Diputados de Juntos por el Cambio hicieron una presentación ante la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, ante las consecuencias de medidas que afectan la enseñanza.
La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución), junto a 26 diputados nacionales de Juntos por el Cambio, presentaron una nota a la defensora de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para que tome intervención ante los días perdidos de clases por paros docentes en el país.
“Necesitamos cambiar el enfoque sobre cómo se protege el derecho a la educación en Argentina. Niñas, niños y adolescentes tienen consagrada la más alta protección en nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, en la práctica, sus derechos terminan siendo vulnerados como consecuencia de los conflictos entre adultos. Este paradigma es el que se dejó atrás con la Convención de los Derechos del Niño y la Ley 26.061 de 2005. Desde entonces la prioridad es su interés superior, pasan a ser sujetos de derecho. La mesa de negociación gremial no puede ser el aula”, dijo Carrizo.
“La defensora tiene no solo las herramientas, sino la responsabilidad de intervenir. Su función es ser la voz y la representación pública de aquellos niños y niñas que no pueden incidir en las discusiones individualmente”, agregó la diputada.
La Ley 25.864 sancionada en 2003 estableció un piso mínimo de 180 días efectivos de clases que jamás se ha cumplido. Por su parte, el Consejo Federal de Educación, mediante Resolución CFE N° 431/22 dispuso los 190 días efectivos de clases para el calendario lectivo 2023, objetivo que muchas provincias ya no cumplirán. Hasta el 31 de mayo de este año, sumando todas las provincias, se cuantifican 235 días de clase perdidos producto de medidas gremiales. Las provincias con más días perdidos fueron Santa Cruz (38 días), La Rioja (27 días) y Tucumán (23 días).
Países como Alemania, España o Ecuador han establecido que la educación es un servicio público que no puede verse afectado por los reclamos laborales. En Argentina, la Corte Suprema de Justicia confirmó la nulidad de una Resolución del Ministerio de Trabajo del año 2001 que iba en esa dirección. Al hacerlo así, sostuvo una mirada adultocéntrica que hoy ya se encuentra perimida, producto de la sanción en 2005 de la Ley 26.061. Con posterioridad a la sanción de esta ley, existieron fallos de Santa Fe (2005) y Río Negro (2009) en los que se obligó a las provincias y a los gremios a mantener el servicio educativo.
La carta fue firmada por los diputados nacionales Carla Carrizo, Alejandro Finocchiaro, Roxana Reyes, Victoria Morales Gorleri, Marcela Campagnoli, Dolores Martínez, Silvia Lospennato, Lidia Ascarate, Martín Tetaz, Karina Bachey, Emiliano Yacobitti, Camila Crescimbeni, Alberto Asseff, Martín Berhongaray, Rubén Manzi, Ingrid Jetter, Gerardo Cipollini, Danya Tavela, María Sotolano, Marcela Antola, Victoria Tejeda, Marcela Coli, María Luján Rey, Soledad Carrizo, Sofía Brambilla, Gabriela Brouwer de Koning y Gabriela Lena.
