FORES planteó que las designaciones de integrantes de la Corte “en comisión” son constitucionales, pero pidió a la Corte que no incorpore a Lijo si no renuncia a su cargo de juez federal.
A más de un año de gobierno y habiendo enviado una propuesta de candidatos que el Senado de la Nación no ha tratado en sus sesiones ordinarias ni en las extraordinarias convocadas a tal fin, el presidente de la Nación ha decidido designar como ministros de la Corte Suprema de Justicia (en comisión) a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla. Y con estas designaciones completó su conformación.
La Constitución permite estos nombramientos, que poseen como límite de vigencia, la finalización del próximo periodo legislativo, a menos que obtengan el previo acuerdo del Senado.
Desde Fores no tienen dudas de la potestad constitucional del presidente de la Nación para realizar nombramientos en comisión durante el receso del Congreso. “En el caso concreto, la falta de pronunciamiento del Senado a casi un año de la presentación de los pliegos contribuye a justificar la decisión presidencial, más allá de toda consideración política sobre la oportunidad de lo resuelto”, señalan desde Fores.
Ante estas designaciones, Fores se interroga: ¿dependen éstas de que la Corte tome juramento a los designados? ¿Podría oponerse la Corte a tomarles el juramento correspondiente? En opinión de Fores, la Corte Suprema sólo podría oponerse a tomar juramento a los designados en comisión, en caso de verificarse que alguno de ellos no cumpla con los requisitos constitucionales para dicho nombramiento. Pero entienden que no podría cuestionarse el mecanismo de designación ya que, como ya se ha expuesto, encuentra sustento en el texto de la Constitución Nacional.
Aun así, lo referido no es suficiente para el caso del juez Lijo, a quien Fores considera que no podría tomarse juramento a menos que renunciara a su actual cargo de juez, no siendo suficiente la cuestionable licencia que le ha concedido la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
Más allá de la legalidad de los nombramientos, desde Fores estiman que tales designaciones extraordinarias y transitorias de los integrantes del Máximo Tribunal, “menoscaban la seguridad jurídica y amenazan el equilibrio institucional de nuestro país”.
A través de un comunicado suscripto por el presidente de Fores, Pablo Pirovano, y la secretaria María Julia Fornario, reiteran sus objeciones a la designación del juez Lijo como ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, debido a la ausencia de calidades personales para tan digno cargo. Estas objeciones las hemos fundado sobradamente en oportunidad de las impugnaciones efectuadas ante el Ministerio de Justicia y ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación.
Fores es una asociación civil destinada al fortalecimiento de la justicia a través de la investigación, asistencia técnica y capacitación. Es un centro académico que no solo realiza investigación teórica, sino que busca crear un movimiento de opinión en torno al problema de la Justicia y sus soluciones.
Le adjudican al juez federal falta de idoneidad para ocupar un cargo en la Corte, en tanto que respaldaron la nominación de Manuel García Mansilla.
La Asociación Civil de juristas y profesores de Derecho, FORES, presentó este lunes ante el Senado de la Nación su impugnación a la candidatura para la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Ariel Lijo, al tiempo que formalizó su apoyo a la postulación de Manuel García Mansilla.
“Lamentablemente, las objeciones presentadas (como las muchas otras presentadas por otras entidades representativas del ámbito de la justicia), no solo no fueron contestadas por el candidato, sino que tampoco fueron merituadas por el Poder Ejecutivo al solicitar el acuerdo. Lo ocurrido parecería haber transformado el proceso de participación ciudadana en una mera formalidad burocrática que afecta el principio republicano que exige la fundamentación de los actos gubernamentales”, planteó FORES en su impugnación a Lijo. “Es por esta razón que nos vemos en la necesidad de reiterar ante ese Honorable Senado tales objeciones, en la esperanza de que ellas sean consideradas al debatir el acuerdo solicitado”.
En cuanto a las características del postulado, la entidad señaló que “no caben dudas de que el Sr. Lijo cumple con las condiciones formales para ser postulado. Son, sin embargo, las condiciones de idoneidad las que no se verifican en el candidato” y cuestionó: “El candidato provoca demasiada polémica en múltiples sectores de la sociedad (condición suficiente para descartarlo). Su postulación carece de suficiente fundamentación y no presenta hechos y resultados que demuestren una adecuada gestión como juez”.
“Resulta preocupante que no se haya presentado un solo informe acerca de la gestión del juzgado a su cargo que permita un análisis a la luz de la propuesta efectuada”, concluyó FORES.
Respecto de la postulación de García Mansilla, en tanto, FORES destacó la idoneidad del candidato para ocupar el cargo, ya que posee “un perfil de formación amplio, lo que entendemos le permitirá analizar las cuestiones que llegan a la Corte Suprema con conocimiento del ‘mundo real’ y experiencia práctica de las necesidades de quienes recurren a los tribunales en procura de justicia”.
Reunidos en Washington, desde el Foro señalaron que “Argentina está 98 entre 180 países en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional y ha descendido 36 lugares en los últimos cuatro años”.
El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) fue elegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sobre la independencia judicial.
Durante la audiencia, que tuvo lugar en la sede de la CIDH en Washington, el doctor Marcelo de Jesús, en representación de Fores expuso que el principal problema de la Justicia en Argentina es “la constante obstrucción de la política en busca de impunidad para los actos de corrupción gubernamental”.
“Esto resulta particularmente grave, ya que diversos estudios vinculan a la corrupción con los incrementos de los índices de pobreza que, en nuestro país, ya superan el 50%”, agregó.
El Foro detalló que “Argentina está 98 entre 180 países en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional y ha descendido 36 lugares en los últimos cuatro años”.
“Pese a que en el país se registran condenas a vicepresidentes, ministros y otros funcionarios, sólo el 6% de las causas por corrupción llega a juicio, mientras que el resto no supera la etapa de investigación”, informaron.
En la audiencia, FORES propuso además un seguimiento de la Carta Democrática Interamericana, del efectivo funcionamiento de la división de poderes y la independencia judicial y que se insista en que la Justicia decomise el producto de la corrupción. Y destacó la relación entre las obstrucciones a la independencia judicial, la corrupción y la pobreza.
Entre las obstrucciones de la política a la Justicia, De Jesús mencionó:
En la presentación colaboró el equipo de investigación de Fores integrado por los doctores María de los Ángeles De Seta Acosta y Joaquin Vergara Fornari.
Sostienen que la reforma “pareciera enfocada en favorecer a personas que se encuentran actualmente bajo proceso judicial, y adolece de falta de transparencia”.
La asociación civil FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) cuestionó el proyecto de reforma judicial en tratamiento en el Senado de la Nación, y sostuvo que “pareciera enfocada en favorecer a personas que se encuentran actualmente bajo proceso judicial, adolece de falta de transparencia y participación de las instituciones especializadas en Justicia y avanza en la persecución de la disidencia y de la libertad de expresión, conducta que disminuye el espacio de los derechos individuales”.
Para discutir estos y otros aspectos de la iniciativa en tratamiento, FORES busca convocar a personalidades para que contribuyan al debate público de los objetivos presidenciales planteados en el Decreto 635/2020.
Con ese fin se constituyó un consejo consultivo que habrá de dictaminar sobre la reforma judicial lanzada por el Gobierno nacional. Sus integrantes analizarán, “desde una perspectiva técnica y con total independencia”, los mismos temas sobre los que trabaja la Comisión designada por el presidente de la Nación.
A la convocatoria de FORES han adherido el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de magistrados/as y funcionarios/as del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina (ADePRA) y las agrupaciones de abogados Bloque Constitucional y Será Justicia.
El Consejo Consultivo lo integran las siguientes personas: Susana Cayuso, Manuel García Mansilla, Miguel Ángel Caminos, Silva Palacio de Caeiro, Alberto Garay, Enrique V. del Carril, Estela Sacristán, Daniel Ostropolsky, Hernán Munilla Lacasa y Héctor M. Chayer, con la coordinación de María Lorena González Tocci.