El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que “nunca estuvo en discusión por parte del Gobierno la importancia y la significación de las universidades nacionales” tras ser consultado por el presupuesto universitario en la sesión informativa del Senado de este miércoles.

 

Fue la senadora rionegrina Mónica Silva quien le consultó al funcionario sobre la “posibilidad de trabajar lo que ha venido en el proyecto de ley de Presupuesto o es una posición inflexible los fondos asignados de 3,8%”, y sobre el FONID.

“Pensamos que este tema está en manos de las autoridades provinciales y entendemos que este año fue bisagra porque había cuestiones macroeconómicas de resolver y eso impedía la disponibilidad de recursos de la Nación y de las provincias”, arrancó su respuesta Francos respecto del FONID.

Sin embargo, expresó: “Estamos convencidos que el año 2025 va a haber un crecimiento fuerte de la recaudación de los impuestos coparticipables y, por lo tanto, seguramente la provincia va a poder resolver ahí este tema o este atraso que pueda haber en los salarios docentes”.

Con respecto al tema de los vauchers educativos, explicó: “Este fue también una respuesta dada en la emergencia para solucionar a todas aquellas familias que tenían hijos en escuelas pagas de determinado nivel de aranceles bajos. Poder darles una ayuda y se lo hizo en con motivo de la emergencia”.

“Veremos, no está definido este año si va a continuar el sistema. No si el Gobierno considera que es necesario, como lo dijo el presidente Milei, desde el primer momento los temas que tiene que ver con la asistencia social son la prioridad del Gobierno”, aclaró.

Por último, sobre las universidades nacionales Francos sostuvo: “Por ahí se generó una puja no querida por el Gobierno en este tema porque nunca estuvo en discusión por parte del gobierno la importancia y la significación de las universidades nacionales”.

“Si el Gobierno hizo una referencia al tema de las auditorías, de la forma que se invierten esos recursos y, por supuesto, siempre estamos abiertos a conversar sobre los temas presupuestarios manteniendo esto que para el Gobierno es tan importante que es el equilibrio fiscal como el instrumento que nos permite solucionar los todos los problemas”, concluyó.

Las universidades de hoy no pueden cumplir su propósito si se quedan estancadas en métodos y estructuras del pasado. La educación superior, en cualquier país que aspire a ser competitivo, debe evolucionar al ritmo de los tiempos. No basta con transmitir conocimiento; es esencial que también promuevan valores y construyan una infraestructura de calidad que guíe el desarrollo de la sociedad. En América Latina, donde los desafíos educativos son enormes y los recursos suelen ser limitados, la implementación de estándares de calidad es una necesidad urgente.

La educación universitaria en la región enfrenta obstáculos específicos: financiamiento insuficiente, gestión ineficaz y una falta de regulación que afecta la calidad de la enseñanza, la retención de talentos y la competitividad de los egresados. Según el Banco Mundial, solo el 20% de las universidades latinoamericanas reciben financiamiento estatal adecuado, en comparación con el 50% en Europa. Este desbalance obliga a las instituciones a equilibrar calidad y limitaciones presupuestarias, lo que limita el acceso a una educación competitiva.

En este contexto, implementar normas internacionales como las certificaciones ISO podría marcar un antes y un después para la educación superior en América Latina. La norma ISO 9001, enfocada en gestión de calidad, no solo estandariza procesos; según estudios, mejora un 25% la satisfacción estudiantil en universidades que la adoptan. Este cambio va más allá de reducir tiempos de espera o simplificar trámites; es una muestra de respeto y compromiso hacia cada estudiante y familia.

La transparencia en la gestión es otro aspecto crítico. En América Latina, la corrupción en el sector educativo representa pérdidas de hasta el 3% del PIB en algunos países, según Transparency International. La ISO 37001, que aborda la gestión antisoborno, ha demostrado reducir en un 30% las irregularidades administrativas en instituciones que la implementan. Esto es fundamental para formar una sociedad ética: las universidades deben dar el ejemplo de integridad.

En un contexto donde la sostenibilidad es clave, la norma ISO 14001, sobre gestión ambiental, puede ayudar a crear universidades comprometidas con el medio ambiente. Las instituciones que han adoptado esta norma reportan un aumento del 20% en la satisfacción estudiantil, ya que los jóvenes valoran el compromiso ambiental. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el 70% de los estudiantes universitarios en América Latina apoyan iniciativas ecológicas en sus campus.

A nivel mundial, muchas universidades de prestigio ya han adoptado estas certificaciones como estándar. Oxford, por ejemplo, implementó la ISO 9001 para optimizar procesos administrativos, logrando una reducción del 15% en tiempos de espera. Stanford redujo su huella de carbono en un 30% en cinco años gracias a la ISO 14001, mientras que la Universidad Técnica de Múnich utiliza la ISO 37001 para asegurar transparencia en el uso de fondos, fortaleciendo la confianza en su comunidad académica. Estos ejemplos muestran que los estándares internacionales no son negociables para una educación que aspira a ser excelente y responsable.

Conscientes de estos desafíos, Global Certification ha lanzado la iniciativa Calidad Educativa, permitiendo a las universidades de América Latina y el Caribe acceder a certificaciones ISO con una inversión hasta un 80% menor si además optan por proyectos ambientales. Este programa hace que la certificación ISO sea accesible para instituciones con recursos limitados, incentivando también la sostenibilidad.

Es fundamental comprender que la responsabilidad de mejorar la educación superior en la región no recae solo en las universidades. Gobiernos, empresas y ciudadanos juegan un papel crucial. Los gobiernos deben implementar políticas que faciliten la adopción de estos estándares; las empresas pueden apoyar mediante alianzas estratégicas, y los ciudadanos, como estudiantes y padres, pueden exigir más calidad en las instituciones.

El compromiso con normas como ISO 9001, 37001 y 14001 es más que una formalidad; es una responsabilidad ética. Cada universidad tiene el deber de formar a la próxima generación de líderes, y solo a través de una educación de calidad, transparente y sostenible, se puede construir una sociedad preparada para los retos del futuro.

En manos de las universidades de América Latina está el poder de hacer una diferencia real, no solo para sus estudiantes, sino para toda la comunidad. La calidad y la transparencia no pueden seguir siendo temas secundarios. Es momento de actuar y asumir la responsabilidad de construir una sociedad más justa y competitiva. Porque la educación sigue siendo el motor de cambio más poderoso de una nación.

Mientras el Gobierno avanza con su plan de auditar las universidades, tras vetar la ley de financiamiento universitario, y luego de que la Comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas, que preside el diputado de la oposición dialoguista Miguel Ángel Pichetto, le pidió a la Auditoría General de la Nación (AGN) que sean prioridad para auditar las facultades de Medicina, de Ciencias Económicas, y de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para agosto de 2025.

En ese contexto, parlamentario.com dialogó con la exdiputada nacional del Frente Renovador y profesional senior de la AGN, Carla Pitiot, quien apuntó contra el Gobierno por su embestida contra las Casa de Altos Estudios y analizó el panorama dentro del Congreso de la Nación.

Pitiot explicó que la AGN y las auditorías son organismos de control “fundamentales para fortalecer la democracia y las auditorías sirven para garantizar gestiones transparentes y eficaces”.  “Lo que sucedió con las universidades fue una gran confusión porque la AGN ya las auditaba. Además, en el plan de acción para el 2025 la auditoría incluyó más de 10 universidades a auditar”, explicó y planteó: “Llegado el caso lo que debemos repensar y debatir son las facultades de la Auditoría. Donde hay fondos públicos debe haber control argumental, no hay dudas al respecto”.

Cabe recordar que los propios miembros de La Libertad Avanza votaron en contra del artículo que establecía auditar en la ley de financiamiento universitario que finalmente fue vetada. Al respecto, la abogada opinó: “Es una gran contradicción, por eso me parece que muchas veces este gobierno usa el control como un eslogan, pero poco está haciendo para garantizarlo”.

 “De hecho, en su gobierno hay funcionarios que ejercen como tales sin estar designados y hay conflicto de intereses, eso también debería controlarse…”, remarcó y le propuso al oficialismo que como acción podría llevar a cabo una “revisión de la Ley de ética pública”.

Al ser consultada por las autoridades que faltan designar en la AGN y que corresponden a la Cámara de Diputados, Pitiot apuntó: “Desde la creación de la AGN nunca habían transcurrido tantos meses con tres cargos vacantes sin designación. En estos días el presidente de la HCDN (Martín Menem) estuvo diciendo en medios que no llegaban a acuerdos, pero se acordaron un poco tarde, ¿no? Hace siete meses que deberían haberse designado los tres auditores/as”.

Sobre la conformación de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas que se constituyó hace una semana y recibió al presidente de la AGN este martes, la exdiputada celebró su conformación, pero remarcó: “El que se haya constituido a esta altura del año es otro síntoma de que el control importa poco. Es como un hacer de cuenta que le interesa a este gobierno, pero los hechos demuestran otra cosa”.

La reforma de 1994 formalizó la existencia de la AGN en la Constitución Nacional (CN), dándole un marco normativo y reconocimiento constitucional que antes no tenía a través del art. 85 de la Carta Magna. Sin embargo, a 30 años de la última Asamblea Constituyente, el artículo citado continúa sin reglamentarse y en consecuencia nuestro Sistema de Control Externo, encargado de promover la gestión legal, transparente, eficaz, eficiente, económica y sostenible, permanece desamparado.

Al respecto, Pitiot señaló que “es una deuda pendiente de la democracia, sin dudas”, y recordó que durante su mandato como legisladora “había varios proyectos sobre ese tema, pero nunca tuvimos el consenso para debatirlos y lograr dictamen. El control, generalmente, es un tema al que no se le presta mucha atención, no se dimensiona el impacto que puede tener para la calidad en la gestión pública y como consecuencia también sobre la sociedad”.

El artículo 85 expresa: “El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Tendrá a su cargo el control de la legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos. De esta manera reforzó su autonomía e independencia, asegurando que pudiera desempeñar sus funciones sin interferencias del Poder Ejecutivo, ya que la AGN pasó a ser un órgano dependiente del Congreso de la Nación, garantizando un control más imparcial y objetivo. En este sentido, el control en los actos de gobierno es un pilar fundamental para el buen funcionamiento de una democracia y para asegurar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la administración pública".

En ese sentido, en su carácter de exdiputada nacional analizó el trabajo parlamentario en lo que va del año y consideró: “Este parece ser un Congreso muy fragmentado, en el que cada vez es más difícil alcanzar consensos, salvo excepciones como la modificación de la ley de DNU o el proyecto de bien restituido, que están trabajando y apoyando diputados y diputadas de distintos espacios políticos”, y agregó: “En cuanto a los vetos es muy curioso lo que pasa, o no. Pero se nota una fuerte presión del Ejecutivo para lograr sus objetivos”.

Por último, la abogada comparó la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía y la actual, en relación a los recortes en el área de educación: “La inversión nacional en educación en 2025 será del 0,88% del PBI, por debajo de lo invertido en 2024 (0,91%) y 2023 (1,48%), ejercicios en los que Sergio Massa fue ministro”, y alertó: “En 2025, se eliminarán los programas ‘Mejoramiento de la calidad educativa’, ‘Conectar Igualdad’, ‘Fortalecimiento territorial’ y ‘Acompañamiento de organizaciones educativas’. ¿Esto es priorizar la educación y federalizar las políticas educativas? Me preocupa mucho porque perjudica a los más pobres y más vulnerables”.

Un plenario de las comisiones de Economía y de Análisis y Seguimiento de Cumplimiento de Normas Tributarias y Previsionales de la Cámara de Diputados se reunió este miércoles para escuchar la opinión de un puñado de investigadores, rectores universitarios y economistas sobre las perspectivas y el impacto del Presupuesto 2025.

El encuentro se llevó a cabo en el Anexo “C” bajo el tema “Argentina 2025: Perspectivas Económicas y Tributarias”. El titular de la Comisión de Economía, el pampeano Ariel Rauschenberger (UP) explicó que “el objetivo es recabar la opinión de expertos y especialistas sobre el impacto que tiene para el 2025 el Presupuesto desde el punto de vista macroeconómico y tributario que afecta a distintos actos de la realidad política y económica y social del país”, la reunión se dividió en tres bloques: Ciencia, Tecnología y Universidades; Centros de Estudios Económicos e impacto en provincias; y Sistema cooperativo.

El encargado de abrir la ronda de expositores fue el investigador del CONICET Agustín Salvia quien detalló que “Argentina viene padeciendo un problema estructural de empobrecimiento de clases medias y una marginación de sectores más pobres, pero esto no nace del actual contexto ni régimen económico. Esto se viene acumulando hace décadas que han sido muy corrosivas en la economía de alta informalidad con muy pocas capacidades productivas, producción de trabajos muy precarios y alta marginalidad laboral”.

En esa línea, precisó que la clase media viene experimentando un proceso de “deterioro en su capacidad de ahorro y de inversiones”. “Pensar un presupuesto para el próximo año en términos de diagnóstico socioeconómico es pensar que Argentina no es homogénea ni regional ni social”, analizó.

“La proyección es que la situación mejore si Argentina baja la inflación como viene sucediendo, sin que produzca desempleo y mejoras en el nivel de actividad en los sectores de consumo y de producción. Para el mercado interno la situación es recesiva. Es de esperar al año que viene una reactivación y una mayor tasa de crecimiento económico”, avizoró.

En esa línea, advirtió: “Pero nos vamos a encontrar con valores de pobreza del 40%, indigencia del 15% lo que habla de una Argentina que sigue teniendo problemas estructurales en materia de inclusión y de capacidad de incorporar a la población al mercado formal”.

“Hoy necesitamos romper la reproducción intergeneracional de la pobreza. Si bien necesitamos de un crecimiento económico que permita la creación de empleo para que las propias familias puedan invertir en su propio capital y desarrollo humano, también necesitamos que el Estado tenga capacidad de inversión en infraestructura social para romper ese circuito y que las provincias también hagan su trabajo. Eso implica una fuerte inversión en salud, educación y protección”, consideró.

Salvia sostuvo que los programas sociales son “insuficientes” para lograr ese objetivo y que “no son la medida educada para atender la transferencia de ingresos y resolver estos problemas”, y cerró: “Esto es grave en el país no en el actual contexto, se viene padeciendo este problema hasta en los gobiernos de (Mauricio) Macri y Cristina (Kirchner). Hay que crear inversión y trabajo e inversión en capital humano y no burbujas ficticias de consumo”.

Luego fue el turno de Oscar Alpa, rector de la Universidad de La Pampa, quien expresó que la realidad del sistema universitario desde la economía del país implica que “históricamente el sistema universitario era el 0,8% del PBI cuando otros países tienen un arancel y están por arriba del 0,9%. Ahora estamos en un 0,4% del PBI”.

“El sistema científico y técnico que, muchas veces se visibiliza en el CONICET cuya base está en las universidades públicas y hoy la disminución de lo que implica el CONICET y el Ministerio de Ciencia y Tecnología repercute directamente en lo que es el sistema de investigación de Argentina y en el sistema universitario y su relación con el futuro de la economía del país”, alertó.

Así, señaló que Argentina tiene más de dos millones y medio de estudiantes universitarios con un porcentaje menor y “calidad de graduados que es algo que ni siguiera se pone en discusión de que nuestros graduados son recibidos en cualquier empresa de Europa porque el nivel de la calidad universitaria de Argentina es enorme”.

Alpa indicó que el porcentaje del PBI “bajó casi a la mitad debido a la reducción del salario real de más del 50% y el salario docente y no docente el 90% del Presupuesto universitario”, y contó que mantuvo una reunión con embajadores alemanes quienes se sorprendieron por la baja inversión en ciencia y técnica y “Estaban muy extrañados por la baja en las universidades”.

“Desde diciembre de 2021 venimos trabajando con 7.1 de política universitaria que hace mucho de los temas que se venían comentando. Hace más de tres años que venimos trabajando fuerte en nuestras carreras como políticas como la duración de las carreras, el salario, las tecnicaturas, y escuela de formación profesión enfocado en la salida laboral en función de lo que el país necesita”, comentó.

Por último, el rector denunció que los programas de extensión que estaban en el presupuesto prorrogado “no se han ejecutado y fueron debilitados bajo las líneas de investigación. El prestigio de nuestros graduados es de excelente primer nivel en la formación. Es fundamental que esa economía se logra con la inversión del presupuesto y pública”, y remató: “Está en el futuro del país la inversión que se haga en ciencia, técnica y el sistema universitario”.

El vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Germán Pinazo, denunció una “campaña de desprestigio de las universidades”, y alertó que “vamos a terminar el año con una participación del gasto público universitario en términos del PBI de una de las más bajas de 2006 a esta parte con un sistema universitario que es más grande que el de aquel entonces. Es un 0,5% del PBI es uno de los gastos en educación superior más bajos de casi los últimos 20 años con tasa de matriculación más alta de América Latina”.

Pinazo apuntó contra el Gobierno por sus críticas sobre la tasa de egresos y explicó: “Argentina tiene menos universidades por habitante que Brasil, que México”, detalló que según encuestas “en el área metropolitana de Buenos Aires se triplicó el número de egresados y el 42% pertenece a menores de ingresos por lo cual es falso que los pobres no llegan a las universidades”.

“Este recorte es inédito que nos ubica muy por debajo, con tasas de matriculación más alta en educación superior en América Latina”, remarcó y cerró: “Cuando discutimos Universidad pública en Argentina, no estamos discutiendo el derecho de quienes habitamos la Universidad, sino que hablamos de la capacidad de tener ciencia y tecnología, de tener grandes profesionales; es un derecho comunitario”.

En suma, el rector de la Universidad de Mar Del Plata, Alfredo Lazzeretti, expresó: “El Presupuesto que envió el Ejecutivo Nacional prevé 3,8 billones de pesos; está bastante alejado del presupuesto que elabora anualmente el Consejo Interuniversitario Nacional, que en está alrededor de 7 billones pesos”.

Además, se refirió a que “para hablar del desarrollo de la economía del país ya no es más la ecuación capital-trabajo lo que va dinamizar la economía argentina en un futuro, es capital-trabajo y conocimiento”. Al respecto, manifestó que “el no invertir en las universidades públicas, que es donde se genera más del 80% de los graduados, es una decisión equivocada desde cualquier mirada ideológica que uno tenga cuando quiera analizar el desarrollo del país”.

Luego, instó a los legisladores a “poner énfasis y profundizar el análisis del presupuesto y de todas sus partidas, para ver de qué manera podemos contribuir a dotar al sistema universitario público argentino de un presupuesto que nos permita arrancar con cierta normalidad el ejercicio 2025”.

El titular de la Universidad de San Martín, Carlos Greco, agregó: “Las Universidades tienen un rol importante para la sociedad, no solo como un factor de movilidad social ascendente, sino que además contribuyen al desarrollo del país. Necesitamos que se reconsidere el presupuesto ya que es insuficiente y no podemos brindar la calidad y eficacia que se nos exige”.

En materia económica, la directora del Centro de Economía Política Argentina, Alejandra Scarano, explicó que “el diagnóstico sobre el cual se elabora el Presupuesto tiene que ver con el déficit fiscal. Y para ello se hace un blindaje fiscal: este trata básicamente de que, si los ingresos son mayores a los previstos, se bajan los tributos; en cambio sí se recauda menos, se ajustan las partidas del gasto discrecional”.

En tanto, el profesor e investigador económico Guido Zack sostuvo que “la regla fiscal del Presupuesto tiene un mecanismo que es pro cíclico, cuando la economía crece más hay mayor disponibilidad de recursos y eso habilita a bajar impuestos, pero cuando crece menos provoca una reducción de gastos. Esta visión no tiene en cuenta la integralidad del sistema tributario y fiscal. El sistema actual es distorsivo, desigual y fomenta la informalidad”.

Al analizar los números del presupuesto en la parte tributaria, Guillermo Michel, ex director General de Aduanas, reafirmó que “este presupuesto no tiene ninguna norma específica respecto a normas tributarias, no prevé ninguna modificación tributaria de fondo, ni ninguna eliminación de exenciones, incluso nada respecto al ajuste por inflación”.

Luego, Mariana González, directora económica del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA-CTA), hizo hincapié en las proyecciones económicas incluidas en el proyecto de presupuesto 2025. “Según la regla fiscal se pretende alcanzar superávit primario y financiero con bajos ingresos, con lo cual todo el ajuste que recae sobre el gasto es absolutamente extraordinario”, aseveró.

También, participaron Horacio Fernández y Mariana Rivolta, del Instituto de la CTA Autónoma. Fernández remarcó que “este Presupuesto necesita un cambio de 180°, para tener un compromiso con nuestra gente; por más que se introduzcan modificaciones, si no se anula la discrecionalidad estamos complicados”. En el mismo sentido, Rivolta puntualizó que “En este caso pensamos que la regla, justamente, es que no hay ninguna regla, que pueden hacer lo que dispongan en función de garantizar los superávits que los acreedores necesitan”.

En la continuidad, Roberto Arias, coordinador de políticas públicas de la consultora EGES, y ex secretario de Política Tributaria de la Nación, planteó los objetivos de la política económica en tres ámbitos: el de corrección de externalidad y provisión de bienes públicos; la redistribución del ingreso; y la estabilización y el crecimiento económico. “Creo que las reglas fiscales, evitar la asistencia monetaria del tesoro y tener un programa que vaya consolidando las cuentas es algo totalmente necesario”, sintetizó.

Del Centro de Investigación de Economía Nacional (C.I.E.N.), expuso Lucas Nieto Catania, acompañado por Lucila Martínez Pelliza, quien se mostró preocupado por las proyecciones macro del presupuesto al catalogarlas “excesivamente optimistas”. Por zoom, Alejandro Nicolás Pegoraro, de la consultora Politikon, de la provincia de Chaco, que resaltó que “aún con la caída muy fuerte de los ingresos, que generó una caída del gasto también muy importante, las cuentas públicas provinciales hoy están mostrando resultados positivos”.
En tanto, Vicente Alberto Pollola, asesor financiero de la Comisión Federal de Impuestos, también por zoom, se abocó en su exposición principalmente a la recaudación de los tributos que sean coparticipables o de asignación específica.

En el último bloque, de sistema cooperativo, Julián Moreno, de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), formuló la idea de que “no existe en el mundo un país con aproximadamente cincuenta millones de habitantes que genere trabajo para toda su población activa y no considere fundamental su entramado industrial; hoy, Argentina, poco a poco lo está perdieron”. También formaron parte representando a Cooperar Alberto Bavestrello, su vicepresidente primero y Cesar Basañez; y Luis Usero, gerente General de la Cooperativa de Electricidad de Santa Rosa.

Al acompañar este jueves al secretario de Educación, Carlos Torrendell, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se encargó de defender lo que fue el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento para las casas de altos estudios y lanzó dardos contra el Consejo Interuniversitario Nacional.

El funcionario respondió a los cuestionamientos de la oposición sobre las medidas del Gobierno respecto de la educación superior, y dijo desconocer "toda elucubración política" sobre la razón del veto, al contestarle al cívico Maximiliano Ferraro.

Respecto de un artículo que había sido rechazado tanto por el oficialismo como por Unión por la Patria en la votación original de la ley en la Cámara baja, sobre las auditorías a las universidades, el subsecretario expresó: "Al poner obligatoriamente en un artículo de la ley que era sólo la AGN, lo que pretendían era sacar a la SIGEN de las auditorías. Lo cual además era redundante, porque ya estaba la AGN, tal cual establece la Ley de Educación Superior".

"Igual ya sabemos la enorme velocidad que la AGN tiene para auditar, siendo la única auditoría actualizada de hace seis años y de una sola facultad de la Universidad de Buenos Aires", agregó.

Sobre los datos aportados por Ferraro, Álvarez lanzó que "tal vez sus fuentes le han mentido" porque "no existe ninguna polinómica para sacar el presupuesto universitario". "Si sus fuentes con el CIN, le recuerdo que el presidente del CIN tiene un alineamiento político claramente con un sector del radicalismo y su influencia política lo lleva a decir cualquier cosa", disparó.

A continuación, recordó que en el CIN "votaron seis veces establecer pautas de distribución presupuestaria objetiva y nunca lo cumplieron". "Nosotros estamos tomando esa idea", defendió y criticó al rector de la UBA, Ricardo Gelpi, quien "dijo en una entrevista que no sabía cuánto presupuesto necesitaba" pero "quería el doble de algo que desconoce".

"Antes la plata la imprimían, entonces, ¿cuánto necesitas que te imprima? No había ninguna razonabilidad en la distribución del presupuesto. ¿Sabe cómo se distribuía el presupuesto antes diputado? Por lobby en esta casa. Aquel diputado que tenía mayor vínculo con las universidades lograba mayor índice de presupuesto", enfatizó.

El subsecretario afirmó: "Nosotros el presupuesto lo hicimos ejecutando lo que realmente se ejecuta, no hay ni un sólo programa en las universidades que hoy se encuentre desfinanciado. Tenemos el 100% de los programas, de las carreras y de las actividades en las universidades financiados".

"El criterio de asignación de presupuesto nuestro es por la cantidad de carreras que están ejecución, la cantidad de docentes reales, la cantidad de no docentes reales, la cantidad de gasto de electricidad real", agregó.

Luego, el funcionario apuntó contra la Universidad Nacional de Artes, al manifestar que "es una de las administraciones más desastrosas que existe, teniendo siete edificios en alquiler, de los cuales uno ya está con intimación de desalojo y dos casi". "Simplemente era pedir plata sin ninguna planificación", siguió.

"Ayer los vimos hacer bailes en la estación de Once, que me parece muy bien", dijo en referencia al flashmob que estudiantes realizaron este miércoles con la canción "Fanático" de la cantante Lali -que contiene dardos a Milei-, y la oposición aplaudió; para a continuación asegurar que sin embargo "esa universidad, que no cabe duda no es oficialista, va a tener un aumento de 431%". "A usted que le preocupa Areco, va a tener 388%", añadió en respuesta a Ferraro sobre la Universidad Nacional de San Antonio de Areco.

Por otra parte, durante las preguntas, el presidente de la Comisión de Educación, el diputado del Pro Alejandro Finocchiaro, planteó: "Nosotros negociamos con ustedes que haya una garantía salarial para los docentes que menos cobran en las universidades nacionales, al cual ustedes accedieron. ¿Ya se les giró este mes la garantía?".

Álvarez informó que "ya está ejecutado el pago en este próximo salario, pero por cómo están las paritarias en el caso de la garantía salarial no docente no es de acción automática, requiere un acta previa y la vamos a firmar esta tarde con el sindicato para que el dinero llegue lo más rápido posible".

"El diálogo es permanente con todos. Yo fui a todas las reuniones paritarias, nunca se suspendió el diálogo", remarcó.

La reunión de la Comisión de Presupuesto se extendió por casi cinco horas (Foto: HCDN)

Primero en consultar este jueves, el diputado Ferraro había destacado la presencia de Álvarez: "Esperamos poderlo ver más seguido". Sobre tema universidades, el porteño recordó que "empezamos a debatir esto en el mes de abril y yo estoy convencido que ustedes querían el conflicto de poderes y el veto de la ley".

"Estamos en el reino del 'miente, miente que algo quedará'", expresó y resaltó que en el proyecto de ley "establecíamos la obligatoriedad de las auditorías" pero "muchos diputados de La Libertad Avanza con aliados votaron en contra", junto a UP. "Por supuesto que todos estamos de acuerdo en que las universidades tienen que mejorar y auditarse; pero ustedes tendrían que haber acompañado la forma polinómica", reprochó.

Ferraro consultó entonces cuál era "el criterio de distribución de recursos" entre las casas de altos estudios y observó que "en gastos tributarios estimados tenemos estimados 27 millones de pesos; gastos de privilegios corporativos en la Argentina", que sumados a los recursos para defensa e inteligencia suman lo que representa el 45% para educación.

Por otra parte, durante la reunión, la diputada del Frente de Izquierda Mónica Schlottauer preguntó sobre la constante acusación de "adoctrinamiento" en las universidades por parte del Gobierno.

"Obviamente ninguno de nosotros considera que una persona adulta, estudiante universitario, con capacidad crítica sea eficaz de ese adoctrinamiento, gracias a Dios, por eso tenemos gran apoyo entre estudiantes. Sin embargo, lo que nosotros llamamos adoctrinamiento es la imposición de una línea política a partir del uso abusivo de una posición de autoridad. Tenemos muchos casos de docentes que le dicen a los alumnos 'si usted es liberal, mi materia no la va a aprobar'. O el caso que autoridades les impiden a agrupaciones no oficialistas presentarse a elecciones", argumentó Álvarez.

Al ser consultado por la radical Danya Tavela sobre las partidas previstas para universidades, que "no representan lo que ha planteado el CIN, es del 53% de lo que solicitaron", el funcionario justificó: "Lo que presentó el CIN de 7,2 billones es un presupuesto expansivo porque incorporan un montón de cosas que son proyectos, no cosas que van a quedar desfinanciadas. Primero se evalúan esos proyectos, no significa desfinanciar". "El CIN hace lo que quiere y presentó ese proyecto de hiper expansión del sistema universitario que no está justificado por la matrícula y no controlan", criticó.

Por otro lado, afirmó que "el corte para las proyecciones presupuestarias es agosto y hay que incorporar todos los aumentos posteriores".

Al contestarle al diputado de la izquierda Christian Castillo, el subsecretario de Políticas Universitarias sostuvo que "no hubo recorte de salarios, lo que hubo es una actualización salarial que no siguió la pauta inflacionaria" para los docentes. "Los rectores sí se han actualizado los salarios de acuerdo a inflación", apuntó.

Y señaló que "hoy con el retroactivo que van a recibir de garantía salarial de octubre de 6,8% -los docentes y no docentes- se van a convertir en la mejor paritaria del Estado".

"Contra toda campaña del miedo, no vamos a cerrar ninguna universidad, no se van a desfinanciar las universidades y vamos a sostener la oferta", ratificó y le dijo al diputado del FIT estar de acuerdo con "universidad de los trabajadores". "Nosotros estamos de acuerdo; nosotros creemos que la universidad es de los trabajadores porque la pagan. Los trabajadores argentinos pagan la universidad. Nosotros creemos que a la universidad hay que retirarla del control de cierta burocracia y devolverla a sus verdaderos dueños, que son los trabajadores", completó Álvarez.

El presidente de la Nación, Javier Milei, se desentendió del conflicto dentro del principal partido de la oposición, donde pujan CFK y el gobernador Axel Kicillof, diciendo que ese no es un problema del oficialismo, sino de la oposición. Pero admitió que “también hay una parte de morbo” en eso, y lanzó: “Me encantaría ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina adentro”.

También se diferenció de su vicepresidenta, Victoria Villarruel, con relación a la reunión que mantuvo con María Estela Martínez de Perón y el homenaje que le hizo en el Senado. “Yo no lo hubiera hecho”, remarcó, asegurando que ese caso “no realza a las mujeres, sino todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales y profesionales”.

Entrevistado por Franco Mercuriali en el canal TN, aseguró que “la inflación va a seguir bajando” y aseguró que “el cepo nosotros lo vamos a abrir, pero no estoy dispuesto a salir a cualquier precio”.

Según él, “el kirchnerismo no creía que fuéramos liberales libertarios, sino liberales libertarados, pensando que lo íbamos a abrir enseguida”. Y advirtió que “si abríamos alegremente, hubiéramos generado un desastre y era lo que ellos esperaban para lanzar luego las ordas como lo hicieron con (Fernando) De la Rúa… Nos hubieran derrocado. Nos hubieran hecho hacer todo el ajuste y hubieran matado las ideas de la libertad. No les dimos el gusto”.

Un tramo importante de la entrevista estuvo dedicado a las protestas estudiantiles. “Los políticos perversamente utilizan estas causas nobles para esconder el robo -aseguró-. Lo mismo hicieron con los planes sociales”.

Luego cuantificó: “Cuando esta discusión arrancó, el apoyo a las universidades como institución era 90 a 10; hoy es 50 a 40. La imagen de las universidades cayó cerca de 30 puntos. Esto sucede porque la gente entendió de qué se trata esto. No está en juego ni la universidad pública, ni el arancelamiento, sino el tema es poder auditarlas”.

“No quieren ser auditados, el problema está ahí”, sintetizó.

Luego sostuvo que “no solo se derrumbó la imagen de las universidades”, sino también minimizó los números de las marchas. “Mintieron los números y los medios, como que le tienen miedo a las vacas sagradas… La primera marcha tuvo 230 mil personas; la segunda 60 mil, cayó a un cuarto… Sesenta mil personas con todo el aparato peronista…”.

Milei coincidió en que el tema se debe resolver con el Presupuesto. “Mandé una ley que tiene déficit cero. Si quieren aumentar una partida, que se lo saquen a otro. Pero el déficit cero no se negocia”, remarcó.

Valoró el papel de quienes apoyaron al oficialismo para respaldar los vetos, diciendo que se siente “acompañado” y ha manifestado su “agradecimiento”, en referencia a “personas que han decidido poner los intereses de la patria por sobre los intereses mezquinos de la política”.

Y en ese marco volvió a emprenderla contra el presidente del bloque Encuentro Federal. “La imagen más repugnante, rastrera y miserable de la política la mostró el discurso de Miguel Pichetto, cuando dijo que ‘el Gobierno piensa que ganó, pero en realidad perdió’ -recordó-. El piensa en términos de la vieja política; no por nada fue el jefe del kirchnerismo tanto tiempo. Tiene mucho de populista y de estadista nada”.

“Están desesperados porque se les están terminando las cajas por las que roban”, lanzó más adelante.

Consultado sobre los dichos de Martín Lousteau respecto de que Mauricio Macri podía estar buscando hacer negocios con el presidente al incorporar dirigentes al Gobierno, Milei dijo que entiende “que Lousteau tenga ete tipo de frases, porque él piensa así. El ladrón cree a todo el mundo de su condición”.

A propósito del Pro, le preguntaron si irían juntos en las elecciones de 2025, a lo que el presidente dijo que “nosotros tenemos un alto grado de afinidad y estamos dispuestos a trabajar cada día juntos de manera mucho más profunda. Imagino que hacia el 2025, lo más probable es que nos encuentre juntos defendiendo las ideas de la libertad”.

Cuando Javier Milei comenzó su campaña presidencial, capturó la atención de miles de argentinos con un relato de renovación, libertad y la promesa de desterrar a la “casta” que, según él, mantenía secuestrada a la economía del país. Sin embargo, tras observar las primeras acciones de su gobierno, me pregunto si el verdadero objetivo no eran aquellos sectores que representan la base productiva y educativa de nuestro país: las PyMEs y las Universidades Públicas.

Como empresario PyME, conozco de primera mano el sacrificio que implica mantener una empresa en pie en Argentina. Las pequeñas y medianas empresas no solo generan más del 60% del empleo formal en el país, sino que también son la columna vertebral de muchas economías locales. Pese a este rol fundamental, el gobierno de Milei parece decidido a aplicar medidas que nos golpean de lleno, como la eliminación de beneficios fiscales para el sector, una liberalización extrema que desprotege a la industria local frente a importaciones desmedidas, y una flexibilización laboral que, lejos de fomentar el empleo, precariza aún más a los trabajadores.

El relato de campaña hablaba de achicar el Estado y liberar a los emprendedores, pero la realidad es otra: las políticas implementadas asfixian a quienes generamos valor y empleo en el país. Nos piden competitividad en un mercado global sin brindarnos herramientas para adaptarnos y crecer en ese entorno. ¿Cómo puede una PyME argentina, con altísimos costos financieros y cargas impositivas, competir contra empresas extranjeras con condiciones radicalmente distintas? Pareciera que Milei olvidó que la verdadera renovación no pasa por eliminar al que produce, sino por darle herramientas para ser más eficiente y competitivo.

A esta política económica se suma la reciente demonización de la Universidad de Buenos Aires, institución que históricamente ha sido un pilar del conocimiento y de la movilidad social en Argentina. Sus ataques a la educación pública son profundamente preocupantes. En lugar de fortalecerla, busca reducir sus recursos y privatizarla, eliminando una de las pocas oportunidades que miles de jóvenes tienen para formarse y aspirar a un futuro mejor.

La UBA es mucho más que una universidad gratuita: es el espacio donde se forman científicos, ingenieros, abogados y médicos que luego contribuyen al desarrollo del país. Es la cuna de la investigación y la innovación, ámbitos que Milei, paradójicamente, afirma querer fomentar. ¿Cómo piensa lograrlo si asfixia a la institución que más ha aportado a estos campos?

Lo más inquietante es que estas decisiones se toman bajo un discurso de “liberación” y “renovación”, pero en los hechos estamos ante un proceso de concentración del poder económico en manos de unos pocos. La verdadera casta no eran los funcionarios ni los empleados públicos que Milei tanto denostó, sino aquellos que hoy están detrás de políticas que favorecen a grandes corporaciones y a intereses financieros internacionales, mientras que las PyMEs y la UBA, motores de desarrollo y educación, son relegadas y atacadas.

Las PyMEs no somos la casta, somos los que damos trabajo, los que mantenemos la economía en marcha en cada rincón del país. La UBA no es la casta, es el faro de esperanza de miles de jóvenes que ven en la educación pública la posibilidad de crecer y aportar al desarrollo nacional.

Es hora de que el gobierno escuche y reoriente sus políticas hacia quienes verdaderamente generan valor y promueven el crecimiento en Argentina. De lo contrario, no habrá relato que pueda ocultar la realidad de una economía quebrada, sin empleo y sin futuro.

Diego Achilli es industrial PyME

En los primeros meses de su mandato, Milei había logrado mantener una imagen de cambio y ruptura con la política tradicional, lo que le permitió alcanzar un 55% de aprobación, según encuestas de Poliarquía. Sin embargo, su popularidad comenzó a declinar tras anunciar su intención de reformar profundamente el sistema educativo, proponiendo medidas como la privatización o un sistema de vouchers. Esto provocó una caída de 10 puntos, situando su aprobación en un 45%, reflejando un rechazo generalizado hacia su postura sobre las universidades, una institución central en el imaginario colectivo argentino.

El impacto de estas propuestas ha sido especialmente fuerte entre la población universitaria y los jóvenes. De acuerdo con un informe de la consultora Opinaia, más del 70% de los estudiantes universitarios, que en su mayoría asisten a universidades públicas, se oponen a las reformas planteadas por Milei. Este descontento se ha traducido en protestas estudiantiles en varias universidades del país, donde la educación gratuita y accesible se considera un derecho fundamental. La universidad pública en Argentina no solo es un espacio de formación académica, sino también un motor de movilidad social, particularmente para los sectores de bajos ingresos que, de otra manera, no podrían acceder a estudios superiores. Este es un tema que resuena profundamente en el electorado, con más del 60% de la población apoyando firmemente el sistema de educación universitaria gratuita, según un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Las implicaciones políticas de este malestar podrían ser devastadoras para el futuro electoral de Milei. Los jóvenes, que en gran medida fueron clave para su ascenso al poder gracias a un voto disruptivo, ahora parecen estar distanciándose de su figura. Datos recientes indican que la aprobación de Milei entre personas de 18 a 25 años ha disminuido un 15%, y más del 65% de este grupo considera la defensa de la educación pública como una prioridad en las próximas elecciones. Si el presidente no logra reconectar con estos votantes, podría enfrentar serias dificultades en los próximos comicios legislativos y, eventualmente, en una posible reelección presidencial. La pérdida del apoyo juvenil no solo debilita su base electoral, sino que también proyecta una imagen de desconexión frente a un sector clave para cualquier proyecto político a futuro.

En este contexto, el gobierno de Milei podría volverse aún más frágil en los próximos años. Aunque mantiene el respaldo de ciertos sectores liberales, el creciente rechazo en torno a la educación pública podría consolidar una oposición más organizada y extensa. El riesgo para Milei es que, al tocar un tema tan sensible como el de la educación sin calcular adecuadamente el impacto sobre la clase media y los jóvenes, podría desencadenar una "bola de nieve" de descontento. Este descontento, además, podría sumar otras problemáticas como la situación de los jubilados, las privatizaciones, la pobreza, la recesión económica y el creciente desempleo.

Con toda la expectativa puesta esta semana en lo que vaya a hacer el Pro en la sesión del miércoles para tratar el veto presidencial sobre Financiamiento Universitario, el expresidente Mauricio Macri se pronunció en torno al tema, y si bien no se expresó puntualmente sobre el veto, dejó señales tranquilizadoras para el Gobierno.

“En el debate televisivo sobre la universidad, quedó claro que la UBA enfrenta una crisis de transparencia; desde 2015 no ha presentado ni una sola factura”, señaló el presidente del Pro, en sintonía con la postura del Gobierno de reclamar auditorías en las universidades.

Para Macri “acá no se está discutiendo la autonomía universitaria. Tampoco se está cuestionando el acceso a la universidad ni su funcionamiento. Lo que realmente está en disputa es ‘la suya’: la parte del presupuesto que se desvía hacia la política”.

“La necesidad urgente de conocer el destino del dinero que reciben las universidades y su uso no se limita solo a la UBA, sino que abarca también a la red de universidades que, durante el kirchnerismo, fueron utilizadas con fines políticos. Algunas de estas instituciones han estado involucradas en escándalos de sobreprecios en la compra de equipamiento a gran escala e incluso en la producción de telenovelas que nunca fueron emitidas”, apuntó el exmandatario, que agregó que  “para el populismo, todas las instituciones son herramientas para acumular poder. Por eso, cuando estuvieron en el gobierno, intentaron apoderarse de la justicia, silenciar a los medios y corromper a las universidades mediante la manipulación de los presupuestos. Las consecuencias de esa manipulación siguen hasta hoy”. Y remató: “El manejo del dinero sigue siendo opaco en muchas universidades”.

En un extenso comentario en la red social X, Macri habló de un “momento bisagra de la historia argentina”, en el que “debemos aspirar a universidades que formen los recursos humanos que el país necesita para enfrentar los inmensos desafíos que tenemos por delante. Es crucial fortalecer las carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), que son verdaderamente estratégicas”.

Y cerró: “La defensa de la universidad pública, su acceso libre, gratuito y democrático, requiere poner fin al uso político de los recursos universitarios”.

A raíz de la marcha federal universitaria, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) y mano derecha de Javier Milei, Ramiro Marra, volvió a insistir en la necesidad de auditar los gastos de las universidades nacionales y cuestionó con suma dureza el uso político de la movilización del estudiantado y docentes.

En ese sentido, el libertario compartió en sus redes sociales un cartel que sostenía que la Universidad de Abuelas de Plaza de Mayo habría tenido un gasto de 1.500 millones y solo tiene 16 egresados. “Los números muchas veces hablan por sí solos. Hay que trabajar por una educación más eficiente y menos politizada partidariamente”, comenzó diciendo.

Al mismo tiempo que lanzó: “consulta popular: ¿están dispuestos a pagarle menos a los senadores para aumentarle el sueldo a los docentes? Las dos cosas no se pueden. Pregunto porque Martín Lousteau prefiere cobrar nueve millones por mes en vez de pagarle más a los docentes”.

“Es increíble que pidan aumentar el presupuesto universitario, pero al mismo tiempo se nieguen a las auditorías públicas ¿Qué hay de malo en controlar el uso de los fondos públicos? Para asegurar la transparencia y eficiencia de su uso, nada mejor que un riguroso control”, continuó el legislador y remarcó que “Cristina Fernández de Kirchner ahora llama a marchar por la universidad pública y los docentes, pero en 2012, cuando era presidente y tenía el poder para mejorar la situación, los criticaba y les negaba aumentos salariales. No se dejen engañar: están usando una causa noble solo para hacer política”.

A la vez que concluyó preguntándose: “¿qué carajos hace Sergio Massa marchando por la universidad pública si en 2022 le recortó 50 mil millones a la educación? La hipocresía no tiene límites. Defienden la educación solo cuando les conviene”.

Senadores del interbloque de Unión por la Patria recibieron este martes a representantes de centros de estudiantes de universidades nacionales de distintos puntos del país, con quienes analizaron la problemática del sector, en las vísperas de la marcha en defensa del financiamiento universitario.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado, Eduardo “Wado” de Pedro, y la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, Juliana di Tullio. También dijeron presente los senadores Guillermo Andrada, Eugenia Duré, Nora Giménez, Teresa González, Carlos Linares, Cristina López, José Neder, Oscar Parrilli, Mariano Recalde, Fernando Rejal y Fernando Salino.

La delegación estudiantil estuvo integrada por dirigentes de más de treinta centros de estudiantes de universidades públicas del país, como la UBA, UNLP, UNDAV, UNAJ, UNSAM, UNTREF, UNO, UNCO, UNAHUR, UNLA, UNM y UNQ.

Al inicio, De Pedro señaló que “desde el bloque vamos a seguir defendiendo el presupuesto de la universidad pública y a cada uno de los principios que hacen a un sistema de formación”.

“El ochenta por ciento de los estudiantes asisten a universidades públicas y, hoy, hay más de un millón de jóvenes que se esfuerzan todos los días para ser profesionales en el futuro”, añadió. A la vez, el senador bonaerense indicó que “la posibilidad que tienen los jóvenes de progresar y de tener un futuro mejor depende de las universidades nacionales, y la Argentina los necesita para poder crecer y brindar más y mejores oportunidades para todos”.

Los representantes estudiantiles coincidieron con los senadores en la importancia de concretar mañana una multitudinaria movilización al Congreso para enfrentar la llamada “motosierra” que propone el Gobierno nacional y en defensa del presupuesto universitario.

Pero además marcaron problemáticas sociales que afectan al normal desarrollo de las clases y la continuidad de los estudios, como las cuestiones edilicias en los establecimientos educativos, la disminución de la plantilla de docentes, la suba de alquileres, los magros salarios y el aumento de las tarifas de transporte, que perjudican en forma directa a los alumnos.

En la reunión, se rechazaron de plano las falsas afirmaciones del Poder Ejecutivo de que las universidades inflan la cantidad de estudiantes existentes para reclamar mayor presupuesto y se señaló además, entre otros puntos, que “más del 48 por ciento de los alumnos universitarios está bajo la línea de pobreza”.

Por su parte, los senadores destacaron que la lucha de los estudiantes va más allá del tema presupuestario y debe estar orientada a la construcción de un país mejor para todos.

“Tuvimos un muy interesante encuentro, queríamos conocer cuáles son las ideas de país que tienen en la cabeza los pibes y las pibas, la verdad que me entusiasmó mucho. Es muy interesante escuchar la voz del futuro”, señaló Di Tullio, al finalizar la reunión.

El diputado nacional Nicolás Massot (Encuentro Federal) cuestionó la idea del Gobierno de privatizar Aerolíneas Argentinas: “Está pidiendo autorización para privatizar empresas sin tener la más remota idea de cuál es el plan que van a seguir”, y afirmó que van a insistir desde su bloque con el presupuesto a universidades y el aumento a jubilados del 8%.

“El tema del aumento del presupuesto universitario es un poco más corto y directo. Se está esperando que el presidente, tal como anunció, la vete. Eso no sabemos cuándo va a ocurrir, y tiene que ser esta semana porque se le vence el plazo, pero no sabemos y ahí obviamente la intención es insistir como se hizo con jubilados, aprovechando la ocasión del Presupuesto”, explicó Massot.

El bonaerense manifestó: “Acá se ha dicho con malicia que no había una discusión respecto de los fondos necesarios para financiar el aumento a universidades y el aumento a jubilados sin comprometer el déficit, lo cual es totalmente falso”.

“Desde diciembre, cuando la Ley Bases fue enviada por primera vez, le marcamos al presidente que había una gran inequidad en el planteo fiscal que compartíamos y es la crítica principal que le sigo haciendo. Al presidente le falta un plan distributivo que no tiene para nada que ver con un apartamiento, al menos de nuestro bloque, respecto del compromiso del déficit fiscal o del equilibrio fiscal que es totalmente firme”, planteó en diálogo por Radio Rivadavia.

En esa línea, Massot cuestionó que “la reducción prácticamente a cero del impuesto a los bienes personales, impuesto que yo no voté por una cuestión de principio y por la cuestión de conflicto de interés. Es difícil cuando tenes que encarar un plan de ajuste tan significativo y donde tenés que cuidar particularidades de la sociedad argentina, que se diferenciaron del resto de Latinoamérica siempre en términos de su fisionomía, de clases, generar un daño que no sabemos si se va a poder reparar en el futuro. Esa baja, por ejemplo, podría haber financiado sin problema universidades y jubilados”.

Al respecto, se vio optimista de contar con los votos para rechazar el veto sobre universidades: “Sí yo creo que están los votos. Para jubilados el Gobierno incorporó en la ley de Presupuesto de vuelta al tema porque nos pide que le ratifiquemos el DNU”.

“Nosotros vamos a insistir en una versión, obviamente diferente, en al menos incorporar el 8% retroactivo para jubilados indicando el financiamiento que tiene, en gran medida que ver, con lo que mi ley no hizo que fue discutir el gasto tributario y los regímenes especiales de tantos sectores. Si sumas universidades y jubilados estás hablando de 0.9 del producto el gasto tributario, llega a tres y medio”, adelantó.

Al ser consultado por el tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas, el diputado de Encuentro Federal indicó: “Privatizaciones las que hemos sancionado hace tres meses es que estamos usando una ley del 92’ que no te especifica en ningún momento qué es lo que vos vas a hacer con la empresa en cuestión, de qué manera la vas a privatizar”.

“Quedó claro cuando vino el vicejefe de Gabinete y el secretario de Transporte la semana pasada el Congreso, ellos están pidiendo autorizaciones a trocha y moche para privatizar empresas sin tener la más remota idea de cuál es el plan que van a seguir”, criticó.

“Nos lo dijeron en la cara, no tienen ni idea si es que van a vender las acciones en su totalidad, si quieren sumar socios privados de la empresa. Tampoco están seguros si lo quieren licitar, si lo quieren hacer como una compulsa de precios o si quieren hacer una venta directa”, cuestionó.

Así, sumó: “Lo que nos piden en función de la ley de los 90’ es que demos un cheque en blanco para avanzar con las privatizaciones de la manera en que queramos en cada empresa sin más controles del Congreso y sin ningún tipo de información”, y recordó: “En ocasión de la Ley Bases nosotros hicimos todo lo posible para modificar la ley del 92’. Nos fue muy costoso y lo único que pudimos incorporar fueron algunas instancias de información en una Bicameral que es crucial en este proceso y no está constituida, a pesar de que el Gobierno tiene hace más de 3 meses que tiene 9 privatizaciones autorizadas”.

“Realmente lo que nosotros vemos de parte del Gobierno es que no hay ninguna voluntad de cristalizar y de transparentar estos procesos y no hay ninguna voluntad al final de discutir pragmáticamente empresa por empresa”, apuntó Massot y explicó: “Es un proceso larguísimo y cualquier persona interesado en una compañía lo primero que te va a pedir es que la empresa está en orden y eso se llama gestión. Hay que gestionar, hay que ordenar una empresa que tiene activos que se quieren transaccionar y estamos años luz de que el gobierno lo haga”.

Por último, aseguró no haber visto el discurso que brindó el presidente de la Nación en Parque Lezama: “No vi el discurso, solo algunos recortes en Twitter que es lo que generalmente uno hace. No vi ninguna novedad”, y cerró: “Los que movilizaron todos los micros son gente que no tuvieron fiado en el resto de los partidos políticos y, en muchos casos, es lo peor de la política y eso es lo que movilizó con el presidente que dice que está en contra de la casta, pero los tuvo al lado. Yo creo que hay una serie de contradicciones que se está volviendo insoportable”.

En la antesala del tratamiento en comisiones -y posteriormente el recinto del Senado- del proyecto de ley sobre financiamiento universitario, la Oficina de Presupuesto del Congreso evaluó el impacto fiscal que tendría la medida para este año y estimó un 0,14% del PBI, equivalente a $738.595 millones.

La iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados por 143 votos positivos, 77 negativos y 1 abstención el pasado 15 de agosto propone actualizar los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudio al inicio del ejercicio 2024 por la variación anual del IPC en 2023, y luego, bimestralmente ajustar el monto resultante por el IPC informado por el INDEC, descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.

Asimismo, establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1ro. de diciembre de 2023 y hasta que se sancione el proyecto como ley, tomando en cuenta aumentos ya otorgados, y luego una actualización mensual por la inflación informada por el INDEC.

Según el informe de la OPC, para el ejercicio vigente "se estimó un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI". En el detalle, la actualización por IPC anual 2023 para gastos de funcionamiento representa unos $210.742 millones, el 0,04% del PBI.

En tanto, la actualización bimestral por IPC 2024 para gastos de funcionamiento sería de $86.254 millones, el 0,02% del PBI; y la recomposición de salarios de personal docente y no docente se lleva la mayor partida, con $441.600 millones, el 0,08% del PBI.

En el estudio que fue requerido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se señala que "el impacto derivado del artículo 3 del proyecto se estima en $210.742 millones y surge de comparar el presupuesto actualizado ($310.427 millones) con el crédito inicial ($99.685 millones). Por su parte, el impacto del artículo 4 se proyectó en $86.254 millones que resulta de la diferencia entre el impacto final ($296.995 millones) y el impacto del artículo 3".

En el monto que representa los incrementos para el personal, los salarios de docentes y autoridades costaría $277.187 millones, mientras que los salarios de no docentes $164.413 millones, un total de $441.600 millones.

Respecto al artículo que establece "la ampliación anual y progresiva del monto y el número de beneficiarios de las becas estudiantiles", el organismo de asistencia técnica a los legisladores lo incluyó dentro de los "impactos fiscales no cuantificables".

"El mismo no especifica a qué becas estudiantiles se refiere ni se establecen parámetros para la actualización de su monto ni la incorporación de becarios, por lo que no es posible estimar el impacto fiscal", sostuvo la OPC.

El Gobierno afirmó este viernes que “no está en agenda vetar” la ley de financiamiento universitario en caso de que sea aprobada en el Senado, pero siempre y cuando no “afecte el equilibrio fiscal”.

Así lo planteó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa desde Casa Rosada tras ser consultado si el presidente vetará la ley de Financiamiento de Universidades Nacionales que obtuvo media sanción de Diputados con 143 votos a favor, 77 en contra y una abstención.

“Del Poder Legislativo somos respetuosos. En el caso del tema del presupuesto universitario le falta su promulgación definitiva. Lo cierto es que nosotros siempre lo hemos destacado acá que hemos incrementado los gastos de funcionamiento, siempre estuvimos abiertos al diálogo y jamás estuvo en riesgo la educación pública, menos aún las universidades”, explicó Adorni.

“No hay mucho para decir hasta que efectivamente, en tal caso, ese proyecto tenga sanción definitiva. El presidente lo dijo que todo lo que tenga intención de destruir el equilibrio de las cuentas públicas, se van a usar todas las herramientas para evitarlo”, advirtió.

Sin embargo, el vocero afirmó: “El veto no está en agenda. Hoy no está en agenda vetar si eso tiene una sanción definitiva. Tenemos que ser respetuosos hasta que eso así sea. No sabemos cuál es la sanción definitiva de la ley y cuando eso suceda se analizará. Como premisa el presidente tiene en claro que todo lo que vaya con destruir el equilibrio en las cuentas será analizado su veto, todo lo que se considere que no, se respetará la decisión del Legislativo”.

Por otro lado, fue consultado sobre la postura del Ejecutivo ante el reclamo de varios sectores de quitarle la pensión y custodia al expresidente Alberto Fernández en el marco de las denuncias por violencia de género y qué decisión tomarán si el Congreso de la Nación les da tratamiento a los proyectos presentados por el Pro y la CC que van en ese sentido.

“Con el tema de la custodia de Fernández ratificamos lo que dijo la Dra. Patricia Bullrich vamos a mantener todo tal cual lo marca la ley y, en tal caso, como lo marca la justicia. No tenemos mucho para opinar, lo demás será un debate legislativo en donde llegado al caso tomaremos posición”, aclaró.

Sobre lo ocurrido en la sesión maratónica de este jueves en Diputados donde, previo a tratar el repudio del fraude electoral en Venezuela, el bloque de UP se levantó y se retiró dejando la sesión sin quórum –por lo que terminó cayéndose- Adorni opinó: “Cada uno es dentro de otro poder libre de hacer lo que le parezca mejor, entendemos que para el kirchnerismo tal vez es difícil pronunciarse en contra de un dictador, pero bueno son posturas, cada uno hace lo que le parece mejor”.

Ya por la noche de este lunes, la Cámara de Diputados oficializó otra sesión para el miércoles 14 de agosto. En este caso la solicitada por Danya Tavela y un grupo de otros diputados radicales, con el objeto de considerar un único tema: el financiamiento de las universidades nacionales.

Fue el mismo día en el que en las universidades se desarrollaba un paro de actividades en protesta por el aumento ofrecido desde el Gobierno nacional a los trabajadores docentes. Recordemos que en la reunión paritaria entre los sindicatos docentes y no docentes de las universidades nacionales con el Gobierno nacional, estos últimos ofrecieron un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre a todos los trabajadores. Por tal motivo, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), junto al resto de los integrantes del Frente Sindical de Universidades Nacionales, resolvieron el no inicio de clases este 12 de agosto, con un paro de 24 horas, en el marco de un plan de lucha que continuará con otro paro de 48 horas para los días 20 y 21 de agosto.

Mientras madura una nueva marcha docente como protesta, fue que el radicalismo pidió una sesión para este miércoles 14 de agosto a las 14 horas, o bien a la finalización de la sesión pedida por el oficialismo y aliados para las 11.

La oficialización de esta solicitud, concretada por nota del secretario Parlamentario, Tomás Figueroa, fijó esa sesión a las 16 de este miércoles, aunque se descuenta que si la sesión pedida por el oficialismo -que incluirá los temas de la frustrada sesión de la semana pasada, más la declaración de la educación obligatoria como servicio esencial- tiene esta vez quórum, obviamente la sesión de los radicales no se iniciará al menos a esa hora, especulándose con que cuando más de 20 horas después termine la extensa sesión especial, ya no haya quórum para iniciar la sesión por el presupuesto universitario.

Más allá de esas especulaciones, lo cierto es que las autoridades de la Cámara baja oficializaron las dos sesiones solicitadas la semana pasada, más no la primera pedida, para el jueves a las 10 de la mañana, para tratar el decreto de necesidad y urgencia 646/24 sobre los fondos reservados para la SIDE.

Luego de la convocatoria fallida el pasado miércoles 7, en la Cámara de Diputados se presentaron tres pedidos de sesiones diferentes entre el próximo miércoles 14 y jueves 15 de agosto.

Después que el bloque Encuentro Federal solicitara abrir el recinto para tratar el DNU 656/24 sobre los 100 mil millones de pesos para la SIDE; y que el oficialismo hiciera lo propio, junto a sus aliados del Pro, replicando el temario que no se pudo tratar y sumando el proyecto para declarar la educación como servicio esencial, la Unión Cívica Radical presentó otro pedido.

En la solicitud, los radicales llaman a sesionar el miércoles 14 a las 14, "o al término de la sesión especial" que fue pedida por macristas y libertarios a las 11. El temario tiene como único tema el orden del día referido al proyecto sobre financiamiento universitario.

El pedido lleva las firmas de Danya Tavela, Mario Barletta, Carla Carrizo, Melina Giorgi, Rodrigo de Loredo, Fernando Carbajal, Julio Cobos, Pedro Galimberti, Marcela Antola, Mariela Coletta, Jorge Rizzotti, Marcela Coli, Pablo Juliano, Gabriela Brouwer de Koning, Gabriela y Martín Tetaz.

Fuentes del bloque radical recordaron que ya hicieron saber al oficialismo la necesidad de que se funcione "con sesiones de tablas con todos los temas dictaminados por las comisiones". "Funcionar en base a sesiones especiales es una irregularidad reglamentaria", aseguraron.

El tema del financiamiento universitario se trató en comisiones en mayo pasado y hubo cuatro despachos. Anteriormente, cuando todavía no contaban los proyectos con dictamen, el 24 de abril -un día después de la marcha federal a favor de la universidad pública- fracasó por falta de quórum una sesión que había pedido Unión por la Patria para tratar este asunto y la restitución del FONID. Luego hubo otra sesión, el 21 de mayo, pedida por la UCR, donde se aprobó el emplazamiento a las comisiones para discutir los temas educativos.

El radicalismo había solicitado una sesión en julio, pero luego la pasó para agosto. Y ahora efectivamente volvió a pedirla, aunque solo por el tema universidades y no FONID.

Ante la prórroga del Presupuesto 2023 por parte de la gestión libertaria y la falta de actualización en las partidas, lo que despertó el fuerte reclamo desde las casas de altos estudios, el Gobierno acordó en mayo pasado un aumento del 270% en los gastos de funcionamiento.

Pero actualmente las universidades se encuentran con paros y ante la posibilidad de no volver a clases en el segundo semestre, producto del atraso salarial del personal docente y no docente. "Hay una crisis profunda por lo salarial que tendrá que ser abordada", resaltan desde el bloque de la UCR, que al mismo tiempo admiten deberán abrir el diálogo con el resto de los bloques para "alcanzar una mayoría", dado los distintos dictámenes (el de mayoría es el de UP).

En la nota enviada al presidente del Cuerpo, Martín Menem, los radicales pidieron que la sesión sea a las 14 o al término de la otra pedida para ese día, "para que no haya argucias reglamentarias sobre que se superpone y no se puede hacer", dijeron.

El bloque de senadores nacionales de la UCR emitió un comunicado este viernes reafirmando su compromiso con las universidades nacionales y el federalismo y le hicieron un particular pedido al Gobierno nacional.

A través de un comunicado, expresaron: “La educación pública y el federalismo son luchas históricas e irrenunciables de nuestro partido y, coherente con ellas”, y pidieron al Gobierno nacional “garantizar el funcionamiento del sistema universitario de manera integral”.

“Reafirmamos ese compromiso explícito y férreo en apoyo a las universidades públicas. El entendimiento alcanzado con la administración nacional, en la figura del ministro del Interior Guillermo Francos, comprende a la totalidad de las universidades nacionales. Cualquier otra interpretación es lisa y llanamente falsa”, manifestaron.

Y cerraron: “Esa, y únicamente esa, es la posición asumida por el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical. Siempre junto a la educación pública y de calidad. En todo el país”.

El bloque de senadores nacionales del radicalismo informó que “en orden al compromiso histórico de la Unión Cívica Radical con la educación pública”, esa bancada se reunió con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en el marco de la discusión de la ley Bases, para pedirle al Gobierno Nacional que garantice el financiamiento de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas nacionales.

“Como resultado, el ministro se comprometió a garantizar los gastos de funcionamiento que corresponden a las universidades nacionales y llegar a un acuerdo con sus autoridades en los próximos días”, señalaron los integrantes del bloque que conduce el correntino Eduardo Vischi.

Para esos senadores, la promoción y defensa de la educación pública “es base de nuestro partido y garantía del futuro de nuestra Patria”.

En el mismo sentido, el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, y su comprovinciana y colega Graciela Brouwer de Koning se reunieron con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para confirmar la reactivación de la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, que había sido congelada por un decreto que en el marco de las negociaciones emprendidas se ha dejado de lado.

Hoy es un gran dia

Gracias al rector de la UNRT @PYannibelli por la incansable lucha que dió junto a @GabrielaBrouwer y @ferrermarcos , se reactivó la creación de la Universidad Nacional de Rio Tercero.

Tambien agradecer por el apoyo a @rodrigodeloredohttps://t.co/5nfeX5Yos2

— UCR Twitera (@UCRTwitera) May 15, 2024

El Gobierno de Javier Milei sabe administrar las expectativas; la opinión pública, el manejo de las redes, las encuestas, son espacios donde se siente bien y expeditivo. Tiene los medios y la gente adecuada para llevar adelante esa tarea y mal no le va. Más bien lo contrario: es el área que mejor domina y donde mayores réditos saca. Sino el único.

La gestión, por el contrario, no es su área de confort. Una vez más lo demostró en la semana que pasó.

Dejó crecer un problema que tendría que haber encarrilado de entrada. Pero cuando se les plantea eso a los funcionarios libertarios, uno se encuentra con un frontón. Dicen que no por haber dado señales de cambio de discurso tras la gigantesca marcha del 23A, admitirán un error en el manejo de la crisis universitaria. O mejor dicho: que pueden haber errado en las formas, pero mantienen el espíritu crítico sobre el tema, fundamentalmente en los puntos de confrontación.

No van a ceder posiciones en cuanto a la necesidad de una auditoría en las universidades, a las que consideran cotos de caza de diversos espacios políticos -o “nichos de negocios”-. Por eso fue que a fines de febrero el Gobierno decidió suspender la apertura de las cinco universidades que acababa de crear el Congreso, durante la gestión anterior: Madres de Plaza de Mayo; Pilar, Delta, Río Tercero y Ezeiza. El tema merece un comentario descriptivo.

Originalmente eran ocho las universidades que promovía el gobierno anterior, motorizadas por Sergio Massa, entonces presidente de la Cámara baja y muy interesado en particular en la del Delta. La oposición obturaba la aprobación de las mismas desde el año 2022. El Frente de Todos especulaba con la grieta que abría en JxC el hecho de que dos de las universidades fueran promovidas por Evolución Radical, vía Emiliano Yacobitti. Las de Río Tercero y Saladillo, esta última especialmente promovida por el hoy vice rector de la UBA. Uno de los argumentos de Juntos por el Cambio para cuestionar la creación de más universidades siempre fue que la mayoría se instalan en el Conurbano. Esta tanda no era la excepción: de las 8, 3 estaban en el Conurbano (Delta, Pilar y Ezeiza) y una en CABA (Madres de Plaza de Mayo). Dos en el interior bonaerense (Cuenca del Salado y Saladillo) y dos en el interior del país (Río Tercero y Paraná). Finalmente negociaron en la Cámara baja avanzar con la mitad de las universidades, y habilitaron el tratamiento de Delta, Pilar, Ezeiza y Río Tercero, pero sobre la marcha el FdT agregó la de Madres. Las cinco se convirtieron en ley. Las tres restantes solo tuvieron una media sanción que perderá estado parlamentario. Para darles la razón a los cuestionamientos geográficos, 4 de esas 5 nuevas universidades estarían en el AMBA.

En su discurso de apertura de sesiones ordinarias, Milei se refirió directamente al tema al afirmar que “la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política”. Agregó en ese mismo párrafo el otro flanco de confrontación que tiene para con ese espacio: “En los profesorados de institutos de formación docente proliferan currícula educativa de izquierda abiertamente anticapitalistas y antiliberales en un país donde lo que más se necesita es más capitalismo y libertad”, aseguró.

Pero claramente no supo imaginar lo que inexorablemente terminaría enfrentando, demostrando que esta es una gestión carente de tacto y pericia. Debieron haber previsto lo que se les venía. En medio de la marcha, renunció el número 2 de Sandra Pettovello en Capital Humano, Maximiliano Keczeli, que argumentó “un pico de estrés” para irse de vuelta a la actividad privada. Entre otras áreas, tenía a su cargo la asistencia a las universidades públicas. Igual, los rectores y representantes universitarios no se quejaban de Keczeli, sino de Alejandro Alvarez, subsecretario de Políticas Universitarias en el Ministerio de Capital Humano, al que acusan de destratarlos. Para esta nueva etapa ha sido corrido de las negociaciones.

Con Keczeli se fue su segundo, Marcelo Hita. Suman 22 las bajas en este gobierno en 4 meses y medio. Ese récord no fue citado por el presidente en su discurso por cadena nacional del lunes pasado. Un mensaje lleno de números y autoelogios, que la mayoría no alcanzó a entender y muchos consideraron innecesario. Hubiese estado más justificado un anuncio del ministro de Economía nomás, pero el presidente prefirió rodearlo de épica en el prime time. Para opacar tal vez el anuncio de la marcha del día siguiente. No alcanzó.

La marcha fue sin lugar a dudas histórica. Más allá de que el acto de cierre fue sin dudas fallido. Le sobraron todos los discursos menos el de la titular de la FUA, que originalmente iba a ser el único. Los demás le dieron un tono partidario que semejante demostración no merecía, comenzando por el discurso de la titular de Madres línea Fundadora, Taty Almeida, quien 20 segundos después de aclarar que ese era “un acto político, pero no partidario”, se puso la camiseta kirchnerista para afirmar que “perdimos una elección, pero no nos han vencido”. A continuación, habló Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980, que el día anterior había firmado junto a una cantidad de figuras alineadas con el kirchnerismo un pedido de juicio político al presidente Milei. Taty Almeida también lo firmó.

Semejante cierre le dio excusas al presidente y las huestes libertarias en las redes para insistir con el carácter político del acto, pero todos en el Gobierno terminaron haciendo acuse de recibo del mensaje. Quedó claro que ese fue un conflicto que dejaron crecer y debieron solucionar del mejor modo un mes antes. Por eso cambiaron el discurso para aclarar que nunca habían hablado de cerrar las universidades.

Igual, al presidente no se le puede pedir moderación. Cerró el día de la marcha con una sentencia poco feliz en las redes: “Lágrimas de zurdos”. No le fue en zaga su presentación en la Fundación Libertad, al día siguiente, donde tuvo singular aceptación, al punto de eclipsar a todos los expresidentes presentes, pero se fue a la banquina ensayando imitaciones burlonas de economistas denostados por él, más propias del standapero que le gusta parecer que el presidente que debe ser.

Fue allí donde lanzó una sentencia que causó escozor en el Congreso, en vísperas del debate decisivo de los proyectos del Ejecutivo en las comisiones: “Hagan lo que quieran con la ley Bases”. En rigor, la de Milei no era una “recomendación” para la actualidad, sino que estaba recordando el fracaso de febrero, cuando así y todo llegaron al déficit cero. Pero todos lo tomaron como si fuera una sugerencia actual, a sabiendas de que ese debe ser el pensamiento fiel del presidente. Que no salió al cruce, como hubiera hecho de pensar lo contrario.

Como sea, al día siguiente el oficialismo y los bloques dialoguistas que lo acompañan en esta empresa se alzaron con los dictámenes de mayoría y llegarán a este lunes con la convicción de tener los votos suficientes para aprobar ambas leyes en el transcurso del día martes, o en la madrugada del 1° de Mayo, a más tardar.

Semejante certeza tiene que ver con el hecho de que esta vez saldrá la media sanción. A diferencia de lo sucedido en el mes de febrero, se llega a la sesión con el “poroteo” hecho. Se sabe que la aprobación en general está asegurada, con un número parecido a los 144 votos afirmativos del 2 de febrero pasado. Pero para la votación en particular, que es donde la sesión del 6 de febrero se desbarrancó, se negoció artículo por artículo y se supone que ya está todo calculado.

Con una cuota de pragmatismo, el Gobierno accedió a pedidos de la oposición, como el del radicalismo de sumar la reforma laboral a la ley de Bases, y luego al reclamo de Miguel Pichetto de bajar buena parte de esos artículos. Pruebas al tanto: la parte correspondiente a la reforma laboral tenía 60 artículos, y quedaron solo 17. El presidente del bloque Hacemos Coalición Federal fue clave en ese sentido, como en 2017, cuando se encargó de bajarle la persiana a la reforma laboral que impulsaba el Gobierno de Mauricio Macri. La posición del entonces jefe de la principal oposición en el Senado era la de que, como peronistas, debían contar con la aprobación de la CGT, que en principio estaba, pero luego se diluyó por la intervención de Pablo Moyano.

Esta vez Pichetto actuó convencido de que una pelea con la central sindical era el peor negocio que podía hacer el oficialismo en la recta final del tratamiento de estas leyes. Y el Gobierno aceptó la sugerencia.

Todo sea porque Milei pueda celebrar antes de mayo la media media sanción tan ansiada. Todavía le restará en ese caso el escollo del Senado, donde el rechazo cuenta con los 33 votos seguros de Unión por la Patria. El oficialismo deberá lograr que no puedan sumar cuatro más. A priori, hay señales de que el Gobierno podrá celebrar, incluso antes del 25 de mayo, la fecha límite que había puesto el presidente.

Pasado ese trance, habiendo conseguido en ese caso el Gobierno su primera ley, será momento de barajar y dar de nuevo. Porque los bloques dialoguistas se darán por cumplidos y hasta el Pro reverá sus pasos futuros, ya no tan alineado con La Libertad Avanza.

Se ha producido un maravilloso laboratorio en la política y la sociedad con el conflicto universitario. Nos habla sobre una situación que hasta ahora no había sucedido, que es el presidente reconociendo que se trataba de una “causa noble”. Más allá de que el oficialismo falló en calibrar la naturaleza distinta de este entrevero, también significa que el “la gente votó esto” requiere ser muy cuidadoso con los matices.

Comparemos con el conflicto con las prepagas. Ambas situaciones afectan en mayor medida a la clase media. Pero en aquél caso se trata de un servicio esencial que fue dejado a la total libre contratación entre privados -prestadores y usuarios- y con “malos” expuestos ante la opinión pública, más allá de los datos técnicos que provocaron los aumentos descomunales. El Gobierno actuó con pragmatismo, tomó nota que el tema influye en su base social (al menos del balotaje) y que se generaba una oportunidad política al pegar, exponer y generar una “auto regulación” (cualquier parecido con Néstor es pura casualidad”). Como lo dijimos la semana pasada, “perdón Ludwig, con el mercado no alcanza”.

En el caso universitario se trata de un servicio público (¿esencial?) en donde la prestación la da una parte del Estado que tiene carácter autónomo -no es el Gobierno- que representa un factor simbólico potente de progreso social para amplios sectores, pero implica decidir una erogación del presupuesto nacional, y éste es un elemento crítico. Cuando se trata de gastar toca la fibra más sensible de la obsesión del presidente y su ministro de economía. Este escenario es claramente muy distinto a otro donde los beneficiarios también implican un gasto estatal: los planes sociales. El cuestionamiento suma a éstos a una amplia mayoría de la sociedad, ergo el Gobierno tiene más legitimidad para hacer y deshacer.

El sector que se movilizó lo hizo de manera espontánea en su mayoría, más allá de la sumatoria de organizaciones políticas, sociales y sindicales, que mayormente votó por el león en la segunda vuelta y que tiene capacidad de generar opinión en el conjunto de la sociedad. Con todos estos elementos, el gobierno decidió bajar el volumen -reconoció la legitimidad del reclamo- y recogió el barrilete pidiendo iniciar una negociación con las universidades. Saludablemente sonaron las alarmas internas. Otra muestra más del giro al pragmatismo.

Por primera vez el Gobierno perdió la iniciativa en la fijación de la agenda y tuvo que corregir sobre la marcha la línea discursiva, que había comenzado como usualmente: todos los que nos enfrentan forman parte de la casta y defienden “curros”. Parecía que la presencia o adhesión de personajes de imagen negativa le permitiría al gobierno contaminar el reclamo y bajarle el precio. Pero no pudo (si no, no hubiera reculado). Para copar la agenda “jamoncito” hizo una cadena nacional el día previo -rodeado de cuatro guardias suizos- que no tuvo ningún impacto, entre otras cosas, porque más allá de la noticia del superávit financiero, no tiene en el corto plazo grandes novedades para comunicar.

Una lección para la oposición es que si se junta a) un tema simbólicamente sensible para b) parte del electorado filo Milei, c) sobre un tema en donde no puede no jugar porque implica recursos estatales, y d) no hay mucho lugar para la acusación de casta, resultado: pueden ser situaciones que desgasten al Ggobierno. Un error de este tipo puede no desgastar, pero la sumatoria de varios quizá abre una ventana de oportunidad. Pero Fara, si nadie de la oposición lo puede capitalizar… Sí, pero. Atención a que situaciones de este tipo no terminen alumbrando algún liderazgo que no está en los papeles, que también juegue de anti statu quo pero por izquierda. Así nació Gabriel Boric, actual presidente de Chile.

Otra lección del laboratorio universitario es que el protocolo anti piquetes no sirve cuando se mueven 150.000 personas de manera pacífica. Es una cuestión práctica: no se puede ordenar el tránsito de tanta gente al mismo tiempo, sino que desborden las veredas y ocupen grandes vías de tránsito. Varios especialistas lo habían advertido en diciembre pasado. Por otra parte, reprimir a la clase media universitaria no es lo mismo que Belliboni y la izquierda.

Mientras la comunidad universitaria se volcaba a las calles, el oficialismo está más cerca que nunca de llegar a un acuerdo para reeditar la ley ómnibus, fracasada en febrero. Podría sesionar la semana que viene eventualmente, siempre y cuando no haga una de más frente al arco (como a veces da la impresión). En esta oportunidad, si logra aprobarse en general, no debería tener problemas en el tratamiento en particular porque la negociación viene muy al detalle. Pero a veces el diablo tienta a los revolucionarios libertarios y les hace pensar que pueden subir la apuesta con el tema laboral. Por lo que se sabe, el “maestro” Pichetto y su staff hacen docencia continua para evitar un nuevo error político.

Los economistas “petardistas” -como Cavallo, Carlos Rodríguez o Melconian- le siguieron advirtiendo al Gobierno en esta última semana sobre el peligro de una nueva “tablita” con dólar retrasado respecto a la inflación. Por eso el FMI le volvió a decir que no prestará más dinero por ahora. Por eso Toto recurre a mantener el swap chino (¡de un país comunista!). Por eso la UIA muestra preocupación por la caída del sector (¿abril será peor que marzo?), la CAME expone cifras espantosas, y más sectores agro exportadores son poco optimistas sobre el futuro inmediato. EE.UU. apoya políticamente con muchos gestos (¿el jefe de Gabinete fue a la CIA a buscar apoyo para que el Fondo largue dólares?), pero sus buenas noticias económicas internas no le permiten bajar la tasa de interés en año electoral, lo cual no es bueno para la Argentina y los emergentes.

El presidente se sintió como en casa en la cena de la Fundación Libertad, dando una nueva clase de economía, porque para él la macro crecerá como “pedo de buzo”. Escatología oficialista.

 

 

“Si todas las y los diputados que suben flyers por la #MarchaFederalUniversitaria dan quórum al otro día en Diputados y sesionamos, podemos avanzar en una ley que garantice el financiamiento. El martes en las calles. El miércoles en el recinto”, fue el desafío que lanzó Germán Martínez el lunes para azuzar a sus pares a que asistan a la sesión especial que él junto a otros de sus pares pidieron para este miércoles a partir de las 11.

La convocatoria tiene mucho gancho como para poder llegar a buen puerto: UP propone debatir sobre financiamiento universitario, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la fórmula de movilidad jubilatoria. Y se da nada menos que al día siguiente de la masiva marcha en defensa de la universidad pública.

Sin embargo, no hay muchas chances de que los convocantes puedan llegar a reunir 129 presencias. Tal cual lo anticipado por parlamentario.com, los bloques dialoguistas, en negociaciones con el oficialismo por la ley de bases y el paquete fiscal, no comparten la estrategia de Unión por la Patria. Sugieren “no gastar todas las balas”, en referencia a llamar a otra sesión, teniendo en cuenta que ya están muy avanzados con el debate de movilidad jubilatoria, que ya tiene dictamen en una de las dos comisiones que deben tratar el tema, en tanto que sobre las universidades ya hubo un anuncio oficial de giro de fondos.

Es más, desde esas filas habrían sugerido al oficialismo que convoque a las comisiones involucradas en los temas a tratar en esta sesión, de modo tal de adelantarse al emplazamiento que podrían disponer desde la oposición más dura. Es lo que ya hicieron cuando la fallida sesión para tratar movilidad jubilatoria.

El temario de la sesión incluye proyectos presentados por el Frente de Izquierda, bloque de 5 integrantes que dará quórum. Pero además hay iniciativas de radicales y uno de Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, sobre el FONID.

Para llegar a los 129 necesarios para el quórum, son clave los bloques dialoguistas. Allí hay sectores dispuestos a sumarse a la reunión, a partir de las 11. Hay un grupo de legisladores de la UCR referenciados en Facundo Manes y un puñado de sus compañeros del sector de Martín Lousteau, claramente identificados con la causa universitaria, como Danya Tavela, que se sumarán.

En Hacemos Coalición Federal, la cordobesa Natalia de la Sota -que suele desmarcarse de sus comprovincianos-, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón y la mencionada Stolbizer fueron, por ejemplo, los integrantes de la bancada que conduce Miguel Pichetto que estuvieron presentes en la jornada contra el DNU 70/23 que se realizó días atrás con abogados constitucionalistas.

Lo cierto es que tanto UCR como HCF no tenían posición unificada ante la sesión.

Ninguno de los proyectos incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisión, por lo cual, en caso de abrirse la sesión, necesitarían dos tercios para su tratamiento sobre tablas. De ahí la estrategia de apostar al emplazamiento.

Como primer tema, aparecen las iniciativas referidas al financiamiento universitario, un tema que ocupará la agenda pública el día anterior con la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. El pasado miércoles, legisladores de la oposición escucharon a estudiantes en el Anexo de la Cámara baja. En la mesa principal estuvieron Blanca Osuna y Tomás Ledesma, de UP, pero también Tavela, Stolbizer y Paulón.

En el encuentro, los invitados reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.

Los proyectos contemplados para la sesión son pedidos de emergencia presupuestaria universitaria, impulsados por Romina del Plá (FIT), Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP). También hay otro de Mónica Litza (UP) con la modificación del incremento y actualización de presupuesto para las casas de altos estudios.

A su vez, una iniciativa de Danya Tavela (UCR) sobre un régimen de financiamiento universitario; una de Pablo Carro (UP) que propone financiamiento de las universidades a partir de recaudación que surge de la promoción de la economía del conocimiento; y otra de Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.

Por otra parte, hay un conjunto de proyectos referidos a la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, al cual el gobierno de Javier Milei le puso fin. Con distintos plazos de prórroga, y algunos que promueven su vigencia permanente, hay propuestas de Máximo Kirchner, Ariel Rauschenberger, Silvina Ginocchio (UP); Julio Cobos, Danya Tavela (UCR); Margarita Stolbizer (HCF) y Romina del Plá (FIT).

El tercer bloque tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria, tema sobre el cual ya hubo dictamen en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero la oposición quiere acelerar su discusión en Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, quien se ha mostrado sin intenciones de convocar para tal fin.

La semana pasada se firmaron tres dictámenes. El de UP, de mayoría (13 firmas), propone mantener la fórmula que combina RIPTE y recaudación de la ANSeS -la que el Gobierno suspendió por DNU- de manera trimestral, incorporando adelantos mensuales atados a la inflación. Asimismo prevé un 30% de recuperación para los haberes.

En tanto, el dictamen de la UCR y HCF (7 firmas) estima un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, ajustar por IPC, pero contempla adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. A su vez, establece un plus de 8,1% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, al 12,5% que el Ejecutivo estableció para abril por DNU.

Finalmente, el dictamen de la izquierda (una firma) indica que ningún jubilado podrá percibir menos que el monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual sea más favorable. E insiste con el 82% móvil.

La sesión solicitada por Unión por la Patria para debatir sobre financiamiento universitario, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y fórmula de movilidad jubilatoria fue oficializada este lunes. La convocatoria es para el miércoles, a las 11, un día después de la marcha federal a favor de las universidades públicas, que se anticipa masiva.

"Si todas las y los diputados que suben flyers por la #MarchaFederalUniversitaria dan quórum al otro día en Diputados y sesionamos, podemos avanzar en una ley que garantice el financiamiento. El martes en las calles. El miércoles en el recinto", desafió a sus pares Germán Martínez, jefe de la bancada peronista/kirchnerista que cuenta con 99 miembros.

El temario de la sesión incluye proyectos presentados por el Frente de Izquierda, bloque de 5 integrantes que dará quórum. Pero además hay iniciativas de radicales y uno de Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, sobre el FONID.

Al número de 129 para lograr el quórum, habrá que mirar con especial atención qué hacen algunos diputados de los llamados bloques dialoguistas. Por lo pronto, se sabe que hay un grupo de legisladores de la UCR referenciados en Facundo Manes y un puñado de sus compañeros del sector de Martín Lousteau, claramente identificados con la causa universitaria, como Danya Tavela, que podrían sumar.

Dentro de HCF, la cordobesa Natalia De la Sota -que suele desmarcarse de sus comprovincianos-, los socialistas Mónica Fein y Estaban Paulón y la mencionada Stolbizer fueron, por ejemplo, los integrantes de la bancada que conduce Miguel Pichetto que estuvieron presentes en la jornada contra el DNU 70/23 que se realizó días atrás con abogados constitucionalistas.

Ninguno de los proyectos incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisión, por lo cual, en caso de abrirse la sesión, necesitarían dos tercios para su tratamiento sobre tablas. La estrategia sería en tal caso pujar por un emplazamiento de comisiones para que, con fecha y hora, se den esos correspondientes debates.

Como primer tema, aparecen las iniciativas referidas al financiamiento universitario, un tema que ocupará la agenda pública el día anterior con la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. El pasado miércoles, legisladores de la oposición escucharon a estudiantes en el Anexo de la Cámara baja. En la mesa principal estuvieron Blanca Osuna y Tomás Ledesma, de UP, pero también Tavela, Stolbizer y Paulón.

En el encuentro, los invitados reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.

Los proyectos contemplados para la sesión son pedidos de emergencia presupuestaria universitaria, impulsados por Romina Del Plá (FIT), Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP). También hay otro de Mónica Litza (UP) con la modificación del incremento y actulización de presupuesto para las casas de altos estudios.

A su vez, una iniciativa de Danya Tavela (UCR) sobre un régimen de financiamiento universitario; una de Pablo Carro (UP) que propone financiamiento de las universidades a partir de recaudación que surge de la promoción de la economía del conocimiento; y otra de Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.

Por otra parte, hay un conjunto de proyectos referidos a la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, al cual el gobierno de Javier Milei le puso fin. Con distintos plazos de prórroga, y algunos que promueven su vigencia permanente, hay propuestas de Máximo Kirchner, Ariel Rauschenberger, Silvina Ginocchio (UP); Julio Cobos, Danya Tavela (UCR); Margarita Stolbizer (HCF) y Romina Del Plá (FIT).

El tercer bloque tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria, tema sobre el cual ya hubo dictamen en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero la oposición quiere acelerar su discusión en Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, quien se ha mostrado sin intenciones de convocar para tal fin.

La semana pasada se firmaron tres dictámenes. El de UP, de mayoría (13 firmas), propone mantener la fórmula que combina RIPTE y recaudación de la ANSeS -la que el Gobierno suspendió por DNU- de manera trimestral, incorporando adelantos mensuales atados a la inflación. Asimismo prevé un 30% de recuperación para los haberes.

En tanto, el dictamen de la UCR y HCF (7 firmas) estima un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, ajustar por IPC, pero contempla adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. A su vez, establece un plus de 8,1% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, al 12,5% que el Ejecutivo estableció para abril por DNU.

Finalmente, el dictamen de la izquierda (una firma) indica que ningún jubilado podrá percibir menos que el monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual sea más favorable. E insiste con el 82% móvil.

Un profundo contrapunto se ha generado en torno a la crisis universitaria y las posturas del Gobierno y la de la oposición. De cara a la marcha del martes 23 de abril, se agregó un condimento: los gremios convocaron a los maestros a sumarse a la marcha. Eso alcanzó para darle al oficialismo elementos nuevos para criticar a la protesta.

CTERA y Suteba llamaron a sus afiliados a sumarse a la marcha y en ese marco el sindicato que conduce Roberto Baradel difundió un mensaje en el que garantiza el artículo 115 B 3 para justificar la falta.

“¡Qué vergüenza son!”, reaccionó la diputada Carolina Piparo, que a través de las redes replicó esa convocatoria y advirtió: “No movieron un pelo cuando el kirchnerismo les cerró más de 300 días las escuelas a nuestros hijos, y ahora promueven que los docentes falten para ir a una marcha!?”.

Y cerró: “No les interesa ni un poco la educación, hipócritas”.

https://twitter.com/CarolinaPiparo/status/1781820338948493743

Se sumó la diputada de La Libertad Avanza Juliana Santillán, quien recordó que “el kirchnerismo gobernó en 14 de los últimos 21 años. Y produjo un daño que parece irreparable o que nos va a costar años superar. Se llenaron la boca defendiendo la escuela pública y la destruyeron, hoy incentivan a un paro el 23/4”.

El funcionario educativo y dirigente político advirtió que el gobierno nacional fue “cambiando el discurso y buscando desacreditar una marcha que va a ser masiva porque ha venido ganando adhesiones de grandes sectores de la sociedad en virtud de lo que significa la universidad pública en la Argentina".

El rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown y diputado provincial del bloque de la UCR+CF afirmó que anunciaron un supuesto acuerdo “sin habernos convocado” a discutir la propuesta.

Así se expresó el legislador opositor en diálogo con la radio pública de la provincia, en AM 1270, para negar que exista un acuerdo entre el gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), tal como planteó el ministerio de Capital Humano.

El rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown enfatizó que “el comunicado de anoche, anunciando un acuerdo con el CIN, sin habernos convocado formalmente, sin haberse sentado a discutir y sin habernos dejado evaluar la propuesta integral es una acción política de desesperación para deslegitimar el masivo reclamo que realizará el movimiento universitario el próximo martes”.

De todos modos, Pablo Domenichini interpretó como una señal positiva que “el gobierno haya pasado de una instancia donde decía que no había ajuste ni desfinanciamiento a entender que tenemos que sentarnos en una mesa entre todas las partes y encontrar soluciones a la situación crítica que estamos atravesando”.

No obstante, aclaró que “una vez que seamos convocados formalmente, los rectores vamos a evaluar la propuesta porque estamos abiertos al diálogo”.

Al respecto, precisó que “queremos hablar de todos los ejes que están haciendo al ajuste que sufren las universidades nacionales, no solo sobre la actualización de gastos de funcionamiento, que es lo más urgente”.

Además, el legislador radical enumeró que “también queremos discutir sobre el parate de las obras de infraestructura que se venían realizando, los programas de asignación específica, las transferencias a las universidades que tienen función salud, y sobre el salario de nuestros docentes y no docentes".

El rector recordó que "hace 10 días el gobierno firmó una actualización de gastos de funcionario del 70%” pero resaltó que “aún no recibimos transferencias en las cuentas de las universidades".

A eso se sumó el anuncio unilateral de ayer con “otro 70% de aumento, para llegar a un 140% de recomposición”, que llega después del intento de “desprestigiar a las universidades con esta campaña de adoctrinamiento en las aulas".

 

Diputadas y Diputados integrantes de los bloques de Unión por la Patria, Hacemos Coalición Federal, Unión Cívica Radical, Innovación Federal y Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, se reunieron con organizaciones estudiantiles de universidades a lo largo y ancho en todo el país.

En una declaración conjunta, los diputados denuncian que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones. Sumado a la decisión de eliminar el Fondo Nacional de Incentivo Docente que impacta directamente en los niveles de educación obligatoria en general y en particular en las escuelas secundarias dependientes de las universidades.

En el encuentro que participaron más de 40 oradores de distintas organizaciones estudiantiles, los jóvenes pidieron defender la educación pública. De manera presencial y remota se escucharon las voces de representantes de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Entre Ríos, de Córdoba, de Cuyo, de Tierra del Fuego, de La Pampa, de Madres de Plaza de Mayo, de San Martín, de La Matanza, de Rosario, de Formosa, de Luján y la Universidad Nacional del Delta, entre otras.

Los estudiantes coincidieron en que el Gobierno nacional “no sólo los persigue con el recorte y la falta de presupuesto, sino que también con el desfinanciamiento a la beca Progresar, los aumentos del transporte público, con la desregulación de la ley de alquileres, que son luchas históricas del movimiento estudiantil que también afectan a la permanencia de los estudiantes”.

Ante esta situación y en vísperas de la Marcha Federal Universitaria que se realizará el próximo 23 de abril, los diputados presentes adhieren a la misma y se comprometieron, mediante la declaración firmada a acordar propuestas que den respuestas a la situación de las universidades públicas y de los niveles obligatorios del sistema educativo. Exigiendo al gobierno nacional que adopte las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento pleno de las universidades tal como lo reclaman el Consejo Interuniversitario Nacional, el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y diferentes expresiones del movimiento estudiantil nacional.

Entre los presentes Danya Tavela, Margarita Stolbizer, Esteban Paulón, Blanca Osuna, Tomás Ledesma, Romina del Plá, Myriam Bregman, Leopoldo Moreau, Maximiliano Ferraro y Germán Martínez.

La diputada nacional del radicalismo Danya Tavela expresó su preocupación por el recorte presupuestario que están sufriendo las universidades públicas: “La UBA es la más visible, pero todas las universidades del país están pasando por la misma situación”, aseguró.

Tavela explicó que el recorte de fondos no se debe a una revisión presupuestaria, sino a la “licuación presupuestaria, y es el peor recorte”. Según ella, “hay que ir al equilibrio fiscal, que no es lo mismo que el déficit cero. En ese camino, uno decide dónde hacer el ajuste. El Gobierno decidió hacerlo por licuación y no por motosierra”.

Entrevistada en Mañana SI Tavela ejemplificó la crisis con lo sucedido con una universidad de la zona de Cuyo, que “en diciembre recibió una factura de luz por $6 millones y en enero, con la universidad cerrada, y el mantenimiento al mínimo, le vino $25 millones, con el mismo presupuesto de 2023”.

Por otro lado, sorprendió al contar que “no hay una mesa operativa que esté conversando las cuestiones del Pacto de Mayo. El presidente dijo que lo iba a firmar si le votaban la ley ómnibus”, por ende, “no sabe” cómo va a trabajarse el acuerdo.

Finalmente, se pronunció con respecto a la figura de Martín Lousteau en la UCR: “Está siendo el catalizador de las expresiones de una gran mayoría de afiliados y simpatizantes radicales que cuestionan el fondo y las formas del Presidente. Es lógico que aparezcan emergentes como él y Facundo Manes”.

El tema de la movilidad jubilatoria sigue muy presente en el Congreso de la Nación. Tras el debate llevado adelante estos días en el recinto y una comisión de Diputados, el tema llegó al Senado de la mano del senador nacional Martín Lousteau, quien presentó una moción de preferencia para abordar dos expedientes que hay sobre el tema.

El senador por CABA recogió expresiones que poco antes había hecho la chubutense Edith Terenzi, quien en el marco de una cuestión de privilegio presentada contra el presidente Javier Milei por sus dichos y actitudes respecto del gobernador Ignacio Torres, había advertido que el mandatario pasa mucho tiempo en las redes.

Dijo también Terenzi que probablemente le importara poco lo que ella decía, y Lousteau recogió esa expresión para agregar que “hay otras cosas que le importan poco”. Por ejemplo la situación de los jubilados, acotó el senador, que propuso dar preferencia a dos proyectos relacionados con la actualización del sistema de jubilaciones y pensiones.

“Hasta ahora los jubilados con la fórmula existente y en función de la inflación que incremento el actual Gobierno, han perdido 1 de cada 4 pesos de poder adquisitivo”, detalló el senador porteño, que agregó: “No solo eso, además anda circulando una modificación a la actualización que justo cuando va a beneficiar  a los jubilados se la quiere cambiar, robándole un trimestre entero de ajuste, de tres meses de alta inflación”.

Lousteau continuó señalando que, además, “el presidente en una entrevista dijo que no había que ocuparse de los jubilados, porque solamente había 15% de pobreza entre los jubilados. Me parece justamente, dada esa tesitura del Gobierno Nacional, para abordar estos proyectos de ley que han sido presentados, se integren las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Comunicación y Cultura, que junto a Presupuesto pueden dar pronto despacho a estos temas”.

Esos temas incluían un tercer pedido de preferencia, referido al financiamiento de universidades nacionales. “Hoy la UBA no abrió sus puertas y centenares de miles de estudiantes no pueden ingresar a estudiar, porque los gastos de funcionamiento de las universidades quedaron congelados con el presupuesto del año anterior”, apuntó Lousteau, que habló de una caída del 70% en valores reales. “Están transfiriendo menos nominalmente que el año pasado”, concluyó.

En la sesión de hoy pedí una moción de preferencia para poder tratar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y garantizar el financiamiento del sistema educativo.
El presidente @jmilei le está haciendo pagar gran parte del ajuste brutal a los jubilados y las universidades.… pic.twitter.com/uFgEatxhZd

— Martín Lousteau (@GugaLusto) March 14, 2024

El bloque de diputados provinciales del Acuerdo Cívico UCR-GEN con la firma de la totalidad de sus integrantes presentó un proyecto de declaración donde acompaña la preocupación revelada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ante la falta de actualización, por parte del gobierno de Javier Milei, de las partidas presupuestarias necesarias para el funcionamiento de las Universidades Nacionales.

Los diputados Claudio Frangul, Matías Civale, Viviana Dirolli, Natalia Dziakowski, Nazarena Mesias y Julio Pasqualin incluyeron además en su presentación el rechazo a la revisión de la puesta en marcha de las universidades nacionales de Pilar, del Delta y de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires, de Madres de Plaza de Mayo (CABA) y Río Tercero (Córdoba).

Los diputados del radicalismo y el Gen aseguraron que “en la provincia de Buenos Aires funcionan 22 universidades nacionales y todas ellas influyen directamente no sólo en la formación académica de más y mejores profesionales, sino también al desarrollo de cada una de sus respectivas ciudades y regiones”.

“Es responsabilidad del Gobierno Nacional no solo garantizar los fondos para que puedan funcionar como establece la ley, sino también impulsar el crecimiento de las universidades; su desfinanciación y desatención es inadmisible”, agregaron.

Los diputados afirmaron además que “para revertir la crisis económica que atraviesa nuestro país habrá que realizar ajustes en diversas áreas, pero ese ajuste no puede ensañarse con las universidades nacionales que son la esperanza de las comunidades para que progresen sus hijos”.

El presidente de la Nación, Javier Milei, reafirmó ante la Asamblea Legislativa la decisión de suspender la creación de cinco universidades que habían sido aprobadas por ley el año pasado y argumentó que “la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política”.

El jefe de Estado alertó que en materia educativa “hay una crisis que ya arrastra décadas, que es cada vez más profunda y que ha redundado en que hoy más de la mitad de los chicos de tercer grado no entienden que leen en Argentina y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Esta es la realidad de un país con más premios nobel de la región que supo ser en su pasado un faro de calidad educativa”.

“El analfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que la inflación es a nuestra economía”, comparó y apuntó: “En el plano de educación superior la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política y en los profesorados de institutos de formación docente proliferan currícula educativa de izquierda abiertamente anticapitalistas y antiliberales en un país donde lo que más se necesita es más capitalismo y libertad”.

El mandatario destacó que "multiplicamos por cuatro la ayuda escolar para que las familias que se vieron afectadas por aumentos drásticos en este nuevo inicio de clases puedan comprar los útiles y materiales escolares que sus chicos necesitan. Esta medida va a beneficiar a las familias de 7.300.000 chicos, desde nivel inicial hasta el secundario".

"En una Argentina donde los chicos no saben leer y escribir, no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias con los gobiernos provinciales", lanzó y cerró: "Por eso, incluimos en el decreto de necesidad y urgencia a la educación como servicio esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 70% del servicio educativo durante cualquier huelga.

Legisladores de Unión por la Patria expresaron un fuerte rechazo a la resolución firmada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que suspende la creación de cinco universidades Madres de Plaza de Mayo, Río Tercero, Delta, Ezeiza y Pilar que fueron aprobadas por ley en 2023.

“NO TIENEN LÍMITES”, tituló su posteo en redes la diputada y exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y agregó: “Ahora van a desfinanciar la creación de Universidades. UNIVERSIDADES. Terrible como ajustan a ‘la casta’. Están pisoteando el sueño de miles de jóvenes de tener un futuro digno. ¿O piensan que con estos tarifazos van a poder viajar decenas de kilómetros hacia otra institución?”.

“@JMilei grita sobre la libertad y uno de los caminos más importantes para alcanzarla es con una educación de calidad, es democratizando el acceso a estos espacios que representan los sueños de los pibes y pibas de los barrios de poder estudiar”, apuntó y recordó que se trabajó “muchísimo para que las y los vecinos tengan una solución educativa de calidad cerca de casa”.

La diputada de UP cerró: “Me llena de tristeza ver como pisotean el futuro de miles de bonaerenses porque no tienen el dinero para ir a otra más lejos. ¿¿¿¡VLLC!???”.

Su par de bancada Lorena Pokoik escribió: “Años y años invertidos en la creación de nuevas universidades para que cobardemente detrás de un escritorio las quieran eliminar. ¿Milei sabrá que cerrando universidades no va a bajar la pobreza, al contrario, genera mayor desigualdad?”, y chicaneó: “Deje un poco Twitter y camine, presidente”.

“El año pasado el Congreso Nacional aprobó la creación de 5 universidades que hoy el Gobierno, a través de una simple resolución ministerial, decidió interrumpir”, recordó la extitular de la Cámara baja Cecilia Moreau y expresó: “Estamos convencidos de que un pueblo sin educación está sometido a la ignorancia y la dominación, por eso vamos a trabajar sin descanso para revertir esta decisión inconsulta, autoritaria, fiscalista y absurda”.

El bonaerense Daniel Gollan posteó: “El gobierno nacional que encabeza Milei decidió, a través de una resolución ministerial que firmó la ministra Pettovello, frenar la creación de 5 universidades que habían sido aprobadas el año pasado por el Congreso Nacional”.

El cordobés Pablo Carro disparó: “Te prometió ajustar a la casta y terminó quitándole la oportunidad de estudiar a miles de pibas y pibes. Hoy Sandra Pettovello firmó una resolución para frenar la apertura de 5 nuevas universidades. Entre ellas, la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero de Córdoba”.

Otro ataque a la educación pública.

El gobierno frena la creación de las universidades nacionales que votamos en el Congreso para que más pibes tengan la posibilidad de estudiar y progresar.

En el país de la mano de obra barata de Milei, las universidades públicas están de más. pic.twitter.com/cqgxMrFUsL

— Hugo Yasky (@HugoYasky) February 27, 2024

A fin de apurar los trámites antes de que concluya el periodo ordinario, un plenario de comisiones se reunió este miércoles para emitir despacho favorable a la creación de cuatro universidades nacionales de las cuales, tres de ellas vienen con media sanción de Diputados votadas en la última sesión de la semana pasada.

Desde el Salón Arturo Illia las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda, a cargo de la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT) y el riojano Ricardo Guerra (FdT) respectivamente, dictaminaron los proyectos que crean la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires; la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede en Paraná, provincia de Entre Ríos, y la Universidad Nacional de Saladillo en la provincia de Buenos Aires. El objetivo de los senadores oficialistas convertirlas en ley en la primera semana de noviembre, a más tardar.

No fueron los únicos temas de la agenda. En el trascurso del día, agregaron al temario un proyecto de la senadora Clara Vega para crear la Universidad Nacional de Aimogasta con sede central en la ciudad de Aimogasta, departamento de Arauco de la provincia de La Rioja, que tuvo dictamen favorable.

También se le dio tratamiento y despacho al proyecto de resolución de la senadora Cristina del Carmen López Valverde, para crear el Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA).

Universidades en Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja

Al inicio del encuentro, López Valverde informó dos cambios en la composición de las comisiones. Así los senadores Marcelo Lewandowski (FdT- Santa Fe) y Anabel Fernández Sagasti (FdT – Mendoza) se incorporaron a la Comisión de Educación y Cultura en reemplazo de María Teresa Margarita González y Ana María Ianni.

Hecha la aclaración, la sanjuanina se refirió a la Universidad del Salado y remarcó que el proyecto se viene presentando desde 2015 en cuatro oportunidades hasta que “al final tuvo dictamen favorable y cuanta con el proyecto de factibilidad y del CIN”.

“Esto tiene que ver con una estrategia de políticas universitarias y superiores para hacer la oferta a los jóvenes del lugar, evitando el desarraigo y potenciando a los jóvenes en aquellas disciplinas que tienen que ver con la producción regional”, señaló y agregó: “Esta universidad responde a problemáticas y necesidades de estrategias para el desarrollo regional y la propuesta curricular contempla en su desarrollo la enseñanza en aula presencial y virtual”.

Respecto de la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz explicó que “se constituye sobre la base de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER y desde el 2021 es la que cuenta con mayor matrícula de estudiantes. Su campo de enseñanza abarca lo que es la formación docente necesaria porque hay pocos docentes y hay que aumentar el número y que estén bien formados. La educación, las ciencias sociales, humanidades, artes y el campo de la salud pública y mental, este último aspecto es importante porque se pretende trabajar desde una perspectiva de derechos y se está estimulando y motivando a que todas las universidades contemplen los problemas de salud mental y que sean atravesados y profundizados más aún post Covid-19”.

Al hacer referencia a la creación de la Universidad del Saladillo, López Valverde indicó que cuenta con el estudio de factibilidad y el acuerdo favorable del CIN. “Básicamente se va a centrar en las ciencias agropecuarias, ciencias básicas, aplicadas y tecnológicas, ciencias sociales que incluyen títulos de grado, posgrado, tecnicaturas y diplomaturas. Las propuestas se orientan al turismo rural, la cultura, la formación docente, el desarrollo humano, ambiente, producción y la empresa con acento en tecnología y biotecnología”, detalló y sumó que apunta “a la realidad circundante y a la necesidad de diversificar la oferta académica y de contar con profesionales en ciertas disciplinas que tienen que ver con la realidad económica y que, a veces, no tenemos la cantidad suficiente de egresados”.

La senadora nacional Clara Vega (Hay Futuro Argentina) defendió el proyecto que presentó respecto a la creación de la Universidad Nacional de Aimogasta (UNA) con sede en el departamento de Arauco y expresó que “venimos presentándolo desde el 2021 y es muy importante por la trayectoria de La Rioja en educación”.

“Esta es la mejor forma de homenajear a Joaquín v. González porque también, en 1918 varios riojanos fueron parte de la reforma universitaria”, señaló Vega. Además, sostuvo que “la gestión de varios ministros como Joaquín Santos Salinas acompañó a la transformación de la creación de escuelas”.

Respecto a los beneficios en la localidad respecto a la creación de la casa de altos estudios, la senadora explicó: “Es un departamento con mucha producción olivícola y desarrollos termales”. “Parque Arauco tiene la posibilidad de ser un parque hídrico para mayor regularidad de ingreso y producción de energía y está al norte de La Rioja”, indicó.

Así las cosas, Vega reiteró que “si hoy podemos darle dictamen –al proyecto- pondríamos una semilla en el norte argentino para jerarquizar e igualar y Arauco está interrelacionado con Catamarca y muy cerca de Chile”. También, manifestó que “busca generar la llegada de la mayor cantidad de alumnos para las carreras”.

“Creemos que podemos avanzar en igualar y mejorar para ser generadores de esta transformación porque la universidad forma para generar trabajo”, expresó, y concluyó: “Todos nosotros podemos acompañar para que muchos estudiantes que no pueden irse a otro lugar a estudiar tengan ese polo de desarrollo científico y tecnológico para generar autonomía energética. Vamos por ese sueño”.

Creación del Instituto Nacional del Libro Argentino

En carácter de autora, López Valverde sostuvo que el motivo para presentar la iniciativa fue “la deuda que tenemos con la industria del libro y pensar en una política estratégica a largo plazo con respecto al tema”.

“Tenemos una visión sistémica en la que tratamos de incorporar a toda la cadena que tiene que ver con la producción del libro porque cuando una de ellas se afecta, se ven todas afectadas. Podemos decir que, hasta ahora, hemos tenido una visión centralista y todos los esfuerzos los vemos acá con las envergaduras de las librerías, basta con recorrer las calles, y cuando necesitamos algunos títulos especiales quienes vivimos en el interior, cosa que se nos facilita con las nuevas tecnologías siempre tenemos que solicitar de la bibliografía al centro del país”, consideró.

La sanjuanina recordó que el Instituto Nacional del Libro tuvo un antecedente en Diputados al ser presentado en el 2020 por quien fuera en ese momento diputado Daniel Filmus -actual ministro de Ciencia y Tecnología- pero “basándonos en eso y asesorándonos con gente del ministerio de Cultura y con la Unión de Escritores, ayudaron a redactar el proyecto para hacer del INLA un instituto no burocrático, donde el dinero vaya a donde tenga que ir y no se gaste en funciones burocráticas”.

“El primer proyecto de mi autoría fue en el 2021 y luego fue representado con todo el enriquecimiento tanto de Cultura y la Unión de Escritores”, reiteró y precisó que el INLA es un organismo de promoción y fortalecimiento del libro y dependería de la órbita del Ministerio de Cultura.

Entre las funciones, detalló: “Fomentar la diversidad editorial priorizando la participación de las editoriales pequeñas, fomentar la lectura, promover la distribución, circulación y comercialización del libro, favorecer un acceso democrático e igualitario- Se trabajaría todo esto con el Ministerio de Educación y la CONADI”.

En lo que respecta a la composición, la sanjuanina explicó que estará a cargo de un directorio constituido por un director ejecutivo designado por el Poder Ejecutivo por cuatro 4 años y renovado por un solo periodo más, tiene que ser una persona que conozca del tema. También se designará un director administrativo y un director artístico.  Además, destacó que estará representado por 6 representantes del quehacer editorial, con la siguiente composición: 2 representantes de las cámaras editoriales, 1 representante de los libreros, 2 representantes de los escritores, 1 representante de los traductores autorales; 1 representante por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN); 6 representantes elegidos por la Asamblea Federal, uno (1) por cada región cultural.

“Tendrán una duración de dos años en sus cargos y no va a implicar un costo porque las funciones serán cumplidas ad-honores”, destacó y añadió que se va a constituir una Asamblea Federal con 1 representante del Ministerio de Cultura de la Nación; 1 representante del Ministerio de Educación de la Nación; 1 representante del Ministerio o secretaria de Desarrollo productivo; la máxima autoridad en materia cultural de cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 1 representante de la CONABI”.

López Valverde remarcó que “no solo se hace hincapié en que el libro llegue a todos lados y tener en cuenta editoriales pequeñas, y autores que no se mueven en la órbita de la gran urbe porque buscamos un criterio federal y es por eso que se contempla la Asamblea Representativa conformada por regiones culturales la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estarán dividas en las siguientes regiones culturales: Centro (Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Centro Litoral (Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos); NEA (Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes); NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero); Cuyo (La Rioja, San Juan, San Luis y Mendoza) y Patagonia (La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur)”.

Por otro lado, aclaró que la manera de financiamiento es a través de la creación de un Fondo Nacional de Fomento del Libro Argentino: “Se plantea una partida específica que anualmente se establece en el presupuesto general, que no puede ser inferior al 2% del presupuesto total para el Ministerio de Cultura de la Nación establecido en el Presupuesto General de la Nación”.

“Se agrega u porcentaje, a determinar por la Autoridad de Aplicación, de lo recaudado en la asignación del número del Sistema Internacional Normalizado para Libros”, indicó y sumó que el Fondo será destinado a “concursos, traducción de libros nacionales y extranjeros”.

“Adoptará la función como órgano promotor del libro y la actividad cultural y tiene la figura autárquica y autónoma. Vale la pena pensar en la industria del libro porque ha pasado por situaciones críticas como otras tantas áreas por los costos de insumos, la merma del consumo del libro y la transformación tecnológica. Es una deuda que tenemos con la cultura”, cerró.

Como titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra adhirió a “todo porque es importante incentivar la escritura y la lectura, ya que debemos esforzarnos para mantener nuestras culturales regionales y es necesario que se complemente con las lecturas en las escuelas”.

Los inicios de la municipalización de Fontana

El senador nacional Antonio Rodas (FdT - Chaco), impulsor del proyecto para declarar de interés a "Los inicios de la municipalización de Fontana”, obra de Ricardo Sosa y Giselle Monzón sostuvo que “hay un gran esfuerzo de muchos escritores para defender la localía, pero no tienen financiamiento adecuado”.

 “En Fontana, perdimos 15 años de vida institucional que recuperamos en 1973 por los únicos que se le suspendió su caracterización municipal y es justo mostrar que sepan los inicios de esta ciudad pujante y progresista”, señaló el chaqueño.

Por otro lado, remarcó –varias veces- que “esta es la reparación histórica que tuvimos con Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y con este gobierno”, y aseveró que “a quien le toque gobernar le pedimos que lo haga con la misma sintonía porque después –de Néstor y Cristina- nadie más hizo nada”.

Por último, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, su coterráneo Víctor Zimmermann (UCR), lo felicitó por la iniciativa porque “esta obra es trascendental para nosotros porque nos ayuda a difundir nuestra historia y para que se conozca la evolución del pueblo y se sepa del esfuerzo que se tuvo que hacer en la localidad para tener lo que tenemos ahora”.

En busca de un rápido tratamiento en el Senado, con el fin de aprobarlas antes de que concluya el actual período ordinario, un plenario de comisiones se reunirá este miércoles a fin de analizar las medias sanciones de tres nuevas universidades nacionales votadas en la última sesión de Diputados, la semana pasada.

En efecto, han sido convocadas para las 17 las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda, a fin de tratar los proyectos que crean la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado; la Universidad  Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede en Paraná, provincia de Entre Ríos, y la Universidad Nacional de Saladillo.

El objetivo de los senadores oficialistas es darle rápido trámite a esas universidades, de modo tal que puedan convertirse en ley en la primera semana de noviembre, a más tardar.

No son esos los únicos temas que tratarán en este plenario. También está previsto el tratamiento de un proyecto de resolución de la senadora Cristina del Carmen López Valverde, para crear el Instituto Nacional del Libro Argentino (INLA).

Hay también en el temario un expediente que contiene el texto de un proyecto de resolución del senador chaqueño Antonio Rodas por el cual se declara de interés la obra “Los inicios de la municipalización de Fontana (1959-1974)”, de autoría de Ricardo Sosa y Giselle Monzón, y dispone su reedición.

Concluida la reunión de ese plenario, los integrantes de la comisión de Educación y Cultura se quedarán para tratar una diversos expedientes.

Todo eso sucederá en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

Con el quórum alcanzado a las 12.31, la Cámara de Diputados realiza este martes su última sesión antes de las elecciones generales, para tratar una decena de proyectos entre los que se destaca la modificación de la Ley de Alquileres.

Se le complicó al oficialismo alcanzar el quórum para sesionar, por la ausencia de varios diputados del propio Frente de Todos. Llegadas las 12.30 se sentó en su banca el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, que pidió a la presidencia aguardar unos minutos más, por cuanto un legislador propio estaba en camino. El tablero marcaba 127 diputados sentados en sus bancas, y contando a Paula Penacca, secretaria parlamentaria del oficialismo, que estaba parada, en efecto les faltaba solo un diputado. Y un minuto después ingresó la jujeña Carolina Moisés, con lo que el quórum fue alcanzado.

También se debate este martes el programa “Compra Sin IVA”, que ya funciona como decreto, pero que en tren de campaña el oficialismo busca convertirlo en ley este martes.

Asimismo se tratará el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), como así también el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; la creación de las universidades nacionales de la Cuenca del Salado -en Cañuelas-, Juan Laureano Ortiz -en Paraná- y la de Saladillo; el Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor; Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital (con las modificaciones del Senado); y la creación del programa Argentina Inclusiva.

Final abierto para la modificación de Alquileres

Volvamos al tema que genera la principal expectativa y que es la modificación de la Ley de Alquileres, que vuelve con cambios introducidos en el Senado. Modificaciones que fueron avaladas por el oficialismo en las comisiones que el miércoles pasado les dieron a las mismas dictamen de mayoría, y ahora los cálculos están puestos en determinar cuál de las dos propuestas prevalecerá en definitiva, para convertirse en ley.

Un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda volvió a darle dictamen al tema.

La propuesta del Senado establece mantener el plazo vigente actualmente de tres años en los contratos; proponer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

La oposición defenderá la iniciativa que se aprobó el 23 de agosto, la cual propone devolver el plazo de los contratos a dos años, permitir ajustes cada 4 meses y dejar librado al acuerdo de las partes la actualización de los alquileres con la opción de tres métodos: Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS).

Los temas económicos

Con un dictamen de mayoría y otro de minoría, el programa “Compra Sin IVA” propone el reintegro de una proporción de las operaciones de consumidores finales definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR).

También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

El programa está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

También avanzarán con la propuesta para declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. El proyecto obtuvo dictamen este lunes en el marco de un plenario.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

También está el proyecto que prevé crear el Programa de fomento de la industria local y de la integración de valor industrial del calzado, como así también el Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y fabricantes de calzado.

Asimismo promueve la creación el Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. Asimismo, establece ajustar el sistema de etiquetado Nomenclatura AR para el calzado argentino, como así también la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.

El Plan Nacional Ciencia 2030 busca ser ley

La iniciativa tiene media sanción de la Cámara alta desde el 27 de octubre del 2022 y prevé agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional, y plantea 10 desafíos nacionales para la próxima década.

El plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional.

Según el dictamen, se desarrollarán “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Ellos son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria; y contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos.

También, los de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino.

Completan los desafíos, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.

El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.

Las Agendas Transversales buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta tanto a los Desafíos Nacionales como de las Agendas Territoriales. Estas se orientan a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género.

La Agenda de Cambio Institucional atiende a las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral, la federalización y la internacionalización.

En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025 y al 1,70% en el año 2030.

La creación de 3 universidades

En cuanto a la creación de nuevas universidades, se completará este martes el cronograma de ocho que esta administración se había puesto como objetivo. Una de las iniciativas fue presentada por el diputado opositor Emiliano Yacobitti (Evolución Radical), que propone establecer a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires.

También, está el proyecto de la diputada nacional María Rosa Martínez (FdT – Buenos Aires), quien propuso construir la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas.

Del mismo modo, se busca la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. El lugar ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.

Los demás proyectos

En el temario también figura la creación del Programa Argentina Inclusiva que tuvo dictamen en noviembre del año pasado y es fruto de la unificación de ocho iniciativas, que propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad en la Función Pública.

Promueve la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. También busca la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.

La Autoridad de Aplicación, que será elegida por el Poder Ejecutivo, creará la Mesa de Coordinación Administrativa del Programa Argentina Inclusiva, establecer, conjuntamente con los órganos de implementación, las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación; monitorear los datos estadísticos a los fines de facilitar la verificación y el cumplimiento de las capacitaciones y desarrollar indicadores anuales de evaluación; implementar campañas de difusión y de concientización.

El proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485) -que había recibido la media sanción el pasado 5 de julio- fue aprobado en el Senado, pero recibió modificaciones por haber omitido la definición “participación política” en su redacción, por lo que volvió a Diputados.

La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo -quien estuvo presente en el palco-, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.

En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

En la que se anticipa como la última sesión antes de las elecciones generales, este martes a partir de las 12 la Cámara de Diputados se reunirá para tratar una decena de proyectos entre los que se destaca la modificación de la Ley de Alquileres.

Ese es el último tema que figura en el temario previsto para este martes, y si bien no se ha definido aún el orden de debate, muy probablemente sea dejado para el final, por cuanto las partes que confontarán en este tema deberán garantizarse la presencia de todos sus miembros hasta entonces, habida cuenta de que la definición será voto a voto, a ver si prevalece la propuesta original aprobada por la Cámara baja, o la modificación del Senado, promovida por el oficialismo.

La mayor atención mediática tratará de volcarla el oficialismo en el programa “Compra Sin IVA”, que en el orden de la convocatoria a la sesión figura en segundo lugar, y está claro que el interés del Frente de Todos será que se lleve la centralidad del debate, al menos en su tramo principal.

También se tratarán el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), como así también el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; la creación de las universidades nacionales de la Cuenca del Salado -en Cañuelas-, Juan Laureano Ortiz -en Paraná- y la de Saladillo; el Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor; Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital (con las modificaciones del Senado); y la creación del programa Argentina Inclusiva.

Volvamos al tema que genera la principal expectativa y que es la modificación de la Ley de Alquileres, que vuelve con cambios introducidos en el Senado. Modificaciones que fueron avaladas por el oficialismo en las comisiones que el miércoles pasado les dieron a las mismas dictamen de mayoría, y ahora los cálculos están puestos en determinar cuál de las dos propuestas prevalecerá en definitiva, para convertirse en ley.

La propuesta del Senado establece mantener el plazo vigente actualmente de tres años en los contratos; proponer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

La oposición defenderá la iniciativa que se aprobó el 23 de agosto, la cual propone devolver el plazo de los contratos a dos años, permitir ajustes cada 4 meses y dejar librado al acuerdo de las partes la actualización de los alquileres con la opción de tres métodos: Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS).

Los temas económicos

Con un dictamen de mayoría y otro de minoría, el programa “Compra Sin IVA” propone el reintegro de una proporción de las operaciones de consumidores finales definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR).

También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

El programa está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

También avanzarán con la propuesta para declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. El proyecto obtuvo dictamen este lunes, en el marco de un plenario de las comisiones de Energía y de Presupuesto y Hacienda.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

También está el proyecto que prevé crear el Programa de fomento de la industria local y de la integración de valor industrial del calzado, como así también el Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y fabricantes de calzado.

Asimismo promueve la creación el Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. Asimismo, establece ajustar el sistema de etiquetado Nomenclatura AR para el calzado argentino, como así también la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.

El Plan Nacional Ciencia 2030 busca ser ley

La iniciativa tiene media sanción de la Cámara alta desde el 27 de octubre del 2022 y prevé agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional, y plantea 10 desafíos nacionales para la próxima década.

El plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional.

Según el dictamen, se desarrollarán “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Ellos son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria; y contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos.

También, los de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino.

Completan los desafíos, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.

El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.

Las Agendas Transversales buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta tanto a los Desafíos Nacionales como de las Agendas Territoriales. Estas se orientan a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género.

La Agenda de Cambio Institucional atiende a las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral, la federalización y la internacionalización.

En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025 y al 1,70% en el año 2030.

La creación de 3 universidades

En cuanto a la creación de nuevas universidades, se completará este martes el cronograma de ocho que esta administración se había puesto como objetivo. Una de las iniciativas fue presentada por el diputado opositor Emiliano Yacobitti (Evolución Radical), que propone establecer a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires.

También, está el proyecto de la diputada nacional María Rosa Martínez (FdT – Buenos Aires), quien propuso construir la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas.

Del mismo modo, se busca la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. El lugar ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.

Los demás proyectos

En el temario también figura la creación del Programa Argentina Inclusiva que tuvo dictamen en noviembre del año pasado y es fruto de la unificación de ocho iniciativas, que propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad en la Función Pública.

Promueve la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. También busca la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.

La Autoridad de Aplicación, que será elegida por el Poder Ejecutivo, creará la Mesa de Coordinación Administrativa del Programa Argentina Inclusiva, establecer, conjuntamente con los órganos de implementación, las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación; monitorear los datos estadísticos a los fines de facilitar la verificación y el cumplimiento de las capacitaciones y desarrollar indicadores anuales de evaluación; implementar campañas de difusión y de concientización.

El proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485) -que había recibido la media sanción el pasado 5 de julio- fue aprobado en el Senado, pero recibió modificaciones por haber omitido la definición “participación política” en su redacción, por lo que volvió a Diputados.

La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo -quien estuvo presente en el palco-, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.

En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

La diputada nacional Romina Del Pla (PO/FIT-U) llevó a cabo este viernes una Audiencia Pública en la Cámara de Diputados en defensa de DOSUBA (Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires) y las obras sociales universitarias donde presentó un proyecto de ley de emergencia presupuestaria.

Del evento participaron CONADU H, la AGD-UBA, Vanina Biasi, candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, afiliados y docentes y jubilados que denunciaron el desfinanciamiento y el vaciamiento de las obras sociales universitarias.

Del Plá explicó: “Convocamos a esta audiencia pública para la presentación de un proyecto de Ley a fin que se asigne de inmediato una partida de 1000 millones de pesos a 30 obras sociales universitarias que dan cobertura 300.000 beneficiarios activos, jubilados, docentes, no docentes y ad-honorem”.

“Las y los afiliados están sufriendo recortes en la cobertura de todo tipo:  ven todos los meses perder prestadores, afrontan copagos cada vez más costosos, mientras las prestaciones de salud, prácticas y medicamentos se vuelven cada vez más caros, viéndose vulnerado el derecho al acceso a una cobertura integral de salud”, detalló y exigió: “Queremos que se trate y apruebe este proyecto para garantizar la cobertura integral a todos los afiliados y afiliadas de las obras sociales universitarias”.

Gran audiencia pública organizada por @UbaAgd, @CONADUHistorica y docentes activos y jubilados, reclamando el refuerzo presupuestario para las obras sociales universitarias y para Dosuba.
La defensa de la salud pública y las universidades son prioridades ante el ajuste del FMI pic.twitter.com/Ou5pXMkMRF

— Romina Del Plá (@RominaDelPla) October 6, 2023

Por otro lado, Biasi, delegada no docente afirmó que “la audiencia se inscribe en un plan de lucha que venimos trabajando los docentes y no docentes de la UBA frente al vaciamiento presupuestaria. Ante la crisis que están viviendo todas las obras sociales, las autoridades de la UBA decidieron ajustar por el lado de las y los jubilados y ad honorem en vez de exigir mayor presupuesto”.

En este sentido, señaló: “Estamos impulsando este reclamo de partida presupuestaria extra porque entendemos que las y los trabajadores no tenemos que pagar la crisis ni el desfinanciamiento educativo. Reclamamos un refuerzo presupuestario para DOSUBA con el objetivo de recuperar el conjunto de las prestaciones y la cobertura integral para los jubilados y docentes ad honorem”.

Por último, Ileana Celotto secretaria general de AGD-UBA expresó: “Este proyecto surge de la movilización de no docentes combativos, de la AGD UBA y de la Connado histórica que vienen bregando contra las exclusiones de jubilados y docentes ad-honorem, así como del recorte de prestaciones e incrementos de co-seguros y aportes. La defensa de la salud pública y las universidades nacionales son una de nuestras prioridades ante el ajuste del FMI que lleva adelante el gobierno y el avance de la derecha”.

A fin de apurar los trámites de la sesión y ya en horas de la madrugada del viernes, la Cámara alta convirtió en ley la creación de cinco nuevas universidades nacionales, al igual que el programa Becas Progresar creado por Cristina Kirchner. Además, recibió la media sanción el proyecto que busca instaurar por ley el programa creado en 2010, Conectar Igualdad.

Universidades Nacionales

El oficialismo junto a sus aliados habituales, y con un JxC dividido a la hora de la votación, convirtió en ley la aprobación de cinco nuevas, de las cuales tres universidades son en la provincia de Buenos Aires (Delta, Pilar, Ezeiza), una en CABA (Madres de Plaza de Mayo) y una en el interior (Rio Tercero, Córdoba). Los proyectos se debatieron en el marco de un único debate, pero cada uno tuvo su propia votación. Estos fueron los resultados de cada universidad:

• Delta: 58 votos afirmativos, 2 negativos (Carmen Álvarez Rivero y José Torello, ambos del Pro).
• Pilar: 59 votos afirmativos, 1 negativo (Carmen Álvarez Rivero).
• Ezeiza: 41 votos afirmativos, 19 negativos.
• Madres de Plaza de Mayo: 40 votos afirmativos, 20 negativos.
• Río Tercero: 59 votos afirmativos, 1 negativos (José Torello).

Al respecto, la titular de la Comisión de Educación y Cultura, la sanjuanina Cristina López Valverde (FdT), expresó: “No hay hecho más igualador que la expansión de la creación de universidades públicas”. Sin embargo, aseveró: “He estado muy atenta a este tema y he notado que en estos últimos tiempos hay ciertas ganas de dar desprestigio a las universidades de acceso públicas”.

“En 2001 había 1.400.000 estudiantes universitarios, en 2013 había 1.900.000 y en 2021 ya había 2.550.000. El 80 por ciento de los alumnos asiste a la universidad estatal y el 20 a la privada”, detalló. Del mismo modo, agregó que “las investigaciones emanan de la universidad estatal”.

Con relación a diferentes posturas de senadores de otros bloques, López Valverde manifestó: “Comprendo que estamos en campaña y los ánimos se elevan, pero a veces somos exagerados en lo que decimos”. “Hay muchos estudiantes con ganas de acceder a estos estudios y alguien por ahí decía ‘quieren la universidad en la puerta de la casa’, pero ¿qué tiene de malo?”, señaló.

Además, cuestionó que la oposición “diga que hablar de universidades que incorporen a más sectores de distintos orígenes son actos políticos electorales”, y agregó: “Quien propone esas argumentaciones no quiere reconocer la creatividad de la comunidad académica”.

“La universidad pública de gestión estatal es una construcción histórica y estatal. Siempre se ha pensado en la universidad pública y nunca se dejó de pensar en la creación de universidades públicas, incluso en los 90 con las privatizaciones”, indicó la senadora.

A su turno, el senador cordobés Luis Juez (Pro) recordó que en el año 95 en su provincia estalló una fábrica militar causando estragos que “hasta el día de hoy el pueblo lamenta, heridas que no van a cerrar con esta universidad porque hubo siete vecinos que vieron cómo arriba de su casa estallaba una bomba por culpa de la corrupción del Estado. Eso pasó en Argentina y nos avergüenza a todos”.

“De forma inteligente encontró en la construcción de una universidad nacional la posibilidad de y un motivo para afianzarnos porque es un lugar pujante en materia de producción y desarrollo tecnológico. Las fuerzas y las dirigencias políticas con mucho esmero sorteando y trabajando de forma transversal intentaron que ese reclamo y herida tuviera un nivel de cicatrización y logró que la acompañaran y llegamos con media sanción de esta universidad de Río Tercero. Estamos reparando de a poco el daño que el Estado le creó a mi provincia. Esta universidad fue profundamente estudiada y pensada”, explayó y solicitó el acompañamiento y adelantó su voto positivo.

En el mismo sentido se expresó la senadora nacional Alejandra Vigo (UF) que, al igual que el senador preopinante, se mostró a favor de la creación de las universidades, puntualmente a la de Rio Tercero. De la misma manera, el senador nacional Martín Lousteau (Evolución Radical) anticipó su voto a favor de la creación de las universidades y recordó que “el 3 de noviembre de 1995 hubo una explosión en Rio Tercero y la ciudad quedó devastada, generó caída y desarraigo, pero fue un atentado del Estado nacional”.

“En esa época de corrupción se llegó al desprecio de la ciudad que generó muertes y heridos y la Universidad de Rio Tercero es una reparación a eso”, destacó. Del mismo modo, felicitó al intendente de la ciudad Marcos Ferrer y a la diputada nacional Gabriela Brouwer De Koning por el proyecto.

Además, explicó que esta universidad “pretende reparar el pasado, construyendo un futuro distinto para retener a los jóvenes que se van”. Así también citó a Danya Tavela y mencionó: “El 64% de los estudiantes son primeros universitarios de su familia y Argentina tiene una universidad cada 350.000 habitantes”.

Por otro lado, advirtió que “tenemos que mejorar la retención y la permanencia de los estudiantes porque eso va a mejorar la productividad y el desarrollo regional”. Por último, expresó: “Le pido a los senadores de mi bancada que no están convencidos que se convenzan de votar a favor”.

La puntana María Eugenia Catalfamo (UF) sostuvo que la creación de universidades públicas “más que electoralistas, estamos defendiendo derechos”. “Miremos a todos estos pibes que están acá, me da esperanza”, afirmó. “Para el peronismo esto es seguir conquistando derechos. Discutir estas políticas públicas son parte de nuestra identidad”, señaló, y cuestionó a la gestión de Mauricio Macri por “haber bajado la población que cobraba los beneficios del Progresar”.

Para cerrar, expresó que “la educación es publica, pero hay factores como barreras culturales que generan desigualdad”. “Celebramos el trabajo en conjunto porque cuando discutíamos estos proyectos hoy llegamos a este consenso”, señaló.

Características de las universidades en marcha

• Universidad Nacional del Delta, que comprenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. El proyecto había sido presentado por Sergio Massa y Alicia Aparicio (FdT). El proyecto establece que las carreras que se dicten estarán orientadas principalmente a las ciencias vinculadas al turismo, la cultura, el desarrollo humano, el medio ambiente y la producción, con acento en temáticas asociadas a la tecnología, biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, seguridad informática, neuropsicología, ciencias del comportamiento, marketing digital, ciencias de la gestión, entre otras.

• Universidad Nacional de Pilar, a partir de proyectos presentados por María Rosa Martínez (FdT) y Ramiro Gutiérrez (FdT). Establece, en un artículo similar al que plantean todos los proyectos que van en este sentido, que la universidad “planificará la articulación de sus carreras para evitar la superposición de su oferta académica a nivel geográfico con las de universidades ya instaladas en la región”.

• Universidad Nacional de Ezeiza. El proyecto fue presentado por la exdiputada y actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz (FdT). En este caso se trata de cambiar el estatus de la institución ya existente. “Formará parte de la Universidad Nacional de Ezeiza la actual Universidad Provincial de Ezeiza. A tal fin, se faculta al Poder Ejecutivo nacional para celebrar convenio, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para la transferencia a la nueva universidad de los bienes muebles e inmuebles de la universidad provincial, los servicios educativos que se acuerden, el personal docente y no docente, y sus alumnos/as”, indica.

• Universidad Nacional de Río Tercero, a partir de proyectos presentados por las diputadas Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Gabriela Estévez (FdT). Establece que las carreras que dictarán estarán relacionadas “a las áreas vinculadas a los sectores productivos de bienes y servicios de la economía regional, a la actividad desarrollada en el Parque Industrial Río Tercero y zonas de influencia y las demandas de la comunidad universitaria”.

• Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuesta por Hugo Yasky (FdT). La iniciativa establece que los contenidos de los planes de estudio “estarán orientados en la defensa, promoción y protección para el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos”.

Programa Conectar Igualdad

A un año de tener despacho de comisión, el Senado le dio la media sanción al proyecto que busca establecer por ley el Programa Conectar Igualdad creado en 2010 que apunta a proveer de una computadora a los estudiantes y docentes de escuelas secundarias estatales y especiales.

El texto recibió 58 votos a favor y 1 voto en contra (de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero). El mismo busca garantizar el acceso y dominio de las tecnologías de la información en condiciones de igualdad e inclusión. También, promover el acceso a la conectividad necesaria para el trabajo pedagógico y administrativo en todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional.

Además, plantea la capacitación a docentes en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, fomentar trayectorias escolares orientadas a disciplinas vinculadas a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

La senadora López Valverde manifestó brevemente: “Sabemos los resultados que lograron la conectividad. Este un proyecto de Bensusán y espero que todos los acompañemos”, y sumó: “Quiero apelar a los senadores que seguramente muchos serán hijos de la universidad pública y que recuerden esa formación”, y cerró: “Seamos coherente con nuestra historia y con nuestros principios constitucionales”.

“Conectar Igualdad fue creado en el 2010 y ha tenido un éxito rotundo, es una herramienta de justicia social que achica la brecha digital que puede haber entre alumnos de diferente nivel socioeconómico. De esta manera equiparamos algo tan necesario para la educación”, expresó el pampeano Daniel Bensusán (FdT), quien explicó que se trata de la entrega de material tecnológico y educativo como notebook de forma gratuita.

En ese marco, celebró: “Estamos creando universidades, estamos transformando en ley el Programa Progresar y Conectar Igualdad”, y contó: “Me tocó acompañar la entrega de estas notebook en muchas escuelas de mi provincia y los chicos y padres me contaban su situación y me pedían que no se corte esto como pasó en un periodo de 4 años y eso nos llevó a presentar este proyecto que fue trabajado en un plenario de comisiones y por el propio Ministerio de Educación por lo que es un dictamen enriquecido”.

“Revalorizamos la escuela secundaria pública, está aún el compromiso de decir quién será la Autoridad de Aplicación y otorgar este beneficio a escuelas de gestión privada que necesiten estas herramientas porque en localidades de provincias que pasan a la gestión estatal y requieren estas herramientas”, precisó Bensusán.

Y cerró planteando que el objetivo es que “este tipo de programas como el Conectar Igualdad, el Progresar, no puedan ser interrumpidas por la decisión políticas de gestiones neoliberales que entienden a la educación pública como un gasto”.

Becas Progresar: el programa educativo creado por CFK

La iniciativa le brinda una continuidad y jerarquización al Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina que se lanzó en 2014, con el fin de promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles.

Por 58 votos a favor y 1 en contra (Carmen Álvarez Rivero -Pro) la Cámara alta aprobó el proyecto que busca establecer por ley el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar), que brinda una continuidad y jerarquización a este programa que se lanzó en 2014, durante la segunda presidencia de Cristina Kirchner, actual titular del Senado.

El proyecto propone crear el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina, con el fin de promover oportunidades de permanencia, egreso, reinserción educativa en todos los niveles y en la formación técnico profesional de jóvenes de entre 16 y 30 años de edad inclusive, residentes en la Argentina.

El Ministerio de Educación de la Nación será la autoridad de aplicación y podrá ampliar la edad hasta 35 años en los grupos prioritarios que defina. Asimismo, paulatinamente incorporará a estudiantes de 15 años.

Los requisitos para acceder a Progresar serán: tener entre 16 y 30 años de edad, inclusive; ser argentina/o nativa/o; naturalizada/o extranjera/o, con residencia legal de 2 años y 5 en el país y contar con DNI; acreditar la regularidad en una institución educativa o la asistencia a cursos o centros de formación acreditados por el programa.

También que los ingresos de la/el joven y de su grupo familiar no deberán ser superiores a 3 Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Aclara que no se considerarán como ingreso familiar las pensiones no contributivas por discapacidad. Y la realización de un control anual de salud.

Quienes posean Progresar tendrán derecho a percibir una transferencia monetaria en los plazos estipulados por el Ministerio de Educación de la Nación; ser titular de una tarjeta de débito sin costo donde se acredite la transferencia monetaria; y postularse a becas internacionales y programas del Estado.

Se propone la creación de “Espacios Progresar”, entendidos como espacios de tutorías y acompañamiento para aspirantes y titulares del programa que funcionarán en las instituciones educativas.

“Será prioridad del Ministerio de Educación de la Nación la implementación de acciones con el fin de fortalecer el acceso a dispositivos tecnológicos y de conectividad”, indica el texto y, asimismo, la cartera educativa deberá realizar evaluaciones anuales del programa orientadas a conocer su implementación y funcionamiento.

Sobre este tema, López Valverde sostuvo que “son becas que se dan a estudiantes que sus ingresos no superan los tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles para jóvenes de 16 hasta 36 años”. También, aclaró que “está destinado a aquellos que cursan en escuelas y universidades estatales, y que no es incompatible con la AUH y AUE o las pensiones por discapacidad”.

En su intervención, Catalfamo propuso que las modificaciones al proyecto de Becas Progresar “se realicen sin que la iniciativa vuelva a la Cámara baja, sino que sean incluidas por el Poder Ejecutivo con la reglamentación”.

“Hoy estamos concretando la creación por ley del programa Conectar Igualdad y del programa Progresar. Estamos fortaleciendo la igualdad para acceder a las mismas oportunidades para todas y todos los pibes de nuestra patria, sea donde sea que vivan", destacó la santacruceña Ana María Ianni (FdT).

Por último, la senadora nacional Juliana Di Tullio (FdT) indicó que “en los últimos dos años de la segunda gestión de Cristina Kirchner jóvenes de hasta 24 años accedieron al programa, y llegaban casi a un millón”. Sin embargo, cuestionó que “de 2015 a 2019 bajó a medio millón. Ahora vamos a alcanzar a poco menos de dos millones con una beca de 18.000 pesos por mes”.

Del mismo modo, explicó que “en 2020 se convirtió en ley el Impuesto a las Grandes Fortunas y el 7,3 de lo recaudado va al programa Progresar”. “Cuando creamos esos impuestos era para que vaya a estos programas y es una gran noticia”.

Respecto a Conectar Igualdad, sostuvo que “es importante convertirlo en ley porque achicar la brecha digital nos compromete”. “En 2009 había una computadora cada 12 pibes y del 2010 a 2015 todos tenían computadoras”, enfatizó.

Finalmente, celebró la creación las cinco universidades e ironizó: “Di Tullio está feliz”. Asimismo, remarcó los datos que brindo el senador Lousteau sobre que en Argentina “hay una universidad cada 350.000 habitantes”.

A menos de 48 horas de haber recibido media sanción de Diputados, el Senado le dio luz verde este jueves de forma exprés a la creación de cinco universidades nacionales en una reunión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Educación y Cultura, a cargo de los oficialistas Ricardo Guerra (La Rioja) y de Cristina López Valverde (San Juan) -quien no pudo asistir- respectivamente.

Al comienzo de la convocatoria, que tuvo lugar en el Salón Illia y que comenzó a las 17.35, la fueguina y secretaria de la Comisión de Educación, María Eugenia Duré, anunció un reemplazo dentro de la misma: la senadora Juliana Di Tullio en reemplazo de la mendocina y vicejefa del interbloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti.

Duré destacó la importancia del debate para la creación de las cinco universidades en el “día de los estudiantes, pero también es importante en términos de accesibilidad a la educación pública”. “Saber y decir que estamos en un momento donde la educación pública está siendo un poco vapuleada, puesta sobre la mesa en una manera en la cual es indispensable defenderla en cada uno de los derechos adquiridos por los estudiantes”, señaló la oficialista.

“Son 5 universidades que también vienen a traer más derechos para nuestros jóvenes y, sobre todo, aquellos jóvenes que no tienen la posibilidad o no han tenido la posibilidad de tener cerca de sus ciudades o en su provincia alguna universidad pública”, destacó Duré y añadió que “aspiran a reconvertir universidades provinciales en universidades nacionales”.

También comentó que los proyectos están recomendados por el Consejo Interuniversitario Nacional y planteó: “Ahí tenemos un desafío sobre todo para que aquellos que no tuvieron aún la posibilidad de estudiar puedan hacerlo de ingresar a la universidad pública y gratuita”.

La senadora destacó que "la Universidad Nacional del Delta va a abarcar diferentes zonas y va a traer cerca de 70 mil nuevos estudiantes", y señaló que pone “énfasis en el conocimiento local, con desarrollo productivo sustentable y la incorporación de energías renovables”. “La propuesta académica tiene que ver con el mercado laboral. Estamos hablando de tecnología, biotecnología, biomecánica, mecánica, robótica, inteligencia, seguridad informática, ciencias del comportamiento, marketing digital, entre otras que va a otorgar a tener en su currícula académica”, contó.

Sobre la Universidad Nacional del Pilar, remarcó que “se juntaron más de 25 mil firmas para que se pueda crear esta universidad”, y que “no hay una universidad pública en la región que cubra las necesidades de educación superior de la población”. Mientras que "la propuesta académica es para los cinco parques industriales que hay cerca y viene a estar relacionada y a favorecer no solo al que va a estudiar sino de inserción laboral calificados”.

“Todo lo que tiene que ver con tecnología lo vemos insertado en la educación y en el mercado laboral. Es importante capacitar y formar a los jóvenes”, manifestó Duré.

En la Universidad Nacional de Ezeiza, explicó que "pasa de provincial a nacional" y que "el 55% de los estudiantes se encuentran insertos en el empleo formal", destacándose en el desarrollo social y productivo de la región. “Esta universidad ha posibilitado que en el 2012 cerca de 2 mil estudiantes iniciaran sus estudios que, por razones de pobreza, distancia, u otras condiciones de desigualdad social no lo habían podido realizar. Ahí está presente el Estado y la universidad”, precisó.

Para la Universidad Nacional de Río Tercero, Córdoba, afirmó que “esto se trata de una reparación histórica que tiene que ver con el atentado a fabricaciones militares y también tiene que ver con esa demanda social que nos demanda el pueblo y aquellos, no solo jóvenes sino también personas que no tuvieron en su momento la posibilidad de estudiar. Algunos hablarán de váuchers nosotros hablamos de universidades públicas y gratuitas en todo el país”.

Finalmente, en lo que refiere a la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, aseguró: “Queremos que aquellos que han elegido lo que refiere a la formación universitaria en DDHH, también puedan asistir a una universidad nacional. Estamos acercando a la población a las universidades”.

A su turno, Di Tullio expresó: "Me pone feliz poder firmar la creación de universidades. Hoy tenemos 2 millones y medio de estudiantes en el país de 47 millones de habitantes y el 81% va a 57 universidades públicas”.

“En 1983 con 28 millones de habitantes teníamos 350 mil estudiantes universitarios, lo que hemos crecido. En el país tenemos una universidad cada 350 mil habitantes”, detalló la bonaerense y lo comparó con los países de Latinoamérica y apuntó: “Esto es para los que dicen que tenemos demasiadas universidades. Tenemos pocas universidades en comparación con los países de la región”.

Y cerró: “Tener una universidad con especificidad en derechos humanos es una de las mejores formas de celebrar estos 40 años de democracia ininterrumpida. Estamos dándole mejor calidad a la universidad pública en todo el país”.

"El Consejo Interuniversitario Nacional ha evaluado y aprobado estos proyectos de ley para la creación de nuevas universidades. Estamos trabajando con la garantía que da el paraguas federal más importante que tiene la educación universitaria argentina", analizó el rionegrino Martín Doñate.

La santacruceña Ana María Ianni Con este tipo de proyectos renace la esperanza. Quiero transmitirles la alegría y las gracias de parte de más de 800 santacruceños. Hoy es un día de mucho acompañamiento a la comunidad".

Una por una las universidades

Uno de los proyectos, aprobado en Diputados por 139 votos afirmativos, 74 negativos y una abstención, propone la creación de la Universidad Nacional del Delta, que comprenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. Fue propuesta por Sergio Massa cuando era presidente de la Cámara baja y la diputada de su espacio Alicia Aparicio (FdT).

La iniciativa establece que las carreras que se dicten estarán orientadas principalmente a las ciencias vinculadas al turismo, la cultura, el desarrollo humano, el medio ambiente y la producción, con acento en temáticas asociadas a la tecnología, biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, seguridad informática, neuropsicología, ciencias del comportamiento, marketing digital, ciencias de la gestión, entre otras.

El otro, aprobado con 139 votos afirmativos, 75 negativos y una abstención, impulsa la Universidad Nacional de Pilar, a partir de proyectos presentados por los diputados María Rosa Martínez (FdT) y Ramiro Gutiérrez (FdT).

Establece, en un artículo similar al que plantean todos los proyectos que van en este sentido, que la universidad “planificará la articulación de sus carreras para evitar la superposición de su oferta académica a nivel geográfico con las de universidades ya instaladas en la región”.

La tercera iniciativa, originalmente promovida por la exdiputada y actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz (FdT), es la que propone cambiar el estatus de la Universidad Provincial de Ezeiza a Universidad Nacional. Fue la que menos votos afirmativos cosechó en la Cámara baja, al obtener 126 votos afirmativos, 89 negativos y ninguna abstención.

Impulsada por las diputadas cordobesas Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Gabriela Estévez (FdT), la Universidad Nacional de Río Tercero obtuvo en Diputados el respaldo más holgado dentro de los cinco proyectos que se trataron en este sentido: 155 votos afirmativos, 58 negativos y ninguna abstención.

La iniciativa establece que las carreras que dictarán estarán relacionadas “a las áreas vinculadas a los sectores productivos de bienes y servicios de la economía regional, a la actividad desarrollada en el Parque Industrial Río Tercero y zonas de influencia y las demandas de la comunidad universitaria”.

Por último, el paquete incluye a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuesta por Hugo Yasky (FdT). Se establece que los contenidos de los planes de estudio “estarán orientados en la defensa, promoción y protección para el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos”. Fue aprobada con 132 votos afirmativos, 82 negativos y ninguna abstención.

Finalmente la Cámara de Diputados avanzó con la media sanción de cinco nuevas universidades nacionales. Fue en el marco de un debate en el que el oficialismo y diputados de Evolución Radical realizaron una enfática defensa de esas nuevas casas de altos estudios, pero desde Juntos por el Cambio diputados como Maximiliano Ferraro y Alejandro Finocchiaro lanzaron durísimas críticas contra la creación de esas nuevas universidades.

Para el presidente de la Coalición Cívica, en el oficialismo “omiten el peor diagnóstico que es la catástrofe educativa que estamos atravesando en estos años de democracia”, mientras que el exministro de Educación y actual diputado del Pro lanzó durísimas críticas, sobre todo contra el proyecto que transforma en nacional la Universidad Provincial de Ezeiza, infringiendo a su juicio la Ley de Educación Superior al reemplazar a las autoridades designadas por esa casa en 2019, “violando con ello la autonomía universitaria”.

Durante el debate, la diputada Romina del Plá celebró con respecto a la Universidad de Madres de Plaza de Mayo que se  hubiera solucionado uno de los problemas que se habían planteado como crítica durante el debate en comisión, que tenía que ver con la inclusión de representantes de las Madres en el Consejo Superior de esa casa de altos estudios. Lo cual había generado cuestionamientos por alterar lo que establece la Ley de Educación Superior. En ese sentido, Del Plá contó que se había modificado el artículo que generaba polémica.

Los proyectos se debatieron en el marco de un único debate, pero cada uno tuvo su propia votación. Estos fueron los resultados de cada universidad:

• Delta: 139 votos afirmativos, 74 negativos, una abstención
• Pilar: 139 votos afirmativos, 75 negativos, una abstención
• Ezeiza: 126 votos afirmativos, 89 negativos, ninguna abstención
• Madres de Plaza de Mayo: 132 votos afirmativos, 82 negativos, ninguna abstención
• Río Tercero: 155 votos afirmativos, 58 negativos, ninguna abstención

Todas las votaciones contaron con el apoyo del Frente de Todos, sus aliados de Provincias Unidas, el interbloque Federal y la izquierda. Evolución apoyó en el caso de la Universidad de Pilar, salvo el caso de Rodrigo De Loredo, el radical Sebastián Salvador y Margarita Stolbizer. De Loredo sí votó a favor en el caso de la Universidad del Delta.

A la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, el único de Juntos por el Cambio que votó a favor fue Emiliano Yacobitti.

El debate

Miembro informante del proyecto de creación de cinco nuevas universidades, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, Blanca Osuna, remarcó este martes que “estamos creando instituciones únicas”, y aclaró que “este no es un acontecimiento universitario o académico; estamos creado instituciones en función de un derecho”.

“Por Constitución nacional, por la Ley de Educación Superior, estamos hablando de un derecho que es un bien público que requiere la garantía del Estado”, explicó.

La diputada entrerriana recordó las dificultades que tuvo esta iniciativa para ser aprobada el año pasado. “Todos tenemos memoria y sabemos lo que ha pasado en otras sesiones en las que nos quedamos con las ganas”, señaló, admitiendo que “hay quienes se oponen y las razones las hemos escuchado en la comisión: que hay niños que no tienen acceso al jardín de 3 años; que no todos los chicos terminan el secundario en tiempo y forma… De ninguna manera esas razones se contraponen y aparecen como un argumento ni fáctico, ni teórico, ni pragmático. Son razones para escaparle a esa responsabilidad”.

Osuna agrego a las críticas una sobre un supuesto “gasto excesivo o desordenado”, ante lo cual enfatizó que “responder a la creación de estas instituciones es una interpelación que nuestras propias comunidades nos hacen”.

Blanca Osuna recordó que ocho son los proyectos para crear nuevas universidades. “Vamos hoy con cinco de ellos y queremos comprometernos a ir por las tres universidades faltantes”.

La presidenta de la Comisión de Educación resaltó el valor de crear instituciones educativas de nivel superior, le agregó el haber ingresado a la Cámara un proyecto de ley de financiamiento educativo, como así también remarcó que “estamos frente a ese desafío que nos plantea la posibilidad de formar ciudadanía y aportar a cada una de las comunidades donde están las universidades que van a crear”.

Tras admitir que “hay que acompañar con recursos” la creación de estas universidades, dio un pantallazo comparativo de nuestro país con la región en la materia, al señalar que en Argentina hay una universidad cada 350 mil habitantes; en Colombia hay una cada 177 mil habitantes; en Brasil una cada 145 mil; y en México una cada 105 mil habitantes.

Agregó que en nuestro país hay 15 millones de estudiantes en todos los niveles y modalidades, para recordar luego que en el Senado aguarda una media sanción que tiene mucho que ver con la creación de universidades, como la ley que respalda a las Becas Progresar para su continuidad y fortaleza como política de Estado. Con todo, admitió que “la beca no resuelve la problemática por sí misma”.

Tras advertir que “quienes se resisten a estas creaciones darán cuenta ante la historia”, dio detalles de cada una de las universidades a ser creadas, apuntando cuántas veces se presentaron proyectos para ello: la del Delta, en seis oportunidades; la de Pilar, 10 veces; la de Ezeiza, 9; la de Río Tercero, 3 veces; y la de Madres de Plaza de Mayo, 4 veces.

“Populismo y desparpajo educativo”

Desde la otra vereda  habló el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien expuso un discurso muy crítico  hacia la creación de nuevas universidades, y habló de “más populismo y desparpajo educativo”.

“Porque hoy estamos viniendo a crear cinco universidades; tres esperan en la gatera. Y como si nada pasara, desentendiéndose esta Cámara de Diputados de los problemas más urgentes que hoy atraviesan a la educación obligatoria, pero que también hacen a la calidad de la educación superior. “Bajo un relato rimbombante, vamos a ampliar la posibilidad de la educación superior en la Argentina, pero omiten el peor diagnóstico que es la catástrofe educativa que estamos atravesando en estos años de democracia y la retracción económica que ha disparado la inflación a 3 dígitos”, advirtió el legislador nacional.

Ferraro pidió al oficialismo que “dejen de mentir, porque han mandado un presupuesto educativo que reduce la infraestructura escolar y las políticas universitarias, en las escuelas técnicas, en la construcción de jardines infantiles, y un 52% en una política que es la de evaluación”.

Y advirtió sobre “la decisión administrativa del ministro candidato en ejercicio del Poder Ejecutivo (SIC) que redujo en 50 mil millones el presupuesto educativo”.

A su turno, la diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical) expresó que “el 74% de los graduados son primer universitario de su familia”. “No hay competencia alguna entre los niveles de educación universitaria y la obligatoria”, expresó en favor de la creación de las cinco casas de altos estudios.

Además, manifestó que “los porcentajes de abandono de la educación obligatoria no justifican que los niveles tienen trayectos distintos”, y amplió: “Los trayectos deben garantizar la esencialidad de la educación y su expansión para garantizar la igualdad de oportunidades”.

Hizo una objeción sobre la conversión en carácter de provincial a nacional de la Universidad de Ezeiza: “Propongo una modificación para respetar a las autoridades por los claustros electos en 2019”. Asimismo, cerró: “Las oportunidades solo son oportunidades si se las asume como responsabilidades porque las universidades son para construir futuro”.

A su turno, la autora del proyecto de creación de la Universidad de Río Tercero, la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning, sostuvo que “nuestra ciudad nunca bajó los brazos”, y agregó que “esto es una reparación histórica para nuestra ciudad”, en alusión a las explosiones de Río Tercero que dejó 7 víctimas fatales.

“Fuimos tierra arrasada, pero hoy los riotercerenses tienen voz y voto porque la educación es la herramienta transformadora de pueblos”, señaló. “Nuestro pueblo decidió que la educación sea quien devuelva los sueños. Esto es un agradecimiento para todos aquellos que nos apoyaron”, cerró.

“Una universidad no es una guarida”

Como dijimos, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro cuestionó que el proyecto de la Universidad de Ezeiza busque “violar su autonomía y no respetar a las autoridades elegidas en el 2019”. “El Centro de Estudiantes pidió que se respeten las autoridades”, remarcó.

Además, el exministro de Educación de la Nación expresó: “Esta creación es, básicamente, a pedido de Massa para que el intendente de Ezeiza tenga bajo sus garras a una universidad”. Del mismo modo, agregó: “Una universidad no es una guarida, no puede ser un local partidario, es donde se dan los debates del conocimiento y son para luchar contra los totalitarismos”.

Asimismo alertó que “van a encender una chispa entre sus propios rectores, por eso vamos a sostener nuestra oposición al proyecto”, y cerró efusivamente: “Sepa su bancada, sepa el oficialismo y sepa el kirchnerismo que con la Constitución Nacional en la mano nos vamos a rebelar en las aulas y en las calles y no van a violar las autonomías universitarias”.

A su turno, la diputada Romina del Plá (FIT-PO) anticipó su voto a favor de “la creación y la transformación de dos universidades que ya funcionan en universidades nacionales”, pero explicó el por qué de su disidencia parcial en los dictámenes. En ese sentido, cuestionó que estas universidades “se crean bajo la Ley de Educación Superior, que es una ley aprobada bajo el menemismo, que ha sido un vehículo de mercantilización brutal de la educación universitaria” y “nunca se la modificó, a pesar de que es un reclamo masivo de la docencia y de los estudiantes”.

También dijo que no compartía que “se proceda a crear universidades sin ser taxativos en que deben regirse bajo el convenio colectivo de los trabajadores docentes de universidades”. Por otra parte, celebró que se modifique un aspecto de debate sobre la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo, referido a la conformación del Consejo Superior de la institución: “Nos parece que es importante para que no haya ninguna violación de la autonomía universitaria”.

En el arranque de su discurso, el diputado José Luis Espert (JxC-AL) lamentó que “Argentina ha pasado de ser el faro de la educación latinoamericana a la catástrofe de ser uno de los países con menores graduados de la región”. “Apenas menos de la mitad de los estudiantes secundarios llegan a completar los estudios en tiempo y forma” y “el 86% de los jóvenes entre 25 y 29 años no logró avanzar más allá del secundario”, apuntó.

Muy crítico de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, el liberal recordó que el Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo “nació por Ley 26.995, promulgada por el delincuente de Amado Boudou el 22 de octubre 2014”. Se trató de la “estatización de lo que se llamaba Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, que obedeció al intento de apaciguar el escándalo de corrupción que era la fundación Madres de Plaza de Mayo cuando la dirigían Hebe de Bonafini y el parricida Sergio Schoklender”, disparó, lo que generó silbidos dentro del recinto.

El legislador señaló que en ese momento “se estatizaron deudas por 200 millones de pesos, a precio de 2014 y empleados que son claramente militantes rentados del oficialismo”. “Es otro curro de la multiprocesadora y condenada Cristina Kirchner y Sergio Massa”, lanzó. Luego, detalló que de acuerdo a la propia página de la institución, “en el 2022 solo egresaron 85 estudiantes”. “Nació como un antro de corrupción kirchnerista y por lo visto lo sigue siendo”, agregó Espert.

En el tramo final del debate, la cordobesa Gabriela Estévez (FdT), quien también presentó un proyecto para la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, resaltó que el próximo 3 de noviembre se cumplirán 28 años del atentado contra la Fábrica Militar, que dejó un saldo de “siete personas muertas, más de 300 personas heridas y una ciudad devastada por la onda expansiva de la explosión”.

“El principal responsable político de aquel atentado murió en la impunidad, gozó de impunidad hasta el día de su muerte”, subrayó en referencia al expresidente Carlos Menem. Luego sostuvo que “la gran deuda pendiente que aún sigue teniendo el Estado argentino con la comunidad de Río Tercero es la reparación” y “la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero es un importante paso en ese sentido”.

En un mensaje contra la oposición, la camporista criticó que “vienen por la privatización de la educación pública y el arancelamiento de las universidades”. “Para la derecha y la extrema derecha que han bloqueado durante meses el tratamiento de la Universidad de Río Tercero la educación no es un derecho, sino un privilegio”, agregó.

Cerró el debate la diputada Alicia Aparicio (FdT), quien recordó que el proyecto de creación de la Universidad Nacional del Delta fue presentado por Sergio Massa y ella como cofirmante. “Para nuestra región es un hecho verdaderamente histórico; fueron años de estudio e investigación en terreno, no son la improvisación ni el capricho de uno u otro intendente”, remarcó.

Sobre los distritos de Tigre, San Fernando y Escobar, precisó que “ en conjunto poseemos un millón de habitantes aproximadamente” y “83 mil alumnos de nivel secundario”. “Es una zona de importante crecimiento productivo, que aporta al producto interno de la provincia el 4,79% y el 1,51% al PBI del país”, destacó.

La oficialista indicó que la futura casa de altos estudios tendrá “una clara orientación de carreras que serán vitales para la importancia del futuro de la industria 4.0”. “Llegar a una carrera universitaria sin duda beneficia a quien la puede realizar, pero más beneficia a la comunidad toda. Y esta es la premisa fundamental que obliga a los Estados de manera solidaria a financiar la educación superior”, expresó.
“En un contexto donde se vuelve a instalar la idea retrograda de la universidad para pocos, idea que a poco de analizar atrasa, es importante que los jóvenes y las familias argentinas no se dejen arrebatar su futuro”, advirtió.

Aparicio apuntó además que “Argentina cuenta con 132 universidades entre públicas y privadas, 348 mil habitantes por universidad”. “Si comparamos, en la región nos encontramos que estamos muy por debajo: en el caso de Colombia 175 mil habitantes por universidad, México 108 mil, Brasil 165” y en el caso de países desarrollados, “Estados Unidos con 102 mil, Japón con 117 mil, Francia 110 mil y España 176 mil”, repasó y completó: “Apostar a la creación de universidades nacionales, públicas, gratuitas y de calidad es apostar a acompañar el desarrollo futuro del país y a la movilidad social ascendente”.

Características de las universidades en marcha

Universidad Nacional del Delta, que comprenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires.

El proyecto había sido presentado por Sergio Massa y Alicia Aparicio (FdT).

El proyecto establece que las carreras que se dicten estarán orientadas principalmente a las ciencias vinculadas al turismo, la cultura, el desarrollo humano, el medio ambiente y la producción, con acento en temáticas asociadas a la tecnología, biotecnología, biomecánica, ingeniería, robótica, inteligencia artificial, seguridad informática, neuropsicología, ciencias del comportamiento, marketing digital, ciencias de la gestión, entre otras.

Universidad Nacional de Pilar, a partir de proyectos presentados por María Rosa Martínez (FdT) y Ramiro Gutiérrez (FdT).

Establece, en un artículo similar al que plantean todos los proyectos que van en este sentido, que la universidad "planificará la articulación de sus carreras para evitar la superposición de su oferta académica a nivel geográfico con las de universidades ya instaladas en la región".

Universidad Nacional de Ezeiza. El proyecto fue presentado por la exdiputada y actual ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz (FdT).

En este caso se trata de cambiar el estatus de la institución ya existente. "Formará parte de la Universidad Nacional de Ezeiza la actual Universidad Provincial de Ezeiza. A tal fin, se faculta al Poder Ejecutivo nacional para celebrar convenio, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para la transferencia a la nueva universidad de los bienes muebles e inmuebles de la universidad provincial, los servicios educativos que se acuerden, el personal docente y no docente, y sus alumnos/as", indica.

Universidad Nacional de Río Tercero, a partir de proyectos presentados por las diputadas Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) y Gabriela Estévez (FdT).

Establece que las carreras que dictarán estarán relacionadas "a las áreas vinculadas a los sectores productivos de bienes y servicios de la economía regional, a la actividad desarrollada en el Parque Industrial Río Tercero y zonas de influencia y las demandas de la comunidad universitaria".

Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá su sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, propuesta por Hugo Yasky (FdT).

La iniciativa establece que los contenidos de los planes de estudio "estarán orientados en la defensa, promoción y protección para el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos".

Uno de los que intervino en el debate sobre la creación de universidades fue el diputado radical correntino Jorge Vara, que contó que él personalmente es profesor universitario. Reclamó hacer un estudio sobre dónde hacen falta crear universidades y cuál debe ser el objetivo para instalarlas en tal o cual lugar. “No es un problema solamente de demanda territorial -dijo-. También es un problema de la necesidad de desarrollo de la Argentina”. Y puso como ejemplo Vaca Muerta, que no tiene casi población, pero hace falta formar recursos humanos. “O no, pero hay que tomar la decisión”, señaló.

Vara agregó que se crean muchas universidades en el conurbano, con el argumento de que allí está concentrada la población, pero dio un ejemplo para demostrar lo contrario. “Le voy a dar números nomás, es matemática pura”, dijo, para detallar a continuación: “Florencio Varela tiene 426 mil habitantes, tiene una universidad; Avellaneda, 342 mil habitantes y una universidad; José C. Paz, 265 mil habitantes, una universidad; Hurlingham, 181 mil habitantes; San Isidro, 292 mil habitantes, y tiene su universidad”.

“La que yo estoy, la del Nordeste, atiende a 2 millones de habitantes: Chaco y Corrientes, un millón de personas cada provincia. Y las cuatro provincias del NEA, que son 4 millones, la misma población de Córdoba y más que Santa Fe, tiene una sola Facultad de Medicina; una sola Facultad de Derecho; una sola de Ingeniería Civil, Arquitectura, Veterinaria, Humanidades… Una sola para todas esas provincias”, detalló.

Y remató: “¿Saben qué? Esto que están presentando de federalismo no tiene un pito, es lo más antifederal que he visto. Hay que definir un plan estratégico y determinar dónde hacen falta universidades”.

Año electoral y en consecuencia de menor actividad legislativa como es de uso y (mala) costumbre, las autoridades de la Cámara baja se propusieron este 2023 hacer por lo menos una sesión por mes. Y lo han conseguido, salvo en el mes de mayo, lo cual les ha garantizado números equitativos con otros períodos.

Incluso en el mes de agosto, cuando se hicieron las elecciones primarias. Más allá de que en ese caso la media buscada por el oficialismo se consiguió a partir de una iniciativa de la oposición, que fue la de llevar finalmente al recinto el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres.

Ahora se trabaja en una sesión para septiembre, que tiene en cuenta el cronograma electoral provincial del mes de la primavera, que tiene nada menos que tres elecciones. Un cronograma que arrancará el domingo próximo, 10 de septiembre, en Santa Fe, donde hubo elecciones primarias el 16 de julio pasado, que tuvieron en el radical Maxi Pullaro un claro ganador. El domingo siguiente (17/09) serán las elecciones del Chaco, donde el 18 de junio hubo una interna en la que cayó el oficialismo; y el 24 se hará las elecciones mendocinas.

La semana entre las elecciones de Santa Fe y el Chaco es la elegida para abrir el recinto de la Cámara baja y el miércoles 13 es la fecha estimada entonces para hacerlo. Para ese día se trabaja para consensuar una serie de proyectos para llevar al recinto. Eso no implica que todos estén avalados por el oficialismo y la oposición, pero alcanzará con que el Frente de Todos tenga garantizados los votos para aprobar cada uno de ellos.

El debate por nuevas universidades

La mayoría de los proyectos han conseguido dictamen recientemente, como el tema universidades. Allí el oficialismo intentó sin éxito en el mes de diciembre pasado llevar al recinto la aprobación de ocho casas de altos estudios, pero ya se sabe que ese mes estuvo atravesado por una situación muy tensa entre el oficialismo y la oposición, al punto tal que la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, ni siquiera pudo ser confirmada por una sesión preparatoria que quedó sin quórum y no pudo ser reflotada nunca. Después hubo una sesión concluida de manera caótica y otra que no consiguió quórum.

Ahora volverán seguramente con el tema, luego de haber logrado el martes pasado reflotar los dictámenes de tres de esas universidades que habían perdido estado parlamentario. Estamos hablando de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, un proyecto del kirchnerista Hugo Yasky; otro de María Rosa Martínez, el que crea la Universidad de Cuenca del Salado, que funcionará en Cañuelas; y la de Saladillo, del diputado Emiliano Yacobitti, una de las dos que promueven desde la oposición.

A esas casas universitarias se sumarán entonces otras cinco universidades: las del Delta, Pilar, Ezeiza (ya funciona como provincial, y lo que se propone ahora es su nacionalización la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz (con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, y la de Río Tercero, la otra universidad impulsada desde Evolución Radical.

Hay resistencias de parte de un sector de Juntos por el Cambio, fundamentalmente el Pro, pero la anuencia de Evolución Radical y parte de la UCR, más la de la izquierda y los bloques del medio garantizan que esta vez sí estas universidades puedan avanzar hacia la media sanción.

Un nuevo blanqueo

Otro tema que el oficialismo se propone llevar al recinto es el proyecto de exteriorización de blanqueo de capitales, que obtuvo dictamen también el martes 29 de agosto, luego de que se hubieran presentado el titular de la AFIP, Carlos Castagneto, y el director general de Aduanas, Guillermo Michel. Se trata de un blanqueo de capitales que viene de la mano del acuerdo con Estados Unidos para revelar información sobre depósitos argentinos en ese país.

Quienes se acojan al régimen tendrán alícuotas de pago de un impuesto especial de entre 5% y 20%, y será mayor en caso de que los bienes declarados no se repatrien. En el texto final se eliminó el capítulo referido a la figura del colaborador. Juntos por el Cambio ya adelantó su rechazo y tienen un dictamen de minoría en ese sentido, por lo que el oficialismo trabaja para contar con el apoyo de otras bancadas que permitan garantizar la aprobación de un proyecto que el ministro de Economía y candidato oficialista, Sergio Massa, considera indispensable.

La aerolínea de bandera

No será ese el único tema que encenderá la polémica en el recinto. Quizá el que mayor fervor genere en la discusión que vaya a darse sea el proyecto que busca proteger a la empresa Aerolíneas Argentinas  de una eventual privatización y garantizar que en el futuro siga siendo una empresa pública. Será a partir de una modificación de la Ley de Transporte Aerocomercial (26.466), un proyecto impulsado por el diputado nacional Máximo Kirchner y la principal modificación que propone es la incorporación de un párrafo al artículo 1 de la Ley 26.466, por la cual se expropiaron Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008.

Juntos por el Cambio rechaza esta iniciativa y ya lo hizo saber en el debate en comisión, cuando se retiró en discrepancia con un debate que consideró intempestivo. Para la diputada de Evolución Carla Carrizo, “con el tratamiento de este proyecto se rompen las prácticas, ya que, mínimo, debe debatirse en tres comisiones. ¿Cómo puede ser que haya un ‘no debate’?”, se preguntó la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, molesta porque el proyecto solo pasara por Presupuesto y Hacienda.

“Vienen a proponer que cualquier gobierno futuro no pueda debatir sobre cómo gestionar empresas públicas”, se quejó por su parte el diputado del Pro Pablo Tonelli, para quien “la conclusión democrática y republicana indica que un Congreso no puede limitar al del futuro”. Y agregó, en relación al hecho de que el proyecto de Máximo Kirchner establezca que una eventual privatización esté avalada por los dos tercios de ambas cámaras: “Solo la Constitución nacional puede establecer lo de la mayoría agravada. Es inocuo establecer mayorías agravadas y es una ley que no tiene sentido porque la ley posterior deroga a la ley anterior”.

Como sea, el rechazo de JxC no sería suficiente para frenar esta media sanción que contaría con el apoyo del oficialismo, la izquierda, los diputados de Provincias Unidas, los gobernadores electos Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) y al menos los socialistas del interbloque Federal.

Ciencia y tecnología

En momentos en que a través del candidato libertario se ha puesto en la mira no solo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, sino también el mismísimo Conicet, se avanzará finalmente con la aprobación del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030. Para eso, se proponen avanzar este martes con el dictamen en la Comisión de Ciencia y Tecnología que preside el radical Facundo Manes.

El tema ya fue debatido en dos reuniones informativas que contaron con la presencia del ministro Daniel Filmus, el 21 de marzo y el 1 de junio. Si se aprueba, será ley, pues ya cuenta con media sanción del Senado desde el 27 de octubre de 2022.

El proyecto establece un plan que presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional. Proyecta una inversión del 0,85% del PBI en 2025 (en 2020 fue del 0,52%) y del 1,70% en 2030, y desarrollará “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico.

Ampliación de licencias laborales

El pasado 22 de agosto, un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo, de Mujeres y Diversidad, y de Presupuesto y Hacienda de Diputados emitió dictamen. Al no haber acuerdo entre oficialismo y oposición, serán tres los despachos que llegarán al recinto para su tratamiento. El de mayoría es del oficialismo, uno de JxC y un tercero de los socialistas.

Hubo cuatro reuniones para analizar un total de 55 proyectos puestos a consideración. La primera fue el 16 de mayo, cuando expusieron los autores de los 47 proyectos que originalmente comenzaron a discutirse. El segundo encuentro se realizó el 4 de julio, para escuchar a representantes de sectores como las centrales sindicales, representantes de la Unión Industrial Argentina y la Red Nacional de Cooperativas de Cuidados nucleadas en la Conarcoop. La última reunión informativa fue el pasado 2 de agosto, cuando asistieron referentes gremiales y expertas.

El proyecto en cuestión fue enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 2 de mayo de 2022 y, luego de dos reuniones, las comisiones habían arribado a un dictamen de un texto consensuado. Pero la Oficina de Presupuesto del Congreso analizó el preliminar del texto y afirmó que los cambios en el borrador aumentan el costo en 49 mil millones de pesos pasando del 0,045% del PBI esperado para 2023 al 0,074%.

Según la OPC, lo que generaría costo adicional para la administración pública nacional es la inclusión de monotributistas y autónomos como beneficiarios potenciales de las asignaciones parentales cuyo importe mensual será equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil neto vigente en cada período; la posibilidad de percibir las asignaciones parentales para personas gestantes y no gestantes en simultáneo por parte de ambos progenitores; y el financiamiento de las contribuciones patronales en concepto de obra social a través de los recursos del régimen de Asignaciones Familiares.

Entre los principales cambios, otorga (en el caso del dictamen de mayoría) 126 días de licencia a personas gestantes (45 días previos y 81 posteriores al nacimiento), amplía la licencia de no gestantes de 2 a 45 días y crea una licencia de 90 días para personas adoptantes.

El dictamen de Juntos por el Cambio mantendría los 90 días para personas gestantes y adoptantes.

Ley Nicolás

Entre aquellos proyectos que cuentan con dictamen alcanzado hace más tiempo tenemos el proyecto sobre seguridad del paciente, también conocido como “Ley Nicolás”.

Esta iniciativa se basa en el caso de Nicolás Deanna, fallecido en noviembre de 2017 por una meningitis bacteriana, cuando había sido diagnosticado por contractura en la base del cráneo. Dado de alta tras recetársele dos analgésicos, volvió a ser internado con suero y sin medicación. Confundieron su último síntoma con una alergia, cuenta su madre Gabriela Covelli, que es quien ha motivado esta iniciativa que fue dictaminada el 7 de junio en la Comisión de Legislación General, en base a proyectos de Fabio Quetglas y Mónica Macha.

El proyecto tiene por finalidad “asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”.

Otros temas posibles

Para esta posible sesión del 13 de septiembre podrían estar disponibles algunas de las iniciativas que tratarán de dictaminar este miércoles en la Comisión de Discapacidad, como la capacitación obligatoria en Lengua de Señas Argentinas.

También están pendientes temas un poco más añejos, como el régimen previsional diferencial para brigadistas de incendios forestales, y el de trazabilidad de la pesca y la acuicultura.

La diputada nacional y titular de la Comisión de Educación de Diputados, Blanca Osuna (UP – Entre Ríos), le salió al cruce a la precandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, quien sostuvo que “las universidades argentinas están vacías de alumnos argentinos porque casi la mitad de la matrícula la ocupan extranjeros”.

Osuna utilizó sus redes sociales para responder a la dirigente del Pro y le detalló que “la matrícula universitaria creció 46,3% en 10 años, con 2 millones y medio de estudiantes, muchos jóvenes primera generación familiar y solo el 4,6% d extranjeros”.

“(Mauricio) Macri, Bullrich y (Rogelio) Frigerio desprecian la universidad pública. Por eso rechazaron las nuevas universidades que impulsamos”, apuntó.

También recordó la polémica frase de la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y lanzó: “Decían que los pobres no llegan a la universidad o que sobran universidades. Ahora Bullrich miente sobre el acceso de extranjeros para justificar su proyecto de vaciamiento del Estado, desinversión educativa y privatización. Lo mismo que hizo con (Horacio Rodríguez) Larreta y Morales en 2001 y 2015”.

“Las universidades argentinas están vacías de alumnos argentinos porque casi la mitad de la matrícula la ocupan alumnos extranjeros que vienen y toman esos lugares. Los argentinos quedan en un cementerio en el colegio secundario porque se ha desarmado y destruido la educación” en el país, sostuvo Bullrich durante la mañana al disertar en forma virtual ante el XVI Foro Atlántico organizado en Madrid por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que lidera el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.

Luego de que ese fragmento de la intervención de Bullrich se viralizara en redes sociales, el Ministerio de Educación, que encabeza Jaime Perczyk, difundió cifras oficiales que indican que el total de estudiantes extranjeros de grado, pregrado y posgrado es del 4 por ciento en las universidades públicas y del 5,5 por ciento en las privadas.

Ante las cifras oficiales, Bullrich debió retractarse de lo que había dicho: “Nobleza obliga: en mi exposición de esta mañana en el XVI Foro Atlántico, se produjo una confusión que quiero aclarar. En la Argentina, el 50% de los chicos no termina la secundaria y solo el 12% ingresa a la universidad. Nuestras universidades tienen, además, un muy bajo índice de egresos universitarios. Tenemos que trabajar para mejorar el nivel de egresos”, posteó en Twitter esta tarde.

Los diputados nacionales Danya Tavela (Evolución Radical) y Leonardo Grosso (FdT) presentaron un proyecto de ley para posibilitar la transferencia de dominio sobre diversos inmuebles que pertenecen al Estado Nacional a favor de distintas universidades.

“La educación superior es central para el progreso y futuro de nuestro país. La adecuada gestión de las universidades nacionales públicas posibilita y mejora el acceso a ellas”, sostuvo Tavela y planteó: “Si bien en estos espacios ya están funcionando áreas de las UUNN, esta modificación legal facilitará la administración y gestión de dichos espacios y la posibilidad de realizar mejoras e inversiones”.

En esa línea, remarcó que “la educación es el principal motor de movilidad social ascendente de nuestro país. Tenemos que garantizar que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades en el mejor ambiente posible”.

Respecto del proyecto, establece en su artículo primero: “Transfiérase a título gratuito el dominio, los derechos y las acciones de los inmuebles pertenecientes al Estado Nacional, detallados en el Anexo 1 de la presente ley, en favor de las siguientes universidades nacionales: Universidad Nacional General San Martín, Universidad Nacional de Hurlingham, Universidad Nacional  de José Clemente Paz, Universidad Nacional  de La Patagonia Austral, Universidad Nacional de las Artes, Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Nacional  de Litoral y Universidad Nacional del Noroeste”.

“La transferencia comprende a todas las edificaciones, instalaciones complementarias e inmuebles por accesión ubicados en los inmuebles objeto de la presente”, señala el artículo 2.

Además, manifiesta que la transferencia se efectúa con el cargo de que los beneficiarios destinen el inmueble a los fines educativos, sociales y para el desarrollo de las actividades sustantivas de cada universidad nacional.

A su vez, establece que el Poder Ejecutivo dentro de los 60 días de sancionada la presente ley adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir los trámites necesarios para el otorgamiento de las respectivas escrituras traslativas de dominio, incluyendo la confección de planos de mesura y subdivisión de los inmuebles a ser transferidos.

“La escribanía general del Gobierno de la Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarias para la implementación de la ley”, fija.

La diputada nacional Gabriela Lena (UCR) presentó un proyecto de ley mediante el cual propone regular el funcionamiento de las universidades populares en el país.

La legisladora resaltó que las universidades populares son “organizaciones educativas sin fines de lucro que promueven una educación equitativa, inclusiva y de calidad, con un fuerte compromiso con las comunidades locales” y surgen promovidas por asociaciones civiles, municipios o gobiernos provinciales de acuerdo con las necesidades y prioridades de las comunidades.

“Estas instituciones cumplen una función importantísima en la capacitación técnica y cultural para quienes no tienen otras oportunidades educativas”, señaló y sostuvo: “Por eso nos ocupamos y preocupamos en garantizar a través de este proyecto de que sean reconocidas por la ley y puedan así acceder a beneficios y subvenciones de organismos nacionales e internacionales. También, que se generen políticas públicas para su fomento y desarrollo”.

La radical subrayó que “la educación es el mejor camino para garantizar el desarrollo y el progreso de nuestros pueblos y ciudades. Así lo entendieron nuestros abuelos y nuestros padres que pusieron como prioridad el aprendizaje y la capacitación. Y es nuestro deber garantizar el acceso a la educación en igualdad de oportunidades para todos los argentinos”.

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro – Buenos Aires) planteó que “las propuestas de las universidades deben atender las necesidades que plantea el desarrollo, las del país y también el de los profesionales que lo harán realidad”.

El exministro de Educación de Nación y la provincia de Buenos Aires agregó: “Hay que articular el acortamiento de las carreras con la ampliación del reconocimiento académico de las materias cursadas en todas las universidades -que comenzamos en la gestión anterior- favorecerá la formación profesional más dinámica que reclama el mercado y la segunda titulación”.

Del mismo modo, expresó que “son varias las ventajas que esto proporciona”, y manifestó: “La educación superior tendrá un formato más parecido al que necesita nuestro desarrollo pendiente y mejorará las tasas de egreso, uno de nuestros déficits”.

En el final, el precandidato a intendente de la Matanza por JxC cerró: “En el plano individual, disminuirá el desarraigo no deseado ya que diversificará la oferta local. Debemos ir hacia las “carreras para armar”.

Con el fin de exponer de manera pública el reclamo por la demora en el tratamiento de proyectos de ley que proponen la creación de diferentes universidades nacionales, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Blanca Osuna, organizó un encuentro para recibir a referentes que solicitan se avance con esas iniciativas.

Recordemos que la creación de ocho universidades nacionales no pudo avanzar durante diciembre pasado en la Cámara baja. Los dictámenes formaban parte del temario de la sesión del 1ro. de diciembre que se cayó -en medio de un escándalo- y de la del 21 de diciembre que no reunió quórum.

La diputada del Frente de Todos informó recibirán “a las comunidades e instituciones que vienen trabajando, promoviendo y concretizando los sueños por las universidades nacionales Juan Laurentino Ortiz, Pilar, Delta, Madres de Plaza de Mayo, Cuenca del Salado, Ezeiza, Saladillo y Río Tercero”.

“Desde mi rol de presidenta de la Comisión de Educación asumimos estos espacios como vehículos de esas necesidades y demandas, con la convicción de su aprobación para seguir fortaleciendo el derecho federal a la educación superior”, sostuvo la entrerriana.

El encuentro se llevará a este miércoles, desde las 14, en la Sala 2 del Anexo de la Cámara de Diputados.

El Frente de Todos buscará llevar adelante este miércoles la que sería la última sesión del año, en la que prevén tratar el temario postergado de la sesión frustrada del 1° de diciembre, más un par de proyectos agregados.

Entre las iniciativas previstas figura la creación de ocho universidades, el proyecto que crea el Plan de Pago de Deuda Previsional y una para digitalizar las historias clínicas.

En caso de poder arrancar la sesión, será la reapertura del recinto luego de las dos reuniones fallidas del pasado 1ro de diciembre, cuando no pudo realizarse la preparatoria primero, y después se malogró la sesión especial, caída por falta de quórum.

La sesión está convocada para las 13, previéndose Labor Parlamentaria para las 11.30. Ese encuentro previo será clave, pues allí volverán a verse las caras los presidentes de bloques con las autoridades de la Cámara luego de la tormentosa jornada del 1° de diciembre. Allí deberían acordarse las condiciones para llevar adelante una sesión ordenada, pues en la previa se espera que no solamente haya un homenaje al campeonato mundial ganado por nuestra selección en Qatar.

Por el contrario, luego de ese momento amable, o antes, habrá seguramente cuestiones de privilegio relacionadas con el viaje de funcionarios, representantes judiciales y empresarios a Lago Escondido, como así también podrían poner a consideración los pedidos de expulsión reclamados de un lado y otro de la grieta a partir de los sucesos del primer día de este mes.

Pero para que esa sesión pueda tener lugar, antes deberá el oficialismo conseguir quórum. Y con las relaciones "rotas" con Juntos por el Cambio, la cosa se complica. El Pro no piensa dar quórum y el radicalismo lo confirmó este martes por la noche, al cabo de una reunión de esa bancada. A través de sus redes sociales adelantaron que "decidimos no dar quórum en la sesión convocada para mañana por el oficialismo. Una vez más el Frente de Todos resolvió no aceptar el tratamiento de ninguno de los temas solicitados por la oposición, como la Ley de Alquileres o una solución para créditos UVA".

El oficialismo cuenta con 118 miembros, y tiene garantizada la presencia del interbloque Provincias Unidas (4), el representante del MPN, probablemente el santacruceño Claudio Vidal (Ser) y los 4 miembros de la izquierda, que confirmaron a parlamentario.com que darán quórum “porque no agregaron ningún tema ‘por la ventana’, que era lo que nos preocupaba”. Hasta ahí suman 128. Les falta uno más.

El interbloque Federal (8 miembros) dejó clara su postura: “El Frente de Todos ha solicitado una sesión especial. Entendemos que es el oficialismo quien debe garantizar el quórum para sesionar”, expresó a este medio su presidente, Alejandro “Topo” Rodríguez.

¿De dónde conseguirá el FdT lo que le falte? Todos los caminos conducen al bloque Evolución Radical, que preside el cordobés Rodrigo De Loredo y que tiene 12 miembros. Sucede que sus miembros -o algunos de ellos- están muy interesados en la aprobación de las nuevas universidades, particularmente dos que impulsan desde ese sector: la de Saladillo, a partir de un proyecto de Emiliano Yacobitti, y la de Río Tercero, de Gabriela Brouwer de Koning. Fuentes de JxC consultadas por parlamentario.com no descartaron entonces que algunos de los miembros de ese bloque sean los que le garanticen al oficialismo arrancar la sesión.

En ese caso habría que pensar en los dos diputados mencionados, como así también, probablemente, Danya Tavela, quien en los debates en comisión sobre las nuevas universidades anticipó su postura favorable a la creación de las mismas, contrariamente a la posición crítica de otros compañeros de interbloque.

Habrá que ver qué impacto tiene en el seno de Juntos por el Cambio una actitud de ese tipo, e incluso dentro de esa misma bancada, donde no todos estarían a favor de diferenciarse de la postura del resto del interbloque. Se verá.

Los temas a tratar

Las universidades nacionales a ser creadas son la del Delta, la Universidad Nacional de Saladillo, la Universidad Nacional de Pilar -estas tres tuvieron despacho en el mes de agosto-, la Universidad Nacional de La Cuenca del Salado, la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, la Universidad Nacional de Ezeiza, la Universidad Nacional de Rio Tercero y la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Dos de las iniciativas corresponden al área de salud. Por un lado, la modificación a la Ley 22.990 de sangre humana, y por el otro lado, el proyecto que propone la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ síndrome de Down para su hijo en gestión o recién nacido. También está en la lista, dos autorizaciones de cónsules y vicecónsules y un paquete de acuerdos internacionales y tratados.

Entre los nuevos temas a tratarse figura el Plan de Pago de Deuda Previsional que busca garantizar el acceso a la jubilación para aquellas personas que no cuentan con aportes suficientes, del que el FdT y JxC firmaron dictámenes distintos.

El otro proyecto que fue incorporado propone crear el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de las Historias Clínicas de la República Argentina, con la finalidad de instaurar, en forma progresiva, el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas, respetando lo establecido por la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la Salud.

Durante la sesión fallida del 1 de diciembre, la Cámara de Diputados inició el debate para la creación de ocho universidades nacionales. Entre gritos de la oposición que cuestionaba la validez de esa sesión por la manera como se había alcanzado el quórum, ofició de miembro informante esa vez la titular de la Comisión de Educación de la Cámara baja, Blanca Osuna. Finalmente la sesión se cayó y este miércoles buscarán realizar una nueva reunión en la que ese tema volverá a ser de los principales a tratarse.

Refresquemos entonces cuáles son las iniciativas que se pondrán a consideración al respecto y las eventuales polémicas que pueden despertar.

Tres de esas universidades ya tenían dictamen hace tiempo: las del Delta, Saladillo y Pilar. Desde el 24 de agosto estaban listas para llegar al recinto, y en rigor son las mismas que habían sido propuestas para ser tratadas en extraordinarias. Finalmente ahora se ponen a consideración, junto a otras cinco.

La Universidad Nacional del Delta comprenderá los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. Es impulsada por el ahora expresidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, razón por la cual el actual ministro de Economía estuvo presente el 1 de diciembre en el recinto.

Participaron de las negociaciones los intendentes de esas tres localidades: Julio Zamora (Tigre), Ariel Sujarchuk (Escobar) y Juan Andreotti (San Fernando), todos ellos peronistas. La esposa de este último, la diputada Alicia Aparicio, fue la responsable del proyecto de factibilidad y su despacho. Es la cara visible de la iniciativa, que fue acompañada con ordenanzas a favor de los tres concejos deliberantes.

En cuanto a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires, es una de las dos impulsadas desde la oposición, más específicamente Evolución Radical. El proyecto original es del diputado nacional Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

El radio de influencia de esta universidad será de entre 100 y 150 kilómetros, incluyendo ese partido y los de Bolívar, Chivilcoy, Bragado, Tapalqué, Lobos, San Miguel del Monte y 9 de Julio, entre otros.

La tercera de las universidades nacionales es la de Pilar, con sede en ese partido de la provincia de Buenos Aires. Hay dos proyectos de autoría del oficialismo que respaldan esa iniciativa, presentados en mayo pasado, con diferencia de un día. Uno es del diputado nacional Ramiro Gutiérrez y el otro de María Rosa Martínez, que contó con el apoyo de casi una treintena de cofirmantes.

Este proyecto lo comenzaron a diseñar el actual intendente Federico Achával en 2019, cuando era concejal, y el intendente macrista Nicolás Ducoté. El proyecto contemplaba la venta de una porción de las hectáreas del predio del Instituto Carlos Pellegrini a la UAR. Pero eso generó movilizaciones de vecinos, organizaciones sociales y ambientalistas y se detuvo.

Si bien el proyecto tiene el sello de Achaval, el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D’Onofrio, intervino en su camino en el Congreso cuando ocupó el cargo de diputado por el Frente Renovador.

De las universidades que se sumaron en vísperas de la sesión del 1 de diciembre, tenemos a la de la Cuenca del Salado, que tendrá sede central en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Se trata de una propuesta por la exdiputada y hoy ministra bonaerense Daniela Vilar. Su oferta académica estará orientada a la actividad agropecuaria, la veterinaria y las ciencias empresariales.

Impulsada por el diputado nacional Hugo Yasky, se propone la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, que tendrá sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde hoy funciona como instituto.

Ya funciona como universidad provincial la de Ezeiza, y lo que se propone ahora es su nacionalización. Impulsada originalmente por la diputada (MC) Dulce Granados y vuelta a presentar por la hoy ministra Victoria Tolosa Paz, se encargó de defenderla durante su tratamiento en comisión la diputada nacional Mónica Litza.

Una de las dos universidades ubicadas fuera de la provincia de Buenos Aires es la de Río Tercero. Esta es además una de las dos impulsadas por la oposición. Gabriela Brouwer de Koning (Evolución Radical) impulsa la creación de esta universidad, que cuenta también con el respaldo de un proyecto de una oficialista, Gabriela Estévez.

Por último, se busca la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. Ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.

El debate en las comisiones

En la fallida sesión del 1° de diciembre no alcanzó a haber debate. Sí durante el tratamiento en el plenario de comisiones. Allí expuso por Juntos por el Cambio el diputado Maximiliano Ferraro, quien con un pedido de votación logró voltear la sesión por falta de quórum. Durante la discusión e comisiones, dijo una frase que levantó polémica: “El planeamiento estratégico de la educación superior tiene que ser un camino virtuoso que no estamos teniendo para nada con estos dictámenes a la marchanta y creación de universidades como si fueran una fábrica de churros”.

“Y digo que no es virtuoso, porque no hay previsibilidad, donde no tenemos garantizada una asignación de recursos que pueda ser sostenible y que esta asignación de recursos también incluya todos los componentes y procesos que deba tener la educación superior”, agregó el legislador.

El referente de la Coalición Cívica protestó por la “ausencia de áreas de vacancia y de estudios de factibilidad”, como así también apuntó en “la inequidad desde el punto de vista de la distribución federal”.

En esa oportunidad advirtió también que en caso de aprobarse las universidades pedidas, la provincia de Buenos Aires “va a tener 29 universidades nacionales, que se suman a los más de 178 institutos de formación docente y formación de técnica superior”. Así las cosas, se preguntó “cómo vamos a sostener la creación de estas universidades”.

Ferraro le apuntó luego al caso de la Universidad de Madres de Plaza de Mayo: consideró el proyecto como “claramente violatorio de la Ley de Educación Superior”, por cuanto la misma establece que el consejo superior de las universidades debe estar compuesto por hasta el 50% del claustro docente y el resto estudiantes graduados y no docentes. “Y lo que dice clarito el Estatuto de la Universidad de las Madres es que deberá contemplar en su consejo superior a dos de las madres y representantes de la asociación civil, los que serán designados a propuesta de esa asociación civil que integran las Madres. Sentando un precedente que viola los principios de la autonomía universitario”, advirtió.

Luego se refirió al caso de la universidad entrerriana, sobre la cual dijo que no cuenta con el dictamen del CIN, ni con el estudio de prefactibilidad, “cosas que nos pide la Ley de Educación Superior”.

A su turno, Hugo Yasky (Frente de Todos) defendió la creación de la Universidad de las Madres. “Ninguna universidad nació grande, ni con un nivel académico de excelencia desde el primer día. Son procesos que se construyen, por supuesto hacen falta buena calidad de los docentes y también presupuesto educativo”, planteó ante el plenario.

Y en referencia a los cuestionamientos planteados por el diputado de la Coalición Cívica, Yasky aclaró que las dos miembros de las Madres solamente estarían en el consejo superior “como representantes de la institución y no como comisarios políticos”.

La polémica con la Universidad de Ezeiza

“De los autores de ‘para qué vamos a hacer universidades si los pobres no van’, seguimos con ‘universidades hechas a la marchanta o como fábrica de chorizos’”, arrancó a pura ironía la diputada oficialista Mónica Litza,que defendió el proyecto de creación de la Universidad Nacional de Ezeiza. Ella habló desde su experiencia personal y destacó el papel de la de su distrito, Avellaneda, que “se integró a la comunidad”.

Desde la otra vereda, criticó el exministro de Educación Alejandro Finocchiaro (Pro). Refiriéndose estrictamente al caso de Ezeiza, dijo que esa universidad ya está constituida y se normalizó el 14 de marzo de 2019, oportunidad en la cual eligió sus autoridades, cumpliendo con las prescripciones del artículo 1° de la Ley de Educación Superior. Por lo tanto, dijo, “goza de autonomía universitaria”.

Fue el preámbulo de su crítica: “Aquí estamos tratando la nacionalización de la Universidad de Ezeiza”, aclaró, enfatizando que “no existen precedentes en los términos que esta ley está planteada”. Puso como ejemplo que durante su gestión se nacionalizó la UNIPE (Universidad Pedagógica Nacional), que lejos estaba de ser afín a esa administración, pero se respetó a las autoridades que habían sido elegidas democráticamente y en virtud de la autonomía universitaria.

Cuestionó que se pasa esa universidad a la Nación pero sin las autoridades constituidas el 14 de marzo de 2019. Por eso advirtió que “se vulnera la autonomía universitaria y de hecho en el informe del CIN se dice claramente que estos dos últimos artículos desconocen la autonomía de la Universidad Nacional de Ezeiza”.

Otra que intervino durante el debate en las comisiones fue la diputada Sabrina Ajmechet (Pro), quien arrancó refutando a Mónica Litza respecto del reproche al Pro por haber dicho una representante de ese espacio que los pobres no llegan a la universidad.

“Más del 50% de los chicos de entre 10 y 14 años en la Argentina hoy son pobres; de ese 50%, el 71% no logra conocimientos mínimos en Lengua. El 68% no logra satisfactorios en Matemática. Cada 8 minutos un joven abandona el secundario; solo 16 están terminando el secundario en tiempo y forma”, enumeró la diputada nacional, que agregó: “Si miramos realidades provinciales, vamos a encontrar en Santiago del Estero, Chaco, Formosa, que solo 5 jóvenes terminan el secundario en tiempo y forma. De los mayores de 25 años de sectores vulnerables, 3 de cada 10 termina el secundario… Hasta donde yo sé, no se puede empezar la universidad sin haber terminado el secundario”.

Para cerrar, Ajmechet sostuvo que “desde 2009 hasta hoy estamos hablando de 24 universidades nuevas en 13 años. 17 están en la provincia de Buenos Aires, solo 7 en el resto. ¿Cuál es la realidad en las provincias que no están atendiendo? ¿Por qué crean tantas universidades en Buenos Aires, qué concepto del federalismo tienen?”, y cerró preguntándose cómo se van a financiar y advirtiendo que esas casas terminan convirtiéndose en “refugio de intendentes”.

Esos serán ejes del debate que se dará seguramente en el recinto, una vez que el debate esté habilitado.

En el marco de un debate caótico en torno a la creación de ocho universidades, con una oposición parada junto a sus bancas y a los gritos, fracasó este jueves la sesión especial convocada por el oficialismo. Fue al cabo de poco más de una hora y media de sesión, cuyas características escandalosas quedarán en el recuerdo, y que se inició luego de que tres veces se reprogramara su inicio.

Esa fue precisamente la razón por la que la oposición consideraba inválida la misma y la que los hizo ingresar al recinto más tarde de lo habitual.  

El caos se desató a partir de que la presidencia de la Cámara anunció la decisión de votar el temario de inmediato y a mano alzada, con lo cual postergó la inclusión de cuestiones de privilegio, herramienta con la que la principal oposición tenía como objetivo alargar indefinidamente la sesión. ¿De qué manera? Es que prácticamente todos los diputados de Juntos por el Cambio pretendían anotarse para expresarse y así dilatar in eternum el avance de esa sesión.

La maniobra oficialista desató la ira de la principal oposición, que se dedicó a partir de entonces a protestar a los gritos, tratando de impedir el desarrollo de la sesión. Lo sufrió en carne propia la miembro informante del oficialismo, Blanca Osuna, que arrancó gritando a viva voz su discurso. “Tal cual plantea el reglamento -remarcó al comenzar-, vamos a dar tratamiento de la creación de universidades nacionales para la República Argentina. Estamos haciendo una labor cuya atribución nos otorga la Constitución nacional”, señaló entre aplausos del oficialismo.

Cecilia Moreau trató infructuosamente durante el tiempo que duró la sesión de llamar a silencio a la oposición. “¿Qué tomaron?”, les preguntó de entrada ante los gritos destemplados a los diputados opositores. “Violentos, violentos”, gritaban desde el oficialismo, mientras la presidenta del Cuerpo -que más temprano había visto frustrada la sesión preparatoria en la que iba a renovar su mandato al frente de la Cámara-, hacía malabares para encauzar la sesión. “No me trate de tonta, Wolff, no me subestime”, lanzaba, al tiempo que le pedía calma a Fernando Iglesias, prometiéndole darle luego la palabra.

“Recuperemos la convivencia democrática, el diálogo… Todos van a tener la palabra”, señaló en ese pasaje.

“Recuperar derechos a acceder a la educación”

Osuna recién había comenzado, y tras la interrupción inicial continuó: “La creación de una universidad no es un acontecimiento estrictamente académico, aunque impacta en las consideraciones de la academia. Entendemos que la creación de una universidad es un hecho fundamentalmente de decisión política, y fundamentalmente impacta en el derecho humano a acceder a la educación, cuya garantía debe acompañar el Estado nacional”, señaló la presidenta de la Comisión de Educación que hacía enormes esfuerzos para hacerse escuchar entre los gritos que no pararon nunca.

Señaló la entrerriana que los proyectos puestos a consideración planteaban no solo “crear instituciones, sino que esa decisión que fundamentalmente y por Constitución corresponde al Congreso, ha tenido en quienes han iniciado como legisladores la presentación de estos proyectos un ida y vuelta intenso”.

Blanca Osuna sostuvo que la base de esos proyectos tenía que ver con “la inclusión, no solo en términos de incorporación, sino de derechos. Estamos hablando de recuperar derechos a acceder a la educación superior. De jóvenes, chicas y chicos, adultos, que en distintos lugares están a la expectativa de que estas puertas se abran”.

“Es muy llamativo observar la matrícula de estas instituciones, donde alumnas y alumnos son por primera vez miembros de una familia que accede a una educación superior. Y eso no es poco y nos enorgullece”, añadió. Y continuó: “Cada institución de las que estamos intentando recrear tiene su historia, cada una fue hilvanando ideas, fundamentos, datos e información, identidades de cada una de sus comunidades”.

Cecilia Moreau hizo allí un nuevo intento por encauzar el desmadre. Les explicó a los diputados opositores que como no estaban al principio, y no había habido reunión de Labor Parlamentaria sobre esa sesión, se había aprobado el orden del día. Pero ahora, “tomando el requerimiento que hizo el diputado Maximiliano Ferraro, podríamos reconsiderar y tratar cada uno de los órdenes del día, votarlos por separado”.

Advirtió que todas eran “cuestiones de privilegio” y que estaban anotados casi todos los diputados de Juntos por el Cambio. “Les estoy pidiendo que dejen terminar de hablar a la diputada Osuna como miembro informante de la comisión, lo que no significa que no van a poder hablar”, concluyó. Pero antes que retomara Blanca Osuna y ante una expresión del jefe del bloque radical, espetó: “Yo no sé, diputado Negri, cómo trata a su mujer… A mí por ser mujer no me trata más así, ¿eh?...”.

A todo esto, las mujeres del bloque oficialista se habían parado delante del estrado, como para impedir que desde la oposición alguien pudiera acercarse a la presidenta del Cuerpo.

Osuna intentó seguir, hablando del “brutal endeudamiento al que la Nación argentina está expuesta”, pero luego viró hacia la oposición advirtiendo que “estamos frente a una situación donde quienes nos acompañan desde los palcos, los jóvenes, pueden además observar qué es lo que no hay que hacer en recintos como este cuando la democracia vale, cuando hay reglas de juego que forman parte de esta Cámara. Este reglamento es ley; este reglamento establece que quien hace uso de la palabra debe ser respetado en su oralidad”.

Blanca Osuna continuó señalando que ese “el hecho de que haya adultos que dicen representar, pero además no me permiten expresar, es una vergüenza. Porque yo tengo representación, y hablo en nombre de los legisladores, que debatimos y analizamos los proyectos y acompañamos a las comunidades que parcialmente están presentes acá”.

Luego se refirió brevemente a cada una de las ocho universidades que se pretenden crear, y se plantó frente a quienes “denostaron el sentido de estas creaciones”. “Entendemos que en realidad cuando estamos abriendo estas puertas, estamos dando justamente el paso contrario a una definición que planteó como un déficit del sistema educativo el caer en la educación pública… Reivindicamos la educación pública, a sus docentes, maestros, maestras, la historia que está atrás de cada una de esas definiciones que se plasman en los proyectos”.

Tras advertirle a la oposición que no se debe “clausurar la voz de nadie”, les reclamó que “honren la función, y honrarla significa respetar no solamente como sujetos representantes que estamos sentados en estas bancas, sino también a las comunidades que hablan por nosotros”.

A continuación habló Marcela Passo, más brevemente, afirmando que “no estamos votando un puñado de universidades públicas, sino un modelo de país”, tras lo cual la presidenta de la comisión convocó al diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro a hablar en nombre del dictamen de minoría. Pero el diputado de JxC declinó hacerlo. Moreau pasó entonces a Romina del Plá.

Sin embargo Maximiliano Ferraro pareció reconsiderar su rechazo inicial y la presidenta del Cuerpo le dio la palabra. Rodeado de carteles que se habían puesto en las bancas de Juntos por el Cambio con la leyenda “Impunidad o Justicia”, Ferraro dijo que antes de dar su discurso pediría una moción de orden… para levantar la sesión. Y que la votación fuera nominal.

Resignada y consciente de lo que pretendía la oposición con esa medida, la presidenta de la Cámara llamó a votar, pero les pidió a los diputados de JxC sentarse. “¿Piden que se vote y no votan?”, les preguntó a los diputados opositores parados masivamente al lado de sus bancas. Sonriente y con los brazos cruzados, Mario Negri, de pie junto a Cristian Ritondo, le hizo un gesto negativo.

Pidió hablar entonces Germán Martínez, para decir que querían continuar sesionando, pero Cecilia Moreau ya se había dado por vencida. Había solo 120 diputados sentados y el pedido de votación había poner en consideración nuevamente el quórum. “Se levanta la sesión”, sentenció la titular del Cuerpo, poniendo punto final a un episodio que será recordado con el correr del tiempo por sus características bochornosas.

Mientras la oposición se retiraba -el oficialismo se quedaría un poco más a escuchar a su jefe de bloque-, volvieron a gritar desde las bancas del Frente de Todos: “Milman asesino”. Ese fue el tenor de esta olvidable sesión.

En una jornada caracterizada por las controversias planteadas a partir de la polémica generada en torno a la composición del Consejo de la Magistratura, la Cámara de Diputados comenzó este jueves a las 14.36 su sesión especial para abordar una veintena de proyectos.

Fue luego de que fracasara de manera inédita la sesión preparatoria prevista para las 11 de la mañana por falta de quórum.

Finalmente y tras sucesivas conferencias de prensa, se postergó la sesión especial para las 13.30 primero, y luego para las 14. Al cabo y con la presencia de 129 diputados y con mucho esfuerzo, la presidenta del Cuerpo, Cecilia Moreau, dio inicio a la sesión especial.

Y como gesto simbólico, el convocado a izar la bandera fue Rodolfo Tailhade, uno de los miembros designados por el oficialismo para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura.

Le costó mucho al oficialismo lograr el quórum. En principio, la sesión se postergó para las 13.30 y luego por nota hasta las 14. Pasada esa hora, el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, expresó a través de Twitter: “Hoy teníamos sesión especial citada a las 13 hs. La postergaron irregularmente por nota para 13.30hs, lo que deberían haber hecho a viva voz en el recinto. Ahora, otra vez, la postergan por nota a las 13.36hs para las 14hs. La sesión está caída. Basta de llevarse puesta a la HCDN”.

Poco después, el oficialismo volvió a pedir una postergación, ahora hasta las 14.30. Y en esa instancia se presentó ante los periodistas el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, quien expresó la intención de su bancada de poder “avanzar con un temario que tiene principalmente en las cuestiones universitarias uno de los ejes fundamentales”.

“Estamos prestos a la posibilidad de construir un quórum y  a todos aquellos sectores vinculados a la vida universitaria y los que creen en la universidad pública, a que podamos construir el quórum para poder funcionar”, agregó el diputado santafesino.

Luego remarcó que “tenemos todos los elementos constitucionales para poder funcionar, porque así lo establece el reglamento. Va a ser la tercera sesión consecutiva en la que priorizamos temas que tienen que ver con la vida de los argentinos, y esperamos poder avanzar con ese temario”.

Ante los reparos de la oposición, que ya daba por caída la sesión, Martínez enfatizó que “presentamos dentro de los límites reglamentarios el pedido de postergación. No hay elemento reglamentario para que sostengan que es inválido”.

El temario

Durante la misma se espera abordar la creación de la Universidad Nacional del Delta, la Universidad Nacional de Saladillo, la Universidad Nacional de Pilar -estas tres tuvieron despacho en el mes de agosto-, la Universidad Nacional de La Cuenca del Salado, la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, la Universidad Nacional de Ezeiza, la Universidad Nacional de Rio Tercero, y la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos”, que tuvo despacho este martes en el plenario de comisiones de Educación y Presupuesto.

Dos de las iniciativas incluidas en el temario corresponden al área de salud, por un lado, la modificación a la Ley 22.990 de sangre humana, y por el otro lado, el proyecto que propone la contención y acompañamiento de las personas que reciben un diagnóstico de trisomía 21/ síndrome de Down para su hijo en gestión o recién nacido. También están en la lista dos autorizaciones de cónsules y vicecónsules y un paquete de acuerdos internacionales y tratados.

Este año avanzó fuertemente la propuesta para crear tres nuevas universidades: la del Delta, la de Pilar y la de Saladillo. Sin embargo, y pese a haber figurado las dos primeras en el frustrado temario de extraordinarias, las tres parecen haber quedado al menos por ahora en el camino.

Y queda claro a partir de la reunión convocada para este martes de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, con el fin de avanzar con el tratamiento de la creación de cinco nuevas universidades.

Será a partir de las 15, y en el temario figura en primer lugar la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado. Dicha alta casa de estudios es impulsada por la exdiputada Daniela Vilar, hoy ministra de Ambiente en la provincia de Buenos Aires, y la misma tendrá sede central en el distrito de Cañuelas.

En segundo proyecto exhibe una curiosidad. Se trata de la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo y es impulsada por un grupo de diputados nacionales kirchneristas encabezados por Hugo Yasky. El proyecto fue presentado en 2021, pero hace dos semanas obtuvo dictamen en la Comisión de Presupuesto del Senado un proyecto que va en el mismo sentido y fue impulsado por el senador nacional Oscar Parrilli.

La tercera universidad es impulsada por diputados del oficialismo y tiene como primer firmante a Victoria Tolosa Paz, y es para crear la Universidad Nacional de Ezeiza.

También se tratarán en el plenario de este martes dos proyectos que confluyen en la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero, en la provincia de Córdoba. Uno es de la oposición y está firmado entre otros por la cordobesa Gabriela Brouwer de Koning y otro por su coterránea camporista Gabriela Estévez.

Por último, se tratará la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la universidad de Paraná, y es impulsada por la presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna.

Un plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo de los oficialistas Blanca Osuna y Carlos Heller, respectivamente, debatió y pasó a la firma los proyectos para crear tres universidades: una en el Delta, otra en Pilar y en Saladillo.

El debate estuvo marcado con picos de tensión en el discurso de algunos diputados del interbloque de Juntos por el Cambio que le enrostraron al Frente de Todos que el ministro de Economía, Sergio Massa, anuncio un recorte en educación. De 70 presentes, 46 miembros acompañaron con su firma los proyectos.

La explicación de los proyectos: Delta, Pilar y Saladillo

Al inicio de la reunión, Osuna explicó: “Son proyectos que vienen gestándose hace un tiempo largo, hablo de varios años cuya construcción ha tenido idas y vueltas. Algunas tienen que ver con el propio funcionamiento de la Cámara, ya que se materializaron en proyectos y por la dinámica de nuestro propio funcionamiento los proyectos cayeron y fueron representados”.

“Las condiciones que la legislación tiene para la creación de universidades que es un plano, el otro plano tiene que ver con una gesta muy particular que se da en las propias comunidades donde los debates, las necesidades, la puja y la fortaleza que cada uno de los sectores va, de manera concurrente, coordinando hace que esta tarea corone ese esfuerzo”, destacó y sumó: “Es una tarea maravillosa de las comunidades, de las organizaciones comunitarias, de instituciones educativas que están en las comunidades y vienen coordinando y trabajando la formación superiores de los jóvenes. Estamos dando un paso importante”.

En ese contexto, Osuna explicó que previo al acuerdo plenario hay un trabajo de equipos técnicos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que analizan los proyectos y, respecto a la iniciativa que propone la creación de la Universidad del Delta, explicó: “El CIN señala que el informe de factibilidad resulta en términos generales completo y plantea una propuesta formativa ligada al sector productivo local y propone, además, una propuesta de formación integral desde cursos de pregrado, grado, post grado”.

En ese sentido, el CIN también pondera que la iniciativa tiene “un acento a la formación de temáticas asociadas a la biotecnológica, la tecnología, ingeniería, a las ciencias del comportamiento, marketing digital, ciencias de gestión”.

Por otro lado, sobre el proyecto de creación de la Universidad de Pilar el acuerdo plenario del CIN señala que “el partido de Pilar registra niveles de necesidades básicas insatisfechas en los hogares, en materia de viviendas, servicios sanitarios, educación básica e ingreso mínimo. Dadas las particularidades de la realidad, en la región se da una serie de características productivas que el proyecto de esta universidad incluye un detallado punteo de la misión fundacional”, y señaló que también “hace referencia a la existencia de un polo educativo y una red de instituciones de docencia y de instalaciones que vana a ser uso de un predio que se evidencia en el texto del proyecto y tiene trascendencia emblemática que es el Carlos Pellegrini. El proyecto y el CIN destacan el aporte que el Gobierno municipal realiza respecto a la iniciativa”.

A su vez, Osuna destacó las condiciones sociales y económicas del lugar que “hay como meta el objeto de la contribución a resolver problemas sociales de Pilar y su zona de influencia”.

Por último, sobre la creación de la Universidad de Saladillo y la resolución del CIN, la diputada oficialista procedió a leer: “La elección de su emplazamiento responde a la importancia que representa para sus actores la conectividad existente dentro y fuera del partido. Hay un destaque muy particular en cuanto a la cobertura poblacional porque no solo está en la meta de los proyectos sino también nos motiva a todos a acompañarlos el hecho de que hay un fuerte compromiso a atender a una población que debe permanecer a sus propias comunidades, la baja movilidad esa particularidad exigencia que hay que implica inversión económica y desprendimiento de jóvenes que deben trasladarse a otros pueblos para cursar sus estudios, en este caso es parte de las tres universidades planteadas como objetivo de ley y de aprobación, y nos motiva a nosotros”.

A su vez, la titular de la Comisión de Educación sumó: “Hay un desafío en esta etapa en particular de la Argentina tiene que ver únicamente con la calidad de la propuesta educativa vinculada, no solo a la eficiencia, sino también al acompañamiento e inclusión de jóvenes y adultos mayores”.

“Estas nuevas universidades deberán tener la tarea de fuerte y firme compromiso de vinculo con las comunidades donde estarán asentadas”, indicó Osuna y expresó: “Todos los necesitamos porque una universidad crea valor en una comunidad”.

Por último, manifestó: “Este Congreso fue testigo de la creación de muchas universidades, y la creación de esas instituciones siempre trae debates, tensiones previas y luego uno las ve caminar. La creación de nuevas universidades, además de las históricas que ya hay, han demostrado el valor que tiene la posibilidad de acceder a una carrera de educación superior”, y cerró: “Hay cuestiones pendientes, en algunas regiones del país, en materia universitaria”.

La palabra de los diputados

En el uso de la palabra, la diputada oficialista Alicia Aparicio solicitó una modificación en el artículo primero del proyecto de creación de la Universidad del Delta especificando que “la sede central se encontrará en el Partido de Tigre”, y explicó: “La modificación no altera el espíritu del proyecto que es especificar la sede central y las dos regionales en el partido de San Fernando y Escobar”.

En ese sentido, procedió a leer cómo quedaría redactado el artículo: “Créase la Universidad Nacional del Delta que atenderá a los partidos de Tigre, Escobar, San Fernando y su zona de influencia en la provincia de Buenos Aires. La Universidad contará con su sede central en el Partido de Tigre, y regionales en San Fernando y Escobar”.

Hoy dimos un paso muy importante. En la reunión conjunta de las comisiones de Educación y de Presupuesto, dimos dictamen a la creación de tres nuevas universidades nacionales: Pilar, del Delta y Saladillo. Es movilidad social ascendente, desarrollo local y trabajos del siglo XXI. pic.twitter.com/XZDuJqUX3T

— Daniel Arroyo (@LicDanielArroyo) August 24, 2022

A continuación, su compañero de bloque Daniel Arroyo consideró que “los tres dictámenes que estamos firmando son de suma importancia. Una Universidad es algo distinta a todo el resto porque combina educación e investigación porque la Argentina tiene que desarrollarse en base a industria y desarrollo que tiene investigación, producción. las universidades generan esa situación. Me parece que estar aprobando tres universidades es un salto importante, un momento significativo”.

“Crear estas tres universidades significa tres cosas: primero es movilidad social ascendente, en las nuevas universidades que se crearon en los últimos años más del 80% de los alumnos son primera generación de universitarios en sus familias, porque para que a la Argentina le vaya bien uno tiene que estudiar y trabajar y para eso es necesario que haya una universidad cerca, este es un avance claro. Las universidades implican desarrollo local, afianzar capacidades productivas, conocimiento, fortalecer a los actores locales porque el país se reconstruye de abajo hacia arriba. Por último, esto es promoción de trabajo”, describió Arroyo.

También se expresó la diputada del Frente de Izquierda Romina del Plá quien reflexionó: “Una universidad no solamente es un edificio, que es un detalle importante, pero uno de sus componentes fundamentales son sus docentes”, y contó: “En muchas universidades no se respeta el convenio colectivo de trabajo. Es fundamental que la tarea docente se pueda desempeñar respetando los derechos laborales de ese convenido colectivo conquistado que no se respeta como por ejemplo en la UBA, pero tampoco en muchas otras. Debe respetarse el libre pensamiento, la estabilidad laboral y los derechos vertidos en el convenido colectivo de docentes”.

En su intervención, la diputada Sabrina Ajmechet (Pro) expresó su “alegría” por la segunda reunión de la Comisión de Educación “desde que se inició el año legislativo”, y expresó su preocupación porque “la primera reunión fue para tratar el tema de enfermería y, en esta ocasión, estamos discutiendo la creación de universidades nacionales en el contexto catastrófico de la educación obligatoria en el país”.

Y bregó para que “en la tercera reunión que tengamos podamos hablar de otras cuestiones porque la realidad es que estamos en un país donde solamente 16 de cada 100 estudiantes terminan el colegio secundario en tiempo y forma”, y subrayó que la “atención” tiene que estar puesta en “los que dejaron las escuelas, en los que perdieron saberes que no van a recuperar, en los saberes docentes, en la evolución de los estudiantes. Hay muchos temas que son prioritarios para la educación argentina y para el futuro de los niños y jóvenes argentinos”.

A su vez, ratificó su respaldo a la creación de nuevas casas de altos estudios, pero lamentó que “no forme parte de los temas que tratamos los problemas actuales de la educación obligatoria”. Respecto a los proyectos remarcó la necesidad de un estudio estructurado sistémico sobre qué lugares, qué careras, se necesitan crear en la Argentina porque “desde 2009 hasta la actualidad se crearon 13 universidades nacionales y 9 se crearon en la provincia de Buenos Aires y ahora van a ser 12. Tenemos que tener una discusión sobre qué necesidades federales tiene el país sobre las universidades nacionales”.

“Al mismo tiempo que se decide crear nuevas universidades, el Gobierno hizo recortes en la educación. Este no es un Gobierno que apoye la calidad educativa, a que el futuro de los chicos este asegurado a través de la educación y esfuerzo y aprendizajes. Son los temas que necesitamos discutir de forma urgente”, cuestionó Ajmechet.

En el mismo sentido se pronunció el diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien celebró tener “un segundo encuentro de la Comisión de Educación, un plenario con Presupuesto, porque hay en agenda para poder debatir donde creemos que están incluidos los temas que hacen a las necesidades prioritarias que atraviesa el sistema educativo nacional y, particularmente, lo de educación obligatoria”.

“Estamos generando un toma y daca con respecto a la construcción de universidades nacionales o tirándonos a la marchanta la construcción de instituciones y queda reflejado en los últimos 12 años de las 13 universidades, vamos a tener 12 que vana  estar en la provincias de Buenos Aires y este planteamiento de la educación superior no está haciendo un camino virtuoso con previsibilidad y con la suficiente asignación de recursos que sea sostenible en el tiempo y que incluya los componentes y procesos que tiene la educación superior”, detalló.

El Ministerio de Economía ajusta $70.000 millones de educación después de una crisis educativa sin precedente. Pero hoy en @diputados se proponen dictaminar 3 nuevas universidades nacionales, una de ellas en Tigre. El despilfarro lo pagan nuestros chicos.

— maxi ferraro (@maxiferraro) August 24, 2022

En esa línea, precisó: “No se trata de crear más instituciones, sino de qué manera nos ponemos a trabajar seriamente para mejorar los indicadores, al calidad y lo que es la articulación con los niveles obligatorios de la enseñanza”, y agregó: “Ahí entra lo que es el estudio de factibilidad, estamos mirando para otro lado lo que establece el artículo 48 de la Ley de Educación Superior porque establece el estudio de factibilidad que ninguno de nosotros cuenta en esta Comisión, el informe del CIN y la asignación presupuestaria correspondiente, pero no podemos dejar de lado que el ultimo informe de ares de vacancia es del 2018”. En tanto recordó que en otras oportunidades se quiso aprobar la ceración de universidades sin tener la aprobación del CIN y denunció que es un “aspecto violatorio del artículo 48 de la Ley de Educación Superior”.

Además, disparó contra el oficialismo: “Tenemos que ver cuál es el sendero de prioridades que están estableciendo en esta Cámara porque no podemos dejar pasar por alto el contexto de reducción presupuestaria en la educación obligatoria, reducción que nos tienen que interpelar a cada uno de nosotros para poder repensar las prioridades en lo que es la reasignación de recursos y en una política central como es la educación”.

“La resolución del ministro de economía reduce casi a 70 mil millones de pesos el presupuesto de educación que es más del 50% de la reducción que ha determinado con esta decisión administrativa que asciende a casi 130 mil millones”, denunció Ferraro y expresó la exigencia de “discutir en este Congreso políticas educativas que ubiquen en un lugar central a la educación y al debate estructural y una reforma de la educación superior sancionada en los 90”.

“Solo 16 de cada 100 alumnos terminan el secundario, tentemos las desigualdades socioeconómicas donde está el ingreso tardío, a la repetición, la deserción en los primeros grados que influyen en la no conclusión de la educación”, informó el legislador de la CC y sumó: “También se dan desigualdades en los aprendizajes, lo hemos visto en las pruebas Aprender en el retroceso de esas evaluaciones. Un poco más de 3 de cada 10 asisten al último año del secundario en el sector privado. El 63,7% culminan en tiempo y forma con los conocimientos necesarios de escuelas privadas y el 36,3% escualos estatales del país. Solo 1 de cada 10 jóvenes de sector pobres asiste a la universidad, el 12,4% cursa estudios universitarios en el país, en los segmentos más altos el 46% asiste a la universidad. La desigualdad educativa de todos los niveles se traslada y persiste cuando se analizan los trayectos posteriores”.

Adhirió a estas expresiones la diputada Victoria Morales Gorleri (Pro) quien describió a la educación superior como “una estrategia calve para el desarrollo individual y social del país”. Sin embargo, señaló que “está faltando entender el contexto, las circunstancias que están pasando en la Nación cuando en el día de ayer se anunció la reducción de 70 mil millones de pesos al sistema educativo obligatorio y estar debatiendo esto, una medida tomada por el superministro que se puso la capa de Superman, pero se transformo en el peor villano que le metió la mano en la lata al futuro de los pibes”.

De la vereda de enfrente, la diputada oficialista María Rosa Martínez coincidió en el diagnóstico de la desigualdad que “nos lleva a discutir en la redistribución de la riqueza que va a ser un aporte significativo”. Sobre el proyecto del cual es coautora para crear la Universidad de Pilar explicó que “es una posibilidad de complementación con las instituciones de la zona, no se produjo una superposición de carreras, sino de articulación, vinculada al desarrollo científico y tecnológico que va a ayudar el desarrollo de la ciudad”.

“Está pensada en institutos y en los alumnos porque permite articular la educación secundaria y la superior. Es una manera de abordar la problemática de no terminar el trayecto universitario, por eso va a haber un acompañamiento para que no dejen. Crear universidades tiene que ver con los derechos humanos y poder terminar con las desigualdades”, agregó.

En su intervención, la diputada Danya Tavela (Evolución Radical) ponderó poder coincidir con el pleno con el diagnóstico respecto a la educación, aunque “con matices”, y planteó que “la agenda que sigue en materia educativa tiene que ver con la inclusión, la calidad e innovación”. “Voy a apoyar la creación de las tres instituciones universitarias, porque estamos hablando de la provincia más grande, la que reúne la mayor cantidad de población y la que mayores desigualdades tiene. También me llena de orgullo la creación de la Universidad de Saladillo”, adelantó y cerró: “Los tres proyectos alientan las condiciones de igualdades, tienen vinculación con el territorio, se observa con claridad que no piensan avanzar sobre carreras ya formadas, que trabajan con el contexto socio productivo y generan oportunidades de distintos tipos de niveles en la formación profesional de los jóvenes y adultos”.

El titular del bloque del FdT, Germán Martínez (Santa Fe), se encargó de cerrar la reunión con su ponencia en la cual cuestionó a la oposición porque “en tiempos de pandemia puso las políticas educativas dentro de la grieta. Hubo una decisión de empezar a debatir las cuestiones políticas desde un ‘ellos’ y un ‘nosotros’ exagerado”.

“Me encontré en la Ciudad de Buenos Aires con dos candidatos del Pro haciendo campaña electoral con los temas educativos”, denunció el santafecino y consideró que “no se le hace ningún favor a la Argentina tratar los temas educativos de esta manera”.

Respecto a los proyectos ponderó que “siempre es una buena noticia crear universidades porque es continuar ampliando derechos y acercando la posibilidad de acceso a esos derechos de argentinos que lo tienen más distantes”, y añadió: “Nosotros queríamos tener estas tres leyes aprobadas el año pasado y no pudimos”.

“Estamos tomando una buena decisión, ampliando derechos, creando nuevas universidades, sabiendo que el camino no empezó con nosotros y no va a terminar tampoco. Es el deseo de poder seguir avanzando en el debate en la creación de universidades en el interior que también hace mucha falta”, precisó Martínez y tiró un palito hacia la oposición: “Pasa que acá no se escucha cuando se habla”.

Con el fin de fortalecer el trabajo legislativo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) con sede permanente en Panamá, la presidenta del organismo, la senadora Silvia Giacoppo (UCR - Jujuy), y los rectores de la Universidad Interamericana de Panamá (UIP), Eneida López y de la Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior (Ulacex), Bruno Garisto, firmaron convenios de cooperación.

Con los convenios las partes acordaron consultar e intercambiar la información y documentación que incremente la cooperación y las actividades conjuntas y se mantendrán recíprocamente informadas sobre los programas de apoyo para el desarrollo y la integración de América Latina.

Cabe destacar que la UIP es una institución educativa dentro del sistema de educación superior con programas académicos, investigaciones y especializaciones educativas, con la finalidad de satisfacer las necesidades de la población panameña.

La Ulacex tiene una oferta académica integrada por cinco carreras de diferentes áreas del conocimiento orientadas a obtener títulos en el nivel técnico, de licenciaturas e ingenierías, especialidades, maestrías y doctorados en Negocios, Ciencias Sociales, Derecho y Educación.

Por otro lado, Giacoppo mantuvo un encuentro con representantes de la Fundación Giménez Abad, la Escuela de Gobierno del Uruguay y el Instituto Centroamericano de Administración Pública para afinar detalles de la firma de un acuerdo de cooperación para el establecimiento de la Academia Legislativa regional. El proyecto tiene como propósito fundamental fortalecer el trabajo de nuestro organismo parlamentario.

Por su lado, el Parlatino es un organismo regional, unicameral y de carácter permanente fundado en 1964 para promover la democracia y la integración regional.

El senador por la Rioja Ricardo Guerra se reunió este martes con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perzcyk, con el objetivo de plantearle la situación presupuestaria de las Universidades Nacionales riojanas y la problemática de las becas y ayudas escolares. 

Luego del encuentro, llevado a cabo en la oficina del funcionario nacional, el legislador riojano comentó: “Mantuvimos una reunión muy cordial en la que me puse a disposición para lo que pueda colaborar en cuanto a la gestión de su Ministerio, para lo que necesite, por supuesto, desde la perspectiva que me corresponde”. 

Guerra detalló que “le planteamos la situación presupuestaria de nuestras universidades riojanas: la Universidad Nacional de La Rioja y la Universidad Nacional de Chilecito. Le planteamos la necesidad de reforzar el presupuesto de ambas para que se puedan solventar más cabalmente varias cuestiones centrales. En el caso de UNLaR hablamos especialmente del Hospital Escuela y sobre la de Chilecito se planteó la situación de la Escuela Agrotécnica a la que asisten muchos chicos del interior. En definitiva, lo que se necesita es un refuerzo presupuestario y eso es lo que manifestamos en la reunión con el ministro”. 

El senador resaltó, además, que “también dialogamos sobre los programas de becas o de ayuda a alumnos para que puedan asistir a los centros educativos, ya sean universitarios como a escuelas que se encuentran en localidades alejadas de los grandes centros urbanos, lo que genera para esas familias más costos de traslado, alimentos, entre otras cuestiones”. Y añadió: “En ese sentido, el ministro se refirió a la posibilidad de inscribirse en las Becas Progresar, programas que ya están vigentes y disponibles para quienes las soliciten y cumplan con los requisitos establecidos. La intención es evitar de todas las maneras posibles la interrupción de la asistencia de los chicos y jóvenes a las instituciones educativas”. 

“En definitiva”, señaló Guerra, “la respuesta de Perzcyk fue muy positiva, se mostró muy receptivo a lo solicitado; todo en un contexto de restricciones y con la expectativa puesta en las medidas que se van a implementar en materia de economía. Sin embargo, en todo momento quedó claro que lo imprescindible, lo básico para que las Universidades y las instituciones educativas en general funcionen está garantizada”. 

Alumnos, profesores y coordinadores de las universidades nacionales de San Martín, de Entre Ríos, del Salvador, de Villa María, de Catamarca, de Morón, de Lanús, Universidad Católica Argentina, Universidad Católica de Córdoba y la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), del Comahue, de Rosario, La Matanza, de Lanús, San Andrés, Tucumán y Torcuato Di Tella, debatieron y aprobaron esta semana Gestión Integral de Envases Post Consumo e Inteligencia Artificial, a propuesta del Programa Cambio de Roles llevado adelante por el Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI).

El programa Cambio de Roles es una actividad formativa creada por el Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI), el Círculo de Legisladores de la Nación, el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados de la Nación para compartir con la sociedad y con los jóvenes en particular, la experiencia del ámbito legislativo, la formación y capacitación, para transformarse en un futuro, en protagonistas de la nueva dirigencia nacional. En la actualidad, se está llevando adelante una nueva edición con alumnos de distintas universidades que toman el rol de un legislador. En dos jornadas analizan y debaten proyectos sobre una base de un anteproyecto enviado previamente y una temática definida.

Se entiende por gestión integral de envases post consumo, al conjunto de actividades independientemente y complementarias entre sí destinadas a reducir, recolectar, transportar, valorizar, tratar y disponer los envases post consumo, previniendo y minimizando los impactos ambientales generados por los mismos”, dijo la diputada (MC) Mabel Müller, quien agregó que "la iniciativa busca aplicar presupuestos mínimos de protección ambiental a los efectos de implementar una gestión integral de envases post consumo que se generan y utilizan en el mercado nacional, sean fabricados en el país o sean importados y prevenir el daño al ambiente, reducir la cantidad y el volumen de generación de envases post consumo".

Müller también planteó la necesidad de que nuestro país debe "proveer cambios sustanciales en los métodos de producción y consumo. Necesitamos implementar cambios ambientales y políticas con responsabilidad y durabilidad en el tiempo. Si bien Argentina no es un país significativo en los que respecta a gases de efecto invernadero, nuestra sociedad requiere de sistemas productivos a tono con nuestro sistema ambiental".

Finalizó señalando que "el tema de la producción y el consumo nos preocupa y mucho. Ocuparnos es una forma de mitigar los efectos negativos hacia el medio ambiente. Tratar estos temas es fundamental. Hablamos de reciclar volviendo el envase a la economía circular. Tenemos que ser responsables tanto los productores como los consumidores del ciclo de vida de un envase y por eso debemos estar informados para saber cuál es el método de reciclado de un envase. Es tarea de todos participar en este tema tan importante".

Por otro lado, también se aprobó este lunes la ley Inteligencia Artificial, que tiene por objeto establecer un marco normativo regulatorio para el impulso, uso y desarrollo de la Inteligencia Artificial y la Robótica, a fin de fomentar la educación, el empleo, la investigación e innovación de las mismas. La norma busca fomentar la educación, la inversión y el trabajo a través del desarrollo interno de las industrias de la IA y la Robótica, crear un marco regulatorio que proteja integralmente al ciudadano como usuarios y desarrolladores, con respecto a sus datos personales o sensibles, armamentos autónomos letales, mal funcionamiento de Robótica e IA y propiedad intelectual.

El debate de las sesiones fueron presididas por el vicepresidente del Círculo de Legisladores de la Nación, el diputado (MC) Rafael Pascual.

Testimonios de alumnos

"La experiencia del Cambio de Roles 2020-2021 me ha resultado, en lo personal, sumamente enriquecedora. Para empezar, me permitió adquirir un conocimiento interiorizado sobre el funcionamiento de la labor parlamentaria, tarea para nada sencilla y muchas veces erróneamente prejuzgada por la sociedad. Incluso como estudiante de abogacía, descubrí que había muchas cuestiones que desconocía y que, gracias a esta experiencia, tuve la posibilidad de aprender", reflexionó Brisa Cámpora, diputada por el bloque de la Universidad Nacional de la Matanza.

En tanto, María Emilia Vismara, estudiante de 3° año de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba señaló que "desde el inicio, Cambio de Roles fue un desafío que nos alentó a entrenar diferentes habilidades como la oratoria, el poder de consensuar y la negociación como cúlmine de un debate en el que las partes involucradas no signifiquen rivalidad, sino una oportunidad de complementar nuestros conocimientos. El trabajo en equipo fue también una importante faceta de Cambio de Roles, y el hecho de contar con multiplicidad de miradas y opiniones, tanto dentro de cada universidad como en la relación con las demás, significo la posibilidad de enriquecernos como estudiantes y futuros profesionales. Además, el hecho de tratar temas de relevancia en la actualidad nos posicionó en un papel de participantes activos y nos hizo valorar el arduo trabajo de los funcionarios públicos, las horas detrás de cada ley y la importancia del más mínimo detalle que luego va a determinar".

Nicolás Pudenti Pasini, de la Universidad Nacional de San Martín afirmó que "como estudiante de la Universidad de San Martín, fue un gran honor enterarme que iba a ocupar la presidencia de la comisión de Presupuesto en el bloque UNSAM para el cual diseñaremos el proyecto regulatorio para inteligencia artificial en Argentina, en el marco de Cambio de Roles. Todo ha sido una experiencia única, no solo por las particularidades del contexto en el cual nos tocó transitar este proyecto, sino que ha sido de gran valor para mi formación profesional y mi labor como ciudadano poder interiorizarme y profundizar en un tema tan apasionante como el que nos tocó trabajar. El poder investigar, entender y trabajar sobre aquello que marca nuestro presente y definirá nuestro futuro, es una oportunidad única para planificar y aportar en el desarrollo, crecimiento y formación de nuestro país. Considero que esta actividad no solo me ha brindado valor desde el aspecto de conocimientos y experiencias, sino que además me ha permitido conocer, vincularse y trabajar a la par de gente increíble, con espertise y estudios variados, los cuales han enriquecido nuestro trabajo".

Pablo Kiger, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, dijo que "Cambio de Roles fue una de mis mejores experiencias y un desafío inolvidable. En este evento organizado por el Congreso de la Nación participamos desde el año 2020, cuando nos propusieron elaborar un proyecto de ley de Inteligencia Artificial y Robótica, y representar con el mismo a nuestra universidad. Así fue que durante varios meses logramos acuerdos dentro de nuestro bloque a partir de introducirnos en la temática de estas tecnologías. Pudimos construir una propuesta que más tarde compartiremos con otras universidades, para lograr nuevos acuerdos con ellas. Este rol implicó mudar nuestra mentalidad, introducirnos en lo específico del tema, abandonar algunos deseos para aceptar otros; buscar alianzas estratégicas y apoyarnos entre iguales. No sólo cambié la forma de entender la Inteligencia Artificial y robótica, sino la forma de ver la política y a mis pares, y creo que ese es el desafío que nos invita al Cambio de Roles".

"Esta experiencia fue maravillosa y hoy se corona conociendo la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Fue un trabajo arduo, de muchas sesiones virtuales durante la pandemia, pero terminarlo de esta manera lo hace espectacular. Se formó un grupo muy compañero y me llevó las mejores experiencias. En lo particular sin dudas es una experiencia increíble y la aproveché al máximo. Agradezco a todos lo que lo hicieron posible", señaló Lucas Bazán de la Universidad Nacional de Catamarca.

"Es un honor poder estar presentes en el honorable Congreso de la Nación, representando a la Universidad Nacional del Comahue. Es una experiencia muy enriquecedora que nos insta a seguir inmiscuyéndose en la política para generar cambios positivos en la sociedad", dijo María Luz Gutiérrez.

Micaela Martino, de la Universidad de Rosario, señaló que "el consenso fue la herramienta más importante para poder llegar a esta ley de Envases post consumo. Estamos orgullosos de poder llevarle a la sociedad civil este tema transversal que no podría legislarse sin tener acuerdos mínimos. No es casual que estemos legislando sobre este tema urgente, el tema ambiental que nos interpela todos como sociedad".

En tanto, Agustina Alfaro, de la Universidad de San Andrés, agradeció al IEERI y al CLNA por haber llevado adelante el Programa Cambio de Roles. Respecto al tema en discusión "planteo la conciencia individual para poder vivir en un mundo digno con envases amigables con el ambiente. Tenemos la esperanza de poder llevar la mejor ley aplicable para vivir en un país y en un mundo mejor".

El presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI), el diputado de la Nación (MC) Humberto Roggero, señaló "los desafíos que se vienen desde el Círculo de Legisladores y el IEERI para el 2022", y enumeró: Inteligencia Artificial e internet de las cosas, Neuroderechos, Salud Digital y Gestión Integral de Envases Post Consumo, Política Federal, entre otros a tiempo que invitó a las a universidades alumnos, coordinadores y profesores de las universidades presentes a ‘gobernar la gobernanza’".

"Desde el CLNA y el IEERI tenemos vocación federal. Este es el templo (refiriéndose al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación) de la democracia y la libertad, donde se defiende ideas y convicciones por eso los felicito por el empeño dispuesto para defender sus ideas. Las dos condiciones básicas para ser un buen político es saber medir los tiempos en la historia. Todo tiempo histórico tiene los representantes que se merece. El desafío es que ustedes sean los protagonistas de los tiempos que vienen, para pensar el futuro. Saber leer los tiempos que vienen y asumir el rol, es para quienes se animen. Ustedes se animaron, porque no son el futuro sino el presente", dijo Roggero.

Finalizó agradeciendo a los presentes “el esfuerzo después de un año y medio. Los felicito por la jerarquía del debate de esta sesión que fue superlativa. Este Congreso siempre expresó dos cosas: el federalismo y los pensamientos distintos de argentinos que ven el País de una u otra forma. La tarea de los legisladores no es agudizar los enfrentamientos sino buscar los consensos para sacar las mejores leyes para el bienestar de la sociedad. Para ser un dirigente político hay que conocer el alma de su gente. No invirtamos el presente en un pasado que ya no tiene futuro. Vamos a trabajar juntos a ustedes la posibilidad que la Argentina tenga una excelente ley de humedales".

En el programa "Cambio de Roles", participan prestigiosas argentinas, tanto públicas como privadas. Legisladores en actividad y con mandato cumplido, autoridades del Congreso de la Nación, personal del Círculo de Legisladores de la Nación y del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI). También embajadores y diplomáticos de las misiones acreditadas en nuestro país, autoridades nacionales e internacionales, los presidentes de la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación Argentina, autoridades universitarias, emprendedores, Cámaras Empresariales y gremiales, investigadores y especialistas en los tema tratados, periodistas e invitados especiales.

Entre el 8 y 9 de noviembre, se debatirá el tema " Neuroderechos" con la participación de las Universidades Nacionales de Mendoza, San Andrés, Morón La Matanza, Rosario, Torcuato Di Tella, Católica Argentina, la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales (UCES), y la universidad Nacional de Chile.

Finalmente 13 universidades debatirán "el Ordenamiento Ambiental del Territorio", con alumnos y docentes de las universidades nacionales de Villa María, de Entre Ríos, Tucumán, Comahue, Lanús, la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Católica de Córdoba, del Congreso de Mendoza, del Pacífico del Perú, Abierta Interamericana, Católica de La Plata y la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UNMED).

Recordemos que "Cambio de Roles" fue una actividad realizada por primera vez el 8 de junio del 2018 en las dependencias del Congreso Nacional donde se trabajó un proyecto sobre la regulación de drones. El 6 y 7 de junio de 2019 se realizó la segunda edición en la que participaron más de 200 estudiantes de 9 universidades nacionales de todo el país para finalmente aprobar por unanimidad el proyecto que regula el uso de las criptomonedas.

Participaron en las dos jornadas de debates, el actual diputado de la Nación por la Ciudad de Buenos Aires José Luis Patiño, la diputada por la provincia de Buenos Aires Silvina Lospennato, la senadora de la Nación por CABA Guadalupe Tagliaferri y los diputados (MC) Alicia Besada, Cristina Guevara, María del Cármen Alarcón, Fernanda Bendinelli, Néstor Perl y Rafael Pascual, y la senadora (MC) Mabel Müller. También autoridades y coordinadores del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales (IEERI), además de su director general, Marcelo Muscillo.

Se firmó un acta de trabajo conjunto entre la Cámara de Diputados y universidades nacionales orientado al estudio, desarrollo y diseño de políticas públicas a largo plazo que impliquen mejoras en términos de transporte, medioambiente, descentralización, planificación de conectividad, pobreza y hábitat y diseño urbanístico en las regiones más densamente pobladas de la Argentina.

Del encuentro, al que se sumó el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, participaron rectores, decanos e investigadores de distintas universidades del Gran Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Tucumán y Córdoba. Tuvo como objetivo comenzar con el desarrollo de acciones de estudio y análisis comparado sobre diferentes temas vinculados a los grandes centros urbanos del país, entre ellos: transporte, medioambiente, descentralización, planificación de conectividad, pobreza y hábitat y diseño urbanístico; lo que dará lugar a un seminario que se realizará de septiembre a diciembre del 2021.

De este modo, impulsadas por la Cámara de Diputados, a través del Instituto de Capacitación Parlamentaria (ICAP) y la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria, se realizarán distintas acciones que representan a zonas de la Argentina con espacios metropolitanos, con la participación de equipos de investigación de las universidades, fundaciones, centros de estudio, catedráticos y expertos internacionales.

En tal sentido, la directora coordinadora del Instituto de Políticas Públicas de la UNDAV Mónica Litza, expresó: "Este es el puntapié inicial a un estudio, a una investigación acerca de la formas de gobierno de los grandes conglomerados urbanos que hay en nuestro país".

Por su parte, el director del Instituto de Capacitación Parlamentaria de Diputados, Carlos Lazzarini, manifestó: “Es clave pensar las problemáticas de forma local para luego interactuar de manera global con otras ciudades y alcaldías, para encontrar soluciones más rápidas frente a este futuro tan incierto y complejo”. Luego describió que en estos 10 años los conglomerados en América Latina fueron los que más crecieron respecto a Europa.

"Es un tema importantísimo para nuestro país, tenemos que plantear la gobernanza de estos grandes núcleos urbanos y, al mismo tiempo, estamos planteando cómo hacer para sostener la población en sus lugares de orígenes. En esto estamos trabajando todas las universidades públicas, en ambos proyectos", agregó el rector de la Universidad de Córdoba, Hugo Juri.

Mientras que el decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, Omar Cueto, sostuvo: “Creemos que la gobernanza de espacios metropolitanos en la Argentina es un tema pendiente”. “Las problemáticas de la gobernanza en Mendoza siguen siendo un nudo sin resolver y una de las grandes preocupaciones que tenemos que tener como sociedad es el bienestar y el buen vivir, en igualdad de condiciones y que los habitantes puedan realizarse y desarrollarse en armonía”, puntualizó.

Durante la actividad, se proyectó un video del catedrático de la Universidad de Barcelona y experto en la temática, Joan Subirats, quien destacó “la importancia de estudiar los distintos modelos de gobernanza metropolitana, interpretando que el tema representa uno de los grandes desafíos políticos de la actualidad”, y señaló que “se trata de un desafío que debe ser abordado por los distintos gobiernos”.

Además, estuvieron presentes el asesor de Relaciones internacionales de la Presidencia de la Cámara baja, Gustavo Martínez Pandiani; el director general de Diplomacia Parlamentaria, Ariel Sotelo; los rectores Daniel Eduardo Martínez (Universidad de la Matanza), Carlos Greco (Universidad Nacional de San Martín); Jorge Calzoni (Universidad Nacional de Avellaneda), Rubén Darío Bresso (Universidad de Congreso, de Mendoza); el vicerrector Carlos Rodríguez (Universidad Pedagógica Nacional); el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Alberto Rez Masud (Universidad de Congreso) y el director del Centro de Estado, Gobierno y Políticas Públicas, Ariel Notta (UNIPE) y la investigadora Melody Galanti (UNLaM).
También, por videoconferencia participaron: el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, quien estuvo acompañado por la decana María Inés Peralta y la secretaria de investigación Liliana Córdoba de la Facultad de Ciencias Sociales, el rector Franco Bartolacci (Universidad Nacional de Rosario), el rector José García (Universidad Nacional de Tucumán) acompañado por el secretario de relaciones internacionales Horacio Madkur, la decana de Ciencia Política y Relaciones Internacionales Mónica Cingolani (Universidad Católica de Cordoba) junto a la directora del Instituto Federal de Gobierno, Griselda Ibaña, el decano José Barbero del Instituto de Transporte (UNSAM) y la investigadora Cecilia Schneider de la Universidad Nacional de Avellaneda.

La Comisión de Educación de la Cámara baja realizó este viernes una reunión informativa a través de Zoom, donde varios especialistas expusieron su opinión sobre la situación del sistema universitario y marcaron varios puntos en los que habría que modificar la actual ley de Educación Superior.

Por más de dos horas, participaron del encuentro virtual Néstor Pan, presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria; Rodolfo De Vincenzi, del Consejo de Rectores de Universidades Privadas; y los rectores Ernesto Villanueva (Universidad Nacional Arturo Jauretche); Hugo Juri (Universidad Nacional de Córdoba); Enrique Mammarella (Universidad Nacional del Litoral); y Gastón O’Donnell (UCES).

En el inicio del debate, Pan planteó que “hay que empezar a generar una agenda con el nuevo rol que va a ocupar la educación superior en este siglo, ya que notamos profundas debilitadas dentro del sistema”.

“Entonces se ve que hay un sistema universitario que no retiene y que no ofrece otra alternita ante la gran deserción de estudiantes en el 1° año de la carrera”, añadió.

En cifras, precisó que “en el conurbano bonaerense, casi un 60 por ciento de los alumnos abandonan en el 1° año y hay una tasa de graduación de solo unos 20 puntos”.

“El sistema universitario en su conjunto está muy disociado de la producción y por eso tenemos que lograr un sentido de pertenencia vinculado con el área de la producción”, dijo.

Por eso, “en las nuevas currículas tienen que estar basadas en un diseño productivo y no en el diseño de la demanda”.

A su turno, Di Vicenzi detalló que “solo el 14 por ciento de la clase económicamente activa tiene estudios universitarios completos inclusive sumando a las personas que tiene estudios superiores complejos no universitarios llegamos solo al 23.8 por ciento”.

“Una de las prioridades debería ser orientar la formación profesional a la generación de divisas y creación de empleo porque vemos que hay una brecha entre la formación profesional que demanda el mercado y la formación académica”.

En ese sentido, remarcó que “se demanda un vínculo mucho más profundo entre la universidad y el sector productivo empleador”.

Por su parte, Villanueva manifestó que "al interior de las universidades hay que trabajar la cuestión de género, la clase dirigente universitaria es mayoritariamente de hombres y esto tiene que ser corregido, creando una norma que ponga solución a esto y que aún no existe".

Para Juri, en una futura ley hay que “tener en cuenta varias cuestiones” porque “hoy hay tecnología suficiente como para dar, en muchos casos, carreras, tramos en el sistema de crédito y poder acreditar esos conocimientos de manera segura”.

En tanto, Mammarella consideró que “hay que componer nuevas ofertas y dentro de estas, tener en cuenta las nuevas realidades. Esta ley de educación superior tiene que ser mucho más federal, tiene que pensar en quien vive en distintos lugares y con distintas realidades”.

O’Donnell destacó que “el pilar de la ley, es la autonomía universitaria, tiene que ser responsable, vista y controlada porque sobre esta base está el aseguramiento de la calidad”.

Al abrir el debate, la presidenta de la Comisión, Blanca Osuna (FdT), sostuvo que “la Ley vigente N°24.521 ya tiene más de un cuarto de siglo y por eso creemos que ha cumplido una etapa”.

Previo a la reunión informativa, la Comisión de Educación emitió dictámenes favorable al Acuerdo de Cooperación en Áreas de Cultura y Educación entre Argentina y Serbia; el Acuerdo Canje de Notas para modificar el Convenio de Reconocimiento de Certificados de Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico o sus denominaciones equivalentes entre Argentina y México; el Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación provisoria de Títulos Universitarios para la realización de Estudios de Posgrado entre Argentina y la Republica Dominicana; y al proyecto de ley en revisión sobre declarar Heroína Nacional a la Libertadora Generala Juana Azurduy de Padilla.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el titular de la Comisión de Ciencia y Tecnología, José Riccardo, presentaron un proyecto de resolución donde solicitan al Poder Ejecutivo Nacional que al formular el Presupuesto de gastos y recursos de la Administración Nacional para el año 2021, incorpore la suma de trescientos dieciocho mil ochocientos noventa y seis millones seiscientos noventa y nueve mil quinientos veinticinco pesos para financiar salarios, gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales.

Para la elaboración del proyecto el legislador de Juntos por el Cambio tomó en cuenta la necesaria actualización de los gastos, por la erosión sobre el poder adquisitivo de los salarios que producirá la inflación de acumulada del año 2020, y para atender la recomposición salarial, “más que merecida” por el esfuerzo realizado durante a pandemia Covid-19, no solo por realizar su tarea docente.

Riccardo asegura que los docentes mantuvieron el dictado de clases de manera virtual, tomando las evaluaciones correspondientes, produciendo nuevos materiales de estudio y debiendo adaptar sus presentaciones. Sus investigadores han aportado descubrimientos y desarrollos tecnológicos que sirvieron para transcurrir este largo período de contagios, con sus serias consecuencias. Los extensionistas han estado allí donde se los necesitó, haciendo un aporte polifacético, que generó nuevas significaciones para esta función.

También destacan los legisladores la necesidad de realizar inversiones en la conectividad del sistema, dado el extraordinario impacto de la pandemia en las actividades académicas que implican millones de alumnos conectados, por lo cual han propuesto la incorporación de un fondo de casi cuatrocientos millones de pesos. Además, en el mismo proyecto marcan la importancia de reforzar el financiamiento de las actividades de extensión de las universidades dado el rol social que demanda su participación, para mitigar los efectos de la pandemia en las regiones que cada uno está inserto.

Finalmente, en los fundamentos del proyecto brindan la explicación de la incorporación de refuerzos con la esperanza de que se vuelva a tener un presupuesto distribuido en su mayor parte por Universidad y que les posibilite ejercer plenamente su autonomía.

Acompañaron con la firma el proyecto los diputados Rubén Manzi, Adriana Ruarte, Virginia Cornejo, Gerardo Cipolini, Jorge Enriquez, Lorena Matzen, Mario Arce, Ximena García, Lidia Ascárate, Fabio Quetglas, Mario Pastori, Álvaro De Lamadrid, Miguel Bazze, Gustavo Menna, Claudia Najul, María Luján Rey, José Cano, Estela Regidor, Pablo Torello, Héctor Stefani, Gonzalo Del Cerro, Julio Sahad y Gabriela Lena.

El jefe del bloque de diputados de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, cuestionó duramente el proyecto de actualización del presupuesto universitario que el Poder Ejecutivo nacional elevó al Congreso por considerar que “lesiona el principio básico de la autonomía universitaria porque aumenta la discrecionalidad en la distribución de recursos”.

Las universidades públicas mantuvieron las partidas presupuestarias del año 2019, ya que se prorrogó el presupuesto de ese año para el período 2020, pero en el Congreso tratan este martes una reforma a ese presupuesto que supone una ampliación de partidas en todas las áreas. Pero ese proyecto elimina un instrumento de control y seguimiento por parte del Poder Legislativo de cómo se distribuye el monto total entre las distintas universidades.

“Esto deja a criterio del Poder Ejecutivo, a través de la Jefatura de Gabinete, la decisión de cómo se va a distribuir el presupuesto, lo cual coloca a las universidades en una situación crítica, porque dependerá de la voluntad política del gobierno la asignación de fondos, lo cual daña gravemente la autonomía universitaria”, explicó Abad.

Frente a ello, la Fundación Alem, referentes políticos, organismos universitarios, legisladores y miembros de la academia solicitan que se restablezca el procedimiento de distribución que se tenía hasta ahora, a través de una planilla anexa al presupuesto que era tratada en el Congreso y así “evitar discrecionalidad en el manejo de los fondos por parte del Ejecutivo y mejorar la posición de nuestras universidades nacionales”, sostuvieron en un comunicado.

“Atentar contra la autonomía de las universidades no un buen punto de partida para el desafío que tenemos en nuestro país, que es generar un debate de fondo sobre la educación pública y su rol en la construcción de nuestro futuro. En vez de estar pensando en eso, estamos denunciando un retroceso a partir del avance del poder político sobre las universidades. Este no es el camino para pensar seriamente en el porvenir de nuestra educación”, concluyó Abad.

Un plenario de las comisiones de Educación y Cultura; Ciencia y Tecnología; y Presupuesto y Hacienda del Senado avanzó este miércoles con el dictamen favorable de un proyecto de ley para la promoción del ingreso a carreras estratégicas para el desarrollo económico, productivo y sustentable del país.

La iniciativa, impulsada por la rionegrina Silvina García Larraburu (Frente de Todos), fue consensuada con los aportes de distintos senadores, por lo cual se firmó con la unanimidad de todos los bloques.

Durante la reunión, el puntano Claudio Poggi (Avanzar San Luis-JxC) aseguró que es un proyecto que "entusiasma mucho", ya que se trata de "legislar para el futuro y nuestras próximas generaciones". Pero planteó que entre los objetivos del programa nacional que se crea, "no se habla de las becas", con lo que se puede "correr el riesgo que la universidad defina qué carreras becar".

Sin embargo, varios legisladores aclararon que las universidades estarán involucradas en la conformación de la nómina de este tipo de carreras, con lo cual "van a estar al tanto de cuáles son las carreras que se van a priorizar", señaló la formoseña Teresa González (Frente de Todos).

En el mismo sentido, el mendocino Julio Cobos (UCR-JxC) explicó que hacer una aclaración en ese sentido podría interpretarse como "poner algún condicionamiento que pueda sonar contra la autonomía universitaria". "Así que me parece que está bien definido así", dijo.

A su turno, el cordobés Carlos Caserio (Frente de Todos) manifestó: "Comprendo lo que plantea Claudio Poggi. Pero va a parecer como que queremos usar solamente las becas para estas carreras, dejando las otras de lado". Y consideró que en el proyecto "queda abierta esa posibilidad sin inhibir a que las universidades puedan tener su propia política de autonomía".

En el debate, la puntana Eugenia Catalfamo (Frente de Todos) destacó que se trata de "un proyecto completamente consensuado" y sostuvo que es "fundamental poder promover el desarrollo de estas carreras y poder incentivar a nuestros jóvenes". "No podemos dejar de lado a otras carreras a las cuales también se le otorgan diferentes tipos de beca porque sería en algún punto un acto discriminatorio", señaló.

Por su parte, el porteño Esteban Bullrich (Pro-JxC) advirtió que una modificación que no se aceptó tiene que ver con "la composición regional" contemplada. "La Ley de Educación Superior contempla siete y la redujimos a cinco. Eso puede atentar contra esa equidad federal que la ley propone", añadió.

En el cierre, la sanjuanina Cristina López Valverde (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de Educación, valoró que se recibieron "más de quince" cambios propuestos por diferentes legisladores y afirmó que "es un proyecto federal, un proyecto sumamente participativo, donde todos han podido expresarse".

García Larraburu, elogiada por sus pares por su "apertura" para consensuar la iniciativa, celebró: "Sin dudas el proyecto que va a tener dictamen es un proyecto del conjunto, que es lo más importante, poder ser nosotros los generadores de oportunidades federales para los jóvenes, para los ciudadanos, con un trabajo en conjunto político, pero apartidario".

Puntos centrales del proyecto

La iniciativa tiene por objeto "la promoción de las carreras estratégicas para el desarrollo económico, productivo y sustentable del país". Asimismo, establece que "el Poder Ejecutivo Nacional, mediante la autoridad de aplicación que establezca, publicará la nómina de carreras" consideradas en esta orientación, la cual deberá "ser actualizada cada dos años".

Esa lista se elaborará por un "Consejo Asesor", integrado por el Consejo Federal de Educación; el Consejo de Rectores de Universidades Privadas; el Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior; el Consejo Interuniversitario Nacional; el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología; el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología; y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.

También formarán parte el Ministerio de Desarrollo Productivo; el Ministerio de Economía; el Ministerio de Trabajo; el Ministerio de Educación; el Ministerio de Cultura; el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Además, estarán los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Educación y Cultura de ambas cámaras del Congreso.

El proyecto dispone que el PEN "destinará una partida del Presupuesto anual para la promoción al ingreso de estas carreras", y "dicha partida no podrá devengarse de las partidas" generales para las universidades.

Según el texto, se creará un "Registro Nacional de Becas de Educación Superior" y un "Programa de estímulo al ingreso a carreras estratégicas", para los estudiantes del último año de la secundaria, quienes además deberán poder acceder a talleres de orientación vocacional e información sobre este tipo de estudios.

Las universidades o institutos que dicten estas carreras "deberán contar con espacios y contenidos de difusión gráfica y digital, donde conste toda información relevante, plan de estudios y becas existentes para el estudio de las mismas".

En otro sentido, la iniciativa establece que las instituciones podrán deducir del impuesto a las Ganancias "la actividad educativa sistemática y de grado para el otorgamiento de títulos reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación, como asimismo la promoción de manuales culturales o, mediante los municipios, la subvención, el dictado o mantenimiento de cursos gratuitos" destinados al programa nacional de carreras estratégicas.

La diputada del Frente de Izquierda Unida Romina Del Plá presentó un pedido de informe al Poder Ejecutivo Nacional sobre la situación salarial de los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales.

Del Plá dijo que “el 90% del presupuesto universitario se aboca a sueldos y cargas sociales. En este punto se centra el problema del presupuesto para las universidades, porque en la medida en que el presupuesto nacional 2019 aún vigente tenemos un ajuste fuertísimo, si consideramos que los salarios se han congelado y se han desconocido las cláusulas gatillo y de revisión, mientras la inflación ha sido de varios puntos. Tampoco los docentes han cobrado los bonos de emergencia. Tenemos una rebaja salarial y trabajadores docentes y no docentes poniendo sus recursos para cumplir con las tareas durante el aislamiento. Inclusive docentes adhonorem, es decir, que no cobran y ponen recursos para sostener las actividades de enseñanza de la universidad. Lo mismo respecto con los estudiantes y las becas, completamente desactualizados”.

“Reclamamos un informe real de la situación presupuestaria y que se asignen inmediatamente los recursos presupuestarios para cubrir sus demandas que son elementales”, concluyó Del Plá.