Tal y como sucede cada semana en la plaza del Congreso de la Nación, la candidata a diputada porteña por el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT) Vanina Biasi participó de la marcha de los jubilados y expresó su apoyo al reclamo contra las restricciones en el acceso a medicamentos gratuitos a través del PAMI y el vencimiento de la moratoria previsional.

En ese sentido, la aspirante a una banca en la Legislatura porteña afirmó que “nuestros jubilados son un orgullo y un ejemplo de lucha. En un día feriado se movilizan una vez más por sus derechos y con su entusiasmo ayudan al resto del pueblo argentino a levantarse contra el gobierno de Javier Milei” y advirtió que “La Libertad Avanza continúa y profundiza una lamentable tradición de los que gobernaron las últimas décadas: ajustar a los abuelos para darle al FMI y a los banqueros. Son como Robin Hood pero al revés”.

A su vez, la actual diputada nacional señaló: “desde el Frente de Izquierda estuvimos siempre en la ronda de los miércoles, con una convicción clara: hay que ser muy cobarde para no defender a los jubilados. En la Ciudad de Buenos Aires sigue creciendo el apoyo a esta lucha, que en elecciones muchos que no estuvieron nunca querrán usufructuar. No podemos olvidarnos que en el Congreso Milei logró que naufrague el rechazo al veto de un mísero aumento a las jubilaciones gracias a los ‘87 héroes’ del Pro, los radicales y bloques aliados. Los que comieron el asado que les niegan a nuestros adultos mayores, como Silvia Lospennato, no pueden fingir ahora que son algo distinto a los liberfachos”.

“La pelea en defensa de las y los jubilados es una pelea muy de fondo. Exige la ruptura con el FMI, que tiene entre sus principales condicionamientos el ajuste a quienes trabajaron toda su vida y el saqueo de las cajas previsionales. Esa pelea sobre la expresa el Frente de Izquierda, que es el único bloque que no colaboró para que se habilite este nuevo acuerdo colonial por medio de un DNU, o para que caiga la sesión que pretendía tratar la moratoria previsional en la que faltaron solo cinco diputados para el quorum y tuvimos nueve ausencias de Unión por la Patria”, sentenció Biasi.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto en el que le solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), reemplazando la canasta de consumos utilizada actualmente y que data de 2004/2005, por la elaborada en base a la canasta de bienes y servicios surgida de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2017/2018.

Paulon asegura que “la inflación anual hoy sería un 16% más alta e impactaría, por ejemplo, en el ingreso de los jubilados, que con este desfasaje perdieron más medio millón de pesos”. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la variación de precios en base a una canasta de bienes y servicios representativa del gasto de consumo de los hogares residentes en diversas zonas del país.

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Es el monto que el gobierno @JMilei le robó a las jubilaciones mínimas durante 2024 por no actualizar #IPC que ya tiene listo hace más de un año
Más de medio millón de pesos! $45mil por mes 😱
Es urgente que el aumento previsional responda a necesidades actuales pic.twitter.com/vWdwC62CMb

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 25, 2025

“Los consumos de bienes y servicios en 2004 y 2005 eran muy diferentes a los actuales: por ejemplo, incluye la variación de precios mensuales de productos como televisores de tubo, la línea de teléfono fijo, DVD o casetes. Absolutamente fuera de realidad”, indicó Paulón, quien explicó que “hoy se consumen plataformas como Disney+, Netflix. Además, los servicios representan un 17% en los gastos de cada persona y en el IPC actual solo un 2%”.

Según el propio INDEC la nueva canasta ya está técnicamente lista y de hecho se han desarrollado pruebas durante un año entero. “En Santa Fe o Buenos Aires, el IPC ya está actualizado y las cifras son más acordes a la realidad. Pero a nivel nacional no hay decisión política de ejecutarlo porque esto hoy implica que la inflación anual sea un 16% mayor”, manifestó el legislador socialista.

Cabe destacar que el IPC es el que determina la actualización de ingresos de una parte importante de la población. Tanto de trabajadores asalariado, como jubilaciones, que mensualmente actualizan sus ingresos en base al Índice de Precios del mes anterior.

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Puertas para adentro del Gobierno, recibió muchas críticas el operativo diseñado el miércoles pasado por la ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich para contener la habitual movilización callejera semanal de los jubilados, a la que extraña e inusualmente se sumarían hinchadas de clubes de fútbol.

De acuerdo con la evaluación de la Casa Rosada, según lo confiado a parlamentario.com, no funcionaron adecuadamente los tres anillos de seguridad para revisar si los manifestantes llevaban armas, palos u otros objetos violentos y, principalmente, no se custodió el Congreso, que debió ser el principal objetivo a cuidar, entre las principales fallas analizadas.

Esa crítica interna fue visualizada el viernes, 48 horas después de la manifestación violenta, por la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien señaló esos dos errores serios del dispositivo de Bullrich, quien había acompañado al presidente Javier Milei a Bahía Blanca esa mañana, regresando especialmente para esa manifestación.

Igual el Gobierno, con el jefe de Estado a la cabeza, salió a defender a rajatabla a la ministra de Seguridad Nacional y hasta avanzó casilleros remanidos por otros gobiernos, como el de que la movilización pretendía una desestabilización institucional.

Sin embargo, inesperadamente para el oficialismo la que desarmó rápidamente esa idea fue nada menos que la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien se diferenció diciendo que se había tratado de un “ejercicio de la democracia”, aunque rechazó la violencia.

El problema es que la manifestación del miércoles agitó el avispero político y ahora anunciaron que se sumarán organizaciones sociales, gremiales y políticas. Es decir que la manifestación tendrá más volumen en cuanto a masividad y, por lo tanto, será más difícil hacer la inteligencia previa y también poder controlar los accesos y los movimientos de las columnas.

Un tema sensible en el que se hizo hincapié puntillosamente en Balcarce 50 tiene que ver con la correcta y reglamentaria utilización de las armas y, también, en evitar agresiones por parte de los agentes hacia los manifestantes.

Verbigracia: el tremendo ataque sufrido por el fotógrafo Pablo Grillo -gravemente herido- y la jubilada a la que un policía le dio un peligroso empellón que la hizo caer y golpear peligrosamente su cabeza contra el piso.

“Esas imágenes no tienen que volver a suceder”, le dijeron tajante a los organizadores del operativo de control, a quienes les dieron un ultimátum en ese aspecto.

En consecuencia, el Gobierno tiene dos objetivos: volver a dar la sensación de que sigue controlando la calle -eso el miércoles pasado se diluyó- y, al mismo tiempo, eliminar cualquier atisbo de posible resurrección opositora a través de las manifestaciones callejeras.

La consigna de la Casa Rosada es no volver a repetir lo ocurrido en la movilización del miércoles, de lo cual el oficialismo públicamente culpó a las barras, a la política y a la jueza interviniente. Y, temerario, lanzó la idea de una desestabilización en su contra.

A propósito, la magistrada Karina Andrade recibió un fuerte apoyo de la asociación de magistrados, que salió con los tapones de punta a defenderla.

“Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial”, expresó la entidad.

En el pronunciamiento, se advierte que los magistrados no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus fallos.

Los diputados de Unión por la Patria (UP) impulsaron un proyecto en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que esa Casa exprese su “enérgico repudio ante la vergonzosa e inadmisible represión llevada adelante en la movilización convocada por grupos de jubilados el día 12 de marzo, en las inmediaciones del Congreso de la Nación Argentina”.

En los fundamentos de la iniciativa, los peronistas explicaron que la movilización fue convocada “con el legítimo reclamo de aumentar la jubilación mínima que actualmente se encuentra en 335.907 pesos, un monto que resulta indigno y no alcanza a cubrir la canasta básica total para un adulto mayor, especialmente considerando la sensible situación económica que atraviesa el país”.

“Sin embargo, cuando aún los distintos participantes se encontraban acercándose a la movilización, se desató una violencia desmedida frente a la totalidad de los que se encontraban en el lugar”, siguieron y precisaron que “ese accionar fue protagonizado, una vez más, por las Fuerzas de Seguridad Federales, las cuales se encontraban actuando en pleno territorio porteño. Más aún, se extendió su accionar desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo, abarcando gran parte del territorio porteño en una irregularidad absoluta, avalada por el Jefe de Gobierno de la Ciudad”.

Por lo que concluyeron remarcando “la centralidad de resguardar el derecho a la protesta y la libertad de prensa en todo el territorio nacional, y exigimos una profunda investigación en relación a los hechos de público conocimiento en lo que agentes de las fuerzas de seguridad se han trasladado en vehículos no identificados y han buscado instigar desmanes, dejando armas, vehículos y otros elementos en el terreno de conflicto”.

El presidente Javier Milei está permanentemente atento a lo que fue el -a su juicio- “fallido” Gobierno de Mauricio Macri. Encuentra similitudes en los objetivos de ambas gestiones y en consecuencia teme tener el mismo final; por eso se preocupa de no repetir lo que para él y -sobre todo- el “tridente de hierro” fueron las razones del “fracaso” de Cambiemos. Un resultado que, de no haber sucedido, Milei no hubiese estado donde hoy está. Eso lo tiene claro.

Los puntos de contacto entre él y Macri los resume la frase del propio exmandatario cuando todavía imaginaba su continuidad al frente del Ejecutivo: aquella vez que le preguntaron qué haría en un segundo mandato, contestó: “Lo mismo, pero más rápido”. Algunos le adjudican parte del resultado adverso a esa frase, que recogieron y utilizaron en campaña los publicistas de Alberto Fernández.

Milei se propuso lo mismo y, con matices, es lo que está haciendo. Pero tanta analogía entre la administración actual y la de Cambiemos tuvo esta semana un llamado de atención para el Gobierno actual: el desborde en las calles, con represión y un herido grave, encendieron luces de alarma en el poder vigente.

Porque el núcleo mileísta siempre tuvo claro que aquella jornada en 2017 de las 14 toneladas de piedras -que nadie pesó, pero es una figura el imaginario popular convalidó- marcó un punto de inflexión en la gestión macrista, que venía de ganar con soltura las elecciones intermedias; derrota de Cristina Kirchner incluida. Ese episodio mostró debilidades de esa gestión; exhibió una calle alborotada que es siempre una señal de preocupación para todo gobierno no peronista y. sobre todo, entonó a una oposición que acababa de ser liquidada en las urnas. El resultado ya se conoce: los dos años siguientes fueron casi un calvario para esa administración, aunque hay que agregarle a eso el dato no menor y más que gravitante del alza de tasas en Estados Unidos, que provocaron que la Argentina perdiera el financiamiento y tuviera que acudir al FMI.

Hoy Donald Trump gobierna de nuevo en el gran país del norte y sus medidas han alborotado los mercados internacionales. Nada bueno para la Argentina, tan dependiente de esas fluctuaciones, por más que el Gobierno argentino imagine tener la mayor consideración de la administración republicana.

Vayamos a lo que pasó esta última semana. Le preocupa al Gobierno libertario perder la calle. Ya se encendieron en su momento luces de alarma cuando la multitudinaria marcha universitaria. La del miércoles no fue, ni de cerca, tan masiva. Pero sí resultó mucho más nociva, porque planteó directamente un desafío de poder. Violencia pura para socavar la autoridad de esta administración. Y las graves heridas del fotógrafo Pablo Grillo fueron un dato anexo que dividió aguas incluso entre quienes defienden esta gestión.

El Gobierno salió a hablar de intento de “golpe de Estado”, un concepto que puede rendir puertas adentro, pero no debe ser esgrimido a la ligera, pues hace enorme ruido afuera para un país que necesita de inversiones para salir adelante. Un poco más moderado, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, habló de intento de desestabilización. Están convencidos en la Rosada de que el peronismo y la izquierda, con diferentes objetivos, estuvieron y están detrás de esas maniobras “golpistas” que tendrían por objeto desgastar a un gobierno al que hasta ahora no encontraban la manera de entrarle.

No resulta poco convincente semejante teoría. No hay otra explicación sino para el insólito apoyo de hinchadas al reclamo de un puñado de jubilados que llevan un cuarto de siglo protestando cada miércoles frente al Congreso. Ya se sabe que los barrabravas no tienen otro interés que el poder y el dinero, y nadie puede imaginar objetivos altruistas detrás de la movida del miércoles pasado, que ya había tenido un ensayo la semana anterior, con la participación de la muy politizada barra de Chacarita.

La del miércoles fue una marcha eminentemente política y con la intención deliberada de desgastar al Gobierno, montada sobre un reclamo noble que es el de los jubilados. Botón de muestra: a las 16.30, cuando los escarceos entre manifestantes y fuerzas de seguridad iban creciendo, la cuadra de la avenida Rivadavia que separa al Palacio Legislativo del Anexo de Diputados estaba cubierta de militantes que coreaban: “Traigan al gorila de Milei/que este pueblo no cambia de ideas/lleva las banderas de Evita y Perón”.

Para la oposición más extrema el resultado de esta marcha violenta fue “un éxito”, y confirmando ese trasfondo desestabilizador, se anuncia para este miércoles un nuevo round, aunque esta vez sin la presencia estelar de los barras. Un motivo de preocupación para el Gobierno, dispuesto a no mostrar una señal de debilidad, como interpreta la posibilidad de exhibirse más laxo.

En este mismo plano la CGT salió de su letargo y anunció un paro para los primeros días de abril. En este caso, la noticia lejos estuvo de generar preocupación en el Gobierno; más bien fue beneplácito. Cualquier anuncio en contra de la central obrera, o el sindicalismo en general, piensan que les suma. Lo mismo que el respaldo dado por Mario Firmenich a la marcha “por los jubilados” del miércoles pasado.

Como sea, los planetas ya no aparecen alineados como se veían desde octubre pasado. El 14 de febrero, hace ya poco más de un mes, el auspicio presidencial a la cripto $Libra parece haber roto el estado de gracia de la administración libertaria. La lenta pero persistente baja de inflación tuvo el viernes un repunte, cuando el número de febrero, 2,4%, fue dos décimas más alto que el mes anterior. Poquito y esperado, pero repunte al fin. Además, fue en un día en el que una ola de rumores disparó la demanda y obligó al Banco Central a vender 474 millones de dólares.

El clima enrarecido genera nerviosismo en la fuerza gobernante puertas adentro. La Libertad Avanza, que en sus bloques ha mostrado de todo menos orden y homogeneidad, dio un espectáculo insólito en el recinto de la Cámara baja, con diputados propios y/o aliados insultándose, arrojándose vasos con agua y al borde de las piñas.

Fue inmediatamente después de exhibir una muestra de consenso al votar por unanimidad la ayuda a la devastada Bahía Blanca. Duró poco ese clima, pues al rato la principal oposición ponía al oficialismo contra las cuerdas intentando votar un emplazamiento para eliminar las facultades delegadas del presidente, y confirmar la composición de la Comisión de Juicio Político. La primera, inaceptable para el Gobierno y buena parte también de la oposición, que las votó hace casi un año. La otra, un capricho de la interna sin fin del oficialismo: Karina Milei no quiere a Marcela Pagano al frente de la Comisión de Juicio Político y Martín Menem no tiene margen de negociación.

Al cabo de unos largos minutos de tensión y las citadas peleas internas, el presidente de la Cámara logró el objetivo de dar por concluida la sesión, en cuanto la oposición perdió fugazmente el quórum. Una maniobra legal, pero que dejará secuelas y un sinfín de pases de facturas. El oficialismo se da cuenta de que en este contexto le será muy difícil sesionar durante el año electoral, pues a cada vuelta de la esquina puede encontrarse con un emplazamiento.

En rigor, tiene lógica ese acotado margen de maniobra de un oficialismo ínfimo en ambas cámaras. Hasta ahora, la sensación era la de un gobierno poderoso que logró casi todos sus objetivos en su primer año, aunque en realidad eso está lejos de ser un dato concreto. Le cuesta mucho al oficialismo aprobar sus leyes, y contribuye de manera involuntaria a veces, pero generalmente por mala praxis, a dificultar su accionar.

Una nueva muestra habrá esta semana, cuando el miércoles se confirmen los dictámenes para votar en el recinto interpelaciones a funcionarios como la mismísima hermana del presidente, o la creación de una comisión investigadora del caso $Libra. Por los carriles normales, tan solo abriendo las comisiones, podría haberle dado al tema un tratamiento a cuentagotas sin tener la intimación del pleno del recinto.

Lo mismo pasará en el Senado, cuando a priori el jueves deberían tratarse los pliegos de los jueces propuestos para la Corte, y está el número para voltear a los dos. El oficialismo ensayó una maniobra que tiene a ficha limpia como prenda de cambio para postergar lo de los jueces. Son jugadas de vuelo corto, en las que además conspira la insólita interna con la vicepresidenta de la Nación, excluida de toda negociación que busque el Gobierno, lo que hace aún más complejo cualquier entendimiento.

El diputado nacional Esteban Paulon presentó un proyecto solicitando informes a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por “la grave represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad en la marcha al Congreso de la Nación, organizada por jubilados en el marco de un legítimo reclamo por la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes y el fin de la moratoria previsional en curso”.

Entre las preguntas a responder están: “¿Cuándo tomó la decisión de recurrir a la represión como una respuesta premeditada frente a un reclamo legítimo de las y los ciudadanos, hacer uso indebido de la violencia y los gases lacrimógenos y promover acciones que incurren en una absoluta violación de las obligaciones que tiene el Estado Nacional en el marco de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos?”.

“¿Considera usted que militar en un partido político y trabajar en una municipalidad de un color político que o la representa es razón suficiente para herir de gravedad a un reportero gráfico?, ¿Quién fue el/la responsable de autorizar el uso de un camión hidrante que, en el marco de la represión, emitió mensajes agraviantes como “vengan zurdos” a las y los manifestantes?”, sumó.

Además, consultaron por los videos e imágenes captadas por algunos medios de comunicación donde se observa a un policía pateando un arma y dejándola en el suelo: “¿Existió la intención de falsificar pruebas en contra de los manifestantes?”.

También quiere saber: “¿Quién autorizó la ejecución de maniobras peligrosas, como manipulaciones cervicales u otras prácticas que ponen en riesgo la vida de los manifestantes? ¿Qué situación de gravedad o violencia representaban los jubilados, quienes se encontraban reclamando pacíficamente con sus bastones, que justificara los empujones recibidos por parte de las fuerzas de seguridad?”.

“¿Cuántas personas fueron detenidas en las veredas aledañas al Congreso de la Nación mientras se manifestaban, cumpliendo con todas las normativas del Gobierno sobre el derecho a la protesta, sin alterar el orden público de ninguna manera? En ese marco se solicita se informe quién fue el/la responsable de la detención de dos menores de 12 y 14 años que estaban saliendo del colegio y fueron atados con precintos dos horas”, añadió.

Entre los argumentos, Paulon planteó que “frente a un legítimo reclamo, la ministra ordenó llevar adelante una violenta represión que incluyó el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, el empleo de gases lacrimógenos, golpes y arrestos arbitrarios, generando un clima de temor y violencia en una manifestación pacífica que solo buscaba visibilizar la grave situación que atraviesan los jubilados”.

“El uso ilegítimo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad no solo es ilegal, sino que contraviene directamente los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, erosionando los principios democráticos y la protección de los derechos humanos consagrados en la ley nacional e internacional”, denunció.

Proy Res Represión Bullrich

En el marco de una nueva jornada de movilización por parte los jubilados, los legisladores del Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Unión por la Patria (UP) y la Unión Cívica Radical – Evolución (UCR-Ev) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto que busca expresar su repudio a los dichos de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sobre la “represión” a adultos mayores.

“La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires repudia las represiones que las fuerzas de seguridad, bajo la orden de Patricia Bullrich, lleva adelante contra las jubiladas y jubilados que los días miércoles se manifiestan contra los haberes de hambre que perciben y el cierre de la moratoria jubilatoria”, sostuvieron los diputados y alertaron “sobre la gravedad de que estos hechos continúen repitiéndose, sabiendo que distintas asociaciones barriales, de clubes de futbol, organizaciones feministas, sindicatos, asambleas vecinales, centros de estudiantes, personalidades de la cultura, el deporte, organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, entre otros, llamaron a acompañar la convocatoria del miércoles 12 de marzo”.

La declaración es de autoría de Andrea D’Atri (FIT) y lleva las firmas de Gabriel Solano, Mercedes Trimarchi (FIT), Graciana Peñafort, Victoria Freire (UP), Francisco Loupias y Gustavo Mola (UCR-Ev).

El texto apunta contra la ministra, al señalar que “parece no querer detenerse hasta causar una tragedia” y denuncia que “desde hace meses, se registran hechos inaceptables, por parte de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval”.

Asimismo, los legisladores manifestaron en la última ronda de jubilados “ante los ojos de toda la población, en plena Ciudad, se registraron más de 40 heridos, que fueron atendidos por la Posta de Salud y Cuidados” que suele acompañar solidariamente estas y otras manifestaciones. Por eso alertaron que “esta Legislatura no puede permitir que se ponga en peligro la vida de nuestros jubilados y jubiladas” y exigieron que “se garantice el derecho a la protesta”.

Un miércoles atípico se vivirá esta semana en proximidades del Congreso, donde organizaciones de jubilados, junto con sindicatos, agrupaciones sociales e hinchadas de fútbol, han convocado una nueva protesta para las 17. El objetivo de la movilización es exigir la prórroga de la moratoria previsional y la restitución del 100% de los medicamentos del PAMI, y la manifestación forma parte de una serie de protestas que los sectores jubilados han venido realizando los miércoles en rechazo a las políticas del gobierno de Javier Milei.

La protesta, organizada por la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJEL), contará con el respaldo de entidades como la CGT, las dos CTA, movimientos sociales y diversas hinchadas de clubes de fútbol de todo el país. Los gremios que forman parte de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) han reiterado su compromiso con la defensa de los derechos de los jubilados y exigido el cese de la represión a sus protestas. Además, subrayaron la necesidad urgente de que las autoridades escuchen y respondan a sus demandas.

En una reunión celebrada este martes por la “mesa chica ampliada”, la CGT decidió acompañar el reclamo de los trabajadores jubilados y expresó su apoyo a la movilización de mañana frente al Congreso. En la misma reunión, los gremios integrantes del Consejo Directivo de la CGT discutieron la situación social, laboral y económica, y cómo estas afectan gravemente los derechos y los puestos de trabajo en las distintas actividades. En este contexto, la central obrera también resolvió convocar una reunión plenaria para la próxima semana en su sede de la calle Azopardo.

Por otro lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó la movilización como una “marcha de barras bravas” y advirtió que, si se registran disturbios, se procederá con la detención de los responsables y se les prohibirá el ingreso a los estadios de fútbol. Desde el Ministerio de Seguridad se ha comunicado que se implementarán estrictas medidas para garantizar el orden y la seguridad pública, destacando que a aquellos hinchas que generen alteraciones en el orden público se les aplicará la “Restricción de Concurrencia Administrativa”, lo que implicará una prohibición para asistir a cualquier evento deportivo en todo el país.

Entre las hinchadas que ya han confirmado su participación en la protesta se encuentran las de Tigre, Deportivo Merlo, Ferro, River, Boca, Independiente, Racing, San Lorenzo, Vélez, Huracán, Lanús, Banfield, Gimnasia La Plata, Chacarita, Chicago, Estudiantes de Caseros, Temperley, Almirante Brown, All Boys, Atlanta y Excursionistas. Este respaldo se originó luego de que la hinchada de Chacarita participara en la protesta del miércoles pasado, que terminó con incidentes con la Policía. Cabe destacar que, en esta oportunidad, se espera una participación aún mayor de hinchas de distintos clubes de todo el país.

Además, la CGT ha decidido participar en el Primer Congreso General de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), el sindicato de trabajadores informales vinculado a los movimientos sociales como el Movimiento Evita. Este congreso se llevará a cabo este jueves en el salón Felipe Vallese de la sede de la CGT. También, la central obrera ha invitado a todos los gremios confederados a una reunión con organismos de derechos humanos el próximo 21 de marzo, y ha convocado a una movilización el 24 de marzo para conmemorar el Día de la Verdad y la Justicia.

Luego de que las hinchas de varios clubes confirmaran que participarán de la movilización de jubilados de este miércoles, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano denunció a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por “coacción y abuso de la autoridad” tras asegurar que aplicaría el criterio de “derecho de admisión” para decidir que simpatizantes podrán o no participar de ese encuentro.

Es que, durante una reciente entrevista, la funcionaria nacional advirtió que aplicará “medidas especiales” contra aquellos hinchas autoconvocados que decidan acompañar a los jubilados durante la marcha que se llevará a cabo este 12 de marzo frente al Congreso. “Ya tenemos el derecho de admisión. Les vamos a encontrar algo más si comienzan a ir”, señaló.

En ese contexto, Solano planteó que “la ministra Bullrich como siempre cae en la ilegalidad cuando está asustada. Ahora quiere aplicarle el derecho de admisión a los hinchas que vayan el miércoles a apoyar a los jubilados. El derecho de admisión es para las barras bravas no para las luchas populares. La intención de la ministra no es más que la de amedrentar a cualquier persona que tenga un rasgo de humanidad y apoye la lucha de los jubilados”.

“Mientras los jubilados están siendo víctimas de un ajuste brutal donde el haber mínimo no llega a los 350.000 pesos aun contando el bono la ministra todos los miércoles destina recursos económicos en pegarle a los jubilados y reprimir a todos los que se solidarizan”, añadió.

Por lo que concluyó señalando que “este miércoles tenemos que ser miles de hinchas de todos los clubes para bancar a nuestros abuelos. No se puede permitir que sigan matándolos de hambre y también a palos todas las semanas”.

Cabe recordar que confirmaron su participación en la movilización las hinchadas de Chacarita, River, Independiente, Boca, San Lorenzo, Racing, Estudiantes, Vélez, Huracán, Lanús, Banfield, Gimnasia La Plata, Chicago, Estudiantes de Caseros, Temperley, Almirante Brown, All Boys, Atlanta y Excursionistas, entre otros. Los primeros en confirmar su participación fueron Tigre, Deportivo Merlo y Ferro, así como también Motoqueros Unidos, por su parte.

La Comisión de las Personas Mayores de la Cámara de Diputados, presidida por Gisela Marziotta (UP), convocó a una reunión para recibir y escuchar testimonios de organizaciones representativas de jubilados y pensionados.

El encuentro se llevará a cabo el próximo martes 11 a las 15 en la Sala 7 del 3° piso del Anexo “A” de la HCDN, a fin de abordar diversas cuestiones que impactan en los derechos de las personas mayores en relación a la seguridad social y la salud, extensión de la moratoria, gratuidad de medicamentos y aumento del haber jubilatorio.

La citación, que lleva la firma del secretario de la comisión Juan Palacios, informa que “se recibirá la visita de organizaciones representativas de jubilados y pensionados que expondrán sobre estas temáticas”.

"La convocatoria es para todos los diputados que forman parte de la comisión y quienes no, también. La propuesta tiene que ver con escuchar a damnificados que en este caso son las personas mayores y vamos a abordar tres ejes. Uno es el impacto que puede llegar a tener si no se renueva la moratoria que se está por vencer, los medicamentos gratis para personas mayores y la necesidad de un aumento extraordinario por la que atraviesa el sector de la sociedad", explicó Marziotta en declaraciones a parlamentario.com.

Así, precisó: "Va a hacer no más de 5 oradores de distintos espacios de jubilados de la Ciudad que pueden venir presencial. A partir de las exposiciones y de la agenda que trabajemos se organice una audiencia publica ya con representación federal y especialistas en la materia".

Desde que asumió la presidencia Javier Milei, los jubilados/as y pensionados/as fueron la principal variable de ajuste. La jubilación mínima cayó un 5% en términos reales a raíz del congelamiento del bono de 70.000 pesos y el veto del ejecutivo a la fórmula de movilidad que propuso el Congreso para recomponer los haberes.

A esta situación se suma el intento por desmantelar una política de provisión universal de medicamentos, por otra parcial y segmentada, que redujo la cantidad de medicamentos con cobertura del 100%, y ahora argumentando que es necesario establecer el “equilibrio financiero” del PAMI, se le impone a los y las beneficiarias la necesidad de acreditar su condición de extrema vulnerabilidad para recibir su medicación.

Tampoco se puede desconocer que en estos meses se permitió la liberalización de la industria y los medicamentos subieron casi 250%, por encima de la inflación. Toda esta situación sigue reproduciendo imágenes desoladoras en las farmacias del país, en dónde nuestros adultos mayores terminan eligiendo qué medicamentos comprar, qué afecciones tratar.

Por todos estos motivos será elemental que el Senado trate en el próximo período legislativo el proyecto de ley que presenté en abril de este año y se tramita bajo el expediente 553/24, por el cual se establece la obligatoriedad de PAMI de brindar el 100% de la cobertura de todos los medicamentos reconocidos como esenciales por la Organización Mundial de la Salud (OMS), a sus afiliados y afiliadas de 60 años o más.

Frente a la política de crueldad de este Gobierno, debemos volver a afirmar que la salud es un derecho humano y tenemos la obligación de establecer políticas de Estado que lleven tranquilidad y certidumbre a las personas mayores.

A pesar de haber culminado el período ordinario y sin novedades respecto a la convocatoria de sesiones extraordinarias, En el marco del artículo 106 del reglamento interno de la Cámara de Diputados se llevó a cabo este miércoles una reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública convocada por su presidente, Pablo Yedlin (UP), a fin de dialogar y buscar una solución al reciente recorte de medicamentos para jubilados del PAMI que anunció el Gobierno.

En el encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo “A”, Yedlin anunció que citarán para la próxima semana, precisamente el martes a las 12.30, a las autoridades del PAMI, Esteban Leguizamo, y al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, para “ver cómo podemos resolver esta situación porque no podemos pasar el verano porque hay muchos pacientes que van a quedar sin tratamiento y poniendo en riesgo la vida de mucha gente”.

Además, el tucumano informó que elaboró un comunicado que lleva su firma a fin de elevarlo al titular de la Cámara, Martín Menem, para que lo envié a las autoridades correspondientes.

“Muchos diputados de distintos bloques hemos visto con mucha preocupación la normativa que tomó el PAMI a nivel nacional de decidir que aquellos jubilados que reciban por arriba de 309.000 pesos de haberes no van a poder recibir más medicamentos sin costos. Aquellos que perciban por debajo tienen un trámite bastante engorroso para poder acceder”, expresó Yedlin.

Así, cuestionó que “estas medidas se tomaron de un día para el otro de forma llamativa y millones de argentinos que, normalmente dependían de este tipo de cobertura para su medicación habitual, se quedaron sin su medicación o tenerla que pagar en un momento donde los haberes jubilatorios están por el piso histórico de estos valores. Por otro lado, el tema de los gastos que la tercera edad tiene en cuanto a medicamentos han aumentado muy por arriba de los alimentos, tarifas, transporte, alquileres, poniendo a millones de argentinos en riesgo sanitario absolutamente innecesario”.

“Los jubilados ya pagaron gran parte del ajuste en el país de forma innecesariamente quieren dejarlos sin medicamentos, me parece que por eso es importante que estemos acá”, criticó.

Al pedir la palabra, la diputada de Democracia para siempre Carla Carrizo aclaró que no están “en contra de los controles para garantizar la accesibilidad, estamos en contra de la arbitrariedad con la que se hace. Se hizo sin aviso, es una decisión súbita”.

“Hay jubilados en tratamiento y no avisar para que cada uno se prepare. El mecanismo de control para que el PAMI no gaste mal no es correcto, porque el Estado tiene la información para cruzar los datos porque el 80% de los beneficiarios de PAMI tiene la jubilación mínima de 260 mil pesos. La modalidad no está bien y la temporalidad sin aviso tampoco”, manifestó.

La ex titular del PAMI y diputada de UP Luana Volnovich recordó que le tocó llevar adelante el programa “Medicamentos gratis” y comentó que ha presentado un proyecto para convertirlo en ley que “incorpora el derecho universal el acceso a medicamentos gratis al vademécum vigente y no como un subsidio”.

“Cuando iniciamos el programa el 2019 con muchas dudas porque nos decían que ‘no lo íbamos a poder pagar’, ‘se va a descontrolar’, nada de eso sucedió por más que intenten hacer campañas de desprestigio para justificar el ajuste. La estimación era que el consumo de medicamentos estaba reprimido en un 30% y el consumo creció un 30% como estaba proyectado presupuestariamente”, contó.

Volnovich destacó que el programa convivía con la receta electrónica que “hace que uno tenga la conducta prescriptiva de los médicos a lo largo y ancho del país y que puedas tener información de lo que prescriben los médicos y lo que consumen los afiliados”, y el otro ítem del programa era “el uso racional de medicamentos que evaluaba la conducta y los consumos y determinaba topes”.

“El PAMI tiene 13 millones de recetas por mes. El volumen de información es la base de datos de salud más grande del país”, resaltó y desmintió que “los viejos se aprovechaban del programa. Si tenes ganas de controlar, controlas y no necesitas sacar el programa”, y sumó: “Es mentira que no es sustentable porque 4 millones consumieron sus medicamentos durante 4 años; es mentira que no se puede controlar”.

Volnovich informó que el programa se logró el dispositivo en articulación pública y privada con la industria farmacéutica que “pudo garantizar un derecho a la salud de forma controlada, sustentable y con precios accesible de los medicamentos. Ahora los medicamentos aumentaron el doble que las jubilaciones”.

“El subsidio tiene un trámite y las agencias están todas explotadas. El PAMI tiene un sistema de turnos que está colapsada y ves largas colas en las oficinas”, criticó y planteó: “El impuesto PAIS iba al PAMI y sin eso lo que hay es la decisión del Gobierno de beneficiar importadores mientras los viejos se cagan de hambre y encima ahora les quitan los medicamentos. Es una decisión política, no es que no hay plata. Es una decisión política de dejar morir a una generación que hoy necesitan sus remedios. Nosotros como diputados tenemos que hacer cumplir la ley”.

Por el Frente de Izquierda, el diputado Nicolás del Caño apuntó: “Este Gobierno tiene un nivel de crueldad y saña contra los adultos mayores es algo brutal porque el ajuste que ha llevado adelante lo han pagado los mayores con el ajuste al sistema previsional y tuvieron la caradurez de vetar una recomposición salarial”.

“Todos los miércoles se hace una marcha acá en la puerta de Congreso de adultos mayores y hacen un operativo millonario de policías que vienen a pegarle a personas que trabajaron toda su vida. Es una saña brutal del Gobierno y esta resolución que les hace hacer trámites a los jubilados y pasar por situaciones tremendas, mientras a los empresarios les dan desburocratización”, comparó Del Caño.

El diputado de izquierda sostuvo que “los jubilados están pagando el ajuste del Gobierno. Quitarle los medicamentos, que ya se venían restringiendo, han aumentado el doble de lo que aumentó la inflación y los haberes. Tenemos una situación muy grave”, y anunció que presentarán un proyecto de resolución para que se retrotraiga esta medida porque “no alcanza la plata para pagar los medicamentos”.

La socialista santafecina Mónica Frade calificó la medida de “inhumano” que “no podemos creer esta actitud inhumana ponga a tanta gente en una situación de que las personas no van a poder tener accesible sus medicamentos”.

“Los grandes laboratorios fijan las políticas de medicamentos hace mucho tiempo en el país lamentablemente. En los últimos tiempos vienen generando una serie de acciones como sacar a la venta libre ciertos remedios para que no tengan cobertura de la obra social.”, denunció y sumó: “Esto es un acto de crueldad y quieren hacer lo que dijo una ex canciller –por Diana Mondino- de ‘no darles créditos a los viejos porque se van a morir’”.

Su compañero de bloque Estaban Paulón agregó: “La medida que se puso en práctica es un nuevo capítulo de política de crueldad del Gobierno. Son los jubilados que van a tener que demostrar que 300 mil pesos no es una jubilación de hambre y miseria para poder seguir recibiendo sus medicamentos”.

“Esto es eliminar de cuajo un beneficio para que después esos jubilados tengan que peregrinar a las oficinas del PAMI, buscar alguna colaboración para llenar los formularios y poder acceder a los medicamentos”, criticó y expresó: “Me da vergüenza el formulario donde el jubilado que gana 300 mil pesos tenga que justificar si tiene aeronave o no. Es un chiste. Es cínico y cruel”.

“Se terminó la fiesta de la aspirina de los antidepresivos”, chicaneó Paulon por los dichos del diputado libertario Julio Moreno Ovalle que dijo: “No me parece que sea para tanto… a los jubilados los pueden ayudar los familiares. Se terminó la fiesta de medicamentos”.

Por último, avizoró que para la próxima semana Lugones va a seguir el “camino de Sandra Pettovello que la esperamos un año y nunca apareció. Seguirá el camino del saliente Mario Russo a quien nunca le conocimientos la voz”, y remató: “Solo se lo conoce por sus acciones que es recortar derechos y beneficiar al sector que representa dentro de un Gobierno de las corporaciones de la medicina privada”.

La diputada de izquierda Mónica Schlotthauer señaló que las medidas del oficialismo son un “gerontocidio” no solo por lo que les pagan que “no alcanza para comer, sino por la falta de medicamentos”. “Es repudiable esto. Solo queremos darles a los jubilados lo que han aportado durante años. Hay que devolverles a los jubilados lo que les robaron”, planteó y remató: “Tienen que ir presos los que fomentan este tipo de medidas”.

La Unión Cívica Radical, conducida por el senador Martín Lousteau, criticó al Gobierno nacional por su decisión de recortar los medicamentos gratuitos que ofrece el PAMI y plantearon: “"Está claro que la principal variable de ajuste de Milei siguen siendo los jubilados".

A través de un comunicado que emitieron, señalaron: “El presidente Javier Milei vuelve a atacar a nuestros adultos mayores como lo hizo cuando vetó la actualización por inflación que sancionó el Congreso”.

“A través del PAMI decidió una vez más que el ajuste caiga sobre ellos y les arrebató el derecho fundamental a acceder a medicamentos”, apuntaron y remarcaron que “esta decisión agrava aún más cuando hay remedios que tuvieron aumentos de hasta 500%”.

Así, criticaron: “Está claro que la principal variable de ajuste de Milei siguen siendo los jubilados: ayer les metió la mano en el bolsillo, hoy les sacó los remedios”.

Por último, aclararon que “la UCR, comprometida como lo estuvo a lo largo de historia en la defensa de los adultos mayores, trabajará en todos los ámbitos que sean necesarios para revertir esta insólita medida”.

El gobierno nacional, a través del PAMI, decidió recortó la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, que quedó restringido a quienes ganen menos de $ 388.500, que además deberán realizar un trámite de inscripción.

La entidad emitió un comunicado en el que plantean que continúan “trabajando por una gestión más ordenada y eficiente”. Así, justificaron que “a lo largo de décadas la institución enfrentó problemas económicos producto de la falta de políticas planificadas a nivel nacional y el impacto de las moratorias que dejaron a PAMI al borde de la quiebra”.

“Como parte de una gestión planificada y eficiente, nos vimos en la necesidad de llevar a cabo readecuaciones en las coberturas de medicamentos a lo largo de este año”, explicaron y aclararon que “vamos a continuar con la cobertura de medicamentosa l 100% como lo indica la legislación”.

Al respecto, el senador de UP Mariano Recalde apuntó: “Mira a los que venían a sacarle privilegios a la casta! Sacándole los remedios a los jubilados. Otra vez fuertes con los débiles y débiles con los poderosos”.

“FIN de los MEDICAMENTOS GRATIS del PAMI. Otro golpe a quienes trabajaron toda su vida y este gobierno no para de agredir. Hay que ser muy miserable para meterse con los jubilados”, sumó la vicejefa del bloque de UP, Anabel Fernández Sagasti.

Con un comunicado muy confuso y repleto de eufemismos, anuncian que los jubilados y jubiladas del PAMI que hoy cobran la mínima (son el 80% aproximadamente) van a tener que hacer un "trámite especial" y acceder al "subsidio social" para recibir los medicamentos que hasta hoy les… https://t.co/UA7m57J2Ur

— Vanesa Siley (@Vsiley) December 2, 2024

La jujeña Carolina Moisés sumó: "Un gobierno que es fuerte con los débiles y débil con los poderosos. La motosierra y el ajuste sobre la economía de los jubilados y sus familias es una medida inhumana y criminal".

El diputado bonaerense y médico Daniel Gollan expresó: “Lo dijimos. El plan ‘mejor vivir’ del PAMI que entregaba medicamentos con cobertura al 100% se financiaba con el Impuesto PAIS y Milei/Caputo no iban a permitir utilizar otra fuente cuando se discontinuara. Más ajuste a jubilados para alimentar la especulación financiera”.

"La decisión de PAMI de limitar la entrega de medicamentos sin cargo solo a aquellos afiliados que 'puedan' confirmar una situación socioeconómica “critica” pone en alto riesgo el ya precario acceso a medicamentos a un grupo muy vulnerable. Es un ERROR que va a costar VIDAS", alertó el diputado tucumano y titular de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin.

El diputado neuquino Pablo Carro agregó: "El gobierno elimina la cobertura al 100% de medicamentos del PAMI a jubilados. Jubilaciones de miseria, aumento de la canasta básica y ahora ésto. El presidente abandona a nuestros adultos mayores, les hace pagar el ajuste y les exige demostrar que necesitan los medicamentos".

no es un recorte, es una readecuación de los procedimientos de acceso a la cobertura a las finas hierbas sobre un colchón de hojas verdes aderezado con suaves rodeos dialécticos ideados por una caterva de hijos de puta https://t.co/PwGSBJrqQn

— Eduardo Toniolli (@eduardotoniolli) December 2, 2024

El jefe del bloque Democracia para siempre, Pablo Juliano, escribió: "Che Milei apunta la motosierra para otro lado, tenés la idea fija en contra de los jubilados. No se te ocurre otra cosa? Esto es lo que pasa cuando el país se queda sin presupuesto: llega la DISCRECIONALIDAD y siempre la pagan los viejos. Los queres ver escupiendo sangre, no se pueden defender pero tienen hijos y nietos que los van a bancar".

“Desde hoy, podés hacer compras en el exterior e importar cosas lindas y hasta 400 dólares no pagas impuestos. Pero, los jubilados con PAMI tienen que completar un formulario de subsidio social para seguir sosteniendo cobertura gratuita en algunos (cada vez menos) medicamentos”, criticó la cordobesa Natalia de la Sota (Córdoba Federal).

El socialista santafecino Esteban Paulon cuestionó: “Milei sigue con el plan motosierra... cuando le recortaron el salario lo festejaron con un asadito y no conforme con eso sigue el recorte quitando medicamentos”.

"El gobierno decidió eliminar los medicamentos gratis del PAMI. Ponen más requisitos y si cobran por encima de $390 mil mensuales los dejan afuera. Agregan más trámites burocráticos cuando a muchos jubilados se les puede ir la vida pidiendo el subsidio. La crueldad de Milei no tiene límites. Basta", disparó el diputado de izquierda Nicolás Del Caño. En el mismo sentido se manifestó su compañero de bloque Christian Castillo: "¿Qué más van a hacer contra jubilados y jubiladas? Les licuaron los ingresos, les vetaron un aumento de $ 15 mil y ahora dejan afuera del acceso a los medicamentos gratuitos a millones de afiliados al PAMI. ¿Se puede ser más pusilánime?".

No confundamos: Más trámites es menor acceso a medicamentos.
Cuidar los recursos de PAMI está muy bien, pero no a costa de quienes sí los necesitan.
A partir de hoy, un jubilado que cobra $260.000, en vez de ir directo a la farmacia, deberá:
➡️ Ir al medico para que le haga la… https://t.co/l52boMx5Zr

— Carla Carrizo (@CarlaCarrizoAR) December 2, 2024

UN GOBIERNO INHUMANO

El Gobierno Nacional abandona a los jubilados de PAMI, los deja sin la cobertura de medicamentos y con una jubilación de hambre.
Bajo el discurso del ajuste, el esfuerzo siempre recae sobre los más vulnerables.https://t.co/i5CEm8oker pic.twitter.com/8pEjUGzSm6

— Mónica Fein (@MonicaFein) December 2, 2024

A través del Decreto 965/24 el Gobierno nacional oficializó un bono de $70.000 para jubilados y pensionados de haberes mínimos para el mes de noviembre, mismo monto que viene pagando desde marzo de este año sin ningún ajuste por inflación, dato que criticaron desde Unión por la Patria y recordaron la ley vetada.

Dicha medida fue ratificada por el director ejecutivo de ANSeS, Mariano De Los Heros cuando expuso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados al defender el Presupuesto 2025: “El bono de 70.000 pesos (destinado a los jubilados y pensionados) está proyectado mantenerse, pero sin ajuste de inflación”.

El diputado tucumano Pablo Yedlin criticó: “El bono de la jubilación mínima sigue congelado desde marzo en 70.000 pesos, mientras la canasta del adulto mayor no deja de crecer. El gobierno de Milei y asociados está generando una grave crisis en adultos mayores La ley vetada por el presidente y los ‘héroes’ lo impedía”.

En el mismo sentido, el riojano Ricardo Herrera apuntó: “El Gobierno sigue mes a mes oficializando un bono para jubilaciones congelado en 70 mil pesos y que tiene la complicidad de muchos sectores que celebran la medida. Gente: ¡no hay nada que celebrar ni magnificar! Nuestros jubilados están en la pobreza e indigencia”.

Hoy el gobierno publicó en el Boletín Oficial el bono para los jubilados de la minima: otra vez $70.000. Congelado en términos nominales desde marzo. Eso no estaría ocurriendo con el proyecto que aprobamos en el Congreso y Milei vetó. Se ve que era mas importante que esa guita… pic.twitter.com/rNbptuHwov

— Itai Hagman (@ItaiHagman) October 31, 2024

Cabe recordar que el dictamen alternativo de Presupuesto correspondiente al bloque de Encuentro Federal está pensando en indexar el bono para que se vaya actualizando. Además de contemplar un aumento de 8,1%, que fue el que quedó pendiente en la ley vetada, y buscaba recomponer la inflación de enero.

Con un panorama poco alentador para el sector de la oposición que convocó a sesionar para rechazar el veto completo a la Ley de Movilidad Jubilatoria en la Cámara baja, y luego de la reunión que un conjunto de radicales mantuvo con el presidente Javier Milei, el diputado Facundo Manes cuestionó a quienes “quieran usar a los jubilados como moneda de cambio de una negociación política”.

“Los jubilados no son la casta”, enfatizó el legislador en un posteo en la red social X y apuntó: “El Gobierno quiere que el ajuste fiscal caiga sobre las espaldas de los adultos mayores. Por eso, vetó totalmente una ley que buscaba recomponer sus haberes tras la devaluación de diciembre”.

A continuación, preguntó: “Presidente: ¿en serio cree que los jubilados son la casta?”. Y luego, aunque sin nombres, envió un mensaje directo a sus pares de la UCR que se encaminan a dar vuelta su voto en la sesión de este miércoles. “Es triste que opositores quieran usar a los jubilados como moneda de cambio de una negociación política. Basta de querer sacar ventaja a costa del sufrimiento de la gente. Expliquen: ¿qué cambió de junio a hoy? Tengan un poco de coherencia”, lanzó. 

Finalmente, el neurocientífico remarcó que “los jubilados que no son ayudados por sus hijos no llegan a fin de mes. ¿Quiénes son los degenerados? ¿Los que recomponemos sus haberes, tras décadas de trabajo y aportes? ¿O los que los pulverizan? Sentido común y humanidad: no son números, son personas”.

En rigor, los diputados radicales que se reunieron con el presidente de la Nación, están  lejos del pensamiento de Facundo Manes, a pesar de estar bajo el mismo techo de la Unión Cívica Radical.

En su mensaje inicial, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la Ley de Movilidad Previsional aprobada por el Congreso, que fue vetada por el presidente Javier Milei. Fue sobre el final de su alocución, cuando advirtió que “todos los que tenemos responsabilidades institucionales debemos actuar de forma madura y responsable”, y en ese sentido señaló que “la sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable: se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria. Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza”.

“Entre el 2020 y el 2023 las jubilaciones sufrieron una caída del 45% en términos reales. Además, se redujeron las jubilaciones de quienes habían aportado toda su vida, se confiscaron los ahorros de quienes habían elegido libremente que sus aportes no fueran administrados por el Estado y fueron incorporados al sistema contributivo millones de personas que no realizaron los aportes correspondiente ¿Cómo no vamos a tener un sistema quebrado?”, se preguntó entonces.

Por el contrario, continuó el jefe de Gabinete, “esta gestión estableció aumentos mensuales según el IPC, lo cual permitió una recuperación del poder de compra de los haberes jubilatorios de casi el 10% en lo que va del año, y de casi el 6% con respecto a noviembre de 2023. Esto refleja la voluntad de este Gobierno de garantizar un sistema de movilidad previsional justo y equitativo, donde los jubilados nunca más pierdan contra la inflación, evitándoles el flagelo que han padecido en los últimos 22 años”.

Aclaró que “esto se debe hacer con responsabilidad institucional, sin quebrar el equilibrio fiscal ni agravar la deteriorada situación del Sistema Integrado Previsional Argentino. La administración de los recursos públicos debe llevarse a cabo de manera madura y responsable, alineada con los objetivos públicos y los principios de buena administración, evitando las ilusiones de mejoras sin fundamento”.

“No hay posibilidad de mejorar el sistema jubilatorio argentino sino es a través del crecimiento de la economía -enfatizó Francos-. Si seguimos con una relación de trabajadores informales superior a los trabajadores formales del sector privado es impensable mejorar el sistema previsional, impensable crear más puestos de trabajo sino es a partir de la estabilidad, del equilibrio fiscal, de generar confianza y darle libertad a todos los argentinos”.

Diputados de la oposición expresaron a través de las redes sociales su repudio a la represión que un grupo de manifestantes, en su mayoría jubilados, recibió por parte de la Policía Federal Argentina en la puerta del Anexo de la Cámara de Diputados. 

Ataviados con escudos y bastones, los efectivos rociaron con gases lacrimógenos a miembros de la Unión de Trabajadores Jubilados en Lucha (UTJL), que marcharon junto a organizaciones de izquierda. 

La protesta se enmarca en una serie de actividades que realizan todos los miércoles en reclamo de la realidad del sector. En esta oportunidad se sumó el fuerte rechazo al anuncio del Gobierno de que vetará la Ley de Movilidad Jubilatoria. 

“Mientras en comisión tratábamos los proyectos en el marco de la reunión diputados de LLA con genocidas, en la calle la Policía Federal reprimía a jubilados y jubiladas que se manifestaban contra el veto de Milei. Negacionismo, ajuste y represión. Ese es el modelo que proponen”, enfatizó la diputada de Unión por la Patria Paula Penacca. 

En tanto, su par Carlos Castagneto posteó: “Acompañando el reclamo de jubiladas y jubilados por la recomposición de sus haberes, repudio la represión de las PFA. Con los jubilados NO”. 

“Otra vez la policía reprimiendo y violentando a jubilados y jubiladas. Ahora mismo, en la puerta del Congreso. ¿Cuál es el reclamo? Que Milei no vete la ley que reconoce una jubilación mínima de 317 mil pesos y que puedan aumentar haberes en 7,2% (humilde recomposición)”, fue el mensaje de la legisladora Julia Strada. 

También desde UP, Natalia Zaracho cuestionó: “Los jubilados reclamando por lo que les corresponde en la puerta del Congreso. Contra el veto de Milei. Lo único que les dan son palos y gases. Hay que ser cagon para pegarle a los jubilados!”. 

“Reprimen jubilados en la puerta del Congreso. El gobierno de @javiermilei”, expresó la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade. Después, en otro posteo, sumó: "Jubilaciones no, palos sí". 

Por el Frente de Izquierda, Vanina Biasi criticó que “así responde el gobierno de @JMilei a quienes reclaman por jubilaciones dignas, mandando a los perros de @PatoBullrich y de @jorgemacri a reprimir y gasear a jubilados. Reprimieron con tal saña que dejaron sin vista a varios manifestantes y a trabajadores de los medios que cubrían el reclamo. Todo mi repudio!”. 

La vicepresidenta tercera de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y legisladora de Confianza Pública (CP), Graciela Ocaña, presentó en la Legislatura porteña dos proyectos de ley que buscan establecer beneficios para jubilados y pensionados: por un lado, la exención del pago de patentes y, por el otro, de los tramites relacionados con las licencias de conducir.

Respecto del pago de patentes, el documento recientemente presentado establece que dicha exención será para vehículos de uso particular con más de seis años de antigüedad y cuyo titular sea un jubilado y/o pensionado que cobre una jubilación y/o pensión de hasta dos haberes mínimos y posea residencia de al menos cinco años en la CABA.

En cuanto a los trámites para la licencia de conducir, se buscará eximirlos de pago de ingresos brutos. Para quienes tengan hasta dos haberes y medio mínimos, el beneficio alcanzará el 100%, para quienes lo superen será del 90%.

En la actualidad se los exime del pago de la tarifa de los trámites de ampliación, otorgamiento, renovación, renovación por cambio de jurisdicción y renovación por cambio de datos de la licencia de conducir a aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos no superen los dos salarios mínimo, vital y móvil, y prevé una exención del 80% para aquellos que perciban un monto mayor a los dos salarios mínimo, vital y móvil.

“Lamentablemente, no prevé aquellos beneficios para los trámites de duplicado o reimpresión de la licencia de conducir, cuestión no desdeñable, ya que, ante el supuesto de robo o pérdida de la licencia de conducir, el trámite previsto para su reemplazo serán estos últimos nombrados, produciéndose el sinsentido que, por ejemplo, un jubilado pueda emitir su licencia de conducir sin costo atento a encontrarse exento del mismo, pero que al tener que reimprimir la misma por robo, deba abonar aquel trámite”, sentenció la legisladora en los fundamentos de la iniciativa.

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se reunió en Comodoro Rivadavia con jubilados para anunciar la creación de la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor. “Chubut va ser la primera provincia de Argentina que tenga una legislación de esta índole”, afirmó Torres. La normativa busca acompañar a los centros de jubilados con exenciones impositiva, tributarias y de tasas, además de brindarles asistencia legal para trámites burocráticos.

La nueva ley permitirá que los centros de jubilados elijan a sus propios representantes. “Queremos que los jubilados cuenten con un vocero de la tercera edad que tendrá representación en la Justicia, para accionar con mayor fuerza cuando sus derechos sean vulnerados”, explicó el gobernador. También destacó la necesidad de una federación de jubilados a nivel provincial para democratizar y solidarizar el esquema de representación actual.

Torres subrayó la importancia de la colaboración entre los municipios y el estado provincial. “Esperamos que los municipios se adhieran a la normativa y convocaremos a los centros de jubilados para que se sumen a la redacción de la nueva ley”, indicó. Uno de los principales objetivos es “proteger a todos los jubilados, independientemente de si son provinciales o nacionales”.

El gobernador no dejó pasar la crítica situación que enfrentaron los jubilados en Esquel, quienes vieron afectadas sus prestaciones médicas durante cuatro meses. “La situación es inadmisible”, declaró Torres. “Las actuales autoridades del PAMI tienen la responsabilidad de resolver los problemas de los adultos mayores, independientemente de la situación económica del país”.

Finalmente, Torres resaltó la importancia de la presencia del Estado para garantizar una mejor calidad de vida a los jubilados. “Cuando uno se jubila, se jubila del trabajo, no de la vida. Es fundamental que nuestros adultos mayores vivan con la mayor calidad de vida y plenitud posible”, concluyó. En el anuncio, estuvo acompañado por líderes de la Federación de Jubilados del Chubut Zona Sur, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, y otros funcionarios provinciales y municipales.

“Por la difícil situación económica” que atraviesan los jubilados que perciben los haberes mínimos y los pensionados, el senador Ariel Martinez Bordaisco (UCR + Cambio Federal) presentó un proyecto para que los eximan del pago de la Verificación Técnica Vehicular (VTV).

La medida contempla a todos los jubilados y pensionados mayores de 65 años, titulares de un vehículo, y que perciban hasta dos haberes mínimos jubilatorios en la provincia de Buenos Aires.

“Tenemos que brindar asistencia a los que menos tienen, pero también es rol del Estado cuidar la integridad física de las personas, por lo que los controles vehiculares son de suma importancia”, sostuvo Bordaisco.

El legislador consideró: “Sabemos que muchos jubilados y pensionados enfrentan dificultades para cumplir con la verificación técnica vehicular (VTV). Las personas que viven en el interior del distrito deben trasladarse a la cabecera del mismo o incluso a otro distrito para realizar la inspección si su vencimiento es inminente, lo que conlleva gastos adicionales”

Por último, Bordaisco sostuvo que “tenemos que acompañar a los adultos mayores que han tenido un rol fundamental en el desarrollo de nuestra Provincia y que hoy tienen dificultades para llegar a fin de mes”.

 

El diputado nacional Juan Brügge (HCF – Córdoba) se refirió a la media sanción que la Cámara baja le dio a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria el pasado miércoles y afirmó que “nuestros jubilados y pensionados no tienen tiempo que esperar las soluciones”.

Del mismo modo, el legislador cordobés planteó que “la degradación del haber jubilatorio no es un problema reciente, sino que lleva más de siete años acumulando pérdidas significativas”. Según estudios mencionados por el Brugge, la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados ha alcanzado cerca de 26,000 millones de dólares en ese periodo.

"Estamos siendo testigos de una situación de degradación del haber jubilatorio", señaló Brügge, quien también criticó la ausencia de una política pública clara y coherente respecto a los jubilados. Señaló que las respuestas gubernamentales “han sido esporádicas y coyunturales, dependiendo muchas veces de decretos de necesidad y urgencia o leyes ambiguas que no brindan seguridad jurídica a largo plazo”.

Asimismo, afirmó que “no hay una política de Estado y no hay una política pública con referencia de los jubilados”. "Tenemos una deuda pendiente, una deuda social con nuestros jubilados”, concluyó.

En el marco de las semanas convulsionadas que se vienen dando en el Congreso Nacional, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) y mano derecha del presidente Javier Milei, Ramiro Marra, cuestionó con suma dureza la nueva fórmula jubilatoria que impulsan desde la oposición y remarcó que “hipoteca el futuro de los más jóvenes”.

A través de sus redes sociales, Marra explicó que “la nueva ley de fórmula jubilatoria impulsada por el kirchnerismo y el radicalismo carece de realidad alguna y peca de hipotecar el futuro de los más jóvenes” y se preguntó: “¿de dónde piensan sacar el dinero para financiar eso? Pareciera que aún no entienden que recibimos un país completamente destruido y que la razón de eso fue el déficit fiscal y la emisión monetaria”.

“Dos décadas de kirchnerismo impulsado por un Congreso que le aprobó todo, destruyeron el sistema jubilatorio y la economía en general. En diciembre cuando asumimos el Gobierno, dijimos que con la fórmula jubilatoria del kirchnerismo los jubilados iban a perder contra la inflación (lo cual terminó sucediendo), razón por la cual enviamos al Congreso una nueva fórmula jubilatoria la cual, a día de hoy, hubiese generado mejores resultados. Sin embargo, el Congreso nuevamente no acompañó el proceso de cambio”, subrayó el libertario.

Sobre esa misma línea, Marra advirtió que “es increíble que, a siete meses de asumir, la casta política se niegue a darnos las herramientas institucionales para poder gobernar según nuestros ideales y según eligió el pueblo el año pasado”.

“A quienes votaron ayer una ley que atenta nuevamente con el equilibrio fiscal: no vamos a repetir viejos errores, se acabó la joda de la maquinita de emitir billetes, no vamos a entregar el equilibrio económico ni vamos a hipotecar el futuro las próximas generaciones. Ustedes empujaron a que miles de personas emigren del país por temor a no poder progresar o hundirse en la pobreza, nosotros vamos a lograr que esas personas vuelvan a vivir sus sueños y progresar en Argentina”, sentenció el diputado.

La nueva ley de fórmula jubilatoria impulsada por el Kirchnerismo y el Radicalismo carece de realidad alguna y peca de hipotecar el futuro de los mas jóvenes ¿de dónde piensan sacar el dinero para financiar eso? Pareciera que aún no entienden que recibimos un país COMPLETAMENTE…

— Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) June 5, 2024

Como todos los miércoles, organizaciones de jubilados volvieron a congregarse por la tarde para protestar por la situación del sector. Pero en esta oportunidad había mayor concurrencia, atento a que a partir de las 16 se reuniría la Comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar los proyectos relacionados con la movilidad jubilatoria.

Hacia allí se dirigía el diputado nacional Nicolás Massot, cuando algunos militantes de esas organizaciones lo reconocieron y comenzaron a hostigarlo. En ese marco, el legislador logró ingresar al edificio Anexo de Diputados, no sin antes escuchar todo tipo de improperios y ser empujado por el grupo de personas que allí se encontraban.

El episodio mereció el repudio de sus pares. Miguel Pichetto, presidente del bloque de Massot, repudió “escrache y la agresión al diputado Nicolás Massot”, dijo, considerando “injustificable que esto pase en la puerta del Congreso, y reclamó: “Hay que afianzar la seguridad. Los autores del hecho tienen que ser identificados y detenidos”.

También desde el bloque Hacemos Coalición Federal, Florencio Randazzo advirtió que “la violencia nunca es el camino. Total apoyo a Nicolás Massot”.

En tanto que desde Unión por la Patria, Pablo Yedlin expresó también su repudio y agregó: “Podemos no compartir las soluciones en muchos temas pero su representación como Diputado debe ser respetada al igual que sus opiniones. No es este el camino. Manifestar si, escrachar no”.

Mi repudio a las agresiones que sufrió @Nicolas_Massot al ingreso al Congreso nacional. Podemos no compartir las soluciones en muchos temas pero su representación como Diputado debe ser respetada al igual que sus opiniones.
No es este el camino. Manifestar si, escrachar no. pic.twitter.com/WGoNZ0a337

— Pablo Yedlin (@pyedlin) May 8, 2024

Eso sí: no todos criticaron. Desde la izquierda, Nathalia González Seligra, exdiputada nacional, celebró el episodio: “Adónde vayan... Cómo a Massot, les va a pasar!! No podés vivir tranquilo cuando atacas a los jubilados y empobreces a quienes trabajaron toda su vida para rendirle cuentas al FMI y los grandes empresarios”.

En vísperas de una nueva reunión de la Comisión de Previsión Social de la Cámara baja, prevista para este martes a las 16, los diputados de Unión por la Patria insistieron este sábado en dictaminar y tratar la cuestión previsional en el recinto de manera “urgente”.

Así lo hicieron saber, al difundir a su vez la presentación de un proyecto de ley propio para mejorar las jubilaciones y pensiones.

Los legisladores de la principal oposición destacaron que mientras se estaba trabajando en la Cámara baja para construir una nueva fórmula, el Gobierno emitió un DNU que estableció una nueva fórmula para pagarles a los jubilados. “Atropellando una vez más las facultades del Congreso”, remarcaron los miembros de UP. En ese sentido sostienen que “con la nueva fórmula impuesta, el Gobierno quiere no solo ponerle un piso a las jubilaciones sino también un techo”.

Los diputados del bloque que conduce Germán Martínez advirtieron que, al ajustar las jubilaciones por inflación, “se busca mantener constante el poder adquisitivo de los haberes hasta perpetuidad en uno de los niveles más bajos de la historia”.

Al respecto resaltaron que la jubilación mínima acumula una caída del 16% desde noviembre y la jubilación media más del 20%. “Dos pesos de cada cinco de motosierra durante los primeros meses del año recayeron sobre nuestros jubilados y jubiladas”, detallaron.

A juicio de los diputados de UP, “el Gobierno quiere eternizar estas jubilaciones de miseria, dejando a nuestros abuelos y abuelas por fuera del ciclo económico: no importa si en algún momento el salario crece o la economía se recupera, ellos seguirán cobrando lo mismo de hoy”.

En ese marco es que presentaron un proyecto de ley para compensar la situación del sector previsional. A través de un comunicado, señalaron que “desde Unión por la Patria entendemos la necesidad del contexto de incluir un componente inflacionario en la fórmula para que los jubilados no sigan perdiendo poder de compra. Pero ese debe ser solo un piso”.

“A la vez, no podemos permitir que se consolide la pérdida de estos meses, ni tampoco que los jubilados queden por fuera de cualquier crecimiento posible en el futuro”, agregan.

El proyecto de UP incluye, en primer lugar, un aumento de única vez del 30% para todas las prestaciones de forma tal de compensar lo perdido en los últimos meses. La iniciativa establece que las jubilaciones se irán actualizando mensualmente por inflación a modo de adelanto de la fórmula trimestral que continuaría vigente. Es decir que en marzo, junio, septiembre y diciembre, se compararán los aumentos otorgados por inflación con lo que hubiera dado la fórmula jubilatoria (recaudación tributaria ANSeS y salarios). En caso de que la fórmula implique un aumento mayor, se otorgará la diferencia.

Según el proyecto que lleva las firmas de Germán Martínez, Ricardo Herrera, Constanza Alonso, Carlos Castagneto, Ramiro Fernández Patri, Itai Hagman, Carlos Heller, Gisela Marziotta, Cecilia Moreau, Sergio Palazzo, Paula Penacca, Ariel Rauschenberger, Julia Strada, Pablo Todero y Victoria Tolosa Paz, las asignaciones familiares también van a estar protegidas: tendrán incrementos mensuales por IPC a cuenta de la movilidad y un aumento garantizado cada 3 meses según la fórmula.

Por último, el proyecto de Unión por la Patria “prohíbe tajantemente el desdoblamiento del pago de jubilaciones”, tal como dispuso el Gobierno para el mes de abril.

En ese marco, desde UP consideran “factible y necesario que el próximo martes ya pueda dictaminarse para comenzar cuanto antes la recuperación de nuestros abuelos y abuelas”.

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En el marco de la reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino, enfatizó en relación a los jubilados que "nadie puede vivir con 230 o 240 mil pesos en Argentina, dejémonos de joder. No existe. ¿De qué estamos hablando? O con el reajuste de 40 mil pesos de este mes, mil pesos por día, no llegan a comprar medio yogur".

Invitado a exponer en el debate sobre fórmula de movilidad, el abogado especialista en derecho previsional apuntó: "El problema que vemos nosotros es que todo esto está en el marco de una catástrofe humanitaria. Los viejos como yo se mueren, no ahora, hace tres meses, no pueden comprar medicamentos, no pueden comer, no puede tener una habitación. Y no hay tiempo de la recomposición y vamos a ver...".

"De los 60 millones de específicos de farmacia que se vendían, hay 10 millones menos que se venden. ¿Y saben quién consume esto mayoritariamente? Los adultos mayores", sumó para luego observar que “no hay tal vez la suficiente conciencia, y ha sido naturalizado socialmente, de llegar a viejo".

En ese sentido, ahondó: "La biología, a los 65 años, nos da 20 o 25 años más de vida plena con calidad. Acá en esta enfermedad crónica que tiene el sistema, de la cual coparticipamos todos, a los 65 años nos aplican un rifle sanitario”.

En el cierre, Semino le agradeció a la diputada Alejandra Torres por haberlo invitado a participar, comentando que cuando lo hizo, le aclaró que tendría 10 minutos para hablar. “Me pareció muy razonable, muy razonable... Es proporcional a lo que le dura el haber a los jubilados todos los meses”, finalizó.

 

 

 

Hasta último momento no se sabía si funcionarios del Poder Ejecutivo iban a asistir este jueves a la reunión informativa de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, cuando finalmente, entre los primeros expositores, se hizo presente el titular de la ANSeS, Mariano de los Heros.

El funcionario defendió el cambio de la fórmula de movilidad por DNU y afirmó que "acá no nos estamos ahorrando nada". En ese sentido, precisó que los aumentos estipulados para abril, mayo y junio, antes que el cálculo comience a regir plenamente en julio por IPC, rondan alrededor de los 2 billones de pesos.

Si bien varios diputados se mostraron a favor, como contemplan la mayoría de los proyectos presentados, en que la fórmula contenga el índice de inflación, el cuestionamiento pasó por el "empalme" y el porcentaje tomado para la recomposición. Mientras desde un sector de la oposición insisten con que sea de un 20,6% -número de enero-, De los Heros defendió que se haya tomado un adicional de 12,5% como "la situación inflacionaria más cercana".

En el arranque de su exposición, el director Ejecutivo de la ANSeS mencionó que con la fórmula que se acaba de anular (votada en 2021 bajo el gobierno del Frente de Todos), el aumento para junio hubiese sido de 34,1%. "Con los adelantos que se van a dar durante este período, de abril, mayo y junio, como adelanto a la movilidad que va a entrar en pleno vigor a partir de julio, se va a estar otorgando a los jubilados un 63,1%. Este es el esfuerzo fiscal que hace el Gobierno al establecer esta nueva movilidad", señaló.

"La urgencia del DNU es justamente mejorar la situación de nuestra clase pasiva, con un costo fiscal que llega casi al billón novecientos mil pesos durante estos tres meses", detalló y defendió que "las decisiones políticas del Gobierno no exponen solamente una preocupación sobre la situación de nuestros jubilados, sino también la convicción de otorgarles fondos públicos que son escasos, para tratar de resolver parcialmente la situación desastrosa que dejó la ley de movilidad anterior".

Por otra parte, De los Heros aprovechó para cuestionar las jubilaciones por moratoria. "Una cuestión que quiero también poner sobre la mesa es la cantidad de jubilaciones mínimas que tenemos; siempre hay una tendencia de ver a los jubilados como titulares de jubilaciones mínimas y en realidad no debería ser así. ¿Por qué llegamos a esto? El 87% de todas las jubilaciones otorgadas con moratoria están en la mínima. Este achatamiento no es producto de la movilidad sino de las políticas adoptadas”.

"De las jubilaciones y pensiones 100% contributivas, que fueron adquiridas por los trabajadores con 30 o más años de aporte, solamente el 6% tiene jubilaciones mínimas", precisó y continuó: "Evidentemente este proceso de achatamiento de la pirámide, que tanto se habla, no es producto de la movilidad, es producto de ciertas políticas que se han adoptado desde 2005, otorgando moratorias que ponen en una situación de igualdad situaciones totalmente distintas".

El funcionario cuestionó que "hemos incorporado dentro de este universo a cinco millones de personas que no cumplieron con la ley previsional que establecía los 30 años de aporte".

Si bien indicó que en el mundo "no hay un consenso absoluto acerca de cuál es el mejor sistema previsional", algo que sí sucede es que "los regímenes previsionales son de largo plazo, no se los puede estar interviniendo, toqueteando o modificando permanentemente . Lamentablemente Argentina esta actitud no la ha mantenido".

Al recordar la ley de moratoria que está vigente, que permite comprar aportes no efectivamente realizados, informó que "en el caso de las mujeres el promedio de aportes efectivos es de cinco años, y en el caso de los hombres tienen nueve años de aportes efectivos".

"De 45.000 jubilaciones promedio que otorga el ANSeS, 30.000 corresponden a trabajadores que compran sus aportes por moratoria, sólo 15.000 son trabajadores que cumplen con los 30 años de aporte y la edad requerida", apuntó.

Finalmente, pidió "buscar un acuerdo y consenso para no caer en injusticias" ya que "la Corte ha dicho que el principio de igualdad es para situaciones iguales, y deja de ser igualdad cuando a situaciones diferentes se les da el mismo tratamiento".

Al momento de las preguntas de los legisladores, el radical Martín Tetaz remarcó que "el año pasado hubo 210% de inflación y las jubilaciones sacaron 110%", con lo cual perdieron 100 puntos. "Ustedes están congelando la diferencia que se generó entre la inflación y las jubilaciones hacia adelante. ¿Usted sacó la cuenta de cuánto tiene que ser la compensación para que los jubilados perciban de bolsillo la misma jubilación que percibían a principio de 2023?", consultó.

De los Heros insistió que con la fórmula anterior, los jubilados en abril y mayo iban a percibir 135 mi pesos y en junio 170 mil. "La diferencia que ya estamos obteniendo es del 34% al 63%", reiteró y expresó: "Acá no nos estamos ahorrando nada, sino que estamos poniendo casi dos mil millones de dólares en estos meses para mejorar la situación de los jubilados. Si dejáramos las cosas como estaban, las víctimas serían los jubilados".

Desde Unión por la Patria, Itaí Hagman cuestionó que "la recomposición del 12,5% está muy por debajo de la pérdida de estos últimos meses". "Lo que ustedes proponen es, en el nivel más bajo (desde 2002), congelar las jubilaciones, ponerles un piso y techo", observó y rechazó la "filosofía de que la movilidad es para mantener", lo que iría en contra de que los jubilados puedan en el futuro "participar de una mejora" de la economía. Además, el porteño le preguntó a De los Heros "de qué piensa que deberían vivir los 3,8 millones de personas" que se jubilaron por moratoria.

Sobre esto último, el titular de la ANSeS aseguró que "el Gobierno no tiene insensibilidad social, de hecho la movilidad social es una demostración de eso. Que haya situaciones de necesidad que generan derechos y programas de asistencia por parte del Estado, como la AUH, la PUAM y pensiones por discapacidad, están dentro de los regímenes de seguridad social, pero el sistema previsional es un subsistema de la seguridad social, no es todo lo mismo, ni está todo dedicado hacia lo mismo".

"No se le puede cargar el financiamiento a los trabajadores que pagaron los aportes, porque ahí está la injusticia. Se lo obliga indirectamente a financiar una situación asistencial, no previsional. La injusticia está en los mecanismos utilizados. El Gobierno está comprometido en asistir a todas las necesidades, pero utilizando los medios e instrumentos correctos, sin afectar los derechos de los demás", sostuvo.

La cordobesa Alejandra Torres consultó a De los Heros "por qué no hacemos el empalme con enero" y que explique el desdoblamiento del pago en abril. "La idea del Gobierno fue cubrir lo más cercano la situación inflacionaria", respondió y sobre el segundo tema dijo que "el problema es las fechas en que salieron los decretos" para las correspondientes liquidaciones.

La diputada de Hacemos Coalición Federal, esposa del extitular de la ANSeS, Osvaldo Giordano, indagó además respecto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que "tiene una importante cantidad de recursos y lamentablemente no se utiliza para pagar juicios, jubilaciones o transferencias a las cajas previsiones provinciales".

"El FGS fue modificado en su utilización por ley", recordó De los Heros y señaló que "se acordaron más de un billón y medio de pesos a créditos no solamente de pasivos, sino a titulares de sistemas asistenciales y trabajadores activos del SIPA y con tasas rondando el 48%". "Tiene que tener otra configuración, pero en eso deberían ponerse ustedes de acuerdo; tiene que estar destinado a los jubilados y pensionados", agregó.

Consultado por diversos temas, el funcionario afirmó que "no se han afectado de ninguna manera las prestaciones de los servicios que brindan la ANSeS con los despidos que se han realizado. La ANSeS sigue funcionando como funcionaba cuando esos agentes no estaban, eran ingresos recientes".

También aclaró que las jubilaciones otorgadas por moratoria "son derechos adquiridos y eso no se puede cambiar. El daño que se le provocó al sistema previsional ya está provocado"; al tiempo que "la reforma previsional que ustedes vayan a sacar tiene que durar 30 años", sugirió.

 

La Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados realizará este jueves, desde las 11, una reunión informativa a la que fueron convocados una treintena de especialistas, en el marco del debate de una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. 

La intención de la oposición es acelerar el debate en esta comisión para que el cálculo que se utiliza para actualizar los haberes previsionales (jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales) quede establecido por ley, más allá del DNU que emitió el Gobierno nacional. Tras ese objetivo, antes de Semana Santa, los asesores se reunieron para acercar posiciones sobre las 16 iniciativas que hay presentadas. 

Previamente, el pasado 21 de marzo, hubo una reunión de diputados en la que los autores explicaron sus proyectos. En esa jornada se cuestionó al libertario José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, por no haber convocado a un plenario. Espert, en nombre del oficialismo, no estaba de acuerdo con anticiparse a este debate antes del envío de la nueva ley de Bases. Sin embargo, el Ejecutivo avanzó por DNU. 

El decreto establece un esquema de aumentos para abril, mayo y junio, tomando el índice IPC (inflación) y distintas recomposiciones, mientras que la fórmula comenzará a regir plenamente a partir de julio. La oposición buscaba un porcentaje mayor de recomposición por la inflación de enero, que fue del 20,6%, pero el Gobierno contempló para abril un 12,5%.

La medida, además, provocó que para abril se prevea un pago en dos veces para los jubilados, cuestión que desde Unión por la Patria ya avisaron reclamarán en la reunión de este jueves. 

En diálogo con parlamentario.com, la presidenta de la comisión, la radical Gabriela Brouwer de Koning, aseguró que el consenso mayoritario es avanzar con un dictamen en la comisión, ya que “el DNU sigue manteniendo un deterioro en los haberes” de los jubilados. 

La de este jueves sería la única reunión informativa, y por el cronograma pautado se extenderá por alrededor de cinco horas. El listado incluye 27 invitados sin que figure -por el momento- un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo que no confirmó asistencia. 

Los expositores

1. Rafael Rofman: Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, magíster en Demografía Social de la Universidad Nacional de Luján y Ph.d en Demografía de la Universidad de California en Berkeley (Estados Unidos). Especialista líder en Protección Social para América Latina del Banco Mundial. Investigador, exvicepresidente de Nación AFJP, autor de numerosas publicaciones. 

2. Silvia Stang: Licenciada en Periodismo. Especialista en el área económica. Editora de Economía del Domingo y en La Nación. 

3. Eugenio Semino: Defensor de la Tercera Edad de la CABA. Presidente de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología. 

4. Nora Biaggio: Docente jubilada, dirigente nacional de Tribuna Docente y del Partido Obrero. Fue candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires en las listas del FIT Unidad. 

5. Marcos Wolman: Vicepresidente de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados de la República Argentina. 

6. Facundo Hernández: Defensor Adjunto de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación. 

7. Ismael Bermúdez: Economista. Periodista de Clarín desde 1983. Primer premio periodístico Mercosur-UBA en 1996. Konex en 1997 y Konex de Platino 2017 en Análisis Económico. Destacado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CABA 2017), por el Compromiso con los Adultos Mayores del Gobierno de la CABA (2009) y en 2021 de la Sociedad Iberoamericana de Gerontología. 

8. Andrés Cappa: Licenciado en Economía (UBA). Magíster en Economía Política Argentina (FLACSO). Especialista en sistema previsional y seguridad social del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP). Docente universitario.
9. Manuel Mera: Licenciado en Ciencia Política (Universidad Di Tella), magíster y doctor en Gobierno (Georgetown University). Profesor visitante en Universidad Di Tella y Universidad Nacional de San Martín. Director de Protección Social de CIPPEC. 

10. Miguel Fernández Pastor: Abogado especialista en seguridad social. Director jurídico de la ANSeS y director del Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. 

11. Néstor Pitrola: Diputado mandato cumplido y jubilado del gremio gráfico. Coordinadora sindical clasista y Plenario de trabajadores jubilados. 

12. Nuria Susmel: Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas. Licenciada en Economía (UBA). Master en Economía del CEMA. Especialista en temas de mercado de trabajo y seguridad social. 

13. Alejandro Guillermo Chiti: Abogado. Exsecretario de Seguridad Social y exdirector general de la ANSeS.

14. Sebastián Waisgrais: Economista. Especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina. 

15. Eduardo Santin: Profesor de la Maestría en Seguridad Social de ISALUD. Fue diputado nacional entre 1991/1995, 1997/2001 y 2011/2015, también fue diputado provincial de Buenos Aires entre 1987/1991 y presidente del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires entre 2019/2021.

16. Horacio Burgos: Secretario General del Sindicato de Trabajadores Pasivos. CTA Autónoma.

17. Federico Despoulis: Abogado. Docente de la UBA. Especialista en seguridad social. Vicepresidente de la Asociación de Abogados previsionalistas.

18. María Susana Bossa: Abogada y procuradora litigante. Diplomada en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (UNC), diplomada en Derecho Previsional (UBA).

19. Jorge García Rapp: Abogado (UBA), especialista en Derecho del Trabajo, Seguridad Social y sistemas previsionales. Es docente universitario en grado y posgrado. 

20. Pablo Martín Anino: Licenciado en Economía con maestría en Historia Económica. Docente universitario. Columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.

21. Liliana Lagomarsino: Licenciada en Desarrollo Social y Humanismo (UBA). Ex gerente previsional de la ANSeS.
22. Inés Halm: Asesora técnica legislativa en seguridad y previsión social. Ocupó diferentes responsabilidades en el Poder Ejecutivo de la Nación y en ANSeS. Miembro del Observatorio Federal de la Seguridad Social. 

23. Javier Couly: Abogado especialista en previsión social. Maestrando en Derecho de la Vejez (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba). Asesor legislativo en el bloque UCR de la Cámara de Diputados de La Pampa y profesional independiente.

24. Carlos Martínez: Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y magíster en Diseño y Gestión de Programas Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

25. Ana María Tapia: Jubilados Insurgentes 

26. Christian González D'Alessandro: Abogado previsionalista, periodista especializado en personas mayores. Magíster y docente.

27. Javier Okseniuk: Licenciado en Economía (UBA) y realizó una maestría en la Universidad Torcuato Di Tella. Fue gerente de Planificación en el Banco Provincia y director en el Banco Nación; trabajó como consultor económico en KPMG y como director de LCG; es director ejecutivo de la Fundación Argentina Porvenir. 

28. Emilia Eugenia Roca: Licenciada en Economía Política (UBA). Ex subsecretaria de Políticas de Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Postgrado en Dirección y Gestión de los Sistemas Seguridad Social Universidad Alcalá. 

Tras la decisión del Gobierno nacional de modificar la fórmula de movilidad jubilatoria por DNU, diputados de diferentes bloques se refirieron al tema, que había comenzado a discutirse la semana pasada en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja.

Uno de los mensajes en las redes sociales este lunes fue de Margarita Stolbizer (HCF), quien cuestionó el cambio por decreto y enfatizó que debe hacerse por ley. "Sin instituciones no hay Democracia. Sin Democracia ni Derechos ni Desarrollo. Los jubilados siguen perdiendo y son víctimas de nuevas mentiras. El DNU 274 de hoy establece que la actualización por inflación será recién en los haberes de julio", escribió.

La bonaerense cuestionó que "la compensación porcentual que fija para abril los sigue dejando afuera de los índices de precios de los meses anteriores. Y los aumentos adelantados serán descontados en junio. Pura trampa". "El Congreso debe establecer POR LEY la fórmula de actualización de jubilaciones y pensiones", afirmó.

Por su parte, la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) opinó que "la reforma de la fórmula jubilatoria resulta insuficiente frente al impacto de la inflación, que erosiona mes a mes el poder adquisitivo de los jubilados".

"Además, las bonificaciones solo benefician a quienes perciben las jubilaciones mínimas, dejando a muchos jubilados con recursos escasos", aclaró y aseguró: "Continuaremos reclamando para que los jubilados no sean el único sector afectado por una economía que necesita mejorar su funcionamiento y adoptar medidas efectivas para resolver los problemas reales".

El diputado Nicolás Del Caño (FIT) cuestionó que "por decreto Milei y Caputo vuelven a congelar en abril las jubilaciones mínimas que perciben 5 millones de adultos mayores. Volverán a cobrar 204.000 pesos. Ratifican el brutal ajuste a los que trabajaron toda su vida. El déficit cero es con el hambre de los jubilados".

"El cinismo del Gobierno no tiene límites. Quieren presentar otra puñalada a 5 millones de jubilados como una buena noticia. Otra vez congelan la jubilación mínima y lo 'venden' como un aumento. Ya en 3 meses de Milei los haberes perdieron 20% en términos reales", sumó.

En tanto, el diputado Esteban Paulón (PS) criticó que "los jubilados y jubiladas siguen pagando los platos rotos. Salió el DNU con la nueva fórmula de movilidad jubilatoria del Gobierno nacional y se consolida la pérdida de poder adquisitivo de las prestaciones".

"Se desmiente el argumento de que el Congreso le impedía al Presidente hacer algo con las jubilaciones. Pudo hacerlo por DNU antes (y evitar la licuación). Ajustan mensualmente a partir de julio en base a inflación de mayo (justo cuando el Gobierno nacional pronostica que irá a la baja)", advirtió.

Además, el santafesino observó que "el 'empalme' en abril de 12,5% consolida el manotazo a las jubilaciones. En un período con un estimado de 88% inflación acumulada (diciembre 23/marzo 24) ni nos vimos. Los aumentos de mayo a julio son 'a cuenta', por lo que tendrán efecto neutro, para que siga la licuadora".

"Por último, ¿cómo se determinan o calculan esos aumentos 'a cuenta'? ¿De dónde salen los datos de junio? ¿Se refiere al bono? Poca claridad en varios aspectos que deben ser aclarados con urgencia", reclamó.

Al contrario de la oposición, el diputado Gabriel Bornoroni (LLA) consideró que "el cambio en la fórmula de las jubilaciones es una GRAN NOTICIA". "Los haberes de los jubilados se van a actualizar por inflación. Es una reparación histórica para quienes aportaron toda su vida. El gobierno de @JMilei tiene a los jubilados como una prioridad", expresó el oficialista.

Luego que el Gobierno oficializara el cambio en la fórmula jubilatoria por DNU, el vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo que "esta nueva fórmula es absolutamente coyuntural y apelamos nuevamente a que la política esté a la altura y que en el Pacto de Mayo podamos tener ya discutida una reforma previsional, mucho más integral, como también una reforma laboral que haga que el sistema previsional sea mucho más sustentable".

Consultado en conferencia de prensa sobre la discusión que la oposición impulsa en la Cámara de Diputados sobre distintos proyectos presentados, el funcionario afirmó que aceptarán "todas las recomendaciones" que sean "en pos de transformar el sistema en un sistema sostenible en el tiempo".

"Si gustan proponer una fórmula que no sea el desastre que hicieron con la fórmula anterior, bienvenido sea. En tal caso lo analizaremos. En la fórmula anterior no tuvieron en cuenta una variable fundamental, que era la de la inflación", expresó.

Adorni pidió que "dejen de proponer cosas que atenten contra los jubilados y el equilibrio de las cuentas públicas" o de "andar proponiendo cosas que suenan muy lindo". "Hay un discurso populista que está muy instalado en un sector de la política", cuestionó y consideró que si se plantea una nueva fórmula, ésta debe "ser con razonabilidad, que permita que el sistema sea sostenible en el tiempo y no estafe al jubilado".

El vocero explicó que "desde el mes de abril los jubilados van a cobrar los aumentos mensuales ajustados por el IPC", pero que "efectivamente en julio empieza a regir de manera plena esta fórmula".

En ese sentido, indicó que en abril los haberes se ajustarán por la inflación de febrero (13,2%), con un adicional de 12,5% de recomposición y un bono de 70 mil pesos. "Va a ser una recomposición del 62%", resaltó. Y defendió que "esto cambia radicalmente lo que iba a pasar con los haberes si no se cambiaba la fórmula; en abril y en mayo el aumento a los jubilados iba a ser 0%".

Al responder a las críticas del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien opinó que el cambio de fórmula "es un atraco a los jubilados", Adorni recordó que en los últimos 19 o 20 meses se dieron bonos "compensando la fórmula que su espacio político horrorosamente creó y viene estafando al jubilado".

"La primera gran licuación que se le hizo al jubilado fue jubilar a 4 millones de personas sin aportes. Hoy el sistema tiene más aportantes en moratoria sin aportes completos que los que aportaron toda su vida. Los grandes responsables de haber devastado el sistema jubilatorio son ellos. Apelo a que recupere el sano juicio en el tema previsional", completó.

El Poder Ejecutivo oficializó este lunes el decreto de necesidad y urgencia 274/24, por medio del cual modificó la fórmula de movilidad jubilatoria. La norma establece un cronograma de transición de tres meses, contemplando el índice IPC, pero el cálculo comenzará a regir plenamente en julio.

El jueves pasado, mientras la oposición arrancaba en la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados con el debate de los distintos proyectos de ley, sin la conformidad del oficialismo, que quería esperar a la nueva ley de Bases, el Gobierno decidió avanzar por decreto con el cambio.

"Esperar la cadencia habitual del trámite legislativo en el H. Congreso de la Nación, importa un perjuicio grave en el poder adquisitivo de los adultos mayores; es del caso recurrir al remedio constitucional establecido en el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional", argumentó el Ejecutivo sobre el uso del DNU.

En los considerandos, el Gobierno señaló que "la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones como consecuencia del flagelo de la inflación y la vigencia de una fórmula de actualización de los haberes deficiente e injusta constituyen un problema ineludible y urgente que no puede ser postergado".

"La gravedad de la crisis que enfrentan los adultos mayores hace que ellos no puedan aguardar hasta el mes de junio del corriente año para ver incrementados sus haberes", agregó.

Con la nueva fórmula, los haberes se actualizarán mensualmente de acuerdo con las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el INDEC.
El DNU establece que la primera actualización "se hará efectiva a partir de las prestaciones previsionales correspondientes al mes de julio de 2024".

"A los fines de la transición, para la determinación de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024, resultará aplicable la fórmula vigente a la fecha de dictado del presente", detalla.
En tanto, en abril habrá un incremento de 12,5% "sobre los haberes prestacionales correspondientes al mes de marzo de 2024" y "un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio de 2024".

Mientras que en mayo se otorgará "un adelanto de la movilidad correspondiente al mes de junio" y en junio un incremento calculado conforme a la nueva fórmula.

Estos incrementos "serán a cuenta de la movilidad a pagar en junio de 2024 conforme el índice que se obtendrá de acuerdo a la fórmula de movilidad vigente a la fecha del dictado del presente", precisa el artículo 5.

Asimismo, indica que "una vez obtenido el porcentaje que surja de esta, se descontarán los puntos porcentuales de los incrementos acumulados que la persona beneficiaria hubiera percibido. En caso de que estos superen el aumento calculado según la fórmula (...), no se descontará la diferencia, la que se considerará incorporada al haber. Si fueran menores a dicho aumento, se abonará la diferencia resultante".

Sobre la fórmula que regía desde 2021, que combinaba RIPTE y recaudación de la ANSeS, sancionada durante el gobierno anterior, el Ejecutivo aseguró que "no cubre suficiente ni razonablemente el riesgo inflacionario que afecta los beneficios de los adultos mayores, pues no tiene en cuenta la variación de los precios; presenta un gran desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes; se basa en datos que no son de fácil acceso para el público, lo que dificulta su control por parte de la ciudadanía; y supedita el resultado de la movilidad al éxito que tenga el Estado con la recaudación impositiva, cuya volatilidad e incertidumbre atentan contra la estabilidad y la previsibilidad que se espera de una fórmula de movilidad jubilatoria".

 

 

Finalmente se oficializó este sábado el aumento por decreto otorgado a los jubilados y pensionados. Lo hizo a través de un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, donde se informa que, debido a “la imposibilidad de resolver el problema de los haberes jubilatorios mediante el tratamiento legislativo ordinario con la celeridad que el asunto requiere, y frente a la licuación ocasionada por la fórmula previsional sancionada por la anterior administración, el presidente de la Nación ha decidido firmar un decreto de necesidad y urgencia para establecer una nueva fórmula jubilatoria y solucionar el problema de una vez y de manera definitiva”.

Según lo anunciado, desde el mes de abril los jubilados argentinos cobrarán con aumentos mensuales de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor, sumado a un incremento adicional único del 12,5% para ese mes, en concepto de reparación por el daño ocasionado por la fórmula previsional del Gobierno anterior”.

Se indica que el “compromiso” del Gobierno Nacional es “ejecutar una reforma previsional integral que le otorgue sustentabilidad al sistema e introduzca mecanismos de ahorro privado”. Se habla en ese sentido que esa reforma deberá ser “trabajada en conjunto con una reforma laboral” dado que “ambas cuestiones se encuentran interrelacionadas”.

El comunicado finaliza destacando el deseo de que esos temas puedan ser abordados de cara al Pacto de Mayo anunciado el pasado 1° de marzo por el presidente de la Nación.

La medida adoptada por el Gobierno había sido adelantada durante la semana, justo el día en el que se activó la Comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara baja, que preside la radical Gabriela Brouwer de Koning, convocada para analizar los proyectos para armar una nueva fórmula jubilatoria. En esa reunión celebrada el miércoles pasado, no participó en plenario la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Según se admitió ese mismo día, el titular de esa comisión, José Luis Espert, prefería no avanzar con ese tema desacoplado con el Gobierno Nacional.

Tengamos en cuenta que la creación de una nueva fórmula jubilatoria figuraba en el borrador de la ley de Bases que volverá a tratar la Cámara baja. El tema figura en el Título V del proyecto, donde se consigna un ajuste mensual por IPC a partir de abril, más 10 puntos porcentuales de recomposición. Había trascendido la semana pasada que la cuestión podría ser saldada por la vía del decreto, pero eso fue desmentido oportunamente por el vocero presidencial y el propio presidente de la Nación.

La alternativa de un DNU para zanjar la situación siempre tuvo sus ventajas. Por un lado, aceleraría los tiempos para que los jubilados no siguieran perdiendo con la inflación. Por otro, quitaría del debate de la ley de Bases un tema ríspido como era la cuestión jubilatoria, donde resultaba tan difícil ponerse de acuerdo con el tema del “empalme”. Desde la Coalición Cívica, recordemos, se pedía un porcentaje de 20,6%.

Originalmente trascendió que el Gobierno analizaba una compensación de entre el 12 y el 14%. Al final fue del valor inferior. La pregunta ahora es cómo seguirá el debate.

Ni bien trascendió que habría un decreto, el bloque de diputados radicales expresó su apoyo a la actualización por IPC, pero insistió en una mayor compensación por el empalme. “Más allá de que entendemos que la vía parlamentaria es el camino indicado, consideramos acertada la decisión del Gobierno Nacional de avanzar con una medida que busque recomponer los haberes jubilatorios, que se vieron seriamente castigados por la inflación”, señaló el bloque que conduce Rodrigo de Loredo.

Agregó que “la decisión del radicalismo de impulsar la constitución de la Comisión de Previsión y Seguridad Social en la Cámara baja y de avanzar con la discusión parlamentaria para establecer un nuevo mecanismo de actualización de los haberes jubilatorios, fue decisivo para que el Gobierno tomara una decisión que, de manera correcta, toma en cuenta el índice de precios al consumidor como mecanismo para determinar los aumentos”.

“Al mismo tiempo, insistimos con la necesidad de que el empalme con la nueva fórmula de ninguna manera puede significar la consolidación de una pérdida del poder adquisitivo de los jubilados, dejándose fuera del cálculo el mes de enero, que fue el de mayor inflación”, cerró el bloque radical de Diputados.

También se pronunció el diputado Maximiliano Ferraro, muy activo las últimas semanas en esta cuestión, quien precisamente resaltó que “hemos hecho un gran esfuerzo para visibilizar la situación que atraviesan los jubilados y priorizar en la agenda política la necesidad de una nueva fórmula de movilidad. Valió la pena, con el DNU estamos frente a un avance”.

“El Gobierno no pudo seguir evadiendo la realidad ni dilatando una solución frente a la urgencia del miles de jubilados que seguían perdiendo contra la inflación”, agregó el diputado, que anticipó que “vamos a aguardar el texto del decreto para analizarlo, seguiremos trabajando en el congreso para consolidar una fórmula y si es necesario, aumentar el porcentaje de recomposición de las jubilaciones”.

Conocido el comunicado de la Oficina del Presidente este sábado, el diputado Martín Tetaz salió al cruce a través de la red social X: “No sean mentirosos; la demora en el tratamiento legislativo de la nueva fórmula es 100% responsabilidad de este gobierno que constituyó tarde la Comisión de Previsional y no convoca a Presupuesto para discutir las fórmulas presentadas por la oposición”.

Y concluyó: “Nosotros comprometemos públicamente nuestro voto positivo para que las jubilaciones se fijen en UVAs desde diciembre 2023”.

Por su parte, la legisladora porteña Graciela Ocaña no recibió de buen grado la noticia, que calificó como “mala”. “Otra vez pierden los jubilados”, concluyó.

“Habrá que leer la letra chica, pero de lo que informan, podemos precisar que en el empalme entre las fórmulas se ‘olvidan’ de compensar las inflaciones de diciembre y enero. La fórmula del presidente sigue ajustando a los jubilados y ante la posibilidad que el Congreso tomara una fórmula que reconociera el total de la inflación de este año, decidió acelerar y sacar ilegalmente un DNU”, señaló Ocaña.

En medio de diferencias entre la oposición y el oficialismo sobre los tiempos para tratar la apremiante situación de los jubilados, castigados particularmente por la inflación, fue convocada este jueves la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados. El encuentro será a las 11 y en el mismo tomaría la posta como presidenta la cordobesa radical Gabriela Brouwer de Koning. 

La semana pasada fracasó una sesión pedida por Hacemos Coalición Federal, que buscaba acelerar los tiempos de esta discusión, pendiente desde el fracaso de la ley ómnibus en el verano. La idea era emplazar con día y hora a las comisiones, pero no se reunió quórum en el recinto. 

Posteriormente, el oficialismo habilitó la conformación de la Comisión de Previsión, cabecera de los proyectos presentados. Durante el encuentro, por cuestiones administrativas que no se previeron adecuadamente, asumió Karina Banfi de forma provisoria. El ofrecimiento a la UCR por parte de La Libertad Avanza para presidir la comisión se dio entre el final de la sesión en minoría y el comienzo de esa reunión. 

Durante el encuentro, varios diputados reclamaron establecer un cronograma de tratamiento, entre ellos lo hicieron con énfasis miembros de la Coalición Cívica. Allí se pidió ir prontamente a un plenario con Presupuesto y Hacienda, comisión presidida por el oficialista José Luis Espert. 

No se puede postergar más la respuesta ante la difícil situación que viven los jubilados argentinos.

Es misión del Congreso definir una nueva fórmula que asegure el derecho constitucional de movilidad de los aportes y que enfrente la presión inflacionaria. Por eso acabamos de…

— Gabriela Brouwer de Koning (@GabrielaBrouwer) March 19, 2024

Sin embargo, para este jueves fue solamente convocada Previsión y Seguridad Social. Esto tiene que ver con la postura, tanto de Espert como del resto de La Libertad Avanza, de no anticiparse al debate antes que sea enviada por parte del Poder Ejecutivo la nueva ley de Bases, cuyo borrador conocido en los últimos días contiene una propuesta al respecto. Y esto pasaría recién después de Semana Santa. 

De acuerdo a ese texto, que circuló entre jefes de bloques dialoguistas y gobernadores, el Gobierno propone que los haberes previsionales se actualicen mensualmente por inflación y que la primera actualización “se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024”. Pero, a diferencia de lo que plantean diputados de la oposición, que buscan que se compense la inflación de enero (20,6%), el oficialismo estima un 10% de plus. 

En ese aspecto radica la mayor discrepancia, y de hecho el tema fue parte de las inquietudes que todos los visitantes a Casa Rosada -Pro, UCR y HCF- le transmitieron al ministro del Interior, Guillermo Francos. 

Entre las iniciativas para modificar la actual fórmula, hay presentadas por Juan Manuel López (CC-ARI), María Eugenia Vidal (Pro), Gisela Marziotta (UP), Pedro Galimberti (UCR), Alejandra Torres (HCF), Danya Tavela (UCR) y María Sotolano (Pro).

Este martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, negó que el Gobierno vaya a implementar una nueva fórmula de movilidad por decreto, porque es algo que debe debatirse en el Congreso. Sin embargo, la idea original de la ley de Bases -de diciembre- era suspender el esquema actual y dar aumentos discrecionales desde el Ejecutivo hasta tanto se sancione un nuevo cálculo. De hecho, fue lo que en 2020 hizo Alberto Fernández, hasta que en 2021 se aprobó la nueva fórmula, que combina el índice RIPTE y la recaudación para actualizar los haberes, hoy cuestionada por la pérdida que resultó en el poder adquisitivo de los jubilados ante la altísima inflación del último año.

 

El tema de la movilidad jubilatoria sigue muy presente en el Congreso de la Nación. Tras el debate llevado adelante estos días en el recinto y una comisión de Diputados, el tema llegó al Senado de la mano del senador nacional Martín Lousteau, quien presentó una moción de preferencia para abordar dos expedientes que hay sobre el tema.

El senador por CABA recogió expresiones que poco antes había hecho la chubutense Edith Terenzi, quien en el marco de una cuestión de privilegio presentada contra el presidente Javier Milei por sus dichos y actitudes respecto del gobernador Ignacio Torres, había advertido que el mandatario pasa mucho tiempo en las redes.

Dijo también Terenzi que probablemente le importara poco lo que ella decía, y Lousteau recogió esa expresión para agregar que “hay otras cosas que le importan poco”. Por ejemplo la situación de los jubilados, acotó el senador, que propuso dar preferencia a dos proyectos relacionados con la actualización del sistema de jubilaciones y pensiones.

“Hasta ahora los jubilados con la fórmula existente y en función de la inflación que incremento el actual Gobierno, han perdido 1 de cada 4 pesos de poder adquisitivo”, detalló el senador porteño, que agregó: “No solo eso, además anda circulando una modificación a la actualización que justo cuando va a beneficiar  a los jubilados se la quiere cambiar, robándole un trimestre entero de ajuste, de tres meses de alta inflación”.

Lousteau continuó señalando que, además, “el presidente en una entrevista dijo que no había que ocuparse de los jubilados, porque solamente había 15% de pobreza entre los jubilados. Me parece justamente, dada esa tesitura del Gobierno Nacional, para abordar estos proyectos de ley que han sido presentados, se integren las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Comunicación y Cultura, que junto a Presupuesto pueden dar pronto despacho a estos temas”.

Esos temas incluían un tercer pedido de preferencia, referido al financiamiento de universidades nacionales. “Hoy la UBA no abrió sus puertas y centenares de miles de estudiantes no pueden ingresar a estudiar, porque los gastos de funcionamiento de las universidades quedaron congelados con el presupuesto del año anterior”, apuntó Lousteau, que habló de una caída del 70% en valores reales. “Están transfiriendo menos nominalmente que el año pasado”, concluyó.

En la sesión de hoy pedí una moción de preferencia para poder tratar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y garantizar el financiamiento del sistema educativo.
El presidente @jmilei le está haciendo pagar gran parte del ajuste brutal a los jubilados y las universidades.… pic.twitter.com/uFgEatxhZd

— Martín Lousteau (@GugaLusto) March 14, 2024

La vicepresidenta tercera de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y diputada de Confianza Pública (CP), Graciela Ocaña, se cruzó con dureza con la de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina, Diana Mondino, por sus dichos acerca de los créditos a los adultos mayores.

El enfrentamiento entre ambas se dio después de que la legisladora compartiera en sus redes un video de la participación de Mondino en el ciclo conducido por Mirtha Legrand. “Todo el mundo se fija que hubo un intermediario a un precio realmente exhorbitante pero lo que no estamos diciendo es que era obligatorio tomar a Banco Nación como aseguradora. Con lo cual, como era obligatorio, Nación Seguros podía poner un precio que, supongamos, era razonable, pero ¿para qué querías un intermediario? Eso es lo que hace muy difícil. Hubo organizaciones muy grandes como ANSES, como la Policía, que pueden tener lo que se llama autoseguro, no necesitan pagar ningún seguro, ni caro, barato, privado o público”, se la escucha decir a la funcionaria.

“Ya por definición todos algún día nos vamos a morir y si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años, es casi seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo todo este tipo de cosas?”, agregó.

Atenta a sus declaraciones, Ocaña salió a repudiarla en las redes sociales. “¿Qué tienen los libertarios contra las personas mayores? ¿Por qué la discriminación constante? ¿Quiere que le cuente en qué gastan los Jubilados los créditos en este país? ¡En remedios y comida! Porque ustedes siguen pagando las mismas jubilaciones de hambre que establecieron los Fernández y Massa”, afirmó.

“¿Pero eso no le basta? Ahora también les parece mal darles créditos, porque ‘se van a morir’. Señora. Mondino, usted es adulta mayor, piense que como usted trata a las personas mayores, la van a tratar a usted. Espero que se retracte, porque sus dichos son repudiables y violan todas las normas y convenciones internacionales que Argentina ha firmado. Tenga respeto”, agregó.

Molesta por las declaraciones de la líder de CP, Mondino se defendió: “descarada y maliciosamente sacado de contexto. Lo que cuestiono son los seguros intermediadiados por el broker amigo de Alberto, donde las cifras manejadas en ese negociado están en las docenas de miles de millones de pesos”, lanzó con dureza.

No obstante, Ocaaña dio por cerrado el tema al asegurarle que “todos escuchamos lo mismo. No se justifique y pida disculpas, los adultos mayores merecen respeto y usted misma lo merece” e indicó que “es inaceptable el robo que cometieron los Fernández con el ANSES, como son inaceptables sus palabras respecto de las personas mayores. Máximo, dichas como invitada a la mesa de una persona de más de 90 años, que le muestra que los adultos mayores tienen proyectos, que tienen ideas, que están vivos”.

“Tenga respeto por los jubilados, que ya bastante mal le han hecho los Fernández y Massa con el pago de sus magras jubilaciones, que le recuerdo hoy su Gobierno sigue manteniendo sin recomponer”, completó.

En el arranque del período ordinario, el bloque Hacemos Coalición Federal en la Cámara de Diputados, presidido por Miguel Pichetto, decidió poner sobre la mesa un tema de altísimo interés social, con el pedido de una sesión especial para debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. 

La bancada, catalogada dentro de los “dialoguistas” durante el tratamiento de la ley de Bases, pidió una sesión para el próximo miércoles 13 de marzo a las 12, con un único proyecto en el temario: el presentado por los legisladores de la Coalición Cívica -integrantes del bloque- que propone actualizar los haberes previsionales mensualmente por inflación. 

“La idea nuestra es tratar de marcar agenda política, de marcar la cancha con un tema que el Gobierno trata de invisibilizar”, aseguró a este medio uno de los miembros de HCF que participó este martes de una reunión con sus pares, tras la cual se conoció la solicitud que lleva las firmas de Emilio Monzó, Nicolás Massot, Juan Manuel López, Ricardo López Murphy y Margarita Stolbizer, entre otros. 

Cabe resaltar que el proyecto no cuenta con dictamen de comisión, por lo cual se requieren dos tercios de los votos para habilitarlo dentro del recinto, un trámite que no resultará sencillo sin acuerdos previos. No obstante, la intención es adelantarse al oficialismo, cuando todavía no se sabe de qué manera el Poder Ejecutivo reflotará la ley ómnibus. 

Pero, además, HCF tiene 23 integrantes y el quórum se alcanza con 129 legisladores sentados en sus bancas. Sin embargo, fuentes del bloque afirmaron a parlamentario.com que el pedido de sesión decidieron hacerlo sin que haya habido conversaciones previas con Unión por la Patria, la bancada que más número podría aportar. Y tampoco esperaron a acordar con la Unión Cívica Radical para que adhieran a la solicitud. 

Desde el bloque presidido por Pichetto está la sospecha de que el tema “el Gobierno lo va a volver a esconder en la ley ómnibus”. En el verano, durante el tratamiento del proyecto oficialista, que proponía suspender la actual fórmula sancionada durante el gobierno del Frente de Todos, el tema quedó afuera al retirarse el capítulo fiscal. La Coalición Cívica ya había advertido que buscaría dar la discusión durante la votación en particular, pero antes que eso llegara a suceder se dio el fracaso del texto. 

Al ser consultado sobre si bajarían el pedido de sesión en caso que La Libertad Avanza abra un camino de diálogo para avanzar sobre el tema en comisiones, un diputado de HCF expresó: “Si nos llaman y nos dan una demostración lógica y cabal, vamos a dialogar. Pero los jubilados no pueden esperar”. 

Además, según supo este medio, en un primer momento se evaluó la posibilidad de incorporar a la sesión el tema del Fondo Nacional de Incentivo Docente, donde hay presión de otros bloques de la oposición, entre ellos UP. Sin embargo, finalmente acordaron comenzar por “una causa que abarca a toda la sociedad” y “no mezclar los temas”. 

El proyecto de los “lilitos” propone que las jubilaciones se actualizarán mensualmente conforme la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado y publicado por el INDEC. “La primera actualización que tenga lugar deberá ser complementada con un aumento generalizado de las prestaciones del 20,60%”, establece, en referencia al número de inflación de enero. Además, dispone que “la primera actualización sobre la base de la movilidad se hará efectiva a partir del 1° de abril de 2024”. 

 

Tras la decisión oficial de modificar el proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el diputado nacional Maximiliano Ferraro publicó en su cuenta de X un posteo titulado “Cada día cuenta” y puntualizó que “los jubilados pierden cada vez más sus ingresos contra la inflación. Desde la Coalición Cívica tenemos una propuesta de fórmula para debatir, trabajar y dejar atrás la brutal injusticia que viven”.

“Mientras tanto, el ministro de Economía debe compensarlos de manera urgente y protegerlos”, enfatizó.

Este mensaje se suma a otro del propio Ferraro, que ya había pedido “respetar” y “cuidar” los ingresos de los jubilados. Allí decía que “quienes trabajaron y aportaron con sus impuestos durante toda su vida, no pueden ser descartados, ni ser la moneda de cambio frente al ajuste. No podemos permitir que el sector más vulnerable de la sociedad siga perdiendo contra la inflación desbocada que dejó el kirchnerismo”.

“La propuesta del oficialismo plantea un ajuste sobre sus ingresos que será muy difícil de recomponer. Por ello, proponemos actualizar los haberes jubilatorios en relación a la inflación mensual publicada por el INDEC. También, realizar junto con el primer aumento, una compensación general de las prestaciones para que alcancen el valor real que tenían en Diciembre de 2023. Rechazamos poner en remate el Fondo de Garantía de Sustentabilidad ya que liquidar esos activos hará más deficitario el sistema previsional”, agregó entonces.

La vicepresidenta del bloque radical en Diputados, Karina Banfi, se refirió a las negociaciones que su bloque lleva adelante con el oficialismo por el proyecto de ley ómnibus y afirmó: “Nosotros queremos avanzar con una construcción mayoritaria en algunos aspectos, pero no darle un cheque en blanco al gobierno. Nosotros no vamos a acompañar que los jubilados sean quienes hagan el ajuste de aquello que necesita hoy el Gobierno nacional para equilibrar la economía”. 

En declaraciones radiales, la legisladora apuntó sobre el tema de las emergencias y señaló que “si tenemos que entregar algunas facultades propias del Congreso, porque eso ayuda a determinada seguridad o toma de decisiones del Poder Ejecutivo, porque está al frente de este barco que tiene que llevarlo a buen puerto, lo que queremos es alguna garantía en cómo no se van a afectar a sectores estratégicos productivos en la Argentina que dan mucho trabajo y, por sobre todas las cosas, a los jubilados”.

Sobre este sector de la población, indicó que hoy están en “extrema vulnerabilidad, porque la verdad si uno ve cuál es con el nivel de inflación que tenemos, y cuál es el ingreso que tienen las jubilaciones mínimas, que son el grupo mayoritario del sistema jubilatorio argentino, no podemos decir que eso va bien”. 

Parte de la oposición “dialoguista” que está dispuesta a colaborar para que el oficialismo logre la media sanción de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, Banfi remarcó: "Nosotros vamos a focalizar en lo urgente, tenemos clarísimo dónde está lo urgente, también tenemos clarísimo qué cosas pueden esperar en el contexto que nos están proponiendo”. 

“El gran desafío que tiene el Gobierno es si decide ser pragmático o elige la intransigencia, y ahí vamos a ver el carácter con el cual va a llevar adelante el gobierno Javier Milei. Muchas veces esa intransigencia puede perder, sobre todas las cosas, la capacidad de diálogo que tiene que tener un gobierno con todos los sectores para conseguir que sean acompañadas sus ideas", advirtió. 

Y continuó: “Nosotros no vamos a rechazar todo, porque concebimos que hay cosas que son importantes, que son propias de nuestra agenda, porque queremos que la sociedad tenga una propuesta alternativa. No es a todo o nada. Cuando se llega al Congreso, para conseguir una mayoría, cuando vos tenés principalmente el sector del oficialismo con 38 diputados, que es una clara minoría, y después otro bloque, que tenemos además una sintonía de trabajo conjunto, que también logran un número importante, pero no logran una mayoría, lo único que tenés, o podés llegar a tener todos son tres dictámenes”.

“Va a ser muy difícil que podamos ponernos de acuerdo, y simplemente le estás dando al grupo mayoritario (por Unión por la Patria) la posibilidad que te rechace todo. Creo que esta no es la posición que nosotros queremos llevar, tampoco estamos obstaculizando, lo que sí queremos es tener una conversación clara, y entender quiénes deben hacer hoy el ajuste, o en dónde”, completó. 

 

En el marco de su sprint final de campaña, el precandidato presidencial Sergio Massa matiza actos públicos con entrevistas periodísticas. Y en todos los casos, no deja de pegarle a la oposición.

Este martes  por la noche, luego del acto que protagonizó en el estado Arena de Malvinas Argentinas con la CGT y luego pasar por el Gran Rex para acompañar el cierre de campaña de Leandro Santoro en la Ciudad, estuvo en C5N, donde en un pasaje fue interrogado en torno a la situación de los jubilados, quienes son -le dijeron- “los que más pierden”.

“Primero, cada vez que perdieron contra la inflación, tomamos recursos del Tesoro, y les pusimos un bono arriba -aclaró el ministro de Economía-. De hecho hoy están todos los jubilados de menores ingresos con un sobreingreso por arriba de la fórmula jubilatoria, que es un bono que financiamos desde el Tesoro nacional”.

Agregó el precandidato de Unión por la Patria que “el jueves vence la fórmula y seguramente a la aplicación de la fórmula le mantengamos algún nivel de ingreso adicional para que no pierdan contra la inflación”.

Y a continuación se preguntó cuál es el camino para solucionar la situación de los jubilados. “No es ni recortar el bono, como plantea la  oposición, ni recortar la canasta de medicamentos, que es casi el 20% del ingreso del jubilado”, aclaró. “Sino sostener la fórmula; mejorar la recaudación, que es la que alimenta la fórmula, pero en paralelo tratar de garantizar que mientras la fórmula no es suficiente, tengamos recursos del Tesoro para garantizar que el jubilado no pierda contra la inflación”.

A continuación, reveló un dato con el que apuntó hacia el Congreso de la Nación. “En la Argentina hace 8 meses que duerme en el Congreso una ley que compensaría en términos de recaudación todo lo que perdimos de la sequía, que es la ley de blanqueo, con suministro de información de quienes tienen cuentas en Estados Unidos, por parte del Gobierno de Estados Unidos”, aseguró.

Massa añadió que “tenemos el acuerdo firmado, pero vaya a saber uno por qué razón la oposición no quiere votar esa ley que es la que nos daría en detalle con nombre y apellido quiénes tienen cuentas en Estados Unidos. Eso no solamente es malo porque hace sentir un tonto al que paga impuestos todos los días, sino que además es malo porque le quita al Estado argentino casi 5.000 millones de dólares por año”.

“Piense usted cómo mejorarían los jubilados solo con esa ley”, concluyó.  

El Poder Ejecutivo promulgó este lunes la Ley 27.771, mediante la cual se elimina el trámite de fe de vida para jubilados y pensionados.

La norma fue sancionada el pasado 6 de julio en la Cámara de Diputados, cuando se incorporó al temario -sin debate- y se votó junto a un paquete de iniciativas, resultando aprobada con 171 votos a favor, 2 en contra y 6 abstenciones.

De acuerdo a la ley, se determina que "los beneficiarios de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y del Sistema de Pensiones no Contributivas quedan eximidos de la obligación de presentar la declaración de supervivencia o fe de vida, así como cualquier trámite complementario con igual fin, quedando sin efecto toda demostración de subsistencia a cargo del beneficiario como condición para el cobro de sus haberes y demás beneficios previsionales".

Además, se modifica el artículo 2 de la Ley 26.704, de modo de establecer que "los haberes o prestaciones de la seguridad social que integran el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como aquellas comprendidas en el Sistema de Pensiones no Contributivas a cargo del ANSeS no requerirán, en ningún caso, de la realización de acción deliberada alguna a cargo de la persona beneficiaria o apoderada para acreditar supervivencia".

"Las entidades que realicen pagos de jubilaciones y pensiones tienen la obligación de rendir como impagos los fondos pagados con posterioridad a la fecha de fallecimiento de la persona titular del beneficio", agrega otro de los artículos.

Después de que el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, y la titular de la Anses, Fernanda Raverta, presentaran una nueva línea de préstamos para jubilados y otra para pensionados, los legisladores de Vamos Juntos (VJ), el Partido Obrero (PO) y La Libertad Avanza (LLA) cuestionaron la medida.

En ese sentido, el jefe del bloque VJ, Diego García Vilas, lanzó con dureza: “a ver si me queda claro, ¿devuelven parte de la plata que sacaron de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria? Estas medidas tibias no alcanzan para ganar una inflación de tres dígitos. Cuatro años tuvieron para diseñar un plan económico serio, son un desastre”.

Mientras que Juan Pablo Arenaza (VJ) señaló: “sos un caradura y mentiroso, Sergio Massa. Hoy nuestros jubilados están pasando hambre incluso ganando la mínima, 150 % de inflación matan todo relato”.

Además, el jefe del bloque LLA, Ramiro Marra, afirmó que “el jubilado no llega a fin de mes, ministro. Y es por la inflación descontrolada que generó su gestión. ¿Esta es la gran noticia para los jubilados? ¿Menos de USD800 en crédito y quitarle la capacidad de ahorro?” e indicó que “no saben qué hacer para no perder estas elecciones y terminan haciendo cualquier estupidez. Este Gobierno es un chiste”.

A su turno, Gabriel Solano (PO) concluyó planteando: “con las jubilaciones de miseria que existen, los préstamos anunciados por Massa pueden terminar endeudando a los jubilados para gastos cotidianos. Hay que pagar jubilaciones dignas en vez de endeudar a las personas”.

Se conoció en las últimas horas un spot de Unión por la Patria en el que el precandidato presidencial Sergio Massa dialoga con un grupo de jubilados a los que les pregunta si saben que el programa de Javier Milei y Patricia Bullrich prevé “eliminar el PAMI”.

En respuesta, el también precandidato presidencial Javier Milei le contestó a Massa que “nuestro programa elimina las jubilaciones de privilegio. Esas jubilaciones enormes que cobran ustedes los políticos mientras la mayoría de los argentinos gana la mínima. Venimos a terminar con el curro de la política”.

Pero la polémica no terminó ahí, pues intervino también la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, quien le escribió a Milei a través de Twitter: “Te recuerdo que las jubilaciones de privilegio se derogaron en 2002, lo que vos llamás ‘jubilaciones de privilegio’ son los haberes que reciben los docentes, los científicos”.

“¿Podés contarnos por qué aportas a un sistema jubilatorio que considerás de privilegio? Está claro que no estás muy atento a tus votaciones, como el cambio que quisiste hacer cinco días después de tu votación en contra de declarar el 18 de julio como Día de Duelo Nacional por el Atentado a la AMIA o tu negativa a que se elimine la Fe de Vida que debían presentar nuestros adultos mayores”, ironizó la presidenta de la Cámara baja.

Hola @JMilei te recuerdo que las jubilaciones de privilegio se derogaron en 2002, lo que vos llamás “jubilaciones de privilegio” son los haberes que reciben los docentes, los científicos.
¿Podés contarnos por qué aportas a un sistema jubilatorio que considerás de privilegio?… https://t.co/ygm5qum650

— Cecilia Moreau (@ceciliamoreauok) July 11, 2023

El senador riojano Julio Martínez cuestionó ante el jefe de Gabinete la fórmula jubilatoria vigente y la comparó con la aprobada en tiempos de Cambiemos. Lo hizo al mencionar el 21% que le acaba de otorgar el Gobierno nacional a los jubilados, y agregó que “para que no caiga en desventaja con la inflación, este Gobierno le está dando un bono”.

En ese sentido, detalló: “Con números del año pasado, esta fórmula actualizó haberes en un 72%, pero la inflación fue del 98,8%. Perdieron un 11% sin tener en cuenta los bonos que fueron dando”.

Martínez advirtió que “los bonos que están dando ahora empatan un poco la inflación en la mínima, pero están perdiendo en los que no cobran la mínima: ahí hay un ajuste”. Así las cosas, el senador riojano consideró que “los bonos son el mayor reconocimiento que tienen que ir haciendo de que la fórmula actual pierde ante la inflación. La fórmula esta, que no le tiraron ninguna piedra cuando la aprobaron, está perdiendo año a año, trimestre a trimestre, con la fórmula a la que le tiraron 15 toneladas de piedras”. Y cerró: “¿No sería momento de reconocer el error y volver a la formula anterior?”.

La fórmula de Cristina Kirchner

A la hora de responder, Rossi dijo que Martínez estaba omitiendo el principio del tema, y se remitió a la fórmula jubilatoria creada en tiempos de la gestión presidencial de Cristina Kirchner. Entonces, dijo, esa fórmula tenía dos componentes: uno relacionado con la actualización salarial y el otro al aumento de la recaudación impositiva. “Era una fórmula sensata, seria, que no permitía que la actualización jubilatoria pierda, pero también incluía el aumento de la recaudación previsional, y muchas veces aumentó tanto que nos terminaba dando más alto”, aseguró.

“Llegó Macri y dijo: voy a eliminar esta fórmula que había dado buenos resultados, y voy a hacer una fórmula donde el 100% era inflación”, recordó Rossi. Fue ahí cuando el entonces senador Miguel Pichetto negoció para cambiar esa fórmula, para que fuera 70% de inflación y 30 actualización del salario. “¿Por qué nos quejamos? Porque en un país que se precie, tiene que existir un escenario donde se crezca por encima de la inflación, porque con eso recupera el poder adquisitivo del salario y las jubilaciones tiene que estar por encima de eso; sino, condenábamos al jubilado a simplemente empatar siempre con la inflación. Y por lo demás, con mecanismo de actualización, con bonos, la mínima siempre le ha ganado a la inflación durante los años del presidente Fernández”.

La Cámara de Senadores dio media sanción en la sesión de este jueves con 60 votos afirmativos al proyecto para la eliminación del trámite de Fe de vida a jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas. El texto fue girado a Diputados.

La iniciativa dispone que los beneficiarios y beneficiarias de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y del Sistema de Pensiones no Contributivas quedan eximidos de la obligación de presentar la declaración de supervivencia o fe de vida y todo otro trámite con igual fin. Queda sin efecto toda demostración de subsistencia a cargo del beneficiario o beneficiaria como condición para el cobro de sus haberes y demás beneficios previsionales.

En ese sentido, modifica la Ley 26.704 relativa al pago de haberes en cuentas bancarias para adecuarlas a lo indicado en el punto anterior. Al tiempo que dispone que los haberes o prestaciones de la seguridad social y las pensiones no contributivas no requerirán, en ningún caso, de la realización por parte del beneficiario o beneficiaria de ninguna acción para acreditar supervivencia.

Por otro lado, faculta a la ANSES a dictar las normas aclaratorias y complementarias pertinentes, y plantea que las entidades que realicen pagos de jubilaciones y pensiones tendrán la obligación de rendir como impagos los fondos pagados con posterioridad a la fecha de fallecimiento de la persona titular del beneficio.

Los oradores

Con dos senadoras nada más anotadas para hablar, inició la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio (FdT), quien cuestionó que es un proyecto que “deberíamos haber votado hace mucho. Son de esas cosas que les devuelven la dignidad a las personas porque lo que hace es evitar, impedir que una persona tenga que decir que está viva para poder cobrar su jubilación y su pensión en los bancos”.

“Es un proyecto de ley unificado que se trabajó en comisión. Se hicieron varias reuniones con los asesores de los senadores de todas las bancadas. Se unificaron los proyectos de los senadores Romero, Olalla y Rodas para poder hacer un dictamen de cuatro artículos muy cortos, pero muy claros que hacen ponerle la responsabilidad al pagador que es la entidad financiera el banco que pagan los beneficios sociales a los jubilados”, explicó Di Tullio y lanzó: “Es parte de un negocio de los bancos esto por las comisiones que paga la ANSeS, por el saldo, porque ofrecen servicios financieros a sus clientes.

Además, planteó que “ANSeS dos veces por semana les dice a las entidades bancarias cuáles son las personas fallecidas a través del RENAPER. Es muy fácil para una entidad bancaria saber si una persona está con vida porque usa su tarjeta de débito, crédito, porque hace compras online, utiliza aplicaciones, porque consulta saldos. Hay vastísima prueba para que un banco ya que saben todo y en general nos ofrecen, a cada uno y a los jubilados y pensionados todo el sistema financiero, todos sus servicios porque saben qué remuneración tenemos”.

“Los bancos saben todo y deberían saber y están obligados a no pedir nunca más un trámite de este tipo. No va a haber beneficiario de ninguna jubilación o pensión que tenga que demostrar que está con vida. Eso lo tiene que hacer la entidad bancaria”, manifestó.

La bonaerense sostuvo que “somos casi 7 millones de personas. Nuestro sistema previsional abarca casi 7 millones y medio de jubilados y pensionados y entre las 60 entidades financieras que hay entre públicas y privadas, ya los bancos más grandes que son el Banco Nación por su extensión territorial donde se pagan el 26% de las jubilaciones y pensiones. Y el Banco Provincia por su concentración poblacional ya no piden más la fe de vida por los mecanismos que tiene. Los bancos se conectan con el RENAPER si tienen alguna duda para poder hacer el pago”.

“Si el banco pagó durante seis meses pensiones o jubilaciones y no hizo una pesquisa para saber el dato del cliente, y no el ANSeS del error bancario para saber si está con vida o no el cliente”, explicó sobre el cuatro artículo del “escueto proyecto”.

Por otro lado, destacó que “los dos bancos más importantes del país ya no piden la fe de vida”, y enumeró otras entidades financieras que tampoco piden dicho trámite. “Ya hay 45% de la población total beneficiaria en el sistema previsional que están exentos de tener que decir si está vivo”, informó y calificó dicho trámite de “engorroso” y “denigrante”, e insistió en que “lo tiene que hacer el Estado o las entidades financieras, no lo tiene que hacer el pensionado o jubilado. Le tenemos que devolver la dignidad a los clientes”.

“El 56% de la población todavía tiene que seguir presentando la fe de vida en las entidades bancarias”, cerró Di Tullio.

A continuación, la entrerriana Stella Olalla (UCR) subrayó que fue un “esperado dictamen que elimina la fe de vida o supervivencia que, en alguna medida, obligaba a los jubilados y pensionados a presentar mensualmente ese trámite de actualización engorroso y complejo para tener la percepción de los haberes”.

“Con la Ley 26704 tanto los jubilados como los pensionados debían cobrar los haberes por medio de cuentas bancarias, la Argentina decidió encarar la bancarización. Pasaron muchos años desde la entrada en vigencia de la ley, pero el Estado cuenta ahora con nuevos recursos materiales y tecnológicos con los que perfectamente pueden tener una información exacta”, planteó.

Y cerró: “Así se puede evitar la presentación engorrosa de la fe de vida. No se puede ignorar las limitaciones propias de edad que tenga el jubilado”, y destacó la presentación de tres proyectos que encaraban el mismo tema.

El senador por Juntos David Hirtz resumió que “el aumento de la VTV golpea nuevamente el bolsillo de los bonaerenses, sobre todo el de beneficiarios de la jubilación mínima”.

En ese sentido, el legislador opositor resaltó que esta medida en el marco de los datos publicados por el INDEC, de 6,6% de inflación de febrero y que acumula una cifra interanual de tres dígitos, golpea severamente el bolsillo de los sectores vulnerables de la provincia de Buenos Aires”.

El senador David Hirtz presentó en la Cámara alta bonaerense dos iniciativas parlamentarias, relacionadas al Servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV), manifestando, su preocupación por el aumento en la tarifa básica del servicio, especialmente en relación al impacto económico que este incremento ocasiona en personas jubiladas dentro del territorio bonaerense.

Por este motivo le solicitó al Poder Ejecutivo de la provincia que implemente políticas que tengan en cuenta la especial vulnerabilidad del sector a la hora de hacerse cargo de dicha obligación.

Por su parte el senador David Hirtz consideró: “esta noticia golpea nuevamente los bolsillos de todos los bonaerenses, pero específicamente de un grupo vulnerable, como son aquellos jubilados que poseen el haber mínimo”. Y agregó: “Estas personas, ven implicadas sumas de difícil cumplimiento para poder hacer frente a una obligación básica como es la verificación técnica vehicular”.

Por otra parte, el difícil acceso a las Plantas de Verificación y la escasez de turnos, dificulta aún más lograr tener el vehículo en regla. En muchos distritos la VTV posee puntos móviles alejados entre sí, que van modificando su sede con rapidez.

“Las personas del interior deben trasladarse a la ciudad cabecera a realizar la inspección, o incluso a otro distrito si su vencimiento es cercano y la VTV no visita en esos meses su lugar de origen. Esto naturalmente implica dinero para trasladarse, dinero para realizar la verificación, sumado a la pérdida de tiempo de ir desde un punto a otro más lejano en la provincia”, aseguró Hirtz.

“En relación a las problemáticas planteadas solicitamos que el Poder Ejecutivo provincial reconsidere las nuevas tarifas para los sectores vulnerables, como así también, la proximidad de las Plantas Verificadoras, dando soluciones a los sectores más castigados; o nos encontraremos con la ausencia del Estado y la correlativa inequidad que esto conlleva” manifestó el legislador por la sexta sección electoral.

Uno de los temas que es presentados como más urgentes en el marco de las extraordinarias que comenzaron el lunes pasado y se extenderán hasta el último día de febrero, es el proyecto que establece un plan de pago de deuda previsional y que en definitiva es el que le permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.

El tema figuraba en el temario de la última sesión convocada en la Cámara de Diputados, que se frustró por falta de quórum.

Ahora la Comisión de Previsión y Seguridad Social que preside la mendocina Marisa Uceda convocó a los integrantes de la misma a concurrir el próximo miércoles 1 de febrero a las 11 a la sala 2 del segundo piso del Anexo A, para escuchar a un grupo de invitados que expondrán sobre la temática “Plan de pago de deuda previsional”.

No se detalló aún quiénes serán los invitados, pero lo cierto es que la finalidad de esta reunión no es la de emitir dictamen, ya que en realidad el proyecto ya cuenta con el mismo y, vale reiterar, figuraba en el listado de temas a tratar en la última sesión del año pasado en la Cámara baja.

El proyecto tuvo dictamen el 30 de noviembre pasado en las comisiones de Previsión y Seguridad Social, y de Presupuesto y Hacienda, ocasión en la que Juntos por el Cambio suscribió un dictamen de minoría.

¿Para qué convoca entonces el oficialismo a esta reunión? Porque una reunión informativa no necesita quórum para realizarse y servirá para agitar el tema ante la opinión pública, como método de presión a Juntos por el Cambio, que mantiene la postura de negarse a sesionar mientras persista el interés oficial en enjuiciar a todos los miembros de la Corte Suprema.

La iniciativa cuenta ya con media sanción del Senado y permitiría que miles de ciudadanos que todavía no reúnen los 30 años de aportes puedan percibir un haber jubilatorio.

El proyecto establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre del año 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Por otra parte, la iniciativa contempla la posibilidad de que las personas en edad pre-jubilatoria (mujeres de 50 a 59 años y varones de 55 a 64 años de edad) que saben que no llegarán con los años de aportes necesarios, puedan anticiparse y comenzar a pagar ellos mismos los períodos faltantes.

Estos trabajadores podrán abonar unidades de cancelación de aportes, que son equivalentes a un mes de servicios y tendrán un valor fijo del 29% de la base mínima imponible de remuneración, anteponiendo correspondencia con lo que contribuyen a la seguridad social los trabajadores en actividad cuando realizan sus aportes en tiempo y forma. Servirá para regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012, siempre que hayan tenido residencia en el país.

El diputado por Juntos Somos Río Negro Luis Di Giacomo presentó este jueves ante el Congreso un proyecto de resolución para que se incluya a los jubilados y pensionados de estados provinciales entre los beneficiarios del 70 por ciento de reintegro estipulado en el Programa “Previaje”. La iniciativa busca equiparar las condiciones con respecto a los afiliados de PAMI.

"Hemos presentado un proyecto de resolución para comunicar al Ministerio de Turismo, y de hecho, vamos a solicitar una entrevista con su titular, Matías Lammens, para que se incorpore a los afiliados de las obras sociales provinciales", comentó Di Giacomo.

Y en la misma línea agregó: "Aquellos que pertenecen a las cajas provinciales merecen tener, en un sentido federal, los mismos derechos que los afiliados de PAMI".

El proyecto, que también cuenta con la firma del legislador Agustín Domingo, surgió en medio del anuncio de la ampliación del Previaje 4 para la temporada baja, dónde el Gobierno nacional pretende ampliar la oferta en los destinos turísticos menos conocidos.

¿Qué es el Previaje?

En 2020, la Ley 27.563 estableció el Régimen de “Incentivos a la Preventa de Servicios Turísticos Nacionales” con el objetivo de “fomentar y potenciar la demanda del Turismo Interno”. En su última edición, el programa benefició a 6 millones de personas, con un impacto económico cercano a los $200 mil millones para el sector turístico.

Por medio del Previaje, los turistas reciben un reintegro del 50% de lo gastado -70% para jubilados de PAMI- de forma anticipada en productos y servicios turísticos.

En una semana corta por los feriados largos, en la agenda del Senado solo estaba pautada para este miércoles una reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por la kirchnerista Juliana Di Tullio (UC-FdT), en la que se emitió dictamen al proyecto para eliminar el trámite de fe de vida para jubilados y también una iniciativa para crear un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado.

Al comienzo de la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Illia, Di Tullio pidió al secretario de la Comisión que proceda a leer los reemplazos en la composición de la misma y tiró una chicana a la oposición que, una vez más, se ausentó: “Sobre todo para que la oposición también pueda saber… ¡Ah! no vinieron, perdón”.

“Es una comunicación emanada de la Presidencia del Senado registrada como DPP 91 del 22 que dice: considerando la facultad otorgada oportunamente a esta presidencia, la Presidenta del Honorable Senado de la Nación decreta artículo 1 desígnense a las señoras senadoras Ana María Ianni, Silvia Sapag, Lucía Benigna Corpacci, y a los señores senadores Antonio José Rodas y Carlos Alberto Linares en la Comisión de Trabajo y Previsión Social en reemplazo de la señora senadora Anabel Fernández Sagasti, y de los señores senadores Marcelo Lewandowski, Gerardo Montenegro, Ricardo Guerra y Daniel Bensusán respectivamente”, informó el secretario.

A continuación, la presidenta de la Comisión comentó: “Tenemos dos proyectos de ley, un dictamen unificado del senador Rodas, la senadora Olalla y el senador Romero…”. En ese momento, interrumpió su explicación para invitarla a sentarse a su lado a la vicepresidenta de la Comisión, la senadora Carmen Álvarez Rivero (Pro – Córdoba) quien llegó unos minutos más tarde de iniciada la reunión y fue la única opositora que se hizo presente.

Y siguió: “Se hicieron dos reuniones donde se unificaron en un solo dictamen los tres proyectos de eliminación del trámite de fe de vida para los jubilados y beneficiarios de pensiones contributivas”, y procedió a informar: “De 7.3 millones de jubilados y jubiladas que hoy tiene nuestro sistema previsional, 3.2 millones de personas no tienen que presentar la fe de vida porque hay bancos que ya tomaron la decisión de no hacerlo que son el Banco Nación, el Banco Provincia, el Banco de Córdoba, el Banco Municipal de Rosario, de Santa Fe, de San Juan, de Entre Ríos, de Santa Cruz y de La Pampa”.

“Es un 45,2% del total del universo de jubilados y jubiladas que tenemos en el sistema previsional. Hay un 4% en dos Bancos que son el Credicoop -mayores de 75 años- y el Ciudad -mayores de 80- le piden la fe de vida”, detalló Di Tullio y agregó: “Sin tener que presentar fe de vida es casi el 45% de la población y estos proyectos son para que más del 54% de quienes hoy son jubilados y tienen que presentar fe de vida no tengan que hacerlo más. Se beneficiarían 4.1 millones de jubilados con este dictamen unificado”.

A su turno, el senador Rodas, autor de uno de los proyectos, destacó los datos que brindó Di Tullio porque “han sido tan exactos que me queda poco por decir”, pero remarcó que “es un proyecto que tuvo consenso con dos senadores de distintas bancadas y no dejo de festejarlo”.

El chaqueño sostuvo que ese consenso “va ir marcando un camino en esta sintonía que debemos tener respecto de seguir atendiendo las necesidades de la gente”. A su vez, ponderó que “hay un gran esfuerzo por parte de ANSeS en este proyecto de ley, igual que usted -dirigiéndose a la titular de la Comisión- que ha llevado esta impronta para que también participe el RENAPER como corresponde, para que el sistema bancario esté predispuesto”.

“Me gustaría que prontamente se pueda incorporar el Banco de Chaco y habla de una nueva metodología que va a permitir de algo que lo vemos a diario en el sentido de que cuando llegan los fines de meses se ven esas largas colas en los bancos, que muchas veces son irritantes, que generan un gran malestar, no solamente para lo que observamos, sino también para el ciudadano común y corriente porque hay una gran realidad”, precisó Rodas.

A su vez, reflexionó: “Yo me pongo a pensar en una persona mayor que tiene que demostrar todos los meses que está con vida y que, de alguna manera psicológicamente, está siendo martirizado con la situación de que en cualquier momento puede desaparecer del escenario normal de la vida y en el cual termina de introducirse en su pensamiento que es un simple número. Algo que no se tiene presente en la concepción humana, sino en los derechos, en las cuestiones que no podían modificarse. La gente aguanta, pero ahí es donde entra a jugar nuestro rol como legisladores”.

“Nosotros debemos tener la cuota de empatía para poder tratar de subsanar estos problemas”, remarcó y le pidió, en nombre de todos los senadores, disculpas a la sociedad, a los adultos mayores del país “por esta situación de penuria que han estado pasando”, y bregó para que el proyecto “tenga un tratamiento adecuado para su media sanción, pase a Diputados y que pueda sortear una serie de inconvenientes que no tienen nada que ver con la vida de los jubilados y pensionados”.

En ese sentido, Rodas afirmó que “hay una gran falta de respeto para este sector”, pero remarcó que “estamos trabajando para remendar ese error y haciéndole saber a todos que de ninguna manera perdemos el eje de nuestro trabajo legislativo, de nuestra dirección política. No vamos a abandonar nuestro compromiso con nuestra ideología de lo que representa el peronismo. Bajo ningún punto de vista estas cuestiones, que son de índole humano, van a hacer que bajemos los brazos”.

Por otro lado, le agradeció a la vicepresidenta de la Comisión por “su responsabilidad de estar aquí en el Senado de la Nación”, y les recordó a los miembros de la oposición que integran la Comisión que “es necesario seguir trabajando. Que interpreten que no se puede seguir festejando lo que supuestamente es una alegría porque para nosotros, estos traspiés que tiene la política, especialmente nos llenan de gran sabiduría, porque para eso tenemos dirigentes para seguir la lucha”.

“Estemos donde estemos y en el lugar que estén, seguiremos trabajando con la misma alegría y el mismo tesón porque por sobre todas las cuestiones, aunque los liderazgos no se definen ocupando un cargo Legislativo ni ocupando un cargo en el Ejecutivo. Los liderazgos son y se construyen, se mantienen con el fuego que tiene la empatía de la política y nosotros tenemos una dirigente que tiene eso y que nos va a seguir guiando en este Congreso en todo el trabajo que tengamos que hacer para beneficio de los que menos tienen y que podamos sostener los derechos conquistados”, cerró Rodas.

Y volvió a felicitar a Álvarez Rivero por “su responsabilidad, porque está acá, porque entiende bien cuál es su rol, para que sepa que aquí nosotros tenemos la intencionalidad de trabajar y de seguir haciendo funcionar el Congreso”.

Tomó la palabra la cordobesa, quien recordó que desde el comienzo de su mandato siempre “he estado, si puntualmente falté en alguna ocasión fue por algo accidental”, y pidió: “Necesitamos más metodologías, más orden para poder tener un trabajo previsible. Para el año que viene necesitamos tener más previsibilidad para que seamos muchos más los que estemos”.

“Celebro que simplifiquemos la vida de la gente. Es uno de mis objetivos. Creo que todas nuestras leyes tienen que ser para simplificar, gracias a la tecnología hoy podemos soñar con hacer algo más fácil. Adhiero a la propuesta”, afirmó y aseguró que tiene una “sensibilidad con ANSeS” porque “la vía de comunicación es dificilísima”.

Y ratificó: “Me alegro que simplifiquemos porque la gente aguanta, pero necesitamos que las instituciones funcionen”, y planteó una duda “no para meter trabas, porque es loable, pero ¿qué sucede con las personas que fallecen en el exterior?”, y agregó con preocupación: “Nos hemos enterado hace un rato que Perú ha cerrado el Congreso, como hermanos latinoamericanos, legisladores de otro país, deberíamos expresarnos con máxima preocupación en este tema”.

“Quiero que trabajemos por solucionar todos los problemas que tenemos, pero desde esta comisión fundamentalmente lo relacionado al trabajo informal que es la gran deuda pendiente”, pidió la cordobesa e informó que “el 74% de los trabajos creados son en informalidad”.

Di Tullio explicó que “quien muere en el extranjero se avisa a los Consulados. Es un trámite que tarda más, es cierto. Siempre se hacen, por lo menos los que están empadronados”.

En el uso de la palabra, la catamarqueña Lucía Corpacci (FdT) celebró el tratamiento del proyecto porque “tiene una mirada sobre un sector de la población que a todos nos preocupa e interesa”. También destacó la presencia de Álvarez Rivero que “siempre esta, siempre participa y aporta. Es muy valioso que esté”.

“A veces miramos más lo que pasa afuera que lo que pasa adentro, y adentro de nuestro país pasan cosas graves que tenemos que decir y que tenemos que defender. Lo que está pasando en nuestro país también es grave”, resaltó en un párrafo aparte.

Respecto al proyecto en consideración, sostuvo que “es un trámite engorroso e innecesario sacar porque hoy se puede comunicar con debida antelación. Una opción podría ser que los que viven en el extranjero sigan manteniendo la fe de vida, que no son tantos”.

Luego, la comisión debatió y pasó para la firma un proyecto sobre la creación de un régimen previsional diferencial para los trabajadores de la industria del pescado, impulsado por la senadora por Santa Cruz, Ana María Ianni (Unidad Ciudadana).

Al respecto, la senadora Ianni explicó que "el objetivo es crear un régimen previsional diferencial para que los trabajadores de plantas pesqueras puedan acceder a su jubilación a los 55 años, con 30 años de aportes al sector, y sin distinción de sexo".

Por último, se aprobaron dos proyectos de declaración y uno de comunicación.

Junto a su equipo de trabajo, el intendente de Tigre, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con representantes de instituciones de bien público, vecinos y vecinas que conforman el Consejo Consultivo de Dique Luján. Allí, solicitó a PAMI que brinde soluciones en materia de salud para los jubilados de la zona. 

“De este encuentro salió un pedido especial de la comunidad de Dique Luján y Villa La Ñata y es la restitución de los médicos de cabecera de PAMI para los jubilados. Solicitamos que tomen cartas en el asunto de manera inmediata porque no puede ser que las y los vecinos de estas localidades tengan que cruzar un puente peatonal de gran altura para ir a Escobar”, exclamó el jefe comunal. 

Luego, señaló: “Estas reuniones son un ida y vuelta con los vecinos y vecinas para que nos puedan plantear sus inquietudes, sus necesidades y para que podamos comunicarles que tenemos proyectado para el futuro desde la gestión municipal en materia de salud, seguridad y educación”. 

En el transcurso del encuentro, se repasaron obras a realizar por la comuna, entre las que se destacan: nuevos núcleos sanitarios en las escuelas Secundaria N°30 y Primaria N°16; la ampliación de la Escuela Primaria N°10; la intervención con nuevos juegos en el Jardín N°914, a través del programa Aprender Jugando; se planeó mejorar la circulación y frecuencia de las líneas de colectivo 720 y 291 y un nuevo diseño de la calle 12 de Octubre. A su vez, en articulación con el Gobierno nacional, se comunicó la pavimentación de la calle Brasil, que contempla alrededor de 1.200 metros; y la ejecución de un troncal cloacal y la red barrial prevista para el 2025. 

Virginia, vecina de Dique Luján, dijo: “Estoy súper conforme; espero que hagan más seguido estas reuniones porque creo que entre todos podemos solucionar los problemas que nos pasan alrededor. Saber que nos escuchan es importante y que entre los vecinos vamos a intentar resolver los conflictos”. 

La creación de los consejos consultivos en todas las localidades del Municipio de Tigre forma parte de una iniciativa impulsada por el intendente Julio Zamora. El objetivo es evaluar y repensar propuestas en la ciudad con vecinos, vecinas y miembros de instituciones de bien público comprometidos con el lugar que habitan. 

Hugo, comerciante de la localidad que participó de la reunión, sostuvo: “Se hablaron temas interesantes como las cloacas que estamos padeciendo el no tenerlas. El intendente Julio Zamora nos permite comentarle los problemas que tenemos y como vecino uno siente contenido por tener la respuesta rápida" 

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto con el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Juan Manzur, visitaron el Centro de jubilados “Villa Monte Dorrego”, en Lomas del Mirador. El encuentro contó con la participación de más 180 representantes de distintos centros de jubilados del distrito que están reactivando las actividades luego del aislamiento por la pandemia.  

El gobierno local ofrece a todos los jubilados brindándoles talleres de salud, deporte, cultura, como: yoga, memoria, baile, gimnasia, tejido, cursos en nuevas tecnologías; y asesoramiento sobre cuidados personales, manejo de homebanking, PAMI Digital, entre otros, que se pueden realizar en los más de mil centros de jubilados que tiene el municipio. 

“Para dar respuestas a las necesidades de los vecinos y vecinas, primero hay que escuchar a los protagonistas; por eso vinimos a escuchar a nuestras y nuestros abuelos, saber de sus vivencias y de sus inquietudes, que es lo que tenemos que hacer los dirigentes con responsabilidades de gobierno: escuchar a nuestra gente”, expresó Fernando Espinoza. 

“De este encuentro nos llevamos las inquietudes de los abuelos, pero también la fuerza y la energía que nos dieron cada uno de los representantes de los Centros de jubilados que estuvieron presentes”, destacó el jefe comunal y remarcó: “Para nosotros, como decía Evita, los únicos privilegiados son los niños y los abuelos; y eso es lo que venimos a ratificar”. 

Juan Manzur, por su parte, destacó: “Para mí siempre es una alegría volver a La Matanza y escuchar el entusiasmo de la gente mayor, que está llena de proyectos y de futuro; y que busca una Argentina que incluya y que genere oportunidades. Por eso, vamos a seguir trabajando y redoblando los esfuerzos”. 

A través de la Secretaría de la Tercera Edad, el municipio desarrolla y construye un puente directo entre los jubilados, el ANSES y el PAMI generando espacios de trabajo en conjunto donde poder acercar soluciones, asesoramiento y también beneficios. Al respecto, Fernando Espinoza, sostuvo: “Tenemos un Estado presente que los cuidó en el peor momento de la pandemia, que hoy redobla sus esfuerzos para contenerlos de la mejor manera. Por eso, a través de la Secretaría de la Tercera Edad los acompañamos, asistimos y estamos más cerca de ellos”. 

Luego de dialogar con los jubilados, Espinoza remarcó: “El gobierno anterior, les quitó los medicamentos gratuitos y generó megatarifazos de luz, gas y agua, haciendo que nuestros adultos y adultas mayores tuvieran que elegir entre pagar los servicios o comer”, y agregó: “Hoy estamos en otra posición. Hoy las personas mayores tienen sus remedios gratuitos y pueden elegir sus médicos”. 

Para finalizar, Fernando Espinoza resaltó: “Más que las palabras, están las imágenes como las de este centro de jubilados que cuenta con todos los acondicionamientos necesarios; además de actividades de recreación y capacitación en la universidad. Un centro de jubilados es la segunda casa para muchas abuelas y abuelos de La Matanza; y por eso trabajamos todos los días para darles lo mejor”. 

En el marco del debate sobre el “alivio fiscal”, el diputado santafesino Luciano Laspina (Pro) reconoció este miércoles que el tema reúne “consenso” y que Juntos por el Cambio había planteado sus observaciones en su dictamen de minoría, las cuales tenían que ver con “reducir el peso impositivo sobre sectores cuyo ingreso se encuentra por debajo de la línea de la pobreza.

“En el caso del monotributo, ha sido una herramienta originalmente creada para incorporar al régimen formal a trabajadores de bajos ingresos o que estaban en la informalidad, y con el paso del tiempo se ha convertido casi en un régimen general”, apuntó el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, que por eso planteó “debatir a futuro para preservar la solvencia del fisco el impacto de largo plazo en el sistema previsional que tiene el régimen de monotributo, en términos de que debemos plantear de qué forma vamos a financiar la diferencia que hay entre los aportes previsionales que se hacen, y el costo actuarial de las futuras jubilaciones. Ahí nos debemos un debate serio”, enfatizó.

Laspina sostuvo que “desde lo técnico hay bastantes diferencias”, y se refirió a las discrepancias respecto de lo que iban a votar. “No es un alivio impositivo -aseguró-, sino una mayor indexación del régimen. Teníamos una indexación anual, y ahora lo estamos adelantando semestralmente, con lo cual hay una decisión política clara por parte del oficialismo, partiendo de la base de que dado que no pueden bajar la inflación, y que más bien está acelerando, a pesar de que el último dato mostró una leve baja, y según las proyecciones de Luis D’Elía nos va a llevar a deflación en 10 meses”.

Para Laspina, “el Gobierno tiene un problema tremendo con la inflación, que está golpeando a todos los sectores. Que como no puede bajar la inflación, aumenta la indexación. Entonces ahí uno entiende el tuit de Cristina felicitando ‘al compañero Palazzo’, que está acá presente, para los bancarios, por la paritaria de 60% más cláusula gatillo, que no es una recompensación salarial, sino una mayor indexación del salario, de una inflación que ya navega al 60% y que este año, según la mayoría de los analistas, va a estar al 80%”.

“En ese espíritu de acelerar la indexación de la economía está también la Ley Massa, que es la de alivio fiscal que estamos votando hoy, que no es más que adelantar seis meses una indexación que tenía que venir a fin de año, pero que a este ritmo de inflación es inaguantable”, graficó el diputado del Pro, que inscribió en esa línea también el proyecto de Máximo Kirchner para adelantar la suba de los salarios mínimos, y “la Ley Grabois” sobre el salario universal. “Es crear más subsidios a los sectores más vulnerables que no pueden ajustar por paritaria y que están a la deriva de una inflación de 6 o 7 puntos”, precisó, advirtiendo que “es un mal camino, porque cuando uno indexa más la economía, la inflación tiende a acelerar”.

Ahí advirtió sobre las consecuencias de la inflación sobre los jubilados y pensionados. Con una inflación rozando los tres dígitos, “el Estado le saca por la velocidad indexatoria entre 5 y 6% real a las jubilaciones cada año, por la demora indexatoria”, estimó. Señaló que “si la inflación acelera, va a haber que repensar todo, porque cada uno le habla a su grupo de pertenencia, sus votantes: Grabois a los piqueteros; Massa a la CGT, ¿y quién le habla a los jubilados y pensionados que en el 2020 le congelaron la fórmula de Macri, porque supuestamente era mala, pero no la quería pagar el Gobierno de Alberto Fernández? ¿Quién le habla a los jubilados si la inflación si tienen que esperar 3 meses para actualizar sus jubilaciones, si la inflación sube 6 o 7 mensual? Es mucho, eh… Cinco, o 6% de caída en los ingresos. En cualquier país del mundo sería un escándalo en el año, y esto ocurre acá en un mes”.

“Si vamos a indexar la economía porque no podemos combatir la inflación, discutamos todo”, cerró Laspina.

El senador nacional Antonio Rodas (FNyP-FdT) presentó un proyecto de ley que busca eliminar el trámite de fe de vida que se le exige mensualmente a los jubilados y pensionados para poder cobrar sus haberes. En reemplazo establece un nuevo mecanismo de notificación interna que involucre al Renaper y la ANSeS, en su interacción con el sistema bancario.

“El requisito de presentar la fe de vida, además de una incomodidad, supone una verdadera afrenta a la dignidad humana, que se ve particularmente agravada por la vulnerabilidad que caracteriza a la población mayor, provocando costos adicionales, trabas burocráticas, y poniendo en riesgo la salud de jubilados y pensionados”, señaló el chaqueño.

En ese sentido, remarcó que esta es "una problemática que se incrementa en los diversos rincones del país según las inclemencias del tiempo, exhibiendo la postal de largas colas innecesarias de jubilados que esperan sus respectivos turnos, muchas veces a la intemperie”.

“Estamos generando una carga psicológica al exigir a nuestros mayores que acrediten su existencia mes a mes, revirtiendo la presunción de vida. Todo ello, bajo la 'amenaza' de que por la sola falta de este trámite el sistema bancario dará por hecho su deceso”, enfatizó el legislador.

Finalmente, Rodas sostuvo que "es fundamental que centremos nuestras políticas públicas en las personas. El Estado, a través de la coordinación de los organismos correspondientes, está en capacidad de evitar esta situación garantizando los derechos de las personas mayores”.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, celebró el Día del jubilado en el Club Portugués de Isidro Casanova. Durante el encuentro, se destacó la inmunidad de rebaño que alcanzó el municipio y la reactivación de las actividades recreativas focalizadas en los adultos mayores. 

“Me llena de felicidad ver a nuestras y nuestros vecinos mayores, que son los que más padecieron estos veinte meses de pandemia, volver a juntarse y recuperar sus actividades recreativas. Hoy en la provincia ya alcanzamos más del 90% de la población de riesgo vacunada y eso es como volver a vivir”, expresó Fernando Espinoza y sostuvo: “Decimos sí a la salud pública”. 

“En La Matanza hay muy pocos contagios por día, tenemos más de 1.800.000 dosis aplicadas y estamos vacunando a chicos de entre 3 y 11 años”, enfatizó el intendente y destacó: “Gracias al megaoperativo de vacunación más grande de la historia, hoy tenemos inmunidad de rebaño y podemos hacer estos festejos”. 

“Celebro verlos con ganas y felices de los reencuentros con sus seres queridos. Ellos son nuestros referentes y guías, yo no sería nada sin las enseñanzas que me dejaron mis abuelos. Escucharlos y cuidarlos es, no solo una prioridad, sino también un acto reivindicativo”, valoró el jefe comunal. 

“Que los adultos mayores transmitan tanta fuerza, cuando los que peor la pasaron fueron ellos, es conmovedor. Ellos son quienes transmiten un mensaje de esperanza, que se expande y se replica en sus familias”, remarcó Fernando Espinoza. 

“Soñar, aprender, tener proyectos, forman parte de todas las etapas de nuestra vida. Por eso, llevamos adelante distintas iniciativas en todo el país para garantizar los derechos de las personas mayores, fortalecer su autonomía y promover el buen trato”, sostuvo el intendente y concluyó: “Vamos por una nueva Argentina, una nueva provincia y una nueva Matanza”. 

El Gobierno nacional anunció un aumento de las jubilaciones y las penciones y el diputado entrerriano Marcelo Cassaretto (Frente de Todos) se volcó a las redes a recordar su discurso el pasado 29 de diciembre del año pasado cuando se sancionó la ley de Movilidad jubilatoria N° 27.609.

En una serie de tuits, Casaretto señaló: "Aumento del 12,39% en septiembre. En 2021 ya suben 36,2% por Ley de Movilidad 27.609 que votamos en el Congreso en diciembre. Los aumentos están por encima del 33,7% de la fórmula de Macri, y por encima de la inflación".

"Los aumentos llegan a 7,1 millones de jubilados y pensionados y a 9 millones de personas que cobran asignaciones por hijo, embarazo y otras", dijo el diputado nacional que acompaño su mensaje con el video de su intervención en el recinto el 29 de diciembre de 2020.

✅ JUBILACIONES 🇦🇷. Aumento del 12,39% en Septiembre. En 2021 ya suben 36,2% por Ley de Movilidad 27.609 que votamos en el Congreso en diciembre. Los aumentos están por encima del 33,7% de la fórmula de Macri, y por encima de la inflación.

El 29/12/20 en el Recinto 👇 pic.twitter.com/flVCWlnk1e

— Marcelo Casaretto (@mpcasaretto) August 10, 2021

Anuncios de ANSeS

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó este martes que las jubilaciones, pensiones y asignaciones universales y familiares aumentarán un 12,39% a partir de septiembre, de acuerdo con el ajuste dispuesto por la Ley de Movilidad 27.609, por lo que los haberes acumularan una suba de 36,2% en lo que va de 2021.

De esta forma, el haber jubilatorio mínimo pasará a ser de $ 25.922, mientras que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) llegarán a los $ 5.063, beneficiando a 7,1 millones de jubilados y pensionados y a más de 9 millones de niños, niñas y adolescentes que perciben asignaciones universales o familiares.

Se trata del tercer aumento otorgado mediante la Ley de Movilidad que permitirá a más de 16 millones de personas que reciben un haber o asignación por parte de la Anses tener un poder de compra superior al de la inflación proyectada para los primeros nueve meses del año.

Esta proyección se basa en que la suba del 36,2% por movilidad será superior al aumento de precios del 34,4% que anticipa el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publicó esta semana el Banco Central.

Además, el incremento acumulado por la nueva Ley de Movilidad en 2021 será unos 2,5 puntos porcentuales por encima del incremento que hubiese otorgado la anterior fórmula de ajuste sancionada en 2017 por el gobierno del expresidente Mauricio Macri que, según informó la Anses, hubiera sido del 33,7%.

La diputada nacional Gabriela Cerruti (Frente de Todos-CABA) estuvo presente este jueves en primera fila del acto del Ejecutivo del lanzamiento del plan Casa Propia-Casa Activa, la primera política pública de hábitat integral y vivienda colaborativa para personas mayores de 60 años.

Al comenzar su exposición, el presidente de la Nación Alberto Fernández mencionó a la diputada oficialista. “Ayer hablábamos con Gabriela Cerrutti, sobre este tema de hoy, que ella le preocupa mucho el presente de los adultos mayores y sabía de esta iniciativa que hoy presentábamos”, aseguró.

La legisladora porteña presentó hace poco un proyecto de resolución y declaración sobre la eliminación de toda forma de discriminación por razones de edad en el marco del aislamiento social decretado por la pandemia del Covid-19. 

En relación a su iniciativa, Cerruti la considera una "herramienta con la cual luchar contra los viejismos y contra el edaísmo y poder pensar las vejeces como vejeces activas, deseantes, plenas, que puedan seguir ejerciendo sus derechos, más allá de lo que la sociedad ha determinado que es un límite en el cual preferimos no hacernos más cargo de esos seres humanos que ya no sabemos para qué están dentro del sistema en el cual está armado”.

La diputada nacional Roxana Reyes (Juntos por el Cambio-Santa Cruz) presentó un proyecto para extender el límite de edad de 18 a 25 años para la recepción de una pensión por la muerte de un padre jubilado previsto por la Ley Nacional del Sistema Integrado de Pensiones y Jubilaciones. De esta manera, los hijos solteros y los hijos viudos del jubilado fallecido podrían gozar de la pensión hasta los 25 años siempre y cuando continúen con su formación académica.

Reyes remarcó que tal y como está redactado actualmente el artículo en cuestión, dicho derecho posee un límite temporal, esto es hasta los 18 años. "Debemos contemplar la situación excepcional de aquellos sujetos que desean continuar cultivando sus saberes y que en razón de aquello se encuentran imposibilitados o se les torne dificultoso proveerse de los medios necesarios para poder sostenerse independientemente", argumentó la legisladora santacruceña.

En los fundamentos de la norma se establece que con estos cambios normativos se compatibiliza, el presente régimen, con lo establecido por el artículo 663 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual expresa que: “La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido”.

Para concluir, la presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes de la Cámara de Diputados consideró que "con esta modificación se suprime la injusticia provocada por la norma, esto es que respecto de los mismos sujetos y en las mismas condiciones, pero con la única diferencia de que sus derechohabientes hayan fallecido o no, a unos se les impone un límite temporal de 18 años mientras que a otros el de 25 años de edad. Por esto no podemos resultar indiferentes a introducir la corrección que la sociedad nos solicita y el sentido común nos impone".

La diputada nacional Estela Regidor (UCR – Corrientes) presentó un proyecto de ley para eximir del impuesto a las Ganancias a Jubilados y Pensionados. El proyecto fue acompañado por los diputados Claudia Najul, Marcela Campagnoli, Carla Carrizo, Alicia Terada, Hernán Berisso, Jorge Vara, Gabriela Lena, Aida Ayala, Mónica Frade, Alejandro Cacace, Lidia Ascarate, Alberto Assef, Gabriela Burgos y Jorge Enríquez.

“El proyecto tiene como objetivo dar cumplimiento con lo establecido en sucesivos fallos judiciales, adecuando la Ley de Impuesto a las Ganancias a lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los fallos favorables a María Isabel García contra la AFIP” señalo Regidor y agregó que “la jubilación no es Ganancia y aplicar el impuesto a los haberes previsiones es inconstitucional como bien lo sentenciaron el Juzgado de 1° Instancia y la Cámara Federal de Paraná y la Corte Suprema”.

“La jubilación es consecuencia de la remuneración de una persona durante su vida laboral por la cual ya ha hecho aportes y ha pagado impuestos, al gravar las pensiones y jubilaciones con Ganancias estamos obligando al jubilado a pagar otra vez impuestos que ya pago durante su vida laboral”, sostuvo la diputada radical.

“Nuestros abuelos ven cercenados sus derechos a una vida digna, después de años de trabajo, ya no solo percibiendo un haber que no le alcanza para cubrir la canasta básica sino también pagando el impuesto a las ganancias. Eximir del pago a los jubilados y pensionados es necesario para que no terminen mendigando sus últimos años de vida por ingresos que les permitan vivir mejor”, finalizó Estela Regidor.

Desde Juntos por el Cambio proponen otorgar un descuento de un 30% a jubilados y pensionados en compras de farmacia, comida e indumentaria, entre otros. A ese porcentaje se suma un 5% si el pago se hace por medios electrónicos. El descuento seria válido dos días a la semana y se haría en el momento. Además, se subvencionará el 50% de la tasa de intercambio que pagan los comercios a los bancos por esas compras. 

“El objetivo de este proyecto es que los jubilados puedan acceder al descuento cuando hacen la compra. Que no sea un reintegro a mes vencido o después de unos días. La idea es que el beneficio se note cuando se consume”, explicó la diputada Josefina Mendoza, impulsora del proyecto. 

Ademas, el proyecto tiene como objetivo impulsar el uso de medios electrónicos de pago a los jubilados. “La pandemia aceleró tiempos en cuanto a la digitalización y al uso de medios de pagos electrónicos, que son más seguros y más cómodos”, dijo Mendoza y agregó: “Además evitamos que vayan al banco a sacar dinero, un lugar donde circula mucha gente y por ende el virus”. 

Por último, los comerciantes también tendrán un beneficio de la tasa que pagan sobre la venta: “Aquellos negocios de hasta 7 empleados, tendrán el beneficio de pagar la mitad de la tasa de intercambio bancaria. De este modo también incentivamos a los pequeños comerciantes y le brindamos un beneficio doble: la baja de esta tasa y mayores ventas gracias al descuento”, finalizó la diputada. 

Con un duro mensaje al oficialismo, el presidente del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Luis Naidenoff, exclamó: "No tienen cómo disimular que el ajuste pasó por los jubilados".

Durante el debate de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el radical hizo mención al balance publicado por la vicepresidenta Cristina Kirchner a un año de la asunción del Gobierno.

En ese sentido, y sobre los ejes de "deuda, salud y contención a los vulnerables", el formoseño consideró que "en materia de salud, el Gobierno tiene muy poco para exhibir". "Nos mantuvieron encerrados, apostaron a una cuarentena prolongada y terminamos siendo el séptimo país en decesos por Covid-19", añadió.

"En esta carta omiten a los jubilados, los jubilados no están en un proceso de reflexión de lo que se ha avanzado o trabajado para la contención de los vulnerables en el año", apuntó y lanzó: "El Gobierno eligió el camino del ajuste, pero no tienen cómo disimular que el ajuste pasó justamente por los jubilados".

Naidenoff señaló que el próximo año habrá "ajuste" sin el IFE y el ATP, además de que "van a perder los jubilados frente a la inflación". "Ustedes fueron por todo. Desde el Ejecutivo se decide ir por todo pero sin plan", enfatizó.

Y entonces criticó que el Gobierno "asumió sin plan, sin hoja de ruta, estaban a la espera de la reestructuración de la deuda". "El Poder Ejecutivo en el trascurso del año no ha hecho ningún abordaje serio de ningún tema. Todo fue improvisación", siguió.

"¿Donde está el Gobierno, dónde está la contención?", se preguntó, para advertir que "el 70% de los jubilados no cubre la canasta básica".

En referencia a la Corte Suprema, el legislador subrayó que "si terminamos en la Corte es porque las decisiones fueron muy mal instrumentadas". "No busquen culpables en la Corte. No culpen a nadie", pidió y habló del "desencanto y desconcierto de la sociedad con un presidente que no encuentra la brújula".

Las diputadas de Juntos por el Cambio Graciela Ocaña y Josefina Mendoza presentaron un proyecto de ley para que los jubilados reciban un bono compensatorio por inflación por parte de la ANSES, debido a la pérdida en sus ingresos durante este año luego de suspenderse la fórmula aprobada en 2017.

El bono compensatorio será otorgado por única vez durante el mes de diciembre de 2020 y su monto será equivalente a la diferencia existente entre los haberes que habrían percibido los beneficiarios durante los periodos de marzo a diciembre de 2020 conforme a la fórmula consagrada por el artículo 32 de la Ley 24.241, modificada por la Ley 27.426, y los efectivamente percibidos a raíz de la implementación de los decretos 163/20, 495/20, 692/20 y concordantes, de forma tal que se garanticen sus ingresos frente a la inflación.

Las diputadas señalaron que “solo en octubre la Canasta Básica de los jubilados ascendió a 49.614 pesos, según datos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires” y agregaron que “con una jubilación mínima de 18.129 pesos, los jubilados y jubiladas de nuestro país apenas alcanzan a cubrir poco más de un tercio de las necesidades básicas que deberían garantizar su vida digna”.

“La situación de los jubilados de nuestro país resulta crítica”, coincidieron Ocaña y Mendoza y añadieron que “el poder adquisitivo de las jubilaciones resulta insuficiente para comprar los bienes y servicios más básicos que permitan asegurar las condiciones mínimas de subsistencia con dignidad”.

En ese sentido, sostuvieron que “frente a la crisis sanitaria que no ha hecho más que empeorar la situación, es que proponemos otorgar un bono compensatorio por la pérdida del poder adquisitivo del haber previsional padecida durante el año 2020, a todos los beneficiarios de las prestaciones previsionales del Sistema Integrado Previsional Argentino”.

“El ajuste que ha hecho sobre los jubilados el Gobierno de los Fernández asciende nada más ni nada menos que a la suma de 130 mil millones de pesos. Por eso, creemos que el bono compensatorio debiera financiarse con aquella exorbitante suma, que el gobierno nacional le ha quitado del bolsillo de los jubilados durante todo el 2020”, finalizaron ambas legisladoras nacionales.

La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña advirtió este sábado que “el Gobierno quiere hacer el ajuste con los jubilados, en lugar de hacerlo contra los poderosos, achicar el gasto público, eliminar el clientelismo político y el malgasto del Estado”.  

En declaraciones radiales, Ocaña señaló que “hay que bajar el gasto público y controlar la inflación”, y agregó que “lo que no podés hacer es perjudicar a personas con ingresos fijos menores a los que cualquier canasta básica familiar indica”.

En ese sentido, sostuvo además que “si se hubiera aplicado la fórmula que los Fernández quieren imponer los jubilados hubieran perdido 11 por ciento en 2019 y ahora quieren profundizar el ajuste a uno de los sectores más postergados de nuestro país históricamente como es el de los jubilados”.

“La fórmula previsional que quieren es la que aplicó Cristina Kirchner, los aumentos eran a cuentagotas, muy distintos al costo de vida”, y añadió que “buscaron achatar la pirámide previsional, pero lo que es cierto es que los jubilados han perdido todos este año”.

Asimismo, indicó que “junto con los niños, los jubilados son los menos privilegiados, son aquellos que más necesidades tienen y son los que van a pagar el ajuste que el gobierno de los Fernández está haciendo”.

“Proponemos que la fórmula que se le aplica a los jubilados, se les aplique a todos los empleados públicos y poderes del Estado”, expresó, y planteó que “debemos discutir en serio una fórmula previsional; quizás haya que extender la edad de los años de trabajo como están haciendo otros países”.

La diputada nacional por Confianza Pública Graciela Ocaña advirtió que “los jubilados están perdiendo entre mil y cuatro mil pesos por mes en sus ingresos y el Gobierno pretende profundizar ese ajuste”.

En declaraciones periodísticas, la legisladora nacional sostuvo que “desde que Alberto Fernández llegó al poder los jubilados que perciben la mínima perdieron mil pesos por mes, mientras que los que ganan 30 mil pierden hasta 4 mil pesos mensuales, si uno lo compara con la fórmula aprobada en 2017, en medio de una situación violenta por parte del hoy oficialismo”.

“El Gobierno está haciendo el ajuste que pide el Fondo Monetario con los jubilados”, expresó Ocaña y agregó que “pretenden achatar la curva jubilatoria, que todos ganen la mínima y dependan de subsidios, pero esta fórmula ya se probó cuando Cristina Kirchner era Presidenta con muy malos resultados y pérdidas en sus ingresos”.

Asimismo, la dirigente de Confianza Pública indicó que “debemos discutir un sistema jubilatorio sostenido en el tiempo, pero no con un ajuste brutal contra los jubilados” y añadió que “en el mundo los salarios y jubilaciones se ajustan por el índice de inflación, por eso no se entiende por qué el Gobierno no quiere hacerlo”.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, defendió en la sesión de este jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Poder Ejecutivo que busca “blindar” el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) modificando el modo de financiamiento del programa de Reparación Histórica.

Heller recordó los orígenes del FGS, creado en 2007, y destacó que en su composición accionaria participan “muchas empresas líderes”, por lo que en ese momento se buscó proteger esos activos y además “mantener la participación efectiva del Estado en el funcionamiento de esas empresas”.

“Como su nombre lo indica, el FGS tenía el objetivo de ser un garante ante la posibilidad de contingencias que hicieran que los recursos regulares de la seguridad social no alcanzaran” para afrontar el pago de beneficios previsionales, explicó Heller.

Sin embargo, recordó el diputado, “la intangibilidad del Fondo fue modificada en la gestión anterior estableciendo que el FGS podía llegar a utilizarse para atender la Reparación Histórica”, sancionada en 2016.

“En este proyecto venimos a restituir la situación original”, sintetizó Heller, y agregó que el objetivo del proyecto es “volver a poner este patrimonio del sistema previsional como garante del conjunto y no de una pequeña porción” que adhirió a la Reparación Histórica, aproximadamente 900.000 jubilados.

El legislador del Frente de Todos puntualizó que el pago de la Reparación Histórica se afrontará entonces a través del Tesoro y de partidas presupuestarias específicas, y “debe ser cubierto en su totalidad, sin poder fijarse límites a los pagos”, según consta en el artículo segundo del proyecto.

Heller añadió que se elimina la posibilidad de la venta de activos del FGS, y por otra parte, se establece que el FGS “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

El diputado también resaltó la constitución de un fondo fiduciario público denominado Programa de Inversiones Estratégicas, cuyo objeto será “invertir en sectores estratégicos para el Estado nacional fomentando la generación de empleo como política de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía real”.

En cuanto a las deudas de las provincias, la iniciativa establece un plazo de ocho meses para acordar con el Poder Ejecutivo Nacional, y agrega que se aplicará la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de más de un millón de pesos, de 30 a 35 días (Badlar Bancos Privados).

El proyecto de ley que busca refinanciar la deuda de las provincias con la ANSES y, paralelamente, modificar el financiamiento de la Reparación Histórica para proteger los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), recibió dictamen favorable este martes en la Cámara de Diputados.

A pedido de la oposición, el Frente de Todos aceptó modificaciones que fueron acordadas en un cuarto intermedio con la ANSES, aunque Juntos por el Cambio pidió tiempo hasta este miércoles para definir si acompañará con su firma, tras un debate interno.

El debate se dio en un plenario virtual de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión y Seguridad Social, que contó con la participación de la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, y el responsable del FGS, Lisandro Cleri.

Al inicio de la presentación, Raverta explicó que este proyecto viene a traer “soluciones” sobre cinco “problemas”: el financiamiento de la Reparación Histórica; los préstamos con las provincias; las inversiones productivas del FGS; la regularización de los créditos ANSES; y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en cartera del FGS.

La funcionaria recordó que el programa de Reparación Histórica, sancionado durante la gestión anterior, “se iba a pagar con el dinero que se incorporara a partir del blanqueo de capitales”, mientras que “la segunda fuente de financiamiento iba a ser los activos del FGS”.

Lo que se busca, explicó Lisandro Cleri, es “cambiar el orden de estos pagos”, es decir, “poner a la Reparación Histórica en igualdad con el resto de los programas”, con una financiación a través de recursos del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) en primer lugar, “y en caso de que haya un déficit transitorio, pasaría a cubrirlo el FGS”.

Raverta agregó que “el FGS es para los más de 7 millones de jubilados y pensionadas, y la Reparación Histórica es únicamente para un colectivo de 900.000” jubilados que adhirieron a ese programa, y que ahora recibirán el beneficio “a partir del Ministerio de Economía, del Tesoro, para que podamos resolver esa obligación sin afectar una garantía para el 100% de los jubilados” como es el FGS.

“Volvemos a la idea de que el FGS le pertenece a la totalidad de los jubilados”, puntualizó la directora ejecutiva de la ANSES.

El diputado radical Alejandro Cacace planteó dudas respecto al cambio en la modalidad de financiamiento de la Reparación Histórica, ante la posibilidad de que “una vez agotadas las partidas” del Presupuesto, los pagos corran riesgo.

Por eso, Cacace pidió a los funcionarios que garanticen que “se van a pagar integralmente los beneficios más allá de los límites que pueda imponer una partida presupuestaria”.

En el mismo sentido, Graciela Camaño (Consenso Federal) advirtió que “sabiendo que tenemos una manta muy corta, debemos tener un claro mensaje respecto a que bajo ningún punto de vista la Reparación Histórica va a estar atada a los recursos del Presupuesto. Es lo mínimo que podemos hacer para que el sistema tenga algún viso de credibilidad para nuestros jubilados, a los cuales cada vez que hay un problema económico les manoteamos sus fondos”.

Ante este planteo, el oficialismo aceptó modificar la redacción del artículo 2, agregando que el programa de Reparación Histórica “será cubierto en su totalidad” con las partidas presupuestarias “sin poder fijarse límites a los pagos”.

Por su parte, el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, consideró que “el proyecto es superador en materia de protección del FGS”, pero sugirió modificaciones en materia de créditos de ANSES “en defensa de los consumidores”.

El proyecto también establece que el FGS “asistirá financieramente para el pago de beneficios del SIPA con el fin de compensar el impacto eventual de los recursos previsionales ocasionados por la pandemia del Covid-19 durante el ejercicio 2020”.

Así, se establece que el Ministerio de Economía y la ANSES “deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera”.

Sobre este punto, Nicolás Del Caño (PTS-FIT) preguntó “en qué medida estos recursos del SIPA se ven afectados por la pérdida de recaudación por la caída actividad económica, y en qué medida a causa de las propias medidas del Poder Ejecutivo”, como “la reducción del pago de contribuciones patronales de las grandes empresas”.

Al responder, Cleri aclaró: “No vamos a cubrir la asistencia por decisiones o políticas del Estado, sino por todo aquello que haya impactado por el Covid”.

De todos modos, para no dejar lugar a dudas, el Frente de Todos incorporó un párrafo al artículo 4, indicando que “a los efectos de determinar este impacto, se considerarán los efectos de la pandemia del Covid-19 sobre la recaudación de los recursos tributarios que forman parte de los ingresos de la ANSES”.

En cuanto a la deuda de las provincias con la ANSES -a excepción de Córdoba, Santa Fe y San Luis-, Raverta señaló que “es un año muy particular y para las provincias es muy difícil cumplir esa obligación que tienen para con el FGS, por eso proponemos una forma nueva de financiar esa deuda”.

El proyecto, en su artículo 8 -que también fue mejorado a pedido de la oposición- establece que “en un plazo de ocho meses se pueda rediscutir provincia por provincia la deuda”, informó Raverta.

En tanto, Heller aclaró: “Algunos interpretan que los ocho meses son el plazo para pagar. Los ocho meses son un plazo para negociar con las provincias y llegar a un acuerdo, y ese acuerdo consistirá en la emisión de un bono de largo plazo en las condiciones que se acuerden”.

El tema se terminó de negociar este miércoles en el despacho del ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, en el marco de una reunión de la que tomaron parte también la titular de la ANSeS, Fernanda Raverta; el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe del bloque Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner. Al cabo de ese encuentro, del que también participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Jorge Capitanich (Chaco), se acordó con una veintena de gobernadores la refinanciación de la deuda que las provincias mantienen con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS.

A partir de ello se elaboró un proyecto de ley que se conoció este jueves y que ingresará por Diputados con el nombre “Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino”. El cual modifica el artículo 28 de la Ley 27.260 y sus modificatorias, que disponía que las rentas del FGS debían ser utilizadas para el pago de la reparación histórica y que, en caso de que fuera insuficiente, se deberían realizar los activos del FGS informando dicha situación a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso.

Esto será suspendido a partir de la aprobación de esta ley. Se argumenta tal decisión ante la necesidad de “llevar adelante una política sustentable, priorizar los procesos productivos y de infraestructura”. Es por eso que el financiamiento del Programa de Reparación Histórica “deberá ser soportado con los recursos enumerados en el artículo 18 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones y las partidas específicas asignadas para tal cometido, establecidas por las leyes de presupuesto”.

Explica la norma que la modificación de la fuente de financiamiento obedece a que “a partir de agosto de 2020, el pago de la Reparación Histórica implica erogaciones superiores a los diez mil millones de pesos mensuales”. Por tal motivo, agrega el texto, “la magnitud de las ventas que debería realizar el FGS de los activos de su cartera para financiar el programa implicarían un deterioro sustancial de los precios de dichos activos financieros, generando una pérdida significativa en el valor del FGS, con potenciales derivaciones sobre la estabilidad financiera, lo que sería muy conveniente evitar”.

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Se trataría la semana próxima

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, anticipó que “vamos a llamar a sesión el miércoles de la semana que viene. Estamos seguros de que vamos a tener el acompañamiento de todos los bloques, pero será responsabilidad de cada gobernador y cada gobernadora instar a sus legisladores a estar sentados en el recinto debatiendo y dándole a los provincias y al FGS este instrumento”, afirmó.

Cabe recordar que el protocolo a partir del cual se estaba sesionando de manera remota en Diputados está vencido y la oposición se resiste a suscribir uno nuevo si no se establecen previamente una serie de condicionamientos que eviten tratar de manera remota temas complejos como la creación de una bicameral para investigar los préstamos a la empresa Vicentin, o la propia reforma judicial.

El texto que el Ejecutivo quiere que se debata en el Congreso tiene en cuenta la emergencia imperante como consecuencia de la pandemia, a partir de la cual se extiende por el término de cuatro años el plazo previsto por el artículo 29 de la Ley N° 27.260 para subsanar todas las diferencias en los topes de las inversiones previstas por el artículo 74 de la Ley N° 24.241, con el fin de no generar un castigo desproporcionado con la cartera del FGS y poder realizar las operaciones necesarias en un marco más propicio. Esto es así, se agrega, “a consecuencia de que la anterior gestión de gobierno no priorizó la inversión en proyectos productivos (…) lo que significó que el FGS se encuentre incumpliendo la normativa legal, toda vez que sus inversiones no alcanzan el mínimo exigido por el citado inciso 1”.

El proyecto de ley establece que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad asistirá financieramente para cumplir el pago de los beneficios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) atendiendo al impacto eventual en los recursos previsionales ocasionados por la pandemia Covid-19 durante el ejercicio 2020. El Ministerio de Economía y la ANSeS deberán calcular dicho impacto y determinar el monto total de la asistencia financiera.

Por otra parte, como la crisis sanitaria afecta el normal funcionamiento de las administraciones provinciales, que se ven obligadas a atender mayores gastos en un contexto de caída de la recaudación de tributos nacionales y provinciales, las mismas deben redefinir las prioridades de uso de los saldos de caja. A lo cual, se suma el peso de los servicios de deuda. Como la asistencia financiera brindada por el Estado nacional a las provincias resulta insuficiente para  que estas hagan frente a los vencimientos de los préstamos dados por el FGS del SIPA, se instruye a la ANSeS para que en el plazo de 90 días refinancie a una veintena de distritos los préstamos que vencen durante el presente ejercicio, de acuerdo a una serie de condiciones.

En cuanto al programa Créditos ANSeS y en lo que atañe al manejo de la cartera del FGS, se propone no efectuar la capitalización de intereses de los créditos cuyo cobro se encuentra suspendido a partir de diciembre de 2019, reanudándose el cobro de las cuotas y respetando el plazo y las condiciones originales en las que el crédito fue otorgado.

El texto tiene en cuenta las prioridades establecidas para la recuperación de la economía tras la pandemia, que obligan a “orientar la mayor cantidad de recursos posibles hacia inversiones vinculadas al estímulo de la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y del desarrollo económico”. Bajo esta lógica, el proyecto de ley prioriza esa finalidad del FGS con el objetivo de “preservar y potenciar tanto la rentabilidad directa de los activos que administra, como así también de internalizar la rentabilidad indirecta que generan los proyectos destinados a fomentar la economía real”.

Con este fin se constituirá un Fondo Fiduciario Público denominado “Programa de Inversiones Estratégicas” a efectos de invertir en sectores relevantes a largo plazo para el Estado nacional, fomentando la generación de empleo como políticas de desarrollo económico en pos de la sostenibilidad de la economía, lo que tendrá una duración de 20 años.

El FGS invertirá hasta la suma de cien mil millones de pesos, los cuales podrán ser suscriptos en especie conforme a los rendimientos mínimos establecidos en el proyecto.

Se propicia además la creación del Fondo de Afectación Específica para la Recuperación, la Producción y el Desarrollo Argentino, que actuará en la órbita de la ANSeS, el cual estará integrado con la transferencia de los honorarios que perciban los funcionarios públicos designados como directores en las sociedades, fideicomisos o Fondos Comunes de Inversión donde el FGS tenga participación accionaria, como así también toda otra transferencia que disponga la ANSeS.

La diputada nacional Romina Del Plá (PO-FIT) presentó un proyecto para anular el DNU 542/20, por el cual el Poder Ejecutivo prorrogó la suspensión de la fórmula jubilatoria sancionada durante la gestión de Mauricio Macri.

“Con este decreto se prolonga por otros 180 días lo que estableció la mal llamada ‘Ley de Solidaridad Social’, que impuso una nueva confiscación a los jubilados, reemplazando la movilidad por sumas establecidas a discreción por el Poder Ejecutivo”, denunció Del Plá.

La legisladora del Partido Obrero sostuvo que esa ley “retrocede aún más sobre la reaccionaria reforma previsional de diciembre de 2017. El Frente de Todos actúa de igual modo que el gobierno de Macri, al cual miles de trabajadores repudiaron en las calles aquellas jornadas”.

“El 23% que debió aplicarse era reparatorio de la inflación del último semestre del año pasado. Es decir que sobre la inflación de este semestre la compensación es cero. De enorme gravedad es que la anulación de la movilidad avanza en la abolición del vínculo de las jubilaciones con los sueldos de los trabajadores activos y en la transformación de la jubilación en un subsidio a la vejez”, advirtió.

Y agregó: “Para el Gobierno, la 'solidaridad’ la deben ejercer los que menos tienen para financiar a los que más tienen: el FMI, a través de la deuda, y las patronales, a través de los ATP y exenciones impositivas y previsionales que financia la ANSES con dinero de los jubilados”.

El diputado nacional Mario Arce (UCR – Formosa) puso en duda el nuevo sistema que sustituye a los bolsones Pami por una suma fija de $ 1600 abarcativo de tres meses. Presentó un pedido de informe al Ejecutivo Nacional para obtener mayor detalle sobre este tema.

“Por un lado se advierte su insuficiencia, ya que un bolsón con productos saludables objetivamente tiene un valor significativamente mayor y por otro lado no es un monto mensual, sino que esos $ 1600 representan a tres meses, que si lo fraccionamos por mes, un beneficiario estaría recibiendo $ 533, aproximadamente. Recordemos que los ‘Bolsones Pami’ tienen por objetivo la entrega mensual de productos secos seleccionados por nutricionistas para complementar la alimentación diaria, teniendo en cuenta las patologías prevalentes”, señaló Arce.

Y agregó: “El beneficio carece de universalidad ya que ni siquiera se extiende o llega a todos los jubilados que cobran la mínima, por lo que se hace necesario indagar sobre los parámetros que toma el Gobierno nacional para llegar a ese número”.

“Si bien se dijo que ese monto varía según la modalidad del bolsón y la zona geográfica no se hizo pública a cuánto ascendería la asistencia en los otros casos. Hay que tener en cuenta el fuerte incremento de los precios interanual en el rubro alimentario que en marzo fue 3,9 y en abril 3,2 en plena pandemia, sumado al arrastre de los otros meses, nos llevan a advertir con mayor fundamento esta situación”, amplió.

“Esperemos que esto no sea un nuevo ajuste a los jubilados, teniendo en cuenta que en diciembre este Gobierno le quitó la ley de movilidad que mejoraba sustancialmente sus haberes a diferencia de las actualizaciones que se hacen ahora por decreto”, afirmó.

En cuanto al otorgamiento del dinero, Arce dijo que “ante este contexto del Covid19 pueden ser lógicas las nuevas medidas, lo que es discutible es si ese monto permite al beneficiario acceder a comprar alimentos en la misma cantidad y calidad al del bolsón. Al mismo tiempo consideró que si se deja de entregar en especie por más que sea temporal, la obra social pierde el control sobre sus afiliados y desnaturaliza el objetivo principal de este programa que es ayudar a sus beneficiarios a mantener una alimentación saludable”.

El legislador explicó que inmediatamente al anunciarse la nueva modalidad, varios jubilados y pensionados le plantearon sus inquietudes, haciendo hincapié en lo irrisorio de la ayuda y si ese monto realmente compensaba a los otros dos tipos de bolsones que se venían entregando (B, C).

También remarcaron el limitado alcance ya que no estarían contemplados los beneficiarios que se encuentran en lista de espera ya que el Gobierno no amplió el presupuesto destinado al Programa Probienestar para el corriente año, a lo que el diputado se comprometió a realizar las averiguaciones correspondientes ante el Poder Ejecutivo”.

El legislador radical manifestó que por los datos que se pudieron extraer en un universo de aproximadamente 50.000 jubilados y pensionados Pami en Formosa, un poco más de 11.000 están recibiendo la ayuda”, y agregó “hay mucha gente que no ha sido empadronada por diferentes motivos y esto impide que el beneficio llegue a todos los afiliados que reúnen los requisitos y se encuentran comprendidos dentro de la escala de vulnerabilidad requerida para ser beneficiario del programa”. “El problema mayor es la falta de acceso a la información que tienen los jubilados y pensionados de Pami del interior, recordando que “durante los 4 años anteriores, ‘Argentina con vos’ permitió que los servicios del Estado llegaran a muchísimas localidades del interior, a diferencia de la nueva gestión nacional donde esta cercanía se perdió”.

Se reunió este  martes la Comisión de Movilidad Previsional y Regímenes Especiales Jubilatorios, integrada por representantes del Poder Ejecutivo y miembros de las dos cámaras del Congreso. Al encuentro virtual se sumó como integrante la directora ejecutiva de ANSeS, Fernanda Raverta, con lo cual llegan a 15 los integrantes y se aprobó un reglamento de funcionamiento de la comisión.

Se acordó también un plan de trabajo con reuniones semanales donde asistan especialistas y representantes de diferentes organizaciones.

Tal cual había sucedido ya en el encuentro del lunes de la semana pasada, volvió a producirse una discusión en torno a la prórroga de la suspensión de la movilidad. El oficialismo con su mayoría emitió una resolución para solicitar que se prorrogue la suspensión de la ley de movilidad por 180 días más y que se sigan otorgando los aumentos por decreto, con la negativa de los representantes de Juntos por el Cambio, quienes expresaron que el 20 de junio debe recobrar vigencia la ley de movilidad previsional, suspendida por 6 meses mediante la ley de emergencia.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de Diputados, Carlos Heller, se ocupó de  pedir la prórroga de la facultad para que el Poder Ejecutivo defina por decreto los aumentos a los jubilados de septiembre y diciembre, ante la profundización de la emergencia declarada en diciembre pasado, por los efectos de la pandemia.

Al oponerse, el diputado nacional radical Alejandro Cacace dijo que “los jubilados deben tener previsibilidad sobre lo que cobran, hemos visto que los incrementos que se dieron han sido inferiores a los que corresponderían por la ley de movilidad -en junio hubieran tenido un incremento del 10,9 % contra el 6,12 que recibieron-; los jubilados  tendrían en septiembre una garantía de un aumento del 9,88 % y además la movilidad es un derecho constitucional establecido por la Constitución y que debe ser reglamentado por ley”.

Luego de un intercambio de opiniones, la moción se puso a votación, y fue aprobado un despacho de mayoría de 8 votos de los representantes del Poder Ejecutivo y los legisladores del Frente de Todos, y un despacho de minoría de 4 votos, firmado por los legisladores de Juntos por el Cambio.

Previamente se había resuelto la conformación definitiva de la comisión, que será  presidida por el oficialista Marcelo Casaretto, y fue designada vicepresidenta la senadora radical María Belén Tapia y como secretaria técnica a Adriana Micale, del Ministerio de Trabajo.

Participaron del encuentro los senadores del Frente de Todos Daniel Lovera y Carlos Caserio, y el diputado Carlos Heller; el senador de Juntos por el Cambio Esteban Bullrich y los diputados de ese sector Luciano Laspina y el mencionado Alejandro Cacace.

También asistieron los funcionarios Miguel Baelo, Luis Bulit Goñi y Roberto Arias.

Luego de casi cinco meses de sancionada la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, mediante la cual se suspendió la fórmula de movilidad jubilatoria, se avanzará este lunes a partir de las 16, con la conformación de la comisión especial que tendrá a su cargo la elaboración de un nuevo índice de actualización de los haberes previsionales.

Según informó el presidente de la Comisión de Previsión Social de Diputados, el entrerriano Marcelo Casaretto (Frente de Todos), el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni; convocó mediante una nota a que se avance con la constitución de este grupo de trabajo. La reunión se realizará de manera virtual.

A través de la Ley 27.541, se estableció un plazo de 180 días en los cuales funcionarios del Poder Ejecutivo y un puñado de legisladores nacionales debían revisar “la sustentabilidad económica, financiera y actuarial” y proponer “al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales”.

Ese tiempo se vence en junio, por lo cual urge que se avance con la conformación de la comisión, algo que, cuando recién se inició el aislamiento obligatorio, se había estipulado para fines del mes de abril. Finalmente, será la semana que viene.

De acuerdo a la ley, formarán parte los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Previsión Social de ambas cámaras del Congreso. De esta manera estarán los diputados Carlos Heller (Frente de Todos) y Luciano Laspina (Pro), por la Comisión de Presupuesto; Marcelo Casaretto (Frente de Todos) y Alejandro Cacace (UCR), por la Comisión de Previsión Social. También la integrará Luis Pastori (UCR), presidente de la Comisión de Análisis y Seguimiento del Cumplimiento de las Normas Tributarias y Previsionales.

En tanto, los representantes del Senado serán Carlos Caserio (Frente de Todos) y Esteban Bullrich (Pro), por la Comisión de Presupuesto; Daniel Lovera (Frente de Todos) y María Belén Tapia (UCR), por la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Los representantes del Gobierno serán el jefe de Gabinete de Asesores, Miguel Baelo; el secretario de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Luis Goñi; y el secretario de Política Tributaria del Palacio de Hacienda, Roberto Arias.

La diputada entrerriana de la UCR Sara Foletto presentó un proyecto de resolución solicitando al poder Ejecutivo de la provincia que interceda ante el PEN y ante las autoridades de ANSES, para que suspendan los descuentos vinculados a los préstamos que otorgan las entidades financieras y las ayudas económicas que realizan las mutuales a los jubilados y pensionados nacionales, hasta tanto perdure la emergencia económica y sanitaria que atraviesa el país.  

Foletto señaló que, en el marco de las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional frente a la pandemia del coronavirus, “es imprescindible tomar esta decisión puesto que a las magras jubilaciones que perciben los beneficiaros del sistema previsional nacional, tanto jubilados como pensionados, no corresponde que dichas entidades prosigan realizando los descuentos de dichos créditos”. 

En este sentido, la legisladora recordó que el presidente de la Nación ha reiterado en muchas oportunidades que “frente a la cuestión económica y la salud, él ha decidido privilegiar la salud y la supervivencia del pueblo argentino”; y que el presidente ha dicho en sus discursos de campaña que, “entre los jubilados y el sistema financiero, él iba a estar del lado de los jubilados”, por lo tanto, consideró que “es imprescindible tomar esta decisión de la suspensión del descuento de los pagos de los créditos a las entidades financieras y las ayudas económicas de las mutuales por parte de nuestro jubilados y pensionados nacionales que se vienen realizando con normalidad frente a tamaña crisis económica y social.”  

Por último, advirtió que, si la ANSES tomó la decisión de suspender el descuento de las cuotas de los créditos que se habían otorgado a los beneficiaros del sistema previsional nacional, “no es coherente que las financieras y las mutuales prosigan realizando los descuentos como si estuviéramos conviviendo en dos argentinas distintas”.

El senador Julio Cobos presentó un proyecto de ley por el cual los bancos que tengan cuentas de trabajadores del sector público o privado, de los haberes o prestaciones de la seguridad social o planes de ayuda social; deberán emitir una tarjeta de débito por cada titular y por cada apoderado en forma gratuita y enviar la misma a los domicilios registrados por cada uno de ellos.

El exvicepresidente de la Nación explicó que “a pesar de que una amplia mayoría de los beneficiarios previsionales o de programas sociales tienen una cuenta bancaria y asociada a ella una tarjeta de débito, no surge de la normativa actual la obligación de las entidades bancarias de entregar las tarjetas de débito. Lo sucedido el pasado viernes, cuando miles de jubilados hicieron largas colas a fin de retirar los fondos que el ANSeS había depositado en sus cuentas, es algo que no puede volver a pasar. Deben brindarles a los jubilados y a quienes reciben planes sociales, las tarjetas de débito que les corresponden para que puedan extraer su dinero y evitar que deban concurrir a los bancos para proveerse de efectivo”.

“Al margen del grave problema de salud pública que dicha situación ocasionó, también se evidenció que a nueve años de sus aperturas no todas las cuentas previsionales contaban con su respectiva tarjeta de débito. Esta ley no pretende regular las colas en los bancos de jubilados sino actuar contra las causas que las generaron: la no emisión y distribución de las tarjetas, obligando a las entidades financieras a distribuirlas y habilitarlas en forma remota”, señaló Julio Cobos.

El legislador mendocino manifestó que “es indispensable que los jubilados cuenten con la tarjeta que le permita comprar con cargo a la misma en comercios, retirar efectivo de los cajeros automáticos o de comercios y realizar pagos con cargo a la cuenta mediante los cajeros automáticos o homebanking. También estipulamos que cuenten con esta tarjeta los apoderados a fin de que puedan realizar las mismas tareas en caso de que al titular le resulten complejas o no pueda realizarlas”.

“Ante la emergencia sanitaria el Estado debe llegar ágil con los fondos de ayuda social y permitir que los jubilados y pensionados reciban sin dificultad ni contratiempos sus beneficios previsionales y los refuerzos que prevea el Poder Ejecutivo. La falta de las tarjetas -y el increíble desinterés para proveerlas- atentan contra la salud pública”.

Por último, Cobos aseguró que “en este contexto, los bancos deben ser responsables de distribuir los instrumentos que permitan a los jubilados acceder a sus haberes que tienen depositados y quitarle una angustia más a quienes hoy se encuentran aislados físicamente de sus familias”.

A través de una carta dirigida al presidente de la Nación, Alberto Fernández, los diputados integrantes del bloque Unidad y Equidad Federal solicitaron “inmediatas acciones para responsabilidad a las entidades bancarias correspondientes”, por la situación vivida este viernes en las puertas de los bancos.

En ese sentido pidieron al primer mandatario la aplicación de sanciones a las entidades, como así también que se tome en cuenta lo sucedido a la hora del dictado de otras medidas. “Es hora de que los bancos hagan un aporte serio a la economía y la salud general en esta pandemia, y no podemos permitir que esta negligencia tan grave pase sin consecuencias serias”, señalaron los diputados Beatriz Ávila, Luis Di Giacomo, Pablo Miguel Ansaloni, Antonio Carambia, Ricardo Wellbach, Flavia Morales, Diego Sartori y José Luis Ramón.

Estos legisladores pidieron ordenar la normalización de la atención indispensable en las entidades bancarias y financieras de todo el país, cumpliendo los protocolos de salud establecidos, garantizando los servicios ofrecidos; como así también agilizar la atención a usuarios telefónicamente por correo electrónico y redes sociales.

Piden aplicar sanciones a los proveedores bancarios por haber puesto en riesgo la salud de todos los consumidores que concurrieron este viernes a los bancos, y por último el “apartamiento y/o renuncia inmediata de los funcionarios encargados de haber tomado las medidas necesarias para prevenir este accionar y coordinar el control de la operatoria bancaria”.

PEN- Pedido Intervención -Riesgo Por Actividad Bancaria a Consumidores by Parlamentario on Scribd

Tras las larguísimas filas que se generaron en las entidades bancarias este viernes, legisladores de la oposición pidieron que los bancos sean declarados actividades esenciales, de modo de estar contemplados dentro de las excepciones que establece el DNU que declaró la cuarentena general por la pandemia del coronavirus.

Los bancos desarrollan actividades esenciales, deben tener horarios especiales para atender a nuestros jubilados, es desastroso lo qué pasó hoy.

— Graciela Ocaña (@gracielaocana) April 3, 2020

Además de este pedido, la diputada Graciela Ocaña (Pro) le exigió al presidente del Banco Central, Miguel Pesce, que los bancos atiendan durante el jueves y viernes próximos -de Semana Santa-.

Para la macrista, “el presidente (Alberto Fernández) debe pedir la renuncia de todos los que irresponsablemente no pudieron organizar el cobro de los jubilados", enfatizó y consideró que tiene que haber "horarios especiales" para atenderlos.

"Es una acción criminal contra los adultos mayores. No solo le han bajado la jubilación, sino que también ahora los exponen al virus de manera peligrosa”, se quejó y agregó que solicitó la inmediata entrega de tarjetas de débito.

La legisladora señaló que la ANSeS "debe aclarar que todos mantendrán en esta emergencia su jubilación y pensión en los bancos y que se les explique a todos los jubilados que van a cobrar, que no es necesario que todos hagan la cola hoy, ya que las entidades también trabajarán sábado y domingo y la atención está garantizada para los días lunes, martes y miércoles; por eso exigimos que también atiendan jueves y viernes”.

Ocaña recordó que en la mayoría de las consultas que recibió por parte de adultos mayores, la mayoría no cuenta con tarjeta de débito. "Necesitamos que nuestros mayores sean cuidados. Son los más vulnerables al coronavirus. No es posible que luego del esfuerzo de todos en realizar una cuarentena de 15 días, la mala organización y falta de compromiso de las autoridades provoque esta congregación. Todos los objetivos que buscaron con la cuarentena se perdieron por la irresposabilidad de las autoridades”, finalizó.

Por su parte, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) le envió una nota al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que se incluya a las entidades bancarias como uno de los servicios esenciales. En este sentido, subrayó que lo sucedido este viernes “no puede volver a ocurrir".

Lo que está sucediendo en los bancos es inhumano y contradice todos los mensajes de los últimos días. Es indispensable que todos los sectores hagan un esfuerzo. Las entidades financieras tienen que ser declaradas servicio esencial. No podemos exponer a la gente de esta forma.

— Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) April 3, 2020

"Es necesario que se incluya a esta actividad dentro de los servicios esenciales, garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias y planificando la mejor manera en que se lleve a cabo su actividad”, afirmó.

La tucumana remarcó que "las condiciones a las que estuvieron expuestos gran parte de nuestra población son contrarias a todas las recomendaciones que se vienen haciendo desde el Gobierno y los especialistas”, señaló.

“Es imprescindible que ANSeS coordine con los dueños de los bancos y con el Banco Central, para que no solamente no vuelvan a ser expuestos nuestros jubilados y todos los que necesitan de la actividad bancaria, sino también para proteger a los trabajadores. Es indispensable que todos los sectores hagan un esfuerzo”, añadió.

Por su parte, el diputado fueguino Héctor “Tito” Stefani sostuvo que “no se puede improvisar con los jubilados. Son los más vulnerables”, y agregó: “Desde todos los sectores se hizo un gran esfuerzo para cuidar a los adultos mayores. Exponerlos de esta manera es un despropósito”.

En tanto, a través de su cuenta de Twitter, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri, sostuvo que “las aglomeraciones en los bancos de las personas que están en mayor riesgo, los adultos mayores, muestra lo que no debe suceder en cuarentena". "El Gobierno debe tomar urgentes medidas para no poner en riesgo la salud pública. No perdamos en horas lo que avanzamos en 15 días”, afirmó.

Y agregó: "¿Quiénes son responsables de poner a ciento de miles de personas de grupos de riesgo en las calles para cobrar en los bancos? ¿Cuántos contagiados se sumarán? El Presidente, quien conduce la crisis, debe actuar para evitar esta ´bomba viral´. Debe hacerlo de inmediato".

¿Quiénes son responsables de poner a ciento de miles de personas de grupos de riesgo en las calles para cobrar en los bancos?
¿Cuántos contagiados se sumarán?
El Presidente, quien conduce la crisis,
debe actuar para evitar esta “bomba viral”. Debe hacerlo de inmediato.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) April 3, 2020

Proyecto en el Senado

Mediante un proyecto de comunicación, dieciocho senadores de la oposición le solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que incorpore a los servicios bancarios como esenciales, exceptuándolos del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Asimismo, pidieron por la utilización de cajeros móviles, otros como Rapipago, billeteras electrónicas y cualquier otro mecanismo disponible.

Por otra parte, se le requiere al PEN que investigue la responsabilidad de los funcionarios públicos que llevaron a jubilados y pensionados a cobrar los haberes de forma presencial en forma masiva, generando aglomeraciones y “poniendo en riesgo la salud de una sociedad entera”.

La iniciativa, elaborada por la senadora Laura Rodríguez Machado, contó con las firmas de Mario Fiad, María Belén Tapia, Pablo Blanco, Víctor Zimmermann, Silvia Giacoppo, Alfredo De Angeli, Humberto Schiavoni, Luis Naidenoff, Stella Maris Olalla, Julio Martínez, Gladys González, Pamela Verasay, Ernesto Martínez, Silvia Elías de Pérez, Pedro Braillard Poccard, Juan Carlos Romero y Oscar Castillo.

La diputada nacional Graciela Ocaña (Pro) recibió más de 500 consultas de adultos mayores en la última semana sobre inconvenientes para cobrar sus haberes, prestaciones de PAMI, medidas de prevención contra el Covid-19 y hábitos saludables durante la cuarentena.

A través de la línea 11 3092 2799, mensajes en sus redes sociales en Facebook e Instagram y correos electrónicos, Ocaña y los diputados porteños Sol Méndez y Gastón Blanchetiere atendieron más de medio millar de inquietudes y realizan un seguimiento constante de los casos con los distintos organismos y entidades.

Al respecto, la legisladora nacional de Juntos por Cambio señaló que “hay más de un millón de jubilados que no tiene tarjetas de débito para percibir sus haberes, necesitan de manera urgente que se resuelva el cobro de manera fácil y rápida, por eso estamos en contacto con bancos y entidades para agilizar las acciones”.

En ese sentido, Ocaña solicitó que a la ANSES “prorrogue el período para el cobro de jubilaciones y pensiones evitando que los bancos devuelvan las recursos”, y pidió además que “los entidades financieras atiendan durante la cuarentena, como se está realizando en España”.

Asimismo, reclamó que “los médicos de cabecera registren su firma electrónica para que los beneficiarios de PAMI puedan tener receta digital” y añadió que “es urgente e importante que el presidente tome estas medidas para cuidar de los adultos mayores que nos necesitan más que nunca”.

El presidente Alberto Fernández anunció hoy un aumento del 13 por ciento en los haberes mínimos de jubilados y pensionados, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás Asignaciones Familiares, que regirá a partir de marzo. El incremento, que percibirá la totalidad de los beneficiarios del régimen general, estará compuesto por una suma fija de 1.500 pesos más un monto extra del 2,3 por ciento.

De esta forma, el 86,8 por ciento del total de los beneficios recibirán un aumento mayor al 11,56 por ciento que hubieran percibido con la fórmula de movilidad previa, sostuvo el Gobierno.

Sin embargo, desde la oposición llovieron las críticas. El presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, ironizó: “Vinieron a poner plata en el bolsillo de la gente, pero ajustaron el bolsillo de los jubilados”, pero aclaró: “la fórmula suspendida era 11,6%, pero solo suben 5% para el que cobra 4 veces la mínima”.

Alberto Fernández prometió un aumento del 20% para todos los jubilados.
Con el anuncio de hoy, sólo los que perciben una vez la mínima cobrarán un 12% más de lo que hubieran cobrado con la fórmula anterior, $ 191.
El resto, entre el 15,5% y el 54.3% menos.
Eso se llama ajuste.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) February 14, 2020

“Alberto Fernández prometió un aumento del 20% para todos los jubilados.

Con el anuncio de hoy, sólo los que perciben una vez la mínima cobrarán un 12% más de lo que hubieran cobrado con la fórmula anterior, $ 191. El resto, entre el 15,5% y el 54.3% menos. Eso se llama ajuste”, concluyó el diputado cordobés.

Graciela Ocaña también salió con los tacos de punta: “Es increíble el ensañamiento que el gobierno de los Fernández tiene con los jubilados, que han aportado más de 30 años con su trabajo a construir la Argentina y son castigados. La medida anunciada es un recorte de más de 5 mil millones de pesos por mes a los jubilados”, disparó.

Desde la izquierda no se quedaron atrás. Nicolás del Caño señaló: “Como se puede ver para los jubilados y las jubiladas que cobran por encima de la mínima el aumento será inferior al que corresponde por ley. Para quienes cobran la mínima serán 200 pesos más que lo estipulado”.

Entre los jubilados y los bancos, Fernández ya eligió. Los bancos!! todo lo contrario a lo que dijo en la campaña. Una estafa política. https://t.co/kTm4e3qS71

— Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) February 14, 2020

A su vez, el legislador porteño Gabriel Solano tuiteó: “Laburaste toda tu vida, aportaste a la Anses 35 años y tenes un jubilación de 30.000 pesos que no te alcanza para vivir. Pero el gobierno te trata de privilegiado y te quita el 40% del aumento que estaba comprometido. Y sí, te querés morir”.

“Ahora anuncian con bombos y platillos, lo que antes era un derecho consagrado por ley. El cinismo del populismo, es convencerte que te están dando algo que ya tenías”, expre A su vez, el diputado radical formoseño Mario Arce, y agregó: “El aumento de los que cobran la jubilación mínima es casi igual a lo que se hubiese cobrado con la fórmula de movilidad. Ahora, lo que no se dice es el recorte que van a sufrir quienes están por encima del piso. Aunque lo quieran vender de otra manera #EsAjuste”.

Previsiblemente tampoco Fernando Iglesias tuvo contemplaciones: “La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la reducción del vademécum es la creación del vademécum y el recorte a los jubilados es un aumento. Bienvenidos al 1984 de Alberto Fernández y Luana Volnovich”.