró las coordinaciones de tuberculosis, lepra y hepatitis virales, todas enfermedades prevalentes graves. Exigimos su restablecimiento, la convocatoria de la Comisión Nacional de VIH, HV y TBC, reincorporación de los despedidos y cumplimiento de la Ley 27.675”, agrega el texto.

Toniolli explicó que el pasado 31 de diciembre de 2024 fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 1138/2024 y que en el mismo se estableció una nueva estructura del Ministerio de Salud en la que fueron removidas, entre otras áreas, la Coordinación de Tuberculosis y Lepra y la Coordinación de Hepatitis Virales.

“En la Argentina la tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública a pesar de tratarse de una enfermedad prevenible y curable (se diagnostican casi 15 mil casos nuevos anualmente)”, informó.

El diputado de UP contó que “antes del impacto de la pandemia por COVID-19, que produjo una disminución en la notificación de casos de tuberculosis, se observaba una tendencia al aumento en las notificaciones de casos que en el periodo 2013-2019 alcanzó una velocidad de 2,76% anual promedio”.

El cierre de las coordinaciones de Tuberculosis, Lepra y hepatitis virales por el @MinSalud_Ar no tiene objetivo fiscal, mucho menos sanitario.
Estas enfermedades son prevalentes y graves, perder el control sobre ellas es otro ERROR ( ideológico) NO forzado.#HabraConsecuencias pic.twitter.com/rL5wy7CnN3

— Pablo Yedlin (@pyedlin) January 13, 2025

“Entre 2020 y 2023, los casos notificados retomaron su tendencia ascendente, pero con una velocidad mayor de 11,3% anual promedio. En el caso de la hepatitis, representa un desafío continuo para nuestro sistema de salud por el impacto en términos de mortalidad y morbilidad. En 2023 hubo 32 casos confirmados de hepatitis A en la Argentina, 7 casos de hepatitis E, 751 de hepatitis B y 1481 de hepatitis C”2, explayó.

Por último, alertó que “al momento no hay información por parte del Ministerio de Salud sobre cómo se llevarán adelante las políticas públicas sostenidas hasta ahora por las áreas eliminadas. Esto pone en peligro los tratamientos, diagnósticos y atención de las personas con estas patologías”.

Llegan las fiestas de fin de año, e inevitablemente surgen los balances. Para algunos termina un año positivo, para otros un año dramático.

Argentina, de la mano del gobierno de Javier Milei y en gran medida por el apoyo de grandes segmentos de la oposición y de la sociedad ha sufrido una serie de cambios, algunos avisados y otros ocultados en la campaña.

El propósito de esta nota es revisar qué pasó con las políticas de Salud de 2024. Veamos en qué decisiones todos los actores del sistema de Salud lograron resistir a las decisiones oficiales, evitando males mayores. Y luego, por el contrario, en cuáles sufrimos retrocesos que tendrán graves consecuencias en lo inmediato.

Qué logramos:

Intentaron bajar el nivel del Ministerio de Salud a Secretaria, y todos los actores del sistema resistieron justo a tiempo. Y no pudieron.

Llegaron con la promesa de integración del sistema de salud a través de un sistema “innovador” de “Vouchers”. Que por arte de magia iban a cambiar el subsidio desde la oferta a la demanda. Este sistema no se aplicó en ningún lugar, salvo en un efector sanitario privado de la provincia de Buenos Aires, evento muy publicitado y con NINGUN impacto sanitario. Tampoco pudieron.

La ley Bases, en su versión original suprimía la Ley de Salud Mental, la ley Micaela y la ley de los 1000 días – no le quitemos mérito a toda la oposición- que permitió morigerar esas intenciones oficiales. En este caso las tres normas siguen vigentes.

El DNU 70, permitió que la ley de prescripción por nombre genérico y la prescripción digital, “vuelvan” a estar vigentes. En realidad, nunca dejaron de estarlo.

También se propuso dar un golpe de gracia a las farmacias argentinas, institución absolutamente reconocida por la sociedad, con profesionales de altísimo nivel que han tenido que salir a discutir la necesidad de que la dispensa de medicamentos por un profesional era un activo del sistema. No pudieron transformar un maxikiosko o un sitio de la web en un lugar de venta de medicamentos es un retroceso. Tampoco pudieron.

Retrocesos

Algunos ejemplos:

El precio de los medicamentos, con aumentos por arriba de la inflación y sobre todo muy por arriba del poder adquisitivo de asalariados y jubilados. Si le sumamos a esos precios altos y poder adquisitivo bajo, la quita de cobertura por venta “libre”, y por cambios de coberturas en las Obras Sociales (OSS), quizás la más dolorosa la del PAMI, nos encontramos con que el acceso a los medicamentos, un “bien social” para muchas de las constituciones provinciales, y el Derecho a la Salud, una manda constitucional desde 1994, han sido vulnerados.

Sumémosle la disminución en la entrega de medicamentos específicos que hasta este año hacía el Ministerio de Salud de la Nación; medicamentos para programas como el de VIH, tuberculosis, hepatitis virales y otras ITS, los insumos del Programa de Salud Sexual y procreación responsable y del programa ENIA, los contenidos de los botiquines del programa Remediar, entre otros.

Lo llamativo es que la solución del problema autogenerado por liberar los precios, fue habilitar la importación de medicamentos desde India directamente desde las provincias sin control del ANMAT. Hasta ahora solo algunos miles de comprimidos de Metformina, medicamento para la Diabetes, que es producido por laboratorios públicos en la Argentina en varias provincias a muy bajo costo, lo que hace que dudemos del ahorro declarado por la provincia compradora.

No solo los medicamentos aumentaron su valor, para ese 16% de argentinos que tienen seguros privados de Salud, los mismos han aumentado gracias al DNU 70, de tal manera que, hasta este gobierno, luego de liberarle los precios a las “prepagas”, los ha denunciado por cartelización. “Cosas veredes, que no crederes”.

La pérdida de empleo formal por el programa de destrucción de la industria nacional que lleva adelante este gobierno va generando un aumento de la población sin OSS con un aumento en la población que se atiende o lo intenta en el sector público fuertemente desfinanciado por la Nación.

Los medicamentos de muy alto precio han llegado para quedarse, es fundamental que el sistema de Salud argentino se organice para dar una respuesta que permita el acceso a los mismos y que garantice la sustentabilidad del sistema. Este año no se ha publicado ni un informe técnico de la Comisión Nacional de evaluación de tecnología sanitarias y excelencia clínica (Conetec), germen de lo que será la Agencia nacional de evaluación de tecnología médica, tan reclamada por todo el sistema. Otro retroceso a contramano de lo declarado.

Las vacunas este año han sido también un ejemplo de mala política, luego de terminar de incorporar la vacuna conta el Virus Sincitial respiratorio para las embarazadas, que había quedado pendiente de la gestión anterior, y que han mostrado una efectividad interesante, decidieron no incorporar vacunas a calendario. Ni siquiera las claramente propuestas por la CONAIN, entre ellas la vacuna contra el Dengue.

Así fue que las provincias compraron las dosis que pudieron y vacunaron a las poblaciones que quisieron, con una variedad notable de indicaciones, que desafiaron la propuesta de la CONAIN. Veremos los resultados, pero aún seguimos sin decidir incorporarla al Calendario lo que haría que la compra, de la misma esté a cargo del ministerio de Salud de la Nación. Pensar en nuevas vacunas para calendario como contra Meningococo B, o contra Herpes Zoster, o con incorporar la vacuna contra el Covid19, parece mucho, cuando en realidad las coberturas de las vacunas siguen cayendo en todo el país. No hay campañas nacionales.

El desfinanciamiento del sector público de la Salud nacional, con pérdida de RR.HH. especializados en los Hospitales nacionales, como el Garrahan, el Posadas, el Bonaparte, con la idea de cerrarlos o transferirlos a las provincias, sin presupuesto, al mejor estilo de los 90. Si las provincias no se hacen cargo de la Salud, que lo haga el Mercado, se esgrime desde las esferas gubernamentales. Sería interesante que pudieran garantizar con ese sistema que un paciente con un tromboembolismo pulmonar en la Quiaca tenga al menos la más mínima posibilidad de recibir el mismo tratamiento que en CABA con una prepaga.

Los sistemas de Salud, decía un gran sanitarista, que ya extrañamos, son Recursos Humanos (RRHH) capacitados resolviendo las problemáticas de Salud de las poblaciones. Gines lo sabía, sin universidades públicas y gratuitas de calidad y un estado presente para estimular la Ciencia y la Técnica ningún sistema de salud es sustentable, por eso este modelo político torpedea su esencia misma, no son matices es un desastre.

Desde la Comisión de Salud y Acción Social de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, vamos a seguir trabajando para generar las mejores normas y controlando al Poder Ejecutivo nacional para sostener lo que entendemos es nuestra responsabilidad, para que el Derecho a la Salud se efectivice en cada rincón de la patria.

Lo dijo el Papa Francisco hace unos días “Al gran pueblo argentino SALUD”.

En el marco del Día Mundial de lucha contra el SIDA desde la Cámara de Diputados se lanzó la plataforma global sobre VIH y SIDA, espacio transversal de 40 legisladores que trabajarán mancomunadamente junto a ONUSIDA y la sociedad civil para garantizar una respuesta integral.

"Ante el recorte presupuestario que afecta la respuesta integral al VIH y el cumplimiento de la Ley 27675, y con el impulso de ONUSIDA, 40 diputados nacionales hemos conformado la Plataforma parlamentaria sobre VIH y SIDA, capítulo argentino de una iniciativa global", manifestó el socialista Esteban Paulón, quien es fundador de la plataforma a nivel global.

Son parte de la plataforma legisladores de los bloques Unión por la Patria, Partido Socialista, Encuentro Federal, La Libertad Avanza, Unión Cívica Radical, Democracia para Siempre, MID, Innovación Federal y el Pro.

Desde que se declararon en el mundo los primeros casos de VIH hace más de 40 años, 78 millones de personas han contraído el VIH y 35 millones han muerto por enfermedades relacionadas con el sida.

En nuestro país actualmente se estima que 140.000 personas viven con el VIH de las cuales cerca del 80% accede a los tratamientos antirretrovirales, y 4.200 personas se diagnostican con VIH cada año.

En la ronda de preguntas en la sesión informativa del Senado de este miércoles, la senadora radical santafecina Carolina Losada trajo al recinto el tema de las vacunas contra el dengue y la distribución a las provincias, a lo que el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, afirmó que el Gobierno “ha comprado una cantidad para poder contemplar las demandas”

Ante la pregunta de la senadora Losada sobre la política contra el dengue, el jefe de Gabinete recordó haber hablado sobre el tema con el ministro de Salud actual y el anterior, “ante los reclamos de algunos gobernadores y de ustedes sobre esto, para tratar de entender cómo era la situación de la vacuna para el dengue”.

“La realidad es que, primero, no es que la Argentina no quiera tener vacunas, sino que no se producen en la cantidad suficiente para proveer la demanda”, señaló Francos. Precisó que el laboratorio Takeda, que es el que produce la vacuna contra el dengue no tiene una producción ilimitada de vacunas.

“Segundo, no está comprobado que la vacuna sea realmente efectiva. Lo que se hizo, y recuerdo que esto lo hablé específicamente con el anterior, Mario Ruso, y el actual, Mario Lugones, lo que se estaba acordando con los gobernadores era ver, en función de las vacunas que muchos gobiernos provinciales contrataron pero que todavía no recibieron porque no tienen producción suficiente, es ver cómo hacer para establecer las zonas de riesgo y el espectro que conviene vacunar”.

Aclaró que “no es un tema sencillo de resolver, es un tema que se está estudiando… No es que el Gobierno lo ha dejado de lado, ha comprado una cantidad de vacunas para poder contemplar las demandas y tener en cuenta las dificultades de abastecimiento que hay”.

El 26 de septiembre fue la última vez que el Senado de la Nación abrió las puertas de su recinto para sesionar. Sin embargo, las comisiones continuaron trabajando y los proyectos con dictamen se acumulan a la espera de ser tratados por el Cuerpo.

Uno de ellos es el proyecto de “ley Nicolás” sobre calidad y seguridad de la atención sanitaria, que cuenta con media sanción de Diputados y tiene dictamen de comisión desde el pasado 16 de octubre. Pero, si no es llevado al recinto antes de diciembre de 2024 la iniciativa perderá estado parlamentario.

Por ello, Gabriela Covelli, mamá de Nicolás Deanna, quien falleció un 02 de noviembre de 2017 a causa de una mala praxis a sus 24 años, lo que motivó que el proyecto lleve su nombre, envió una carta a los senadores con el enfático pedido de que la iniciativa sea tratada cuanto antes para su sanción definitiva.

“La Ley Nicolás – Ley de Calidad y Seguridad Sanitaria- está a punto de perder estado parlamentario y, de ese modo, echar por tierra un trabajo enorme que demandó años y la construcción de amplios consensos tanto en el mundo de la salud – entre profesionales y trabajadores de la salud; corporaciones médicas; sector público y académico relacionados y colegios y asociaciones profesionales-, como en el de la política. La Cámara de Diputados la votó por unanimidad a fines del año pasado”, relató.

Covelli destacó que “increíblemente en nuestro país, todas las fuerzas políticas se alinearon detrás de esta Ley que fue presentada por el diputado Fabio Quetglas y también por la diputada Mónica Macha, logrando el consenso de todos. Se obtuvo media sanción el 07 de diciembre de 2023”.

La mamá de Nicolás contó que el proyecto pasó a Cámara de Senadores y recién en agosto de este año las comisiones comenzaron a sesionar. Se conformó un plenario de las Comisiones de Salud (presidida por Lucía Corpacci y Carlos Arce) y Legislación, (presidida por Bartolomé Abdala).

“El resultado fue nuevamente un dictamen unánime. Hoy nos encontramos por razones que desconocemos con un Senado que no es convocado para sesionar y, por lo tanto, la Ley Nicolás, está a días de perder su estado parlamentario, pese a contar con la unión de pacientes y médicos, políticos de distintas ideologías y partidos y apoyos, por solo mencionar uno de peso, de la Academia Nacional de Medicina”, reiteró.

Covelli informó que ha solicitado tres reuniones con la titular del Senado, Victoria Villarruel, quien “lamentablemente no tuvo por sus ocupaciones unos minutos para escucharnos”, por lo que le pide que convoque a sesión ordinaria y que se incluya la Ley Nicolás como uno de los temas a tratar.

Carta Gabriela Covelli por Ley Nicolás

En una semana marcada por la ausencia de algunos legisladores que viajaron a las elecciones en Estados Unidos, se retomará el debate del proyecto de ley de Presupuesto 2025, con la presencia del ministro de Salud, Mario Lugones.

La semana pasada, centrado en darle prioridad al dictamen sobre la privatización de Aerolíneas Argentinas, se interrumpió el tratamiento de la "ley de leyes" en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el oficialista José Luis Espert.

El último encuentro para abordar el Presupuesto 2025 fue el 24 de octubre, con la participación del secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Ahora será el turno de otro área sensible: la salud. Este jueves, de 11 a 15 está previsto que asista Lugones, quien asumió el pasado 1ro. de octubre, tras la renuncia de Mario Russo, funcionario que no concurrió al Congreso durante su gestión. La reunión será en el escenario habitual, la sala del segundo piso del Anexo "C".

Según supo parlamentario.com, La Libertad Avanza aspira -de manera ambiciosa- a llevar el proyecto al recinto de la Cámara de Diputados el 20 de este mes; y que sea aprobado en el Senado a principios de diciembre.

Dentro de la oposición que contribuyó a la sanción de la Ley de Bases y el Paquete Fiscal, funcionarios del Poder Ejecutivo mantienen negociaciones con referentes de los bloques aliados como el Pro y el MID, y la UCR.

También desde Casa Rosada se realizan conversaciones con gobernadores, otra pieza clave. De hecho, este martes el presidente Javier Milei recibirá a los mandatarios radicales. Desde las provincias ya hay un pedido del mendocino Alfredo Cornejo para que recursos que iban a la AFIP (disuelta) retornen a las jurisdicciones.

Por su parte, uno de los bloques dialoguistas como es Encuentro Federal, presidido por Miguel Pichetto, trabaja en un dictamen propio de presupuesto, que pone el foco en la reducción de ciertos gastos tributarios (como economía del conocimiento) y otras áreas (como la Secretaría General de la Presidencia y la SIDE) para aumentar partidas para universidades y jubilaciones, por ejemplo.

La semana pasada, el oficialismo tuvo que dar marcha atrás con una conferencia de prensa a la que había convocado para dar un "anuncio importante" sobre el Presupuesto 2025. El mensaje iba a estar relacionado con incrementar el presupuesto para las universidades, pero en detrimento del financiamiento de los partidos políticos, lo que provocó el malestar con sus socios del Pro, no consultados previamente.

El Gobierno asegura que la función Salud representa un 5,6% del Presupuesto

En el mensaje del Presupuesto 2025 enviado en septiembre por el Poder Ejecutivo, y presentado por el propio Milei, se asegura que la función Salud "representa el 5,6% del Presupuesto Nacional, enfocándose en distintos programas y organismos del Estado Nacional, incluyendo hospitales y centros de salud de relevancia".

"Entre los programas de la función se destacan la Atención Médica a los Beneficiarios de Pensiones no Contributivas (Agencia Nacional de Discapacidad), cubriendo la asistencia médica a los pensionados y sus familias, con un total de 660.000 beneficiarios para 2025", señala.

El PEN afirma que "el Ministerio de Salud dará cumplimiento al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), con la distribución de 34,5 millones de dosis de diversa índole" y "asimismo, el programa Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud realizará una cobertura de 20,2 millones de personas del Sistema Público de Salud".

"Entre los organismos descentralizados, la Superintendencia de Servicios de Salud, el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, entre otros, figuran con destacada asignación presupuestaria", agrega en otro pasaje.

En el marco del denominado “Mes rosa” para la concientización sobre la prevención del cáncer de mama, el senador nacional Maximiliano Abad (UCR) presentó un proyecto para modificar la Ley de Patología Mamaria para asegurar la cobertura total de las cirugías de simetrización de la mama contralateral y la reconstrucción completa del complejo areola-pezón para pacientes que hayan atravesado una mastectomía por cáncer de mama.

Esta iniciativa tiene como objetivo garantizar que todas las etapas de la reconstrucción mamaria estén cubiertas por los sistemas de salud, incluyendo obras sociales y prepagas, evitando que las personas afectadas tengan que recurrir a la justicia para obtener estos derechos.

El proyecto responde a la necesidad de restaurar la simetría y la apariencia estética tras una mastectomía, contribuyendo a mejorar la salud física y psicológica de los pacientes. Las modificaciones propuestas reconocen la importancia de un enfoque integral, que abarque tanto la reconstrucción de volumen y forma como los procedimientos necesarios para la simetría de la mama no afectada. Además, se especifica que la reconstrucción incluirá siempre que sea posible, la reparación del complejo areola-pezón, utilizando técnicas avanzadas como injertos de piel, colgajos locales y tatuajes.

“Esta medida refuerza derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en pactos internacionales, protegiendo la integridad física y mental de los pacientes”, explicó Abad y detalló: “En Argentina, se diagnostican más de 22.000 casos de cáncer de mama al año, siendo esta la principal causa de muerte por tumores en mujeres. La propuesta garantiza que quienes se enfrentan a esta enfermedad cuenten con un tratamiento integral que les permita retomar sus vidas con la mayor calidad posible”.

El proyecto, que ya cuenta con jurisprudencia favorable, busca evitar la burocracia judicial para los pacientes y garantizar que el sistema de salud cumpla con su deber de cubrir estas cirugías fundamentales.

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Buscando darle una resolución a un pedido de años, la diputada del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Cele Fierro aseguró que junto a legisladores de Confianza Pública (CP), Unión por la Patria (UP) y la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) avanzaron en puntos de consenso para presentar unificadamente un proyecto que incluya a las y los enfermeros licenciados en la Ley 6035 de Carrera de Profesionales de la Salud.

En ese sentido, Fierro remarcó que “para satisfacción y expectativa de un colectivo enormemente postergado por el Gobierno de la Ciudad, en la gestión de Jorge Macri y antes con Larreta, como es la enfermería tenemos una noticia importante: junto a otros bloques, con quienes tenemos diferencias y matices fuertes en relación a diversas temáticas, pero que hemos hecho un esfuerzo en ponernos de acuerdo a partir de un planteo insistente de la enfermería, en particular de la ALE (Asociación de Licenciados en Enfermería)”.

“Hemos firmado un pedido de dos tercios de los integrantes de la comisión de salud, emplazando al presidente de la misma, el diputado Facundo Del Gaiso (VxM) a convocar dicha comisión para el tratamiento de la inclusión de las y los licenciados de enfermería en la Ley 6035”, indicó y precisó que “es un paso importante, que por supuesto no garantiza un resultado positivo, pero desde la aprobación de la 6035 que dejó afuera a la enfermería y otras profesiones de la normativa que rige las condiciones salariales y laborales de las profesiones de la salud, es la primera vez que hay un paso tan representativo en términos de votos y mayoría posible en el recinto para dar el paso de la inclusión social y el reconocimiento de este colectivo”.

Sobre esa misma línea, la diputada destacó que “la enfermería de la Ciudad hizo todo lo que tenía que hacer para poner en agenda una discriminación incomprensible, absurda y de un nivel de violencia laboral enorme, ya que por estar al margen de la Ley 6035 cobran salarios 50% por debajo de los profesionales, no pueden acceder a horas de capacitación en servicio y a concursos de cargos de gestión”.

“Por lo tanto, todo el mérito de bloques que durante años no tomaron el tema y ahora sí den ese paso, con quienes siempre estuvimos junto a la primera línea, nos decidamos a empujar en el recinto este proyecto. Ojalá la enfermería se organice, se movilice, esté alerta y atenta y no pase que algún diputado o diputada de último momento panquequee un compromiso que tiene que ser inamovible, con uno de los eslabones claves del equipo de salud, como son las enfermeras y enfermeros de nuestros hospitales y CESAC”, sentenció Fierro.

Con un dramático relato del caso testigo, un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General del Senado iniciaron este miércoles el debate por el proyecto de calidad y seguridad sanitaria o también llamado “Ley Nicolás” que cuenta con media sanción de Diputados.

La presidenta de la Comisión de Salud, Lucía Corpacci (UP), explicó que se trata de una ley que busca “generar las condiciones óptimas para brindar atención médica de calidad con respecto al paciente y a los familiares, brindando la información sobre la patología del mismo”.

“El espíritu de la ley es poder generar un sincero registro de hechos que, a veces, terminan complicando la salud o la vida en los distintos centros asistenciales. No apunta específicamente a la cuestión punitiva por los temas de mala praxis, sino a garantizar con un registro de elementos de fenómenos adversos para ver por qué se producen y cómo el sistema de salud debe dar respuesta a estos hechos”, cerró la catamarqueña.

El duro relato de la mamá de Nicolás

La primera oradora fue la presidenta de la Asociación Civil por la vida y la salud, por vos, por mí y por todos, Gabriela Covelli, madre de Nicolás Deanna quien tenía 24 años de edad cuando falleció cuyo caso fue el puntapié para impulsar el proyecto que lleva su nombre.

Covelli recordó que su hijo: “Tenía una salud impecable, era deportista”, y acotó: “Siempre he tenido devoción por la profesión médica porque en la vida siempre vas a necesitar de ellos y siempre fui respetuosa”.

La mamá de Nicolás contó lo que sucedió con su hijo entre lágrimas: “Un lunes 20 de octubre de 2017 comienza a tener un fuerte dolor de cabeza que nos llamó la atención. Llamé a un médico amigo en Pinamar y me sugirió que le tome la presión y la fiebre, pero estaba todo normal”.

A lo largo de los siguientes días, Covelli relató que el dolor empeoraba y se iba agravando la salud de su hijo, pero el médico le dio diferentes medicamentos e inyecciones, entre ellos diazepam y diclofenac, y “lo único que me decían es que era estrés, que estaba contracturado”, por lo que la derivó a un kinesiólogo.

Sin embargo, por insistencia, narró que le mandó a hacerse tomografías y análisis de sangre que “según él, estaba todo bien. Me dio como diagnóstico una contractura muscular y una angina de ‘la puta madre’. Le inyectó penicilina de un millón y me mandó a casa”.

“Nicolás empeoró, no se podía levantar y empezó a ver doble y se le hincharon los ojos. Llamé al médico y me dijo que podía ser alergia al ketorolac. Nicolás empezó a tener fiebre. Sus últimas palabras fueron ‘mamá me están cascoteando el barco, me siento mal’. Nicolás no podía moverse. Tenía una meningitis bacteriana”, describió entre lágrimas la mamá.

En otro tramo del relato, recordó: “La radióloga le dijo al médico que lo cruce al hospital y lo punce y él le dijo ‘sos una exagerada’. La radióloga anotó que ese paciente era de él porque seguramente iban a tener un problema. Para ellos era un problema, para mí la muerte de lo más amado. Ese médico no debería llamarse médico y mancha la profesión”.

“Nicolás terminó entrando al hospital de Pinamar. El jefe de UTI me dijo que no podía hacer nada por mi hijo. No entendía cómo pasamos de una contractura a un ‘no podemos hacer nada’. Con total paciencia y amor me sentó y me dijo ‘quiero que lo entiendas, me encantaría decirte otra cosa, pero tu hijo entró con daño cerebral irreversible y en coma’. Yo hice atender a mi hijo desde el primer día que le dolió la cabeza. Lo atendieron durante tres días y lo único que hizo fue quitarle los síntomas”, expresó.

Y siguió: “Después de la muerte de Nicolás estuvo nueve días en terapia intensiva. Nicolás nunca fue el paciente de la cama 5. Nicolás era ‘Nico’ para todos. El doctor me dijo ‘yo no puedo creer esto, lo que puedo hacer por vos es dejar la terapia intensiva abierta para que los días que Nicolás esté, ustedes puedan acompañarlo permanentemente”.

Covelli recordó: “Pensaron que iba a vivir cinco horas, pero Nico era tan fuerte que duró nueve días en donde hubo 100 personas sin moverse del hospital llorando por mi hijo. Abracé al doctor y le agradecí la humanidad, el haberme podido despedir de mi hijo, cómo todo ese equipo había trabajado queriéndolo porque vi a muchos médicos llorando”.

Así, sintió que “en la misma historia de dolor pude ver las dos caras de una misma moneda, por un lado, un profesional que no merece llamarse médico y muchos profesionales que muestran ser médicos de excelencia”, y agregó: “Cuando Nico murió el 2 de noviembre, inicié un juicio penal. La vida de mi hijo no tiene precio, tiene valor y no hay plata que me pague esta pérdida. Por eso empecé esta lucha. Busqué en internet y vi que había muchos casos”.

“El para qué de la ONG es para que no le vuelva a pasar a nadie. Para que ninguno sea atendido como a Nicolás y no le pase lo mismo. La medicina es tan importante, pero es imposible que el Estado no esté viendo lo que ocurre. No podemos negar que somos seres humanos y los títulos no nos hacen santos”, manifestó y planteó: “Es imprescindible y urgente tener un control de las capacidades psicofísicas de los médicos, de los errores que se producen en clínicas y hospitales, para poder salvar el error y tratar de enmendarlo. Esa es la idea de esta ley”.

La mamá de Nicolás indicó que en Buenos Aires existe un Decreto 5413 y dice que ‘los médicos deben preservar la vida y la salud de la población y controlar el apto médico’, y acotó: “Cuando pasó lo de mi hijo lo primero que hice fue recurrir al Colegio de Médicos a contarles lo que pasó porque no quería que el médico siga haciendo eso. Pero me dijeron que vaya a la justicia y no hicieron nada, siendo que el decreto establece que pueden iniciar sumarios. Estoy buscando no más muertes y daños que son evitables”.

Tras leer una carta que su hijo escribió el 20 de octubre de 2017, día que empezó con los dolores, expresó: “Les pido por favor, no hay derecho más importante en el mundo que el derecho a la vida y a la salud. Es el derecho humano constitucional más preciado y Argentina está unida a tratados internacionales”, y concluyó: “Les pido con el corazón que olviden diferencias políticas, que entiendan que les hablo del amor y me costó mucho trabajo. Mi hijo murió por mala praxis, tratemos de visibilizarlo y solucionarlo entre todos y tener el compromiso por la vida y salud. Les ruego que sea ley en nombre de Nicolás y todos los que representa para que no les vuelva a pasar”.

A continuación, disertó Viviana Rodríguez del Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria quien expresó: “El ejercicio de la profesión me ha permitido observar muy de cerca el desafío que supone prevenir los efectos adversos como los que comentó Gabriela y algunos que son más leves que pasan desapercibido”.

“Este desafío requiere la aceptación de la complejidad de la atención sanitaria, la responsabilidad compartida que significa atender paciente, los diferentes roles que cumplimos en esos niveles de responsabilidad y todo lo que debemos cumplir en el proceso de atención. La mayoría de los eventos adversos son el resultado de una cadena de omisiones o de acciones equivocadas que solo son posibles en un sistema que no está diseñado para prevenirlas o mitigarlas”, señaló.

Rodríguez planteó que es “imperativo” asegurar que estos casos no pasen a medida que los sistemas de salud avanzan porque “un sistema que tiene fallas hoy se presiona con mayor volumen, tendrá más fallas”.

“Los incidentes de seguridad del paciente o eventos adversos provocan muerte, discapacidad que generan un costo para los pacientes, familias y sistemas de salud y sabemos que los presupuestos son finitos”, explicó y detalló que en los países de medianos y bajos ingresos hay el doble de infecciones asociadas a cuidados de la salud, ya que el 10% de los pacientes mueren por esas infecciones. En el cálculo bruto entre 7 y 15 pacientes de unidades críticos mueren por infecciones que “podrían se prevenibles entre un 50 y 70%”.

Rodríguez sostuvo que “la 'Ley Nicolás' plantea pautas de atención reconocidas en el mundo y por la OMS. Una de ellas es la implementación de protocolos de actuación para personal de salud tendientes a prevenir daños evitables; estandarizar cuidados y lograr la continuidad y comunicación efectiva con los profesionales. Esas tres pautas podrían hacer que el 60% de los eventos se produjeran en menor nivel”, y destacó la medición de resultados, auditorias, proceso de atención de instituciones son “otros puntos de la ley para la mejora continua y mejor desenlace para los pacientes”, y subrayó: “Asegurar el derecho a una asistencia sanitaria segura, efectiva, centrada en las personas y en las comunidades, requiere un marco jurídico e institucional urgente”.

Por su parte, el doctor Ariel Palacio, miembro de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) consideró: “En los momentos de mayor fragilidad, cada detalle cuenta, cada acierto médico cuenta, cada gramo de formación y vocación agrega valor, pero también cuenta cada pequeña falla, a veces, con desenlaces catastróficos”.

“Estamos trabajando en un sistema de salud lleno de agujeros, que está fragmentado, con problemas de cobertura, con sistemas de pago que favorecen el error, con profesionales cansados, sin capacitación, continúa reglada y sin comprobación de habilidades. Eso pone en riesgo a las personas”, expresó Palacio y detalló que la OMS indica que “por cada minuto que pasa fallecen al menos 5 personas en el mundo por condiciones médicas sanitarias poco seguras”.

A su turno, Fabián Vitolo, director de relaciones institucionales y servicios médicos, Noble Compañía de Seguros, explicó que “la mayoría de las víctimas de negligencias médicas no demandan, porque no se enteran, o porque se disfrazó el error como una complicación, o no tienen acceso a abogados o porque tienen muy buena relación con sus médicos".

Sobre el proyecto de ley indicó que “crea, además, un registro unificado de inhabilitaciones profesionales. Sepan que no era algo infrecuente que un médico inhabilitado en una jurisdicción apareciera trabajando en otra”.

También disertó el doctor Claudio Ortiz, Médico de la UBA y especialista en medicina general quien manifestó: “La calidad y la seguridad sanitaria atraviesa todo el sistema de salud y todos los equipos de salud en su conjunto. La mayoría de los pacientes resuelven sus problemas en el primer nivel de atención, pero ahí también se producen muchos errores de diagnóstico”.

“Es necesaria una ley para cuidar más a los pacientes, a sus familias y los equipos de salud porque la finalidad de este proyecto es mejorar las condiciones de la práctica sanitaria y la protocolización y jerarquización de los procesos de atención”, afirmó Ortiz.

Al finalizar el plenario, la Comisión de Salud pasó a la firma el proyecto de ley en revisión que instituye al mes de mayo de cada año como "El Mes del Síndrome de Williams”, respecto de lo que Corpacci explicó: “El síndrome de Williams es una anomalía congénita que requiere una atención especializada que los padres no siempre encuentran y una protección del sistema de salud que la mayoría de las veces está ausente”.

Los ejes del proyecto ley Nicolás

La iniciativa es el resultado del consenso entre un proyecto de Fabio Quetglas y de Mónica Macha que tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.

De acuerdo con la iniciativa, todas las instituciones proveedoras de servicios de salud, públicas o privadas, deberán cumplir con esta ley.

Estas entidades tendrán que “dotar a su organización de los medios que permitan: establecer protocolos de actuación del personal de salud, tendientes a la prevención de daños evitables; diseñar planes de auditoría de los sistemas de trabajo, de evaluación de las prestaciones individuales del servicio y monitoreo de indicadores de seguridad del y la paciente, para perfeccionar los sistemas y mejorar las prácticas”, entre otros puntos.

También se establece que “la autoridad de aplicación debe implementar un Registro Unificado de Eventos Centinela (RUDEC), con el objetivo de registrar todo evento centinela, así como los resultados de la investigación de los mismos”, entre otros puntos.

El proyecto fue aprobado en la Cámara baja en la sesión del 7 de diciembre de 2023, tres días antes del recambio legislativo. La iniciativa cosechó 149 votos afirmativos y 1 abstención de Ricardo López Murphy. Fue el último tema que esa composición de la Cámara alcanzó a aprobar en forma exprés y sin debate, debido a que se trataba de un proyecto muy consensuado.

Entre otros aspectos, adhiere al Día Mundial de la Seguridad del Paciente, instituido el 17 de septiembre de cada año, “con el objetivo de promover una agenda que busque generar la cultura de la seguridad en el diseño y la prestación del servicio de salud”.

Después de que la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires autorizara al Gobierno porteño a tomar una deuda por 85 millones de dólares para realizar mejoras en materia de salud, la diputada de Confianza Pública y vicepresidenta tercera de esa Casa, Graciela Ocaña, cuestionó con dureza el tratamiento exprés que recibió la iniciativa y exigió al Ejecutivo que de precisiones sobre como se invertirá el dinero.

En diálogo con parlamentario.com, la legisladora explicó que la medida tuvo “un tratamiento rápido, la verdad es que no pasó por la Comisión de Salud, pero el miembro de nuestro partido que está en la Comisión de Presupuesto planteó la necesidad de incorporar los informes trimestrales de la ejecución del préstamo”.

Al mismo tiempo que aseguró que “es una cifra muy importante para hacer una inversión en salud digital y equipamiento. Bueno, los informes serían para que la Legislatura pueda ver en qué se utilizó esos recursos” e indicó que “son recursos, está bien con un organismo internacional, el BID, pero obviamente la Legislatura tiene una responsabilidad y hemos pedido el envío de informes trimestrales a la Comisión de Presupuestos, sin embargo esto nofue aceptado”.

“No estamos hablando de una comisión investigadora ni una comisión de seguimiento ni nada complejo, es una cosa sencilla y no entendemos por qué el Pro, que lo hemos escuchado en los últimos tiempos en defensa de la Ley de Acceso a la Información y en contra de las restricciones, cosa que yo también coincido, cuando le toca a gobernar pone restricciones al acceso a la información”, continuó Ocaña.

Además, remarcó: “nosotros queremos saber cómo se van a utilizar esos recursos, si se van a utilizar para generar mejor calidad de salud o si se van a pagar contratos que por otro lado no se pueden pagar”.

“Los números no están dando. El ministro dijo que el 60% se iba a invertir en equipamiento, claramente eso son muchos más que los 21 millones que para nosotros es el equipamiento que están comprando, o sea el 25% es el equipamiento, no sabemos en qué se gasta el restructurado”, añadió.

Por lo que concluyó planteando que “el Gobierno no tiene que rendir ninguna cuenta de este dinero. La rendirá, digamos, oportunamente, pero la verdad que nosotros creemos que una autorización dada a tal nivel de la Legislatura en donde todos coincidimos que es importa”.

Tras la última sesión ordinaria en la Legislatura porteña, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y legisladora de Vamos por Más (VxM), Paola Michielotto, dialogó con parlamentario.com para analizar la autorización al Gobierno de la Ciudad para la toma de deuda por 85 millones de dólares para introducir una serie de mejoras en el servicio de salud pública del distrito capitalino.

En ese sentido, la oficialista explicó que “aprobamos un proyecto muy importante para la Ciudad, luego de varias reuniones con diferentes bloques de la Legislatura, con los miembros de la Comisión de Presupuesto junto al ministro Fernán Quirós, su gabinete y representantes del Ministerio de Hacienda” y consideró que “este es un proyecto que aborda una cuestión crucial que influye de manera directa y significativa en la calidad de vida de millones de ciudadanos que se atienden en el sistema de salud público en la Ciudad”.

“El proyecto tiene dos ejes centrales: la implementación de una Agenda Digital de Salud y la adquisición e instalación de equipamiento de diagnóstico por imágenes. Ambas iniciativas van a contribuir a consolidar la transformación digital del sistema de salud porteño”, continuó Michielotto.

Finalmente, la diputada concluyó remarcando que “la agenda mejorará el acceso oportuno, integral y continuo de los servicios públicos. Integrará toda la información clínica y diagnóstico de la Historia Clínica Electrónica del paciente”.

Los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobaron -durante la sesión ordinaria de este jueves- con 53 votos a favor y tres en contra la toma de deuda por 85 millones de dólares para introducir una serie de mejoras en el servicio de salud pública del distrito capitalino. El texto contó con el aval de todos los bloques, excepto la izquierda.

De esta manera, el documento autorizar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, a contraer uno o más empréstitos públicos, de forma directa, indirecta o subsidiaria, con el Banco Interamericano de Desarrollo, u otros organismos multilaterales, bilaterales y regionales de crédito, Bancos de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de las Exportaciones, Instituciones Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o internacional, o con el Gobierno Nacional.

Según se desprende del proyecto, el dinero será invertido en el desarrollo de una agenda digital estratégica en salud y la adquisición e instalación de equipamiento de diagnóstico por imágenes para la red de servicios públicos de salud de la Ciudad.

La toma de esta deuda se da en el marco del proyecto de “Agenda Digital del Sistema de Salud de la Ciudad”, mediante el cual se busca desarrollar una agenda digital estratégica en salud con el objetivo general de mejorar el acceso oportuno, integral y continuo a los servicios públicos de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Así, su objetivo específico es mejorar la oportunidad, integralidad y calidad con la que se produce, comparte y analiza la información sanitaria que genera la Ciudad.

“El proyecto permitirá fortalecer significativamente el sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la consolidación de los avances ya logrados en la transformación digital, la mejora de los procesos internos y la capacidad de respuesta del sistema. Esto se traducirá en un acceso más amplio y de mejor calidad a los servicios de salud para todos los vecinos de la Ciudad. Al integrar y optimizar la información sanitaria, se garantizará una atención más eficiente y segura, beneficiando directamente a los ciudadanos y consolidando un sistema de salud más robusto y confiable para el futuro”, sostiene el documento recientemente aprobado.

Al mismo tiempo que remarca que “el objeto es consolidar la transformación digital del sistema de salud porteño, integrando toda la información clínica y diagnóstica a la Historia Clínica Electrónica y desarrollando plataformas de análisis de datos para la gestión clínica y operativa, así como para la gestión administrativa y económica, utilizando herramientas de análisis geoespacial e inteligencia artificial”.

En ese sentido, el legislador de VxM y hombre de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura, Facundo Del Gaiso, explicó que “una parte del 75% de ese préstamo es todo para la mejora de la digitalización, la historia clínica digital, y mejorar todo el sistema de turnos. También poder empezar a articular con el sistema privado en la historia clínica. La verdad que es un inicio de un cambio tecnológico muy importante para el sistema”.

“La otra parte, el 25% del préstamo, es para insumos. Hay 109 insumos de alta tecnología, tres tomógrafos, que es una inversión muy importante y es algo muy necesario. Para tomar referencia, en el barrio de Bogotá, en el Hospital Zubizarreta, tuvimos 10 años pidiendo un tomógrafo y al final un privado lo acercó. La verdad que estos préstamos que generan mejoras tecnológicas, tanto en todo el sistema de digitalización, turnos, etc., y estos insumos, es muy importante”, completó.

Por su parte, la legisladora del FIT Cele Fiero planteó que “vamos a votar en contra por varias razones. Primero, porque estamos en contra de seguir endeudando a la ciudad, que, en los últimos años, producto de la subejecución presupuestaria en parte del propio Ministerio de Salud, ha terminado con un millonario superávit. Y segundo, porque seguramente se esconde otro negocio para alguna empresa amiga mientras no se invierte en nuevos equipamientos, de hecho, se alquilan muchos de ellos garantizando otros negocios para amigos”.

“Y además, principalmente, porque no se destina dinero para mejorar la infraestructura hospitalaria, no se destina mayor presupuesto para aumentar los salarios ya completamente precarizados de las y los profesionales de la salud, como tampoco la inclusión de la enfermería, manteniendo contratos completamente precarizados en el sector. Por eso nos vamos a oponer, vamos a votar en contra de este endeudamiento y vamos a seguir exigiendo el presupuesto real para las prioridades reales en salud pública”, sentenció.

A su turno el radical Lucio Lapeña (UCR-Ev) explicó que “en este contexto donde se discute el rol del Estado, nosotros lo reafirmamos y lo defendemos. Creemos que es muy importante fortalecer el sistema público de salud e invertir en tecnología, en equipamiento y en infraestructura para que pueda atender todas las demandas de los porteños”.

En el marco de una nueva sesión ordinaria, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúne desde las 12.10 para tratar un amplio temario, entre los cuáles se encuentra una autorización al Ejecutivo local para tomar una deuda de 85 millones de dólares para mejorar el sistema de salud.

De esta manera, los diputados considerarán una iniciativa del Poder Ejecutivo que solicita autorización para tomar préstamos por hasta 85 millones de dólares, con el objetivo de financiar un plan de la red de digitalización de la salud pública local e instalación de equipamiento de diagnósticos por imágenes.

Entre otros asuntos diversos, se debatirán dos proyectos de leyes para reafirmar la integración social: una ley integral sobre los derechos humanos de los adultos mayores y otro que obliga a todo el personal de la administración pública metropolitana (los tres poderes de la Ciudad) a instruirse en cursos sobre cómo tratar a las personas con capacidades diferentes.

También se votará la ratificación del decreto de necesidad y urgencia número 2/2024 del jefe de Gobierno, Jorge Macri, por el cual se suspendieron ciertos trámites de obras hasta que se sancionen las modificaciones al actual Código Urbanístico de la Ciudad, el cual se está trabajando en comisión dentro de la Casa Parlamentaria.

Además, se tratará otro texto que busca otorgar por 10 años la concesión de uso gratuito del predio que ya utiliza el Club Platense en el barrio de Saavedra, en los terrenos de Manuela Pedraza y Cramer. El otro proyecto propone crear un espacio verde de proximidad, de libre acceso público, en terrenos situados entre la colectora de Av. Gral. Paz y calle Grecia, en el barrio Núñez.

Con la intención de efectuar una serie de mejoras en salud, la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, a cargo de la diputada de Vamos por Más (VxM) Paola Michielotto, firmó el dictamen favorable de un proyecto de ley que busca autorizar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a tomar deuda para realizar mejoras en materia de salud.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Alfonsín y contó con la presencia del vicepresidente primero de la Legislatura, Matías López (VxM); los diputados Lucio Lapeña (UCR-Ev), Claudia Neira (UP), entre otros.

Durante la reunión, se emitió dictamen sobre el proyecto que autoriza al Poder Ejecutivo a obtener financiamiento hasta 85 millones de dólares con el objetivo de ser destinado a desarrollar una agenda digital estratégica en salud y a la adquisición e instalación de equipamiento de diagnóstico por imágenes para la red de servicios de salud pública de la Ciudad.

El texto en su artículo 4° especifica que las condiciones del endeudamiento serán determinadas en los respectivos contratos o convenios, con un período mínimo de amortización de un año y en los artículos siguientes, se faculta al Poder Ejecutivo a dictar normas reglamentarias, realizar coberturas de riesgos cambiarios o de tasa de interés, y suscribir los contratos necesarios para instrumentar las operaciones de crédito público.

También se le autoriza a incorporar los créditos presupuestarios emergentes de la aplicación de esta ley en el presupuesto correspondiente.

Diputados de diferentes bloques políticos, encabezados por Marcela Coli (UP), impulsan un proyecto de ley que busca modificar la Ley N° 26.279 para incluir la adrenoleucodistrofia entre las patologías de detección obligatoria en los recién nacidos.

“Esta enfermedad hereditaria, que afecta el sistema nervioso y otros órganos, puede ser tratada de manera más eficaz si se detecta a tiempo”, contó la diputada pampeana y argumentó que “la detección temprana es clave para mejorar la calidad de vida de los niños afectados, y con esta modificación, buscamos garantizar diagnósticos más amplios y oportunos en hospitales públicos y privados de todo el país”.

Además, destacó que el proyecto surge “gracias a la valiosa iniciativa de la Fundación Lautaro Necesita que ha trabajado incansablemente para que se incluyan estas patologías en los controles neonatales”.

La iniciativa cuenta con el apoyo de Marcela Antola, Mario Barletta, Carla Carrizo, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Julio Cobos, Pero Galimberti, Melina Giorgi, Juan Carlos Polini, Roxana Reyes, Roberto Sánchez, Natalia Sarapura y Federico Tournier.

En medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país y la Ciudad de Buenos Aires, el auditor general de Unión por la Patria (UP) Lisandro Teszkiewicz compartió un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) en el que se alerta sobre “graves deficiencias” en la Unidad de Promoción de la Salud y Control de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (UECNT), de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs).

Estas enfermedades son patologías de larga duración cuya evolución es generalmente lenta, representadas principalmente por enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias crónicas.

De acuerdo al informe, en relación a la provisión de insumos médicos, el informe detectó que el 88% de los CeSACs carecen de insumos para personas que padecen diabetes. Asimismo, un 55% manifestaron que la modificación de los Glucómetros, debido al cambio en la empresa licitante, generó inconvenientes en la población asistida. “Estas falencias dificultan el proceso de seguimiento de la enfermedad y su consecuente tratamiento, sobre todo teniendo en cuenta que son áreas que determinan el acceso a la posibilidad de mejorar sustancialmente de condiciones de una vida sana y buena alimentación”, advirtió el auditor.

Respecto a las fallas administrativas, el informe revela que el 100% de los centros no cuentan con estadísticas de elaboración propia desde que se implementó una herramienta informática. Por ejemplo, en relación al Programa de Prevención y Control del Tabaquismo no existen datos estadísticos. Además, el Sistema de prescripción electrónica que se establece para generar órdenes y recetas electrónicas no fue utilizado por el 55% de los CeSACs.

“Estas fallas imposibilitan el registro estadístico de las patologías crónicas. Con la ausencia de datos, la falta de implementación de módulos y la no parametrización de otros, dificulta el registro de datos por parte del profesional imposibilitando el cumplimiento de los objetivos específicos de la Unidad, que es usar la historia clínica electrónica única que permita el registro y seguimiento de las ENT para que los y las vecinas de la ciudad tengan una salud digna”, continuó Teszkiewicz.

A nivel presupuestario y de control, en diversos programas no cuentan con definición de cuáles son las metas físicas y además sufrieron desvíos por disminución de crédito. Siguiendo la línea de ausencias de control, la Comisión Asesora, creada para el fortalecimiento del Primer Nivel de Atención, no emitió informes.

El informe además resalta que el 56% de los CeSACs no cuentan con un Centro de Especialidades Médicas de Referencia (CEMAR). Este centro es asignado para la derivación de aquellos pacientes que requieran consultas o estudios de mayor complejidad. “Teniendo en cuenta que el CEMAR es de modalidad media, es decir un nivel de atención intermedia entre los CeSACs y los hospitales, es inconcebible que más de la mitad no lo incluyan. La única consecuencia es que satura la capacidad de los hospitales por la masiva demanda y complejiza la atención y asistencia masiva de los profesionales”, remarcó el auditor.

Al mismo tiempo que consideró que “resulta escandaloso que la cantidad de turnos protegidos ofrecidos no logra cubrir la demanda producida por el aumento de consultas en el primer nivel de atención, lo que deriva en que el 33 % de los CeSACs incluidos en la muestra refirieron no tener acceso a turnos protegidos”.

“No es el primer informe sobre salud donde surgen fallas e irregularidades que afectan de manera directa el acceso a los servicios por parte de vecinas y vecinos. Tampoco es la primera gestión del gobierno del PRO. Hace más de 16 años venimos observando que el engranaje funciona de la misma manera, desprotegiendo a los y las ciudadanas. Estamos hablando de la salud, pilar fundamental para poder desarrollarnos como personas, trabajar, estudiar y gozar de una vida sana. Entonces está claro que no son errores, es una gestión planificada con el objetivo de descuidar y desfinanciar la salud pública porteña”, sentenció el peronista.

Mientras el Gobierno celebra la baja de la inflación mes tras mes, los informes elaborados por diferentes centros de investigación muestran lo contrario. Un reciente documento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que uno de los rubros de mayor aumento fue salud con 7,3%, puntualmente en el mes de julio de 2024 los medicamentos aumentaron 5% en general y 7,6% en los alcanzados por PAMI.

Al respecto, el diputado nacional y titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin (UP), insta a los restantes bloques políticos UCR, Encuentro Federal, CC-ARI, Independencia, Pro, La Libertad Avanza y MID a considerar el proyecto de ley para regular el precio de los medicamentos (por debajo del IPC o el RIPTE el menor de ellos) porque “es una emergencia”.

El tucumano resaltó que el informe de CEPA “marca uno de los problemas más graves del desgobierno de Milei: el precio de los medicamentos. Durante el gobierno anterior la Industria sostuvo sus ganancias, pero la gente accedía a los medicamentos”.

“Hoy la situación se ha descontrolado, primero intentado recuperar lo que consideraban ‘perdido’ aumentaron a fin de 2023 con la devaluación, y ahora otra vez volviendo a los aumentos por arriba del IPC y por arriba del valor del dólar”, criticó.

Así, Yedlin manifestó que “PAMI ha disminuido la cobertura en medicamentos, y las jubilaciones han perdido valor, ‘tormenta perfecta’ para nuestros jubilados, que hoy no acceden a los medicamentos básicos. La salud no es un mercado perfecto requiere regulación”.

Este informe de @ctroCEPA marca uno de los problemas mas graves del desgobierno de @JMilei : el precio de los medicamentos.
Durante el gobierno anterior la Industria sostuvo sus ganancias, pero la gente accedía a los medicamentos. https://t.co/mGHtxvPHWo

— Pablo Yedlin (@pyedlin) August 13, 2024

El pasado 24 de julio se cumplió un año de la reglamentación de la Ley 27.680 del Plan Nacional de Acción para la Prevención y Control de la Resistencia Antimicrobiana y las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, más conocida como Ley de Resistencia Antimicrobiana.

La norma fue sancionada por unanimidad en el Senado en agosto de 2022 y establece la regulación de cuestiones vinculadas al expendio, como que “todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica debe ser la de ‘venta bajo receta archivada’”.

El proyecto prohíbe “toda forma de anuncio al público de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo (IFA) tenga actividad antimicrobiana sistémica”. La iniciativa modificó el artículo 13 que reza: “Las presentaciones destinadas a la promoción sin valor comercial, muestras gratis, muestras para profesionales o cualquier otra denominación abarcativo de los medicamentos que incluyan Ingredientes Farmacéuticos Activos (IFA), que tengan actividad antimicrobiana sistémica, solamente pueden ser entregados a los pacientes bajo receta del profesional médico que autoriza su entrega, en cantidad suficiente para tratamiento completo y en un solo envase”.

Asimismo, establece que “deberá regularse y promoverse el uso racional y prudente de los antimicrobianos en salud animal y producción agroalimentaria a través de sus organismos competentes” y que “se eliminará gradualmente el uso de antimicrobianos como promotores de crecimiento en animales para consumo humano”.

En un principio, la norma se cumplía al pie de la letra, por sobre todo a la hora de ir a una farmacia para comprar un antibiótico, es decir, contar con la receta del médico y un duplicado. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a observarse que en algunas jurisdicciones la exigencia de contar con dicha documentación mermó.

Por ello, parlamentario.com dialogó con uno de los principales autores de la iniciativa, el actual diputado nacional Pablo Yedlin (Unión por la Patria), quien destacó que la Ley de Prevención de la Resistencia Antimicrobiana “es una ley del Congreso Nacional porque se votó con enorme unanimidad de las cámaras y ha sido muy bienvenida por toda la sociedad científica que tienen que ver con la infectología, pediatría, clínica médica y por todas las farmacias”.

El tucumano opinó que la implementación de la norma “es un proceso que se está llevando adelante”, y relató como experiencia personal que “en la mayoría de los momentos donde tuve la oportunidad de ver a alguien en una farmacia pidiendo un antibiótico o incluso en lo personal, se me ha pedido la receta duplicada o formato digital para poder archivarla que es el requerimiento que la Ley pone, además del diagnóstico y prescribir la dosis adecuada para el tratamiento completo”.

“Su implementación no es del todo mala”, resaltó el médico, pero señaló que “la fiscalización de las farmacias que es una tarea de cada una de las jurisdicciones, salvo en la Ciudad de Buenos Aires que es una tarea el Ministerio de Salud de la Nación”, y reiteró: “En el resto de las provincias es jurisdiccional y es la clave para que esto se cumpla con mejor calidad”.

El entonces diputado ponderó que “desde el punto legislativo hicimos una norma de avanzada, es una de las pocas de Latinoamérica”, y consideró que “en líneas generales, los médicos han tomado consciencia de la enorme gravedad que tiene la posibilidad de la resistencia antimicrobiana y la aparición de cepas multirresistentes que después no tienen posibilidad de tratamiento”.

Yedlin recordó que la ley también preveía una disminución en el uso de antimicrobianos en la industria tanto de producción animal para alimentación, como avícola, en el rubro veterinario, pero afirmó: “No tengo datos de cómo se está cumpliendo”.

Por ello, adelantó que han “incorporado en las preguntas que le hicimos al jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, para ver cuál es el impacto en este sentido”, en referencia a la visita del funcionario al Congreso que hará a fines del mes de agosto.

“Es un poco precoz para tener un impacto definitivo, pero para que no se bajen los brazos en el control de esta Ley que es muy importante”, finalizó el legislador.

Un grupo de diputados del bloque Unión por la Patria se reunieron y dialogaron este martes con una representación de más de cien pediatras -que forman parte de la Sociedad Argentina de Pediatría-  que firmaron recientemente una Carta Abierta exigiendo "la urgente reflexión" para que las autoridades nacionales dejen de “desfinanciar los programas de seguridad alimentaria”.

El encuentro se dio en la Cámara de Diputados de la Nación del cual participaron el presidente del bloque de UP, Germán Martínez; el presidente de la Comisión de Acción Social y Salud, Pablo Yedlin; los diputados nacionales Daniel Gollan, Hugo Yasky; Ramiro Gutiérrez y Daniel Arroyo.

En la apertura hicieron uso de la palabra numerosos pediatras algunas de las cuales se conectaron en forma virtual desde diversas provincias. Al respecto, Martínez expresó: “Estamos acá para darle la dimensión humana y política que tiene el incremento de la demanda alimentaria en todo el país".

A su turno, Yedlin manifestó: “Vamos a insistir con el tratamiento de la política alimentaria en la Comisión de Acción Social y Salud, la situación social se agrava semana a semana".

La pediatra Gabriela Bauer explicó: “Vivimos en los centros infantiles, en los hospitales y vemos madres que se desmayan por hambre y niñas y niños que no están siendo atendidos porque el gobierno nacional cortó las transferencias directas a los comedores".

Entre los temas analizados en la reunión se contempló la decisión del gobierno de Milei de eliminar a la ex secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, la suspensión del Programa para el Egreso (PAE); la desarticulación del Programa Nacional de Primera Infancia; el abandono de los Centros de Desarrollo Infantil; la paralización de la Ley Lucio y el recorte a la Ley Brisa entre otras situaciones que conforman la violación sistemática a derechos progresivos establecidos en la Convención de los Derechos de los Niños (1989).

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal) presentó un proyecto de ley que busca modificar la actual Ley de Salud Mental para abordar las numerosas deficiencias que enfrenta el sistema en Argentina.

La iniciativa recibió el respaldo de los diputados Miguel Ángel Pichetto, Ricardo López Murphy, Florencio Randazzo, Nicolás Massot, Margarita Stolbizer, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Francisco Morchio, Ignacio García Aresca y Jorge Ávila, quienes sumaron sus firmas.

El proyecto de ley propone la incorporación de mecanismos de control profesional y alertas tempranas para el manejo de enfermedades psiquiátricas y adicciones, así como un acompañamiento efectivo a los familiares de los pacientes. De esta manera, se busca ofrecer una red de apoyo más sólida y efectiva, mejorando significativamente la calidad de vida de los afectados y sus familias. “La inclusión de estos mecanismos en la legislación no solo apunta a una intervención temprana, sino también a la prevención de crisis severas”, explicó.

Además, se plantea la modernización de las internaciones y tratamientos, promoviendo su realización en instituciones intermedias que ofrezcan un ambiente adecuado y respetuoso de los derechos de los pacientes. “Estas instituciones, como hogares de día y casas de medio camino, proporcionarán terapias avanzadas y un entorno propicio para la recuperación, alejándose de los modelos tradicionales que han demostrado ser ineficaces e incluso perjudiciales”, precisó.

Otro aspecto fundamental es la revisión y mejora del proceso judicial para la declaración de incapacidad o restricción de capacidad. La nueva legislación exigirá que los jueces y equipos interdisciplinarios realicen visitas a los lugares de residencia o internación de los pacientes, asegurando una evaluación más humana y precisa. Asimismo, se busca que los procesos judiciales sean más ágiles y menos burocráticos, con el juez tomando un rol activo en la renovación de las declaraciones de incapacidad, liberando a las familias de trámites engorrosos.

También se contempla la creación de una página web y un canal de atención para asistir a personas en crisis y a sus familiares, facilitando el acceso a información y apoyo inmediato en situaciones de urgencia.

Asimismo, establece que los costos de los tratamientos sean cubiertos por las instituciones tratantes para aquellos pacientes que no cuenten con obra social o medios económicos. En estos casos, se podrá solicitar judicialmente que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (I.N.S.S.J.P.) u otras instituciones públicas brinden la cobertura necesaria, asegurando así que todos los pacientes tengan acceso a los cuidados que necesitan sin importar su situación económica.

Para financiar estas importantes reformas, se propone un adicional extraordinario al Impuesto a las Ganancias para empresas que ofrecen servicios de juegos de azar y apuestas, tanto en línea como presenciales. Esta medida garantiza los recursos necesarios sin desestabilizar el equilibrio fiscal del país.

Por último, Carreño destacó la “urgencia de visibilizar y priorizar la salud mental en la agenda política y social. Con una población donde uno de cada tres argentinos enfrenta problemas psiquiátricos, la reforma se presenta como un paso crucial hacia un sistema de salud mental más inclusivo, efectivo y humano”.

Salud mental- 3631-D-2024

En el Día Mundial Sin Tabaco declarado por la Organización Mundial de la Salud, el diputado nacional Pablo Yedlin (UP – Tucumán) en su carácter de médico sostuvo que “es una lucha de los gobiernos para evitar las consecuencias negativas de esta industria”.

A través de su cuenta de “X” el titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública expresó: “El lema de la Organización Panamericana de la Salud es ‘proteger a la niñez de la interferencia de la industria tabacalera’”.

“Argentina forma parte de esta lucha, aumentando los precios y los impuestos de los productos de tabaco y nicotina para hacerlos menos asequibles”, destacó.

Yedlin afirmó: “En ese sentido es que mi voto en la sesión de Ley Bases para elevar la alícuota del impuesto interno al tabaco y eliminar el tributo mínimo que rige en la actualidad va en consonancia con la lucha contra el tabaquismo como un problema de salud pública mundial”.

El diputado tucumano alertó que “en Argentina, mueren unas 45.000 personas por año por enfermedades relacionadas con el tabaco. Esto representa el 14% de todas las muertes en el país”, y planteó: “Es una lucha de los gobiernos y de todos evitar todas las consecuencias negativas de esta industria”.

De las iniciativas impulsadas por el gobernador Axel Kicillof y gestionada por el ministro de Salud Nicolás Kreplak, se consideró aquella que buscan crear la Empresa de Emergencias en Salud y prevé la asistencia sanitaria ante urgencias o emergencias, la logística prehospitalaria e interhospitalaria, y el transporte de insumos críticos y de residuos patogénicos.

Es una de las dos iniciativas de creación de empresas Estatales que el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, defendió ante diputados y senadores de todos los colores políticos, la consiguió el primer visto bueno en comisiones y ahora tendrá que ser considerada por las Comisiones de Presupuesto y Legislación General, cuerpos dominados por el oficialismo.

La votación en la comisión de Salud de la Cámara de Diputados bonaerense, que preside el diputado camporista de UP Martín Rodríguez, resultó favorable al proyecto de ley que plantea la creación de la empresa de emergencias, aunque la votación estuvo dividida.

En la fina, el oficialismo, con seis votos favorables se impuso ante una oposición con cinco rechazos, que a su vez reclamó, sin éxito, la postergación del debate.

El bloque libertario “dialoguista” –tal como son gustosos autopercibirse- de Unión, Renovación y Fe, que presiden formalmente la diputada Constanza Moragues pero que parece controlar Gustavo Cuervo, favoreció a Unión por la Patria, no con su voto positivo como viene ocurriendo, sino con dos ausencias que le garantizaron la mayoría en la comisión y el dictamen a favor por mayoría.

Así, el articulado que viene impulsando el Ejecutivo bonaerense desde diciembre pasado obtuvo un despacho de mayoría de Unión por la Patria y dos de minoría, uno del interbloque de Juntos por el Cambio que ratificó su negativa y, otro, de la izquierda.

La bancada oficialista resolvió someter a análisis de la Comisión sólo el proyecto de ley busca crear la Empresa de Emergencias en Salud y dejó para una nueva convocatoria la iniciativa que crea el Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense, que también se pretende avanzar en su tratamiento en la Cámara baja.

En las últimas semanas se hizo de público conocimiento el faltante de medicamentos para pacientes con tratamientos oncológicos, inquietud que se coló en la sesión informativa de este miércoles en el Senado hacia el jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, quien aseguró que no dejarán de entregarlos.

Fue la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) quien trajo al recinto la problemática al preguntar: “¿Cómo tenían previstos normalizar la entrega de medicamentos oncológicos y HIV?”, y explicó: “Se están quedando sin entregas. Dijeron que el banco de medicamentos estaba casi vacío y no habían iniciado el proceso de compra y que era responsabilidad de las provincias”.

Posse aseguró que “los medicamentos oncológicos y de HIV la administración no dejará de entregarlos”, y apuntó contra la gestión anterior: “Es otra área, y lamentamos la sensibilidad que tiene, en la cual encontramos un nivel de desorden increíble. Había más de 1800 expedientes demorados teniendo este tema a la sensibilidad que tiene”.

“Se están regularizando a la mayor velocidad posible entendiendo además que esos trámites no tengan irregularidades. En un alto porcentaje se encontraron inconsistencias y esperamos a fines del mes de mayo tener regularizados el 100% de los casos de pacientes oncológicos y pediátricos”, afirmó.

Frente a la peor epidemia de dengue registrada en el país en los últimos 15 años, un grupo de diputados opositores, encabezados por la diputada nacional Carla Carrizo (UCR), presentaron un proyecto para citar al ministro de Salud de la Nación, Dr. Mario Antonio Russo, para que informe ante el Congreso de la Nación las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.

A través de la iniciativa, pretenden saber las estrategias de prevención desplegadas en el país tales como campañas de prevención o provisión de repelentes, el estado y la respuesta de los sistemas de salud, el detalle de las acciones llevadas a cabo a nivel interjurisdiccional y los recursos asignados.

La cantidad de casos desde enero de este año es 11 veces mayor que la del mismo período durante el año pasado. Según el último informe epidemiológico, a la primera semana de marzo las provincias con más afectados eran Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Formosa, Córdoba, Misiones, Corrientes, Tucumán y CABA.

“Esto ya no es un problema de las provincias, ni de las familias en forma individual. Habiendo tenido uno de los sistemas de salud más fortalecidos de la región, fracasó la política del Gobierno para prevenir el dengue en la Argentina. Queremos saber cuál va a ser la estrategia federal de salud pública, tanto para este período como para el año que viene”, dijo Carrizo.

La diputada también reclamó la no constitución de la Comisión de Acción Social y de Salud Pública de la Cámara baja a fin de tratar los proyectos en este sentido.

La iniciativa lleva las firmas de Danya Tavela, Gerardo Cipolini, Mónica Fein, Marcela Ántola, Fernando Carbajal, Margarita Stolbizer, Rodrigo de Loredo, Pedro Galimberti, Juan Carlos Polini, Marcela Coli, Marcela Campagnoli, Natalia Sarapura, Gabriela Brouwer de Koning, Pablo Juliano, Facundo Manes, Mariela Coletta, Pablo Cervi, Atilio Benedetti, Melina Giorgi, Mario Barletta y Julio Cobos.

A su vez, el presidente de la UCR, el senador Martín Lousteau, apuntó contra el Gobierno en sus redes sociales: "Peor epidemia de dengue en 15 años. Ni una campaña de prevención nacional a la vista. Ministro de salud que brilla por su ausencia. Vocero que cuestiona a la ciencia. Vacuna inaccesible para millones de argentinos y argentinas. Gobierno ausente", y preguntó: "¿Insensibilidad o cinismo?".

PR - Pedido de informes sobre Brote Dengue

Ante las subas mensuales que vienen realizando las prepagas, la diputada nacional Mónica Macha (Unión por la Patria) presentó un proyecto para declarar por un año la emergencia para personas usuarias de empresas de Medicina Prepaga.

El objetivo es que queden suspendidos los aumentos de las cuotas de esas prestaciones producidos a partir de diciembre de 2023 como consecuencia de la desregulación de los precios de la economía determinados por el Gobierno de Javier Milei mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Además, establece que los nuevos aumentos sólo podrán autorizarse mensualmente de las cuotas de los servicios “según lo que resulte del promedio entre el índice de Costos de Salud y el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estatales (RIPTE)”.

También propone que los aumentos de las cuotas desde el mes de diciembre de 2023 deben ser reajustados de conformidad con el índice mencionado previamente y descontados los montos que hayan superado el mismo a partir de la primera cuota.

En suma, exige la reincorporación “inmediata” de los usuarios desvinculados por cualquier causa a partir de enero de 2024. “Durante el plazo de emergencia no se podrá excluir a usuarios y usuarias del servicio por falta de pago de las cuotas”, indica.

Según la diputada, la iniciativa se funda, en primer lugar, en la convicción de que “la salud y la vida se encuentran por encima de todo criterio económico de mercado”, y entendiendo que -más allá de su constitución como empresas- los entes de medicina prepaga “tienen a su cargo una trascendental función social que está por encima de toda cuestión comercial”.

Asimismo, Macha detalló que los aumentos en los aranceles de los dos primeros meses de 2024 fueron "dispares. Mientras que en enero hubo incrementos cercanos al 40%, en febrero llegaron al 36% y se cobraron retroactivos".

"Usuarias y usuarias recibieron subas en la facturación de más del 75% sobre los importes de diciembre en solo dos meses. Y con el incremento de marzo, el acumulado superará el 100%", explicó.

En medio de un fuerte incremento en los costos de los medicamentos, el diputado nacional Pablo Yedlin (UP – Tucumán) junto a compañeros de bloque, presentó un proyecto de ley para la regulación recios de medicamentos en Argentina porque “son un bien social, y como tal, quiénes los necesitan deben poder acceder”.

La iniciativa busca regular el precio de los medicamentos al definir un tope al aumento, que no podrá superar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ni el índice Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).

“El aumento de los precios de los medicamentos muy por arriba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de los salarios ha generado que muchos argentinos no tengan acceso a la medicación necesaria para sus enfermedades agudas y sus estados crónicos de salud”, fundamentó Yedlin y alertó que ello “producirá un aumento en las complicaciones de esas enfermedades sumado a la profunda caída en la venta de los medicamentos”.

Según explicó el tucumano l objetivo es que “si los sueldos aumentan por arriba de la inflación no dispare más el precio de los medicamentos y si ocurre que la inflación supera los sueldos (como lamentablemente ha pasado últimamente) los medicamentos no aumenten por arriba de estos”.

“Está ley es una medida de emergencia para las argentinas y argentinos que no pueden esperar que la macroeconomía se estabilice para acceder a la medicación y continuar sus tratamientos. La salud es un derecho no un privilegio”, planteó.

Acompañan la iniciativa los diputados Walberto Allende, Eduardo Toniolli, Jorge Antonio Romero, Victoria Tolosa Paz, Andrea Fleitas, Santiago Cafiero, Liliana Paponet, Sabrina Selva, Natalia Zaracho, Eduardo Valdés, Carolina Yutrovic, Daniel Gollan, Ariel Rauschenberger, Ana María Ianni, Martín Aveiro, Julio César Pereyra, Pablo Todero, Roxana Monzón, Martín Soria, González Gustavo, Micaela Morán, Lorena Poikok, Eugenia Alianiello, Gabriela Pedrali, Hilda Aguirre, Germán Martínez, Carlos Cisneros, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Aldo Leiva, Carlos Castagneto, Daniel Ernesto Alí, Virginia Marín y Nancy Sand.

🏛️Hoy presenté un proyecto de ley de Regulación de precios de medicamentos en Argentina junto con diputados y diputadas @Diputados_UxP.
➡️Los medicamentos son un bien social, y como tal, quiénes los necesitan deben poder acceder.
Les comparto el proyecto 👇 pic.twitter.com/bSm4Pskr3G

— Pablo Yedlin (@pyedlin) March 7, 2024

De forma breve durante la Asamblea Legislativa el presidente de la Nación responsabilizó al kirchnerismo por haber “empujado al sistema de salud a una crisis de desabastecimiento” y recordó lo ocurrido durante la pandemia.

Javier Milei afirmó que el sistema de salud “fue empujado hacia una crisis de desabastecimiento causada por la política comercial irresponsable del gobierno anterior que dejó a médicos, pacientes y familias sin stock de insumos médicos de todo tipo y, en particular, de medicamentos especiales como los insumos oncológicos”.

“Todo esto en medio de la farsa del ‘Estado te cuida’ durante la pandemia donde si hubiéramos hechos las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30 mil muertos de verdad, mientras tuvimos 130 mil con el dolor enorme que ello significa”, acusó al referirse a lo ocurrido con las vacunas en pandemia y cerró: “Nos vendieron la idea de que el Estado trabaja como un seguro, pero en la vida real cuando el siniestro ocurre defaultea”.

En consonancia con lo planteado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, el legislador de Republicanos Unidos (RU) Yamil Santoro insistió en la Legislatura porteña con un proyecto impulsado por Roberto García Moritán y Marina Kienast (FLR) en 2022, mediante el cual se buscará establecer mecanismos de reintegro con las provincias por los gastos generados al atender a residentes de fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Al tratarse de una versión renovada de esa iniciativa, se agregó el acceso prioritario a la atención médica para las personas argentinas con domicilio legal en la Ciudad.

De esta manera, para recuperar los costos de atención, los establecimientos del sistema de salud pública de la Ciudad deberán notificarle al Ministerio de Salud o al órgano que éste designe cuando una persona argentina con domicilio legal fuera de la jurisdicción del distrito capitalino sea atendida en el establecimiento, detallando la consulta, internación o tratamiento médico y el costo que conlleva según el Nomenclador de Prestaciones. Mensualmente se remitirán los gastos a la Administración de la Provincia correspondiente para cobrar el reintegro por los servicios prestados.

El proyecto propone además que todos los establecimientos de salud de la Ciudad atiendan prioritariamente a los residentes de Buenos Aires, garantizando así que los servicios de salud estén disponibles para aquellos que residen en la jurisdicción y contribuyen al sistema de manera directa a través de sus impuestos. La presentación también busca modificar el artículo 33 de la Ley 153 para incluir los ingresos generados como recursos para fortalecer el presupuesto de salud.

Por último, se faculta -en caso de ser aprobada- al jefe de Gobierno, o a quien éste designe, a suscribir acuerdos de reciprocidad sanitaria con ciudades o provincias argentinas para establecer condiciones para la atención sanitaria de los no residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Respecto de la iniciativa, Santoro concluyó planteando que “desde Republicanos Unidos ya habíamos trabajado en recuperar los recursos de los porteños, que se usan día a día en atender a residentes de otras provincias. Ahora, queremos complementar ese trabajo, priorizando a su vez a nuestros vecinos en el orden de atención. Esto es reconocer a quienes pagan de forma directa por un servicio”.

En medio de la fuerte crisis que atraviesa el país, los diputados de Unión por la Patria (UP) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cual buscarán expresar “su más enérgico repudio a la decisión del Gobierno Nacional de interrumpir el pago a prestadores del Programa Incluir Salud”.

La iniciativa en cuestión es de autoría de Juan Manuel Valdés (UP) y lleva las firmas de Maia Daer, Claudio Ferreño, Victoria Freire, Alejandro Grillo, Berenice Iañez, Claudia Neira, Graciana Peñafort, Magdalena Tiesso y Delfina Velázquez (UP).

En los fundamentos de la iniciativa, los diputados recordaron que “el programa Incluir Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad, al que adhieren todas las provincias, brinda asistencia financiera para brindar servicios de salud a las personas afiliadas a través de la red pública de prestadores y garantizar que todas las personas titulares de la Pensión no Contributiva (PNC) puedan acceder a una atención de calidad independientemente de donde vivan”.

“El Gobierno nacional, en la eliminación de los giros a las provincias, incluye los fondos para pagos de las prestaciones que la Agencia hace en forma directa, pero que son controladas por cada gobernación. Entre ellas, transporte, centros de día, internaciones y medicamentos de alto costo. Afectando de esta manera a las más de 500 mil personas que están inscriptas en este programa en todo nuestro país y también a sus familias”, agregaron y precisaron que “esta compleja situación se suma a las complicaciones que están atravesando los choferes de personas con discapacidad, que dejaron de prestar servicio debido al aumento del combustible y el congelamiento del arancel que perciben del Estado”.

Sobre esa misma línea, los peronistas aseveraron que “la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual en nuestro país tiene rango constitucional, establece en su Art. 25 que los Estados deben proporcionar a las personas con discapacidad programas de atención a la salud gratuitos o a precios razonables y que estos se desarrollen cerca, físicamente, de los hogares de las personas con discapacidad”.

“En este sentido Incluir Salud se presenta como un programa federal el cual desarrolló una red de Unidades de Gestión Provinciales para que cada persona en su ciudad pueda solicitar la presentación que necesite. Avanzar con el vaciamiento de un programa con estas características es básicamente ir en contra de lo que establece la Convención”, sentenciaron.

Durante la jornada con invitados de la sociedad civil en el marco del debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, Jorge Yabkowski, de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), cuestionó el proyecto del Ejecutivo y -con un discurso político- reclamó por el presupuesto destinado a la salud pública. 

“¿Volveremos en salud mental al chaleco de fuerza, a los manicomios, a la internación compulsiva, al glorioso 1880 como hoy nos plantea el presidente?”, se preguntó para criticar la reforma a la Ley de Salud Mental planteada en la iniciativa. 

Para el expositor, “no hay salud pública sin república, y el DNU y la ley ómnibus son al entender de nuestro colectivo un corpus indivisible y reaccionario, profundamente subversivo del conjunto de valores que cimentaron 40 años de democracia”. 

“La liquidación del derecho de huelga y de protesta social, su criminalización, conforman una reforma constitucional de hecho, que instala en Argentina una autocracia policial, con el objetivo de terminar la tarea de la dictadura genocida”, lanzó. 

Tras pedirle a los legisladores “el rechazo liso, llano e indivisible del DNU y la ley ómnibus”, ratificó que “estaremos en la calle el 24 de enero para hacerlo sentir a toda la sociedad”. 

“El aumento de las prepagas causó un desbarajuste”, dijo, pero apuntó que “sólo 5 de los 46 millones de argentinos están cubiertos por prepagas”. “En 2019 este ‘insuficiente’ sistema produjo 150 millones de consultas, ni hablemos de la pandemia, cuando estuvimos a la cabeza”, destacó y se quejó: “¿Qué dice (el proyecto) de reforzar la contención de la red pública frente al aumento de la miseria, la desocupación y la pobreza? Nada”. 

Yabkowski detalló que el 20% de la financiación de la salud pública está a cargo de Nación, el 65% de los Estados provinciales  y el 15% de los municipios, pero “con el presupuesto congelado a merced de los giros discrecionales de la Jefatura de Gabinete, como vivimos en otros momentos, ¿cuál será el destino de los sistemas de salud pública? ¿Cuál será la suerte del medio millón de trabajadores de la salud pública mal pagos y precarizados?”. 

Finalmente, anticipó que si se ratifica el DNU 70/23 y se aprueba la ley, “sepan todos que la resistencia social para nuestras conquistas, los derechos a la salud, al trabajo, a una vida democrática estarán garantizados por nuestra movilización en las calles”. 

 

En el marco del VII Seminario Internacional de Ética en el Gerenciamiento de Salud que se realiza a partir de este lunes en Ciudad del Vaticano, el senador nacional Pablo Yedlin (FNyP-FdT) sostuvo que “en este momento de cambio de paradigmas en el Estado argentino, seguimos sosteniendo que la salud pública es un derecho en nuestro país”.

El presidente de la Comisión de Salud del Senado fue invitado por segundo año consecutivo a participar en estas jornadas de reflexión organizadas por Consenso Salud en la Santa Sede, donde expondrá el miércoles 29 en la mesa “Desafíos para la sustentabilidad del sistema de salud argentino”, junto al senador nacional Mario Fiad (UCR-JxC); la secretaria para Igualdad de Género de CABA, Carmen Polledo; y la diputada nacional Paula Oliveto (CC-ARI).

También expondrán especialistas internacionales quienes, además, tendrán una audiencia con el papa Francisco. Yedlin se refirió a la invitación y expresó: “Me siento honrado de haber sido invitado otra vez a este evento".

Tal y cómo lo adelantó parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma se reúne desde las 10.08 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria, en la que se buscará poner en debate una serie de proyectos relacionados a la salud, la circulación del distrito capitalino y una declaración de repudio por los ataques terroristas en Israel.

Entre los asuntos, se considerará la normativa sobre circulación de los vehículos denominados bi-trenes (camiones con dos semis remolques), incorporando estos equipos de traslado de cargas al Código de Tránsito y Transporte. Por otro lado, en esa materia, se tratará otro proyecto que busca eximir a los mayores de 65 años de edad del pago de aranceles por verificación y grabado de autopartes (motor, chasis, carrocería vidrios y ruedas).

En el ámbito de la salud, se votarán tres proyectos importantes: la adhesión a la ley nacional 27.716, de diagnóstico humanizado, que dispone protocolos de contención y acompañamiento para los familiares de neonatos o personas por nacer con síndrome de Down; normas para promover la donación de médula ósea, e institucionalización del Día del niño prematuro.

Por otra parte, se impulsará tratar sobre tablas una iniciativa del Ejecutivo para la venta de una quincena de inmuebles en desuso, a fin de destinar el producido a cubrir necesidades de hospitales del Estado de la Ciudad.

En cuanto a declaraciones, una propuesta de Vamos Juntos tratará de que la Legislatura repudie los ataques de la organización terrorista Hamas en territorio del Estado de Israel.

También se proyecta la adhesión a la ley nacional 27.671, que obliga a todo funcionario o agente de dependencias públicas a capacitarse respecto de los reclamos de soberanía argentina sobre las islas Malvinas y otras del Atlántico Sur.

Después de varias semanas sin actividad en el recinto, la Legislatura de la Ciudad Autónoma realizará este jueves a partir de las 9 una nueva sesión ordinaria, en la que se buscará poner en debate una serie de proyectos relacionados a la salud, la circulación del distrito capitalino y una declaración de repudio por los ataques terroristas en Israel.

Entre los asuntos, se considerará la normativa sobre circulación de los vehículos denominados bi-trenes (camiones con dos semis remolques), incorporando estos equipos de traslado de cargas al Código de Tránsito y Transporte. Por otro lado, en esa materia, se tratará otro proyecto que busca eximir a los mayores de 65 años de edad del pago de aranceles por verificación y grabado de autopartes (motor, chasis, carrocería vidrios y ruedas).

En el ámbito de la salud, se votarán tres proyectos importantes: la adhesión a la ley nacional 27.716, de diagnóstico humanizado, que dispone protocolos de contención y acompañamiento para los familiares de neonatos o personas por nacer con síndrome de Down; normas para promover la donación de médula ósea, e institucionalización del Día del niño prematuro.

Por otra parte, se impulsará tratar sobre tablas una iniciativa del Ejecutivo para la venta de una quincena de inmuebles en desuso, a fin de destinar el producido a cubrir necesidades de hospitales del Estado de la Ciudad.

En cuanto a declaraciones, una propuesta de Vamos Juntos tratará de que la Legislatura repudie los ataques de la organización terrorista Hamas en territorio del Estado de Israel.

También se proyecta la adhesión a la ley nacional 27.671, que obliga a todo funcionario o agente de dependencias públicas a capacitarse respecto de los reclamos de soberanía argentina sobre las islas Malvinas y otras del Atlántico Sur.

Cada 19 de octubre y durante todo el mes se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a fin de aumentar la concientización sobre la detección temprana, tratamiento y cuidados paliativos del cáncer de mama.

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA 🌸

Hoy resaltamos la importancia de la salud pública y la investigación para tener la posibilidad de acceder a un tratamiento efectivo.

🩷 El diagnóstico temprano salva vidas, que el autoexamen se convierta en rutina. pic.twitter.com/dB9xZstR3x

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) October 19, 2023

En ese sentido, legisladoras dejaron un mensaje en sus redes para reforzar la concientización para la realización de los chequeos y controles médicos para prevenir el cáncer. La primera de ellas fue la diputada radical Carla Carrizo quien indicó que “en Argentina mueren alrededor de 6100 mujeres al año y se detectan unos 22000 casos. Representa el 32% de todos los tipos de cáncer en mujeres argentinas y se estima que 1 de cada 8 mujeres será diagnosticada en algún momento de su vida”.

“El 90% de los casos que son detectados a tiempo se pueden curar; por eso no olvides realizarte siempre el auto examen y la mamografía 1 o 2 veces al año. La prevención es el paso más importante”, aconsejó.

Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. En Argentina mueren alrededor de 6100 mujeres al año y se detectan unos 22000 casos. Representa el 32% de todos los tipos de cáncer en mujeres argentinas y se estima que 1 de cada 8 mujeres será diagnosticada en algún momento de… pic.twitter.com/kzhuox1P9h

— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) October 19, 2023

En el mismo sentido la vicejefa del bloque radical en Diputados, Karina Banfi, recordó que “siempre la detección temprana salva vidas” y pidió en este octubre rosa “te hagas los chequeos y el auto test y vayan al médico para hacerse una mamografía según lo que te diga el doctor”.

En tanto la senadora nacional por Corrientes Gabriela Valenzuela (UCR) informó que presentó un proyecto de ley “Geo rosa” para intensificar la Campaña de prevención y garantizar un acceso equitativo para la detección del cáncer de mama, brindándote la información de dónde están ubicados los mamógrafos de salud pública.

“Hoy es el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Crear conciencia es una tarea esencial y en la que todos podemos contribuir. La prevención y el diagnóstico temprano son instancias claves para reducir riesgos y evitar tratamientos difíciles. La salud, siempre, es lo primero”, escribió la senadora provincial Claudia Najul.

Tocate para que no te toque.
Un autotest hecho a tiempo puede salvar tu vida.#18Octubre #CancerMama pic.twitter.com/7STJ7juRnJ

— Dina Rezinovsky (@dinarezi) October 19, 2023

¿Ya sacaste turno para hacerte los chequeos?

No te postergues más: hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. La detección temprana es clave.

Comparto mi proyecto #IniciativaFanny (impulsado por @grandiosaposta ) para que tu salud sea prioridad y los turnos… pic.twitter.com/aR72zRmDGJ

— Graciela Ocaña (@gracielaocana) October 19, 2023

En un Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA repleto de asistentes, el senador nacional Pablo Yedlin junto al ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, presentaron el plan de salud de Unión por la Patria.

El evento contó con la presencia de la actual ministra de Salud, Carla Vizzotti; el gobernador tucumano, Juan Manzur; el dirigente de la CGT y referente del gremio Sanidad, Héctor Daer; ministros de Salud provinciales y legisladores nacionales, entre otros.

En el arranque, el senador aseguró que junto al equipo que conformó están "trabajando en la salud para los próximos cuatro años de la Argentina". "El sistema de salud argentino tiene muchos problemas y muchas fortalezas, y para resolver los problemas vamos a necesitar enorme cantidad de consenso, diálogo y dejar atrás la grieta", sostuvo.

En esa línea, destacó: "Por eso no tengo dudas que el mejor candidato a presidente lo tenemos acá, porque es el que tiene esa mirada". Además de que Unión por la Patria es "el único espacio que dice que vamos a tener un Ministerio de Salud para todos los argentinos y argentinas".

Dentro de los proyectos que se evalúan, Yedlin habló de "un nuevo COFESA" porque "el actual es insuficiente". Este nuevo espacio "no sólo va a estar integrado por los ministros, que muy bien representan al sector público", sino también por "decanos, sector privado y la seguridad social", quienes serán "parte del nuevo Consejo Federal de Salud, con carácter vinculante al estilo del Consejo Federal de Educación", explicó. "Vamos a trabajar en conjunto para conseguir los acuerdos y conseguir una Argentina más sana y equitativa", agregó.

A continuación, el legislador, de profesión médico pediatra, señaló que "el recurso humano en salud está en crisis en todo el mundo, en su formación, calidad, distribución, en lo que le pagamos". Al respecto, buscarán crear "un programa nacional a 10 años de recursos humanos en salud que nos garantice que tendremos la cantidad y calidad de recursos humanos en cada una de las especialidades que necesitamos".

Para el exministro de Salud tucumano hay que ir a "una reducción del tiempo de grado para la carrera de médicos, que entendemos debe ser más corta, porque estamos en una situación de emergencia". También con "una residencia y posgrado obligatorio" mediante "una nueva ley de residentes, que garantice derechos laborales y buen pago".

"Seguiremos trabajando en las leyes que protegen a la enfermería, una profesión que debe ser respetada", resaltó y anunció: "Vamos a trabajar en generar una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología Médica por ley, independiente".

Otra de las propuestas tendrá que ver con "trabajar en una agencia u organismo de control de precios de medicamentos. La Argentina es el único país de Latinoamérica que no tiene regulados los precios de los medicamentos. No queremos pelearnos con la industria, pero queremos sentarnos a discutir cómo son y cómo se ponen los precios en los medicamentos", manifestó el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara alta.

Además de apuntar a "bajar el costo de los medicamentos y mantener los programas para remedios esenciales", apuntó: "Los medicamentos de muy alto precio, ¿qué vamos a hacer? Hay que generar un sistema nacional con un fondo para enfermedades que requieran este tipo de medicamento".

El senador subrayó que el sistema tiene "mucho trabajo informal, valores salariales que no alcanzan y una medicina que se ha hecho cada vez más cara", por eso "la Argentina tiene que hacer sustentable a la seguridad social", que si gana UP seguirá "en manos de los trabajadores y sus gremios", pero "tenemos que animarnos a poner recursos no contributivos en el sistema cuando el sistema lo necesite", dijo.

Finalmente, habló de "incorporar una Superintendencia con fuerza y capacidad técnica a las obras sociales provinciales, las obras sociales no sindicales y el PAMI" y "trabajar en la integración público-privada".

Luego tomó la palabra Massa, quien aseguró que su espacio plantea "a la salud pública como una política de Estado, como parte del acuerdo de unidad nacional que Argentina necesita para garantizar pisos mínimos de derechos".

Los candidatos de la oposición, "proponen un país en el que no tiene tarjeta de crédito y no puede pagar no tiene salud; que el que no tiene prepaga, no tiene salud", advirtió y diferenció: "Nosotros sabemos que la vida no tiene precio y por eso creemos que invertir en salud, invertir en un buen sistema, invertir en personal médico y no médico, invertir en infraestructura de salud es vital para cuidar la salud de los argentinos".

Al responder las críticas hacia el plan de vacunación obligatorio, con calificaciones sobre que "es gasto, es propaganda", el ministro de Economía expresó: "Le quiero contar a cada mamá de la Argentina que hoy tener todas las vacunas le costaría 1.300.000 al año".

Massa volvió a cargar contra sus contrincantes que "plantean salir de un modelo de protección para ir al individualismo del 'salvase quién pueda'. Y nosotros creemos en la solidaridad como valor, en el Estado y en su rol regulador, equilibrador de las relaciones sociales y generador además de instrumentos de políticas públicas".

"Lo púbico para defenderlo lo tenemos que hacer tan eficiente como lo privado, para terminar con la contradicción entre lo público y lo privado. Y lo tenemos que cuidar más que lo privado, porque lo público es de todos, no de algunos", enfatizó.

"No voy a parar hasta verlos presos"

En el final de su mensaje, Massa se refirió a la corrida cambiaria e insistió con su "objetivo" de "meter presos" a quienes hayan especulado. Tras defender las medidas tomadas en las últimas semanas, aseveró que "cuando vieron que abrazamos a la gente para ir a compensar el esfuerzo que representaba el impacto inflacionario por la devaluación, empezaron a agitar el mercado de cambios".

"Dije que prefiero perder la elección, pero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos. Ayer ya hubo seis detenidos y prepárense para ver al desnudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de los argentinos. Anoche hubo allanamientos con resultados muy positivos. Desde mañana van a empezar a ver las peores miserias de argentinos que especulaban contra el ahorro de los argentinos. No voy a parar hasta verlos presos, voy a defender el ahorro de la gente, voy a defender el sistema de salud, voy a defender la educación pública y gratuita", concluyó.

El candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, y el senador nacional Pablo Yedlin, serán oradores este jueves en la presentación de la propuesta electoral “Salud por la Patria”, luego de ser presentados por el decano de la Facultad de Medicina de la UBA, Ignacio Brusco ante un auditorio de invitados especiales. 

La jornada, que se desarrollará este jueves a las 10.30 en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, contará con la asistencia de referentes del sector público y privado, de la seguridad social, representantes de organismos vinculados a la salud, de la industria, funcionarios nacionales y provinciales.

Este viernes por la mañana se llevó a cabo en el Senado de la Nación una jornada académica sobre "Los desafíos de los sistemas de salud de las américas” la cual estuvo organizada por el senador tucumano Pablo Yedlin (Frente de Todos) en su carácter de presidente de la Comisión de Salud y de la Asociación Latinoamericana de los Sistemas Privados de Salud (ALAMI).

El encuentro tuvo lugar en el Salón Arturo Illia y contó con l participación de destacadas personalidades especializadas en cuestiones sanitarias quienes abordaron la situación actual, los desafíos reinantes y las innovaciones en materia de salud en Argentina y en todo el continente americano. Entre los asistentes estuvieron los ex ministros de Salud de la Nación Alberto Mazza y Héctor Lombardo.

El presidente de ALAMI, Cristian Mazza, fue el primer orador del cónclave y contó que la entidad que conduce tiene como fin "respaldar e impulsar las mejores prácticas en el servicio de salud". Así, detalló que "la salud no puede existir sin un financiamiento adecuado", y que "se la debe abordar desde una perspectiva integral y garantizar que todos tengan igualdad de oportunidades para una vida saludable".

La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Sandra Tirado, resaltó las leyes sancionadas durante la actual gestión en temas de salud y como ejemplo mencionó las "de los mil días, la de Oncopediatría, la de las vacunas que se reglamentó, la de VIH que se actualizó, la de enfermería, la de etiquetado frontal y la de prevención de resistencia antimicrobiana".

"El ministerio de Salud de la Nación tiene que seguir existiendo y tenemos que continuar con las políticas exitosas y mejorar las que hay que mejorar", concluyó la funcionaria nacional.

Luego el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, remarcó que "Argentina es un país que tiene un enorme talento humano, que es reconocido" pero lamentó el hecho de que "se está perdiendo el concepto de lo nuestro por el propio".

"Los desafíos son enormes y lo primero que aparece en los desafíos es una controversia. Hay que transformar esa controversia en un consenso, acá se transforma la controversia en conflicto. Me encantaría que pasemos a una búsqueda de instituciones que nos permita conseguir consensos. Si ponemos un poco de todos, no tengo duda que el próximo gobierno, sea del color que sea, va a tener que acompañar un sistema de transformación profunda que el sistema de salud argentino se merece", redondeó Quirós.

A continuación, el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el brasileño Jarbas Barbosa Da Silva Jr, puntualizó que "se deben garantizar las condiciones para el acceso universal a la salud" y enfatizó que "el sector público y los gobiernos no pueden hacerlo todo".

Tras consignar que "un 40% del gasto en salud en América Latina se financia con fuentes privadas de recursos", el directivo de la OPS añadió que "vemos un sinfín de oportunidades entre el sector público y el sector privado en la salud", y finalizó: “Queremos salud para todos y en todas las partes".

Posteriormente se abordó el tema de "la innovación en política de salud" en la que participaron los senadores Pablo Yedlin y Mario Fiad (JxC – Jujuy), la diputada nacional Paula Oliveto (JCC-ARI) y la secretaria para la Igualdad de Género y Asuntos Institucionales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Carmen Polledo.

Yedlin centró su alocución en "la inteligencia artificial", mientras que su par Fiad se refirió al trabajo que se está realizando en ambas cámaras legislativa respecto a la "ley de la Agencia de Evaluación de Tecnologías en Salud". En tanto, Oliveto aludió a "los dilemas" que tienen los legisladores a la hora de tratar una ley y Polledo puso énfasis en hablar de la pandemia de COVID-19.

"Hay consenso en que las pandemias surgirán en el futuro con más frecuencia y se propagarán más rápidamente pudiendo causar más muertes que las producidas por el Covid 19", alertó Polledo.

Seguidamente el titular de la Administrador Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Manuel Limeres, y la subadministradora de ese mismo organismo, Valeria Garay, hablaron de "los fundamentos, evolución y desarrollo de las agencias regulatorias".

En el marco del Día Mundial del Corazón, la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC), la sociedad científica que agrupa a las sociedades de cardiología de las Américas, dio a conocer una serie de recomendaciones para prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares (ECV), que matan cada año a 20,5 millones de personas en todo el mundo.

Las ECV son la principal causa de muerte en el mundo y la mayor parte de las muertes a causa de las mismas se producen en países subdesarrollados. “Desde las sociedades científicas tenemos la intención y la obligación de reducir estas cifras al máximo. Hay esperanza, ya que el 80% de las muertes prematuras debidas a las ECV se pueden prevenir. Si realizamos pequeños cambios en nuestro estilo de vida, como en nuestra alimentación, consumo de bebidas, actividad física y manejo del estrés, podremos mejorar el control de nuestra salud cardíaca y superar las enfermedades cardiovasculares”, informaron desde la SIAC.

De esta manera, para prevenir la aparición de estas enfermedades, desde el organismo aseveraron que la alimentación juega un rol clave: recomendaron el consumo de agua, cinco porciones diarias de frutas y verduras y limitar el consumo de alimentos ultraprocesados (que suelen contener mucho sodio, azúcar y grasa). También detallaron que es conveniente realizar 30 minutos de actividad física moderada 5 días a la semana como mínimo o, al menos, 75 minutos de actividad física intensa repartidos durante la semana.

Asimismo, alertaron acerca de la importancia de dejar de fumar, ya que a los dos años de dejar ese habito se reduce sustancialmente el riesgo de padecer una enfermedad coronaria y a los 15 años vuelve a ser como el de una persona no fumadora.

Para obtener mayor información sobre estos y otros aspectos relacionados a la salud del corazón, puede seguir a la SIAC en sus redes sociales: @SIAC.cardio en Facebook, @siac.cardio en Instagram y @SIAC_cadio en Twitter.

Usa-tu-corazon-_compressed

La Cámara alta aprobó en la madrugada del viernes y sin oradores, con 54 votos a favor 1 en contra -de la cordobesa del Pro Carmen Álvarez Rivero- un proyecto que busca crear el Programa Pubertad Precoz, para garantizar el acceso a la detección, diagnóstico y tratamiento integral para el abordaje de la pubertad precoz central (PPC) en niñas y niños.  

El proyecto tenía media sanción de Diputados desde el pasado 19 de abril.  La pubertad precoz es una condición que lleva a los niños y niñas a adquirir en forma temprana caracteres sexuales secundarios. Esta problemática no se reduce sólo a cambios físicos, también conduce a otros emocionales y psicológicos.   

Este proyecto, que fue impulsado por los diputados Rubén Manzi y Carla Carrizo, tiene como funciones entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad en sus aspectos médicos y sociales.  

También promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la PPC, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico.  

Prevé realizar estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.  

La Cámara de Senadores dio media sanción en la madrugada del viernes al proyecto que propone establecer por ley el Programa Nacional Remediar que buscar garantizar el derecho al acceso y a la cobertura gratuita de medicamentos esenciales y productos sanitarios de uso ambulatorio a través de la distribución directa en el primer nivel de atención de la salud.

La iniciativa, cuya autoría es de la puntana Eugenia Catalfamo (UF) y del tucumano Pablo Yedlin (FdT), fue aprobado con 54 votos afirmativos y 1 negativo (Carmen Álvarez Rivero -Pro) y giró a la Cámara baja.

El Programa Nacional Remediar cumplió 20 años de proveer botiquines con medicamentos esenciales (gratuitamente) a más de 8.100 centros de salud distribuidos en todo el país que dan respuesta al 80% de las consultas del Primer Nivel de Atención. De este modo, el Estado le garantiza la cobertura de medicamentos a 16 millones de personas que dependen exclusivamente del sistema público de salud.

Los objetivos del Programa son asegurar la accesibilidad y cobertura de los medicamentos esenciales y productos sanitarios por parte de la población con cobertura pública exclusiva.  También fortalecer el modelo de atención primaria de la salud y promover políticas de salud con gestión participativa.

Además, fomenta el uso racional de medicamentos; desarrollar estrategias para promover la prescripción de medicamentos por su nombre genérico; consolidar un sistema centralizado de abastecimiento, almacenamiento y distribución federal de medicamentos esenciales y productos sanitarios para las instituciones del primer nivel de atención de la red de salud pública; e impulsar la producción nacional de medicamentos y productos sanitarios.

Para acceder a los beneficios, plantea como requisitos hacer una consulta en alguna de las instituciones del primer nivel de atención de la salud habilitadas por el Programa; presentar la prescripción del o los medicamentos esenciales; retirar el medicamento y/o producto sanitario de manera gratuita e inmediata en las instituciones.

La senadora nacional Silvia Giacoppo (UCR - Jujuy) presentó un proyecto en el Senado de la Nación que busca resguardar el derecho de los pacientes de instituciones de Salud (empresas de medicina prepaga, obras sociales, o mutuales) a la continuidad de tratamientos en curso de ejecución.

El texto plantea que en el supuesto de modificación de la cartilla de prestadores los usuarios tienen derecho a elegir continuar con el tratamiento y profesionales que le brindan el servicio y las prácticas en curso de ejecución por todo el tiempo de su duración.

Entre los fundamentos, Giacoppo destacó que “es habitual que los distintos agentes del sistema de salud -ya sean empresas de medicina prepaga, obras sociales, o mutuales- modifiquen los prestadores de su cartilla, lo cual obliga a sus afiliados a cambiar del profesional de la salud y/o instituciones que lo atendía hasta entonces”.

“Esta situación en el caso de las personas con enfermedades crónicas o que deben realizar un tratamiento determinado genera un grave perjuicio, ya que deben abandonar al médico o institución tratante y comenzar con nuevos profesionales, lo cual afecta su salud”, explicó y sumó: “Es por lo que, ante esa situación, el usuario del sistema de salud recurre a la justicia para solicitar obtener el derecho a continuar con el tratamiento con los mismos profesionales lo cual deviene en una verdadera acumulación de causas análogas en los tribunales en las que, en la mayoría de los casos, se resuelve a favor del usuario”.

Además, planteó que “la justicia entiende que la modificación de la cartilla de prestadores no podrá afectar la continuidad del tratamiento de las prácticas en curso de ejecución y que los beneficiarios tienen derecho a elegir continuar con los tratamientos en curso de ejecución con el prestador que estaba brindando ese servicio”.

“No podemos olvidar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana, que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 302:1284, 310:112), y a partir de ello y de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la C.N)”, argumentó.

En tanto, señaló que “nuestro máximo tribunal de justicia ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud comprendido dentro del derecho a la vida y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684 y 323:1339)”.

Para la senadora radical resulta “imprescindible, a fin de garantizar este derecho, legislarlo para evitarle a los usuarios el costo y tiempo que lleva un proceso judicial”.

La legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores – Unidad (FIT-U), Vanesa Gagliardi, presentó en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley para que todo el personal de salud de la Ciudad reciba comidas y refrigerios de calidad y acorde a su horario laboral y sus tareas.

La iniciativa también fue impulsada por la presidenta de la Asociación de Licenciados en Enfermería, Andrea Ramírez, y estipula los valores nutricionales necesarios para comidas, colaciones y raciones especiales para los trabajadores celíacos, diabéticos, hipertensos y veganos.

En ese sentido, Gagliardi precisó: “recorrimos los hospitales y CeSACs y encontramos varios casos de Centros de Salud a los que nos les llegan las colaciones u hospitales en donde los propios trabajadores tienen que perder tiempo cruzando todo el hospital para ir a buscar lo poco y malo que les dan”

 “Esto demuestra que la única preocupación de Larreta y el ministro Fernán Quirós es garantizarle el negocio a las tercerizadas, a las que no se les controlan la cantidad y mucho menos de la calidad de la comida que les entregan a los trabajadores”, señaló.

Mientras que Ramirez opinó que “el maltrato del Gobierno de la Ciudad es total. A parte de no garantizar salarios dignos ni presupuesto para personal, discriminarnos a las y los Licenciados en Enfermería como profesionales, nos encontramos día a día con esta problemática, con sectores sin almuerzo o cena y otros recibiendo una bolsita con un saquito de té o mate cocido, rodajas de pan gomoso y a veces leche en polvo que la entregan en una bolsa transparente sin ningún tipo de rótulo”.

“Es un escándalo trabajar en estas condiciones, sin comidas y con falta de personal, se vuelve insostenible”, cerró.

La diputada nacional Soher El Sukaria (Pro) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para brinde detalles respecto de los reclamos médicos por falta de suministros, materiales descartables, placas radiográficas y medicamentos.

En la iniciativa preguntan sobre el proceso de importación de los suministros hospitalarios de los que no existe oferta local; cuál es el plazo que Com 7770 y 7771 BCRA estipula para el pago de los SIRA; las razones en la demora la liberación de los insumos de primera necesidad en materia de atención médica.

También, piden saber qué sucede con la importación de medicamentos; qué ocurre con la importación de materiales descartables y placas radiológicas; cuál es la estimación en tiempo para la liberación de insumos irremplazables para el normal funcionamiento de las instituciones médicas.

Entre los fundamentos, Soher explicó que “la actual Com 7770 y 7771 BCRA limitan en el tiempo el pago de las SIRAs en estado de “salida” en plazos de 90 días. Este plazo, conlleva una consecuencia muy difícil de sobrellevar, dado que los proveedores extranjeros no comprenden para financiar en dichos plazos”.

Además, planteó que la CAEHFA (Cámara de Equipamiento Hospitalario de Fabricación Argentina) realiza permanentemente gestiones con diferentes entes gubernamentales (Subsec. Comercio, BCRA, Min. Salud, etc.) con el fin de solucionar los problemas relacionados para acceder a insumos y partes importadas (de las cuales no existe oferta local) necesarias en la producción de tecnología vinculada a la salud, advierte ante una inminente falta de insumos para producir tecnología que brinde atención primaria de la salud a nuestra población.

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Siguiendo su recorrida por la zona norte de la provincia de Santa Cruz, la diputada nacional y candidata a gobernadora Roxana Reyes (UCR), ha presentado un plan para fortalecer el sistema sanitario y atraer de vuelta a los profesionales especialistas que han abandonado la región, ya que “el estado precario del sistema de salud es uno de los aspectos más urgentes para los ciudadanos de la provincia”.

"La salud es un pilar fundamental para el bienestar de todos los santacruceños. Nuestra provincia ha enfrentado desafíos significativos en el sistema de salud, y es hora de tomar acciones concretas para mejorar esta situación. Reconocemos la valiosa labor del personal de salud, cuya vocación y entrega incansable han mantenido a flote nuestro sistema. Pero no podemos ignorar que muchos profesionales especialistas han tenido que marcharse buscando mejores condiciones laborales y oportunidades para sus familias", señaló la radical.

En busca de revertir esta problemática, la candidata a gobernadora se ha comprometido a garantizar un salario digno para los profesionales de la salud, reconociendo así su valiosa labor y brindándoles el reconocimiento económico que merecen. Además, Reyes ha destacado la importancia de ofrecer posibilidades habitacionales para aquellos médicos y especialistas que deseen regresar o establecerse en la provincia, asegurando que cuenten con un ambiente propicio para desarrollar su trabajo y formar una vida estable junto a sus familias.

"Para que nuestros profesionales especialistas vuelvan y aporten su conocimiento y experiencia, es esencial que se sientan respaldados y valorados en su labor. Vamos a trabajar para crear un sistema de salud sólido, federal, donde cada profesional tenga las condiciones necesarias para brindar sus servicios en óptimas condiciones, con más infraestructura y tecnología", afirmó la santacruceña.

El plan de la candidata también incluye un enfoque en la capacitación continua del personal de salud, sumando residencias y hospitales escuela con el objetivo de mantenerlos actualizados en los avances médicos y tecnológicos. Asimismo, se ha comprometido a garantizar una educación de calidad para los hijos de los profesionales de la salud, asegurando así un futuro próspero para las próximas generaciones.

"Nuestro objetivo es lograr un sistema de salud fuerte y sostenible, donde cada ciudadano tenga acceso a una atención médica de calidad sin tener que trasladarse de sus localidades. Queremos que Santa Cruz sea un lugar atractivo para los profesionales de la salud, donde puedan ejercer su vocación en un ambiente propicio y con oportunidades de desarrollo tanto para ellos como para sus familias", enfatizó la candidata.

El plan de Reyes para fortalecer el sistema de salud “genera expectativas positivas entre la población, quienes ven en esta propuesta una oportunidad para mejorar la calidad de vida de todos los santacruceños y asegurar un futuro más saludable para la provincia”.

La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) presentó un proyecto de resolución citando con “urgencia” al Secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini, para que se presente ante la Comisión de Acción Social y Salud Pública de Diputados y explique los motivos en las demoras en la aprobación de Certificados SIRA (Sistema de Importación de la República Argentina) para el ingreso al país de productos, repuestos y materias primas importadas para proveer al sistema de salud.

Según fundamentó Ocaña, dicha situación “ha sido denunciada recientemente por las Cámaras que agrupan a empresas del Sector de Productos Médicos”, y es por eso que pide que el funcionario “esclarezca la preocupante situación de desabastecimiento que está sufriendo el Sistema Sanitario y que pone en riesgo la salud de los argentinos al suspenderse tratamientos esenciales”.

El proyecto es acompañado por los diputados Antola, Marcela; Ascarate, Lidia Inés; Banfi, Karina; Carrizo, Ana Carla; Carrizo, Soledad; Figueroa Casas, Germana; Lena, Gabriela; Lospennato, Silvia Gabriela; Martínez, Dolores; Musacchio, Juan Martín; Poggi, Claudio Javier; Rezinovsky, Dina; Tortoriello, Aníbal.

“A raíz de una comunicación emitida por el Banco Central de la República Argentina en el mes de mayo, junto a la implementación técnica de los plazos de acceso al MULC (Mercado Único y Libre de Cambios), establecidos por la Secretaria de Comercio, los nuevos plazos impuestos en muchos casos difieren de la fecha de giro acordada con los proveedores del exterior, los cuales van desde los 180 a 365 días, impidiendo el normal abastecimiento del Sistema Sanitario”, argumentó Ocaña.

En ese sentido, alertó que “la situación de desabastecimiento afecta la realización de análisis clínicos y hasta puede llegar a obligar a suspender trasplantes y cirugías, lo cual pone en riesgo la salud de miles de argentinas y argentinos”.

“Sin contar con los insumos adecuados, no es posible un tratamiento eficaz. Si continúan las demoras en las importaciones de los insumos antes mencionados, la salud pública profundizará la crisis que ya viene sufriendo producto de las políticas desarrolladas por el Gobierno de Alberto Fernández”, apuntó.

En esa línea, detalló que “el 70 % de las decisiones médicas se toman a partir de diagnósticos, pruebas y testeos de diferente índole”.

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El senador nacional y titular de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin (FNyP – Tucumán), expuso en el marco de la Cena Anual de la Fundación Consenso Salud realizada en el Palais Rouge en donde avizoró que “la Argentina de la grieta se acaba y se viene un país de consensos”, al tiempo que remarcó la necesidad de mejorar la “gobernanza” en el sistema de salud y una ley para residentes médicos.

“El 2024 nos plantea el desafío de integrar el sistema de salud argentino. Mejorar la gobernanza del sistema de salud, que se muestra altamente fragmentado y segmentado, es la gran tarea pendiente. La Argentina de la grieta se acaba y se viene un país de consensos”, sostuvo Yedlin.

Además, el senador oficialista enfatizó en que “necesitamos una Argentina sin grietas y que trabajemos en un país que tienda puentes, que entienda sus prioridades, con dirigentes abocados a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos”.

En su discurso, Yedlin señaló que el sistema de salud tiene tres funciones: mejorar la salud de la población, con buenos indicadores sanitarios, que la gente no empobrezca por enfermar y que los ciudadanos se sientan satisfechos con el sistema de salud.

En esta línea, elogió el trabajo hecho durante la pandemia para cuidar a los ciudadanos y los indicadores que muestran las bajas tasas de mortalidad infantil en relación a otros países de la región, así como las altas tasas de cobertura en diferentes programas del sistema a los que la población accede gratuitamente.

A su vez, reivindicó la Ley de Enfermería que promovió en el Congreso de la Nación y pidió por una norma para residentes médicos. “Necesitamos también que el sistema de salud entienda su recurso humano como un valor importante, con mejores salarios y más capacitación “, remarcó el senador.

Por último, Yedlin compartió propuestas para superar “este sistema tan fraccionado y fragmentado. Nos tenemos que unir no por el pánico de la pandemia sino por decisión propia”.

Además del senador tucumano, expusieron en la apertura del encuentro Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud (UAS); la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; y el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. También participaron el Superintendente de Servicios de Salud, Dr. Daniel López, el titular del INCUCAI, Dr. Carlos Soratti, los ministros de salud de Rio Negro, Fabián Zgaib; de Neuquén, Andrea Peve; de Formosa, Aníbal Gómez; y de Misiones, Oscar Alarcón. Y los legisladores nacionales Mario Fiad y Paula Olivetto. Asimismo, se hicieron presentes importantes referentes de la medicina privada, de la seguridad social, empresarios, académicos y reconocidos profesionales.

Luego de haber renunciado a su cargo como legislador provincial, el senador nacional y principal postulante a diputado nacional por el oficialismo, Pablo Yedlin, se reunió con el precandidato a presidente de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, y contó a través de sus redes que le pidió que “forme parte de su equipo de trabajo en el área de salud”.

El hombre de confianza del gobernador Juan Manzur recordó que tiene "el honor de encabezar la lista a Unión por la Patria", por lo que estará junto al actual ministro de Economía de la Nación en las boletas en Tucumán.

Hoy me reuní con @SergioMassa nuestro ministro de economía y candidato a presidente.

Tengo el honor de encabezar la lista a Diputados de @unionpatriatuc acompañándolo en Tucumán.

Me pidió que forme parte de su equipo de trabajo en el área de salud. pic.twitter.com/GlUYq1S41G

— Pablo Yedlin (@pyedlin) July 5, 2023

En una entrevista reciente con "Panorama Tucumano”, Yedlin había destacado la postulación de Massa de cara a las PASO del 13 de agosto. "Creemos que el candidato que tenemos como presidente es la persona más calificada para ocupar el cargo en la Argentina hoy en día. Se ha preparado durante mucho tiempo para esto. Es una persona muy capacitada", había dicho el postulante a diputado nacional.

El resto de la nómina del peronismo en esta provincia estará compuesto por la jaldista Gladys Medina -quien acaba de ser proclamada electa legisladora-; por el referente bancario y actual diputado nacional Carlos Cisneros; por la intendenta de Aguilares, Elia Fernández de Mansilla; y por el titular de ATSA y legislador provincial saliente, Reneé Ramírez. Mariano Fernández quedó al frente para el Parlasur.

La Cámara de Diputados le dio media sanción este miércoles al proyecto de ley para la regulación del Ejercicio Profesional del Acompañamiento Terapéutico para que los trabajadores sean considerados profesionales autónomos.

El proyecto obtuvo 197 votos afirmativos, 3 negativos de los liberales Javier Milei, Victoria Villarruel y la monobloquista Carolina Píparo. Fue consensuado a partir de propuestas de Soledad Carrizo (UCR), de Virginia Cornejo (Pro) y Daniel Gollan (FdT) y tuvo dos modificaciones en su artículo 3 y 23.

La ley tiene por objeto establecer el marco general del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico, sin perjuicio de las normas dictadas por las jurisdicciones locales, ya que en 13 provincias hay legislación al respecto.

El ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico comprende a quienes con matrícula habilitante intervienen a través de un abordaje biopsicosocial integral, en el marco de un equipo interdisciplinario y/o por indicación de un profesional de la salud tratante a cargo, para facilitar la rehabilitación de la persona acompañada.

También para prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario, promoviendo el ejercicio efectivo de sus derechos, bajo el paradigma de salud comunitaria y colectiva.

La actividad del acompañante terapéutico se desarrolla a través de la práctica de estrategias terapéuticas no farmacológicas de asistencia en ámbitos institucionales, domiciliarios, ambulatorios y sociales-comunitarios sin distinción de género ni edad.

La iniciativa contempla artículos referidos a las condiciones de habilitación; los derechos y obligaciones; las prohibiciones (entre ellas prescribir medicamentos, drogas o fármacos); el registro de sancionados e inhabilitados; y la inclusión en el Programa Médico Obligatorio todas las actividades desarrolladas por acompañantes terapéuticos, entre otros aspectos.

Además, determina que “para el ejercicio profesional los acompañantes terapéuticos deberán inscribir previamente el título habilitante ante las autoridades competentes designadas por las jurisdicciones locales”.

El Poder Ejecutivo Nacional deberá promover ante los organismos que correspondan la creación de la carrera de acompañante terapéutico a cargo de Universidades e Institutos de educación superior, de gestión pública y privada y la unificación de los programas de estudios.

✅MEDIA SANCIÓN APROBADA #AcompañantesTerapéuticos

Hoy es un día histórico. Todo el esfuerzo y el trabajo que han hecho ha dado sus frutos. Por eso celebramos la #mediasanción de la ley de regulación del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico.
Los acompaño con más… pic.twitter.com/K64kmXsoR2

— Soledad Carrizo (@MSoleCarrizo) July 5, 2023

La palabra de los diputados

Palabra autorizada en su carácter de médico y autor de uno de los proyectos, abrió la ronda de expositores el oficialista Daniel Gollan quien resaltó que el proyecto ha sido consensuado con el conjunto de todos los bloques, tanto en la Comisión de Salud como en la de Legislación General. También reconoció a quienes presentaron otras iniciativas que se unificaron y mencionó a la diputada Soledad Carrizo y de Virginia Cornejo.

“Estamos poniendo a consideración un proyecto que viene a dar cuenta de una necesidad que ha sido fuertemente sostenida y militada por distintos referentes a lo largo y ancho del país que se han conformado en asociaciones, agrupaciones del tema que nos convoca que es el reconocimiento y la regulación del ejercicio del ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico”, planteó Gollan.

El exministro de Salud comparó: “Es un tema que tiene que ver con esas nuevas necesidades que van surgiendo y tiene una historia porque hace no mucho tiempo la salud era casi patrimonio de los médicos, y todo el resto eran como asistentes y, obviamente, este criterio ha ido para bien deviniendo en un proceso en el cual ahora hay muchos más actores que se suman y que se organiza la respuesta como equipos de salud con una visión interdisciplinaria o multidisciplinaria”.

Así, remarcó que “el tema de la salud pública ya no es patrimonio de una sola incumbencia o de una sola profesión sino de un conjunto”. Al respecto, recordó que en el recinto han tratado muchas iniciativas que “dan cuenta de ese rol de la jerarquización de roles que, dentro del sistema, cumplían un rol secundario en la medicina ante la figura del profesional. También han aparecido nuevos actores”.

En ese sentido, planteó que han debatido y hay por tratar con el Cuerpo temas como obstetricia, instrumentadoras quirúrgicas, los agentes sanitarios que “es un proyecto que estamos debatiendo en comisión”, las nutricionistas. “Hay una gran cantidad de nuevos actores que irrumpen en el sistema sanitario, que cumplen un nuevo rol y que primero han tenido una respuesta de los territorios federales del país porque hay 13 provincias que ya normatizaron, vía leyes o reglamentos o resoluciones, han reconocido esta actividad y ya han dictado sus normas”, sostuvo el oficialista.

“Este proceso empezó hace años y es sano que estemos reconociendo la posibilidad de forma nacional esta nueva actividad, nueva entre comillas porque ya no es tan nueva. Los procesos sociales y de la salud son complejos y, entonces, van apareciendo estos actores como los acompañantes terapéuticos que vienen a cumplir un rol muy importante porque son el sostén, el acompañamiento de todas aquellas personas que por problemas de salud o discapacidad necesitan un soporte, una ayuda continua y permanente y, una vez que son atendidas en los centros de salud y son diagnosticados, necesitan por diferentes motivos y razones estar acompañados por alguien que garantice todo un proceso de contención, de rehabilitación, de reinserción social y por eso estamos poniendo a consideración este proyecto”, explayó.

Sobre la redacción del texto, explicó que establece los requisitos que hay que tener para acreditarse, para matricular, las incumbencias profesionales, no remplazan a otros sectores ni actores; establece los derechos y obligaciones y, entre ellas, está el respetar otras leyes con las cuales interactúa esa incumbencia como la Ley 26.529 de Derechos del paciente, la Ley 26.657 de Salud Mental, la Ley 26.934 de Plan integral para afrontar el consumo problemático, la Ley 26.061 de derechos del niño, la 24.901 de Atención Integral a Personas con Discapacidad, la 24.385 de Violencia de Género.

“A todas estas leyes están obligadas a cumplir con sus postulados los agentes terapéuticos”, precisó y contó que se plantea un plazo de adecuación para todos aquellos que ya tienen con un proceso de formación; se establece la necesidad de encarar un proceso de homogenización de todos los contenidos y formación a escala nacional como la Ley de Enfermería para “homogenizar las currícula de formación”.

“Es una ley que viene a dar cuenta de la necesidad de reconocer algo que ya está sucediendo, que es necesario para el sistema de salud, que ya está reconocido en muchas provincias del país y que necesita establecer un marco normativo escala nacional”, manifestó Gollan.

Además, explicó una modificación breve que se propuso a instancias de la Comisión de Legislación General del inciso B del artículo 3 habida cuenta de opiniones de la Comisión de Educación “se nos pidió que se realice un cambio en la redacción del dictamen en lo que se refiere a la definición del marco mínimo de formación adecuada de la profesión que nos proponemos a regular para que la redacción quede alineada al marco de la Ley de Educación Superior”.

“Como estaba escrito originalmente no estaba alineado”, precisó el diputado bonaerense y afirmó: “Hay consenso de todos los bloques de reemplazar el inciso B para que diga ‘poseer título reconocido oficialmente en acompañamiento terapéutico de nivel superior universitario o técnico profesional expedido por instituciones públicas de gestión estatal o privada en los términos de la Ley 24.521 de Educación Superior y la Ley 26.058 de Educación Técnica Profesional”.

Por último, planteó hacer una modificación del artículo 23 de adhesión a las provincias y sumar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Con esas dos modficiacones solicitamos la votación positiva de la ley y agradeciendo a todos los representantes de las agrupaciones de acompañantes terapéuticos su presencia”, cerró.

A continuación, hizo uso de la palabra el rionegrino Luis Di Giacomo quien destacó la “perfecta” alocución de Gollan sobre los sentidos que tiene la ley respecto de las demás leyes de salud con las que se relaciona.

Y complementó: “Hay que recordar cómo llegamos a este presente de profesionalización. Este es el elemento central de la ley que consagra la profesionalización dentro del equipo de salud con todo lo que eso significa para quienes desarrollen su actividad profesional en esta área, de tener incluidos, de todo lo que tenga que ver con arancelamientos, planes médicos de salud, los estatutos para salud pública y privada y poder salir de esa situación de idóneos o auxiliares que hasta el presente, en muchos casos en función de no haber una regulación de tipo nacional, hacía que no se distingan las capacidades formativas y las experiencias de cada uno y que, en muchos casos, tuvieran que actuar de forma voluntaria en una zona en negro dentro del esquema de trabajo”.

“Son múltiples los espacios en los que actúan los acompañantes terapéuticos como adicciones, trastornos alimentarios, discapacidades, problemáticas de la tercera edad, enfermedades crónicas, cuidados paliativos, en trastornos psicóticos, infantes, adultos”, enumeró y agregó: “Un acompañamiento que, a veces, tiene que ver con la aceptación de la problemática y empezar a manejarla tanto el paciente como la familia en un contexto de internación y en lo que significa la práctica ambulatoria cotidiana”.

Di Giacomo sostuvo que “acompañar es acompañar la cotidianeidad de las personas que necesitan este tipo de accionar para evitar el estancamiento, para evitar el aislamiento y posibilitar de forma rápida la reinserción laboral y social. Este acompañamiento profesionalizado va a ayudar a muchas personas que necesitan a especialistas y a alguien que los acompañen durante su día”.

Al intervenir en el debate, la diputada de izquierda Romina del Plá valoró el tratamiento de ese proyecto que anticipó que acompañarían, y recordó que hace tiempo que vienen pidiendo una solución sobre el tema, al punto tal que en 2016 impulsaron un proyecto sobre el tema a través del entonces diputado Néstor Pitrola.

Pero si bien apoyaron el proyecto, marcó algunos límites que pidió tomar en cuenta. “Porque vamos a aprobar una ley, pero no las condiciones laborales en las que están desempeñando esas tareas, que todas las veces son enormemente precarias”, dijo, agregando que “muchas veces se sigue manteniendo la situación de un salario cobrado a los premios”.

“Esta situación es inadmisible y me parece que son los temas que están quedando afuera”, dijo Del Plá, recordando que desde el lunes pasado hay una carpa frente al Congreso desde donde están reclamando los acompañantes terapéuticos. Así las cosas, la diputada habló de las cuestiones que quedan pendientes y algunas cosas que no están definidas en el proyecto a ser aprobados.

Por ejemplo, que “deben ser incluidos plenamente en los equipos interdisciplinarios; nada de auxiliar de tal cosa u otra; una integración plena. La matriculación que se está planteando tiene que estar a cargo del Estado, porque es gente que paga para poder trabajar, porque hay que adherir al monotributo”.

Para eso, sostuvo que la matriculación debería estar a cargo del Estado, “porque sino la jerarquización se va a convertir en un castigo”. Asimismo “debería avanzarse en la consideración de un trabajo insalubre”, por lo cual “no tendría que ser más de 30 horas semanales y el salario tiene que ser igual a la canasta familiar”. Por último, consideró que toda la formación tiene que ser en instituciones públicas. “Y tiene que haber mucha oferta, sino se va a convertir en el negocio de la capacitación privada”, concluyó.

La oficialista Mara Brawer destacó la importancia del proyecto que “se viene dando dentro de un cambio de paradigma en relación a la materia sanitaria” y explicó que se está abandonando el enfoque biologicista para consolidar una mirada integral de la salud y enfermedad”.

“En este nuevo paradigma se peinas en un contexto familiar, social, emocional. La autonomía y las decisiones personalísimas ahora son un derecho. Hoy entendemos que el sistema sanitario tiene que estar centrado en los derechos y en la autonomía del paciente”, planteó la porteña.

Así, manifestó que “regular esta actividad profesional tan importante tiene que ver con las políticas del cuidado de las cuales este Congreso tiene una enorme deuda, tareas del cuidado que generalmente realizamos las mujeres en las familias, pero que muchas veces requieren de un acompañamiento profesional y el Estado y la sociedad se tienen que hacer cargo jerarquizando este campo de la salud”.

 “Las personas tenemos que ser mirados integralmente, no somos una historia clínica, somos una historia de vida y eso los acompañantes terapéuticos lo saben bien”, resaltó Brawer y coincidió con la diputada preopinante de que “es una locura que sean monotributistas porque son el lazo entre la persona que sufre y la sociedad. Son los que acompañan, los que educan, los que rehabilitan”.

Por último, Brawer planteó que aún hay “dos grandes asignaturas pendientes, entre tantas” una de ellas es la Ley Nacional de Discapacidad y también una Ley de Eutanasia. “Tenemos que darles el derecho a las personas autónomas a decidir cómo quieren vivir”, remató.

Con un gran nivel de asistencia, el municipio de Lanús realizó una Jornada de Autoprotección en el centro médico Bioimágenes (Av. Hipólito Yrigoyen 3502) en el marco del plan estratégico de la Coordinación de Formación y Desarrollo de Programas Educativos del área de Defensa Civil.

Los contenidos que se explicaron durante la clase giraron en torno a los siguientes ejes temáticos: Desobstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño y RCP en lactantes, Masajes cardíacos en adultos y pediátricos y utilización del Desfibrilador Externo Automático (DEA).

Esta propuesta, también incluye cursos diseñados en base las necesidades que emergen en las distintas estaciones del año. Los mismos tratan sobre Prevención de la Ola de Calor (verano), Tratamiento General de Heridas y Quemaduras (otoño), Prevención de Intoxicaciones por Monóxido de Carbono y Uso de Matafuegos (invierno) y Alergias y Prevención de Enfermedades Respiratorias (primavera).

Además, mediante este programa se incorporan grupos de voluntarios espontáneos y especializados. Éstos últimos están altamente calificados para trabajar como socorristas o rescatistas y colaboran activamente con el Municipio en situaciones de catástrofe.

Los interesados en efectuar esta capacitación gratuita que cuenta con certificado de asistencia pueden inscribirse en https://www.lanus.gob.ar/jornadasautoproteccion

Por Melisa Jofré

En un Congreso polarizado, sobre todo a partir de la segunda etapa del gobierno del Frente de Todos, los temas de salud se han ganado un lugar en la agenda de las sesiones y han sido, en distintas ocasiones, la llave de varios consensos. 

Mientras algunos proyectos en materia judicial han fracasado y otras iniciativas impulsadas por el oficialismo se han aprobado con lo justo, las propuestas referidas a lo sanitario encontraron unanimidad u holgadas mayorías a favor. 

Es cierto además que, durante los dos primeros años de la gestión de Alberto Fernández, el ritmo de un Parlamento que trabajó por primera vez en su historia de manera telemática estuvo marcado por la realidad de la pandemia de Covid, que dejó la aprobación de un par de normas. 

A lo largo de estos tres años y medio, en el Congreso se sancionaron una treintena de leyes referidas a la salud, que nacieron en su mayoría de proyectos consensuados entre distintos bloques. Otras no tuvieron a la comisión homónima como cabecera, pero sí siendo parte de la discusión. Unas pocas no completaron su trámite y perdieron estado parlamentario. Cabe destacar que algunas declaraciones o instauración de días alusivos no se tomaron para este informe, pero también los hubo.

Una emergencia y la pandemia 

Si bien no pasó por la Comisión de Salud, el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que Alberto Fernández envió al Congreso al asumir en diciembre de 2019, incluía varias emergencias, entre ellas la sanitaria con un capítulo compuesto por 22 artículos. Por ese entonces, el oficialismo destacaba la decisión de volver a jerarquizar el Ministerio de Salud, al mando de Ginés González García, y cuando a los pocos meses sorprendió la pandemia, varios voceros se encargaban de recordar el asunto de la “emergencia sanitaria” en la que estábamos, y que posteriormente se extendería por decreto. 

En su primera sesión remota, el 13 de mayo de 2020, la Cámara de Diputados aprobó de manera virtual la “Ley Silvio”, en homenaje a Silvio Cufré, el primer enfermero fallecido por coronavirus. La iniciativa, que establecía un programa de protección para el personal de salud, salió por unanimidad, al igual que una propuesta para eximir de Ganancias a los trabajadores esenciales. Ambos proyectos fueron ley a la semana siguiente en el Senado, donde también se sancionó una norma para actualizar el vínculo jurídico de la Cruz Roja -institución que cobraba relevancia en ese contexto- con el Estado Nacional, un tema que estaba con media sanción de Diputados desde 2018. 

Otras leyes destacadas de ese primer año de pandemia fueron una que estableció la autorización de las recetas digitales y otra por la cual se creó una campaña nacional de donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados de Covid. 

Durante octubre de 2020, el oficialismo logró aprobar el proyecto que establecía condiciones excepcionales en los contratos a firmar entre el Estado nacional y la industria farmacéutica para la compra de vacunas. En Diputados salió por 230 votos a favor, 8 en contra y 11 abstenciones, mientras que en el Senado consiguió 56 votos positivos y 11 negativos. 

Legalización del aborto, etiquetado frontal y nueva Ley de VIH

Incluido en su plataforma electoral, a un año de haber asumido, el Frente de Todos se alzó con la legalización y despenalización del aborto, en una discusión transversal a todos los bloques que transcurrió durante diciembre de 2020. No exenta de miradas sumamente contrapuestas, pero con un escenario de tendencia más favorable al anterior debate que se había dado en 2018, la norma se sancionó el 30 de diciembre en el Senado. Junto a ese proyecto se aprobó uno de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia, conocido como “Programa de los Mil Días”.

Las comisiones de Salud de ambas cámaras tuvieron parte en una discusión de una ley que se demoró un año entre su aprobación en el Senado, en octubre de 2020, y su aprobación definitiva en Diputados, en octubre de 2021: la de etiquetado frontal de alimentos. Producto del fuerte lobby, la norma llevó tiempo pero se terminó sancionando por amplia mayoría, con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones en la Cámara baja. En la cámara de origen se había consensuado un proyecto entre la oficialista Anabel Fernández Sagasti y el radical Julio Cobos, que había cosechado 64 votos positivos y solo 3 negativos. 

Otro de los proyectos que se destaca en estos últimos años es la nueva ley de respuesta integral al VIH, sancionada en junio de 2022, que vino a reemplazar la 23.798 de 1990. En esta nueva norma se incorporó a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS).

Algunas leyes que esperaron meses

En el listado de leyes en materia de salud sancionadas en estos tres años y medio, en julio de 2020 figura el proyecto sobre fibrosis quística, que había tenido media sanción de Diputados en noviembre de 2019. También con data de media sanción durante la gestión anterior, en octubre de 2020 el Senado aprobó finalmente una iniciativa para regular el ejercicio de fonoaudiología. 

En octubre de 2020, la Cámara alta aprobó y giró a Diputados la ley sobre cuidados paliativos, que recién se terminó de sancionar en julio de 2022. Dos casos demorados fueron también un proyecto para incorporar al Programa Médico Obligatorio la violencia de género, con fecha de noviembre de 2020 en la Cámara baja y sancionado definitivamente en octubre de 2022 en el Senado. En tanto, la iniciativa sobre digitalización de historias clínicas, que la Cámara de Senadores abordó en noviembre de 2020, primer año de la pandemia, terminó por aprobarse en Diputados en febrero de este año, justo un día antes de que cayera por el comienzo de un nuevo período ordinario. 

Una norma que esperó ocho meses, de octubre de 2021 a junio de 2022, fue la ley de oncopediatría, votada por unanimidad en ambas cámaras, con beneficios para las familias de niños y adolescentes con cáncer.

Entre los proyectos se registra la reforma de la ley de contracepción quirúrgica para personas con discapacidad; la ley de prevención y control de la resistencia antimicrobiana; y una reforma a la Ley de Sangre para incluir la obligación de informar a los donantes respecto del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH). 

Aprobadas este año

En lo que va de 2023, el pasado 13 de abril, el Senado trató la ley de promoción y desarrollo de la enfermería, otra iniciativa que había nacido por la importancia de estos trabajadores de la salud durante la pandemia, y que se demoró casi dos años desde el comienzo de su discusión, en junio de 2021. La media sanción de Diputados había salido en septiembre de 2022. 

En esa misma jornada, la Cámara alta sancionó por unanimidad la ley para ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y, por otro lado, devolvió con cambios a Diputados el proyecto para eximir de Ganancias al personal de salud por el concepto de guardias. Una semana después terminó de sancionarse en la cámara de origen. 

El 19 de abril, la Cámara baja aprobó la ley sobre diagnóstico humanizado del Síndrome de Down, que también esperó tiempo, ya que databa de diciembre de 2021 cuando salió del Senado.

Lo pendiente y lo que perdió estado parlamentario 

Actualmente, con media sanción de Diputados aguardan por ser tratados en el Senado un proyecto de ley sobre muerte perinatal y otro sobre pubertad precoz. En tanto, en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja ya obtuvieron dictamen favorable una iniciativa sobre seguridad del paciente y otra para jerarquizar el ejercicio del acompañamiento terapéutico. 

Pese al avance de numerosos proyectos, hubo algunos casos que perdieron estado parlamentario, como una propuesta para crear un programa nacional de asistencia, acompañamiento y cuidado integral del personal de salud en situaciones de crisis y emergencias, que tuvo media sanción del Senado en mayo de 2021, cuando ya transcurría más de un año de la pandemia y los contagios y muertes por Covid eran mayores que en las de 2020, pero cayó en Diputados.

Tampoco tuvo trámite en la Cámara baja una iniciativa aprobada en octubre de 2020 en el Senado para regular los principios y alcances de la “telesalud”, incorporando a la atención médica el uso de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs); otra sobre la figura de los facilitadores interculturales en la salud y una sobre la creación de un registro nacional de bancos de leche materna. 

Entre los proyectos que no prosperaron hubo uno muy criticado por la oposición, pero que el Frente de Todos con ayuda de aliados aprobó en mayo de 2021 en el Senado. Se trataba de una ley enviada por el Poder Ejecutivo para establecer “parámetros epidemiológicos y sanitarios”, de modo de gestionar la pandemia y que el presidente y los gobernadores pudieran tomar medidas de acuerdo a la cantidad de casos de Covid en sus distritos. Cuando pasó a Diputados tuvo dictamen de comisión, pero nunca se trató en el recinto.

El Municipio de Tigre incorporó un nuevo equipo de esterilización con tecnología de peróxido de hidrógeno para el Hospital Materno Infantil. El intendente Julio Zamora presentó el aparato — incorporado a través de una inversión de la Cooperadora Única de Salud (CUCST) - que tiene como objetivo acelerar los tiempos de dicha práctica y dar soporte a las nuevas cirugías que se han ido implementando en el último tiempo. Además, permitirá una atención más eficiente y completa para los pacientes.

En la presentación del equipo adquirido, el jefe comunal expresó: "Estamos agregando un elemento más que sirve para todo el proceso de esterilización que tiene la maternidad. En esta oportunidad, se agrega un esterilizador de peróxido de hidrógeno que nos permite acortar tiempos. Hasta el momento, nosotros cuando teníamos que esterilizar algunos elementos en particular, teníamos que enviarlos afuera y tardaba tres días; ahora con este nuevo aparato que tiene hoy el hospital de nuestra maternidad, el tiempo se acorta a una hora y media".

Además, agregó: "Esta esterilización nos sirve para elementos y prácticas nuevas que estamos haciendo dentro de la maternidad a partir de la compra del laparoscopio y otras que necesitan este tipo de proceso con menos temperaturas. Los vecinos de Tigre nos han acompañado en este Gobierno para que hagamos todo lo posible para brindarle una mejor salud, así que todo el esfuerzo que se realiza es para nuestra comunidad".

Para más información, consultar las redes sociales: Facebook: Salud Tigre e Instagram @Salud_tigre

Diputados aprobó este miércoles por unanimidad, con 175 votos a favor, un proyecto que busca crear el Programa Pubertad Precoz, para garantizar el acceso a la detección, diagnóstico y tratamiento integral para el abordaje de la pubertad precoz central (PPC) en niñas y niños. 

La pubertad precoz es una condición que lleva a los niños y niñas a adquirir en forma temprana caracteres sexuales secundarios. Esta problemática no se reduce sólo a cambios físicos, también conduce a otros emocionales y psicológicos. Así lo había expresado en la semana la presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, al reclamar la media sanción.

Precisamente el lunes pasado la presidenta de la Cámara recibió a algunas de las madres que luchan para hacer realidad la creación del Programa Pubertad Precoz. Al respecto explicó que la iniciativa que busca, entre otras cosas, "avanzar en el acceso gratuito del diagnóstico, la asistencia y la provisión de la medicación; generar protocolos de actuación; fomentar la capacitación de los profesionales de la salud e impulsar campañas de concientización”.

Como miembro informante, la diputada Mónica Fein (Partido Socialista – Santa Fe) explicó que el tema tiene proyectos pertenecientes a distintos bloques de la Cámara de Diputados, pero destacó que “tiene una importante labor de padres, madres y familias que no solo han impulsado, con cada bloque. Se han reunido con la Comisión de Salud y plantearon la necesidad de avanzar con este programa de Pubertad Precoz”, tras lo que agradeció tanto a los legisladores como a las familias “por su tarea”.

También agradeció a la Comisión de Salud -que ella preside- por la aprobación por unanimidad la “mayoría de los temas que hemos propuesto con un gran trabajo de los equipos técnicos”.

Respecto a los objetivos del programa, destacó: “La detección, el diagnóstico y el tratamiento integral del abordaje de esta enfermedad es fundamental”, y acotó que “es fundamental y es lo que estamos incorporando”.

“Es lo más frecuente en consultas a endocrinología pediátrica y es 10 veces más frecuente en niñas que en niños”, informó Fein y describió a la pubertad como “una etapa de transición que todos tenemos. Conecta la infancia con la adultez. Ocurre entre 8 y 13 años en niñas y entre 9 y 14 en varones y se producen cambios hormonales que conducen a adquirir características sexuales secundarias, finalizar el crecimiento físico del cuerpo y adquirir las capacidades de reproducción”.

Y explayó: “Todos esos cambios están vinculados a una adecuada maduración del eje hipotálamo hipófisis gónadas.  El periodo previo se caracteriza fundamentalmente por inhibir justamente el sistema que controla la secreción de las hormonas que vienen de las glándulas hipófisis y estimulan a los ovarios y a los testículos para fabricar hormonas sexuales”.

“Es importante el desarrollo sexual que se produce como consecuencia de la reactivación prematura de la secreción de estas hormonas. Esta reactivación que se realiza antes de tiempo lleva a la adquisición de capacidades reproductivas a edad prematura que adquieren características secundarias como si atravesaran la etapa puberal. Significa el crecimiento de senos, menstruación temprana, agrandamiento de testículos, vello facial, aumento de la gravedad de la voz, un grave cambio en un niño y niña, pero, además, un impacto psicosocial que con esta ley venimos a decir que hay que tomar adecuadamente”, expandió en su discurso la santafecina.

Al finalizar su intervención, remarcó que el programa a crear contempla el acceso a un diagnóstico y tratamiento oportuno con claridad porque “el diagnóstico de pubertad precoz se realiza por exámenes y consiste en la provisión de medicamentos que suprimen la secreción de hormonas sexuales hasta su edad habitual”.

A continuación, el diputado nacional Daniel Gollán (FdT – Buenos Aires) sostuvo en el recinto que “estas leyes vienen a darle estadía en el tiempo” alas diferentes resoluciones sobre la PPPC, y agregó que “ayuda a resolver de forma indirecta a las jurisdicciones provinciales que no pagan tratamientos”.

En esa idea, remarcó que “una ley nacional refuerza el programa”. Del mismo modo, expresó que “este derecho que se consagra para 2.500 familias que tienen este problema, en una enfermedad poco frecuente que no hay muchos casos e incidencias (más de 8.000 casos), requieren tratamientos de alto costo”.

“Está el desafío de lograr avanzar en un proceso y el acceso para conseguir que estos medicamentos esten al alcance de los financiadores de sistema de salud”, enfatizó Gollán. Así también, explicó que “es una enfermedad predominantemente femenina (veinte casos a uno) donde el 98 por ciento son de tipo central y hay casos periféricos que ameritan ser contemplados en los diagnósticos”.

En el final de su alocución, destacó que esta ley provee “el acceso gratuito al diagnóstico, la asistencia integral y la medicación adecuada para los niños y niñas que padezcan PPPC en todo el territorio de la República Argentina”.

“Estamos confirmando que la salud debe estar al alcance de todos y no debe ser regulada por el mercado”, concluyó.

Qué busca el proyecto

Este proyecto, que fue impulsado por los diputados Rubén Manzi y Carla Carrizo, tiene como funciones entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad en sus aspectos médicos y sociales. 

También promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la PPC, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico.

Prevé realizar estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.

La diputada nacional y candidata a la intendencia de San Miguel de Tucumán por el Frente de Todos, Rossana Chahla, comentó cuál será una de las primeras medidas que tomará en caso de ser electa en las elecciones provinciales del 14 de mayo.

“Estoy con mucho entusiasmo escuchando los reclamos de los vecinos y trabajando en todo lo que tiene que ver con las propuestas e ideas que tenemos para las problemáticas de la gente. En eso me gusta mucho, la cercanía, el contacto y la participación de la gente porque siempre digo que las soluciones están de la mano de las personas que tiene cada uno su problema en su barrio, en su lugar”, destacó en diálogo por Radio Nacional.

Al respecto, planteó: “Nosotros como funcionarios tenemos que solucionar el problema de la gente, independiente de cuál es el problema si es de carácter nacional, provincial o municipal, nosotros tenemos que solucionarle los problemas. Los funcionarios tenemos que tener esa impronta de gestión, de hacer las cosas y de solucionar esos problemas en el menor tiempo posible”.

“De mis años de gestión quiero llevar mi granito de arena al municipio y ayudar en eso con un equipo de trabajo”, expresó y precisó que “entre los problemas más grandes están los baches de las avenidas y la semaforización que no están sincronizados que no funciona. En los anillos periféricos la situación es la basura, la recolección de residuos es uno de los grandes temas. La luminaria, en sí la falta de iluminación y por supuesto también todo tiene que ver con la erradicación de basurales”.

Al respecto, manifestó: “Generamos espacios de consulta ciudadana con el fin de poder llevar la solución a cada barrio que tiene su particularidad. No me puedo apartar de la salud, otro gran pedido que hace la gente es la apertura de la asistencia pública y el mercado del norte”.

“Después de tantos años hace falta que en el municipio haya una mujer que ordene para que se puedan hacer todas estas cosas que no se tienen en el radar.              Tener una administración ordenada y una economía ordenada. También hacer al ciudadano participe de las decisiones dentro de las necesidades y prioridades”, expresó Chahla.

De cara a ser electa, adelantó: “Lo primero que voy a hacer es abrir las puertas de la Asistencia Pública para ver cómo está y para tener un real diagnóstico de cómo está el edificio y demás para poder hacer el proyecto y en el menor tiempo posible hacer la reapertura”.

“Como médica no puedo no empezar por algo que reclama la gente, que es nuestro y que queremos recuperar, como así también los espacios verdes, las plazas, el cuidado del medioambiente, la separación de la basura, ordenar el tránsito, el transporte que sea sustentable. Esta nueva ciudad que queremos es para revalorizar la cultura y trabajar por un Tucumán mejor”, propuso la tucumana.

Y sumó: “Es un gran desafío y son muchas las medidas que tenemos que tomar, ordenarlas, formar equipos, medirlos, tener un plan estratégico, pero tiene que ser todo en simultáneo porque son muchas la cosas que hay que ordenar”.

“Todo tiene que estar atravesado por la tecnología, la comunicación y la participación del ciudadano, el desafío tiene que estar atravesado por esos tres ejes. Tiene que ser un municipio empático que le de soluciones a la gente para la calidad de vida y para el bienestar, hay que trabajar en conjunto pese a las diferencias políticas”, cerró.

Tras cuatro meses de espera, en la sesión de este jueves el Senado convirtió en ley el proyecto de ley que busca ampliar y jerarquizar el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. La votación resultó por unanimidad con 58 votos afirmativos.

La iniciativa fue impulsada por los diputados oficialistas Paula Penacca y Daniel Gollan, con apoyo de organizaciones de familiares de pacientes de estas enfermedades, y había recibido la media sanción el 24 de noviembre de 2022.

El proyecto tiene por objeto que “las personas con cardiopatías congénitas tienen derecho a todas las instancias de detección y tratamiento correspondientes en cada etapa vital. Asimismo, todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes tienen derecho a un control prenatal que incluya la detección precoz de cardiopatías congénitas, garantizando, si correspondiera, el traslado intrauterino”.

Además, propone jerarquizar con fuerza de ley, y ampliar este plan nacional que fue creado en el 2008, y desde el 2010 funciona en el Hospital Garraham, y busca la detección temprana de estas cardiopatías que afectan a alrededor de 7.000 niños, niñas y bebés.

A través de la iniciativa se incorpora como “estudio de rutina obligatorio para todas las mujeres embarazadas y/o personas gestantes entre las semanas 18 y 24, como primer nivel de detección, la evaluación cardíaca fetal”. “Las personas gestantes que resulten con alguna sospecha de gestar un feto con una cardiopatía congénita deberán ser derivadas para la realización de la ecocardiografía fetal a cargo de un cardiólogo pediátrico, como segundo nivel de detección”, agrega y establece que este estudio deberá incorporarse al Programa Médico Obligatorio (PMO).

Entre otros puntos, el proyecto crea un Consejo Asesor de Cardiopatías Congénitas, que será de carácter honorario y estará conformado por representantes del Ministerio de Salud de la Nación, asociaciones de familiares de pacientes con cardiopatías congénitas y sociedades científicas que aborden esta temática.

También crea el Registro Nacional de Prestadores para la Atención de Cardiopatías Congénitas para la individualización y categorización de las instituciones públicas y privadas de acuerdo a la complejidad de sus instalaciones y a los resultados en el tratamiento de los pacientes. Será de consulta pública, y crea el Registro Nacional de Tipos de Cardiopatía Congénita en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, a partir de registros de instituciones en todo el país, resguardando la protección de los datos personales, con el objetivo de definir necesidades de fortalecimiento de recursos humanos e infraestructura.

Al hacer uso de la palabra, el senador oficialista Guillermo Andrada (Catamarca) remarcó la importancia de la salud pública y se remontó al pasado para comparar que “en el siglo pasado el Estado no estaba tan comprometido con el tema de la salud pública. Solo intervenía en pandemias. Recién en 1946 el Estado comenzó a tener una idea de que debía planificar y tratar todo lo referente a la salud”. Y siguió contando que en 1950 se agregaron las obras sociales.

“Todavía nos falta. Tenemos un sistema que está diverso y estratificado. No es universal e igualitario como quisiéramos todos, pero en sí hay una realidad que el Estado ha tenido que estar presente en los momentos más difíciles en temas de salud cuando estaba en peligro en la nación”, sostuvo Andrada y agregó: “En este caso teniendo como antecedente un programa que fue puesto a consideración hace 15 años y que empezó a dar un paso importante que protege a 7 mil niños que nacen y el 50% tiene que tener una resolución quirúrgica”.

Y destacó que el proyecto “les da a los niños el derecho a que puedan tener un diagnostico preciso. Se realiza entre las 18 y 20 semanas una ecografía. Si hay un caso con mayor complejidad tiene integrada una ecocardiografía. Estamos haciendo un pasito más para que sea universal e igualitario”.

“También se le va a dar mayor complejidad a la infraestructura. Se va a regionalizar para que los estudios puedan ser realizados por personas que tengan la mayor capacidad y se vana a hacer derivaciones en forma oportuna y eficaz”, ponderó el catamarqueño entre otros puntos.

Al respecto, concluyó que se busca la disminución de la mortalidad perinatal porque “un gran porcentaje si son derivados a tiempo tienen una resolución quirúrgica y van a poder llevar una vida normal”.

Un tema largamente pendiente, pues su discusión había arrancado en junio de 2021, otro año que estuvo marcado por la pandemia, el Senado sancionó este jueves la Ley de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería.

La norma se votó por unanimidad (61 votos positivos), al igual que cuando tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, en septiembre de 2022.

La iniciativa fue motorizada por el tucumano Pablo Yedlin, quien en ese momento era diputado y presidente de la Comisión de Salud, con el aval del Poder Ejecutivo. De hecho, hubo un acto en Casa Rosada con trabajadores de la salud.

Y fue Yedlin, ahora en su rol de senador y también presidente de la Comisión de Salud, quien abrió el debate en la sesión celebrando “el consenso y la voluntad política que nos permite tratar este proyecto”.

En esa línea, contó que dicha iniciativa “la comenzamos a trabajar en junio de 2021 en la Cámara de Diputados. La voluntad política se expresa en personas que lo acompañaron. Le dimos dictamen en la Comisión de Salud de Diputados, yo me vine y eso quedó ahí”, y agradeció a sus pares los diputados Blanca Osuna, Mónica Fein y a Daniel Gollan. Hizo extensivo el saludo al Ministerio de Salud y a los ministros de Educación nacional y provinciales, las universidades.

“El sistema de salud argentino con todos sus altos y bajos tiene un problema importante en el tema de la enfermería porque hoy la Argentina tiene 237 mil enfermeros de los cuales casi 70 mil son auxiliares y en muchos países, quizás, no estarían considerados dentro del grupo de enfermeros. Hay 125 mil técnicos y solamente 41.400 enfermeros universitarios”, detalló el tucumano.

Y planteó: “Estos números dichos así no expresan mucho, pero representan aproximadamente 37 enfermeros por cada 10 mil habitantes. El promedio mundial está cerca de 38 por cada 10 mil, pero de rango va de países muy pobres que tienen 9 por cada 10 mil a los países del primer mundo que tienen 115 enfermeros por cada 10 mil habitantes”.

Yedlin se refirió a un trabajo publicado por la revista Lancet establecía que para que un país pudiera cumplir de forma efectiva con la atención primaria de salud en un 90% se requerían 114 enfermeros cada 10 mil habitantes, y para cumplir con un 80% se necesitan 78 por cada 10 mil habitantes.

“Tenemos muchos menos enfermeros que la mayoría de los países de la región. Tenemos un problema histórico con la enfermería. Además, cuando vemos la cantidad de enfermeros universitarios que representan el 16% del total de enfermería y sin considerar a las auxiliares el 24%, cuando en general en los países del primer mundo superan el 50% los universitarios, volvemos a ver que tenemos un problema”, alertó el oficialista,

En ese aspecto, señaló que “el problema no es uniforme” al tiempo que mostró un gráfico estadístico de las provincias que “caen por debajo de ese valor bajo de 37 por 10 mil. El problema aparte es de distribución de recurso humano”.

Sin embargo, reconoció que se “trabajó mucho en los últimos años” y precisó que en el 2011 se generó un plan estratégico de enfermería, en 2016 el programa nacional de formación en enfermería en el Ministerio de Educación.

“El Ministerio de Salud estos años generó una dirección de enfermería que el país no tenía un plan nacional de enfermería y hay un aumento progresivo de la cantidad de enfermeros en los últimos años. Del 2020 al 2019 han aumentado la cantidad de enfermeros alrededor de un 4,5%, algo así como 5 mil enfermeros más de tecnicatura, 3 mil más universitarios. Son resultados de estas políticas acertadas”, ponderó el senador tucumano.

En tanto, precisó que en su provincia hay en la universidad 5 mil alumnos en la licenciatura de enfermería y 6 mil en las tecnicaturas.

“Esta ley viene a promover la educación de calidad al incremento de la cantidad de enfermeros. Declara de interés publico nacional la promoción de la formación y del desarrollo de la enfermería. Entre sus principios reconoce y jerarquiza a la enfermería como un trabajo profesional de la salud. Aumenta la distribución federal. Genera la participación igualitaria de enfermeros y enfermeras en todos los niveles, ámbitos y jerarquías de los sistemas de salud”, detalló entre otros aspectos.

A su turno, el senador Mario Fiad (Jujuy – UCR) remarcó la importancia que la salud tenga un lugar prioritario en la agenda pública porque “cuando hablamos de salud hablamos de derechos humanos”.

“El derecho de la salud no se concreta solamente con acciones de tecnología si no tiene el recurso humano adecuado e idóneo. Por más equipos sofisticados de alta tecnología, tenemos que pensar primero en el recurso humano”, destacó y adelantó su voto positivo.

Además, planteó que el proyecto tiene como autoridad de aplicación al Ministerio de Educación y cuestionó que “solo lo tratamos en la Comisión de Salud”. “Estos giros tenemos que poder trabajarlos mejor y creo que todos tenemos que hacerlo porque si la autoridad de aplicación es el Ministerio de Educación podría haber tenido un giro a la comisión correspondiente para que pudiera enriquecer el proyecto y pudieran dar sus opiniones ampliando la visión que teníamos”, criticó.

Al referirse al capitulado, se posó sobre el seis que se titula “incentivos y aportes económicos a la formación” y sostuvo que el proyecto contiene incentivos, becas, aportes para las instituciones de formación y “tampoco fue girado a la Comisión de Presupuesto”.

“Esto puede hacer de nosotros un mejor funcionamiento para tener todos los aportes necesarios para que las leyes tengan una visión compartida de todo el espectro interesado”, propuso Fiad y aportó: “Debe haber políticas activas de redistribución y de incentivos para poder radicar a mucho del personal del sector salud no solo concentrado en las grandes ciudades sino una mejor distribución en el interior del interior. También tenemos que garantizar las oportunidades de trabajo en condiciones dignas, para que eso se pueda dar con normativas que lo brinden. Estas políticas deben articularse entre todas las jurisdicciones. Este proyecto es un gran avance, pero quedan muchas cosas pendientes”.

Puntos principales de la norma

La Ley de Promoción de la Formación y Desarrollo de la Enfermería tiene por objeto establecer los mecanismos necesarios para promover la formación de calidad y el incremento de la cantidad de enfermeras y enfermeros, así como la profesionalización y el desarrollo de la enfermería en todo el territorio nacional.

Además, declara de interés público nacional la Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería en la República Argentina; y establece la creación de una Comisión Nacional de Formación y Desarrollo de Enfermería, como organismo de asesoramiento técnico a los fines de brindar recomendaciones sobre cualificaciones profesionales, certificaciones educativas y estrategias para la mejora continua de la formación y el desarrollo del trabajo profesional de enfermería.

En esa comisión deberá haber representantes del Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Consejo Federal de Educación, el Consejo Federal de Salud, organizaciones sindicales, instituciones de formación técnica superior, universidades y asociaciones profesionales de enfermería, quienes “actuarán ad honórem”, se aclara.

Asimismo, se crea en el ámbito del Ministerio de Educación, el Programa Nacional de Formación de Enfermería, según los lineamientos del Consejo Federal de Educación, a fin de administrar y gestionar los incentivos y aportes económicos para la mejora continua de la calidad de la formación de los enfermeros, incrementar el número de egresados y promover el desarrollo de la enfermería en todo el país.

En el texto, se promueve el derecho de enfermeras y enfermeros a acceder a mayores calificaciones y preparación para el desarrollo de su profesión, ya sea a través de la educación formal como de la formación continua en salud. En consecuencia, se estimulará e incentivará la movilidad entre las distintas calificaciones y certificaciones existentes.

También, se fomentará la profesionalización de los auxiliares de enfermería que actualmente sean parte integrante del sistema de salud, tanto público como privado. Y se dispone que a partir de los dos años de promulgada la ley, se prohíbe la formación de nuevos auxiliares en enfermería en todo el territorio nacional, debiendo las ofertas educativas reconvertirse con dicho propósito en ese lapso.

Asimismo, contempla el otorgamiento de becas, que podrán ser renovables anualmente y el texto indica que “el monto anual de las mismas deberá actualizarse de forma previa al inicio de cada ciclo lectivo, debiendo definirse una escala progresiva en relación con el avance de estudio de la tecnicatura o licenciatura en Enfermería”.

En el marco del viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, a la ciudad de Washington DC para participar de las reuniones de Primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de USD 200 millones que financiará mejoras en el sistema de salud argentino. Se trata de la primera operación individual de una línea de crédito condicional para proyectos de inversión (CCLIP) de USD 600 millones.

En esta línea, a través del crédito obtenido, se financiarán acciones para reducir la mortalidad prematura y cerrar las brechas de acceso a servicios de salud entre jurisdicciones del país. Para ello, la iniciativa busca incrementar el acceso efectivo a servicios de diagnóstico y atención por parte de la población que cuenta exclusivamente con cobertura del sistema de salud público, estimada en 20,5 millones de personas en 2022.

La iniciativa también permitirá incrementar los tamizajes para cáncer de cuello uterino en mujeres con cobertura pública exclusiva y aumentar la tasa de vacunación para el Virus del Papiloma Humano (VPH) para niñas y niños de 11 años. Otro objetivo es aumentar la identificación y seguimiento de personas con hipertensión arterial y con hiperglucemia o diabetes.

Además, el crédito obtenido por la Argentina apoyará la implementación del Modelo de Salud Mental Comunitaria e incrementará el número de medicamentos de salud mental entregados a establecimientos de salud.

La senadora nacional Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) presentó un proyecto de comunicación a fin de solicitarle al Poder Ejecutivo que informe con urgencia, por intermedio del Ministerio de Salud, acerca del aumento exponencial de casos de Dengue, la situación sanitaria, el registro y prevención de nuevos casos en la provincia de Tucumán.

En la iniciativa, también pide que se comunique y arbitren “los medios necesarios para implementar un plan integral de acción, entre Nación y dicha Jurisdicción, a fin de detectar, evaluar y responder a esta enfermedad viral con el objetivo de controlar la propagación y reproducción del mosquito Aedes Aegypti evitando el incremento de las personas fallecidas. Del mismo modo, promueva con premura la prevención, garantice la atención sanitaria, seguridad y salud de la población”.

Ávila plantea que la enfermedad se ha cobrado cuatro vidas en la provincia. “Es importante alertar acerca de la dimensión que está tomando este tema en todo el país. Recientemente el Ministerio de Salud de la Nación ha reconocido oficialmente que existen más de 16.000 casos, presente en 14 provincias argentinas, con especial gravedad en algunas jurisdicciones”, planteó.

Al respecto, denunció que dicha situación “fue totalmente subestimada por el Ministerio de Salud de la provincia”. “Los números actuales de la epidemia de dengue ya superaron el brote más importante que había tenido Tucumán, en 2020, cuando se notificaron 7.806 casos”, informó.

SENADORA-AVILA-PROYECTO-DE-COMUNICACION-DENGUE

El senador nacional y precandidato a gobernador, Alfredo Cornejo (UCR), hizo mención a los servicios de Salud en Mendoza durante la entrega de una distinción legislativa al equipo del Departamento de Trasplantes, Procuración y Cirugía de Alta complejidad del Hospital Central.

En el acto que se realizó en la Legislatura destacó: “Se puedan hacer trasplantes de médula y renales en Mendoza es de una trascendencia enorme. Hoy una persona que tenía que hacerse un trasplante de médula o renal debía viajar a los centros de CABA, privados o públicos, o algunos de los trasplantes se hacían en Córdoba”.

En ese sentido, el jefe del interbloque de JxC en el Senado cuestionó: “Muchas veces nos comparan de forma peyorativa con las provincias vecinas como San Juan, San Luis y Neuquén, pero no hablan de estos avances que Mendoza está realizando”, y subrayó: “La importancia de que sea una obra del público y no del privado, porque de lo contrario, solo sería accesible para aquellos que tienen obras sociales y que se manejan a precio dólar, aunque estas también están teniendo un montón de complicaciones para funcionar por el pésimo manejo de la economía nacional”.

En tanto, luego hizo mención a “la desazón generalizada por los pésimos números de nuestra economía, tras la altísima inflación”. En ese sentido, detalló que la situación influye de forma negativa “sobre todo en aquellos servicios que tienen alto componente de dolarización. Uno de estos es la Salud”.

El radical manifestó que, pese a la crisis económica nacional, “la provincia de Mendoza está haciendo cosas que realmente son un ejemplo para mostrar en otros lugares del país”. De esta manera, hizo foco en los logros del equipo de trasplante del hospital Central y recordó que no todas las provincias cuentan con este tipo de servicio en el sistema público de Salud.

“Nos sentimos orgullosos de lo hecho en salud en estos 7 años, del estándar que hemos logrado en el sistema de organización educativo, como también de lo que hemos logrado en materia de seguridad y de los números que podemos mostrar en materia de justicia. Nadie mejor que nosotros sabe que todavía hay mucho para mejorar en todos estos aspectos”, completó.

Debido a la alta demanda que sufren centros de salud, los diputados de Confianza Pública (CP) -el espacio liderado por Graciela Ocaña- presentaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley mediante el cual buscarán establecer la “obligatoriedad de otorgar prioridad de turnos a personas mayores de 65 años en todo establecimiento de salud pública dependiente del Gobierno de la Ciudad”.

En los fundamentos de la iniciativa –que es de autoría de María Sol Méndez (VJ)-, afirmaron que “las personas mayores son los usuarios más frecuentes de los servicios que brinda el sistema de salud pública. En la actualidad, la asignación de turnos para las personas mayores no cuenta con ningún trato preferencial por sobre cualquier otra cita, dando como resultado consultas, estudios y/o operaciones programadas con tiempos de espera que sobrepasan lo aconsejable según su edad” e indicaron que “las personas mayores deberían tener un régimen preferencial en la atención médica pública debido a su mayor nivel de vulnerabilidad, frecuencia de enfermedades, necesidad de medicamentos y además, por los beneficios que proporciona a la sociedad en general”.

“La prioridad al momento de turnos no solo genera beneficios en cuestiones de santidad, sino que representa una forma de reconocer y dignificar la trayectoria de vida de todas las personas mayores”, agregaron y precisaron que “esto garantiza que reciban la atención adecuada y oportuna, necesaria para mantener su salud y calidad de vida, mientras se reduce la carga del sistema de salud y se mejora el sistema en general”.

Sobre esa misma línea, los legisladores informaron que “las personas mayores, por su estadio avanzado de edad, en general son las que mayor celeridad requieren al momento de acceder al sistema de salud. En la actualidad, los turnos médicos otorgados a personas mayores pueden demorar largos plazos de tiempo, lo que en muchos casos agrava el estado de salud del paciente” y destacaron que “como parte de una política integral basada en el mejoramiento continuo de su calidad de vida, la atención prioritaria en el ámbito de la salud pública para este grupo etario configura una política fundamental a tomar para lograr el objetivo antes mencionado”.

“Tener en cuenta estas necesidades forma parte de dar una respuesta rápida, real y efectiva a una problemática que afecta a una enorme parte de la población”, completaron.

El texto recientemente presentado también lleva la firma de Natalia Fidel y Diego García Vilas (VJ).

El Gobierno nacional promulgó este jueves la Ley de creación del Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas, sancionada el 28 de febrero pasado por la Cámara de Diputados, por medio de la cual se establece la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.

La norma fue publicada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 144/2023 firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

La iniciativa, que fue sancionada por 227 votos afirmativos y 2 negativos, había sido aprobada en el Senado en noviembre de 2020 y de no ser tratada antes del comienzo de un nuevo período ordinario podría haber perdido estado parlamentario.

La ley establece la creación del “Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina”, con la finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas. por el cual toda la información del paciente quedará documentada en un sistema único.

La autoridad de aplicación, que será designada por el Poder Ejecutivo, tendrá entre sus funciones crear y conformar con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la estructura organizativa del Programa y reglamentar su implementación y su progresivo funcionamiento.

Además, deberá determinar las características técnicas y operativas de la informatización y digitalización de las historias clínicas; elaborar un protocolo de carga e implementar un software de historia clínica coordinando la implementación interjurisdiccional; e instalar el software de forma gratuita en todos los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales, y, en la forma que se establezca por vía reglamentaria, en los centros de salud privados y de la seguridad social; entre otros puntos.

En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas se deja constancia de toda intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya sea en establecimientos públicos del sistema de salud de jurisdicción nacional, provincial o municipal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en establecimientos privados y de la seguridad social, reza el articulado.

Asimismo, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas debe contener los datos clínicos de la persona o paciente, de forma clara y de fácil entendimiento, desde el nacimiento hasta su fallecimiento.

“La información suministrada no puede ser alterada, sin que quede registrada la modificación pertinente, aun en el caso de que tuviera por objeto subsanar un error acorde a lo establecido en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y sus modificatorias”, indica.

También señala que “el paciente es titular de los datos y tiene en todo momento derecho a conocer la información en la Historia Clínica Electrónica, que es el documento digital, obligatorio, con marca temporal, individualizada y completa, en el que constan todas las actuaciones de asistencia a la salud efectuadas por profesionales y auxiliares de la salud a cada paciente, refrendadas con la firma digital del responsable”.

“El almacenamiento, actualización y uso se efectúa en estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso”, agrega.

La diputada nacional Carolina Píparo (Avanza Libertad) presentó un proyecto de ley para modificar dos artículos del Código Penal con el fin de agravar las penas a quienes agredan al personal de salud, debido a que "miles de médicos y enfermeros trabajan con miedo porque la violencia contra ellos escala día tras día”.

En la iniciativa propone incorporar el artículo 92 bis que establezca: “Si la víctima de las lesiones fuera personal de salud y la agresión se realizada durante el desarrollo de sus tareas y/o ámbito del desarrollo de su actividad profesional… en razón de su labor, la pena prevista en el artículo 89 de uno a tres años, en el artículo 90 de cuatro a seis años y en el artículo 91 de seis a diez años”.

Por otro lado, plantea incorporar el inciso C al artículo 149 que establezca penas de 3 a 6 años de prisión o reclusión si se emplearen armas o si las amenazas son anónimas; de 5 a 10 años si las amenazas tuvieran como propósito obtención de alguna medida o concesión, de compeler a una persona hacer abandono del país, si son realizadas contra el personal en razón de su función.

“Durante años, distintos gobiernos se han jactado de nuestro sistema de salud, al que diferentes políticos suelen catalogar como ‘de alta calidad’. Se llenan la boca negando la realidad, se enorgullecen mintiendo. Lo mínimo que corresponde a este Congreso es garantizarle al personal de salud que le recaerá la máxima pena a cualquier persona que atente contra ellos”, argumentó en el proyecto.

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En la sesión extraordinaria de este martes en la Cámara de Diputados se convirtió en ley el proyecto que crea un "Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina", con la finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas.

La iniciativa, que fue sancionada por 227 votos afirmativos y 2 negativos -correspondientes a los liberales Javier Milei y Victoria Villarruel-, había sido aprobada en el Senado en noviembre de 2020 y de no ser tratada antes del comienzo de un nuevo período ordinario podría haber perdido estado parlamentario.

Abrió la lista de oradores el exministro de Salud, Daniel Gollan (FdT), quien se mostró optimista para que el proyecto sea ley porque “hay un consenso generalizado”. En ese momento, interrumpió su alocución para criticar a sus pares: “Parece que hay algunos diputados que no les interesa el tema”.

Tras ese breve comentario, continuó: “Han trabajado todos los bloques en las comisiones y hemos recibido del Senado un proyecto que no tuvo prácticamente objeciones”, y destacó que “es realmente importante porque tiene que ver con la vida cotidiana de todos los argentinos”.

“Hablamos en los últimos tiempos de redefinir lo que está sucediendo con nuestro sistema de salud en el país y tenemos prácticamente la gran mayoría de los bloques una visión en común sobre muchos de esos problemas”, destacó Gollan.

Sobre el proyecto sostuvo que “genera una herramienta para poder instaurar una historia clínica digital que esté interconectada, que reciba la información de todas y cada una de todas las historias clínicas de todos y de cada uno de los argentinos que habitan el país”.

En esa línea, remarcó que “tiene una importancia primordial” porque en Argentina por año “sólo en el sector público se producen unos 150 millones de consultas anuales ambulatorias solamente hablando del sector público, esto hay que multiplicarlo por cinco para ver la dimensión de lo que se registra diariamente”. Asimismo, lamentó que el sector privado “no informa” y bregó para que “cambie a partir de esta ley porque no está conectado con las estadísticas y decisiones sanitarias”.

“35 millones de esas consultas son de urgencias o emergencias; 19 millones de medicina general; 15 millones de pediatría, y así”, detalló el diputado oficialista y siguió: “1.4 millones de egresos hospitalarios, es decir gente que está internada y se va. Todo esto está en un mundo totalmente inconexo hoy en día”.

clínica digital. Ateniendo a sus realidades en un país federal sabemos que la salud principalmente, si bien hay una función rectora del Ministerio de Salud, básicamente está sentada sobre las jurisdicciones provinciales”.

“Eso es muy bueno porque hay provincias que tienen mayor nivel de avance, otras que tienen menor, pero aún en las que tiene un buen nivel de avance, y hay que felicitarse por eso, todavía no es que contamos con una historia clínica en todos los centros de salud a los que se puede acceder en condiciones de seguridad, a los cuales los pacientes pueden acceder en forma rápida y ágil. Por lo tanto, aun en provincias que han empezado hace mucho este proceso, les falta mucho”, planteó.

El diputado oficialista volvió a criticar el sistema privado porque “no tiene interconexión, tienen desarrollos informáticos propios, historia clínica digital, pero no hay una interconexión con el conjunto del sistema”, y remarcó: “Esto es importante porque, a la hora de tomar decisiones en salud, nosotros tenemos los datos que provienen del sector público y se nos está perdiendo un 70% de esas prestaciones y es una información importante que no la tenemos”.

A su vez, explicó que “hay otra cuestión importante para tener una herramienta como esta. Como nuestro sistema sanitario está tan desorganizado, que cada vez que vamos a un centro de salud es casi como que empezamos de nuevo, nadie conoce nuestra historia anterior porque están en cartones o fichas en carpetas en cada uno de los centros de salud, eso se constituye en un punto grande de ineficiencia del sistema”.

“Si el profesional al que acudimos tiene acceso a los estudios previos, no tendríamos que estar repitiendo esos mismos estudios. Por lo tanto, desde el punto de vista de la atención, le agrega más cohesión al sistema y eficiencia en el funcionamiento y el resultado en la prestación de salud”, destacó el bonaerense.

En suma, remarcó que “es una ley que complementa la 27.553 que en el día de hoy fue reglamentada que genera una respuesta a otra problemática que es la receta digital”. En esa línea, planteó: “Deberíamos hacer las cosas antes porque tenemos que esperar tres años para que se reglamenten y perdemos tiempos”, y apeló para que “estas leyes se pongan en marcha rápido porque son una ventaja para el paciente y nos aporta una enorme y rica información epidemiológica”.

“Se ponen en marcha herramientas de la informática que son uno de los puntales centrales para integrar, construir, mejorar el sistema sanitario. Esta ley genera un instrumento que permite la interoperabilidad de todos los sistemas que ya se han desarrollado en las provincias y los nuevos que irán surgiendo”, ponderó. Gollan

También recalcó que “obliga a todos a informar como se corresponde, todos aquellos que manejen historias clínicas y cumpliendo con los mayores estándares de calidad para garantizar que esa información no caiga en manos de quien no debe y plantea todos los derechos del paciente de que es el titular de esa historia clínica”.

“Es un avance importantísimo, que las tecnologías de la información y comunicación nos dan, se avanza también en la capacitación, en la telesalud, todo este mundo nuevo que se viene de la aplicación de estas nuevas tecnologías que son útiles y necesarios”, avizoró.

Palabra autorizada para hablar, la presidenta de la Comisión de Salud Pública, la socialista Mónica Fein, remarcó que “dar quórum a veces significa dar avances” y recordó que el proyecto de no aprobarse en el día de la fecha perdería por segunda vez estado parlamentario.

“Es un sistema único de registro de historias clínicas en el país. Incluye a todas las jurisdicciones y todos subsectores porque tener un programa único y federal de informatización de todas las historias clínicas de la República Argentina genera un paso necesario para que cada uno pueda tener acceso a nuestra propia historia clínica porque es nuestra”, resaltó la santafecina.

En ese contexto, consideró que “es fundamental hacer un programa que permita progresivamente, en articulación con el Ministerio de Salud y el COFESA, tener acceso en todo el país a la historia clínica”.

En otro tramo de su discurso, explicó que el proyecto “contempla la necesidad de un protocolo, la capacitación de personal, el software de las historias clínicas es importante por la operatividad interna. Sabemos lo que cuesta empezar de cero la historia clínica. Comenzar a edades adultas a que nos pregunten cómo fueron nuestros partos. Pensémoslo en sistemas de emergencia que no tienen ninguna información de nosotros”.

“Este sistema debe ser interoperable por los diferentes subsistemas que conforman el sistema de salud. Creemos que hay que avanzar sobre la necesaria confidencialidad de la información que, si bien contempla este proyecto, creemos que hay mucho por hacer para proteger la informatización de nuestros datos, la confidencialidad, la integridad, la seguridad, la autenticidad, la confiabilidad. En fin, todas esas cosas que le den garantías de que los datos estén y sean utilizados de la mejor manera”, precisó Fein.

Por último, informó que 17 provincias tienen esta ley, pero lamentó que “en el país estamos atrasados en tener un sistema en condiciones de equidad”. “Este programa permite integrar lo farmacológico, lo ambulatorio, el diagnóstico por imágenes. Promueve una visión integral de los datos de cada persona, de cada apaciente y de su salud y marca una ventaja para los profesionales de la salud. Hoy cada vez más, la medicina remota requiere de estas leyes”, cerró.

A continuación, el diputado Rubén Manzi (Coalición Cívica - Catamarca) ponderó: “Este proyecto es un adelanto para nuestro sistema de salud”.

“Creo que es muy importante que este Parlamento asuma la tarea de que este sistema que implementamos sea lo suficientemente robusto y seguro. Sin ponerme en contra de lo que estamos legislando debo advertir que esta centralización de datos puede traer aparejado el riesgo de la violación de la privacidad de los pacientes”, alertó el catamarqueño.

Por otro lado, manifestó: “Esta ley debe ser un primer paso para ampliar la digitalización de la atención médica, ya que, esta digitalización sumada a este proyecto puede ser muy útiles para lograr la equidad a la que todos decimos adherir”.

“Los países que más éxito tuvieron en el manejo de la pandemia son los que tenían mejor instrumentada la digitalización del servicio de salud”, comparó.

Puntos principales de la norma

La ley establece la creación del "Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina", con la finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas.

La autoridad de aplicación, que será designada por el Poder Ejecutivo, tendrá entre sus funciones crear y conformar con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la estructura organizativa del Programa y reglamentar su implementación y su progresivo funcionamiento.

Además, deberá determinar las características técnicas y operativas de la informatización y digitalización de las historias clínicas; elaborar un protocolo de carga e implementar un software de historia clínica coordinando la implementación interjurisdiccional; e instalar el software de forma gratuita en todos los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales, y, en la forma que se establezca por vía reglamentaria, en los centros de salud privados y de la seguridad social; entre otros puntos.

En el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas se deja constancia de toda intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya sea en establecimientos públicos del sistema de salud de jurisdicción nacional, provincial o municipal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en establecimientos privados y de la seguridad social, reza el articulado.

Asimismo, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas debe contener los datos clínicos de la persona o paciente, de forma clara y de fácil entendimiento, desde el nacimiento hasta su fallecimiento.

"La información suministrada no puede ser alterada, sin que quede registrada la modificación pertinente, aun en el caso de que tuviera por objeto subsanar un error acorde a lo establecido en la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y sus modificatorias", indica.

También señala que "el paciente es titular de los datos y tiene en todo momento derecho a conocer la información en la Historia Clínica Electrónica, que es el documento digital, obligatorio, con marca temporal, individualizada y completa, en el que constan todas las actuaciones de asistencia a la salud efectuadas por profesionales y auxiliares de la salud a cada paciente, refrendadas con la firma digital del responsable".

"El almacenamiento, actualización y uso se efectúa en estrictas condiciones de seguridad, integridad, autenticidad, confiabilidad, exactitud, inteligibilidad, conservación, disponibilidad y acceso", agrega.

El diputado del Frente de Todos (FdT) Javier Andrade denunció en las redes sociales que las cirugías en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires debieron ser postergadas debido a que los quirófanos por falta de aire acondicionado y aseveró que esta situación se debió a que el “macrismo lleva 16 años desfinanciando la salud pública”.

En ese sentido, el legislador se preguntó: “¿por qué no nos sorprende que se suspendan cirugías en hospitales públicos de CABA por falta de aires acondicionados en los quirófanos? Porque llevan 16 años desfinanciando la Salud pública”.

“El presupuesto de Salud pasó de representar el 21,8% del presupuesto total en el 2015 al 15,2% en el año 2023. Una caída en términos reales del 22,7%”, explicó el kirchnerista y remarcó que “el Ministerio perdió la posibilidad de invertir 96 mil millones de pesos respecto a lo que invertía en el 2015”.

Además detalló que “el presupuesto de Infraestructura Sanitaria también cayó, desde el 2017 al 2023 sufrió un ajuste del 15,49%” y precisó que “el recorte en Personal de Salud del 2015 al 2023 fue del 35,30%”.

Sobre esa misma línea, Andrade explicó que “por si fuera poco el presupuesto del Ministerio de Salud se subejecutó todos los años, esa subejecución acumulada desde el 2015 al 2022 equivale a casi 28 mil millones de pesos. O sea un 8,5% del presupuesto total de Salud para el 2023” y concluyó señalando que “no es una excepción ni es casual, si los sistemas públicos no funcionan entonces la respuesta se busca en los privados. Es un modelo de gestión al servicio de los negocios de unos pocos en contra de garantizar los derechos elementales de todos”.

¿Por qué no nos sorprende que se suspendan cirugías en hospitales públicos de CABA por falta de aires acondicionados en los quirofanos? Porque llevan 16 años desfinanciando la Salud pública.
🧐Veamos los números de Larreta👇🏽 pic.twitter.com/7UhoPIRfu2

— Javier Andrade (@javieroandrade) February 13, 2023

En el Hospital Materno Infantil (HMI) Dr. Florencio Escardó, personal médico del municipio de Tigre salvó la vida de Samara Zárate, una niña de 3 años que sufrió un impacto en su cabeza debido a una caída de 3mts de altura. La paciente ingresó a quirófano con un traumatismo de cráneo severo y se le realizó una neurocirugía.

Graciela Verón, madre de Samara, se mostró agradecida e indicó: “Soy vecina de Tigre, ingresé al hospital con mi hija en muy grave estado. Se cayó de una escalera y tuvo traumatismo de cráneo. La ingresaron a quirófano el miércoles e iban a hacer lo posible para salvarle la vida, hoy está acá. Fue difícil, pero los doctores, las enfermeras y el hospital hicieron todo para que mi hija esté acá conmigo. Todos fueron muy amables y muy profesionales, este hospital merece todos los aplausos”.

Samara llegó a la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) el 18 de enero y fue diagnosticada con un hematoma extradural parietotemporal derecho. Se le realizó el procedimiento denominado “evacuación de hematoma extradural" que estuvo a cargo del neurocirujano Dr. Carlomagno. Tras la intervención pasó a sala común donde se le realizaron controles y se constató una correcta recuperación, por lo que fue dada de alta.

El director asociado del HMI, Jorge Galarza, señaló: “Samara ingresó en el HDI de Benavídez y fue trasladada para acá. Se le hizo una tomografía, en la cual se vio un hematoma extradural parietotemporal derecho. Ingresó convulsivando, grave, con requerimiento de oxígeno y se llamó al neurocirujano. Entraron a quirófano y le hicieron una evacuación del hematoma. La paciente se encuentra bien, ya está dada de alta”.

Y agregó: “Estamos felices porque la paciente está bien. Tenemos hoy, que hace cuatro años no lo teníamos, a los neurocirujanos. Se fueron sumando otros servicios, contamos con traumatólogo, otorrino y cirugías pediátricas. Estamos creciendo, todo en beneficio para los vecinos de Tigre. Es una operación poco común, antes se derivaba a otro hospital”.

 El secretario de Salud, Fernando Abramzon, expresó: “Estamos contentos de poder resolver casos médicos tan complejos, gracias a la inversión que el intendente Julio Zamora ha dispuesto en los últimos cuatro años convirtiendo el hospital maternal en un materno infantil, con todos los servicios de alta complejidad. La inversión en salud, en estos últimos cuatro años, fue con prioridad en los más pequeños y actualmente trabajamos en los más adultos con la creación de los HDI, próximamente el servicio hemodinamia y el futuro hospital de alta complejidad".

El diputado nacional Pedro Galimberti (UCR -Entre Ríos) alertó que la salud en su provincia está “patas para arriba” y apuntó contra el gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, que “tiene prioridades invertidas en muchas áreas”.

A través de un hilo de tuits, el radical contó: “Recién leo que el Hospital de mi ciudad, Chajarí, acaba de incrementar, en un año electoral, un 10% la dotación de personal, pasando 26 agentes a planta permanente. Me puse feliz por los trabajadores, pero me duró poco”.

“Fui a mirar la ley de presupuesto 2023 y encontré que el Hospital Santa Rosa tiene 254 agentes, pero sólo 148 son del Escalafón de Sanidad. El resto son administrativos, técnicos y personal de servicios. De los 26 nuevos trabajadores en planta sólo 8 son enfermeros”, planteó.

En ese sentido, sostuvo que “la salud pública no se hace sólo con personal de salud, pero en una casa donde se ejerce el ‘arte de curar’ el personal de Escalafón General nunca debería ser igual o mayor al personal médico y de enfermería”.

“No es mi intención juzgar el trabajo que el personal realiza con empeño, esmero y dedicación”, aclaró Galimberti, pero sí pidió “hacer notar cosas que no están bien y que deberemos cambiar en esta Entre Ríos ‘patas para arriba’, de prioridades invertidas”.

Durante todo enero y la primera semana de febrero, la municipalidad de Escobar desplegará programas de salud bucal y oftalmológica en las Colonias de Verano. Los operativos comenzaron esta semana en los polideportivos de Garín, con unos 300 chicos y chicas atendidos.  

Por un lado, se lleva a cabo el programa oftalmológico “Ver para Hacer" que comprende el control de agudeza visual. En caso de que él o la persona evaluada tenga una alteración, se le indican los exámenes para determinar si necesita lentes, y de ser necesarios, se entregan de manera gratuita. 

En tanto, a través del Programa de Salud Bucal, el equipo de odontología municipal brinda charlas de higiene bucal, entrega de cepillos de dientes, y realiza la derivación al servicio de odontología para las personas que lo requieran. 

Los programas se desarrollan de 9 a 14, bajo el siguiente cronograma: 

• Lunes 16 y martes 17: Polideportivo Juan Domingo Perón (Boulevard 5 de Junio, Maquinista Savio). 
• Martes 17, miércoles 18 y jueves 19: Polideportivo Ingeniero Maschwitz (Villanueva y El Dorado). El martes se realizará solo el testeo de agudeza visual. 
• Lunes 23 y martes 24: Club de la Familia (Dorrego 65 y Juan B. Justo, Matheu).  
• Martes 24, miércoles 25 y jueves 16: Club Ymcahuasi (España 24, Matheu). El martes se realizará solo el testeo de agudeza visual. 
• Lunes 30 y martes 31: Polideportivo de Loma Verde (Los Arrayanes y Los Aromos).
• Martes 31, miércoles 1 y jueves 2: Club Italiano de Escobar (Campo de Deportes en Los Italianos y Colectora Este, Loma Verde). El martes se realizará solo el testeo de agudeza visual.Lunes 6 y martes 7 de febrero: Polideportivo Luis Monti (Tapia de Cruz 1280, Belén de Escobar). 

En la Reserva Municipal ubicada en el arroyo Rama Chico, el Municipio de Tigre y la Provincia de Buenos Aires llevaron adelante un taller con vecinos, con el objetivo de poder brindar herramientas para el monitoreo y la temprana identificación de cianobacterias en los cursos de agua de las Islas. 

El encuentro estuvo organizado por la Dirección General de Gestión Ambiental, la Dirección coordinadora del Centro de Interpretación de los Humedales del municipio del Tigre y la Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense. Tuvo como fin reconocer e identificar las floraciones algales para definir medidas de prevención. 

Además, se buscó generar una red de información para detectar a tiempo las cianobacterias y se conversó sobre las posibles iniciativas para la mitigación del riesgo y otras medidas de adaptación por parte de la comunidad en trabajo asociado con el Gobierno comunal. 

Las cianobacterias son microorganismos que tienen la capacidad de liberar toxinas, lo que genera potencialmente un riesgo para la salud de los seres vivos. 

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, inauguró una sala de medicina hiperbárica en el Hospital Municipal Ciudad de Boulogne. Se trata de un equipo para aumentar la concentración de oxígeno en sangre y tratar enfermedades neurodegenerativas, intoxicaciones por monóxido de carbono, gangrenas y diabetes, entre otras patologías. 

“Tener esta cámara hiperbárica en un sistema de salud público municipal nos llena de orgullo porque significa mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. La salud es prioridad, por eso vamos a seguir sumando nuevas tecnologías en nuestros tres hospitales”, señaló Posse. 

Actualmente, la terapia de oxígeno hiperbárico es una herramienta (no invasiva) fundamental en la recuperación de pacientes con diferentes enfermedades. Se trata de un equipo poco frecuente en el sector público. 

El secretario de Salud Pública del Municipio, Juan Viaggio, recordó que este tratamiento hiperbárico fue implementado con éxito en el Hospital Central de San Isidro durante la pandemia como parte de un estudio de investigación mundial para disminuir la reacción inflamatoria que provocaba el Covid-19. 

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro) denunció que el Gobierno nacional en una decisión administrativa firmada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el ministro de Economía, Sergio Massa, recortaron fondos del área de salud y alertó que “eso es menor calidad de vida para los argentinos”.

“Como siempre, cuando se trata del presupuesto, el Gobierno Nacional miente. Hace votar en el Congreso un presupuesto que tiene cantidades extraordinarias de dinero se supone para ampliar derechos, pero después cuando tiene efectivamente que gastar, ajusta. ¿Y dónde ajusta? Donde más duele”, relató el diputado bonaerense en un video que publicó en Twitter.

En ese sentido, denunció: “El gobierno de los Fernández vuelve a demostrar que tiene un presupuesto para la tribuna y otro real. Juan Manzur, Wado de Pedro y Sergio Massa acaban de recortar 5 mil millones de pesos en partidas del Ministerio de Salud y en transferencias a las provincias vinculados a la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles”.

“Entre muchas otras, algunas de ellas son la hipertensión, la diabetes, la obesidad, las enfermedades neurológicas, dolencias asociadas directamente a la calidad y a la expectativa de vida de la población. Eso es menor calidad de vida para los argentinos”, precisó Finocchiaro.

Y apuntó: “Esta reducción de derechos, este nuevo ajuste a la salud de los argentinos nos deja a contramano de lo que está haciendo el mundo. En la misma decisión administrativa se incrementan los recursos destinados al Instituto de las Madres de Plaza de Mayo”.

Más de 35 mil vecinos resolvieron trámites y se hicieron controles de salud con el programa San Isidro Cerca. Durante cinco meses la iniciativa municipal recorrió todas las localidades del distrito. 

“La propuesta tuvo muy buena recepción por parte de los vecinos. Es importante ayudarlos a mejorar sus problemas cotidianos. Concentrar diferentes prestaciones en un mismo día y lugar promueve una mejor calidad de vida. Agiliza trámites y ahorra tiempo, porque evita que tengan que ir de un sitio a otro. Acercar el Estado a los vecinos definitivamente garantiza el bienestar de todos”, indicó la concejal Macarena Posse, que se acercó a la última jornada del año en la Plaza Castiglia (Don Bosco y Garibaldi, San Isidro). 

Los servicios que el municipio acercó a los barrios en materia de Salud fueron: chequeos médicos generales, oftalmología, odontología, vacunación de calendario, orientación en trámites de discapacidad, apto físico, entre otros. 

También, hubo puestos de vacunación de mascotas; orientación y trámites en Desarrollo Humano y Social; consultas sobre licencias de conducir; inscripción a talleres con rápida salida laboral; atención y reclamos de las diferentes áreas municipales. 

Además, los vecinos encontraron cuestiones relacionadas a la sustentabilidad como el ecopunto móvil que recibe pilas, baterías y material reciclable. Y participaron de talleres de compostaje y accedieron a bolsones de leña del programa “Buena Madera”. 

Además, Papá Noel culminó su recorrido por las principales calles y plazas del partido. Más de 10 mil pequeños pudieron sacarse una foto, dejar sus cartitas con los pedidos y vivir un momento mágico. 

El municipio de Tigre estuvo presente en la inauguración del nuevo edificio del Hogar Santa Rosa en el centro de la ciudad. El intendente Julio Zamora y la concejala Gisela Zamora junto a autoridades del Gobierno local acompañaron la presentación del nuevo espacio –ubicado en Av. Victorica 348- que permitirá mejorar la calidad de vida de las 33 mujeres que residen allí. 

“Una inauguración importante, un hecho que realmente nos conmueve. Cada vez que venimos a este hogar es un momento de mucho amor, de entrega de las hermanas hacia las mujeres que residen acá. Por esa razón, que tengan un nuevo edificio, con nuevas comodidades, mayor seguridad y mejor atención es realmente motivo de alegría, primero para toda la gente cercana al hogar y también para nosotros, de tener un establecimiento de esta calidad en el distrito”, afirmó el jefe comunal. 

Además, agregó: “Esta es una institución especial que tiene la mirada atenta del Municipio de Tigre, como en todas, pero está en particular aquí por su contenido; se trata de chicas muy vulnerables, con discapacidad, algunas que vienen de situación de abandono, que hace que tengamos que estar más presentes”. 

En sus palabras de bienvenida, la Hermana Mónica Molina, directora de la institución, mencionó el camino recorrido hasta llegar a construir el nuevo edificio del hogar. Después, agregó: “La verdad es que estamos sumamente contentas, ilusionadas. Es una obra muy esperada, esta construcción demoró más o menos 20 años; después se tuvo que modificar un poco los planos originales porque cambió la normativa, pero ahora se pudo hacer con todas las exigencias. Julio Zamora es un amigo de la casa, siempre está con nosotros, siempre que lo necesitamos está presente, nos sentimos queridas y apoyadas”. 

Luego, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Ojea, llamó a la comunidad a seguir velando por los sectores más vulnerables. El intendente Zamora fue el siguiente en hablar y destacó que “si queremos saber cuál es el significado de la palabra amor tenemos que recorrer este lugar”. Posteriormente, Ojea bendijo a todos los presentes y al nuevo edificio, para dar pie a el tradicional corte de cinta en el que participaron las autoridades municipales y de la entidad. 

El secretario de Desarrollo Económico y Relaciones con la Comunidad, Emiliano Mansilla, expresó: “Desde el Municipio celebramos la posibilidad de que hoy se pongan estas nuevas instalaciones para continuar con esta obra tan importante. Entre todos hemos podido colaborar con algo, pero el alma de esto son las hermanas del hogar y el esfuerzo que hace la comunidad, que día a día están para la contención, para poder de alguna manera hacerle la vida mejor a mucha gente”. 

Durante el encuentro, la institución descubrió 4 placas conmemorativas: la primera del Honorable Concejo Deliberante; la segunda del Municipio de Tigre, la tercera de la comunidad y la última en honor al ex intendente Hiram Gualdoni por su rol en los comienzos de la institución. 

Los presentes recorrieron las instalaciones del edificio que cuenta con una planta baja con servicios de cocina, lavadero, oficinas, un oratorio, una sala de recepción de visitas y más. El primer piso se acondicionó para el desarrollo de diversas actividades como tejido, pintura, telar, educación física, entre otras. Además, dispone de un SUM y un consultorio odontológico. Por otro lado, el segundo piso se equipó para albergar a las mujeres que requieren más cuidados específicos, mientras que el tercero está destinado a las personas más autoválidas. 

El Hogar Santa Rosa comenzó a funcionar en una antigua casona donada por la familia Valle en 1972, y fue adaptada para brindar atención a mujeres con distintos tipos de discapacidad. Las nuevas instalaciones mejorarán notablemente la calidad de vida de las 33 mujeres en situación de discapacidad de entre 22 y 88 años.