Carla Carrizo denunció a un usuario de X

Fue por una amenaza realizada en un posteo, poco después de su discurso en el debate de la ley de Bases.

En el inicio de la sesión de este jueves, la diputada nacional Carla Carrizo fue destinataria de la solidaridad de sus pares de todas las bancadas, como consecuencia de las amenazas que recibió a través de las redes sociales.

Visiblemente conmovida y con lágrimas en los ojos, la legisladora agradeció esas muestras de afecto.

Carrizo denunció ante la justicia a Luis Pedro Paoli, titular del perfil Luis Paolini (@DigitalLuiggi) de la red social X por la presunta comisión de delitos de acción pública de instigación a cometer delitos, incitación a la violencia pública y amenazas, y/o por los delitos que pudieren derivarse de esa denuncia y de las investigaciones que se produzcan en su marco.

En su denuncia, Carrizo precisó que el miércoles a las 20.57 hizo uso de la palabra, manifestando su posición política sobre diferentes puntos de la ley y del contexto del país. Ocho minutos después, a las 21.05, en la cuenta de X el usuario Luis Paolini publicaba el siguiente mensaje, según la denuncia presentada: “Ana Carla Carrizo, diputada de la UCR, defendiendo las jubilaciones de privilegio de los presidentes. Deberíamos colgarla en una plaza lo antes posible”.

Cuenta en su denuncia Carla Carrizo que el mismo mensaje continuó disponible al público hasta el mediodía del 1 de febrero, es decir más de 12 horas de permanencia. Al momento de realizar su denuncia, el posteo había sido dado de baja y en el mismo se leía la siguiente leyenda: “Este post incumplió las reglas de X. Más información”.

Reyes repudió la detención de militantes radicales y las amenazas a Carrizo

La diputada de la UCR rechazó la detención de cuatro militantes que se estaban manifestando en las inmediaciones del Congreso e insistió: “estamos absolutamente de acuerdo en que se ponga orden en este país, pero con razonabilidad”.

Tras una extensa jornada de debate en torno a la Ley Ómnibus, la diputada de la Unión Cívica Radical (UCR) Roxana Reyes expresó su repudio por la detención de cuatro militantes radicales que estaban cantando el himno en las inmediaciones del Congreso y rechazó las amenazas contra su par Carla Carrizo.

“A los militantes radicales los conocemos bien: son respetuosos de las libertades y los derechos, se saben manifestar, se han formado en los comités y conocen de derechos. Entonces lo que ha sucedido con mujeres militantes radicales en las inmediaciones del Congreso, que se estaban manifestando pacíficamente, ha sido un exceso”, manifestó este jueves la legisladora, en el marco de una cuestión de privilegio.

Al mismo tiempo que advirtió que “no queremos que nos conviertan en kirchneristas por estar diciendo esto, no somos kirchneristas, no estamos de acuerdo con que corten las rutas, tomen el espacio público y con qué corten las calles, pero tampoco estamos de acuerdo con los excesos. No queremos ser tildados de aquellos que privilegian los abusos en la vía pública, estamos absolutamente de acuerdo en que se ponga orden en este país, pero con razonabilidad”.

Asimismo, pidió explicaciones por otros sucesos violentos que ocurrieron durante la primera jornada de debate de la Ley Ómnibus. “Queremos saber en dónde están, en que comisaría están, aquellos que le tiraron combustible a un periodista ayer en la puerta de la Cámara de Diputados. Esos violentos queremos saber donde están. Porque a nuestras mujeres, a estas cuatro mujeres, que se manifestaban pacíficamente, las tuvieron detenidas toda la noche”, indicó.

“La fiscalía estuvo durante 12 horas detenidas a estas mujeres, ¿cuál era el delito que habían cometido? El presidente y el Gobierno tienen una gran responsabilidad, tienen que cuidarnos, es indispensable. Las fuerzas de seguridad y la fiscalía tienen que tener mínimos criterios de razonabilidad, y el radicalismo está para pedir esa prudencia. Nosotros vamos a estar entre los extremos, nunca en alguno de ellos”, continuó Reyes.

Finalmente, la legisladora por Santa Cruz concluyó advirtiendo sobre las intimidaciones que viene sufriendo su compañera de bancada. “Carla Carrizo está recibiendo brutales amenazas en las redes sociales, están amenazando con colgarla. Yo pido pacificación, pacifiquemos a la Argentina”, completó.

A los gritos, un empresario invitado responsabilizó a los diputados porque la mitad del país esté bajo la línea de pobreza

Miembro de la Asociación de Emprendedores, Rodolfo Llanos rompió el clima del plenario y advirtió que “este es el momento de poner en pie a este país”.

El clima calmado con el que se desarrollaba la reunión plenaria se alteró con el discurso más que “encendido” de Rodolfo Llanos, de la Asociación de Emprendedores, que pasado el mediodía la emprendió a los gritos responsabilizarlos por el nivel de pobreza que embarga a la Argentina.

Habló pasado el mediodía de este lunes, y marcó el camino a partir de sus primeras frases. En tercera persona dijo que “el señor que está delante de ustedes con traje y corbata es un señor que sabe lo que es dormir en la calle. Este señor que está delante de ustedes sabe lo que es esperar que McDonald tire la comida para comer. Es un señor que sabe lo que es que alguien te ofrezca sexo a cambio de un plato de comida”.

“Yo los escucho con atención cuando hablan de pobres; este señor sufrió la pobreza”, continuó. Luego fue más allá al señalar que escuchaba a los diputados “cuando hablan de derechos, y la gente como yo tuvo que matarse para conseguir un empleo. Señores, ustedes forman parte de una conducción de nuestro país que llevó a la mitad de la pobreza a la Argentina. Señores, los trabajadores asalariados gana menos de la mitad que se necesita para mantener una familia”.

Ya exaltado, Llanos continuó diciendo que “¡este es el momento de poner de pie a este país; ustedes son nuestros representantes, están aquí en esta Cámara para que los argentinos puedan pagar una pieza donde vivir!”.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, que dirigía en ese momento el plenario, le reclamó sin éxito dirigirse al presidente del plenario, pero Llanos continuó en el mismo tono, ante los gritos de otros de los presentes: “El diputado puede gritar, pero afuera la mitad de los argentinos están debajo de la línea de pobreza y ustedes lo saben. ¡Ustedes han sancionado leyes que han llevado a este país a la pobreza absoluta!”.

“Les pido por favor, les suplico: recapaciten, es el momento de hacer arrancar esta Nación… Ustedes tienen la oportunidad, se pueden enojar conmigo, me pueden desvalorizar, me pueden insultar… Yo no represento a nadie más que miles de argentinos…”, señaló el dirigente empresario, que agregó: “Les dimos el voto a todos ustedes, les guste o no les guste, para que nos representen, para que pongan de pie a nuestro país, para que no haya un solo pobre…”.

“Yo no vengo a buscar amigos, no me importa si les gusta o no les gusta… Vengo a darle voz a todos los que están revolviendo la basura para comer –siguió-. Señores, reaccionen, este es el momento para que la Argentina arranque; no depende de mí, no depende de que les venga a golpear la puerta”.

Mientras Mayoraz le pedía bajar el tono, Llanos suplicaba a los diputados poner “en pie este país”, y así siguieron hasta que se le acabó el tiempo y se le cortó el micrófono.

Indignada, la diputada radical Carla Carrizo, se quejó: “Acá estamos todos en el marco del respeto, no se debate así en la plenaria”, en tanto que el presidente de Asuntos Constitucionales pidió a todos los próximos oradores que se dirigieran primero a las autoridades del plenario y que lo hicieran con respeto. “No escuchamos a los gritos, (tenemos que) escucharnos a todos con respeto”.

“No hay respeto cuando hay hambre”, replicó Llanos, tras lo cual se retiró de la sala.

Volvió a pedir la palabra Carla Carrizo para pedir poner “un poco de orden, porque nosotros no nos gritamos, no nos descalificamos. Una cosa es tener posiciones políticas distintas y otra es faltarse el respeto”. Aclaró luego que “acá no estamos solamente del partido de Gobierno”, y reclamó que cada bloque se haga responsable de las personas que trae. “Esto es como una marcha, entonces el bloque que trajo a una persona que cambió la dinámica con la que estamos debatiendo, tiene que penalizarse, y si mañana tenía un cupo, tiene que penalizarse”.

“No es así como hay que debatir, no se debate de cualquier cosa en democracia -insistió-. Que el bloque que lo postuló se haga cargo de quien trajo, alguien que rompió el clima con el que estamos debatiendo”.

La oposición cuestionó los nuevos dichos de Milei y volvió a reclamar por la presencia de Caputo 

En el arranque de la cuarta jornada de debate de la ley ómnibus, desde Unión por la Patria y la izquierda insistieron en que asista el ministro de Economía y también Sturzenegger. 

Luego de un fin de semana en que el presidente Javier Milei volvió a sumar presión al Congreso por la sanción de la ley ómnibus, diputados de la oposición rechazaron la “extorsión” y reclamaron una vez más por la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, y de Federico Sturzenegger, a quien se atribuye la autoría del ambicioso proyecto. 

Tras solicitar que la audiencia con representantes de la sociedad civil pueda extenderse este martes, el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, habló de “la necesidad imprescindible que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro de Economía, Luis Caputo, y a quien todos indican como redactor de esta iniciativa, (Federico) Sturzenegger vengan a este plenario. Es insólito que no vengan, hay que terminar con el blindaje que le están poniendo a estos funcionarios. No hay que dejar que se oculten, ni hay que favorecer que se oculten”. 

A continuación, el santafesino remarcó que “el fin de semana hubo nuevos aprietes y presiones del presidente de la Nación para con este Congreso, después de hablar de espaldas al Congreso, después de tratar de coimeros a los legisladores que tratan de realizar cambios, después de tratar de ‘idiotas útiles’ a aquellos que plantean una estrategia parlamentaria distinta”. 

“No somos nosotros los que estamos intentando entrar en mesa de negociación con el oficialismo, así que cada uno se tiene que hacer cargo de las cosas que están pasando”, aclaró y cuestionó que “no solamente no sabemos quién escribió este proyecto, porque no viene a defenderlo, sino que tampoco sabemos en dónde se está debatiendo el dictamen, porque acá no es”. 

En ese sentido, el opositor enfatizó: “¿Otra vez volvemos a la Argentina donde en oscuros hoteles pagados por empresarios se discute el destino de los derechos y de los intereses del pueblo argentino? ¿Otra vez volvemos a esa Argentina? Si hay algo que discutir, si hay algo que trabajar, es aquí en el plenario de comisiones”. 

Haciendo referencia a las declaraciones de Milei, la radical Carla Carrizo sostuvo que “la verdad que si el cambio que quieren liderar es el cambio del miedo, la extorsión y el temor, no es por ahí donde vamos a poder garantizar acompañamiento o gobernabilidad parlamentaria”. “Oficien para que el presidente entienda cuál es el lenguaje democrático en Argentina, si de verdad quiere liderar un cambio que vaya hacia el futuro y no hacia el pasado”, pidió al oficialismo. 

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman expresó que “tiene que estar el equipo económico, el oficial y el extraoficial. Caputo y Sturzenegger tienen que venir a exponer y la política económica de conjunto tiene que ser lo que guíe este debate, porque si la principal extorsión que está haciendo el presidente de la Nación es que si no se discute la ley ómnibus se descalabra la economía, sería muy raro que hayamos escuchado a la ministra (de Seguridad, Patricia) Bullrich, al ministro (de Justicia, Mariano) Cúneo Libarona, al secretario de Educación, etc., y no podamos escuchar a lo que hace la clave del proyecto, que es lo que dice el presidente. Hay una contradicción”.  

 

Carla Carrizo sobre el DNU presidencial: “No se puede tener un vínculo de patota con el Congreso”

La diputada de JxC reconoció estar de acuerdo con algunas partes del contenido, pero advirtió que “no se puede hacer un decreto con 300 reformas”.

En sintonía con su bloque, la diputada nacional Carla Carrizo (UCR – CABA) consideró este viernes que el presidente de la Nación, Javier Milei, debería retroceder con el DNU y enviar las reformas en proyectos de ley. “No se puede tener un vínculo de patota con el Congreso”, aseveró.

“Cuando sos minoría no podés imponer, porque usar mal una herramienta de poder tiene su costo”, afirmó la diputada radical. “Legalizar los decretos es un recurso de gobernabilidad en situaciones de emergencia para un presidente con una democracia compleja como la Argentina, que tiene gobernadores, dos Cámaras”, agregó.

En declaraciones a Radio Perfil, Carrizo expresó que “no se debe abusar de los recursos, eso es lo que está en discusión”, y añadió que “todos los presidentes hicieron uso de los DNU, por eso no es la cantidad sino el modo, el formato”.

“En un solo decreto nos presenta unas 300 reformas. Todos los presidentes tienen un montón de decretos, pero es un decreto por reforma, no un decreto para 300 reformas”, aseveró la legisladora, quien señaló que “eso es lo que está en la discusión, porque se tiene temas muy buenos en los que el Radicalismo hace cuatro años que los viene pidiendo”.

Por otro lado, indicó que “en algunas cosas Argentina está atrasada 20 años, como en la declaración de la educación como un servicio esencial”. “No estoy muy de acuerdo con que debatamos una delegación para darle un cheque en blanco para que se privaticen 47 empresas del Estado, porque algunas funcionas está muy bien y en otras muy mal, no son todas lo mismo”, aseveró.

Asimismo, sostuvo que “hoy es un camino de prevención, no sé si de rechazo”, pero remarcó que “no se puede hacer un decreto con 300 reformas. O hacés 300 leyes, o un decreto por cada una de las reformas, y tratamos uno por uno. No se puede tener un vínculo de patota con el Congreso, porque no se hace así en ninguna democracia del mundo”.

“No es que Argentina solamente tenga DNU, todos los presidencialismos, salvo Estados Unidos, tienen mecanismos de gobernabilidad por emergencia y funcionan como Argentina está diciendo que tienen que funcionar, en el Congreso”, aclaró.

Por otra parte, subrayó que “lo ideal es que convoque a extraordinarias, pero hay que decir que la Comisión Bicameral de Trámites Legislativos, que es una comisión permanente integrada por diputados y senadores para analizar los DNU funciona siempre, no hace falta que tengamos convocatoria a extraordinarias u ordinarias”.

Para cerrar, advirtió que “el presidente dio su palabra de que convocaría a extraordinarias, estamos esperando que lo haga”, y concluyó: “Las Cámaras tienen el mismo poder que tiene el presidente dentro del Congreso, una vez que llega la agenda pueden decir sí o no”.

Durante un evento, diputadas presentaron el proyecto de ventanilla única para emprendedoras

Las radicales Gabriela Brouwer de Koning y Carla Carrizo participaron de un encuentro denominado “Mujeres que Hacen”.

Las diputadas de Evolución Radical Gabriela Brouwer de Koning y Carla Carrizo expusieron en un evento sobre el proyecto de ley de “Ventanilla Única para Mujeres Emprendedoras (VUME)”, presentado como una herramienta que busca fomentar y fortalecer la autonomía económica, la inclusión financiera y el liderazgo de las mujeres.

“La iniciativa surge a partir del diagnóstico de las profundas brechas existentes entre las mujeres y los varones. En Córdoba, los emprendimientos fundados por, al menos, una mujer, recibieron menos apoyo financiero que los fundados solo por varones. En las 23 incubadoras de la provincia, el 62 por ciento de los equipos de trabajo son mujeres, pero sólo el 35 por ciento de las entidades tiene alguna de ellas en puestos de dirección ejecutiva”, señaló Brouwer de Koning.

Además, apuntó que “según datos de la UNC, el 47% de las emprendedoras reporta que necesita mejores condiciones de acceso al financiamiento para iniciar, continuar o expandir su negocio, el 30% necesidad de capacitación y un 23% asistencia técnica”.

“Si bien las mujeres están teniendo cada vez mayor participación, son pocas las que lideran proyectos de alto impacto, éstos son los que tienen potencial de escalar, generar empleo y exportar, siendo su participación preponderante en iniciativas sociales y de necesidad”, sumó la legisladora.

El proyecto se abordó durante un encuentro denominado “Mujeres que Hacen”, en el marco de la semana del emprendedor y el evento “Feria 21”, de la Universidad Siglo 21, que a través de su Centro de Emprendimiento e Innovación e Insight 21, organizaron la jornada con el apoyo de Fundación Argentina Porvenir, Fundación Mujeres que Avanzan, Fundación FLOR, Bolsa de Comercio de Córdoba, Fundación Potentia y Banco Ciudad.

Además de las diputadas, expusieron Ivana Cavagliasso, gerente de Calidad e Inocuidad de Prodeman, empresa familiar dedicada a la siembra y procesamiento del maní; Silvina Farias, fundadora de Mona Curvas XL, la primera marca de indumentaria en shopping y que brinda hasta el talle 64, logrando desarrollar una comunidad de 65.000 seguidores, a través de la cual no solo vende, sino que también inspira y enseña; María Gabriela Tomassoni, fundadora de Mamá Construye, obrera de la construcción que cuenta con una comunidad de más de 100.000 personas; Sofía Gallerano, fundadora de SG Cosmética Capilar y creadora de La Cordobesa, primer nutrición capilar a base de Fernet. Además, estuvieron presentes Ana Dusssauf e Ignacio Aznarez del Banco Ciudad y Emmanuel Peña, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de Siglo 21.

Buscarán poner en debate cómo deben ser los traspasos de gobierno

Hay varios proyectos que prevén regular la transición entre el Ejecutivo saliente y el que llega, aun cuando pueda ser del mismo signo. Ya hubo un intento que llegó a tener media sanción, mas quedó trunco. Después del 22, se intentará reflotar la discusión.

En el fragor de esta campaña, uno de los candidatos presidenciales con aspiraciones sugirió instrumentar una iniciativa para realizar exámenes psicofísicos a los candidatos presidenciales, y prestamente fue presentado un proyecto en ese sentido. Fue, está claro, una movida precisamente vinculada con la campaña, destinada a esmerilar a otro candidato; nada que sorprenda ni esté fuera de lugar.

Pero si hablamos de proyectos que atiendan la previa electoral, hay uno que llegó a avanzar en su momento, a tal punto que tuvo media sanción -con gran adhesión en el recinto-, mas no fue considerado luego en el Senado. Hablamos de la regulación de los traspasos presidenciales, un tema que en la mayoría de los países democráticos no existe, pero que aquí se ha tornado necesario por razones que son de dominio público. Entre oficialismo y oposición hay conversaciones para avanzar con el tratamiento del tema inmediatamente después de las elecciones del 22 de octubre, pero habrá que ver entonces qué disposición hay entre las partes para ponerse de acuerdo en ese tiempo.

No es un tema nuevo, como hemos dicho, pues tuvo especial atención hace siete años en Diputados, pero también fue considerado este año en el marco de una jornada de la que tomaron parte legisladores nacionales, académicos y organizaciones civiles, denominada “Hacia un régimen de transición presidencial”. Organizada por las diputadas nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), se debatió ese día sobre la necesidad de regular el traspaso presidencial.

Fue el 14 de julio pasado, y ese día se analizaron diferentes procesos electorales, con el objetivo de plantear la necesidad de un marco normativo que regule de manera precisa el proceso de traspaso entre los sucesivos gobiernos democráticos y las pautas para la transmisión de los atributos presidenciales.

¿Por qué una ley? Esa es una pregunta que contesta Carla Carrizo: “En la mayoría de los países democráticos que funcionan bien no está regulado por ley porque hay buenas practicas; cuando esas prácticas no están, necesitamos la ley”, explicó a parlamentario.com.

Las diputadas nacionales Carla Carrizo y Margarita Stolbizer organizaron en julio pasado la jornada “Hacia un régimen de transición presidencial”.

Ella admite que “es una excepción tener una ley”, y agrega: “En las democracias que funcionan bien, las prácticas regulan los comportamientos. Y son prácticas informales. La verdad que esas prácticas no hacen falta que estén escritas, porque son usos y costumbres”. Con todo, advierte que “ayudaría muchísimo” contar con una ley “para evitar esta idea de que gobierno que llega cuenta una historia fundacional, y es la excusa para justificar mala gestión luego. Gobierno que entrega el poder, no rinde cuenta”, lamenta.

La idea base es tomar insumos de los países que tienen usos y costumbres de los cuales tenemos que aprender, no solamente de esos países que tienen regulados una ley, y en base a eso, “crear una normativa que garantice certeza y confianza, pero sobre todo que sienta la ciudadanía que el Estado le pertenece a ellos y no a la dirigencia”, plantea la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires.

En el marco de esa jornada organizada en la Cámara de Diputados hace tres meses, la diputada Margarita Stolbizer advirtió ya entonces que “hoy vivimos en un contexto de muy baja credibilidad en la política, los niveles de desconfianza social en las instituciones son realmente muy altos y preocupantes. Entonces, el desafío de mejora de la calidad institucional es cómo hacemos efectivamente de las instituciones ese conjunto normativo que permita efectivamente mejorar la vida de la gente. Porque, en definitiva, la democracia es eso”.

En esa oportunidad la diputada de Juntos por el Cambio aclaró que la intención de quienes querían poner en discusión el tema era llevarlo al plano del debate formal dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Si bien habían sido invitados sus miembros a esa reunión, no concurrieron, pero todos admitieron las complicaciones que implican el fragor de la campaña, por lo cual se habló de tratar de avanzar con eso transcurrida la primera etapa electoral, pasadas las elecciones primarias, aunque eso tampoco sucedió entonces.

Ahora el tema vuelve a ser conversado con el oficialismo, con la esperanza de activar la discusión en comisión pasadas las elecciones de este domingo 22 de octubre. Se verá.

De ese encuentro celebrado el 14 de julio pasado participaron Gustavo Dufour, presidente de SAAP (Sociedad Argentina de Análisis Político), Consuelo Aranciaga (Directorio Legislativo), Elsa Llenderrozas (directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA), Dolores Gandulfo (Observatorio Electoral COPPPAL), Martín D’Alessandro (profesor UBA/UTDT – IPSA), Alejandra Perícola (Observatorio Electoral Derecho UBA), Sonia Ramella (directora Ciencia Política USAL), Jesús Delgado (Transparencia Electoral), Gonzalo Arias e Iván Beletzky (Instituto Moisés Lebensohn), Lorena González Tocci y Pedro Caminos (Asociación Civil de Estudios Constitucionales), y Mauro Solano y Matías Orellano de CIPPEC.

Además de las diputadas Carrizo y Stolbizer, estuvieron sus pares Dolores Martínez y Gabriela Brouwer de Koning, de Evolución Radical; la senadora por la provincia de Buenos Aires Lorena Mandagaran y la concejala Carolina Sosa, de Hurlingham.

Aprobado con amplia mayoría

Más del 70% de los legisladores presentes aprobaron una iniciativa en ese sentido el 23 de noviembre de 2016 en la Cámara de Diputados. Ese día el tablero mostró 138 votos a favor, 49 en contra y 4 abstenciones, para un proyecto destinado a establecer ciertas reglas a cumplir cuando cambia el gobierno.

Fue la misma sesión en la que fue convertido en ley el proyecto que fija la obligatoriedad de los debates preelectorales entre los candidatos presidenciales.

El proyecto sobre los traspasos aprobado ese día -que nunca fue considerado en la Cámara alta-, era impulsado por el diputado del Pro Pablo Tonelli, y establecía que la norma se aplicaría no sólo a la administración central, sino también a los organismos descentralizados y proponía establecer las bases para que el traspaso de mando entre las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional en funciones y las de un gobierno electo se concretara “de un modo eficiente, transparente y ordenado”.

Según el texto, el período de transición se inicia el día de proclamación de la fórmula presidencial ganadora por la Asamblea legislativa, y finaliza el día de la asunción presidencial del nuevo mandatario. El presidente electo, decía el proyecto, “estará en condiciones de asumir el cargo a las 0 horas del día siguiente al de la finalización del mandato del presidente saliente, independientemente del juramento que prestará ante el Congreso Nacional”.

Se establecía que el Gabinete saliente debería entregarle al presidente electo un anteproyecto de memoria del Estado con determinados requisitos mínimos, como la nómina de autoridades y personal de cada ministerio, las contrataciones, la situación de los procesos judiciales que haya y un inventario de bienes.

Luego, la nueva administración debería elaborar un informe final de transición que deberá ser remitido al Congreso Nacional y publicado en Internet dentro de los seis meses de la asunción del nuevo gobierno.

La insistencia de Carla Carrizo

Como hemos dicho, el texto debatido entonces en el recinto de Diputados fue en base a una iniciativa del diputado Tonelli. Carla Carrizo había presentado por esos días su primer proyecto sobre el tema. Fue el 15 de noviembre de 2016, y ante la falta de tratamiento insistió en volver a presentarlo el 9 de mayo de 2019, el 9 de marzo de 2021 y el 24 de mayo del presente año. Ese es el que tiene estado parlamentario y sobre el cual se buscará trabajar.

En el mismo, la diputada de Evolución recuerda que desde 1983 en la Argentina hubo siete traspasos a gobiernos entrantes electos popular y democráticamente. La regla no escrita de la entrega de mando, sin regulaciones sobre de qué manera se inicia el proceso de transición y qué contenido debiera tener, funcionó hasta 2015.

En la entrega del poder de la presidente Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri se sucedieron diversos acontecimientos que hicieron luz sobre la fragilidad del contexto normativo que regula la transición y el traspaso presidencial. Nombramientos en el sector público, ausencia de datos de gestión, arbitrariedad y discrecionalidad en la información pública caracterizaron el último paso de mando, refiere Carrizo, que considera a la transición como el proceso de cambio de las administraciones entrantes y salientes, que se inicia con la convocatoria del Ejecutivo al acto eleccionario y culmina diez días hábiles después de la asunción del nuevo gobierno. Independientemente de que ambas administraciones sean de un mismo partido político, o que el presidente sea reelecto.

¿Quién tendría a su cargo el proceso? La Jefatura de Gabinete, que deberá el año previo a una elección presidencial incluir en la Ley de Presupuesto los recursos necesarios para llevar a cabo todo el proceso de transición y habilitar el espacio edilicio y los recursos físicos necesarios para desarrollar tales acciones.

Habría también un Comité de Transición Saliente, dirigido por el jefe de Gabinete y conformado por el presidente en funciones. Tendrían a su cargo coordinar los informes de gestión elaborados por cada ministerio y área de gobierno bajo su jurisdicción en cada unidad administrativa; capacitar y atender solicitudes de los futuros miembros del Comité Entrante; y preparar el cronograma de actividades de gestión para la transición en curso y publicarlo en el sitio web de la Jefatura de Gabinete.

Si hubiera una segunda vuelta electoral, los dos respectivos Comités de Transición Entrantes recibirán la información. El Comité de Transición entrante del presidente electo realizará el Informe final.

En caso de reelección presidencial no habrá necesidad de que conforme un Comité de Transición Entrante.

Los informes de gestión

El proyecto establece que los informes de gestión tienen carácter de declaración jurada y especificarán:

  • Nómina de empleados permanentes, transitorios y contrataciones de terceros, funciones y responsabilidades y remuneraciones.
  • Estructura, organigrama, misión, funciones y programas de cada una de las unidades administrativas del Estado Nacional.
  • Situación financiera de cada unidad administrativa y de las empresas de Estado con participación estatal mayoritaria incluyendo, en caso de que competa: préstamos financieros en gestión, solicitados, otorgados, pendientes de aprobación; endeudamiento total, especificando las obligaciones de corto plazo y contratos vigentes; deuda con los proveedores del Estado Nacional; licitaciones en proceso de adjudicación; estado de las concesiones y obras públicas en curso; disponibilidad monetaria y liquidez del Tesoro Nacional; inversiones públicas; inventario de los bienes muebles, inmuebles y recursos físicos por cada unidad administrativa; inventario de Activos Digitales internos o externos entendiéndose estos últimos como todas las aplicaciones, bases datos, sitios, cuentas, perfiles y dominios, que representan al Estado Nacional en el ámbito digital y sean propiedad del mismo.

El Comité de Transición Entrante deberá elaborar un informe final de la transición que deberá ser agregado al Discurso Inaugural del inicio de sesiones del Congreso de la Nación y publicado en la página web de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

¿Y qué pasa si no se cumple con lo que establece esta ley? Ello sería equivalente al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Otros proyectos

Como hemos dicho, hay varios proyectos sobre este mismo tema. Durante su reducido mandato como diputado, el jujeño Gustavo Bouhid presentó una iniciativa en ese sentido, como así también la senadora nacional neuquina Lucila Crexell, y las actuales diputadas Paula Oliveto y Mercedes Joury.

El de Oliveto plantea que los funcionarios del gobierno saliente y los  representantes del gobierno electo cumplirán los pasos legales pertinentes de manera ordenada y eficaz, absteniéndose de generar acciones que obstaculicen el proceso de transición gubernamental o perturben la normalidad de la gestión de los actos de gobierno.

También establece la creación de un Equipo de Transición Republicana, que conformará el jefe de Gabinete con él mismo, el síndico General de la Nación; un grupo de representantes del gobierno saliente y otro del gobierno entrante.

Los informes de gestión tienen carácter de declaración jurada y deben contener, como mínimo, información sobre los planes, proyectos o programas correspondientes al área durante la última gestión; la situación presupuestaria y financiera, detalle de los préstamos financieros en gestión, otorgados y solicitados, nivel de endeudamiento total, especificando las obligaciones de corto plazo y el estado de deuda con los proveedores; un inventario de bienes, depósitos, disponibilidades monetarias y obligaciones exigibles; los recursos humanos distribuidos por organismos descentralizados, ministerios, secretarias y direcciones, personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, detallando sus respectivas funciones.

También la situación de todos los procesos judiciales y arbitrales en los que organismos descentralizados, ministerios, secretarias y/o direcciones sean parte; un listado de todas las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas, adquisiciones de bienes y servicios que se encuentren en curso o pendientes, especificando características, montos y proveedores; y el estado en que se encuentran los permisos, autorizaciones y/o concesiones de servicios y obras otorgadas por el área, entre otras cosas.

Está claro que si una ley semejante fuera a ser aprobada ahora, no podría tener instrumentación para el presente. Como sea, sí podría sentar un acuerdo tácito para instrumentar lo que pueda alcanzar a hacerse, y dejar al menos la ley para el presente. Está claro -y quedado demostrado en las últimas sesiones- que cuando hay interés sí puede avanzarse hasta el recinto con rapidez. Habrá que ver si en este caso existe la disposición de las partes para poner el tema en agenda y comenzar a debatirlo.

El Consejo de la Magistratura incorporó como requisito obligatorio la capacitación de la “Ley Lucio”

Las diputadas radicales Carla Carrizo y Roxana Reyes celebraron la noticia a través de sus redes. Los jueces que se postulen en los concursos deberán acreditar como requisito obligatorio la capacitación en derechos de niñas, niños y adolescentes.

Las diputadas nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical) y Roxana Reyes (UCR) celebraron a través de sus redes sociales que el Consejo de la Magistratura incorporó como requisito obligatorio la capacitación de la “Ley Lucio”.

“Y hoy un #BuenViernes porque el Consejo de la Magistratura incorporó la Ley Lucio en los concursos para magistrados del Poder Judicial de la Nación. En adelante, los jueces deberán acreditar como requisito obligatorio la capacitación en derechos de niñas, niños y adolescentes para poder postularse”, explicó Carrizo en su red social “X” y destacó: “Un primer gran paso para que el sistema judicial comience a saldar una gran deuda en la protección de niñas/os y adolescentes en Argentina”.

En el mismo sentido, Reyes expresó: “¡Gran noticia! La Ley Lucio ahora es formación obligatoria para quienes aspiren a la magistratura, asegurando así la protección de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.  Seguimos en camino hacia una justicia más justa y equitativa”.

La norma fue sancionada el 13 de abril por el Senado por unanimidad y reglamentada el 3 de mayo. La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes

Podrán también ser destinatarios del citado Plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.

Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.

En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.

La autoridad de aplicación de la ley será la secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la cual, entre otras cosas, deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (COFENAF).

También propone campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales, estableciendo una difusión de carácter semestral de las iniciativas para informar sobre los derechos de los niños y cómo evitar las situaciones abusivas.

Diputados de la oposición denunciaron penalmente a Katopodis

Es por el “paro activo” que motorizó el ministro de Obras Públicas de la Nación. “La decisión concentra lo peor de la mala praxis de la dirigencia”, dijo Carla Carrizo, autora de la iniciativa.

La diputada nacional de Evolución Radical Carla Carrizo presentó en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en Comodoro Py una denuncia penal por el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal de la Nación) contra el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, por su decisión de ordenar a los empleados y funcionarios públicos dependientes de su cartera ministerial de llevar a cabo un “paro activo” en todas las obras públicas del país. Y, al mismo tiempo, junto a 28 legisladores de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto de repudio en la Cámara de Diputados.

El ministro anunció el martes 12 de septiembre en el programa M1 del canal C5N, conducido por Gustavo Sylvestre, que desde la cartera que lidera llevarían adelante un “paro activo” en todo el país, con cese de actividades y asambleas con presencia de todos sus funcionarios y empleados. Finalmente, dicha medida se materializó este miércoles a partir de las 10:00 horas, con la presencia de Katopodis en la obra de renovación de la Av. Gaona, en la localidad de Morón, provincia de Buenos Aires, y que tuvo acciones semejantes en distintos puntos del país. 

En esa línea, la legisladora decidió presentar, en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal en Comodoro Py, una denuncia penal contra el ministro por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. “A 40 años de la recuperación de la democracia no podemos seguir consintiendo que los partidos que tienen la responsabilidad de gestión hagan del Estado un patrimonio propio para su uso discrecional. El límite a esa discrecionalidad debe ser la ley, no las decisiones de los funcionarios”, concluyó la diputada.

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“Lo del ministro Katopodis es gravísimo. Repudio absoluto a esta idea de paro activo. Es una decisión que concentra lo peor de la mala praxis de la dirigencia: apropiación de lo público, abuso de poder, intimidación y coerción. Es fascismo explícito. ¿También impunidad? No, denuncia ya”, sostuvo la diputada Carrizo en sus redes sociales.

El proyecto de repudio, además de su autora Carla Carrizo, lleva las firmas de Mario Barletta, Martín Tetaz, Natalia Sarapura, Alejandro Finocchiaro, Ana Clara Romero, Soledad Carrizo, Dolores Martínez, Sabrina Ajmechet, Soher El Sukaria, Hector Antonio Stefani, Danya Tavela, Gabriela Brouwer de Koning , Marcela Antola, Pablo Cervi, Martín Berhongaray, Carlos Zapata, Marcela Coli, Lidia Ascárate, Sofía Brambilla, Carolina Castets, Germana Figueroa, Roberto Sanchez, Gerardo Cipolini, Jose Luis Espert, Maria Luján Rey, Oscar Agost Carreño, Adriana Ruarte y Karina Banfi.

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Piden a la CNE incorporar al debate la voz de la infancia y adolescencia

De cara a los debates presidenciales establecidos por ley, que tendrán lugar el 1 y 8 de octubre, Carla Carrizo hizo un pedido especial durante la Bicameral del Menor.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) solicitó este jueves en la reunión de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que se incorpore en la Cámara Nacional Electoral la representación de la infancia y adolescencia de Argentina para que tengan voz en el debate presidencial 2023.

La diputada, que fue una de las impulsoras del proyecto que instituyó el debate obligatorio en Argentina en 2016, presentó la iniciativa de enviar una nota a la Cámara Nacional Electoral -firmada por todas las integrantes de la Comisión y de las autoridades de la Defensoría Nacional- para que las organizaciones y referentes vinculados a la protección de los derechos de niños/as y adolescentes participen en las propuestas del temario del debate.

“Sorprende que en la conformación del Consejo Asesor para el debate 2023 no se haya convocado a organizaciones que representen la mirada del 29% de la población, que son niños, niñas y adolescentes. Es un debate incompleto. Sabemos que todas las condiciones de vulnerabilidad estructural como pobreza, violencias y abusos, impactan en mayor medida en estos grupos. Hay más niñas, niños y adolescentes pobres que cualquier otro rango etario”, resaltó la diputada y agregó: “Son los más castigados por las decisiones de los adultos y lo menos convocados, vamos a insistir para que los protagonistas estén ahí”.

“En Argentina, el derecho a ser oídos de niños, niñas y adolescentes tienen jerarquía constitucional desde 1994. Sin embargo, no se traduce en hechos concretos y la Cámara Nacional Electoral desconoce que son sujetos de derecho. No es que porque no voten no tienen voz ni reclamos, todo lo contrario. Incluso para los 1.168.000 adolescentes de más de 16 años que sí votan es la política de la exclusión. La incorporación en el debate presidencial no es una concesión, es una obligación. A 40 años de democracia, es inverosímil que la discusión pública de aquellos que tienen la intención de gobernar no contenga la mirada de uno de los grupos más postergados”, concluyó.

Se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires la primera feria de mujeres emprendedoras

El evento, bajo el lema “Hecho x Ellas”, será encabezado por la diputada radical Carla Carrizo y tendrá lugar este sábado 5 de agosto en el Centro Cultural San Martín. Habrá distintos tipos de talleres y capacitaciones.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical), autora del proyecto de Ventanilla Única para Mujeres Emprendedoras, y la “Asociación Civil Emprende por Barrios” encabezarán la presentación de la Red de Mujeres Emprendedoras de CABA “Hecho x Ellas”.

El evento se realizará este sábado 5 de agosto desde las 13 en el Centro Cultural San Martín y contará con talleres y paneles de especialistas destinados a las mujeres que busquen emprender y tendrá una feria abierta con más de 80 puestos donde ofrecerán sus productos.

“Se trata de una oportunidad de visibilizar al sector e informar sobre el acceso a créditos y políticas públicas destinadas a la construcción de autonomía económica de las mujeres de la Ciudad”, expresaron. Durante los meses de mayo, junio y julio se realizaron 8 encuentros de emprendedoras, por comuna, en toda la Ciudad, donde participaron más de 200 referentes.

Los paneles estarán integrados por la diputada Carrizo, Guadalupe González de “Rosa de Boedo Emprende”; Diego Berardo, director del Centro Cultural San Martín; Sergio Monzón, Club de Microemprendedores; Camilo Vedia, presidente de la “Asociación Civil Emprende x Barrios”.

Además, el encuentro contará con la palabra de emprendedoras que compartirán su experiencia como Silvina Riveros, emprendedora gastronómica; María Gabriela Tomassoni (Mamá construye); Janis Pujol (Mamá al mando), Ariana Onega (Empretienda) y María Noel Giménez (Noe al volante).

Por otro lado, se presentarán recursos y herramientas disponibles para emprendedoras, con la participación de representantes del Banco Ciudad, de la Dirección General de Inserción Laboral de la Mujer del GCBA, de la Dirección General de Emprendedores del GCBA, de Hecho en UBA, del Centro de Estudios y Gestión de la Economía Personal y Negocios (CEGEPyN) y de la Federación de Comercio e Industria de CABA.

Asimismo, habrá distintos talleres y conversatorios sobre voluntariado, planificación financiera, desarrollo emprendedor, entre otros.

Diputados y ONGs buscan regular los traspasos presidenciales

Impulsados por las diputadas Carla Carrizo y Margarita Stolbizer, buscan establecer un régimen normativo para establecer los procesos de transmisión de atributos presidenciales.

Las diputadas nacionales Carla Carrizo (UCR Evolución) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) organizaron en la Cámara de Diputados de la Nación la jornada “Hacia un régimen de transición presidencial”, junto a legisladores nacionales, académicos y organizaciones civiles que debatieron sobre la necesidad de regular el traspaso presidencial.

El objetivo fue analizar los diferentes procesos electorales y plantear la necesidad de un marco normativo que regule de manera precisa el proceso de traspaso entre los sucesivos gobiernos democráticos y las pautas para la transmisión de los atributos presidenciales.

Carla Carrizo explicó la necesidad de avanzar en un marco regulatorio. “La pregunta es: ¿Por qué una ley? Porque la verdad que es una excepción tener una ley. En las democracias que funcionan bien, las prácticas regulan los comportamientos. Y son prácticas informales. Y la verdad que esas prácticas no hacen falta que estén escritas porque son usos y costumbres. Nuestra idea es tomar insumos de los países que tienen usos y costumbres de los cuales tenemos que aprender, no solamente de esos países que tienen regulados una ley”, dijo la legisladora radical.

“La idea es ver si podemos lograr un proyecto y esta es la idea que tenemos de hacer una estrategia de incidencia, Hoy es la primera mesa, queremos escucharlos, que nos hagan la devolución, vamos a escribir mucho. Pero empezamos una estrategia de incidencia. No es copiar y pegar, es crear una normativa que garantice certeza y confianza, pero sobre todo que sienta la ciudadanía que el Estado le pertenece a ellos y no a la dirigencia”, finalizó Carrizo.

La primera en hacer uso de la palabra fue la diputada nacional Margarita Stolbizer, quien expresó que “hoy vivimos en un contexto de muy baja credibilidad en la política, los niveles de desconfianza social en las instituciones son realmente muy altos y preocupantes. Entonces, el desafío de mejora de la calidad institucional es cómo hacemos efectivamente de las instituciones, ese conjunto normativo que permita efectivamente mejorar la vida de la gente. Porque, en definitiva, la democracia es eso”.

“Nuestra intención es llevar esto al plano del debate formal dentro de lo que es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Los hemos invitado hoy, pero sabemos que son tiempos difíciles en medio de la campaña electoral. Por lo tanto, vamos a presentar una nota con la intención de que inmediatamente pasada esta primera etapa electoral podamos, sobre la segunda quincena de agosto, tal vez, estar discutiendo esto en la comisión”, dijo la diputada de Encuentro Federal.

El encuentro contó con la participación de Gustavo Dufour, presidente de SAAP (Sociedad Argentina de Análisis Político), Consuelo Aranciaga (Directorio Legislativo), Elsa Llenderrozas (directora de la carrera de Ciencia Política de la UBA), Dolores Gandulfo (Observatorio Electoral COPPPAL), Martín D’Alessandro (profesor UBA/UTDT – IPSA), Alejandra Perícola (Observatorio Electoral Derecho UBA), Sonia Ramella (directora Ciencia Política USAL), Jesús Delgado (Transparencia Electoral), Gonzalo Arias e Iván Beletzky (Instituto Moisés Lebensohn), Lorena González Tocci y Pedro Caminos (Asociación Civil de Estudios Constitucionales), y Mauro Solano y Matías Orellano de CIPPEC.

Además, se destacó la presencia de las diputadas nacionales Dolores Martínez y Gabriela Brouwer de Koning, de Evolución Radical; la senadora por la provincia de Buenos Aires Lorena Mandagaran y la concejal Carolina Sosa, de Hurlingham.

Diputados, académicos y ONG’s debatirán sobre un régimen de traspaso presidencial 

El encuentro, organizado por las legisladoras de Juntos por el Cambio Carla Carrizo y Margarita Stolbizer, se realizará este jueves desde las 10.

En el marco de los 40 años de la recuperación democrática en Argentina, las diputadas nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal) organizan este jueves, a partir de las 10, una mesa debate denominada “Hacia un régimen de transición presidencial”. El encuentro se hará en el segundo piso del Anexo “C” de la Cámara baja. 

El objetivo del encuentro será “generar un espacio de diálogo y reflexión entre los diferentes actores de la sociedad civil dedicados a los procesos electorales, sobre la necesidad de un marco normativo que regule de manera precisa el proceso de traspaso entre los sucesivos gobiernos democráticos y las pautas para la transmisión de los atributos correspondientes”, explicaron en la convocatoria. 

Además, se debatirán aquellos proyectos de ley relacionados que cuentan con estado parlamentario, entre los que se encuentran los presentados por las organizadoras del evento, más iniciativas de Mercedes Joury (Pro), Soledad Carrizo (UCR), Roxana Reyes (UCR), Paula Oliveto Lago (Coalición Cívica) y el exdiputado Gustavo Bouhid (UCR). 

Entre los especialistas, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil que participarán de la jornada se encuentran Gustavo Dufour (presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político), Consuelo Aranciaga (Directorio Legislativo), Elsa Llenderrozas (directora de la carrera Ciencia Política UBA), Dolores Gandulfo (Observatorio Electoral COPPPAL), Martín D’Alessandro (profesor UBA/UTDT – IPSA), Alejandra Perícola (Observatorio Electoral Derecho UBA), Sonia Ramella (directora de la carrera Ciencia Política USAL), Jesús Delgado (Transparencia Electoral), Hernán Rossi y Gonzalo Arias (Instituto Moisés Lebensohn), Lorena González Tocci y Pedro Caminos (Asociación Civil de Estudios Constitucionales), Mauro Solano y Matías Orellano (CIPPEC) y Poder Ciudadano.

Reclaman intervención de Marisa Graham por los paros docentes

Diputados de Juntos por el Cambio hicieron una presentación ante la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, ante las consecuencias de medidas que afectan la enseñanza.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución), junto a 26 diputados nacionales de Juntos por el Cambio, presentaron una nota a la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que tome intervención ante los días perdidos de clases por paros docentes en el país.

“Necesitamos cambiar el enfoque sobre cómo se protege el derecho a la educación en Argentina. Niñas, niños y adolescentes tienen consagrada la más alta protección en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, en la práctica, sus derechos terminan siendo vulnerados como consecuencia de los conflictos entre adultos. Este paradigma es el que se dejó atrás con la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de 2005. Desde entonces la prioridad es su interés superior, pasan a ser sujetos de derecho. La mesa de negociación gremial no puede ser el aula”, dijo Carrizo.

“La defensora tiene no solo las herramientas, sino la responsabilidad de intervenir. Su función es ser la voz y la representación pública de aquellos niños y niñas que no pueden incidir en las discusiones individualmente”, agregó la diputada.

La Ley 25.864 sancionada en 2003 estableció un piso mínimo de 180 días efectivos de clases que jamás se ha cumplido. Por su parte, el Consejo Federal de Educación, mediante Resolución CFE N° 431/22 dispuso los 190 días efectivos de clases para el calendario lectivo 2023, objetivo que muchas provincias ya no cumplirán. Hasta el 31 de mayo de este año, sumando todas las provincias, se cuantifican 235 días de clase perdidos producto de medidas gremiales. Las provincias con más días perdidos fueron Santa Cruz (38 días), La Rioja (27 días) y Tucumán (23 días).

Países como Alemania, España o Ecuador han establecido que la educación es un servicio público que no puede verse afectado por los reclamos laborales. En Argentina, la Corte Suprema de Justicia confirmó la nulidad de una Resolución del Ministerio de Trabajo del año 2001 que iba en esa dirección. Al hacerlo así, sostuvo una mirada adultocéntrica que hoy ya se encuentra perimida, producto de la sanción en 2005 de la Ley 26.061. Con posterioridad a la sanción de esta ley, existieron fallos de Santa Fe (2005) y Río Negro (2009) en los que se obligó a las provincias y a los gremios a mantener el servicio educativo.

La carta fue firmada por los diputados nacionales Carla Carrizo, Alejandro Finocchiaro, Roxana Reyes, Victoria Morales Gorleri, Marcela Campagnoli, Dolores Martínez, Silvia Lospennato, Lidia Ascarate, Martín Tetaz, Karina Bachey, Emiliano Yacobitti, Camila Crescimbeni, Alberto Asseff, Martín Berhongaray, Rubén Manzi, Ingrid Jetter, Gerardo Cipollini, Danya Tavela, María Sotolano, Marcela Antola, Victoria Tejeda, Marcela Coli, María Luján Rey, Soledad Carrizo, Sofía Brambilla, Gabriela Brouwer de Koning y Gabriela Lena.

Debatieron en Diputados sobre la erradicación del trabajo infantil en la industria de la yerba mate

Fue durante una concurrida jornada, organizada por la radical Carla Carrizo, que contó con la participación de legisladores, funcionarios, empresarios y representantes de ONG’s.

Los diputados nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical), Leandro Santoro (Frente de Todos), Victoria Morales Gorleri (Pro) y Mabel Caparrós (Frente de Todos) encabezaron en la Cámara baja junto a ONG’s, empresarios y representantes del Ministerio de Trabajo una jornada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Argentina y debatieron sobre la erradicación del trabajo infantil en industria de la yerba mate.

El encuentro, denominado “Derechos de niñas, niños y adolescentes: Yerba mate sin trabajo infantil. Agenda legislativa”, se llevó a cabo en el segundo piso del Anexo y contó con la participación de más de 150 personas.

El panel estuvo conformado por Jorge Kordi, de la ONG “Sueño para Misiones”; Carlos Bayala, representante de la marca “Yerba Mate Porongo”; Paula García, periodista de TN y cofundadora de la ONG “Mamis Solidarias”; la licenciada Yanina Chiafitella, subsecretaria de Políticas de Inclusión en el Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Facundo Hernández, adjunto de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes; y Paula Wachter, directora de la ONG “Red Por Infancia”.

La primera en hacer uso de la palabra fue Carrizo, quien destacó que “son cinco bloques legislativos que han apoyado estos cuatro proyectos, que son muy parecidos y hay más de 14 provincias acompañando este proyecto”. “El trabajo infantil existe, pero la yerba mate es la bebida que nos dice a todos. Es casi como la bandera. Todo el tiempo convivimos con la yerba y el mate es un punto de encuentro”, dijo.

“Si ese niño de 11 años deja la escuela, entonces no va a volver más a poder tener herramientas para construir autonomía propia. Y va a ser una simetría, una brecha desde el inicio. Necesitamos que los chicos estén en la escuela y necesitamos al sector privado de aliado. ¿Qué tenemos en común en estos proyectos? Cambiar el enfoque. Hoy el trabajo infantil es un delito penal. Ya está el aspecto punitivo. Ahora necesitamos construir un ambiente, y ese ambiente lo tenemos que construir aliado con el sector privado”, añadió la radical.

Luego fue el turno Santoro, quien también ponderó lo interpartidario: “Fíjense qué importante que será este tema, que por primera vez en mucho tiempo hemos logrado saltar la grieta. Esto habla del fracaso de la democracia argentina, que tengamos que reunirnos para hablar sobre el trabajo infantil. Porque verdaderamente, después de 40 años de construcción colectiva y comunitaria, que este tema sigue estando en la agenda, es equivalente a que estemos hablando de la esclavitud”.

“Si logramos ponernos de acuerdo, todas las fuerzas políticas que integramos en esta Cámara, en dar un paso más hacia la erradicación definitiva del trabajo infantil, estaremos dando un paso determinante para la consolidación definitiva de la democracia en la Argentina. No hay democracia si hay trabajo infantil”, señaló.

Por su parte, Jorge Kordi sostuvo que “el mate debe representar lo mejor de los argentinos, tenemos que romper barreras culturales. El trabajo infantil en la yerba mate destruye las posibilidades de los chicos de estudiar. Creo que es hora de que por lo menos en este ámbito hagamos una transformación”.

“Hay una mirada comunicacionalmente cínica que indica que si estos chicos no trabajan van a estar vagando y drogándose. ¿Qué clase de opción es esa? ¿Qué clase de dibujo de la realidad estamos haciendo si pintamos como alternativa a una injusticia, un horror?”, interpeló Carlos Bayala.

La periodista Paula García indicó que “la mitad de los adultos que hoy en día están en la tarea, trabajaron desde chicos”. “Saquemos esta ley lo antes posible, y hagámosla cumplir. Nuestro futuro está comprometido, pasemos a la acción real y concreta. Este es un paso”, pidió.

“Desde el Ministerio se han llevado a cabo acciones directas e indirectas frente a este flagelo. En este sentido, Argentina es pionera en la Alianza 8.7 y en ese marco hemos contraído varios compromisos para la erradicación definitiva del trabajo infantil”, apuntó Yanina Chiafitella.

En tanto, Paula Wachter remarcó que “como otras formas de violencia, el trabajo infantil en la industria de la yerba mate no se visibiliza. Es importante marcar agenda en este sentido e involucrar al sector privado en el marco de la corresponsabilidad, para que se perciba como un aliado más”.

“Es fundamental el impulso a la investigación penal. Hay pocas causas y las pocas que hay, se archivan. Para ello, necesitamos mejorar la fiscalización del trabajo infantil a nivel provincial”, expresó Facundo Hernández.

Luego, hicieron uso de la palabra Jimena Szpanierman y Dolores Raus, representantes de change.org, quienes anunciaron que reunieron más de 160 mil firmas para pedir por una nueva ley contra el trabajo infantil.

El cierre del encuentro estuvo a cargo de la senadora nacional Clara Vega, presidenta de la Comisión Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes.

La actividad contó con la participación de las diputadas Marcela Coli (UCR), Carolina Yutrovic (FdT), Natalia Sarapura (UCR); de manera virtual de Diego Sartori (Frente de la Concordia Misionero), Gabriela Lena (UCR); y enviaron su adhesión Vanesa Massetani (FdT) y Mónica Fein (PS).

Además, el sector empresario estuvo representado por la Cámara de Molineros de Yerba Mate de Zona Productora, Rubén Henrikson, y representantes de Yerba Porongo, Yerba CBSé y Yerba-Mate Verdeflor.

A su vez, desde el ámbito universitario, participaron Bruno Gini, secretario de Extensión, Cultura y Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional del Alto Uruguay y Mariana Álvarez, coordinadora del espacio de género de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

También participaron las ONG’s, CIPPEC, Aldeas Infantiles, Fundación Argentina Porvenir, Fundación Angelito, Red por la Infancia, APADEA, Fundación Amigos en la Calle, la Asociación de Abogados/as de Buenos Aires, La Casona de los Barriletes, Fundación Juanito, MACFUT, Fundación Santa Inés, Fundación Vivencia y AMIA.

La oposición reclama la presencia de Mazzina por la desaparición de Cecilia Strzyzowski en Chaco

Diputados de Juntos por el Cambio solicitaron que la ministra de Mujeres asista al Congreso a informar qué intervención ha tenido en el caso. Criticaron la “doble vara”.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical), junto a 29 de sus pares de Juntos por el Cambio, solicitaron la presencia de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, en el Congreso para que informe acerca de la intervención que ha tenido el Ministerio frente a la desaparición de Cecilia Strzyzowski ocurrida el 1ro. de junio en Resistencia, Chaco.

Se trata de la joven de 28 años que se encontraba en pareja con César Sena, hijo de un matrimonio vinculado a organizaciones sociales de estrecha conexión con el gobernador Jorge Capitanich, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

Hasta el momento hay 7 detenidos en la causa entre los que se encuentran el propio Sena y sus padres, José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González. Todos ellos, a su vez, se habían inscripto para competir el próximo 18 de junio como precandidatos de una de las listas colectoras de Capitanich, quien se postula a la reelección para gobernar la provincia. No obstante, el Tribunal Electoral los excluyo de las PASO.

Para Carrizo, “el caso de Cecilia Strzyzowski es doblemente grave. En primer lugar, porque los femicidios en Argentina siguen aumentando a pesar de la existencia de un Ministerio de la Mujer y todos los días escuchamos casos de mujeres en todo el país asesinadas por sus parejas, como el que aquí se investiga y que exponen el grado máximo de violencia de género; pero, por otro lado, también pone de manifiesto la doble vara cuando los acusados son cercanos al poder político”.

“Ni denuncia ni reclamo de justicia: silencio e impunidad. Ninguna voz institucional de las autoridades políticas ¿Qué mensaje es ese para la familia de la víctima?”, cuestionó la radical.

Además, la legisladora señaló que “la provincia de Chaco es una de las provincias que, junto a Tierra del Fuego, lideran la tasa más alta de femicidios en el país; por lo que la ministra debe rendir cuentas urgente sobre la ausencia total de políticas en esas provincias, donde lamentablemente Cecilia no es la excepción”.

En efecto, de acuerdo al informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante 2022 fueron asesinadas 226 mujeres en el país y entre las provincias con la tasa más alta de femicidios se encuentra Chaco (1,93), junto con Tierra del Fuego (2,24), Santa Fe (1,74) y La Pampa (1,63).

“Por eso necesitamos que la ministra Mazzina venga al Congreso a informar. El Estado debe llegar antes, con mecanismos eficientes y confiables que sean políticas efectivas en la lucha contra la violencia de género en Argentina. El silencio institucional no puede ser la respuesta del poder teniendo un Ministerio nacional”, finalizó la porteña.

El proyecto encabezado por Carrizo fue acompañado por Carlos Zapata, Gabriela Brouwer de Koning, Pablo Cervi, Dolores Martínez, Marcela Coli, Silvia Lospennato, Gabriela Lena, Sofia Brambilla, Karina Banfi, Pablo Torello, Mario Barletta, Marcela Antola, Victoria Tejeda, Mariana Stilman, Marcela Campagonli, Lidia Ascárate, Maria Sotolano, Martín Tetaz, Juan Martín, Gerardo Cipolini, Fernando Iglesias, Alejandro Finocchiaro, Maria Luján Rey, Ingrid Jetter, Danya Tavela, Emiliano Yacobitti, Soher El Sukaria, Camila Crescimbeni y Ana Clara Romero.

Presentaron proyecto sobre Cuidados Digitales para los jóvenes

Organizado por las diputadas Carla Carrizo y Mabel Caparrós, se analizó una iniciativa de diputados y ONGs para establecer un marco regulatorio.

Junto a especialistas, referentes internacionales, ONGs, y legisladores, las diputadas nacionales Carla Carrizo (Evolución radical) y Mabel Caparrós (FdT) encabezaron este martes en el Salón Blanco del Palacio Legislativo una jornada de debate para avanzar en un nuevo marco regulatorio sobre los derechos en niñez y adolescencia en servicios digitales.

El proyecto busca ubicar a la Argentina como líder regional imitando la legislación que se utiliza actualmente en el Reino Unido, y los Estados Unidos, y que propone establecer parámetros en el diseño de servicios digitales para fijar cómo se pueden recoger, procesar y compartir los datos de niños y adolescentes.

El encuentro, organizado por Carrizo y Caparrós, contó con la participación de Leanda Barrington-Leach de la Fundación 5Rights; María Rosa Muiños, defensora del Pueblo de CABA; Juan Corvalán, director laboratorio de innovación e inteligencia artificial de la UBA; Daniela Dupuy, fiscal especializada en delitos informáticos del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Facundo Hernández, defensor adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Sdolescentes de la Nación, y Nahuel Arias, oficial de Comunicación Digital de Unicef Argentina.

La primera en hacer uso de la palabra fue Carla Carrizo, anfitriona y autora del proyecto de ley regulatorio que cuenta con 36 firmas y el apoyo de 11 bloques legislativos. “La ley para cuidar el entorno digital de los niños y adolescentes está desactualizada. Se necesita un nuevo enfoque que construya ambientes digitales cuidados para proteger los derechos digitales de la infancia”, dijo.

“La primera cuestión que vamos a debatir hoy, no es solamente datos que queremos proteger, es construir ambientes cuidados. Nuestra pretensión es tener un nuevo enfoque. Y acá vamos a tener el diálogo con nuestras diputadas que nos acompañan y   la visión más de tecnología y de data. Y además queremos saber un poco qué se está haciendo en el mundo”, añadió la diputada radical.

“Hoy el tiempo no tiene límite y los límites geográficos, que antes teníamos, no están en las redes. De modo que la idea es otro enfoque, transitarlo. La buena noticia es que tenemos el enfoque inter partidario de un proyecto que lleva la firma de 36 diputados y 19 provincias acompañando. Así que tenemos casi una nacionalización completa”, finalizó Carrizo.

Luego fue el turno de Mabel Caparrós, diputada nacional del Frente de Todos. “El encierro, la interrupción de la vida social, de las relaciones han producido un cambio que nos preocupa a todos, particularmente en las infancias, en los niños, niñas y adolescentes y no hay ley que pueda controlarlo hasta ahora, Por eso para mí es tan importante la palabra de quienes tienen la experiencia en territorio y de quienes están trabajando en tecnologías”, dijo.

“Estoy preocupada, ese sería el eje de mi participación en estos temas, la gran preocupación que me genera, el gran asombro que me genera, porque además sé que puede ser de una utilidad enorme todo este desarrollo de plataformas y nuevas tecnologías, pero me parece que son ustedes los que nos pueden ayudar transversalmente a los partidos políticos. Hoy esto me parece que afecta a todas las fuerzas políticas, no puede haber una sola mirada”, cerró Caparrós.

Después, habló Leanda Barrington-Leach de la Fundación 5Rights que aportó la mirada internacional del tema. “Estamos aquí para discutir algunos de los detalles de enfoque. Primero debemos reconocer que la infancia está en línea y que tengan todos los cuidados acordes a su madurez.  En segundo lugar, los niños ya tienen derechos, ya existen. No necesitamos inventar nuevos derechos. Y tercero, los niños ya son sujetos de derecho. Y, por último, los derechos de los niños son holísticos. Deben cubrir todos los riesgos como el contenido, de contacto, de conducta y de contrato. La solución debe ser implementada inicialmente integrando los derechos de los niños por defecto. Es fundamental reconocer que la alfabetización digital y el control parental son complementos, pero no reemplazan la necesidad de seguridad del producto”, finalizó.   

La fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy señaló que “en la Argentina, la Fiscalía Especializada es la que recibe a nivel nacional toda esa cantidad de reportes de imágenes inapropiadas de niños que hoy, año 2022, superaron los 90.000 reportes anuales. En lo que va del 2023, ya superamos los 50.000, haciendo una proyección, pensamos que vamos a superar ampliamente lo del 2022. Pero esto lo vengo analizando desde el año 2014 y más allá de la pandemia, las cifras aumentan escandalosamente”, expresó.

“Lo que a mí me toca, como fiscal especializada en cibercrimen, es trabajar para generar políticas claras o líneas claras, lineamientos claros de política criminal. ¿Cómo lo hago? Como fiscal persigo a los delincuentes, pero no puedo dejar de ver lo que pasa con las víctimas. Porque va mutando esto, se van poniendo de moda las diferentes plataformas y ya termina. Y obviamente el legislar, y es aquí donde pido ayuda, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer, y celebro realmente este tipo de iniciativa en donde se protejan los datos personales y decirles que cuentan conmigo y con mi equipo para todo lo que necesiten en cuanto a poder potenciar y llevar adelante este proyecto”, cerró.

A su turno, hizo uso de la palabra Juan Corvalán, director del laboratorio de innovación e inteligencia artificial de la UBA. “El paradigma digital ha evolucionado con el deep learning y la inteligencia artificial generativa, lo que puede tener un impacto negativo en la infancia y la adolescencia en entornos digitales, tanto en la manipulación de datos personales como en la distorsión de la realidad y la creación de avatares ultra realistas. Es importante que se tomen medidas para prevenir su uso indebido”, expresó.

La jornada contó con la presencia de las diputadas Dolores Martínez, Camila Crescimbeni, Mariana Stilman y Ana Clara Romero, Marcela Ántola y Karina Banfi. Clara Vega, senadora nacional por La Rioja y presidenta de la Bicameral Niñas Niños Adolescentes y Victoria Morales Gorleri diputada nacional del Pro y vicepresidenta de la Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros.

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Se realizará en la Cámara baja una jornada de derechos de niñez y adolescencia en el diseño de servicios digitales

El evento es encabezado por las diputadas Carla Carrizo y Mabel Caparrós y se realizará este martes a las 10 en el Salón Blanco con invitados a exponer.

Las diputadas nacionales Carla Carrizo (UCR) y Mabel Caparrós (Frente de Todos) encabezarán una jornada de derechos de niñez y adolescencia en el diseño de servicios digitales con invitados a exponer sobre el tema.

El evento se llevará a cabo este martes 30 desde las 10 en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados.

En el mismo expondrán Leanda Barrington-Leach de la fundación Rights, María Rosa Muiños defensora del pueblo de CABA; Juan Corvalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la UBA; Daniela Dupuy, Fiscal especializada en delitos informáticos -MPF CABA; Facundo Hernández, defensor adjunto de los Derechos de NNYA de la Nación; y Paula Wachter de la ONG Red por la infancia.

Diputados, padres y ONG’s presentaron un proyecto de capacitación docente en discapacidad

Fue en un masivo encuentro en el Anexo de la Cámara baja, encabezado por la legisladora radical Carla Carrizo.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) presentó en el Anexo de la Cámara baja junto a padres, legisladores y ONG’s, su proyecto de capacitación obligatoria y permanente en discapacidad y dificultades del aprendizaje para los docentes de las instituciones públicas estatales y privadas de todo el país.

Bajo el nombre “Capacitación docente en Discapacidad. Mirada de protagonistas y profesionales”, y ante una gran convocatoria, el encuentro contó con tres segmentos divididos en: protagonistas, familiares de niñas, niños y adolescentes con discapacidad e impulsores de la iniciativa, referentes del sector educativo, profesionales y ONG’s.

“Infancia y discapacidad es la infancia más invisibilizada. A 17 años de la ley más importante que protege a las infancias en la Argentina, que es clave, tiene 78 artículos y solo 3 hablan de infancia, adolescencia y discapacidad. Todavía es una ley que hay que actualizar. Celebro que esta discusión esté aquí porque estamos hablando de que faltan vínculos entre los docentes de la educación común de la escuela especial y de los centros de pedagogía. Entonces, cambiar prácticas y actualizar normas”, sostuvo Carrizo.

La radical señaló que “el modo en que lo vemos es el modo en que el Estado cuida o descuida. Si los niños con discapacidad no son mirados, no van a ser cuidados. Necesitamos que este proyecto de ley salga por unanimidad en ambas cámaras para que las leyes duren”.

Luego fue el turno de Inés Estévez, actriz y directora. “Es importante la capacitación docente en discapacidad. Y el proyecto es solo un punto de partida porque la ley requiere que cada jurisdicción elabore su metodología para aplicar esta capacitación. Necesitamos que la aplicación sea gradual y simple hasta llegar al ideal que es la discapacidad sea una materia en magisterios y profesorados”, expresó.

También habló en el encuentro Ian Lescano, de 10 años, activista por los derechos de las personas con autismo: “El autismo es una condición que hace que percibamos el mundo de una manera distinta. Necesitamos de un Estado presente en leyes y necesidades para una sociedad más amigable”.

Nicolás Di Giacomo, médico pediatra, jefe de la sección Salud Escolar del Área Programática del Hospital Penna de la Ciudad de Buenos Aires, contó: “El año pasado hicimos un relevamiento en las 100 escuelas que tenemos, la mitad de las conducciones respondieron sobre la situación de discapacidad. Porque hay una cuestión que nos interesa mucho que es el diagnóstico. No hay información transparente compartida del sistema educativo. No es que no la tengamos, no se puede acceder”. “Yo soy pediatra y terminé mi formación en 2013 y mi formación sobre discapacidad y autismo fue ninguna”, resaltó.

En tanto, Jimena Szpanierman y Jessica Stiberman, representantes de la plataforma de peticiones Change.org, entregaron una caja con 63.159 firmas solicitando la aprobación del proyecto de ley. “En noviembre del año pasado los padres crearon la petición y creció sin freno. Es por tanto esfuerzo y dedicación que queremos felicitarlos por el ingreso en ambas cámaras del proyecto de capacitación”, expresaron.

El encuentro contó con la presencia de Facundo Hernández, defensor adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Leonardo Ruiz, presidente de COPIDIS (Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad); Roberto Ingratta, director de la Unidad de Discapacidad de Trenes Argentinos; Julia Bermúdez, gerente de la Gerencia Operativa Desarrollo Cultural y Comunitario de CABA; y María Eugenia Soler, gerente de la Dirección General de Políticas de Juventud de CABA.

También estuvieron Nicolás Pantarotto, Defensoría Pública Curaduría N° 2 de CABA; miembros del Observatorio de Discapacidad del Consejo de la Magistratura de CABA; Germán Ejarque, director del Observatorio de Discapacidad Nacional; Mariela Coletta, presidente del Comité de la Unión Cívica Radical de Capital Federal, junto a representantes de las 15 comunas de la Ciudad; y Silvia Stulchik, coordinadora de la mesa de niñez de la Fundación Alem, entre otros.

Acompañaron además las diputadas Danya Tavela, Dina Rezinovsky, Dolores Martínez, Marcela Antola y Karina Banfi.

Objetivos del proyecto

La iniciativa busca capacitar, sensibilizar y concientizar a la comunidad educativa de los niveles obligatorios de todas las modalidades del Sistema Educativo Nacional sobre discapacidad y dificultades del aprendizaje.

Los objetivos son: brindar un trato adecuado y no discriminatorio a estudiantes con discapacidad y/o dificultades en el aprendizaje; promover la capacitación docente obligatoria, permanente, actualizada y continua que brinde herramientas pedagógicas para la inclusión; y propender a la promoción de la sensibilidad y concientización sobre discapacidad y dificultades del aprendizaje de la comunidad educativa.

También, garantizar el acceso al derecho a la educación conforme a la legislación vigente en materia de discapacidad y educación; posibilitar la inclusión y participación plena y efectiva de estudiantes con discapacidad en el ámbito educativo y el reconocimiento de la diversidad; y asegurar una accesibilidad plena en condiciones de seguridad y autonomía en los espacios educativos para el desarrollo de sus actividades diarias sin restricciones.

El proyecto cuenta con las firmas de Carla Carrizo, Carlos Zapata, Gabriela Brouwer de Koning, Dina Rezinovsky, Gustavo Bouhid, Lidia Ascarate, Marcela Campagnoli, Karina Banfi, Mercedes Joury, Mariana Stilman, Fabio Quetglas, Marcela Antola, Carolina Castets, Martín Tetaz, Dolores Martínez, Danya Tavela, Mónica Frade, María Luján Rey, Aníbal Tortoriello, Alejandro Cacace, Soledad Carrizo, Mario Barletta, Alberto Asseff, Gabriela Lena y Roxana Reyes.

Diputados de JxC denuncian inactividad de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo

Los legisladores Pablo Tonelli y Soledad Carrizo le enviaron una nota al presidente de la comisión, el kirchnerista Marcos Cleri, solicitando el tratamiento de 66 decretos pendientes de revisión.

A unas semanas de iniciado un nuevo período legislativo, las comisiones aún no se ponen en marcha. Tal es así que los diputados nacionales Pablo Tonelli (Pro) y María Soledad Carrizo (UCR) presentaron una nota denunciando la falta de actividad de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

La misiva fue dirigida al diputado kirchnerista Marcos Cleri –titular de la comisión- en la que le remarcaron que la misión de la misma es “dictaminar acerca de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, de los decretos dictados en ejercicio de una delegación legislativa y de los decretos de promulgación parcial de leyes que emita el Poder Ejecutivo”.

En ese sentido denunciaron que “en la actualidad son 66 decretos pendientes de revisión” que fueron dictados por el presidente de la Nación y que “ningún tratamiento ha tenido ni mucho menos se ha expedido despacho al respecto”.

A su vez, le dejaron un listado de los decretos más relevantes pendientes de dictamen de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo:

  • 805/21 Prórroga de la emergencia de las tierras indígenas.
  • 867/21 Prórroga de la emergencia sanitaria.
  • 131/22 Suba de retenciones a la exportación de aceite de soja y harinas.
  • 132/22 Creación de fondo fiduciario para el trigo.
  • 277/22 Régimen de acceso a divisas para la producción de petróleo.
  • 729/22 Creación del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena.
  • 765/22 Avales crediticios para ENARSA.
  • 863/22 Ampliación de la emergencia sanitaria.
  • 809/21, 88/22, 331/22, 712/22 t 829/22 Modificaciones presupuestarias.
Nota-presentada-a-la-Comisión-Bicameral-de-Trámite-Legislativo-15-03-23-1

La oposición reclama que Martín Soria dé explicaciones en el Congreso por el uso de celulares en cárceles

Encabezado por Carla Carrizo, se presentó un proyecto de resolución para que se convoque al ministro de Justicia y Derechos Humanos ante los resultados de allanamientos recientes.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical-JxC), junto a más de una treintena de legisladores de diferentes bloques opositores, presentó un proyecto para que se cite al Congreso al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, para que explique sobre el uso de celulares y delitos cometidos desde establecimientos del Servicio Penitenciario Federal.

Luego de la visita del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, ahora un grupo de diputados buscan que Soria se presente para dar cuenta sobre la política penitenciaria en Argentina, que depende precisamente de su Ministerio.

“Las cárceles en Argentina funcionan mal. Tanto es así que desde los propios establecimientos penitenciarios se coordina el accionar de las bandas delictivas. La semana pasada se encontraron celulares en los allanamientos ordenados en cárceles federales, los fiscales presentaron varios informes advirtiendo la situación, pero el Gobierno aún lo niega. El ministro de Justicia debe explicar cómo es que el Estado, por acción u omisión, se termina convirtiendo en cómplice de los delitos que se cometen bajo su supervisión”, sostuvo Carrizo.

En efecto, en 2021 el Ministerio Público Fiscal publicó un informe en el que se advertía de esta situación, que se encuentra expresamente prohibida desde el año 2017 (mediante Ley N°27.375 que introdujo una modificación en el artículo 160 de la Ley 24.660 de Ejecución Penal), y realizó 14 recomendaciones concretas al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Recientemente, reanudaron la solicitud al Gobierno ante la escalada de hechos de inseguridad.

“El caso de Rosario no solo puso en escena la falta de políticas concretas del Gobierno contra la inseguridad y el delito organizado, también evidenció que no hay una política penitenciaria”, remarcó la radical y agregó: “El Estado está ausente fuera y dentro de las cárceles. Y no es que falten leyes, en el 2017 se prohibieron los celulares en los penales, pero el Gobierno no las cumple”.

El proyecto lleva las firmas de Victoria Tejeda, Mónica Fein, Enrique Estévez, Alejandro “Topo” Rodríguez, Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer, Mariana Stilman, Dolores Martínez, Marcela Antola, Gabriela Brower de Koning, Fernando Iglesias, Dina Rezinovsky, María Luján Rey, Soledad Carrizo, Francisco Sánchez, Ana Clara Romero, Lidia Ascárate, Marcela Campagnoli, Carlos Zapata, Ximena García, Mónica Frade, Juan Martín, Ingrid Jetter, Germana Figueroa Casas, Gabriela Lena, Alejandro Finochiaro, Alfredo Schiavoni, Julio Cobos, Mario Barletta, Sabrina Ajmechet y Ruben Manzi.

Piden citar al titular del INAI por la entrega de tierras en Mendoza

La radical Carla Carrizo aseguró que la gestión de Alejandro Marmoni “es una vergüenza” y se necesita que “informe urgente en el Congreso”.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical), junto a un veintena de sus pares de Juntos por el Cambio, presentó un proyecto a través del cual se pide que se cite al Congreso al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Alejandro Marmoni, para que “explique por qué se violó la Ley 26.160 al adjudicarse en forma unilateral y sin consulta con las autoridades de la provincia de Mendoza, 25 mil hectáreas a comunidades mapuches que originaron la semana pasada un conflicto con el Gobierno provincial”.

“Es una vergüenza la gestión del Instituto de Asuntos Indígenas en Argentina. Necesitamos que su presidente informe urgente en el Congreso”, reclamó la porteña, quien advirtió que “Mendoza no es una excepción. Es más bien la regla. No es la primera vez que el INAI es acusado de negligencia, arbitrariedad y mal desempeño. Son años de incumplimientos reiterados de este organismo dependiente del Ministerio de Justicia”.

En ese sentido, la legisladora recordó que “la ley de emergencia para relevar las comunidades originarias tiene 17 años. Ya van 8 informes de la Auditoria General de la Nación que advierten los problemas de este organismo, pero pasan los gobiernos y la ley se prorroga sin que el INAI rinda cuentas en el Congreso. Nunca lo hizo en todos estos años”.

“Desde 2021 venimos pidiendo que lo haga, porque ese año vencía la Ley 26.160; no ocurrió. Entonces, el presidente terminó prorrogándola por DNU, sin debate ni evaluación. En 2022, exigimos que, cumpliendo el mismo DNU, el INAI informe el avance de los relevamientos en las tierras. Tampoco ocurrió y en agosto renunció la titular. El organismo estuvo acéfalo por meses hasta fin de año. Y ahora vemos que la nueva gestión, en vez de resolver conflictos, sigue la misma línea que la gestión anterior de Magdalena Odarda, los genera y multiplica”, resaltó.

Precisamente, en las últimas semanas el INAI publicó diversas resoluciones (36/2023; 42/2023 y 47/2023) sobre relevamientos territoriales en la provincia de Mendoza que reconocieron la posesión de alrededor de 25 mil hectáreas a diversas comunidades pertenecientes al pueblo mapuche, próximas a los departamentos de San Rafael y Malargüe, que motivaron objeciones del gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, quien iniciará acciones judiciales.

En 2006, el Congreso sancionó la Ley 26.160 que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de 4 años. Pasaron 17. Fue prorrogada sucesivamente sin rendición de cuentas en el Congreso. La última fue por un Decreto de Necesidad y Urgencia en noviembre del año pasado, mediante el cual se extendió la vigencia de la ley hasta el 23 de noviembre de 2025, se asignó un presupuesto extra de 290 millones por cada año para realizar los relevamientos y se estipuló que se deben hacer con la intervención del Estado provincial, algo que no ocurrió en el caso reciente de Mendoza.

“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Necesitamos que una voz institucional informe en Diputados. Sobran proyectos pidiendo esto; debería el presidente incluirlos en las sesiones extraordinarias para evitar que sea una convocatoria fantasma”, concluyó la diputada.

El proyecto fue acompañado por Martín Tetaz, Pablo Torello, Emiliano Yacobitti, Soledad Carrizo, Danya Tavela, Paula Omodeo, Marcela Antola, Carlos Zapata, Gabriela Brouwer de Koning, Jimena Latorre, Pamela Verasay, Carolina Castets, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Fernando Carbajal, Victoria Tejeda, Marcela Campagnoli, Gustavo Bouhid, Germana Figueroa Casas y Rubén Manzi.

Legisladores felicitaron al elenco de “Argentina 1985” por la obtención del Globo de Oro

Desde la oposición celebraron que la película, dirigida por Santiago Mitre, obtuviera el premio internacional y felicitaron al elenco.

En medio de la cruzada entre el oficialismo y la oposición por el pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, impulsado desde el Poder Ejecutivo, la película “Argentina 1985”, que retrató el enjuiciamiento a las juntas militares que tomaron el poder durante los años 1976 y 1983, ganó el premio internacional “Globo de Oro” como mejor película extranjera.

Varios diputados expresaron en redes sociales su alegría por el logro del largometraje argentino. El diputado nacional Aníbal Tortoriello (Pro – Río Negro) consideró que “Argentina 1985” es “una película espectacular que nos sigue enseñando el valor de la democracia”, y agregó: “Es un orgullo este reconocimiento internacional para una producción argentina”.

También, el jefe de bloque de la Coalición Cívica – ARI, Juan Manuel López, reposteó la publicación de la transmisión oficial de la premiación y, a través, de “emojis” expresó sus felicitaciones.

En tal sentido, la diputada Sabrina Ajmechet (Pro – CABA) agradeció que, gracias al film, “más jóvenes conozcan a la CONADEP y el juicio a las juntas”. La diputada nacional Gabriela Lena (UCR – Entre Ríos), e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, felicitó a todo el elenco y expresó que es una película que “narra cómo se forjó el Juicio a las Juntas, un paso fundamental para la recuperación de nuestra democracia”.

Del mismo modo, la legisladora Carla Carrizo (Evolución Radical – CABA) manifestó: “Argentina 1985 es celebrada, además de por el gran trabajo de su equipo, porque habla en el lenguaje universal de los DDHH y dice lo que necesitamos recordar y repetir: la democracia fue y es un esfuerzo colectivo, por eso hay que seguir, también hoy, defendiéndola”.

La diputada radical Soledad Carrizo (Córdoba) posteó en su cuenta de Twitter una foto del actor Ricardo Darín, que interpretó al fiscal Julio Strassera -quien llevó adelante la investigación contra los genocidas-, y de Peter Lanzani, que actuó de Luis Moreno Ocampo -abogado colaborador-, y escribió: “Una película que nos recuerda lo importante de la memoria, verdad y justicia en nuestro país”.

Por parte de la Cámara alta, el senador nacional Martín Lousteau (UCR – CABA) felicitó al director Santiago Mitre por “la gran película que cuenta el histórico Juicio a las Juntas, hito de la recuperación democrática en nuestro país”.

Así también, el senador Pablo Blanco (UCR – Tierra del Fuego) felicitó al elenco y expresó: “Gracias a ellos y a todos los argentinos podemos seguir diciendo Nunca Más”.

Con gran énfasis, el presidente Alberto Fernández celebró la obtención del Globo de Oro por parte de “Argentina 1985” y parafraseó a su director Santiago Mitre: “La democracia es algo por lo que necesitamos seguir luchando siempre”.

Diputadas nacionales debatieron sobre el trabajo de las mujeres emprendedoras en Argentina

“Para lograr autonomía económica, inclusión financiera y liderazgo debemos avanzar con Ventanilla Única para Mujeres Emprendedoras”, dijo la radical Carla Carrizo, organizadora del encuentro, sobre un proyecto que se presentó.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) encabezó en el Anexo de la Cámara baja la jornada “Mujeres emprendedoras, experiencias compartidas y políticas para avanzar” junto a protagonistas y especialistas del sector público y financiero, con el objetivo de analizar y debatir las posibilidades y obstáculos para las mujeres que deciden transitar el camino de emprender en nuestro país.

La actividad contó con dos paneles: el primero estuvo integrado por mujeres exitosas que analizaron el progreso de sus emprendimientos; mientras que el segundo contó con la participación de funcionarios del Gobierno de la Ciudad, representantes del sector financiero y de cámaras de comercio.

Acompañada por sus pares Dolores Martínez y Silvia Lospennato, y la intendenta de La Rioja capital, Inés Brizuela y Doria, la primera en tomar la palabra fue Carrizo, que manifestó la “enorme alegría por este encuentro con grandes emprendedoras”. “Las mujeres lideran el 30% de MiPyMEs pero les resulta más difícil acceder a créditos. Para lograr autonomía económica, inclusión financiera y liderazgo debemos avanzar con Ventanilla Única para Mujeres Emprendedoras”, dijo sobre la iniciativa que presentó en este marco.

A su turno, Lospennato señaló que “en Argentina, la mitad de las mujeres en edad de trabajar están inactivas. Allí, nuestro desafío. Debemos revertirlo, mejorar condiciones en mercado formal y recomponer salarios. Por eso, Ventanilla Única para Mujeres Emprendedoras debe ser ley y trabajaremos para que así lo sea”.

Por su parte, Brizuela y Doria destacó que en “la Feria del Productor” de su ciudad, “el 95% son mujeres que son, a su vez, el pilar de sus familias. Hoy tenemos muchas iniciativas para enfrentar diferentes realidades muy complejas. Encontrarnos es reconocernos y tenemos que hacernos cargo de nuestro potencial”.

El primer panel comenzó con una de las protagonistas, la emprendedora gastronómica Silvina Riveros. “Después de la pandemia hice lo que el 90% de las personas hizo, me puse a cocinar. Hoy tengo mi taller, mi emprendimiento. Un mundo nuevo. Hay que quebrar la barrera del miedo. Hay muchas mujeres valiosas, con grandes ideas. Lo que nos falta es el apoyo financiero”, relató.

Luego habló Ariana Onega, Manager de Ualá y fundadora de Empretienda. “Comencé creando una tienda online para impulsar a las mujeres emprendedoras. Cuando lanzamos, conversé con muchísimos fondos de inversión, siempre con hombres. ¿Quién usa Empretienda? 70% son mujeres y 30% varones. El desafío: que las mujeres se animen a ir por más”, contó.

Por su parte, Gabriela Tomassoni, creadora de Mamá Construye recordó: “El primer cerámico tardé en colocarlo dos horas y media. Al final del día, tenía media pared. Me di cuenta de que no hay nada que no podamos hacer. El trabajo fue aumentando, fui apoyando a otras mujeres, generando autonomía, adaptando el negocio a nuestras necesidades”.

“En la primera convocatoria, la mayoría de las personas que se acercó fueron mujeres, y surgió la idea de hacer una feria. Nos apropiamos colectivamente de una idea. Empezamos con 12 stands, ya hay más de 40. Hay ideas, hay potencial, falta inclusión financiera”, enfatizó Guadalupe González, coordinadora de Boedo Emprende.

Y para finalizar el primer panel, Ana Laura Sayago, productora apícola cooperativista de la Red de Mujeres Rurales, explicó que “la Red de Mujeres Rurales trabaja en conectividad y liderazgo en la toma decisiones. Buenas prácticas ambientales: más de la mitad de los alimentos que consumimos son cultivados por mujeres, por eso tenemos que ser la voz de aquellas que no puedan hablar”.

Después fue el turno de las representantes del sector público y financiero. “Nuestra tarea es impulsar a las mujeres en puestos de decisión; las brechas son importantes. Solo el 20% de ellas se financia en el sistema financiero, el 30% lidera PyMEs y apenas el 10% integra la CAME. Debemos acompañarnos y seguir creciendo”, expresó Elisabet Piacentini, presidenta de Mujeres Empresarias de FECOBA.

A su turno, Silvia Tenazinha, Gerente Principal de Banca Comercial & Wealth Management Santander Argentina, contó: “Hace tres años creamos Banca Women, que es nuestra declaración de principios. Brindamos microcréditos y capacitaciones. Solo el año pasado ayudamos a bancarizar a más de 200 mil mujeres que no significa solamente abrir una cuenta en el banco”.

“Trabajamos por la autonomía económica que sabemos está atravesada por enormes dificultades. Tenemos que ser conscientes y reivindicar a las mujeres emprendedoras. Ofrecemos talleres de planificación financiera de corto y mediano plazo para proyectos productivos”, explicó María de los Ángeles Maratea, directora general de la Dirección de Inserción laboral de la Mujer de CABA.

Para finalizar, Clara Barthe, Gerente Operativa de Incubación y Fortalecimiento de la Dirección General de BA Emprende, destacó: “Tenemos diferentes programas e iniciativas gratuitas para acompañar todo el camino que implica emprender. Herramientas digitales, metodologías ágiles, programas con mentorías donde el 70% de las personas que participan son mujeres. Estamos a disposición”.

El encuentro también contó con la presencia de Carolina Barone, Directora General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Políticas de género y lucha contra la trata.

Proyecto de ley “Ventanilla Única para Mujeres Emprendedoras” (VUME)

La iniciativa, presentada por Carrizo, se trata de crear la “Ventanilla Única para Mujeres Emprendedoras” (VUME) dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo destinada a centralizar en un único punto de entrada todos los trámites vinculados al asesoramiento, orientación informativa y desarrollo de emprendimientos productivos y/o servicios, o ampliación de uno ya existente, de mujeres mayores de 18 años.

La VUME tiene el objetivo general de fomentar y fortalecer la autonomía económica, inclusión financiera y liderazgo de mujeres, así como achicar la brecha de género existente en el ámbito laboral y empresarial, tanto en materia salarial como en la calidad del empleo, mediante la creación de herramientas que faciliten el desarrollo y sostenimiento de emprendimientos productivos y/o servicios promovidos por dichos grupos.

Se realizará este lunes un encuentro sobre mujeres emprendedoras

Por impulso de la diputada Carla Carrizo, la actividad se desarrollará en la Sala 1 del Anexo de la Cámara de Diputados desde las 15.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) encabezará este lunes, desde las 15h en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, la actividad “Mujeres emprendedoras, experiencias compartidas y políticas para avanzar”, con el objetivo de analizar y debatir sobre las posibilidades que existen para las mujeres que deciden transitar el camino de emprender en nuestro país.

Al mismo tiempo, se presentará la iniciativa legislativa “Ventanilla Única para Mujeres Emprendedoras (VUME)”, que busca facilitar y multiplicar más emprendimientos liderados por mujeres en Argentina.

El encuentro contará con la presencia de Silvina Riveros (emprendedora gastronómica), Gabriela Tomassoni (Mamá Construye), Ariana Onega (Manager de Ualá y fundadora de Empretienda), Guadalupe González (coordinadora de Boedo Emprende) y Ana Laura Sayago (productora apícola cooperativista de la Red de Mujeres Rurales).

Además, estarán Alexandra Navarro (gerente de Políticas Alimentarias del Programa Alimentando El Mañana), Silvia Tenazinha (gerenta principal de Banca Comercial & Wealth Management Santander Argentina), Elisabet Piacentini (presidente de Mujeres Empresarias de FECOBA), Clara Barthe (gerente operativa de Incubación y Fortalecimiento de la Dirección General de BA Emprende) y María de los Ángeles Maratea (directora general de la Dirección de Inserción Laboral de la Mujer de CABA).

El encuentro se transmitirá en vivo a través del canal de Youtube de la Cámara de Diputados.

Proponen declarar al 11 de marzo como “Día Nacional de la Memoria y Respeto por los fallecidos de Covid”

La iniciativa fue presentada por los diputados de Evolución Radical Martín Tetaz y Carla Carrizo en respuesta al homenaje que el Gobierno le realizó a Ginés González García.

El homenaje que el Gobierno nacional le hizo al exministro de Salud Ginés González García causó revuelo e indignación entre la oposición, y la polémica se replicó ahora en la Cámara de Diputados a partir de un proyecto presentado por Martín Tetaz.

El diputado de Evolución Radical, junto a varios de sus pares de Juntos por el Cambio, propone que el 11 de marzo sea declarado Día Nacional de la Memoria y Respeto por los Fallecidos por Covid-19.

Para Tetaz, “los cinco días de duelo declarados cuando se alcanzaron las 100 mil muertes no fueron suficientes”. “Es vergonzoso que se celebre a Ginés, responsable de la peor gestión de la pandemia del mundo, y se deje de lado a las víctimas”, consideró y argumentó: “Queremos rendir un homenaje en conmemoración, recuerdo y solidaridad con las más de 130 mil víctimas y sus familiares. Necesitamos proyectar a futuro la memoria colectiva y la concientización de uno de los sucesos más trágicos que hemos vivido en los últimos años”.

El proyecto de ley declara al 11 de marzo como fecha para el homenaje, día en que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la pandemia. Y propone que en esa fecha, cada año, el Poder Ejecutivo propicie la realización de actividades sociales, educativas y culturales tendientes a la reflexión, concientización y sensibilización en materia de prevención en salud, derechos del paciente y el valor de la empatía y la solidaridad en los cuidados sanitarios.

En tanto, la diputada Carla Carrizo, coautora, también opinó que “es inaceptable el reconocimiento a Ginés González García, un ministro que tuvo que renunciar después del escándalo con la asignación de vacunas”.

“Nosotros queremos homenajear a las víctimas, las que fallecieron por Covid, pero también las que no tuvieron atención a tiempo por las restricciones en Argentina. No alcanza con declarar días de duelo. Queremos un día nacional que nombre, concientice y proteja la memoria de las víctimas”, agregó la legisladora.

La iniciativa fue acompañada por Victoria Tejeda, Gabriela Brouwer de Koning, Marcela Ántola, Pablo Cervi, Danya Tavela, Martín Berhongaray, Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, María Eugenia Vidal, Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmechet, Margarita Stolbizer, Pablo Torello, María Luján Rey, Ana Clara Romero, Manuel Aguirre, Adriana Ruarte, Dina Rezinovsky, Gustavo Bouhid, María Sotolano, Karina Banfi, Alejandro Finocchiaro, Alberto Asseff, Ingrid Jetter, Graciela Ocaña, Carlos Zapata y Anibal Tortoriello.

Carla Carrizo atribuyó a Donda “repudios selectivos”

“El INADI está funcionando pésimo”, afirmó la diputada de Evolución y pidió que sus autoridades no sean elegidas a dedo, sino por concurso.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) criticó este jueves el desempeño de la titular del INADI, Victoria Donda, por sus “repudios selectivos” y al mismo tiempo anunció que presentó un proyecto de ley para que la elección las autoridades de ese organismo sea por concurso público de oposición y antecedentes y los candidatos cuenten con reconocida trayectoria en la lucha por los derechos humanos.

“El INADI está funcionando pésimo en la Argentina porque este Congreso no exige cumplir con la ley. Hoy cuando venía a la sesión escuchaba en la radio a la titular del INADI, Victoria Donda, que explicaba por qué tenía repudios selectivos. El periodista le preguntaba por qué había repudiado los dichos del ex presidente Mauricio Macri sobre el talento futbolístico de los alemanes y no había salido a repudiar las barbaridades que dijo el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, a la diputada María Eugenia Vidal, incluso con una violencia verbal que afectaba a dos colectivos: mujeres y personas con discapacidad. Silencio fue la política del INADI en la Argentina”, dijo la diputada Carla Carrizo durante la sesión.

“Los derechos humanos no les pertenecen a los gobiernos. Seamos serios. Hay una ley que cumplir y se vence un mandato. No tiene que estar ahí una persona que represente a un gobierno. Tiene que estar ahí una persona apartidaria que represente al Estado porque los derechos son de los ciudadanos contra los gobiernos. Ese es el punto que aprendimos desde el 83 en adelante. Debemos garantizar la idoneidad y la legitimidad del organismo, y evitar dejarlo abierto a la arbitrariedad”, finalizó Carrizo.

Además de criticar la visión “sesgada” de Donda, Carla Carrizo hizo dos planteos: que el Congreso envíe una terna al Poder Ejecutivo, antes que finalice la actual intervención el 31 de diciembre, para designar a las autoridades del INADI, normalizar la dirección del organismo y cumplir la ley.

Por otro lado, anunció que estará presentando un proyecto para que los cargos de director y vicedirector del Instituto sean realizados por concurso público de oposición y antecedentes en el Congreso.

La ley de 1995 que crea el INADI estableció que el presidente debía ser designado por el Poder Ejecutivo a través de una terna enviada por el Congreso. Sin embargo, eso no ocurre desde hace más de 11 años. El 66% de las gestiones del INADI fueron llevadas a cabo por interventores del Poder Ejecutivo. Esto llevó a una confusión institucional: el interventor se percibe como un funcionario partidario y no estatal. En democracia, la protección de los Derechos Humanos de la ciudadanía no puede estar condicionada según quién los vulnere. No se puede sostener institucionalmente los repudios selectivos.

Vidal respondió las declaraciones del gobernador Insfrán: “Es violento, mitómano y autoritario” 

La diputada de Juntos por el Cambio no demoró en la réplica, luego de que el primer mandatario formoseño la calificara de “retrasada mental”.

La diputada nacional de Juntos por el Cambio María Eugenia Vidal no demoró en responder los agravios del gobernador de Formosa, Gilda Insfrán, quien la calificó de “retrasada mental”, luego de su visita a la provincia, y sostuvo que es “violento, mitómano y autoritario”. 

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires manifestó que a Insfrán “le jodió tanto que recorra y muestre la miseria de su gobierno, que salió a decirme que tenía un ‘retraso mental’”, por lo que consideró que es “gobernador modelo del kirchnerismo”. 

La diputada nacional estuvo en Formosa este lunes como parte de su gira por el interior del país y, durante su visita, recorrió distintos barrios de la provincia donde mantuvo encuentros con comerciantes, productores y emprendedores, pero les dejó una advertencia a los punteros kirchneristas del gobernador, Gildo Insfrán, que la insultaron y la atacaron.

Durante la conferencia de prensa que brindó en la capital provincial, Vidal fue categórica: “Formosa quiere un cambio, este ciclo de 27 años está agotado, es posible algo distinto”, y le dejó una advertencia al gobernador: “Le digo al gobierno provincial que no importa cuántos punteros nos manden para gritar e insultar en las recorridas, no las vamos a dejar de hacer”.

PASO: un tema que ha disparado numerosas iniciativas en el Congreso

Las internas abiertas llegaron a la política argentina hace poco más de una década, por lo que apenas fueron implementadas media docena de veces. Y en general han sido los oficialismos los más refractarios a utilizarlas. Han motivado numerosos proyectos para modificarlas: 14, en los últimos tres años. Seis para eliminarlas.

Por José Angel Di Mauro

Impulsadas en 2009 por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner tras la derrota sufrida en las elecciones del 28 de junio de 2009, las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) nunca despertaron el mayor interés de parte del kirchnerismo.

En eso ha sido constante ese espacio, cuyo creador, Néstor Kirchner,fue el mentor de las primarias tras sufrir en carne propia la citada derrota. Hasta entonces mucho se hablaba de las primarias y la posibilidad y conveniencia de adoptarlas en nuestro medio, mas sin convicción de adoptar una modalidad que sin ir más lejos era implementada desde hacía una década en Uruguay.

De hecho, por entonces se solía analizar la experiencia uruguaya como posibilidad de adoptar aquí, mas nunca avanzó esa alternativa hasta que en 2009 el kirchnerismo gobernante impulsó nuestra versión autóctona de las primarias.

Cómo son en Uruguay

Veamos entonces cómo funciona el sistema en la otra orilla. La reforma electoral se implementó en Uruguay en 1997, luego de la reforma constitucional realizada un año antes. La norma aprobada obliga desde entonces a los partidos a presentar una candidatura única para presidente y vicepresidente, y terminó con el doble voto simultáneo para la elección presidencial. Dicho sistema permitía que los partidos presentaran en las elecciones más de una fórmula presidencial, de forma tal que los electores podían votar por un partido y luego seleccionar una de las fórmulas presidenciales que ese partido presentaba.

Según detalla un exhaustivo informe elaborado por Daniel Buquet y Rafael Piñeiro, hasta entonces la fórmula electa era la más votada dentro del partido más votado. En la práctica, esta era una suerte de ley de lemas que servía para que en un mismo acto electoral actuaran de manera simultánea las internas partidarias y la elección presidencial.

Ese sistema de “doble voto simultáneo” dejó de existir con la reforma de 1997, que estableció las elecciones primarias abiertas y simultáneas para todos los partidos, para elegir candidatos presidenciales. En rigor, el sistema de “sublemas” sigue funcionando en Uruguay para otros cargos, menos para presidente.

La particularidad del nuevo sistema, cuentan Buquet y Piñeiro, radica en que los partidos están obligados a realizar estas elecciones de manera simultánea cuatro meses antes de la elección nacional. En esas primarias resultan electos dentro de cada partido aquellos candidatos que obtienen la mayoría absoluta de los votos dentro de su partido, o un 40% y al menos 10 puntos porcentuales de diferencia con quien entre en segundo lugar.

Si ningún candidato alcanza alguno de estos dos requisitos, la nominación queda en manos de un colegio elector nacional elegido en la misma instancia.

El sistema ha ido reduciendo en los partidos el número de candidatos, reduciéndolos en general a dos competidores. Y a diferencia del sistema argentino, en Uruguay las fórmulas se arman después de las primarias. Con eso se observa una regularidad estratégica: los partidos con internas competitivas entre dos candidatos principales tienden a armar su fórmula presidencial con el ganador como presidente y el segundo como vicepresidente. Una estrategia que Buquet y Piñeiro atribuyen a la necesidad de evitar, por un lado, que las críticas realizadas por el perdedor de la primaria puedan ser utilizadas por los rivales y, por otro lado, que sus votantes deserten del partido como consecuencia de la derrota.

El sistema en la Argentina

Como dijimos, la reforma política de 2009 creó un sistema cerrado de primarias, de modo tal que para los cargos ejecutivos el perdedor queda invalidado para participar en las elecciones generales. En rigor, el objetivo de Néstor Kirchner al impulsar esa ley que como ministro del Interior implementó el hoy diputado nacional Florencio Randazzo fue evitar fugas internas: que los “heridos” por el cierre de listas se sumaran a otras fuerzas.

En la práctica está dicho que el kirchnerismo en general no ha hecho uso de su invención. Y cuando lo hizo, la experiencia le dejó magullones, como en 2015 la interna traumática que protagonizaron Aníbal Fernández y Julián Domínguez para la gobernación bonaerense.

Hay también una explicación que justifica esta modalidad: los oficialismos suelen ser refractarios a las PASO. Tiene sentido, pues en todo oficialismo ordenado que se precie, la lapicera queda en manos del presidente y ninguno es partidario del “libre albedrío”.

Así las cosas, de las seis experiencias de elecciones primarias que ha habido desde 2011 al presente, en cuatro de ellas el kirchnerismo fue oficialismo. Cuando a Cambiemos le tocó ser oficialismo, solo implementó las primarias en contadísimos distritos.

De hecho, el 27 de septiembre de 2019, el entonces presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Pablo Tonelli, impulsó un proyecto para “dejar sin efecto las llamadas PASO”. Esa iniciativa de quien nunca estuvo de acuerdo con la Ley 26.571 que creó ese sistema establecía que las internas de los partidos políticos se realizaran a partir de la derogación de esa norma tal como ocurría antes: de acuerdo con lo estipulado por sus respectivas cartas orgánicas.

Tonelli nunca ocultó que considera “inconstitucional” el sistema.

“Los motivos que me llevan a presentar este proyecto se fundan en dos consideraciones relevantes de índole política y en los vicios de inconstitucionalidad que, a mi juicio, padece la Ley 26.571. La primera consideración política es que las primarias abiertas simultáneas y obligatorias contradicen la finalidad que el constituyente tuvo en mira a la hora de disponer, en el artículo 95 de la Constitución Nacional (reformado en 1994), que las elecciones presidenciales deben realizarse dentro de los 60 días anteriores a la finalización del período en el que se desarrolla la gestión del presidente que culmina su mandato. Con la incorporación de las PASO, el proceso electoral se ha alargado considerablemente, y eso es precisamente lo que la Constitución pretende evitar”.

“La segunda consideración es que las PASO han desnaturalizado su concepción inicial y que en la experiencia reciente no sirvieron para dirimir candidaturas entre diferentes líneas internas o fórmulas de una misma agrupación política, sino entre listas y fórmulas de diferentes partidos políticos o alianzas, como si se tratara de una elección general”, planteaba el diputado del Pro que presentó esa iniciativa luego de las PASO en las que el Gobierno de Cambiemos experimentó una severa derrota que por su magnitud presagiaba el resultado irremontable de octubre. De tal manera, las primarias dejaron herido de muerte al gobierno de Mauricio Macri cuatro meses antes del recambio presidencial, más allá de la remontada que tuvo en octubre.

Cambios sugeridos al sistema

La de Tonelli no es la única iniciativa que se ha presentado desde 2009 sobre las PASO. Ni tampoco la única que propone eliminarlas.  Veamos cuáles son las presentadas durante los últimos tres años en ambas cámaras, muchas de ellas todavía con estado parlamentario.

La más reciente es del 18 de marzo pasado y fue presentada por la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo, precisamente para evitar su suspensión.En rigor, reproduce el texto de un proyecto similar presentado cuando se rumoreaba la posibilidad de suspensión de las elecciones de 2021, el cual obviamente perdió estado parlamentario.

La iniciativa introduce un segundo párrafo al artículo 18 de la Ley 26.571 que expresa lo siguiente: “Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias rigen para seleccionar los cargos públicos electivos de todas las agrupaciones políticas y como parte integrante del proceso electoral y del sistema electoral argentino no pueden ser suspendidas para ninguna categoría de cargos públicos electivos nacionales”.

Carla Carrizo lleva presentadas dos iniciativas para modificar las PASO.

Asimismo el proyecto de Carrizo modifica la fecha de las primarias, estableciendo que “deben celebrarse el segundo domingo de septiembre del año en que se celebren las elecciones generales”.

“La suspensión de las reglas electorales es una práctica que no sólo genera incertidumbre, sino mayores males públicos como una merma de la calidad del régimen democrático”, plantea en su iniciativa, en la que también aclara que “las leyes no se suspenden; pueden mejorarse o derogarse, pero nunca suspender un derecho”.

Admite la iniciativa de Carrizo que hay dos críticas adicionales a las PASO: que la ciudadanía ocupa gran parte del año en procesos electorales, y que no se usan por parte de las alianzas y partidos políticos. La diputada piensa que esos dos puntos pueden regularse mejor, de ahí que proponga “garantizar la permanencia de las PASO declarándolas no susceptibles de ser suspendidas, para generar certidumbre e institucionalización de las reglas”.

También sugiere, con el cambio de fecha de las primarias, acortar el tiempo entre las mismas y las generales, “con el objetivo de evitar que las campañas políticas y los procesos electorales ocupen gran parte del año”.

El proyecto propone también disminuir los topes de gastos de campaña, y que el orden de los candidatos y candidatas respete los votos y la paridad de género por lista interna a la hora de la conformación de las listas para la elección general.

La diputada del Pro Mercedes Joury presentó en marzo de este año un proyecto para modificar las leyes 26.571 y 19.945 para excluir de las PASO la selección del candidato a vicepresidente, habilitando a que los candidatos a presidente resulten proclamados en dichos comicios puedan seleccionar a quien lo acompañe en la fórmula.

Mercedes Joury no quiere fórmulas cerradas.

“Buscamos fortalecer el esquema de alianzas electorales y promover la competencia interna dentro de las agrupaciones políticas, algo que no se ha logrado desde la sanción de la Ley 26.571, a pesar de haber sido uno de los objetivos prioritarios de dicha reforma”.

El proyecto que acompañaron Cristian Ritondo, María Luján Rey, Alvaro González, María Eugenia Vidal, Pablo Tonelli, Graciela Ocaña y Omar De Marchi, reconoce que “las PASO no han logrado cumplir con uno de sus objetivos prioritarios que era el de promover una mayor competencia interna dentro de las agrupaciones políticas, y en el caso particular de la categoría presidente y vicepresidente esto ha sido muy notorio. De hecho, en los años 2011 y 2019 la totalidad de las agrupaciones políticas que participaron de las PASO oficializaron listas únicas de precandidatos en dicha categoría”.

“Sólo en el año 2015 hubo competencia interna en la categoría presidente y vicepresidente en 3 agrupaciones políticas (Cambiemos, UNA y FIT), aunque se trataron de internas poco competitivas”, comenta el proyecto que advierte entonces que “la falta de competencia en las elecciones primarias ha ocasionado que desde su implementación las PASO funcionen más como una gran y costosísima encuesta nacional que en un mecanismo eficaz para la selección de candidaturas”. Pero advierte además que “en el caso de las elecciones presidenciales, esta circunstancia ha provocado que sus resultados sean asimilados a una primera vuelta electoral, pero efectuada cuatro meses antes de la finalización del período presidencial. Así, en caso de un resultado adverso del oficialismo podría impactar negativamente sobre la legitimidad del gobierno y vulnerar el espíritu de la reforma constitucional de 1994, que justamente buscó evitar largos períodos de transición”.

A tal fin sugiere el proyecto consagrar “la modalidad de fórmula presidencial abierta, otorgando la posibilidad a quien resulte proclamado como candidato a presidente de la Nación de elegir al candidato a vice que lo va a acompañar en la fórmula presidencial. De esta manera, a través del incentivo que implica la posibilidad de que aún en caso de derrota puedan integrar la fórmula presidencial, se promueve la competencia dentro de las agrupaciones políticas y permite el surgimiento de diversas candidaturas dentro de un mismo espacio político”.

El proyecto compara con el régimen vigente en CABA, donde el candidato a jefe de Gobierno de cada agrupación política tiene la posibilidad de elegir su compañero de fórmula dentro de las 48 horas de recibida la notificación de su proclamación. Y dentro de la experiencia comparada, menciona el caso de Estados Unidos, donde con un sistema electoral distinto y elecciones primarias que no son similares, se coincide con el espíritu de la reforma que buscan implementar.

Con todo, se deja claro que la selección del candidato a vicepresidente no puede recaer en ciudadanos que hubieran participado de esas primarias como precandidatos de otra agrupación política, excepto que formaran parte del mismo acuerdo electoral.

Otro proyecto sobre las PASO es el que presentó el expresidente de la Cámara baja Emilio Monzó, acompañado por sus compañeros del bloque Encuentro Federal: Margarita Stolbizer, Sebastián García de Luca y Domingo Amaya. El proyecto elimina el carácter obligatorio del voto y establece la participación opcional de las agrupaciones políticas que hayan presentado una lista única de precandidatos por categoría.

Monzó no las quiere ni cerradas, ni obligatorias.

Asimismo y para que la agrupación política pueda ejercer la opción de no participar en las elecciones, pasando directamente a las generales, el proyecto contempla que las mismas deberán haber obtenido, en la elección general próximo pasada, el mínimo de votos igual o superior al 1,5% de los votos válidamente emitidos en el distrito que se trate para la respectiva categoría.

Este proyecto también propone la posibilidad de que el candidato presidencial pueda seleccionar al candidato a vicepresidente que lo acompañará en la fórmula.

También la diputada del Pro Silvia Lospennato presentó en marzo pasado un proyecto para cambiar el carácter obligatorio del voto en las PASO. “Entendemos que forzar a todos y cada uno de los votantes a inmiscuirse en la vida interna de los partidos mediante la participación compulsiva en sus elecciones internas resulta, como mínimo, desacertado y, por consiguiente, se impone cambiar la condición de obligatoriedad del sumario”, expresa el proyecto de solo tres artículos.

Lospennato no las quiere obligatorias.

La diputada Carla Carrizo presentó también otro proyecto sobre el tema, en este caso para que los argentinos residentes en el exterior puedan participar de las PASO, cosa que en la actualidad la ley no contempla.

El 30 agosto de 2021 el entonces diputado del Pro José Luis Patiño presentó un proyecto que modifica el Código Electoral en lo referente a la obligatoriedad de debates electorales. La norma extiende esa obligatoriedad a los precandidatos no solo presidenciales, sino también de uno de los dos precandidatos a senadores de la Nación y uno de los dos primeros precandidatos a diputados nacionales de las listas oficializadas de las agrupaciones políticas que presenten más de una lista en las PASO.

El proyecto de Patiño pretende reparar una omisión que entiende existió en la Ley 27.337 de Debate Presidencial Obligatorio con los legisladores nacionales. Y además, plantea que “con el objetivo de revalorizar las PASO se propone que los precandidatos de una misma agrupación política participen de debate público, similar al presidencial, en la provincia donde serán electos”.

El ex diputado nacional Juan Carlos Giordano presentó el 15 de abril de 2021 un proyecto para eliminar las PASO. Más allá de considerar “una mentira total” el objetivo promovido de crear las PASO para “transparentar la política”, plantean que la obligatoriedad a participar en las mismas supone “una mayor intromisión del Estado en la vida interna de los partidos”. Pero además repudia el proyecto las PASO por el piso del 1,5% fijado como filtro para todas las fuerzas políticas.

“No superar el piso de las PASO niega el derecho a que nos puedan acompañar con su voto quienes no se sienten representados por los partidos patronales y ven en la izquierda y sus propuestas una alternativa”, plantea el proyecto.

También plantea derogar las PASO el proyecto de la diputada nacional (MC) Alma Sapag (MPN) presentado el 30 de marzo de 2021, que considera entre otras cosas que “desde su implementación, los partidos políticos no dirimen su interna en ellas, ya que por lo general, prefieren evitar la competencia presentando listas únicas; por lo que no resultaron ser un mecanismo razonable para garantizar la democratización de los partidos políticos y devinieron en un elemento imprevisto de inestabilidad política y por lo tanto económica y social”.

Alma Sapag impulsó la derogación de las PASO.

Y llegamos a una oficialista que presentó un proyecto sobre el tema: la sanjuanina Graciela Caselles, que lo presentó el 18 de marzo de 2021, y no contempla eliminarlas. Por el contrario, considera a las primarias “necesarias” y “sanas para la democracia”, como así también considera “un avance” que el Estado las garantice. Lo que para la autora “no tiene ningún sentido es que cuando en algún espacio político se hayan consensuado las listas de candidatos, se los obligue a participar de esa interna y tampoco lo tiene que se obligue a los electores independientes o a los no interesados a elegir la propuesta electoral de algún espacio político, tal cual establece la legislación vigente”.

Por eso pretende que las PASO pasen a ser no obligatorias, manteniendo simultaneidad para todas las fuerzas políticas que decidan elegir sus candidatos con este instrumento.

Un bonus track de esta diputada oficialista: la iniciativa propone también la implantación de la boleta única de sufragio en papel. Entre otros argumentos, porque “con la boleta única también se garantiza al votante que encontrará todas las opciones de candidatos, y garantiza a todos los espacios políticos que sus candidaturas estarán disponibles para los votantes. Es decir garantiza una oferta electoral completa y el derecho a elegir y ser elegido”.

En el Senado también han presentado iniciativas que tienen que ver con las PASO. Como la que la neuquina Lucila Crexell presentó el 17 de marzo de 2021 un proyecto bien distinto a los que hemos citado hasta aquí. Ella propuso regular la necesidad de que los partidos políticos o alianzas electorales, al momento de oficializar la lista de precandidatos y candidatos a presidente y vicepresidente en elecciones primarias o generales nacionales, publiquen junto con su plataforma electoral un presupuesto plurianual de al menos cuatro  años, de manera que los ciudadanos, las organizaciones civiles y demás interesados accedan a dicha información con anterioridad a la elección.

En cambio su par oficialista Silvina García Larraburu (Río Negro) presentó en el Senado el 2 de marzo de 2021 un proyecto bien concreto, de apenas dos artículos, uno de ellos de forma, que plantea directamente la derogación del título II de la Ley 26.571 sobre las PASO. Ello es debido a que “este mecanismo es poco utilizado por los partidos políticos, no tienen sentido y, en tales condiciones, el gasto para la ciudadanía resulta exorbitante”, plantea.

García Larraburu, otra de las que quiere que se eliminen.

Ya sin estado parlamentario, pero solo para conocer el espíritu de legisladores que actuaron durante esta gestión como una suerte de “satélites” del oficialismo, el diputado (MC) José Luis Ramón (Mendoza) había presentado el 27 de octubre de 2020 la suspensión de las elecciones primarias de 2021 “en caso de imposibilidad para asegurar la no afectación sanitaria en caso de su realización”. Recordemos que en ese mismo sentido el entonces diputado tucumano Pablo Yedlin presentó más tarde, el 11 de diciembre de 2020 un proyecto también para suspender las PASO venideras con un argumento similar y a pedido de los gobernadores peronistas: “en caso de imposibilidad para asegurar la no afectación sanitaria en caso de su realización”. Una iniciativa que por un acuerdo político entre la oposición y el Gobierno no alcanzó siquiera a ser debatida.

A esta lista de 14 iniciativas podría sumarse en los próximos días, según ha dicho su propio autor, un proyecto del rionegrino Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), con el fin de derogarlas, tal cual ha anticipado. Sería después de la aprobación del Presupuesto en la Cámara baja y, de llegar a tratarse, podría ser el golpe definitivo para un sistema impulsado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner hace 13 años y que, como vemos, siempre despertó adhesión y rechazos, según el lugar desde donde la viera el observador.

Piden explicaciones al INAI por el ataque en Mascardi

Tras un nuevo y muy grave incidente en el sur del país, Juntos por el Cambio denunció la “mala gestión” del organismo encargado de Asuntos Indígenas.

La diputada nacional de Evolución Radical Carla Carrizo, junto a más de 20 legisladores de Juntos por el Cambio, piden citar a la máxima autoridad del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para que brinde información acerca del nuevo ataque ocurrido en Villa Mascardi a una casilla de Gendarmería Nacional por parte de un grupo de personas pertenecientes presuntamente a una agrupación mapuche y explique qué medidas están adoptando desde el Gobierno Nacional en relación a los conflictos territoriales vinculados a pueblos indígenas de Argentina.

El 23 de noviembre, el Gobierno decidió extender por cuarta vez la vigencia de la ley 26.160 de 2006 mediante el DNU 805/2021 mientras el Congreso se encontraba debatiendo su prórroga.

“El año pasado se frenó el debate en Diputados porque el gobierno prorrogó por DNU la ley hasta 2025. Sigue habiendo una media sanción del Senado sin tratamiento. No hubo informes, la expresidenta del INAI nunca asistió al Congreso así como tampoco las nuevas autoridades y los conflictos se multiplican”, sostuvo la diputada.

“Cambian las autoridades, se prorroga una ley sin debate, y los conflictos continúan. La mala gestión del INAI es total. Anoche un nuevo ataque a Gendarmería en Villa Mascardi, y ¿debemos renovarle el presupuesto? No sin que luego de 16 años se informe al Congreso”, publicó Carrizo a través de sus redes sociales.

En efecto, el DNU mencionado le asignó un presupuesto extra de 290 millones por año destinados específicamente al relevamiento de las comunidades, mientras que el presupuesto 2023 que comenzará a discutirse en el Congreso prevé un aumento de más de $500 millones al INAI ($1324 millones) con respecto al presupuesto vigente para 2022.

“¿Cómo sostener el pedido de recursos si no hay rendición de cuentas? Hace poco más de un mes renunció la titular del INAI y aún no se oficializó la designación de su reemplazante, Analía Noriega. Necesitamos que una voz institucional del INAI informe en Diputados cómo está administrando el dinero público. No puede ser que tengamos que esperar a que se vuelva a vencer el régimen de la Ley 26.160 para debatirlo cuando los conflictos están aumentando”, concluyó la Diputada.

El proyecto lleva las firmas de Carla Carrizo, Danya Tavela, Martín Tetaz, Lidia Ascárate, Marcela Antola, Victoria Tejeda, Margarita Stolbizer, Graciela Ocaña, Marcela Coli, Carlos Zapata, Marcela Campagnoli, Gabriela Brouwer de Koning, Roberto Sanchez, Paula Omodeo, Gabriela Lena, Pablo Torello, Alberto Asseff, Carolina Castets, Rodrigo De Loredo, Dolores Martínez, Pablo Cervi, Waldo Wolff, Sabrina Ajmechet y Gerardo Cipolini.

Desde Evolución Radical presentaron iniciativa para que organizaciones de cuidado educativo no paguen ganancias

El proyecto plantea la modificación de la Ley de Ganancias donde se propone que queden exentas del gravamen las organizaciones de protección de la primera infancia.

Las diputadas nacionales Carla Carrizo y Danya Tavela (Evolución Radical) junto a más de 20 legisladores presentaron un proyecto ley para eximir de ganancias a aquellas organizaciones que brindan cuidado educativo a la primera infancia.

La iniciativa define como primera infancia al período que va desde el nacimiento hasta los 5 años. Una etapa fundamental y determinante en los niños y las niñas, donde se da el momento de mayor desarrollo y de incorporación de aprendizajes y de la constitución de la subjetividad individual y social.

En Argentina se estima que hay alrededor de 2.450 espacios de primera infancia que incluyen 175.000 niños y niñas, muchos de estos son gestionados por provincias, municipios y organizaciones de la sociedad civil, llevando adelante diferente tipo de servicios y prestaciones.

Uno de los principales problemas que enfrentan estos espacios de cuidado educativo es que están obligadas al pago de ganancias ya que la AFIP no les reconoce la exención cuando reciben fondos públicos lo que les genera graves restricciones presupuestarias que termina por limitar los servicios que ofrecen.

Ante ello, el proyecto plantea la modificación de la Ley de Ganancias, donde se incorpora que queden exentas del gravamen las ganancias de organizaciones de protección de la primera infancia, independientemente de la naturaleza pública o privada de los ingresos que reciban.

La diputada Carrizo afirmó que “con este proyecto buscan reposicionar el cuidado educativo en niños de 45 días a 3 años y priorizarlo en la agenda pública de nuestro país”. Además agregó: “Venimos escuchando a muchas organizaciones que prestan servicios a niños en situación de vulnerabilidad y que cumplen un rol clave para su desarrollo integral: juegan, aprenden, socializan, crecen y reciben atención para su salud”.

“Estamos frente a un Estado bifronte donde, por un lado, fomenta la protección de la primera infancia y, por el otro, introduce restricciones. presupuestarias y obstáculos administrativos a dichos centros que dificultan la materialización de aquel objetivo. Esta dualidad resulta más preocupante aun cuando de alguna manera termina perjudicando a niños y niñas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social”, concluyó Carrizo.

Entre los legisladores que acompañan este proyecto se destacan Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Victoria Tejeda (Evolución Radical), Soledad Carrizo (UCR), Martiìn Tetaz (Evolución Radical), Gabriela Lena (UCR), Victoria Morales Gorleri (Pro) y Alberto Asseff (Pro).

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Para Carla Carrizo, “es antidemocrático y anticonstitucional reformar la Corte Suprema de Justicia”

Así lo declaró la legisladora de Juntos por el Cambio, quien advirtió que “el contexto del país es complicado respecto a las estrategias que el oficialismo está llevando adelante”.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) habló sobre la media sanción de la Cámara alta al proyecto para modificar el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia y señaló que “es una reforma regresiva, antidemocrática y anticonstitucional. La única razón por la que se entiende es porque es una estrategia de Cristina Fernández de Kirchner“.

En conversación con FM Delta, la porteña expresó que “hay consternación y preocupación porque el proyecto no tiene un atributo positivo. No hay ninguna razón para hacer esta reforma y tampoco es oportuno debatirlo en este momento”.

“Tenemos un siete por ciento de inflación mensual y una escalada de los precios, no es momento de hablar de una reforma de uno de los tres poderes del Estado. Lo que debería estar ocurriendo ahora es que hagan una convocatoria creíble al diálogo. La devaluación de la palabra del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta es increíble”, consideró la opositora

En el final, Carrizo manifestó que “es un absurdo que los gobernadores quieran mandar delegados a la Corte Suprema de Justicia. Es como crear un Senado adicional y anular el Poder Judicial. El oficialismo necesita cuidar las palabras y las estrategias que están llevando adelante en este complicado contexto que tiene el país”.

Debatieron en Diputados sobre el Certificado Unico de Discapacidad

Del evento organizado por los diputados Carla Carrizo, Tavela y Morales Gorleri participaron también ONGs y protagonistas de este tema.

Los diputados nacionales, Carla Carrizo y Danya Tavela, de Evolución Radical y Victoria Morales Gorleri, del Pro, realizaron, este lunes en el Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, junto a organizaciones de la sociedad civil, profesionales y protagonistas, la jornada “Certificado Único de Discapacidad en Argentina: Mirada de profesionales, ONGs y protagonistas”, con el objetivo de avanzar en una agenda de incidencia.

Hace unos meses se lanzó, a través de las redes, una convocatoria para saber cuál era el trámite más inútil y el primer puesto se lo llevó la renovación del certificado único de discapacidad (CUD) para aquellas personas que es irreversible. A través de esta jornada, 280 personas de forma presencial y remota, 64 organizaciones, legisladores y protagonistas dieron el primer paso para avanzar en el Congreso en una mejora de la legislación.

La primera en tomar la palabra fue la diputada nacional por Evolución Radical, Carla Carrizo: “Quiero agradecer a todos los que están acá. Hay más de 280 personas y más de 64 organizaciones de la sociedad civil. Esto no es casualidad. Es cumplir con la ley. Porque cualquier modificación que querramos hacer en la ley, según la Convención, hay que consultarla con los protagonistas. Y aquí estamos escuchándonos”, dijo la diputada radical.

“En la votación del trámite más inútil, se sintió el poder social. El CUD No Renovable para personas con discapacidad permanente muestra la necesidad de mejorar lo que por diferentes motivos es una experiencia con muchos obstáculos. Tenemos que cambiar el enfoque, fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad y no que el Estado nos diga cuando tenemos que hacer los trámites”, añadió Carrizo.

“Siete proyectos existieron en los últimos 10 años sobre la necesidad de la no renovación del CUD para discapacidades permanentes. Esta experiencia, que es silenciosa y llena de obstáculos para las personas con discapacidad y las familias, se convirtió en el trámite inútil más votado en Twitter de Martín Tetaz, cuando los ciudadanos se relacionan con el Estado”, finalizó Carrizo.

A su turno, la diputada Danya Tavela dijo: “Este encuentro tiene la riqueza de la escucha, la relación directa con la ciudadanía para construir un Estado inteligente, que conecte demandas con soluciones. Poner un Estado al servicio de la gente. Estamos convencidos de que fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad impacta positivamente en su desarrollo. Quiero agradecer la lucha silenciosa de todas las familias de todos estos años, y esperemos que el miércoles el CUD no renovable para personas con discapacidad pueda avanzar”, señaló.

La diputada Victoria Morales Gorleri expresó que “escucharlos es muy importante. Este tema me compromete, me moviliza. Hoy tenemos una sociedad que no abraza las diferencias y tenemos que modificar todo aquello que impide una verdadera integración de las personas con discapacidad. Esperemos que este jueves logremos dictaminar el CUD No Renovable”.

Jimena López, diputada nacional del FdT expresó: “La accesibilidad de personas con discapacidad tiene sus interseccionalidades. ¿Por qué no pensar entonces una proyección específica para la infancia? Me llevo muchos temas de esta jornada, sobre todo lograr incluir a las personas con discapacidad en la SUBE”, dijo.

Por su parte, Verónica Kuljko, autora de petición en Change.org, dijo que “la renovación del CUD es una roca en el camino, que uno carga y no descarga. Es una mochila. Este es el certificado menos querido y el más necesitado, por eso es necesario que nos escuchen y nos allanen en el camino”, señaló.

Luego, desde Change expusieron: “Somos una plataforma gratuita y neutral, donde entran más 300 peticiones por semana. Acompañamos a cada persona que peticiona y es lo que estamos haciendo aquí. Felicitamos a los protagonistas que están acá y los seguimos acompañando. Este evento responde directamente a la misión de Change: ser un puente democrático”.

Luego fue el turno de Alicia Rodríguez, autora de petición en Change.org: “he visto de cerca la discriminación que sufren las personas con discapacidad cuando tienen que subir a los transportes públicos. Esto es un abuso, no debería demostrar nada. Mi hijo vivió un momento muy doloroso en esta situación, y su dolor es mi dolor. Por eso debemos avanzar en la SUBE para personas con discapacidad”.

Mariana Salas, periodista y activista por los derechos de personas con discapacidad, dijo: “mi experiencia con el CUD al principio fue pensar ¿por qué sumar otra etiqueta más? Me sentí muy chiquita, realizar trámites tediosos, reconstruir el porqué necesitaba un certificado. Después fue mi herramienta de lucha. Es super bienvenido este debate, ojala que se pueda llevar a cabo esta aprobación de este proyecto para acabar con todas las burocracias o gran parte de ellas que tenemos que sortear las personas con discapacidad”.

El encuentro contó con las adhesiones de Luis Di Giacomo, presidente de la comisión de discapacidad y Mónica Fein, presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

Hay varios proyectos en el Congreso sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Y, en ese marco, los legisladores comenzaron a trabajar sobre una agenda en común de incidencia y escucharon a los protagonistas, profesionales, especialistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Jornada sobre el Certificado Unico de Discapacidad en la Cámara baja

Lo organizan este lunes diputados de Juntos por el Cambio, con el fin de avanzar en una agenda de incidencia junto a organizaciones de la sociedad civil, profesionales y protagonistas.

Los diputados nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical), Martín Tetaz (Evolución Radical) y Victoria Morales Gorleri (Pro) realizarán este lunes desde las 16.30 en la Sala 1 del 2do piso del Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, la jornada “Certificado Único de Discapacidad en Argentina: Mirada de profesionales, ONGs y protagonistas”. El objetivo es avanzar en una agenda de incidencia junto a organizaciones de la sociedad civil, profesionales y protagonistas.

El encuentro contará con la participación de Roberto Degrossi, de la Comisión Directiva APEBI; Daniel Marcuzzi, director Ejecutivo Asociación Proactiva; Alexia Rattazzi, directora Ejecutiva PANAACEA; Verónica Kuljko, autora de petición en Change.org; Alicia Rodríguez, autora de petición en Change.org; Horacio Rigamonti, Comisión Directiva ASDRA; Jessica Stiberman y Jimena Szpanierman de Change.org; Mariana Salas, periodista y activista por los derechos de personas con discapacidad; Marina Miguens, emprendedora y activista, entre otros.

Hay varios proyectos en el Congreso sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Y, en ese marco, los legisladores empezarán a trabajar sobre una agenda en común de incidencia, escuchando a los protagonistas, profesionales, especialistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, de conformidad con lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Aquellos que deseen participar, pueden inscribirse a través de siguiente formulario: https://bit.ly/3LoYCmT

Diputados, especialistas y víctimas debatieron en el Congreso sobre la trata de personas

La actividad se realizó en el marco del mes contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas. En el encuentro debatieron sobre una normativa necesaria para avanzar en la lucha contra la trata de personas en el país.

En el marco del mes de Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, las diputadas nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical), Paula Oliveto (CC-ARI) encabezaron este lunes la jornada “Lucha contra la Trata de Personas: protagonistas y agenda legislativa pendiente”, junto a representantes del Comité de Lucha contra la Trata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialistas y organizaciones de víctimas, quienes debatieron sobre la problemática y presentaron proyectos de ley contra al trata de personas.

El encuentro se llevó a cabo en el edificio Anexo de la Cámara Baja ante más de 150 personas en donde dialogaron sobre la importancia de un gran marco sobre la normativa necesaria para avanzar en la lucha contra la trata de personas en la Argentina.

También participaron 27 organizaciones de la sociedad civil, legisladores de distintos signos políticos, miembros del Comité de Lucha contra la Trata de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y especialistas como Alika Kinan, Alicia Peressutti, Bárbara Bonelli, Margarita Meira, Miriam Donati, Andrés Mexandeau y Marcelo Colombo, entre otros.

La diputada Carrizo tomó la palabra para presentar un proyecto de su autoría sobre la asignación para víctimas de trata y relató: “Conocí a Alika Kinan hace unos años en la Facultad de Ciencias Económicas y cuando la escuché me quedé muda. Ahí aprendí, entendí lo que es hablar de trata de personas en forma directa con una protagonista”.

“Parte de este proyecto tiene que ver con su trayectoria, con su experiencia. Alika no se quedó en la victimización, salió de la marginalidad, nos enseñó, buscó aliados provinciales, nacionales, y acá estamos en el Congreso Nacional con este proyecto”, dijo la diputada radical.

En ese sentido, recordó: “En 2019 se creó un fondo fiduciario que se nutre de todos los decomisos, una vez que hay sentencia, recoge todo el dinero ilegal que estaba asociado a la trata. Ese fondo es muy potente, de U$S 3 millones. Sucede que hay plata y no les llega a las víctimas porque la trata es un fenómeno difícil. Ese fondo les llega cuando hay sentencia y cuando el juez dice cuándo, cómo y cuánto tiempo. Entonces, hay una asimetría muy grande y dependemos de la subjetividad del juez. Y sabemos que, sin una política estatal de acompañamiento, no se puede salir”.

“No podemos tener políticas de supervivencia. Tenemos que tener políticas de cuidado. Es necesario que la política pública llegue a las víctimas con una asignación y también con todos los dispositivos que permitan un espacio de contención y cuidado”, cerró Carrizo.

Diputada nacional Carla Carrizo

Luego fue el turno de la diputada Oliveto quien sostuvo: “Somos representantes de un pueblo que tiene que ser escuchado y esta problemática nos interpela y obliga a actualizar la legislación. Por ese es importante este encuentro para tomar las inquietudes y hacerlas propias. Este tema abarca a todas las organizaciones políticas y sociales. No lo tomamos como un tema propio”.

En tanto destacó que “este tipo de iniciativas nos permite el diálogo, la convivencia, y avanzar en temas que hacen a la agenda de un pueblo para que trabajemos en pos de reparar donde el Estado no estuvo. El Estado tiene que reparar el dolor de las víctimas. Cuando se habla del delito de trata de personas, se habla de la ausencia del Estado”. Asimismo, presentó un proyecto de ley para establecer a la trata de personas como delito de lesa humanidad e imprescriptibilidad.

A su turno, Pamela Malewicz, subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural y Coordinadora del Comité de la Lucha contra la Trata de Personas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, expresó: “Para nosotros el abordaje de las víctimas de trata es absolutamente integral, la coordinación es transversal con las áreas de salud, educación, y con otras áreas que a veces van requiriendo de la integralidad del abordaje. Por eso, esto es una política de Estado para el Gobierno de la Ciudad”.

Luego, hizo uso de la palabra Alika Kinan, directora del Programa de Estudios Formación e Investigación sobre Trata y Explotación de Personas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), sobreviviente de trata con fines de explotación sexual y CEO de la Fundación Alika Kinan: “La justicia argentina no me reconoció nada. El dinero del Fondo, que se integra con todo lo que los proxenetas tienen, nos corresponde a todas las víctimas, a mí y a todas mis compañeras, que pusimos el cuerpo. El delito de trata sí debe tratarse como delito de lesa humanidad. Se trata de un plan sistemático por parte del Estado, hay participación del Estado contra las mujeres, adolescentes y niñas, que eran expuestas a análisis médicos en Tierra del Fuego para no enfermar a ningún hombre”.

 “Después de 10 años de mi rescate no fui indemnizada a pesar de ser querellante y fui re victimizada en el programa de protección de testigos. Mi proxeneta hoy sigue teniendo bienes y sigo esperando que pague lo que me debe. Necesitamos una reparación económica por parte del Estado cuando existe una sentencia firme. El fondo está obligado, y sólo hasta el momento, reparó a una sola víctima de trata con todos los bienes decomisados”, finalizó.

Las asociaciones que participaron fueron Alicia Peresutti y Yanina Basilico “Asociación Vínculos en RED”;  Alika Kinan Presidenta “Fundación Alika Kinan”;  Silvia Ferraro, presidenta y Myrtha Schalom  “MEI Mujeres en Igualdad”; Lilia Saavedra presidenta Fundación “VEI Vidas en Interacción para el Desarrollo de la Comunidad”; Ada Rico presidenta “Casa del Encuentro”; Jésica Flores integrante MOTA; Fabiana Túñez y Gladys Emma Romano ONG Las Julietas; especialista en Políticas Públicas para la  prevención y asistencia en violencia de género.

Además, la Directora Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (2015-2019); Martha Miravete Cicero Grupo de mujeres de la argentina – Foro de VIH mujeres y familia; Margarita Meira y Marcela Cano Asociación Civil Madres Víctimas de Trata; María Laura Abbate, Naria Cristina Perez y Graciela Norma Pacios MACFUT Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol Argentino; Graciela Giménez, Alejandra López y Miriam Donati Brusco ‘Mujeres por la Nación’; Patricia del Carmen Cruz ONG “Las Vikingas”; Mónica Tejeda CEMI FCCAM  Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes; Cecilia Dinius Plenario de trabajadoras; Verónica Ortega Comunidad de viajeros ecuatorianos en Argentina; Rafael Ángel Corson Acción Católica en Argentina; María Laura Roger Red Kawsay (Organización formada por religiosas/os, laicas/os por una sociedad sin trata de personas); Nora Beatriz Soto Unión Vecinal Eduardo Crespo (concurren de la Villa La Rana, San Martín); Liliana Faingold ‘Búsqueda Verdades Infinitas’; Ivana Lorena Bunge ‘Comité contra la trata por la acción civil Patagonia (Santa Cruz) DE MANERA VIRTUAL; Denice Romero y Gloria Llopiz Ortiz ONG Buenos Vecinos BA; Patricia Panuccio ‘Yo seré tu voz’; Analía Verónica Ramírez Multisectorial de la Mujer (Chaco); Nancy Elizabet Pereyra Foro de Mujeres;  Paula Rivera Fundación María de los Ángeles, por la lucha contra la Trata de Personas; Miriam Vázquez Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos; y Agustina Rossi Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

Además, participaron los diputados nacionales Daniel Arroyo, Marcela Ántola; Teresita Villavicencio, exdiputada nacional por Tucumán y especialista en Seguridad y Derechos Humanos; y Leandro Halperín, exlegislador de la Ciudad, especialista en Seguridad y Derechos Humanos, entre otros.

Se realizará una jornada contra la trata de personas

La actividad, organizada por las diputadas Carla Carrizo y Paula Oliveto, tendrá lugar el próximo lunes a las 10, en el Anexo de la Cámara baja.

En el marco del mes contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Personas, las diputadas nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical) y Paula Oliveto (CC-ARI), junto al Comité de Lucha contra la Trata de la Ciudad, realizarán este lunes a las 10 una jornada al respecto.

El encuentro será en el Anexo de la Cámara baja, bajo el lema “Lucha contra la Trata de Personas: protagonistas y agenda legislativa pendiente”. En el debate participarán organizaciones de víctimas, legisladores y especialistas, con el objetivo de poner en agenda los proyectos sobre el tema.

También estarán miembros del Comité de Lucha contra la Trata de la Ciudad, coordinado por la subsecretaria de Derechos Humanos porteña, Pamela Malewicz. Además, expondrán Alika Kinan, Alicia Peressutti y Marcelo Colombo.

“Tenemos que hablar de una asistencia que se sostenga en el tiempo, que genere uniformidad y brinde una verdadera autonomía económica para las víctimas. El Fondo de Asistencia a las Víctimas tardó en ponerse en funcionamiento 10 años y desde el Congreso veníamos exigiendo su implementación inmediata. Sin embargo, queda mucho por hacer, ya que hoy los montos de la reparación dependen de lo que disponga cada juez en el marco del expediente judicial. Y entre 2019 y 2022, sólo se reparó económicamente al 25% de las víctimas”, señaló Carrizo.

En ese sentido, la legisladora radical señaló que “entre las propuestas que estamos planteando está hacer que este Fondo -que se compone con el dinero y los bienes que se decomisan en las causas- se gestione de modo más eficiente y llegue a las víctimas de manera sostenible en el tiempo para evitar que vuelvan a caer en un ciclo de explotación. No es solo reparación, también es acompañamiento del Estado”.

Quienes deseen participar de la jornada deberán inscribirse a través del siguiente formulario.

“Para los chicos, salud mental no hay porque no está pensando que puedan tener padecimientos subjetivos”, lamentó Graham

Eso expresó la funcionaria en respuesta al pedido de la diputada Carla Carrizo por una Ley de Salud Mental que incluya a niños, niñas y adolescentes. Fue en el marco de la reunión de la Comisión Bicameral de Defensoría.

Durante la reunión de la Comisión Bicameral de la Defensoría de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a cargo de la riojana Clara Vega, que se llevó a cabo este martes en la que la titular de la Defensoría, Marisa Graham, se presentó a brindar su informe anual la diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) le pidió “recomendaciones” para avanzar con una Ley de Salud mental para niños.

Al comienzo de su intervención, Carrizo celebró los “avances en los datos precisos” que se dieron durante la exposición de Graham porque “siempre son por aproximación y poder tener una franja de la edad de chicos que quedan fuera de algún programa para poder asignar políticas es un avance”.

A continuación, expresó: “Necesitamos recomendaciones en el tema de salud mental de niños, niñas y adolescentes. Se que hicieron conversaciones, charlas y encuentros, pero nosotros necesitamos una ley, necesitamos avanzar en los 24 distritos del país porque la verdad que ningún gobierno desde que se sancionó la Ley de Salud Mental ha cumplido con que 10% de lo que se asigna para Salud, siendo para el área de salud mental el 2,4%”.

“El 10% no se cumple y eso se divide entre adultos, niños, niñas y adolescentes. Necesitamos recomendaciones efectivas”, reclamó la diputada y sumó: “Necesitamos que no se subejecuten ningún programa dirigido a niño, niña y adolescente en ningún área, salud, educación, que no haya ninguna excusa. Este país es el que más impuestos cobra”.

En respuesta, Graham se lamentó e informó: “La mala noticia es que de ese 2,4% la mayoría va a adultos porque hay algo, que es una rémora típica, de pensar que los Ministerios de Salud nacionales y provinciales en el tema salud mental lo delegan en el área de infancias”.

“De ese 2,4% a los niños y niñas les llega cero. Entonces para los chicos y chicas salud mental no hay porque no está pensando que los niños, niñas y adolescentes puedan tener padecimientos subjetivos”, cuestionó la funcionaria en coincidencia con lo propuesto por Carrizo.

A su vez, cuestionó que “la Ley de Salud Mental fue de avanzada, pero para adultos. Hay un solo artículo que refiere a niños, niñas y adolescentes y solo a casos de internación e internación involuntaria”.

La secretaría de la Comisión, la diputada Paola Vessvessian (FdT -Santa Cruz), se sumó al pedido de su par porque es “fundamental”.

Trata de Personas: un tema que sigue generando iniciativas en el Congreso

Sobre este tema del que se conmemora este 30 de julio el Día Mundial contra la Trata de Personas existe una ley, la N° 26.364, pero siguen presentándose permanentemente iniciativas relacionadas con esta cuestión.

El 30 de julio de cada año se conmemora el Día Mundial contra la Trata de  Personas. En la Argentina, la ley que atiende este flagelo lleva el número 26.364 y es la de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Sancionada el 9 de abril de 2008 y promulgada 20 días después por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, contempla como explotación la configuración de cualquiera de los siguientes casos: cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad; cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho; y cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

Pero si bien hay una ley vigente, en el Congreso de la Nación permanentemente se presentan iniciativas sobre el tema. La más reciente es de principios de este mes, presentada por la diputada del Pro Dina Rezinovsky, y justamente adhiere a la celebración del Día Mundial contra la Trata de Personas. Pero otros son proyectos de ley destinados a introducir modificaciones a la legislación vigente. Es el caso del que presentó la senadora Carolina Losada el 27 de mayo pasado, que sugiere modificaciones al Código Penal de la Nación, tipificando la sustracción y/o comercialización de menores de edad.

¿Qué dice el proyecto presentado por la senadora radical santafesina? Son apenas tres artículos que modifican dos de la ley vigente. Sustituye el texto del artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que dice: “Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este Capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad”, por el siguiente texto: “Se impondrá prisión de 3 a 10 años al que reciba y a quien entregue un niño o niña mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”.

E incorpora como artículo 139 ter el siguiente: “Será reprimido con prisión de 2 a 8 años quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos de este Capítulo. El funcionario público o profesional que, en el ejercicio de su actividad, incurriere en alguna de las conductas previstas en este capítulo, será reprimido con prisión de 3 a 10 años y se le aplicará la accesoria de inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la condena”.

Unos días antes, el 17 de mayo, en Diputados se presentó un proyecto para declarar al delito de trata de personas con fines de explotación como delito de lesa humanidad. Su autora es Paula Oliveto, quien para ello sustituye el artículo 62 del Código Penal, que precisamente refiere cuándo prescribe la acción penal para estos casos: a los 15 años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua; o después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo en ningún caso exceder el término de prescripción los 12 años, ni bajar de 2 años.

Otro proyecto sobre trata de personas presentado este año es el de la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo. Prevé modificar el artículo 139 bis e incorpora los artículos 139 ter, 139 quater y 139 quinquies, sobre el delito de compra y venta de personas menores de edad.

El 139 bis que ya hemos citado quedaría redactado así: “Será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años el que entregare o recibiere a una persona menor de edad cuando mediare precio, promesa remuneratoria o cualquier otro tipo de contraprestación. Recibirá la misma pena quien facilitare, promoviere o intermediare de cualquier modo en la alteración de la identidad de una persona menor de edad cuando mediare precio, promesa remuneratoria o cualquier otro tipo de contraprestación”.

Y el 139 ter quedaría redactado de la siguiente manera: “No será punible la madre que entregare a su hijo/a en las condiciones dispuestas en el artículo 139 bis, cuando mediare situación de vulnerabilidad, salvo que se acreditare que pertenece a una organización delictiva de compra venta de personas menores de edad, en cuyo caso la pena será de prisión de 6 meses a 2 años”.

El 139 quater del Código Penal Nación quedaría redactado de la siguiente manera: “Incurrirá en las penas establecidas en el artículo 139 bis y sufrirá inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o profesional de la educación, profesional de la salud o director o encargado de institución o establecimiento público o privado destinado al cuidado de las personas menores de edad que, en el ejercicio de su actividad, cometa alguna de las conductas previstas en este capítulo”.

Por último, el 139 quinquies diría lo siguiente: “Las penas establecidas en los artículos 139 bis serán de 6 a 15 años de reclusión o prisión si la alteración de la identidad de una persona menor de edad cuando mediare precio, promesa remuneratoria o cualquier otro tipo de contraprestación, se hiciera con alguno de los siguientes fines: a) Explotación sexual de la persona menor de edad; b) Explotación laboral de la persona menor de edad; c) Transferencia con fines de lucro de los órganos de la persona menor de edad”.

Esta misma diputada presentó también en marzo de este año un proyecto para establecer una pensión vitalicia para víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en los términos de la Ley 26.364, cuando existiere sentencia firme judicial condenatoria.

Otra diputada interesada en este tema ya dejó su banca. Se trata de Fernanda Vallejos, quien en su último día de mandato, el 9 de diciembre de 2021, presentó un proyecto que modifica la Ley de Trata, pero también la Ley de Educación Nacional (26.206) y el Código Penal de la Nación.

Entre otras cosas, prevé introducir en el artículo 2° de la Ley de Trata entre los casos punibles esta posibilidad: “cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos”; como así también “cuando se ejerciere dominio u obtuviere provecho económico o cualquier tipo de beneficio del ejercicio de la prostitución ajena o cualquier otra forma de servicios sexuales ajenos, sean éstos habituales o no; incluido el ámbito del turismo”.

Según confió a parlamentario.com la propia exdiputada, su iniciativa fue conversada a la hora de su elaboración con gente de la Iglesia Católica y es en el marco de la posición del papa Francisco sobre la trata de personas.

Alertan sobre la apertura de dos mil vacantes en planta permanente

JxC pide explicaciones al Ejecutivo Nacional por esa medida que sumará empleados al plantel del Estado nacional “en este contexto político y social”, según advierte la autora de la iniciativa, Carla Carrizo.

La diputada nacional del bloque Evolución Radical Carla Carrizo, junto a otros 27 diputados nacionales de la oposición, solicitó al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Jefatura de Gabinete, que informe ante la Cámara de Diputados el motivo y el criterio por el cual desde junio de este año se dispuso la apertura de al menos 8 concursos para la cobertura de 2.000 vacantes en planta permanente en diversos organismos del Estado Nacional.

Además, pide que explique la razón del concurso para cubrir vacantes de planta permanente en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, dado que contiene la mayor cantidad de vacantes (606) para una misma zona -CABA- en comparación con el resto de los concursos registrados en las convocatorias internas de la plataforma CONCURSAR.

Asimismo, que especifique el impacto fiscal que implica la cobertura de todas las vacantes de planta permanente referidas en los puntos previos. Y se indique si se encuentra en línea con las metas de déficit fiscal acordadas por el Poder Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetario Internacional.

Y por último, que se detalle cuántos concursos se llevaron a cabo para cubrir vacantes en planta permanente en organismos del Sector Público Nacional desde el 10 de diciembre de 2019 y que se indique cuántos empleados nuevos ingresaron bajo otras modalidades de contratación.

“En 10 años (2010-2020) el empleo público aumentó un 30%: de 2.5 millones a 3.3 millones. ¿Creció en forma proporcional la calidad de los bienes públicos que brinda el Estado? Sabemos que no. ¿Por qué el pueblo debería pagar más cuando tiene cada vez menos? Queremos instalar la problemática de seguir generando empleo público en un país en el que no crece el empleo privado desde hace más de una década”, añadió la legisladora.

“El empleo público representa el 12,7% del PBI. El doble del promedio de los países de la región. Sin embargo, ninguno de los organismos a los que se ampliará su planta permanente rinde cuentas al Congreso cuando se debate el Presupuesto. Esa es la primera medida que debería evitarlo”, finalizó Carrizo.

La iniciativa lleva las firmas de Carla Carrizo, Rodrigo De Loredo, Martín Tetaz, María Eugenia Vidal, Danya Tavela, Marcela Ántola, Alejandro Cacace, Dolores Martínez, Gabriela Brouwer de Koning, Pablo Cervi, Francisco Sánchez, Marcela Campagnoli, Gerardo Milman, Lidia Ascárate, Alfredo Schiavoni, María Sotolano, Soher El Sukaria, Germana Figueroa Casas, Gerardo Cipollini, Carlos Zapata, Graciela Ocaña, Camila Crescimbeni, Ximena García, Juan Carlos Polini, Palema Verasay, Gabriela Lena, Juan Martín y Adriana Ruarte.

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Para Carrizo, el proyecto de alquileres de la oposición “intenta darle confianza al inquilino y al propietario”

La legisladora de Evolución Radical aseguró que la iniciativa va en el objetivo de “reconstruir ese mercado que hoy no está”.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) destacó el consenso alcanzado entre distintos bloques de la oposición para arribar a un proyecto de reforma de la Ley de Alquileres y resaltó: “Logramos una serie de medidas que intentan reconstruir el mercado de alquileres y darle confianza al inquilino y al propietario. Tenemos que volver a reconstruir ese mercado que hoy no está”.

En declaraciones a FM Delta, la porteña consideró que “la buena noticia” es que “somos 17 bloques los que logramos hacer un acuerdo inicial para dar una respuesta a la sociedad, tratando de que la mejor forma de proteger a los inquilinos es que los precios bajen y las unidades disponibles aumenten”.

Para la legisladora de Juntos por el Cambio, “flexibilizar e incentivar es la estrategia de esta ley” para “transitar la dificultad y minimizar daños en un contexto cuasi hiperinflacionario”. Sobre este punto, explicó: “Si antes eran 3 años, ahora son 2 años. La actualización con varios índices y damos márgenes para poder construir un acuerdo”.

“Finalmente, sacamos los incentivos negativos de la ley y pusimos incentivos fiscales positivos. Liberamos (del impuesto) Bienes Personales a los propietarios que quieren alquilar, liberamos el monotributo a los propietarios que quieren poner su propiedad en alquiler, y sacamos todo lo que son impuestos en las transacciones”, detalló sobre el dictamen.

Carrizo sostuvo que “la peor respuesta que podemos dar desde la política, cuando hay un problema, es ignorarlo”. “Y nuestra expectativa, de estos 17 bloques, es poder solicitar una sesión, instalar el tema, salir del status quo y empezar a dar un mensaje concreto de que podemos avanzar minimizando daños y, de alguna manera, revitalizar el mercado de alquileres en la Argentina”, concluyó.

Carla Carrizo: “Es el proyecto de boleta única posible construido a partir de la unión de 18 bloques”

En su discurso, la diputada advirtió que “las mayorías del gobierno o la oposición contingentes o permanentes no se pueden cuestionar en democracia”.

La diputada nacional de Evolución Radical Carla Carrizo expresó su postura en la sesión de la Cámara baja sobre la Boleta Única de Papel al señalar que “este es el proyecto de boleta única posible construido a partir de la unión de 18 bloques, todos diferentes. Esto nos deja una enseñanza en la Argentina”.

“Este no es el mejor proyecto de boleta única. Este es el proyecto de boleta única posible construido a partir de la unión de 18 bloques, todos diferentes. Esto nos deja una enseñanza en la Argentina”, dijo la diputada radical.

“Esta construcción nos deja enseñanzas porque estamos desacostumbrados a cómo se construyen consensos en la Argentina. Y los consensos también tienen reglas. Tenemos reglas para disentir y para acordar. Lo que me llevo de esta experiencia es lo que necesita el país: que, en la mesa de negociación, cuando se sientan los partidos no vengan con la lista de lo que van a pedir y empiecen con la lista de lo que están dispuestos a dar”, agregó la iputada.

Carrizo puntualizó que “es el proyecto posible y se puede mejorar. Por eso sería interesantísimo que el oficialismo se involucrara. Acá no hay una velocidad, hay una necesidad. Y me gustaría que el oficialismo no empiece a calificar las mayorías con adjetivos. Las mayorías del gobierno o la oposición contingentes o permanentes no se pueden cuestionar en democracia y tienen derecho a liderar. Celebro esta mayoría de hoy. Y también celebro que no sean negativas. Esto no es en contra de nadie. Es a favor de todos los argentinos”.

“Quiero destacar los ahorros. Solamente con lo que gastaríamos con la lista múltiple papel en las elecciones de la provincia de Buenos Aires en 2023, en tres categorías, es lo mismo que nos sale hacer las elecciones en 2023 con la boleta única en todo el país. Hay una enorme diferencia”, finalizó Carrizo.

Ley de Salud Mental: Carrizo denunció que “los gobiernos no invierten lo que dice la ley”

La diputada opositora utilizó su cuenta de Twitter para señalar y advertir que “los problemas de Salud Mental son una pandemia silenciosa que el sistema público no puede contener si los gobiernos, como mínimo, no invierten lo que dice la ley”.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical – Ciudad de Buenos Aires) volvió a reclamar por la Ley de Salud Mental que fue sancionada en 2010, durante el primer gobierno de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. A través de su cuenta de Twitter la legisladora denunció que “los gobiernos no invierten lo que dice la ley”.

Según la Ley 26.657, en un plazo no mayor a 3 años desde su sanción, el Poder Ejecutivo debía destinar el 10% del gasto total de salud a salud mental, y procurar que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adoptaran el mismo criterio.

Sin embargo, la legisladora denuncio que “los problemas de Salud Mental son una pandemia silenciosa que el sistema público no puede contener si los gobiernos, como mínimo, no invierten lo que dice la ley”.

“El presupuesto en Salud Mental proyectado para este año era de $9.500 millones, es decir $201 por persona. Si se cumpliera lo que establece la ley, una inversión del 10% del total del presupuesto de Salud, sería de $1.352. Insuficiente pero un avance”, señaló.

Y siguió: “Luego de 2 años de pandemia, el gobierno informó que duplicaría el presupuesto, serían $402 por persona”, y se preguntó: “¿Se está implementando? No lo sabemos”. En ese marco, recordó que “solicitamos en la Comisión de Salud de Diputados que viniera la ministra a informarnos para avanzar con coordinación”.

“¿Alcanza modificar el presupuesto para cumplir con la ley? Sabemos que no. Como toda política -y la ley de Salud Mental no es la excepción- su implementación es un aprendizaje. La peor opción es impedir el debate”, expresó Carrizo y cerró: “Hoy niñas/os y adolescentes no existen en la ley ¿seguir así? No”.

Padres reclamaron en el Congreso por la ampliación de licencias para el cuidado de hijos con discapacidad

En una jornada organizada por la diputada Carla Carrizo, y de la que participaron especialistas, se pidió la modificación de la ley.

carla carrizo licencias hijos con discapacidad

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical) encabezó una jornada que debatió sobre la necesidad de modificar el régimen de licencias para el cuidado de hijos e hijas con discapacidad junto a protagonistas, especialistas, organizaciones de la sociedad civil y legisladores.

La iniciativa es impulsada por Alejandro Nielsen y Florencia Di Croche, padres de Milo -de 2 años-, que nació con discapacidad, asfixia e hipotonía total. Su estado de salud al nacer fue muy crítico, y requirió estar internado casi cinco meses en la unidad de terapia intensiva. En consecuencia, no les alcanzaron ni los dos días de licencia por paternidad, ni los tres meses por maternidad, que actualmente contemplan la ley, por lo que proponen su modificación.

Una de docena de diputados, diez especialistas y un grupo importante de padres participaron de la jornada denominada “Tiempo para cuidar: igualando derechos”, para que se amplíen las licencias laborales parentales a seis meses cuando se trate de padres y madres de bebés que requieran internación al nacer.

El encuentro, que comenzó con las palabras de bienvenida de Carrizo, se dividió en dos paneles. El primero estuvo conformado por especialistas que realizaron un diagnóstico de la situación de nuestro país; mientras que el segundo, por la voz de los protagonistas: padres, madres y asociaciones.

“Tenemos la decisión de avanzar independientemente de la macro política. Volvemos a reconstruir esta coalición entre política, sociedad y protagonistas en temas que no tienen partidos y tienen razones. Celebramos este encuentro de que todas las diputadas mujeres volvamos a tener esta unión interpartidaria para instalar agenda y avanzar en el Congreso. El tema que hoy nos convoca nos atraviesa mucho, tiene un componente emocional, la historia de Milo. La historia tiene dos componentes: cuidados y licencias extendidas en Argentina. Entonces, nos encontramos con infancias desiguales y hay un tema que hay que visibilizar”, expresó Carrizo.

Luego hablaron los padres de Milo y explicaron su postura. “Decidimos iniciar esta petición justamente porque los dos días que ofrece el Estado son más que insuficientes. Sobre todo, cuando tenés a un hijo recién nacido luchando por su vida en terapia intensiva y que necesita a sus dos padres al lado dándole fuerzas. En mi caso particular, me tuve que poner a trabajar y estaba a 500 kilómetros de distancia de mi hijo y solamente lo veía los fines de semana porque tuve la oportunidad de viajar y no todos los padres tenían esa posibilidad. Gracias a la evolución de Milo, con Flor decidimos iniciar esta petición para que el Estado tenga en cuenta este reclamo de la licencia extendida por la gran cantidad de padres y madres que están pasando por esto”, dijo Alejandro.

Al final, Carrizo recibió de los padres de Milo y de los representantes de la plataforma Change una caja con más de 48 mil firmas en apoyo a la iniciativa de Alejandro y Florencia para que el Parlamento avance cuanto antes con la reforma de la ley.

Actualmente, la Ley 24.716 de 1996 establece una licencia optativa especial de 6 meses -que la abona ANSeS- para la madre trabajadora en relación de dependencia y que se aplica exclusivamente para los casos de nacimiento de un hijo con Síndrome de Down.

Se propone modificar la ley para extender la licencia para los casos de nacimientos de hijos e hijas con discapacidad y enfermedades crónicas que incluya a ambos progenitores.

El primer panel estuvo conformado por Juan Camisassa, analista de Protección Social-CIPPEC; Delfina Schenone, responsable del Área de Políticas-ELA; Mercedes Eisele, oficial de Derechos NNYA-UNICEF; Fernanda Potenza, oficial de Política Social-UNICEF; Ana Laura Peña y Georgina Barrán, responsables de Beneficios Sudamérica-Accenture. Mientras que el segundo, por Florencia y Alejandro, padres de Milo e impulsores de la petición en Change; Eva Rotenberg, psicóloga, miembro de APA y directora de Escuela de Padres Multifamiliar; María Laura Tommei, presidenta de APPSMA; Horacio Rigamonti, de la Comisión Directiva de ASDRA; y Gabriela Troiano, exdiputada nacional y miembro de REDI.

El encuentro contó con la participaron de los diputados Dina Rezinovsky (Pro); Victoria Tejena (Evolución Raical), Danya Tavela (Evolución Radical), Marcela Ántola (Evolución Radical), Jimena López (FdT) y Victoria Morales Gorleri (Pro).

Asimismo, enviaron notas de adhesión los legisladores Germán Martínez (FdT), Daniel Arroyo (FdT), Margarita Stolbizer (Encuentro Federal), Soledad Carrizo (UCR), Ingrid Jetter (Pro), Magalí Mastaler (FdT) y Mónica Fein (PS).

Además, estuvieron presentes Facundo Fernández, defensor Adjunto de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes; Mariela Coletta, presidenta de la UCR de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Sosa, concejal de Hurligham; y Fanny Vera, concejal de Lomas de Zamora, entre otros.

Diputados debatirá sobre el régimen de licencias para el cuidado de hijos con discapacidad 

La legisladora de Evolución Radical Carla Carrizo encabezará la jornada de debate, que contará con la participación de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y legisladores.

La diputada nacional de Evolución Radical Carla Carrizo encabezará la jornada “Tiempo para cuidar: igualando derechos”, que debatirá sobre la necesidad de modificar el régimen de licencias para el cuidado de hijos e hijas con discapacidad, junto a protagonistas, especialistas, organizaciones de la sociedad civil y legisladores. 

Además, se presentarán las más de 44 mil firmas reunidas a través de la petición change.org para que se amplíen las licencias laborales parentales a 6 meses cuando se trate de padres y madres de bebés que requieran internación al nacer; y se presentará el proyecto de ley “Tiempo para cuidar: igualando derechos. Licencias para el cuidado de hijos/as con discapacidad”. 

La jornada se llevará a cabo el jueves 21 de abril, desde las 16.30 en la sala 2 del Anexo A, y contará con especialistas de Unicef, del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), de la Asociación Síndrome de Down (Asdra), de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Asociación de Padres y Familias con Sordoceguera y Discapacidad Múltiples (Appsma), de Accenture, y de Change, entre otros. 

Piden información sobre el Programa Nacional de Prevención y Detención del Cáncer Colorrectal

La diputada porteña Carla Carrizo presentó un pedido de informes dirigido al Instituto Nacional de Cáncer, a cargo de la ejecución del programa.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical), junto a compañeros de su bloque, solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre el funcionamiento del Programa Nacional de Prevención y Detección temprana del cáncer colorrectal dentro del ámbito del Instituto Nacional de Cáncer.

A través de un pedido de informes, los legisladores requieren detalles sobre: el descenso de más de un 80% de estudios preventivos de cáncer colorrectal durante la pandemia; qué porcentaje de diagnósticos de cáncer colorrectal se realizan en la fase temprana y cuántos en la fase avanzada; si los hospitales públicos, en todas las provincias y CABA, cuentan con la capacidad instalada para desarrollar programas de prevención con vídeo colonoscopia; los criterios de accesibilidad y dispersión geográfica de su localización; la cantidad de provincias que cuentan con programas específicos; la cantidad de vídeo colonoscopias requeridas por año; el detalle de los recursos humanos en anestesiología y especialistas en de nuestro país; los tiempos de espera para obtener turnos en hospitales públicos para la realización de estudios de detección, entre otros.

“El cáncer colorrectal es el segundo en prevalencia y mortalidad en nuestro país con 16 mil nuevos casos anuales. Un promedio de 43 diarios y más de 7.500 muertes: 20 por día. La cifra representa el 12,1% del total de los tumores malignos”, argumentó Carrizo en el proyecto.

Asimismo, añadió que “como sucede con muchas otras enfermedades, la detección temprana del cáncer colorrectal mediante controles de rutina y consulta temprana es un factor determinante en el pronóstico. Los especialistas señalan que 9 de cada 10 casos se podrían curar si la enfermedad es detectada en una fase inicial. Sin embargo, se estima que la mayoría de los pacientes cuando llegan a la consulta lo hace en la fase avanzada de la enfermedad”.

“Presentamos un pedido de informes que para obtener información oficial y actualizada de un programa que debe proteger en todas las provincias”, finalizó la legisladora.

El pedido de informes fue acompañado por sus pares Rodrigo de Loredo, Emiliano Yacobitti, Danya Tavela, Pablo Cervi, Alejandro Cacace, Marcela Antola, Victoria Tejeda y Gabriela Brower de Koning.

Repudian dichos de Máximo Kirchner sobre los votantes porteños

Previsiblemente desde la oposición salieron al cruce de los dichos del diputado nacional que vinculó a parte del electorado de CABA con la dictadura.

Era de manual que cuando Máximo Kirchner hablara se haría una disección puntillosa de sus dichos, muchos de los cuales recibirían respuestas puntuales o un análisis puntilloso respecto del mensaje. Como cuando pareció dirigirse a su Gobierno para que contemple incluir a “la gente”.

Eso mereció su análisis interno, pero en otra parte de sus declaraciones aludió al electorado porteño, distrito que gobierna Juntos por el Cambio. Dijo el exjefe del bloque oficialista en la Cámara baja: “Vemos que a veces esta es una ciudad que tiene tendencia a votar a aquellos que quieren ocultar lo que hizo la dictadura, o que te discuten el número de compañeros detenidos/desaparecidos, o realmente reivindican el accionar de la dictadura”. Y varios salieron a contestarle.

“Parece que el diputado Máximo Kirchner está emperrado en ser una letrina. Un día como hoy que es de conmemoración de tiempos oscuros y tristes, se llena la boca de odio y discriminación”, señaló la diputada nacional Karina Banfi, que agregó: “Lo bien que hacen bien los porteños en no votarlos a ellos”.

Del distrito porteño, la diputada nacional Carla Carrizo replicó: “Pero Máximo, es justo al revés. Hay una tendencia en la Ciudad sí a votar ‘en contra’ del partido que defendía la amnistía; es decir el olvido. Ni memoria, ni justicia”.

La diputada de la Coalición Cívica Mariana Stilman consideró “una barbaridad” las expresiones del hijo de los Kirchner, que repudió. “Se creen dueños de todo, de los recursos del país, de los logros democráticos y de la verdad. Es tan evidente, que cada vez les creen menos”, agregó.

Desde ese mismo espacio, Marcela Campagnoli advirtió que “los que tienen esa tendencia son ustedes. ¿O te olvidas de que Zaffaroni juró como juez de la dictadura, y tu tía funcionaria del gobierno militar? Hay fotos por si te olvidaste. No insultes a los que no votan por ustedes pregúntate por qué no lo hacen”.

El vicepresidente de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, lamentó “que el diputado Máximo Kirchner busque deslegitimar el voto popular e insista en despreciar a los que piensan distinto. Claramente no conoce a los porteños”, en tanto que agregó en otro tuit: “Qué bajeza el kirchnerismo usando uno de los momentos más trágicos de nuestra historia para insultar a quienes no los votan”.

También desde la Legislatura de la Ciudad, la legisladora Sol Méndez se quejó: “No hay mayor falta de respeto que apropiarse del dolor de las víctimas para seguir generando un discurso de odio. Los dichos del diputado Máximo Kirchner son lamentables y repudiables. La democracia la cuidamos entre todos”.

De su mismo interbloque, Juan Pablo Arenaza consideró “lamentables” las declaraciones de “este heredero sobre los porteños. La verdad es que nos tienen podridos con la utilización del 24 de marzo para su relato falso” y publicó lo que definió como “la insólita entrevista militante con la que Máximo Kirchner rompió el silencio”.

También le contestaron exdiputados nacionales, como Gustavo Menna, que señaló: “MáximoKirchner se tiene que hacer cargo de que pertenece al movimiento que tuvo a López Rega y la Triple A, que apoyó la ley de autoamnistía de la dictadura, que se negó a integrar la CONADEP, que indultó a Videla, Massera y Firmenich y que tuvo a Milani como jefe del Ejército”.

Facundo Suárez Lastra expresó por su parte: “Máximo Kirchner de nuevo contra los porteños. Omite que en CABA se votó en contra de la autoamnistía que votaron Néstor y Cristina, se condena a la dictadura y la responsabilidad de sus compañeros Isabelita, López Rega  los montoneros y la AAA en la tragedia del 24 de marzo”.

Vuelven a reclamar por la sanción de una ley nacional de endometriosis

En el marco de una actividad que se realizó en el Senado, diputados y senadores de JxC representaron un proyecto.

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Los diputados nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical), Alejandro Cacace (Evolución Radical), Ingrid Jetter (Pro), y la senadora nacional Gabriela González Riollo (Pro) encabezaron una jornada con especialistas, asociaciones y pacientes para impulsar una nueva ley nacional de endometriosis. El encuentro se realizó en el Salón Frondizi del anexo de Senado.

En el marco del mes de la endometriosis, los legisladores presentaron un proyecto de ley que establece la cobertura de la atención médica incorporando la endometriosis en el Programa Médico Obligatorio; la investigación y capacitación para la detección, el diagnóstico y el tratamiento; y campañas de concientización e información para la población en general. Además, existen otros 12 proyectos sobre endometriosis con estado parlamentario -8 en Diputados y 4 en Senado- que esperan ser tratados por el Congreso.

“Es fundamental que el impulso de un nuevo proyecto se dé en forma coordinada con el Senado porque es allí donde este año perdió estado parlamentario un proyecto que habíamos impulsado en el 2019 y que ya contaba con la media sanción en Diputados”, señaló Carrizo.

Por su parte, Cacace mencionó que “este es uno de los temas en el que podemos trascender la grieta y lograr una mejor calidad de vida para miles de mujeres argentinas”.

El encuentro sirvió para presentar el proyecto y recolectar las firmas. Además, se elevó una carta a las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras para que soliciten a la Oficina de Presupuesto del Congreso que evalúe los costos que implicaría sancionar esta ley, dado que uno de los obstáculos por los cuales no se logra avanzar con estos tipos de proyectos está vinculado a los gastos que podrían implicar.

La jornada contó con la presencia de la asociación Endolazos de San Luis; Santiago Artazcoz, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Endometriosis (SAE); Alejandro González, presidente del Mapa Federal de Endometriosis; Marilina Casáis, directora del programa de investigación sobre endometriosis de la Universidad Nacional de San Luis; Patricio Cohn, cineasta y director del documental Endo What; y Edgardo Rolla, médico especialista y expresidente de la SAE.

También estuvieron la senadora Guadalupe Tagliaferri, y las diputadas de Evolución Dolores Martínez, Gabriela Brower de Koning, María Victoria Tejeda y Marcela Antola.

La endometriosis es una enfermedad crónica cuyo síntoma principal es el dolor durante la menstruación de las mujeres, el cual puede llegar a ser incapacitante. Se produce por el crecimiento de tejido endometrial fuera de la cavidad uterina como, por ejemplo, en el pélvico y los ovarios, y en Argentina se estima que existen alrededor de 1.000.000 de mujeres diagnosticadas.

Legisladores de JxC convocaron a un conversatorio por el Día Mundial de Endometrosis

El encuentro convocado busca visibilizar este padecimiento que altera la calidad de vida de un porcentaje de la población femenina.

La diputada nacional Ingrid Jetter convocó, junto a la senadora nacional Gabriela González Riollo y los diputados Carla Carrizo y Alejandro Cacace a un conversatorio con el objetivo de dar a conocer la endometriosis, padecimiento que afecta a un porcentaje de la población femenina a nivel mundial y que altera la calidad de vida de las personas que la padecen. 

El encuentro se realizará el día 15 de marzo a las 12, en el Salón Frondizi-Moreno 5to piso Anexo Honorable Senado de la Nación, Hipólito Irigoyen 1700 (esq. Solís.). Acompañan la ONG Endolazos (San Luis), ONG Endo What-USA, ONG PAE (Pacientes Argentinas con Endometriosis), Labir FQByF Imbió SL-CONICET-UNSL, Regione Emilia Romagna – Assessorato alla Sanità. 

Cabe resaltar que el año 2020 Jetter, comprometida con esta enfermedad, presentó un proyecto de ley cuyo objeto fue proponer una ley que proteja a las personas que padecen endometriosis, brindando un marco legal ante el vacío normativo existente, a fin de regular el acceso y tratamiento integral en la detección, diagnóstico, control, tratamiento, fármacos y terapias de apoyo necesarias para el abordaje de la misma. 

“Durante estos últimos años recibimos la visita de la Sociedad Argentina de Endometriosis a fin de exponer la realidad que viven casi un millón de mujeres en nuestro país, como así también, tuve la oportunidad de reunirme con representantes de aquellos que padecen esta enfermedad, hicimos charlas/conversatorios virtuales, entre otros, allí me comprometí en trabajar en un texto legal. En esas reuniones se evidenció que los obstáculos que enfrentan personas con esta enfermedad y la falta de caracterización como ‘crónica’, además de afectar al propio cuidado de la salud, impiden o dificultan su diagnóstico”, expresó al respecto la diputada de Juntos por el Cambio. 

Jetter afirma que “las pacientes reclaman que se apruebe una ley que declare a la enfermedad ‘crónica’, y para poder tener cobertura de los medicamentos y en los tratamientos. En última instancia la falta de conocimiento y diagnóstico está afectando la libertad e igualdad de estas personas como así también su integración real y efectiva en la vida, es decir, impiden la igualdad de oportunidades y provocando discriminación por razón de enfermedad. Encontrándose este vacío normativo sobre Endometriosis desde su difusión, identificación, categorización como enfermedad crónica, dificultando de esta manera el pleno goce de derechos”. 

“La finalidad de esta ley es que las mujeres que padecen esta enfermedad logren ser diagnosticadas, reciban tratamiento acorde como titulares de todos los derechos en igualdad de condiciones, de allí que solicitamos se incorpore en el PMO (Programa Médico Obligatorio) que es la cobertura de prestaciones mínima garantizada, reconocer la situación de cronicidad de quienes la padecen, la necesidad de contar con información adecuada sobre la enfermedad para su detección temprana”, dijo Ingrid Jetter. 

Por último, Jetter detalla que “desde hace varios años estamos muy comprometidos con esta causa, haciendo lazos y apoyando a mujeres, grupos y ONGs que se ocupan del tema, uno de nuestros últimos contactos fue Noelia Romero que es la representante de ‘Endohermanas argentinas’ en Corrientes. Estoy segura que JUNTAS vamos a avanzar en nuestros objetivos y así lograremos una mejor calidad de vida para todas.” 
 

Unos 30 diputados de JxC piden convocar al Congreso a Elizabeth Gómez Alcorta

Es a raíz de las expresiones que la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad tuvo sobre la violación grupal contra una joven en Palermo. Además, buscan conocer las acciones de esa cartera en la prevención de los delitos sexuales.

A raíz de los dichos de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sobre la violación grupal contra una joven en Palermo, unos 30 diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por la radical Carla Carrizo, presentaron un proyecto que solicita convocar a la funcionaria al Congreso.

En la iniciativa, los legisladores señalaron que la ministra “compartió un mensaje en sus redes sociales que, lejos de responder a su responsabilidad gubernamental, generó confusión, desprotección y dudas sobre la gestión del Estado ante este tipo de trágicos eventos, lo que motiva el presente pedido”.

En su Twitter, Gómez Alcorta publicó un hilo de tuits que empezaba: “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”.

A través del proyecto de resolución, los opositores piden “convocar a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, a que comparezca e informe ante esta Honorable Cámara acerca de las siguientes cuestiones vinculadas a la gestión de políticas públicas sobre abuso sexual y violencia por motivos de género”.

En ese sentido, sobre el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022 consultan: “¿Cuáles fueron las acciones desplegadas por el Ministerio en relación al eje de Prevención contemplado desde que fue iniciado el Plan?; detalle qué herramientas de detección temprana para la prevención de las violencias por motivos de género se han impulsado desde el Ministerio; conocer el estado y la evolución de dichas acciones y si se cumplieron con dichas previsiones temporales; y cómo se gestiona el uso de recursos humanos del Ministerio, detallando funciones asignadas, metas y trabajo territorial y no territorial”.

En tanto, sobre abuso sexual exigen que se informe sobre “las acciones específicas desarrolladas por el Ministerio ante estos casos” y se detallen “las modalidades de abordaje y asistencia a las víctimas, herramientas de seguimiento y monitoreo de casos, articulación con otros Ministerios Nacionales y jurisdicciones locales, y toda otra información que resulte pertinente”.

En sus redes sociales, la diputada Carla Carrizo expresó: “Lamentable el mensaje de la min. Gómez Alcorta sobre la violación grupal en Palermo. Confunde una lectura sociológica -corporativa y limitada del patriarcado estructural- con su responsabilidad gubernamental. Y en esa confusión gestiona y protege mal”.

“¿Mujeres vs. Varones? Sabemos que no es así. El feminismo como movimiento es muchísimo más. Hay mujeres que actúan reproduciendo lógicas patriarcales de poder (violencia con mujeres y varones también; y a la inversa)”, agregó la radical.

Y remarcó que “no estamos como sociedad en el mismo lugar y las movilizaciones desde 2015 nos enseñaron a mirar. La ministra debe venir al Congreso a explicar por qué está mirando y gestionando mal. Más de 30 diputados/as presentamos el proyecto para citarla”.

El proyecto fue acompañado por Danya Tavela, Gabriela Brower de Koning, Roxana Reyes, Juan Martín, Cristian Ritondo, Dolores Martínez, Gabriela Lena, María Lujan Rey, Fabio Quetlas, Sebastián García De Luca, Victoria Tejeda, Marcela Campagnoli, Ximena García, Karina Banfi, Mercedes Juri, Alfredo Schiavoni, Rubén Manzi, Alejandro Cacace, Martín Tetaz, Martín Berongharay, Sofía Brambilla, Jimena Latorre, Sabrina Ajmechet, Marcela Inés Coli, Pablo Torello, Federico Angelini, Leonor Martínez Villada y Francisco Monti.

Legisladores de JxC repudiaron el ataque de José Schulman a la trabajadora de transporte

“Este hecho, condenable, debe activar el sistema de control del Congreso sobre cómo se asigna, se controla y se efectúa la rendición de cuentas entre las organizaciones y el Estado”, expresó Carla Carrizo, autora de la iniciativa.

La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical – Ciudad de Buenos Aires) junto a un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio, repudiaron la agresión de José Ernesto Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), a una empleada de la terminal de ómnibus de la ciudad de Santa Clara del Mar, ocurrido el jueves 10 de febrero, y solicitaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que informe si esta ONG recibe o recibió fondos de alguna cartera del Estado Nacional o Provincial y si así fuese que informe la rendición de cuentas de la organización en ese caso.

El hecho trascendió en las últimas horas por la viralización del video registrado por las cámaras de seguridad del lugar donde puede verse la secuencia de la agresión, ante lo cual Schulman debió compartir un pedido de disculpas en sus redes sociales y, al mismo tiempo, pretendió excusarse por su discapacidad motora.

Los legisladores nacionales presentaron un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo detalle “si la citada organización recibe y/o recibió en años anteriores fondos, subsidios, aportes, transferencias o beneficios de alguna cartera del Estado Nacional o Provincial” y, en su caso, que indique: “Si se le exigió a la organización algún tipo de rendición de cuentas sobre el uso de los fondos y/o aportes”. Además, señalaron que en el presupuesto 2022 -rechazado en diciembre pasado- se contemplan $89 mil millones de pesos en concepto de transferencias a instituciones sin fines de lucro.

Momento de la agresión por parte de Schulman a la empleada.

“Este hecho, repudiable por completo, debe activar el sistema de control del Congreso sobre cómo se asigna y se efectúa la rendición de cuentas de las organizaciones sociales a las que el Estado ayuda y financia. Lamento que la Liga Argentina por los Derechos Humanos haya aceptado sólo la licencia del señor Schulman, cuando debería haberle pedido su renuncia”, expresó Carrizo y agregó: “Si el Estado está financiando alguna actividad a esta ONG el mejor modo de enseñar que los Derechos Humanos no se representan con violencia es suspender en forma inmediata esa financiación”.

En tanto, la diputada radical manifestó: “Es necesario que el dinero de los argentinos, destinado a las organizaciones de la sociedad civil tenga un control riguroso de a quien se asigna y cómo se utiliza. Hay muchísimas ONGs que hacen un trabajo realmente excelente. Para cuidar justamente a quienes trabajan bien hay que terminar con las ONG fantasmas, que dicen hacer una cosa y en verdad estamos financiando militancia partidaria”, y preguntó: “¿Cuál es el mensaje que damos a la sociedad si financiamos esta asociación? ¿Qué es normal decir que se defienden los derechos humanos con violencia?”.

Ambos proyectos son acompañados por los legisladores Martín Tetaz, Juan Martín, Camila Crescimbeni, Danya Tavela, Dolores Martínez, Gabriela Brouwer de Koning, Victoria Tejeda, Laura Carolina Castex, Pablo Cervi, Alfredo Oscar Schiavoni, Héctor Antonio Stefani, Cristian Ritondo, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Alejandro Cacace, Héctor Stefani, Marcela Antola y Jorge Vara.

Para Carla Carrizo, el Gobierno “vuelve a usar la lógica de la imposición”

Luego de las elecciones realizadas el domingo, la legisladora por la Ciudad de Buenos Aires remarcó que “el mensaje en las urnas demanda un cambio”.

La vicepresidente del bloque UCR de diputados nacionales, Carla Carrizo, analizó la situación política del país y del Parlamento luego de las elecciones generales del 14 de noviembre, advirtiendo que el Gobierno “vuelve a usar la lógica de la imposición, cuando el mensaje en las urnas demanda un cambio”.

“Lo estamos viendo ahora en el tratamiento de los temas de las comisiones donde vuelven a usar la lógica de la imposición, aun cuando el mensaje de la ciudadanía en las urnas demanda claramente un cambio en las políticas que importan”, expresó Carrizo en el programa Segunda vuelta, por FM Millenium.

En ese sentido, la legisladora radical sostuvo que “se repite en la prórroga de sesiones ordinarias que el gobierno anunció ayer por la noche sin sentarse a establecer una agenda de trabajo compartida”.

Por otra parte Carrizo advirtió que “el Gobierno llama al diálogo pero en realidad la práctica que utiliza no es la de la convocatoria a generar las agendas compartidas que necesita el país”.

Plan “Platita”: impulsan proyecto para evitar maniobras electorales

Diputados de Juntos por el Cambio piden modificar el uso de recursos públicos en campaña.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Carla Carrizo, presentaron un proyecto de ley para actualizar el régimen de delitos electorales del Código Nacional Electoral vinculado al uso de recursos públicos.

Solicitaron incorporar el reparto de subsidios, transferencias discrecionales y alteraciones presupuestarias durante el proceso electoral como prohibiciones expresas. Además, se establecen sanciones a funcionarios que tengan conductas clientelares debido a la cantidad de actos que han ocurrido durante las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y que no tienen una tipificación específica en la ley.

Quedaría prohibido durante los 25 días anteriores a las PASO y durante 30 días anteriores a la fecha fijada para las elecciones generales, el reparto de subsidios y/o transferencias no contempladas en el Presupuesto Nacional o a nuevos beneficiarios, como así también la celebración de convenios administrativos entre Nación, provincias y municipios para la ejecución de recursos públicos.

También quedarían prohibidos durante los 25 días anteriores a las elecciones primarias, actos inaugurales de obras públicas, lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten. Además, la utilización de bienes propiedad del Estado para actividades de campaña electoral.

Los funcionarios públicos que autoricen la publicidad de actos de gobierno serán pasibles de inhabilitación de hasta 12 años para el ejercicio de cargos públicos.

“La Ética Pública de los funcionarios de gobierno no se debe suponer se debe regular. No alcanza con las cautelares de la justicia electoral, el poder debe entender que en las elecciones no se compite haciendo trampa.  Y el clientelismo estatal es un acto de profunda arbitrariedad que a 38 años de la democracia en Argentina y con el 50% de los ciudadanos con pobreza estructural no se puede permitir ni avalar”, explicó Carrizo, autora del proyecto.

Carrizo, vicepresidenta del bloque UCR remarcó: “Las cautelares de la Justicia electoral minimizan daños menores, pero no impiden transferencias enormes a las provincias que van para los gobiernos en elecciones o para la caja política, no para la ciudadanía”. Acompañaron con sus firmas los diputados de JxC Gustavo Menna, Ricardo Buryaile, Brenda Austin, Camila Crescimbeni, Alejandro Cacace, Claudia Najul, Lidia Ascárate, Ximena García, Jorge Vara, Gabriela Lena, José Riccardo, Lorena Matzen, Federico Zamarbide, Dolores Martínez, Martín Berhongaray, Julia Marcolli, Aída Ayala, Gerardo Cipollini, Juan Manuel López, Adriana Ruarte, Fabio Quetglas, Diego Mestre, Pablo Torello, Jorge Enríquez, Roxana Reyes, Soledad Carrizo, Emiliano Yacobitti, Luis Petri, Gonzalo del Cerro, Mónica Frade, Laura Castets, Sofía Brambilla y Leonor Villalba.

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JxC reclama la presencia de Odarda ante los conflictos territoriales

Diputados de la bancada opositora, encabezados por Carla Carrizo, pidieron que la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas asista al Congreso a explicar la demora en la aplicación de la Ley 26.160, cuya última prórroga vence en noviembre próximo.

atentado el bolson mapuches tierras

La vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados, Carla Carrizo, junto a 20 de sus pares de Juntos por el Cambio, solicitó la presencia de la titular del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), Magdalena Odarda, a un plenario de las comisiones de Legislación General; Población y Desarrollo Humano; y Seguridad Interior, para que informe sobre los conflictos territoriales con las comunidades indígenas en distintos puntos del país, en particular en la provincia de Río Negro.

A raíz del atentado registrado en El Bolsón, contra el Club Andino Piltriquitrón, el cual fue incendiado, la legisladora radical reclamó que la funcionaria brinde información y explique los motivos por los cuales a 15 años de la sanción de la Ley 26.160, que declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas, “continúan multiplicándose los conflictos territoriales en diversos puntos del país”.

“La presidenta del INAI, Magdalena Odarda, debería hoy estar explicando en el Congreso Nacional por qué a 15 años de la Ley 26.160 de emergencia sobre propiedad y titularidad de tierras, los conflictos escalan en lugar de disminuir”, enfatizó la porteña, citando la norma sancionada originalmente en 2006 y cuya última prórroga vence el próximo 23 de noviembre.

Asimismo, detalló que según Amnistía Internacional, “ya en 2016 había 163 focos de conflictos territoriales; hoy son más de 200 y vemos todos los días cómo se recrudece el tema en el sur del país. La ley vence a fin de año. ¿Cuál es el plan del Gobierno? ¿Prorrogarla sin informar?”.

Entre las problemáticas que motivaron el proyecto, los diputados señalaron que “existe una brecha significativa entre el marco normativo en materia indígena y su implementación real, la existencia de muchas comunidades indígenas que continúan sin ser relevadas en el registro técnico, jurídico y catastral que establece la referida ley nacional y, fundamentalmente, la creciente conflictividad territorial que involucran a diversos grupos originarios”.

“El gobierno decide, en el mejor de los casos, ignorar, o como ha declarado la gobernadora de Río Negro (Arabela Carreras) hace un tiempo, fagocitar”, cuestionaron.

Finalmente, Carrizo reclamó por “un Estado que no sea de cartón, regule como corresponda y sirva así a las comunidades originarias para vivir mejor”. “Por menos días, más políticas reales y efectivas”, concluyó.

La iniciativa fue acompañada por Alejandro Cacace, Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Claudia Najul, Gabriela Lena, Fabio Quetglas, Soledad Carrizo, Jorge Rizzotti, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Gustavo Menna, Aída Ayala, Pablo Torello, José Patiño, Federico Frigerio, Mónica Frade, Jorge Enríquez, Jorge Vara, Gonzalo Del Cerro y Martín Berhongaray.

JxC pide que la titular del INAI brinde explicaciones en el Congreso por conflictos territoriales

Para la diputada nacional Carla Carrizo, “la presidenta del INAI, Magdalena Odarda debería estar explicando en el Congreso por qué los conflictos escalan en lugar de disminuir”.

La vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados, Carla Carrizo, junto a 20 diputados nacionales solicitaron la presencia de la titular del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), María Magdalena Odarda, en un plenario de las comisiones de Legislación General; Población y Desarrollo Humano y Seguridad para que informe sobre los conflictos territoriales con las comunidades indígenas en distintos puntos del país, en particular en la provincia de Río Negro. 

En el marco del Día de la Diversidad Cultural, la diputada nacional Carla Carrizo presentó el proyecto de resolución para citar a la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), con el fin de que brinde información y explique los motivos por los cuales a 15 años de la sanción de la ley 26.160 que declaró la emergencia territorial de las comunidades indígenas continúan multiplicándose los conflictos territoriales en diversos puntos del país.  

Al respecto, Carrizo sostuvo: “La presidenta del INAI, Magdalena Odarda debería hoy estar explicando en el Congreso Nacional por qué a 15 años de la Ley 26.160 de emergencia sobre propiedad y titularidad de tierras, los conflictos escalan en lugar de disminuir. Según Amnistía Internacional, ya en 2016 había 163 focos de conflictos territoriales; hoy son más de 200 y vemos todos los días cómo se recrudece el tema en el sur del país. La ley vence a fin de año ¿cuál es el plan del gobierno?, ¿prorrogarla sin informar?”.  

En 2006, el Congreso Nacional sancionó la Ley 26.160 que declaró la emergencia en materia territorial de las comunidades indígenas originarias del país por el término de 4 años, la cual fue prorrogada sucesivamente y vence el próximo noviembre.   

Entre las problemáticas que motivaron el proyecto señalan que existe una brecha significativa entre el marco normativo en materia indígena y su implementación real, la existencia de muchas comunidades indígenas que continúan sin ser relevadas en el Registro técnico, jurídico y catastral que establece la referida ley nacional y, fundamentalmente, la creciente conflictividad territorial que involucran a diversos grupos originarios y “el gobierno decide, en el mejor de los casos, ignorar o como ha declarado la gobernadora de Río Negro hace un tiempo, fagocitar”, señalaron. 

Ante esto, la diputada nacional Carla Carrizo reclamó por “un Estado que no sea de cartón, regule como corresponda y sirva así a las comunidades originarias para vivir mejor”; por “menos días, más políticas reales y efectivas”, concluyó.  

El proyecto es acompañado por los legisladores nacionales Alejandro Cacace, Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Claudia Najul, Gabriela Lena, Fabio Quetglas, Soledad Carrizo, Jorge Rizzotti, Lorena Matzen, Lidia Ascarate, Gustavo Mena, Aida Ayala, Pablo Torello, José Patiño, Federico Frigerio, Mónica Frade, Jorge Enríquez, Jorge Vara, Gonzalo Del Cerro y Martín Berhongaray 

Carla Carrizo dio las razones por las que no dieron quórum

“Gobernar en democracia es poder compartir una agenda que construya país”, señaló la vicepresidenta del bloque radical de la Cámara baja.

Partidaria de la aprobación de la ley de etiquetado frontal de alimentos, la diputada nacional Carla Carrizo explicó este miércoles por qué no hubo quórum en la Cámara baja el martes para tratar esa iniciativa. Señaló al respecto que “gobernar en democracia es poder compartir una agenda que construya país”.

“No pudo reunirse el quórum por la modalidad con la que el oficialismo convocó a la sesión. En el Congreso como en todas las áreas de la vida, nosotros tenemos reglas. Hay reglas formales y reglas informales. Hay una estrategia del oficialismo para utilizar el etiquetado de alimentos para generar un hecho político”, explicó la diputada que busca su reelección este año por Juntos por el Cambio.

En declaraciones a la AM 550, la vicepresidenta del bloque UCR señaló que “para que esto funcione bien, el kirchnerismo tiene que cambiar un poco la práctica del poder. Negociar no es abdicar. Hay una cultura de la negociación y del consenso en democracia. Gobernar en democracia es poder compartir una agenda que construya país. Después en las elecciones competimos y volvemos a construir gobierno. El mensaje de las urnas fue que hagan las cosas bien”.

Para Carrizo, “es una ley sumamente necesaria que en 2000 comenzaron los primeros proyectos para cambiar el enfoque y cuidar el modo en que nos alimentamos”. Recordó la diputada que “tuvimos cuatro reuniones informativas y vinieron de todos los sectores. Esta ley va a ordenar muchísimo lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles en la Argentina, la obesidad en la infancia y adolescencia”.

“Vamos hacia un enfoque está aplicado en todo el mundo que son las etiquetas de advertencia. Va a ayudarnos en la góndola a cómo elegir alimentos. Es una ley que se tiene que aprobar”, finalizó Carrizo.

Alertan que el Gobierno incumple con el Fondo para ayudar a víctimas de trata

Pedido de explicaciones de un grupo de diputados nacionales al Ejecutivo por la falta de implementación de dicho fondo.

La vicepresidenta del bloque UCR de diputados nacionales y actual candidata de Juntos por el Cambio, Carla Carrizo, junto a 25 legisladores, y a partir de los reclamos y denuncias de distintas ONGs y víctimas de trata de todo el país, que este jueves se reunieron por conmemorarse el Día Internacional contra la Trata de Personas, pidieron explicaciones al Ejecutivo Nacional sobre la falta de implementación del Fondo de Asistencia a Víctimas de Trata aprobado por la ley 27.508 en 2019.

“Este Fondo Fiduciario se creó hace dos años, hubo decomisos y tiene recursos, ¿por qué ese dinero no les llega a las víctimas como señala la ley? Aún no sabemos cuál es el motivo de esta situación. Lo que sí sabemos es que el Fondo está integrado por los bienes decomisados en delitos de explotación, trata y lavado de dinero, y se estima que hoy está integrado aproximadamente por 3 millones de dólares y 150 propiedades. Un patrimonio del que no se ha dado cuenta ni se explica por qué no ha llegado a las víctimas”, enfatizó Carla Carrizo.

El organismo que administra el Fondo es el Consejo Federal para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, a cargo del secretario de Justicia, Juan Martín Mena. El Consejo Federal solamente se ha reunido una vez desde diciembre del 2019 a la fecha.

En la misma sintonía, este jueves la directora General de la Mujer y titular del Comité de Lucha Contra la Trata de CABA, Carolina Barone y Pamela Malewicz, subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, elevaron una nota al secretario Mena para instar a la inmediata convocatoria al plenario de ese organismo. 

“¿Cree acaso el Gobierno que la pandemia volvió invisible el padecimiento de las personas que son víctimas de estos delitos federales? Pasar por una situación de explotación sexual es devastador para las víctimas; muchas veces no pueden reconstruir su vida laboral de forma inmediata y necesitan la protección del Estado”, señala la diputada de la UCR.

Según datos suministrados al Comité por el Programa Nacional de Rescate, desde el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021 fueron rescatadas y asistidas mil víctimas de trata en 20 provincias: el 68% corresponde a casos de explotación laboral y el 21% de explotación sexual.

 “El Fondo es ley, el dinero está y el incumplimiento del Gobierno es apropiarse de lo que les corresponde a las víctimas. Una política de Estado no depende de la mala o buena voluntad de los funcionarios y funcionarias, necesitamos que urgente se rinda cuentas de las demoras y de lo actuado”, sostuvo Carrizo.

El proyecto además solicita información sobre la ejecución del “Programa Nacional de Reparación de Derechos y de Fortalecimiento de las Competencias Laborales para las afectadas y los afectados por los delitos de Trata y Explotación de Personas”, que actualmente está funcionando en prueba piloto teniendo como destinatarias solo a 25 personas.

Como dijimos, el pedido de informes es acompañado por más de 20 diputados: Claudia Najul, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Alicia Fregonesi, Alejandro Cacace, Dolores Martínez, Mariana Stilman, Federico Zamarbide, Roxana Reyes, Ximena García, Jorge Enríquez, Maximiliano Ferraro, Gerardo Cipollini, Soledad Carrizo, Jimena La Torre, José Cano, Ricardo Buryaile, Alberto Asseff, Lidia Ascarate, Pablo Torello, Aida Ayala, Sofía Brambilla, Alfredo Schiavoni y Martín Grande.

Piden impulsar programa de salud mental para niños y adolescentes

Tras un ciclo de encuentros que involucró a más de cien participantes integrados por madres, padres y ong vinculadas a la infancia y adolescencia, desde Juntos por el Cambio pidieron respuestas a una de las consecuencia de la pandemia: la salud mental. Autocrítica y cuestionamientos al presidente Alberto Fernández.

“Necesitamos impulsar el primer programa nacional de salud mental para niñas, niños y adolescentes en el país”, reclamó Carla Carrizo, la vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados, junto a la diputada bonaerense Camila Crescimbeni (Pro), quienes encabezaron este jueves una mesa virtual junto a representantes de los tres poderes de la Ciudad de Buenso Aires, que debatieron sobre la otra pandemia que trajo el COVID: la “salud mental de niñas, niños y adolescentes en Argentina”.

Más de 100 participantes integrados por padres madres, responsables de hogares, referentes y ONGs que trabajan en infancia y adolescencia en Argentina, abrieron un ciclo de encuentros que se trasladará a cada provincia con el objetivo de generar el volumen político y social necesario para avanzar con políticas concretas en el Congreso nacional, según informaron a través de un comunicado.

El encuentro contó con las palabras de María Patricia Vischi, legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Salud; Manuela Thourte, legisladora porteña y vicepresidenta de la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia y Juventud; Pilar Molina, secretaria general de Gestión del Ministerio Público Tutelar de Ciudad de Buenos Aires y, Humberto Persano, director general de Salud Mental del Gobierno porteño.

Durante el debate, Carrizo se preguntó: “¿Qué pasaba con la Salud Mental de NNyA antes de la pandemia? Lo mismo que con la escuela: todos sabíamos que estaba el problema. Pero la dirigencia no reaccionaba con una acción colectiva. La estrategia fue en educación y en salud mental el salto hacia adelante”, protestó.

“¿Cuáles eran los datos antes de la pandemia? En 2017, según Unicef, su agenda prioritaria eran los adolescentes de la Argentina porque teníamos 10 muertes diarias. De esas 10 muertes, 6 eran evitables (autoagresión, accidentes, suicidios) Es decir, la emergencia de los adolescentes estaba invisibilizada para las familias y la dirigencia política Argentina”, destacó.

Y continuo: “El Congreso tenía 3 grandes leyes para la adolescencia: Ley de prevención del suicidio, sancionada en 2015; 6 años esperando ser reglamentada. Ley de salud mental integral sancionada en 2010 que omite mencionar a Niños/as y Adolescentes y la Ley de Protecciòn integral a la Infancia, sancionada en 2006, hace 16 años pero no habal de salud mental. Es decir, la respuesta del Estado estos 16 años fue evitar la patologizaciòn y no nombrar, es decir, omitir, ocultar”,

“Desde 2017 venimos trabajando en un proyecto que crea el primer programa nacional de salud mental para niñas y adolescentes, focalizado en la terapia multifamiliar, para achicar la medicalización y evitar la patologización y tampoco se pudo avanzar. Con la Pandemia todos estos datos empeoraron con un agravante. La ley de salud mental estipula que el 10% del presupuesto de salud debe asignarse a salud mental y sólo se le asignó el 2% ¿cuànto màs debemos avanzar?”, dijo la diputada radical en una autocrítica al gobierno de Mauricio Macri y también a la gestión de Alberto Fernández.

Luego, Camila Crescimbeni expresó que “siempre es interesante ver quiénes nos escuchan. Y somos, en una mayoría muy fuerte, mujeres. Lo cual por un lado es positivo por el trabajo muy particular que tenemos sobre este tema. Pero vale la pena resaltar que los temas de salud mental no son solamente nuestros. Es un tema también de los varones. Y tiene que ser una política que nos pueda atravesar. Tenemos el desafío de transmitirle a la sociedad que este es un tema del que tenemos que hablar y muy fuerte, nos atraviesa y nos recorre a todas y todos”.

“Con el proyecto que presentamos, hacer una gran campaña de concientización y de sensibilización respecto de la salud mental. Y ahí no queremos detenernos solo en la pandemia porque los puso muy en evidencia. Pero desde sectores, como el Observatorio de Psicología, nos alertaron sobre adolescencias y juventudes sobre los sentimientos agravados de angustia, depresión y soledad. Nuestro proyecto apunta a generar una campaña nacional donde podamos difundir los recursos que tenemos. Y nuestra intención es que se trabaje integralmente en temas de salud mental”, señaló la diputada bonaerense.

Por su parte, Humberto Persano, médico psiquiatra, consideró: “Creo que la escuela resolvió un problema que la salud no resolvió. Por ejemplo, a nadie se ocurría que un alumno secundario estudie junto a un niño del jardín de infantes. Pero en salud mental eso no está dividido. Entonces, tenemos en salas de pediatría bebés con adolescentes de 16 años. Eso, que parece un tema menor, es un tema muy grave porque los adolescentes carecen de un espacio propio de la salud. Hay que crear una sala de adolescentes separado de los niños. Eso la escuela lo resolvió, pero la salud no lo hizo”.

“Por otro lado, en salud mental infanto-juvenil el recurso humano es insuficiente. No alcanza con la redistribución de recursos, no alcanza con el apoyo de distintos efectores. Hay que generar muchos equipos en los lugares más cercanos a la gente. La pandemia puso sobre el tapete el pedido de la atención cercana al domicilio”, apuntó.

María Patricia Vischi, a su turno, remarcó que “los profesionales de la salud mental deben trabajar sobre medidas que orienten las acciones de los diferentes actores relevantes para proteger y evitar el sufrimiento de los niños, niñas y adolescentes que tenemos alrededor. Esto tiene que estar determinado, sin duda, por los factores que todos los días tenemos alrededor. Me parece que el compromiso de todos nosotros va a implicar tener una mejor dinámica sobre estos derechos que son humanos y sociales. Para eso vamos a comprometernos para garantizar poder salir de la mejor manera de esta pandemia que aún nos sigue sorprendiendo”.

Por su parte, Pilar Molina, dijo: “Los chicos se quedaron sin red donde se detectan vulneraciones de derechos. No es lo mismo la presencialidad, sobre todo para situaciones como organismos de Consejo de derechos, La Dirección de niñez, o la Asesoría General Tutelar. Son cuestiones que requieren escucha, mirada, abrazo, otro tipo de contención. Venimos de un tiempo muy largo de vulneración de derechos en los que no hubo un cumplimiento de ese norte que nos marca la Convención hace 32 años, que es el interés superior del niño. Frente a cualquier decisión público-privada que haya que tomar, esas decisiones deben ser lo mejor para los chicos”.

Por último, Manuela Thourte señaló que “desde la Legislatura, desde el inicio del aislamiento, trabajamos algunos proyectos que tenían que ver con permitir las salidas recreativas de los niños. Y también trabajamos para que el Ejecutivo estableciera protocolos para los tratamientos de los chicos con trastornos de salud mental porque en algún momento se habían discontinuado cualquier tipo de atención. Perder el miedo a estigmatizar cuando hablamos de salud mental y afianzar el concepto de salud integral que es fìsica, mental y emocional”.

Carla Carrizo impulsa un debate virtual sobre salud mental en niños y adolescentes

La vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara baja encabezará el encuentro en el que funcionarios y expertos debatirán sobre la salud mental de los jóvenes tras la pandemia, los programas que existen y las políticas que necesitamos.

Carla Carrizo, vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara baja, junto a su par Camila Crescimbeni encabezarán una mesa virtual de debate sobre la problemática que trajo pandemia de Covid 19 respecto a la salud mental de niñas, niños y adolescentes en Argentina

Durante más de una hora, María Patricia Vischi, legisladora porteña y presidenta de la Comisión de Salud;  Manuela Thourte, legisladora porteña y vicepresidenta de la Comisión de Mujer, Infancia y Adolescencia y Juventud; Pilar Molina, Secretaria General de Gestión del Ministerio Público Tutelar de Ciudad de Buenos Aires y, Humberto Persano, director general de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires analizarán el problema que advierten los expertos: salud mental de los jóvenes tras la pandemia, los programas que existen y las políticas que necesitamos

El encuentro se llevará a cabo este jueves, desde las 19:30 y contará además con la presencia de legisladores de CABA y funcionarios públicos. 

Carla Carrizo: “Para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes hay que incomodar oficialismos”

Tras la reunión de la Comisión Bicameral de Niños, Niñas y Adolescentes, la diputada radical advirtió la responsabilidad del Congreso luchar contra el abuso sexual infantil.

La vicepresidenta del bloque UCR de diputados nacionales, Carla Carrizo, participó de la reunión de la Comisión Bicameral de Niños, Niñas y Adolescentes que recibió a cinco defensores de distintas provincias y contaron cómo es la situación en cada distrito. 

“Recibimos a los defensores de cinco provincias. La institución falta aún en 19. Quiero felicitarlos por los avances y no olvidar que el rol de las Defensorías del Niño en las provincias y la Nación, como la de la Bicameral de Congreso es controlar lo que los sistemas de protección hacen mal. Es decir que, para garantizar derechos a niñas, niños y adolescentes hay que incomodar oficialismos”, expresó tras el encuentro la diputada radical. 

En este sentido, señaló que es tarea del Congreso “elevar penas en el abuso sexual infantil porque hoy tiene la misma pena que un cheque sin fondos, la salud mental de niños y adolescentes que está ausente en las políticas, y avanzar en adopción y sistemas de cuidado”, añadió la precandidata de Juntos por el Cambio.  

“La deuda del Ejecutivo: reglamentar la ley 26290 de 2007 que establece cómo las fuerzas de seguridad deben actuar con niñas, niños y adolescentes, 14 años sin reglamentar y durante 2020 y 2021 el tema fueron los casos de violencia institucional ¿Cuánto más esperar?”, finalizó Carrizo. 

“Argentina dejó de ser elegible para los propios ciudadanos”

Así lo expresó la diputada nacional Carla Carrizo al analizar que los jóvenes y adultos tengan como objetivo “irse” del país.

La diputada nacional Carla Carrizo advirtió sobre “un deterioro democrático tan profundo” que conspira contra el deseo de muchos argentinos de quedarse en el país, aunque aclaró que ello “no es sinónimo de Venezuela por un montón de razones”.

En declaraciones a través de Radio Ciudad por la AM 1110 la vicepresidenta del bloque UCR expresó: “Hay un deterioro democrático tan profundo en la Argentina de instituciones, de hábitat, de bienestar que no es verdad que se quieran ir los jóvenes: se quieren ir los jóvenes, los adultos y las personas mayores”, por lo que “dejó de ser elegible por los propios ciudadanos”.

“Hay un agotamiento. No estamos viviendo bien porque la democracia es un hábitat. Es un modo de vivir de tranquilidad, de disfrutar y todo eso se ha perdido. Entonces necesitamos recuperar ese país. Hay un deterioro democrático tan profundo en la Argentina que dejó de ser elegible por los propios ciudadanos”, ratificó la legisladora.

Carrizo remarcó que “hay un componente autoritario en el partido de gobierno, en el Frente de Todos, pero no es sinónimo de Venezuela. Argentina no es Venezuela por un montón de razones”.

“Hay que bajar los decibeles, liderar un proyecto que construya sensatez, bienestar y cuidado. Estamos a diez diputados de que el Frente de Todos tenga mayoría propia en la Cámara de Diputados. Necesitamos minimizar la capacidad de daño de un oficialismo que se piensa a sí mismo, y al mismo tiempo liderar un proyecto en la Argentina que dure, que puede generar un ciclo de bienestar, de desarrollo, sensatez y confianza que es lo que todos necesitamos”, razonó la diputada nacional.

Para Carla Carrizo JxC “está teniendo un proceso de crecimiento”

A eso atribuyó la legisladora radical “ruido” que se está produciendo en el marco de las internas que se están dando en esa fuerza en todo el país.

La diputada nacional Carla Carrizo (Juntos por el Cambio – CABA) relativizó los problemas generados en el marco de la interna dentro de la principal oposición, y, por el contrario, valoró que “las urnas ordenan”, al tiempo que destacó que más listas son “más voces en el espacio público”.

En diálogo con Radio Del Plata, la legisladora, que va por su reelección en las próximas elecciones, aseguró que hay un proceso de crecimiento y “por eso hay mucho ruido”, en relación con las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

A pocos meses de las elecciones y con internas en los distintos partidos, Carla Carrizo destacó que “Juntos por el Cambio está teniendo un proceso de crecimiento y por eso hay mucho ruido porque tiene competencia en 16 provincias. Eso te pone en escena un proceso que tiene que ver con el recambio generacional de quienes lideraron la coalición en 2015 y quienes la van a liderar de 2021 en adelante”.

“En el Frente de Todos no vemos tanto eso porque ellos tienen lista de unidad en 18 provincias; pero competencia, en 6 provincias”, puntualizó la vicepresidenta del bloque UCR de diputados nacionales.

Por último, Carrizo señaló: “Hay un mensaje claro de que cuando hay competencia hay ruido. Las urnas ordenan. Celebro la cantidad de listas porque son más voces en el espacio público. Las PASO son un momento donde la ciudadanía escruta a la dirigencia política y todos los candidatos que quieran competir son bienvenidos”.   

A 55 años de La Noche de los Bastones Largos

Legisladores de todos los sectores recordaron ese episodio negro de la historia argentina.

Un 29 de julio como hoy, pero de 1966, efectivos de la Policía Federal Argentina irrumpieron en cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, desalojando violentamente a quienes allí desempeñaban tareas. Ese episodio emblemático es conocido como “La Noche de los Bastones Largos”.

Fue durante la gestión presidencial del general Juan Carlos Onganía, que decidió reprimir a las autoridades universitarias, profesores y alumnos que reclamaban en defensa de la autonomía universitaria.

Desde todos los sectores recordaron en las redes sociales este jueves ese episodio.

Por ejemplo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien escribió: “A 55 años de la Noche de los #BastonesLargos, la defensa de la autonomía universitaria, y el fortalecimiento de una educación pública, inclusiva, gratuita y de calidad es parte de un proyecto de país que nos une a todos y todas”.

Desde el radicalismo, la diputada Carla Carrizo expresó: “La Argentina de la exaltación y la locura. Hace 55 años, todos lo sabemos, la noche de los Bastones Largos no hubiese ocurrido sin la coalición Onganía que un mes antes derrocaba a Illia. Ver para no olvidar, aprender para no repetir”.

Su compañero de bancada y espacio Emiliano Yacobitti tuiteó por su parte: “Se cumplen 55 años de la Noche de los Bastones Largos. Aquellos jóvenes que defendían los pilares de la Reforma Universitaria: cogobierno y autonomía, continúan en nuestra memoria cada vez que reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos, la libertad y la educación”.

La legisladora porteña del kirchnerismo Luciana Cámpora señaló: “Hace 55 años, la dictadura de Onganía entraba a reprimir en cinco facultades de la UBA. Exactas, Filo, Medicina, Arquitectura e Ingeniería sufrieron los golpes, la represión y los 400 detenidos de la Noche de los Bastones Largos”.

También desde la Legislatura porteña, Javier Andrade recordó que esa noche, hace 55 años, “la dictadura de Onganía intervenía universidades nacionales con las fuerzas militares y reprimían a estudiantes y profesores. Y agregó una frase de Cristina Kirchner: “Cuando un gobierno tiene ideas cortas, necesita bastones largos”. Su compañero de bancada Matías Barroetaveña destacó que “55 años después seguimos repudiando la dictadura de Onganía, decimos nunca más, defendemos la democracia y la educación pública”.

A su vez, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara alta, Luis Naidenoff, señaló: “Hoy se cumplen 55 años de la Noche de los Bastones Largos, el feroz ataque de la dictadura de Onganía contra quienes defendían la autonomía universitaria y la educación pública. Mantengamos la memoria intacta y defendamos siempre la universidad libre y autónoma”.

“Hoy se cumple un nuevo aniversario de La Noche de los Bastones Largos, cuando la dictadura de Onganía ingresó a la UBA para reprimir a docentes y estudiantes que defendían la autonomía universitaria y la soberanía científica”, señaló el diputado cordobés Pablo Carro, en tanto que desde el Pro Victoria Morales Gorleri señaló: “Recordar la Noche de los Bastones Largos debe fortalecernos en nuestra certeza de la imprescindible autonomía universitaria. Nuestra educación es sagrada y debemos defender el pensamiento crítico y diverso”.

El diputado nacional Carlos Cisneros recordó: “Se cumplen 55 años de la Noche de los Bastones Largos, uno de los peores hechos de nuestra historia: la dictadura de Onganía quiso liquidar a garrotazos los ideales de cientos de estudiantes. La falta de memoria nos condena a repetir el pasado, por eso volvemos a decir #NuncaMás”.

A su vez, Lorena Matzen recordó ese episodio como “uno de los episodios más oscuros de nuestro país, a un mes del golpe de Estado a Illia. Mantenemos la memoria intacta y reivindicamos nuestro compromiso democrático con una universidad pública, libre y autónoma”, y su par Karina Banfi tuiteó: “Ningún bastón podrá apagar la luz de las ideas”. Y agregó: “Hoy se cumplen 55 años de la Noche de los Bastones Largos. Los gobiernos autoritarios siempre buscan callar al pensamiento crítico, pero la libertad siempre resiste. No nos olvidamos. Hoy volvemos a decir #NuncaMás”.

La senadora nacional Nancy Gonzalez escribió: “Un día como hoy, pero de 1966, la dictadura de Juan Carlos Onganía desalojó violentamente a estudiantes y docentes de distintas facultades de la UBA, que se encontraban defendiendo la autonomía universitaria. Ese día es recordado como La Noche de los Bastones Largos”.

“A 55 años de la noche de los bastones largos, uno de los episodios más repudiables de la historia argentina. La dictadura de Onganía intervino universidades y reprimió a autoridades, estudiantes y profesores que reclamaban en defensa de la autonomía universitaria”, tuiteó Marisa Uceda.

Diputada lamentó la omisión del Congreso en la presentación de los DNI no binarios

El Gobierno nacional presentó este miércoles el “Documento Nacional de Identidad para personas no binarias” con un acto en el Museo del Bicentenario donde el presidente de la Nación Alberto Fernández hizo el anuncio. Fue por decreto y desde Junto por el Cambio se pidió que fuera por ley.

Luego de que se publicara el Decreto 476/2021 que crea el DNI no binario, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires Carla Carrizo (Juntos por el Cambio destacó el objetivo de la iniciativa pero remarcó: “Lamento la omisión del Congreso en esto porque la regla según la cual los Derechos Humanos le pertenecen a los pueblos no a los gobiernos, no se debería quebrar”.

En su cuenta de Twitter, Carrizo continuó: “Esto por un principio básico pero clave: en democracia los derechos no se agradecen ni se conceden; sólo se garantizan por ley”.

Desde otro punto de vista, el diputado porteño Fernando Iglesias (Juntos por el Cambio) criticó al presidente Alberto Fernández porque durante el acto señaló: “¿Al Estado le importa el género que cada uno percibe para sí mismo? Lo que realmente le importa es registrar a las personas, que cumplan con sus impuestos, eso sí es lo que importa”.

Ante esa frase, Iglesias arremetió: “’Lo que realmente le importa es registrar a las personas, que cumplan con sus impuestos, eso sí es lo que importa’” manda el que muchos de este barrio vendían como neomenemista. Háganse ver”, disparó.

Denuncian que las fuerzas de seguridad santiagueña violan derechos de los menores

“En Santiago del Estero las fuerzas de seguridad violan los derechos de niños y adolescentes y el Gobierno nacional no debe permitirlo en ninguna provincia”, advirtió la diputada Carla Carrizo.

Carla Carrizo, vicepresidente del bloque de diputados de la UCR, junto a 10 diputadas y diputados de Juntos por el Cambio, integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, solicitaron que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, que explique al Congreso qué medidas se han tomado sobre “el accionar arbitrario, violento y abusivo de la policía de Santiago del Estero con un adolescente de 14 años que fue detenido en una cárcel de adultos, el viernes pasado, en el marco de las medidas restrictivas por el Covid”.

“Los niños y adolescentes en Argentina, no pueden ser detenidos en comisarías ni cárceles para adultos, menos por ir a comprar una garrafa en bicicleta en plena luz del día; un procedimiento absolutamente violatorio de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes garantizados en el país”, señaló Carrizo.

Esto ocurrió en la localidad de La Cañada, el pasado viernes 28 de mayo.  Según Carrizo, “seguimos viendo ahora en 2021, como lo vimos en 2020 aunque no se haya reflejado en los medios nacionales, cómo las fuerzas de seguridad en las provincias actúan como si la infancia y la adolescencia no tuvieran derechos y leyes en Argentina. De hecho hay una ley específica, votada en el Congreso en 2007, la ley 26.290 que indica específicamente la capacitación obligatoria de las fuerzas de seguridad en los derechos de niñas/os y adolescentes en Argentina. Llevamos 14 años sin implementarla, se lo pedimos a la ministra de Seguridad, en un proyecto a principios de 2020, que por favor la reglamente y la implemente. ¿Cuántas víctimas más tenemos que denunciar en los medios por falta de implementación estatal?”.

A través de un proyecto de resolución, los diputados, solicitan que la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional y del Reglamento de la Cámara de Diputados,  brinde explicaciones sobre qué medidas se han tomado en relación a este hecho de violencia institucional en particular, y sobre el grado de implementación de la ley sobre capacitación obligatoria de las fuerzas de seguridad de derechos humanos reconocidos a niñas, niños y adolescentes en todo el país”.

“No podemos naturalizar la criminalización de la niñez y la pobreza que ocurre en varias provincias incluso antes de la pandemia pero que con las restricciones del Covid se han agravado”, finalizó la diputada radical.

La solicitud cuenta con las firmas de Carla Carrizo, Silvia Lospennato, Dolores Martìnez, Gabriela Lena, Emiliano Yacobitti, José Patiño, Dina Rezinozky, Alejandro Cacace, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Adriana Cáceres y Sebastián Salvador.

Proponen un bono extraordinario para otorgar a personas mayores

La iniciativa de diputados de Juntos por el Cambio se entregaría a aquellos individuos que sufrieron demoras en sus trámites jubilatorios durante la pandemia.

Los diputados de Juntos por el Cambio Carla Carrizo (UCR), Alejandro Cacace (UCR), Graciela Ocaña (Pro) y Martín Berhongaray (UCR), junto a cuarenta diputados de Juntos por el Cambio, presentaron un proyecto de ley que busca otorgar un bono compensatorio extraordinario equivalente a 3 haberes mínimos para las personas que han visto sus trámites jubilatorios demorados por la atención de ANSeS durante la pandemia, y por lo cual estiman que el Estado tuvo un ahorro fiscal de 21.000 millones de pesos.

Sostienen quienes impulsan esta iniciativa que las restricciones implementadas por el Gobierno nacional, debido a la pandemia de Covid-19 durante el 2020 tuvieron repercusiones también en la obligación que tiene el Estado de garantizar un derecho elemental como es el acceso a la seguridad social, perjudicando en la percepción de sus beneficios previsionales a más de 100 mil personas en todo el país.

La ausencia de atención por parte de las UDAI/Áreas operativas de la ANSES durante cuatro meses consecutivos, a partir del 16 de marzo de 2020, tuvo como principal problema el retraso del inicio efectivo del turno para dar comienzo a la solicitud de la prestación. Esto generó, además, múltiples problemas en la comprensión de la atención virtual ante las deficiencias en las respuestas obtenidas, la dilación para la obtención de turnos y los conflictos con el cobro del importe de los retroactivos. Inconvenientes que continúan hasta la fecha.

“Debido a la atención irregular de ANSeS desde el inicio de la pandemia, 110 mil personas que podrían haber tramitado exitosamente su jubilación (casi la mitad de las altas anuales) no han podido hacerlo durante el 2020”, afirmó el diputado Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

En efecto, el perjuicio registrado se refleja en la drástica disminución de altas de jubilaciones durante el 2020. De acuerdo con el último Boletín de la Seguridad Social disponible: en 2020 se jubilaron 120.629 personas, la menor cifra en 10 años. En 2019 la cantidad de altas de beneficios jubilatorios fue de 231.445 y en 2018 de 224.171. Mientras tanto, el número de altas de pensiones también registró su menor cantidad de los últimos 10 años (BESS).

De acuerdo con la vicepresidente del bloque de diputados UCR, Carla Carrizo, “las demoras o inconvenientes para iniciar el trámite jubilatorio, no demuestran solo un incumplimiento en el acceso al derecho a la seguridad social, sino también un ahorro fiscal por parte del Estado, un ajuste encubierto que se hace de manera administrativa y que afecta a miles de personas mayores en el país”.

Por ello, se plantea la necesidad de resarcir a las personas que se han visto perjudicadas por la atención irregular de ANSeS, ya que afecta el pleno acceso a la seguridad social a un grupo tan vulnerable como el de las personas mayores, cuya situación se ha visto agravada en este contexto. En esa línea, se prevé un bono compensatorio extraordinario equivalente a 3 haberes mínimos para los damnificados ($61.714,32), el cual, de aprobarse ahora, tendría un costo fiscal de solo una tercera parte de todo lo que se ahorró ANSeS al demorar la fecha inicial de pago de los solicitantes.

Por otra parte, el diputado Martín Berhongaray, destacó que “la ANSeS está perjudicando a muchas personas que han cesado en toda actividad remunerada y no tienen otro ingreso, a pesar de que podían contar con la protección que aseguran las leyes jubilatorias”.

“Los jubilados vienen siendo perjudicados desde que asumió el gobierno, a pesar de que prometieron mejorar su situación. Primero suspendieron la movilidad de los haberes y se ahorraron 100 mil millones de pesos, luego modificaron la fórmula para otorgar aumentos inferiores al aumento de la inflación, y resulta que con su atención ineficiente también perjudican a las personas solicitantes”, concluyó la diputada Graciela Ocaña, coautora del proyecto.

Además de este proyecto, los diputados presentaron también una iniciativa para que la ANSeS garantice la transparencia en las comunicaciones diarias, en lo referente a resoluciones, comunicaciones, circulares, normativas y manuales que emita, ya que hoy en día no se encuentran publicadas ni en el Boletín Oficial ni en su página web, incumpliendo lo que exige la Ley de Acceso a la Información Pública.

Acompañan también los proyectos los diputados Alfredo Cornejo, Omar De Marchi, Claudia Najul, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Ximena Garcia, Mario Arce, Monica Frade, Pablo Torello, Hernán Berisso, Juan Aicega, Soledad Carrizo, Josefina Mendoza, Alicia Terada, Adriana Ruarte, Dolores Martínez, Gustavo Menna, José Riccardo, Fabio Quetglas, Lidia Ascarate, Laura Carolina Castets, Alicia Fregonese, Luis Pastori, Luis Petri, Ingrid Jetter, Martín Grande, Silvia Lospennato, Héctor Stefani, Diego Mestre, Leonor Martínez Villaba, Albor Cantard, Aida Ayala, Federico Zamarbide, Gonzalo del Cerro, Carlos Fernández, Camila Crescimbeni, Luis Juez, María Luján Rey, Juan Martín y Jorge Enríquez.

Repudian represión de una manifestación de gastronómicos en Santiago del Estero

La diputada radical Carla Carrizo presentó proyectos contra la violencia institucional en esa provincia y pide explicaciones al Ejecutivo.

La vicepresidenta del bloque de diputados nacionales de la UCR, Carla Carrizo, junto a 16 legisladores de Juntos por el Cambio, pidieron explicaciones al Ejecutivo Nacional sobre los casos de violencia institucional de las fuerzas de seguridad ocurridos en la provincia de Santiago del Estero el 25 de mayo durante una manifestación de trabajadores gastronómicos, frente a la Casa de Gobierno y que tuvo como resultado el amedrentamiento y la detención arbitraria de más de quince personas.

A través de dos proyectos de resolución, los diputados solicitan al Poder Ejecutivo de la Nación que informe qué medidas se han tomado en conjunto con las autoridades provinciales con el fin de identificar responsables y la potencial comisión de vulneraciones a los derechos de los ciudadanos de la provincia.

Al mismo tiempo expresaron su más enérgico repudio en manifiesta violación de los derechos humanos perpetrados por efectivos vestidos de civil y sin identificar que tuvo como resultado el amedrentamiento y la detención arbitraria de más de quince personas.

Además, se solicita al Poder Ejecutivo que informe si la presencia de personal policial de civil en procedimientos en la vía pública es una práctica avalada; cuántas denuncias existen por violencia institucional y abuso de autoridad de las fuerzas policiales,; si existe un protocolo unificado de actuación ante casos de violencia institucional a nivel nacional, y en cuántos casos intervino la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional.

“Estos actos represivos, reminiscencia de las épocas de la dictadura militar, en los que la ciudadanía no puede identificar a los efectivos policiales son contrarios al principio de seguridad democrática que debería regir en el accionar policial y su relación con la ciudadanía”, sostuvo Carla Carrizo sobre la iniciativa.

“Los hechos fueron viralizados a través de las redes y son de una preocupación mayúscula. Participan efectivos vestidos de civil que se niegan a identificarse y obligan a las víctimas, aún con permiso para circular, a ser trasladadas a dependencias policiales. Es decir, el despliegue policial con el objeto de reprimir fue llevado a cabo con un grado de arbitrariedad y falta de razonabilidad que ponen de manifiesto que en Santiago del Estero se ha desarrollado un accionar más vinculado a actos de persecución que dé cumplimiento de la ley”, agregó la diputada radical.

Los proyectos además de la diputada Carla Carrizo, llevan las firmas de los diputados Alfredo Cornejo, Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Dina Rezinozky, Marcela Campagnoli, Niki Cantard, Claudia Najul, Ximena García, Lidia Ascárate, José Luis Patiño, Mónica Frade, Gabriela Lena, José Cano, Gerardo Cipolini, Tito Stefani, Alejandro Cacace y Silvia Lospenatto.

Carrizo: “No me gusta que la derecha esté cerca de la coalición de JxC”

La diputada nacional y vicepresidenta del bloque de la UCR mostró preocupación por la derecha politizada y los liderazgos en el partido en el contexto de las elecciones internas.

La diputada nacional Carla Carrizo (UCR-CABA), vicepresidenta del bloque de la Unión Cívica Radical , dijo que no le gusta “que la derecha esté cerca de Juntos por el Cambio”, consideró que su sector quiere “discutir poder”, para lo cual “hay que tener votos”. Reclamó “un radicalismo potente”.

En diálogo con la radio online FutuRöck, Carrizo -que pertenece a Evolución Radical, el sector que comanda el senador Martín Lousteau- contó que esa agrupación ya disputó elecciones internas en Córdoba, y el próximo domingo hará lo mismo en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires.

“Nos enfrentamos a toda la estructura y en 15 días armamos una lista. Hoy no tenemos los resultados oficiales porque hay un punto de diferencia, es un empate técnico. Esto pone en evidencia un proceso competitivo”, alegó la diputada nacional sobre la pelea en Córdoba, donde la lista de Lousteau (liderada por Rodrigo de Loredo, extitular de Arsat y yerno del exministro Oscar Aguad) enfrentó al sector que comanda el jefe del bloque de JxC, el radical Mario Negri.

“Competir es rendir cuentas, generar liderazgos”, celebró la radical sobre las internas, al tiempo que minimizó las peleas que se dan en ese escenario. “Vos lo ves también en el Frente de Todos. Hay conflictos internos porque no pensás lo mismo en todo. Y está buenísimo. Pero uno tiene que negociar cómo minimizar daños”, argumentó la legisladora nacional.

Sobre su sector, afirmó que buscan “un radicalismo con otro perfil, con autonomía, con protagonismo”, y cuestionó los “liderazgos de papel” dentro de su partido.

“Si sos un líder y no tenés votos, sos un líder de papel”, argumentó y panteó que “el problema es que esos liderazgos inciden y deciden la política del país. Para discutir poder hay que tener votos, e ideas”.

Para Carrizo, entre este tipo de radicales, hay muchos que “fueron los más macristas, y ahora son los más albertistas”. “Queremos socios plenos, discutimos poder, y para discutir poder hay que discutir votos”, apuntó además la dirigente, que pidió que su partido “no esté para disputar carguitos”.

En otro tramo de la entrevista, sostuvo que “tanto el radicalismo como el peronismo tienen un componente conservador de la política argentina”, pero se mostró preocupada porque hoy hay además una “derecha politizada y activista”.

“A mí no me gusta que la derecha esté cerca de la coalición de Juntos por el Cambio”, expresó. “Una cosa es la derecha democrática y otra cosa es la derecha anti democrática y eso se nota en el discurso, en las acciones” explicó y sumó que “a mi no me gusta tener esos socios”, “me asusta tener algo que ver con esa gente”.

Finalmente, consultada sobre la participación de Enrique “Coti” Nosiglia detrás de la estructura de Lousteau, consideró que “es un político del ’83” y que ‘la gente que tiene oficio y política ayuda a pensar”, pero aseguró que tanto él como Federico Storani y Juan Manuel Casella (todos enrolados tras Lousteau) “no están disputando cargos” en esta elección. Sin embargo, diferenció: “Hay otra gente que es del ’83 y sigue compitiendo”.

Proponen que expresidentes y vices comiencen a pagar Ganancias

La iniciativa busca cambiar el régimen de asignaciones para que estas figuras tengan los mismos gravámenes -y responsabilidades fiscales- que cualquier otro ciudadano argentino pensionado o jubilado del régimen general.

Más de 40 diputados nacionales acompañan un proyecto presentado por Carla Carrizo, vicepresidenta del bloque de la UCR, y Alejandro Cacace, vicepresidente de la Comisión de Previsión Social en Diputados, que busca modificar el régimen de asignaciones a expresidentes y vicepresidentes de la Nación.

“Todos sabemos que lo que pasó con las vacunas es la punta del iceberg de un Estado que tiene la práctica del privilegio ya desde la ley. “La existencia de una pensión para quienes tuvieron la responsabilidad de ocupar el máximo cargo de un Estado democrático es correcta. Es un prestigio que las democracias reconocen, pero en Argentina, el privilegio opaca el mérito y es lo que debemos y queremos modificar”, explicó la diputada porteña.

El proyecto anula esos privilegios que avala la ley actual, incluyendo el pago de impuestos a las ganancias; prohibiendo la doble percepción (pensión y cargo en actividad), estipulando que solo podrán acceder a la pensión quienes hubiesen gobernado el 60% del tiempo en el mandato (eso excluiría del beneficio al ex Presidente Rodríguez Saa que en la crisis de 2002 gobernó un mes) y prohíbe la percepción a quienes hayan sido condenados por delitos contra el Estado.

Los cuatro cambios que propone el proyecto

El proyecto es acompañado con las firmas de los diputados Carla Carrizo, Alejandro Cacace, José Riccardo, Federico Zamarbide, Jorge Vara, Graciela Ocaña, Soledad Carrizo, Sofía Brambilla, Albor Cantard, Silvia Lospennato, Pablo Torello, José Luis Patiño, Alicia Terada, Brenda Austin, Juan Martin, Emiliano Yacobitti, Martín Grande, Mariana Stilman, Adriana Ruarte, Claudia Najul, Dolores Martínez, Aida Ayala, Diego Mestre, Martin Berhongaray, Luis Pastori, Marcela Campagnoli, Ximena García, Fabio Quetglas, Paula Oliveto Lago, Juan Manuel López, Atilio Benedetti, Gustavo Mena, Maximiliano Ferraro, Gabriela Burgos, Lidia Ascárate, Jimena Latorre, Estela Regidor, Lorena Matzen, Roxana Reyes, Camila Crescimbeni, Ingrid Jetter, Virginia Cornejo, Gonzalo Del Cerro, Mónica Frade, Gerardo Cipolini y Ricardo Buryaile.

  • Pagar el impuesto a las ganancias como se le exige a los jubilados que llegan a ese piso en sus haberes. Hoy las pensiones presidenciales estàn exentas de esa obligación fiscal porque la ley actual las equipara al salario de un juez y en Argentina los jueces no pagan ganancias (salvo los designados a partir de 2017).
  • Prohíbe la doble percepción. Quienes ejercen un cargo tendrán que optar pero dos sueldos de la Administración Pública en simultáneo es justo lo que prohíben los países que otorgan una pensión a sus ex presidentes/tas.
  • No podrán acceder a la pensión presidencial quienes hayan ejercido el cargo menos del 60% del mandato.
  • Por último, excluye del cobro quienes fueran condenados por delitos contra el Estado entendiendo que “no se puede premiar a quienes hayan quebrado la confianza de la ciudadanía y faltado en su responsabilidad en el sistema democrático”, indicó.

Presentan un proyecto para impedir la suspensión de las PASO

Se trata de una iniciativa de la diputada Carla Carrizo, quien propone una serie de medidas para “mejorar” la norma vigente.

“Las leyes no se suspenden; pueden mejorarse o derogarse, pero nunca suspender un derecho”, es lo que opina la diputada nacional Carla Carrizo en el proyecto que acaba de presentar para contraponer a las iniciativas que promueven suspender las PASO. La legisladora del espacio de Martín Lousteau pretende, por el contrario, que no se puedan suspender las PASO, e incluso mejorarlas.

De tal manera, Carrizo pretende no solo “garantizar la permanencia de las PASO declarándolas no susceptibles de ser suspendidas”. Explica la diputada que de esta manera busca “generar certidumbre e institucionalización de las reglas electorales.

El proyecto modifica también el artículo 20 de la Ley 26.571, de modo tal que las elecciones se celebren “el segundo domingo de septiembre del año en que se celebren las elecciones generales previstas en el artículo 53 del Código Electoral Nacional”. Con ello se busca cumplir con el objetivo de “acortar el tiempo entre las primarias y las elecciones generales con el objetivo de evitar que las campañas políticas y los procesos electorales ocupen gran parte del año”.

Asimismo sugiere disminuir los topes de gastos de campaña de aquellos partidos políticos y alianzas en las primarias de 50% del gasto de las generales al 25%.

Por otra parte ordena un tema que hoy por hoy ha dado lugar a situaciones de incertidumbre respecto al mecanismo a aplicar para el cumplimiento de la paridad de género, estableciendo que el orden de los y las candidatos/as “respete los votos y la paridad de género por la lista interna a la hora de la conformación de las listas para la elección general”.

El proyecto, que lleva también las firmas de los diputados radicales Dolores Martínez, Emiliano Yacobitti, Ximena García, Lorena Matzen, Gabriela Lena y Miguel Nanni, recuerda que en el año 2003, el Poder Ejecutivo Nacional, de origen parlamentario promovió la suspensión de la Ley 25.611 que un año antes intentaba remediar los problemas de representación política. “Una disputa por la sucesión presidencial, ante el escenario electoral de 2003, generó modificaciones ad hoc sobre las reglas para las elecciones internas y generales de candidatos presidenciales, suspendiendo entonces las internas obligatorias. “El conflicto entre el entonces presidente Duhalde y su delfín, Kirchner, el expresidente Carlos Menem y Rodríguez Saá, fue el motor de la alteración de las normas”, recuerda Carrizo.

¡El resultado de las PASO impacta en las decisiones electorales para las elecciones generales de votantes y de agrupaciones. Y por supuesto, su sola existencia funciona también como incentivo para agrupar, formar coaliciones, cuando se usan y cuando no se usan”, enfatiza también el proyecto.

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Para Carla Carrizo, la ley del aborto es “un paso que la democracia argentina tiene que dar”

La vicepresidenta del bloque de diputados nacionales de la UCR analizó por radio la posibilidad de tratar el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en sesiones extraordinarias.

Enfática defensora de los derechos de las mujeres en general y la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en particular, la diputada nacional Carla Carrizo sostuvo que “la sociedad tiene que entender que esto no obliga a nadie. Es habilitar el uso de un derecho personalísimo para mujeres, para adolescentes”.

“Me parece que esta ley ordena. Es un paso que la democracia argentina tiene que dar sin tanto conflicto. Y me parece un momento muy oportuno políticamente”, explicó por FM 89.5.

A Carrizo le parece “una buena noticia” la que dio Vilma Ibarra el lunes pasado, “porque se jerarquiza el valor de la palabra pública de la institución presidencial. El presidente, de alguna manera, puso en escena todo lo que fue el debate de 2018. Y me parece que le dio un lugar muy destacado en la política argentina a todo ese proceso de construcción del movimiento feminista que fue súbito en 2018”, finalizó la diputada radical.

La UCR propone cambiar el modo en que se trata el Presupuesto nacional

El proyecto, impulsado por Carla Carrizo, establece reglas de cómo debe la Cámara de Diputados discutir el Presupuesto, con el objetivo de “evitar discrecionalidad de los gobiernos”.

La vicepresidenta del bloque UCR de la Cámara baja, Carla Carrizo, junto a 24 diputados de su bloque, presentó un proyecto para modificar la Ley 24.156 de Administración Financiera sancionada en 1992. 

Al respecto, señaló que este año, particular por la emergencia sanitaria, económica y social que vive el país, “tratamos el presupuesto en 43 días, tuvimos 4 reuniones en la Comisión de Presupuesto a la que asistieron 4 ministros de los 20 que tiene la Administración Pública: los ministros de Economía, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Productivo; 3 de estos ministerios concentran el 11% del total de gastos, pero no vino a informar ni a explicar a Diputados el ministro de Trabajo que tiene casi el doble de lo asignado a esos tres ministerios juntos, ¿cuál es el criterio?“, cuestionó Carrizo, y agregó: “Tampoco asistieron los ministros de Salud, Educación, Seguridad, ningún organismo de control; en las democracias que funcionan bien no se debate así el presupuesto; la ley más importante de todos los Congresos porque trata justamente de qué hace la dirigencia con el dinero del pueblo”. 

El proyecto presentado establece reglas de cómo debe la Cámara de Diputados discutir el Presupuesto y sigue parámetros internacionales de cómo otros Congreso lo hacen; destacan dos importantes: rendición de cuentas de cada ministerio (incluidos los organismos de control) con el plan de inversión y/o prioridades de política para el año siguiente y debate en el recinto con sesiones ordinarias o de tablas, no “especiales” que “rompen la tradición parlamentaria y dan siempre márgenes de discrecionalidad a los oficialismos”, una práctica, que −según la diputada- se inició en 2009 y continúa hasta hoy. 

El proyecto propone así incorporar los informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso previo al tratamiento en la Comisión de Presupuesto, incluir reuniones obligatorias con ministros y funcionarios de las agencias estatales para que expliquen las previsiones presupuestarias para el año siguiente; agregar la regulación de los términos de los debates dentro de las Comisiones de Presupuesto en ambas cámaras; y establecer el tratamiento exclusivo en sesiones de tablas que permita el estudio del dictamen de mayoría y de minoría y las observaciones de los legisladores. 

“El modo en que se debate el Presupuesto en el Congreso es clave para un país, pero no es un problema de esta gestión, hace 28 años que funciona así, mal. Si discutimos sin reglas, asignamos mal y distribuimos peor; y en lugar de garantizar necesidad y equidad triunfa la inercia y la arbitrariedad”, finalizó Carrizo. 

Acompañan el proyecto los diputados nacionales Alejandro Cacace, Alfredo Cornejo, Mario Arce, Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez, Hugo Romero, Soledad Carrizo, Diego Mestre, Claudia Najul, José Cano, Martín Berhongaray, Juan Martín, Jorge Rizzotti, Gustavo Menna, Lorena Matzen, Ximena García, Albor Cantard, Brenda Austin, Federico Zamarbide, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Estela Regidor, Luis Petri, Lidia Ascárate. 

Salen a socorrer a los salones de eventos y multiusos

Propuesta del radicalismo para asegurar la subsistencia de esos espacios en el marco de la pandemia.

La vicepresidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Carla Carrizo, junto a 14 diputados del partido centenario, presentó un proyecto de ley para crear un Programa Nacional de Protección para salones y multiespacios de eventos para asegurar la subsistencia de este sector económico.

El plan incluye la exención del pago de servicios públicos y contribuciones patronales, créditos a tasa cero y subsidios para comercios que tengan como actividad económica principal la organización de eventos sociales, salones de juego y esparcimiento infantil.

Además, establece la suspensión de ejecuciones y de medidas cautelares durante la vigencia de la emergencia sanitaria cuando tengan por objeto el cobro de deudas contraídas desde el 20 de marzo.

Entre las medidas económicas, se destacan la exención del pago y condonación de deudas contraídas por los servicios públicos durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Otorgar una línea de créditos a tasa 0% a través del Banco de la Nación para el pago de salarios, alquileres, impuestos y otros costos que se otorgarán con un plazo máximo de 36 meses y con 6 meses de gracia para el pago de capital e intereses.

También, se implementa la eximición del pago de contribuciones patronales y la implementación de un subsidio especial para quienes no hayan accedido a los beneficios del “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción para empleadores y empleadoras, y trabajadores y trabajadoras”.

“Es un sector que genera un mercado de trabajo en 34 rubros y son más de 250 familias del país de todas las provincias que quedan sin sustento económico. Antes de la pandemia eran clase media, hoy integran los datos de pobreza que publicó ayer el INDEC. Necesitamos proteger urgente a ese sector de la economía que son los comercios de cercanía, empresas familiares en la unidad mínima, autónomos y monotributistas, que justamente por la unidad productiva que caracteriza estos emprendimientos están absolutamente huérfanos de la ayuda que el gobierno viene implementando desde el Ministerio de Producción de la Nación”, señaló Carrizo.

La semana pasada, Carrizo junto al diputado Diego Sartori (Frente de la Concordia de Misiones) y la diputada Leonor Martínez Villada (Coalición Cívica – Córdoba) acompañada por más de 35 diputados nacionales de distintas provincias recibieron en el Congreso a representantes del sector agrupados en más de diez asociaciones de distintas provincias del país (CASYMA; CASAFIC; CAPREV; ASAFIR; AMPROE; APSFA; CEASF; CASADE; Grupo autoconvocados de Tierra del Fuego, SYMA-AMBA). “El objetivo de la reunión fue escuchar a los protagonistas y definir una estrategia política e institucional que permita que las puertas del gobierno nacional se abran para este sector que representa la clase media del país, la que más sufre en este contexto y la que menos ayuda recibe del gobierno”, concluyó Carrizo.

El proyecto cuenta con las firmas de Carla Carrizo, Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez, José Cano, Lidia Ascárate, Juan Martín, Soledad Carrizo, Estela Regidor, Ximena García, Claudia Najul, Diego Mestre, Gabriela Lena, Lorena Matzen y Federico Zamarbide.

Carla Carrizo pide avanzar con la Ley de Coparticipación

Es la manera para “evitar arbitrariedades”, señaló la diputada radical, que alertó sobre la magnitud que representa el punto que le fue quitado a la Ciudad.

La vicepresidenta del bloque de diputados nacionales de la UCR, Carla Carrizo, analizó por Radio Ciudad AM1110 la decisión del Ejecutivo Nacional de quitarle un punto de los recursos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires señalando que “para evitar arbitrariedades necesitamos avanzar con la ley de coparticipación”.

“Fue una decisión que vivimos en forma sorpresiva porque fue intempestiva y bastante confusa. Cuando se habla de que se quitó un punto de la coparticipación, pareciera que es poquito y en realidad es muchísimo. Equivale al 50% del presupuesto de educación de 2019, al 60% del presupuesto en salud, y al 70% del presupuesto en seguridad. Es un montón que afecta a servicios básicos: educación, salud y seguridad”, dijo la diputada radical.

“Acá hay dos arbitrariedades. Primero que es inconsulto. Es un presupuesto que se está ejecutando. Es arbitrario por la situación y por el contexto. En un contexto de pandemia la Ciudad se financia con un tributo que es la recaudación comercial. En este contexto de 6 meses de parálisis, no es solamente arbitrario, sino que realmente afecta el derecho de todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires”, añadió la legisladora.

“El discurso del jefe de Gobierno volvió a poner las cosas en el lugar en que las tenemos que mirar. Hablemos de federalismo en serio, equidad, desarrollo y legalidad. Ningún presidente de ningún partido puede quitar y sacar sin consultar y sin pasar por el Congreso Nacional”.

“Hace 167 años que la Ciudad de Buenos Aires aportó siempre al país, pero como no tenía autonomía no tenía coparticipación. ¿Eso es justo? ¿Vamos a litigar por 167 años de coparticipación? No, aprendemos. La Constitución de 1994 es el punto, son las reglas con las que tenemos que mirarnos y convivir todas las provincias y la ciudad Capital, en democracia. No hay razones para anularla. Entonces, me parece que el horizonte es otro y los porteños tenemos que luchar por los derechos y ningún presidente tiene derecho a quitarlos”, finalizó Carrizo.

Aprueban un proyecto para que mayo sea el “Mes del Síndrome de Williams”

La iniciativa es de Carla Carrizo y recibió media sanción en la Cámara de Diputados. Apunta a concientizar sobre este trastorno del desarrollo.

Antes de finalizar la extensa sesión que comenzó este viernes y culminó el sábado, la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado por unanimidad (249 votos afirmativos) un proyecto de Carla Carrizo (UCR-Evolución) para declarar al mes de mayo de cada año como el “Mes del Síndrome de Williams”, una enfermedad genética poco común caracterizada por un trastorno en el desarrollo.

La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo Nacional “propiciará el desarrollo de actividades de concientización, detección precoz y programas tendientes a difundir las particularidades del Síndrome de Williams en la sociedad en general y en las comunidades científicas, educativas, culturales y laborales con el fin de mitigar la profunda desventaja social de las personas que lo poseen, y colaborar para lograr su máximo potencial, facilitar su integración social y mejorar su calidad de vida”.

Para Carla Carrizo “es preocupante el subregistro de casos de violencia institucional”

La diputada nacional radical advirtió que el informe de gestión que el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, presentó en la Cámara baja “tiene un 20% de subregistros de casos en los hechos de violencia institucional”.

La vicepresidenta del bloque UCR de Diputados nacionales, Carla Carrizo, advirtió que el informe de gestión que el Jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, presentó en la Cámara baja “tiene un subregistro de casos en los hechos de violencia institucional” 

La legisladora indicó que “el Gobierno informó 82 casos mientras la Red Argentina por los Derechos Humanos y la Inclusión Social (RADHIS) informa 101”. 

“Es preocupante el subregistro de casos de violencia institucional de la Secretaría de DDHH”, consideró la legisladora, y sostuvo que este subregistro “es como mínimo de un 20%”. 

“¿Cómo podemos afirmar que el Gobierno promueve los derechos humanos cuando no tiene conocimiento exacto de los presuntos abusos del Estado? En este contexto lo que necesitamos de la Secretaría de Derechos Humanos es una política activa más que reactiva, que se anticipe y lidere para evitar esos abusos y no que se limite a informarlos”, finalizó Carrizo. 

La Red Argentina por los Derechos Humanos y la Inclusión Social (RADHIS) es una organización en crecimiento que tiene como objetivo analizar problemáticas sociales, generar y proponer políticas públicas con enfoque de Derechos Humanos entendiendo que la agenda en materia de derechos se ve nuevamente acotada, su política detenida y que además necesita incorporar y contemplar nuevos debates y necesidades que plantearán un nuevo marco de acción. 

Sus áreas de intervención incluyen, pero no se agotan en temáticas de violencia institucional, políticas de ejecución penal e inclusión social, identidad, medio ambiente, investigación, gestión de políticas públicas y capacitaciones en la materia. 

Buscan respetar los derechos de los menores en la educación digital

Según la iniciativa de Carla Carrizo, los responsables de la política educativa deberán garantizar los derechos establecidos en la ley establece los parámetros de cuidado para la infancia y adolescencia en el país sean respetados y ejercidos.

La diputada nacional Carla Carrizo, vicepresidente del bloque de la UCR, junto a 25 diputados nacionales presentó un proyecto de ley que crea un programa para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en la implementación de la educación digital y estudios a distancia en el país.

El programa apunta a que los responsables de la política educativa a nivel nacional y en cada una de las jurisdicciones garanticen que en la práctica de la escuela digital los derechos establecidos en la Ley 26.061 que es la que establece los parámetros de cuidado para la infancia y adolescencia en el país sean respetados y ejercidos.

“Esto implica que se respete el derecho a la intimidad y protección de datos personales de niños y niñas, el derecho a la protección de la imagen en menores de edad; a la autonomía progresiva y a que el material educativo a distancia garantice el derecho a la pluralidad de contenidos en la formación crítica de niños”, explicó Carrizo.

“La cuarentena nos obligó a nacionalizar la escuela digital pero no fue un proceso diseñado por lo que estamos haciendo un aprendizaje sobre una herramienta que fue pensada para complementar la escuela presencial no para reemplazarla y es fundamental establecer parámetros de cuidados que hoy faltan. Por parte de Estado eso supone que además del material pedagógico, las plataformas de educación digital deben contar con guías de actuación ante casos de ciberbullying, grooming, abuso y otros tipos de violencia, especialmente aquellas vinculadas con el uso de redes, Más aún en el contexto en que se está implementando en Argentina, con enormes asimetrías en la accesibilidad y modalidad. De hecho, algunos alumnos acceden a las plataformas virtuales de los ministerios de Educación, local y nacional; mientras que otros reciben trabajos vía WhatsApp, o retiran fotocopias; por eso el Estado se debe anticipar”, añadió la diputada radical.

El proyecto crea un programa específico para garantizar y monitorear que efectivamente los derechos de los niños se respeten en el mundo digital que hoy ocurre en la escuela y es acompañado con la firma de 24 diputados nacionales:  Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez, Héctor Stefani, Albor Cantard, Adriana Ruarte, Diego Mestre, José Riccardo, Marcela Campagnoli, Soledad Carrizo, Lidia Ascarate, Lorena Matzen, Estela Regidor, Claudia Najul, Luis Pastori, Juan Aicega, Gerardo Cipolini, Camila Crescimbeni, Victoria Morales Gorleri, Carmen Polledo, Fabio Quetglas, Jorge Vara, Ximena García, Carla Piccolomini y Aída Ayala.

Quieren crear un Estatuto del trabajador de plataformas tecnológicas

Atenta a las nuevas modalidades laborales, la diputada Soledad Carrizo propone legislar en la materia, para proteger a los trabajadores del sector.

La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR-Córdoba) presentó un proyecto de ley por el que propone crear el Estatuto de trabajadores de plataformas tecnológicas, “para equilibrar el desarrollo tecnológico, las nuevas modalidades laborales y la protección de los trabajadores, superando paradigmas tradicionales del derecho laboral”.

El proyecto prevé vinculación laboral dual, autónoma y de dependencia, seguros, registración, retribución, vacaciones, fondo de reserva por enfermedades y accidentes, seguridad social, capacitación y formación, condiciones y elementos de trabajo, registro nacional de plataformas tecnológicas, entre otros.

La legisladora explicó que el creciente desarrollo del sector tecnológico y las nuevas demandas de consumo, “introdujeron novedosas formas de vinculación laboral que no encuentran en la ley 20.744 un marco adecuado y suficiente para regular las relaciones entre trabajadores y empleadores. Es por eso que diseñamos un marco regulatorio del trabajo a través de plataformas tecnológicas, una de las tantas y crecientes prácticas que han desbordado las relaciones laborales en Argentina y el mundo”.

“Proponemos herramientas coherentes con estos desarrollos tecnológicos, buscando su promoción, pero también la protección de los trabajadores, entendiendo que los mecanismos tradicionales deben ser revisados y actualizados. Buscamos generar certidumbre y seguridad para trabajadores y empleadores, conciliar las nuevas realidades laborales y promover el crecimiento económico en nuestro país”, agregó.

“Las plataformas digitales prometen oportunidades para democratizar la generación de ingresos, sin embargo, presentan también riesgo de precarización del trabajo, lo que genera retos desde el punto de vista regulatorio y desafía el alcance de las normas laborales, fiscales y de protección a los trabajadores enmarcados en estos modelos”, consideró Carrizo.

Acompañan esta iniciativa los diputados Dolores Martínez, Héctor Stefaní, Estela Regidor, Alicia Terada, Aída Ayala, Diego Mestre, Lida Ascárate, Mario Arce, Carla Carrizo, Adriana Ruarte, Gonzalo Del Cerro, Claudia Najul, José Riccardo y Albor Cantard.

“Berni debería aprender que su rol es institucional”

Severo reproche de una diputada radical que le endilga al funcionario buscar “jugar al policía en este contexto de crisis”.

La vicepresidenta del bloque UCR de diputados nacionales, Carla Carrizo, criticó al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, y solicitó que se modifique la ley de ética por incompatibilidad del ejercicio de la función pública con la portación de armas al señalar que “Berni debería aprender que su rol es institucional, en lugar de jugar al policía en este contexto de crisis”.

Carrizo, junto a 13 diputados de distintos partidos, presentaron un proyecto que modifica la Ley de Ética Pública y establece formalmente la incompatibilidad de portar de armas de guerra y de uso civil a quien ejerce un cargo en nombre de la autoridad civil.

“Porque en democracia hay acciones de los funcionarios o ministros que no están explícitamente prohibidas, pero tampoco permitidas y configuran situaciones de abuso de autoridad por el rol que se ejerce. Hoy fue el caso de un problema jurisdiccional entre responsables de la seguridad, pero hace un mes el Ministro hizo un allanamiento portando armas, en un claro caso de violencia institucional simbólica y las autoridades en democracia además de gestionar también enseñan. Berni debería aprender que su rol es institucional, en lugar de jugar al policía en este contexto de crisis”, señaló la diputada radical.

“En estos 38 años de democracia, si bien se reguló el control de tenencia y portación de armas que protegen a la ciudadanía, quedó afuera la modalidad de ejercicio de la función pública y los límites que deben operar los funcionarios. Mal podemos exigirles a los ciudadanos lo que no somos capaces de exigir a los funcionarios”, agregó la legisladora.

La legisladora radical agregó que “resulta necesario adaptar nuestra legislación con el objeto de limitar prácticas de abuso de autoridad que se dan mediante la exhibición y portación de armas en manos de funcionarios públicos y retroceden décadas en la construcción de una idea básica en democracia que es separar en democracia claramente el valor que otorga la representación en base a las urnas y el poder de las armas”.

Acompañan el proyecto los diputados Albor Cantard, Claudia Najul, Soledad Carrizo, Jimena La Torre, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Dolores Martínez, Adriana Cáceres, Gabriela Lena, Federico Zamarbide, Lidia Ascarate, Estela Regidor y Emiliano Yacobitti

Qué dice el proyecto

Entre otras cosas, la iniciativa presentada por este grupo de legisladores prohíbe en todo el territorio nacional “toda expedición de autorizaciones, permisos, reconocimientos,  habilitaciones, credenciales o certificados que le confieran a un funcionario público/a la portación de armas de guerra y/o armas de uso civil con los alcances de la Ley Nacional de Armas y Explosivos y sus normas complementarias y modificatorias”.

Suspende también “todas las autorizaciones, permisos, reconocimientos, habilitaciones, credenciales o certificados que le confieran a un funcionario/a público/a la portación de armas de guerra y/o armas de uso civil con los alcances de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, y sus normas complementarias y modificatorias”.

Piden exceptuar a las PyMEs y sus trabajadores de pagar cargas y contribuciones en el aguinaldo

La diputada radical Carla Carrizo, quien presentó la iniciativa, aseguró que el salario complementario es “un derecho que no puede ser vivido como un impuesto”.

La vicepresidenta del bloque UCR en la Cámara de Diputados, Carla Carrizo, presentó un proyecto de ley donde propone que empleadores y trabajadores del sector privado estén exceptuados del pago de aportes y contribuciones previstos en el aguinaldo 2020.

La legisladora plantea la suspensión del pago de aportes y contribuciones que integran la CUSS (Contribución Única de la Seguridad Social) y a las obras sociales en el sueldo anual complementario (SAC) correspondiente a 2020, tanto para empleadores como para trabajadores del sector MiPyME.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el país hay 1.066.351 MiPyME, las que constituyen sólo una parte de las 194.000 empresas que ingresaron al Programa de ATP (Asistencia al Trabajo y Producción), que prevé renegociar plazos y montos en las cargas y contribuciones para los meses de abril y mayo. Además, la porteña recordó que de acuerdo a datos de CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa), sólo en la Ciudad de Buenos Aires 27.000 comercios han cerrado y 40.000 en el país.

“Si el Estado no puede pagar el aguinaldo en tiempo y forma, imaginemos el sector más pequeño y vulnerable de PyMEs que no ingresaron al ATP que dispuso el Gobierno. En este contexto de crisis, un derecho no puede ser vivido como un impuesto”, afirmó Carrizo.

La radical señaló que “para los comerciantes y las PyMEs esto pasa hoy con el pago del aguinaldo. Si realmente queremos proteger el empleo formal y evitar que el sector desaparezca no alcanza con renegociar deudas: hay que ayudar. Nuestra prioridad debe ser estar junto a los comerciantes y el sector emprendedor de la clase media que sostiene el 62% del empleo formal en el país”.

“Las obligaciones que buscamos suspender implican para empleadores poco más del 25% del salario anual complementario que paga y para los trabajadores una deducción del 17 %”, explicó.

La iniciativa fue acompañada por sus pares de la UCR Emiliano Yacobitti, Dolores Martínez (Ciudad de Buenos Aires); Federico Zamarbide y Claudia Najul (Mendoza); Soledad Carrizo (Córdoba), Roxana Reyes (Santa Cruz), Gustavo Menna (Chubut), Gabriela Lena (Entre Ríos), Lidia Ascarate (Tucumán), Gerardo Cipollini (Chaco), Estela Regidor (Corrientes), Lorena Matzen (Río Negro), Luis Pastori (Misiones) y Ximena García (Santa Fe).

Quieren llevar a Pietragalla al Congreso

La oposición pide que el secretario de Derechos Humanos explique los abusos de las fuerzas de seguridad en cuarentena.

La vicepresidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Carla Carrizo, junto al presidente del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, el vicepresidente tercero de la Cámara baja, Alfredo Cornejo, y otros 37 diputados de la oposición solicitaron que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, informe ante la Comisión de Derechos Humanos y Garantías del cuerpo las medidas que se están llevando a cabo desde el Estado Nacional debido a los hechos de violencia institucional que concluyeron con 3 muertes sospechosas como consecuencia del accionar policial en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.

A través de un proyecto de resolución, 40 diputados nacionales de la oposición solicitan información sobre las muertes de Florencia Magalí Morales, detenida en la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara, provincia de San Luis, quien fue encontrada ahorcada en su celda el 5 de abril; Franco Gastón Maranguello, de 16 años, también encontrado sin vida en la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia de Villa Mercedes, provincia de San Luis, el 24 de abril, horas después de su detención y Luis Armando Espinoza, sospechado de haber sido asesinado por miembros de la policía de la localidad de Monteagudo, Tucumán, cuyo cuerpo fue encontrado el 22 de mayo, una semana después de su desaparición, en el límite entre el departamento tucumano de Chicligasta y Las Estancias, provincia de Catamarca.

Además, los legisladores piden que se brinde información sobre los reiterados casos de violencia y abuso policial ocurridos en ocasión del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” registrados en las diferentes provincias del país, en base a los datos que están aportando dos organizaciones especializadas en el tema, como CORREPI y Amnistía Internacional.

“Como Estado debemos intervenir ante estos eventos de clara violación a los principios básicos de Derechos Humanos que tanto esfuerzo han demandado para su consagración en nuestro país”, dijo Carla Carrizo.

“Estos hechos nos hacen pensar que existe un dispositivo policial deficiente y contrario a los estándares mínimos de preservación de los derechos de las personas en el marco de la situación de excepción que implica el aislamiento”, agregó.

El pedido de citación se complementa con aquellos del mismo tenor que presentarán las diputadas Roxana Reyes y Claudia Najul en las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y Mujeres y Diversidad, respectivamente, con el objetivo de realizar una reunión conjunta.

El proyecto lleva las firmas de Carla Carrizo, Mario Negri, Alfredo Cornejo, Emiliano Yacobitti, Sebastián Salvador, Dolores Martínez, Alejandro Cacace, Marcela Campagnoli, Claudia Najul, Graciela Ocaña, Roxana Reyes, José Cano, Adriana Cáceres, Mónica Frade, Lidia Ascarate, Soledad Carrizo, Lorena Matzen, Albor Ángel Cantard, Gabriela Lena, Dina Rezinovsky, Federico Zamarbide, José Luis Patiño, Ingrid Jetter, Luis Petri, Estela Regidor, Atilio Benedetti, Jorge Vara, Juan Aciega, Hernán Berisso, Juan Martín, Gonzalo del Cerro, Gerardo Cipolini, Fabio Quetglas, Diego Mestre, Jorge Enríquez, Ximena García, Brenda Austin, Natalia Villa, Camila Crescimbedi, y Karina Banfi.

Por otra parte, las diputadas Carla Carrizo -integrante de la Comisión Bicameral del Defensor del Niño- y Roxana Reyes -Presidenta de la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes- piden informes al Ministerio de Seguridad sobre la implementación de la Ley 26.290 de “Capacitación de las Fuerzas que forman parte del sistema de Seguridad Interior en materia de Derechos Humanos reconocidos a niñas, niños y adolescentes” y solicitan al Poder Ejecutivo su reglamentación. La norma había sido sancionada el 7 de noviembre de 2007 y promulgada de hecho el 29 de noviembre del mismo año.