Los últimos artículos del proyecto incluyen una serie de derogaciones, entre ellas 9 leyes y diversos artículos de otras normas.
La reforma laboral propone la derogación total de nueves leyes:
En cuanto a los artículos que se plantea derogar, figuran:
El senador radical rechazó la denuncia del Gobierno contra periodistas y se refirió con ironía a la teoría de una conspiración con personajes internacionales.
Foto: Comunicación Senado
En el tramo de las cuestiones de privilegio referidas en su mayoría a la denuncia del Gobierno contra periodistas, durante la sesión de este jueves el senador Martín Lousteau cargó duro contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de quien consideró que "debería impedir que graben a los funcionarios" en vez de "amendentrar" a la prensa.
“¿Cuánto de disparate hay en esto? Porque ellos lo repiten y lo repiten, ¿para tapar qué? Los crímenes del fentanilo, el escándalo de corrupción, la situación económica”, consideró sobre el pedido que hubo para que cese la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo.
El presidente de la UCR Nacional remarcó que "cuando el presidente insulta a un niño autista de doce años, es un acto de libertad de expresión constitucionalmente protegida, pero cuando un periodista da a conocer información sobre un entramado potencial de corrupción que involucra a un gobierno, dice que es una conspiración internacional de dimensiones monumentales. ¿Se dan cuenta del disparate que es esto?”.
“Cada vez que tiene un problema genera un escándalo nuevo, pero sobre todo más grave y más lesivo para la sociedad argentina y para nuestra forma de vivir en democracia, para tapar el anterior”, señaló.
El porteño comenzó su intervención con una ironía sobre la denuncia de Bullrich: "Aparentemente Argentina atraviesa un conflicto internacional con dos países, uno que es de los más militarizados de nuestra región, que es Venezuela, y el otro que es una potencia bélica a nivel mundial, que es la Federación Rusa. El conflicto es tan grande que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo están siendo atacados con agentes de inteligencia que penetran en reuniones privadas y graban a los más altos funcionarios, y tienen el objetivo de quebrar el núcleo familiar del presidente”.
“Tan escalado está el conflicto -continuó- que aparentemente llegaron a armar medios de comunicación propios y reclutaron a algunos de los periodistas más conocidos del país para trabajar para ellos. Seguro alguno hasta podría pensar que los infiltraron hace 40 años, y los hicieron trabajar paulatinamente en medios de comunicación para usarlo llegado al momento adecuado. Inclusive llegaron a un estratagema extraordinaria que es infiltrar a una periodista transformada en diputada dentro de su propio partido político".
El radical sostuvo que "esto que es tan ridículo como suena es la historia detrás de la denuncia que hizo Patricia Bullrich tratando de amedrentar a medios y a periodistas. Esto es lo que parece que ella piensa, y él lo que quiere que los argentinos creamos sin absolutamente ninguna prueba".
"¿Por qué digo sin absolutamente ninguna prueba? Porque, ¿saben qué frase usan la denuncia? 'Proliferan versiones'. Dice así, proliferan versiones. Y como proliferan versiones, sobre todo esto, tiene que censurar la prensa y amedrentar periodistas con allanamientos y con requisas”, apuntó.
El opositor agregó que "la propia ministra admite que no sabe quiénes son los que graban los audios; y voy a decir una cosa, la ministra de Seguridad, en lugar de andar persiguiendo periodistas, tendría que impedir que a los funcionarios los graben. Para eso es la ministra de Seguridad. Este es el mundo al revés, la ministra de Seguridad no protege a los funcionarios, los graban y después denuncia a los periodistas”.
La senadora santafesina, quien se mueve cada vez más cercana a LLA, se manifestó en contra de la censura previa pero criticó el "oportunismo".
Cuando parecía que habían finalizado las cuestiones de privilegio desde la oposición contra el Gobierno por la censura previa contra periodistas, la radical Carolina Losada, quien incrementó su cercanía con La Libertad Avanza en el último tiempo, tomó la palabra para referirse al tema. A diferencia del resto, evitó apuntar contra el presidente Javier Milei o la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsora de la denuncia contra Jorge Rial y Mauro Federico.
"Hay principios que en democracia son absolutamente innegociables", arrancó, para mencionar entonces a la libertad de expresión, que "debe ser garantizada por todos y cada uno de los poderes del Estado".
La santafesina señaló que "cuando se afecta a un periodista o se calla una voz" no solamente se va contra ese individuo, sino que "se está debilitando a la sociedad entera".
"Un periodismo libre incomoda, y claro que debe incomodar. Lo contrario no es periodismo, es propaganda. Y la propaganda, lejos de informar, lo que hace es manipular. Nosotros no podemos permitir que la información que la sociedad recibe sea producto de la manipulación", advirtió.
La expanelista de TV recordó que la libertad de expresión "está garantizada por el acuerdo más importante que tenemos todos los argentinos, que es justamente la Constitución Nacional" y también "hay tratados internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que refrenda la libertad de expresión y la imposibilidad de la censura previa".
"Es importante que todos nosotros defendamos a la libertad de expresión nos guste o no nos guste el Gobierno. Si nos gusta, también la defendemos, como un valor innegociable. Si la defendemos de acuerdo al Gobierno, eso no es defensa de las instituciones, ni de la república, ni de la libertad de expresión, eso es solamente oportunismo", concluyó, mirando hacia las bancas de Unión por la Patria.
Inmediatamente, la kirchnerista Juliana Di Tullio reclamó fuera de micrófono que dijera a quién iba dirigida la cuestión de privilegio, algo que le solicitó entonces el presidente provisional, Bartolomé Abdala. Titubeante, Losada expresó: "La cuestión de privilegio es contra la situación que tenemos actualmente en Argentina, respecto del Gobierno de la Nación...". El murmullo de los jefes de UP se hizo sentir y finalmente la radical reculó: "Es en contra del juez que dictó esta medida", en alusión a Alejandro Maraniello.
En el arranque de la sesión de este jueves se escucharon varias cuestiones de privilegio. José Mayans, jefe de UP, consideró que Diputados debe iniciarle el juicio político a la ministra de Seguridad.
Foto: Comunicación Senado
Durante las cuestiones de privilegio en el inicio de la sesión de este jueves en la Cámara alta, senadores de la oposición plantearon cuestiones de privilegio contra el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de la denuncia contra los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, que derivó en la prohibición -por parte de un juez- de la difusión de los audios que revelarían una presunta red de coimas en la ANDIS.
La primera en tomar la palabra fue la jujeña Carolina Moisés. "Es una cosa que pensamos que en democracia jamás íbamos a tener y, sin embargo, este Gobierno no termina de sorprendernos, planteando censura previa, allanamiento a los domicilios de los periodistas y allanamiento a un medio de comunicación", señaló la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
La senadora del bloque Convicción Federal, dentro de Unión por la Patria, cuestionó la denuncia en medio de "una situación de gravedad que llevan días tratando de tapar, atacando y generando cortinas de humo".
"El presidente de la Nación no puede, no debe generar una situación como esta, de obstrucción a la libertad de prensa, ataque a periodistas y llegar a la extorsión de poner todo su poder en contra de la libertad de expresión, la garantía que debe tener la prensa para trabajar y el cuidado de las fuentes", subrayó.
En esa línea, la legisladora insistió con que "está mal que un presidente avance sobre cuestiones que, por la cultura democrática que tiene la Argentina, son consensos superados; pero además hay leyes y pactos internacionales" que garantizan la labor de la prensa.
"Todos sabemos que el presidente está acostumbrado a pasar por encima de la Constitución, que le molesta la realidad y cuando le molesta ataca violentamente", sostuvo y lanzó: "Hablamos de un tipo que no es dirigente político, y se ufana de tal, y ha pasado por cuanto programa de televisión, streaming, radio y redes sociales, haciendo uso de esa libertad de expresión mientras no era presidente".
Sin embargo, desde que está al frente del Poder Ejecutivo, Milei ha denunciado a una veintena de periodistas, entre ellos Fabián Doman, María O' Donnell, Ari Lijalad, Julia Mengolini, Débora Plager y el fallecido Jorge Lanata, entre otros, mencionó la senadora.
"El ataque a la prensa es sistemático, sostenido y cada vez peor", enfatizó Moisés, al recordar que comenzó con frases del presidente como que "los periodistas son todos ensobrados" o "no odiamos lo suficiente a los periodistas", hasta terminar en esta denuncia.
La opositora afirmó que "es el primer presidente que genera una situación de esta naturaleza", que implica "un perjuicio institucional enorme". Además, al resaltar la inviolabilidad de las fuentes, consideró que estas acciones buscan "generar miedo en todos aquellos que tienen información, que pueden hablar".
"Anoche el presidente dijo 'se metieron con mi hermana'. Y sí, señor presidente, su hermana es funcionaria pública y tiene que rendir cuentas como cualquier funcionario. No le tenemos miedo a las amenazas y no le tenemos miedo a Milei", finalizó.
A continuación, el senador chubutense Carlos Linares planteó una cuestión de privilegio contra Bullrich por sus dichos vinculando a “los servicios de inteligencia rusos” con la difusión de audios comprometedores contra el Gobierno argentino. “En vez de preocuparse y actuar por los audios y la corrupción en el Gobierno, no tuvo mejor idea que agarrársela con Rusia”, manifestó el legislador de UP, pidiendo disculpas al embajador ruso en la Argentina, al pueblo de ese país y aclarando que “las declaraciones de la ministra no son las del pueblo argentino, ni las del Senado, y nos avergüenza y mucho".
Más adelante, el senador radical Martín Lousteau cargó fuerte contra Bullrich y observó: "Cuando el presidente insulta a un niño autista de doce años, es un acto de libertad de expresión constitucionalmente protegida, pero cuando un periodista da a conocer información sobre un entramado potencial de corrupción que involucra a un gobierno, dice que es una conspiración internacional de dimensiones monumentales. ¿Se dan cuenta del disparate que es esto?”.
A su turno, el jefe de UP, José Mayans, llamó a “tomar dimensión de la magnitud de la gravedad del hecho”. Cuestionó que “para tratar un hecho de corrupción, van con una estrategia mediática y judicial para atacar a las personas que obviamente publicaron esto”, y lo atribuyó a que “como están desorientados, no saben qué pasó”.
“Tienen problemas realmente gravísimos”, insistió el formoseño y dijo no imaginarse al secretario de Seguridad de Estados Unidos, o de países de Europa, denunciando a periodistas que hablan de hechos de corrupción por “terrorismo, vincularlos al narcotráfico, delitos gravísimos”. “La verdad que cualquiera de estas democracias deberían tener mínimamente pruebas… Y acá le dicen que se busque las pruebas, primero, allanando los domicilios… ¿Y en qué consiste el temor? Primero, en el valor de la pena que tienen estos delitos; el mensaje es: te voy a arruinar la vida”, aseveró. Además, en su alocución pidió que la Cámara de Diputados le inicie el juicio político a Bullrich.
En el final, la santafesina Carolina Losada pidió defender la libertad de expresión "nos guste o no el Gobierno", pero evitó ir contra Milei o Bullrich. "Un periodismo libre incomoda, y claro que debe incomodar. Lo contrario no es periodismo, es propaganda. Y la propaganda, lejos de informar, lo que hace es manipular. Nosotros no podemos permitir que la información que la sociedad recibe sea producto de la manipulación", advirtió.
El vocero presidencial Manuel Adorni redobla su ofensiva contra la prensa con un streaming oficialista, medidas restrictivas en Casa Rosada y una ambición política que lo proyecta más allá de su banca como diputado electo.
El polémico vocero presidencial Manuel Adorni lanzó un controvertido y discutible programa de streaming -“Fake, 7, 8”- en busca de dar la discusión en el discurso público y que tiene como ejes intentar vender como noticia falsa una verdadera; arremeter osadamente contra los periodistas; e inauditamente realzar su egocentrismo y narcisismo con recursos del Estado.
Es sabido hasta por los mozos de la Casa Rosada que Adorni no quiere asumir el 10 de diciembre próximo como diputado en la Ciudad de Buenos Aires -ganó la elección con un 30,1%-, y entonces basa su gestión en ganarse cada vez más la aquiescencia del líder libertario Javier Milei y su séquito.
¿El objetivo?: En un principio quería continuar en la Casa Rosada como vocero presidencial y resistió tenuemente, y hasta donde pudo ir como candidato a diputado por La Libertad Avanza en CABA.
Pero la falta de postulantes en LLA -Patricia Bullrich no quiso saber nada con ir a la Legislatura- llevó a Adorni a aceptar a regañadientes ser el candidato elegido porque consideraban que con su dialéctica desde el atril desde el Salón de Conferencias encarna sobrada y exitosamente la motosierra de la marca Milei.
Y la campaña en CABA necesitaba poner sobre la mesa la marca Milei en lo más alto, en una estrategia electoral diseñada por la jefa partidaria, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y aliada de Adorni.
Pero ahora sigue resistiendo y cuenta con la venia de Karina Milei, quien no tiene un vocero sustituto de confianza y, además, teme que su archienemigo Santiago Caputo le coloque al exégeta con micrófono del presidente.
Por eso, Adorni se esmera cada vez más y les vende a los periodistas libertarios que tiene chances de ser jefe de Gabinete desde el 10 de diciembre en un eventual recambio del Gabinete nacional, pese a que la Casa Rosada lo moldea para sustituir a Jorge Macri en dos años.
Guillermo Francos, el actual jefe de Gabinete, suena como uno de los funcionarios elegidos para el recambio de Gabinete y el ambicioso y versátil vocero aspira y se candidatea a ser el mandamás de los ministros de LLA.
Ahora, el esmero de Adorni no tienen límites y, acorde con los sistemáticos ataques de Milei a la prensa, ha cercenado el derecho a la información que tienen los periodistas acreditados en la Sala de Periodistas, con una cuestionada resolución administrativa.
El vocero no solo intenta ridiculizar a los periodistas que participan de las conferencias de prensa en la Casa Rosada, sino que les impuso un rígido sistema de acreditación por el cual los trabajadores de prensa tienen dificultades para acceder a las fuentes.
La resolución del habitante del exclusivo country bonaerense Indio Qua impone sanciones y hasta la expulsión de la Casa Rosada. El fin es impedir el libre ejercicio de la investigación y obtención de las noticias en la Casa de Gobierno: el vocero quiere que los periodistas sólo se nutran de sus conferencias, aunque los anuncios no siempre se concretan.
Pero para Milei y Karina, Adorni cumple en el atril su rol de “domador” -como le dicen los propios libertarios en las redes-: informar poco y propagandear mucho.
También, negar, disimular y ocultar y vender pececitos de colores, como la incompleta liberación del cepo cambiarlo, la responsabilidad de Milei en el escándalo $LIBRA y el caso misterioso de las valijas sin control en Aeroparque en un vuelo procedente de Estados Unidos.
A esas “cualidades” le ha agregado rasgos autoritarios, como el sucedido la semana pasada cuando le ordenó a un periodista que se fuese del Salón de Conferencias porque estaba hablando con su radio -es cronista radial- mientras hacía un anuncio a la prensa.
El colmo fue que el vocero echó al trabajador de prensa y le dedicó un irónico “gracias por tu generosidad”, y después su ejército de trolls del Estado castigó al periodista en redes sociales. Y como si fuese poco, horas después concretó su tarea: Milei fue desde su despacho al Patio de las Palmeras en planta baja y entonces, como no quería que lo observaran, Adorni ordenó encerrar a los cronistas en la Sala de Periodistas, que está en el primer piso.
Si alguno quería ir al baño, lo escoltaba celosamente un custodio presidencial.
Algunos colegas recordaron que Cristina Fernández de Kirchner hizo algo similar en su Presidencia, pero la diferencia fue que los periodistas de ese entonces abrieron la puerta a los empellones.
Sin embargo, poco trascienden esas actitudes en el Salón de Conferencias o de sus empleados trolls de redes sociales, debido a que tiene un impresionante blindaje informativo tipo “mordaza” sostenido por la pauta oficial.
Hay que sumar ideas controvertidas que enunció para las conferencias de prensa, como ir a buscar un transeúnte a la Plaza de Mayo para preguntar como si fuese periodista o armar un certamen tipo Gran Hermano para que la gente vote quién es el periodista que puede preguntar.
Respecto del streaming “Fake, 7, 8” poco se puede decir. Además, el nombre de su streaming es poco feliz: “Fake, 7, 8”, título que parodia al lamentablemente recordado programa político “6, 7, 8"”, transmitido por la TV Pública entre 2009 y 2015 (pleno apogeo del kirchnerismo).
Llamó la atención que en un streaming de influencers con el presidente y él, Milei confesó entre risas que el vocero le había mandado un mensaje de WhatsApp diciendo que “odiaba al 99% de los periodistas”.
Claramente se podría decir que Adorni está en modo Colapinto: algunas veces no arranca y otras hace trompos y choca o se despista. Habrá que ver qué responsabilidad tiene él y cuánta su escudería de la Casa Rosada.
Fue en el marco de la reunión constitutiva de la Comisión de Libertad de Expresión del Senado en la que manifestaron la necesidad de “generar protecciones ante los ataques permanentes a determinados periodistas solamente por opinar diferente”. Desde UP repudiaron la detención de militantes políticas y los dichos del diputado liberal José Luis Espert.
El Senado de la Nación puso en marcha este jueves la conformación de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que quedó a cargo de la jujeña Carolina Moisés (Convicción Federal), mientras que el bloque radical y los libertarios hicieron reserva de la vicepresidencia y de la secretaría respectivamente.
Sobre ello, Moisés bregó para que cuanto antes los bloques designen a las autoridades, habida cuenta de la cantidad de expedientes que requieren tratamiento. En tanto, acordaron como día y horario de reunión los miércoles a las 11.
“Esta comisión tiene tareas fundamentales en la vida democrática. Siempre se dice que hay tres poderes del Estado: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Pero los medios de comunicación en esa época es un gran poder a la hora de dirimir la voluntad electoral y soberana del pueblo”, planteó Moisés.
En esa línea, manifestó: “Esta comisión tiene responsabilidad a la hora de legislar en la materia que compete a cuatro derechos fundamentales y deben están en equilibrio como la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de empresa y el derecho a la información”, y remarcó: “Me gustaría que sobre estos cuatro ejes se puedan analizar las propuestas, porque esos cuatro derechos deben ser los tutelados y estar en equilibrio”.
Moisés se refirió al Sistema Nacional de Medios Públicos, precisamente el cierre de Télam y La TV Pública “reducida a su mínima expresión”, Radio Nacional que “siempre ha sido una herramienta de comunicación federal que ha tenido presencia en todas las provincias y, más allá de ser un organismo de distribución de la información, siempre fue un espacio de producción de información, de voces, federalismo real”.
“Es un tema que deberíamos revisar como senadores y, más allá de los intereses de un proyecto de Gobierno, tenemos que representar los intereses de los pueblos, de nuestras provincias y este de un proyecto de país”, expresó.
En otro orden de cosas, también propuso trabajar sobre la Inteligencia artificial porque “nos debemos una regulación sobre la Inteligencia artificial que sea moderna, que sea conducente, pero sobre todo que sea profesional y con personas que realmente conocen sobre la temática”.
“Es un tema que, políticamente, tiene un enorme impacto y no lo estamos tomando en la agenda parlamentaria como corresponde, a pesar de que hay otros proyectos. Es una buena metodología para que busquemos especialistas, escuchemos a quienes saben, miremos qué es lo que ha pasado ya en otros países como España, que ya tiene legislación e incluso ya hay prueba y error sobre cosas que no funcionaron”, comentó.
Por otro lado, la titular de la comisión mostró preocupación por los reiterados ataques del Ejecutivo a la prensa. “Necesitamos generar de alguna manera alguna protección ante los ataques permanentes a determinados periodistas solamente por opinar diferente. También tenemos en el otro plato de la balanza que es la baja densidad profesional de algunos periodistas que tienen voces altamente influyentes. Deberíamos ver la Ley de Ética para un servicio que tiene un rol social tan fundamental”.
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A su turno, su compañero de interbloque el catamarqueño Guillermo Andrada señaló que “esta es una comisión que, en el contexto actual, es complicado entre los medios de comunicación, los periodistas y el Poder Ejecutivo Nacional. Requiere que tengamos una mirada de compromiso hacia la libertad de expresión, hacia la pluralidad informativa que es necesaria, porque es una herramienta para que la democracia funcione”.
De forma breve, el radical Víctor Zimmermann avizoró tener un “enorme desafío” porque hay casi 100 proyectos de declaración y comunicación para su tratamiento y hay 18 proyectos de ley. “La tarea va a ser ardua seguramente”, opinó.
Luego se expresó la fueguina Eugenia Duré (UP): “Parece importante en el día de hoy por todo lo que venimos viviendo también en los medios de comunicación, sobre todo lo que refiere al estado de situación muy crítica de los trabajadores y trabajadoras de prensa de los medios públicos de comunicación”.
“Desde el comienzo del Gobierno nacional, ya con la Ley Bases, se quiso privatizar cada uno de esos medios: Radio Nacional, canal 7, la televisión pública y demás. Me parecía importante hoy que nosotros podamos poner palabra y que la comisión también haga un repudio, y que los senadores y senadoras acompañen, lo que el presidente de la Nación está ejerciendo en cuanto a la violencia hacia periodistas sobre todo mujeres”.
Dure hizo mención a las periodistas Julia Mengolini, María O’ Donnel y Romina Manguel que, en los últimos días, “han sufrido ataques directos del presidente de la nación. No podemos naturalizar que el presidente de la nación sigue diciendo insultos en su Twitter que tiene la verificación presidencial”.
Así, la fueguina leyó algunos posteos de la cuenta oficial de Milei donde escribió ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas basura’. “Hay también dichos en entrevistas que son irreproducibles, y me parece que nosotros también tenemos que poner palabra en eso, porque lo han hecho no solamente las periodistas aludidas en su programa, sino también por ejemplo el New York Times dice ‘La guerra de Milei contra los medios de Argentina se evidencia en una campaña impulsada por la Inteligencia artificial’, o ‘Preocupación internacional por la libertad de expresión en el país’”, mencionó Duré.
También informó que FOPEA y la OEA repudiaron las expresiones “agraviantes y violentas de Milei contra periodistas que son incompatibles con la investidura que representa el presidente. Desde FOPEA manifestaron la reiteración de un discurso hostil que estigmatiza a quienes ejercen el periodismo en Argentina”. En ese sentido, Dure comentó que hay un reclamo internacional para exigir que Milei “frene sus ataques a periodistas”.
Por último, hizo mención a un informe que publicó el diario La Nación el cual reveló que “durante el primer año de Javier Milei como presidente dijo 739.000 palabras, 4.000 son insultos. Le concedió en solo un año 58 entrevistas a medios de comunicación y pronunció 84 discursos oficiales totalizando 89 horas de audio, en las que 739.000 palabras entre ellas 4.000 insultos”, y cerró: “Hoy las mujeres periodistas en la Argentina también tienen en este caso una persecución política por parte del presidente de la Nación”.
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De igual modo coincidió el radical Pablo Blanco quien planteó: “Tenemos que hacer un severo llamado de atención de la violencia que se está engendrando lamentablemente. La violencia política que uno lo ve a diario como ayer en la Cámara de Diputados, lo que sucede con el presidente de la Nación permanentemente no solo contra las periodistas mujeres, la prensa en general y adversarios políticos en particular. No es un muy buen ejemplo el que está dando el presidente de la Nación, pero tenemos que recapacitar y hacer una consideración genérica”.
“Tenemos que hacer un severo llamado de atención al presidente de la Nación y a las autoridades nacionales de que la libertad de expresión no autoriza a decir a cualquier cosa, lo primero que uno debe tener es el respeto a quien opina distinto y a la población. Hay que recapacitar en cómo nos movemos nosotros ante las agresiones”, cerró.
Repudio a la detención de las militantes políticas
En tanto, el neuquino Oscar Parrilli (UP) adhirió a las palabras de sus pares, pero sumó la situación que están viviendo cuatro militantes políticas que “han sido detenidas injustamente y arbitrariamente por una jueza por expresar su opinión”, tras el ataque a la casa del diputado liberal José Luis Espert.
“Uno puede estar de acuerdo no con el método que ellos utilizaron que, en definitiva, no pasa más allá de una transmisión a una norma municipal o una contravención municipal, pero está claro que hay un abuso desmedido por parte de la justicia, por parte de un diputado que se encarga precisamente de utilizar la violencia verbal y, a veces, hasta física y, obviamente mediática y simbólica, en contra de dirigente político compositores emulando lo que hace el presidente de la Nación. Tenemos que expedirnos sobre esta injusta actitud y este abuso de autoridad que lleva adelante una jueza federal con una detención arbitraria que nos hace recordar las viejas etapas de la dictadura”, explayó Parrilli.
“Yo quiero llamar a la reflexión a esto y creo que la comisión debe en algún momento expedirse y ser muy tajante. Uno puede tener la opinión que quiera, pero lo que no puede hacer es utilizar violencia mediática simbólica y verbal para agredir a otros dirigentes políticos y luego utilizar la justicia para perseguir”, sentenció.
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Por último, el jefe del bloque de UP, José Mayans, señaló: “Esta comisión tiene un rol central, sobre todo lo que es la comunicación social. Primero de medios que buscan hacer desaparecer que, prácticamente, eran la voz en todas las provincias argentinas porque somos un Estado federal y, obviamente, necesitamos la expresión de todas las provincias argentinas”.
“Pero esto que acaba de pasar es realmente grave. Una acción verdaderamente grave por parte de la justicia para tomar medidas contradicionales y llevarle directamente a prisión. Estamos viviendo momentos que son muy graves, sobre todo en materia de las garantías constitucionales de los ciudadanos”, apuntó.
Mayans reclamó que el Parlamento “tiene que tomar carta en el asunto porque la violencia solamente engendra violencia y esto se va a poner peor”, y cerró: “La violencia que tiene el presidente cuando se expresa contra los periodistas, los políticos, el Parlamento que es inusual realmente. Hay que tomar cartas en el asunto porque hay que prevenir estas cosas”.
Diputados y senadores de la oposición repudiaron la escalada de agravios desde el oficialismo contra los periodistas y pidieron por "una Argentina donde la crítica no sea delito y la verdad no tenga dueño".
En el mismo día que se oficializaron restricciones para los periodistas acreditados en Casa Rosada, se conoció un comunicado firmado por legisladores de distintos bloques de la oposición que llaman a "un compromiso democrático en defensa de la libertad de prensa", en vísperas del próximo 25 de Mayo.
"La libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales de toda República. Sin prensa libre, no hay democracia. Sin posibilidad de expresar ideas, críticas o investigaciones sin temor, no hay libertad", aseguraron.
El texto lleva las firmas de los diputados Daniel Arroyo, Ramiro Gutiérrez, Victoria Tolosa Paz, de Unión por la Patria; Margarita Stolbizer, Miguel Pichetto, Mónica Fein, Emilio Monzó, de Encuentro Federal; Carla Carrizo, Facundo Manes, de Democracia para Siempre; Julio Cobos, de la UCR; Silvia Lospennato, del Pro; Paula Oliveto, de la Coalición Cívica; y Ricardo López Murphy, de Republicanos Unidos. También suscribieron los senadores Martín Lousteau, de la UCR -y presidente de ese partido- y Guadaupe Tagliaferri, del Pro. Completa Sergio Abrevaya, presidente del partido GEN.
"Observamos con preocupación la escalada de las expresiones desde el máximo estamento de poder, cómo el presidente de la Nación, y muchos de sus seguidores, usan la descalificación, el insulto o hasta denuncias contra periodistas, o ataques a los propios medios de comunicación, como un intento de deslegitimación de su palabra", señalaron.
Los legisladores subrayaron que "la incitación al odio de manera explícita, o el ejercicio de violencia física en algunos casos, hacen más grave aún la situación y nos ponen en el deber de advertir sobre el grave retroceso institucional que ello implica, afectando la convivencia democrática, el respeto y el debate público en la Argentina".
"La Constitución Nacional tutela de manera categórica la libertad de prensa y expresión, entendiendo su vulneración como el primero de los síntomas de las tiranías", recordaron y sostuvieron que "el ataque a la prensa no busca ni defiende la verdad. Se utiliza el poder del Estado para intimidar, silenciar y disciplinar a quienes ejercen su labor de manera crítica".
En este sentido, consideraron que "es necesaria una reacción común y colectiva y hacerlo a tiempo, desde la política y desde todos los estamentos de la sociedad". "Nuestra fecha patria, este 25 de Mayo, es una oportunidad para ratificar el compromiso democrático con la libertad de prensa", afirmaron.
Los legisladores convocaron "a líderes y fuerzas políticas, organizaciones sociales, universidades, referentes culturales, entidades periodísticas y ciudadanas y ciudadanos, a suscribir un compromiso público en defensa de la libertad de expresión y de la labor de los trabajadores y trabajadoras de la prensa".
"Ante cada intento de silenciamiento, proponemos: sostener un apoyo irrestricto a la libertad de expresión, incluso cuando las críticas se dirijan a nuestros propios espacios o referentes. Denunciar de manera pública y sostenida cada intento de hostigamiento del poder contra periodistas, en especial cuando se los acuse falsamente. Utilizar todos los canales de comunicación institucionales, partidarios o sociales disponibles para visibilizar y condenar estos actos de persecución. Nunca dejar de considerar la perspectiva ética de las relaciones y la convivencia política y social, aún y especialmente en tiempos electorales", enumeraron.
Finalmente, expresaron que "el silencio frente al autoritarismo es una forma de complicidad" y reafirmaron su "compromiso con una Argentina donde la crítica no sea delito y la verdad no tenga dueño".
Mediante una resolución en el Boletín Oficial, el Gobierno restringió las acreditaciones de los periodistas que realizan las coberturas en Casa Rosada e impuso un código de vestimenta.
El Gobierno nacional oficializó este viernes nuevos requisitos para que los medios y periodistas puedan acreditarse en la Casa Rosada y la oposición denuncia que es una clara censura a la libertad de expresión.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial bajo la resolución 1319/2025 que deroga la disposición anterior de 2024 y tiene como objetivo “ordenar, garantizar la seguridad y promover la pluralidad informativa”.
La normativa establece un plazo de 30 días hábiles para que los medios y periodistas presenten sus solicitudes de acreditación, que serán válidas desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Entre las novedades, se incluye un procedimiento detallado para la solicitud de accesos, una declaración jurada obligatoria y una “matriz de evaluación objetiva” para evaluar a los postulantes, según una grilla con puntos que toma en cuenta factores como el “índice de medición de audiencia y alcance” en los últimos tres meses.
Además, se limitó la cantidad de trabajadores de prensa que podrán asistir a las salas de prensa Decano Roberto Di Sandro y de conferencias dentro de la Casa Rosada, según establecen los anexos firmados por el subsecretario de Prensa Javier Lanari. Así, solo podrán acceder hasta 25 periodistas a la Sala de Periodistas “Decano Roberto Di Sandro” acreditados bajo la modalidad Anual. Además, otros 36 profesionales podrán asistir desde la Sala de Conferencias.
Según el Gobierno, esto es necesario para garantizar “condiciones de seguridad adecuadas, evitar aglomeraciones y permitir un desarrollo ordenado y eficiente de las actividades oficiales”.
En suma, se estableció un código de vestimenta ara las conferencias "será formal, en razón de la naturaleza institucional del acto y su trascendencia a nivel nacional e internacional". “Este requerimiento responde al protocolo de los actos oficiales cuyo respeto es fundamental para mantener el decoro y el orden correspondiente. En consecuencia, los acreditados y/o participantes tendrán que cumplir con el mismo a fin de preservar las buenas costumbres, el respeto por las instituciones y la importancia del evento", sostuvieron.
Al respecto, el diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, denunció “censura previa, cerco a la libertad de prensa”.
“Nuevas disposiciones limitan aún más el acceso y el ejercicio del periodismo en la Casa Rosada. Además de la reducción drástica del número de acreditados -solo 25 podrán ingresar a la sala de periodistas y 36 a la sala de conferencias-, se impone un código de vestimenta formal, la moderación previa de las preguntas, y se advierte que la circulación por áreas no autorizadas será considerada una falta grave. A esto se suma un control sobre las métricas de los medios presentes, introduciendo un ‘criterio de evaluación’ que hasta ahora no ha sido especificado”, cuestionó.
En ese sentido, chicaneó: “A semejante dislate, solo les faltó incluir que las preguntas deberán ser remitidas con anterioridad, al igual que las notas periodísticas que serán publicadas posteriormente”.
“Estas medidas limitan el derecho a preguntar libremente y condicionan el tratamiento editorial de los hechos”, denunció y apuntó contra la libertaria Emilia Orozco, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión que “se pasea con su perro caniche por todos lados y mantiene cerrada, bajo siete llaves, la comisión, en una inacción nunca vista”.
Vos decís que esto está en armonía con el gobierno de la "libertad"...?
Ah pero no pueden ser comparados con la previa al advenimiento de Hitler...!
Es un deber organizar la oposición republicana. https://t.co/O11WIjyifb— Monica Frade (@MonicaFradeok) May 23, 2025
“Un gobierno que le teme a la prensa es un gobierno que le teme a la verdad. El decreto que restringe el trabajo periodístico en Casa Rosada no busca orden, busca silencio. La libertad de prensa no se limita, se garantiza. Y se defiende siempre”, expresó el diputado cordobés Oscar Agost Carreño.
El diputado socialista Esteban Paulon acusó: " PREPARADOS PARA PROVOCAR. En medio del discurso desregulador el gobierno de Milei REGULA al extremo la tarea del periodismo en la Rosada Trajes pitucos, declaraciones juradas, limitaciones y criterios de selección ridículos para ingreso. Tienen pánico a la libertad de expresión". Su par Mónica Fein sumó: "Mientras el gobierno incrementa las agresiones a la prensa, restringe las acreditaciones en Casa Rosada e impone condiciones para ejercer el periodismo. Es un abuso de control sobre los medios de comunicación y un nuevo retroceso en un derecho fundamental para la democracia".
Y la libertad? código de vestimenta para periodistas? Más que para ministro o legislador @madorni se parece más al director facho de alguna escuela secundaria.
— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) May 23, 2025
Detalló la cantidad de periodistas acreditados en la Asamblea Legislativa y aclaró que el único cambio que hubo fue “de lugar”.
Foto: Comunicación Senado
Durante la entrevista que concedió a La Nación+ este martes, el presidente de Diputados, Martín Menem, negó que hubiera habido “restricciones” a la prensa y detalló que hubo 187 periodistas acreditados, distribuidos entre las galerías, el Salón Delia Parodi, Pasos Perdidos… “No hubo ningún tipo de restricción”, insistió, aclarando que lo que sucede con Milei es que su presencia despierta el interés de mucha gente que quiere asistir a un evento de ese tipo, como los cuerpos diplomáticos.
“Como nunca”, aseguró, advirtiendo que “la capacidad (de la Cámara) es limitada y no hubo un solo periodista que se haya quedado fuera del evento, más allá de cambiarlos de lugar”.
Y sobre los reporteros gráficos, repitió que “de restricción no pasó nada. Estaban en el centro de la galería todos los fotógrafos con sus cámaras, en el centro de la escena para registrar todo”.
Las autoridades de ambas cámaras difundieron una resolución en la que se detallan las restricciones que habrá en el Palacio Legislativo para el desarrollo de la Asamblea Legislativa. Fuentes oficiales negaron en tanto que vaya a haber restricciones al trabajo periodístico.
Sigue la polémica generada en torno al trabajo del periodismo parlamentario en la Asamblea Legislativa de este sábado, en cuyo marco este jueves se conoció una resolución conjunta de las presidencias de ambas cámaras referida a las medidas que se adoptarán para la sesión a la que asistirá el presidente de la Nación para proceder a la apertura del 143° período de sesiones ordinarias.
Y el primer artículo de esa resolución señala entre otras cosas que “los reporteros gráficos acreditados deberán permanecer en los lugares que tendrán habilitados para tal fin”.
En un primer momento, desde el Gobierno había bajado la orden de no permitir el ingreso al recinto de reporteros gráficos de medios nacionales e internacionales. Pero, según se conoció horas después, mediante el instructivo para las acreditaciones dispuesto por el Senado (Cámara a cargo de la organización de la Asamblea junto al Poder Ejecutivo), ingresarán aquellos cuya acreditación sea aprobada y también estarán en los “palcos de la primera galería del recinto, en el segundo piso” como la prensa acreditada de manera permanente.
Según comunicaron el martes autoridades de las direcciones de Prensa de ambas cámaras del Congreso a los periodistas acreditados de manera permanente, para el acto del 1ro. de marzo no se permitirá que los trabajadores de prensa se ubiquen en los palcos que siempre ocupan, ubicados en el primer piso por arriba del estrado.
La decisión es similar a la que se adoptó el pasado 15 de septiembre, cuando el presidente Javier Milei asistió a presentar el Presupuesto 2025 y los periodistas fueron desplazados a balcones de la primera galería ubicada en el segundo piso, donde el desarrollo de sus tareas se vio afectado.
Así las cosas, este miércoles se conoció un duro comunicado del Círculo de Periodistas Parlamentarios en el que resaltan que “se trata de una decisión inconsulta, sin antecedentes en más de un siglo de tarea periodística en el Parlamento, y sin una explicación de las causas por las que se pone esta traba innecesaria a la tarea de informar sobre uno de los acontecimientos más importantes del año legislativo, como es el discurso sobre el estado de la Nación que el presidente ofrece todos los 1ro. de marzo para dar inicio al período de sesiones ordinarias”.
“Todos los invitados tienen habitualmente palcos designados para el acto y no se entiende la razón por la que a los periodistas se los discrimina de esta manera absolutamente irracional y sin ningún sentido práctico”, enfatizaron los periodistas parlamentarios.
Garantizan que no habrá restricciones
Con todo, este jueves desde el entorno del presidente de la Cámara baja se intentó poner paños fríos a la situación, aclarando que están trabajando para que los periodistas puedan ejercer su rol desde el recinto sin ningún tipo de restricción, más allá del cambio de lugar. Así las cosas, aseguraron que en las próximas horas se comunicarán algunas aclaraciones.
“De ninguna forma vamos a reducir o restringir el derecho de cobertura”, señaló una fuente oficial consultada.
Más allá de eso, este jueves el diputado nacional de Unión por la Patria Eduardo Valdés presentó un proyecto para que la Cámara baja “garantice, tanto en la apertura de sesiones ordinarias de este sábado, como en todo acontecimiento que tenga lugar en el recinto de acá en adelante, el libre acceso de los trabajadores y trabajadoras de prensa a la totalidad de los palcos del recinto ubicados detrás de la presidencia, tal como lo han hecho históricamente”.
“El oficialismo busca ocultar un recinto semivacío y montar una puesta en escena berreta en la que ningún periodista pueda mostrar la verdad”, planteó Valdés en su proyecto de resolución.
BASTA DE ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y AL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Presenté un proyecto para que @DiputadosAR garantice, tanto en la Apertura de Sesiones Ordinarias de este sábado, como en todo acontecimiento que tenga lugar en el recinto de la cámara baja de acá en… pic.twitter.com/cwoJGZrQct
— Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) February 27, 2025
Tal fue la repercusión del tema que el Círculo de Periodistas de la provincia de Buenos Aires emitió este jueves un comunicado cuestionando exigiendo “el cese de las restricciones impuestas a periodistas, fotógrafos y camarógrafos y se permita el ejercicio profesional de los periodistas acreditados en las mismas condiciones en que históricamente se ha desarrollado la tarea, tal como reclama el Círculo de Periodistas Parlamentarios”.
Me solidarizo con los trabajadores de prensa a quienes les restringieron sus lugares de trabajo habituales para la cobertura de la Asamblea Parlamentaria.
La libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia.
— Alejandra Vigo (@alevigo) February 27, 2025
La restricciones a la prensa fueron rechazadas por legisladores de la oposición, desde los sectores más duros hasta los bloques dialoguistas cercanos al oficialismo. Incluso se sumó una nota dirigida a los presidentes Victoria Villarruel y Martín Menem, con las adhesiones de los diputados Germán Martínez, Cecilia Moreau (UP); Cristian Ritondo, Silvana Giudici (Pro); Karina Banfi, Soledad Carrizo (UCR); Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño (EF); Pablo Juliano, Marcela Coli (DpS); Agustín Domingo (IF); Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López (CC); Oscar Zago (MID); Sergio Acevedo (Por Santa Cruz); Osvaldo Llancafilo (MPN) y Mario Barletta (Unidos).
En la misiva, los legisladores resaltaron que “el Congreso de la Nación es la casa de la democracia y no puede convertirse en un ámbito donde se restrinja el ejercicio libre del periodismo”. Allí solicitan “la inmediata revisión de estas restricciones, garantizando que los periodistas acreditados y reporteros gráficos puedan desempeñar su labor con plena libertad, tal como ha ocurrido históricamente en este ámbito. Limitar el acceso de la prensa no solo implica un retroceso en términos democráticos, sino que sienta un mal precedente para la relación entre los poderes del Estado y el ejercicio de los derechos fundamentales en nuestro país”.
Me solidarizo con los periodistas y trabajadores de prensa acreditados en el Congreso de la Nación quienes, por disposición del presidente de la HCDN serán impedidos de desenvolver la cobertura de la apertura de sesiones ordinarias, el proz 1 de Marzo. Históricamente disponen de…
— Monica Frade (@MonicaFradeok) February 27, 2025
Para un legislador porteño de la Coalición Cívica, los términos con los que el presidente agravia a los trabajadores de prensa pueden terminar siendo muy peligrosos.
En su presentación ante su público en Parque Lezama, el presidente Javier Milei pareció haber estado tratando de recuperar la mística de la campaña. Y lo hizo no solamente convocando a la militancia como en aquellos tiempos, sino -y sobre todo- apelando a las terminologías que usaba entonces despachándose con términos soeces y agraviantes hacia algunos sectores. Particularmente a los periodistas.
De ahí que el diputado porteño Facundo del Gaiso saliera este domingo a alertar con un posteo en la red social X donde alertó que estamos “a nada que un ‘copito libertario’ quiera matar un periodista”.
En ese sentido, Del Gaiso lanzó una pregunta hacia quienes hasta el año pasado fueron sus compañeros de ruta, preguntando: “Hasta cuando los ex Jxc que están en ‘las fuerzas del cielo’ van a seguir en SILENCIO mientras Milei les dice a los periodistas ‘soretes ensobrados’ o ‘la gente piensa que son unos hijos de puta’”.
“No se dejen intimidar por los periodistas corruptos, por los sindicalistas corruptos, por los empresarios corruptos”, instó el presidente, que tildó a los periodistas críticos como “militantes” que manipulan “la realidad”.
“Son todos de carne y hueso, pedazos de soretes. Acá tienen los trolls, periodistas corruptos, ensobrados. Estos son los trolls, los que muestran la realidad que ustedes no dejan ver por tener el monopolio de los micrófonos”, lanzó el mandatario ante sus partidarios.
Y agregó en su posteo una nota del periodista de La Nación Jorge Liotti, donde el periodista alerta sobre “los riesgos de deslizamiento hacia un populismo de cuño libertario, que muchas veces emerge en el ideario del Gobierno y que quedó expresado en la decisión de restringir el derecho de acceso a la información a través de un decreto”.
“Se trató de un hecho significativo porque fue la primera vez que Milei pasó de la hostilidad verbal contra el periodismo (que anoche en Parque Lezama tuvo un pico inédito de virulencia) a un hecho normativo concreto. Abonó así una senda que siguió el viernes la jueza civil Lucila Córdoba, quien en forma inconstitucional hizo lugar a un insólito pedido de la esposa de Jorge Lanata para impedir que los medios mencionen al periodista y al conflicto familiar que tiene con sus hijas. Obviamente, las entidades periodísticas expresaron su inmediato rechazo a la medida”.
A nada que un “copito libertario” quiera matar un periodista.
Hasta cuando los ex Jxc que están en “las fuerzas del cielo” van a seguir en SILENCIO mientras Milei les dice a los periodistas “soretes ensobrados”o”la gente piensa que son unos hijos de puta” https://t.co/IT7DLlEfAV
— Facundo Del Gaiso (@FacundoDelGaiso) September 29, 2024
El diputado socialista Esteban Paulón subrayó que las declaraciones del presidente constituyen "una concreta amenaza" hacia los trabajadores de prensa.
El diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución, mediante el cual expresa el "más enfático rechazo" a las manifestaciones del presidente Javier Milei, quien durante una entrevista en el canal LN+ (emitida el 2 de septiembre) sugirió que como condición para brindar conferencias de prensa enviaría una ley al Congreso para que los periodistas sean declarados personas políticamente expuestas y presenten una declaración jurada de bienes a los efectos de que “puedan ser sometidos al escarnio público al que los periodistas someten al resto de la sociedad”.
Para el legislador de Encuentro Federal, esto representa "una concreta amenaza a quienes ejercen un rol fundamental para el sistema democrático, incumpliendo con la obligación constitucional de garantizar la libertad de expresión, tanto en su nivel individual como en su dimensión colectiva".
En la iniciativa, acompañada por su par Mónica Fein, el santafesino resaltó que "la libertad de informar, en particular la que se refiere a asuntos de interés público, cumple una función esencial para el control de la actividad de los órganos públicos, el debate democrático, la participación ciudadana en la cosa pública, el combate de la corrupción, en fin, para garantizar el instituto de una opinión pública libre y plural".
"El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión en nuestras sociedades. La obligación del Estado es la de propiciar un entorno seguro, sin riesgos, para la libertad de prensa", añadió en este sentido.
Paulón subrayó que "desde el inicio de la gestión del gobierno de Javier Milei periodistas, medios de comunicación y trabajadores de prensa en general han sido foco de hostigamiento, señalamiento y campañas de desprestigio y agresión verbal por parte del presidente y sus funcionarios de gobierno, ya sea en las escasas entrevistas que otorga a medios o comunicadores afines, comunicados oficiales, las ruedas de prensa del vocero presidencial o publicaciones a través de redes sociales".
"Estas actitudes se han vuelto habituales por parte de un presidente de la Nación que no tolera la mínima crítica o disidencia, desacredita y califica de excremento a quienes no comulgamos con sus ideas o aspiramos a un modelo de país que se encuentra en las antípodas de su pensamiento dogmático, no admite el pensamiento crítico y pretende imponer una única voz. Pero tratándose de un ataque manifiesto y sistemático al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, la intolerancia gubernamental adquiere una dimensión aún mayor en una sociedad democrática", apuntó.
En los fundamentos del proyecto, el diputado mencionó que "de un total de 108 casos registrados de ataques a periodistas en lo que va del año, según informa FOPEA en su monitoreo permanente, 1 de cada 3 (29%) tienen como agresor al presidente de la Nación". Estos datos también se revelaron durante la última reunión de la Comisión de Libertad de Expresión.
"La gravedad de las continuas manifestaciones agraviantes y cercenatorias del libre ejercicio de la labor periodística y la pluralidad de voces por parte de quien reviste la investidura presidencial requieren que esta Honorable Cámara se exprese de manera firme y contundente. Es de suma trascendencia que este Cuerpo reafirme el compromiso con las responsabilidades asumidas en materia de derecho internacional de los derechos humanos y la defensa de un modelo de sociedad democrática justa e igualitaria", concluyó en sus argumentos.
Representantes de ambas entidades periodísticas rechazaron los insultos provenientes de lo más alto del poder. Debate sobre la restricción a la información pública y el planteo oficialista sobre la pauta a medios.
Representantes del Foro de Periodismo Argentino y la Asociación de Periodistas de la República Argentina expusieron este jueves en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados sobre su preocupación por las reiteradas y crecientes agresiones contra periodistas por parte del presidente Javier Milei.
En el encuentro, que se extendió por casi tres horas, se hizo referencia además a las restricciones al acceso a la información pública -mediante el decreto 780/24- y surgió el debate en torno a la pauta oficial a los medios, que tuvo a Alberto "Bertie" Benegas Lynch como principal defensor de la política aplicada por el Gobierno en este sentido.
La próxima semana está previsto que asistan representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). En el cierre de la reunión, la presidenta de la comisión, la libertaria María Emilia Orozco, dijo que iba a terminar de definir los invitados con el vicepresidente Christian Castillo, del Frente de Izquierda, sin precisar si se convocarán a reconocidos comunicadores. Tanto la semana pasada como este jueves, la oposición reclamó por una lista de periodistas que quieren sean citados, como Joaquín Morales Solá, María O' Donnell, Ernesto Tenembaum y Pablo Duggan, entre otros.
Al exponer, Paula Moreno, presidenta de FOPEA, recordó que desde la organización se realiza un monitoreo sobre los casos que atentan la libertad de expresión y "si bien hemos tenido diferentes momentos, y a cada situación hay que darle un contexto, estamos preocupados en este último tiempo por una serie de situaciones que están ligadas no sólo con la agresión, sino con la agresión dirigida a periodistas, la exposición de colegas".
"Al día de hoy hay 108 casos registrados de ataques", detalló y resaltó que "lo que estamos viendo en este último tiempo es que hay un discurso estigmatizante, dirigido al periodismo en su conjunto y hacia los periodistas en particular. El 29% de estas agresiones están protagonizadas por el presidente de la Nación y un 11% por fuerzas de seguridad, en situaciones que en general se generan en coberturas".
Sobre el accionar del jefe de Estado, Moreno advirtió que "ese discurso estigmatizante de 'ensobrados', 'mentirosos', no sólo tiene que ver con quién lo dice, que para nosotros es de extrema relevancia, es el presidente de la Nación, su voz no es una voz más, es la voz y representación institucional del país. La insistencia y la recurrencia en este discurso y los modos, además activando situaciones que después tiene que ver con claro hostigamiento a los colegas, nos preocupa especialmente".
"El hostigamiento que se da por redes, con algún rebote también en determinados medios tradicionales, lo que finalmente logra es un clima de exaltación absoluta, y hace que muchos colegas no puedan desarrollar su trabajo como corresponde y, además, lo peor que nos puede pasar a los periodistas que es caer en autocensura", subrayó la presidenta de FOPEA.
También señaló que "es muy difícil saber cuándo eso se va a mantener en las redes y cuándo va a salir a la calle", pero "sería interesante como medida de prevención tratar de dialogar más que gritar".
Paula Moreno y Claudio Jacqueline, representantes de FOPEA.
A continuación, el vicepresidente de FOPEA, Claudio Jacqueline, expresó que "en estos 16 años no hemos registrado en tan poco tiempo del comienzo de una gestión este nivel y recurrencia de agresión a la prensa". "No es excluyente de la Argentina esta situación, hay un contexto internacional del periodismo, que está en mayor situación de fragilidad que hace años. El ecosistema de medios está en crisis y los periodistas en mayor precarización", observó.
El periodista rechazó que "desde lo más alto del poder político se reproduzcan cuentas anónimas o fakes, falsas directamente, con acusaciones, descalificaciones y persecuciones a periodistas. Nos parece que esto encierra un problema que no atenta ya contra el periodismo, sino contra la ciudadanía".
Desde APeRA, su presidente Fernando Ramírez manifestó la preocupación por "los reiterados ataques y agravios del presidente Javier Milei hacia los periodistas. No se entiende cómo un jefe de Estado hace permanente blanco con tanta vehemencia en los periodistas con diatribas de variopinto y desafortunado color". "Una cosa es la libertad de expresión del presidente y otra cosa es la agresión permanente e injustificada, e incluso con retuits de cuentas anónimas, algo inaudito", apuntó.
En ese sentido, alertó que "tras una crítica del jefe de Estado a un periodista o varios se suceden una lluvia de ataques contra ellos en las redes sociales por parte de fanáticos intolerantes que poco tienen que ver con los valores de la democracia". "Les pedimos a todas las autoridades respeto a los periodistas. El método no es la diatriba, el ataque por redes sociales y la consecuente agresión de un enjambre de trolls", agregó.
Fernando Ramírez, presidente de APeRA, quien es acreditado de parlamentario.com en Casa Rosada.
Ramírez, periodista acreditado en Casa Rosada, cuestionó que "han pasado casi nueve meses y el presidente no ha dado conferencias de prensa. Y, además, siempre trata de esquivar al periodismo. Asimismo, también deben dar conferencias de prensa los ministros. A algunos no les conocemos la voz".
En su exposición, el titular de APeRA planteó que "un tema aparte es el congelamiento de la pauta publicitaria hasta el 10 de diciembre próximo. Los perjudicados son los pequeños medios de todo el país. Y, además, hay que decir que hay pauta oficial en estos momentos. No está suspendida. Habría que ver quiénes la reciben".
En la ronda de legisladores que tomaron la palabra, la cívica Mónica Frade lamentó que las descalificaciones hacia periodistas son muy similares a las que hacen contra legisladores: "Esbirros, ensobrados, ratas". "Lo peor que nos está pasando es que estamos naturalizando este lenguaje, y eso derrama a la sociedad. Sabemos cómo empezó, no sabemos a dónde puede terminar", alertó.
Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés sostuvo: "Yo soy de los que cree que a la violencia verbal le sigue la violencia física y lo estamos viendo. Hay una violencia física que se está naturalizando y yo creo que eso no lo podemos naturalizar, sea para periodistas, jubilados, o cualquier persona que tiene derecho de peticionar. No corresponde que ningún troll vinculado al Estado salga a deshumanizarlo".
A contramano de la postura de la oposición, la libertaria María Celeste Ponce cuestionó a los representantes de las entidades periodísticas: "Observo un enojo con las redes sociales, las cuales les dan voz a los ciudadanos y otros periodistas, como es caso del periodista Mariano Pérez, que fue agredido por manifestantes y FOPEA no se solidarizó".
"Hay una suerte de solidaridad con quien nos conviene. Me recuerdan un poco al colectivo de feministas, que a veces defienden a una mujer según el color político. Eso es algo que se tiene que acabar", sumó y les reclamó que "sean más justos a la hora de pedir sobre la libertad de expresión".
Alerta por el acceso a la información pública
Durante el encuentro, tanto desde FOPEA y APeRA como de los legisladores de la oposición hubo referencias al decreto 780/24 por el cual se modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. "Cuando uno restringe el acceso a la información pública restringe la libertad de expresión y también el trabajo de los periodistas", indicó el socialista Esteban Paulón.
En tanto, el diputado de Unión por la Patria Pablo Carro aseguró que con ese decreto se "restringe la libertad de expresión de muchas maneras". "Redefine qué no es información pública; la primera vez que veo que se define por la negativa", observó.
Para el cívico Maximiliano Ferraro el decreto 780 "rompe el espíritu que le quiso dar el legislador a la Ley de Acceso a la Información de manera restrictiva, peligrosa, y que una cosa y otra no pueden ser leídas o resueltas en esta comisión de forma aislada”.
Jacqueline, vicepresidente de FOPEA, afirmó que "a menos información pública hay menos transparencia y menos democracia". Con este cambio se "restringen derechos de la ciudadanía y amplía poderes de los funcionarios del Estado, amplía la discrecionalidad", dijo y mencionó que si no hubiese existido la ley como tal "no hubiéramos conocido la fiesta de Olivos, la visita de jueces al presidente Mauricio Macri y reuniones en las que se usan ámbitos y bienes públicos".
Al citar textual las palabras del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al respecto de este tema en la sesión informativa, Orozco sostuvo que "el decreto está en estos momentos en revisión".
El planteo de Benegas Lynch sobre la pauta a los medios
En sus preguntas a los invitados, "Bertie" Benegas Lynch mencionó que a lo largo de la historia "el Estado se ha metido en la propaganda política y ha cercenado justamente la libertad de expresión". Y cuestionó al kirchnerismo por haber impulsado una Ley de Medios que "fue inspirada en lo que hizo la Revolución Libertadora, de dar licencia a los periodistas que a mí me gustan".
Luego de rescatar que las diputadas Karina Banfi y Sabrina Ajmechet mencionaron casos contra la prensa también en provincias, el oficialista cuestionó: "Parece que tienen el foco puesto en Balcarce, entre Rivadavia e Yrigoyen".
"En la época del kirchnerismo se usaban las herramientas que Javier Milei se está sacando de encima", argumentó el libertario, que habló de que a los periodistas que hablaban en contra se los cargaba con "la AFIP, inteligencia y pauta".
Para Benegas Lynch, "en la medida que tengan la pauta, sea el 80% o 2%, ahí está tu jefe. Lo que corrompe el periodismo es la pauta, porque pierde la libertad en cuanto a que tiene su jefe; lo que no quiere decir que un medio financiado de manera privada tenga su línea editorial", pero "hay medios privados que debido a la pauta terminan siendo medios paraestatales".
En una tensa reunión de la Comisión de Libertad de Expresión, UP y la izquierda insistieron en que se convoquen a reconocidos comunicadores. Se abordó la situación de Diputados TV.
De izquierda a derecha, Carolina Gaillard, Christian Castillo y María Emilia Orozco
En una tensa reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, que terminó en medio de gritos, se anunció que la semana próxima se recibirán a representantes del Foro de periodismo argentino (FOPEA) para que expongan sobre la alarma existente ante recurrentes ataques a periodistas. Con énfasis, la oposición reclamó además que se convoque a una larga lista de reconocidos comunicadores, varios de ellos que han sido cuestionados por el presidente Javier Milei.
Entre los nombres se destacan Joaquín Morales Solá, Ernesto Tenembaum, María O'Donnell, Romina Manguel, Jorge Fontevecchia, Jorge Fernández Díaz, Víctor Hugo Morales, Silvia Mercado, Martín Rodríguez Yebra, Luisa Corradini, María Laura Santillán, Marcelo Bonelli, Pablo Duggan, Darío Villarruel y Nancy Pazos.
También hubo un pedido a la presidenta de la comisión, la libertaria María Emilia Orozco, para que la comisión se reúna todos los jueves. En el cierre, la salteña confirmó que el jueves 5 de septiembre se recibirá a FOPEA, pero que los periodistas solicitados se irán invitando luego. La diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard, que había arremetido contra la oficialista Nadia Márquez, explotó contra Orozco por no definir la lista de comunicadores para el próximo encuentro.
En el arranque de la reunión, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo mencionó el pedido que un conjunto de legisladores hizo semanas atrás para que se convoque a la comisión (a través del artículo 109 del reglamento) ampliando el temario. Sobre todo, porque la comisión no se reunía desde abril pasado, cuando se constituyó.
Entre los temas que querían agregar estaban proyectos sobre "las agresiones por parte del presidente y el Poder Ejecutivo a distintos periodistas; eso no ha cesado, se ha incrementado", "el reclamo por los medios públicos, que también es una forma de cercenar el derecho a la libertad de expresión" y la represión a trabajadores de prensa en distintas protestas, enumeró el vicepresidente de la comisión.
Detrás, Gaillard había remarcado que citar de manera extemporánea hace que "se vaya desnaturalizando la necesidad de tratar los temas". "Hay una lista de más de 20 periodistas que han sido atacados en la libertad de expresión directamente por el presidente de la Nación y hemos pedido que se convoquen hace cinco meses", expresó.
Orozco se excusó que "en 2005 y 2011 esta comisión no funcionó" y "en los últimos cuatro años ustedes no bajaban a dar quórum", apuntando contra Unión por la Patria.
Al tomar la palabra, la cívica Mónica Frade lamentó que "arrancamos mal; cuando se quiebra el reglamento durante tantos meses se supone que uno empieza admitiendo que la comisión no funcionó". "Hay un presidente que le dice ratas y vagos (a los legisladores), un presidente en el que milita usted ese espacio y por lo tanto le está diciendo a usted vaga y pareciera que fuera así", lanzó contra Orozco.
En su intervención, el diputado socialista Esteban Paulón advirtió que de los ataques a la libertad de expresión, "según un informe de FOPEA, de los 102 casos registrados, uno de cada tres provienen de Milei y (Victoria) Villarruel, dándole una mayor trascendencia y grado de preocupación”.
Desde el Pro, la diputada Silvana Giudici dijo que estaba de acuerdo con la citación de FOPEA, pero pidió que también que se invite a APeRA, ADEPA y la Fundación LED, la cual ella misma preside. En ese sentido, señaló que desde la organización hacen informes desde 2012 y "en el año 2013 los casos de agresión, restricción a la libertad de expresión, censura, falta de información fueron 448". En tanto, también precisó que en el año 2023 registraron 177.
Recordó que en distintas oportunidades la Fundación LED se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar "agresiones que fueron muchas, variadas, graves, persecución judicial, persecución con la AFIP". "Cuando el kirchnerismo es gobierno jamás viene a dar quórum" a la comisión, reclamó la legisladora.
Además, Giudici señaló que "la denuncia del ministro Cúneo fue rechazada rápidamente in límine porque no corresponde denunciar a un periodista en el contexto penal para ser castigado por una opinión que dijo". "Más allá de las chicanas que nos podamos hacer, la libertad de expresión es un derecho que está en nuestra Constitución", aseveró.
Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, cuestionó que "los debates se duerman y no se permita tener un debate en tiempo real". Por eso, consideró que de ahora en más se podría "arrancar de lo más contemporáneo para atrás", como por ejemplo que en la actualidad "hay una hipótesis de que se están usando 105 millones de la SIDE para apretar periodistas".
Por La Libertad Avanza, la diputada Lilia Lemoine subrayó que "la libertad de expresión no es solamente para periodistas, es para todos los ciudadanos de la República Argentina" y manifestó que ella fue "víctima de FOPEA tergiversando mis palabras y mis actos durante la campaña". "Libertad de expresión no es mentir. Es inaceptable que el Estado use los recursos para atacar a los ciudadanos. Una cosa es una opinión del presidente Javier Milei y otra cosa es un ataque", defendió.
Al referirse al episodio ocurrido en abril pasado con la interrupción de la transmisión de la Comisión de Juicio Político por parte del canal Diputados TV, la libertaria justificó que "se terminó la transmisión porque la comisión se había cancelado antes del quórum". "Si una comisión no está teniendo lugar, no se transmite por internet, es así de simple. Ahí no hubo censura", afirmó.
En otro tramo de la caliente reunión, Castillo sumó que se convoque al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y, por otra parte, anunció que consultaría al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su próxima visita a la Cámara baja sobre si en el exSalón de las Mujeres de Casa Rosada "funciona una granja de trolls que se dedica a perseguir a la oposición". "Queremos que se dé cuenta de eso, si ocurre o no, porque muchos somos víctimas permanentes", entre ellos diputados y periodistas, apuntó.
Sobre Diputados TV
Durante la reunión, la Directora General de Prensa y Comunicación de la Cámara de Diputados, Flavia Alemann, de quien depende el área de Diputados TV, expuso sobre la actualidad del canal. En el comienzo de su exposición, habló de que a partir de la llegada de la nueva gestión se encontraron con "un gasto absolutamente excesivo" derivado del alquiler de equipos que representaban "un costo enorme" para la Cámara.
A continuación, afirmó que este año "el presupuesto va a bajar sustancialmente" y el equipamiento del canal "va a quedar como patrimonio y en un presupuesto estabilizado" a futuro. "Es un ahorro importante", agregó. Consultada por la diputada Mónica Frade sobre si se hicieron denuncias por irregularidades detectadas, Alemann asintió que sí en el caso de licitaciones de equipos, pero no contra individuos que tenían contratos y "estaban fuera del país".
Sobre esto, el diputado de UP Eduardo Valdés le advirtió: "Si tiene que hacer denuncias, hágalas. Si hubo alguien que estaba en Estados Unidos y cobró, hágala, porque le puede incurrir a usted en incumplimiento de funcionaria, tenga cuidado. Si hay ilícitos hay que denunciarlos".
Respecto de un episodio con la periodista Laura Serra en abril pasado, cuando se encontraba informando sobre la frustrada reunión de la Comisión de Juicio Político, la directora de Prensa argumentó que se trató de "una orden mal ejecutada" y admitió que "fue un error" y hubo disculpas hacia la periodista.
Germán Martínez la consultó sobre las transmisiones cortadas que se hicieron de los plenarios de comisiones que trataron la Ley de Bases en el verano y Alemann respondió que "eso sucedió y se corrigió, pero la transmisión por YouTube nunca dejó de transmitirse". Cabe resaltar que Diputados TV tiene como tarea transmitir las sesiones, las comisiones y todas las actividades de la Cámara baja.
Entre las preguntas, Christian Castillo quiso ahondar sobre cuántos contratos se rescindieron cuando llegó la nueva gestión y también sobre la forma de contratación y situación laboral de los trabajadores. En la misma línea, Valdés sostuvo que "los trabajadores merecen tener los derechos laborales que corresponden, porque nosotros somos el Congreso. Y esto es una crítica también a sus predecesores. Tenemos que ser un ejemplo para que los medios nos imiten".
Valdés añadió que le gustaría que se pueda discutir el presupuesto de DTV "pluralmente" ya que "el canal de Diputados TV fue una construcción colectiva y un orgullo del pluralismo". "La virtud que tiene el canal es que hay gente con pluralidad de pensamiento", destacó.
Por su parte, la radical Marcela Coli manifestó que "tener un canal los diputados la verdad que es un lujo" y pidió "el respeto a los que no pensamos igual". "Cualquier diputado que quiera salir en Diputados TV tiene las puertas abiertas, pueden salir y expresarse", aseguró Alemann.
Hacia el final, Esteban Paulón solicitó conocer el CV del director de Diputados TV, Jonatan Arioli, para saber "cuál es su trayectoria, su experiencia en medios de comunicación, sobre todo porque está a cargo de un canal estratégico", y convocarlo para otra reunión, luego que no asistiera este jueves por una cuestión de salud.
Consideran que la medida constituye “un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información”.
El bloque de diputados provinciales de la UCR GEN expresó su enérgico repudio ante la reciente decisión del Gobierno nacional de retirar las acreditaciones permanentes de Casa Rosada a 50 periodistas, así como su avance en una polémica resolución destinada a limitar el acceso a la sala de prensa únicamente a aquellos que “puedan demostrar que merecen estar cerca del presidente”.
“Esta medida constituye un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información, principios fundamentales de nuestra democracia. La prensa libre y plural es un pilar esencial para el control ciudadano sobre los actos de gobierno, y cualquier intento de restringir su acceso y trabajo debe ser repudiado enérgicamente”, expresaron los legisladores.
Para ellos, “ningún contexto justifica esta decisión del Ejecutivo Nacional que no sólo limita el ejercicio periodístico, sino que también envía un mensaje de intolerancia y censura que atenta contra la transparencia y el pluralismo informativo. En una democracia, el rol del periodista es fundamental para el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas”.
Consideran los diputados provinciales de UCR-GEN que “el derecho a informar y a ser informado está consagrado en nuestra Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos. La eliminación arbitraria de acreditaciones, bajo el pretexto de seleccionar quiénes ‘merecen’ estar cerca del Presidente, establece un peligroso precedente de control y censura gubernamental.
Los diputados provinciales del Acuerdo Cívico UCR-GEN Claudio Frangul, Matías Civale, Viviana Dirolli, Natalia Dziakowski, Nazarena Mesias y Julio Pasqualin se solidarizaron con los trabajadores de prensa y esperan que “las autoridades recapaciten y se produzca la inmediata restitución de las acreditaciones retiradas y el cese de cualquier tipo de medida que atente contra la libertad de prensa. Es imperativo que el Gobierno Nacional garantice el acceso libre y sin restricciones de todos los periodistas a la Casa Rosada, respetando así el derecho del pueblo argentino a estar informado de manera completa, veraz y oportuna”.
Reclaman que se abra la Comisión de Libertad de Expresión para escuchar también a trabajadores de prensa que fueron reprimidos en manifestaciones. Presentaron una nota a la libertaria Emilia Orozco.
Carolina Gaillard (UP) y Christian Castillo (FIT), vicepresidentes de la Comisión de Libertad de Expresión
Diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el socialismo, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal presentaron una nota a la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la libertaria María Emilia Orozco, para que la próxima semana convoque a periodistas que fueron agraviados y se traten expedientes relacionados.
La nota, encabezada por el vicepresidente primero, Christian Castillo (FIT), pide que se cite a periodistas que han sufrido agravios, ataques e intimidaciones en los últimos meses, y a quienes fueron reprimidos durante las manifestaciones en contra de la Ley de Bases y otras protestas públicas. También, a los trabajadores de Télam y otros medios públicos, a representantes de FOPEA y de todo el país.
Los opositores cuestionaron que la comisión no se reúne desde su constitución, el pasado 25 de abril. “Nos parece deliberado y por eso estamos exigiendo a la comisión que se reúna y cite a los periodistas afectados, en un marco de crecientes ataques del Poder Ejecutivo a cualquier periodista que emita una posición crítica o que al presidente no le guste. Y cuando hemos visto represión a periodistas y reporteros gráficos que estaban cubriendo las manifestaciones contra la Ley Bases y cuando están amenazados los medios públicos”, señaló Castillo.
En tanto, los proyectos que solicitan tratar están referidos a la agencia de noticias Télam; el canal Diputados TV; la “persecución penal” del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contra Nancy Pazos y Sergio Darío Villarruel; pedido de informes al vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre las acreditaciones de prensa en Casa Rosada; y un repudio por las expresiones del presidente Javier Milei contra las periodistas Silvia Mercado, Luisa Corradini y María O’Donnell.
Mientras el presidente sigue atacando a cualquier periodista que le haga una crítica y Bullrich justifica las represiones a quienes cubren manifestaciones, la Comisión de Libertad de Expresión de @DiputadosAR sigue sin reunirse. Presentamos nota de integrantes de la comisión de… pic.twitter.com/WcrB2tk9M9
— Christian Castillo (@chipicastillo) July 9, 2024
Representantes de la asociación afirmaron que pesan actualmente contra él 19 casos. Le exigieron al periodista especializado en política internacional que emita “disculpas públicas”.
Durante una conferencia de prensa realizada en el Anexo del Senado de la Nación, representantes de la Asociación Periodistas Argentinas expusieron sobre 19 casos de denuncia de acoso sexual contra Pedro Brieger, periodista especializado en política internacional.
En el encuentro, además de exigir que el columnista -ahora apartado- de C5N y Radio 10 pida “disculpas públicas” a una veintena de colegas por propasarse con ellas, las comunicadoras presentaron el “Informe Cultura del Acoso: Punto y Aparte”.
La conferencia fue encabezada por las periodistas Nancy Pazos y Agustina Kämpfer, quien también denunció haber sufrido situaciones de acoso por parte de Brieger.
“Acá hicimos un pedido muy concreto. La reparación judicial termina siendo una multa. El pedido de disculpas por parte de él es lo que necesitamos y que, también, los lugares donde trabajó lo reconozcan. Muchas hablamos en el momento y no fuimos escuchadas. Ahora hicimos un trabajo periodístico de investigación, para poner los casos a la luz en este informe, que será presentado a cada una de las instituciones y en las radios y los canales donde trabajó. Es muy importante para todas que pida perdón públicamente”, expresó Pazos.
Por su parte, Kämpfer remarcó que debieron frenar la recepción de casos para poder hacer la presentación con “el número de denuncias recibidas”; a partir de ahora, continuarán contactándose con aquellas personas que quieran compartir su denuncia y recolectar todo el material que les sigue llegando, que “es mucho más” que el que quisieran recibir.
Legisladoras acompañaron la conferencia
¡Basta de acoso!
Acompañamos a Periodistas Argentinas en la presentación del informe “La cultura del acoso: punto y aparte” a partir de las denuncias contra Pedro Brieger y la cultura de acoso machista.
Brieger debe pedir disculpas públicas como acto reparador. pic.twitter.com/bKOeyji2ZU
— Mónica Macha (@MoniMacha) July 2, 2024
Hoy escuché 19 testimonios de mujeres acosadas por el periodista Pedro Brieger. Es importante denunciar siempre, sin importar la cobertura política, a cualquiera que sea el acosador.
Vamos a trabajar para que la Comisión de Mujeres de la Cámara reciba a las víctimas y para que… pic.twitter.com/FssWOfSMMg
— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) July 2, 2024
La iniciativa es impulsada por el diputado cordobés Juan Fernando Brügge con el objetivo de resguardar la actividad de los periodistas y personal de los equipos periodísticos en el ejercicio de sus funciones.
El diputado nacional por Córdoba Juan Fernando Brügge (Hacemos Coalición Federal) presentó un proyecto de ley para que se incorpore el artículo 41 al Código Penal de la Nación para que cuando la víctima de alguno de los delitos previstos tuviese la condición de periodista o integrante técnico o auxiliar de un equipo periodístico, y el hecho ocurriera con motivo del ejercicio de sus funciones, la escala penal correspondiente aplicable se incrementará en un tercio del mínimo y máximo.
El cordobés fundamentó que el objeto de su iniciativa busca “resguardar la actividad de los periodistas y personal de los equipos periodísticos en el ejercicio de sus funciones, en razón del estado de vulnerabilidad que el ejercicio de su profesión y trabajo, los coloca en oportunidad de cubrir eventos, sucesos o efectuar investigaciones periodísticas”.
Además, enumeró los casos donde periodistas de distintos medios fueron agredidos y, de acuerdo a un informe realizado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en el 2023 se produjeron 61 ataques contra la prensa, puntualizando que “los ataques a la integridad (que incluyen agresiones físicas, amenazas e inseguridad en las coberturas) fueron el tipo de incidentes más frecuentes con el 36,75 % de los casos”.
Al respecto, se refiere a los incidentes ocurridos en las afueras del Congreso de la Nación durante el tratamiento de la ley Bases en el Senado el miércoles donde un móvil de la empresa periodística Cadena 3 fue incendiado.
“Ante tan evidente situación de desprotección, se torna necesario modificar el Código Penal de la Nación a fin de brindar la tutela jurídica que los periodistas y equipos periodísticos de nuestro país ameritan frente a la situación de ser víctimas de delitos con motivo del ejercicio de sus funciones, en especial cuando el mismo ocurre en la vía pública, y que significa, en los hechos, una forma de censura a la libertad de prensa, y de la actividad de informar y comunicar a la opinión pública sobre los hechos de la realidad”, ratifica.
3132-D-2024Al frente de la misma fue designada la salteña María Emilia Orozco. La oposición pidió que la próxima reunión sea el 16 de mayo con la presencia de periodistas que “han sufrido agresiones y represiones” y trabajadores de Télam. La Izquierda y UP solicitaron la asistencia de funcionarios del Ejecutivo por los trolls center de Casa Rosada
En medio de picantes cruces se llevó a cabo este jueves la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión que quedó en manos del oficialismo, tras el reclamo de la oposición a la convocatoria de un próximo encuentro el 16 de mayo con periodistas “agredidos” y trabajadores de Télam invitados a exponer por la situación que atraviesan, cuyo pedido fue desestimado por la presidencia de la comisión que confirmó los días jueves a las 10 para las reuniones. También expresaron preocupación por lo ocurrido en Diputados TV.
El libertario Bertie Benegas Lynch postuló como presidente a la salteña María Emilia Orozco que se desempeñó como concejal durante dos años en la provincia, es licenciada en Comunicación Social por lo que “puede aportar mucho valor en lo que tratamos porque se especializa en comunicación digital. La conjunción de sus valores en defensa de la libertad una persona joven que viene a renovar la sangre de la política y especialidad del tema comunicacional”. En tanto La UCR aún mantiene la reserva de la secretaría.
Al ser ungida titular de la comisión, la salteña expresó: “Soy nueva en esto y estuve stalkeando un poco sus perfiles y es impresionante la trayectoria de muchos que hace ocho o doce años que están en la comisión. Soy todo lo contrario a eso, toda la experiencia que tienen muchos de ustedes es lo que no tengo, pero no me amedrenta. Al contrario, tengo mucho que aprender de cada uno de los que están acá y seguramente ustedes también tendrán que aprender algo de la renovación en la política”.
“Escuché por ahí la subestimación de los nuevos, escuché incluso dirigirse hacia nuestro espacio de manera despectiva, les puedo asegurar que tenemos mucho para aportar y, sobre todo, pedirles que no nos subestimen”, pidió y agregó: “Si bien cada uno viene con un saco de principios, de valores, de ideologías partidarias y sin ir más lejos miren la conformación de autoridades de la comisión. Soy una defensora del consenso, del diálogo. Acá estamos de paso, no pretendo perpetrarme en este lugar sino lo que quiero es dejar instrumentos, herramientas, dejar normativas a la gente que trasciendan”.
Al respecto, planteó como tema a tratar “la distribución discrecional de sumas millonarias de la pauta oficial y no escuché mucho hablar del federalismo”, por lo que planteó “romper con el centralismo de Buenos Aires porque la libertad de expresión no solamente la tienen los medios de acá. Siendo de una provincia del norte con muchas falencias la pauta está poniendo en peligro la libertad de expresión de los medios del interior”. Además, resaltó que la Ley de Medios “es una materia pendiente”.
“Pido que nos escuchemos porque algo que me sorprendió mucho son los modos, las formas y la falta de respeto cuando alguien está tomando la palabra. Vamos a demostrar desde este espacio que hay otra dinámica de trabajo por el respeto entre nosotros”, solicitó.
Al tomar la palabra, la radical Marcela Coli (La Pampa) manifestó: “Por más que uno es nuevo la experiencia se construye escuchando al otro, respetando a quienes no pensamos igual. Quiero ser respetada por eso. Soy de la oposición que se construye en el respeto y con calidad. Espero que esta libertad de expresión en casi 40 años de democracia podamos sentarnos y tener ese respeto en las posiciones que tenemos los distintos temas. Que todos tengamos las mismas oportunidades”.
A su turno, el vicepresidente primero de la comisión el diputado Christian Castillo (FIT) propuso reuniones quincenales y puso a consideración realizaron el próximo 16 de mayo la reunión con periodistas.
“La actividad periodística en los caos de violencia institucional o paraestatal han sido determinantes, es central. Hay una agresión sistemática desde el Estado que fogonean esa agresión”, alertó y propuso para un encuentro el 23 de mayo que rindan cuentas los funcionarios designados por el Ejecutivo que están a cargo de los trolls center de Casa Rosada que “tienen a agredir las causas que no simpatizan organizando ejércitos de trolls. Deberían explicar si con el dinero público de los contribuyentes se financian funcionarios que utilizan los recursos del Estado para armar grupos de choques mediáticos”.
En contraposición, Orozco desestimó ese pedido y aclaró: “La situación amerita otra dinámica de la comisión y no como la que veníamos teniendo porque en 2021 no se registró ninguna reunión, en 2022 se reunió tres veces y en 2023 solo se reunió una vez”.
“Considero que si queremos tener una reunión productiva sería oportuno hacer una reunión de asesores previo de todos los legisladores para que puedan invitar para poder tener la representación de todas las voces. Vamos a resguardar la pluralidad de voces porque no quisiera que sea una batalla campal como viene siendo en otras comisiones”, planteó.
Al pedir la palabra, el jefe del bloque UP y secretario de la comisión, Germán Martínez, manifestó: “Hay determinadas situaciones que no tienen dos miradas. Cuando hay alguien desde una situación de poder que agrede, descalifica a un periodista no hay dos miradas, al menos que quieran traer al presidente acá a sentarse y explique por qué dijo lo que dijo de los periodistas”, y criticó: “Sabiendo que el presidente iba a agredir mucho a los periodistas dentro de las pocas comisiones que preside el oficialismo se quedó con libertad de expresión”.
“A la tarde quieren firmar un dictamen que privatiza RTA y acá hablamos de libertad de expresión. Hay temas muy sensibles”, sostuvo. Por último, destacó el trabajo realizado en pandemia con “reuniones hasta largas horas de la noche” y cuestionó el funcionamiento en años anteriores con “gente que ahora están de funcionarios”.
La vice segunda, la entrerriana Carolina Gaillard (UP) remarcó que la comisión “siempre estuvo presidida por la oposición, es la primera vez que la preside el oficialismo. Tiene un sentido y una razón de ser que la presida la oposición porque es controlar a quien tiene mayor poder en el país que es el Ejecutivo y es quien puede detentar más abuso de poder y puede cercenar más la libertad de expresión”.
“Si dilatamos la citación a los periodistas que fueron atacados ya se tornaría abstracto y no habría relación en el tiempo entre lo que ocurrió y que la comisión los reciba. Sería importante que en la próxima reunión sean citados”, insistió y expresó: “A todos nos preocupa la situación de Télam que han sido intervenidos por el DNU 70/2023 que le permitió al presidente intervenirla y los trabajadores están pasando por una situación irregular y para nosotros es importante escuchar su voz”.
Así, enumeró la lista de invitados: “Periodistas agredidos en su libertad de expresión, a los trabajadores de Télam y los periodistas agredidos en el marco del tratamiento de la ley Ómnibus”.
El cordobés Pablo Carro (UP) planteó que “la libertad de expresión no se cercena cuando se impide que alguien se exprese, sino que hay dispositivos institucionales que pueden ser recortadores de esa libertad de expresión todos los acuerdos internacionales así lo atestiguan. El solo hecho de que se cierre Télam es un dispositivo que, de alguna manera, atenta contra la libertad de expresión que se levanten en los noticieros de canal público los fines de semana es un modo de cercenar la libertad de expresión”.
En su carácter de presidente de la Comisión de Comunicación e Informática planteó trabajar en conjunto porque “la libertad de expresión articula con el derecho a la información y la comunicación de acceso a información veraz y precisa. Tenemos que garantizar que los periodistas puedan expresarse en libertad”.
“Recortar la publicidad oficial es una manera de cercenar la libertad de expresión porque lo que ocurre es que muchos medios pequeños pueden no funcionar si no acceden a esa pauta, así que la publicidad es una manera de garantizar desde el Estado que pueda acceder o cumplirse con el derecho a la información”, opinó.
A continuación, la vicejefa del bloque UCR, Karina Banfi, cuestionó que durante cuatro años “fue muy difícil la apertura de trabajo de asesores”, y coincidió con Carro en trabajar en conjunto con la Comisión de Comunicación en lo que hace a la cuestión de los medios públicos.
“Funcionó en el tiempo de Cambiemos porque se convirtió en una delegación gremial de los despidos a los periodistas en sus trabajos y durante la pandemia se cerró y dejó de importarle al oficialismo de ese momento el trabajo de los periodistas”, cuestionó y explicó: “La libertad de expresión tiene que ver con cuestiones de cercenamiento o de proyección u operatividad y ejercicio de libertad de expresión de periodistas, de ciudadanos, de políticos, de comunicación del Gobierno”.
El diputado Juan Marino (UP) ratificó la propuesta de Castillo y remarcó la importancia de la presencia de los periodistas Jorge Lanata y Jorge Fontevecchia que han denunciado al Ejecutivo para que “la justifica le ponga un límite y es importante que expliquen los fundamentos de su denuncia y tomar cartas en el asunto”. Además, planteó hacer un pedido de informes de carácter unánime de la comisión al Ejecutivo por los trolls center. que “se usan para censurar opositores o personas críticas”.
Asimismo, el diputado Eduardo Valdés (UP) pidió incorporar en la convocatoria a los trabajadores de Radio Nacional y de la TV Pública; mientras que la diputada Mónica Frade (HCF) solicitó citar a representantes de FOPEA y ADEPA “para sostener el federalismo”.
Finalmente, el diputado libertario Benegas Lynch pidió citar a Miriam Lewin, responsable de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Al cierre de la reunión, que se extendió más de dos horas, se caldearon los ánimos porque la oposición le reclamó a Orozco que ponga a consideración la fecha consensuada del 16 de mayo para la próxima reunión, pero la libertaria desestimó dicho pedido y dio por concluído el encuentro.
Especializados en temas judiciales, atestiguaronsobre el fallo de la Corte Suprema en el caso Muiña y su relación con el gobierno de Mauricio Macri.
Luego de exponer ante la Comisión de Juicio Político Estela de Carlotto y Germán Garavano, fue el turno de periodistas que en su calidad de testigos expusieron en torno a la aplicación del 2x1 por parte de la Corte Suprema para un represor en 2017, y su posible relación con un supuesto acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y algunos miembros del máximo tribunal para evitar que la jueza Elena Highton de Nolasco se jubilara a los 75 años.
La periodista Silvana Boschi, exeditora de Clarín, fue consultada sobre sus publicaciones que relatan una versión acerca de la intervención de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón en la Corte para favorecer el fallo sobre detenidos por crímenes de lesa humanidad.
La periodista Irina Hauser, de Página 12, también fue interrogada por su trabajo periodístico judicial y afirmó que "Rodríguez Simón es quien tenía el vínculo con (Carlos) Rosenkrantz", y se refirió a la "política regresiva en materia de delitos de lesa humanidad" del máximo tribunal en 2017.
El represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad, fue beneficiado con el fallo del 2x1 de la Corte Suprema en 2017, que establecía que se computaba doble por cada día de detención sin juicio. El periodista Ignacio Miri, de Clarín, fue interrogado sobre sus publicaciones acerca de la jueza Elena Highton de Nolasco y explicó que tenía información de que la decisión ya estaba tomada.
El último periodista en declarar fue Martín Granovsky, de Página 12, quien explicó que la Corte ya venía preparando el terreno para el fallo que benefició a Muiña.
Durante la reunión, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López cuestionó el hecho de que a los testigos se les preguntara "con quién hablaban".
Se trata de Óscar Zago, quien se solidarizó con los comunicadores de Santa Fe y expresó su rechazo a "todo hecho mafioso" que atente contra la libertad de expresión.
Luego de que apareciera una pancarta con mensajes intimidatorios por parte de un grupo narco, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Oscar Zago repudió las amenazas que sufrieron los periodistas de Rosario, provincia de Santa Fe, y exigió terminar con este tipo de acciones.
La pancarta intimidatoria fue colgada en la puerta de Telefe Rosario y sostenía: "a todos los medios de Rosario: de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua porque vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Sino caravana con el Noba".
Atento a esta situación, Zago lanzó un duro mensaje en sus redes sociales en donde repudió lo ocurrido. "Desde La Libertad Avanza repudiamos todo hecho mafioso que quiera oscurecer nuestro cielo con actos cobardes. Nuestra solidaridad con los periodistas", sentenció.
Cabe recordar que si bien las amenazas se dieron hace un mes, hace unas pocas horas la Justicia rosarina imputó al hombre de 22 años acusado de haber confeccionado la bandera con esos mensajes. Se trata de Rodrigo V., quien fue detenido el lunes.
Recién este jueves los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola avanzaron con la imputación por el delito de coacciones agravadas, calificación penal que el juez Pablo Pinto aceptó y le dictó al acusado la prisión preventiva por dos años.
Cristian Ritondo y Victoria Morales Gorleri enfatizaron que "la libertad de prensa es un valor universal", al tiempo que subrayaron que los corresponsales están trabajando en "condiciones extremadamente desafiantes".
Los diputados del Frente Pro Cristian Ritondo -jefe del bloque- y Victoria Morales Gorleri presentaron un proyecto para reconocer la labor de los trabajadores de prensa argentinos que cubren el conflicto bélico en Ucrania.
Ambos legisladores entienden que "el compromiso que llevan a cabo los periodistas en el país europeo debe ser adecuadamente valorado como renovada expresión institucional de la Argentina frente a la invasión rusa", al tiempo que implica un aporte más a la exigencia por garantizar la libertad de prensa en la zona de conflicto.
“La libertad de prensa es un valor universal que debe garantizarse en cualquier lugar y circunstancia, como así también la seguridad de los periodistas y corresponsales de guerra, quienes, en el lugar de los hechos, se juegan enteros para que el mundo pueda ejercer su derecho a la información”, expresó Ritondo.
En esa línea, el legislador argumentó: “Por eso, impulsamos el reconocimiento parlamentario de todos ellos que están trabajando en Ucrania y pedimos por la pronta conclusión de la invasión rusa que está destruyendo miles de hogares, provocando la inmigración de millones de ucranianos y quitando la vida de inocentes”.
Por su parte, Morales Gorleri explicó que “quienes llevan adelante la decisión de la guerra deben saber que el mundo los está mirando y que estamos velando por la seguridad de nuestros periodistas y sus equipos y el derecho a una cobertura independiente, veraz y sin temor a represalias".
"Desde el Congreso de la Nación reconocemos el inmenso y valiente trabajo de nuestras y nuestros periodistas que informan sobre el terreno en condiciones extremadamente desafiantes, poniendo en riesgo su vida y buscando que la verdad no sea acallada por la censura", añadió la diputada.
El proyecto fue acompañado por sus pares Mercedes Joury, María Luján Rey, José Núñez Jurado, Alejandro Finnochiaro, Sabrina Ajmechet, Adriana Ruarte, Camila Crescimbeni, Gabriela Besana, Germana Figueroa Casas y Aníbal Tortoriello.
Juntos por el Cambio escuchó de primera mano las historias de los periodistas Guadalupe Vázquez y Gonzalo Ziver. Prometieron recurrir a la Comisión Interamericano de Derechos Humanas.
La exconductora de C5N y en la actualidad de La Nación + Guadalupue Vázquez y el periodista Gonzalo Ziver se reunieron este martes de forma virtual con los diputados nacional de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja. No fue un encuentro formal.
Al respecto, Vázquez publicó en sus redes sociales: “Gracias Waldo Wolff, Karina Banfi, Pablo Tonelli y José Luis Patiño y todos los diputados que repudiaron la campaña sucia en contra de quienes investigamos los hechos relacionados con el Olivos Gate”.
“La libertad de prensa es un derecho humano amparado por la CN (Constitución Nacional)”, sentenció.
Por su parte, Gonzalo Ziver escribió en Twitter: "Muchas gracias diputado Waldo Wolff por invitarnos a Guadalupe Vázquez y a mí a la Comisión de Libertad de Expresión, en relación a los ataques recibidos por parte de (Horacio) Verbitsky”.
Wolff contó que “con los miembros de Juntos por el Cambio de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja con Guadalupe Vázquez y Gonzalo Ziver”.
“Escuchamos acerca de la intimidación estatal que recibieron por sus investigaciones de Olivos. Sacaremos un documento que haremos llegar a organismos locales e internacionales”, prometió el legislador bonaerense.
En tanto, la diputada radical Karina Banfi manifestó: “Miembros de Juntos por el Cambio de la Comisión de Libertad de Expresión escuchamos a Guadalupe Vázquez y Gonazlo Ziver, por el acoso que están recibiendo de parte de operadores del gobierno debido al Olivos Gate”.
“Nos solidarizarnos y vamos a trabajar acciones de protección con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó.
A través de un proyecto de resolución, Ingrid Jetter solicitó al PEN que se incluya dentro del grupo esencial y prioritario del Plan Estratégico para la Vacunación contra el Covid-19 a todos aquellos que formen parte de los medios de comunicación, agencias de noticias y gabinetes de prensa argentinos.
Preocupada por la situación actual de la pandemia, con el plan estratégico de vacunación contra el Covid -19 tratando de realizarse en la actualidad y viendo cómo los periodistas enfrentan la pandemia del coronavirus como uno de los desafíos más difíciles de su profesión, la diputada nacional Ingrid Jetter (Pro – Corrientes) solicitó mediante un proyecto de resolución que se los incluya dentro de la población prioritaria para recibir la vacuna contra el Covid-19.
“Los medios constituyen un factor clave para concientizar a la población sobre la gravedad y los riesgos de la pandemia, como así también para impulsar la adopción de conductas para combatirla”, fundamentó la legisladora.
Como en otros sitios del mundo y la región, los periodistas argentinos trabajan con medidas de protección sanitarias extremas por el coronavirus. Todo ello en el contexto de la crisis económica y social que se profundiza. El periodismo y los medios son hoy más necesarios que nunca, en momentos en los que la pandemia de coronavirus afecta la vida de las personas en todos sus aspectos.
Eso expresa el proyecto de resolución, que requiere la inclusión de los profesionales de los medios de comunicación, agencias de noticias y gabinetes de prensa en la siguiente etapa de vacunación como personal esencial. “Somos conscientes de la gravedad de la situación en la que todos nos encontramos. Y también de las complicaciones que las autoridades sanitarias están afrontando en la gestión de esta pandemia, originada por el Covid-19. Hemos recibido múltiples pedidos, en particular de parte de quienes desarrollan su actividad en la calle, los más expuestos, y quienes por afecciones preexistentes o por su edad integran el grupo de mayor riesgo- vinculadas a la posibilidad de ser incluidos dentro del personal para ser inoculado con la vacuna contra el Covid-19. En esta solicitud se hace referencia al ejercicio del periodismo como “servicio esencial”, expresó Jetter.
Para la diputada nacional Ingrid Jetter lo fundamental de que los periodistas formen parte de la campaña de vacunación es, ante todo, que estén protegidos para desarrollar su actividad y que sigan llevando el mensaje a la población en un marco de seguridad para todos ellos. De allí, la importancia de recibir la vacuna.
“Todos ellos han sido incluidos dentro de los trabajadores esenciales, nunca han dejado de desempeñar su labor y hoy sería muy oportuno que a medida que se termine de vacunar a los adultos mayores de 65 años, así como se ha iniciado la vacunación de docentes y policías mayores por orden de edad y según las enfermedades preexistentes, también sean vacunados los periodistas, imprescindibles en una sociedad con libertad de expresión”, afirmó la diputada nacional.
El diputado oficialista se preguntó "por qué no podemos conocer de lo que hablaba" el expresidente con un funcionario judicial.
El diputado nacional Martín Soria (Frente de Todos) se refirió este miércoles a la intención del oficialismo de crear una bicameral que controle al Poder Judicial, tras el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa. Y, en ese sentido, consideró que la comisión podría investigar "cuántas veces un periodista fue junto a un juez o un fiscal" al despacho del expresidente Mauricio Macri.
El rionegrino cuestionó que desde la oposición "se escandalizan" por la propuesta, cuando durante el gobierno de Cambiemos "los que atentaban contra la justicia eran los que invitaban a los jueces y a los fiscales al despacho de Macri. La verdad que es una impunidad total".
“A través de la historia parlamentaria han habido muchas bicamerales. Recordemos caso IBM Nación, la AMIA, la bicameral permanente que controla y fiscaliza a los fiscales, al Ministerio Público Fiscal. Y, ¿por qué no podemos crear una comisión bicameral permanente integrada por diputados y senadores que investigue la posible comisión de delitos contra la independencia del Poder Judicial? Independencia judicial que ellos se llevaron por delante, se llevaron puesta", expresó el legislador en diálogo con Radio 10.
Para el oficialista, "son muchas las funciones que puede tener" la bicameral, aunque aclaró -en línea con lo dicho por la ministra Marcela Losardo- que "lo que no se puede hacer en una comisión obviamente es sancionar magistrados, que es una de las funciones de tiene el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento".
"Pero de ahí en adelante, podemos investigar muchas cosas -prosiguió- ¿Cuántas veces fue un periodista junto con alguno de estos jueces o fiscales a solas a reunirse en el despacho del presidente Macri? ¿Por qué no podemos investigarlo? ¿Qué tienen miedo que se conozca? Ojo, muchas de estas cosas ya las estamos conociendo, ¿no?".
Y recordó que en diciembre pasado, a través de las redes sociales, se reveló que "(Ricardo) Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, compartió una reunión con Macri y con el periodista Joaquín Morales Solá".
"¿Qué tienen miedo? ¿Qué le preguntemos de qué hablaron en esa reunión? A ver, es obvio de lo que hablaron, porque días más tarde aparecieron las escuchas ilegales de Cristina (Kirchner) y (Oscar) Parrilli. Escuchas privadas que no tenían nada que ver con ninguna investigación penal. Bueno, ¿por qué no podemos conocer de qué hablaba en esa reunión con el expresidente con un funcionario judicial?”, completó Soria.
Fue en una reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados. Guadalupe Vázquez (Radio Rivadavia), Carlos Eguia (Radio Uno Neuquén) y Ariel Barrios, de Salta, brindaron sus testimonios.
La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que preside Waldo Wolff (Pro), escuchó este miércoles el testimonio de tres periodistas que denunciaron “persecución” e intentos de “censura” por parte de dirigentes políticos, en una reunión de la que no participó el Frente de Todos.
El oficialismo decidió no asistir a la videoconferencia en rechazo al primer punto del temario, la citación a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien había sido convocada por segunda vez para exponer sobre la resolución 144/20, y finalmente no concurrió.
Una de las expositoras fue la periodista Guadalupe Vázquez (Radio Rivadavia, Canal 9 y LN+), quien denunció un “acoso” y un “intento de desacreditación” en las redes sociales por una información que publicó acerca de la disposición del Banco Central sobre compra de dólares y transferencias al exterior.
En primer lugar, Vázquez recordó que fue despedida en 2013 del canal C5N, luego de la compra por parte de Cristóbal López, “por no querer ser partícipe de una operación de prensa que le estaban haciendo en ese momento al gobernador (José Manuel) De la Sota”, aunque no ofreció detalles.
Con respecto a sus dichos sobre la regulación del BCRA en Twitter, relativo a lo que ella llamó “dólar terrorista”, dijo que al día siguiente de su publicación “ya había medios militantes diciendo que esto era una operación de prensa”, en particular el sitio Chequeado.
“El chequeo se hizo sobre la desmentida de un funcionario, no con documentos o especialistas”, cuestionó la periodista, y agregó que “no le permitieron el derecho a réplica”.
“A los que más les molestó que yo diera esta información es a La Cámpora”, aseguró, y agregó que a partir del hecho “el diputado (Rodolfo) Tailhade empezó a desacreditarme”.
Por su parte, Carlos Eguia, periodista de la radio Cadena Uno de Neuquén, denunció que desde 2017 sufre una “persecución” por parte de Guillermo Pereyra, exsenador nacional y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.
Eguia advirtió que Pereyra es “un hombre muy poderoso” que “si quiere puede parar el país, porque nos corta todo Vaca Muerta. Es (Hugo) Moyano multiplicado por cuatro”.
Recordó que hace tres años, el dirigente gremial le inició una acción penal por calumnias e injurias por una investigación que Eguia leyó en la radio, correspondiente al diario Río Negro, que “era absolutamente veraz”.
El periodista destacó que ganó el juicio en primera y segunda instancia, y finalmente también obtuvo un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén.
Eguia señaló que los periodistas del interior “no tienen tanta espalda” como los de Buenos Aires y en ese sentido destacó que “el único que puso la cara” por él fue “Baby” Etchecopar, que también estaba convocado a la reunión de comisión, pero no concurrió.
Luego expuso Ariel Barrios, periodista de Salta, quien a fines de junio fue multado con 40.000 pesos por el intendente de Pichanal, Sebastián Domínguez, por haber publicado dos “fake news” en su cuenta de Facebook sobre casos de Covid-19 que finalmente fueron verificados.
“Esto parece sacado del siglo XVII, donde te penaban por hablar en contra del rey. Él (por Domínguez) representa la suma del poder público, él te juzga y él te multa”, graficó Barrios, y dijo que a pesar de que el Concejo Deliberante derogó de manera retroactiva la ordenanza en cuestión, la multa “sigue en pie”. “Afrontar esta multa me llevaría prácticamente un mes y medio de sueldo”, advirtió.
Otro de los participantes de la reunión fue Daniel Dessein, de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), que advirtió: “Nunca tuvimos tanta atención como en estos meses, pero al mismo tiempo nuestros ingresos se han derrumbado de manera inversamente proporcional” y “empiezan a caer medios” como en Brasil (30) y en México (27).
Dessein observó que la pandemia generó “un contexto donde se ha enrarecido muchísimo el clima”.
Además, habló de un “intento se confundir periodistas con sus fuentes” y aludió al caso de Luis Majul, que “hizo que todos a quienes nos preocupa la libertad de expresión siguiéramos el caso con muchísima atención”.
Representantes de Juntos por el Cambio enviaron una nota al relator para la Libertad de Expresión de ese organismo.
Un grupo de diputados del interbloque de Juntos por el Cambio presentó este lunes un escrito ante la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar su opinión con respecto a la “persecución judicial” que sufrirían algunos periodistas de nuestro país.
“Cumplimos en informar y poner en conocimiento a la CIDH los últimos acontecimientos que tensionan el principio de libertad de expresión, al cual la Argentina se ha obligado a respetar por formar parte del Pacto de San José de Costa Rica”, afirmó la diputada Karina Banfi (UCR), una de las firmantes de la carta.
En la misiva enviada a Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de dicho organismo, los diputados citaron los comunicados que emitieron diferentes organismos que nuclean a los periodistas en Argentina y en la región, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Academia Nacional de Periodismo, ADEPA y FOPEA, quienes “alertaron sobre la gravedad de los últimos acontecimientos en relación a los incansables intentos de atentar contra este derecho que es un pilar para el sistema democrático en la región”.
Asimismo, los legisladores indicaron: “Ponemos en su conocimiento esta situación a efectos de tomar intervención y eventualmente aconsejar el dictado de las medidas pertinentes para impedir el avance contra el derecho a la libertad de expresión, haciendo cesar todo acto o manifestación que la cercene”.
Banfi denunció que “son inaceptables los intentos por coartar las libertades. Atentar contra la libertad de prensa afecta el derecho humano del acceso a la información y el ejercicio de otros derechos. La persecución a periodistas era cosa del pasado, pero parece que debemos seguir luchando”.
También agregó que “es una situación grave lo que está ocurriendo, se trata de una campaña de desprestigio contra los periodistas que se dedican a investigar los hechos de corrupción vinculados al kirchnerismo”.
“Reclamar por la libertad de expresión no es un tema de índole local, los derechos humanos se defienden con el apoyo de la región y el Sistema Interamericano” finalizó la diputada Banfi en referencia a los argumentos por los cuales decidieron recurrir a la CIDH.
El documento lleva las firmas de los diputados Luis Petri, Waldo Wolff, Graciela Ocaña, Ingrid Jetter, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Gerardo Cipolini, Martín Grande, Claudia Najul, Soher El Sukaria y Jorge Vara.
El diputado radical dijo que realizará la presentación junto a su par Waldo Wolff, titular de la Comisión de Libertad de Expresión.
El diputado radical Luis Petri adelantó, a través de su cuenta de Twitter, que realizará una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por "la persecución a periodistas" en Argentina, a raíz de las versiones sobre la posibilidad de que periodistas sean detenidos en el marco de la causa sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.
"Vamos a presentar una denuncia ante la @OEA_oficial por la persecución a periodistas en el país, con @WolffWaldo, Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y diputados de Juntos por el Cambio. No hay República ni Democracia posible sin una prensa libre!", escribió el mendocino.
Las declaraciones de Marcelo Longobardi al canal TN, sobre la posibilidad de la detención de "uno o dos periodistas", encendió las alarmas de la oposición. "Que se entienda de una vez, el periodismo investiga, consulta fuentes, chequea datos y hace notas, eso no es espionaje, eso es libertad de prensa en un país democrático. No a la persecución de periodistas!", agregó Petri.
Además, criticó al Gobierno nacional y lo comparó con Venezuela: "Persecución y escarches a periodistas; intervención y expropiaciones de empresas; ataques al campo; Superpoderes y restricción a Derechos constitucionales por DNU. Asfaltando el camino a Venezuela!".
En tanto, referentes de Juntos por el Cambio firmaron un comunicado en el cual manifestaron su “preocupación ante la posibilidad de que la Justicia impute a periodistas en una causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal" y sostuvieron que "la persecución penal de miembros de la prensa constituye un atropello que no tiene precedentes desde el regreso de la democracia en 1983”.
Luego de las declaraciones del periodista Marcelo Longobardi, desde la coalición opositora denunciaron por parte del Gobierno "un intento de criminalización de periodistas como llevan adelante los más rancios gobiernos autoritarios".
Los referentes de Juntos por el Cambio advirtieron este viernes sobre una "persecución penal de periodistas" que "constituye un atropello sin precedentes desde el regreso de la democracia", tras las declaraciones de Marcelo Longobardi, quien sostuvo que podrían producirse detenciones de periodistas en el marco de la causa sobre presunto espionaje ilegal durante el macrismo.
La coalición opositora manifestó su "preocupación ante la posibilidad de que la Justicia impute a periodistas en una causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal. La persecución penal de miembros de la prensa constituye un atropello que no tiene precedentes desde el regreso de la democracia en 1983".
"La tarea de la prensa es investigar, indagar y dar a conocer libremente cualquier información. Por eso sostenemos que cualquier causa judicial, motorizada por sectores del poder, contra periodistas por realizar su trabajo es un atentado a la libertad de expresión y a la democracia toda. Además, funciona como un claro mensaje para sembrar el temor y la autocensura de los trabajadores de prensa y los medios de comunicación", enfatizaron mediante un comunicado.
Además, remarcaron que "la posibilidad de detención de periodistas -de la que dan cuenta algunos medios de alcance nacional- se da en consonancia con declaraciones sumamente preocupantes de miembros del Gobierno nacional y de encumbrados dirigentes oficialistas que, en vídeos profusamente difundidos por redes sociales, han llegado a hablar de 'asociaciones ilícitas' entre periodistas de investigación y la Agencia Federal de Inteligencia".
"Estas declaraciones no son únicamente un nuevo embate del kirchnerismo contra la prensa, observamos que vienen peligrosamente de la mano de un intento de criminalización de periodistas como llevan adelante los más rancios gobiernos autoritarios", agregaron.
Por último, los opositores afirmaron que hacen suyas las declaraciones y advertencias recientes de la Academia de Periodismo, FOPEA y ADEPA.
El comunicado fue firmado por los presidentes de los tres partidos que integran la coalición, Patricia Bullrich (Pro), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); los jefes del interbloque Juntos por el Cambio Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado); y los presidentes de los bloques Pro Cristian Ritondo (Diputados) y Humberto Schiavoni (Senado).