La Asociación Civil FORES presentó su impugnación al pliego de Lijo

Le adjudican al juez federal falta de idoneidad para ocupar un cargo en la Corte, en tanto que respaldaron la nominación de Manuel García Mansilla.

La Asociación Civil de juristas y profesores de Derecho, FORES, presentó este lunes ante el Senado de la Nación su impugnación a la candidatura para la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Ariel Lijo, al tiempo que formalizó su apoyo a la postulación de Manuel García Mansilla.

“Lamentablemente, las objeciones presentadas (como las muchas otras presentadas por otras entidades representativas del ámbito de la justicia), no solo no fueron contestadas por el candidato, sino que tampoco fueron merituadas por el Poder Ejecutivo al solicitar el acuerdo. Lo ocurrido parecería haber transformado el proceso de participación ciudadana en una mera formalidad burocrática que afecta el principio republicano que exige la fundamentación de los actos gubernamentales”, planteó FORES en su impugnación a Lijo. “Es por esta razón que nos vemos en la necesidad de reiterar ante ese Honorable Senado tales objeciones, en la esperanza de que ellas sean consideradas al debatir el acuerdo solicitado”.

En cuanto a las características del postulado, la entidad señaló que “no caben dudas de que el Sr. Lijo cumple con las condiciones formales para ser postulado. Son, sin embargo, las condiciones de idoneidad las que no se verifican en el candidato” y cuestionó: “El candidato provoca demasiada polémica en múltiples sectores de la sociedad (condición suficiente para descartarlo). Su postulación carece de suficiente fundamentación y no presenta hechos y resultados que demuestren una adecuada gestión como juez”.

“Resulta preocupante que no se haya presentado un solo informe acerca de la gestión del juzgado a su cargo que permita un análisis a la luz de la propuesta efectuada”, concluyó FORES.

Respecto de la postulación de García Mansilla, en tanto, FORES destacó la idoneidad del candidato para ocupar el cargo, ya que posee “un perfil de formación amplio, lo que entendemos le permitirá analizar las cuestiones que llegan a la Corte Suprema con conocimiento del ‘mundo real’ y experiencia práctica de las necesidades de quienes recurren a los tribunales en procura de justicia”.

La asociación civil Fores expuso en la CIDH

Reunidos en Washington, desde el Foro señalaron que “Argentina está 98 entre 180 países en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional y ha descendido 36 lugares en los últimos cuatro años”.

El Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores) fue elegido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer sobre la independencia judicial.

Durante la audiencia, que tuvo lugar en la sede de la CIDH en Washington, el doctor Marcelo de Jesús, en representación de Fores expuso que el principal problema de la Justicia en Argentina es “la constante obstrucción de la política en busca de impunidad para los actos de corrupción gubernamental”.

“Esto resulta particularmente grave, ya que diversos estudios vinculan a la corrupción con los incrementos de los índices de pobreza que, en nuestro país, ya superan el 50%”, agregó.

El Foro detalló que “Argentina está 98 entre 180 países en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional y ha descendido 36 lugares en los últimos cuatro años”.

“Pese a que en el país se registran condenas a vicepresidentes, ministros y otros funcionarios, sólo el 6% de las causas por corrupción llega a juicio, mientras que el resto no supera la etapa de investigación”, informaron.

En la audiencia, FORES propuso además un seguimiento de la Carta Democrática Interamericana, del efectivo funcionamiento de la división de poderes y la independencia judicial y que se insista en que la Justicia decomise el producto de la corrupción. Y destacó la relación entre las obstrucciones a la independencia judicial, la corrupción y la pobreza.

Entre las obstrucciones de la política a la Justicia, De Jesús mencionó:

  • El asesinato del Fiscal Federal Alberto Nisman en 2015, quien se encontraba investigando un caso de lesa humanidad.
  • Las interferencias de la política partidaria en los órganos de control, tales como los intentos de incrementar desproporcionadamente la representación del estamento político en el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la selección de jueces y el intento de remoción y cambio del sistema de designación del Procurador General de la Nación, cabeza del Ministerio Público.
  • La búsqueda de amedrentar la acción de fiscales y jueces a través de declaraciones públicas. Por ejemplo, cuando un presidente declara que las investigaciones de la contratación pública es materia no justiciable o cuando le “desea” a un Fiscal que no le pase lo mismo que al mencionado Nisman.
  • Los intentos de cooptación del Poder Judicial y del Ministerio Público a través del dictado de leyes de jubilación de privilegio, con la intención de vaciar el Poder Judicial y aprovechar dicho vaciamiento para la designación “provisoria” de jueces y fiscales sin estabilidad y, por ende, más vulnerables a las presiones políticas. Cabe destacar que en Argentina el 25% de esos cargos se encuentra vacante.
  • La ideologización y partidización de la Justicia a través de la narrativa del lawfare

En la presentación colaboró el equipo de investigación de Fores integrado por los doctores María de los Ángeles De Seta Acosta y Joaquin Vergara Fornari.

La asociación FORES cuestionó la reforma judicial y lanzó una “contracomisión Beraldi”

Sostienen que la reforma “pareciera enfocada en favorecer a personas que se encuentran actualmente bajo proceso judicial, y adolece de falta de transparencia”.

La asociación civil FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) cuestionó el proyecto de reforma judicial en tratamiento en el Senado de la Nación, y sostuvo que “pareciera enfocada en favorecer a personas que se encuentran actualmente bajo proceso judicial, adolece de falta de transparencia y participación de las instituciones especializadas en Justicia y avanza en la persecución de la disidencia y de la libertad de expresión, conducta que disminuye el espacio de los derechos individuales”. 

Para discutir estos y otros aspectos de la iniciativa en tratamiento, FORES busca convocar a personalidades para que contribuyan al debate público de los objetivos presidenciales planteados en el Decreto 635/2020. 

Con ese fin se constituyó un consejo consultivo que habrá de dictaminar sobre la reforma judicial lanzada por el Gobierno nacional. Sus integrantes analizarán, “desde una perspectiva técnica y con total independencia”, los mismos temas sobre los que trabaja la Comisión designada por el presidente de la Nación.  

A la convocatoria de FORES han adherido el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de magistrados/as y funcionarios/as del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina (ADePRA) y las agrupaciones de abogados Bloque Constitucional y Será Justicia. 

El Consejo Consultivo lo integran las siguientes personas: Susana Cayuso, Manuel García Mansilla, Miguel Ángel Caminos, Silva Palacio de Caeiro, Alberto Garay, Enrique V. del Carril, Estela Sacristán, Daniel Ostropolsky, Hernán Munilla Lacasa y Héctor M. Chayer, con la coordinación de María Lorena González Tocci.