El tema se terminó de negociar este miércoles en el despacho del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, en el marco de una reunión de la que tomaron parte también la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta; el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner. Al cabo de ese encuentro, del que también participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Jorge Capitanich (Chaco), se acordó con una veintena de gobernadores la refinanciación de la deuda que las provincias mantienen con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.

A partir de ello se elaboró un proyecto de ley que se conoció este jueves y que ingresará por Diputados con el nombre “Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”. El cual modifica el artículo 28 de la Ley 27.260 y sus modificatorias, que disponía que las rentas del FGS debían ser utilizadas para el pago de la reparación histórica y que, en caso de que fuera insuficiente, se deberían realizar los activos del FGS informando dicha situación a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

Esto será suspendido a partir de la aprobación de esta ley. Se argumenta tal decisión ante la necesidad de “llevar adelante una política sustentable, priorizar los procesos productivos y de infraestructura”. Es por eso que el financiamiento del Programa de Reparación Histórica “deberá ser soportado con los recursos enumerados en el artículo 18 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones y las partidas específicas asignadas para tal cometido, establecidas por las leyes de presupuesto”.

Explica la norma que la modificación de la fuente de financiamiento obedece a que “a partir de agosto de 2020, el pago de la Reparación Histórica implica erogaciones superiores a los diez mil millones de pesos mensuales”. Por tal motivo, agrega el texto, “la magnitud de las ventas que debería realizar el FGS de los activos de su cartera para financiar el programa implicarían un deterioro sustancial de los precios de dichos activos financieros, generando una pérdida significativa en el valor del FGS, con potenciales derivaciones sobre la estabilidad financiera, lo que sería muy conveniente evitar”.

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Se trataría la semana próxima

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, anticipó que “vamos a llamar a sesión el miércoles de la semana que viene. Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento de todos los bloques, pero será responsabilidad de cada gobernador y cada gobernadora instar a sus legisladores a estar sentados en el recinto debatiendo y dándole a los provincias y al FGS este instrumento”, afirmó.

Cabe recordar que el protocolo a partir del cual se estaba sesionando de manera remota en Diputados está vencido y la oposición se resiste a suscribir uno nuevo si no se establecen previamente una serie de condicionamientos que eviten tratar de manera remota temas complejos como la creación de una bicameral para investigar los préstamos a la empresa Vicentin, o la propia reforma judicial.

El texto que el Ejecutivo quiere que se debata en el Congreso tiene en cuenta la emergencia imperante como consecuencia de la pandemia, a partir de la cual se extiende por el término de cuatro años el plazo previsto por el artículo 29 de la Ley N° 27.260 para subsanar todas las diferencias en los topes de las inversiones previstas por el artículo 74 de la Ley N° 24.241, con el fin de no generar un castigo desproporcionado con la cartera del FGS y poder realizar las operaciones necesarias en un marco más propicio. Esto es así, se agrega, “a consecuencia de que la anterior gestión de gobierno no priorizó la inversión en proyectos productivos (…) lo que significó que el FGS se encuentre incumpliendo la normativa legal, toda vez que sus inversiones no alcanzan el mínimo exigido por el citado inciso 1”.

El proyecto de ley establece que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad asistirá financieramente para cumplir el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) atendiendo al impacto eventual en los recursos previsionales ocasionados por la pandemia Covid-19 durante el ejercicio 2020. El Ministerio de Economía y la ANSeS deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera.

Por otra parte, como la crisis sanitaria afecta el normal funcionamiento de las administraciones provinciales, que se ven obligadas a atender mayores gastos en un contexto de caída de la recaudación de tributos nacionales y provinciales, las mismas deben redefinir las prioridades de uso de los saldos de caja. A lo cual, se suma el peso de los servicios de deuda. Como la asistencia financiera brindada por el Estado nacional a las provincias resulta insuficiente para  que estas hagan frente a los vencimientos de los préstamos dados por el FGS del SIPA, se instruye a la ANSeS para que en el plazo de 90 días refinancie a una veintena de distritos los préstamos que vencen durante el presente ejercicio, de acuerdo a una serie de condiciones.

En cuanto al programa Créditos ANSeS y en lo que atañe al manejo de la cartera del FGS, se propone no efectuar la capitalización de intereses de los créditos cuyo cobro se encuentra suspendido a partir de diciembre de 2019, reanudándose el cobro de las cuotas y respetando el plazo y las condiciones originales en las que el crédito fue otorgado.

El texto tiene en cuenta las prioridades establecidas para la recuperación de la economía tras la pandemia, que obligan a “orientar la mayor cantidad de recursos posibles hacia inversiones vinculadas al estímulo de la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y del desarrollo económico”. Bajo esta lógica, el proyecto de ley prioriza esa finalidad del FGS con el objetivo de “preservar y potenciar tanto la rentabilidad directa de los activos que administra, como así también de internalizar la rentabilidad indirecta que generan los proyectos destinados a fomentar la economía real”.

Con este fin se constituirá un Fondo Fiduciario Público denominado “Programa de Inversiones Estratégicas” a efectos de invertir en sectores relevantes a largo plazo para el Estado nacional, fomentando la generación de empleo como políticas de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía, lo que tendrá una duración de 20 años.

El FGS invertirá hasta la suma de cien mil millones de pesos, los cuales podrán ser suscriptos en especie conforme a los rendimientos mínimos establecidos en el proyecto.

Se propicia además la creación del Fondo de Afectación Específica para la Recuperación, la Producción y el Desarrollo Argentino, que actuará en la órbita de la ANSeS, el cual estará integrado con la transferencia de los honorarios que perciban los funcionarios públicos designados como directores en las sociedades, fideicomisos o Fondos Comunes de Inversión donde el FGS tenga participación accionaria, como así también toda otra transferencia que disponga la ANSeS.