El diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución, mediante el cual expresa el “más enfático rechazo” a las manifestaciones del presidente Javier Milei, quien durante una entrevista en el canal LN+ (emitida el 2 de septiembre) sugirió que como condición para brindar conferencias de prensa enviaría una ley al Congreso para que los periodistas sean declarados personas políticamente expuestas y presenten una declaración jurada de bienes a los efectos de que “puedan ser sometidos al escarnio público al que los periodistas someten al resto de la sociedad”.

Para el legislador de Encuentro Federal, esto representa “una concreta amenaza a quienes ejercen un rol fundamental para el sistema democrático, incumpliendo con la obligación constitucional de garantizar la libertad de expresión, tanto en su nivel individual como en su dimensión colectiva”.

En la iniciativa, acompañada por su par Mónica Fein, el santafesino resaltó que “la libertad de informar, en particular la que se refiere a asuntos de interés público, cumple una función esencial para el control de la actividad de los órganos públicos, el debate democrático, la participación ciudadana en la cosa pública, el combate de la corrupción, en fin, para garantizar el instituto de una opinión pública libre y plural”.

“El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión en nuestras sociedades. La obligación del Estado es la de propiciar un entorno seguro, sin riesgos, para la libertad de prensa”, añadió en este sentido.

Paulón subrayó que “desde el inicio de la gestión del gobierno de Javier Milei periodistas, medios de comunicación y trabajadores de prensa en general han sido foco de hostigamiento, señalamiento y campañas de desprestigio y agresión verbal por parte del presidente y sus funcionarios de gobierno, ya sea en las escasas entrevistas que otorga a medios o comunicadores afines, comunicados oficiales, las ruedas de prensa del vocero presidencial o publicaciones a través de redes sociales”.

“Estas actitudes se han vuelto habituales por parte de un presidente de la Nación que no tolera la mínima crítica o disidencia, desacredita y califica de excremento a quienes no comulgamos con sus ideas o aspiramos a un modelo de país que se encuentra en las antípodas de su pensamiento dogmático, no admite el pensamiento crítico y pretende imponer una única voz. Pero tratándose de un ataque manifiesto y sistemático al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, la intolerancia gubernamental adquiere una dimensión aún mayor en una sociedad democrática”, apuntó.

En los fundamentos del proyecto, el diputado mencionó que “de un total de 108 casos registrados de ataques a periodistas en lo que va del año, según informa FOPEA en su monitoreo permanente, 1 de cada 3 (29%) tienen como agresor al presidente de la Nación”. Estos datos también se revelaron durante la última reunión de la Comisión de Libertad de Expresión.

“La gravedad de las continuas manifestaciones agraviantes y cercenatorias del libre ejercicio de la labor periodística y la pluralidad de voces por parte de quien reviste la investidura presidencial requieren que esta Honorable Cámara se exprese de manera firme y contundente. Es de suma trascendencia que este Cuerpo reafirme el compromiso con las responsabilidades asumidas en materia de derecho internacional de los derechos humanos y la defensa de un modelo de sociedad democrática justa e igualitaria”, concluyó en sus argumentos.

Representantes del Foro de Periodismo Argentino y la Asociación de Periodistas de la República Argentina expusieron este jueves en la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados sobre su preocupación por las reiteradas y crecientes agresiones contra periodistas por parte del presidente Javier Milei.

En el encuentro, que se extendió por casi tres horas, se hizo referencia además a las restricciones al acceso a la información pública -mediante el decreto 780/24- y surgió el debate en torno a la pauta oficial a los medios, que tuvo a Alberto “Bertie” Benegas Lynch como principal defensor de la política aplicada por el Gobierno en este sentido.

La próxima semana está previsto que asistan representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). En el cierre de la reunión, la presidenta de la comisión, la libertaria María Emilia Orozco, dijo que iba a terminar de definir los invitados con el vicepresidente Christian Castillo, del Frente de Izquierda, sin precisar si se convocarán a reconocidos comunicadores. Tanto la semana pasada como este jueves, la oposición reclamó por una lista de periodistas que quieren sean citados, como Joaquín Morales Solá, María O’ Donnell, Ernesto Tenembaum y Pablo Duggan, entre otros.

Al exponer, Paula Moreno, presidenta de FOPEA, recordó que desde la organización se realiza un monitoreo sobre los casos que atentan la libertad de expresión y “si bien hemos tenido diferentes momentos, y a cada situación hay que darle un contexto, estamos preocupados en este último tiempo por una serie de situaciones que están ligadas no sólo con la agresión, sino con la agresión dirigida a periodistas, la exposición de colegas”.

“Al día de hoy hay 108 casos registrados de ataques”, detalló y resaltó que “lo que estamos viendo en este último tiempo es que hay un discurso estigmatizante, dirigido al periodismo en su conjunto y hacia los periodistas en particular. El 29% de estas agresiones están protagonizadas por el presidente de la Nación y un 11% por fuerzas de seguridad, en situaciones que en general se generan en coberturas”.

Sobre el accionar del jefe de Estado, Moreno advirtió que “ese discurso estigmatizante de ‘ensobrados’, ‘mentirosos’, no sólo tiene que ver con quién lo dice, que para nosotros es de extrema relevancia, es el presidente de la Nación, su voz no es una voz más, es la voz y representación institucional del país. La insistencia y la recurrencia en este discurso y los modos, además activando situaciones que después tiene que ver con claro hostigamiento a los colegas, nos preocupa especialmente”.

“El hostigamiento que se da por redes, con algún rebote también en determinados medios tradicionales, lo que finalmente logra es un clima de exaltación absoluta, y hace que muchos colegas no puedan desarrollar su trabajo como corresponde y, además, lo peor que nos puede pasar a los periodistas que es caer en autocensura”, subrayó la presidenta de FOPEA.

También señaló que “es muy difícil saber cuándo eso se va a mantener en las redes y cuándo va a salir a la calle”, pero “sería interesante como medida de prevención tratar de dialogar más que gritar”.

Paula Moreno y Claudio Jacqueline, representantes de FOPEA.

A continuación, el vicepresidente de FOPEA, Claudio Jacqueline, expresó que “en estos 16 años no hemos registrado en tan poco tiempo del comienzo de una gestión este nivel y recurrencia de agresión a la prensa”. “No es excluyente de la Argentina esta situación, hay un contexto internacional del periodismo, que está en mayor situación de fragilidad que hace años. El ecosistema de medios está en crisis y los periodistas en mayor precarización”, observó.

El periodista rechazó que “desde lo más alto del poder político se reproduzcan cuentas anónimas o fakes, falsas directamente, con acusaciones, descalificaciones y persecuciones a periodistas. Nos parece que esto encierra un problema que no atenta ya contra el periodismo, sino contra la ciudadanía”.

Desde APeRA, su presidente Fernando Ramírez manifestó la preocupación por “los reiterados ataques y agravios del presidente Javier Milei hacia los periodistas. No se entiende cómo un jefe de Estado hace permanente blanco con tanta vehemencia en los periodistas con diatribas de variopinto y desafortunado color”. “Una cosa es la libertad de expresión del presidente y otra cosa es la agresión permanente e injustificada, e incluso con retuits de cuentas anónimas, algo inaudito”, apuntó.

En ese sentido, alertó que “tras una crítica del jefe de Estado a un periodista o varios se suceden una lluvia de ataques contra ellos en las redes sociales por parte de fanáticos intolerantes que poco tienen que ver con los valores de la democracia”. “Les pedimos a todas las autoridades respeto a los periodistas. El método no es la diatriba, el ataque por redes sociales y la consecuente agresión de un enjambre de trolls”, agregó.

Fernando Ramírez, presidente de APeRA, quien es acreditado de parlamentario.com en Casa Rosada.

Ramírez, periodista acreditado en Casa Rosada, cuestionó que “han pasado casi nueve meses y el presidente no ha dado conferencias de prensa. Y, además, siempre trata de esquivar al periodismo. Asimismo, también deben dar conferencias de prensa los ministros. A algunos no les conocemos la voz”.

En su exposición, el titular de APeRA planteó que “un tema aparte es el congelamiento de la pauta publicitaria hasta el 10 de diciembre próximo. Los perjudicados son los pequeños medios de todo el país. Y, además, hay que decir que hay pauta oficial en estos momentos. No está suspendida. Habría que ver quiénes la reciben”.

En la ronda de legisladores que tomaron la palabra, la cívica Mónica Frade lamentó que las descalificaciones hacia periodistas son muy similares a las que hacen contra legisladores: “Esbirros, ensobrados, ratas”. “Lo peor que nos está pasando es que estamos naturalizando este lenguaje, y eso derrama a la sociedad. Sabemos cómo empezó, no sabemos a dónde puede terminar”, alertó.

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés sostuvo: “Yo soy de los que cree que a la violencia verbal le sigue la violencia física y lo estamos viendo. Hay una violencia física que se está naturalizando y yo creo que eso no lo podemos naturalizar, sea para periodistas, jubilados, o cualquier persona que tiene derecho de peticionar. No corresponde que ningún troll vinculado al Estado salga a deshumanizarlo”.

A contramano de la postura de la oposición, la libertaria María Celeste Ponce cuestionó a los representantes de las entidades periodísticas: “Observo un enojo con las redes sociales, las cuales les dan voz a los ciudadanos y otros periodistas, como es caso del periodista Mariano Pérez, que fue agredido por manifestantes y FOPEA no se solidarizó”.

“Hay una suerte de solidaridad con quien nos conviene. Me recuerdan un poco al colectivo de feministas, que a veces defienden a una mujer según el color político. Eso es algo que se tiene que acabar”, sumó y les reclamó que “sean más justos a la hora de pedir sobre la libertad de expresión”.

Alerta por el acceso a la información pública

Durante el encuentro, tanto desde FOPEA y APeRA como de los legisladores de la oposición hubo referencias al decreto 780/24 por el cual se modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. “Cuando uno restringe el acceso a la información pública restringe la libertad de expresión y también el trabajo de los periodistas”, indicó el socialista Esteban Paulón.

En tanto, el diputado de Unión por la Patria Pablo Carro aseguró que con ese decreto se “restringe la libertad de expresión de muchas maneras”. “Redefine qué no es información pública; la primera vez que veo que se define por la negativa”, observó.

Para el cívico Maximiliano Ferraro el decreto 780 “rompe el espíritu que le quiso dar el legislador a la Ley de Acceso a la Información de manera restrictiva, peligrosa, y que una cosa y otra no pueden ser leídas o resueltas en esta comisión de forma aislada”.

Jacqueline, vicepresidente de FOPEA, afirmó que “a menos información pública hay menos transparencia y menos democracia”. Con este cambio se “restringen derechos de la ciudadanía y amplía poderes de los funcionarios del Estado, amplía la discrecionalidad”, dijo y mencionó que si no hubiese existido la ley como tal “no hubiéramos conocido la fiesta de Olivos, la visita de jueces al presidente Mauricio Macri y reuniones en las que se usan ámbitos y bienes públicos”.

Al citar textual las palabras del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al respecto de este tema en la sesión informativa, Orozco sostuvo que “el decreto está en estos momentos en revisión”.

El planteo de Benegas Lynch sobre la pauta a los medios

En sus preguntas a los invitados, “Bertie” Benegas Lynch mencionó que a lo largo de la historia “el Estado se ha metido en la propaganda política y ha cercenado justamente la libertad de expresión”. Y cuestionó al kirchnerismo por haber impulsado una Ley de Medios que “fue inspirada en lo que hizo la Revolución Libertadora, de dar licencia a los periodistas que a mí me gustan”.

Luego de rescatar que las diputadas Karina Banfi y Sabrina Ajmechet mencionaron casos contra la prensa también en provincias, el oficialista cuestionó: “Parece que tienen el foco puesto en Balcarce, entre Rivadavia e Yrigoyen”.

“En la época del kirchnerismo se usaban las herramientas que Javier Milei se está sacando de encima”, argumentó el libertario, que habló de que a los periodistas que hablaban en contra se los cargaba con “la AFIP, inteligencia y pauta”.

Para Benegas Lynch, “en la medida que tengan la pauta, sea el 80% o 2%, ahí está tu jefe. Lo que corrompe el periodismo es la pauta, porque pierde la libertad en cuanto a que tiene su jefe; lo que no quiere decir que un medio financiado de manera privada tenga su línea editorial”, pero “hay medios privados que debido a la pauta terminan siendo medios paraestatales”.

En una tensa reunión de la Comisión de Libertad de Expresión de Diputados, que terminó en medio de gritos, se anunció que la semana próxima se recibirán a representantes del Foro de periodismo argentino (FOPEA) para que expongan sobre la alarma existente ante recurrentes ataques a periodistas. Con énfasis, la oposición reclamó además que se convoque a una larga lista de reconocidos comunicadores, varios de ellos que han sido cuestionados por el presidente Javier Milei.

Entre los nombres se destacan Joaquín Morales Solá, Ernesto Tenembaum, María O’Donnell, Romina Manguel, Jorge Fontevecchia, Jorge Fernández Díaz, Víctor Hugo Morales, Silvia Mercado, Martín Rodríguez Yebra, Luisa Corradini, María Laura Santillán, Marcelo Bonelli, Pablo Duggan, Darío Villarruel y Nancy Pazos.

También hubo un pedido a la presidenta de la comisión, la libertaria María Emilia Orozco, para que la comisión se reúna todos los jueves. En el cierre, la salteña confirmó que el jueves 5 de septiembre se recibirá a FOPEA, pero que los periodistas solicitados se irán invitando luego. La diputada de Unión por la Patria Carolina Gaillard, que había arremetido contra la oficialista Nadia Márquez, explotó contra Orozco por no definir la lista de comunicadores para el próximo encuentro.

En el arranque de la reunión, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo mencionó el pedido que un conjunto de legisladores hizo semanas atrás para que se convoque a la comisión (a través del artículo 109 del reglamento) ampliando el temario. Sobre todo, porque la comisión no se reunía desde abril pasado, cuando se constituyó.

Entre los temas que querían agregar estaban proyectos sobre “las agresiones por parte del presidente y el Poder Ejecutivo a distintos periodistas; eso no ha cesado, se ha incrementado”, “el reclamo por los medios públicos, que también es una forma de cercenar el derecho a la libertad de expresión” y la represión a trabajadores de prensa en distintas protestas, enumeró el vicepresidente de la comisión.

Detrás, Gaillard había remarcado que citar de manera extemporánea hace que “se vaya desnaturalizando la necesidad de tratar los temas”. “Hay una lista de más de 20 periodistas que han sido atacados en la libertad de expresión directamente por el presidente de la Nación y hemos pedido que se convoquen hace cinco meses”, expresó.

Orozco se excusó que “en 2005 y 2011 esta comisión no funcionó” y “en los últimos cuatro años ustedes no bajaban a dar quórum”, apuntando contra Unión por la Patria.

Al tomar la palabra, la cívica Mónica Frade lamentó que “arrancamos mal; cuando se quiebra el reglamento durante tantos meses se supone que uno empieza admitiendo que la comisión no funcionó”. “Hay un presidente que le dice ratas y vagos (a los legisladores), un presidente en el que milita usted ese espacio y por lo tanto le está diciendo a usted vaga y pareciera que fuera así”, lanzó contra Orozco.

En su intervención, el diputado socialista Esteban Paulón advirtió que de los ataques a la libertad de expresión, “según un informe de FOPEA, de los 102 casos registrados, uno de cada tres provienen de Milei y (Victoria) Villarruel, dándole una mayor trascendencia y grado de preocupación”.

Desde el Pro, la diputada Silvana Giudici dijo que estaba de acuerdo con la citación de FOPEA, pero pidió que también que se invite a APeRA, ADEPA y la Fundación LED, la cual ella misma preside. En ese sentido, señaló que desde la organización hacen informes desde 2012 y “en el año 2013 los casos de agresión, restricción a la libertad de expresión, censura, falta de información fueron 448”. En tanto, también precisó que en el año 2023 registraron 177.

Recordó que en distintas oportunidades la Fundación LED se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar “agresiones que fueron muchas, variadas, graves, persecución judicial, persecución con la AFIP”. “Cuando el kirchnerismo es gobierno jamás viene a dar quórum” a la comisión, reclamó la legisladora.

Además, Giudici señaló que “la denuncia del ministro Cúneo fue rechazada rápidamente in límine porque no corresponde denunciar a un periodista en el contexto penal para ser castigado por una opinión que dijo”. “Más allá de las chicanas que nos podamos hacer, la libertad de expresión es un derecho que está en nuestra Constitución”, aseveró.

Germán Martínez, jefe de Unión por la Patria, cuestionó que “los debates se duerman y no se permita tener un debate en tiempo real”. Por eso, consideró que de ahora en más se podría “arrancar de lo más contemporáneo para atrás”, como por ejemplo que en la actualidad “hay una hipótesis de que se están usando 105 millones de la SIDE para apretar periodistas”.

Por La Libertad Avanza, la diputada Lilia Lemoine subrayó que “la libertad de expresión no es solamente para periodistas, es para todos los ciudadanos de la República Argentina” y manifestó que ella fue “víctima de FOPEA tergiversando mis palabras y mis actos durante la campaña”. “Libertad de expresión no es mentir. Es inaceptable que el Estado use los recursos para atacar a los ciudadanos. Una cosa es una opinión del presidente Javier Milei y otra cosa es un ataque”, defendió.

Al referirse al episodio ocurrido en abril pasado con la interrupción de la transmisión de la Comisión de Juicio Político por parte del canal Diputados TV, la libertaria justificó que “se terminó la transmisión porque la comisión se había cancelado antes del quórum”. “Si una comisión no está teniendo lugar, no se transmite por internet, es así de simple. Ahí no hubo censura”, afirmó.

En otro tramo de la caliente reunión, Castillo sumó que se convoque al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) y, por otra parte, anunció que consultaría al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en su próxima visita a la Cámara baja sobre si en el exSalón de las Mujeres de Casa Rosada “funciona una granja de trolls que se dedica a perseguir a la oposición”. “Queremos que se dé cuenta de eso, si ocurre o no, porque muchos somos víctimas permanentes”, entre ellos diputados y periodistas, apuntó.

Sobre Diputados TV

Durante la reunión, la Directora General de Prensa y Comunicación de la Cámara de Diputados, Flavia Alemann, de quien depende el área de Diputados TV, expuso sobre la actualidad del canal. En el comienzo de su exposición, habló de que a partir de la llegada de la nueva gestión se encontraron con “un gasto absolutamente excesivo” derivado del alquiler de equipos que representaban “un costo enorme” para la Cámara.

A continuación, afirmó que este año “el presupuesto va a bajar sustancialmente” y el equipamiento del canal “va a quedar como patrimonio y en un presupuesto estabilizado” a futuro. “Es un ahorro importante”, agregó. Consultada por la diputada Mónica Frade sobre si se hicieron denuncias por irregularidades detectadas, Alemann asintió que sí en el caso de licitaciones de equipos, pero no contra individuos que tenían contratos y “estaban fuera del país”.

Sobre esto, el diputado de UP Eduardo Valdés le advirtió: “Si tiene que hacer denuncias, hágalas. Si hubo alguien que estaba en Estados Unidos y cobró, hágala, porque le puede incurrir a usted en incumplimiento de funcionaria, tenga cuidado. Si hay ilícitos hay que denunciarlos”.

Respecto de un episodio con la periodista Laura Serra en abril pasado, cuando se encontraba informando sobre la frustrada reunión de la Comisión de Juicio Político, la directora de Prensa argumentó que se trató de “una orden mal ejecutada” y admitió que “fue un error” y hubo disculpas hacia la periodista.

Germán Martínez la consultó sobre las transmisiones cortadas que se hicieron de los plenarios de comisiones que trataron la Ley de Bases en el verano y Alemann respondió que “eso sucedió y se corrigió, pero la transmisión por YouTube nunca dejó de transmitirse”. Cabe resaltar que Diputados TV tiene como tarea transmitir las sesiones, las comisiones y todas las actividades de la Cámara baja.

Entre las preguntas, Christian Castillo quiso ahondar sobre cuántos contratos se rescindieron cuando llegó la nueva gestión y también sobre la forma de contratación y situación laboral de los trabajadores. En la misma línea, Valdés sostuvo que “los trabajadores merecen tener los derechos laborales que corresponden, porque nosotros somos el Congreso. Y esto es una crítica también a sus predecesores. Tenemos que ser un ejemplo para que los medios nos imiten”.

Valdés añadió que le gustaría que se pueda discutir el presupuesto de DTV “pluralmente” ya que “el canal de Diputados TV fue una construcción colectiva y un orgullo del pluralismo”. “La virtud que tiene el canal es que hay gente con pluralidad de pensamiento”, destacó.

Por su parte, la radical Marcela Coli manifestó que “tener un canal los diputados la verdad que es un lujo” y pidió “el respeto a los que no pensamos igual”. “Cualquier diputado que quiera salir en Diputados TV tiene las puertas abiertas, pueden salir y expresarse”, aseguró Alemann.

Hacia el final, Esteban Paulón solicitó conocer el CV del director de Diputados TV, Jonatan Arioli, para saber “cuál es su trayectoria, su experiencia en medios de comunicación, sobre todo porque está a cargo de un canal estratégico”, y convocarlo para otra reunión, luego que no asistiera este jueves por una cuestión de salud.

El bloque de diputados provinciales de la UCR GEN expresó su enérgico repudio ante la reciente decisión del Gobierno nacional de retirar las acreditaciones permanentes de Casa Rosada a 50 periodistas, así como su avance en una polémica resolución destinada a limitar el acceso a la sala de prensa únicamente a aquellos que “puedan demostrar que merecen estar cerca del presidente”.

“Esta medida constituye un grave atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información, principios fundamentales de nuestra democracia. La prensa libre y plural es un pilar esencial para el control ciudadano sobre los actos de gobierno, y cualquier intento de restringir su acceso y trabajo debe ser repudiado enérgicamente”, expresaron los legisladores.

Para ellos, “ningún contexto justifica  esta decisión del Ejecutivo Nacional que no sólo limita el ejercicio periodístico, sino que también envía un mensaje de intolerancia y censura que atenta contra la transparencia y el pluralismo informativo. En una democracia, el rol del periodista es fundamental para el equilibrio de poderes y la rendición de cuentas”.

Consideran los diputados provinciales de UCR-GEN que “el derecho a informar y a ser informado está consagrado en nuestra Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos. La eliminación arbitraria de acreditaciones, bajo el pretexto de seleccionar quiénes ‘merecen’ estar cerca del Presidente, establece un peligroso precedente de control y censura gubernamental.

Los diputados provinciales del Acuerdo Cívico UCR-GEN Claudio Frangul, Matías Civale, Viviana Dirolli, Natalia Dziakowski, Nazarena Mesias y Julio Pasqualin se solidarizaron con los trabajadores de prensa y esperan que “las autoridades recapaciten y se produzca la inmediata restitución de las acreditaciones retiradas y el cese de cualquier tipo de medida que atente contra la libertad de prensa. Es imperativo que el Gobierno Nacional garantice el acceso libre y sin restricciones de todos los periodistas a la Casa Rosada, respetando así el derecho del pueblo argentino a estar informado de manera completa, veraz y oportuna”.

Diputados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, el socialismo, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal presentaron una nota a la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la libertaria María Emilia Orozco, para que la próxima semana convoque a periodistas que fueron agraviados y se traten expedientes relacionados. 

La nota, encabezada por el vicepresidente primero, Christian Castillo (FIT), pide que se cite a periodistas que han sufrido agravios, ataques e intimidaciones en los últimos meses, y a quienes fueron reprimidos durante las manifestaciones en contra de la Ley de Bases y otras protestas públicas. También, a los trabajadores de Télam y otros medios públicos, a representantes de FOPEA y de todo el país. 

Los opositores cuestionaron que la comisión no se reúne desde su constitución, el pasado 25 de abril. “Nos parece deliberado y por eso estamos exigiendo a la comisión que se reúna y cite a los periodistas afectados, en un marco de crecientes ataques del Poder Ejecutivo a cualquier periodista que emita una posición crítica o que al presidente no le guste. Y cuando hemos visto represión a periodistas y reporteros gráficos que estaban cubriendo las manifestaciones contra la Ley Bases y cuando están amenazados los medios públicos”, señaló Castillo. 

En tanto, los proyectos que solicitan tratar están referidos a la agencia de noticias Télam; el canal Diputados TV; la “persecución penal” del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, contra Nancy Pazos y Sergio Darío Villarruel; pedido de informes al vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre las acreditaciones de prensa en Casa Rosada; y un repudio por las expresiones del presidente Javier Milei contra las periodistas Silvia Mercado, Luisa Corradini y María O’Donnell. 

Mientras el presidente sigue atacando a cualquier periodista que le haga una crítica y Bullrich justifica las represiones a quienes cubren manifestaciones, la Comisión de Libertad de Expresión de @DiputadosAR sigue sin reunirse. Presentamos nota de integrantes de la comisión de… pic.twitter.com/WcrB2tk9M9

— Christian Castillo (@chipicastillo) July 9, 2024

Durante una conferencia de prensa realizada en el Anexo del Senado de la Nación, representantes de la Asociación Periodistas Argentinas expusieron sobre 19 casos de denuncia de acoso sexual contra Pedro Brieger, periodista especializado en política internacional. 

En el encuentro, además de exigir que el columnista -ahora apartado- de C5N y Radio 10 pida “disculpas públicas” a una veintena de colegas por propasarse con ellas, las comunicadoras presentaron el “Informe Cultura del Acoso: Punto y Aparte”. 

La conferencia fue encabezada por las periodistas Nancy Pazos y Agustina Kämpfer, quien también denunció haber sufrido situaciones de acoso por parte de Brieger. 

“Acá hicimos un pedido muy concreto. La reparación judicial termina siendo una multa. El pedido de disculpas por parte de él es lo que necesitamos y que, también, los lugares donde trabajó lo reconozcan. Muchas hablamos en el momento y no fuimos escuchadas. Ahora hicimos un trabajo periodístico de investigación, para poner los casos a la luz en este informe, que será presentado a cada una de las instituciones y en las radios y los canales donde trabajó. Es muy importante para todas que pida perdón públicamente”, expresó Pazos.

Por su parte, Kämpfer remarcó que debieron frenar la recepción de casos para poder hacer la presentación con “el número de denuncias recibidas”; a partir de ahora, continuarán contactándose con aquellas personas que quieran compartir su denuncia y recolectar todo el material que les sigue llegando, que “es mucho más” que el que quisieran recibir.

Legisladoras acompañaron la conferencia 

¡Basta de acoso!

Acompañamos a Periodistas Argentinas en la presentación del informe “La cultura del acoso: punto y aparte” a partir de las denuncias contra Pedro Brieger y la cultura de acoso machista.

Brieger debe pedir disculpas públicas como acto reparador. pic.twitter.com/bKOeyji2ZU

— Mónica Macha (@MoniMacha) July 2, 2024

Hoy escuché 19 testimonios de mujeres acosadas por el periodista Pedro Brieger. Es importante denunciar siempre, sin importar la cobertura política, a cualquiera que sea el acosador.

Vamos a trabajar para que la Comisión de Mujeres de la Cámara reciba a las víctimas y para que… pic.twitter.com/FssWOfSMMg

— Silvana Giudici (@SilvanaGiudici) July 2, 2024

El diputado nacional por Córdoba Juan Fernando Brügge (Hacemos Coalición Federal) presentó un proyecto de ley para que se incorpore el artículo 41 al Código Penal de la Nación para que cuando la víctima de alguno de los delitos previstos tuviese la condición de periodista o integrante técnico o auxiliar de un equipo periodístico, y el hecho ocurriera con motivo del ejercicio de sus funciones, la escala penal correspondiente aplicable se incrementará en un tercio del mínimo y máximo.

El cordobés fundamentó que el objeto de su iniciativa busca “resguardar la actividad de los periodistas y personal de los equipos periodísticos en el ejercicio de sus funciones, en razón del estado de vulnerabilidad que el ejercicio de su profesión y trabajo, los coloca en oportunidad de cubrir eventos, sucesos o efectuar investigaciones periodísticas”.

Además, enumeró los casos donde periodistas de distintos medios fueron agredidos y, de acuerdo a un informe realizado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), en el 2023 se produjeron 61 ataques contra la prensa, puntualizando que “los ataques a la integridad (que incluyen agresiones físicas, amenazas e inseguridad en las coberturas) fueron el tipo de incidentes más frecuentes con el 36,75 % de los casos”.

Al respecto, se refiere a los incidentes ocurridos en las afueras del Congreso de la Nación durante el tratamiento de la ley Bases en el Senado el miércoles donde un móvil de la empresa periodística Cadena 3 fue incendiado.

“Ante tan evidente situación de desprotección, se torna necesario modificar el Código Penal de la Nación a fin de brindar la tutela jurídica que los periodistas y equipos periodísticos de nuestro país ameritan frente a la situación de ser víctimas de delitos con motivo del ejercicio de sus funciones, en especial cuando el mismo ocurre en la vía pública, y que significa, en los hechos, una forma de censura a la libertad de prensa, y de la actividad de informar y comunicar a la opinión pública sobre los hechos de la realidad”, ratifica.

En medio de picantes cruces se llevó a cabo este jueves la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión que quedó en manos del oficialismo, tras el reclamo de la oposición a la convocatoria de un próximo encuentro el 16 de mayo con periodistas “agredidos” y trabajadores de Télam invitados a exponer por la situación que atraviesan, cuyo pedido fue desestimado por la presidencia de la comisión que confirmó los días jueves a las 10 para las reuniones. También expresaron preocupación por lo ocurrido en Diputados TV.

El libertario Bertie Benegas Lynch postuló como presidente a la salteña María Emilia Orozco que se desempeñó como concejal durante dos años en la provincia, es licenciada en Comunicación Social por lo que “puede aportar mucho valor en lo que tratamos porque se especializa en comunicación digital. La conjunción de sus valores en defensa de la libertad una persona joven que viene a renovar la sangre de la política y especialidad del tema comunicacional”. En tanto La UCR aún mantiene la reserva de la secretaría.

Al ser ungida titular de la comisión, la salteña expresó: “Soy nueva en esto y estuve stalkeando un poco sus perfiles y es impresionante la trayectoria de muchos que hace ocho o doce años que están en la comisión. Soy todo lo contrario a eso, toda la experiencia que tienen muchos de ustedes es lo que no tengo, pero no me amedrenta. Al contrario, tengo mucho que aprender de cada uno de los que están acá y seguramente ustedes también tendrán que aprender algo de la renovación en la política”.

“Escuché por ahí la subestimación de los nuevos, escuché incluso dirigirse hacia nuestro espacio de manera despectiva, les puedo asegurar que tenemos mucho para aportar y, sobre todo, pedirles que no nos subestimen”, pidió y agregó: “Si bien cada uno viene con un saco de principios, de valores, de ideologías partidarias y sin ir más lejos miren la conformación de autoridades de la comisión. Soy una defensora del consenso, del diálogo. Acá estamos de paso, no pretendo perpetrarme en este lugar sino lo que quiero es dejar instrumentos, herramientas, dejar normativas a la gente que trasciendan”.

Al respecto, planteó como tema a tratar “la distribución discrecional de sumas millonarias de la pauta oficial y no escuché mucho hablar del federalismo”, por lo que planteó “romper con el centralismo de Buenos Aires porque la libertad de expresión no solamente la tienen los medios de acá. Siendo de una provincia del norte con muchas falencias la pauta está poniendo en peligro la libertad de expresión de los medios del interior”. Además, resaltó que la Ley de Medios “es una materia pendiente”.

“Pido que nos escuchemos porque algo que me sorprendió mucho son los modos, las formas y la falta de respeto cuando alguien está tomando la palabra. Vamos a demostrar desde este espacio que hay otra dinámica de trabajo por el respeto entre nosotros”, solicitó.

Al tomar la palabra, la radical Marcela Coli (La Pampa) manifestó: “Por más que uno es nuevo la experiencia se construye escuchando al otro, respetando a quienes no pensamos igual. Quiero ser respetada por eso. Soy de la oposición que se construye en el respeto y con calidad. Espero que esta libertad de expresión en casi 40 años de democracia podamos sentarnos y tener ese respeto en las posiciones que tenemos los distintos temas. Que todos tengamos las mismas oportunidades”.

A su turno, el vicepresidente primero de la comisión el diputado Christian Castillo (FIT) propuso reuniones quincenales y puso a consideración realizaron el próximo 16 de mayo la reunión con periodistas.

“La actividad periodística en los caos de violencia institucional o paraestatal han sido determinantes, es central. Hay una agresión sistemática desde el Estado que fogonean esa agresión”, alertó y propuso para un encuentro el 23 de mayo que rindan cuentas los funcionarios designados por el Ejecutivo que están a cargo de los trolls center de Casa Rosada que “tienen a agredir las causas que no simpatizan organizando ejércitos de trolls. Deberían explicar si con el dinero público de los contribuyentes se financian funcionarios que utilizan los recursos del Estado para armar grupos de choques mediáticos”.

En contraposición, Orozco desestimó ese pedido y aclaró: “La situación amerita otra dinámica de la comisión y no como la que veníamos teniendo porque en 2021 no se registró ninguna reunión, en 2022 se reunió tres veces y en 2023 solo se reunió una vez”.

“Considero que si queremos tener una reunión productiva sería oportuno hacer una reunión de asesores previo de todos los legisladores para que puedan invitar para poder tener la representación de todas las voces. Vamos a resguardar la pluralidad de voces porque no quisiera que sea una batalla campal como viene siendo en otras comisiones”, planteó.

Al pedir la palabra, el jefe del bloque UP y secretario de la comisión, Germán Martínez, manifestó: “Hay determinadas situaciones que no tienen dos miradas. Cuando hay alguien desde una situación de poder que agrede, descalifica a un periodista no hay dos miradas, al menos que quieran traer al presidente acá a sentarse y explique por qué dijo lo que dijo de los periodistas”, y criticó: “Sabiendo que el presidente iba a agredir mucho a los periodistas dentro de las pocas comisiones que preside el oficialismo se quedó con libertad de expresión”.

“A la tarde quieren firmar un dictamen que privatiza RTA y acá hablamos de libertad de expresión. Hay temas muy sensibles”, sostuvo. Por último, destacó el trabajo realizado en pandemia con “reuniones hasta largas horas de la noche” y cuestionó el funcionamiento en años anteriores con “gente que ahora están de funcionarios”.

La vice segunda, la entrerriana Carolina Gaillard (UP) remarcó que la comisión “siempre estuvo presidida por la oposición, es la primera vez que la preside el oficialismo. Tiene un sentido y una razón de ser que la presida la oposición porque es controlar a quien tiene mayor poder en el país que es el Ejecutivo y es quien puede detentar más abuso de poder y puede cercenar más la libertad de expresión”.

“Si dilatamos la citación a los periodistas que fueron atacados ya se tornaría abstracto y no habría relación en el tiempo entre lo que ocurrió y que la comisión los reciba. Sería importante que en la próxima reunión sean citados”, insistió y expresó: “A todos nos preocupa la situación de Télam que han sido intervenidos por el DNU 70/2023 que le permitió al presidente intervenirla y los trabajadores están pasando por una situación irregular y para nosotros es importante escuchar su voz”.

Así, enumeró la lista de invitados: “Periodistas agredidos en su libertad de expresión, a los trabajadores de Télam y los periodistas agredidos en el marco del tratamiento de la ley Ómnibus”.

El cordobés Pablo Carro (UP) planteó que “la libertad de expresión no se cercena cuando se impide que alguien se exprese, sino que hay dispositivos institucionales que pueden ser recortadores de esa libertad de expresión todos los acuerdos internacionales así lo atestiguan. El solo hecho de que se cierre Télam es un dispositivo que, de alguna manera, atenta contra la libertad de expresión que se levanten en los noticieros de canal público los fines de semana es un modo de cercenar la libertad de expresión”.

En su carácter de presidente de la Comisión de Comunicación e Informática planteó trabajar en conjunto porque “la libertad de expresión articula con el derecho a la información y la comunicación de acceso a información veraz y precisa. Tenemos que garantizar que los periodistas puedan expresarse en libertad”.

“Recortar la publicidad oficial es una manera de cercenar la libertad de expresión porque lo que ocurre es que muchos medios pequeños pueden no funcionar si no acceden a esa pauta, así que la publicidad es una manera de garantizar desde el Estado que pueda acceder o cumplirse con el derecho a la información”, opinó.

A continuación, la vicejefa del bloque UCR, Karina Banfi, cuestionó que durante cuatro años “fue muy difícil la apertura de trabajo de asesores”, y coincidió con Carro en trabajar en conjunto con la Comisión de Comunicación en lo que hace a la cuestión de los medios públicos.

“Funcionó en el tiempo de Cambiemos porque se convirtió en una delegación gremial de los despidos a los periodistas en sus trabajos y durante la pandemia se cerró y dejó de importarle al oficialismo de ese momento el trabajo de los periodistas”, cuestionó y explicó: “La libertad de expresión tiene que ver con cuestiones de cercenamiento o de proyección u operatividad y ejercicio de libertad de expresión de periodistas, de ciudadanos, de políticos, de comunicación del Gobierno”.

El diputado Juan Marino (UP) ratificó la propuesta de Castillo y remarcó la importancia de la presencia de los periodistas Jorge Lanata y Jorge Fontevecchia que han denunciado al Ejecutivo para que “la justifica le ponga un límite y es importante que expliquen los fundamentos de su denuncia y tomar cartas en el asunto”. Además, planteó hacer un pedido de informes de carácter unánime de la comisión al Ejecutivo por los trolls center. que “se usan para censurar opositores o personas críticas”.

Asimismo, el diputado Eduardo Valdés (UP) pidió incorporar en la convocatoria a los trabajadores de Radio Nacional y de la TV Pública; mientras que la diputada Mónica Frade (HCF) solicitó citar a representantes de FOPEA y ADEPA “para sostener el federalismo”.

Finalmente, el diputado libertario Benegas Lynch pidió citar a Miriam Lewin, responsable de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Al cierre de la reunión, que se extendió más de dos horas, se caldearon los ánimos porque la oposición le reclamó a Orozco que ponga a consideración la fecha consensuada del 16 de mayo para la próxima reunión, pero la libertaria desestimó dicho pedido y dio por concluído el encuentro.

Luego de exponer ante la Comisión de Juicio Político Estela de Carlotto y Germán Garavano, fue el turno de periodistas que en su calidad de testigos expusieron en torno a la aplicación del 2×1 por parte de la Corte Suprema para un represor en 2017, y su posible relación con un supuesto acuerdo entre el gobierno de Cambiemos y algunos miembros del máximo tribunal para evitar que la jueza Elena Highton de Nolasco se jubilara a los 75 años.

La periodista Silvana Boschi, exeditora de Clarín, fue consultada sobre sus publicaciones que relatan una versión acerca de la intervención de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón en la Corte para favorecer el fallo sobre detenidos por crímenes de lesa humanidad.

La periodista Irina Hauser, de Página 12, también fue interrogada por su trabajo periodístico judicial y afirmó que “Rodríguez Simón es quien tenía el vínculo con (Carlos) Rosenkrantz“, y se refirió a la “política regresiva en materia de delitos de lesa humanidad” del máximo tribunal en 2017.

El represor Luis Muiña, condenado por crímenes de lesa humanidad, fue beneficiado con el fallo del 2×1 de la Corte Suprema en 2017, que establecía que se computaba doble por cada día de detención sin juicio. El periodista Ignacio Miri, de Clarín, fue interrogado sobre sus publicaciones acerca de la jueza Elena Highton de Nolasco y explicó que tenía información de que la decisión ya estaba tomada.

El último periodista en declarar fue Martín Granovsky, de Página 12, quien explicó que la Corte ya venía preparando el terreno para el fallo que benefició a Muiña.

Durante la reunión, el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López cuestionó el hecho de que a los testigos se les preguntara “con quién hablaban”.

Luego de que apareciera una pancarta con mensajes intimidatorios por parte de un grupo narco, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) Oscar Zago repudió las amenazas que sufrieron los periodistas de Rosario, provincia de Santa Fe, y exigió terminar con este tipo de acciones.

La pancarta intimidatoria fue colgada en la puerta de Telefe Rosario y sostenía: “a todos los medios de Rosario: de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua porque vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Sino caravana con el Noba”.

Atento a esta situación, Zago lanzó un duro mensaje en sus redes sociales en donde repudió lo ocurrido. “Desde La Libertad Avanza repudiamos todo hecho mafioso que quiera oscurecer nuestro cielo con actos cobardes. Nuestra solidaridad con los periodistas”, sentenció.

Cabe recordar que si bien las amenazas se dieron hace un mes, hace unas pocas horas la Justicia rosarina imputó al hombre de 22 años acusado de haber confeccionado la bandera con esos mensajes. Se trata de Rodrigo V., quien fue detenido el lunes.

Recién este jueves los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola avanzaron con la imputación por el delito de coacciones agravadas, calificación penal que el juez Pablo Pinto aceptó y le dictó al acusado la prisión preventiva por dos años.

Los diputados del Frente Pro Cristian Ritondo -jefe del bloque- y Victoria Morales Gorleri presentaron un proyecto para reconocer la labor de los trabajadores de prensa argentinos que cubren el conflicto bélico en Ucrania.

Ambos legisladores entienden que “el compromiso que llevan a cabo los periodistas en el país europeo debe ser adecuadamente valorado como renovada expresión institucional de la Argentina frente a la invasión rusa”, al tiempo que implica un aporte más a la exigencia por garantizar la libertad de prensa en la zona de conflicto.

“La libertad de prensa es un valor universal que debe garantizarse en cualquier lugar y circunstancia, como así también la seguridad de los periodistas y corresponsales de guerra, quienes, en el lugar de los hechos, se juegan enteros para que el mundo pueda ejercer su derecho a la información”, expresó Ritondo.

En esa línea, el legislador argumentó: “Por eso, impulsamos el reconocimiento parlamentario de todos ellos que están trabajando en Ucrania y pedimos por la pronta conclusión de la invasión rusa que está destruyendo miles de hogares, provocando la inmigración de millones de ucranianos y quitando la vida de inocentes”.

Por su parte, Morales Gorleri explicó que “quienes llevan adelante la decisión de la guerra deben saber que el mundo los está mirando y que estamos velando por la seguridad de nuestros periodistas y sus equipos y el derecho a una cobertura independiente, veraz y sin temor a represalias”.

“Desde el Congreso de la Nación reconocemos el inmenso y valiente trabajo de nuestras y nuestros periodistas que informan sobre el terreno en condiciones extremadamente desafiantes, poniendo en riesgo su vida y buscando que la verdad no sea acallada por la censura”, añadió la diputada.

El proyecto fue acompañado por sus pares Mercedes Joury, María Luján Rey, José Núñez Jurado, Alejandro Finnochiaro, Sabrina Ajmechet, Adriana Ruarte, Camila Crescimbeni, Gabriela Besana, Germana Figueroa Casas y Aníbal Tortoriello.

La exconductora de C5N y en la actualidad de La Nación + Guadalupue Vázquez y el periodista Gonzalo Ziver se reunieron este martes de forma virtual con los diputados nacional de Juntos por el Cambio que integran la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja. No fue un encuentro formal.

Al respecto, Vázquez publicó en sus redes sociales: “Gracias Waldo Wolff, Karina Banfi, Pablo Tonelli y José Luis Patiño y todos los diputados que repudiaron la campaña sucia en contra de quienes investigamos los hechos relacionados con el Olivos Gate”.

“La libertad de prensa es un derecho humano amparado por la CN (Constitución Nacional)”, sentenció.

Por su parte, Gonzalo Ziver escribió en Twitter: “Muchas gracias diputado Waldo Wolff por invitarnos a Guadalupe Vázquez y a mí a la Comisión de Libertad de Expresión, en relación a los ataques recibidos por parte de (Horacio) Verbitsky”.

Wolff contó que “con los miembros de Juntos por el Cambio de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja con Guadalupe Vázquez y Gonzalo Ziver”.

“Escuchamos acerca de la intimidación estatal que recibieron por sus investigaciones de Olivos. Sacaremos un documento que haremos llegar a organismos locales e internacionales”, prometió el legislador bonaerense.

En tanto, la diputada radical Karina Banfi manifestó: “Miembros de Juntos por el Cambio de la Comisión de Libertad de Expresión escuchamos a Guadalupe Vázquez y Gonazlo Ziver, por el acoso que están recibiendo de parte de operadores del gobierno debido al Olivos Gate”.

“Nos solidarizarnos y vamos a trabajar acciones de protección con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó.

Preocupada por la situación actual de la pandemia, con el plan estratégico de vacunación contra el Covid -19 tratando de realizarse en la actualidad y viendo cómo los periodistas enfrentan la pandemia del coronavirus como uno de los desafíos más difíciles de su profesión, la diputada nacional Ingrid Jetter (Pro – Corrientes) solicitó mediante un proyecto de resolución que se los incluya dentro de la población prioritaria para recibir la vacuna contra el Covid-19.

“Los medios constituyen un factor clave para concientizar a la población sobre la gravedad y los riesgos de la pandemia, como así también para impulsar la adopción de conductas para combatirla”, fundamentó la legisladora.

Como en otros sitios del mundo y la región, los periodistas argentinos trabajan con medidas de protección sanitarias extremas por el coronavirus. Todo ello en el contexto de la crisis económica y social que se profundiza. El periodismo y los medios son hoy más necesarios que nunca, en momentos en los que la pandemia de coronavirus afecta la vida de las personas en todos sus aspectos.

Eso expresa el proyecto de resolución, que requiere la inclusión de los profesionales de los medios de comunicación, agencias de noticias y gabinetes de prensa en la siguiente etapa de vacunación como personal esencial. “Somos conscientes de la gravedad de la situación en la que todos nos encontramos. Y también de las complicaciones que las autoridades sanitarias están afrontando en la gestión de esta pandemia, originada por el Covid-19. Hemos recibido múltiples pedidos, en particular de parte de quienes desarrollan su actividad en la calle, los más expuestos, y quienes por afecciones preexistentes o por su edad integran el grupo de mayor riesgo- vinculadas a la posibilidad de ser incluidos dentro del personal para ser inoculado con la vacuna contra el Covid-19. En esta solicitud se hace referencia al ejercicio del periodismo como “servicio esencial”, expresó Jetter.

Para la diputada nacional Ingrid Jetter lo fundamental de que los periodistas formen parte de la campaña de vacunación es, ante todo, que estén protegidos para desarrollar su actividad y que sigan llevando el mensaje a la población en un marco de seguridad para todos ellos. De allí, la importancia de recibir la vacuna.

“Todos ellos han sido incluidos dentro de los trabajadores esenciales, nunca han dejado de desempeñar su labor y hoy sería muy oportuno que a medida que se termine de vacunar a los adultos mayores de 65 años, así como se ha iniciado la vacunación de docentes y policías mayores por orden de edad y según las enfermedades preexistentes, también sean vacunados los periodistas, imprescindibles en una sociedad con libertad de expresión”, afirmó la diputada nacional.

El diputado nacional Martín Soria (Frente de Todos) se refirió este miércoles a la intención del oficialismo de crear una bicameral que controle al Poder Judicial, tras el discurso del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa. Y, en ese sentido, consideró que la comisión podría investigar “cuántas veces un periodista fue junto a un juez o un fiscal” al despacho del expresidente Mauricio Macri.

El rionegrino cuestionó que desde la oposición “se escandalizan” por la propuesta, cuando durante el gobierno de Cambiemos “los que atentaban contra la justicia eran los que invitaban a los jueces y a los fiscales al despacho de Macri. La verdad que es una impunidad total”.

“A través de la historia parlamentaria han habido muchas bicamerales. Recordemos caso IBM Nación, la AMIA, la bicameral permanente que controla y fiscaliza a los fiscales, al Ministerio Público Fiscal. Y, ¿por qué no podemos crear una comisión bicameral permanente integrada por diputados y senadores que investigue la posible comisión de delitos contra la independencia del Poder Judicial? Independencia judicial que ellos se llevaron por delante, se llevaron puesta”, expresó el legislador en diálogo con Radio 10.

Para el oficialista, “son muchas las funciones que puede tener” la bicameral, aunque aclaró -en línea con lo dicho por la ministra Marcela Losardo- que “lo que no se puede hacer en una comisión obviamente es sancionar magistrados, que es una de las funciones de tiene el Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento”.

“Pero de ahí en adelante, podemos investigar muchas cosas -prosiguió- ¿Cuántas veces fue un periodista junto con alguno de estos jueces o fiscales a solas a reunirse en el despacho del presidente Macri? ¿Por qué no podemos investigarlo? ¿Qué tienen miedo que se conozca? Ojo, muchas de estas cosas ya las estamos conociendo, ¿no?”.

Y recordó que en diciembre pasado, a través de las redes sociales, se reveló que “(Ricardo) Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, compartió una reunión con Macri y con el periodista Joaquín Morales Solá”.

“¿Qué tienen miedo? ¿Qué le preguntemos de qué hablaron en esa reunión? A ver, es obvio de lo que hablaron, porque días más tarde aparecieron las escuchas ilegales de Cristina (Kirchner) y (Oscar) Parrilli. Escuchas privadas que no tenían nada que ver con ninguna investigación penal. Bueno, ¿por qué no podemos conocer de qué hablaba en esa reunión con el expresidente con un funcionario judicial?”, completó Soria.

La Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, que preside Waldo Wolff (Pro), escuchó este miércoles el testimonio de tres periodistas que denunciaron “persecución” e intentos de “censura” por parte de dirigentes políticos, en una reunión de la que no participó el Frente de Todos.

El oficialismo decidió no asistir a la videoconferencia en rechazo al primer punto del temario, la citación a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, quien había sido convocada por segunda vez para exponer sobre la resolución 144/20, y finalmente no concurrió.

Una de las expositoras fue la periodista Guadalupe Vázquez (Radio Rivadavia, Canal 9 y LN+), quien denunció un “acoso” y un “intento de desacreditación” en las redes sociales por una información que publicó acerca de la disposición del Banco Central sobre compra de dólares y transferencias al exterior.

En primer lugar, Vázquez recordó que fue despedida en 2013 del canal C5N, luego de la compra por parte de Cristóbal López, “por no querer ser partícipe de una operación de prensa que le estaban haciendo en ese momento al gobernador (José Manuel) De la Sota”, aunque no ofreció detalles.

Con respecto a sus dichos sobre la regulación del BCRA en Twitter, relativo a lo que ella llamó “dólar terrorista”, dijo que al día siguiente de su publicación “ya había medios militantes diciendo que esto era una operación de prensa”, en particular el sitio Chequeado.

“El chequeo se hizo sobre la desmentida de un funcionario, no con documentos o especialistas”, cuestionó la periodista, y agregó que “no le permitieron el derecho a réplica”.

“A los que más les molestó que yo diera esta información es a La Cámpora”, aseguró, y agregó que a partir del hecho “el diputado (Rodolfo) Tailhade empezó a desacreditarme”.

Por su parte, Carlos Eguia, periodista de la radio Cadena Uno de Neuquén, denunció que desde 2017 sufre una “persecución” por parte de Guillermo Pereyra, exsenador nacional y secretario general del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa.

Eguia advirtió que Pereyra es “un hombre muy poderoso” que “si quiere puede parar el país, porque nos corta todo Vaca Muerta. Es (Hugo) Moyano multiplicado por cuatro”.

Recordó que hace tres años, el dirigente gremial le inició una acción penal por calumnias e injurias por una investigación que Eguia leyó en la radio, correspondiente al diario Río Negro, que “era absolutamente veraz”.

El periodista destacó que ganó el juicio en primera y segunda instancia, y finalmente también obtuvo un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén.

Eguia señaló que los periodistas del interior “no tienen tanta espalda” como los de Buenos Aires y en ese sentido destacó que “el único que puso la cara” por él fue “Baby” Etchecopar, que también estaba convocado a la reunión de comisión, pero no concurrió.

Luego expuso Ariel Barrios, periodista de Salta, quien a fines de junio fue multado con 40.000 pesos por el intendente de Pichanal, Sebastián Domínguez, por haber publicado dos “fake news” en su cuenta de Facebook sobre casos de Covid-19 que finalmente fueron verificados.

“Esto parece sacado del siglo XVII, donde te penaban por hablar en contra del rey. Él (por Domínguez) representa la suma del poder público, él te juzga y él te multa”, graficó Barrios, y dijo que a pesar de que el Concejo Deliberante derogó de manera retroactiva la ordenanza en cuestión, la multa “sigue en pie”. “Afrontar esta multa me llevaría prácticamente un mes y medio de sueldo”, advirtió.

Otro de los participantes de la reunión fue Daniel Dessein, de ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), que advirtió: “Nunca tuvimos tanta atención como en estos meses, pero al mismo tiempo nuestros ingresos se han derrumbado de manera inversamente proporcional” y “empiezan a caer medios” como en Brasil (30) y en México (27).

Dessein observó que la pandemia generó “un contexto donde se ha enrarecido muchísimo el clima”.

Además, habló de un “intento se confundir periodistas con sus fuentes” y aludió al caso de Luis Majul, que “hizo que todos a quienes nos preocupa la libertad de expresión siguiéramos el caso con muchísima atención”.

Un grupo de diputados del interbloque de Juntos por el Cambio presentó este lunes un escrito ante la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar su opinión con respecto a la “persecución judicial” que sufrirían algunos periodistas de nuestro país.

“Cumplimos en informar y poner en conocimiento a la CIDH los últimos acontecimientos que tensionan el principio de libertad de expresión, al cual la Argentina se ha obligado a respetar por formar parte del Pacto de San José de Costa Rica”, afirmó la diputada Karina Banfi (UCR), una de las firmantes de la carta.

En la misiva enviada a Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de dicho organismo, los diputados citaron los comunicados que emitieron diferentes organismos que nuclean a los periodistas en Argentina y en la región, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Academia Nacional de Periodismo, ADEPA y FOPEA, quienes “alertaron sobre la gravedad de los últimos acontecimientos en relación a los incansables intentos de atentar contra este derecho que es un pilar para el sistema democrático en la región”.

Asimismo, los legisladores indicaron: “Ponemos en su conocimiento esta situación a efectos de tomar intervención y eventualmente aconsejar el dictado de las medidas pertinentes para impedir el avance contra el derecho a la libertad de expresión, haciendo cesar todo acto o manifestación que la cercene”.

Banfi denunció que “son inaceptables los intentos por coartar las libertades. Atentar contra la libertad de prensa afecta el derecho humano del acceso a la información y el ejercicio de otros derechos. La persecución a periodistas era cosa del pasado, pero parece que debemos seguir luchando”.

También agregó que “es una situación grave lo que está ocurriendo, se trata de una campaña de desprestigio contra los periodistas que se dedican a investigar los hechos de corrupción vinculados al kirchnerismo”.

“Reclamar por la libertad de expresión no es un tema de índole local, los derechos humanos se defienden con el apoyo de la región y el Sistema Interamericano” finalizó la diputada Banfi en referencia a los argumentos por los cuales decidieron recurrir a la CIDH.

El documento lleva las firmas de los diputados Luis Petri, Waldo Wolff, Graciela Ocaña, Ingrid Jetter, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Gerardo Cipolini, Martín Grande, Claudia Najul, Soher El Sukaria y Jorge Vara.

El diputado radical Luis Petri adelantó, a través de su cuenta de Twitter, que realizará una denuncia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), por “la persecución a periodistas” en Argentina, a raíz de las versiones sobre la posibilidad de que periodistas sean detenidos en el marco de la causa sobre espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Vamos a presentar una denuncia ante la @OEA_oficial por la persecución a periodistas en el país, con @WolffWaldo, Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión y diputados de Juntos por el Cambio. No hay República ni Democracia posible sin una prensa libre!”, escribió el mendocino.

Las declaraciones de Marcelo Longobardi al canal TN, sobre la posibilidad de la detención de “uno o dos periodistas”, encendió las alarmas de la oposición. “Que se entienda de una vez, el periodismo investiga, consulta fuentes, chequea datos y hace notas, eso no es espionaje, eso es libertad de prensa en un país democrático. No a la persecución de periodistas!”, agregó Petri.

Además, criticó al Gobierno nacional y lo comparó con Venezuela: “Persecución y escarches a periodistas; intervención y expropiaciones de empresas; ataques al campo; Superpoderes y restricción a Derechos constitucionales por DNU. Asfaltando el camino a Venezuela!”.

En tanto, referentes de Juntos por el Cambio firmaron un comunicado en el cual manifestaron su “preocupación ante la posibilidad de que la Justicia impute a periodistas en una causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal” y sostuvieron que “la persecución penal de miembros de la prensa constituye un atropello que no tiene precedentes desde el regreso de la democracia en 1983”.

Los referentes de Juntos por el Cambio advirtieron este viernes sobre una “persecución penal de periodistas” que “constituye un atropello sin precedentes desde el regreso de la democracia”, tras las declaraciones de Marcelo Longobardi, quien sostuvo que podrían producirse detenciones de periodistas en el marco de la causa sobre presunto espionaje ilegal durante el macrismo.

La coalición opositora manifestó su “preocupación ante la posibilidad de que la Justicia impute a periodistas en una causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal. La persecución penal de miembros de la prensa constituye un atropello que no tiene precedentes desde el regreso de la democracia en 1983”.

“La tarea de la prensa es investigar, indagar y dar a conocer libremente cualquier información. Por eso sostenemos que cualquier causa judicial, motorizada por sectores del poder, contra periodistas por realizar su trabajo es un atentado a la libertad de expresión y a la democracia toda. Además, funciona como un claro mensaje para sembrar el temor y la autocensura de los trabajadores de prensa y los medios de comunicación”, enfatizaron mediante un comunicado.

Además, remarcaron que “la posibilidad de detención de periodistas -de la que dan cuenta algunos medios de alcance nacional- se da en consonancia con declaraciones sumamente preocupantes de miembros del Gobierno nacional y de encumbrados dirigentes oficialistas que, en vídeos profusamente difundidos por redes sociales, han llegado a hablar de ‘asociaciones ilícitas’ entre periodistas de investigación y la Agencia Federal de Inteligencia”.

“Estas declaraciones no son únicamente un nuevo embate del kirchnerismo contra la prensa, observamos que vienen peligrosamente de la mano de un intento de criminalización de periodistas como llevan adelante los más rancios gobiernos autoritarios”, agregaron.

Por último, los opositores afirmaron que hacen suyas las declaraciones y advertencias recientes de la Academia de Periodismo, FOPEA y ADEPA.

El comunicado fue firmado por los presidentes de los tres partidos que integran la coalición, Patricia Bullrich (Pro), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI); los jefes del interbloque Juntos por el Cambio Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado); y los presidentes de los bloques Pro Cristian Ritondo (Diputados) y Humberto Schiavoni (Senado).