De Marchi tiene su propia reforma judicial para Mendoza

El legislador del Pro presentó una serie de reformas, entre ellas la que establece que los ministros del Supremo Tribunal provincial no deben haber sido afiliados a ningún partido en la última década, ni haber sido funcionarios.

El diputado nacional Omar De Marchi, presidente del Pro en la provincia de Mendoza, se diferenció del Gobierno radical de ese distrito al presentar su propia propuesta judicial.

“El Gobierno de Mendoza quiere modificar el proceso que la Suprema Corte utiliza para resolver la gran cantidad de causas que le llegan. Desde el Pro de Mendoza estamos convencidos de que el problema se genera antes de llegar a la Corte”, planteó quien es además vicepresidente 1° de la Cámara de Diputados de la Nación.

A continuación, De Marchi presenta algunos datos: “La Suprema Corte recibió entre 2018 y 2022 más de 9.000 causas. De ellas, 3.900 fueron apelaciones por causas laborales y 1.800 por causas penales”.

“Por lo tanto, el 60% del problema se produce por causas laborales y penales. ¿Sabés por qué? Porque en estas materias -laboral y penal- existe sólo una primera instancia y las apelaciones van todas a la Corte. En las causas civiles, comerciales, de familia, etc, hay una instancia intermedia que son las Cámaras de Apelaciones”, planteó, estimando que por lo tanto, ese es el punto a resolver.

Por ello, agrega De Marchi, “desde el Pro de Mendoza proponemos la creación de una instancia intermedia de apelación en lo laboral y en lo penal como existen hoy en varias provincias. De esta forma, lograremos que al máximo tribunal sólo lleguen causas muy importantes, eliminando controversias menores”.

A través de un hilo de Twitter, el diputado del Pro se preguntó si la reforma implica más costos: su respuesta es no. “Proponemos transformar las Cámaras Laborales que hoy tienen 3 jueces cada una, en juzgados de primera instancia unipersonales, y crear una instancia de Apelación intermedia, optimizando los recursos existentes. De igual forma en materia penal”, señala De Marchi, para quien “este es el camino para resolver el problema de fondo”.

Por el contrario, agrega, “si sólo se apunta a modificar la Corte, cambiando la conformación de salas por sorteo en lugar de especialidad, no sólo que no resuelve, sino que distorsiona el sentido de la reforma”.

Luego agrega Omar De Marchi que otro problema es la naturalización de las pertenencias partidarias en algunos ministros de la Corte. Al respecto señala que “hoy normalizamos que hay jueces radicales y jueces peronistas. Esto no está bien y debe corregirse si queremos fortalecer la independencia de la Justicia”. ¿Cómo? La respuesta del diputado mendocino es que “debemos incluir condiciones de elegibilidad de los ministros de la Corte más estrictas, para evitar que la militancia política sea el antecedente más importante de los futuros jueces”.

Para ello, “es necesario modificar el art 152 de la Constitución Provincial, por la vía de la enmienda. Entre otras condiciones debe exigirse que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no hayan estado afiliados a un partido político en los últimos 10 años, o que no hayan sido ministros del Poder Ejecutivo o candidatos a cargos electivos por un tiempo similar”.

De Marchi concluye señalando que “junto a equipos técnicos jurídicos del Pro, conducidos por Gustavo Cairo y Germán Vicchi proponemos la creación de instancias intermedias en fueros laboral y penal, y un nuevo Art. 152 de la Constitución”.

El presidente reclamó a Diputados tratar la reforma judicial

En el marco de su visita a Santa Fe, Alberto Fernández atribuyó al no tratamiento del proyecto “la impunidad de los narcotraficantes”.

Fue en el marco del acto de inicio de las obras de ampliación de las plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario, donde el presidente Alberto Fernández volvió a reprocharle a la Cámara de Diputados por no haber tratado el proyecto de reforma judicial que impulsó su administración.

Flanqueado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y el gobernador santafesino Omar Perotti, el mandatario aludió a la violencia que embarga a la provincia que visitaba, por obra del narcotráfico, de la siguiente manera: “Quiero pedirle al Congreso de la Nación que debata esa ley porque Rosario y la Argentina la necesitan”, dijo, recordando que “mandé al Congreso una reforma de la Justicia federal que el Senado trató y Diputados no quiso tratar con el argumento de que buscaba la impunidad de alguien. Lo que lograron es la impunidad de las grandes corporaciones criminales. Esa ley quedó varada”.

Puntualmente señaló que “había un lugar que nos preocupaba: Rosario, pero la ley quedó varada. El gobernador me comentó una idea que tenían los senadores y diputados de Santa Fe, que se trata de tomar una parte de esa ley que mandé y convertirla en ley. Rosario lo necesita para apurar los juzgamientos y terminar cuanto antes la lucha que tienen contra el narcotráfico”. Así fue que planteó: “Quiero pedirle al Congreso de la Nación que debata esa ley porque Rosario y la Argentina la necesitan”.

Abrevaya: “buscan que la Justicia sea absolutamente dependiente de quien gobierna”

El legislador del GEN cuestionó con dureza la intención del Gobierno Nacional de avanzar con la reforma judicial y aseguró que se trata de una estrategia “para salvar a los poderosos”.

En el marco de un zoom que compartió con la presidenta del GEN, Margarita Stolbizer, el diputado de la Ciudad por ese mismo espacio, Sergio Abrevaya, cuestionó los intentos del Gobierno Nacional de avanzar con una reforma judicial y advirtió que con esa medida “buscan que la Justicia sea absolutamente dependiente de quien gobierna”.

Es así que consideró que “en las provincias feudales no hay ninguna vocación de respetar la justicia sino que lo que se busca es la impunidad total. Todas las provincias feudales buscan tener mayorías en el Poder Legislativo para sacar leyes y reformas que los beneficien y buscan que la Justicia sea absolutamente dependiente de quien gobierna” y recordó que “desde 2015 con las denuncias que se hicieron, entre ellas las de Margarita Stolbizer, se dieron  cuenta que no era suficiente y que no se les garantizaba impunidad como en las provincias feudales, por eso desde que asumió Alberto Fernández arremetieron contra la Justicia”.

“El proyecto de reforma supone como consecuencia un gasto mínimo de 6 mil millones de pesos más en la creación de cargos para la Justicia Federal, que se ocupa de la droga, corrupción y contrabando, por ejemplo”, destacó y precisó que “esa Justicia no le resuelve la vida al ciudadano de a pie que se necesita divorciar o quiere resolver un tema laboral, sino que resuelve los problemas a una casta política, económica y delictiva”.

Al mismo tiempo que concluyó señalando que “la reforma no resuelve nada, sólo complica a la gente. Consagra una Argentina en la que deciden pocos”. Por su parte Stobizer indicó que “necesitamos tener una mejor Justicia, que no esté sujeta a un festival de la creación de cargos”.

Petri trazó un diagnóstico muy crítico de la llegada de Soria a Justicia

Para el legislador mendocino, la designación del exdiputado nacional forma parte de “un plan para limpiar al kirchnerismo de las causas de corrupción”.

Luego de haber sido aprobada finalmente su renuncia como diputado nacional, el rionegrino Martín Soria asumió este lunes como ministro de Justicia, en lugar de Marcela Losardo.

El diputado nacional Luis Petri la emprendió duramente contra el nuevo funcionario, al considerar que su designación “es un paso más hacia la búsqueda de impunidad”. A juicio del mendocino, “van a intentar reformar el Ministerio Público Fiscal, que es la piedra angular del plan para limpiar al kirchnerismo de las causas de corrupción y poner en la cuerda floja a los fiscales que no se alineen”.

Petri sostuvo que el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal otorga a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del MPF la facultad de elegir un Procurador General interino. “Es decir, si se aprueba, van a desplazar a Eduardo Casal y designar un procurador servil al plan de impunidad”, anticipó Petri.

Además, agregó, “debilita la figura del Procurador ya que elimina la mayoría necesaria de 2/3 de los senadores para su designación y reduce su mandato. Suprimiendo así la necesidad de consensos para la designación y facilitando que una mayoría política circunstancial decida”.

“Otro grave aspecto, es la modificación de la integración del Tribunal de Enjuiciamiento de fiscales, que garantizaría al oficialismo la mayoría necesaria para remover fiscales que los incomodan. Si se aprueba, desplazarán a los fiscales que no pidan la absolución de CFK”, concluyó el diputado radical.

8M: las diputadas porteñas volvieron a pedir una reforma judicial

Desde las distintas bancadas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer y volvieron a pedir por el “Ni una menos”.

Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las legisladoras porteñas de las diversas bancadas celebraron a través de las redes sociales esa fecha y convocaron a las mujeres a movilizarse, a fin de insistir con una reforma judicial con perspectiva de género y para pedir que terminen los femicidios.

De esta manera, María Bielli (FdT) manifestó que este lunes “paramos para visibilizar las condiciones de super explotación del trabajo que la crisis pandémica nos ha impuesto. Porque queremos la ley de cupo laboral Travesti-Trans. Por una Reforma Judicial Feminista. ¡Basta de justicia patriarcal!” y afirmó que “marchamos contra la violencia machista. ¡Basta de femicidios y travesticidios! Basta de represión policial y violencia institucional”.

“Paramos para reclamar autonomía económica porque vivas, con tierra, con vivienda y desendeudadas nos queremos. Contra el saqueo de las corporaciones que aprovechan la pandemia para incrementar sus ganancias. ¡Porque libres nos queremos! No estamos todos, faltan los presos por abortar y por eventos obstétricos”, agregó.

Sobre esa misma línea la legisladora más joven de la Casa y referente del feminismo, Ofelia Fernández (FdT), señaló que “si nuestra vida no vale, produzcan sin nosotras. 8 de marzo: paramos y movilizamos”; mientras que Lucía Cámpora (FdT) sentenció que “las jóvenes de hoy solo quieren una cosa: que los jueces incorporen la perspectiva de género o se vayan”.

Por su parte, la oficialista Lucía Romano (VJ) expresó que “hacia finales del siglo XIX y durante principios del XX, se produjeron en diversas partes del mundo huelgas dirigidas por mujeres que reclamaban principalmente mejores condiciones laborales y promovían la igualdad de derechos” y remarcó que “una de las más recordadas fue la que tomó lugar en Nueva York y terminó en un fatídico incendio que se cobró la vida de 129 trabajadoras. Tras varios años de manifestaciones, finalmente en el año 1975, fue reconocido por las Naciones Unidas el 8 de Marzo como el Día Internacional de la Mujer”.

“La deuda con las mujeres se extiende hasta nuestros días, las luchas feministas siguen en búsqueda de la igualdad, concebida en términos de equidad, entre los géneros. Hoy en día millones de mujeres sufren diariamente violencia física, psicológica, económica, política, entre muchas otras; que escapa al trato meramente interpersonal, sino que implica a toda la sociedad y sus instituciones”, manifestó.

Al mismo tiempo que Cecilia Ferrero (VJ) convocó a las movilizaciones que se realizarán este mismo lunes y señaló que “marchamos por nosotras, por las que no están. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”. Mientras que Cristina García (VJ) manifestó que “juntas avanzamos porque sabemos que es la única forma de construir una Ciudad más justa e igualitaria por nosotras, por las que ya no están y por las que vendrán” y que Victoria Roldán Méndez (VJ) destacó que “no es un día de festejo, queremos más acciones del Estado nacional y compromiso con nuestros reclamos”.

En tanto la diputada Manuela Thourte (UCR-Ev) aseguró que “nos siguen matando. Seguimos  ocupándonos en mayor medida de las tareas de cuidado. Nos siguen negando los puestos de liderazgo. Nuestros salarios siguen siendo inferiores. La realidad no cambia” y que María Inés Gorbea (UCR-Ev) precisó que “hoy marchamos, seguiremos  levantando nuestra voz hasta que todas tengamos las mismas oportunidades, los mismos derechos y seamos libres”.

Finalmente Myriam Bregman (PTS) pidió que “no pierdan más el tiempo firmando acuerdos, formando comisiones y consejos, destinando dinero para interminables burocracias estatales; exigimos recursos para medidas concretas para prevenir decenas de femicidios”.

Para Sacnun, en el gobierno de Macri “fue el Poder de la injusticia más que el Poder Judicial”

La senadora del Frente de Todos consideró que la Cámara de Diputados “debiera hacer un esfuerzo por sacar” la ley de reforma judicial y la que modifica el Ministerio Público.

La senadora nacional María de los Ángeles Sacnun sostuvo que en el gobierno de Mauricio Macri “fue el Poder de la injusticia más que el Poder Judicial”, al tiempo que consideró que Diputados “debiera hacer un esfuerzo por sacar” la ley de reforma judicial y la que modifica el Ministerio Público Fiscal, ambas con media sanción del Senado, pero trabadas en la Cámara baja por falta de apoyos.

Sobre la reforma judicial, la legisladora del Frente de Todos dijo que se trata de “reorganizar la Justicia. No estamos hablando de una transformación integral, porque se necesitan varias leyes para eso”. Incluso, mencionó que el Consejo de juristas que asesora al presidente recomendaron “el paquete de leyes que habría que ir tratando en el Congreso en materia de mejorar el servicio de Justicia”.

Para la santafesina, “de los tres poderes del Estado, es el que más desprestigió tiene, hay una ausencia de credibilidad en el Poder Judicial muy importante”.

En defensa de la ley que se encuentra planchada en Diputados, la oficialista explicó: “Es importante fundamentalmente para el interior, por ejemplo para mi provincia, que está asolada por delitos de orden federal, hablo de narcotráfico, lavado de activos, contrabando, trata; es fundamental poder ampliar la cantidad de juzgados, fiscalías y defensorías, porque nosotros tenemos multifuero, es decir, un mismo juez se ocupa de varios fueros. No hay justicia que pueda funcionar de esa manera”.

En diálogo con radio Futurock, la senadora apuntó que “hay que modificar el Poder Judicial que la verdad durante los últimos años del gobierno de Mauricio Macri nos ha dejado un sabor muy amargo, aliado con distintos sectores para perseguir a opositores. La verdad que fue el Poder de la injusticia más que el Poder Judicial”.

Por otra parte, consultada por pliego de Daniel Rafecas para procurador general, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado recordó que “hasta ahora no hemos podido obtener los dos tercios de la mayoría agravada para acompañar el pliego”.

En ese sentido, Sacnun recordó la iniciativa que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público y la mayoría necesaria en la Cámara alta para designar al jefe de los fiscales, pero que “aún no ha sido tratada tampoco” en Diputados. Por eso, abogó con que se avance y “podamos obtener la mayoría necesaria y finalmente poder designar un procurador”.

Y criticó al procurador interino, Eduardo Casal, al acusarlo de cometer “desmanejos lamentables” y tener “un doble estándar”, como lo “que ocurrió con (Carlos) Stornelli, que ha sido un escándalo. Lo preservó y lo cubrió”.

Velasco: “Necesitamos una reforma judicial profunda y con perspectiva de género”

La presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia participó de la movilización por el pedido de justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo y alertó acerca del crecimiento de estos casos a manos de miembros de las fuerzas de seguridad.

La diputada del Frente de Todos (FdT) y presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco, participó de la movilización por el pedido de Justicia por el femicidio de Úrsula Bahillo y todos los que se cometen en el país y abogó por una reforma judicial y de las fuerzas de seguridad con perspectiva de género.

En ese sentido, aseguró que las mujeres y diversidades se movilizaron a los Tribunales de todo el país “para decir Ni Una Menos, porque queremos que se apliquen políticas públicas con perspectiva de género y en todas las jurisdicciones tengamos ministerios de las mujeres, géneros y diversidad, así como existe en el plano nacional y en la provincia de Buenos Aires, para que se lleven adelante políticas específicas y con presupuesto contra la violencia de género y porque, además, estamos planteando una reforma profunda de la Justicia y las fuerzas de seguridad desde una perspectiva feminista”.

Al mismo tiempo que advirtió que “según datos del Observatorio Ahora que sí nos ven, entre el 1 de enero y el 9 de febrero del 2021, se cometieron en nuestro país 38 femicidios. El 12% fueron llevado a cabo por integrantes de las fuerzas de seguridad” y precisó que “lamentablemente, los casos continúan; como el de Ivana Módica en Córdoba, en el que el principal sospechoso es su pareja, piloto de la Fuerza Aérea provincial; el de una docente en Formosa, asesinada por un policía y un doble femicidio en Santiago del Estero”.

“Por eso, es urgente que se apliquen las leyes Micaela para la formación de todas nuestras fuerzas de seguridad y de la Justicia y que avancemos con la Educación Sexual Integral (ESI)  para transformar nuestra sociedad desde una perspectiva de respecto e igualdad de género”, indicó y concluyó considerando que “necesitamos avanzar en tener mecanismos que den respuesta a las mujeres y disidencias que hacen denuncias y que piden ayuda frente a casos de violencia, y que esa respuesta del Estado sea rápida y efectiva”.

Parrilli: “Hay aliados que son cómplices del macrismo”

Así se expresó el senador kirchnerista al referirse a la no aprobación en Diputados de la reforma judicial y la del Ministerio Público.

El senador nacional Oscar Parrilli la emprendió duramente contra “aliados” del Gobierno que están frenando la reforma judicial. Aprobado en la Cámara alta hace varios meses, el proyecto está “cajoneado” en la Cámara baja, donde no está el número para aprobarla. A juicio de Parrilli, por esos aliados que terminan siendo “cómplices del macrismo”.

Entrevistado por Futuröck, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado remarcó que “en el Senado hemos cumplido” con la aprobación de esa norma. Ahora “la pelota está en el campo de juego de los diputados y son los que tienen que tratarla”.

Parrilli buscó las razones de la no aprobación de esa norma en que “hay algunos legisladores aliados nuestros que hasta ahora no dan el OK para sancionarla. Y con esto están siendo de alguna manera cómplices con el macrismo en mantener un procurador fiscal absolutamente irregular, macrista, y que lleva adelante estas políticas y que permite que este lawfaree siga vigente”.

Parrilli no aclaró a quienes se refería como “aliados”. Si a los miembros de la oposición fuera de Juntos por el Cambio, o tal vez a los propios aliados del kirchnerismo que forman parte del Frente de Todos. Pero quedó claro por sus dichos que no solo se refería a la reforma judicial, sino también a la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público, también frenada en Diputados y con media sanción del Senado.

El senador neuquino aseguró que “la ilegalidad que instauró Macri en Argentina con la actividad de extorsión y condicionamiento para perseguir a dirigentes políticos en muchos sectores de la Justicia sigue vivito y coleando”.

“Y esta ilegalidad se ha transformado en una suerte de garantizar la  impunidad de los funcionarios macristas”, agregó.

Massa, sobre el proyecto de Ganancias: “El respaldo del conjunto del Parlamento está garantizado”

El presidente de la Cámara de Diputados se refirió a su proyecto y expresó la “alegría, satisfacción y tranquilidad de que el Gobierno tiene la decisión de llevar adelante esta idea”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se refirió este martes al proyecto de ley para que los trabajadores que ganen menos de 150 mil pesos por mes no tributen el impuesto a las Ganancias y aseguró que “el respaldo del conjunto del Parlamento está garantizado”.

El titular del cuerpo, quien encabeza la iniciativa, explicó que la semana próxima habrá reuniones informativas con la participación de autoridades de la AFIP, para que los legisladores puedan conocer “la sustentabilidad y el impacto en cada una de las provincias y actividades”, y también de “todos los sectores sindicales involucrados”, señaló.

“Seguramente el proceso del dictamen se resuelva en extraordinarias, vamos a ver si llegamos a sancionarlo antes del 1ro. de marzo (día de la Asamblea Legislativa) o posteriormente”, dijo Massa en declaraciones a radio La Red.

El tigrense confesó su “alegría, satisfacción y tranquilidad de que el Gobierno tiene la decisión de llevar adelante esta idea”. Asimismo, afirmó que la oposición mostró su apoyo al proyecto.

“Hoy en Argentina estamos frente al absurdo de que la diferencia entre la línea de pobreza y pagar Ganancias es mínima”, apuntó y continuó: “Es un esfuerzo fiscal de 42 mil millones de pesos que el Estado deja de percibir, pero que centralmente están orientados a que el trabajador o la trabajadora que hoy pierde hasta 20, 25 mil pesos de impuesto a las Ganancias en el salario, pase a consumirlo”.

Para el titular de la Cámara baja, “el desafío que tenemos es recuperar el ingreso, motorizar el consumo, porque en definitiva es parte de la recuperación de la economía argentina”.

Sobre el costo, que no estaba previsto para este año, Massa explicó que la meta presupuestaria se cumplirá por “la suspensión de la aplicación de la reducción de alícuotas en grandes empresas”, lo que “genera un ingreso fiscal que, en lugar de apropiárselo el Estado, se utiliza para que más de un millón de trabajadores dejen de pagar Ganancias”.

“Tenemos que volver a una lógica que nos permita que sólo el 10% de los trabajadores pague, en los sectores más altos”, añadió.

Elecciones PASO

Consultado sobre el dilema de las PASO sí o PASO no, Massa abogó por “la vocación de buscar un acuerdo (con la oposición) para que las reglas de la competencia sean reglas que compartamos todos”.

“Hay tres posiciones o ideas: posibilidad de hacer el mismo día las PASO y las generales; la posibilidad de suspender las PASO; y la posibilidad, por un proyecto que presentó la UCR, de correr la fecha, entendiendo que la situación sanitaria juega un papel central”, indicó y consideró fundamental aguardar por “la resolución que firme el Consejo Federal de Salud”.

Además, el dirigente oficialista se preguntó: “¿No convendría en todo caso, si tenemos que movilizar a 25 millones de personas en doce horas, hacerlo una sola vez?”. “Por una vez pensemos que la política tiene que resolverle la vida a la gente y no ver cómo la gente se acomoda a cómo la política resuelve sus problemas”, manifestó.

Relaciones dentro del Frente de Todos

Al responder sobre las noticias que hablan de una mala relación entre los referentes de la coalición oficialista, Massa lo calificó “más una expresión de deseo que una realidad” y ratificó que “es mentira”.

Habló entonces de “una dinámica de trabajo y funcionamiento interno que no tiene por qué transformarse en una cosa publicitada”. “Pudimos superar la idea de que en la diversidad de opiniones y orígenes distintos pudimos construir una coalición, que tiene la responsabilidad de gobernar y encima en un marco inédito” como es la pandemia, resaltó el líder del Frente Renovador.

“Sí, claro, absolutamente”, contestó al ser consultado sobre si mantiene buen diálogo con Cristina y Máximo Kirchner.

Reforma judicial

El presidente de Diputados señaló que el Frente de Todos no pudo “construir consenso” en torno al proyecto de reforma judicial, con media sanción del Senado, por lo que esperan que “los distintos sectores de la oposición hagan las propuestas de cambios”. “Aspiramos a que cada uno de los bloques haga su aporte”, insistió.

Por otra parte, opinó que “el Poder Judicial en su conjunto es el que menos se ha actualizado y el que menos rinde cuentas ante la gente. Los tres poderes somos servidores públicos y estamos obligados a rendir cuentas”.

Sobre un posible pedido de juicio político contra miembros de la Corte, Massa aseguró que “no es un tema que hayamos charlado hasta ahora” en el seno del oficialismo, y agregó: “No me parece que sea un tema para discutirlo livianamente”.

“Necesitamos una reforma judicial”, admitió Camaño, pero rechazó que se apruebe sin consenso

Descartó que pueda ser tratada en extraordinaria la que vino con media sanción del Senado y abogó en cambio por escuchar las voces de quienes van al Congreso a exponer. Se los invita, dijo, pero “no se los escucha”.

La diputada nacional Graciela Camaño (Consenso Federal – Buenos Aires) consideró que todos los temas puestos a consideración para tratar en extraordinarias “están en línea con las necesidades del Ejecutivo”, pero “excluyendo los temas que hacen a la reforma judicial”.

Respecto de esa referencia, estimó que “Argentina necesita una justicia en la que un vicepresidente condenado no esté cómodamente en su casa y un curso de organización de eventos le permita descontar pena”.

“Sí necesitamos una reforma judicial”, aclaró, pero advirtió que “las reformas judiciales, al ser el Poder Judicial un poder no electivo, requieren de un enorme consenso. Tiene que haber muchas voces que se escuchen, pero el consenso parlamentario no puede ser la cantidad de manos que se consigan”.

Entrevistada en Diputados TV, la diputada opositora comentó que hacia los finales del Gobierno de Cristina Kirchner “se planteó una reforma judicial sumamente ambiciosa, realmente interesante para la discusión política y parlamentaria, pero como el kirchnerismo tenía el número para poder sacarla sin necesidad de los demás partidos políticos, la votó. Y bueno, la Justicia, en algunos casos le falló en contra. Y la inconstitucionalizó (SIC)”.

En ese marco, agregó Camaño que el gobierno siguiente, de Cambiemos, “cometió el tremendo error de paralizar el cambio del sistema inquisitorio al acusatorio”.

“Los consensos que hacen falta son muy amplios”, señaló siempre a cuento de una reforma judicial, y puntualizó que durante el debate reciente “se requirió la opinión de mucha gente valiosa, pero no se les dio cabida a lo que se opinó. Tampoco fueron tenidas en cuenta opiniones de gente relacionada al propio oficialismo. “Hay falsedad cuando se dice que se consulta -expresó en ese sentido-. Los invitaste, pero no los escuchaste”.

Consultada sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal, Camaño aclaró que “no es irregular el nombramiento” del procurador general actua. “Es lo que prevé la propia ley; lo que no hay es un procurador que esté  nombrado, este es el problema. Pero la sucesión en el cargo está prevista ante la ausencia de consensos”.

Con relación a la reforma que cuenta con media sanción del Senado, consideró “correcto que existan controles sobre la acción de los fiscales”, sobre todo en el marco de un sistema acusatorio como es al que se va. “Pero en la medida justa: que no se vulnere el principio constitucional de un órgano independiente”, apuntó.

Lamentó entonces que durante el Gobierno anterior, por lo que atribuyó a “vanidades personales dentro del propio Cambiemos” se perdió “la oportunidad de poner el Ministerio Público Fiscal en equilibrio”.

Recordó que en el Gobierno de Macri se dio “una embestida muy fuerte” contra la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó y en ese marco se constituyó la Comisión Bicameral de Control y de Asistencia al Ministerio Público Fiscal, que ella presidió. “La procuradora se fue del cargo, pero antes la revisamos de pie a cabeza en la comisión, determinándose que durante esa gestión se hizo todo ajustado a lo que la ley de Cristina Kirchner había propiciado.

“Sí, es necesaria una reforma a la ley de Ministerio Público, para tener un mejor control, pero tiene que ser muy sano el control, no de comisariato, que la política maneje la procuración”.

El presidente recibió el informe del Consejo Consultivo para la reforma del sistema judicial

Alberto Fernández consideró “muy útil” y calificó de “magnífico” el trabajo realizado por la comisión de juristas, que denominó “un punto de partida”.

El presidente Alberto Fernández recibió este jueves en la Casa Rosada el informe final del Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, con sus recomendaciones para mejorar el funcionamiento de la Justicia.

“El informe es maravilloso, sin posiciones únicas, con diversidad, me pone contento porque habla de que elegimos académicos y abogados con miradas propias, es enriquecedor”, expresó el mandatario, quien indicó: “Sabía del gran trabajo que iban a hacer con los problemas cotidianos que nos presenta el funcionamiento de la Justicia”.

Acompañado por la ministra de Justicia y Derechos Humamos, Marcela Losardo, Fernández sostuvo que “todo lo que dice el informe tiene mucho sentido, con ideas bien fundadas”. “Es un trabajo muy útil, magnífico, un disparador que nos hace falta, un punto de partida”, señaló.

El mandatario pudo acceder al documento completo, que consta de mil páginas y fue elaborado por un grupo de 11 expertos en la materia.

El Consejo Consultivo, creado el 30 de julio último por el decreto 635, está conformado por Claudia Beatriz Sbdar, Hilda Kogan, María del Carmen Battani, Marisa Herrera, Inés Weinberg de Roca, Carlos Alberto Beraldi, Andrés Gil Domínguez, Omar Palermo, Raúl Gustavo Ferreyra, León Arslanian y Enrique Bacigalupo, quien asistió al encuentro con el mandatario de manera virtual. El grupo comenzó a reunirse el 18 de agosto y concluyó su tarea el 18 de noviembre.

Mensaje de Alberto Fernández a los legisladores

“Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto”, expresó el presidente poco antes de que se conociera el fallo de la Corte Suprema.

El presidente Alberto Fernández encabezó este martes en Avellaneda la inauguración del Departamento Judicial Avellaneda/Lanús, y en ese marco volvió a opinar sobre la cuestión judicial en general y la reforma de la Justicia en particular.

“El estado de derecho es garantizarle al ciudadano que el que delinque va a ser apresado, procesado, juzgado y condenado, y una vez que cumpla su condena pueda volver a la sociedad, donde nosotros debemos ayudarlo a que se reinserte como corresponde. Pero para que todo eso sea posible es necesario que tengamos jueces técnicamente preparados, moralmente probos y una justicia rápida”, enfatizó el jefe de Estado.

“Los años que nos precedieron no fueron un buen ejemplo. Los espías mezclados entre los jueces no son un buen ejemplo. Tampoco usar a los jueces para perseguir opositores ni presionar a gente para que se arrepienta e involucre a otros en las causas”, criticó el mandatario y subrayó: “Eso es el mal uso de las instituciones de un gobierno de turno, y nosotros no queremos nada de eso”.

“Cuando me dicen que ahora vamos a volver a la normalidad, les digo: ´¿qué es la normalidad?´. Porque la que conocí antes de la pandemia es una normalidad que genera mucha injusticia, mucha desigualdad, mucho desequilibrio. Es un orden que no mostraba el mejor funcionamiento de las instituciones de la democracia, que no nos ofrecía la mejor seguridad ni la mejor justicia”, señaló Fernández.

Al respecto, el Presidente convocó a construir una “nueva normalidad”, que “nos incluya a todos”, y “donde el estado de derecho se respete”.

En ese sentido, pidió que la Cámara de Diputados trate la reforma que propuso para la Justicia Federal.

En ese marco, y minutos antes de que la Corte Suprema hiciera conocer su fallo sobre los traslados de los jueces, Alberto Fernández mandó un mensaje a los legisladores: “Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto”.

Según él, la reforma judicial que tiene media sanción del Senado “no busca que el Presidente ponga a jueces amigos, ni los traslade de un lugar a otro, ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene”, sino que busca que tengamos jueces dignos, moralmente irreprochables”.

Fernández reclamó a Diputados que trate la reforma judicial

Lo hizo al visitar la ciudad de Rosario, donde recordó que el proyecto que tiene media sanción del Senado prevé crear un juzgado federal en esa ciudad.

En el marco de la presentación este martes en Rosario del plan DetectAR, para intensificar las acciones de apoyo y acompañamiento del Gobierno nacional ante el aumento de casos de coronavirus Covid-19 en la provincia de Santa Fe, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo un reclamo puntual a la Cámara de Diputados, por la reforma judicial.

“Tenemos que encarar este tiempo unidos y sin distinciones políticas porque lo que nos están reclamando los santafesinos es que trabajemos por ellos”, aseguró el mandatario durante el acto de presentación, en el que estuvo acompañado por el gobernador provincial, Omar Perotti; el ministro de Salud, Ginés González García; y el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el intendente de Santa Fe, Emilio Jatón y la vicegobernadora provincial, Alejandra Rodenas.

En su discurso, Fernández reclamó a la Cámara baja, donde espera el proyecto que ya obtuvo media sanción en el Senado el tratamiento del mismo. “Sería muy bueno” que se apruebe el proyecto, dijo, por cuanto “en Rosario está haciendo falta” crear un tribunal federal “para el combate del crimen organizado, que es la materia central de la Justicia federal”.

“Nosotros hemos mandado al Congreso una ley que propone una reforma en la justicia federal, que vuelve el sistema acusatorio para la justicia federal, y que crea tribunales en la zona de Rosario”, recordó Fernández antes de pedir entonces que el Congreso “trate eso, porque acá está haciendo falta y va a ayudar mucho al combate del crimen organizado, que es la materia central de la Justicia federal”.

 “Estoy acá con el compromiso de siempre, poniéndome al frente de la lucha contra esta pandemia, codo a codo, para trabajar con ustedes sin preguntarles de dónde vienen, sino preguntándoles a dónde quieren llegar”, expresó.

El mandatario recordó que “cuando todo esto empezó, todos nos preocupamos mucho por el Área Metropolitana de Buenos Aires que hacía sumamente riesgoso que el contagio se multiplicara y nos ocupamos de que el resto del país se preparara para lo que podía venir”.

En ese sentido, afirmó: “Garantizamos que a ningún argentino al que el virus afectara pudiera quedar objetivamente sin la atención sanitaria que merecía”, al tiempo que informó que desde el Gobierno nacional se invirtieron más de 10 mil millones de pesos en todo el país, además de la construcción de más de 60 hospitales y la inclusión de más de 3 mil camas para el sistema sanitario nacional. A continuación, el Presidente expresó que, en las últimas semanas, el 65 por ciento de los casos se registraron en el interior del país, lo que “nos obliga a prestar atención a una nueva realidad” y reforzó: “Para eso, el DetectAR federal nos permite multiplicar por tres la capacidad de testeos que teníamos. Y esto nos va a dar mucha tranquilidad”.

Lavagna ratificó su rechazo a la reforma judicial

Aclaró que en el interbloque que integra Consenso Federal puede haber posiciones diferentes, pero lejos de tomarlo como un dato negativo, valoró el disenso.

Mientras el oficialismo hace cuentas para ver si puede convertir en ley la reforma judicial aprobada la semana pasada en el Senado, las especulaciones en el Congreso están a la orden del día. El argumento de las autoridades de la Cámara baja para sobrellevar la situación mientras esperan el mejor momento para avanzar con la norma es que el texto que cuenta con media sanción del Senado no está cerrado y están dispuestos a discutirlo todo. Elemento clave, pues el principal cuestionamiento de la oposición fuera de Juntos por el Cambio es que no están dispuestos a tratar la norma “a libro cerrado”.

En ese marco el interbloque más observado por el oficialismo es el Federal, integrado por legisladores de extracción diversa, aunque en su mayoría peronistas. Allí los tres lavagnistas fueron los primeros en pronunciarse en contra de la reforma judicial, y cuando los cuatro cordobeses se manifestaron en el mismo sentido la reforma judicial pasó a dar números en rojo para el oficialismo.

En rigor, de ese interbloque también terminaron pronunciándose en contra los santafesinos Luis Contigiani y su comprovinciano socialista Enrique Estévez, en ambos casos por entender que el proyecto es inconveniente en este tiempo y porque la justicia necesita “un cambio de fondo” y ellos entienden que el proyecto del Poder Ejecutivo no va en ese sentido.

Versiones circulantes en las últimas horas hablan de un posible cambio de clima en esa bancada y los ojos comenzaron a posarse en el excandidato presidencial Roberto Lavagna, asesor innominado del presidente Alberto Fernández. Por eso es que el propio exministro de Economía salió a sentar posición este viernes a través de una serie de tuits.

Allí señaló que “el interbloque de diputados que integra Consenso Federal podrá tener o no una posición unificada en el vital tema de la reforma judicial, si bien la mayoría ya se ha expedido públicamente en contra”, señaló, con lo cual dio por sentada la posición inicial que en principio no se habría modificado.

Luego expresó cuál es su  postura, aunque no vota: “En lo personal, quiero dejar clara mi posición. Gobernar requiere: 1) marcar el rumbo en forma DURADERA, 2) tener sentido de la OPORTUNIDAD y 3) lograr los máximos grados de CONSENSO posibles. Nada de eso cumple el caótico mercado de reparto posiciones judiciales, donde estamos”, dejó claro.

En este marco aclaró que “las posiciones en el interbloque no deben llamar la atención: responden a realidades provinciales distintas (Salta, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires), a diferentes momentos de elección (2017, 2019) y a orígenes políticos diversos (justicialismo, socialismo, acuerdos provinciales)”.

Con relación a las posturas diversas que anidan en el interbloque Federal, Lavagna señaló que “no sólo no es extraño; es POSITIVO que tengan posturas propias. Mal ejemplo sería que el sector que en la campaña presidencial del 2019 defendió los CONSENSOS, trabajó en soledad frente a los grandes de ambos lados de la GRIETA, forzara posiciones únicas”.

“Eso queda, como históricamente lo han hecho, para los conservadurismos o los populismos. El DISENSO es un componente esencial de las democracias modernas”, concluyó.

El interbloque Federal está compuesto por 11 diputados nacionales y los únicos dos que no se han pronunciado todavía son su presidente, el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca, y el salteño Andrés Zottos, ambos integrantes del bloque Justicialista.

Cornejo reitera que el debate de los temas clave debe ser “presencial”

Recordó que el DNU de la cuarentena estableció que los legisladores son “esenciales” y reclamó que se busque el lugar “adecuado” para hacerlo.

El presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, ratificó la postura de Juntos por el Cambio de no sesionar de manera virtual, al menos en temas como la reforma judicial o la reforma previsional.

El diputado nacional señaló que “estamos planteando que hay que funcionar presencialmente si se quiere tratar reforma judicial o cambios a la fórmula previsional”.

Entrevistado por radio Rivadavia, el legislador de Juntos por el Cambio sostuvo que el Gobierno “quiere meter la reforma judicial a como dé lugar y la oposición le ha puesto condicionamientos a ese tratamiento”.

El titular del radicalismo admitió que “no podemos impedir el tratamiento”, pero sí sostuvo que pueden “exigir que sea como dice el reglamento interno”, y afirmó que “el protocolo virtual está vencido y así lo han dicho los jueces”.

Sugirió entonces que el oficialismo busque un lugar adecuado: el CCK, la cancha de River, o la de Atlanta”, pero aclaró que “es imprescindible que sea presencial. Por algo el presidente puso en el DNU a los funcionarios públicos como esenciales”.

Alberto Fernández culpó a la oposición por el conflicto en el Congreso

Para el primer mandatario, lo sucedido el martes cuando Juntos por el Cambio se retiró de la Cámara baja dijio que “dejó claro de qué lado está cada uno”. Descartó que vaya a retirar la reforma judicial de Diputados.

El presidente Alberto Fernández dijo que hubo una mala interpretación de sus dichos de más temprano en la Unión Industrial respecto de la aprobación de la ley que beneficia al turismo. “La ley se sancionó, pero no fue por voluntad de la oposición”, resumió el mandatario, que pidió entonces que “tengamos en claro en qué país vivimos”.

“Se fueron diciendo que iban a impugnar la sesión, lo que pasó ayer dejó claro de qué lado está cada uno”, señaló el primer mandatario en declaraciones formuladas al programa “A dos voces”, de TN.

Y ante la consulta de la discrepancia entre el oficialismo y la oposición por el protocolo de sesiones, no dudó en afirmar que “la culpa la tiene la oposición, claramente”.

“Ayer se los invitó a sesionar, querían estar presentes y se levantaron, se fueron cuando tenían que sesionar”, sostuvo Fernández.

Respecto de la reforma judicial, rechazó que la misma fuera “la que quiere Cristina”. Y apuntando hacia la prensa señaló que “uno de los mayores problemas es cómo se informa”. En línea con los dichos de días pasados de su vicepresidenta reconoció que el proyecto no constituye una reforma judicial en sí misma. “Es una ley que ordena el funcionamiento de la justicia federal; no altera ningún proceso en marcha y ningún juez ha sido movido de su lugar”, garantizó.

Luego recordó haber dicho toda la campaña que haía que reformar la Justicia federal. “Estoy convencido de que la Justicia federal hay que cambiarla”, dijo y advirtió que “el que más debería celebrar es (Mauricio) Macri, porque yo no voy a hacer lo que él hizo con sus enemigos”.

“De ningún modo”, respondió drásticamente cuando le preguntaron si iba a retirar la reforma judicial de Diputados. Y aclaró que el proyecto no está cerrado: “Que se trate lo que se tenga que tratar; si el Senado me cambió cosas. Yo creo en el estado de derecho y en la democracia, y que me vengan a decir que yo uso el Congreso como una escribanía es un disparate”.

“Siéntense, discutan, debatan, planteen lo que quieran plantear, voten, si ganan, ganaron, si pierden perdieron… Así funciona la democracia”.

Respecto de la imputación de que no van a parar hasta que no desplazar a todos los jueces, Fernández aclaró que “no, no es ese el objetivo; yo lo único que les pido es que los que han perdido la conducta la recuperen, y los que han perdido el sentido del derecho vuelvan a estudiar, y no hagan más las calamidades que hicieron”.

Cuando se le recordó su frase del día de su victoria electoral respecto de que salgan a la calle para decirle cuando se equivoque, contrastándolo con sus dichos recientes criticando la marcha del 17A, Alberto Fernández dijo: “Salgan a la calle, pero no salgan a la calle a confundir al resto de la Argentina”, y luego atribuyó “el problema que estamos teniendo por la pandemia es por las salidas, las manifestaciones”.

Volviendo al tratamiento de la reforma judicial en Diputados y si creía que tenían los votos para aprobarla remarcó que “todavía no empezó ni a tratarse”.

“No es el tema hoy, no tengo ninguna urgencia de que esa ley salga en diez días, mi preocupación son los casos 10.900 casos de coronavirus (de este miércoles). La prioridad uno es cuidar la vida de los argentinos”.

“Es justo que las grandes fortunas hagan su aporte en proporción a esos millones que tienen”

Así se manifestó el diputado nacional del FdT Marcelo Koenig sobre el proyecto del Ejecutivo, y consideró que esta ley “viene a poner un poco de justicia, no alcanza, pero es un paso más que interesante”.

El diputado nacional del Frente de Todos Marcelo Koenig se refirió al proyecto de impuesto a las grandes fortunas recientemente presentado, y consideró que “es justo que hagan su aporte en proporción a esos millones que tienen”. 

 “El impuesto a las grandes fortunas es sumamente necesario porque las mayorías populares le están poniendo el cuerpo y el aporte desde que empezó la pandemia y es justo que las grandes fortunas hagan su aporte en proporción a esos millones que tienen”, dijo el legislador. 

En este sentido, y en diálogo con el programa radial Edición Calificada, indicó que “este aporte es extraordinario y tiene una finalidad específica. Con esto se abre un debate simbólico muy importante que es cómo construimos un sistema tributario en el país que sea progresivo, justo, en donde los que más tienen sean los que más aporten. La intencionalidad de este proyecto se anunció meses atrás y resistido por aquellas fuerzas políticas que defienden los intereses de la minoría del privilegio”. 

Asimismo, remarcó que “por eso es parte de nuestro compromiso que nosotros como peronistas planteamos: construir una Argentina más justa, solidaria y productiva. Esta ley viene a poner un poco de justicia, está claro que no alcanza, pero es un paso más que interesante”. 

Por otro lado, el legislador por la provincia de Buenos Aires se refirió al proyecto de reordenamiento de la Justicia Federal que aprobó el Senado, y dijo que se trata de “un compromiso de campaña y vamos a honrar la palabra, que es tratar de democratizar un poco esa justicia, porque es una de las instituciones más desprestigiadas a partir de los manejos que se tuvieron en el último tramo del gobierno de Macri”. 

“Todos vimos cómo se manipulaba la Justicia con fines políticos y se hacían alianza con los servicios de inteligencia y con los grandes medios de comunicación que condenaban previamente. Después la justicia iba corriendo detrás de esa condena, sin derecho de defensas, y violando los principios constitucionales” –dijo el militante peronista- y agregó: “No me sorprende las mezquindades opositoras porque están defendiendo ese poder judicial corrupto que hacía lo que ellos decían y defienden su propia impunidad de su gobierno”. 

En este sentido, aclaró que a “diferencia de lo que plantea la oposición que dice que esta reforma judicial garantiza la impunidad para atrás, no se altera en nada las causas que ya están en trámite”. 

A pesar de las modificaciones que se introdujeron en el último minuto en el Senado, Koenig espera que el proyecto se apruebe, aunque recordó que no tienen mayoría propia en la Cámara de Diputados y, señaló que “vamos a tener que abrir ese proyecto a otros bloques. Si Juntos por el Cambio presenta un proyecto alternativo será bienvenido para discutir, pero las modificaciones ya fueron aprobadas en el Senado. Veremos si lo aprobamos como vino del Senado o le agregaremos algunas cuestiones”. 

Finalmente, con respecto a la fecha de tratamiento de la reforma de la justicia en Diputados, dijo: “Es difícil decir si el tratamiento será en los próximos días porque eso lo decidirá la Presidencia de la Cámara”, explicó el diputado nacional. 

La verdadera reforma judicial viene marchando por varías vías

Lo del viernes fue como esos días de elección, donde ningún candidato quiere hablar primero. Tiene sentido, pues la relación Fernández-Larreta ya es analizada en las altas esferas en clave electoral. El tono entre ambos comenzó a agrietarse. Los caminos de una reforma judicial que se concibe no solo a través de proyectos.

Por José Angel Di Mauro

“Dejemos de hablar del pasado. Por cada vez que se menciona el pasado volvemos a cavar un poco más de grieta. Así que olvidemos del pasado y empecemos a mirar para adelante”, le dijo Alberto Fernández a Viviana Canosa hace poco más de un año. Ya había ganado las PASO, y repitió esa frase con aires de consigna en sucesivos reportajes de esos días. Prometió que si ganaba no hablaría de “la herencia”, ni perdería “un minuto en echarle la culpa a nadie”. Puede encontrarse también en internet un spot de campaña en el que afirma que “mirando hacia atrás no vamos a resolver los problemas de nuestro país. La experiencia me enseñó a mirar hacia el futuro y dejar atrás las peleas que no traen ninguna solución a los argentinos”.

Mediático como siempre fue, no debe sorprender que sigan apareciendo videos que exponen sus contradicciones. Tiene sentido, durante una década estuvo peleado con quien hoy es su vicepresidenta. Ahora empiezan a surgir videos más actuales, como cuando le pidió a la gente que si creía que se desviaba, saliera a las calles. O estas expresiones que se dan de bruces con esta semana vivida a pura grieta.

Arrancó el domingo embistiendo deliberadamente contra su antecesor, ya no solamente por la herencia que le dejó -con una curiosa comparación con el coronavirus-, sino también por comentarios dichos en privado, en los que supuestamente Mauricio Macri le sugirió evitar la cuarentena “y que se mueran los que se tengan que morir”. Inverificable, pero un mal antecedente para Fernández: lo que hablan dos presidentes se supone que debe quedar en la intimidad. Quizá Alberto se vio influenciado por su vice, cuyo diálogos con Macri sobre el traspaso fallido pueden leerse en “Sinceramente”. 

¿Habrá sentido algún escozor Martín Lousteau, que el viernes 14 visitó al presidente en Olivos?

Todos los analistas coinciden en que la clara intención de Alberto Fernández por zarandear a Macri de esa forma fue forzarlo a subir al ring. La imagen del hoy funcionario de la FIFA está en el subsuelo y en el entorno presidencial estiman que en este momento tan especial le sirve confrontar con Macri.

El presidente se endurece porque la oposición lo ha hecho antes, argumentan desde el albertismo. Aunque no se alterarían si ese endurecimiento opositor fuera inocuo. La movilización de hace dos semanas inquietó por su masividad y los escollos que viene poniéndole en el Congreso han molestado sobremanera al mandatario. Está fastidiado por el freno que impone a determinados temas no contar con los dos tercios en el Senado, y porque la reforma judicial parece haber quedado congelada en Diputados. Para esta altura del año el oficialismo esperaba contar con una oposición más fragmentada, pero las circunstancias terminaron amalgamándola.

Todos los analistas coinciden en que la clara intención de Alberto Fernández por zarandear a Macri de esa forma fue forzarlo a subir al ring.

Mientras tanto Cristina Kirchner se siente “mejor que nunca”, tal cual le confió a Esteban Bullrich en esa suerte de paso de comedia del principio de la sesión del jueves. Y un día antes estableció para propios y extraños que el proyecto que iban a tratar no es en absoluto una reforma judicial. Atentos, los legisladores que le responden adecuaron entonces sus discursos. Semánticamente tiene razón Cristina: desde el título, el proyecto del Ejecutivo circunscribe todo a la Justicia Federal. La reforma judicial que ella impulsó en 2013 -y la propia Justicia frenó- era mucho más ambiciosa. La senadora María de los Angeles Sacnun interpretó bien a su mentora cuando en su discurso como miembro informante aclaró que esa era “una primera ley y seguramente requeriremos de otras leyes para conformar una verdadera reforma judicial”.

maria de los angeles sacnun sesion reforma judicial
Sacnun adelantó que esta será la primera de una serie de leyes para “una verdadera reforma judicial”.

Habrá que interpretar que esa reforma incluye lo que está preparando el consejo asesor creado por el presidente -la irónicamente denominada “Comisión Berardi”-, y que para fin de año le entregará los resultados de su trabajo, que incluirán la recomendación de una modificación de la Corte Suprema, nada menos.

Pero la reforma judicial en ciernes avanza también por otras vías, ya no en forma de proyectos, mas sí con la fuerza de la mayoría que el oficialismo ostenta en el Senado, donde manda Cristina. Se define semana a semana con las reuniones de la Bicameral de Control del Ministerio Público donde se ventilan causas abiertas contra el procurador interino, Eduardo Casal, al que el kirchnerismo se ha comprometido a desplazar. Con todo, ese camino solo sirve para desgastar al funcionario judicial, mas está claro que no tendrán los dos tercios que demandaría un juicio político. Sí en cambio avanzaron el jueves -justo antes del inicio del debate por la reforma judicial- con el deslazamiento de dos miembros de Cambiemos en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, donde buscarán suspender al procurador. Solo les falta un voto para ese objetivo.

La reforma política oficial, esa que CFK dice que no es tal, llegó a Diputados, donde hoy por hoy el oficialismo no tiene los votos. Por ahora. Tiene lo que resta del año y el próximo para ablandar resistencias, aunque debe apurarse pues difícilmente prospere una movida en ese sentido cuando arranque la carrera electoral. El Gobierno tiene recursos, como demostró justo antes de votar el proyecto, cuando la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales dedicó 14 minutos a leer la extensa serie de cambios que a lo largo de la última semana -desde la firma del dictamen hasta la llegada del proyecto al recinto- el Gobierno acordó con los gobernadores. ¿De qué otra manera se debe interpretar que la mayoría de los cambios tuvieran que ver con nuevos juzgados en distintas provincias; esto es, 1387 cargos más? O el cambio de la “enmienda Parrilli” -no la supresión-, anunciada por su propio mentor como una suerte de concesión para ablandar espíritus en Diputados.

El Gobierno confía que en el marco del inminente debate del proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del SIPA, que incluye la renegociación de deudas provinciales, se limen las resistencias necesarias, o bien cuando se discuta el Presupuesto 2021.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales dedicó 14 minutos a leer la extensa serie de cambios que a lo largo de la última semana -desde la firma del dictamen hasta la llegada del proyecto al recinto- el Gobierno acordó con los gobernadores.

Será en una Cámara de Diputados donde el clima se ha enrarecido. Allí la búsqueda de consensos tuvo el vuelo que no existe en el Senado, donde su presidenta no la quiere y el oficialismo no la necesita; en Diputados es distinto, bien lo sabe Sergio Massa, que debe hacer un trabajo fino para conseguir los votos para las leyes que pide el gobierno. Pero allí no sesionan desde hace un mes, porque Juntos por el Cambio se le ha parado de manos a Massa, bajo la excusa de que el protocolo para sesionar de manera remota está vencido.

Esta vez no hubo conferencia de prensa conjunta, solo una foto previa distribuida. (Foto: Presidencia de la Nación)

Hace dos semanas que los jefes de JxC esperan ser convocados para acordar cómo seguir, pero Massa no los llama porque sabe que condicionarán sesionar a que solo sea por temas consensuados, y el Ejecutivo le pide más. El viernes el presidente de la Cámara sorprendió convocando a sesionar este martes, sobre temas que no generan rispideces, más bien todo lo contrario, sobre todo la ley de sostenimiento y reactivación de la actividad turística nacional, que ya tiene media sanción del Senado. Los jefes de Juntos por el Cambio le mandaron a Massa una carta recordándole que el protocolo está vencido y que si no se acuerda otro, la sesión deberá ser “presencial”, con otro protocolo sanitario.

Con todo, Massa sabe que dentro de Juntos por el Cambio hay quienes quieren sesionar igual porque en sus provincias les reclaman una ley para el turismo ya, y además el Frente de Todos puede alcanzar el quórum sin la principal oposición. Todo un dilema para Mario Negri, Cristian Ritondo y Maxi Ferraro si deciden estirar la cuerda, pero también para Massa, que no quisiera ir al choque.

Mientras tanto, la cuarentena -o como quieran llamarla- se extendió hasta el 20 de septiembre, comunicándose de una manera inédita. Ya no hubo conferencia de prensa conjunta, para beneplácito de los duros de ambos lados de la grieta: los de Cambiemos, que renegaban de la “buena onda” entre “Horacio y Alberto”, y los del kirchnerismo, que como ya hemos dicho le reprochaban al presidente darle cada 15 días semejante nivel de exposición a quien posiblemente será el principal rival en 2023.

A la vera del río, el presidente criticó la “opulencia” de la Ciudad donde él hizo su carrera política. (Foto: Presidencia de la Nación)

Está claro que el Gobierno tomó nota. Por el discurso que el viernes hizo el presidente desde Santa Fe, criticando especialmente a la Ciudad de Buenos Aires. Como hizo Cristina a los 3 días de asumir este gobierno, Alberto habló ahora de una ciudad “tan opulenta, tan bella, tan desigual e injusta con el resto del país”. Se viene el postergado recorte en la coparticipación.

Hay más detalles reveladores. Cuando el viernes el oficialismo presentó finalmente el impuesto a las grandes fortunas, nominó a 13 diputados como voceros del proyecto, y les dio un instructivo para defenderlo públicamente. En el mismo se hace hincapié en la herencia recibida, o más especialmente a una “actividad económica deprimida”. Y en ese marco se remarca que “la gestión de Macri, Rodríguez Larreta y Vidal dejó 8 trimestres de caída interanual del PBI de 3,4% en promedio”. El “amigo” Horacio puesto deliberadamente en la línea de fuego, en clave electoral.

Negri calificó de “vergonzoso” lo sucedido en el Senado

Para el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, la reforma judicial está pensada para resolver causas del poder con la Justicia.

“No tuvieron ningún pudor con el mamarracho de las modificaciones que introdujeron a último momento, con la creación de más de mil cargos. Metieron 400 cargos en 15 minutos con una birome. Y lo hicieron en forma virtual, prácticamente con la cara de los senadores detrás de una pantalla, y si es posible que hablaran no más de un minuto. Lo que ocurrió en el Senado es vergonzoso, no tiene antecedentes, fue una bofetada a las instituciones y a la sociedad argentina”, señaló este sábado el titular del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri.

En declaraciones radiales el diputado radical amplió: “Es una afrenta a la sociedad que le pidió al presidente, hace pocos días, que frene, que en lugar de repartir fósforos tiren un poco de agua. La Argentina no puede estar sometida a este nivel de tensión al que nos están sometiendo. En esta reforma judicial no hay nada que resuelva los problemas de la gente, de las familias, de divorcios, de herencias, o de violencia de género. Esta es una reforma hecha para resolver un problema que sabe tener el poder en Capital Federal vinculado a hechos de corrupción y del poder. Quieren esconder un elefante dentro de una manada de elefantes”.

Al referirse al tratamiento que el proyecto tendrá en Diputados, Negri remarcó: “Se equivocan todos los que crean que en Diputados eso se puede enmendar. No hay parche que pueda resolver el desastre y el bochorno institucional al que nos sometió el Senado”.

“Achicamos el debate si solamente sumamos o restamos números de bancas. Es un tema de fondo lo que se está jugando en la Argentina, está sitiado el Poder Judicial, quieren echar al procurador”, agregó el legislador, que recordó luego que “recién envían 30 pliegos cambiando cargos importantes de los casi 200 pliegos que retiró del Senado este Gobierno al ingresar. Las iban a estudiar 30 días, y recién ayer enviaron 30 y sacaron de las ternas a aquellas personas que tuvieron que ver algo en causas donde se investigan hechos de corrupción vinculados a Cristina Fernández de Kirchner. Nunca soñó en su vida Cristina Kirchner, ni aun siendo presidenta, que iba a tener en el Senado un escritorio personal”.

De cara al debate en Diputados, Negri advirtió: “Comerse el caramelo algún legislador de que les va a regalar una cámara federal o un juzgado en algún lado, que no llegarán nunca, diciendo que con esas modificaciones estamos haciendo un servicio a la Justicia, sin saber que cuando eso vuelva al Senado con mayoría simple se puede ratificar el proyecto original, eso no sería ingenuidad, esa complicidad. No se puede canjear convicción y principio por un pedazo de ruta o por un puente”, remarcó.

Con respecto a la sesión convocada en Diputados para este martes, Negri insistió en que “queremos garantía de que los temas que se puedan eventualmente considerar sean acordados y vinculados a demandas urgentes de la sociedad. Hemos ayudado siempre al Gobierno, le hemos facilitado el tratamiento de más de 15 leyes. De 257 diputados 210 miran por las pantallas y pueden hablar 2 minutos. No se pueden discutir temas conflictivos y de la envergadura de la reforma aprobada en el Senado con esa modalidad, sería una locura”.

CABA en la mira del Gobierno nacional

En otro orden de cosas, Negri se refirió a las afirmaciones del presidente Alberto Fernández sobre “la opulencia de la Ciudad de Buenos Aires”: “Es una chicana barata. Debería realmente pensar si no le da más culpa el país macrocefálico que se armó, de lo cual el peronismo escribió varios tomos, agarrado del asistencialismo y la pobreza, en lugar de desarrollar un federalismo en la Argentina”.

“Seguimos esperando ver si al presidente que dijo que venía a unir a los argentinos”, concluyó.

Reforma judicial: Massa afirmó que el oficialismo está dispuesto a escuchar propuestas

El titular de la Cámara baja confía en que el oficialismo podrá alcanzar acuerdos con la oposición para aprobar el proyecto que cuenta con media sanción del Senado.

sergio massa sesion virtual diputados 4 de agosto de 2020

Aprobada en el Senado, la reforma judicial ya está en la Cámara baja a la espera de que los planetas se alineen para el oficialismo y estén los números asegurados para llevar el tema al recinto. Atento a que eso hoy por hoy no estaría sucediendo, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, ya dijo que “no hay apuro” para tratar el proyecto.

Al día siguiente de que el proyecto obtuviera media sanción -aunque en rigor la aprobación fue en los primeros minutos de este viernes-, Sergio Massa expresó su confianza porque la Cámara que él preside podrá convertir en ley esa iniciativa, y como llamador al diálogo aclaró de entrada que el Frente de Todos está “dispuesto a escuchar, discutir y a modificar si hace falta” el proyecto.

Entrevistado en C5N, Massa señaló que “tenemos que sacarnos todos los prejuicios y hacer todo el esfuerzo” para aprobar el proyecto. “Cada vez que nos peguen una cachetada tenemos que poner la otra mejilla”, sugirió.

En ese marco, se mostró confiado en que podrá tener un diálogo “razonable” con la oposición y dijo esperar que parte de ella “entienda que tenemos que meter mano para darle una respuesta a la sociedad”.

Como para dar una señal respecto de la disposición a activar pronto el tratamiento del proyecto en la Cámara baja, Massa contó que “ya hay 49 entidades anotadas que van a dar su opinión”, y dio por sentado que “hay muchos diputados que tienen mucho para aportar al debate”, convocándolos a que “propongan sus modificaciones, que es el funcionamiento normal de cualquier Parlamento”.

El proyecto de reforma judicial aprobado por el Senado

Este es el texto que recibió media sanción en la Cámara alta y que pasa a la Cámara de Diputados.

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Bullrich: “Sacamos leyes que le convienen a Cristina, no a la Argentina”

De esa manera aludió el senador al breve intercambio que se dio durante la sesión del Senado entre él y la presidenta del cuerpo. Criticó la aprobación de lo que definió como “un engendro” y advirtió sobre leyes importantes trabadas.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich criticó este viernes la actitud del oficialismo en el final de la sesión de la reforma judicial en la que antes de votar se leyeron una serie de cambios imprevistos realizados en el dictamen original, del que recién se tomó conocimiento en ese momento.

Al respecto, explicó que “en general eso sucede cuando uno está consensuando una ley”, pero en realidad, lo que sucedió este jueves en materia de modificaciones terminó siendo para él lo que definió como un “plan canje”. En ese sentido señaló que “lo único que se aumentaron significativamente fueron los juzgados que se creaban en el interior”.

Bullrich aclaró que eso ya había comenzado a suceder la semana anterior, cuando “pasamos de alrededor de 300 cargos que se creaban, a 600 cargos, y ayer calculamos (que se crearon) unos cien cargos más, lo que calculamos representan unos 600 millones de pesos adicionales”.

Entrevistado en el programa “Lanata sin filtro”, de radio Mitre, el senador bonaerense señaló que además de representar esta reforma judicial una erogación elevada en un momento inconveniente, nuestro país “ya reformó su justicia”, disponiendo avanzar hacia el régimen acusatorio, que establece que en lugar de que sea el juez el que investiga y sentencia, esa el fiscal quien investigue y el juez determine la sentencia. “En lugar de fortalecer eso, que nació durante la gestión de Cristina Kirchner y que el presidente Mauricio Macri mantuvo, y ya se está aplicando en Salta y Jujuy, ahora se hace esto, que va para atrás”, señaló el legislador en referencia a que se designan más jueces en lugar de más fiscales. “Es un sinsentido, que además, en las formas, fue una vergüenza”, sentenció.

Consultado sobre lo sucedido al principio de la sesión, cuando la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, lo buscó en la pantalla del zoom y se produjo un intercambio cargado de ironía, en el que la vicepresidenta dijo sentirse “mejor que nunca” y él repuso que “la Argentina no tanto”, Bullrich acotó que ese pasaje “marcó claramente la diferencia de agenda que tienen Cristina Kirchner y el oficialismo del Senado con lo que está pasando en la Argentina. Por eso le marqué la diferencia”.

En esa línea recordó el aumento de contagios de Covid-19 que se está verificando, a más de 150 días de cuarentena, “con una crisis económica por delante que tenemos que afrontar todos juntos, y en lugar de afrontar estos temas, estamos tratando lo que le interesa a Cristina Kirchner. Esto es mucho más vergonzoso que una votación a las 2 de la mañana cuando se agregan artículos”, sostuvo.

El senador del Pro lamentó que se estén tratando proyectos como el de este jueves, en lugar de estar tratándose “temas que le interesan a la gente”, y citó el caso de la Ley de Economía del Conocimiento, que generará 200 mil empleos potenciales. “Es una ley que saben que acompañamos y estamos dispuestos a aprobar sin debate si hace falta”, aseguró, agregando que “la otra ley clave que está parada, aprobada por unanimidad en Diputaos, es la que extiende los plazos de pagos para quiebras y concursos. La CAME y la Unión Industrial bonaerense están pidiendo que la aprobemos… En lugar de sacar estas leyes, sacan el engendro que sacamos ayer… No estamos sacando ninguna de las leyes que se necesitan”.

“Por eso, Cristina puede estar muy bien, porque sacamos leyes que le convienen a ella, pero no a la Argentina”, enfatizó Esteban Bullrich.

Las modificaciones al texto de la reforma judicial

Vea cuáles fueron los múltiples cambios realizados al dictamen del proyecto enviado por el Ejecutivo.

MODIFICACIONES AL ORDEN DEL DÍA 119/20

GENERAL:

  • Donde dice “Consejo de la Magistratura, debe decir: “Consejo de la Magistratura de la Nación”.
  • Donde dice “Procuración General de la Nación” debe decir Ministerio Público Fiscal de la Nación”.
  • Donde dice “Defensoría General de la Nación” debe decir Ministerio Público de la Defensa de la Nación”.  

ARTICULADO:

  • Se modifica el artículo 18:

En donde dice “Artículo 16” debe decir “Artículo 17”.

  • Se modifica el artículo 38 inciso d) el que quedará redactado de la siguiente manera:

“d) La prueba de oposición para cubrir los cargos será escrita y versará sobre la resolución de casos mediante la aplicación del Código Procesal penal Federal. También deberá valorarse la perspectiva de género. Para participar en la etapa próxima del procedimiento se requiere haber aprobado el examen escrito con el SESENTA por ciento (60%) del puntaje total asignado al mismo. La falta de concurrencia al examen escrito implica el desistimiento de participar”.

  • Se modifica el  artículo 51 por el siguiente:

ARTICULO 51.- Créanse los Juzgados Federales de Primera Instancia y los Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en las Provincias y sus respectivos cargos de juez o jueza.

La individualización de los juzgados federales creados por este artículo, su jurisdicción, localidad de asiento y la indicación de los tribunales de alzada respectivos se detallan en el ANEXO II que integra la presente ley.

  • Se modifica el  artículo 53 por el siguiente:

ARTICULO 53.- Creánse las Secretarías correspondientes a los Juzgados Federales de Primera Instancia y Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en las Provincias que se indican en el ANEXO III que integra la presente ley. Las mismas deberán contar con el personal necesario para su correcto funcionamiento.

  • Se sustituye el artículo 56 por el siguiente:

ARTÍCULO 56.- A partir de la fecha de la habilitación de los juzgados creados por el artículo 51 de esta ley, las secretarías que estuvieran entendiendo en causas de lesa humanidad conservarán dicha competencia con exclusividad.

Los funcionarios y funcionarias y el personal asignado a dichas causas mantendrán sus funciones inalteradas.

  • Se sustituye el plazo del artículo 58:

Donde dice “DIEZ (10) días” debe decir “TREINTA (30) días

  • Se sustituye el artículo 59:

ARTICULO 59.- En los supuestos en los que el presente Título de esta ley se dispone la creación de Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal  o Juzgados Federales Penales de Garantías en una jurisdicción territorial que ya cuente con UNO (1) o más Juzgados Federales de Primera Instancia con la misma competencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, atendiendo al número de causas actualmente en trámite, y por razones de mejor servicio, podrá disponer la dispensa de turno de UNO (1) o más de tales juzgados, por el plazo máximo de UN (1) año.

  • Se modifica el artículo 60 por:

ARTICULO 60.- Créanse Cámaras Federales de Apelaciones y Salas de Cámaras Federales de Apelaciones ya existentes, con asiento en las Provincias y sus respectivos cargos de vocales de Cámara, funcionarios, funcionarias y empleados y empleadas, según se detalla en el ANEXO IV.

 “Créanse UNA (1) Fiscalía de Cámara y UNA (1) Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia que actuarán ante las Salas de las Cámaras Federales de Apelaciones creadas por el presente y sus respectivos cargos que se detallan en el ANEXO IV”.

  • Se modifica el artículo 63:

ARTÍCULO 63.- El MINISTERIO PÚBLICO que ejerce sus funciones ante los actuales Juzgados Federales con asiento en las provincias también lo hará ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal o  ante Juzgados Federales Penales de Garantías  que se crean en el Título Tercero de esta ley.

  • Se modifica el artículo 65:

ARTICULO 65.- Créanse en el ámbito del MINISTERIO PUBLICO FISCAL de la Nación los cargos de fiscal ante los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal, ante los Juzgados Federales Penales de Garantías y ante los Juzgados de Primera instancia con asiento en las Provincias, conforme al ANEXO VI que integra la presente ley.

  • Se modifica el artículo 67:

Donde dice: “artículo 39” debe decir “artículo 40”.

  • Se modifica el artículo 69:

ARTICULO 69.- Encomiéndese a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION la inmediata habilitación de los Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal, los Juzgados Federales Penales de Garantías y los Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las Provincias creados por el artículo 51, una vez cubiertas las vacantes de cargos de juez o jueza de conformidad con lo previsto en el artículo 58 inciso a).

  • Se modifica el artículo 70:

ARTICULO 70.- Los Juzgados Federales de Primera Instancia que en virtud de la transferencia de secretarias dispuesta por el artículo 52 de la presente ley que resulten con competencia electoral exclusiva, sumarán competencia en materias no penales.

Transfiérense las secretarias no penales correspondientes a los Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las Provincias indicados en el ANEXO VII a los Juzgados Federales de Primera Instancia o Juzgados Federales Penales de Garantías de igual localización, de acuerdo al detalle obrante en el citado anexo.

  • ARTICULO 71 se modifica:

ARTICULO 71.-

Asígnese competencia en materia de protección de los consumidores y usuarios, del medio ambiente y de procesos colectivos y créanse Secretarías adicionales con dicha competencia en cada uno de los Juzgados Federales de Primera Instancia y Juzgados Federales Penales de Garantías individualizados en el ANEXO VII de esta ley.

  • Se modifica el artículo 73:

En donde dice “Artículo 74” debe decir “Artículo 72”.

  • En el artículo 75:

El inciso f) debe decir:

f) La Cámara de Apelaciones en lo Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Cámaras Federales de Apelaciones con asiento en las provincias y la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional;

  • En el artículo 78 Se modifica el inciso r) y se agregan los incisos s y t:

r) Catamarca (provincia de Catamarca): comprende la sección correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de Catamarca y La Rioja.

s) La Pampa (provincia de La Pampa): comprende la sección correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de La Pampa.

t) La Matanza (provincia de Buenos Aires): comprende la sección correspondiente a la Cámara Federal de Apelaciones de La Matanza.

ANEXO II

  • Se modifica el TITULO del ANEXO II por el siguiente:

JUZGADOS FEDERALES DE PRIMERA INSTANCIA y JUZGADOS FEDERALES PENALES DE GARANTIAS CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS

Se agrega un nuevo apartado 1:

1) UN (1) Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la ciudad de RECONQUISTA, Provincia de SANTA FE, con idéntica jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO.

  • Se modifican los apartados 1-2-3-4 en cuanto dispone la creación de Juzgados Federales Penales de Garantías
  1. UN (1) Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la ciudad de RAFAELA, Provincia de SANTA FE, con idéntica jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO.
  • DOS (2) Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en la ciudad de ROSARIO, provincia de SANTA FE, individualizados como Nros. 5 y 6 respectivamente, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO.
  • UN (1) Juzgado Federal  Penal de Garantías con asiento en la ciudad de SAN LORENZO, Provincia de SANTA FE, con jurisdicción territorial en los departamentos San Lorenzo y Caseros de la provincia homónima con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO.
  • DOS (2) Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en la ciudad de SANTA FE, provincia de SANTA FE, individualizados como Nros. 3 y 4 respectivamente, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO.
  • UN (1) Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la ciudad de VENADO TUERTO, Provincia de SANTA FE, con idéntica jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE ROSARIO.
  • Se modifica el Apartado 6) por el siguiente:
  • “UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de AVELLANEDA, Provincia de Buenos Aires, con jurisdicción en los partidos de Avellaneda y Lanús, cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PLATA.”
  • Se modifica el Apartado 10)

En donde dice: “Justicia Federale” debe decir “Justicia Federal”

  • El Apartado 13) se modifica por el siguiente:

13) UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad San Justo, Partido de LA MATANZA, Provincia de BUENOS AIRES, con jurisdicción territorial en la Provincia de Buenos Aires cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA MATANZA. (OJO Ver nombre final FALTA COMPETENCIA)

  • El Apartado 14) se modifica por el siguiente:

14) UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad de Laferrere, Partido de LA MATANZA, Provincia de BUENOS AIRES, con jurisdicción territorial en la Provincia de Buenos Aires cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA MATANZA. VER COMPETENCIA

  • Se agregan los siguientes Apartados:

x) DOS (2) Juzgados Federales de Primera Instancia en lo penal con asiento en la ciudad de TIGRE, provincia de BUENOS AIRES, individualizados como Nros. 1 y 2 respectivamente, con jurisdicción territorial en los Partidos de Tigre, San Fernando y Malvinas Argentinas, Provincia de BUENOS AIRES, y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN.

x) UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia en lo penal con asiento en la ciudad de PILAR, provincia de BUENOS AIRES, con jurisdicción territorial en los Partidos de Pilar y Exaltación de la Cruz, Provincia de BUENOS AIRES, y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN MARTIN.

x) UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia en lo penal con asiento en la ciudad de TAPIALES, provincia de BUENOS AIRES, con jurisdicción territorial en la provincia de BUENOS AIRES, y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA MATANZA. (ver)

  • Se SUPRIME el Apartado 19).

SE SUPRIME

  • Se modifica el Apartado 20) por el siguiente:

20) TRES (3) Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en la ciudad de SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia de JUJUY, individualizados como Nros. 1,2, y 3 respectivamente, con la misma jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia Nros. 1 y 2 con asiento en la ciudad de SAN SALVADOR DE JUJUY y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SALTA Y JUJUY.

  • Se modifica el Apartado 21)

21) UN (1) Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la ciudad de SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN, Provincia de SALTA, con la misma jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN y que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de TARTAGAL y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SALTA Y JUJUY.

  • Se modifican los apartados 22 y 23:

22)  DOS (2) Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en la ciudad de SALTA, Provincia de SALTA, individualizados como Nros. 3 y 4 respectivamente, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SALTA Y JUJUY.

23) UN (1) Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la ciudad de TARTAGAL, Provincia de SALTA, con la misma jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de TARTAGAL y que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de SAN RAMÓN DE LA NUEVA ORÁN y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SALTA Y JUJUY.

  • Se modifica el Apartado 26)

En donde dice: 26) UNO (1) juzgado…” debe decir: “UN (1) juzgado…”

  • Se modifica el Apartado 28)

En donde dice “ciudad de ITUZAINGO” debe decir “ciudad de SANTO TOMÉ”.

  • Se modifica el Apartado 30) por el siguiente:

“UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de POSADAS, Provincia de MISIONES, individualizado como Nro. 1, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE POSADAS”.

  • Se modifica el apartado 33 por el siguiente:

33) UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad de  ARISTÓBULO DEL VALLE, Provincia de MISIONES, con la misma jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de OBERÁ, que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de ELDORADO y que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de PUERTO IGUAZU y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE POSADAS.

  • Se modifica el Apartado 38)

38) UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad de LA RIOJA, Provincia de LA RIOJA, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad  y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CATAMARCA.

  • Se modifica el Apartado 39)

En donde dice: “ciudad de CONCORDIA, que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de GUALEGUAYCHÚ y que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de VICTORIA y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE PARANÁ” debe decir: “ciudad de CONCORDIA y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE PARANÁ”

  • Se modifica el Apartado 40

40) DOS (2) Juzgados Federales Penales de Garantías con asiento en la ciudad de MENDOZA, Provincia de MENDOZA, individualizados como Nros. 5 y 6, respectivamente, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad, y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA.

  • Se modifica el Apartado 42)

42) UN (1) Juzgado Federal Penal  de Garantías con asiento en la ciudad de SAN RAFAEL, Provincia de MENDOZA, con idéntica jurisdicción territorial que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la misma ciudad, y cuya alzada será ejercida por la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA.

  • SE AGREGAN los siguientes apartados:

) DOS (2) Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad de RESISTENCIA, Provincia de Chaco, individualizados como Nros. 3 y 4 respectivamente, con la misma jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la Ciudad de Resistencia Nros. 1 y 2 y que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA y cuya alzada será ejercida por la CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE RESISTENCIA.

) UN (1) Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad de ROQUE SAENZ PEÑA, Provincia de Chaco, con la misma jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la Ciudad de Resistencia Nros. 1 y 2 y que el actual Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA  y cuya alzada será ejercida por la CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE RESISTENCIA.

ANEXO III

SECRETARIAS DE JUZGADOS FEDERALES EN LAS PROVINCIAS

  1. Créase UNA (1) Secretaría en los siguientes Juzgados Penales Federales:
  • Se SUPRIME el punto 1.
  • Se SUPRIME el punto 2.
  • Se SUPRIME el punto 5.
  • Se SUPRIME  el punto 6.
  • Se modifica el punto 9 por el siguiente:

“Juzgado Federal Penal de Garantías en San Lorenzo, con asiento en la ciudad de San Lorenzo, con jurisdicción en la Provincia de Santa Fe”.

  • Se suprime el punto 10.
  • Se agrega un nuevo punto después del 15) con el siguiente texto:

) Créase una Secretaria Federal de Primera Instancia en lo penal de La Matanza, con asiento en la ciudad de Tapiales, con jurisdicción en la Provincia de Buenos Aires.

  • Se modifica el Apartado 2) por el siguiente:
  • Créanse DOS (2) Secretarias en el Juzgado Federal de la Seguridad Social de Posadas, Provincia de Misiones.
  • Se modifica el Apartado 3) por el siguiente:

3)Créase una Secretaría en el Juzgado Federal de Avellaneda, con jurisdicción en los partidos de Avellaneda y Lanús, con asiento en la ciudad de AVELLANEDA, Provincia de Buenos Aires.

  • Se suprime el Apartado 5) (ITUZAINGO)
  • Se agrega un Apartado a continuación, con el siguiente texto:

)Juzgado Federal de Primera instancia en lo penal de la ciudad de Tapiales, provincia de Buenos Aires.

SECRETARIAS PENALES TRANSFERIDAS

  • Se modifica el apartado 1)
  • La Secretaria Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de RAFAELA, Provincia de SANTA FE, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la misma ciudad.
  • Se modifica apartado 2) por el siguiente:

2)La Secretaría Penal y de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de RECONQUISTA, Provincia de SANTA FE, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la misma ciudad.

  • Se modifica el apartado 3) por el siguiente:

3)La Secretaría Penal B del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 3 con asiento en Rosario, provincia de Santa Fe se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías Nro. 5 con asiento en la misma ciudad; y la Secretaria Penal 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia Nro. 4 con asiento en Rosario, provincia de Santa Fe se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías Nro. 6 con asiento en la misma ciudad.

  • Se reemplaza el apartado 4) por el siguiente:

4) La Secretaría Penal y la Secretaria de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe se transfieren al Juzgado Federal Penal de Garantías Nº 3 con asiento en la misma ciudad y la Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº2 de la Ciudad de SANTA FE, Provincia de Santa Fe se transfiere al Juzgado Federal de Penal de Garantías Nº 4 con asiento en la misma ciudad.

  • Se reemplaza el apartado 5) por el siguiente:

5) La Secretaria Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de VENADO TUERTO, Provincia de SANTA FE, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la misma ciudad.

  • Se modifica el punto 7:

En donde dice: “Provincia de Buenos Aires.” debe decir a continuación: “Provincia de Buenos Aires, se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal Nº 6 con asiento en la misma ciudad.”

  • Se modifica el punto 8 por el siguiente:

8) Las Secretarias Nros. 1 y 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de QUILMES, Provincia de BUENOS AIRES, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 2 con asiento en la misma ciudad”

  • Se modifica el punto 13 por el siguiente: 

 “13) Las Secretarias Nros. 2 y 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 con asiento en la ciudad de BAHÍA BLANCA, Provincia de BUENOS AIRES, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 3 con asiento en la misma ciudad y la Secretaria N° 6 del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 con asiento en la ciudad de BAHÍA BLANCA, Provincia de BUENOS AIRES, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 4 con asiento en la misma ciudad.”

  • Se suprime el punto 16
  • Se modifica el punto 18 por el siguiente:

18) La Secretaría Penal N° 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 con asiento en la ciudad de SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia de JUJUY, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías N° 1, con asiento en la misma ciudad;  la Secretaría Penal N° 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 con asiento en la ciudad de SAN SALVADOR DE JUJUY, Provincia de JUJUY, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías N° 2, con asiento en la misma ciudad.

  • Se suprime el punto 19
  • Se modifican los apartados 20, 21 y 22 por los siguientes:

20) La Secretaria Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia de SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN, Provincia de SALTA, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías N° 2 con asiento en la misma ciudad.

21) La Secretaria Penal N° 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 con asiento en la ciudad de SALTA, Provincia de SALTA, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías N° 3 con asiento en la misma ciudad; la Secretaria Penal N° 4 del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 con asiento en la ciudad de SALTA, Provincia de SALTA, se transfiere al Juzgado Federal Penal de Garantías N° 4 con asiento en la misma ciudad.

22) Las Secretarias Penales N° I y N° II del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de TARTAGAL, Provincia de SALTA, se transfieren al Juzgado Federal Penal de Garantías con asiento en la misma ciudad.

  • Se agrega un Apartado a continuación del 22, con el siguiente texto:

“) La Secretaría Penal Nº 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 con asiento en la ciudad de SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, Provincia de Tucumán, se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal Nº4 con asiento en la misma ciudad ”

  • Se modifica el apartado 29:

29) La Secretaria Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la Ciudad de OBERÁ, Provincia de Misiones se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la Ciudad de ARISTOBULO DEL VALLE, Provincia de Misiones.

  • Se agrega un apartado a continuación del 29 con el siguiente texto:

“) La Secretaría Penal y la  Secretaria de Leyes Especiales del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1 con asiento  en la ciudad de CÓRDOBA, Provincia de CÓRDOBA, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal Nº4 con asiento en la misma ciudad; la Secretaria Penal y la Secretaria de Leyes Especiales del Juzgado Federal  de Primera Instancia Nº3  con asiento en la ciudad de CÓRDOBA, Provincia de Córdoba se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal Nº5 con asiento en la misma ciudad.”

  • Se agrega un nuevo Apartado a continuación:

) La Secretaría Penal y la Secretaría de Leyes Especiales del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de LA RIOJA, Provincia de LA RIOJA, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la misma ciudad.

  • Se modifican los apartados 31 y 32 por los siguientes:

31) Las Secretarías A y B del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 con asiento en la ciudad de MENDOZA, Provincia de MENDOZA, se transfieren al Juzgado Federal Penal de Garantías N° 5 con asiento en la misma ciudad; y las Secretarías C y F del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 con asiento en la ciudad de MENDOZA, Provincia de MENDOZA, se transfieren al Juzgado Federal Penal de Garantías N° 6 con asiento en la misma ciudad. Las Secretarías E y D permanecerán en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3.

32) La Secretaria Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de SAN RAFAEL, Provincia de MENDOZA, se transfiere al Juzgado Federal en lo Penal de Garantías con asiento en la misma ciudad.

  • Se agrega un apartado después del 32 con el siguiente texto:

“)  La Secretaría Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la Ciudad de SAN LUIS, Provincia de SAN LUIS, se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la misma ciudad”

  • Se agregan los APARTADOS SIGUIENTES:

).      La Secretaría N° 3 del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 1 y la Secretaría N° 6 del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2, con asiento en la Ciudad de San Martín, se transfieren respectivamente al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 1 y al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 2, ambos con asiento en la ciudad de TIGRE.

) La Secretaría Penal Nro. 2 del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de CAMPANA, Provincia de BUENOS AIRES se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal N° 1 con asiento en la Ciudad de Pilar.

) Las Secretarías Penales Nros. 1 y 2 y de Derechos Humanos del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº1 con asiento en la ciudad de Resistencia, Provincia del CHACO, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal Nº 3 con asiento en esa misma ciudad: las DOS (2) Secretarías Penales del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº2 con asiento en la ciudad de RESISTENCIA, Provincia del CHACO, se transfieren al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la misma ciudad.

) La Secretaria Penal del Juzgado Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad de PRESIDENCIA ROQUE SAENZ PEÑA, Provincia del CHACO, se transfiere al Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la misma ciudad.

ANEXO IV

CÁMARAS FEDERALES DE APELACIONES Y TRIBUNALES ORALES FEDERALES CON ASIENTO EN LAS PROVINCIAS

  • Se modifica:

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CATAMARCA.

LA CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE CATAMARCA será tribunal de alzada ante los Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en la Provincias de CATAMARCA y LA RIOJA.

Tendrá su sede en San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca.

  • Se modifica:

CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE SAN LUIS

PODER JUDICIAL

 “en el recuadro de Secretario de Cámara debe decir DOS (2)”

  • Donde dice Tribunal Oral Federal en ITUZAINGÓ debe decir “Tribunal Oral Federal en PASO DE LOS LIBRES”
  • Se agrega:

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE GENERAL ROCA

Incorpórese una (1) SALA de tres vocales a la CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE GENERAL ROCA con sede en la ciudad de General Roca que actuará como Tribunal de alzada de los juzgados Federales de las provincias de NEUQUÉN y RÍO NEGRO.

PODER JUDICIAL

Juez de CámaraTres (3)
Secretario de CámaraDos (2)
Prosecretario administrativoDos (2)
Jefe de DespachoUno (1)
OficialDos (2)
EscribienteDos (2)
Personal de servicio y maestranzaDos (2)
TOTALCATORCE (14)

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Fiscal de CámaraUno (1)
SecretarioDos (2)
Prosecretario administrativoDos (2)
OficialUno (1)
AuxiliarDos (2)
TOTALOCHO (8)

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

Defensor Público Oficial Uno (1)
SecretarioDos (2)
Prosecretario administrativoDos (2)
OficialUno (1)
AuxiliarDos (2)
TOTALOCHO (8)
  • SE AGREGA:

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PAMPA

La CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA PAMPA con sede en la ciudad de Santa Rosa, actuará como Tribunal de alzada de los juzgados Federales de la provincia de LA PAMPA. Estará compuesta por UNA (1) Sala con tres vocales.

PODER JUDICIAL

Juez de CámaraTres (3)
Secretario de CámaraDos (2)
Prosecretario administrativoDos (2)
Jefe de DespachoUno (1)
OficialDos (2)
EscribienteDos (2)
Personal de servicio y maestranzaDos (2)
TOTALCATORCE (14)

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Fiscal de CámaraUno (1)
SecretarioDos (2)
Prosecretario administrativoDos (2)
OficialUno (1)
AuxiliarDos (2)
TOTALOCHO (8)

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

Defensor Público Oficial Uno (1)
SecretarioDos (2)
Prosecretario administrativoDos (2)
OficialUno (1)
AuxiliarDos (2)
TOTALOCHO (8)
  • SE AGREGA:

CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA MATANZA

La CÁMARA FEDERAL DE APELACIONES DE LA MATANZA  con sede en la ciudad de ………………,  actuará como Tribunal de alzada de los juzgados Federales del Partido de LA MATANZA, Provincia de Buenos Aires.

Estará compuesta por UNA (1) SALA con tres vocales.

PODER JUDICIAL

Juez de CámaraTres (3)
Secretario de CámaraDos (2)
Prosecretario administrativoDos (2)
Jefe de DespachoUno (1)
OficialDos (2)
EscribienteDos (2)
Personal de servicio y maestranzaDos (2)
TOTALCATORCE (14)

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL

Fiscal de CámaraUno (1)
SecretarioDos (2)
Prosecretario administrativoDos (2)
OficialUno (1)
AuxiliarDos (2)
TOTALOCHO (8)

MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA

Defensor Público Oficial Uno (1)
SecretarioDos (2)
Prosecretario administrativoDos (2)
OficialUno (1)
AuxiliarDos (2)
TOTALOCHO (8)

ANEXO V

CARGOS DE DEFENSOR PÚBLICO OFICIAL

  • Se modifica el Apartado 2)

Donde dice: “Un (1) cargo de defensor federal, con jurisdicción en los partidos de Avellaneda y Lanús, con asiento en Avellaneda con asiento en la ciudad de Avellaneda” debe decir: “Un (1) cargo de defensor público oficial, con jurisdicción en los partidos de Avellaneda y Lanús, con asiento en la ciudad de Avellaneda”

  • Se modifica el Apartado 8):

Donde dice “ROQUE SAENZ PEÑA” debe decir RESISTENCIA.

  • Se modifica el Apartado 13):

Donde dice “ciudad de GOYA” debe decir “ciudad de PASO DE LOS LIBRES”

  • Se modifica el Apartado 14) por el siguiente:

14) DOS (2) cargos de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en la ciudad de CONCORDIA, Provincia de ENTRE RIOS”

  • Se agrega a continuación del Apartado 15):

) UN (1) cargo de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en la ciudad de PARANA, PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

  • Se modifica el Apartado 21):

Donde dice “defensor público oficiales” debe decir: “defensor público oficial”

  • Se agrega un Apartado con el siguiente:)

) UN (1) cargo de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en la ciudad de VIEDMA, Provincia de Río Negro.

  • Se agrega los siguientes APARTADOS:

) UN (1) cargo de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en la ciudad de CORDOBA, PROVINCIA DE CORDOBA.

) UN (1) cargo de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en la ciudad de TARTAGAL, PROVINCIA DE CORDOBA.

) DOS (2) cargos de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en la ciudad de TIGRE, Provincia de BUENOS AIRES.

) UN (1) cargo de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en la ciudad de PILAR, provincia de BUENOS AIRES.

) UN (1) cargo de defensor público oficial con competencia penal, con asiento en ciudad de TAPIALES, provincia de BUENOS AIRES.

ANEXO VI

CARGOS DE FISCALES

  • Se modifica el Apartado 2):

Donde dice: “Un (1) cargo de fiscal federal, con jurisdicción en los partidos de Avellaneda y Lanus, con asiento en Avellaneda con asiento en la ciudad de Avellaneda” debe decir: “Un (1) cargo de fiscal federal, con jurisdicción en los partidos de Avellaneda y Lanús, con asiento en la ciudad de Avellaneda”

  • Apartado 5 y 6:

Donde dice UN (1) cargo debe decir DOS (2) cargos.

  • Se agrega un APARTADO a continuación:

UN (1) cargo de fiscal federal con competencia penal, con jurisdicción en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y con asiento en ciudad de TAPIALES.

  • Apartado 10:

Donde dice UN (1) cargo debe decir DOS (2) cargos.

  • A continuación se agrega un APARTADO:

) CUATRO (4) cargos de fiscales con competencia penal, con jurisdicción en la Provincia del CHACO, y con asiento en RESISTENCIA.

  • Apartado 17: (PASO DE LOS LIBRES)

Donde dice: “(UN) cargo” debe decir: “UN (1) cargo”

  • Apartado 34:

Donde dice: “ciudad de BARILOCHE” debe decir: “ciudad de SAN CARLOS DE BARILOCHE”

  • Se agregan a continuación del apartado 46 los siguientes:

) UN (1) cargo de fiscal federal con competencia penal, con jurisdicción en el territorio de la Provincia de SANTA FE, con asiento en la ciudad de RAFAELA.

) UN (1) cargo de fiscal federal con competencia penal, con jurisdicción en el territorio de la Provincia de SANTA FE, con asiento en la ciudad de RECONQUISTA.

)  DOS (2) cargos de fiscal federal con competencia penal, con jurisdicción en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y con asiento en la ciudad de TIGRE.

) UN (1) cargo de fiscal federal con competencia penal, con jurisdicción en el territorio de la Provincia de Buenos Aires y con asiento en la ciudad de PILAR.

La oposición estalló contra las modificaciones de última hora al proyecto de reforma judicial

La oficialista María de los Ángeles Sacnun leyó numerosos cambios al texto antes de la votación. Luis Naidenoff alertó que “es la reforma de la reforma”, mientras que Martín Lousteau presentó una cuestión de privilegio. No hubo votación en particular.

Antes de pasar a la votación del proyecto de reforma judicial, la senadora María de los Ángeles Sacnun informó una serie de modificaciones al dictamen, lo que despertó la indignación de la oposición.

La oficialista leyó de corrido numerosos cambios que se introdujeron al texto. Sin embargo, la votación se realizó en general y en particular al mismo tiempo, con lo cual no se aprobaron los artículos por separado.

Cuando Sacnun terminó con el informe, el jefe del interbloque Luis Naidenoff pidió la palabra. La vicepresidenta Cristina Kirchner le dijo entonces que la lista de oradores ya se había cerrado.

Pero el radical manifestó: “Únicamente para plantear una cuestión. A ver, esto es una especie de reforma de la reforma. Honestamente lo que se ha modificado creo que ni los senadores tienen idea de las modificaciones que se han incorporado”.

“No hable por nosotros Naidenoff, tenemos conocimiento, hemos trabajado el tema”, se lo escuchó al jujeño Guillermo Snopek.

CFK reiteró que ya se había agotado el debate y señaló que “el que quiera hablar solamente puede hacerlo con una cuestión de privilegio”. “Si no siempre después estamos con lo mismo…con las operaciones de prensa, que nos los dejamos hablar…”, siguió, cuando le pidió una cuestión de privilegio Martín Lousteau, y a la que la presidenta del cuerpo accedió visiblemente de mala gana.

“Todos los senadores, o por lo menos los de la oposición, nos estamos enterando de un montón de cambios. Ya hubo un dictamen, sobre el dictamen ahora hay casi 10 minutos de cambios, entre los que hay la creación de un montón de cargos, cuando antes discutimos si el costo de la reforma eran 1.900 o 6.000 millones de pesos o más”, sostuvo el radical.

Y lo interrumpió la vicepresidenta: “Senador, van a votar en contra, a ver”. “No importa eso presidenta, estoy haciendo una cuestión de privilegio en contra del funcionamiento de la Cámara”, le respondió el opositor, para completar que “es muy difícil trabajar así realmente”.

Cuando el secretario parlamentario pasó lista para constatar el voto de cada uno de los senadores, Esteban Bullrich (Pro) pidió “votar por separado los artículos que se modificaron”. En tanto, Silvia Elías de Pérez (UCR) señaló que su voto era “negativo” al “dictamen que se debatió”, pero “el dictamen que están votando ni siquiera lo conozco”, dijo molesta.

Con el rechazo de la oposición, el oficialismo impuso su mayoría y dio media sanción a la reforma judicial

Tal cual se preveía, el Frente de Todos avanzó con la aprobación del proyecto oficial, que ahora pasó a la Cámara de Diputados, donde se plantea un escenario adverso para que la iniciativa avance. La votación resultó con 40 votos a favor y 26 en contra.

Por Melisa Jofré

El oficialismo impuso su mayoría en el Senado y avanzó con la media sanción del proyecto de reforma judicial. La votación resultó con 40 votos a favor y 26 en contra. Ahora, la iniciativa pasa a la Cámara de Diputados, donde al Frente de Todos se le plantea un escenario adverso para reunir el número suficiente y sancionar la ley.

En el final de la sesión, antes de la votación, el oficialismo informó numerosas modificaciones al texto, que se aprobó en una sola votación, lo que provocó el reclamo e indignación de la oposición.

El proyecto, bajo el título de “organización y competencia de la justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias”, recibió duros cuestionamientos por parte de la oposición, que la calificó de “inoportuna”, con “visos de inconstitucionalidad”, parte de “un plan de impunidad” y con un gran costo fiscal en medio de la pandemia, al crear “más de 900 cargos”.

Además del rechazo del interbloque Juntos por el Cambio, votaron negativamente la neuquina Lucila Crexell y el santafesino Carlos Reutemann, del interbloque Parlamentario Federal. En tanto, al oficialismo lo acompañó el rionegrino Alberto Weretilneck y la misionera Magdalena Solari Quintana.

Hubo cuatro ausencias: José Alperovich -con licencia renovada-, Carlos Menem, Juan Carlos Romero y Clara Vega. Y a la hora de la votación tampoco estuvieron Ernesto Martínez (Pro) -que sí participó del debate- y Adolfo Rodríguez Saá (FdT), con problemas de conectividad a última hora.

Con una protesta en las afueras del Congreso -que comenzó ya desde el miércoles por la tarde-, la Cámara alta debatió por nueve horas el proyecto enviado por el Gobierno. La sesión inició a las 14.36, pero el debate de la reforma judicial arrancó a las 15.46, concluyendo a las 00.45 de este viernes.

Qué plantea el proyecto

El proyecto prevé la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Capital Federal, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en CABA.

La iniciativa establece la creación de 23 juzgados en lo Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires -que se sumarán a los 23 ya existentes- y cinco Tribunales Orales en lo Penal Federal; además del traspaso en su totalidad de la competencia penal no federal al distrito porteño.

Estos 23 nuevos juzgados tendrán jueces y juezas subrogantes, quienes permanecerán en el cargo hasta que asuman los magistrados titulares, pero no podrán estar más de un año (con prórroga de seis meses).

La Cámara Nacional de Casación Criminal elaborará un listado y los candidatos serán votados con dos tercios en el Consejo de la Magistratura. Luego esa nómina se enviará al Poder Ejecutivo, y éste deberá remitir los pliegos al Senado para su acuerdo.

De acuerdo al artículo 14, las causas que ya están en trámite “continuarán ante esos mismos órganos, hasta su conclusión”. Es decir, mantendrán a sus jueces naturales.

Dentro del plazo máximo de dos años de la entrada en vigencia de la ley, deberá implementarse el Código Procesal Penal Federal en el Fuero Penal Federal con asiento en CABA; y se encomienda a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código a adoptar las medidas necesarias para llevar adelante ese proceso.

Se crean además 63 juzgados federales de primera instancia con asiento en distintas ciudades de todas las provincias, y ocho Cámaras Federales de Apelaciones en Catamarca; Salta y Jujuy; San Juan; Santiago del Estero; Rosario (Santa Fe); Formosa; San Luis; y Mar del Plata (Buenos Aires).

En las modificaciones a la versión original, se decidió no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, pero para resolver los conflictos de competencia se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver esas cuestiones preliminares.

El oficialismo introdujo que se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas, que deberán ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad. “Así se evitará que ‘siempre’ sean para los mismos jueces”, argumentaron desde la bancada.

También, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, bajo anonimato, además de las audiencias públicas y se garantizará la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.

El debate

Miembro informante del oficialismo, la santafesina María de los Ángeles Sacnun inició el debate y sostuvo que “seguramente requeriremos de otras leyes para conformar una verdadera reforma judicial”. La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales -cabecera de la iniciativa- defendió que el texto no se trató “a libro cerrado” y criticó a la oposición al calificarla de “cerrada”, por no haber aportado sugerencias.

“La situación de la justicia federal es grave, porque hemos asistido a cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, durante los cuales se estableció una mesa judicial”, cuestionó a la gestión anterior, y afirmó que con la creación de nuevos juzgados se busca “desconcentrar el poder de Comodoro Py; porque cuanto mayor concentración, más arbitrariedad”.

sesion reforma judicial sacnun hablando

En total rechazo al proyecto, la senadora macrista Laura Rodríguez Machado lanzó que “la reforma judicial es bastante más que este proyecto conocido como el festival de cargos”. Para la cordobesa, la iniciativa “es simplemente un engranaje más en todo un plan estratégico para avanzar en manejar la justicia federal penal hacia un sesgo de impunidad para quienes formaron parte de un determinado gobierno”, en referencia al kirchnerismo.

“Es un proyecto que pone mordaza a la justicia, que lo único que pretende es poner jueces interinos que van a estar colgados de un dintel del poder político, que baja los estándares de calidad de los exámenes no exigiendo los antecedentes para los nuevos magistrados, que crea subrogancias inconstitucionales, y crea un festival de cargos por un alto monto en una pandemia”, enumeró.

También desde el Pro, el senador Esteban Bullrich opinó que la iniciativa está “pergeñada en los sótanos de la democracia”. “El Senado debería atender las urgencias de la gente en lugar de tratar urgencias pseudo-personales”, dijo y remarcó que una medida de este tipo “demanda una participación muy amplia para construir un consenso general y eso no sucede aquí”.

Y agregó que “la reforma carece de racionalidad, fundamentación y legitimidad. Es posible que esté pensada como un camino hacia la impunidad. Pero también, como dicen otros, que esté diseñada para restringir la libertad de expresión y amordazar a la prensa con ese artículo inconstitucional”.

Por el Frente de Todos, Mario Pais habló de “una justicia en verdadera crisis que no respeta las expectativas y los reclamos de la sociedad”. En referencia a quién impulsa el proyecto, el chubutense le contestó a Bullrich: “El origen de este proyecto es claro y transparente, es el Poder Ejecutivo”. “Ni siquiera la vicepresidenta de la Nación tiene la potestad de iniciar un proyecto de ley”, aclaró.

Y continuó: “Pongamos las cosas por su nombre. Esto es una decisión política del presidente de la Nación, en cumplimiento de un compromiso de campaña y de un anuncio que diera en el mes de marzo en el discurso inaugural en el Congreso”. Para el oficialista, el proyecto “es trascendente” y busca “una justicia más transparente, más independiente”.

A su turno, el radical Julio Cobos afirmó que la reforma judicial “no es ni urgente ni importante”, porque “la prioridad hoy está en la salud, en la economía, que está agobiada y se refleja en los índices de desempleo, en la pérdida de poder adquisitivo”.

“Se están creando 316 magistrados, 988 nuevos cargos”, calculó el mendocino y repasó que durante el debate en comisiones “48 fueron los expositores, de los cuales 11 hablaron a favor, 8 con críticas, 27 en contra y dos nada más se dedicaron a la transferencia a CABA”. “Es inoportuna; no ha sido consensuada ni política ni socialmente; no resuelve el problema de Comodoro Py y tiene visos de inconstitucionalidad”, completó.

sesion reforma judicial julio cobos hablando

La única oradora por el interbloque Parlamentario Federal, Lucila Crexell aseguró que “más que reforma judicial, yo diría que es la no reforma judicial”. “Con este proyecto lo único que hacemos es nombrar jueces y fiscales, que ni siquiera sabemos si responden a las necesidades concretas de los lugares donde se los está nombrando”, advirtió. Asimismo, la neuquina expresó que la iniciativa “no combate la corrupción judicial” y “empeora al sistema”, porque “es gatopardismo puro con un gran costo fiscal”.

La radical Silvia Elías de Pérez alertó por la “creación gigantesca de más de 900 cargos, de una manera irracional” y estimó un “presupuesto es de 6.000 millones de pesos”, además de que “por año vamos a necesitar 2.500 millones más” para la justicia. “Este es un proyecto de intervención de la justicia”, consideró y acusó que “lo que quieren es tomar el control de los jueces que han investigado las causas de corrupción que han hecho llorar a la Argentina”.

Avanzado el debate, el radical Martín Lousteau advirtió que la reforma judicial “no va a servir para modificar la realidad”. “La pandemia tiene urgencias nuevas, agudas, pero si la reforma fuera buena y el compromiso fuera colectivo, siempre es el tiempo de la reforma de la justicia o del Poder Judicial, porque todos decimos que funciona mal”, reflexionó, pero resaltó: “El problema es que ni es la reforma correcta ni la estamos encarando de la manera correcta”.

El senador del Frente de Todos Mariano Recalde criticó a la oposición por haber estado desde un principio en contra del proyecto, “sin haber leído siquiera cuál era el contenido de la ley”. Asimismo, los cruzó por hablar del “rechazo de la sociedad” al considerar que en el “puñado de gente” que se manifestó en las afueras del Palacio, “no está la ciudadanía”.

“Esta es una ley que desconcentra el poder concentrado en un grupo de jueces que ha hecho las cosas muy mal, y favorece la agilidad de las causas“, manifestó.

Impulsor de un inciso que había despertado la polémica, Oscar Parrilli anunció que se daba marcha atrás con la redacción sobre los “poderes mediáticos” y leyó la nueva letra. El oficialista cuestionó a la oposición porque “armaron una gran batahola de este tema, diciendo que nosotros no queríamos la libertad de prensa”.

Por otra parte, el neuquino dijo estar “convencido” que “la gran mayoría de los senadores de Cambiemos quieren la impunidad de (Mauricio) Macri por todas las causas que vienen para delante”. “Es la imagen del espejo invertido, nos acusan a nosotros de lo que ellos son”, disparó.

“Si algo quedó claro a lo largo del debate sobre este proyecto es que el Poder Judicial en Argentina no funciona bien y que hay que mejorar el servicio de justicia. Siempre es oportuno el fortalecimiento de las instituciones y de nuestra democracia”, sostuvo Anabel Fernández Sagasti.

La vicepresidenta del bloque Frente de Todos subrayó que “para la oposición nunca habrá oportunidad para tratar algo que tenga que ver con la reforma del Poder Judicial”. “La verdad es que son adictos al statu quo y los beneficia el statu quo de la Argentina. ¡Y el peronismo fue votado para cambiar las cosas!”, lanzó.

En la recta final del debate, el rionegrino Alberto Weretilneck analizó que “es llamativo como los temas en este país se tergiversan” y expresó que cree “que (el proyecto) no tiene ninguno de los dos extremos que se han planteado: no es la ley que garantiza impunidad a nadie y tampoco es la ley que viene a resolver los problemas de la justicia en Argentina“.

Al afirmar su acompañamiento, el exgobernador sugirió que “si no modificamos el funcionamiento del Consejo de la Magistratura es imposible que esta ley tenga un efecto positivo”.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió que en el proyecto de “se ve un intento liso y llano de colonizar la justicia”. También, abogó por que en la Cámara de Diputados “se pueda encontrar un parate”, al tiempo que remarcó que “cuando no hay sensatez desde la política, el último resguardo es la Corte Suprema”.

Finalmente, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, fustigó a la oposición: “Este proyecto ni lo leyeron…entonces vienen con la guitarrita y le dan a la sanata”. “Tenemos un buen proyecto que mejora la justicia federal en todo el país, y obviamente que aspiramos a generar una justicia transparente, libre e independiente, porque nosotros no vamos a hacer lo que hicieron”, apuntó.

Naidenoff afirmó que con la reforma judicial “hay un intento liso y llano de colonizar la justicia”

El jefe de interbloque Juntos por el Cambio abogó por que en la Cámara de Diputados “se pueda encontrar un parate”, al tiempo que advirtió que “cuando no hay sensatez desde la política, el último resguardo es la Corte Suprema”.

Hacia el final del debate en la sesión del Senado, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, afirmó que en el proyecto de reforma judicial “se ve un intento liso y llano de colonizar la justicia”.

El radical inició su discurso haciendo alusión al comunicado que la vicepresidenta emitió sobre la iniciativa, al sostener que “no es una verdadera reforma judicial”, y expresó: “Nos deja a la clara por dónde pasa el eje central de mover el tablero político en Argentina”.

“Desde lo conceptual tenemos tres grandes coincidencias: que no estamos hablando de una reforma judicial; que la Argentina se debe una verdadera discusión sobre la justicia; y que por encima de todo está la democracia, la Constitución Nacional y el rol del Congreso”, dijo.

El formoseño resaltó que esta “no es una reforma integral, es una reforma del fuero federal penal”. “¿Ustedes creen que con esta reforma van contra los narcos, o se para la venta de la droga en Argentina y los balazos cruzados?”, se preguntó.

“Estamos reformando un fuero que involucra fundamentalmente a las causas de corrupción, donde están implicados funcionarios públicos, el Estado y donde la cancha siempre está embarrada”, subrayó.

Además, el legislador enfatizó que “hay que discutir con profundidad qué reforma se debe Argentina” que, entre otros puntos, se debe “una discusión en el mecanismo de selección de jueces en el Consejo de la Magistratura”.

Respecto a los argumentos del oficialismo sobre la concentración de Comodoro Py, el opositor recordó que “de los 12 jueces de Comodoro Py solamente dos jueces fueron designados en gestiones en que no gobernó el peronismo”.

En referencia al debate de la iniciativa, Naidenoff criticó que no se haya “escuchado ni siquiera a los académicos del mismo palo”, ni “a la política”, ni “a Juntos por el Cambio, a la fuerza de (Roberto) Lavagna, y a un grupo de diputados de Córdoba que dijeron que en estas condiciones no se avanza”.

En caso que el proyecto sea ley, el titular del interbloque JxC opinó que será “la Corte, en cumplimiento de su deber constitucional, la que deberá estar a la altura de la democracia y poner un freno”. “Cuando no hay sensatez desde la política, el último resguardo, el último refugio, es la Corte Suprema”, aseguró.

Y abogó por que “los diputados de la Nación puedan encontrar ese parate que necesita la Argentina para reflexionar y ver por dónde van las prioridades”; en ese sentido, enfatizó que la Cámara baja es “una esperanza” antes “de la Corte”.

Mayans fustigó a la oposición afirmando que ni leyeron el proyecto

En un discurso que dedicó mayormente a criticar al Gobierno de Mauricio Macri, el jefe del bloque Frente de Todos afirmó que la Justicia argentina “está seriamente cuestionada”. Y cerró: “Aspiramos a tener una justicia libre y transparente porque nosotros no vamos a hacer lo que ellos hicieron”.

Llevaba nueve horas el debate del Senado de este jueves sobre la reforma judicial cuando le llegó el turno al presidente del interbloque oficialista, José Mayans, para cerrar el debate. Habían pasado ya 42 expositores cuando el formoseño se ocupó de defender el proyecto del Poder Ejecutivo señalando que “una cosa es un gobierno que defiende el interés de la patria con sus tres poderes, y otra cosa es uno que no defiende el interés de la patria”.

“¿Qué pasó en la Argentina? Hubo una estrategia por parte del Gobierno anterior para perseguir a la oposición, para hacerla desaparecer y en este caso utilizó el Poder Judicial de la Nación”, señaló el formoseño, para enumerar como ejemplo inicial el nombramiento de dos miembros de la Corte por DNU.

El otro tema fue, dijo, el Consejo de la Magistratura, citando el caso del senador sanjuanino desplazado por no tener título de abogado, ante lo cual fue designado el senador Mario Pais, al que no le tomaron juramento hasta votar el enjuiciamiento del camarista Freiler.

En su enumeración de ejemplos, Mayans mencionó la “fabricación de causas” por parte de la AFI, poniendo como ejemplo “la causa AMIA”, en referencia al memorándum de entendimiento con Irán. “Uno de los que más sufrió las consecuencias fue nuestro canciller Héctor Timerman”, comentó, citando también el encarcelamiento de Milagro Sala, y ahí responsabilizó a la Corte Suprema de Justicia, que obvió que la dirigente social hubiera tenido fueros por ser parlamentaria del Mercosur.

Mayans pasó por el caso del dólar futuro, la “doctrina Irurzun” y la suspensión por DNU del Código Procesal Penal durante la gestión macrista.

“Por todo esto la justicia argentina está seriamente cuestionada”, afirmó Mayans, recordando que la reforma judicial fue anticipada por el actual presidente durante la campaña. Recordó que el presidente llamó al principio al diálogo, presentó el proyecto y habló del desafío de tener “una justicia libre, transparente y que no esté sometida ni al poder político, ni al poder económico, ni al poder mediático, ni al Poder Ejecutivo, y eso es lo que dice el proyecto”, afirmó.

El dirigente oficialista recordó que el proyecto no estaba cerrado, tal cual señaló la ministra de Justicia en su visita al Senado, y se le dijo a la oposición que esperaban sus aportes. “Pero antes de que el proyecto estuviese en el Senado la oposición se declaró en contra”, se quejó. “Cuando hablaban de impunidad, el artículo 14 lo desmiente”, enfatizó, asegurando que el proyecto habla del “fortalecimiento de la justicia federal en toda la República Argentina”.

“Este proyecto ni lo leyeron… Entonces vienen con la guitarrita y le dan a la sanata”, ironizó el senador norteño en otro pasaje, asegurando que durante la gestión macrista “se vulneró el debido proceso”.

En otro pasaje criticó la ley de extinción de dominio, a la que irónicamente definió como “extorsión” de dominio, asegurando que el proyecto que venía de Diputados “era un desastre, violaba toda las garantías constitucionales. Esa era la estrategia”, denunció.

Sobre el final de un discurso que dedicó fundamentalmente a criticar a la oposición, Mayans citó hasta la amenaza de golpe de estado que se comentó esta semana el expresidente Eduardo Duhalde. “Si no hacemos lo que ellos dicen, no nos acompañan en las políticas públicas”, disparó, atribuyéndole a la oposición intereses electorales.

“Tenemos un buen proyecto y aspiramos a tener una justicia libre y transparente porque nosotros no vamos a hacer lo que ellos hicieron”, remarcó.

Parrilli anunció la marcha atrás de la cláusula sobre los “poderes mediáticos”

El senador oficialista, impulsor de la modificación que había despertado el fuerte rechazo de la oposición, propuso un texto alternativo “para sacar los fantasmas”.

sesion reforma judicial parrilli

El senador oficialista Oscar Parrilli anunció la marcha atrás con la cláusula que establecía que los jueces deberían denunciar ante el Consejo de la Magistratura presiones de los “poderes mediáticos”, un inciso que generó el fuerte rechazo de la oposición.

El legislador comenzó diciendo que “el presidente Alberto Fernández tenía mucha razón cuando decía que el agregado que se le hizo al inciso ‘e’ era sobreabundante, porque estaba dicho en otra parte ‘cualquier grupo de presión'”.

Al repasar que “hubo varios casos en que la Corte de Estados Unidos revocó los fallos de condena de jurados de enjuiciamiento porque demostró que habían sido influenciados por los medios de comunicación”. “También ocurrió en Canadá, otro país que es admirado”, agregó y leyó legislación de distintas provincias en este sentido.

“Existe una presión mediática muchas veces para incidir en la voluntad de los jueces, pero armaron una gran batahola de este tema, diciendo que nosotros no queríamos la libertad de prensa, y yo lamento que haya algunos senadores que se hayan prendido, porque parecen títeres de los medios de comunicación”, sostuvo.

En ese sentido, el senador -mano derecha de Cristina Kirchner- aseguró que “para sacar los fantasmas, porque en realidad lo que quieren es poner los fantasmas” y “porque el objetivo se cumplió, se tragaron el anzuelo, la línea, la caña, se tragaron todo”, decidió proponer una redacción alternativa.

Entonces, el neuquino leyó el nuevo inciso “e” del artículo 72, que quedará redactado que los jueces deberán “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia indebida, en sus decisiones por parte de personas, grupos de poder, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

También, el oficialista defendió que “no hubo un solo juez ni un solo funcionario judicial que criticara este agregado” que se había hecho sobre los “poderes mediáticos” porque “ellos saben que eran en defensa de ellos”, subrayó el titular de la Comisión de Justicia.

Por otra parte, Parrilli dijo estar “convencido” que “la gran mayoría de los senadores de Cambiemos quieren la impunidad de (Mauricio) Macri por todas las causas que vienen para delante”. “Es la imagen del espejo invertido, nos acusan a nosotros de lo que ellos son”, agregó.

Lousteau advirtió que la discusión por la reforma judicial “no va a servir para modificar la realidad”

El senador radical señaló que la iniciativa “no es la correcta” y dijo que mientras se discute sobre este tema, no se debate sobre cómo resolver los problemas de la economía, la educación y el sistema previsional, entre otros.

sesion reforma judicial lousteau

El senador nacional Martín Lousteau (UCR) advirtió que la discusión por la reforma judicial “no va a servir para modificar la realidad” y se debate “en medio de una pandemia que en los últimos días nos está mostrando 10 mil contagiados y cientos de muertos”.

“¿Es la reforma de la justicia que usan los ciudadanos cotidianamente? No. ¿Van a ver penados los robos y los hurtos más fáciles de esta manera? No. ¿Van a poder divorciarse o adoptar de manera más sencilla? No. ¿Se van a resolver los conflictos laborales de manera más expeditiva? No. ¿Daños y perjuicios? Tampoco”, comenzó.

El porteño indicó entonces que “esta es una reforma de la justicia que mal utiliza la política, para crear impunidad, para asegurarse impunidad, o para crearle problemas a otros, a los opositores”.

Además, el legislador consideró que una reforma de la justicia “se consigue con un compromiso de todos”. “Esta reforma y la manera en que la estamos discutiendo pareciera que fuera en la manera contraria, en contenido y en forma”, dijo.

“La pandemia tiene urgencias nuevas, agudas, pero si la reforma fuera buena y el compromiso fuera colectivo, siempre es el tiempo de la reforma de la justicia o del Poder Judicial, porque todos decimos que funciona mal”, reflexionó, pero insistió: “El problema es que ni es la reforma correcta ni la estamos encarando de la manera correcta”.

El vicepresidente del Senado recordó que en las exposiciones, los especialistas remarcaron que la iniciativa “tenía muchas falencias” y “ninguna asociación profesional estaba de acuerdo con multiplicar la cantidad de juzgados”.

Lousteau lamentó que “no debatimos con la razón, no debatimos con análisis, ni empíricamente. Debatimos solo con la fuerza y la verdad es que debatiendo con la fuerza no vamos a poder llegar a buenos resultados, y menos en este contexto y menos si la reforma no es la correcta”.

“Perdemos tiempo para debatir otras cosas”, enfatizó, y enumeró entonces que “el PBI de este año va a caer 15%, el ingreso por habitante va a ser el del año ’73, casi la mitad de la población de Argentina va a estar en la pobreza, y probablemente lleguemos al desempleo en 18%, hay empresas que van a caer, pero hay sectores que van a desaparecer”. Además, reclamó discutir sobre la educación, el sistema previsional, entre otros temas.

Martín Lousteau conversando con el secretario parlamentario, Marcelo Fuentes. (Foto: Comunicación Senado).

Advierten que después de la reforma judicial puede venir una reforma constitucional

El planteo lo hizo Luis Brandoni durante un encuentro virtual que mantuvo con el diputado Mario Negri, quien aseguró que “al populismo le molestan los otros poderes”.

El presidente del interbloque de diputados nacionales de Juntos el Cambio, Mario Negri, participó junto a Luis Brandoni de una videoconferencia organizada por el Comité Radical de la Provincia de Buenos Aires. La reunión virtual tuvo como eje de debate la reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional y participaron también el presidente del interbloque de JxC en la Cámara baja bonaerense, Maximiliano Abad, y la intendenta Érica Revilla, del partido General Arenales.

“Te agradezco Beto por militar por la democracia. Luis Brandoni es un activo de valores para la UCR. Los partidos que no tienen valores pasan como el viento. Para tener 130 años y que los jóvenes se sigan arrimando hay que tener a personas como Beto”, señaló Negri, al principio de su alocución.

Tanto el diputado cordobés como el prestigioso actor destacaron el rol preponderante de la sociedad argentina en los últimos meses.

“Como decía Bertrand Russell, en la democracia la verdad es un problema prioritario. Hoy vemos que la gente tiene más urgencia por conocer la verdad, por ver qué se esconde debajo del poncho. Entonces, en medio de la enorme crisis económica y de la peste, de la desocupación y de la inseguridad que va al galope, la sociedad sale igual a la calle”, planteó Negri.

Sin embargo, el diputado cordobés aclaró que nadie es dueño de la movilización ciudadana. “No nos hagamos los rulos de pensar como dirigentes políticos que la gente sale porque nosotros chiflamos; sale porque percibe que le están por robar algo, algo que tiene que ver con la verdad y con su libertad”.

Negri recordó entonces que “tres veces en la pandemia los argentinos le tocaron el timbre al Gobierno para decirle ‘por ahí no’”.

En tanto, Brandoni manifestó: “Percibo un fervor por la política que no recuerdo desde 1983. Ese año fue muy particular, nos estábamos sacando de encima la dictadura más atroz y, como frutilla del postre, ganamos con el cariño y el empeño de Raúl Alfonsín”.

“Hay que seguir movilizándose y haciéndonos escuchar, porque hoy van por la reforma judicial, pero después de las elecciones del año próximo, van por una reforma constitucional”, planteó Luis Brandoni.

En sus consideraciones sobre la actual tensión política, que se incrementó por el tratamiento del proyecto de reforma de la Justicia, Negri consideró: “Al populismo le molestan los otros poderes. Para ellos, el Congreso y la Justicia son parte de la formalidad de la democracia. Todos tuvimos la ilusión de que Fernández no fuera Fernández, que fuera el que criticaba tanto a la Vicepresidenta. Pero el tiempo ha demostrado que el kirchnerismo sigue anclado en el pasado”.

“Esta reforma judicial va en contra de la verdad. Nadie cree que sea una iniciativa para resolver los problemas de los ciudadanos. La gente sospecha que la agenda privada de la vicepresidenta se ha convertido en la agenda pública del Gobierno. Y todos saben que esta agenda privada, en torno a las causas judiciales por corrupción, fue el motivo de la vicepresidenta para volver al Gobierno”.

Este es el proyecto de ley de reforma judicial que debate el Senado

El texto completo del dictamen aprobado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta.

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Una senadora le endilgó el récord de contagios a la marcha del 17A

Un día después de que el número de casos superara los 10 mil -este jueves también dio así-, Nancy González criticó a la oposición por convocar a marchar.

Muy enojada con la oposición, la senadora kirchnerista Nancy González se quejó porque “hasta ha llegado a decir un senador que no estamos en el sano juicio…”.

Se refería al radical riojano Julio Martínez, que dijo que nadie en su sano juicio podía pensar en una reforma judicial en tiempo de pandemia. Y a la senadora chubutense eso le quedó atragantado.

“¿Pero a ustedes les parece que nos digan que no estamos en el sano juicio, porque queremos tratar un reordinamiento de la justicia?”, preguntó indignada. “No están en el sano juicio aquellos que organizan travesías por la democracia; esos son los que no están en su sano juicio”, señaló en referencia a los diputados radicales que cuando el Parlamento demoraba su puesta en marcha en el marco de la pandemia se autoconvocaron a ir en auto a Buenos Aires desde todo el país para forzar una sesión. Y agregó: “O aquellos que convocan a marchas y marchas para seguir contagiando gente… Yo les pido por favor: sean responsables. ¡Dejen de sacar la gente a la calle, porque la gente se enferma! Ustedes no se enferman, porque seguramente irán a hacer las marchas adentro de un auto. Y cuando tenemos más infectados y más infectados… porque si ustedes ven las cifras de ayer, son las cifras de la marcha de hace 15 días, de la gente que ustedes sacaron a la calle. Entonces seamos responsables, les pido por favor”.

La razón de las cuatro ausencias en la sesión

Dos senadores con licencia, uno enfermo y otra con síntomas de Covid-19.

41 a 29, era el resultado cantado previsto para esta sesión según todos los cálculos basados no solo en los últimos resultados en la Cámara alta, sino en las cantidades que hoy representan los dos sectores que conforman el Senado. Pero ya en el inicio de la sesión se verificó que ese resultado no podría ser posible pues había algunas ausencias no previstas.

A las ya confirmadas de antemano de José Alperovich, cuya licencia se prolongó al inicio de la sesión de este jueves hasta fin de año, y de Carlos Menem, que viene faltando desde que se complicó su salud, hace ya algunos meses, se vio de entrada que había que sumar al salteño Juan Carlos Romero. Pasa que al jefe del interbloque Parlamentario Federal se le autorizó justamente este jueves un pedido de licencia por 30 días. Está en España por cuestiones personales, según pudo saberse.

En rigor, el senador aliado de Juntos por el Cambio había pedido autorización para participar de la sesión virtual desde el exterior, pero eso le fue negado pues por protocolo está establecido que los legisladores pueden participar desde sus domicilios o reparticiones públicas, legislaturas o concejos deliberantes. Entonces directamente pidió licencia.

La única mujer ausente es la riojana María Clara del Valle Vega, quien según pudo saberse estuvo ausente en esta sesión por tener síntomas de coronavirus. Este viernes le harán un hisopado.

Así las cosas, a ese 41-29 previsto inicialmente habrá que reducirle dos votos a la oposición.

Rodríguez Machado consideró que el proyecto de reforma judicial es parte de “un plan de impunidad”

La senadora macrista calificó a la iniciativa como un “festival de cargos” y analizó que se podrán “sacar” a los jueces naturales si “no delatan a la prensa”.

sesion reforma judicial rodriguez machado hablando

La senadora macrista Laura Rodríguez Machado consideró que la reforma judicial es parte de “un plan de impunidad”, y expresó el “rechazo total, absoluto” al proyecto de ley oficial, que además calificó como un “festival de cargos”.

Miembro informante del interbloque Juntos por el Cambio, la cordobesa recordó la opinión que recientemente emitió sobre la iniciativa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y expresó: “En ese marco de sinceridad, debemos reconocer que la reforma judicial es bastante más que este proyecto conocido como el festival de cargos“.

“(El proyecto) es simplemente un engranaje más en todo un plan estratégico para avanzar en manejar la justicia federal penal hacia un sesgo de impunidad para quienes formaron parte de un determinado gobierno”, resaltó.

La legisladora también cuestionó que “solamente trata una modificación de la justicia federal penal” y de “gastar seis mil millones de pesos” en una justicia que “atiende a los poderosos, atiende a los que cometen delitos de corrupción”.

“Pero en este plan de impunidad hay varias aristas”, señaló, y mencionó entonces el decreto del Poder Ejecutivo por el cual se creó el Consejo Consultivo de juristas, que “está nada más y nada menos que integrado por el abogado personal de Cristina Fernández de Kirchner, que la defiende en causas de corrupción”.

La senadora del Pro destacó además que el procurador general interino, Eduardo Casal, “está recibiendo los embates más grandes que hacen a su cargo, para ver si de alguna manera lo hacen renunciar y poner ustedes al procurador que quieren sin los dos tercios”.

Otro de los aspectos que criticó fue la revisión de traslados de jueces designados durante el macrismo y le enrostró al oficialismo: “Quienes votaron todos los jueces designados durante el gobierno de Macri fueron ustedes señores kirchneristas, porque tenían la mayoría. Por lo tanto no puedo creer que ustedes hayan votado jueces que no creían que eran independientes”.

Rodríguez Machado opinó que “en este mismo relato le han puesto otro título (al proyecto), pero vemos la misma película” que la democratización de la justicia, impulsada durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. En esa línea, pronosticó que habrá presentaciones de inconstituciondalidad si se sanciona.

Respecto a que las causas mantendrán a sus jueces naturales, la legisladora explicó que “no necesariamente tienen que sacarla del juez natural, les bastaría con sacar al juez”. Y analizó que eso se “conecta con la cláusula Parrilli” porque en el artículo siguiente, en el 73, se interpreta que si los magistrados “no delatan a la prensa” eso podrá ser “una causal de mal desempeño en el ejercicio”.

Sobre la puesta en marcha del sistema acusatorio, la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales remarcó que “lo que hace es darle mayor participación a los fiscales”, y en el proyecto “en vez de generar más fiscalías, se crean más cámaras y juzgados”.

“Es un proyecto que pone mordaza a la justicia, que lo único que pretende es poner jueces interinos que van a estar colgados de un dintel del poder político, que baja los estándares de calidad de los exámenes no exigiendo los antecedentes para los nuevos magistrados, que crea subrogancias inconstitucionales, y crea un festival de cargos por un alto monto en una pandemia”, resumió.

“El poder mediático vulnera la libertad de expresión”

Así lo expresó María de los Angeles Sacnun al defender la cláusula agregada a instancias del senador Parrilli en el proyecto de reforma judicial.

Sobre el final de su exposición, la miembro informante del oficialismo, María de los Angeles Sacnun, se refirió a la cláusula agregada en el dictamen por el senador nacional Oscar Parrilli, que agregó la obligación de los jueces de denunciar presiones “de los poderes mediáticos”.

Al respecto, la senadora santafesina señaló que esa cláusula pretende “salvaguardar los intereses de la sociedad, del estado de derecho, es para salvaguardar la independencia de los jueces, que deben ser independientes no solamente del poder político; también lo deben ser del poder económico, y del poder mediático, que está incluido dentro del poder económico”.

“Porque no estamos hablando de los periodistas y las periodistas que puedan hacer una nota de opinión, llevar adelante una investigación periodística, o que puedan hablar en un editorial. Estamos hablando de un poder económico que se da de bruces con la libertad de expresión”, apuntó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Para Sacnun, “quieren hacer parecer al poder mediático a la libertad de expresión, y justamente el poder mediático y la concentración de los medios es la que vulnera la libertad de expresión, no solamente en la Argentina, sino en el mundo”.

La senadora concluyó ese pasaje recordando que durante la gestión de Cristina Kirchner “se eliminó el delito de calumnias e injurias”.

Sacnun: “Requeriremos de otras leyes para conformar una verdadera reforma judicial”

Así lo adelantó la miembro informante del oficialismo en un discurso con duras críticas a la gestión macrista. Afirmó que “la oposición se siente muy cómoda con esta justicia y por eso no quiere reformarla”.

maria de los angeles sacnun sesion reforma judicial

En su calidad de miembro informante del dictamen sobre la reforma judicial, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Angeles Sacnun, defendió el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, señalando que en la campaña electoral, quien luego sería electo presidente de la Nación manifestó muchas veces su preocupación por la situación de la Justicia Federal y “la necesidad de recuperar la independencia de los jueces y la plena vigencia de las garantías constitucionales”.

Asimismo habló del tema en su asunción, el 10 de diciembre del año pasado, con lo cual “la sociedad conocía perfectamente cuál era la intención del presidente de la Nación en torno a iniciar una serie de leyes, entre las cuales esta es una primera ley, y seguramente requeriremos de otras leyes para conformar una verdadera reforma judicial”.

“Hemos asistido a una oposición cerrada, una oposición que no pretendió generar ningún tipo de cambio en el proyecto que venía del Ejecutivo”, aclaró Sacnun, enfatizando que “este no era un proyecto cerrado”, sino que venía a ser debatido “en este que es el poder más democrático de la Nación”.

Rebatió luego los argumentos utilizados respecto de la falta de oportunidad para debatir esto, o que no se pudiera tratar este tema a través de medios remotos, agregando que “la situación de la Justicia Federal es grave, porque hemos asistido a 4 años de gobierno de Mauricio Macri, durante los cuales se estableció una mesa judicial”, que a su juicio fue naturalizada por los medios, señalando que la misma iba contra “tal o cual juez” y que por eso terminó habiendo una causa en la que figuran imputados el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, el exministro de Justicia Germán Garavano, el extitular de la AFI Gustavo Arribas, y citó a otros exfuncionarios como Marcos Peña y hasta al expresidente de Boca Daniel Angelici.

Enumeró además una serie de “irregularidades” entre las cuales mencionó el supuesto espionaje telefónico que se investiga, hablando de “un esquema para perseguir opositores. Eso es lawfare, es guerra jurídica”.

En ese marco, la presidenta de Asuntos Constitucionales dedicó buena parte de su tiempo a hablar de la gestión judicial del anterior Gobierno, concluyendo que por eso “la oposición se siente muy cómoda con esta justicia y por eso no quiere reformarla”.

“Este proyecto se basa fundamentalmente en cuanto a la mirada de las provincias argentinas y al fortalecimiento de la Justicia Federal en las provincias en el proyecto de Justicia 2020 del anterior gobierno, y en un proyecto legislativo que fue suscripto por varios legisladores de la oposición, muchos de los cuales siguen ocupando sus bancas”, dijo en referencia a Luis Naidenoff, Silvia Elías de Pérez y Ernesto Martínez.

La legisladora santafesina destacó que lo que definió como un “escarnio” de la justicia fue comenzado a solucionar por el presidente Néstor Kirchner, y del Gobierno de Cristina Kirchner destacó los proyectos de Democratización de la Justicia y el proyecto de nuevo Código Procesal Penal. “Lamentablemente ni bien asumió el presidente Mauricio Macri suspendió mediante un DNU la aplicación de ese nuevo Código Procesal Penal Federal” de manera irregular, dijo.

La senadora santafesina señaló respecto del proyecto en debate que al escuchar a los más de 50 expositores advirtieron que había temas que debían reformar y trabajaron en ello “para perfeccionarlo”. Detalló la creación de nuevos juzgados que contribuyen a “desconcentrar el poder de Comodoro Py, porque cuanto mayor concentración más arbitrariedad”; habló también del traslado de secretarías.

Aclaró sobre las causas en trámite que “pretendieron instalar que se pretendía buscar impunidad respecto de causas que están siendo investigadas; nada más lejos de la realidad. Este artículo se adecua perfectamente a la garantía de los jueces naturales que establece la Constitución nacional; ninguna causa va a ser sacada de sus jueces naturales. Todas las causas van a seguir siendo tramitadas por los jueces que ya las están instruyendo”.

María de los Angeles Sacnun, quien dirigió todo el debate en comisión del proyecto de reforma judicial, señaló que “agregamos transparencia a lo que son los sorteos”, que se harán en adelante en forma manual, controlados por las partes y dejando sentado que serán grabados por medios técnicos para que puedan ser revisados.

En cuanto al régimen de subrogancias, cuestionó también a la oposición y sus críticas, contraponiendo el sistema previsto para la selección con la manera de trasladar funcionarios judiciales utilizada por Cambiemos durante su gestión.

En cuanto a la polémica cláusula agregada por el senador Oscar Parrilli, Sacnun señaló que la misma pretende “salvaguardar los intereses de la sociedad, del estado de derecho, es para salvaguardar la independencia de los jueces, que deben ser independientes no solamente del poder político; también lo deben ser del poder económico, y del poder mediático, que están incluidos dentro del poder económico”.

“En su gobierno se eliminó el delito de calumnias e injurias”, recordó sobre el final Sacnun refiriéndose a la expresidenta Cristina Kirchner, y cerró su discurso afirmando que en el proyecto habían incorporado una mirada federal, porque “la justicia federal no es solamente la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, y concluyó afirmando que en su provincia el fortalecimiento de la justicia federal “es histórico”.

Protestas frente al Congreso contra la reforma judicial

Tal cual se había anticipado, manifestantes permanecen frente al Congreso de la Nación mientras el Senado debate el proyecto del Poder Ejecutivo.

Manifestantes opositores autoconvocados a través de las redes sociales protestan frente al Palacio del Congreso como manifestación de rechazo al proyecto de reforma judicial que se debate a partir de las 14.37 en el Senado de la Nación.

Las protestas arrancaron en la tarde del miércoles a pesar del mal tiempo, y realizaron también una vigilia. Este jueves al mediodía llevaron adelante un “banderazo” y luego se quedaron en el lugar para acompañar el desarrollo del debate en el seno del Senado.

Con una protesta en las afueras del Congreso, el Senado debate la reforma judicial

La sesión en la Cámara alta comenzó a las 14.36. El oficialismo impondrá su mayoría para dar media sanción al proyecto y girarlo a la Cámara de Diputados, donde el escenario se vislumbra complicado para el avance de la iniciativa.

Con una protesta en las afueras del Congreso -que comenzó con una vigilia desde el miércoles por la noche-, el Senado comenzó a las 14.36 de este jueves la sesión virtual en la que el oficialismo impondrá su mayoría numérica para dar media sanción al proyecto de reforma judicial.

La iniciativa fue anunciada y enviada al Parlamento por el presidente Alberto Fernández a fines del mes de julio, en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus. Tras dos semanas de debate en comisiones, por donde pasaron alrededor de 50 expositores, el Frente de Todos firmó el dictamen en soledad la semana pasada.

La oposición rechazó desde un primer momento la propuesta, mientras que en las audiencias que se realizaron con especialistas, en su mayoría los invitados pusieron varios reparos al proyecto.

La versión original del texto sufrió algunas modificaciones, entre ellas que se decidió no unificar el fuero Civil y Comercial Federal con el Contencioso y Administrativo Federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, pero para resolver los conflictos de competencia se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia con plazos establecidos y procedimientos ágiles para resolver esas cuestiones preliminares.

En los cambios, el oficialismo introdujo que se avanzará en la transparencia en los sorteos de las causas, que deberán ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad. “Así se evitará que ‘siempre’ sean para los mismos jueces”, argumentaron desde la bancada.

También, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, bajo anonimato, además de las audiencias públicas y se garantizará la aplicación de la ley de acceso democrático a la justicia.

Atendiendo al reclamo de organismos de derechos humanos, se contempló que las secretarías de juzgados a trasladarse “no incluirán aquellas que, al momento de entrada en vigencia de la ley, instruyan causas donde se investigan delitos calificados como crímenes de lesa humanidad”.

A propuesta del senador Oscar Parrilli, se incluyó en el artículo 72, inciso “e”, que los jueces deberán “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

En el Poder Judicial de la Nación habrá 15 nuevos jueces de cámara, 23 jueces de primera instancia y cinco secretarios de cámara, lo que hace un total de 43 cargos.

En tanto, en el Ministerio Público Fiscal se crean los cargos de cinco fiscales generales, 23 fiscales, cinco secretarios de fiscalía general y otros 23 secretarios, sumando 56 cargos.

Por último, en el Ministerio Público de la Defensa figuran tres nuevos defensores públicos oficiales ante los Tribunales Orales en lo Penal Federal, ocho defensores ante los jueces y Cámara en lo Penal Federal, tres prosecretarios letrados y ocho secretarios, totalizando 22 cargos.

El proyecto prevé la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Capital Federal, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en CABA.

La iniciativa establece la creación de 23 juzgados en lo Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires y cinco Tribunales Orales en lo Penal Federal; y el traspaso en su totalidad de la competencia penal no federal al distrito porteño.

Estos 23 nuevos juzgados tendrán jueces y juezas subrogantes, quienes permanecerán en el cargo hasta que asuman los magistrados titulares, pero no podrán estar más de un año (con prórroga de seis meses). La Cámara Nacional de Casación Criminal elaborará un listado y los candidatos serán votados con dos tercios en el Consejo de la Magistratura. Luego esa nómina se enviará al Poder Ejecutivo, y éste deberá remitir los pliegos al Senado para su acuerdo.

De acuerdo al artículo 14, las causas que ya están en trámite “continuarán ante esos mismos órganos, hasta su conclusión”. Es decir, mantendrán a sus jueces naturales.

Dentro del plazo máximo de dos años de la entrada en vigencia de la ley, deberá implementarse el Código Procesal Penal Federal en el Fuero Penal Federal con asiento en CABA; y se encomienda a la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Congreso a adoptar las medidas necesarias para llevar adelante ese proceso.

Se crean además 63 juzgados federales de primera instancia con asiento en distintas ciudades de todas las provincias, y ocho Cámaras Federales de Apelaciones en Catamarca; Salta y Jujuy; San Juan; Santiago del Estero; Rosario (Santa Fe); Formosa; San Luis; y Mar del Plata (Buenos Aires).

Los otros proyectos

En la sesión también se tratarán dos proyectos de resolución impulsados por el Frente de Todos que dejan sin efecto las designaciones de Mario Laporta como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal, y de Juan Emilio Simoni como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa.

Ambos habían sido designados por resolución de la exvicepresidenta Gabriela Michetti, sin pasar por votación en el recinto, y con ese argumento el oficialismo pretende avanzar en la modificación de la integración de los jury. Desde la oposición lo interpretan como una jugada más en el intento de desplazar al procurador general interino, Eduardo Casal.

El temario se completa con un proyecto por el que se autoriza la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar de ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas.

Ejes centrales del proyecto de reforma judicial

Cuáles son los detalles principales del proyecto de la ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las Provincias.

Se unifican los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El proyecto crea 23 juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA, que pasarán a identificarse con los números 24 a 46.

Las causas en trámite conservarán a sus jueces naturales, y las que se inicien irán a los 23 nuevos juzgados, que serán cubiertos por subrogantes.

La Cámara Nacional de Casación Criminal elaborará un listado de subrogantes y los candidatos serán votados con dos tercios en el Consejo de la Magistratura.

Se establece un plazo de dos años para la instrumentación del Código Procesal Penal Federal que deberá implementar el nuevo sistema acusatorio, con mayor rol de los fiscales.

Transfieren la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires.

Serán creados 5 Tribunales Orales en lo Penal Federal con asiento en CABA, que serán integrados por tres miembros y una secretaría cada uno.

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal pasarán a formar una única Cámara denominada Cámara de Apelaciones en lo Penal Federal con asiento en CABA.

Sorteos de causas: deberán ser grabados mediante medios técnicos.

Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, preservando el anonimato, además de las audiencias públicas.

En los traslados de secretarías y, ante el pedido de organismos de derechos humanos, se dispuso que no se incluirá a aquellas que, al momento de entrada en vigencia de la presente ley, instruyan causas donde se investigan delitos calificados como crímenes de lesa humanidad.

Leavy: “Cuando se ahorra en Justicia lo sufre la gente”

El legislador kirchnerista afirmó que la Justicia es una de las instituciones “menos confiables” y llamó a revertir con esta reforma “esa mala reputación”.

El senador nacional del Frente de Todos ratificó su apoyo a la reforma de la Justicia Federal que se debatirá este jueves en la Cámara alta. “Se trata de una reforma integral que es necesaria para poner a la Justicia a la altura de las exigencias democráticas. Estamos ante una oportunidad histórica de construir una justicia para todos y todas y dejar atrás un sistema de protección para los poderosos”.

Este jueves se tratará en el Senado de la Nación, enviada por el Ejecutivo, la reforma judicial federal, después de un mes de trabajo en comisiones, en las que se realizaron algunas modificaciones al proyecto original.

En diálogo con este medio, el senador nacional por el Frente de Todos, Sergio Leavy, anticipó su acompañamiento a la iniciativa: “Vamos a acompañar el proyecto que es un promesa de campaña del presidente Alberto Fernández y viene siendo trabajada y consensuada antes de su presentación y reelaborada durante este mes en el Senado. Es una reforma que se presenta a la luz del día, con toda transparencia”.   

El legislador nacional señaló que, a partir del debate en comisiones, “se introdujeron algunos cambios al proyecto original del Ejecutivo Nacional. Por el Plenario de comisiones pasaron más de 50 especialistas de distintas ramas del derecho y con diversos enfoques ideológicos, distribuidos en ocho encuentros. Lo que quedó en claro es que ninguno de los expositores pudo sostener que no es necesaria una reforma en la justicia federal”.

“Lo que se está planteando, en definitiva, es el acceso igualitario a la justicia. Para el presidente es fundamental garantizar a la ciudadanía que, piense lo que piense, no va a existir un poder judicial que persiga y cree causas, como vino pasando en los últimos años. Se preservan y resguardan todas las garantías constitucionales, nadie debe sentirse amenazado con esta reforma”, destacó el senador. 

En ese sentido, el senador nacional señaló que la Justicia “se encuentra hoy entre las instituciones menos confiables. Hay que revertir esa mala reputación. Los argentinos nos debemos una Justicia independiente, eficiente y un poco más rápida” y agregó “muchos integrantes de la oposición se preguntan si la reforma es oportuna; yo creo que sí, porque cuando se ahorra en la justicia, lo sufre la gente”.

“La prensa y los medios no deben temer porque no hay ningún artículo sancionatorio o que coarte la libertad de prensa. Las que deben inquietarse son las organizaciones criminales ya que significará un sistema perfectamente articulado y más adecuado a estos tiempos”, explico el legislador y en el mismo sentido comentó que “desde que se inició la democracia se han tratado de realizar reformas en la Justicia y no se han podido concretar. Es el único de los tres poderes que continúa con su estructura intocable desde hace muchas décadas”.

 “Estos son los primeros pasos para concretar una verdadera descentralización de un poder concentrado descomunal, el de los jueces de la justicia federal, para lograr así una República consustanciada con el equilibrio y división de poderes. Tenemos que empezar lo antes posible porque estos cambios demoran años en concretarse”, defendió Leavy.

Nuevos juzgados para Salta

Respecto de lo que la reforma traerá para Salta, el senador señaló que se crearán cuatro Juzgados Federales de Primera Instancia en lo Penal con asiento en la ciudad de Salta, con idéntica jurisdicción territorial que los actuales Juzgados Federales de Primera Instancia. Se crearán, también, un juzgado de Primera instancia en Orán y otro en Tartagal, también con la misma jurisdicción, para descomprimir los ya existentes y que el servicio de Justicia sea acorde a lo que requiere la zona de frontera.

Leavy también destacó que se sumarán tres fiscales penales en Orán y tres en Tartagal y un Defensor Público oficial para la provincia. “Estos nuevos espacios son muy positivos, porque sirven para fortalecer el proceso de aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal”, finalizó.

Rodríguez Larreta volvió a cuestionar la reforma judicial

Para el titular del Ejecutivo porteño, el debate de semejante tema merecería ser “más profundo” y necesita un “amplio consenso”.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, volvió a pronunciarse de manera crítica hacia la reforma judicial que está debatiéndose en el Congreso, al manifestarse “convencido” de que ese debate merecería ser “más profundo” y tendría que alcanzarse “un consenso más amplio”.

“Lo dije públicamente y lo sostengo hoy”, enfatizó al exponer de manera virtual ante la reunión anual del Consejo de las Américas.

El dirigente de Juntos por el Cambio ya se había manifestado de manera crítica hacia la reforma judicial el lunes a través de su cuenta de Twitter, en lo que muchos interpretaron como una primera discrepancia pública suya con el Gobierno nacional en este tiempo de pandemia.

En ese ámbito, Rodríguez Larreta llamó a “terminar con las antinomias que caracterizan a la Argentina”, y se remontó a la historia al hablar de unitarios y federales, como antecedente original de lo que hoy se entiende como grieta.

En ese contexto aseguró que “necesitamos consensos durareros y sentar las bases para un crecimiento sostenible por 30 años”. Eso, a su juicio, solo se podrá alcanzar cuando “podamos encontrar un consenso más amplio”.

“Siempre voy a estar dispuesto al diálogo y la búsqueda de consenso”, concluyó el funcionario porteño, para quien no hay lugar para divisiones en la Argentina, “menos en un momento de pandemia”.

El Senado debate este jueves la reforma judicial

La sesión ha sido convocada para las 14. El oficialismo cuenta con el número suficiente para aprobar el proyecto a pesar de las críticas.

La Cámara de Senadores debatirá en sesión especial este jueves el proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo para fortalecer el fuero federal penal de la Ciudad de Buenos Aires y crear cámaras de apelaciones en las provincias.

A pesar de los duros cuestionamientos de la oposición e integrantes del propio Poder Judicial, el oficialismo buscará imponer su mayoría numérica y darle media sanción al proyecto remitido por el Ejecutivo.

La vicepresidenta Cristina Kirchner -que este martes defendió el proyecto y aclaró que no se trata de una “reforma”- convocó el martes a la sesión a la que la oposición ya avisó que no dará quórum.

Con 40 integrantes -sin contar al tucumano José Alperovich, ni Carlos Menem-, el Frente de Todos no tendría dificultades para aprobar el proyecto de organización y competencia del Poder Judicial y girarlo a la Cámara de Diputados, donde el cálculo de votos es más ajustado.

En rechazo a la iniciativa y con apoyo de Juntos por el Cambio, se convocó una “vigilia por la democracia” frente al Congreso, y este mediodía se realizará un abrazo simbólico al edificio.

“Los valores de la República no se negocian. Los principios constitucionales no se negocian. La democracia no se negocia”, es la consigna, que en las redes sociales es acompañada por los hashtag #27ATodosAlCongreso y #27ATodosALaCalle.

La reforma judicial obtuvo dictamen favorable el miércoles pasado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, aunque el texto -que sufrió modificaciones respecto del original- se conoció recién el jueves en horas de la tarde.

Entre los aspectos principales, se unifican los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico Nacional, que pasarán a denominarse fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los 23 juzgados de este nuevo fuero se sumarán otros 23, totalizando 46, y a su vez se sumarán cinco tribunales orales a los 12 existentes actualmente entre ambos fueros.

Las causas en trámite conservarán a sus jueces naturales, y las que se inicien irán a los 23 nuevos juzgados, que serán cubiertos por subrogantes: la Cámara Nacional de Casación Criminal elaborará un listado y los candidatos serán votados con dos tercios en el Consejo de la Magistratura.

El Frente de Todos, a propuesta de varios expositores en el plenario de comisiones, dio marcha atrás con la fusión de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo; para dirimir las dispuestas de competencia se creará un tribunal específico.

En la sesión del Senado también se tratarán dos proyectos que dejan sin efecto las designaciones de Juan Emilio Simoni como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa, y de Mario Laporta como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.

También se votará una autorización para la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar de ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas.

Asimismo se votará el pedido del senador José Alperovich para extender su licencia hasta fin de año.

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Braillard Poccard considera “inoportuno” el debate de la reforma judicial

En vísperas del tratamiento en el Senado, el senador nacional correntino sostuvo que este no es el momento para trtar la cuestión judicial. “Estamos dispuestos a conversar y analizar el tema con el transcurso del tiempo y con calma”.

El senador Pedro Braillard Poccard de la Alianza Encuentro Corrientes dio por descontado que el oficialismo logrará este jueves darle media sanción al proyecto de ley de reforma judicial en el Senado y lamentó que el debate sobre el tema “no se haya postergado” un tiempo “por ser inoportuno” y para que los legisladores pudieran tener un período de análisis después de escuchar las posturas de 50 especialistas en la materia.


En una conferencia de prensa ofrecida esta tarde en exclusiva para miembros de la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), Braillard Poccard indicó que “toda reforma que tenga que ver con un poder del Estado y es planteada desde el gobierno es razonable que se discuta” y precisó que “cuando hablo de la oportunidad estoy hablando de los tiempos” para llevar adelante el debate.

El legislador correntino recordó que realizó el planteo de la falta de “oportunidad” para tratar la cuestión judicial “cuando concurrió (al Congreso) la ministra de Justicia (Marcela Losardo)” y puntualizó que “siempre he sostenido que los grandes cambios se deben hacer en momentos de tranquilidad y hoy la gente está viviendo una enorme incertidumbre, por la pandemia y porque están retraidos en sus actividades productivas y laborales”.


“Yo planteé que no era la oportunidad. Lo dije desde el primer día y estamos dispuestos a conversar y analizar el tema con el transcurso del tiempo y con calma”, añadió.

Braillard Poccard, quien tiene mandato en la Cámara alta hasta diciembre del año próximo, hizo especial hincapié en cuestionar tres puntos centrales de la reforma: “Con el nuevo Código Procesal Penal se van a necesitar muchos más fiscales que jueces; otro tema es el diseño en el interior que nos tomó por sorpresa y el otro es el aspecto del presupuesto porque tiene un costo importante”.


En el transcurso de la conferencia con APeRA, el senador litoraleño se quejó también porque el oficialismo “después que escuchamos al último de los 50 especialistas a las 21 horas, al otro día se convocó al mediodía a la Comisión para emitir dictamen” cuando para tratar el tema “se requiere un tiempo” prudencial con el objeto de estudiar lo evaluado en las jornadas.


“No tengo dudas que en el Senado va a salir mañana porque el oficialismo tiene una mayoría muy holgada, con 41 votos, y nosotros tenemos 29 por lo que no hay margen para sorpresas. No puedo hablar de Diputados, donde el oficialismo no tiene quórum y debe recurrir a aliados”, argumentó.


El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior del Senado, en otro orden de temas, lamentó las expresiones del ex presidente Eduardo Duhalde, quien dejó abierta la posibilidad de que pueda registrarse un golpe de Estado en el país.


Al respecto dijo que “le tengo respeto pero no puedo compartir que se acepte eso (golpe) siquiera como posibilidad. Volver a hablar del tema (de golpe de Estado) no ha estado a la altura de las circunstancias de ninguna manera”.


Por otra parte dijo desconocer que sucederá con el pedido de prórroga de licencia sin goce de sueldo solicitada por el senador por Tucumán José Alperovich y estimó que en el tema de la búsqueda de separar a una decena de jueces de sus cargos el oficialismo en la Cámara alta “va a ser de todas maneras la sesión virtual”.


En cuanto a las discusiones públicas que mantienen el presidente Alberto Fernández y su antecesor Mauricio Macri, el senador por Corrientes consideró que estos son tiempos de “pacificar los ánimos y los espíritus” y remarcó que “hay que poner paños frios y el primer paso lo debe dar siempre el que tiene el liderazgo institucional”.


Por último Braillard Poccard elogió la postura de APERA de tomar el tema de las Islas Malvinas como “una cuestión central” y destacó el hecho de que “sea una cuestión de Estado y debe estar por encima de todos los gobiernos”.

Para Mayans, “más que una reforma, esto es un fortalecimiento de la justicia federal”

El jefe del bloque Frente de Todos en el Senado dijo que el proyecto oficial se trata de “una mayor inversión en el servicio” y aclaró que “el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema no tienen nada que ver” con la iniciativa.

En la previa del debate del proyecto de reforma judicial en el Senado, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, consideró que “más que una reforma, esto es un fortalecimiento de la justicia federal”, y aclaró que la iniciativa “no tiene nada que ver” con modificar el Consejo de la Magistratura o la Corte Suprema.

“El proyecto es muy bueno”, sostuvo el formoseño, que resaltó que por la comisión pasaron “50 expositores” y argumentó que la defensa de la propuesta “no estaba en la cancha del Poder Ejecutivo, estaba en la cancha del Poder Legislativo”, al ser consultado por la falta de declaraciones sobre el tema por parte de funcionarios, incluyendo a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo.

Para el legislador, “esto más que reforma es un fortalecimiento de la justicia federal de todo el país, porque en definitiva se logra una mayor inversión en el servicio, eso quiere decir crear más juzgados, crear más cámaras de apelaciones, crear más tribunales orales y marchar hacia el sistema acusatorio, que es un sistema mucho más transparente, todo lo contrario al sistema inquisitivo”.

“El Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema no tienen nada que ver con este proyecto. Eso no está en tratamiento“, resaltó e insistió que “lo que estamos haciendo es ampliar el servicio de justicia”. En ese sentido, consideró que “Argentina necesita invertir en justicia para luchar contra flagelos como el narcotráfico”.

En declaraciones a FM La Patriada, Mayans criticó que durante el gobierno de Mauricio Macri “había una bolilla preferida” en los sorteos, haciendo referencia al fallecido juez Claudio Bonadio, y “todas las causas contra la vicepresidenta iban a ese juzgado”. “La justicia tiene que ser transparente, independiente, y eso no pasó en el tiempo de Macri”, agregó.

El Senado oficializó la convocatoria a sesionar el jueves para tratar la reforma judicial

Será a partir de las 14, según el decreto firmado este martes por Cristina Kirchner. El oficialismo cuenta con el número suficiente para aprobar el proyecto a pesar de las críticas.

A pesar de los duros cuestionamientos de la oposición e integrantes del propio Poder Judicial, el oficialismo buscará imponer su mayoría numérica este jueves para aprobar en el Senado la reforma judicial, que será tratada desde las 14 en una sesión virtual.

La vicepresidenta Cristina Kirchner -que este martes defendió el proyecto y aclaró que no se trata de una “reforma”– firmó en las últimas horas el decreto de convocatoria a la sesión, donde la oposición ya avisó que no dará quórum.

Con 40 integrantes -sin contar al tucumano José Alperovich, que se encuentra de licencia-, el Frente de Todos no tendría dificultades para aprobar el proyecto de organización y competencia del Poder Judicial y girarlo a la Cámara de Diputados, donde el cálculo de votos es más ajustado.

En rechazo a la iniciativa y con apoyo de Juntos por el Cambio, se convocó para este miércoles a las 20 a una “vigilia por la democracia” frente al Congreso, y el día de la sesión, al mediodía, se realizará un abrazo simbólico al edificio.

“Los valores de la República no se negocian. Los principios constitucionales no se negocian. La democracia no se negocia”, es la consigna, que en las redes sociales es acompañada por los hashtag #27ATodosAlCongreso y #27ATodosALaCalle.

La reforma judicial obtuvo dictamen favorable el miércoles pasado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, aunque el texto -que sufrió modificaciones respecto del original- se conoció recién el jueves en horas de la tarde.

Entre los aspectos principales, se unifican los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico Nacional, que pasarán a denominarse fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los 23 juzgados de este nuevo fuero se sumarán otros 23, totalizando 46, y a su vez se sumarán cinco tribunales orales a los 12 existentes actualmente entre ambos fueros.

Las causas en trámite conservarán a sus jueces naturales, y las que se inicien irán a los 23 nuevos juzgados, que serán cubiertos por subrogantes: la Cámara Nacional de Casación Criminal elaborará un listado y los candidatos serán votados con dos tercios en el Consejo de la Magistratura.

El Frente de Todos, a propuesta de varios expositores en el plenario de comisiones, dio marcha atrás con la fusión de los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo; para dirimir las dispuestas de competencia se creará un tribunal específico.

En la sesión del Senado también se tratarán dos proyectos que dejan sin efecto las designaciones de Juan Emilio Simoni como vocal suplente del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Defensa, y de Mario Laporta como vocal titular del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.

También se votará una autorización para la entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y la salida de fuerzas nacionales para participar de ejercicios del programa de ejercitaciones combinadas.

El dictamen de la reforma judicial

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Cristina aclaró que lo que trata el Congreso no es una reforma judicial

Para la vicepresidenta de la Nación, en los últimos 20 años solo hubo dos verdaderas reformas judiciales: una impulsada por ella en 2013 y otra de manera irregular por Mauricio Macri.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, negó que lo que está en marcha sea una “reforma judicial”, y aclaró que, por el contrario, en los últimos 20 años “solamente ha habido dos reformas judiciales” en el país.

Lo que este jueves tratará el Senado es un proyecto de ley titulado “Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal” enviado por el Poder Ejecutivo y por el cual se crean nuevos juzgados penales en la Ciudad de Buenos Aires y en el resto del país. Además, se comienza a implementar el mandato de la reforma constitucional de 1994, que ordenaba la transferencia de la justicia ordinaria a la esfera de la Ciudad de Buenos Aires. Tal la aclaración de la titular de la Cámara alta.

La exmandataria recordó que la primera reforma judicial realmente implementada en las últimas dos décadas fue “la que envié al Congreso siendo presidenta de la Nación en el año 2013 y que, votada por el Parlamento, fue dejada sin efecto por el propio Poder Judicial al afectar sus privilegios”.

“La segunda, fue una reforma realizada de facto, sin ley y contra la Constitución. La realizó Mauricio Macri a partir del año 2015, cuando asumió la Presidencia de la Nación”, aseveró Cristina Kirchner, apuntando que la de Cambiemos fue “una reforma de facto operativizada únicamente sobre la justicia Federal Penal de la Capital Federal, más concretamente sobre los tribunales de Comodoro Py, y con el oscuro objetivo de perseguir y encarcelar opositores políticos y empresarios. A algunos de estos últimos para despojarlos de sus empresas y a otros para saldar cuestiones comerciales o hasta personales”.

Por otra parte, la expresidenta sostuvo que “la reforma de facto” de Mauricio Macri tuvo cuatro ejes fundamentales, citando en primer lugar “una mesa judicial” en la órbita del Poder Ejecutivo, “integrada por funcionarios y abogados del poder cuya función era digitar causas judiciales contra opositores en Comodoro Py. Esa ‘mesa judicial’ fue naturalizada en los medios de comunicación hegemónicos como si fuera un órgano extrapolado de la Constitución Nacional. Se hablaba de ella en artículos que se podían leer en el papel y en el portal, se comentaban sus reuniones en los programas de televisión y sus decisiones, que se conocían en las tapas de los diarios, anunciaban el texto exacto de futuras resoluciones y sentencias judiciales”.

El segundo eje fue, para CFK, la llamada “doctrina Irurzun”, en referencia al camarista Martín Irurzun, por la cual “se utilizaba el instituto de la prisión preventiva para aplicarla a los opositores, privandolos de su libertad en forma ilegal”.

En tercer lugar Cristina Kirchner señaló el traslado de jueces “a juzgados y tribunales para los cuales no habían sido designados, sumándole además el incumplimiento de los requisitos que fija la Constitución para la designación de los jueces”. Con ello, para la vicepresidenta “se violó de esta manera, en forma flagrante, no sólo el principio de juez natural, sino la prohibición de tribunales ad hoc”.

“Convirtió a la AFI en el órgano directriz de la cuestión judicial a través del manejo de los agentes orgánicos e inorgánicos en la creación de causas, espionaje y seguimiento de opositores”, afirmó la vicepresidenta, que agregó: “Para ellos se utilizaban los fondos del organismo de inteligencia que Macri había vuelto a convertir en reservados apenas asumió el gobierno”.

A juicio de Cristina Kirchner, el país todavía se debe “una verdadera reforma judicial que no es la que vamos a debatir este jueves”. Sin embargo, aclaró, “la primera actitud que debe tener la totalidad del sistema político argentino, cualquiera sea su postura ideológica y partidaria, es aceptar que cualquier diferencia, no sólo respecto de la organización del Poder Judicial o de la necesidad de su reforma, sino de cualquier otra cuestión sobre la que no haya acuerdo, tiene un solo lugar de discusión y resolución: el Congreso de la Nación”.

“He sido dos veces presidenta de la República Argentina por el voto popular. Todas y cada una de las políticas sostenidas durante nuestros gobiernos fueron enviadas y resueltas por el Congreso, inclusive aquellas que no requerían de su intervención de acuerdo a la Constitución y a la normativa legal vigente. Y lo hice con la convicción que el único lugar donde se saldan las contradicciones y los desacuerdos de los argentinos y las argentinas es el Parlamento Nacional, por eso que llaman Democracia y Constitución Nacional”, comento la vicepresidenta, que concluyó con una referencia a la declaración de Eduardo Duhalde, sin nombrarlo: “En tiempos de asonadas mediáticas y políticos apocalípticos, es muy bueno recordarlo”.

Las asociaciones de magistrados y fiscales rechazaron la reforma judicial

Fue en el marco de una charla virtual que mantuvieron con el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio.

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio mantuvo este martes una reunión virtual con las Asociaciones de Magistrados y de Fiscales, en la que analizaron el proyecto de reforma judicial propuesto por el Poder Ejecutivo.

Tanto los jueces como los fiscales coincidieron en destacar la falta de oportunidad del proyecto del oficialismo e hicieron hincapié en la poca coherencia que exhibe la idea de proponer una reforma que requiere un fuerte incremento presupuestario, en medio de una pandemia que está generando angustias económicas y sociales sin precedentes en la historia de nuestro país. También hicieron referencia a las dificultades de infraestructura que requeriría poner en práctica la reforma propuesta.

Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, señaló: “No queremos frenar este o cualquier proyecto de reforma. Pero queremos que sea de forma seria, sin soslayar aspectos tan centrales como está sucediendo ahora. Nos preocupa que este proyecto nazca con tantas suspicacias y sospechas sobre sus verdaderas intencionalidades. Hay que hacer un proyecto de reforma judicial como corresponde, mejorar la prestación del sistema de justicia”. Agregó: “En Capital Federal genera intangibilidad de la función judicial, que pasa a ser muy precaria y esto afecta a la prestación del servicio de justicia”.

El presidente de la Asociación de Fiscales nacionales, Carlos Rívolo, sostuvo que “pedimos participar del debate con el fin de contribuir en la redacción de esta reforma desde el día que el Presidente hizo el anuncio”. “No nos parece que el Estado esté en condiciones para poder hacer frente al incremento presupuestario que esta reforma va a demandar. Desde su concepción, esta reforma nace antigua”, agregó. “No tiene sentido este intento de licuar el poder de Comodoro Py”, cerró Rívolo.

El fiscal Raúl Pleé se ocupó de marcar el contexto de la reforma judicial: el ataque al Procurador Casal, los intentos de anular los traslados de camaristas, la persecución de fiscales. “El objetivo fundamental es que los jueces federales que están en funciones no actúen por un año entero, ya que las causas nuevas serán monopolizadas por los subrogantes”, sostuvo.

La opinión de los diputados

“Fueron más de dos horas fructíferas. Ha quedado claro que no hay sentido de la oportunidad en este proyecto. Una reforma judicial es mucho más que un interés particular del Gobierno de turno”, dijo el presidente del interbloque Mario Negri. “El Poder Judicial, uno de los tres poderes de la República, está siendo hackeado, la manzana está siendo rodeada, peor que en 2013”, advirtió.

“Es una reforma inoportuna, en un momento inadecuado y además es costosa.  Una reforma judicial necesita consenso y mirar hacia el futuro, esta reforma así es mala para los argentinos y además avanza sobre la libertad de expresión”, manifestó por su parte el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo.

La diputada Paula Oliveto destacó que “la Coalición Cívica ARI ratifica su compromiso con la Constitución y el Estado de derecho. Esta reforma rompe la garantía de una Justicia independiente y no resuelve a los ciudadanos un servicio de justicia que cumpla con la demanda de más seguridad, respeto a la ley, justicia en tiempos razonables. Está pensada para la impunidad y la colonización del kirchnerismo, además de que requiere un incremento presupuestario que no es razonable en los tiempos que nos toca vivir”.

Participaron del encuentro, además de Gallo Tagle y Rívolo, los fiscales Ricardo Toranzos, Fabiana León, Ricardo Sáenz, Fernanda Poggi y Raúl Pleé; el defensor Benjamín Solá; los camaristas Manuel Pizarro y Osvaldo Facciano; y Sergio Pinto, juez de Córdoba.

Larreta se metió en el debate de la reforma judicial: “Requiere un consenso mucho más amplio”

En la víspera del tratamiento del proyecto en el Senado, el jefe de Gobierno porteño cuestionó el “apuro” del oficialismo. “Debemos encarar un debate profundo y maduro sobre nuestra Justicia”, dijo.

A horas de que el Senado sesione para tratar el proyecto de ley de reforma judicial, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se metió en el debate y sostuvo que la iniciativa del Poder Ejecutivo “requiere un consenso mucho más amplio”.

A través de una serie de tuits, Larreta advirtió que a pesar de la pandemia del Covid-19, la Cámara alta “apuró” el tratamiento de esta ley y consideró que esa “no es la forma”, ya que “se requiere más tiempo para debatirlo”.

“Como sociedad, los argentinos necesitamos una Justicia cercana y transparente que proteja a las víctimas de delitos, investigue y resuelva los casos en tiempos razonables, tanto para quienes persiguen justicia como para quienes se defienden de los delitos que se les imputan. Un sistema judicial que lidere la lucha contra la impunidad y tenga la confianza de todos los ciudadanos”, introdujo.

El jefe de Gobierno sostuvo que “la discusión sobre un tema tan trascendental para nuestro país como es reformar un poder del Estado nos exige un amplio consenso y un profundo proceso de diálogo que incluya a todos los partidos políticos, las organizaciones sociales, los expertos en el tema y a toda la sociedad”.

“Eso lleva tiempo. Una reforma que va a comprometer los derechos de varias generaciones necesita tener un nivel de consenso extraordinario”, insistió.

Larreta señaló que “hoy estamos viviendo una situación sanitaria excepcional e incomparable con cualquier otro momento, que impidió llevar adelante todos esos procesos”.

“Sin embargo -lamentó-, en el Senado se decidió avanzar igual, apurando el tratamiento de esta ley. No es la forma. Se requiere más tiempo para debatirlo.

Para el funcionario, “a partir del debate y el consenso tenemos que lograr una propuesta que contribuya a tener procesos judiciales de calidad y sentencias más rápidas, y que garantice una Justicia independiente”.

En ese contexto, pidió “seguir trabajando para lograr el postergado traspaso de las competencias a la Ciudad de Buenos Aires”.

“Soy una persona que siempre apuesta y apostará al diálogo y a la búsqueda de consenso. Lo demostré en muchas oportunidades. Estoy convencido de que debemos encarar un debate profundo y maduro sobre nuestra Justicia. Así vamos a poder avanzar hacia una sociedad más justa y unida”, concluyó.

La asociación FORES cuestionó la reforma judicial y lanzó una “contracomisión Beraldi”

Sostienen que la reforma “pareciera enfocada en favorecer a personas que se encuentran actualmente bajo proceso judicial, y adolece de falta de transparencia”.

La asociación civil FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia) cuestionó el proyecto de reforma judicial en tratamiento en el Senado de la Nación, y sostuvo que “pareciera enfocada en favorecer a personas que se encuentran actualmente bajo proceso judicial, adolece de falta de transparencia y participación de las instituciones especializadas en Justicia y avanza en la persecución de la disidencia y de la libertad de expresión, conducta que disminuye el espacio de los derechos individuales”. 

Para discutir estos y otros aspectos de la iniciativa en tratamiento, FORES busca convocar a personalidades para que contribuyan al debate público de los objetivos presidenciales planteados en el Decreto 635/2020. 

Con ese fin se constituyó un consejo consultivo que habrá de dictaminar sobre la reforma judicial lanzada por el Gobierno nacional. Sus integrantes analizarán, “desde una perspectiva técnica y con total independencia”, los mismos temas sobre los que trabaja la Comisión designada por el presidente de la Nación.  

A la convocatoria de FORES han adherido el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de magistrados/as y funcionarios/as del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina (ADePRA) y las agrupaciones de abogados Bloque Constitucional y Será Justicia. 

El Consejo Consultivo lo integran las siguientes personas: Susana Cayuso, Manuel García Mansilla, Miguel Ángel Caminos, Silva Palacio de Caeiro, Alberto Garay, Enrique V. del Carril, Estela Sacristán, Daniel Ostropolsky, Hernán Munilla Lacasa y Héctor M. Chayer, con la coordinación de María Lorena González Tocci. 

Por qué se congelará la reforma judicial cuando llegue a Diputados

La respuesta es sencilla: en el mejor de los casos al Frente de Todos le faltarían dos votos. Pero hoy por hoy, la realidad es que le faltan incluso más en la Cámara baja.

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Cuando el presidente de la Cámara, Sergio Massa, aclaró que no existía ningún apuro para aprobar la reforma judicial, no hizo más que admitir que hoy por hoy en Diputados los números no son favorables para que el oficialismo pueda aprobar la norma como sí sucederá este jueves -con cierta holgura- en el Senado.

El propio presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, se lo había anticipado al Gobierno, al advertir que se arriesgaban a tener “otra 125”, augurando el escenario que ya en 2008 generó entonces un duro traspié legislativo para el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Nada peor para un gobierno como el de Alberto Fernández, que lleva más o menos el mismo tiempo que entonces tenía la primera administración de CFK, pero en rigor de verdad “menos espaldas”, pues debe lidiar con una pandemia y una situación económica realmente grave.

La primera luz de alarma la encendieron los tres diputados que responden a Roberto Lavagna, Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Sarghini, de Consenso Federal, cuando anticiparon su rechazo a la norma. “La reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna; semejante decisión institucional requiere de esos acuerdos políticos amplios, que no significan simplemente tener la mayoría para aprobarla”, expresó el 18 de agosto “Topo” Rodríguez.

Ese mismo día trascendió que los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti tenían el mismo pensamiento, y ahí sí se encendieron todas las alarmas en el Frente de Todos.

Pasa que, como ya hemos dicho, el bloque que conduce Máximo Kirchner necesita 12 votos más de los que ya tiene. Recordemos que el oficialismo se compone por 119 diputados, mas Sergio Massa da quórum pero no vota. Y José Ignacio de Mendiguren está de licencia eterna, pues está al frente del BICE y no renunció tan solo para evitar que asuma en su lugar Marcelo “Oso” Díaz, un hombre del GEN: preferible tener un voto menos a sumarle un voto a la oposición, piensan en el oficialismo.

Así las cosas, los 12 votos necesarios el oficialismo debería buscarlos en el interbloque Federal (11 miembros), el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (8 diputados) y la diputada del Movimiento Popular Neuquino Alma Sapag, quien ya se sabe que a instancias de su gobernador estará alineada con el oficialismo.

Obviamente la izquierda no votará esta reforma, aunque tal vez pueda colaborar con el quórum.

Los diputados de Córdoba Federal oficializaron su rechazo a la norma el viernes pasado, a través del siguiente tuit: “Queremos comunicar que, habiéndose conocido el dictamen emitido por la comisión pertinente en el Senado de la Nación, referido al proyecto de reforma judicial, ratificamos nuestra decisión de no votar dicha ley”.

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Tanto los tres diputados de Consenso Federal, como los cuatro de Córdoba Federal forman parte del interbloque Federal que conduce Eduardo “Bali” Bucca. Allí está también Luis Contigiani, del monobloque Frente Progresista Cívico y Social, quien también el viernes confirmó a través de un extenso comunicado que no acompañará la reforma judicial ni tampoco va a prestarse “a ningún entendimiento que suponga convalidar su tratamiento”. No cuenten con él.

Ni tampoco con el también santafesino Enrique Estévez, del bloque socialista, que señaló que “tratándose de un tema tan trascendente, tiene que haber un mayor acuerdo para poder abordarse. Por el momento la construcción de ese acuerdo no existe”.

Así es que de ese interbloque de 11 diputados que es el Federal, solo no se han expresado los dos del bloque Justicialista: Eduardo Bucca y el salteño Andrés Zottos.

La otra alternativa con la que suele contar el bloque Frente de Todos es el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que conduce el mendocino José Luis Ramón y que tiene ocho diputados. Ya dos vienen diferenciándose en los últimos tiempos: la tucumana Beatriz Avila (Partido por la Justicia Social y el santacruceño Antonio Carambia (Unidad y Equidad Federal). La tucumana ya dijo que no vota la reforma judicial, convencida de que antes “hay que resolver los temas que preocupan a la sociedad, como la salud, la economía o la inseguridad”. Para Avila, “es inoportuno intentar un proyecto de ese tipo si no estamos resolviendo antes lo que piden los ciudadanos, que todavía se preguntan cuántos se van a quedar sin trabajo por efecto de la pandemia o cuántas empresas pequeñas o medianas van a cerrar”.

En este contexto es que el presidente de ese bloque, José Luis Ramón, terminó abriendo más dudas para el oficialismo, pues señaló que su posición “es clara, no quiero una reforma judicial que no podamos debatir y transformar”.

Queda claro entonces porqué el oficialismo decidió congelar el proyecto de reforma judicial, aun antes de su tratamiento en el Senado, donde se espera un resultado contundente -41 a 29, probablemente-. Con esa media sanción llegará a la Cámara baja, donde Sergio Massa aguardará “tiempos mejores” para eventualmente negociar modificaciones que modifiquen voluntades. Porque el tema es que de los 12 votos que necesitaba el Frente de Todos, hasta ahora contaba con el de Alma Sapag, dos del interbloque Federal y en el mejor de los casos otros siete del bloque de Ramón, si el mendocino reconsiderara la postura expresada el viernes. No le alcanza al oficialismo con eso.

Puede entonces que esté replicándose con la reforma judicial lo que en su momento experimentó Mauricio Macri con la reforma política. Podría decirse que ese proyecto era para el expresidente lo que para Alberto Fernández es la reforma judicial. Y en el caso del líder de Cambiemos, el proyecto pasó Diputados, pero fue archivado en el Senado, habida cuenta de que si se ponía a debate perdía. Con Alberto y su reforma, podría estar sucediendo lo mismo, con distinto recorrido.

Massa pronosticó “una discusión más larga” de la reforma judicial en Diputados

El presidente de la Cámara baja, donde el oficialismo está complicado en los números para avanzar con la iniciativa, dijo que el debate dependerá de “mucho trabajo” y “las incorporaciones” que se quieran hacer al proyecto.

Una vez más, y a sabiendas del complicado panorama que se le plantea al oficialismo para reunir los votos, el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, pronosticó que el proyecto de reforma judicial tendrá “una discusión más larga” en Diputados.

“El Senado tiene tiempos distintos a los de Diputados. Diputados siempre le da lugar a la opinión de asociaciones, los colegios. Ya tenemos pedidos de 41 expositores”, señaló.

Durante una entrevista con A24, el tigrense consideró que “va a ser una discusión más larga que en el Senado, que va a tener mucho la mirada de la realidad del sistema y que va a incorporar cosas que hoy no aparecen”.

En ese sentido, el titular de Diputados sostuvo que el debate “va a depender mucho del trabajo y las incorporaciones” que se hagan al proyecto.

Massa recordó que hay preocupación por parte de distintos diputados sobre el tema de la Justicia, algunos de ellos vienen “planteando el tema del juicio por jurados; otros planteando cómo controlamos el cumplimiento de los jueces y sus obligaciones”.

Y agregó que hay que “abordar no solamente la justicia penal sino resolver esta locura de que para adoptar un chico se tarden cinco o seis años; o un concurso o un desalojo lleva ocho años”.

Sobre los reclamos de Juntos por el Cambio de volver a sesionar de manera presencial, el dirigente oficialista dijo: “Para lucirte en una sesión virtual tenés que plantear una idea, sino te desvanecés. En cambio, en el recinto, si uno grita o le tira un vaso al otro, se luce”.

“Ellos pueden sesionar de manera presencial y nosotros de manera remota, y que se queden con el recinto”, lanzó. “El oficialismo tiene una enorme vocación de avanzar sobre los temas, no es un problema el método de discusión”, aseguró.

Fernández aclaró que no frenó la “cláusula Parrilli”

Reivindicó que es “muy respetuoso” de las decisiones de otros poderes, como en este caso el Senado. “Les cuesta creer que tienen un presidente que respete las instituciones”, dijo, y consideró que quienes cuestionan la reforma judicial defienden a “la corporación judicial”.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a defender este domingo la reforma judicial y atribuyó los intentos de frenarla a quienes quieren “mantener a la corporación judicial que tanto daño ha hecho”.

Entrevistado por Radio 10, el mandatario señaló que “hemos mandado un proyecto de ley con el único propósito de que el Congreso lo debata y que cada uno aporte y cambie lo que crea que debe cambiar siempre”.

Con relación a lo que ya se conoce como la “cláusula Parrilli”, que advierte a los jueces que deben denunciar lo que consideren “presiones mediáticas”, Fernández dijo que él no la frenó, como se especuló este fin de semana, aclarando por el contrario que “no está caída”. Y agregó que él es “muy respetuoso. En este país les cuesta creer que tienen un presidente que respete las instituciones, pero lamentablemente esto es así. El Senado debatió el proyecto e introdujo varias modificaciones escuchando a gente que piensa como el Gobierno y gente que no”.

Con todo, consideró que esa frase introducida en el proyecto “no cambia en nada el sentido de la norma”, y lo consideró “un agregado casi ocioso”, al que le encuentra un sentido más “casuístico que otra cosa”.

Con relación al Decreto de Necesidad y Urgencia que se conoció el viernes para establecer que la telefonía celular, la TV por cable y los servicios de internet son servicios públicos, Fernández dijo que “no estoy en guerra con nadie”. Para él, ese DNU era “definitivamente necesario”, y aclaró que “el único interés que se tocó es el de los usuarios y los consumidores, porque además de los que prestan servicios están los que consumen, que tienen tantos derechos como los que prestan servicios”.

Luego emvistió contra la oposición y quienes “piensan que la Argentina se vuelve Venezuela porque regula derechos a favor de la gente”. Por el contrario, el presidente dijo ser admirador de dos países como Noruega y Finlandia, donde “estos son servicios públicos. Antes que digan que somos Venezuela, ojalá nos parezcamos a Noruega o a Finlandia, pero eso no lo cuentan”.

En otro pasaje la emprendió contra el exsenador nacional Ernesto Sanz, quien trazó un diagnóstico económico muy crudo del país que viene, en el marco deun zoom que compartió con la titular del Pro, Patricia Bullrich. “Era mejor cuand Sanz estaba callado. Que se dedique a los negocios”, dijo.

Los moderados de ambos lados son los que están perdiendo

Si la cuarentena no existe más, que le avisen a los controles. La marcha contra un montón de cosas diversas cosechó una multitud; envalentonó a los menos moderados de un lado y enojó a los más duros del otro. La reforma judicial es un juego de alto riesgo, con final abierto.

Por José Angel Di Mauro

El país se vio conmovido por el caso de Solange Musse, la joven enferma de cáncer que murió el viernes en Córdoba sin poder ver a su padre, al que habían hecho volver a Neuquén luego de que en un control sanitario de Huinca Renancó resultaron “dudosos” dos controles rápidos de Covid-19.

Pero ese caso que tuvo tamaña repercusión, no es una excepción. Por el contrario, los casos se multiplican a lo largo y ancho del país, y no porque no trasciendan públicamente son menos dramáticos e incomprensibles. Este cronista supo de la odisea de una persona de 90 años que vivía en San Clemente de Tuyú. El hombre podía valerse solo y cuando comenzó la cuarentena, con su familia -que vive en el AMBA- coincidieron en que sería mejor que se quedara allá. El problema fue cuando comenzó a tener dolores estomacales y en el hospital de esa localidad del Partido de la Costa le encomendaron unos estudios que debía hacerse en Mar de Ajó: cuando intentó salir de San Clemente la policía no se lo permitió. Ni esa vez, ni cuando se dañó su audífono y necesitaba ir a Mar de Ajó para arreglarlo. Así es que desde marzo estuvo casi sin atención médica y sin audífono, con una sordera muy profunda. No obstante los pedidos de su familia, prefirió quedarse allí. Y como en esa zona hay muy pocos casos de coronavirus, coincidieron en que podía ser lo mejor.

Cuando la situación se agravó, el hombre volvió al hospital y le dieron cinco órdenes médicas, mas nuevamente no lo dejaron salir de San Clemente; al no aguantar más pidió a su familia que lo fueran a buscar. Viajó entonces un hijo, munido de todos los permisos necesarios. Pero al llegar al control policial de Lavalle, no le permitieron entrar al Partido de la Costa. Tras varias horas de discusiones, llamados telefónicos desde Buenos Aires y una febril búsqueda de contactos, consiguieron que alguien lograra conseguirle “un permiso de una hora” para ir a buscar al anciano, cargarlo en el auto y abandonar esa localidad. Esto sucedió hace dos semanas. Al llegar a Buenos Aires, los estudios que finalmente le hicieron determinaron que tiene un cáncer muy avanzado y lo más probable es que deje este mundo antes de que concluya la cuarentena, que como se ve existe, aunque el Presidente haya proclamado hace diez días que ya no está vigente.

Contra esa cuarentena se revelaron muchos de los que salieron a protestar el #17A. La movilización tuvo tal envergadura que llevó a los sectores más duros de Juntos por el Cambio a tratar de “tibios” a los que no se jueguen en estas circunstancias. Un error de quienes si tan solo pensaran en que hasta hace pocos meses tenían responsabilidades ejecutivas, serían más cautos con los que siguen teniéndolas y deben hacer un equilibrio extremo en tiempos de pandemia.

Primó la cordura en el zoom realizado el martes 18, en el que se lo vio muy activo el expresidente Mauricio Macri desde Suiza, mientras que Horacio Rodríguez Larreta se retiró enseguida, argumentando actividades impostergables. Los moderados impusieron la decisión de no emitir ningún comunicado refiriéndose a la movilización del día anterior. Macri se pronunció directamente a través de un breve tuit en el que se manifestó orgulloso de quienes salieron a decirle “basta al miedo y al atropello”. Elisa Carrió, que no participa de esas reuniones, volvió a demostrar que es más sensata de lo que muchos piensan. Advirtió que nadie debía “arrogarse o sacar ventaja” de la movilización. Luego mandó un mensaje a la conducción del espacio, al pedir no “radicalizarse”, pues hacerlo será ser “funcional a la radicalización de Cristina”.

De buena relación con ambos extremos, en este caso el “duro” Mauricio Macri y el “moderado” Rodríguez Larreta, Lilita hace gala de sus dotes de estratega cuando las papas queman.

En el oficialismo, en tanto, la reacción fue más dura de lo esperada. Comenzando por el Presidente, que desafiante advirtió “a los que gritan” que no los van “a doblegar”. Y fue más lejos al afirmar que “los que gritan suelen no tener razón”, arrogándose para sí mismo “la verdad”. Peor fue la reacción bonaerense. Con el jefe de Gabinete Carlos Bianco, que tildó a la marcha como “antiperonista, irresponsable y temeraria”, usando términos tales como “neonazis, antivacunas, libertarios, terraplanistas” y hasta se mofó de Luis Brandoni al que se refirió como “gente que termina su carrera política abrazada a un flota-flota”. Su jefe Axel Kicillof no fue más moderado al calificar a la movilización como “aluvión psiquiátrico”. Es un verdadero problema que esté prevaleciendo el discurso duro a ambos lados de la grieta.

Como dijo el viernes el senador Martín Lousteau: “Está pasando que la parte más moderada (del oficialismo y la oposición) está perdiendo de manera acelerada la discusión interna con la parte más radicalizada”.

Los que quieran buscarle argumentos a la movilización del 17A tal vez debieran mirar los datos oficiales que hablan de una pérdida de 390.000 empleos, según el Ministerio de Trabajo, aun con doble indemnización… O las 18.000 empresas que cerraron, según la AFIP, desde que estalló la pandemia.

Pero la protesta fue también contra la reforma judicial, que avanza aceleradamente en el Senado. Tal cual lo previsto por el oficialismo, el proyecto llegará al recinto este jueves al cabo de audiencias en las que nadie podrá negar que todos los sectores pudieron expresarse. Como sea, el Senado es un territorio gobernado por el kirchnerismo en el que no corre ningún riesgo, aunque sigue penando por no contar con los 2/3. Por eso, como la sesión de esta semana será allí un mero trámite con resultado cantado -41 votos a favor y 29 en contra, recuerden este anticipo-, toda la expectativa está puesta en lo que vaya a ocurrir en Diputados, donde hay final abierto.

Reunion remota Plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Naci—n,Êel 19 de Agosto de 2020, en Buenos Aires, Argentina. (Fotos: Luciano Ingaramo / Comunicaci—nÊSenado)

Las luces de alarma comenzaron a encenderse en el oficialismo cuando los tres diputados que responden a Roberto Lavagna anticiparon que votarían en contra, y se pusieron en rojo cuando los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti (4) se plegaron a esa movida. Fue la razón por la que el dictamen que el miércoles por la noche pasó a la firma no pudo ser visto sino hasta 24 horas después. Se especuló -con total certeza- que en el interin el gobierno buscó convencer a gobernadores pensando en sus diputados para el debate que viene. Pero al conocerse el texto, la primera reacción adversa se fijó en la alusión a los poderes “mediáticos”, incluida en una cláusula a pedido del senador Oscar Parrilli como prevención exigida a los magistrados. Resultó curioso, porque la senadora María de los Angeles Sacnun, que condujo el debate en el Senado, había minimizado días atrás tal posibilidad, en diálogo con periodistas entre los que estaba quien esto escribe.

Cayó muy mal en el gobierno ese artículo que se llevó toda la atención mediática a partir de conocerse. Nada menos deseado para un Alberto Fernández que tantas expectativas depositó siempre en esa reforma, y varias fuentes hablaron de “enojo” por ese ¿imprevisto? agregado. Aunque hay quienes dudan, como el jurista Roberto Gargarella, que el viernes dio por sentado que la “cláusula Parrilli” no es más que “un cazabobos” para atraer la atención, que llegado el momento será eliminado para hacer aparecer al gobierno cediendo algo. Suena razonable.

El gobierno eligió el Senado para hacer entrar la ley convencido de que allí tendría el camino asfaltado para pulir la reforma sin riesgos. El problema para el Frente de Todos es que según la regla no escrita de que lo que sale de esa Cámara y con el visto bueno de Cristina no se cambia, le resta absolutamente poder de negociación a Sergio Massa.

En Diputados necesita sumar 11 votos a los que ya tiene asegurados; debe conseguirlos en el interbloque Federal (11 miembros), y Unidad Federal para el Desarrollo (8). En el primero ya 9 diputados anticiparon que no votarán la reforma judicial, y en el otro hay por lo menos una diputada que anunció lo mismo. Tal vez adelantándose a una situación indeseada, el presidente de este último interbloque, José Luis Ramón, advirtió que no quiere “una reforma judicial que no podamos debatir y transformar”, cosa que sabe que no podrá hacer pues lo que llega del Senado no se cambia, como hemos dicho.

Desde el entorno de Massa aclaran que “no hay apuro” para la reforma. Más le vale: hoy por hoy, los números le son adversos. ¿Y si la regla es deliberadamente modificada esta vez y se habilitan “cambios cosméticos” en la Cámara baja de modo tal de atender los reparos, sin modificar el tono de la ley?

Habrá que ver si Cristina da el visto bueno. Por lo pronto, la vice terminó la semana con una sonrisa: en lugar de Sergio Lanciani, echado de la Secretaría de Energía donde nunca logró hacer pie, asumirá el diputado Darío Martínez, un kirchnerista de paladar negro. Otro más y van…

El diputado Contigiani tampoco acompañará la reforma judicial

Integrante del interbloque Federal, el legislador santafesino aclaró que tampoco se prestará a “ningún entendimiento que suponga convalidar su tratamiento”.

Ya había adelantado parlamentario.com que había dudas de que el diputado santafesino Luis Contigiani fuera a apoyar la reforma judicial impulsada por el Gobierno. Ahora el propio legislador, que integra el interbloque Federal de Diputados acaba de confirmar que no acompañará el proyecto: “No termina de cambiar de raíz la justicia federal. Todo lo contrario. Estructuras absolutamente viciadas son multiplicadas pero no corregidas”, expresó.

“No voy a acompañar la reforma judicial enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, ni tampoco a prestarme a ningún entendimiento que suponga convalidar su tratamiento”, señaló.

Lo hizo a través de un extenso comunicado titulado: “Desconcentrar y multiplicar Comodoro Py no significa sacarle el poder”.

Tras elogiar una serie de anuncios del presidente Alberto Fernández, el diputado santafesino aclara que “el proyecto de reforma judicial anunciado por el Poder Ejecutivo y enviado al Congreso Nacional tiene muy poco de ese espíritu transformador y nada de federal”.

“No termina de cambiar de raíz la justicia federal. Todo lo contrario. Estructuras absolutamente viciadas son multiplicadas pero no corregidas”, expresa, detallando: “Al incrementar (desdoblar) secretarias y juzgados federales, jueces interinos en calidad de subrogantes por doquier, lo único que hace es asegurar todas las condiciones para que los operadores de los sótanos de la democracia sigan haciendo de las suyas y con mucho más poder”.

Agrega que “desconcentrar y multiplicar Comodoro Py no significa sacarle el poder. Lo único que le saca poder es poner en vigencia el nuevo sistema acusatorio mediante el cual los fiscales investigan los delitos y los jueces hacen el control legal como un tercero imparcial frente al mismo fiscal y la defensa”.

Con todo, advierte que “como estoy convencido de que es fundamental para nuestra democracia reformar la actual justicia federal de manera integral, voy a proponer junto a mi negativa al proyecto oficial la creación de un ámbito político, técnico, plural, académico que nos permita encontrar el camino, los debates y los consensos políticos mayoritarios para avanzar en una reforma judicial, que como ya dije sea la reforma de los argentinos y no de un interés en particular”.

El texto completo de Contigiani

El 24 de diciembre de 1985 el presidente Dr. Raúl Alfonsín crea el “Consejo para la Consolidación de la Democracia”, un organismo consultivo de la Presidencia de la Nación formado por 20 personas destacadas en sus ámbitos de actuación, políticos e intelectuales, todas ellas bajo la coordinación del jurista Dr. Carlos Nino. Entre sus integrantes, aparecen nombres como Leopoldo Bravo, Genaro Carrió, Raúl Dellepiane, Guillermo Estévez Boero, René Favaloro, Jorge Taiana, María Elena Walsh, Ángel Robledo, etc. Nadie dudaba de la pluralidad en su conformación.

Este Consejo sienta las huellas para la reforma constitucional y la incorporación de muchos institutos jurídicos de avanzada para la justicia federal, como finalmente se recoge para la reforma de la Constitución Nacional de 1994.

El Consejo trabajó internamente con diez comisiones temáticas. Estas contaban con numerosos asesores, de diversas especialidades, manteniendo un criterio en su composición de diversidad política y prestigio académico.

En esta línea hay que mencionar el Proyecto de Código Procesal Penal de Alfonsín-Maier Julio. El Gobierno de Alfonsín pretendía cambios de fondo en la justicia penal federal. Sistema adversarial, juicio por jurados, fin de la figura del juez de instrucción, Ministerio Público y de la Defensa Pública. Esta agenda no prosperó, pero dejo huellas importantes para el devenir de la Argentina.

Hay consenso para terminar con la impunidad

Hay un amplio consenso social y político para transformar el poder judicial y la administración de justicia. Enfrentamos uno de los problemas más serios de la democracia.

La impunidad, el contubernio y la complejidad de parte del poder político, económico y judicial está detrás de los grandes problemas institucionales y el estancamiento argentino. No es de ahora. Es un problema estructural. Son los intereses del poder del dinero por encima de la ley. Es transversal a gran parte de lo político. Aquí hay buenos y malos en todos los espacios.

Es muy importante una reforma profunda de la justicia para una mejor democracia y hacer realidad las garantías de la Constitución Nacional. En este tema no caben los argumentos de oportunidad o los fundamentos economicistas.

El debate es legítimo, pero se necesita un consenso transversal muy fuerte para no dividirnos en un tema que hace a la esencia misma del contrato social. Relativizar este tema es seguir poniendo en riego los fundamentos de nuestra convivencia social. Unos dirán que es la justicia para los intereses de una determinada corporación (política, judicial, empresarial) y otros dirán que los que se oponen son los que defienden intereses contrarios a nuestra nación.

Llegado a ese punto ya está todo perdido.

Es por esto que debemos recuperar una justicia federal para la democracia y los argentinos. Nadie puede sentirse dueño de una reforma.

El Gobierno Nacional y la Reforma Judicial

Es cierto que durante la última campaña electoral el actual Presidente Dr. Alberto Fernández habló de la reforma judicial.

Es cierto que el 1° de marzo pasado en la apertura de las sesiones ordinarias 2020 el presidente volvió hablar de la reforma judicial y dijo: “En este tiempo de la Argentina en los que nos toca gobernar, venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial…”

La intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), de sus fondos reservados y la prohibición a los agentes de realizar tareas de auxiliar judicial en causas judiciales fueron decisiones históricas para terminar con la mugre, la impunidad y fortalecer la democracia. En la frase dicha por el Presidente Fernández “terminar con los sótanos de la democracia” se sintetiza una etapa oscura de la Argentina que no puede volver nunca más.

¿Hay alguna fuerza política mayoritaria que pueda tirar la primera piedra en este sentido? Sostengo que No. En cada uno de esos partidos políticos hubo dirigentes que trabajaron para la institucionalidad, la transparencia y otros para los sótanos.

Todo eso es cierto.

Pero también es cierto que el proyecto de reforma judicial anunciado por el Poder Ejecutivo y enviado al Congreso Nacional tiene muy poco de ese espíritu transformador y nada de federal.

No termina de cambiar de raíz la justicia federal. Todo lo contrario. Estructuras absolutamente viciadas son multiplicadas pero no corregidas.

Al incrementar (desdoblar) secretarias y juzgados federales, jueces interinos en calidad de subrogantes por doquier, lo único que hace es asegurar todas las condiciones para que los operadores de los sótanos de la democracia sigan haciendo de las suyas y con mucho más poder.

Desconcentrar y multiplicar Comodoro Py no significa sacarle el poder. Lo único que le saca poder es poner en vigencia el nuevo sistema acusatorio mediante el cual los fiscales investigan los delitos y los jueces hacen el control legal como un tercero imparcial frente al mismo fiscal y la defensa.

Actualmente el juez de instrucción resulta juez y parte en el proceso, teniendo un poder propio de un sistema inquisitorio. No hay más transparencia posible que apostar a tener muchos más fiscales con el poder de la instrucción y dentro del debido proceso de nuestro sistema. Las ventajas del sistema acusatorio penal son claras: celeridad, visibilidad, igualdad entre las partes.

El Código Procesal Penal acusatorio sancionado hace seis años (todavía sin aplicación) es un cambio de paradigma para terminar con el sistema inquisitivo a nivel federal y se nutre en sus bases del derecho público provincial, porque fue adoptado mucho antes por las provincias.

A propósito, el proyecto de reforma del gobierno nacional pospone la aplicación del nuevo sistema acusatorio y el traspaso de competencias por dos años y sólo para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiempo clave para que los dueños de los sótanos caven fosas más profundas.

Multiplicar jueces no es sinónimo de mejor administración de justicia, justo cuando necesitamos por el sistema acusatorio más fiscales. Por el contrario, es agrandar la cancha para los grandes operadores de siempre: políticos, judiciales y económicos. Hay que poner fin de una vez por todas a los poderes fácticos que operan detrás de la justicia, para que impere la ley.

No producir un cambio de raíz en la justicia federal, con un fuerte consenso social y político es quedar atrapado en las necesidades políticas de los “operadores judiciales”, de los “príncipes de la justicia federal”, de los empresarios que necesitan del fuero penal económico para legitimar sus mecanismos de prebendas, de los estudios jurídicos ligados al “poder” y a la corporación judicial.

Todo un sistema de impunidad y corrupción. Verdaderos sótanos de la democracia.

Decía también que el proyecto de reforma no es para nada federal. Y me quedo corto. Es muy centralista. Toda la mirada empieza y termina en Buenos Aires. Es cierto que crea nuevos juzgados federales con asientos en las provincias. Pero veamos: con la reforma propuesta llegaríamos a 46 jueces federales penales en la ciudad de Buenos Aires, para unos 3 millones de habitantes, por otro lado, llegaríamos a sólo 198 juzgados federales en las provincias (no todos tienen competencia penal) para más de 40 millones de argentinos.

El solo pensar en problemáticas como el tráfico de drogas o la trata de personas, tendría que hacer reflexionar a los autores del proyecto sobre la desigualdad generada entre Buenos Aires y el interior, que es el que sufre especialmente estos flagelos.

Consejo para la Reforma de la Justicia Federal

Por todo lo expuesto no voy acompañar la reforma judicial enviada por el Poder Ejecutivo Nacional, ni tampoco a prestarme a ningún entendimiento que suponga convalidar su tratamiento.

Pero como estoy convencido de que es fundamental para nuestra democracia reformar la actual justicia federal de manera integral, voy a proponer junto a mi negativa al proyecto oficial la creación de un ámbito político, técnico, plural, académico que nos permita encontrar el camino, los debates y los consensos políticos mayoritarios para avanzar en una reforma judicial, que como ya dije sea la reforma de los argentinos y no de un interés en particular.

Esta salida que propongo tiene que estar basada en los siguientes puntos: 

  • Crear un Consejo para la Reforma de la Justicia Federal cuya composición sea plural, política y académica, que represente a todo el pueblo argentino, como lo fue Consejo para la Consolidación de la Democracia
  • Escuchar todas las voces, especialmente a los trabajadores judiciales.
  • Terminar con los jueces de Instrucción del sistema inquisitorio.
  • Impulsar el sistema acusatorio del Código Procesal Penal de la Nación Ley Nº 27.482 y sus modificatorias.
  • Nombramientos de más fiscales.
  • Reorganizar el Poder Judicial Federal mediante la unificación de fueros sin crear nuevos cargos o estructuras.
  • Traspasar la justicia penal a la ciudad de Buenos Aires (hace más de 20 años que no se puede o se quiere hacer y las provincias están financiando la justicia de Buenos Aires).

Luis Petri volvió a apuntar contra la cláusula Parrilli

Anticipó la ampliación de una denuncia que ya hicieron ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA.

El diputado nacional Luis Petri aseguró en sus redes sociales que “la cláusula Parrilli que se incorporó a la reforma judicial es inconstitucional y viola el Pacto de San José de Costa Rica. Por eso vamos a ampliar la denuncia que hicimos ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la OEA”.

En ese sentido, explicó que “es inconstitucional, ya que atenta directamente contra la libertad de prensa que está establecido en el Artículo 14 de la Constitución Nacional. Es una forma de intimidación y de provocar la autocensura del periodismo independiente”.

“Además, cercena el derecho a difundir información y es una forma de restringir la libertad de expresión de manera indirecta. De este modo viola el Artículo 13.3 del Pacto de San Jose de Costa Rica”, afirmó el legislador radical.

Petri concluyo diciendo que “nuevamente el Gobierno avanza sobre las libertades individuales con consagración constitucional, ahora le tocó el turno a la libertad de expresión que es imprescindible para la vida democrática”.

El bloque Córdoba Federal no votará la reforma judicial

Conocido el dictamen suscripto en el Senado, los cuatro cordobeses ratificaron en las redes sociales su rechazo al proyecto.

bloque diputados cordoba federal

Si bien había trascendido en la semana el rechazo de los cuatro diputados cordobeses al proyecto de reforma judicial impulsado por el Poder Ejecutivo, con el correr de los días surgieron dudas. Sobre todo porque en el marco de la demora registrada entre el cierre de la última reunión de análisis en comisiones del Senado y la difusión del dictamen, se especuló con que los cambios registrados en el texto servirían para adecuar el articulado a los requerimientos de algunos gobernadores. De modo tal que sus diputados se avinieran a votar la norma, llegado el momento.

Sin embargo el bloque de diputados de Córdoba Federal, que responden al gobernador Juan Schiaretti, confirmaron este viernes su decisión de no votar el proyecto que avanza en el Senado.

A través de su cuenta en Twitter, el bloque Córdoba Federal expresó que “habiéndose conocido el dictamen emitido por la comisión perinente en el Senado de la Nación, referido al proyecto de reforma judicial, ratificamos nuestra decisión de no votar dicha ley”.

En otro tuit, agregaron: “Sostenemos también que el tratamiento de dicho proyecto es inoportuno y no debe tratarse sin el consenso necesario que requiere una reforma de esta envergadura”.

Los cuatro diputados cordobeses son Carlos Gutiérrez, Paulo Eduardo Cassinerio, Claudia Gabriela Márquez y Alejandra Vigo, esposa del gobernador cordobés.

Del Caño no definió si dará quórum para la reforma judicial

Si bien aclaró que rechaza el proyecto, el diputado informó que la decisión sobre el quórum todavía no fue discutida dentro del Frente de Izquierda.

El diputado nacional Nicolás Del Caño, del PTS en el Frente de Izquierda, aclaró este viernes que todavía no definió si aportará al quórum para debatir la reforma judicial que impulsa el Gobierno, aunque advirtió que el proyecto “no busca democratizar” el Poder Judicial.

En un comunicado conjunto con la legisladora porteña Myriam Bregman, Del Caño señaló: “Más allá de lo que hayan publicado algunos medios sobre el quórum, lo cierto es que aún no hemos definido nuestra postura al respecto ni conversado con los compañeros del Frente de Izquierda”.

“Está claro que la izquierda no va a acompañar este proyecto, y oportunamente resolveremos nuestra posición sobre el quórum”, informaron los legisladores.

Sostuvieron que “la postura de la izquierda siempre ha sido clara contra un Poder Judicial basado en jueces y fiscales vitalicios elegidos a través de componendas e intercambios entre los partidos mayoritarios, con lazos indivisibles con los nefastos servicios de Inteligencia”.

Tras advertir que “la reforma que impulsa el Gobierno no busca democratizar este poder”, señalaron también que “Juntos por el Cambio encontró en este proyecto una nueva coartada para aglutinar a su base electoral, pese a que este proyecto sigue sosteniendo a este sistema absolutamente antidemocrático, ahora con la creación de nuevos juzgados y la reorganización de algunos fueros”.

“Por otro lado -continuaron Del Caño y Bregman- siguen vigentes leyes que han servido para manejar causas en forma totalmente arbitraria, como la del arrepentido, y las llamadas ‘leyes antiterroristas’ que fueron impulsadas por el Departamento de Estado norteamericano para criminalizar a quienes luchan por sus derechos”.

El comunicado prosigue: “Rechazamos que sea una casta judicial vitalicia, con privilegios enormes, sueldos astronómicos y ningún control popular la que imparta justicia. Sostenemos que los jueces y fiscales deben ser elegidos y eventualmente revocados por el voto popular y sus sueldos no deben poder ser superiores a lo que percibe un director de escuela”.

Además, consideraron que “todos los juicios, incluyendo aquellos hacia funcionarios públicos por corrupción o no cumplimiento de sus deberes, deben ser realizados por jurados populares”.

Por último, denunciaron que Juntos por el Cambio “ha impuesto una suerte de veto al funcionamiento de la Cámara de Diputados, donde se niega a sesionar si no acuerda con los proyectos presentados”, y “el oficialismo ha aceptado este chantaje antidemocrático”.

“El funcionamiento del Congreso no puede estar restringido a componendas entre los bloques mayoritarios, que centralmente acuerdan votar leyes de entrega y contrarias a los intereses populares y no aquellos proyectos imprescindibles para que la crisis no sea pagada por el pueblo trabajador”, concluyeron los referentes del FIT.

Juntos por el Cambio mantiene el alerta en Diputados de cara a la renovación de las sesiones virtuales

Si bien Sergio Massa dejó trascender que la semana próxima se tratarían las leyes de asistencia al turismo y de protección de los activos del FGS, en el interbloque opositor insisten en buscar acuerdos sesión por sesión. El límite: la reforma judicial.

En alerta máxima por la casi inexorable aprobación de la reforma judicial en el Senado, Juntos por el Cambio se mantiene expectante en la Cámara de Diputados, luego de que su titular, Sergio Massa, dejara trascender que la semana próxima podría haber sesión, cuando todavía no hay acuerdo en torno a la renovación del protocolo virtual.

En efecto, Massa deslizó que el miércoles o jueves podría tratarse en el recinto el proyecto de asistencia al turismo -ya cuenta con media sanción del Senado- y otra iniciativa recientemente enviada por el Poder Ejecutivo para proteger los activos del FGS (Fondo de Garantía de Sustentabilidad).

Si bien ambos temas contarían en principio con un acuerdo mayoritario, los integrantes de la “mesa chica” del interbloque presidido por Mario Negri mantuvieron una videoconferencia este jueves y coincidieron en rechazar una nueva prórroga mensual del protocolo de funcionamiento remoto, que caducó a fines de julio.

En Juntos por el Cambio creen que de esa forma se estaría dando vía libre a un posible debate exprés sobre la reforma en la Justicia. “Nuestra posición es la renovación del protocolo sesión por sesión y para temas acordados. De ninguna manera concederemos un mes entero”, confiaron fuentes de la bancada tras la reunión.

Tanto Negri como Cristian Ritondo (Pro) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) niegan haber sido contactados por Massa para acodar el temario de la próxima sesión, e insisten en que primero debe debatirse la vigencia del protocolo en Labor Parlamentaria, donde participan los jefes de todos los bloques.

En el protocolo original se estableció que la renovación debía ser “por consenso”, sin especificar mayorías, por lo que el Frente de Todos podría acordar con los dos espacios minoritarios: el Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, presididos respectivamente por Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón.

En un acto de seducción a la oposición, Massa manifestó su intención de avanzar con la ley de asistencia al sector del turismo, un proyecto que en el Senado fue aprobado por unanimidad y que en Diputados solo tuvo giro a una comisión, la de Presupuesto y Hacienda, de modo tal de agilizar el debate.

De hecho, en la Cámara baja se encontraba en tratamiento un proyecto sobre la misma temática, aunque menos ambicioso que el del Senado, que había recibido dictamen en las comisiones de Turismo y de Defensa del Consumidor, pero se encontraba trabado en la comisión presidida por Carlos Heller.

La iniciativa de “sostenimiento y reactivación” del turismo interno que ahora busca ser sancionada contiene medidas de alivio fiscal y crediticias, además de un plan de reprogramación de viajes y medidas de promoción, todo por el plazo de 180 días prorrogables.

El otro proyecto que está en el radar de Massa tiene que ver con la defensa de los activos del FGS, con un capítulo dedicado a la renegociación de los contratos con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de una discusión que viene dándose desde fines de enero, cuando la Cámara baja trató la ley de sostenibilidad de la deuda bajo ley extranjera: en ese momento, distintos bloques reclamaron, a la par de gobernadores, incluir en la norma la deuda que las provincias contrajeron en pesos con la Nación y organismos como la ANSES.

El oficialismo no aceptó el pedido, pero a cambio de votos aceptó aprobar una resolución donde se creó una “mesa de trabajo” para abordar la problemática. Sin embargo, sobrevino la pandemia y no se avanzó. “Ahora que se logró un trabajoso acuerdo con los bonistas, sería oportuno que las provincias puedan llegar a un acuerdo con la Nación por sus acreencias”, sostuvieron desde Juntos por el Cambio.

Peñafort, sobre la “cláusula Parrilli”: “La prensa podrá seguir diciendo lo que le venga en gana”

“El artículo no vulnera la libertad de prensa de nadie”, afirmó la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, en relación a la modificación incluida en el proyecto de reforma judicial. Al tiempo que remarcó que no prevé sanciones ni para los medios ni para los periodistas.

Ante la polémica generada por la modificación incorporada al proyecto de reforma judicial, sobre la posibilidad de que jueces puedan denunciar ante el Consejo de la Magistratura supuestas presiones por parte de los medios de comunicación, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, sostuvo que “la prensa podrá seguir diciendo lo que le venga en gana”.

Asimismo, remarcó que el artículo no prevé sanciones ni para los medios ni para los periodistas y “no vulnera la libertad de prensa de nadie”.

En un hilo de tuits, la abogada señaló: “El derecho a presionar jueces. Hoy todos los medios hegemónicos en forma sincronizada se escandalizan por lo que dice el art. 72 del proyecto de reforma judicial por una sencilla razón, otorga una herramienta para que los jueces se puedan proteger de presiones”.

“Los que cuestionan ese artículo dicen que viola la libertad de expresión al afectar a los medios….Lo que no dicen es de qué modo afecta a los medios. Porque si leen el artículo, ninguna sanción se establece para quien presiona a un juez”, resaltó.

Peñafort ejemplificó: “Supongamos que un periodista super reconocido sugiere que la población escrache a los hijos de un juez porque está en desacuerdo con las sentencias de ese juez. ¿Qué pasa hoy si sucede hoy? El juez no puede hacer nada, salvo que le haga una denuncia penal al periodista o al medio de comunicación que emitió al periodista”.

“Cosa que sabrán, los jueces no acostumbran hacer. Supongo que porque pocos jueces se animan a denunciar o pelearse con (Jorge) Lanata, por dar un ejemplo, ni con Clarín, siguiendo en términos de ejemplo”, lanzó.

La directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, que preside Cristina Kirchner, afirmó entonces que “si entrase en vigencia este artículo que tanto cuestionan, el juez podría pedirle al Consejo de la Magistratura, por ejemplo, que le ponga custodia a sus hijos para preservarlos de un hecho de violencia. Sin denunciar a nadie, solo pidiendo que se adopten medidas de resguardo”.

“¿Que le pasaría al periodista o al medio de comunicación? ABSOLUTAMENTE NADA. Verán el artículo NO PREVÉ sanción para quien ejerce las presiones. Solo establece que los jueces puedan pedir medidas de resguardo frente a la presión”, insistió.

Y enfatizó: “No entiendo de qué forma el artículo que tan unánimemente cuestionan vulnera la libertad de prensa. Ya que no establece sanciones para quien ejerce la presión. Solo establece la posibilidad de que el juez presionado busque una forma de resguardarse sin necesidad de denunciar penalmente a nadie”.

“¿Podría el Consejo de la Magistratura censurar la nota de un periodista por ese artículo de la ley? ABSOLUTAMENTE NO. No tiene competencias para censurar a nadie”, aclaró.

La abogada sostuvo que “en conclusión, el artículo no vulnera la libertad de prensa de nadie. Solo permite que los jueces se protejan de las presiones en la medida que puedan. Pero la prensa podrá seguir diciendo lo que le venga en ganas”.

“¿Dónde ven la afectación de derechos? Salvo que aceptemos que la libertad de prensa incluye la posibilidad de presionar a los jueces”, escribió, en respuestas a las críticas que recibió este artículo.

Peñafort citó entoces el artículo 13 de la Convención de San José de Costa Rica, donde indica que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

“Verán que el proyecto de reforma judicial NO restringe de modo alguno la posibilidad de buscar, recibir y difundir información. Solo permite a los jueces pedir una medida de resguardo antes las presiones que pueden ejercerse desde los medios sobre su actividad como jueces”, finalizó.

Radicales advierten por una “limitación inconstitucional a la libertad de expresión” en la reforma judicial

Los diputados nacionales de la bancada que preside Mario Negri criticaron duramente la cláusula introducida en la iniciativa a pedido del senador Oscar Parrilli.

Diputados nacionales de la UCR se manifestaron este viernes sobre el inciso incorporado en el proyecto de reforma judicial, por el cual se obliga a los jueces a denunciar supuestas presiones de los medios. “Se pretende imponer una limitación inconstitucional a la libertad de expresión”, advirtieron.

El jefe de la bancada -y también titular del interbloque Juntos por el Cambio-, Mario Negri, alertó que “hay un asalto a la Justicia y una limitación inconstitucional a la libertad de expresión”. “Creo que volvieron peores porque ahora tienen una bandera de venganza y de odio. El presidente debería convocar a todos los sectores porque uno de cada dos argentinos será pobre, pero siguen sin hacerlo”, señaló.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Karina Banfi, expresó: “¿Se preguntan de qué manera puede este artículo del dictamen afectar la libertad de expresión? ¿Cómo sería el mecanismo de presión? No lo explican. Entonces una noticia lo puede ser. Escribís una nota sobre un juez y tenés denuncias en tu contra. Debemos evitar la autocensura”.

“El Gobierno viola la Constitución Nacional y avanza en su plan de reforma judicial y ataque a la prensa y la libertad de expresión, a jueces, dirigentes opositores y ciudadanos”, enfatizó Álvaro De Lamadrid, que además consideró que “la libertad de expresión está en peligro porque el Gobierno, por decisión de Cristina Fernández de Kirchner y el acatamiento de esa orden por parte del presidente (Alberto) Fernández, ha decidido atacar a la prensa, periodistas, jueces, dirigentes opositores y ciudadanos”.

En tanto, el diputado Luis Petri resaltó: “Atan de manos a la Justicia y a todos los que intenten exponer a los jueces del poder. ¿Qué medidas podría solicitar un juez que denuncia presión mediática ante una nota que exponga su actuación? A partir de ahora la libertad de prensa puede ser considerada presión mediática y denunciada”. “El país está ingresando al peligroso mundo de los autoritarismos con fachada democrática. Sin prensa libre no hay democracia”, subrayó.

El mendocino agregó que el artículo en cuestión “es oscuro e impreciso, buscando amedrentar al periodismo de investigación y evitar que advierta sobre los avances o retrocesos de causas judiciales. Este artículo, que claramente viola la libertad de prensa, es consecuencia necesaria de un proyecto de ley que busca garantizar la impunidad kirchnerista”.

“La reforma judicial que pretende imponer el kirchnerismo no solo busca impunidad, sino también amedrentar al periodismo. Es inadmisible que propongan legalizar la censura y atacar la libre expresión”, sostuvo el legislador Atilio Benedetti.

Finalmente, el diputado Gonzalo Del Cerro opinó que “lo que no pudieron hacer con la ley de medios, domesticar al periodismo independiente, ahora lo buscan con la ‘autoproclamada’ reforma judicial. Van por la libertad de expresión, porque la impunidad, además de jueces amigos necesita silencio cómplice”.

Para Parrilli, la cláusula sobre los medios en la reforma judicial “no tiene nada que ver con la libertad de expresión”

El senador K, impulsor de esa modificación que se aceptó en el dictamen, aseguró que en la oposición “están buscando la impunidad para Macri y sus funcionarios”.

oscar parrilli sesion senado 30 julio 2020

El senador nacional Oscar Parrilli defendió este viernes la polémica cláusula introducida en el proyecto de reforma judicial, por la cual se establece que los jueces deberán denunciar cuando reciban presiones mediáticas y sostuvo que “no tiene nada que ver con la libertad de expresión”.

El neuquino consideró que “no hay ninguna limitación, ninguna prohibición”, pero “saltaron como leche hervida” porque “lo que les molesta es que esto se diga”. “Intentamos que se sepa que, como muchas veces hay presiones políticas y económicas, también hay presiones de los medios de comunicación que responden a intereses políticos y económicos”, dijo.

El legislador, mano derecha de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusó a los medios de haber pedido “meter presos a determinadas personas y decirles a los jueces lo que tenían que fallar, o amenazarlos con escraches a sus casas o los hijos”.

En declaraciones a radio El Destape, el oficialista remarcó que “estos hechos violan principios de derechos humanos, de convivencia…quieren que naturalicemos estas conductas”.

“Con esta ley estamos terminando con la impunidad futura del macrismo, porque ellos están buscando impunidad para Macri y todos sus funcionarios que están siendo procesados. Quieren que solo los juzguen sus jueces y fiscales amigos como (Julián) Ercolini y (Carlos) Stornelli”, lanzó.

El senador K aseguró que hay “varios opositores que están de acuerdo con la reforma” pero “por disciplina partidaria tienen que cumplir las órdenes que llegan desde una reposera en la Costa Azul”, en referencia al expresidente, quien se encuentra en Europa.

“Macri se opone a la reforma porque quiere impunidad para él. Esta reforma no nos afecta en nada a nosotros, ya fuimos juzgados por Bonadio”, señaló y agregó que “sin embargo no hay una sola condena” porque “fueron todos inventos”. “Esta reforma es para los casos que vienen”, completó.

En el capítulo referido a las reglas de actuación, más precisamente en el artículo 72, inciso e, del proyecto, se establece que los jueces deberán “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

En la versión original enviada por el Gobierno, el texto solo mencionaba a los “poderes políticos o económicos”.

A pedido de Parrilli, se incluyó una referencia a los poderes “mediáticos”

El titular de la Comisión de Justicia lo había sugerido durante el debate y finalmente logró imponerlo en el texto definitivo del proyecto.

Durante el debate las audiencias realizadas para analizar la reforma judicial, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, sugirió establecer explícitamente en el texto la mención de “los poderes mediáticos” influenciando a los jueces. Era en la parte referida a las reglas de actuación que deben cumplir los jueces y juezas.

En el inciso “e” del artículo 72 del proyecto se indicaba originalmente entre los deberes de los magistrados “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos”. Y durante el debate, Parrilli sugirió sumar también a “los poderes mediáticos”.

“Hay que hablar de los poderes mediáticos, porque hemos visto en los últimos años cómo periodistas que denostaban, e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar, desprestigiar, a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinadas causas. Por eso creo que aquí debemos agregar explícitamente el término ‘mediático’, porque creo que así ha ocurrido por lo menos en el último tiempo”, expresó en esa oportunidad el senador neuquino.

Así las cosas, en el dictamen reza el siguiente texto: “Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos”.

“Construimos un proyecto que va a fortalecer a la Justicia federal en nuestra querida Santa Fe”

Así lo expresó la senadora María de los Angeles Sacnun, que atribuyó la inseguridad en su provincia a la ausencia de una articulación que tiene que haber entre la seguridad y la justicia.

La senadora nacional por la provincia de Santa Fe, María de los Angeles Sacnun, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, quien tuvo la responsabilidad de conducir el plenario de comisiones donde se aprobó el dictamen por la reforma judicial, sostuvo que “con el Gobierno de la provincia y el senador Roberto Mirabella hemos construido un proyecto que fortalecerá a la Justicia Federal en nuestra querida Santa Fe”.

La legisladora, que recibió el reconocimiento de todos los bloques por el manejo del debate, afirmó que “la inseguridad que vivimos en la República Argentina y en la provincia de Santa Fe es fruto de la ausencia de una articulación que tiene que haber entre la seguridad y la justicia y en este caso de la justicia federal que está vinculada a los delitos de narcotráfico, trata y lavado de activos”.

Sobre el trabajo realizado en el plenario, Sacnun afirmó: “Hemos llevado adelante una enorme tarea con seis plenarios de comisiones. Tuvimos 50 expositores y expositoras propuestos por todos los bloques, muchos que solicitaron formar parte de la misma y la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo”.

Sacnun finalizó diciendo que “este proyecto de reforma judicial tiende a cumplir con la promesa electoral del Presidente de la Nación Alberto Fernández, se trata de un proyecto que no llegó cerrado al Senado sino que arribó para que pudiera ser discutido e introducirles aquellas modificaciones que fortalecen a la Justicia Federal en todas nuestras provincias”.

Los principales puntos de la Reforma Judicial en la Provincia de Santa Fe son:

  • Creación de una Fiscalía General en la ciudad de Rosario y una Fiscalía regional en Santa Fe y en Rosario para fortalecer el proceso de aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la provincia.
  • Creación de una Secretaria Especializada en Medio Ambiente, para garantizar la investigación en torno a los delitos ambientales.
  • Creación de una Secretaría Especializada en Derechos de Usuarios y Consumidores y derechos colectivos.
  • Una nueva sala penal para la Cámara Federal de Rosario.
  • Creación de una sala de la Cámara Federal en Rosario con asiento en la ciudad de Santa Fe, para poder aliviar la tarea de la ciudad de Rosario.
  • Creación de dos Juzgados con competencia penal en Rosario y Santa Fe, uno en Venado Tuerto, en Rafaela y en San Lorenzo
  • Se crean cargos de Fiscales penales de primera instancia para la ciudad de Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto, Reconquista y San Lorenzo
  • Se crean cargos de Defensores Públicos para la ciudad de Rosario, Santa Fe, Reconquista y San Lorenzo

Los principales puntos de la reforma judicial para todo el territorio de la República Argentina son:

  • Modificaciones en torno al sorteo de las causas: se avanzará en la transparencia de los sorteos de las causas que deben ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad.
  • Regla democrática o selección de candidatos: se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas.
  • Criterio de especialidad en el ámbito no penal: no se unificará el fuero Civil y Comercial con el Contencioso y administrativo. Se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia que es uno de los temas que el Poder Ejecutivo advirtió a la hora  de mandar el proyecto al Senado de la Nación
  • Derechos humanos: se atendió el planteo de los organismos de derechos humanos que nos plantearon que la Secretaría con competencia específica en este tema conserven esta competencia exclusiva.
  • Proceso acusatorio: la Bicameral de aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal irá acompañando la creación de nuevas fiscalías para ir aplicando progresivamente este nuevo código.

Se conoció finalmente el dictamen de la reforma judicial

Tras varias horas en las que la oposición elevó su voz para quejarse y el oficialismo explicó que el texto estaba circulando para la firma, el documento fue difundido. Conozca qué dice.

Tras una prolongada reunión del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, el proyecto de ley de reforma judicial pasó a la firma este miércoles, con el objetivo de que poder sesionar la próxima semana para debatirlo, habiendo pasado los siete días correspondientes y no tener que reunir sino los dos tercios para habilitar el tratamiento. Pero pasaron las horas y el texto brillaba por su ausencia, ante lo cual la oposición elevó su protesta.

Lo hizo desde temprano, a través entre otros de la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado, que se quejó porque los senadores de la oposición no habían podido acceder al texto que, de todas formas, no pensaban firmar.

La senadora macrista relató que el día anterior la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora María de los Ángeles Sacnun, “oralmente nos manifestó algunos cambios, pero no hemos podido tener hasta el día de hoy ningún senador de la comisión el texto del dictamen. Así que no sabemos si eso se hizo, si hay otros puntos a modificar y cuál es el dictamen”. En diálogo con CNN Radio, la legisladora señaló que “el nuevo texto que se tenía que someter a votación” y “ese es el que no hemos podido conseguir”. “Los medios están diciendo que hay un despacho que no aparece”, agregó la vicepresidenta de la comisión.

La cordobesa contó que se comunicó con Sacnun, quien le dijo que “cuando estén las firmas lo va a publicar, pero normalmente se hace en la misma sesión de comisión”. “Lo firmemos o no firmemos tenemos derecho a conocer cómo se expidió la comisión que integramos”, sostuvo.

La explicación que le dio la senadora Sacnun fue que “el trabajo de borradores es una tarea que requiere ajustes hasta último momento, sobre todo en un momento que no se dictamina a ‘libro cerrado’, que cuenta ocn un articulado de más de 80 artículos y múltiples anexos, sino que tal como ha quedado claro se realizaron múltiples cambios de forma y otros de fondo que fueron informados”.

19 firmas

El dictamen del proyecto de ley de organización y competencia de la justicia federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias ingresó pasadas las 21 a Mesa de Entradas de la Cámara alta conteniendo 19 firmas.

Suscribieron el dictamen -el único que será debatido la semana que viene, pues la oposición no presentó uno de minoría- quienes presidieron el plenario, los titulares de las comisiones de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun; y de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli.

Además, el texto lleva las firmas de los senadores Anabel Fernándz Sagasti, Claudia Ledesma Adbala de Zamora, Gerardo Montenegro, José Neder, Carlos Espínola, Ana Almirón, Nancy González, Juan País, Sergio Leavy, Daniel Lovera, Dalmacio Mera, Silvia Sapag, Guillermo Snopek, Mariano Recalde, Edgardo Kueider y Antonio Rodas.

Puntos principales

Modificaciones en torno al sorteo de las causas: Se avanzará en la transparencia de los sorteos de las causas que deben ser grabados a través de medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad.

Regla democrática o selección de candidatos: Se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas.

Criterio de especialidad en el ámbito no penal: No se unificará el fuero Civil y Comercial con el Contencioso y administrativo. Se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia que es uno de los temas que el Poder Ejecutivo advirtió a la hora  de mandar el proyecto al Senado de la Nación

Derechos humanos: Se atendió el planteo de los organismos de derechos humanos que nos plantearon que la Secretaría con competencia específica en este tema conserven esta competencia exclusiva.

Proceso acusatorio: La Bicameral de aplicación del nuevo Código Procesal Penal Federal irá acompañando la creación de nuevas fiscalías para ir aplicando progresivamente este nuevo código.

Entre las modificaciones aplicadas al texto se estableció que no se unificará el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia, que era el problema que advertía el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, para avanzar en la transparencia de los sorteos de las causas, éstos serán registrados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad, y en otro orden, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas.

Asimismo, las secretarías con competencia específica en derechos humanos conservarán esa competencia exclusiva, y por último se propondrá un régimen específico en materia penal juvenil.

En cuanto a la implementación del sistema acusatorio, uno de los temas más aludidos por los expositores, será la Comisión Bicameral del Código Procesal Penal la que irá acompañando la creación de nuevas fiscalías para ir aplicando progresivamente este nuevo Código.

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Reforma judicial: desde Juntos por el Cambio alertan que no conocen el texto del dictamen

La senadora del Pro Laura Rodríguez Machado, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, afirmó que “la reforma judicial que pretende el kirchnerismo excede este proyecto”.

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La senadora del Pro Laura Rodríguez Machado alertó que en la oposición no pudieron acceder al dictamen del proyecto de reforma judicial, que el oficialismo firmó en soledad luego de anunciar algunas modificaciones a la versión original enviada por el Gobierno.

La macrista relató que “ayer la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora (María de los Ángeles) Sacnun, oralmente nos manifestó algunos cambios, pero no hemos podido tener hasta el día de hoy ningún senador de la comisión el texto del dictamen. Así que no sabemos si eso se hizo, si hay otros puntos a modificar y cuál es el dictamen”.

En diálogo con CNN Radio, la legisladora señaló que “el nuevo texto que se tenía que someter a votación” y “ese es el que no hemos podido conseguir”. “Los medios están diciendo que hay un despacho que no aparece”, agregó la vicepresidenta de la comisión.

Además, la cordobesa contó que se comunicó con Sacnun, quien le dijo que “cuando estén las firmas lo va a publicar, pero normalmente se hace en la misma sesión de comisión”. “Lo firmemos o no firmemos tenemos derecho a conocer cómo se expidió la comisión que integramos”, sostuvo.

Por otra parte, advirtió que “la reforma judicial excede este proyecto en tratamiento. La reforma judicial que pretende el kirchnerismo en Argentina tiene cuatro aspectos, uno de ellos es este proyecto que crea más juzgados, fiscalías, cámaras y modificaciones sobre cómo se cubren los cargos”.

Pero además, mencionó al “Consejo de juristas que integra y encabeza el abogado de Cristina Fernández de Kirchner (Carlos Beraldi), que la defiende en causas de corrupción; una serie de acciones contra el procurador general (Eduardo Casal), que está recibiendo un embate muy fuerte; y no reconocer traslados de jueces que están sobre causas importantes”.

“No nos creamos que porque hayan modificado dos artículos van a decir que cedieron ante la oposición”, enfatizó.

También, en declaraciones a radio Mitre, Rodríguez Machado consideró que “el texto todavía no existe” porque “están negociando con gobernadores y diputados para poder aprobarlo”.

Advertencia de Ramón por la reforma judicial

En el medio del debate sobre el proyecto que todavía no aprobó el Senado pero ya se palpita en Diputados, el jefe de un bloque clave puso condicionamientos.

Con los números muy ajustados en Diputados, ya se realizan cálculos sobre lo que pueda pasar allí cuando llegue el proyecto de reforma judicial que seguramente tendrá media sanción la semana entrante en el Senado. En ese marco, en la Cámara baja se espera la definición de diversos actores que serán necesarios para que el oficialismo pueda llegar a aprobar la ley.

Al respecto resultan clave los interbloques Federal, que conduce Eduardo “Bali” Bucca, y Unidad Federal para el Desarrollo, del mendocino José Luis Ramón. En el primero, los tres de Consenso Federal ya anticiparon su rechazo, y los cuatro cordobeses, a priori, estarían en la misma postura. En el caso del bloque de Ramón, ya la diputada Beatriz Avila se distanció del proyecto y no sería la única en expresar reparos desde allí

Es en este contexto que el diputado José Luis Ramón advirtió desde las redes sociales la necesidad de poder hacer modificaciones. Señaló que “el proyecto de reforma judicial no llegó a Diputados y ya estamos en pleno poroteo mediático”.

“Mi posición es clara, no quiero una reforma judicial que no podamos debatir y transformar”, expresó, para rematar luego: “El oficialismo debe entender que una reforma así, necesita consensos”.

El tema es que, conforme los usos y costumbres del kirchnerismo, difícilmente se acepten modificaciones a lo que vaya a aprobarse en el Senado. Lo cual, en ese caso, sería un inconveniente para el oficialismo si el interbloque de Ramón decidiera plantarse, como anticipa su jefe.

Con los números complicados, Massa asegura que “no hay apuro” en tratar la reforma judicial en Diputados

El titular de la Cámara baja dijo que tienen “todo el año legislativo para charlarlo y debatirlo”. Además, chicaneó a Juntos por el Cambio por su rechazo a debatir virtualmente: “Pueden recibir instrucciones por Zoom desde Saint-Tropez pero no pueden sesionar”.

Tras la firma del dictamen del proyecto de reforma judicial en el Senado, donde se tratará en sesión la semana que viene y el oficialismo cuenta con mayoría para aprobarlo, Sergio Massa aseguró que “no hay apuro” en tratar la iniciativa en Diputados, donde el panorama es complicado para el Frente de Todos.

El titular de la Cámara baja sostuvo: “No hay ningún apuro, tenemos todo el tiempo y todo el año legislativo para charlarlo y debatirlo”. “Vamos a poder escuchar a todos y todas las propuestas”, agregó durante una entrevista en Canal 9.

El tigrense consideró que “Argentina necesita una oposición que proponga, no que descalifique”​ y que “es momento de poner el hombro”. “Arrancaron diciendo que esto es para ampliar la Corte. Para nosotros la Corte tiene que tener cinco miembros, y fíjate que de eso ya no se discute más”, expresó.

“Acá hay una cuestión de fondo, tenemos que resolver el problema que los ciudadanos tienen con el Poder Judicial. La actitud de jueces que demoran cinco meses en condenar o absolver a alguien, no es una actitud de servicio”, remarcó.

En ese sentido, Massa señaló que mientras “cada dos años le levantas o le bajas el pulgar a tu intendente, gobernador o presidente; a los jueces no solo no los elegimos, sino que son para toda la vida, y no hay un mecanismo de control”.

Sobre el rechazo de Juntos por el Cambio a debatir la reforma judicial de manera virtual, el presidente de Diputados chicaneó: “Los diputados pueden recibir instrucciones por Zoom desde Saint-Tropez (por parte del expresidente Mauricio Macri) pero no pueden sesionar por Zoom. Hay como un doble estándar”.

“Tenemos varios temas que resolver y aspiramos a que todos los diputados trabajen, se sienten en sus bancas o se conecten por teleconferencia”, completó.

El doble de Esteban Bullrich

Durante el debate sobre la reforma judicial en comisiones, llamó la atención el fondo de pantalla que el senador utilizó para la videoconferencia y la imagen se viralizó en las redes.

Había pasado media hora desde el inicio del plenario de comisiones donde se trató la reforma judicial, cuando intervino Esteban Bullrich para cuestionar que el proyecto no haya tenido giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Pero su reclamo quedó opacado por la imagen insólita que ofrecía la videoconferencia: el senador hablaba desde una habitación donde se veía una ventana, una pared, un cuadro de Cristo y… él mismo. En efecto, Bullrich estaba superpuesto sobre su doble, en un fondo de pantalla donde simulaba participar del Zoom.

La imagen, tan extravagante como absurda, no tardó en hacerse viral en las redes sociales, donde el porteño fue blanco de varios memes.

https://twitter.com/juan_amorin/status/1296194857510277120

Para Mayans, “es necesario, conveniente y oportuno” tratar la reforma judicial

El titular de la bancada oficialista argumentó que el año próximo hay elecciones, y recordó que “el presidente fue claro en su campaña electoral cuando dijo que había un problema en la Justicia”.

El jefe del bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, consideró este miércoles al término del debate en comisiones que “es necesario, conveniente y oportuno” tratar la reforma judicial a pesar de la pandemia, ya que “el año que viene es año electoral”.

“El presidente fue claro en su campaña electoral cuando dijo que había un problema en la Justicia”, recordó Mayans al cierre del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales, y agregó que “más de un 80% de la sociedad argentina no ve respuestas dignas por parte del Poder Judicial”.

“Estamos prácticamente a nueve meses del inicio del gobierno. Es necesario, es conveniente y es oportuno tratar este tema, porque el año que viene es año electoral, y si en este año no electoral un sector de la oposición tiene este comportamiento y busca destruir la imagen del presidente… cuando el presidente tiene una actuación que es impecable”, afirmó.

El formoseño destacó que “esta es una buena reforma, es el principio del camino que estamos haciendo para mejorar el servicio de Justicia”, ya que “el sistema inquisitivo es arcaico, injusto y no transparente, por eso marchamos hacia el sistema acusatorio en todo el país, que es más transparente, es oral, público, y ayuda a una mejor administración de Justicia”.

“Si queremos una democracia fuerte, no podemos ahorrar en Justicia”, cerró Mayans, antes de que el dictamen pasara a la firma.

Naidenoff advirtió que la reforma judicial “carece de sentido común desde lo político”

El senador pidió escuchar los reclamos de la movilización del lunes y denunció que el proyecto “no tiene que ver con una respuesta a los ciudadanos” sino a “los intereses de la política”.

El jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió este miércoles que la reforma judicial “carece de sentido común desde lo político” y pidió al Gobierno que escuche los reclamos de la movilización del último lunes.

Naidenoff criticó la oportunidad del debate al participar del plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales donde se trató la iniciativa.

“Cuando se discuten recursos y prioridades en situaciones terminales, siempre la prioridad tiene que orientarse a las demandas sociales insatisfechas. Una cosa es reformar la Justicia en beneficio de los ciudadanos, y otra cosa es reformar la Justicia en función de los intereses de la política”, señaló.

El formoseño hizo una comparación con lo sucedido con Vicentin. “La sociedad se movilizó y el proyecto de intervención y expropiación fue retirado”, recordó.

A continuación, indicó que “muchos de los que se movilizaron el 17 son ciudadanos que no tienen trabajo o que votaron a Alberto Fernández y no encuentran respuestas”.

“Lejos de creer que esta fuerza política tenga la capacidad de movilizar a miles de personas en toda la Argentina, la movilización tiene que ver con un menú variado: el aislamiento, la fatiga social, el dolor en lo económico”, sostuvo, y por eso habló de “parar la pelota” con este proyecto.

Naidenoff insistió en que la propuesta “carece de sentido común desde lo político” y consideró que “no es prioridad destinar 1.939 millones de pesos o más” a esta reforma, aunque dijo desconocer si ese monto -conocido este mismo miércoles- incluye también gastos en infraestructura y tecnología, en el contexto de un Poder Judicial en emergencia.

“Esta no es una reforma que tenga que ver con una respuesta a los ciudadanos; tiene que ver con una respuesta a los intereses de la política”, repitió, y sugirió: “No miren tanto a Juntos por el Cambio: miren para adentro y escuchen la demanda de la sociedad de gobernar bien”.

Por último, concluyó con otro mensaje al oficialismo: “Lo que quedó demostrado en estos 15 días es que ustedes avanzan en soledad. No escucharon a la sociedad y tampoco a los partidos políticos. Esta es la foto de la reforma de la Justicia penal que firma el oficialismo en absoluta soledad”.

El oficialismo firmó en soledad el dictamen de la reforma judicial, que recibió cambios

El proyecto quedó en condiciones de ser tratado en la próxima sesión virtual. Juntos por el Cambio expresó un fuerte rechazo. El texto original recibió modificaciones.

Tras dos semanas de debate en comisiones, el oficialismo cumplió su cometido y se alzó con el dictamen favorable de la reforma judicial, que quedó lista para ser tratada en la próxima sesión virtual del Senado a pesar del ferviente rechazo de Juntos por el Cambio.

La iniciativa, que recibió algunas modificaciones pero mantuvo su espíritu original, obtuvo despacho en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales presidido por María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos).

“Hemos escuchado absolutamente todas las voces”, destacó Sacnun, y recordó que se realizaron seis encuentros que totalizaron más de 21 horas de exposiciones, con la participación de más de medio centenar de invitados de todos los bloques y 29 documentos entregados a los senadores.

“Hemos llevado adelante una enorme tarea. Esta era una materia pendiente que teníamos con la sociedad. Con esta ley no solucionaremos las grandes dificultades de la Justicia Federal, pero es un paso muy importante. Se trata de invertir en Justicia”, consideró la santafesina del Frente de Todos.

Foto: Comunicación Senado

En cuanto a las modificaciones, señaló que finalmente no se unificará el fuero Civil y Comercial con el Contencioso Administrativo, sino que se creará un tribunal de resolución de conflictos de competencia, que era el problema que advertía el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, para “avanzar en la transparencia” de los sorteos de las causas, éstos serán registrados mediante medios técnicos bajo apercibimiento de nulidad, y en otro orden, se mantendrá en los concursos de selección el examen escrito, manteniendo el anonimato, además de las audiencias públicas.

Asimismo, indicó Sacnun, las secretarías con competencia específica en derechos humanos conservarán esa competencia exclusiva, y por último se propondrá un régimen específico en materia penal juvenil.

En cuanto a la implementación del sistema acusatorio, uno de los temas más aludidos por los expositores, la senadora explicó que será la Comisión Bicameral del Código Procesal Penal “la que irá acompañando la creación de nuevas fiscalías para ir aplicando progresivamente este nuevo Código”.

Tras enumerar las modificaciones, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales detalló que en base a estimaciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en base a los nuevos cargos a crear, la reforma judicial tendrá un costo de 1.939 millones de pesos.

Al revelarse la cifra, el senador del Pro Esteban Bullrich volvió a cuestionar que el proyecto no haya tenido giro a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero no recibió respuesta.

Foto: Comunicación Senado

El debate

La vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti, destacó la mayor transparencia en los sorteos de las causas, ya que “hay jueces a los que siempre les tocan las causas de las mismas personas”, y sobre la sala que se creará para dirimir conflictos de competencia entre los fueros Civil y Comercial y Contencioso Administrativo, consideró que “es una buena salida para ahorrar en gastos y en tiempos”.

Fernández Sagasti insistió en que la reforma es “una deuda de la democracia”, aunque aclaró que “no vamos a despertar de la noche a la mañana y ver que la Justicia sea lo que todos esperamos que sea”.

En tanto, advirtió que “la partidización de todo lo que pasa por el Congreso y oponerse por oponerse no es una actitud que los argentinos esperan de nosotros”, y lamentó que la oposición “no haya aportado ni una sola coma” para mejorar el proyecto.

Por el mismo bloque, Adolfo Rodríguez Saá coincidió en que el tratamiento de esta ley es “oportuno y urgente”, pero propuso incorporar plazos para dictar sentencias, empezando por la Corte, que “debería dar el ejemplo”.

Desde el Pro, Laura Rodríguez Machado preguntó si los “279 cargos” que se creaban en el proyecto original se mantienen. “Tenemos entendido que hay una negociación en curso con gobernadores donde se modificaría la cantidad de cargos y se distribuirían de otra manera”, dijo.

Oscar Parrilli, titular de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, resaltó que “se ha demostrado que esto no es una escribanía, que no venía a libro cerrado para ser aprobado” y que además “no hay impunidad ni intención de manipular los nombramientos”, sino que “este es el camino hacia la implementación del sistema acusatorio”.

Parrilli denunció que “aquellos que han venido dogmáticamente a oponerse, por la oposición en sí misma al Gobierno, han venido escudándose en el supuesto lugar de independientes, imparciales, constitucionalistas, y lo único que han hecho ha sido una alegación política sin fundamento”.

Foto: Comunicación Senado

Una de las más duras contra la iniciativa fue la radical Silvia Elías de Pérez, quien alertó que “lo que la gente necesita no está plasmado en este proyecto”. “No podemos hacer sugerencias o aportes porque el proyecto mismo va a contramano de lo que necesita la Argentina”, insistió.

La tucumana sostuvo que el proyecto forma parte de un “combo” del que también forman parte los intentos por apartar al procurador general Eduardo Casal y la revisión de traslados de jueces desoyendo un fallo judicial.

Elías de Pérez definió a la iniciativa como una “intervención de la Justicia” y advirtió que en algunos puntos es inconstitucional, por ejemplo, en “cómo van a llenar los 23 nuevos juzgados” que se crean. Además, dijo que los 1.939 millones de pesos que costaría la reforma podrían haberse destinado a “la verdadera implementación” del Código Procesal Penal.

Otra senadora de la UCR, Silvia Giacoppo, respondió a las acusaciones que recaen sobre la gestión anterior por haber suspendido por decreto la aplicación del Código en 2016. “Es verdad, lo suspendimos por decreto, pero fue porque la propia comisión bicameral de implementación y el Consejo de la Magistratura”, además del gremio judicial, “reconocieron que no estaban dadas las condiciones”.

Giacoppo además apuntó contra el sistema de subrogancias, que vinculó a una intención de “designar a dedo los jueces de Comodoro Py, que ahora se están triplicando”, y por último advirtió que el proyecto “es violatorio y va en contra de todo lo que la sociedad pide” en cuanto al “delito y la inseguridad cotidiana”.

Foto: Comunicación Senado

Desde el bloque oficialista, Martín Doñate aseveró que “lo que estamos haciendo es cumplir con la palabra empeñada. A pesar de la pandemia y a pesar de haber encontrado un país mucho más difícil del que preveíamos, no aflojamos en nuestros objetivos. La pandemia no es un obstáculo para el debate parlamentario”.

Doñate, respondió a las acusaciones de Juntos por el Cambio como titular de la Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público: “Lo único que hizo la comisión fue abrir sus puertas a escuchar a organizaciones, fiscales y a todos quienes tuvieran algo para decir sobre el funcionamiento del Ministerio Público, porque ese es el rol de la comisión. Nadie le ha pedido la renuncia a nadie”.

Además, recordó que “una de las primeras cosas que hizo (Mauricio) Macri fue pedirle públicamente la renuncia a la procuradora (Alejandra) Gils Carbó”.

Al cierre del debate, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, advirtió que la reforma judicial “carece de sentido común desde lo político” y pidió al Gobierno que escuche los reclamos de la movilización del último lunes.

“Cuando se discuten recursos y prioridades en situaciones terminales, siempre la prioridad tiene que orientarse a las demandas sociales insatisfechas. Una cosa es reformar la Justicia en beneficio de los ciudadanos, y otra cosa es reformar la Justicia en función de los intereses de la política”, analizó.

Naidenoff sugirió: “No miren tanto a Juntos por el Cambio: miren para adentro y escuchen la demanda de la sociedad de gobernar bien”.

Por último, el formoseño lamentó: “Lo que quedó demostrado en estos 15 días es que ustedes avanzan en soledad. No escucharon a la sociedad y tampoco a los partidos políticos. Esta es la foto de la reforma de la Justicia penal que firma el oficialismo en absoluta soledad”.

Al cierre de la discusión, el titular del bloque del Frente de Todos, José Mayans, consideró que “es necesario, conveniente y oportuno” tratar este tema y recordó que “el presidente fue claro en su campaña electoral cuando dijo que había un problema en la Justicia”.

“Estamos prácticamente a nueve meses del inicio del gobierno. Es necesario, es conveniente y es oportuno tratar este tema, porque el año que viene es año electoral, y si en este año no electoral un sector de la oposición tiene este comportamiento y busca destruir la imagen del presidente… cuando el presidente tiene una actuación que es impecable”, afirmó.

“Ningún argentino puede decir que la justicia no precisa cambios”

Lo afirmó la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, en relación al proyecto para reformar la Justicia que se analiza en la Cámara alta.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti afirmó que desde que entró al Senado el proyecto de reforma judicial hace un mes, además de la decisión del presidente de llamar a expertos para ser asesorado y considerar otros aspectos, se está trabajando intensamente.

“En la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos recibido más de 40 expositores de todo el país. Ha sido muy variado y federal. Todos han aportado modificaciones, inclusive superadoras en algunos casos del proyecto de ley y hoy vamos a firmar dictamen. Si es posible lo trataremos la semana que viene en el recinto”, confirmó.

En declaraciones a Radio El Destape, Fernández Sagasti dijo que los senadores tienen la obligación de trabajar y aportar las mejores ideas para tratar de mejorar la justicia. “Creo que ningún habitante de la Argentina puede decir que la justicia funciona bien y no necesita cambios, tenemos la oportunidad en el Congreso de sugerir las ideas para darle herramientas a la Justicia para que brinde un buen servicio”, resumió. 

Respecto a la actitud de la oposición, opinó que “ha querido pararse en el negacionismo como en cada una de las cosas que propone el Ejecutivo Nacional.  Nosotros seguimos avanzando con la comunidad y en este caso con quienes quieran aportar a una reforma de la Justicia. Venimos escuchando a quienes tienen para aportar y hemos recibido a todos los que quisieron opinar. Hasta la semana que viene, recibiremos sugerencias. Ahora, otra cuestión es oponerse por oponerse absolutamente a todo, que es lo que está haciendo la oposición en el Congreso. Por poner un ejemplo, no querían ni siquiera sacar la Ley de Fibrosis Quística”, ejemplificó.

Para la vicejefa de bloque la oposición debería, en un momento de pandemia, colaborar con “un gobierno que está tratando de lograr las transformaciones” que se prometieron en campaña. “Estamos cumpliendo con la palabra de lo que se habló y proyectó el año pasado. Y en esto estamos convencidos de que podemos hacer un aporte a la justicia”, defendió. 

Por otro lado, puso el ejemplo del constitucionalista Daniel Sabsay, quien dijo que no hay artículos que busquen “impunidad” de funcionario alguno. “Lamentablemente ese discurso ha sido una mentira más que se quiere instalar”, sostuvo

Explicó técnicamente que cada una de las causas sobre corrupción, malversación de fondos, y lo que puedan alegar, va a seguir con su juez natural. No hay cambios en eso. “Tergiversan y se opusieron antes de leer el proyecto”, recordó.

Para cerrar, Fernández Sagasti resaltó: “No podemos seguir con esta deuda, en donde las víctimas de los delitos o desean defenderse no encuentran en la justicia esa solución, que es fundamental en el sistema democrático. Y justamente es el Congreso, en democracia, quien hace las leyes para dar las mejores herramientas, en este caso a la Justicia”.

Reforma judicial: se complican para el Gobierno los números en Diputados

La decisión de los cordobeses de no votar el proyecto del Ejecutivo inclinaría la balanza para el lado del rechazo. Con números muy ajustados en la Cámara baja, el oficialismo sabe que hoy arranca de atrás.

Debe haber tenido en cuenta la decisión que estaban tomando sus comprovincianos, cuando el presidente del interbloque oficialista de Diputados, Mario Negri, le recordó al Gobierno lo que había pasado con “la 125” en 2008. El radical cordobés ya debía saber que sin los cuatro votos de los diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti se le hará muy cuesta arriba al oficialismo sacar adelante la reforma judicial que, en cambio, será aprobada con comodidad en el Senado.

Ya hubo un experimento que le sirvió al oficialismo para conocer mejor sus límites en Diputados. Fue con la intervención y expropiación de Vicentin, que obró como una suerte de “125 aggiornada”, y que volvió a poner en alerta a los legisladores de las zonas donde el voto del campo es más importante, léase el triángulo Buenos Aires-Santa Fe-Córdoba. Ahí el Gobierno se curó en salud luego de que el presidente de la Cámara baja le transmitió que no era conveniente avanzar con un proyecto que solo les traería problemas. El proyecto nunca se mandó al Congreso.

A priori, la reforma judicial no ofrecía demasiados riesgos para un oficialismo con mayoría en el Senado y números acomodados en Diputados. Pero todo lo que ha rodeado a ese proyecto en plena pandemia no hizo más que ajustar los números propios al punto tal de encender luces de alarma en el oficialismo.

Vayamos a los datos concretos. El bloque del Frente de Todos que preside Máximo Kirchner cuenta con 119 miembros, pero ello no se traduce en la misma cantidad de votos. Son en realidad 117, pues el presidente de la Cámara no vota y además José Ignacio de Mendiguren está de licencia, pues preside el BICE. Y el oficialismo decidió congelar su situación de esa manera, de modo tal que ese voto con el que no cuenta no se transforme en uno opositor, ya que en caso de renunciar De Mendiguren debería asumir Marcelo “Oso” Díaz, un hombre del GEN de Margarita Stolbizer.

Le faltan entonces al oficialismo 12 votos para llegar a 129, y en general esos diputados los consigue en el interbloque Federal (11 miembros) y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo (8 diputados).

Es así que de esos 19 votos puede darse el lujo el oficialismo de prescindir de hasta 7 diputados. No más. El problema para el Frente de Todos es que ya 8 legisladores adelantaron que no acompañarán la reforma judicial.

En el caso del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón, el mismo se divide de la siguiente manera: por Unidad y Equidad Federal están el citado Ramón, Pablo Ansaloni y Antonio Carambia. Estos dos últimos fueron elegidos en las listas de Cambiemos en 2017 y a fines del año pasado dejaron el oficialismo saliente, junto a la tucumana Beatriz Avila, del Partido por la Justicia Social, que también está en el bloque de Ramón.

Esposa del intendente de la capital tucumana, Avila viene exhibiendo en las últimas sesiones una notoria autonomía, votando diferenciada del resto de ese interbloque por ejemplo en el artículo de la moratoria que beneficia a Cristóbal López. En esas posturas la ha acompañado el santacruceño Carambia. Y ella por lo menos ya ha adelantado que no votará la reforma judicial.

Los restantes componentes del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo son los tres del Frente de la Concordia Misionero, Flavia Morales, Diego Sartori y Ricardo Wellbach, y el rionegrino Luis Di Giácomo. De modo tal que de estos 8 diputados, uno o dos no votarían la reforma.

Y llegamos al interbloque Federal, donde están los 4 integrantes del bloque Córdoba Federal, Paulo Leonardo Cassinerio, Carlos Mario Gutiérrez, Claudia Gabriela Márquez y Alejandra María Vigo; los 3 de Consenso Federal, Graciela Camaño, Alejandro “Topo” Rodríguez y Jorge Emilio Sarghini; 2 del bloque Justicialista, Eduardo “Bali” Bucca y Andrés Zottos; y Luis Contiggiani (Frente Progresista Cívico y Social) y Enrique Estévez (Socialista). De todos estos, los 7 primeros han anticipado su rechazo a esta reforma judicial. Y hay versiones que señalan que el santafesino Luis Contiggiani tampoco acompañaría. ¿Qué ha dicho Estévez? Fue claro: “Entendemos que, tratándose de un tema tan trascendente, tiene que haber un mayor acuerdo para poder abordarse. Por el momento la construcción de ese acuerdo no existe”.

Sí se descuenta que la neuquina Alma Sapag (MPN) votará a favor, y que los de la izquierda, Nicolás del Caño y Romina del Plá se opondrán, como suelen hacer.

Con esos números, al oficialismo en Diputados le podrían llegar a faltar dos votos, en caso de llegar a confirmarse las bajas de los dudosos.

El Frente de Todos buscará este miércoles el dictamen de la reforma judicial, para debatirlo la semana próxima

El oficialismo se apresta a sacar dictamen de mayoría en una reunión que se llevará a cabo desde las 16. Incorporarán una serie de modificaciones, surgidas de los aportes que hicieron diferentes especialistas.

El Frente de Todos buscará este miércoles emitir dictamen del proyecto de ley de reforma judicial, impulsado por el Gobierno, con el objetivo de tratarlo en sesión la semana próxima.

A partir de las 16, un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales analizará las modificaciones al texto original, surgidas a partir de los aportes que plantearon diferentes especialistas que pasaron por las reuniones informativas.

“Hoy estaremos en condiciones de emitir un dictamen de mayoría”, afirmó la santafesina María de los Ángeles Sacnun en declaraciones a radio El Destape.

La oficialista señaló que habrá “cambios y modificaciones”, pero se preservará “el objetivo central del proyecto” de “mantener la independencia del Poder Judicial, y que jueces y fiscales sean personas probas y honestas que no tengan relación con el poder político de turno”.

Además, la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales destacó la participación de “más de 40 expositores”, invitados por el oficialismo y la oposición, y remarcó que desde Juntos por el Cambio no se formularon “aportes ni propuestas de modificaciones”.

“Estaremos en condiciones para dar la discusión en el pleno del recinto la semana que viene”, ratificó la legisladora del Frente de Todos.

Los diputados de Schiaretti no votarían la reforma judicial

Los cuatro que se referencian en el gobernador cordobés son clave para la suerte del proyecto, que sin esos votos corre serio riesgo de naufragar en la Cámara baja.

bloque diputados cordoba federal

Mientras en el Senado el proyecto ingresó en un camino acelerado que en dos semanas concluirá en su media sanción gracias a la amplia mayoría de la que el oficialismo goza en esa Cámara, la reforma judicial visualiza nubarrones para lo que pueda pasar en la Cámara de Diputados.

Es que en vísperas de que el plenario de comisiones que viene debatiendo el tema emita este miércoles dictamen, se confirmó que el bloque de Consenso Federal, que responde a Roberto Lavagna no votará el proyecto del Poder Ejecutivo por considerar que la iniciativa es “inoportuna” e “inviable” sin un acuerdo político amplio, tales las palabras que expresó a través de un comunicado el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez.

En ese contexto pasan a ser clave los votos de los cuatro diputados cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti, y que integran también el interbloque Federal junto a Consenso Federal. Esos diputados son Carlos Gutiérrez, Paulo Eduardo Cassinerio, Claudia Gabriela Márquez y Alejandra Vigo, esposa del gobernador cordobés. Y según se anticipa en una nota de La Nación, la decisión de los cordobeses está tomada: no votarán el proyecto.

El argumento es similar al de sus compañeros de interbloque: entienden que si bien la Justicia amerita cambios, los mismos deben instrumentarse “con un amplio consenso político”. Lo contrario sería “sacarla con fórceps”.

La nota firmada por Gabriela Origlia aclara que la decisión de los cordobeses es previa a las grandes movilizaciones registradas el lunes, uno de cuyos ejes fue la oposición a la reforma judicial.

Otra de las razones que sostiene la postura de los cordobeses es un detalle que los críticos ya hicieron notar tras conocerse la conformación del consejo asesor que asesorará al presidente Alberto Fernández sobre modificaciones en el sistema de Justicia: la falta de cordobeses en esa comisión, que no tiene en cuenta la importancia de la escuela jurídica cordobesa.

El interbloque Federal cuenta con los mencionados cuatro cordobeses del bloque Córdoba Federal, el citado “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini; los justicialistas Eduardo “Bali” Bucca y el salteño Andrés Zottos, y los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Rodríguez.

El bloque del Frente de Todos cuenta con 119 diputados, pero solo 117 votos disponibles, pues Sergio Massa no vota y José De Mendiguren está de licencia. Así que necesitaría 12 votos más para imponer la ley por mayoría simple. Depende entonces de lo que pueda cosechar en el interbloque Federal y el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que conduce José Luis Ramón. Los primeros son 11 diputados y los segundos 8. Del interbloque Federal ya se sabe que no debería contar el oficialismo con 7 diputados, o sea que necesitaría sí o sí los 8 del interbloque de Ramón.

Pero en esa bancada la diputada tucumana Beatriz Avila ya anticipó que no votará la reforma judicial. De hecho, ya viene diferenciándose del resto del bloque, lo mismo que el santacruceño Antonio Carambia. Tanto Avila como Carambia formaban parte hasta el año pasado del interbloque Cambiemos.

“Hay olor a 125”, advierte Negri

El diputado de Juntos por el Cambio cuestionó la reacción del Gobierno frente a las críticas contra la reforma judicial.

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio en la Cámara baja, Mario Negri, insistió en reiterar su rechazo a la reforma judicial, reforzado a partir de la información de que el oficialismo buscará emitir este miércoles dictamen.

“La sociedad se debate entre la incertidumbre de la peste y de la economía mientras el Gobierno se aprovecha para mandar al Congreso una reforma judicial que está muy lejos de las prioridades y urgencias de la gente”, sostuvo el diputado radical en declaraciones al canal Todo Noticias.

Y augurando un eventual traspié del proyecto en el Congreso, advirtió Negri: “Hay olor a 125”.

“Le digo guarda al Gobierno, cuidado con ir en contra cuando la sociedad te está marcando una realidad”, agregó el diputado cordobés.

Por otra parte se quejó ante la reacción del Gobierno ante el rechazo a la reforma judicial, diciendo: “¿Cómo responde el oficialism a la marcha del #17A? Mañana quieren sacar el dictamen de la Reforma Judicial en el Senado. Se está equivocando”.

La diputada Avila ratificó su postura contraria a la reforma judicial

Integrante del interbloque que conduce José Luis Ramón, la tucumana volvió a tomar distancia y adelantó su rechazo. Su posición dentro de ese bloque.

La diputada Beatriz Avila (Partido de la Justicia Social) rechazó por “inoportuno” el proyecto de Reforma Judicial impulsado por el Gobierno nacional, y aseguró que primero “hay que resolver los temas que preocupan a la sociedad, como la salud, la economía o la inseguridad”.


“Soy una militante social que a pesar de la pandemia sigue saliendo a los barrios y hoy la agenda de la gente está en otro lado y quienes tenemos responsabilidades políticas debemos estar a la altura de las circunstancias”, afirmó la legisladora tucumana durante una videoconferencia organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera).


En ese sentido, la diputada que integra el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, de José Luis Ramón, agregó que “es inoportuno intentar un proyecto de ese tipo si no estamos resolviendo antes lo que piden los ciudadanos, que todavía se preguntan cuantos se van a quedar sin trabajo por efecto de la pandemia o cuantas empresas pequeñas o medianas van a cerrar”.


“Estamos en una situación que ha impactado en lo sanitario, cultural, político y social y tenemos que tener la responsabilidad suficiente para no introducir temas que no están en la agenda de la comunidad”, puntualizó.
Ante una consulta, puso como ejemplo que en las diferentes movilizaciones que se realizaron este lunes, tanto en el centro porteño como en ciudades del interior, el rechazo a la reforma estuvo presente “además del hartazgo por esta Cuarentena, el tema de no poder salir a trabajar o de no saber si se va a tener trabajo”.


Si bien cuestionó que “hubo un sector político que quiso capitalizar la protesta”, volvió a insistir en que “en los lugares en donde yo milito el tema de la reforma no está presente ni interesa”, en tanto además “tendrá un impacto presupuestario y económico y en este contexto tenemos que dar prioridad a lo que la ciudadanía y la gente está pidiendo”.
“Es cierto que tenemos que dar el debate pero no podemos apartarnos de estas prioridades y si bien el proyecto no llegó a Diputados y puede tener cambios en el Senado, hay otros temas para ocuparnos antes¨, insistió.


En otro tramo de la entrevista, la diputada Avila se pronunció a favor de continuar con el trabajo de la Cámara de Diputados en forma virtual, pese a que el protocolo actual venció el 7 de Agosto y debe ser refrendado por el cuerpo.

¨El Congreso no ha parado, las comisiones sesionan permanentemente y tenemos que seguir ocupándonos de temas como la salud, la economía o la seguridad, y los que vivimos en el interior no podemos ir al Congreso y luego regresar a nuestros lugares con el riesgo de contagios¨, explicó.
Sobre los proyectos de su autoría que ya están en condiciones de ser tratados por la Cámara, Avila destacó una iniciativa vinculada a niños en tratamiento oncológico que “intenta amparar a estos pacientes en una cobertura integral, que tiene que ver además del tratamiento propiamente dicho con la medicación, una vivienda digna o los pasajes para su atención”.


Por último, y respecto a su posicionamiento dentro del Interbloque Unidad Federal Para el Desarrollo, explicó que como ha ocurrido en esta reciente etapa parlamentaria “iré resolviendo mi voto según esté de acuerdo o no con los proyectos como hice últimamente con la Ley de Moratoria o con las negociaciones que el ministro Guzmán ha tenido con los acreedores”.

La vacuna que viene

Beatriz Avila presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que la vacuna contra el Coronavirus “se incorpore en forma gratuita, federal y obligatoria” al calendario nacional.
Al hablar en una videoconferencia organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (Apera), la legisladora explicó que la iniciativa “tiene 12 artículos y establece que la vacuna sea obligatoria y comience a aplicarse a los profesionales de la salud y todas las actividades esenciales que no han dejado de trabajar durante esta pandemia”.
“Las provincias se pueden adherir a esta problemática y nuestra intención también es que las obras sociales la puedan cubrir”, para que en la forma más rápida posible pueda llegar a toda la población del país.
Aclaró no obstante que “a la población hay que decirle que la vacuna va a estar, que hay que tener paciencia y empezar a convivir con esta nueva normalidad por varios meses más, sin crear falsas expectativas con las fechas”.

Rozanski expresó su “apoyo ferviente” a la reforma judicial

El exjuez federal consideró que el proyecto es “un avance indiscutible” y las “reacciones” en contra son de “quienes se ven afectados por estos avances”.

plenario comisiones reforma judicial 18 agosto 2020 rozanski

El exjuez federal Carlos Rozanski expresó este martes su “apoyo ferviente” al proyecto de reforma judicial, y observó que “tenemos una justicia patriarcal, conservadora, adultocéntrica, discriminatoria y aristocrática”.

Último orador en una nueva reunión informativa de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el exmagistrado opinó que “el lawfare es lo que reemplaza al terrorismo de Estado de los ’70”.

“Queremos una justicia sensible a las necesidades de la gente y acorde al paradigma actual de derechos humanos”, manifestó y señaló que “todo proceso de avance social genera reacciones” y el proyecto “es un avance indiscutible; es positivo, por eso las reacciones son negativas”. “Las reacciones son de quienes pierden privilegios, reaccionan quienes se ven afectados por estos avances”, continuó.

Rozanski, quien renunció en 2016 como juez del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata y tiempo después denunció que fue extorsionado por el exministro de Justicia, Germán Garavano, calificó a la iniciativa como “una osadía maravillosa del presidente de la Nación”.

“Porque plantear una reforma judicial que nos lleve a tener una justicia mejor es realmente una osadía frente a un sistema que nos ha llevado a lo peor”, afirmó.

En otro tramo, el exjuez se quejó que en los cuatro años anteriores “no escuchamos ninguna voz de la Corte Suprema que condenara lo que estaba sucediendo” con la justicia.

Además, consideró que hay que “ampliar los miembros de la Corte Suprema” a 21 miembros, dividida en salas, y que “una de las salas que se integre sea una sala de niñez y adolescencia; esto es una deuda de la democracia argentina”.

“No estoy de acuerdo que se cuestione la oportunidad”, añadió y dijo que “la pandemia no es una dificultad”.

Barcesat: “El poder de Comodoro Py tiene que ser desconcentrado y hay que deconstruir el lawfare”

El abogado constitucionalista defendió la necesidad y oportunidad de la reforma judicial, además de considerar que el proyecto “es valioso”.

plenario comisiones reforma judicial 18 agosto 2020 barcesat

Con una enfática defensa al proyecto de reforma judicial presentado por el Gobierno, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat consideró que “el poder de Comodoro Py tiene que ser desconcentrado y hay que deconstruir el lawfare”.

Al participar de un plenario de comisiones en el Senado, el letrado dijo que “efectivamente hay que salir de esta situación de pérdida de credibilidad en el accionar del Poder Judicial” que “se ha agudizado en el gobierno anterior por la introducción de una perversa práctica que no es exclusiva de Argentina, pero sí del continente latinoamericano, que se identifica con el término de lawfare o guerra judicial, e implica una perversión del sistema jurídico, en el sentido que el mismo es implementado para la persecución y destrucción del adversario o enemigo político”.

“Esto tiene que terminar y tiene que terminar pronto”, remarcó, al tiempo que consideró necesaria y oportuna la reforma y sostuvo que “el proyecto es valioso y cabe ser puesto en funcionamiento”.

Para el convencional constituyente de 1994, “nada de lo que está en este proyecto lesiona cláusulas de la Constitución Nacional. No creo que haya aquí afectación alguna o que haya jueces de segunda categoría en función de las previsiones de traspasos a la Ciudad de Buenos Aires”.

“Veo bien que se amplíe el número de jueces, veo bien que se unifiquen fueros”, agregó y se manifestó también a favor de que “se incorporen nuevos juzgados”.

En cuanto a propuesta de modificaciones al texto, Barcesat pidió incorporar en el artículo 70 que “toda prueba que aporten las partes en las causas judiciales deberán ser legalmente adquiridas. Las pruebas que no reúnan los requisitos de legalidad deberán ser anuladas, aún de oficio, por el tribunal interviniente”.

“Basta de cuadernos quemados, basta de arrepentidos que no se han registrado como la ley manda”, lanzó.

Además, planteó que se establezca que “toda información que se entregue por funcionarios judiciales a los medios de comunicación social deberá seguirse a los actos producidos en las causas y con sujeción a los requisitos del artículo 42 de la Constitución Nacional, de brindar información adecuada y veraz”. “Un nunca más a que algunos medios anticipen la sentencia o revelen la condena”, dijo.

El bloque de Consenso Federal adelantó que no votará la reforma judicial

La bancada referenciada en Roberto Lavagna aseguró que la iniciativa es “inorportuna” e “inviable” sin un acuerdo político amplio.

alejandro topo rodriguez

El bloque de Consenso Federal en la Cámara de Diputados adelantó que no votará a favor del proyecto de reforma judicial, enviado por el Gobierno.

Desde la bancada referenciada en el economista Roberto Lavagna consideraron que la iniciativa es “inoportuna” e “inviable” sin un acuerdo político amplio.

Mediante un comunicado, el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez recordó que su par Graciela Camaño ya había anticipado la posición del bloque en declaraciones públicas.

“La reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna; semejante decisión institucional requiere de esos acuerdos políticos amplios, que no significan simplemente tener la mayoría para aprobarla”, señaló el jefe de la bancada.

En ese sentido, expresó que “sin un acuerdo político fuerte y extendido, la reforma judicial es inviable. Y está claro que un acuerdo de ese tipo no existe”. “Por eso, ratifico que el bloque de Consenso Federal no la votará”, afirmó.

El legislador consideró que sin esos consensos “será malo para la Argentina sacar con fórceps una reforma judicial, por más que la mejoren técnicamente, dado que otra vez se correría el riesgo de caer en un conflicto institucional”.

“Esa es y será la posición del bloque Consenso Federal en la Cámara de Diputados de la Nación”, sentenció.

Además, en el texto se agregó que “la prioridad, en cambio, debe estar puesta en asuntos como el impulso a las PyMEs de todo el país, para que sostengan el empleo y recuperen su capacidad productiva”.

“La Argentina también necesita un reencuentro entre el campo, la industria y la economía del conocimiento. Impulsar hoy ese complejo científico y agroindustrial, hermanarse con la producción del campo, es acortar el camino para lograr el indispensable ingreso de divisas y fortalecer un federalismo real, que es el federalismo productivo”, opinaron.

Alejandro “Topo” Rodríguez, Graciela Camaño y Jorge Sarghini forman parte del Interbloque Federal, comandado por Eduardo “Bali” Bucca, donde conviven los justicialistas Bucca y Andrés Zottos; los santafesinos Luis Contigiani y Enrique Estévez -cada uno con su propio monobloque-; y los cuatro cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti. En algunas ocasiones, el espacio suele votar dividido.