El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) fue elegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sobre la independencia judicial.

Durante la audiencia, que tuvo lugar en la sede de la CIDH en Washington, el doctor Marcelo de Jesús, en representación de Fores expuso que el principal problema de la Justicia en Argentina es “la constante obstrucción de la política en busca de impunidad para los actos de corrupción gubernamental”.

“Esto resulta particularmente grave, ya que diversos estudios vinculan a la corrupción con los incrementos de los índices de pobreza que, en nuestro país, ya superan el 50%”, agregó.

El Foro detalló que “Argentina está 98 entre 180 países en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional y ha descendido 36 lugares en los últimos cuatro años”.

“Pese a que en el país se registran condenas a vicepresidentes, ministros y otros funcionarios, sólo el 6% de las causas por corrupción llega a juicio, mientras que el resto no supera la etapa de investigación”, informaron.

En la audiencia, FORES propuso además un seguimiento de la Carta Democrática Interamericana, del efectivo funcionamiento de la división de poderes y la independencia judicial y que se insista en que la Justicia decomise el producto de la corrupción. Y destacó la relación entre las obstrucciones a la independencia judicial, la corrupción y la pobreza.

Entre las obstrucciones de la política a la Justicia, De Jesús mencionó:

• El asesinato del Fiscal Federal Alberto Nisman en 2015, quien se encontraba investigando un caso de lesa humanidad.
• Las interferencias de la política partidaria en los órganos de control, tales como los intentos de incrementar desproporcionadamente la representación del estamento político en el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección de jueces y el intento de remoción y cambio del sistema de designación del Procurador General de la Nación, cabeza del Ministerio Público.
• La búsqueda de amedrentar la acción de fiscales y jueces a través de declaraciones públicas. Por ejemplo, cuando un presidente declara que las investigaciones de la contratación pública es materia no justiciable o cuando le “desea” a un Fiscal que no le pase lo mismo que al mencionado Nisman.
• Los intentos de cooptación del Poder Judicial y del Ministerio Público a través del dictado de leyes de jubilación de privilegio, con la intención de vaciar el Poder Judicial y aprovechar dicho vaciamiento para la designación “provisoria” de jueces y fiscales sin estabilidad y, por ende, más vulnerables a las presiones políticas. Cabe destacar que en Argentina el 25% de esos cargos se encuentra vacante.
• La ideologización y partidización de la Justicia a través de la narrativa del lawfare

En la presentación colaboró el equipo de investigación de Fores integrado por los doctores María de los Ángeles De Seta Acosta y Joaquin Vergara Fornari.

La asociación civil FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) cuestionó el proyecto de reforma judicial en tratamiento en el Senado de la Nación, y sostuvo que “pareciera enfocada en favorecer a personas que se encuentran actualmente bajo proceso judicial, adolece de falta de transparencia y participación de las instituciones especializadas en Justicia y avanza en la persecución de la disidencia y de la libertad de expresión, conducta que disminuye el espacio de los derechos individuales”. 

Para discutir estos y otros aspectos de la iniciativa en tratamiento, FORES busca convocar a personalidades para que contribuyan al debate público de los objetivos presidenciales planteados en el Decreto 635/2020. 

Con ese fin se constituyó un consejo consultivo que habrá de dictaminar sobre la reforma judicial lanzada por el Gobierno nacional. Sus integrantes analizarán, “desde una perspectiva técnica y con total independencia”, los mismos temas sobre los que trabaja la Comisión designada por el presidente de la Nación.  

A la convocatoria de FORES han adherido el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de magistrados/as y funcionarios/as del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina (ADePRA) y las agrupaciones de abogados Bloque Constitucional y Será Justicia. 

El Consejo Consultivo lo integran las siguientes personas: Susana Cayuso, Manuel García Mansilla, Miguel Ángel Caminos, Silva Palacio de Caeiro, Alberto Garay, Enrique V. del Carril, Estela Sacristán, Daniel Ostropolsky, Hernán Munilla Lacasa y Héctor M. Chayer, con la coordinación de María Lorena González Tocci.