Reunidos en Washington, desde el Foro señalaron que “Argentina está 98 entre 180 países en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional y ha descendido 36 lugares en los últimos cuatro años”.
El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) fue elegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sobre la independencia judicial.
Durante la audiencia, que tuvo lugar en la sede de la CIDH en Washington, el doctor Marcelo de Jesús, en representación de Fores expuso que el principal problema de la Justicia en Argentina es “la constante obstrucción de la política en busca de impunidad para los actos de corrupción gubernamental”.
“Esto resulta particularmente grave, ya que diversos estudios vinculan a la corrupción con los incrementos de los índices de pobreza que, en nuestro país, ya superan el 50%”, agregó.
El Foro detalló que “Argentina está 98 entre 180 países en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional y ha descendido 36 lugares en los últimos cuatro años”.
“Pese a que en el país se registran condenas a vicepresidentes, ministros y otros funcionarios, sólo el 6% de las causas por corrupción llega a juicio, mientras que el resto no supera la etapa de investigación”, informaron.
En la audiencia, FORES propuso además un seguimiento de la Carta Democrática Interamericana, del efectivo funcionamiento de la división de poderes y la independencia judicial y que se insista en que la Justicia decomise el producto de la corrupción. Y destacó la relación entre las obstrucciones a la independencia judicial, la corrupción y la pobreza.
Entre las obstrucciones de la política a la Justicia, De Jesús mencionó:
En la presentación colaboró el equipo de investigación de Fores integrado por los doctores María de los Ángeles De Seta Acosta y Joaquin Vergara Fornari.
Francisco Paoltroni es autor de una presentación judicial y reaccionó ante el fallo que inhabilita a Evo Morales para volver a ser candidato.
El Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia anuló la potestad de la reelección indefinida en un dictamen que inhabilita al expresidente Evo Morales a presentarse a las elecciones de 2025 al haber ejercido durante tres períodos continuos entre 2006 y 2019.
La medida llevó al expresidente a acusar al presidente Luis Arce de tramar “un plan negro” para sacarlo de la carrera presidencial de 2025. Pero también a un senador argentino a reclamar la atención de la Corte Suprema de Justicia por un pedido suyo contra la reelección indefinida en Formosa.
Es que la sentencia, que a grandes rasgos estipula que la reelección indefinida “no es un derecho humano”, fue emitida a raíz de una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sin posibilidad de apelación, y anula un dictamen emitido por el mismo Constitucional en 2017.
Concretamente, la sentencia especifica que un presidente, vicepresidente, diputados o senadores no pueden ejercer más de dos mandatos, ya sea de forma continua o discontinua. El dictamen incluye a también gobernadores y alcaldes que hayan sido electos desde la entrada en vigor del actual texto constitucional, es decir, el año 2009.
El senador nacional de La Libertad Avanza Francisco Paoltroni expresó a partir de esto que “esta sentencia va en la misma dirección de lo que decimos y la postura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
“Esperamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación tome nota y se expida cuanto antes sobre la presentación del caso Formosa”, concluyó el senador formoseño, que
El fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, que inhabilita la candidatura de Evo Morales, es otro ejemplo más de la lucha de los pueblos para terminar con las reelecciones indefinidas de quienes quieren perpetuarse en el poder.
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— Francisco Paoltroni (@PaoltroniF) December 30, 2023
Una década después de una condena del organismo internacional, en el Senado comienzan a discutir una reforma del Código Penal. Cuál fue el caso desencadenante.
Seis meses después de haber recibido el presidente Alberto Fernández el anteproyecto elaborado por una comisión creada para tal fin, arranca finalmente en el Senado el debate de un proyecto de ley para modificar el Código Penal con el fin de tipificar las conductas conocidas como “compra” y “venta” de niños, niñas, y de las concernientes a la intermediación de tales hechos.
La iniciativa ingresó a la Cámara alta el pasado 23 de agosto, pero ya en el mes de abril el tema había sido expuesto públicamente cuando se realizó en Casa Rosada un acto en el cual el presidente Alberto Fernández recibió esa iniciativa. Del mismo participaron el ministro de Justicia, Martín Soria, y los secretarios, de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; y de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; además de la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, entre otras autoridades.
Estuvieron presentes en el encuentro además la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panzi, y el secretario adjunto de la Corte Interamericana, Jorge Humberto Mesa Flores.
También estuvieron la defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham y la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.
En esa ocasión se anticipó que la sanción del proyecto permitirá adecuar la legislación nacional a los tratados internacionales y dar cumplimiento a la sentencia de la CIDH que condenó a la Argentina en el caso “Fornerón e hija” en el año 2012.
El episodio disparador de esta iniciativa sucedió hace 22 años, a partir de la entrega en guarda de una beba recién nacida por parte de su madre, sin conocimiento del padre. A raíz del mismo, hace 10 años, el 27 de abril del 2012, la CIDH condenó a la Argentina y declaró que el país fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la familia de Fornerón y de su hija.
En su fallo, el organismo multilateral le requirió al Estado argentino que adopte la legislación penal necesaria para que la adopción ilegal o la venta de niños y niñas “constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales”.
La presentación en Casa Rosada se realizó precisamente al cumplirse justamente una década de esa demanda.
Este miércoles a partir de las 12.30, el tema comenzará a ser discutido en el seno de la Comisión de Justicia que preside el neuquino Oscar Parrilli, en cuyo marco se tratarán, además del proyecto del Ejecutivo, otros dos: uno oficialista y otro de Juntos por el Cambio.
Uno es del chaqueño Antonio Rodas (Frente de Todos), que agrega el artículo 145 quater al Código Penal de la Nación, que introduce de manera explícita el delito de compra-venta de niños o niñas recién nacidos hasta los doce meses de edad.
El otro es de la senadora santafesina Carolina Losada (UCR), que modifica el art. 139 del Código Penal de la Nación tipificando la sustracción y/o comercialización de menores de edad.
A la reunión han sido invitados a exponer Leonardo Fornerón, actor y damnificado en la causa “Fornerón e hija vs. Argentina” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Marisa Graham, defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación, y Margarita Nicoliche, abogada interviniente en el proceso internacional de la causa Fornerón.
El caso Fornerón refiere a un hecho que se inicia con el nacimiento de “M”, el 16 de junio de 2000. M es hija de Diana Elizabeth Enríquez y de Leonardo Aníbal Javier Fornerón.
Precisamente este último no tuvo conocimiento del embarazo sino hasta avanzado el mismo y, una vez enterado de ello, preguntó varias veces a la señora Enríquez si él era el padre, lo cual fue negado por la madre en toda ocasión.
Al día siguiente del nacimiento, la madre biológica entregó su hija en guarda provisoria con fines de adopción al matrimonio “B-Z”, en presencia del defensor de Pobres y Menores Suplente de la ciudad de Victoria, quien dejó constancia de ello en un acta formal.
Tras el nacimiento de M, y ante las dudas sobre el paradero de la niña y sobre su paternidad, Leonardo Fornerón acudió ante la Defensoría de Pobres y Menores, manifestando que deseaba, si correspondía, hacerse cargo de la niña.
Un mes después del nacimiento de M. el señor Fornerón reconoció legalmente a su hija.
El 1 de agosto de 2000 el matrimonio B-Z solicitó la guarda judicial de M. En el procedimiento judicial sobre la guarda, Leonardo Fornerón fue llamado a comparecer ante el juez, y en la audiencia manifestó en todo momento su oposición a la guarda y requirió que la niña le fuera entregada. Asimismo, se practicó una prueba de ADN que confirmó su paternidad.
El 17 de mayo de 2001 el juez de Primera Instancia otorgó la guarda judicial de la niña al matrimonio B-Z, e indicó que se podría instrumentar en un futuro un régimen de visitas para que el padre pudiera mantener contacto con la niña.
El señor Fornerón recurrió la sentencia, y ésta fue revocada en apelación dos años después. El matrimonio B-Z interpuso un recurso de inaplicabilidad de ley contra esta decisión.
El 20 de noviembre de 2003 el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, declaró procedente el recurso, revocó la decisión de la Cámara y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia.
Finalmente, el 23 de diciembre de 2005 se otorgó la adopción simple de M. al matrimonio B-Z.
El anteproyecto en base al cual el Gobierno elaboró el texto definitivo que comenzará a debatirse en el Senado fue elaborado en conjunto entre funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y organismos de derechos humanos.
Participaron en la redacción del mismo el propio Fornerón; las comisiones de Justicia del Senado, presidida por Oscar Parrilli, y de Legislación Penal de Diputados, a cargo entonces de la entrerriana Carolina Gaillard; el Comité Consultivo del Registro de Adoptantes, la secretaría de DDHH, UNICEF, Abuelas de Plaza de Mayo, el Ministerio Público, la Defensora de los niños, niñas y adolescentes y la SENNAF.
El anteproyecto prevé incorporar 3 figuras penales que sancionan la compra y venta de niños, niñas y adolescentes e incorpora la adopción irregular al Código Penal. De ese modo, la iniciativa alcanza a todos los actores que participan de la secuencia del delito, incluidos los promotores, facilitándoles e intermediarios.
El texto establece la competencia de la Justicia Federal para estos delitos, debido al carácter interprovincial de los mismos, e incorpora previsiones referidas a la prescripción de los delitos.
Cabe consignar que la Asociación de Abuelas de Plaza Mayo revisó el trabajo para que no colisione con el delito de apropiación ilegal de niños perpetrado por la última dictadura.
Junto al ministro de Justicia y las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el presidente recibió el anteproyecto de ley sobre este tema.
El presidente Alberto Fernández recibió este jueves, en Casa Rosada, el anteproyecto de ley que tipifica la compra-venta y la adopción ilegal de niños, niñas y adolescentes, y lo incorpora al Código Penal.
El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Martín Soria, y los secretarios, de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, y de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner; además de la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Julissa Mantilla Falcón, entre otras autoridades.
La sanción del proyecto permitirá adecuar la legislación nacional a los tratados internacionales y dar cumplimiento a la sentencia de la CIDH que condenó a la Argentina en el caso “Fornerón e hija” en el año 2012.
Hace 10 años, el 27 de abril del 2012, la Corte condenó a la Argentina y declaró que el país fue responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la protección de la familia de Fornerón y de su hija.
En su fallo, el organismo multilateral le requirió al Estado argentino que adopte la legislación penal necesaria para que la adopción ilegal o la venta de niños y niñas “constituya una infracción penal, de conformidad con los estándares internacionales”.
Este jueves, el presidente recibió el anteproyecto de ley elaborado en conjunto entre funcionarios del Gobierno nacional, legisladores y organismos de derechos humanos. Participaron en la redacción del mismo el propio Fornerón, las comisiones de legislación penal de ambas cámaras del Congreso, presididas por el senador Oscar Parrilli y la diputada Carolina Gaillard, el Comité Consultivo del Registro de Adoptantes, la secretaría de DDHH, UNICEF, Abuelas de Plaza de Mayo, el Ministerio Público, la Defensora de los niños, niñas y adolescentes y la SENNAF.
El anteproyecto prevé incorporar 3 figuras penales que sancionan la compra y venta de niños, niñas y adolescentes e incorpora la adopción irregular al Código Penal. De ese modo, la iniciativa alcanza a todos los actores que participan de la secuencia del delito, incluidos los promotores, facilitándoles e intermediarios.
Asimismo, el texto establece la competencia de la Justicia Federal para estos delitos, debido al carácter interprovincial de los mismos, e incorpora previsiones referidas a la prescripción de los delitos.
La Asociación de Abuelas de Plaza Mayo revisó el trabajo para que no colisione con el delito de apropiación ilegal de niños perpetrado por la última dictadura.
Estuvieron presentes en el encuentro además la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panzi, y el secretario adjunto de la Corte Interamericana, Jorge Humberto Mesa Flores.
Además de los miembros del Gabinete, participaron de la reunión la Defensora de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes, Marisa Graham y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.
Luego de que dos concejalas fueran detenidas -y luego liberadas- por participar de una manifestación contra las medidas aplicadas por el gobernador Insfrán, los líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio llevaron el planteo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Luego de que dos concejalas fueran detenidas por participar de una manifestación debido a la crítica situación en los centros de aislamiento de Formosa, los líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff y Mario Negri, accionaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los radicales solicitaron una medida cautelar con el objetivo de revertir la situación de las personas que permanecen aisladas en la provincia gobernada por Gildo Insfrán, quien aplicó duras medidas sanitarias en el marco de la pandemia del Covid-19.
En la presentación, los legisladores solicitaron que las personas infectadas y sus contactos estrechos puedan realizar la cuarentena en sus domicilios, en lugar de ser aislados compulsivamente en centros que se encuentran colapsados.
Según describen, en esos establecimientos “no se cumple con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y confort, además de no realizar un efectivo aislamiento entre pacientes contagiados y contactos estrechos que podrían no estar contagiados, lo que facilita el contagio de la enfermedad”.
“La presentación tiene por objetivo revertir las groseras violaciones a los derechos fundamentales de las personas que permanecen aisladas y terminar con las amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de integridad de los formoseños para que puedan realizar la cuarentena en sus domicilios”, explicó Naidenoff.
A su vez, Negri advirtió que “lo que sucede en Formosa es cada vez más grave e intolerable: violencia, autoritarismo y violaciones de derechos humanos de parte del gobernador ejemplar de Alberto Fernández, que ahora ya directamente detiene a opositores”. “Convirtieron a la cuarentena en un plan de gobierno”, lamentó.
La preocupación escaló este jueves cuando las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz fueron detenidas por participar de una protesta en la puerta de la Escuela N° 18 de Formosa, que funciona como centro de aislamiento.
1) El cese inmediato todo acto, hecho u omisión reputados lesivos de derechos fundamentales.
2) Se ordene a la provincia de Formosa que se abstenga de alojar de manera compulsiva a las personas COVID-19 positivas o a sus contactos estrechos en los centros de aislamiento, disponiéndose que el aislamiento de estas personas sea llevado a cabo en los domicilios.
3) Se constate in-situ las condiciones de aislamiento de las personas alojadas en los centros de aislamiento de la provincia de Formosa a fin de determinar la existencia de la vulneración de sus derechos humanos o de existencia de violencia institucional por parte del gobierno de la provincia de Formosa.
4) Se proteja a las personas aisladas de manera tal que el ejercicio de sus derechos a través de esta presentación no les genere inconvenientes laborales, y que las autoridades de la provincia de Formosa se abstengan de realizar acciones estigmatizantes.
5) Que el Estado argentino garantice el acceso a asesoramiento jurídico y la asistencia psicosocial a víctimas de las violaciones a los derechos humanos.
6) Oportunamente se dispongan las medidas necesarias a fin de que se corrijan las condiciones en que se cumplen las medidas sanitarias de aislamiento sanitario en la provincia de Formosa.
Junto a un grupo de excancilleres de la región, el senador oficialista emitió un comunicado, en el que se advierte por la independencia y autonomía del órgano de derechos humanos.
Ante las manifestaciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto de informes privados, reservados y confidenciales para atacar la integridad moral, independencia y autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un grupo de excancilleres -entre ellos el senador oficialista Jorge Taiana- emitieron un comunicado.
En el texto, le realizan “un llamado para que se abstenga de intervenir en el proceso de selección de su secretario ejecutivo, respete las normas interamericanas en su conjunto y, en lo fundamental, respete la decisión unánime que adoptó la CIDH el 9 de enero del 2020 de prorrogar el mandato de su secretario ejecutivo, Paulo Abrao”.
“En conformidad con la práctica de respeto a las decisiones y opinión de los comisionados de la CIDH, el secretario general no debe interferir en la autonomía e independencia de los organismos que han sido dotados de esas capacidades, de lo contrario se configuraría una ilegítima intervención sin fundamento, menoscabando así la independencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, indicaron.
Los excancilleres de países latinoamericanos resaltaron que “según al artículo 11 del Reglamento para el funcionamiento de la CIDH, el proceso para identificar al candidato para la designación de su secretario ejecutivo lo realiza la propia CIDH”. “Es por ello que, en cumplimiento de la costumbre internacional, usos y costumbres que rigen esta materia hace más de veinte años y en las normas interamericanas, el secretario general no decide sobre la continuidad del secretario ejecutivo de la CIDH”, explicaron.
Y agregaron que “esto último hace hincapié en la importancia que la CIDH deposita en su secretario ejecutivo y que hace al buen funcionamiento de los organismos independientes del Sistema Interamericano”.
“De acuerdo con las normas interamericanas, el contrato del secretario ejecutivo puede ser terminado por pérdida de confianza, pero para ello el secretario general debe consultar con la CIDH e informarle los motivos. Es decir, que debe contar con la aprobación de los comisionados de la CIDH para que se efectivice la separación del cargo”, señalaron.
Finalmente, expresaron: “Con el compromiso puesto en la defensa de los derechos humanos en la región, rechazamos toda interferencia en el proceso de designación del secretario ejecutivo. Estas atribuciones resultan indispensables para que la CIDH pueda llevar a cabo su mandato de manera independiente y autónoma y cumpla así con los altos objetivos para los que fue creada”.
Además de Taiana, firmaron los excancilleres David Choquehuanca (Bolivia); Celso Amorín (Brasil); Guillaume Long, Ricardo Patiño (Ecuador); Hugo Martínez (El Salvador); Fernando Carrera (Guatemala); Patricia Rodas (Honduras); Jorge Lara Castro (Paraguay); y Rodolfo Nin Novoa (Uruguay).
La senadora nacional radical presentó un pedido de informes para que el PEN explique sobre las medidas adoptadas a fin de cumplir con los reclamos de la CIDH sobre la desaparición de Facundo Astudillo Castro.
La senadora nacional radical Silvia Giacoppo presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo Nacional -a través del organismo que corresponda- informe sobre las medidas adoptadas a fin de cumplir con la Resolución 43/2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en virtud de la medida cautelar presentada por Adolfo Pérez Esquivel y Roberto F. Cipriano García, de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, instando a la Comisión que “requiera a la República Argentina que proteja los derechos de Facundo José Astudillo Castro, quien se encuentra desaparecido desde el 30 de abril de 2020, cuando se trasladaba a otra ciudad y fue detenido por agentes policiales por violar la cuarentena impuesta por la pandemia de Covid 19”.
Detalla la senadora, al fundamentar su pedido, que “el caso de Facundo José Astudillo Castro, denunciado a partir del 30 de abril de 2020 nos interpela, puesto que como sociedad no podemos naturalizar ni permitir la desaparición de personas, y mucho menos bajo la presunción de que fue a causa de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad durante la pandemia”.
“No podemos desconocer la triste y grave rémora que conlleva para nuestro pueblo la palabra ‘desaparecido’ lo cual obliga por sí solo al Estado, más allá, incluso de sus ineludibles obligaciones legales, a adoptar todas las medidas que estén a su alcance para ponerle fin a estos hechos aberrantes, y que de una vez por todas el ‘Nunca más’ no se transforme en un concepto a alcanzar, sino en una realidad, sin excepciones”, agrega Giacoppo.
El pasado 20 de julio de 2020, Adolfo Pérez Esquivel y Roberto F. Cipriano García, de la Comisión Provincial por la Memoria interpusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares instando a que requiera a la República Argentina que proteja los derechos de Facundo José Astudillo Castro.
La CIDH solicitó información al Estado argentino sobre la desaparición de Facundo José Astudillo Castro, y en función a las respuestas recibidas dictó la Resolución 47/2020, por la que entendió que, en principio, se reunían en este caso los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su Reglamento.
Por tal razón le solicitó al Estado de Argentina que: a) adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Facundo José Astudillo Castro, con el fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal. En este sentido, la Comisión insta al Estado a garantizar acciones efectivas de búsqueda a través de sus mecanismos especializados y creados para tales efectos; b) concierte las medidas a adoptarse con los familiares y representantes del beneficiario; y c) implemente las acciones tendentes a investigar los hechos que motivaron el otorgamiento de esta medida cautelar y evitar así su repetición. 34. La Comisión solicita al Estado de Argentina que informe, dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica. 35. La Comisión resalta que, de acuerdo con el artículo 25 de su Reglamento, el otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre violación alguna a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.
Destaca Giacoppo que para llegar a tal conclusión la CIDH entendió que “…, teniendo en cuenta las características específicas del presente asunto, y a la luz del criterio de apreciación prima facie del mecanismo de medidas cautelares, la Comisión considera que los derechos a la vida e integridad personal de Facundo José Astudillo Castro se encuentran en una situación de grave riesgo, en la medida que no se conoce su destino o paradero hasta la fecha; que respecto al requisito de la urgencia entiende que más de tres meses de la desaparición (del propuesto beneficiario) y alrededor de dos meses de investigaciones, la Comisión observa que no se contaría con información sustancial en la actualidad sobre su destino o paradero”.
Y, además, señala que “en cuanto al requisito de irreparabilidad, la Comisión estima que se encuentra cumplido, en la medida que la posible afectación al derecho a la vida e integridad personal constituye la máxima situación de irreparabilidad”.
“En vista de lo anterior la Comisión considera pertinente reiterar que el Estado tiene la obligación de determinar el paradero del joven Astudillo Castro, así como de esclarecer las causas de su alegada desaparición y procesar y sancionar a todas las personas que sean responsables”, indica.
“Señalado todo ello y en virtud de la responsabilidad asumida por el Estado argentino en materia de derechos humanos, el Congreso debe contribuir a garantizar el cumplimiento efectivo de los Tratados Internacionales incorporados a la Constitución Nacional por el art. 75 inc. 22, de allí es que entendemos es nuestra obligación de verificar el cumplimiento a las requisitorias de la CIDH, y conocer las acciones que se llevan a cabo con el objeto de garantizar los derechos humanos de sus habitantes”, concluye Giacoppo.
Representantes de Juntos por el Cambio enviaron una nota al relator para la Libertad de Expresión de ese organismo.
Un grupo de diputados del interbloque de Juntos por el Cambio presentó este lunes un escrito ante la Relatoría de Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar su opinión con respecto a la “persecución judicial” que sufrirían algunos periodistas de nuestro país.
“Cumplimos en informar y poner en conocimiento a la CIDH los últimos acontecimientos que tensionan el principio de libertad de expresión, al cual la Argentina se ha obligado a respetar por formar parte del Pacto de San José de Costa Rica”, afirmó la diputada Karina Banfi (UCR), una de las firmantes de la carta.
En la misiva enviada a Edison Lanza, relator para la Libertad de Expresión de dicho organismo, los diputados citaron los comunicados que emitieron diferentes organismos que nuclean a los periodistas en Argentina y en la región, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Academia Nacional de Periodismo, ADEPA y FOPEA, quienes “alertaron sobre la gravedad de los últimos acontecimientos en relación a los incansables intentos de atentar contra este derecho que es un pilar para el sistema democrático en la región”.
Asimismo, los legisladores indicaron: “Ponemos en su conocimiento esta situación a efectos de tomar intervención y eventualmente aconsejar el dictado de las medidas pertinentes para impedir el avance contra el derecho a la libertad de expresión, haciendo cesar todo acto o manifestación que la cercene”.
Banfi denunció que “son inaceptables los intentos por coartar las libertades. Atentar contra la libertad de prensa afecta el derecho humano del acceso a la información y el ejercicio de otros derechos. La persecución a periodistas era cosa del pasado, pero parece que debemos seguir luchando”.
También agregó que “es una situación grave lo que está ocurriendo, se trata de una campaña de desprestigio contra los periodistas que se dedican a investigar los hechos de corrupción vinculados al kirchnerismo”.
“Reclamar por la libertad de expresión no es un tema de índole local, los derechos humanos se defienden con el apoyo de la región y el Sistema Interamericano” finalizó la diputada Banfi en referencia a los argumentos por los cuales decidieron recurrir a la CIDH.
El documento lleva las firmas de los diputados Luis Petri, Waldo Wolff, Graciela Ocaña, Ingrid Jetter, Roxana Reyes, Lorena Matzen, Gerardo Cipolini, Martín Grande, Claudia Najul, Soher El Sukaria y Jorge Vara.
Desde Juntos por el Cambio insisten en cuestionar lo admitido por la ministra de Seguridad respecto del seguimiento que hacen de las redes las fuerzas de seguridad.
Diputados nacionales del interbloque de Juntos por el Cambio solicitaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se pronuncie sobre las declaraciones que realizó la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, sobre el “cyberpatrullaje” que realizan las fuerzas de seguridad en las redes sociales para medir el “humor social” de los argentinos en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Covid-19.
En la misiva enviada a Edison Lanza, titular de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, los diputados de la oposición manifestaron que “hemos elevado un pedido de informes al gobierno nacional y, en cumplimiento de nuestro deber de funcionarios y funcionarias públicas, hemos decidido elevar la presente nota a vuestra honorable Comisión”.
Allí, destacaron que “lo preocupante de esta afirmación (la que confirma que todas las fuerzas realizan cyberpatrullajes) -y sus consecuentes acciones- es que, en forma clara y directa, expresa la vocación del Poder Ejecutivo Nacional por auscultar las opiniones de ciudadanas y ciudadanos, con el potencial efecto de censura previa que esto puede provocar”.
Por otro lado, afirmaron que “estos acontecimientos recientes tensionan el principio de Libertad de Expresión al cual la Argentina se ha obligado a respetar en tanto Estado parte del Pacto de San José de Costa Rica, más aún considerando que este tratado de derechos humanos tiene rango constitucional en el territorio nacional desde el año 1994”.
También, agregaron que las afirmaciones de la ministra Frederic constituyen una violación a la Ley de Inteligencia Nacional y a la Declaración de Chapultepec, como así también a documentos emitidos por la CIDH.
La carta, que fue enviada en el transcurso de la mañana, lleva las firmas de las autoridades de las comisiones de Comunicaciones e Informática, Karina Banfi; Libertad de Expresión, Waldo Wolff ; Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna; y Seguridad Interior, Álvaro de Lamadrid.
