La Cámara alta aprobó en la madrugada del viernes y sin oradores, con 54 votos a favor 1 en contra -de la cordobesa del Pro Carmen Álvarez Rivero- un proyecto que busca crear el Programa Pubertad Precoz, para garantizar el acceso a la detección, diagnóstico y tratamiento integral para el abordaje de la pubertad precoz central (PPC) en niñas y niños.  

El proyecto tenía media sanción de Diputados desde el pasado 19 de abril.  La pubertad precoz es una condición que lleva a los niños y niñas a adquirir en forma temprana caracteres sexuales secundarios. Esta problemática no se reduce sólo a cambios físicos, también conduce a otros emocionales y psicológicos.   

Este proyecto, que fue impulsado por los diputados Rubén Manzi y Carla Carrizo, tiene como funciones entender en todo lo referente a la investigación, docencia, prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la enfermedad en sus aspectos médicos y sociales.  

También promueve la capacitación, formación y perfeccionamiento de profesionales de la salud en el abordaje y tratamiento de la PPC, como así también generar protocolos de atención de niñas y niños con ese diagnóstico.  

Prevé realizar estudios estadísticos sobre la Pubertad Precoz Central que abarquen todo el país, y llevar adelante campañas informativas/educativas destinadas a la comunidad en general y a grupos específicos, tendientes a crear conciencia sobre la enfermedad.  

La Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presidida por Oscar Parrilli (UC-FdT), avanzó este miércoles con el dictamen de un proyecto de ley para tipificar en el Código Penal el delito de compra y venta de niños, de modo de cumplir con una condena que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió contra Argentina a raíz del caso Fornerón.

El oficialismo decidió poner a la firma el despacho, con el compromiso de trabajar en posibles modificaciones de cara al recinto. Los radicales Eduardo Vischi y Carolina Losada -autora de una iniciativa en el mismo sentido- pidieron que volviera a asesores, pero Parrilli ratificó que sacarían dictamen del texto enviado por el Poder Ejecutivo en agosto pasado.

Sobre ese proyecto, la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, sostuvo que “es el más completo”. “Nos satisface mucho que también contemple que serán penados con los mismos montos de sanción cuando no haya una remuneración o precio a cambio”, señaló.

En su exposición, la funcionaria manifestó: “Estamos absolutamente complacidos con que por primera vez en la República Argentina, después de tantos años, se hayan propuesto tipificar la conducta de la compra y ventas de niños”.

Al referirse en particular a la compra-venta de menores “con fines de adopción”, la abogada remarcó que este hecho “es absolutamente irregular e ilegal” y “ha sido un delito que se viene cometiendo hace muchísimos años”.

“Pensar que la adopción, a través de la compra o la apropiación, es una vía para salvarle la vida a los niños de la pobreza no solo es un error o un hecho antijurídico, sino que es éticamente reprochable”, enfatizó.

La defensora aclaró que “la adopción nunca puede ser un contrato entre particulares” y añadió que “las personas recién nacidas nunca pueden ser objeto de una transacción, sea onerosa o gratuita”. “Por eso nosotros necesitamos esta norma”, continuó.

Graham apuntó que la CIDH consideró “inadmisible el caso del señor Fornerón” y por eso “el Estado argentino es condenado, y es bien condenado”. “No es un solo caso, es el caso que llegó a la Corte e hizo que nos condenaran. Hay cientos y cientos de casos”, advirtió.

Además, la funcionaria reclamó que luego de aprobar esta norma, se avance “con otro proyecto de ley que amplíe el delito de trata con fines de adopción”. 

En el uso de la palabra, Leonardo Aníbal Javier Fornerón relató que en el año 2000 se enteró que iba a ser padre, momento en el que se puso en contacto con la madre biológica de su hija. “Ella al principio me lo negó, me dijo que no era el papá”, contó y siguió: “Al punto de nacer, ella se va del pueblo y una vecina me llama y me dice que antes de irse le dijo que yo era el padre”.

“Automáticamente empecé la búsqueda para saber dónde estaba. Le pregunté a unas amigas y me dijeron lo mismo. Después de una semana una amiga me llama y me dice que habló con Diana y me comunicó que ella venía para hablar conmigo”, sumó.

Fornerón recordó que charló con la madre de su hija quien le confirmó finalmente que él era el padre, pero al consultarle por la menor, ella sostuvo que “estaba en Buenos Aires en la casa de una tía”, y agregó: “Yo le dije que me iba a hacer cargo de mi hija, pero ella no quería”.

“Esto fue un sábado que charlé con ella. A los dos días me presenté ante Defensoría y manifesté lo que ella me había dicho que se había comprometido a traerme a la nena. La defensora me dijo que tenía que esperar hasta el miércoles y ahí yo me podía hacer cargo de mi hija”, continuó con su relato.

En esa línea, precisó que la Defensoría los citó a ambos, pero la mujer pidió conversar en privado con la defensora, quien luego le manifestó que ella le dijo que él no era el padre y contó: “Yo le dije que a mi hija la quiero. Nos dieron una copia de lo que había declarado, salgo la leo y decía que ella había venido a Buenos Aires, que había dejado a la nena en la casa de una tía. Que no recordaba el domicilio”, momento en el que se preguntó: “¿Cómo no vas a recordar el domicilio donde dejaste a tu hija?”.

Con una voz quebrada al borde de las lágrimas, Fornerón continuó relatando que pasó por un estudio de abogados que, hasta el día de la fecha, siguen siendo sus abogados. “Le consulté, le volvimos a hacer una petición a la defensora donde se pidió que se la vuelva a indagar y diga el domicilio exacto de dónde había dejado a la menor y que por intermedio de la policía se constatara en qué condiciones estaba”.

“Cuando me llama la defensora, ella había cambiado completamente su testimonio. Había dicho que la dejó en la ciudad de Victoria. Que la había tenido ahí y la había entregado para futura adopción. La defensora me dijo que antes de que pase más el tiempo íbamos a hacer el reconocimiento de mi hija. Al mes y dos días de que ella nació pude hacer el reconocimiento. Cuando tuve la partida de nacimiento, que me tardó 40 días, hicimos la presentación para que se me restituyera de que yo me iba a hacer cargo de la nena y la iba a criar”, explayó.

En tanto, agregó que a raíz de esa presentación “los padres adoptivos que tienen a mi hija se presentaron porque querían hablar conmigo. Me dijeron ‘vos pedime lo que sea con tal de dejarme a la nena’, yo les dije que no les iba a pedir nada, yo quiero a mi hija”. Asimismo, contó que el abogado de la familia adoptiva le volvió a solicitar pruebas de ADN, pero “siempre por intermedio de la justicia porque ellos querían hacerlo de forma privada”.

“El juez me citó en Victoria y lo primero que me planteó es un régimen de visita y que la nena cuando sea grande decida con quién quiere estar”, contó acongojado y siguió: “Yo me negué, yo quería criar a mi hija porque las posibilidades de ver a mi hija con un régimen de visitas iban a ser de una vez al mes”.

Además, Fornerón relató que había pedido que ambos se sometan a la prueba de paternidad porque “yo no la vi nacer a mi hija. Me pueden traer a cualquier bebé y me da negativo, pero a la madre no. Entramos en una discusión con el abogado, y el juez determinó que ambos nos hacíamos la prueba, pero la bebé siguió estando con esa familia”.

“El 24 de noviembre me dieron la prueba de ADN y empecé a exigir la tenencia de mi hija, pero empezó la feria judicial y tuvimos que esperar. Después de eso, el juez pidió un perito psicológico para que dijera qué daños podría tener la menor al pasar de una familia a la otra, pero la perito no me citó, no vio a la nena, solo lo hizo por biografías y concluyó que el cambio iba ser perjudicial para la menor siendo que tenía a penas 6 meses”, explayó en su relato y agregó que “el juez se había comprometido a darme a mi hija si el ADN daba positivo y no lo hizo”.

En esa línea, expresó que la primera sentencia que salió sostenía que no se le otorgaba la tenencia de su hija porque “era padre soltero, que mi hija no contaría con una figura materna, que perdería el vinculo materno, y que era pobre de bajos recursos y que no iba a tener la misma calidad de vida”.

“Mi madre…” quiso seguir con su relato Fornerón, pero la tristeza y la angustia de recordar su lucha le enmudecieron la voz, por lo que tuvo que humedecer su garganta con un sobo de agua para continuar: “Mi mamá se presentó ante el juez con una amiga diciéndole que, si no me la entregaban a mí, ella se iba a hacer cargo de su nieta”.

Las lágrimas en los ojos comenzaron a caer y la voz del invitado cada vez se pausaba más, tal era la emoción del relato que la senadora oficialista María Eugenia Duré se levantó de su silla y se retiró por un momento porque tampoco pudo contener el llanto.

Luego de secarse las lágrimas con un pañuelo, tomó aire y siguió: “Mi mamá le dijo que ella le daría un hogar, pero el juez le contestó que ella no tenía nada que ver y hasta el día de hoy no la conoce”.

“A raíz de esto hicimos una apelación como correspondía. Los siguientes pasos era la Cámara que en su momento me dio el fallo favorable, pero ellos apelaron y el Tribunal Supremo me negó la tenencia de mi hija. Ahí fuimos al nivel internacional que me ayudó mucho una fundación. Yo hoy no tengo vínculo con mi hija porque desde que es mayor de edad me pidió tiempo. Quedó en mandarme un número de teléfono que jamás me lo pasó hasta el día de hoy. Hace 22 años y 4 meses que estoy esperando el juicio por todos los culpables y responsables de que hoy mi hija no está conmigo. Yo la sigo esperando y con los mismos pensamientos de tenerla y criarla. Formé una familia y tengo cuatro hijos”, cerró su relato entre lágrimas Fornerón.

OD0486.docx

Durante la reunión de la Comisión Bicameral de la Defensoría de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a cargo de la riojana Clara Vega, que se llevó a cabo este martes en la que la titular de la Defensoría, Marisa Graham, se presentó a brindar su informe anual la diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) le pidió “recomendaciones” para avanzar con una Ley de Salud mental para niños.

Al comienzo de su intervención, Carrizo celebró los “avances en los datos precisos” que se dieron durante la exposición de Graham porque “siempre son por aproximación y poder tener una franja de la edad de chicos que quedan fuera de algún programa para poder asignar políticas es un avance”.

A continuación, expresó: “Necesitamos recomendaciones en el tema de salud mental de niños, niñas y adolescentes. Se que hicieron conversaciones, charlas y encuentros, pero nosotros necesitamos una ley, necesitamos avanzar en los 24 distritos del país porque la verdad que ningún gobierno desde que se sancionó la Ley de Salud Mental ha cumplido con que 10% de lo que se asigna para Salud, siendo para el área de salud mental el 2,4%”.

“El 10% no se cumple y eso se divide entre adultos, niños, niñas y adolescentes. Necesitamos recomendaciones efectivas”, reclamó la diputada y sumó: “Necesitamos que no se subejecuten ningún programa dirigido a niño, niña y adolescente en ningún área, salud, educación, que no haya ninguna excusa. Este país es el que más impuestos cobra”.

En respuesta, Graham se lamentó e informó: “La mala noticia es que de ese 2,4% la mayoría va a adultos porque hay algo, que es una rémora típica, de pensar que los Ministerios de Salud nacionales y provinciales en el tema salud mental lo delegan en el área de infancias”.

“De ese 2,4% a los niños y niñas les llega cero. Entonces para los chicos y chicas salud mental no hay porque no está pensando que los niños, niñas y adolescentes puedan tener padecimientos subjetivos”, cuestionó la funcionaria en coincidencia con lo propuesto por Carrizo.

A su vez, cuestionó que “la Ley de Salud Mental fue de avanzada, pero para adultos. Hay un solo artículo que refiere a niños, niñas y adolescentes y solo a casos de internación e internación involuntaria”.

La secretaría de la Comisión, la diputada Paola Vessvessian (FdT -Santa Cruz), se sumó al pedido de su par porque es “fundamental”.

Los diputados nacionales del Frente de Todos Federico Fagioli y Paula Penacca, presentaron en el Congreso un proyecto de ley para la creación de un Boleto Sanitario Gratuito para niños, niñas y adolescentes que necesiten trasladarse a centros de salud y no tengan los medios suficientes para acceder a ello. También, incluye a las personas gestantes y familiares acompañantes, señaló

Anteriormente había sido presentado en marzo de 2020 y perdió el estado parlamentario, respecto lo cual la integrante del Colectivo Boleto Sanitario Fernández Montobbio expresó en diálogo por FM La Patriada que “la iniciativa presentada en el Congreso tiene que ver con la posibilidad de que se garantice un boleto sanitario para que niños y adolescentes que atraviesan un tratamiento prolongado o de enfermedad crónica puedan llegar al hospital”.

La propuesta indica que el beneficio sería para aquellas personas hasta los 18 años de edad que deban trasladarse a hospitales, instituciones y/o centros de salud públicos.

En esa misma línea, agregó que “en general, el proyecto apunta a la etapa de diagnóstico” y explicó que “el primer artículo de la ley contempla la posibilidad de cualquier otra situación y la cuestión de la medicación”.

Respecto al Colectivo Boleto Sanitario que lleva una larga trayectoria por el reclamo de esta normativa, señaló: “Somos un colectivo de trabajadoras sociales que estamos en el ámbito de justicia y de salud. Acompañamos situaciones familiares de niños, niñas y adolescentes en tratamientos prolongados o enfermedades crónicas”.

“Esto surge porque empezamos a detectar que muchas familias no pueden llegar al hospital porque no tenían para el boleto”, argumentó Fernández Montobbio.

Además charlamos sobre el proyecto que propone crear el Boleto Sanitario, una herramienta que apuesta a garantizar un pleno acceso al derecho a la salud.

Pueden escuchar la entrevista acá 👇🏽https://t.co/cHp5iB6BvT

— Paula Penacca (@PaulaPenacca) May 22, 2022

En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, el diputado nacional Julio Cobos (UCR) presentó un proyecto de ley que propone “instituir una Libreta de Salud Infantil como documento único de información, destinada al registro de los controles periódicos del estado de salud general de la población materno infantil y adolescente, pero que además incluya información propia del Síndrome de Down y de otras patologías discapacitantes y prevalentes en la población infantil”.

El mendocino explicó que, de acuerdo a su iniciativa, “estas libretas de salud se proveerán gratuitamente, garantizando el acceso sin trámites a toda la población y contendrá información diversa como datos personales, peso, talla, perímetro cefálico, edad gestacional, puntaje de APGAR, grupo sanguíneo, factor RH, anomalías y malformaciones detectadas, patologías intercurrentes; tablas de crecimiento y desarrollo de la OMS, tensión arterial, calendario de vacunación, controles audiológicos, oftalmológicos y odontológicos; entre otros”.

En relación específica con el Síndrome de Down, deberán incluir “tablas de crecimiento y desarrollo para el Síndrome de Down, información y controles para la intervención temprana y evaluación médica continua; y respecto de otras patologías discapacitantes según lo determine la autoridad de aplicación de la ley”.

El exvicepresidente señaló que “esta iniciativa acompaña a las adecuaciones que nuestro país ha realizado en su normativa interna a los preceptos internacionales en pos de garantizar la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad desde la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Actualmente, existen jurisdicciones que no cuentan con este documento y aquellas que lo poseen tienen diversas modalidades de registro. Por eso, presentamos este proyecto para contar con un marco general a nivel nacional y ampliar el alcance de la población a la cual está destinado el documento de referencia. Se proponen pautas mínimas comunes de elaboración de la libreta de salud infantil con el objeto de establecer un registro uniforme y permitir el seguimiento de la salud de niños/as y adolescentes”.

“A los controles establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación para niños sin patología significativa de base, se incorporan a los niños, niñas y adolescentes con Síndrome de Down, con el objeto de lograr un adecuado seguimiento de su desarrollo y crecimiento, unificando las actuaciones profesionales en este sentido. En Argentina el promedio de esta alteración genética es de 20.1 por cada 10.000 nacimientos, la segunda cifra más alta en comparación con el resto de países Iberoamericanos”, agregó el radical.

Finalmente, Cobos dijo que con este proyecto “respondemos a la inquietud y necesidad expresada por la Asociación de Síndrome de Down de la Provincia de Mendoza (ADOM) que, promoviendo el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, trabaja junto a las familias por la inclusión, la atención temprana, la educación, el trabajo y la vida independiente de las personas con Síndrome de Down. Pretendemos que el niño/a y adolescente con Síndrome de Down y su familia se encuentren contenidos y acompañados por el sistema, brindándoles apoyo y orientación, como así también, proveerles de información significativa para el ejercicio de sus derechos. El cuidado de la salud y la estimulación temprana les brindará mayores oportunidades para una vida plena”.

Durante la reunión presencial que se llevó a cabo este viernes de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz), se presentó un Plan de Cooperación Argentina 2021-2025 con representantes de UNICEF y un balance del Plan de Trabajo llevado a cabo en el año. Allí enumeraron cinco problemas principales que atraviesan a los niñas, niños y adolescentes del país y que significa un desafío a resolver.

La palabra de los invitados:

La primera oradora fue Luisa Brumana representante de la entidad quien destacó el “trabajo realizado en conjunto”, y agregó: “Estuvimos trabajando con la Defensoría en ámbito de diagnóstico, indicadores de protección integral y el fortalecimiento territorial, pero el diálogo es muy importante. Esperamos tener espacios de ideas y de colaboración a futuro con el Estado en los tres niveles”.

“La pandemia ha profundizado los problemas y requieren soluciones inmediatas como salud mental, las diversiones y la integridad, la cuestión económica también fue agravada por la pandemia, estamos apoyando programas para la inserción de jóvenes al mundo laboral”, concluyó.

Por consiguiente, Olga Isaza representante adjunta procedió a explicar: “Hicimos un análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina con varias fuentes de información para entender las principales problemáticas actuales. Seleccionamos cinco problemas que consideramos los más importantes y desafiantes. También en consecuencia cuáles son los aportes que podemos a hacer al Estado desde UNICEF”.

“El primer desafío tiene que ver con la pobreza que esta afectando a los infantes. A finales del semestre de este año 6 de cada 10 niños en Argentina vivía en situación de pobreza, lo cual no se distribuye de forma igual en todo el territorio, de acuerdo a la composición de los hogares, de las provincias, es necesario focalizar la atención para traer estas familias y niños que se están quedando atrás”, comenzó.

Y continuó: “Nos preocupa mucho los niños que están en extrema pobreza. Por supuesto consideramos que Argentina en la región tiene un sistema de protección social robustos, pero aún tiene desafíos que no logra una cobertura universal porque tiene una fragmentación en la bonificación que no cubre las necesidades para la superación de la pobreza en las familias. Fundamentalmente hay una falta de información sobre otras poblaciones como las indígenas, los discapacitados”, y remarcó que “pobreza y desigualdad territorial es el primer problema”.

En segundo lugar, Isaza detalló que se encuentra “la falta de oportunidades de desarrollo para niños y niñas entre 0 y 6 años. Los indicadores muestran una disminución de la lactancia materna de forma drástica, bajó del 54% al 43% y eso se correlaciona con un dato que es la obesidad del grupo de 0 a 6 años es el 13,6%. Argentina tiene el mayor porcentaje de niños con obesidad, es la generación que viene y la carga de enfermedad y costos que van a generarle al país son importantes, hay que erradicar ese problema”.

La tercera prioridad tiene que ver con “las oportunidades equitativas para los y las adolescentes porque solo 1 de cada 2 terminan a tiempo su escolaridad, nos preocupa que los resultados de aprendizajes no son los deseables solo el 28% tiene los logros satisfactorios avanzados en matemáticas y lengua. Nos preocupa la cantidad de mujeres adolescentes embarazadas, vimos una leve tendencia decreciente en la tasa de fecundidad porque la mayoría son producto del abuso sexual, pero aún un desafío de atención en salud. No hay que perder la coordinación intersectorial con ciertos mecanismos”.

“También nos preocupan los escenarios de participación y de construcción de ciudadanía de los adolescentes quienes quieren tener mayor incidencia en la toma de decisiones del país”, indicó la representante de UNICEF.

El cuarto problema tiene que ver con la “exposición a los entornos violentos donde transcurre la vida cotidiana de los niños el hogar, el colegio, redes sociales, las calles, etc. El 60% de las familias declaran usar la violencia como método de crianza y eso quiere decir que esta legitimada y eso crece para convertirse en feminicidio, abuso sexual y formas agudas intolerables de violencia”.

“La principal causa por la que niños y niñas que no tiene familias y están en instituciones de menores es porque fueron expulsados por violencia. Hay una gran cantidad de adolescentes que tiene problemas con la ley y hay que hacer un seguimiento y controles en eso”, reveló Isaza y añadió: “La sociedad debe comprometerse aún más, medios de comunicación, academias, deben mantener el tema en agenda. Hay muchos estereotipos y efectos negativos del sector privado que contribuyen”.

Por último, concluyó: “Hicimos un análisis sobre las causas de ello e identificamos 5: la inversión pública que se hace en materia de niñez, pero es insuficiente; todavía persisten fallas en el diseño y eficiencia en políticas y programas de protección integran dirigidos a los niños; políticas afirmativas para ciertos grupos de la población que han quedado atrás; los servicios sociales dirigidos en todos los sectores tiene desafíos de cobertura y calidad y es importante mantener la generación de evidencia e información viable”.

En síntesis, describió que las prioridades son: “Apoyar al país en la disminución de la pobreza, avanzar en políticas integrales de primera infancia, el acceso y finalización en sistema educativo en adolescentes y la mejora de adquisición de habilidades y conocimientos que los ayude a conseguir un empleo al finalizar su ciclo educativo. Luego ayudar los servicios de salud e impulsar la participación de los jóvenes. En los entornos libres de violencia identificamos cómo ayudar al país a mejorar los programas de prevención, mejorar el sistema de proyección y de acceso a la justica que aún tiene una gran fragmentación y especializar a los operadores en niñez. Por último, mejorar la información pública para los niños, ampliar el compromiso del sector privado y promover acciones colectivas”.

En suma, Sebastián Waisgrais especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF agregó de forma breve que “por segundo año el Estado publicó un informa trasversal vinculando a la niñez y adolescencia del presupuesto anual. A partir de esto hicimos un análisis del presupuesto 2022 y del proceso inflacionario. Primera cuestión se podría decir que los servicios sociales tienen un incremento importante. Segundo si nos centramos en el presupuesto 2022 que se destina a la niñez y adolescencia prioriza independientemente de otro indicador inflacionario”.

Sin embargo, precisó que “cuando se desagrega el presupuesto hay áreas de avances donde en alguna medida se prioriza y en otras hay desafíos. En relación a los avances la política nutricional a través e la tarjeta alimentar, en el marco de ANSES tiene un 15% en términos reales, al mismo tiempo que la protección de ingreso aumenta un 4% a través de la asignación universal por hijo. En educación en términos de infraestructura, equipamiento educativo, de conectividad, es algo fuertemente priorizado en el presupuesto 2022”.

“Los modos alimentarios tiene una caída importante y es algo a conversar, el presupuesto de la UAH no tiene aumento significativo, no toma en cuenta el último decreto de expansión, las políticas socio educativas que apunta a la reinserción muestran necesidades de discutir mayor financiamiento”, advirtió.

Gabriel Lerner, secretario nacional de niñez, adolescencia y familia opinó que “hay que seguir planteando el problema de la vulnerabilidad de los derechos de los niños y adolescentes. al margen de la desigualdad, hay que analizarlo”, y en relación al presupuesto que precisó el “crédito vigente al año 2022 es de 1.844 millones de pesos, hubo una evolución. Pasamos de una inversión anual del 2019 de 76 millones a 350 millones este año”.

“Hay una creciente competencia en los municipios, hay buena parte de las responsabilidades del acceso de los derechos de los chicos y las chicas. Poner el foco en el municipio sin perder de vista las competencias provinciales es importante”, finalizó.

En su momento, Marisa Graham defensora nacional de los derechos de niñas, niños y adolescentes contó que “en 2019 había una pobreza del 59%, en 2020 terminamos con una pobreza del 58% y en 2021 con el 54% y esto fue gracias a la tarjeta alimentar en pobreza alcanza lo suficiente hasta los 14 años”.

“Es importante destacar el presupuesto transversal que se hace en niñez”, indicó y añadió: “El tema del sobrepeso y la obesidad es un tema que tiene que ver con hábitos alimentarios y afecta a todas las clases sociales. El 70% de los niños llegan a la escuela sin desayunar y es algo que la Ley de Etiqueta frontal puso sobre la mesa. Es un problema de salud pública”.

Sobre la violencia como método de crianza Graham subrayó: “Necesitamos mayores políticas de prevención de la violencia, es una preocupación y es transversal a todas las clases sociales”. Por último, sobre el retorno a la escolaridad de los niños que se alejaron en pandemia aseguró que “es un problema y que las escuelas dejaron afuera a muchos chicos”.

La palabra de las legisladoras

“Acá las grietas están saldadas, trabajamos para garantizar los derechos de los niños más allá de los espacios políticos y creemos en la construcción permanente continua”, resaltó la presidenta de la comisión Vessvessian antes de darle la palabra a sus colegas.

A su vez, la diputada Carmen Polledo (Pro – CABA) expresó: “Hay problemas de salud mental, de malnutrición, de distancia de la relación entre niños y familias y con la sociedad producto de la pandemia”.

En tanto, la radical Carla Carrizo (CABA) manifestó que la “implementación de un sistema de monitoreo es importante. Tenemos que tener un mapa en qué lugares podemos trabajar mejor, hay que tener criterios y es la agenda pendiente. Acompañamos cada prioridad y vamos a trabajar en encontrar esas políticas publicas para ayudar”, y adelantó que “propusimos una reforma en la Ley de salud mental porque no menciona a los niños y no habla de salud emocional, están invisibilizados”. “Si hay pobreza es de las malas gestiones durante la democracia”, criticó.

Claudia Bernazza (Frente de Todos – Buenos Aires) destacó la actividad del año y cuestionó: “Siempre aparece la pobreza sin que se mencionen las causas estructurales de un orden social muy injusto en un continente inequitativo por poderes fácticos que traen numerosos problemas y hay que pensar un mapa de las riquezas y de la concentración”.

“Los entornos violentos, la obesidad, la falta de lactancia materna, tiene que ver con el comportamiento de empresas y laboratorios, con los medios de comunicación, no solo con los Estados”, aseguró Bernazza. “Hay que encarar el tema del buen trato y respecto a las instituciones no se distinguen las de viejo cuño respecto de las crianzas comunitarias en organizaciones populares porque aparecen todas como iguales”, remarcó la legisladora del FdT.

La senadora fueguina Eugenia Duré (FdT) solicitó un poco más de “información para proponer, trabajar y articular porque desde esta Bicameral propusimos trabajar con la territorialidad”. “Luego de una pandemia es fundamental hacer hincapié en políticas publicas que se han reactivado, no podemos no hablar de la violencia de género”, sumó.

A su vez, la diputada Jimena López (FdT -Buenos Aires) manifestó que hay un aspecto que no esta incluido: “Los derechos se vulneran se caracterizan por la pobreza estructural y los operadores responden a funciones que tiene que ver más con el patronato que con la posibilidad de promocionar derechos”. “En 2019, 5 de cada 10 niños sufría pobreza, no creo que haya habido un ascenso exponencial con todo lo que pasamos con la pandemia”, consideró.

Con el Covid-19 aún latente y ante una tercera ola en los países de Europa, la diputada nacional y vicepresidenta de la Comisión de Salud Carmen Polledo (Pro – Ciudad de Buenos Aires) se refirió al tema en cuestión y aseguró que “esas vacunas no pueden ser parte del calendario obligatorio en Argentina justamente porque no tienen autorización como corresponde”, aunque remarcó la importancia de vacunarse.

Respecto a la obligatoriedad de la vacunación ante una posible tercera ola de coronavirus Polledo afirmó en declaraciones por Radio La Red AM 910: “Por de pronto hay que cumplir la Ley vigente. La Ley en su artículo 9 habla de este procedimiento de emergencia para autorizar, entonces la ANMAT reestudia, recomienda y es el ministro es el que autoriza de manera tal que no se puede obligar y no se puede incluir en un calendario oficial una vacuna que no ha sido aprobada en Argentina, ya que fue aprobada de emergencia”.

“Hay muchos padres que creen con estos rumores que va a ser obligatorios para inscribir a sus hijos en las escuelas, de ninguna manera”, desmintió la legisladora que integra el interbloque de JxC y expresó: “Argentina va a respetar los procesos. Por el lado de las políticas públicas, tenemos que hacer un trabajo de persuasión de que es mejor vacunar los niños que no vacunar”.

En ese mismo sentido, ratificó que “la ANMAT estudia los antecedentes, recomienda y es el ministro el que autoriza eso es un proceso de emergencia que estipuló la ley en octubre del año pasado, pero esas vacunas no pueden ser parte del calendario obligatorio en Argentina justamente porque no tienen autorización como corresponde”.

“Yo me manejo y me referencio con Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad, es una persona muy prudente manejando este tema y siempre dice el respeto a al ANMAT porque es una institución importante internacionalmente reconocida que, junto con la sociedad de pediatría, establecieron que aplicar la Sinopharm está bien todo indicaría que tiene el aval necesario. El problema de los niños no es que solo se contagian ellos, sino que son transmisores”, sostuvo la vicepresidenta de la Comisión de Salud de la Cámara baja.

Por último, resaltó: “La muralla que para el virus es la vacuna”, y finalizó: “En el caso de que las escuelas pidan PCR es algo complicado y complejo, pero en alguna fábrica a gran escala será otra decisión, Respecto a los espectáculos es algo que hay que estudiar poco a poco porque puede ocurrir un golpe o un brote nuevo, hay que ir día a día”.

En la sesión de este jueves diputados de Juntos por el Cambio pidieron apartamientos de reglamento para debatir proyectos vinculados a las vacunas contra el Covid, específicamente para impulsar la compra de dosis Pfizer e inmunizar a niños y adolescentes con enfermedades graves.

En una votación en conjunto, que resultó con 112 votos positivos y 122 negativos, el oficialismo rechazó las tres iniciativas. También votaron en contra tres de los seis miembros del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el bloque Córdoba Federal y la neuquina Alma Sapag.

En primer turno, la radical Claudia Najul defendió un proyecto de su autoría en el que se le solicita al Poder Ejecutivo que “realice todas las acciones necesarias, en forma urgente, para permitir la llegada de vacunas para niños de 12 a 18 años con enfermedades muy graves: niños con enfermedades oncológicas, inmunodeprimidos, con fibrosis quística, con enfermedades prevalentes, que están esperando trasplantes o trasplantados, con cardiopatías congénitas”.

“Cuando se armó el plan de vacunación en Argentina no existía ninguna vacuna autorizada para este grupo”, recordó la mendocina, que a continuación señaló que “desde mayo tenemos dos vacunas, Pfizer y Moderna, que están autorizadas y se están usando en el mundo para este grupo”.

Najul aseguró que diputados de su espacio tienen contacto permanente con padres que tienen hijos que “hace un año y medio están totalmente encerrados, encapsulados, que el mundo exterior es algo al que no acceden. Están separados de hermanitos, abuelos; no ven la calle, no ven la plaza, no ven la escuela”. Y dijo que se trata de alrededor de 100 mil menores.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Salud, Carmen Polledo, habló del proyecto presentado por Juntos por el Cambio para modificar el artículo 4 de la Ley de Vacunas, proponiendo “quitar la palabra negligencia, palabra que no estaba en el proyecto original”, y que habría trabado los acuerdos con Pfizer.
“Como nosotros no participamos de las negociaciones con los proveedores desconocíamos que esa palabra era un obstáculo para firmar los contratos con algunos laboratorios”, sostuvo la macrista.

Al igual que su par, la legisladora mencionó que la vacuna de Pfizer “es la única vacuna autorizada en el país para niños, niñas y adolescentes de 12 a 18 años, que lamentablemente son los grandes ausentes del plan de vacunación del Ministerio de Salud de la Nación”.

En su fundamentación, la porteña recordó que al firmar con AstraZeneca, Argentina renunció “expresa y condicionalmente a cualquier derecho de inmunidad soberana sin limitaciones”. “Con AstraZeneca no existieron esos impedimentos contractuales que tanto tuvieron en cuenta con Pfizer”, cuestionó.

“Hay chicos con enfermedades de base crónica severas que no pueden resolver otras vacunas que no sean la de Pfizer, no es un invento ni un capricho”, insistió Polledo.

En tanto, el diputado Rubén Manzi pidió tratar un proyecto sobre pedido de informes respecto al plan de vacunación, y advirtió que “hay 5 millones de vacunas que están no colocadas” y existe “un delay entre que las vacunas llegan y las que se colocan”. “Esto no deja de ser un problema ya que en el tiempo se va la vida de la gente”, observó.

Pero el legislador de la Coalición Cívica consideró “más grave y trascendente” el hecho de que “varios de cientos de argentinos que ya han pasado el lapso, estipulado unilateralmente por el Ministerio de Salud, de los tres meses de espera entre la primera y segunda dosis”.

“La única manera que esto se rencauce es empezar a informar a los argentinos como corresponde y no ir cambiando el discurso”, reclamó.

Desde el Frente de Todos, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, comenzó: “Estamos contentos que nadie habla en contra de las vacunas, como sucedió; que nadie hable a favor del dióxido de cloro, como sucedió; y que nadie hable de situaciones geopolíticas, como sucedió”.

“Sabemos que las vacunas han llegado sobre el final de la primera ola, no estuvieron disponibles desde el principio”, admitió el oficialista, que continuó rechazando el argumento de decir que “el tiempo transcurrido entre una dosis y la otra hace que la vacuna se haya vencido es de tal ignorancia que no vale la pena decirlo”.

Yedlin afirmó que “al día de hoy hay un solo laboratorio que tiene autorizada la vacunación para menores de 18 años”, pero ya ha habido pruebas de la Sinovac que “ha demostrado en China su efectividad” para este grupo, y “pronto habrá muchos laboratorios”, abogó.

“La voluntad del bloque es realizar los ajustes necesarios a la ley para conseguir la cantidad y el tipo de vacunas necesarias para todos los argentinos”, expresó, pero resaltó que actualmente existe “una mesa de trabajo” entre el Ministerio de Salud, la Secretaría Legal y Técnica y Pfizer.

En ese sentido, consideró que el proyecto propuesto por la oposición “no soluciona el tema”. “Estamos esperando la confirmación del laboratorio. Vamos a cambiarla cuando tengamos la garantía de la industria de que va a vender las vacunas”, cerró ante los gritos de queja de diputados de Juntos por el Cambio.