La iniciativa es impulsada por la diputada de UP Agustina Propato que se fundamenta en el artículo 75 de la Constitución Nacional y surge como respuesta a la intención del Gobierno de “destruir el patrimonio nacional que constituye el Estado”.
La diputada nacional Agustina Propato (UP) presentó un proyecto de ley que busca imponer mayores restricciones al Poder Ejecutivo en la venta de bienes inmuebles del Estado, con el objetivo de “proteger el patrimonio nacional, los bienes que hacen al patrimonio del sistema de defensa, del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina”.
La propuesta legislativa establece que cualquier intento de transferencia de dominio de un bien estatal, ya sea a entidades públicas, privadas o mixtas, deberá contar con una autorización expresa del Congreso Nacional.
Propato enfatiza que esta iniciativa surge como respuesta a la “manifiesta intención” del actual gobierno, liderado por el presidente Javier Milei, de “liquidar y destruir el patrimonio nacional que constituye el Estado”. Según la diputada, el proyecto tiene como objetivo evitar que el Ejecutivo disponga de los bienes del Estado sin el control parlamentario adecuado, resguardando así los intereses soberanos del país.
La propuesta responde a la “fuerte preocupación transmitida por las fuerzas, por el destino del Regimiento de los Patricios, Campo Hípico, Remonta, Veterinaria y Fabricaciones Militares”.
El proyecto de ley se fundamenta en el artículo 75, inciso 5, de la Constitución Nacional, que otorga al Congreso la atribución de legislar sobre los bienes de dominio público y privado del Estado. “En un contexto donde abunda la preocupación por las políticas de desmantelamiento del gobierno nacional, este proyecto busca establecer normativamente que sea el Congreso, en representación del pueblo argentino, quien en última instancia autorice la transferencia de bienes inmuebles del Estado”, declaró Propato.
Además, la propuesta contempla que cualquier operación de venta, enajenación o donación de bienes estatales, independientemente del tipo de adquirente, deberá ser aprobada por el Congreso. Esto incluye tanto las transferencias a título oneroso como las que se realicen a título gratuito.
En ese sentido advierte que a la Agencia de Administración de Bienes del Estado se le otorgó públicamente mandato para "avanzar en la puesta en marcha de los procedimientos administrativos correspondientes para la venta de centenares de inmuebles pertenecientes al Estado nacional".
La legisladora nacional destacó también la importancia de “transparentar e involucrar a todas las expresiones políticas”, en decisiones que afectan al patrimonio del país, especialmente en la venta de tierras e inmuebles estratégicos para la defensa de los derechos soberanos de la Nación.
“Los legisladores tenemos la responsabilidad de velar por los intereses de nuestro pueblo, y ello implica que debemos encumbrar como principio rector el de preservación del patrimonio nacional. No podemos permitir que nuestra patria caiga nuevamente en la senda de la dilapidación”, concluyó.
El texto contiene 112 artículos y contempla cambios al monotributo y Bienes Personales, además de un nuevo blanqueo de capitales y una moratoria impositiva, entre otros.
Además de la restitución del impuesto a las Ganancias, el proyecto de ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes enviado por el Poder Ejecutivo, que será debatido en paralelo con el proyecto de Ley Bases el lunes en el recinto, también incluye la modificación en el impuesto a los Bienes Personales, blanqueo de capitales, moratoria y monotributo, entre otros.
El paquete fiscal que envía el Gobierno pretende establecer un “proceso de saneamiento de la dramática situación económica en la que está sumido nuestro país”, y hace hincapié en la “crisis fiscal” en la que Argentina se encuentra debido al “desbalance de las cuentas públicas generado por el Estado, quien en forma recurrente y continua ha realizado erogaciones por encima de sus ingresos. Este proceso de crisis se ha visto fuertemente agravado por las medidas adoptadas en materia impositiva en los 4 meses anteriores al 10 de diciembre de 2023”.
Bienes Personales
El proyecto sufrió modificaciones respecto de la Ley de impuesto a los Bienes Personales, ya que el oficialismo propone eliminar el tratamiento de alícuotas diferenciales entre bienes locales y en el exterior, que se había incorporado durante la administración de Alberto Fernández, y modificar a escalas más progresivas.
Así, mediante estos cambios el mínimo no imponible subirá de $11 a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $56 a $350 millones.
Pero la polémica en este punto surgió por la opción del pago adelantado de 5 años con una tasa reducida, que después habilita el “equilibrio fiscal”, con el pago de un porcentaje irrisorio para el contribuyente hasta 2038.
Pese a las críticas, el oficialismo no quiso cambiarlo, aunque aceptó incluir un beneficio para el contribuyente cumplidor, de medio punto de alícuota a fin de fomentar el pago regular, en la versión original era de un cuarto de punto.
Para poder calificar como contribuyente cumplidor esa persona no deberá haber ingresado al blanqueo, deberá haber presentado “en tiempo y forma” las declaraciones juradas de Bienes Personales de 2020, 2021 y 2022 y haber cancelado ese monto ante AFIP antes del 30 de noviembre de 2023.
Al respecto se introdujo otra modificación en el aumento de la reducción de la alícuota que pasó del 0,25% al 0,5% para los contribuyentes cumplidores para los periodos fiscales 2023 a 2025 que cumplan con todas sus obligaciones de bienes personales de 2020 a 2022. Originalmente el texto cubría hasta 2026 y la reducción era de un cuarto de punto. También se incorporó un beneficio al contribuyente sustituto cumplidor, que antes no estaba, y es del 0,125%.
También se introdujo una modificación de escalas progresivas del impuesto a partir del período fiscal 2023, con una alícuota inicial del 0,50% y hasta el 1,50%, eliminándose el último tramo de la escala por cada período, y desde 2027, una única tasa de 0,25 por ciento. A su vez, “las escalas serán actualizadas anualmente según Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.
Además, el Poder Ejecutivo propondrá un esquema de pago anticipado del tributo por los montos que corresponden a los próximos años, hasta 2027. Se trata del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP) con una alícuota reducida de 0,45% por año (2,25% en total) precisa el articulado.
Entre los beneficios adicionales, se cuenta que “los contribuyentes que se adhieran gozarán de una estabilidad fiscal hasta el año 2038 respecto de este impuesto y todo otro tributo nacional que se cree y tenga como objeto gravar todos o algunos activos sin que supere la carga tributaria máxima”.
Blanqueo de capitales
Para tratar de compensar la caída de la recaudación que podría generar la suba del piso de Bienes Personales, el Gobierno lanzó el Régimen de Regularización de Activos con el objetivo de captar fondos por esa vía. El proyecto permite regularizar activos no declarados hasta US$ 100.000 sin pagar el impuesto especial. Contempla alícuotas progresivas hasta el 15% para montos superiores a US$ 100.000
En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%. No obstante, las personas no residentes no podrán blanquear dinero en efectivo.
Monotributo
El Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo) actualiza los topes de facturación y cuotas, con subas de entre 300% y 330%. El ingreso tope anual sería de $68 millones, con la novedad de que será para actividades de comercio y servicios por igual.
Los monotributistas con menores ingresos inscriptos en la categoría A podrán facturar hasta $6.450.000 de forma anual, en tanto que los que están en la categoría K, la más alta, pasarán a $68 millones.
Moratoria
A su vez, el texto incluye un Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social que permitirá pagar las obligaciones impositivas y de la seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago que se elija para poner al día las deudas.
Otras medidas fiscales
En su cuarta sección, el proyecto contempla la eliminación del impuesto a transferencia de inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisa.
En la séptima sección establece el Régimen de Transparencia Fiscal al consumidor introduce modificaciones a la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) para que los consumidores tengan “mayor claridad” al momento de realizar sus compras sobre lo que están pagando.
“Cuando un responsable inscripto realice ventas, locaciones o prestaciones de servicios gravadas a consumidores finales, deberá discriminar en la factura o documento equivalente el gravamen que recae sobre la operación, el cual se calculará aplicando sobre el precio neto indicado en el artículo 10, la alícuota correspondiente”, modifica y se aplicará a quienes revistan la condición de pequeños contribuyentes.
También propone que “todos aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe final que deba abonar el consumidor final. Además, deberán indicar el importe neto sin la incidencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios, el cual deberá estar acompañado de la leyenda ‘PRECIO SIN IMPUESTOS’”.
Además, los tickets o comprobantes fiscales emitidos deberán detallar el importe discriminado del IVA y de los demás impuestos nacionales indirectos que incidan en los precios con el objetivo que todos los consumidores finales tengan conocimiento del importe pagado en concepto de esos impuestos en cada operación realizada.
Por último, la octava sección contempla otras medidas fiscales para las entidades administradoras de tarjetas de débito, crédito, compra y similares, los agrupadores, los agregadores y los demás procesadores de medios electrónicos de pago, por los pagos que se realicen a través de los sistemas que administran, procesen u operen; y las entidades financieras, por los pagos que realicen en concepto de liquidaciones correspondientes a los pagos realizados a través de los sistemas administrados, procesados u operados por los anteriores sólo podrán realizar retenciones impositivas, cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales, en tanto y en cuanto los montos que procesen excedan el equivalente a 10.000 Unidades de Valor Adquisitivo mensuales por contribuyente y deberán, con una periodicidad mensual, poner a disposición de las autoridades jurisdiccionales o interjurisdiccionales competentes, cuando así lo determinen, la información relacionada con los cobros realizados a través de los medios que administran.
La diputada de JxC sostuvo que “esta modificación legal facilitará la administración y gestión de dichos espacios y la posibilidad de realizar mejoras e inversiones”.
Los diputados nacionales Danya Tavela (Evolución Radical) y Leonardo Grosso (FdT) presentaron un proyecto de ley para posibilitar la transferencia de dominio sobre diversos inmuebles que pertenecen al Estado Nacional a favor de distintas universidades.
“La educación superior es central para el progreso y futuro de nuestro país. La adecuada gestión de las universidades nacionales públicas posibilita y mejora el acceso a ellas”, sostuvo Tavela y planteó: “Si bien en estos espacios ya están funcionando áreas de las UUNN, esta modificación legal facilitará la administración y gestión de dichos espacios y la posibilidad de realizar mejoras e inversiones”.
En esa línea, remarcó que “la educación es el principal motor de movilidad social ascendente de nuestro país. Tenemos que garantizar que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades en el mejor ambiente posible”.
Respecto del proyecto, establece en su artículo primero: “Transfiérase a título gratuito el dominio, los derechos y las acciones de los inmuebles pertenecientes al Estado Nacional, detallados en el Anexo 1 de la presente ley, en favor de las siguientes universidades nacionales: Universidad Nacional General San Martín, Universidad Nacional de Hurlingham, Universidad Nacional de José Clemente Paz, Universidad Nacional de La Patagonia Austral, Universidad Nacional de las Artes, Universidad Nacional de San Antonio de Areco, Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Nacional de Litoral y Universidad Nacional del Noroeste”.
“La transferencia comprende a todas las edificaciones, instalaciones complementarias e inmuebles por accesión ubicados en los inmuebles objeto de la presente”, señala el artículo 2.
Además, manifiesta que la transferencia se efectúa con el cargo de que los beneficiarios destinen el inmueble a los fines educativos, sociales y para el desarrollo de las actividades sustantivas de cada universidad nacional.
A su vez, establece que el Poder Ejecutivo dentro de los 60 días de sancionada la presente ley adoptará las medidas pertinentes a los efectos de concluir los trámites necesarios para el otorgamiento de las respectivas escrituras traslativas de dominio, incluyendo la confección de planos de mesura y subdivisión de los inmuebles a ser transferidos.
“La escribanía general del Gobierno de la Nación procederá a realizar la escrituración y los trámites de inscripción necesarias para la implementación de la ley”, fija.
La Cámara baja aprobó con 210 votos afirmativos, 3 negativos y una abstención la transferencia de cinco inmuebles del Estado Nacional a distintas provincias.
En la sesión de este jueves, la Cámara de Diputados aprobó la transferencia de cinco inmuebles de título gratuito, pertenecientes al Estado Nacional, a las provincias de Entre Ríos, Córdoba, Santa Cruz -que se convirtió en ley- y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre esas transferencias, figuraba la del emblemático predio donde funcionó el centro de detención La Perla, en la provincia mediterránea.
La votación resultó con 210 votos afirmativos, 3 negativos -de los liberales José Luis Espert, Javier Milei y Victoria Villaruel- y una abstención, de la tucumana Paula Omodeo.
La transferencia del inmueble del Estado Nacional en la localidad de Río Turbio, departamento de Güer Aike, provincia de Santa Cruz, a título gratuito a la Municipalidad de Río Turbio, provincia de Santa Cruz, se convirtió en ley.
Otro sobre el dominio del terreno ubicado en la calle Santiago de Liniers 395, de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, denominado “Delegación Paraná Medio”. Transferencia a título gratuito a favor de la Municipalidad de Paraná, provincia de Entre Ríos. También el inmueble propiedad del Superior Gobierno de la Nación del departamento de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Larroque, provincia de Entre Ríos.
En este caso, la diputada Blanca Osuna propuso una modificación en el artículo 2 que fue aprobada por 209 votos afirmativos y 3 negativos.
También el dominio de una fracción de terreno que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex-Centro Clandestino de Detención “La Perla” en el departamento de Santa María, provincia de Córdoba. Transferencia a título gratuito a la provincia de Córdoba. Por último, el inmueble propiedad del Estado nacional, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transferencia a título gratuito a la Universidad Nacional del Comahue.
Abrió el debate la santacruceña Roxana Reyes (UCR) puntualizó en el dictamen de transferencia de inmueble a la municipalidad de Rio Turbio por parte del Estado Nacional, lo cual celebró, pero señaló: “Quiero recordarle al Congreso que estas transferencias son con cargo y son con un tiempo para cumplir con ese cargo. Este tema es para interpelar el control que tiene que hacer el Congreso de la Nación para que se cumplan estos cargos y estos tiempos”.
“Lo menciono porque, así como hoy celebro que una localidad que esta con crecimiento demográfico este recibiendo tierras para el asentamiento de viviendas para tantos santacruceños, también destaco que hace 30 años se le ha transferido a la provincia tierras en el Chaltén que tiene una deficiencia en cuanto a tierras para poder establecerse y están viviendo los vecinos hasta en un lote 3 familias en un estado realmente que no es el aconsejable”, denunció la radical y siguió: “Es necesario estas tierras que le cedió el Estado nacional y la provincia no cumple con el cargo de subdividir los lotes para que los vecinos de Chaltén puedan establecer sus viviendas
Y cerró: “Celebro estas trasferencias de distintos inmuebles, espero que controlemos el cumplimento del cargo y del tiempo para que no suceda como en Santa Cruz que los habitantes del Chaltén hace 30 años esperan que les entreguen su lote de tierra cedido por el Estado nacional”.
Su coterráneo Jorge Verón (FdT) comentó de forma breve que “Rio Turbio se encuentra al suroeste de la Argentina. Un lugar geográfico que nos rodean montañas y valles”, y resaltó: “Este proyecto de transferencia de tierras es muy importante para dicha localidad”.
En esa línea, explicó que “esta transferencia lo va a beneficiar a nuestro pueblo, dado que son dos grandes sectores. El primero va a ser para la construcción de viviendas familiares ´+únicas y permanentes, con sus zonas comerciales sus reservas de espacios verdes. En el segundo sector será destinado a la ejecución de proyectos de emprendimientos agroganaderos y turísticos. Son derechos que necesita la gente del pueblo porque traerá trabajo, progreso y crecimiento”.
A su turno, el titular del bloque radical, Mario Negri, se refirió a la iniciativa que transfiere a la provincia de Córdoba una fracción de terreno que ocupa el Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, ex-Centro Clandestino de Detención “La Perla” en el departamento de Santa María.
Al respecto, el radical sostuvo: “Pocas palabras cargadas de significación de profundidad abarcada por el dolor, por un tiempo que ojalá no vivamos nunca más la sociedad argentina. Y para hacer justicia un reclamo que lleva muchos años legítimo desde la provincia de Córdoba para que se transfiera la propiedad donde está ubicado lo que fue el centro de detención y tortura más grande del interior del país durante la última dictadura militar”.
“El centro de detención ‘La Perla’ a quienes muchos de los torturados y homicidas lo llamaban con cierto disimulo ‘La universidad’ casi como una epopeya sangrienta sobre las luchas de estudiantes en la Universidad de Córdoba. A los jóvenes entre 2 mil y 2.500 detenidos y torturados y desaparecidos, venía con un antecedente de sangre lo que se conoció como el ‘navarraso’. Lo recordamos como si fuera hoy en la memoria aquellos días y noches de terror. Desde el 76 hasta el 78 funcionó este centro de detención en pleno mundial, con todo lo que sucedía en otros centros de detención en el país”, recordó Negri.
Y concluyó: “Es un acto de justicia no egoísta que se transfiera a la provincia de Córdoba, lo que hoy es un centro de recuerdo de visitas, de cursos de formación, por los años de terror, como ocurre en todos los lugares del mundo donde se vivió la misma situación. En 2008 bajo la presidencia de Néstor Kirchner fue inaugurado y fue un día inmenso de recuerdo y de memoria. Suena frio si decimos la transferencia de un terreno, pero lo que va a ocurrir es que quede en el mismo lugar a donde se vivió alhorro y la muerte, cuidado por el amor de los cordobeses, la historia más negra y trágica que vivó la Argentina”.
El titular del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, expresó: “Este tema tiene para los cordobeses un valor especial. La Perla es un absoluto como lo es la muerte. Hay que respetar los absolutos. Antes se puede hablar de política de esos absolutos y después también”, y retomó las palabras del Poeta Antonio Machaco ‘el golpe de un ataúd en tierra, es algo perfectamente serio’, por eso la muerte es un absoluto”.
“La Perla, esta transferencia puede ser fría si o solo si se convierte en un museo sin una política de derechos humanos como nosotros, humildemente, hemos querido llevar y la hemos concretado y lo ha transformado en este museo en algo vivió, porque la memoria tiene que ser viva y no estar al servicio de posiciones políticas coyunturales que tratan de utilizarlas de un lado o del otro, porque los derechos humanos son patrimonio de todos”.
La diputada entrerriana Blanca Osuna solicitó una modificación en el dictamen que transfiere el inmueble propiedad del Superior Gobierno de la Nación del departamento de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, a título gratuito a la Municipalidad de Larroque.
“Tiene que ver con la transferencia a la municipalidad de Paraná de un predio ubicado en el puerto nuevo. En la ciudad que es la zona norte, Paraná ha tenido tres puertos, de los cuales hoy ya no funciona ninguno en términos comerciales, fluviales ni de transporte, pero si creemos que este espacio va a permitir un desarrollo muy particular con mucho potencial que abre las posibilidades en materia turística, de desarrollo productivo, deportivo y, además, de comunicación y goce para ese lugar”, explicó Osuna.
Y propuso modificar el artículo 2 que sintetiza el objetivo de la transferencia y condiciones que co-ayuden a que el lugar las transferencias en zonas portuarias se han transformado en negocios inmobiliarios.
Osuna procedió a leer la redacción de dicho artículo: “La transferencia dispuesta en el artículo 1 se efectúa con cargo a que la beneficiaria realce tareas de regeneración e integración urbana del predio en el marco del plan maestro integral del ´rea costera de Paraná formulado con enfoque de participación ciudadana y preservación del patrimonio arquitectónico ambiental y cultural. Todo ello en acuerdo a garantizar el libre acceso y circulación en espacio público y al río; respetar el patrimonio material e inmaterial ambiental y cultural; destinar para el uso en común de la dirección nacional de vías navegables delegación Paraná Medio y el Sindicato de Personal de Dragado y Balizamiento un área para el desarrollo de sus actividades específicas tales como relevamiento y estudio sobre el Rio Paraná y labor en talleres de carpintería y mecánica, así también como otorgar sitio de amarra para sus embarcaciones, dragas y navales. Las tareas de regeneración e integración urbana mencionadas deben desarrollarse en consulta con la labor educativa de la Escuela de Educación Técnica n100 Puerto Nuevo cuyo terreno fuera trasferido por Ley 26073 con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y Marina Mercante dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación en su carácter de autoridad portuaria nacional y con el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento”.
La Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales dictaminó sobre proyecto de transferencia de inmuebles a las provincias de La Pampa, Río Negro y Santa Cruz.
La Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales del Senado, presidida por la tucumana Beatriz Ávila dictaminó favorablemente sobre tres proyectos de ley de transferencias de inmuebles propiedad del Estado nacional a provincias, y un proyecto de declaración en beneplácito por la conformación de la red de participación ciudadana e innovación pública de la región NOA.
El primer proyecto fue el de autoría del senador por La Pampa, Daniel Bensusán (Frente Nacional y Popular), que transfiere a título gratuito y en favor de la provincia de La Pampa el inmueble propiedad del Estado Nacional ubicado en el balneario Pehuen-Co de la provincia de Buenos Aires.
El segundo, es un un proyecto de ley de autoría del senador por Río Negro, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), que transfiere a título gratuito a la Mmunicipalidad de Viedma, provincia de Río Negro, la chacra designada catastralmente como 18-1-j-004, dominio perteneciente a la Colonia penal de Viedma U12, propiedad del Estado Nacional.
Y el tercero es un proyecto de ley de autoría de la senadora por Santa Cruz, Ana maría Ianni (Unidad Ciudadana), que transfiere a título gratuito a la municipalidad de Comandante Luis Piedra Buena de la provincia de Santa Cruz, el dominio del inmueble propiedad del Estado Nacional inscripto en el registro de la propiedad inmueble de la provincia de Santa Cruz en la matrícula 531 y 532 nomenclatura catastral: lote 219, fracciones: nord este y sud este.
“Estas tierras, que hoy nosotros estamos dando este paso para que la comunidad de Piedra Buena, en la provincia de Santa Cruz, pueda recibir para ampliar su ejido urbano”, comenzó la autora del proyecto, “sería como una compensación de tierra junto con el ejército, que posee justamente estas parcelas que no les están siendo fructíferas al ejército pero que si le serían otras que la Municipalidad de Piedra Buena estaría dando en compensación”.
Finalmente, el proyecto de declaración, autoría del senador por Salta, Sergio Leavy (Unidad Ciudadana), expresa beneplácito por la conformación de la red de participación ciudadana e innovación pública de la región NOA, el 30 de junio de 2022.
Al respecto, Leavy consideró que “es sumamente importante que en el NOA haya participación, que las comunidades puedan estar en contacto con los proyectos y presentar proyectos también”.
Fue durante la Comisión de Asunto Administrativos y Municipales en donde se analizaron dos proyectos que ceden inmuebles a las provincias de Río Negro y Entre Ríos.
Durante una reunión virtual de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, presidida por la senadora por Catamarca Inés Blas (FdT), los integrantes analizaron la transferencia a título gratuito de dos inmuebles del Estado Nacional a las provincias de Río Negro y Entre Ríos, lo cual tuvo dictamen favorable.
El primero de ellos fue transferido a la cooperativa rionegrina de trabajo artístico "La Hormiga Circular", iniciativa del senador Martín Doñate (FdT) y un segundo inmueble del Estado nacional cedido al municipio de Viale, Paraná, provincia de Entre Ríos, donde se cambia su destino de uso.
Este último proyecto, presentado por el senador Alfredo De Angeli (JxC) y otros, constituye la modificación de una Ley con media sanción por parte del Senado y también evita la pérdida de su estado parlamentario.
Antes de pasar a la firma los dictámenes analizados, la senadora Blas se despidió de los presentes al concluir su mandato y expresó: "Me llevo un enorme respeto y me he sentido acompañada y apoyada por parte de todos ustedes en estos dos años donde me ha tocado presidir esta Comisión".
Al finalizar, se consideraron los siguientes proyectos venidos en revisión de Diputados:
