El jefe de Gobierno electo, Jorge Macri, designó a Victoria Morales Gorleri para ocupar la Secretaría de Bienestar y Tercera Edad; mientras que César Torres será el responsable de la Secretaría de Gobierno y Vinculación Ciudadana.

Victoria Morales Gorleri es profesora de enseñanza especial y actualmente diputada nacional por la Ciudad, cuyo mandato vence el 10 de diciembre.

Sobre su designación, el jefe de Gobierno electo Jorge Macri, indicó: “Estoy convencido de la visión humana de Victoria, sus ganas de hacer aportarán al bienestar de los vecinos de la Ciudad”.

Por su parte, César Torres es licenciado en Ciencia Política, cuenta con varias especializaciones internacionales en políticas públicas, gestión de gobiernos locales y derecho electoral. Fue además diputado provincial bonaerense.

En este sentido, Jorge Macri expresó: “Durante mi primera etapa como Intendente de Vicente López, desempeñó un papel fundamental como secretario de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales, demostrando su capacidad y dedicación a la gestión pública. Seguiremos trabajando juntos para construir una ciudad más inclusiva y conectada”.

A sabiendas de lo más fragmentado que estará el futuro Congreso, y de lo difícil que resultará alcanzar acuerdos, este martes una diputada del Pro propuso a sus pares acelerar la aprobación de leyes que “garanticen derechos y no se pongan en riesgo en algunos meses”. En otras palabras, ante la posibilidad de un triunfo de Javier Milei, que las fuerzas mayoritarias puedan asegurar dejar sancionadas ciertas normas antes del 10 de diciembre.

Durante una reunión de la Comisión de Discapacidad, donde primó el consenso entre oficialismo y oposición, la porteña Victoria Morales Gorleri agradeció “a los diputados y diputadas de la bancada oficialista por la actitud de seguir discutiendo”.

“Tengo una profunda preocupación que creo que es compartida por muchos de nosotros, que tiene que ver con la situación que se nos está por presentar en nuestro país. Se nos avecina un cambio de gobierno y hemos escuchado a un candidato a presidente hablar de que la justicia social es envidia“, expresó la macrista.

A continuación, valoró que “esta comisión se ha enfocado muy profunda y comprometidamente en los derechos de las personas con discapacidad, y hemos dado discusiones de encontrar verdaderamente respuestas que puedan dar una mejor calidad de vida y derechos”.

“Quiero proponerles que tengamos un trabajo ágil, que prioricemos temáticas urgentes”, pidió y aseveró: “Tenemos que dejar sentadas ciertas bases de leyes que garanticen derechos y que no se pongan en riesgo en algunos meses”.

La diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro), junto a su par Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro), otros diputados y un grupo de ONGs propusieron el cambio de denominación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) por Certificado Único de Acceso a Apoyos (CUDAA).

Según los datos, el 30% de las personas con discapacidad en nuestro país no tramitaron el CUD, muchas de ellas porque lo consideran una barrera, temen no conseguir trabajo o sufrir discriminación, lo que genera que se vea diezmado en el acceso a apoyos tales como asistentes sociales, medicación, transporte, entre otros.

Durante el encuentro, Morales Gorleri destacó el trabajo hecho en la Cámara: “Hemos tenido grandes debates en la Comisión de Discapacidad, con muchos desafíos y hemos logrado grandes consensos”.

Al respecto, explicó que “quitarle la palabra discapacidad al nombre del certificado no significa que no aceptemos la discapacidad o pretender que no exista, sino todo lo contrario, como sabemos que está y es una condición, tenemos que generar acciones para que las personas con discapacidad y sus familias puedan vivir de la mejor manera. Este cambio significa que nos estaremos posicionando en lo que necesitan, en garantizarles el acceso a los apoyos para poder garantizar su educación, salud, inclusión laboral y no en la condición que tienen”.

En el cierre del encuentro, la diputada del Pro invitó a las organizaciones y a la sociedad civil a que se sumen al debate: “Sigamos peleando con esperanza porque vamos a seguir dando pasos con convicción, reflexión y de una vez por todas abrazar la convención que este país ratificó con rango constitucional. Estas son las discusiones que tenemos que dar para efectivamente pensar en una Argentina con oportunidades reales para todos en la construcción de su proyecto de vida”.

En los últimos meses, se inició en Change.org una campaña para impulsar el cambio de denominación de CUD a CUDAA. Durante el encuentro representantes de la plataforma entregaron un certificado en reconocimiento a que la petición superó las 20 mil firmas.

Acompañaron el proyecto los diputados María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Merceder Joury, Sabrina Ajmechet, María Sotolano, Leonor Martínez Villada, Ricardo López Murphy, María Caselles y Jimena López.

En mayo el Gobierno promulgó la Ley 27.711 por medio de la cual se flexibiliza la renovación del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro) cuestionó a través de las redes el paro docente llevado a cabo por los gremios porteños Ademys y UTE, los bonaerenses AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, y el paro nacional de CTERA en solidaridad con Jujuy. “Ningún reclamo puede ser más importante que el derecho a educarse”, planteó la legisladora.

“Hoy es un día triste para la educación, otro paro selectivo afecta el presente y futuro de nuestros chicos. Las aulas cerradas profundizan las desigualdades y siempre los más afectados son los más vulnerables”, planteó en su tuit.

En ese sentido, cuestionó: “A quienes más deberían defender, los dejan solos en la desesperanza y el descreimiento en una escuela que no les da respuestas ni la expectativa de poder construir un proyecto de vida”, y manifestó que “el paro tiene que ser la última opción, no la primera”.

Al respecto, opinó que “esta metodología debe cambiar” porque “hace más de 30 años que los estudiantes son rehenes de esta situación. El derecho a la huelga y movilización tiene que estar garantizado sin afectar el derecho a la educación, que a su vez garantiza el acceso a otros tantos derechos de NNyA”.

“En Santa Cruz no hay clases hace 50 días y en Chubut nadie recuerda lo que es tener una semana de clases completa. En Salta reprimieron y detuvieron a 19 docentes hace un mes. No dijeron nada. No hubo paro. ¿Por qué ahora sí?”, comparó la diputada del Pro.

En esa línea, criticó que “la partidización motivada por intereses sectoriales desvirtúa la función y valor de los sindicatos”.

“La deserción escolar, el aumento de la pobreza y de una sociedad que no ve un futuro posible tiene mucho que ver con la tragedia educativa en la que está sumergida nuestro país”, alertó y cerró: “Ningún reclamo puede ser más importante que el derecho a educarse, discutamos con los chicos en las aulas”.

En el marco de las celebraciones por los 10 años de Scholas Occurrentes, el papa Francisco encabezó un acto en Roma al que asistió la diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro), y del que participó virtualmente el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta.

Scholas, antes llamado Escuela de Vecinos, nació en la Ciudad de Buenos Aires y fue creado por el entonces cardenal Jorge Bergoglio. Hoy, el proyecto liderado por José María del Corral y Enrique Palmeyro tiene sedes en 15 países e integra a más de 400 mil centros educativos en todo el mundo.

Morales Gorleri, quien trabajó en Buenos Aires junto a Bergoglio cuando comenzó el proyecto, viajó especialmente para la ocasión y aseguró que “el testimonio de Scholas es un ejemplo para el mundo y desde la Argentina hemos sido pioneros en diseñar un modelo que hoy llega a más de un millón de niños y jóvenes en todo el planeta”.

Al concluir la jornada, la diputada del Pro contó emocionada que había tenido la oportunidad de darle un beso al santo padre, y confió que durante el encuentro “Francisco dijo convencido, muy convencido, que el año que viene nos viene a visitar a la Argentina”.

En el marco de las celebraciones por los 10 años de Scholas Ocurrentes, el papa Francisco encabezará este jueves un acto en Roma al que asistirá la diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro), y del que participará virtualmente el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial, Horacio Rodríguez Larreta.

Scholas, antes llamado Escuela de Vecinos, nació en la Ciudad de Buenos Aires y fue creado por el entonces cardenal Jorge Bergoglio. Hoy, el proyecto liderado por José María del Corral y Enrique Palmeyro tiene sedes en 15 países e integra a más de 400 mil centros educativos en todo el mundo.

Morales Gorleri, quien trabajó en Buenos Aires junto a Bergoglio cuando comenzó el proyecto, viajó especialmente para la ocasión y aseguró que “el testimonio de Scholas es un ejemplo para el mundo y desde la Argentina hemos sido pioneros en diseñar un modelo que hoy llega a más de un millón de niños y jóvenes en todo el planeta”.

Hace una década, Bergoglio había lanzado Scholas con la idea de ser una respuesta a las necesidades de la época, advirtiendo los desencuentros de una sociedad herida que requería ser educada en la apertura al otro. Años más tarde, a poco de ser elegido papa, Francisco amplió los horizontes de la institución y le confirió un destino universal.

“El desafío que hoy se nos presenta, en particular en nuestro país, es el de desandar la violencia del desencuentro y encarar honestamente el proceso doloroso en el que estamos sumergidos, en apariencia sin esperanza”, sostuvo la legisladora macrista.

La porteña agregó: “Sabemos que la salida a la crisis Argentina a veces parece imposible, pero es construyendo puentes y favoreciendo la cultura del encuentro que podemos lograrlo con dirigentes comprometidos en serio en esa tarea. El ejemplo de Scholas debe ser faro para la Argentina que viene”.

Un plenario de comisiones emitió dictamen para la creación de cinco nuevas universidades, que quedaron listas para ser debatidas en el recinto de la Cámara baja este jueves. En rigor no todos, pues una de las universidades habilitadas, la Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la capital entrerriana, por el momento no figura en la convocatoria conocida este martes.

El plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda fue encabezado por la titular de la primera, la entrerriana Blanca Osuna, precisamente autora de ese último proyecto. Los otros puestos a consideración eran los de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, propuesta por la exdiputada y hoy ministra bonaerense Daniela Vilar; la de Madres de Plaza de Mayo, de Hugo Yasky; la de Ezeiza, impulsada originalmente por la diputada (MC) Dulce Granados y vuelta a presentar por la hoy ministra Victoria Tolosa Paz; y la de Río Tercero, propuesta por sendos proyectos de Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Gabriela Estévez (Frente de Todos).

En el arranque del debate, la entrerriana Blanca Osuna enfatizó que la creación de nuevas universidades va en línea con los conceptos de “inclusión y democratización”. En el primero de los casos, lo vinculó a “la generación de conocimiento y la asunción de problemas propios y específicos de las comunidades donde (las universidades) están asentadas”, en tanto que la democratización tiene que ver con “la oportunidad que da el acceso a la educación”.

Desde la izquierda, la diputada Romina del Plá adelantó su apoyo en disidencia con todos los proyectos, por cuanto si bien aclaró que no iban a oponerse a la creación de nuevas universidades no se estaban contemplando cuestiones relacionadas con salarios, infraestructura, pero de paso ratificó su rechazo a la Ley de Educación Superior “desde su origen”. “Es necesaria una superación de esta ley”, reclamó.

Universidades y fábricas de churros

El clima comenzó a tensarse a partir de la intervención del diputado Máximiliano Ferraro, quien pidió hacer hincapié en “la mirada y la interpelación que tiene que tener esta Cámara a la hora de dictaminar” estos proyectos. Para el presidente del partido Coalición Cívica, se debe asumir “algo que no estamos teniendo en cuenta y que es una mirada mucho más estructural, sistémica e integral de lo que es la educación superior en la Argentina”.

Para Ferraro, “el planeamiento estratégico de la educación superior tiene que ser un camino virtuoso que no estamos teniendo para nada con estos dictámenes a la marchanta y creación de universidades como si fueran una fábrica de churros”.

“Y digo que no es virtuoso, porque no hay previsibilidad, donde no tenemos garantizada una asignación de recursos que pueda ser sostenible y que esta asignación de recursos también incluya todos los componentes y procesos que deba tener la educación superior. Y no solo se trata de crear más instituciones, sino de cómo mejoramos los indicadores, la calidad y la articulación con los niveles obligatorios de la enseñanza”, sostuvo Ferraro, para quien “la intención de crear ocho universidades -porque sumó a las tres que ya tienen dictamen y esperan recibir media sanción este jueves- no puede estar analizada por afuera de un contexto de reducción presupuestaria en educación obligatoria, y esto nos debe interpelar en pensar las prioridades en lo que hace a la asignación de recursos para la educación”.

Ferraro pidió no pasar por alto “el contexto de ajuste y reducción en términos de la política universitaria, que el presupuesto asignado a las universidades quedó muy por debajo del solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y que eso lo que hace es virar para otro lado cuestiones que no podemos pasar por alto a la hora de pensar otras universidades”.

El referente de la Coalición Cívica protestó por la “ausencia de áreas de vacancia y de estudios de factibilidad”, como así también apuntó en “la inequidad desde el punto de vista de la distribución federal”. Es que advirtió que si este jueves se aprueban las universidades pedidas la provincia de Buenos Aires “va a tener 29 universidades nacionales, que se suman a los más de 178 institutos de formación docente y formación de técnica superior”.

Así las cosas, se preguntó “cómo vamos a sostener la creación de estas universidades”

A continuación, Ferraro fue puntualmente a las universidades propuestas. En el caso de la de Madres de Plaza de Mayo, consideró el proyecto como “claramente violatorio de la Ley de Educación Superior”, por cuanto la misma establece que el consejo superior de las universidades debe estar compuesto por hasta el 50% del claustro docente y el resto estudiantes graduados y no docentes. “Y lo que dice clarito el Estatuto de la Universidad de las Madres es que deberá contemplar en su consejo superior a dos de las madres y representantes de la asociación civil, los que serán designados a propuesta de esa asociación civil que integran las Madres. Sentando un precedente que viola los principios de la autonomía universitario”, advirtió.

Luego se refirió al caso de la universidad entrerriana, sobre la cual dijo que no cuenta con el dictamen del CIN, ni con el estudio de prefactibilidad, “cosas que nos pide la Ley de Educación Superior”. Alertó que se trata de un presidente que consideró “una locura”, y advirtió que se está “convirtiendo en universidad nacional a una facultad específica, que es la de Humanidades”, y se preguntó sobre la necesidad de una universidad de ese tipo en esa zona.

Defensa de la Universidad de las Madres

Le contestó Hugo Yasky, como autor del proyecto de creación de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. “Estamos tratando de construir un entramado que permita que los altos estudios de la educación superior dejen de ser inaccesibles para muchos ciudadanos de nuestro país. Que muchas veces por cuestiones que tienen que ver con su arraigo geográfico, se ven alejados de la posibilidad de acceder a los estudios”, señaló.

Luego la emprendió contra “supuestas universidades de elite que lo que menos garantizan es la calidad educativa”, asegurando que hay “sobrados ejemplos” de eso. Más adelante dijo en referencia a la de las Madres que “ninguna universidad nació grande, ni con un nivel académico de excelencia desde el primer día. Son procesos que se construyen, por supuesto hacen falta buena calidad de los docentes y también presupuesto educativo”.

A continuación le contestó a Maximiliano Ferraro diciendo que él pertenece a una fuerza de la que demostraron con gráficos que durante su gestión de gobierno tuvieron una “caída abrupta del proceso educativo”, y caracterizó al Gobierno de Mauricio Macri como “una catástrofe en términos de reducción presupuestaria”.

En referencia a los cuestionamientos planteados por el diputado de la CC, Yasky aclaró que las dos miembros de las Madres solamente estarían en el consejo superior “como representantes de la institución y no como comisarios políticos”, y desafiante cerró: “Nunca en esta universidad se le va a intentar hacer un homenaje a un personaje como el juez Moro”, en referencia al magistrado brasileño que mandó a la cárcel a Lula. “Esclarecedor el comentario”, celebró la presidenta de la Comisión de Educación.

La discusión por la de Ezeiza

“De los autores de ‘para qué vamos a hacer universidades si los pobres no van’, seguimos con ‘universidades hechas a la marchanta o como fábrica de chorizos’”, arrancó a pura ironía la diputada oficialista Mónica Litza, que defendió el proyecto de creación de la Universidad de Ezeiza. Ella habló desde su experiencia personal y destacó el papel de la de su distrito, Avellaneda, que “se integró a la comunidad”.

Recordó que esa casa de estudios lleva once años de vida y promovió 1.700 universitarios nuevos, el 50% de los cuales es primera generación de universitarios, además de destacar “la primera experiencia inédita con los beneficiarios del programa Potenciar, donde “chicos que pensaban que la universidad no era para ellos, pueden tener la oportunidad de transitar por las aulas y ser beneficiarios de una educación de calidad”.

Litza cerró abogando por “más universidades de cercanía”.

Fue luego el turno del exministro de Educación Alejandro Finocchiaro (Pro), quien se refirió puntualmente al caso de la Universidad de Ezeiza. Recordó que la misma ya está constituida, y se normalizó el 14 de marzo de 2019, oportunidad en la cual eligió sus autoridades, cumpliendo con las prescripciones del artículo 1° de la Ley de Educación Superior. Por lo tanto, dijo, “goza de autonomía universitaria”.

Tras enfatizar que él es un egresado de la universidad pública, que lleva 26 años como docente en la Universidad de Buenos Aires y 20 en la Universidad de La Matanza, el diputado del Pro dijo saber lo que hace la educación pública “porque lo he vivido”. En ese sentido remarcó que “mucha lucha ha costado la autonomía presupuestaria para nuestras universidades” y eso sirve para que “los poderes políticos no tengan injerencia dentro de los claustros”.

Fue el preámbulo de su crítica: “Aquí estamos tratando la nacionalización de la Universidad de Ezeiza”, aclaró, enfatizando que “no existen precedentes de esta ley en los términos que esta ley está planteada”. Puso como ejemplo que durante su gestión se nacionalizó la UNIPE (Universidad Pedagógica Nacional), que lejos estaba de ser afín a esa administración, pero se respetó a las autoridades que habían sido elegidas democráticamente y en virtud de la autonomía universitaria.

Por el contrario, dijo que en el caso de la de Ezeiza “se la pasa (a Nación), pero sin las autoridades constituidas el 14 de marzo de 2019”. En ese sentido advirtió que “se vulnera la autonomía universitaria y de hecho en el informe del CIN se dice claramente que estos dos últimos artículos desconocen la autonomía de la Universidad Nacional de Ezeiza”.

“Además, se establece que es una forma de intervenir una universidad sin las causales del artículo 30 de la Ley de Educación Superior. Lo que aquí se está proponiendo es un partido donde si la pelota entra dentro de mi arco son goles, pero si entra dentro del de ustedes, no…”. Puso también el ejemplo de la universidad entrerriana que se estaba dictaminando: ya está constituida, pero “pasa con sus autoridades”.

“Vulnerar la autonomía universitaria es algo que no se ha hecho nunca en estos años de democracia”, advirtió Finocchiaro, quien anunció que “vamos a dar lucha” y llevarán el tema hasta la Corte Suprema de ser necesario.

Antes de cerrar, pidió autorización para que hablara el rector de la Universidad de Ezeiza, recordando que en una anterior reunión, cuando se dio dictamen a, entre otras, la Universidad del Delta, se le permitió hablar al intendente de Pilar, Felipe Achával, cosa que esa vez despertó críticas de la oposición, reconoció. Le contestó el titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, quien recordó que esa vez desde Juntos por el Cambio habían impugnado la intervención de Achával, pero él había hablado cuando ya estaba el dictamen, “para agradecer, no formó parte del debate. No es lo mismo”. Y dejó claro que no iba a haber intervenciones fuera de los diputados.

La carta del rector

Finocchiaro le pidió entonces que leyeran una carta de ese rector y se le dijo que lo harían al final de la reunión. “Como va a ser una voz extraña, lo vamos a hacer una vez que hayamos concluido con el debate”, aclaró Osuna.

La diputada del Pro Sabrina Ajmechet salió al cruce de esa postura. “¿Qué creen que es una universidad nacional, sino un espacio de libertad de expresión? Porque le están cercenando la palabra… ¿No tienen nada para decir sobre cómo están silenciando a un rector? No me sorprende”.

Rechazó luego los dichos de Mónica Litza respecto del reproche al Pro por haber dicho una representante de ese espacio que los pobres no llegan a la universidad. Y lo hizo con datos: “Más del 50% de los chicos de entre 10 y 14 años en la Argentina hoy son pobres; de ese 50%, el 71% no logra conocimientos mínimos en Lengua. El 68% no logra satisfactorios en Matemática. Cada 8 minutos un joven abandona el secundario; solo 16 están terminando el secundario en tiempo y forma. Si miramos realidades provinciales, vamos a encontrar en Santiago del Estero, Chaco, Formosa, que solo 5 jóvenes terminan el secundario en tiempo y forma. De los mayores de 25 años de sectores vulnerables, 3 de cada 10 termina el secundario… Hasta donde yo sé, no se puede empezar la universidad sin haber terminado el secundario”.

“Si miramos el número de ingreso a universidades, solo un joven entre los sectores vulnerables asiste a la universidad de cada 10. ¿Quieren dar la discusión, o quieren salir de la fantasía a la que se mudaron? Si no se hubieran mudado a una burbuja de ficción les tendría que doler tanto como a mí”, remarcó.

Para cerrar, Ajmechet sostuvo que “desde 2009 hasta hoy setamos hablando de 24 universidades nuevas en 13 años. 17 están en la provincia de Buenos Aires, solo 7 en el resto. ¿Cuál es la realidad en las provincias que no están atendiendo? Por qué crean tantas universidades en Buenos Aires, qué concepto del federalismo tienen?”, y cerró preguntándose cómo se van a financiar y advirtiendo que esas casas terminan convirtiéndose en “refugio de intendentes”.

Proveniente del ámbito universitario, Danya Tavela dio también números: la provincia de Buenos Aires va a tener un ratio de 613 mil habitantes por universidad, muy por arriba de la media del país, que es de 349.685 habitantes por universidad y que además está muy por arriba de países desarrollados, como el caso de Estados Unidos, India, Brasil o México, detalló.

La diputada de Evolución Radical aclaró que no estaba en contra de la creación de nuevas universidades, aunque pidió considerar ese tipo de cuestiones y la necesidad de que “la distribución debe ser federal.

Apuntó además que acompañaría el dictamen de la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, pero con disidencia respecto del artículo 7°, donde pedía que las autoridades de la actual universidad que hubieran sido elegidas por el claustro oportunamente puedan ejercer “idénticas funciones hasta concluir sus mandatos”.

Con los tapones de punta salió la oficialista Mara Brawer, que se manifestó orgullosa de los 12 años de gestión de Néstor y Cristina Kirchner en materia de políticas educativas, y los contrapuso con la gestión macrista: “Ustedes despreciaron a los docentes, también hablaron de la escuela pública como una caída”, y hasta les endilgó buscar acuerdos con Javier Milei, de quien recordó que se desentendió de la posibilidad de que haya escuela pública. “La diputada que está hablando forma parte de la fuerza política cuya presidenta está proponiendo aliarse con una persona que tiene ese pensamiento”, dijo en referencia a Sabrina Ajmechet, y cerró afirmando que “fueron ustedes los que bajaron el presupuesto educativo, los que no construyeron escuelas”.

Le contestó la diputada aludida, que consideró lo de Brawer una “falta de respeto”. Y le pidió que le citara “una sola opinión de alguien de Juntos por el Cambio en contra de la escuela pública. No hay ninguna razón de asociar, salvo difamar, tratar de esconder el ajuste que están haciendo en educación con tres palabritas: ‘Ah, pero Macri’”.

Fue luego el turno de la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri, quien expuso que “solo el 25% egresan de nuestras universidades en tiempo y forma de ese porcentaje mínimo que llega a la universidad”. Se preguntó “de dónde vamos a sacar el dinero” para financiar universidades, si será “del sistema obligatorio, que ya está abandonado”.

Y a continuación se registró una desopilante pulseada con las autoridades del plenario, pues intentó leer la carta que el rector de la Universidad de Ezeiza había dejado. Sin pedir permiso arrancó leyéndola, pero Blanca Osuna la frenó en seco. Ella siguió leyendo, y Heller intentó callarla: “Está trasgrediendo reglas, quien dispone la palabra es el presidente”.

Morales Gorleri aclaró que estaba ejerciendo su potestad para hablar y Heller replicó: “Puede hablar, pero no puede leer sin pedir autorización”. Entones ella siguió exponiendo lo que su compañero Martín Tetaz le iba dictando, y todo se transformó en un diálogo (o discusión) de sordos. “Tiene que ver con el reglamento”, le insistieron las autoridades del plenario, a lo que ella se interrumpió para decir: “Yo no sé qué le preocupa, voy a seguir leyendo…”.

Le cortaron el micrófono y ella siguió hablando a través de otros micrófonos. Finalmente Osuna y Heller se dieron por vencidos y Morales Gorleri pudo llevar adelante la lectura, en la que el rector de Ezeiza hablaba de antecedentes históricos en los que la universidad nacionalizada mantenía sus autoridades. Mencionó a la UNIPE, donde “no se designó ningún interventor o interventora exógena de la autonomía de la propia universidad”, e incluso citó el caso de la Universidad de las Madres, y el de la de Paraná.

“Entiendo que debo acompañar el proyecto de las autoridades municipales”, señaló el rector en la misiva leída por Morales Gorleri, que cerró reclamando que Argentina fortalezca el sistema universitario provincial. “No fue tan grave”, sugirió la diputada del Pro al concluir.

No era lo que pensaba Blanca Osuna, que habló de una actitud “prepotente”, reclamó ser “respetuosos de quien coordina la reunión”, y consideró que ese respeto había sido impugnado.

La Universidad de Río Tercero

Finalmente la cordobesaGabriela Brouwer de Koning defendió su propuesta para crear la Universidad de Río Tercero, remontándose a la tragedia que vivió esa ciudad con la voladura de la Fábrica de Río Tercero hace 27 años, hecho que definió como “un golpe letal que afectó todo el entramado de la ciudad”.

“Desde ese momento muchos riotercerenses se fueron y desde ese momento esta ciudad que era vigorosa y pujante se convirtió en una ciudad peligrosa y temida –aseguró-. La Fábrica Militar, que fue la empresa madre que le dio su perfil a la ciudad, paradójicamente fue el talón de Aquiles. Fue la misma empresa la que desvaneció la ciudad”.

La diputada de Evolución Radical aclaró que Río Tercero “nunca bajó los brazos y siempre quiso salir adelante”. Sostuvo que siempre reclamaron una reparación simbólica y que finalmente concluyeron en que “la única herramienta que puede resultar reparativa y que puede recrear el entretejido social es la educación pública, gratuita y de calidad”.

Recibió el apoyo de su par oficialista Eduardo Fernández, quien aclaró que junto a sus compañeros de bancada Gabriela Estévez y Pablo Carro habían presentado un proyecto que iba en el mismo sentido, y celebró que hubiera un dictamen único con apoyo de las dos comisiones.

Al cabo, una señal de consenso al final de un debate extenso y sumamente tenso.

Presidida por la entrerriana Blanca Osuna (Frente de Todos), la Comisión de Educación avanzó con el dictamen del proyecto de ley de Inclusión Digital Educativa, que crea la Agencia Federal de Conectar Igualdad, un organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de Educación.

La presidenta de la comisión explicó que los proyectos contienen el plan federal de conectividad del sistema educativo, garantizan el acceso y la navegación gratuita por servicios de internet, a través de dispositivos móviles, de manera libre, a todos los estudiantes y docentes del sistema educativo nacional.

“Al revisar los antecedentes en esta Cámara hay más de 25 proyectos, con muchos aspectos comunes y con el objetivo de poder instalar como política de estado la inclusión digital”, señaló Blanca Osuna, que agregó: “Es altamente significativo que en los últimos 10, 15 años se ha ido sosteniendo como una preocupación, una acción y una política el acceso o la inversión en materia para la inclusión digital, para alumnos y alumnas del sistema educativo argentino”.

La diputada Victoria Morales Gorleri (Pro-CABA) adelantó la presentación de un dictamen de minoría. “Es un tema que venimos trabajando, buscando acuerdos. Todos estamos de acuerdo en el diagnóstico, todos somos conscientes durante la pandemia de la gran dificultad y esto evidenció la importancia y que la conectividad es un derecho”, comentó. A la vez, objetó la creación de este instituto: “Creo que es posible, además de necesario que esté en el Ministerio de Educación, ya que tiene sobradas herramientas para poder llevar adelante un plan nacional, federal de conectividad”, aseguró.

Por otra parte, la comisión dictaminó el proyecto de ley de creación del programa de respaldo a estudiantes de Argentina (Progresar), con el fin de promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnico profesional de jóvenes entre 16 a 30 años de edad inclusive residentes en Argentina; en el marco de lo establecido por la ley N° 26206 de educación nacional; la ley N° 26.058 de formación técnico profesional; y la ley N° 24.521 de educación superior.

 El diputado Daniel Arroyo (FdT) se refirió al mismo: “Es un tema central, si hay un problema es en los jóvenes no terminan sus estudios, en este proyecto cuando nos referimos a las becas Progresar, estamos hablando de apoyo económico para terminar la escuela secundaria, para iniciar o avanzar en carreras terciarias y capacitarse en oficios, es una política educativa y social”.

En la misma línea, la diputada de Evolución Radical Danya Tavela celebró que la iniciativa contempla la “pluralidad de ideas”. “Es un proyecto que representa la expresión de una política de Estado que hace a las cuestiones centrales cuando se quiere apostar en serio a la educación. La ampliación de la franja etaria es importante porque reconoce una realidad: la sobreedad producto de que los estudiantes no sean full time porque los estudiantes trabajan y estudian”.

 Al mismo tiempo, la comisión aprobó los dictámenes de los proyectos por los cuales se aprueban acuerdo de Cooperación en áreas de Cultura y Educación entre la República Argentina y República de Serbia, suscripto el 26 de noviembre de 2014 en la ciudad autónoma de Buenos Aires; acuerdo sobre reconocimiento de títulos de grado de educación superior en el Mercosur, celebrado en la ciudad de Montevideo – República oriental del Uruguay – el 17 de diciembre de 2018; y el que declara cuna del Magisterio Argentino a la Escuela Normal José María Torres de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, primera escuela normal nacional de formación docente en la de argentina.

La Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por la senadora Clara Vega (Hay Futuro Argentina – La Rioja), se reunió este martes para debatir con especialistas en Infancia y Psicología sobre salud mental de las niñas, niños y adolescentes dentro de los sistemas de salud y sus desafíos futuros.

En la reunión informativa expusieron las invitadas: Edith Benedetti, subsecretaria de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud; Paula Wachter, de la ONG Red por la Infancia; Eva Rotemberg, de la Asociación Psicoanalítica Argentina; Silvia Ongini, del Centro de Prevención de Abuso Sexual en la Infancia y Adolescencia; y Mercedes Minnicelli, doctora, docente e investigadora en Psicología.

La reunión de la Bicameral comenzó con la exposición de Edith Benedetti, quien relató los logros del ministerio que maneja Carla Vizzotti, y explicó: “Lanzamos un programa con la OPS y la OMS de capacitación para los equipos de salud del primer nivel. El programa mhGAP (Programa de Acción Mundial para Superar las Brechas en Salud Mental) está relacionado a cómo intervenir en la primera atención con la familia y la comunidad”.

A su vez, agregó que, junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), “estamos trabajando en las capacitaciones por varias preocupaciones que tenían los responsables de niñez de todo el país”. Asimismo, expresó que “el punto más importante es la formación de profesionales que trabajan dentro del sistema de protección de derechos”.

“El ministerio viene trabajando a la salud mental desde la perspectiva de derechos humanos. Venimos tratando la integración del sistema de salud desde los gestores estatales, privados y organizaciones no gubernamentales para dar una respuesta a los niveles de salud”, explicó la funcionaria.

En segunda instancia, la titular de la comisión invitó a Paula Watcher, quien sostuvo que “como todos los problemas de infancia, la salud mental es otro de los grandes temas que se caracteriza por su gran prevalencia y el gran impacto que tiene en la trayectoria de vida de los niños, niñas y adolescentes y su gran invisibilización”.

“Cuando hablamos de estos temas, hablamos de cuál es el costo asociado. Habría que pensar cómo reasignamos este gasto de una manera que podamos prevenir y abordar correctamente el problema y no mitigar o minimizar las consecuencias negativas que ya tenemos”, señaló la directora de Red por la Infancia.

La especialista sostuvo que la salud mental “es otro gran tema por su gran prevalencia y por su impacto en la trayectoria de los niños, niñas y adolescentes y su gran invisibilización”. En Latinoamérica, “el 13% de las niñas, niños y adolescentes entre 10 y 19 años tiene un diagnóstico de un problema de salud mental, sabemos que Latinoamérica está por encima de esa media mundial, lo que implica 16 millones de niñas, niños y adolescentes entre 10 y 19 años con problemas de salud mental”, aseveró.

“La Argentina se encuentra por encima de esta media. El 15% de las niñas, niños y adolescentes tiene un diagnóstico de problema de salud mental”, dijo y convocó a tenemos que además de pensar en una cifra negra, esto significa 1 de cada 7 niños sin una norma, ni una política que específicamente  los tenga como una población objetivo con todas sus particularidades”, explicó y continuó: “Lo que pasa en la infancia afecta su presente e hipoteca su futuro, tenemos que hablar de un impacto desde un modelo socioecológico”, agregó.

En el cierre de su exposición, manifestó que “se necesita invertir la simetría que hay entre los dispositivos destinados a adultos contra los de niños, pero también tener en cuenta que los programas y políticas públicas deben ser especializados, en cada tipo de problemática diferente que se presenta”.

Eva Rotenberg, directora del Departamento de Psicosomática en la Asociación Psicoanalítica Argentina, advirtió que “el mundo está cambiando y el tiempo de los procesos ha cambiado. Debemos pensar nuevas estrategias, todas las disciplinas se han híper especializado, tanto que nos hemos olvidado del sujeto humano”, respecto al tratamiento de la salud mental dentro de la medicina.

Así también Rotenberg señaló que “los profesionales, las familias, niños, niñas y adolescentes deben desarrollar herramientas y recursos yoicos para afrontar la problemática psicológica que están atravesando”.

Silvia Ongini, psiquiatra del Departamento de Pediatría del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires, habló sobre trayectorias traumáticas en adolescentes y explicó que “en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, el abuso sexual está dentro de las formas que producen estrés postraumático como el riesgo de muerte, como la proximidad o vivencia de muerte y también se compara con la tortura”.

Asimismo, la doctora sostuvo que “el derecho de los niños, niñas y adolescentes con sufrimientos subjetivos requiere una respuesta urgente”. A su vez, advirtió que “los cambios no se logran sólo mediante la enunciación de una norma, sino que la construcción de un nuevo paradigma requiere del involucramiento de la sociedad”.

La última exposición fue de la investigadora Mercedes Minnicelli, quien manifestó que “el punto de vista de niños y niñas es el ausente en cualquiera de los dispositivos que estamos pensando”, en relación a la detección tardía del sistema de salud sobre patologías psiquiátricas en menores.

“Tenemos muchas leyes que aborden esta problemática, pero lo que realmente necesitamos para incorporar mejoras en el sistema de salud para niñas, niños y adolescentes son dispositivos y acciones”, señaló Minnicelli.

Al finalizar las cinco exposiciones, la diputada nacional María Eugenia Duré (FdT – Tierra del Fuego) consultó a Paula Watcher acerca de la guía contra el abuso que armó y los pasos judiciales, que “suelen ser engorrosos, principalmente para las madres”.

Paula Watcher le respondió que “en el 80% de los casos de abuso sexual en niños y niñas el atacante pertenece al círculo cercano de la víctima”, y agregó que “dentro del sistema de protección integral se debe contribuir a la detección temprana y su abordaje adecuado”.

La diputada Carla Carrizo (Evolución Radical – CABA) sostuvo que “la idea de hacer esta jornada en la Bicameral es tener una voz bien potente en ambas cámaras sobre salud mental y perspectiva de niñez”. Además dijo que “hay mucho para aprender y conocer”.

La vicepresidenta de la Comisión Bicameral, Victoria Morales Gorleri, agradeció la presencia de las expositoras y celebró que “haya una mirada diversa” en torno a la salud mental de las niñas, niños y adolescentes.

A su vez, la diputada nacional Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz) destacó “el respeto con el que se expuso un tema tan delicado” y aclaró que “el tema está en tratativas desde la constitución de la comisión”.

En el final, la diputada Gabriela Valenzuela (UCR – Corrientes) les preguntó a las expositoras sobre cuáles son los cambios necesarios para con la Ley de Salud Mental. Por lo que Mercedes Minniceli le remarcó: “No necesitamos cambiar la Ley de Salud Mental, lo que se necesita es instrumentar a los programas, dispositivos y la formación”.

Sin más preguntas y exposiciones, la presidenta Clara Vega dio por finalizada la reunión informativa de la Comisión Bicameral Permanente del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Los diputados nacionales, Carla Carrizo y Danya Tavela, de Evolución Radical y Victoria Morales Gorleri, del Pro, realizaron, este lunes en el Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, junto a organizaciones de la sociedad civil, profesionales y protagonistas, la jornada “Certificado Único de Discapacidad en Argentina: Mirada de profesionales, ONGs y protagonistas”, con el objetivo de avanzar en una agenda de incidencia.

Hace unos meses se lanzó, a través de las redes, una convocatoria para saber cuál era el trámite más inútil y el primer puesto se lo llevó la renovación del certificado único de discapacidad (CUD) para aquellas personas que es irreversible. A través de esta jornada, 280 personas de forma presencial y remota, 64 organizaciones, legisladores y protagonistas dieron el primer paso para avanzar en el Congreso en una mejora de la legislación.

La primera en tomar la palabra fue la diputada nacional por Evolución Radical, Carla Carrizo: “Quiero agradecer a todos los que están acá. Hay más de 280 personas y más de 64 organizaciones de la sociedad civil. Esto no es casualidad. Es cumplir con la ley. Porque cualquier modificación que querramos hacer en la ley, según la Convención, hay que consultarla con los protagonistas. Y aquí estamos escuchándonos”, dijo la diputada radical.

“En la votación del trámite más inútil, se sintió el poder social. El CUD No Renovable para personas con discapacidad permanente muestra la necesidad de mejorar lo que por diferentes motivos es una experiencia con muchos obstáculos. Tenemos que cambiar el enfoque, fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad y no que el Estado nos diga cuando tenemos que hacer los trámites”, añadió Carrizo.

“Siete proyectos existieron en los últimos 10 años sobre la necesidad de la no renovación del CUD para discapacidades permanentes. Esta experiencia, que es silenciosa y llena de obstáculos para las personas con discapacidad y las familias, se convirtió en el trámite inútil más votado en Twitter de Martín Tetaz, cuando los ciudadanos se relacionan con el Estado”, finalizó Carrizo.

A su turno, la diputada Danya Tavela dijo: “Este encuentro tiene la riqueza de la escucha, la relación directa con la ciudadanía para construir un Estado inteligente, que conecte demandas con soluciones. Poner un Estado al servicio de la gente. Estamos convencidos de que fortalecer la autonomía de las personas con discapacidad impacta positivamente en su desarrollo. Quiero agradecer la lucha silenciosa de todas las familias de todos estos años, y esperemos que el miércoles el CUD no renovable para personas con discapacidad pueda avanzar”, señaló.

La diputada Victoria Morales Gorleri expresó que “escucharlos es muy importante. Este tema me compromete, me moviliza. Hoy tenemos una sociedad que no abraza las diferencias y tenemos que modificar todo aquello que impide una verdadera integración de las personas con discapacidad. Esperemos que este jueves logremos dictaminar el CUD No Renovable”.

Jimena López, diputada nacional del FdT expresó: “La accesibilidad de personas con discapacidad tiene sus interseccionalidades. ¿Por qué no pensar entonces una proyección específica para la infancia? Me llevo muchos temas de esta jornada, sobre todo lograr incluir a las personas con discapacidad en la SUBE”, dijo.

Por su parte, Verónica Kuljko, autora de petición en Change.org, dijo que “la renovación del CUD es una roca en el camino, que uno carga y no descarga. Es una mochila. Este es el certificado menos querido y el más necesitado, por eso es necesario que nos escuchen y nos allanen en el camino”, señaló.

Luego, desde Change expusieron: “Somos una plataforma gratuita y neutral, donde entran más 300 peticiones por semana. Acompañamos a cada persona que peticiona y es lo que estamos haciendo aquí. Felicitamos a los protagonistas que están acá y los seguimos acompañando. Este evento responde directamente a la misión de Change: ser un puente democrático”.

Luego fue el turno de Alicia Rodríguez, autora de petición en Change.org: “he visto de cerca la discriminación que sufren las personas con discapacidad cuando tienen que subir a los transportes públicos. Esto es un abuso, no debería demostrar nada. Mi hijo vivió un momento muy doloroso en esta situación, y su dolor es mi dolor. Por eso debemos avanzar en la SUBE para personas con discapacidad”.

Mariana Salas, periodista y activista por los derechos de personas con discapacidad, dijo: “mi experiencia con el CUD al principio fue pensar ¿por qué sumar otra etiqueta más? Me sentí muy chiquita, realizar trámites tediosos, reconstruir el porqué necesitaba un certificado. Después fue mi herramienta de lucha. Es super bienvenido este debate, ojala que se pueda llevar a cabo esta aprobación de este proyecto para acabar con todas las burocracias o gran parte de ellas que tenemos que sortear las personas con discapacidad”.

El encuentro contó con las adhesiones de Luis Di Giacomo, presidente de la comisión de discapacidad y Mónica Fein, presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

Hay varios proyectos en el Congreso sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Y, en ese marco, los legisladores comenzaron a trabajar sobre una agenda en común de incidencia y escucharon a los protagonistas, profesionales, especialistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil.

Los diputados nacionales Carla Carrizo (Evolución Radical), Martín Tetaz (Evolución Radical) y Victoria Morales Gorleri (Pro) realizarán este lunes desde las 16.30 en la Sala 1 del 2do piso del Anexo A de la Cámara de Diputados de la Nación, la jornada “Certificado Único de Discapacidad en Argentina: Mirada de profesionales, ONGs y protagonistas”. El objetivo es avanzar en una agenda de incidencia junto a organizaciones de la sociedad civil, profesionales y protagonistas.

El encuentro contará con la participación de Roberto Degrossi, de la Comisión Directiva APEBI; Daniel Marcuzzi, director Ejecutivo Asociación Proactiva; Alexia Rattazzi, directora Ejecutiva PANAACEA; Verónica Kuljko, autora de petición en Change.org; Alicia Rodríguez, autora de petición en Change.org; Horacio Rigamonti, Comisión Directiva ASDRA; Jessica Stiberman y Jimena Szpanierman de Change.org; Mariana Salas, periodista y activista por los derechos de personas con discapacidad; Marina Miguens, emprendedora y activista, entre otros.

Hay varios proyectos en el Congreso sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Y, en ese marco, los legisladores empezarán a trabajar sobre una agenda en común de incidencia, escuchando a los protagonistas, profesionales, especialistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, de conformidad con lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Aquellos que deseen participar, pueden inscribirse a través de siguiente formulario: https://bit.ly/3LoYCmT

En el marco de las celebraciones por el Día del Maestro, la diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro), recibió este lunes en el Congreso de la Nación a seis docentes finalistas del Global Teacher Prize para conversar sobre la audacia de romper con la rutina educativa y aseguró que “los docentes de nuestro país logran transformar vidas con la herramienta de la educación. En esta Argentina doliente que mejor que escuchar esperanza: ser docente es ser un ser de esperanza”.

Durante el conversatorio se abordaron diversidad de temáticas vinculadas a la educación, repitencia, la pandemia y la situación actual del sistema educativo de nuestro país. Los seis maestros recibieron un diploma y una placa para reconocer su labor y su práctica transformadora para la educación y el país.

Ana María Stelman, una de las docentes nominadas, recordó los proyectos que implementó durante la pandemia en La Plata y dijo que “no alcanza con lograr que los chicos ocupen un banco, nuestra misión es que los chicos aprendan y para eso debemos mirarlos con atención a los ojos y así poder encontrar el camino que debemos tomar para generar una comunidad en la que todos sean tenidos en cuenta”.

Por su parte, Martín Salvetti destacó la importancia de hablar sobre educación y dijo que “el Congreso debe estar todos los días hablando de educación y somos nosotros quienes podemos contar lo que pasa en las aulas”.

A su vez, Silvana Carnicero aseguró que, según su experiencia, “hay que interpelar desde los intereses de los chicos y usar la tecnología con propósito para lograr que los chicos se involucren. Como docentes podemos cruzar las barreras del no para entusiasmar a nuestros alumnos”.

En el mismo sentido Germán Soto destacó la importancia de “no tener miedo de seguir a pesar de los fracasos. La educación tiene avatares, podes estar en el paraíso o en el infierno. La pandemia puso en valor nuestro trabajo, la comunidad nos demanda porque somos parte del estado y nosotros tenemos que responder con propuestas”.

En suma, María Cristina Gómez afirmó que “a veces pesan más los prejuicios que la mochila y otras tantas en el sistema hay máquinas de impedir cosas y es nuestra labor sortear esos obstáculos con rebeldía para tener éxito. Hay que buscar experiencias innovadoras para romper el techo de cristal de los barrios, y que no importe la diferencia de cuna”.

Inés Bulacio, docente hospitalaria, sostuvo: “Nuestros alumnos son muchas veces chicos invisibles.  Nuestro norte es que no queden excluidos y por eso buscamos crear las condiciones para que los chicos sean participes activos, cada uno a su tiempo. Hacemos todo para que el aprendizaje suceda más allá del contexto y la situación de cada uno”.

“Estos docentes son un ejemplo de cuál es el camino, cada uno puso en el centro a los chicos y Argentina entera se los agradece. Si hay algo bueno que nos dejó la pandemia es una sociedad mirando a la educación, muchas familias atentas a lo que sucede y poniendo en el centro a los chicos. Esto es una gran oportunidad que no podemos dejar pasar, con una sociedad despierta podremos repensar íntegramente el sistema con audacia”, concluyó Morales Gorleri.

Los diputados nacionales Mario Negri, presidente del bloque UCR, Juan Manuel López, jefe del bloque Coalición Cívica, y Victoria Morales Gorleri (Pro) viajaron a Catamarca a apoyar a la dirigencia local de Juntos por el Cambio ante la posibilidad de que el gobierno de Raúl Jalil suspenda las PASO en la provincia.

Negri, López y Morales Gorleri brindaron una conferencia de prensa en la sede del Comité provincial de la UCR, junto a los también diputados nacionales Francisco Monti (UCR) y Rubén Manzi (CC), además del presidente del Pro local, Carlos Molina.

“Para el peronismo los calendarios electorales y las instituciones son insumos de supermercado. Eso no puede ser. Los catamarqueños deben tener certezas. Las PASO se votaron en la época de Néstor Kirchner, fue una manera de ordenarse y salir de la incertidumbre. En vez de recular, debemos avanzar en boleta única y en ficha limpia. Le digo al gobernador: dejen de pensar en qué trampa pueden hacer”, señaló Negri.

El radical cordobés fustigó que “el kirchnerismo cada vez que puede mezcla todo. Nos lleva a discutir esto. El valor de las instituciones es secundario para ellos. Van a buscar cualquier argumento para no irse del poder”. “El ministro (Sergio) Massa debería decirnos si el clima que está generando el kirchnerismo lo ayuda a refinanciar deudas y conseguir reservas”, lanzó.

Con @JuanmaLopezAR @VMoralesGorleri vinimos a apoyar a JxC en Catamarca. Le decimos al gobernador Jalil, que quiere suspender las PASO provinciales:
"Dejen de pensar en qué trampa pueden hacer".
Estamos alertas en las provincias y a nivel nacional. pic.twitter.com/y3EIyFj3jb

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) August 29, 2022

En tanto, López sostuvo que “las PASO son clave para que la sociedad pueda incidir en la política de una manera abierta. Son un gran avance. En 2011 se implementaron a nivel nacional y 2015 en Catamarca. Pero vemos que se suspendieron en San Juan y Salta y acá hay rumores”.

“En lo nacional estamos preocupados, las reglas de juego no se pueden cambiar de un día para el otro, se trata ni más ni menos que de la certeza que deben tener los partidos políticos para organizar sus candidaturas, y de la certeza de la sociedad. Estamos genuinamente preocupados, creen que eliminándolas perjudican a JxC, pero habrá resistencia muy fuerte en la Cámara de Diputados”, anticipó.

Por su parte, Morales Gorleri acotó: “El kirchnerismo apela a la violencia permanente, no se hacen cargo de la institucionalidad. Hay que defender las instituciones”.

Los legisladores nacionales también fueron consultados por el clima político que se agitó la semana pasada a partir del pedido de la Fiscalía de 12 años de prisión para Cristina Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”.

Al respecto, Negri sostuvo: “Nosotros no aportamos a la violencia. Le digo a los argentinos que no se enganchen. Está claro que el kirchnerismo quiere que la Justicia se resuelva en la calle, no hay que entrar en esa provocación. Estamos preocupados por el deterioro de la democracia porque además se combina con la destrucción de la economía. Queremos dar respaldo a la Justicia y pedimos a la sociedad que no se enganche en provocaciones”.

En una reunión que se llevó a cabo en el Salón Eva Perón del Senado, se constituyó este jueves la Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, que correspondía estuviera presidida este año por un representante de la Cámara alta.

Al momento de pasar a designar las autoridades, el jefe del interbloque Frente de Todos en el Senado, José Mayans, propuso a la riojana Clara Vega, quien tiene un monobloque pero es una aliada contada como una más por el oficialismo.

En tanto, por Juntos por el Cambio se eligió a la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri como vicepresidenta. Y la secretaría quedó en manos de la diputada del FdT Paola Vessvessian, quien en los últimos dos años la presidenta de esta comisión.

Al tomar la palabra, Vega agradeció a “los compañeros que han creído que podía ser la persona indicada”. Luego dijo que “el compromiso” es “ponernos a todo, porque estamos a más de la mitad del año”. En ese sentido, afirmó que convocarán a la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham para que brinde un informe “sobre los temas que viene trabajando”.

También se buscará avanzar con “la agenda que tiene pendiente esta comisión”, señaló la riojana y abogó por que la bicameral pueda “tener relevancia” al “ocuparse de la temática de la niñez y la adolescencia que han sido tan impactadas en este tiempo de pandemia”.

Por su parte, Morales Gorleri coincidió que “lo que han atravesado y están atravesando” los niños y adolescentes “es muy doloroso y preocupante”. “No podemos dejar de pelear por esos derechos que están en deuda hace mucho tiempo”, aseveró y convocó a “trabajar en conjunto” de modo que “esta temática nos una, y para que no haya grieta cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes”.

La senadora oficialista María Eugenia Duré sostuvo que “nos queda muchísimo por hacer”, al tiempo que reivindicó la labor realizada durante pandemia, cuando además “pudimos oír a los jóvenes”. Mientras que su par María Eugenia Catalfamo pidió poder “sumar a distintas infancias que no han sido tenidas en cuenta a lo largo de la historia, como las infancias trans” entre la agenda a tratar.

A su turno, la senadora radical Gabriela Valenzuela remarcó que “es importante traer la demanda de parte de ellos”, en alusión a los niños y adolescentes, al conocer el territorio y los problemas que hay para “darles lo que ellos se merecen”.

Luego, la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo consideró que hay una “deuda pendiente” que tiene que ver con que “la Ley de Salud Mental no los contempla -a los niños y adolescentes- y la Ley 26.061 no habla de salud mental. Así que son los ni-ni de la política de salud pública”. En ese sentido, propuso modificar esas normas porque “lo que no se nombra no se presupuesta”. “Hoy es un tema que atraviesa a todos, pero se viene planteando desde 2015”, agregó.

Otra de las que habló fue la diputada del FdT Jimena López, quien planteó la necesidad de “seguir profundizando un modelo que tenga que ver con los derechos, con la subjetivización de nuestros niños, niñas y adolescentes”, porque “si bien es cierto que Argentina tiene leyes de avanzada en relación a las infancias, no es menos cierto que nuestros dispositivos institucionales siguen aplicando el patronato”.

Vessvessian repasó el trabajo realizado por la bicameral en los últimos dos años, y abogó por darle en este nuevo tramo la misma dinámica y alcanzar “mayores resoluciones”. Aseguró que hubo “mucho intercambio, mucho diálogo, respetándonos las diferencias, pero también acordando que en las infancias no se disputan las cuestiones políticas”. “Tenemos que buscar que la realización de los derechos se hagan respetando el interés superior del niño”, manifestó.

Finalmente, la diputada oficialista Mabel Caparrós expresó que “hay un enorme trabajo para esta comisión” y mencionó temas como las nuevas tecnologías y la salud mental, al tiempo que opinó que todo debe hacerse bajo el “concepto de federalismo” y “escuchar al interior, que es tan distinto” en todas sus regiones.

La bicameral quedó integrada por las senadoras Clara Vega (Hay Futuro Argentina), María Eugenia Duré (FdT), María Eugenia Catalfamo (FdT), Gabriela Valenzuela (UCR) y Victoria Huala (Pro); y las diputadas Mabel Caparrós (FdT), Carla Carrizo (Evolución Radical), Jimena López (FdT), Victoria Morales Gorleri (Pro) y Paola Vessvessian (FdT).

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para promover una estrategia integral con la intención de prevenir, abordar y erradicar el bullying y el ciberbullying entre niños, niñas y adolescentes en el ámbito escolar.  

La iniciativa propone implementar protocolos de intervención, campañas masivas de difusión, instancias de capacitación gratuitas, la realización de relevamientos y encuestas anuales, y el desarrollo de plataformas digitales de fácil acceso para brindar información y asesoramiento de esta problemática, entre otras medidas.  

El proyecto fue presentado por las diputadas nacionales del Pro, Mercedes Joury y Victoria Morales Gorleri, y fueron acompañadas por sus pares Alejandro Finocchiaro, Roxana Reyes, Cristian Ritondo, Camila Crescimbeni, Gabriela Besana, Gabriela Lena, María Eugenia Vidal, Martín Maquieyra, Leonor Martínez Villada, Ana Clara Romero, Sabrina Ajmechet, Adriana Ruarte, Danya Tavela, Lidia Ascarate y Maximiliano Ferraro. 

Joury señaló que Argentina “figura entre los 15 países con mayores índices de acoso escolar en el mundo”, y agregó “necesitamos actuar ya, en forma conjunta y coordinada entre la nación y las provincias, desde una perspectiva integral y preventiva para reducir estos terribles índices, porque detrás de cada caso hay niños, niñas y adolescentes que sufren y necesitan una respuesta por parte del Estado y de la comunidad educativa. Hoy claramente no la tienen”.

Por su parte, Morales Gorleri recordó que “7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes sufren bullying o ciberacoso. No podemos naturalizar esta problemática ni tratarla como una “cosa de chicos o una etapa”. El bullying no es algo que involucra solo al agredido y al agresor; hay todo un sistema que también incluye al mundo adulto que propicia el espacio para que el bullying se pueda desarrollar”. 

Y agregó que sus secuelas “acompañarán a nuestros hijos durante toda su vida adulta y no fomenta una sociedad pacífica y justa y es por eso que es necesaria una capacitación integral.  Buscamos crear un programa nacional que genere lineamientos federales y fortalezca a las jurisdicciones a la hora de construir sus propias estrategias, medidas y acciones para hacerle frente a esta problemática que se lleva la vida de muchas chicas y chicos en nuestro país”.

El bullying y ciberbullying constituyen un problema grave y creciente en la Argentina, y las cifras son alarmantes. Todas las semanas se conocen gravísimos casos en distintos puntos del país. 

Esta semana, el caso más resonante sucedió en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, en donde un alumno de 15 años de la Escuela Industrial N° 1 Albert Thomas, recibió una brutal golpiza dentro de la institución por parte de un compañero que lo dejó internado y con serias heridas en su cuerpo. Según relataron los padres del alumno, la víctima había sido golpeada por sexta vez en los últimos 15 días dentro del aula.

La Cámara baja rechazó este miércoles un pedido de apartamiento del reglamento para tratar un proyecto de la diputada del Pro Victoria Morales Gorleri consistente en un programa de salvataje pedagógico para la postpandemia. Lo planteó con un encendido discurso el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro, quien habló de la existencia en nuestro país de “un apagón educativo solo comparable con países como Uganda”.

En su muy crítico discurso, el diputado del Pro afirmó que la Comisión de Educación de la Cámara baja “continúa cerrada”, como así también denunció que en la provincia de Buenos Aires “más de la mitad de las escuelas están sin gas y a nadie pareciera importarle”.

“Estamos trabajando para que esos chicos tengan una oportunidad y volvamos a poner en el eje del sistema educativo el aprendizaje, para que se cumpla el derecho básico humano inalienable para que los chicos puedan aprender”, señaló.

“El derecho que menos atiende el Gobierno es el derecho constitucional a aprender que tienen nuestros chicos”, enfatizó, cuestionando que “el Gobierno del Frente de Todos ha tercerizado el derecho educativo y lo ha hecho en un gremio: CTERA. De ahí surgió el ceterismo educativo”.

En ese marco planteó que “las políticas educativas las debe plantear el Estado, no una corporación”, y reclamó “terminar con este sistema que ha pasado de ser un sistema educativo, a uno sindical, donde lo único que importa es aquello que dicen los dirigentes sindicales”.

“Tenemos que terminar con el sistema educativo que no educa, con aquella escuela donde se trata de formatear en el pensamiento único a cada uno de nuestros chicos -agregó-. No educan, pero tratan de mantener la hegemonía, haciendo de nuestros chicos que vivan en la pobreza”, que es el destino que a juicio de Finocchiaro tendrán los niños “cuando no se puede tener una decisión de vida y se depende de la ayuda que le va a dar el Gobierno”.

Para fundamentar el rechazo al pedido de apartamiento de reglamento habló la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna. “Estamos frente a una situación donde evidentemente los argumentos desplegados en quien me precedió, lo que muestra es una vergonzosa línea de argumentos”, afirmó, enfatizando que “desde el 10 de diciembre del año 2019 comenzó a reconstruirse la educación argentina después de un desfinanciamiento, un deterioro, una grave situación que echó por tierra 12 años de trabajo sostenido, donde las líneas fundantes de la educación, en leyes, inversiones, en programas, mostraron que efectivamente la educación argentina es una bandera y una prioridad para nuestro Gobierno”.

“Además, aclaro que la educación argentina no necesita un salvataje, mucho menos de quienes siendo gobierno la desfinanciaron vergonzosamente”, remarcó.

En el marco del Día Mundial contra el Acoso Escolar, más de 20 diputados nacionales del bloque Frente Pro presentaron un pedido de informes y un pedido de acceso a la información pública para solicitar al Gobierno nacional que detalle las acciones que se están implementando para concientizar y prevenir el bullying y ciberbullying en Argentina.

Concretamente, los legisladores reclaman que se informe sobre los avances en la implementación a nivel nacional de la Ley N° 26.892 para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.

Se trata de una iniciativa presentada por las diputadas Mercedes Joury y Victoria Morales Gorleri, y acompañada por sus pares María Eugenia Vidal, Claudio Poggi, Alejandro Finocchiaro, Pablo Torello, Dina Rezinovsky, María Sotolano, Ana Clara Romero, Martín Maquieyra, Matías Taccetta, Soher El Sukaria, María Luján Rey, Camila Crescimbeni, José Núñez, Alberto Asseff, Sofía Brambilla, Karina Bachey, Sabrina Ajmechet, Florencia Klipauka, Gabriela Besana, Graciela Ocaña, Virginia Cornejo y Gerardo Milman.

Joury lamentó que Argentina “está entre los primeros 15 países del mundo con mayor índice de acoso escolar”. “Hoy es un día especial para concientizar sobre la importancia de prevenir el bullying y el ciberbulliyng, y para dejar de naturalizarlo, velando para que se tomen medidas concretas que protejan a niños, niñas y adolescentes”, consideró la bonaerense, que remarcó: “El acoso escolar es un problema de la niñez y la adolescencia pero que debe ser resuelto por los adultos”.

Por su parte, Morales Gorleri afirmó que “cuando aparece con claridad el bullying llegamos tarde y probablemente hay daños irreparables. Es sin dudas un problema multidimensional que requiere de la alianza familia y escuela. El mundo adulto le está dando a nuestros chicos solo grietas, odios y antagonismos”. “¿Cómo evitar el acoso escolar sin la conciencia clara de ver la diversidad como riqueza?”, se preguntó la porteña.

El pedido de informes solicita al Gobierno nacional que detalle las medidas y acciones implementadas en cuanto a la prevención y concientización del acoso escolar, sobre las estrategias de investigación e intervención que se están abordando en las escuelas, sobre lo referente a la composición de equipos interdisciplinarios, y en cuanto a las estadísticas sobre los casos de bullying o ciberbullying.

Los diputados del Frente Pro Cristian Ritondo -jefe del bloque- y Victoria Morales Gorleri presentaron un proyecto para reconocer la labor de los trabajadores de prensa argentinos que cubren el conflicto bélico en Ucrania.

Ambos legisladores entienden que “el compromiso que llevan a cabo los periodistas en el país europeo debe ser adecuadamente valorado como renovada expresión institucional de la Argentina frente a la invasión rusa”, al tiempo que implica un aporte más a la exigencia por garantizar la libertad de prensa en la zona de conflicto.

“La libertad de prensa es un valor universal que debe garantizarse en cualquier lugar y circunstancia, como así también la seguridad de los periodistas y corresponsales de guerra, quienes, en el lugar de los hechos, se juegan enteros para que el mundo pueda ejercer su derecho a la información”, expresó Ritondo.

En esa línea, el legislador argumentó: “Por eso, impulsamos el reconocimiento parlamentario de todos ellos que están trabajando en Ucrania y pedimos por la pronta conclusión de la invasión rusa que está destruyendo miles de hogares, provocando la inmigración de millones de ucranianos y quitando la vida de inocentes”.

Por su parte, Morales Gorleri explicó que “quienes llevan adelante la decisión de la guerra deben saber que el mundo los está mirando y que estamos velando por la seguridad de nuestros periodistas y sus equipos y el derecho a una cobertura independiente, veraz y sin temor a represalias”.

“Desde el Congreso de la Nación reconocemos el inmenso y valiente trabajo de nuestras y nuestros periodistas que informan sobre el terreno en condiciones extremadamente desafiantes, poniendo en riesgo su vida y buscando que la verdad no sea acallada por la censura”, añadió la diputada.

El proyecto fue acompañado por sus pares Mercedes Joury, María Luján Rey, José Núñez Jurado, Alejandro Finnochiaro, Sabrina Ajmechet, Adriana Ruarte, Camila Crescimbeni, Gabriela Besana, Germana Figueroa Casas y Aníbal Tortoriello.

La diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro), vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, celebró la sanción de la Ley de Trayectorias Educativas, votada este jueves en el Senado, de la cual fue autora.

“Todos los niños y jóvenes tienen derecho a una educación de calidad y a un sistema garantice y fortalezca el acceso y la permanencia pero también el egreso del sistema educativo”, resaltó y apuntó que “lamentablemente eso hoy no es una realidad: de cada 100 chicos, sólo 50 egresan en tiempo y forma”. “Esta ley viene a dar soluciones para ese 50% que están atravesando una situación de vulnerabilidad compleja que implica una multiplicidad de factores que trascienden lo meramente educativo”, afirmó.

La legisladora de Juntos por el Cambio subrayó que “la aprobación de este proyecto llega cinco meses después de lo que esperábamos. Nos atravesó una pandemia y una decisión política que mantuvo las escuelas cerradas a la presencialidad durante un año y medio. Esto complejizó la problemática de las trayectorias discontinuas y estoy segura de que se seguirá profundizando a medida que vayamos recuperando la normalidad plena y generando estrategias que cuantifiquen esta situación”.

“Empezaremos a confrontarnos con lo que llamamos pobreza de aprendizajes y todas las cuestiones emocionales vinculadas a lo vivido, es por eso que si bien celebramos la aprobación de esta ley, fruto del consenso y trabajo conjunto de distintos bloques, también insistimos para que se pongan en tratamiento otros proyectos vinculados a los que aún no se les dio espacio: Programa de Salvataje Educativo para la post pandemia; obligatoriedad de sala de 3; creación del Instituto de Evaluación; entre tantas otras leyes que consideramos cruciales para empezar a revertir la tragedia educativa que atravesamos como país”, reclamó la macrista.

Además, Morales Gorleri analizó que “la permanencia en la escuela responde a factores educativos, y también a factores sociales, económicos y de contingencia, como fue la pandemia y la cuarentena eterna que golpeó a gran parte de nuestro territorio. También se relaciona con la sobreedad y es justamente la tasa de sobreedad -por ingreso tardío al sistema o por repitencia- el otro indicador que revela problemáticas específicas para la educación”.

En ese sentido, explicó los objetivos de la ley para “promover acciones de educación inclusiva que garanticen el acompañamiento y fortalecimiento a las trayectorias escolares para que sean continuas y completas para todos los chicos de la educación obligatoria, en igualdad de condiciones. Teniendo en cuenta que hoy el 54,3% de nuestros niños y jóvenes son pobres, la ley pone especial especial énfasis en acompañar a las comunidades en situación de vulnerabilidad”.

La norma prevé que se implementen estrategias socioeducativas y pedagógicas contextualizadas, con criterios y propuestas que consideren de manera integrada las dimensiones socioafectivas y cognitivas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y que contemplen pautas de evaluación, acreditación y promoción y el fortalecimiento de tutorías y/o acompañamientos específicos para todos los niveles educativos.

“El desafío más urgente es reducir la brecha educativa que quedó expuesta con la pandemia y lograr que el sistema educativo sea más inclusivo. Para eso tenemos que fortalecer los dispositivos institucionales, el trabajo de los equipos de conducción y fundamentalmente el de los docentes. Con esta herramienta tenemos la oportunidad de mirar a nuestros chicos de manera integral y trabajar fuertemente en la prevención del abandono”, finalizó la diputada.

Los diputados nacionales Cristian Ritondo y Victoria Morales Gorleri (ambos del interbloque de JxC) presentaron un proyecto de ley de Salvataje Pedagógico para la postpandemia, porque “hay una crisis única que afectará los resultados educativos, el capital humano y la productividad”, motivo por el cual es menester “evaluar cuáles fueron los aprendizajes que no se lograron y desarrollar los dispositivos necesarios para fortalecerlos”.

Desde la coalición opositora sostienen que hay que tener en cuenta “la tragedia educativa que azota nuestro país”, ya que ello “compromete el futuro de toda una generación de niñas, niños y adolescentes y con ellos el de toda la patria”.

El proyecto de ley tiene como objetivo “crear un plan de recuperación para hacer frente a la pobreza de aprendizajes que generó la gestión de la pandemia y para la cual no parece haber un plan específico de parte del Gobierno nacional”, según explicaron.

“Esta escuela que abrió es otra, no es la misma que cerró en marzo de 2020 y eso es porque ni los docentes ni los chicos son los mismos”, manifestó Victoria Morales Gorleri, autora del proyecto de ley y vicepresidenta de la Comisión de Educación, y advirtió que “el Gobierno debiera haber repensado la vuelta de una manera integral. No alcanza solo con priorizar contenidos. Vemos que no se está tomando dimensión de lo que este cierre prolongado implicó en los chicos para el presente, pero sobre todo lo que implica en términos del futuro”.

La diputada nacional del Pro resaltó que “abrir las puertas del aula fue apenas el primer paso”, pero que ahora “hay que repensar cómo recuperar el desafío de aprender y el enseñar”.

Este plan plantea distintas estrategias que tienen como objetivo dotar de herramientas a los docentes y equipos de conducción para sostener dentro del sistema a los chicos que “quedaron débilmente y salir a buscar a quienes abandonaron”. La legisladora afirmó: “Con este proyecto buscamos generar estrategias para abordar lo emocional, lo vincular en términos sociales dentro de cada comunidad y también el vínculo con el aprendizaje”.

Según los datos que aportó un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los potenciales costos educativos de la pandemia son suficientemente importantes como para poner a la educación en el centro de la agenda de recuperación post Covid-19.

“Estamos ante una crisis única que afectará los resultados educativos, el capital humano y la productividad de una generación entera y es por eso es hora de detenernos a evaluar cuáles fueron los aprendizajes que no se lograron y desarrollar los dispositivos necesarios para fortalecerlos, hacerlo desde la responsabilidad de un programa nacional, pero con los acuerdos jurisdiccionales necesarios”, expresaron desde Juntos por el Cambio.

Además, Cristian Ritondo coautor del proyecto y presidente del bloque Pro, señaló que “el ministro de Educación tendría que ser el más valiente de los ministros”, debido a que “no puede estar definiendo la educación inspirada en especulaciones políticas porque lo que se pierde es el futuro”, y sostuvo que “pensar solo en el hoy para tomar decisiones no es solo cortoplacista, es mezquino”.

Este martes 18 de mayo se realizará el encuentro “Educación en pandemia, ¿Por qué es importante la presencialidad?”, organizado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El mismo se desarrolla en el marco de una serie de exposiciones para reflexionar sobre la situación educativa actual. En esta ocasión, especialistas de distintas áreas expondrán sobre la necesidad urgente de la presencialidad cuidada en las aulas de todo el país y se podrá seguir en vivo desde las 11 por el Canal de Youtube LegisCABA2.

En este espacio se debatirá acerca de por qué la educación en las aulas no puede ser reemplazada íntegramente por la virtualidad. Se considerará, a tal efecto y en palabras de cada uno de los expositores, las diversas situaciones y contextos en los cuales se insertan los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.

Eduardo María Moreno Vivot, médico pediatra y miembro del Comité Médico Asesor del Síndrome de Down España, miembro del Comité Científico de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down y Asesor de Asdra Argentina; María José Navajas, investigadora en historia (CONICET), cofundadora y vocera de Padres Organizados y Valentino Díaz Fountau, miembro fundador de Estudiantes Organizados, disertarán sobre el impacto de la no presencialidad en niños y adolescentes y porque las escuelas deben ser lo primero en abrir y lo último en cerrar.

Por su parte, la diputada nacional y vicepresidenta de la Comisión de Educación del Congreso de la Nación, Victoria Morales Gorleri y el diputado de la provincia de Buenos Aires, ex subsecretario de Educación de la provincia de Buenos Aires, Sergio Siciliano, expondrán sobre la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que falló a favor de la presencialidad escolar y de la situación educativa en la Provincia de Buenos Aires, respectivamente.

El encuentro contará con la moderación de Gonzalo Straface, legislador de la Ciudad y Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología de la Legislatura porteña.

Los diputados Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Victoria Morales Gorleri (Pro) presentaron un proyecto de declaración para rechazar el procedimiento para la realización de denuncias vinculadas a la presencialidad educativa establecido por el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Derechos Humanos.

Este tipo de denuncias pueden realizarse a través del 0800 122 5878, enviando un mensaje de texto a 011 4091 7352 o mandando un correo electrónico a dnpcvi@jus.gov.ar. Estos canales de denuncia, a su vez, fueron promovidos en las redes sociales del INADI.

“Abrir canales de denuncia no es el camino adecuado y entorpece el funcionamiento de las familias en relación con la institución escolar. La gravedad de la situación exige un Gobierno Nacional que actúe con rigurosidad, sensatez, autoridad moral y legitimidad, y convoque al diálogo y no al enfrentamiento”, sostienen los diputados Ferraro y Morales Gorleri, que integran la  Comisión de Educación como vocal y vicepresidenta.

Para los legisladores, “el Ministerio de Educación debería ocuparse de garantizar el derecho a la educación y la posibilidad de enseñar y aprender, más que de desarrollar polémicos canales de denuncia que no generan soluciones a la catástrofe educativa que estamos viviendo”.

Además, consideraron que “la Secretaría de Derechos Humanos tendría que develar el interrogante sobre quién y cómo se mide la discriminación a los niños y niñas que no pueden acceder a las clases presenciales, que es la fuente de la desigualdad social”.

“Es fundamental la libertad y responsabilidad de las jurisdicciones para asegurar los derechos de enseñanza y aprendizaje establecidos en la Constitución. Debemos acompañar y contener a nuestros niños y jóvenes en la escuela, que es lo que garantiza la verdadera calidad educativa y por ende el futuro individual y colectivo de nuestros niños y adolescentes”, finalizaron los diputados de Juntos por el Cambio.

En el marco de la discusión generada entre el oficialismo y la oposición en torno a la presencialidad en las escuelas, diputados del Pro presentaron un proyecto para que la educación obligatoria sea declarada servicio público esencial.

Los autores de la norma son el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, y su par Victoria Morales Gorleri.

La iniciativa consta de cinco artículos, el primero de los cuales establece a la educación “como servicio público esencial durante el ciclo de escolaridad obligatoria, en tanto derecho humano fundamental consagrado en la Constitución Nacional”.

Los autores de la norma sostienen en su iniciativa que “la pandemia que atravesamos durante todo el año 2020 -y que nos seguirá acechando al parecer buena parte del presente año, ha dejado a la luz una verdadera tragedia educativa. Sabemos que las escuelas son espacios primordiales, más que aprendizajes, y se revelan como instituciones centrales para el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes y espacios cruciales para el funcionamiento general de la sociedad”.

A juicio de Ritondo y Morales Gorleri, cerrar las escuelas como sucedió en 2020 “es asumir el costo de un daño que se traduce en cifras que espantan, por ejemplo, casi 2 millones de niños y jóvenes que han mantenido bajo o nulo contacto escolar agravado en el contexto de país donde crece la pobreza, con cifras actuales que afectan a más del 60% de la población de nuestros niñas, niños y adolescentes”.

En caso de aprobarse esta norma, el artículo 2° de la Ley de Educación Nacional N° 26.206 quedaría redactado de la siguiente manera: “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado, por lo cual se le reconoce el carácter de servicio público esencial en el período de la escolaridad obligatoria en virtud de su importancia y trascendencia”.

A su vez, el artículo 4° de esa norma diría lo siguiente: “Art. 4°: – El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias. Es obligación de cada jurisdicción garantizar el servicio educativo y el dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades del sistema educativo”.

La diputada Victoria Morales Gorleri (Pro), vicepresidenta de la Comisión de Educación, presentó un proyecto para pedir que el Poder Ejecutivo Nacional, a través de los organismos locales que correspondan, lleve a cabo testeos de Covid-19 permanentes y continuos a todo el personal docente y no docente, como una medida preventiva y de cuidado primordial de la salud de toda la comunidad educativa.

“Se trata de una medida que está funcionando muy bien en la Ciudad de Buenos Aires desde principios de febrero y creemos debiera ser faro para el resto de las jurisdicciones. El testeo, en el caso de Ciudad, es gratuito, voluntario y muy recomendado. Hasta el 25 de febrero ya se habían testeado más de 21 mil personas con una tasa de positividad del 1,7%”, explicó la legisladora.

Y agregó: “El objetivo del Poder Ejecutivo debe ser asegurar el derecho a la educación como esencial cuidando a los docentes, alumnos y familias. Para ello es urgente establecer intervenciones oportunas en pos de disminuir la transmisión del Covid y sabemos que una de las formas más efectivas es la búsqueda activa de personas asintomáticas”.

La diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro) presentó un proyecto para conocer si las personas con discapacidad están contempladas en el plan de vacunación contra el Covid-19.

“En este contexto de vacunación ‘VIP’ para los amigos del poder, y ante la falta de información por parte del Ejecutivo Nacional respecto del plan de vacunación, es fundamental saber qué se está haciendo por las personas con discapacidad y sus equipos de acompañamiento”, señaló la porteña.

A través de la iniciativa se solicitan precisiones sobre si existen partidas de vacunas contra el Covid-19 destinadas exclusivamente a las personas con discapacidad, al tiempo que consulta sobre la participación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) para la ejecución de dicho plan de vacunación.

Además, se piden informes sobre si está contemplada una partida determinada de vacunas para el personal destinado al cuidado de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que gran parte de los tratamientos que realizan requieren del contacto estrecho entre el personal de salud y la persona atendida.

“La Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, establece que es obligación por parte del Estado velar, promover y proteger los derechos de todas las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más intenso”, expresó la legisladora de Juntos por el Cambio.

Finalmente, Morales Gorleri sostuvo que “en este contexto de pandemia es imperioso que el Poder Ejecutivo Nacional informe y, en el caso que aun no lo esté haciendo, atienda con prioridad la necesidad de las personas con discapacidad”.

La diputada del Pro Victoria Morales Gorleri criticó en duros términos la decisión del presidente Alberto Fernández de promover el debate sobre el aborto legal y el proyecto del “Programa de los 1.000 días” en el mes de diciembre, en tan solo una semana de tratamiento en comisiones.

“El envío de la ley de aborto junto a la de los 1.000 días en diciembre de este año es verdaderamente una falta absoluta de sensibilidad y de sentido de la oportunidad”, cuestionó Morales Gorleri al presentar una cuestión e privilegio contra Fernández en la sesión de la Cámara baja.

La legisladora advirtió que “sabemos lo que ha significado siempre diciembre en la historia reciente”, y criticó que se haya abierto el debate “luego de un año de profundo de dolor para nuestro pueblo, en una crisis económica sin precedentes”.

“No hay ninguna duda de que este, tal vez, sea el año más doloroso para nuestro pueblo. Sin embargo, nos mandan esta ley que divide la mesa familiar de los argentinos, en un año donde no han podido acompañar ni despedir a sus familiares enfermos”, lamentó.

Y agregó: “Hemos visto sufrir a nuestras mujeres que han acompañado a sus hijos, a sus vecinos, cargando sobre sus hombros con un montón de dificultades, y hoy estamos pensando en esta ley que no trae más que dolor en este mes, y además nos están pidiendo que lo tratemos en una semana”.

Morales Gorleri insistió en que pretenden “que en una semana tomemos la definición de uno de los debates más profundos de este pueblo: el derecho a la vida y el derecho a la libertad de las mujeres”, y alertó que “no lo podemos trabajar de la noche a la mañana”.

“Seguramente nos van a decir que se debatió en 2018, ¿y saben qué? No se sancionó en 2018. El pueblo dijo que no. De todos modos, está bien que sigamos debatiendo este tema, pero no podemos desconocer la oportunidad”, repitió.

Asimismo, recordó que en 2018 el proyecto de aborto legal “era diferente” y el del Programa de los 1.000 días directamente no estaba en discusión, “y tenemos muchas objeciones porque no mira de manera integral la problemática de la mujer”.

“En las urnas, el año pasado, el pueblo argentino se expresó teniendo en cuenta como nunca este tema, y yo soy uno de los casos que el pueblo eligió para estar en esta banca representando este y muchos otros temas, como la mitad de esta Cámara. No hemos dado el debate en 2018 y el pueblo eligió nuevos representantes”, enfatizó Morales Gorleri.

“Querida Vicky”, comienza la carta escrita de puño y letra por el santo padre, dirigida a la diputada nacional del Pro Victoria Morales Gorleri, en la que previsiblemente se pronuncia de manera crítica contra el aborto, que comienza a debatirse en el Congreso nacional.

“No es un asunto primariamente religioso sino de ética humana, anterior a cualquier confesión religiosa”, señala el papa Francisco, preguntándose en la carta “si es justo eliminar una vida para resolver un problema”.

“¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema?”, insiste.

A continuación le agradece a Morales Gorleri “por todo lo que hace” y fiel a su estilo le pide no olvidarse rezar por él. “Lo hago por usted”, concluye el santo padre, que previamente había dialogado con la diputada, que se comunicó días pasados con él para pedirle su reflexión.

Morales-Gorleri-22-11-2020

La diputada nacional Victoria Morales Gorleri (Pro) anticipó este martes su rechazo al proyecto de ley de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo impulsado por el Poder Ejecutivo, y reclamó una consulta popular para “conocer el profundo sentimiento del pueblo argentino”.

La legisladora consideró que “es un pésimo momento para debatir esta ley, pues el pueblo argentino está sufriendo una crisis económica sin precedentes y terribles consecuencias producto de la pandemia y el aislamiento de más de ocho meses que afectan profundamente distintos aspectos de la vida de todos”.

“¿Con este proyecto el presidente quiere distraernos?”, se preguntó la macrista y resaltó que “en lugar de unir a los argentinos vuelve a profundizar la grieta de la que debemos imperiosamente salir si queremos ser Nación”.

Morales Gorleri insistió en la necesidad de que “el Estado Nacional vele por la vida y no tutele el asesinato de inocentes”.

Al mismo tiempo, manifestó: “No se puede tapar el sol con la mano, ni de la noche a la mañana sancionar una ley de aborto. Necesitamos debatir profundamente la problemática con el tiempo que demore y no en la urgencia de unas sesiones extraordinarias como pretende imponerse desde el oficialismo para zanjar una discusión abierta que hiere los sentimientos de la mayoría de la sociedad”.

Tras una acalorada discusión, diputados de la Comisión de Educación acordaron avanzar antes de fin de año con un proyecto de ley para promover la continuidad de las trayectorias educativas e impulsar la conectividad, pensando en la post-pandemia.

Durante la reunión, presidida por Blanca Osuna (Frente de Todos), el interbloque Juntos por el Cambio pidió apurar el dictamen dado que el 20 de noviembre vence el plazo para la firma de los despachos.

Sin embargo, el Frente de Todos consideró necesario convocar a funcionarios, especialistas y representantes del sector docente y el alumnado antes de dictaminar.

“Hay una alta responsabilidad del Estado y de nosotros como representantes de un órgano fundamental de la democracia argentina. En ese marco es que comenzamos a analizar distintas líneas para brindar un aporte legislativo”, indicó Osuna.

El proyecto en debate apunta a crear un programa de atención integral de las problemáticas socioeducativas relacionadas con factores sociales, económicos y culturales, que afectan las trayectorias escolares de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

La iniciativa busca promover la continuidad de su trayectoria escolar y garantizar la terminalidad de los estudios del nivel secundario, incluyendo además un capítulo destinado a la conectividad.

La vicepresidenta de la comisión, Victoria Morales Gorleri (Pro), explicó que “esta ley tiene que ver con pensar más allá de la pandemia”. “Necesitamos una herramienta concreta que apunte a las trayectorias educativas discontinuas”, sostuvo.

La radical Brenda Austin -autora de un proyecto para declarar la emergencia educativa- pidió que el proyecto “no sea solo una manifestación de buenos deseos” sino una “norma operativa”, y advirtió sobre el riesgo de dilatar el debate con la citación a invitados.

En el mismo sentido se expresó Enrique Estévez. “Estamos frente a una situación urgente. Estamos en condiciones de dar una señal”, dijo el diputado del Partido Socialista.

Más duro fue el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien criticó que ahora se pretenda escuchar a los actores involucrados cuando “el ministro de Educación tomó durante seis meses decisiones unitarias y centralistas”.

Desde el oficialismo, Hugo Yasky aseguró que si no se escucha al sector, “corremos el riesgo de que el proyecto sea solo un papel escrito”, mientras que Patricia Mounier, dirigente de SADOP, coincidió que “es soberbio pensar que conocemos todo lo que ocurre en el sistema educativo”.

La diputada nacional Dina Rezinovsky (Pro) presentó junto a sus pares Victoria Morales Gorleri, Waldo Wolff y Soher El Sukaria un proyecto de ley para declarar al 21 de septiembre como el “Día Nacional de Oración en Argentina”.

Con las firmas de Rezinovsky, quien profesa el culto evangélico; Morales Gorleri, en representación del catolicismo; Wolff, del judaísmo; y El Sukaria, quien practica la religión musulmana, en la iniciativa se encuentran representados los distintos credos que conviven en el país y en el mundo como lo son el judaísmo, el protestantismo, el catolicismo y el islam.

La elección de la fecha obedece al Día Internacional de Oración por la Paz que coincide con el Día Internacional de la Paz de Naciones Unidas.

El proyecto pone de manifiesto “uno de los fines en común a todas las religiones es un mundo en paz. Religiones y culturas en diálogo para que esa anhelada paz mundial deje de ser un deseo y se traduzca en momentos de profunda unión entre las naciones y sus credos religiosos”.

Según la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina, realizada por el CONICET y publicada en noviembre del año 2019, el país cuenta con un 62,9% de católicos y un 15,3% de habitantes pertenecientes a la religión evangélica. Esto da un total de 78,2% sobre el total de la población, es decir, la gran mayoría.

Dentro de la misma encuesta se especifican otras religiones, como son la religión judía y la musulmana que representan el 1,2% de la población, completando casi un 80% de los argentinos que se identifican con alguna de estas cuatro religiones monoteístas.

“El ser humano es un ser bio, psico, social y espiritual. En este tiempo de encierro, de aislamiento social, preventivo y obligatorio, la fe en un ser superior se vuelve una fuente de tranquilidad y paz. Mientras las familias están atravesando momentos difíciles desde lo económico, rompiendo la calma entre los que conviven bajo el mismo techo; mientras hay cada vez más comerciantes quebrados y trabajadores desempleados, donde se perdieron libertades y se vulneran los derechos fundamentales; la oración ayuda a renovar fuerzas y atravesar las dificultades”, enfatizaron.

Finalmente, expresaron que “en estas circunstancias tan difíciles, la unión espiritual de nuestro pueblo se torna imperiosamente necesaria para llevar paz a cada uno de los hogares”.

Con el fin de evitar el abandono escolar, las diputadas nacionales de Juntos por el Cambio Victoria Morales Gorleri y Mercedes Joury presentaron una modificación a la Ley N° 25.273 que, entre otros puntos, amplía el régimen de inasistencias justificadas en los casos de embarazo y paternidad.

El proyecto de ley pretende avanzar hacia un esquema más inclusivo e igualitario en cuestiones de género y es por eso que amplía las inasistencias justificadas por maternidad de 30 a 45 días, e incorpora 15 días de inasistencias justificadas para los alumnos en condición de paternidad, junto con la promoción de acciones integrales para el sostenimiento y continuidad de la trayectoria escolar.

Además, propone que se instalen en todas las escuelas salas de lactancia, como así también que se garantice la inscripción de los hijos/as de alumnos/as en jardines maternales.

De acuerdo a estadísticas del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia, el 30% de las jóvenes que abandonaron el colegio secundario lo hicieron por embarazo o maternidad, y el 67% de las/los adolescentes y jóvenes que no estudian, no trabajan y no buscan trabajo son mujeres que cuidan niñas/os en sus hogares.

Morales Gorleri, vicepresidenta de la Comisión de Educación, aseveró que “es urgente pensar un plan de intervención para hacer frente a estas estadísticas, que lamentablemente sabemos que se profundizarán en el contexto de la post pandemia. Acompañar los proyectos de vida de nuestros pibes desde el Estado, y comprometernos a construir juntos a ellos y sus familias las estrategias necesarias para evitar el abandono escolar es nuestro norte”.

“Presentamos este proyecto porque contamos con leyes desactualizadas e insuficientes que no contemplan las nuevas realidades socioculturales de los adolescentes, y que carecen de un enfoque multidisciplinario y con perspectiva de género”, aseguró la legisladora Joury.

Y agregó que “la deserción escolar es una pérdida no sólo para el futuro de esos adolescentes sino también para el futuro del país, porque la educación es una herramienta igualadora que garantiza el acceso a mayores oportunidades para mujeres y varones”.

Este domingo celebramos el Día Internacional de la Mujer. Un día para reflexionar, para agradecer y para reivindicar la conquista de los derechos que fuimos logrando las mujeres a lo largo de los años, que son consecuencia del compromiso de muchas que, de manera visible o anónima, han dado testimonio, incluso hasta con la propia vida.

Nuestra vida, la vida de las mujeres, que tantas veces ha sido vulnerada, que tantas veces ha sido amenazada, que tantas humillaciones ha sufrido –y todavía sufre- es también la vida que ofrece una mirada de humanidad interpelando a nuestro mundo herido. Una mirada profunda, de compromiso con la tierra, con el trabajo, con la lucha que libera.

La vida de las mujeres, tantas veces cercenada en actos de violencia extrema o tantas veces truncada en oportunidades de desarrollo por culturas machistas que sólo saben de prejuicios, estereotipos y dueñidades, es también la vida que alumbra en momentos de oscuridad, que da luz en épocas en las que todo parece penumbras. Porque eso somos también: antorchas que van trazando el camino de las generaciones que vienen, mostrando los senderos que queremos transitar y a los que no queremos volver.

Es por esto que hoy reclamamos que nadie se atreva a replicar este sentido de dueñidad. No repliquemos los mismos modelos que estamos comenzando a vencer. Si algo hemos logrado las mujeres al cabo de años y de lucha es hacer que el mundo sea un poco más humano. Una humanidad que no queremos ver nunca más amenazada y que estamos dispuestas a defender para seguir dando el testimonio que nos mantiene vivas.

Nadie tiene derecho a decidir sobre la vida de las mujeres ni de los niños por nacer ni de ningún ser humano, no es justo resolver la tragedia que aún pesa sobre nuestras mujeres eliminando otra vida humana. Que nadie se sienta con derecho a decidir por la vida de otros. Vivir es un derecho y violentarlo en todas sus formas nos deshumaniza. La vida no se negocia.

*Victoria Morales Gorleri es diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Juntos por el Cambio.

Twitter: VMoralesGorleri