En medio de picantes cruces se llevó a cabo este jueves la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión que quedó en manos del oficialismo, tras el reclamo de la oposición a la convocatoria de un próximo encuentro el 16 de mayo con periodistas “agredidos” y trabajadores de Télam invitados a exponer por la situación que atraviesan, cuyo pedido fue desestimado por la presidencia de la comisión que confirmó los días jueves a las 10 para las reuniones. También expresaron preocupación por lo ocurrido en Diputados TV.

El libertario Bertie Benegas Lynch postuló como presidente a la salteña María Emilia Orozco que se desempeñó como concejal durante dos años en la provincia, es licenciada en Comunicación Social por lo que “puede aportar mucho valor en lo que tratamos porque se especializa en comunicación digital. La conjunción de sus valores en defensa de la libertad una persona joven que viene a renovar la sangre de la política y especialidad del tema comunicacional”. En tanto La UCR aún mantiene la reserva de la secretaría.

Al ser ungida titular de la comisión, la salteña expresó: “Soy nueva en esto y estuve stalkeando un poco sus perfiles y es impresionante la trayectoria de muchos que hace ocho o doce años que están en la comisión. Soy todo lo contrario a eso, toda la experiencia que tienen muchos de ustedes es lo que no tengo, pero no me amedrenta. Al contrario, tengo mucho que aprender de cada uno de los que están acá y seguramente ustedes también tendrán que aprender algo de la renovación en la política”.

“Escuché por ahí la subestimación de los nuevos, escuché incluso dirigirse hacia nuestro espacio de manera despectiva, les puedo asegurar que tenemos mucho para aportar y, sobre todo, pedirles que no nos subestimen”, pidió y agregó: “Si bien cada uno viene con un saco de principios, de valores, de ideologías partidarias y sin ir más lejos miren la conformación de autoridades de la comisión. Soy una defensora del consenso, del diálogo. Acá estamos de paso, no pretendo perpetrarme en este lugar sino lo que quiero es dejar instrumentos, herramientas, dejar normativas a la gente que trasciendan”.

Al respecto, planteó como tema a tratar “la distribución discrecional de sumas millonarias de la pauta oficial y no escuché mucho hablar del federalismo”, por lo que planteó “romper con el centralismo de Buenos Aires porque la libertad de expresión no solamente la tienen los medios de acá. Siendo de una provincia del norte con muchas falencias la pauta está poniendo en peligro la libertad de expresión de los medios del interior”. Además, resaltó que la Ley de Medios “es una materia pendiente”.

“Pido que nos escuchemos porque algo que me sorprendió mucho son los modos, las formas y la falta de respeto cuando alguien está tomando la palabra. Vamos a demostrar desde este espacio que hay otra dinámica de trabajo por el respeto entre nosotros”, solicitó.

Al tomar la palabra, la radical Marcela Coli (La Pampa) manifestó: “Por más que uno es nuevo la experiencia se construye escuchando al otro, respetando a quienes no pensamos igual. Quiero ser respetada por eso. Soy de la oposición que se construye en el respeto y con calidad. Espero que esta libertad de expresión en casi 40 años de democracia podamos sentarnos y tener ese respeto en las posiciones que tenemos los distintos temas. Que todos tengamos las mismas oportunidades”.

A su turno, el vicepresidente primero de la comisión el diputado Christian Castillo (FIT) propuso reuniones quincenales y puso a consideración realizaron el próximo 16 de mayo la reunión con periodistas.

“La actividad periodística en los caos de violencia institucional o paraestatal han sido determinantes, es central. Hay una agresión sistemática desde el Estado que fogonean esa agresión”, alertó y propuso para un encuentro el 23 de mayo que rindan cuentas los funcionarios designados por el Ejecutivo que están a cargo de los trolls center de Casa Rosada que “tienen a agredir las causas que no simpatizan organizando ejércitos de trolls. Deberían explicar si con el dinero público de los contribuyentes se financian funcionarios que utilizan los recursos del Estado para armar grupos de choques mediáticos”.

En contraposición, Orozco desestimó ese pedido y aclaró: “La situación amerita otra dinámica de la comisión y no como la que veníamos teniendo porque en 2021 no se registró ninguna reunión, en 2022 se reunió tres veces y en 2023 solo se reunió una vez”.

“Considero que si queremos tener una reunión productiva sería oportuno hacer una reunión de asesores previo de todos los legisladores para que puedan invitar para poder tener la representación de todas las voces. Vamos a resguardar la pluralidad de voces porque no quisiera que sea una batalla campal como viene siendo en otras comisiones”, planteó.

Al pedir la palabra, el jefe del bloque UP y secretario de la comisión, Germán Martínez, manifestó: “Hay determinadas situaciones que no tienen dos miradas. Cuando hay alguien desde una situación de poder que agrede, descalifica a un periodista no hay dos miradas, al menos que quieran traer al presidente acá a sentarse y explique por qué dijo lo que dijo de los periodistas”, y criticó: “Sabiendo que el presidente iba a agredir mucho a los periodistas dentro de las pocas comisiones que preside el oficialismo se quedó con libertad de expresión”.

“A la tarde quieren firmar un dictamen que privatiza RTA y acá hablamos de libertad de expresión. Hay temas muy sensibles”, sostuvo. Por último, destacó el trabajo realizado en pandemia con “reuniones hasta largas horas de la noche” y cuestionó el funcionamiento en años anteriores con “gente que ahora están de funcionarios”.

La vice segunda, la entrerriana Carolina Gaillard (UP) remarcó que la comisión “siempre estuvo presidida por la oposición, es la primera vez que la preside el oficialismo. Tiene un sentido y una razón de ser que la presida la oposición porque es controlar a quien tiene mayor poder en el país que es el Ejecutivo y es quien puede detentar más abuso de poder y puede cercenar más la libertad de expresión”.

“Si dilatamos la citación a los periodistas que fueron atacados ya se tornaría abstracto y no habría relación en el tiempo entre lo que ocurrió y que la comisión los reciba. Sería importante que en la próxima reunión sean citados”, insistió y expresó: “A todos nos preocupa la situación de Télam que han sido intervenidos por el DNU 70/2023 que le permitió al presidente intervenirla y los trabajadores están pasando por una situación irregular y para nosotros es importante escuchar su voz”.

Así, enumeró la lista de invitados: “Periodistas agredidos en su libertad de expresión, a los trabajadores de Télam y los periodistas agredidos en el marco del tratamiento de la ley Ómnibus”.

El cordobés Pablo Carro (UP) planteó que “la libertad de expresión no se cercena cuando se impide que alguien se exprese, sino que hay dispositivos institucionales que pueden ser recortadores de esa libertad de expresión todos los acuerdos internacionales así lo atestiguan. El solo hecho de que se cierre Télam es un dispositivo que, de alguna manera, atenta contra la libertad de expresión que se levanten en los noticieros de canal público los fines de semana es un modo de cercenar la libertad de expresión”.

En su carácter de presidente de la Comisión de Comunicación e Informática planteó trabajar en conjunto porque “la libertad de expresión articula con el derecho a la información y la comunicación de acceso a información veraz y precisa. Tenemos que garantizar que los periodistas puedan expresarse en libertad”.

“Recortar la publicidad oficial es una manera de cercenar la libertad de expresión porque lo que ocurre es que muchos medios pequeños pueden no funcionar si no acceden a esa pauta, así que la publicidad es una manera de garantizar desde el Estado que pueda acceder o cumplirse con el derecho a la información”, opinó.

A continuación, la vicejefa del bloque UCR, Karina Banfi, cuestionó que durante cuatro años “fue muy difícil la apertura de trabajo de asesores”, y coincidió con Carro en trabajar en conjunto con la Comisión de Comunicación en lo que hace a la cuestión de los medios públicos.

“Funcionó en el tiempo de Cambiemos porque se convirtió en una delegación gremial de los despidos a los periodistas en sus trabajos y durante la pandemia se cerró y dejó de importarle al oficialismo de ese momento el trabajo de los periodistas”, cuestionó y explicó: “La libertad de expresión tiene que ver con cuestiones de cercenamiento o de proyección u operatividad y ejercicio de libertad de expresión de periodistas, de ciudadanos, de políticos, de comunicación del Gobierno”.

El diputado Juan Marino (UP) ratificó la propuesta de Castillo y remarcó la importancia de la presencia de los periodistas Jorge Lanata y Jorge Fontevecchia que han denunciado al Ejecutivo para que “la justifica le ponga un límite y es importante que expliquen los fundamentos de su denuncia y tomar cartas en el asunto”. Además, planteó hacer un pedido de informes de carácter unánime de la comisión al Ejecutivo por los trolls center. que “se usan para censurar opositores o personas críticas”.

Asimismo, el diputado Eduardo Valdés (UP) pidió incorporar en la convocatoria a los trabajadores de Radio Nacional y de la TV Pública; mientras que la diputada Mónica Frade (HCF) solicitó citar a representantes de FOPEA y ADEPA “para sostener el federalismo”.

Finalmente, el diputado libertario Benegas Lynch pidió citar a Miriam Lewin, responsable de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Al cierre de la reunión, que se extendió más de dos horas, se caldearon los ánimos porque la oposición le reclamó a Orozco que ponga a consideración la fecha consensuada del 16 de mayo para la próxima reunión, pero la libertaria desestimó dicho pedido y dio por concluído el encuentro.

Luego de exponer ante la Comisión de Juicio Político Estela de Carlotto y Germán Garavano, fue el turno de periodistas que en su calidad de testigos expusieron en torno a la aplicación del 2×1 por parte de la Corte Suprema para un represor en 2017, y su posible relación con un supuesto acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y algunos miembros del máximo tribunal para evitar que la jueza Elena Highton de Nolasco se jubilara a los 75 años.

La periodista Silvana Boschi, exeditora de Clarín, fue consultada sobre sus publicaciones que relatan una versión acerca de la intervención de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en la Corte para favorecer el fallo sobre detenidos por crímenes de lesa humanidad.

La periodista Irina Hauser, de Página 12, también fue interrogada por su trabajo periodístico judicial y afirmó que “Rodríguez Simón es quien tenía el vínculo con (Carlos) Rosenkrantz“, y se refirió a la “política regresiva en materia de delitos de lesa humanidad” del máximo tribunal en 2017.

El represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad, fue beneficiado con el fallo del 2×1 de la Corte Suprema en 2017, que establecía que se computaba doble por cada día de detención sin juicio. El periodista Ignacio Miri, de Clarín, fue interrogado sobre sus publicaciones acerca de la jueza Elena Highton de Nolasco y explicó que tenía información de que la decisión ya estaba tomada.

El último periodista en declarar fue Martín Granovsky, de Página 12, quien explicó que la Corte ya venía preparando el terreno para el fallo que benefició a Muiña.

Durante la reunión, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López cuestionó el hecho de que a los testigos se les preguntara “con quién hablaban”.

Luego de que apareciera una pancarta con mensajes intimidatorios por parte de un grupo narco, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Oscar Zago repudió las amenazas que sufrieron los periodistas de Rosario, provincia de Santa Fe, y exigió terminar con este tipo de acciones.

La pancarta intimidatoria fue colgada en la puerta de Telefe Rosario y sostenía: “a todos los medios de Rosario: de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua porque vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Sino caravana con el Noba”.

Atento a esta situación, Zago lanzó un duro mensaje en sus redes sociales en donde repudió lo ocurrido. “Desde La Libertad Avanza repudiamos todo hecho mafioso que quiera oscurecer nuestro cielo con actos cobardes. Nuestra solidaridad con los periodistas”, sentenció.

Cabe recordar que si bien las amenazas se dieron hace un mes, hace unas pocas horas la Justicia rosarina imputó al hombre de 22 años acusado de haber confeccionado la bandera con esos mensajes. Se trata de Rodrigo V., quien fue detenido el lunes.

Recién este jueves los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola avanzaron con la imputación por el delito de coacciones agravadas, calificación penal que el juez Pablo Pinto aceptó y le dictó al acusado la prisión preventiva por dos años.

Los diputados del Frente Pro Cristian Ritondo -jefe del bloque- y Victoria Morales Gorleri presentaron un proyecto para reconocer la labor de los trabajadores de prensa argentinos que cubren el conflicto bélico en Ucrania.

Ambos legisladores entienden que “el compromiso que llevan a cabo los periodistas en el país europeo debe ser adecuadamente valorado como renovada expresión institucional de la Argentina frente a la invasión rusa”, al tiempo que implica un aporte más a la exigencia por garantizar la libertad de prensa en la zona de conflicto.

“La libertad de prensa es un valor universal que debe garantizarse en cualquier lugar y circunstancia, como así también la seguridad de los periodistas y corresponsales de guerra, quienes, en el lugar de los hechos, se juegan enteros para que el mundo pueda ejercer su derecho a la información”, expresó Ritondo.

En esa línea, el legislador argumentó: “Por eso, impulsamos el reconocimiento parlamentario de todos ellos que están trabajando en Ucrania y pedimos por la pronta conclusión de la invasión rusa que está destruyendo miles de hogares, provocando la inmigración de millones de ucranianos y quitando la vida de inocentes”.

Por su parte, Morales Gorleri explicó que “quienes llevan adelante la decisión de la guerra deben saber que el mundo los está mirando y que estamos velando por la seguridad de nuestros periodistas y sus equipos y el derecho a una cobertura independiente, veraz y sin temor a represalias”.

“Desde el Congreso de la Nación reconocemos el inmenso y valiente trabajo de nuestras y nuestros periodistas que informan sobre el terreno en condiciones extremadamente desafiantes, poniendo en riesgo su vida y buscando que la verdad no sea acallada por la censura”, añadió la diputada.

El proyecto fue acompañado por sus pares Mercedes Joury, María Luján Rey, José Núñez Jurado, Alejandro Finnochiaro, Sabrina Ajmechet, Adriana Ruarte, Camila Crescimbeni, Gabriela Besana, Germana Figueroa Casas y Aníbal Tortoriello.

La exconductora de C5N y en la actualidad de La Nación + Guadalupue Vázquez y el periodista Gonzalo Ziver se reunieron este martes de forma virtual con los diputados nacional de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja. No fue un encuentro formal.

Al respecto, Vázquez publicó en sus redes sociales: “Gracias Waldo Wolff, Karina Banfi, Pablo Tonelli y José Luis Patiño y todos los diputados que repudiaron la campaña sucia en contra de quienes investigamos los hechos relacionados con el Olivos Gate”.

“La libertad de prensa es un derecho humano amparado por la CN (Constitución Nacional)”, sentenció.

Por su parte, Gonzalo Ziver escribió en Twitter: “Muchas gracias diputado Waldo Wolff por invitarnos a Guadalupe Vázquez y a mí a la Comisión de Libertad de Expresión, en relación a los ataques recibidos por parte de (Horacio) Verbitsky”.

Wolff contó que “con los miembros de Juntos por el Cambio de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja con Guadalupe Vázquez y Gonzalo Ziver”.

“Escuchamos acerca de la intimidación estatal que recibieron por sus investigaciones de Olivos. Sacaremos un documento que haremos llegar a organismos locales e internacionales”, prometió el legislador bonaerense.

En tanto, la diputada radical Karina Banfi manifestó: “Miembros de Juntos por el Cambio de la Comisión de Libertad de Expresión escuchamos a Guadalupe Vázquez y Gonazlo Ziver, por el acoso que están recibiendo de parte de operadores del gobierno debido al Olivos Gate”.

“Nos solidarizarnos y vamos a trabajar acciones de protección con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó.

Preocupada por la situación actual de la pandemia, con el plan estratégico de vacunación contra el Covid -19 tratando de realizarse en la actualidad y viendo cómo los periodistas enfrentan la pandemia del coronavirus como uno de los desafíos más difíciles de su profesión, la diputada nacional Ingrid Jetter (Pro – Corrientes) solicitó mediante un proyecto de resolución que se los incluya dentro de la población prioritaria para recibir la vacuna contra el Covid-19.

“Los medios constituyen un factor clave para concientizar a la población sobre la gravedad y los riesgos de la pandemia, como así también para impulsar la adopción de conductas para combatirla”, fundamentó la legisladora.

Como en otros sitios del mundo y la región, los periodistas argentinos trabajan con medidas de protección sanitarias extremas por el coronavirus. Todo ello en el contexto de la crisis económica y social que se profundiza. El periodismo y los medios son hoy más necesarios que nunca, en momentos en los que la pandemia de coronavirus afecta la vida de las personas en todos sus aspectos.

Eso expresa el proyecto de resolución, que requiere la inclusión de los profesionales de los medios de comunicación, agencias de noticias y gabinetes de prensa en la siguiente etapa de vacunación como personal esencial. “Somos conscientes de la gravedad de la situación en la que todos nos encontramos. Y también de las complicaciones que las autoridades sanitarias están afrontando en la gestión de esta pandemia, originada por el Covid-19. Hemos recibido múltiples pedidos, en particular de parte de quienes desarrollan su actividad en la calle, los más expuestos, y quienes por afecciones preexistentes o por su edad integran el grupo de mayor riesgo- vinculadas a la posibilidad de ser incluidos dentro del personal para ser inoculado con la vacuna contra el Covid-19. En esta solicitud se hace referencia al ejercicio del periodismo como “servicio esencial”, expresó Jetter.

Para la diputada nacional Ingrid Jetter lo fundamental de que los periodistas formen parte de la campaña de vacunación es, ante todo, que estén protegidos para desarrollar su actividad y que sigan llevando el mensaje a la población en un marco de seguridad para todos ellos. De allí, la importancia de recibir la vacuna.

“Todos ellos han sido incluidos dentro de los trabajadores esenciales, nunca han dejado de desempeñar su labor y hoy sería muy oportuno que a medida que se termine de vacunar a los adultos mayores de 65 años, así como se ha iniciado la vacunación de docentes y policías mayores por orden de edad y según las enfermedades preexistentes, también sean vacunados los periodistas, imprescindibles en una sociedad con libertad de expresión”, afirmó la diputada nacional.

El diputado nacional Martín Soria (Frente de Todos) se refirió este miércoles a la intención del oficialismo de crear una bicameral que controle al Poder Judicial, tras el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa. Y, en ese sentido, consideró que la comisión podría investigar “cuántas veces un periodista fue junto a un juez o un fiscal” al despacho del expresidente Mauricio Macri.

El rionegrino cuestionó que desde la oposición “se escandalizan” por la propuesta, cuando durante el gobierno de Cambiemos “los que atentaban contra la justicia eran los que invitaban a los jueces y a los fiscales al despacho de Macri. La verdad que es una impunidad total”.

“A través de la historia parlamentaria han habido muchas bicamerales. Recordemos caso IBM Nación, la AMIA, la bicameral permanente que controla y fiscaliza a los fiscales, al Ministerio Público Fiscal. Y, ¿por qué no podemos crear una comisión bicameral permanente integrada por diputados y senadores que investigue la posible comisión de delitos contra la independencia del Poder Judicial? Independencia judicial que ellos se llevaron por delante, se llevaron puesta”, expresó el legislador en diálogo con Radio 10.

Para el oficialista, “son muchas las funciones que puede tener” la bicameral, aunque aclaró -en línea con lo dicho por la ministra Marcela Losardo- que “lo que no se puede hacer en una comisión obviamente es sancionar magistrados, que es una de las funciones de tiene el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento”.

“Pero de ahí en adelante, podemos investigar muchas cosas -prosiguió- ¿Cuántas veces fue un periodista junto con alguno de estos jueces o fiscales a solas a reunirse en el despacho del presidente Macri? ¿Por qué no podemos investigarlo? ¿Qué tienen miedo que se conozca? Ojo, muchas de estas cosas ya las estamos conociendo, ¿no?”.

Y recordó que en diciembre pasado, a través de las redes sociales, se reveló que “(Ricardo) Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, compartió una reunión con Macri y con el periodista Joaquín Morales Solá”.

“¿Qué tienen miedo? ¿Qué le preguntemos de qué hablaron en esa reunión? A ver, es obvio de lo que hablaron, porque días más tarde aparecieron las escuchas ilegales de Cristina (Kirchner) y (Oscar) Parrilli. Escuchas privadas que no tenían nada que ver con ninguna investigación penal. Bueno, ¿por qué no podemos conocer de qué hablaba en esa reunión con el expresidente con un funcionario judicial?”, completó Soria.

La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que preside Waldo Wolff (Pro), escuchó este miércoles el testimonio de tres periodistas que denunciaron “persecución” e intentos de “censura” por parte de dirigentes políticos, en una reunión de la que no participó el Frente de Todos.

El oficialismo decidió no asistir a la videoconferencia en rechazo al primer punto del temario, la citación a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien había sido convocada por segunda vez para exponer sobre la resolución 144/20, y finalmente no concurrió.

Una de las expositoras fue la periodista Guadalupe Vázquez (Radio Rivadavia, Canal 9 y LN+), quien denunció un “acoso” y un “intento de desacreditación” en las redes sociales por una información que publicó acerca de la disposición del Banco Central sobre compra de dólares y transferencias al exterior.

En primer lugar, Vázquez recordó que fue despedida en 2013 del canal C5N, luego de la compra por parte de Cristóbal López, “por no querer ser partícipe de una operación de prensa que le estaban haciendo en ese momento al gobernador (José Manuel) De la Sota”, aunque no ofreció detalles.

Con respecto a sus dichos sobre la regulación del BCRA en Twitter, relativo a lo que ella llamó “dólar terrorista”, dijo que al día siguiente de su publicación “ya había medios militantes diciendo que esto era una operación de prensa”, en particular el sitio Chequeado.

“El chequeo se hizo sobre la desmentida de un funcionario, no con documentos o especialistas”, cuestionó la periodista, y agregó que “no le permitieron el derecho a réplica”.

“A los que más les molestó que yo diera esta información es a La Cámpora”, aseguró, y agregó que a partir del hecho “el diputado (Rodolfo) Tailhade empezó a desacreditarme”.

Por su parte, Carlos Eguia, periodista de la radio Cadena Uno de Neuquén, denunció que desde 2017 sufre una “persecución” por parte de Guillermo Pereyra, exsenador nacional y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Eguia advirtió que Pereyra es “un hombre muy poderoso” que “si quiere puede parar el país, porque nos corta todo Vaca Muerta. Es (Hugo) Moyano multiplicado por cuatro”.

Recordó que hace tres años, el dirigente gremial le inició una acción penal por calumnias e injurias por una investigación que Eguia leyó en la radio, correspondiente al diario Río Negro, que “era absolutamente veraz”.

El periodista destacó que ganó el juicio en primera y segunda instancia, y finalmente también obtuvo un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén.

Eguia señaló que los periodistas del interior “no tienen tanta espalda” como los de Buenos Aires y en ese sentido destacó que “el único que puso la cara” por él fue “Baby” Etchecopar, que también estaba convocado a la reunión de comisión, pero no concurrió.

Luego expuso Ariel Barrios, periodista de Salta, quien a fines de junio fue multado con 40.000 pesos por el intendente de Pichanal, Sebastián Domínguez, por haber publicado dos “fake news” en su cuenta de Facebook sobre casos de Covid-19 que finalmente fueron verificados.

“Esto parece sacado del siglo XVII, donde te penaban por hablar en contra del rey. Él (por Domínguez) representa la suma del poder público, él te juzga y él te multa”, graficó Barrios, y dijo que a pesar de que el Concejo Deliberante derogó de manera retroactiva la ordenanza en cuestión, la multa “sigue en pie”. “Afrontar esta multa me llevaría prácticamente un mes y medio de sueldo”, advirtió.

Otro de los participantes de la reunión fue Daniel Dessein, de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), que advirtió: “Nunca tuvimos tanta atención como en estos meses, pero al mismo tiempo nuestros ingresos se han derrumbado de manera inversamente proporcional” y “empiezan a caer medios” como en Brasil (30) y en México (27).

Dessein observó que la pandemia generó “un contexto donde se ha enrarecido muchísimo el clima”.

Además, habló de un “intento se confundir periodistas con sus fuentes” y aludió al caso de Luis Majul, que “hizo que todos a quienes nos preocupa la libertad de expresión siguiéramos el caso con muchísima atención”.

Un grupo de diputados del interbloque de Juntos por el Cambio presentó este lunes un escrito ante la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar su opinión con respecto a la “persecución judicial” que sufrirían algunos periodistas de nuestro país.

“Cumplimos en informar y poner en conocimiento a la CIDH los últimos acontecimientos que tensionan el principio de libertad de expresión, al cual la Argentina se ha obligado a respetar por formar parte del Pacto de San José de Costa Rica”, afirmó la diputada Karina Banfi (UCR), una de las firmantes de la carta.

En la misiva enviada a Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de dicho organismo, los diputados citaron los comunicados que emitieron diferentes organismos que nuclean a los periodistas en Argentina y en la región, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Academia Nacional de Periodismo, ADEPA y FOPEA, quienes “alertaron sobre la gravedad de los últimos acontecimientos en relación a los incansables intentos de atentar contra este derecho que es un pilar para el sistema democrático en la región”.

Asimismo, los legisladores indicaron: “Ponemos en su conocimiento esta situación a efectos de tomar intervención y eventualmente aconsejar el dictado de las medidas pertinentes para impedir el avance contra el derecho a la libertad de expresión, haciendo cesar todo acto o manifestación que la cercene”.

Banfi denunció que “son inaceptables los intentos por coartar las libertades. Atentar contra la libertad de prensa afecta el derecho humano del acceso a la información y el ejercicio de otros derechos. La persecución a periodistas era cosa del pasado, pero parece que debemos seguir luchando”.

También agregó que “es una situación grave lo que está ocurriendo, se trata de una campaña de desprestigio contra los periodistas que se dedican a investigar los hechos de corrupción vinculados al kirchnerismo”.

“Reclamar por la libertad de expresión no es un tema de índole local, los derechos humanos se defienden con el apoyo de la región y el Sistema Interamericano” finalizó la diputada Banfi en referencia a los argumentos por los cuales decidieron recurrir a la CIDH.

El documento lleva las firmas de los diputados Luis Petri, Waldo Wolff, Graciela Ocaña, Ingrid Jetter, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Gerardo Cipolini, Martín Grande, Claudia Najul, Soher El Sukaria y Jorge Vara.

El diputado radical Luis Petri adelantó, a través de su cuenta de Twitter, que realizará una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por “la persecución a periodistas” en Argentina, a raíz de las versiones sobre la posibilidad de que periodistas sean detenidos en el marco de la causa sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Vamos a presentar una denuncia ante la @OEA_oficial por la persecución a periodistas en el país, con @WolffWaldo, Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y diputados de Juntos por el Cambio. No hay República ni Democracia posible sin una prensa libre!”, escribió el mendocino.

Las declaraciones de Marcelo Longobardi al canal TN, sobre la posibilidad de la detención de “uno o dos periodistas”, encendió las alarmas de la oposición. “Que se entienda de una vez, el periodismo investiga, consulta fuentes, chequea datos y hace notas, eso no es espionaje, eso es libertad de prensa en un país democrático. No a la persecución de periodistas!”, agregó Petri.

Además, criticó al Gobierno nacional y lo comparó con Venezuela: “Persecución y escarches a periodistas; intervención y expropiaciones de empresas; ataques al campo; Superpoderes y restricción a Derechos constitucionales por DNU. Asfaltando el camino a Venezuela!”.

En tanto, referentes de Juntos por el Cambio firmaron un comunicado en el cual manifestaron su “preocupación ante la posibilidad de que la Justicia impute a periodistas en una causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal” y sostuvieron que “la persecución penal de miembros de la prensa constituye un atropello que no tiene precedentes desde el regreso de la democracia en 1983”.

Los referentes de Juntos por el Cambio advirtieron este viernes sobre una “persecución penal de periodistas” que “constituye un atropello sin precedentes desde el regreso de la democracia”, tras las declaraciones de Marcelo Longobardi, quien sostuvo que podrían producirse detenciones de periodistas en el marco de la causa sobre presunto espionaje ilegal durante el macrismo.

La coalición opositora manifestó su “preocupación ante la posibilidad de que la Justicia impute a periodistas en una causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal. La persecución penal de miembros de la prensa constituye un atropello que no tiene precedentes desde el regreso de la democracia en 1983”.

“La tarea de la prensa es investigar, indagar y dar a conocer libremente cualquier información. Por eso sostenemos que cualquier causa judicial, motorizada por sectores del poder, contra periodistas por realizar su trabajo es un atentado a la libertad de expresión y a la democracia toda. Además, funciona como un claro mensaje para sembrar el temor y la autocensura de los trabajadores de prensa y los medios de comunicación”, enfatizaron mediante un comunicado.

Además, remarcaron que “la posibilidad de detención de periodistas -de la que dan cuenta algunos medios de alcance nacional- se da en consonancia con declaraciones sumamente preocupantes de miembros del Gobierno nacional y de encumbrados dirigentes oficialistas que, en vídeos profusamente difundidos por redes sociales, han llegado a hablar de ‘asociaciones ilícitas’ entre periodistas de investigación y la Agencia Federal de Inteligencia”.

“Estas declaraciones no son únicamente un nuevo embate del kirchnerismo contra la prensa, observamos que vienen peligrosamente de la mano de un intento de criminalización de periodistas como llevan adelante los más rancios gobiernos autoritarios”, agregaron.

Por último, los opositores afirmaron que hacen suyas las declaraciones y advertencias recientes de la Academia de Periodismo, FOPEA y ADEPA.

El comunicado fue firmado por los presidentes de los tres partidos que integran la coalición, Patricia Bullrich (Pro), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); los jefes del interbloque Juntos por el Cambio Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado); y los presidentes de los bloques Pro Cristian Ritondo (Diputados) y Humberto Schiavoni (Senado).