Fue pedida por Germán Martínez y otros miembros de su bancada, para debatir sobre financiamiento universitario, FONID y jubilaciones.
“Si todas las y los diputados que suben flyers por la #MarchaFederalUniversitaria dan quórum al otro día en Diputados y sesionamos, podemos avanzar en una ley que garantice el financiamiento. El martes en las calles. El miércoles en el recinto”, fue el desafío que lanzó Germán Martínez el lunes para azuzar a sus pares a que asistan a la sesión especial que él junto a otros de sus pares pidieron para este miércoles a partir de las 11.
La convocatoria tiene mucho gancho como para poder llegar a buen puerto: UP propone debatir sobre financiamiento universitario, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la fórmula de movilidad jubilatoria. Y se da nada menos que al día siguiente de la masiva marcha en defensa de la universidad pública.
Sin embargo, no hay muchas chances de que los convocantes puedan llegar a reunir 129 presencias. Tal cual lo anticipado por parlamentario.com, los bloques dialoguistas, en negociaciones con el oficialismo por la ley de bases y el paquete fiscal, no comparten la estrategia de Unión por la Patria. Sugieren “no gastar todas las balas”, en referencia a llamar a otra sesión, teniendo en cuenta que ya están muy avanzados con el debate de movilidad jubilatoria, que ya tiene dictamen en una de las dos comisiones que deben tratar el tema, en tanto que sobre las universidades ya hubo un anuncio oficial de giro de fondos.
Es más, desde esas filas habrían sugerido al oficialismo que convoque a las comisiones involucradas en los temas a tratar en esta sesión, de modo tal de adelantarse al emplazamiento que podrían disponer desde la oposición más dura. Es lo que ya hicieron cuando la fallida sesión para tratar movilidad jubilatoria.
El temario de la sesión incluye proyectos presentados por el Frente de Izquierda, bloque de 5 integrantes que dará quórum. Pero además hay iniciativas de radicales y uno de Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, sobre el FONID.
Para llegar a los 129 necesarios para el quórum, son clave los bloques dialoguistas. Allí hay sectores dispuestos a sumarse a la reunión, a partir de las 11. Hay un grupo de legisladores de la UCR referenciados en Facundo Manes y un puñado de sus compañeros del sector de Martín Lousteau, claramente identificados con la causa universitaria, como Danya Tavela, que se sumarán.
En Hacemos Coalición Federal, la cordobesa Natalia de la Sota -que suele desmarcarse de sus comprovincianos-, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón y la mencionada Stolbizer fueron, por ejemplo, los integrantes de la bancada que conduce Miguel Pichetto que estuvieron presentes en la jornada contra el DNU 70/23 que se realizó días atrás con abogados constitucionalistas.
Lo cierto es que tanto UCR como HCF no tenían posición unificada ante la sesión.
Ninguno de los proyectos incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisión, por lo cual, en caso de abrirse la sesión, necesitarían dos tercios para su tratamiento sobre tablas. De ahí la estrategia de apostar al emplazamiento.
Como primer tema, aparecen las iniciativas referidas al financiamiento universitario, un tema que ocupará la agenda pública el día anterior con la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. El pasado miércoles, legisladores de la oposición escucharon a estudiantes en el Anexo de la Cámara baja. En la mesa principal estuvieron Blanca Osuna y Tomás Ledesma, de UP, pero también Tavela, Stolbizer y Paulón.
En el encuentro, los invitados reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.
Los proyectos contemplados para la sesión son pedidos de emergencia presupuestaria universitaria, impulsados por Romina del Plá (FIT), Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP). También hay otro de Mónica Litza (UP) con la modificación del incremento y actualización de presupuesto para las casas de altos estudios.
A su vez, una iniciativa de Danya Tavela (UCR) sobre un régimen de financiamiento universitario; una de Pablo Carro (UP) que propone financiamiento de las universidades a partir de recaudación que surge de la promoción de la economía del conocimiento; y otra de Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.
Por otra parte, hay un conjunto de proyectos referidos a la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, al cual el gobierno de Javier Milei le puso fin. Con distintos plazos de prórroga, y algunos que promueven su vigencia permanente, hay propuestas de Máximo Kirchner, Ariel Rauschenberger, Silvina Ginocchio (UP); Julio Cobos, Danya Tavela (UCR); Margarita Stolbizer (HCF) y Romina del Plá (FIT).
El tercer bloque tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria, tema sobre el cual ya hubo dictamen en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero la oposición quiere acelerar su discusión en Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, quien se ha mostrado sin intenciones de convocar para tal fin.
La semana pasada se firmaron tres dictámenes. El de UP, de mayoría (13 firmas), propone mantener la fórmula que combina RIPTE y recaudación de la ANSeS -la que el Gobierno suspendió por DNU- de manera trimestral, incorporando adelantos mensuales atados a la inflación. Asimismo prevé un 30% de recuperación para los haberes.
En tanto, el dictamen de la UCR y HCF (7 firmas) estima un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, ajustar por IPC, pero contempla adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. A su vez, establece un plus de 8,1% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, al 12,5% que el Ejecutivo estableció para abril por DNU.
Finalmente, el dictamen de la izquierda (una firma) indica que ningún jubilado podrá percibir menos que el monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual sea más favorable. E insiste con el 82% móvil.
Fue citada para este miércoles a las 11, un día después de la marcha federal en defensa de las universidades públicas. El quórum dependerá de los bloques dialoguistas.
La sesión solicitada por Unión por la Patria para debatir sobre financiamiento universitario, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y fórmula de movilidad jubilatoria fue oficializada este lunes. La convocatoria es para el miércoles, a las 11, un día después de la marcha federal a favor de las universidades públicas, que se anticipa masiva.
“Si todas las y los diputados que suben flyers por la #MarchaFederalUniversitaria dan quórum al otro día en Diputados y sesionamos, podemos avanzar en una ley que garantice el financiamiento. El martes en las calles. El miércoles en el recinto”, desafió a sus pares Germán Martínez, jefe de la bancada peronista/kirchnerista que cuenta con 99 miembros.
El temario de la sesión incluye proyectos presentados por el Frente de Izquierda, bloque de 5 integrantes que dará quórum. Pero además hay iniciativas de radicales y uno de Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, sobre el FONID.
Al número de 129 para lograr el quórum, habrá que mirar con especial atención qué hacen algunos diputados de los llamados bloques dialoguistas. Por lo pronto, se sabe que hay un grupo de legisladores de la UCR referenciados en Facundo Manes y un puñado de sus compañeros del sector de Martín Lousteau, claramente identificados con la causa universitaria, como Danya Tavela, que podrían sumar.
Dentro de HCF, la cordobesa Natalia De la Sota -que suele desmarcarse de sus comprovincianos-, los socialistas Mónica Fein y Estaban Paulón y la mencionada Stolbizer fueron, por ejemplo, los integrantes de la bancada que conduce Miguel Pichetto que estuvieron presentes en la jornada contra el DNU 70/23 que se realizó días atrás con abogados constitucionalistas.
Ninguno de los proyectos incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisión, por lo cual, en caso de abrirse la sesión, necesitarían dos tercios para su tratamiento sobre tablas. La estrategia sería en tal caso pujar por un emplazamiento de comisiones para que, con fecha y hora, se den esos correspondientes debates.
Como primer tema, aparecen las iniciativas referidas al financiamiento universitario, un tema que ocupará la agenda pública el día anterior con la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. El pasado miércoles, legisladores de la oposición escucharon a estudiantes en el Anexo de la Cámara baja. En la mesa principal estuvieron Blanca Osuna y Tomás Ledesma, de UP, pero también Tavela, Stolbizer y Paulón.
En el encuentro, los invitados reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.
Los proyectos contemplados para la sesión son pedidos de emergencia presupuestaria universitaria, impulsados por Romina Del Plá (FIT), Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP). También hay otro de Mónica Litza (UP) con la modificación del incremento y actulización de presupuesto para las casas de altos estudios.
A su vez, una iniciativa de Danya Tavela (UCR) sobre un régimen de financiamiento universitario; una de Pablo Carro (UP) que propone financiamiento de las universidades a partir de recaudación que surge de la promoción de la economía del conocimiento; y otra de Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.
Por otra parte, hay un conjunto de proyectos referidos a la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, al cual el gobierno de Javier Milei le puso fin. Con distintos plazos de prórroga, y algunos que promueven su vigencia permanente, hay propuestas de Máximo Kirchner, Ariel Rauschenberger, Silvina Ginocchio (UP); Julio Cobos, Danya Tavela (UCR); Margarita Stolbizer (HCF) y Romina Del Plá (FIT).
El tercer bloque tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria, tema sobre el cual ya hubo dictamen en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero la oposición quiere acelerar su discusión en Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, quien se ha mostrado sin intenciones de convocar para tal fin.
La semana pasada se firmaron tres dictámenes. El de UP, de mayoría (13 firmas), propone mantener la fórmula que combina RIPTE y recaudación de la ANSeS -la que el Gobierno suspendió por DNU- de manera trimestral, incorporando adelantos mensuales atados a la inflación. Asimismo prevé un 30% de recuperación para los haberes.
En tanto, el dictamen de la UCR y HCF (7 firmas) estima un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, ajustar por IPC, pero contempla adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. A su vez, establece un plus de 8,1% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, al 12,5% que el Ejecutivo estableció para abril por DNU.
Finalmente, el dictamen de la izquierda (una firma) indica que ningún jubilado podrá percibir menos que el monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual sea más favorable. E insiste con el 82% móvil.
El temario incluye el debate por la continuidad del FONID y el tratamiento de los distintos dictámenes para la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria. 24 diputados firmaron la petición.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un escrito al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para solicitar una sesión especial con fecha del próximo miércoles 24 de abril y así tratar la modificación del Presupuesto con una actualización dirigida a las partidas para universidades nacionales.
El día después de la marcha nacional de las universidades públicas para este martes 23 de abril, la oposición pretende debatir el tema en el recinto. El último miércoles, organizaciones estudiantiles debatieron con legisladores de UP, el FIT, la UCR y HCF, donde ampliaron la cuestión.
En el encuentro reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.
El temario inicia con el pedido de tratamiento de la iniciativa de Romina del Plá para declarar la emergencia presupuestaria de las obras sociales de universidades nacionales; y otro de Mónica Litza con la modificación del incremento y actulización de presupuesto para las casas de altos estudios.
Se incluyó, también, el proyecto del diputado nacional Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.
También, están incluidos los pedidos de declaración de emergencia presupuestaria del sistema universtiario impulsados por Christian Castillo (FIT-U) y Julia Strada (UP).
Cabe recordar que el presidente de la Nación, Javier Milei, prorrogó el Presupuesto 2023 para el este período a través del DNU 88/2023 a pocos días de asumir en el Gobierno Nacional. El tratamiento de la Ley de Leyes para este año quedó suspendida acuerdo mediante entre el libertario y Sergio Massa, exmnistro de Economía, en el marco de las elecciones presidenciales.
En esa línea, buscan llevar al recinto el reclamo de la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Desde la oposición han explicado anteriormente que al prorrogarse el Presupuesto 2023, “se autoimpone la continuidad del FONID”.
Creado en 1998 y revalidado período tras período, para este año el Gobierno Nacional decidió no continuar con la prórroga, por lo que perdió vigencia el 1ero. de enero del 2024 tras casi 25 años de validez .
El temario propone tratar varias iniciativas de UP, el FIT, el radicalismo y uno de Margarita Stolbizer donde exigen reestablecer la vigencia del FONID desde el 1ero. de enero de 2024 y su prórroga por 1, 2, 4 y 5 años. Todos los proyectos se presentaron en el inicio del año.
Por otro lado, están incluidos en el temario que pretenden llevar al recinto los diferentes dictámenes avalados esta semana por la Comisión de Previsión y Seguridad Social respecto a la modificación de la fórmula previsional.
Los 5 textos fueron presentados por las bancadas de Unión por la Patria (13 firmas), el bloque de la UCR junto a Hacemos Cambio Federal (7 firmas), y el Frente de Izquierda (una firma). En tanto, el bloque oficialista de La Libertad Avanza, junto al Pro, habían presentado un dictamen en defensa del DNU 274/2024 (otorgó aumento por decreto a las jubilaciones).
El pedido para sesionar lleva la firma de 24 diputados de UP. Entre otros, están las del jefe de bloque Germán Martínez, la vicepresidenta primera Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Blanca Osuna, Mónica Macha, Máximo Kirchner y Carlos Heller.
📄 • El bloque de UP solicita #SesiónEspecial para el próximo miércoles 24 de abril, a las 11.
El financiamiento de las Universidades, el Fondo de Incentivo Docente y las Jubilaciones no pueden esperar.
Tratamiento URGENTE en el recinto.
📎 Se adjunta pedido. pic.twitter.com/23kyCfpclK
— Diputados UP (@Diputados_UxP) April 19, 2024
La iniciativa fue presentada por la senadora rionegrina Mónica Silva y nace como respuesta a la eliminación del FONID. Cómo se conformaría el nuevo fondo, que tendría carácter “permanente”.
La senadora de la Nación Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) presentó un proyecto de ley para atender la crisis salarial del sector educativo mediante la creación de un nuevo Fondo Nacional para el Desarrollo Docente (Fondedoc) de carácter “permanente”, que se financiará entre otras partidas con el 20 por ciento de los derechos de exportación de la soja, y se “distribuirá” trimestralmente con las provincias adheridas con los porcentajes establecidos por la coparticipación federal.
Ante la eliminación del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, la legisladora formalizó su iniciativa a través de un proyecto de ley que presentó en el Senado de la Nación para “poner en valor el sistema educativo y fomentar la equidad entre los sistemas provinciales a los fines de impulsar la innovación y el desarrollo docente”.
La senadora rionegrina diseñó la creación del Fondedoc en respuesta a la necesidad de “defender los salarios de los docentes de Río Negro y de todas las provincias”, tras la interrupción formal del (FONID) que se dispuso mediante el decreto de necesidad y urgencia que se publicó el pasado 27 de marzo en el Boletín Oficial.
Respecto del nuevo fondo el mismo estará integrado por el 20% de las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados, no podrán “ser inferior al monto total transferido en 2023, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor”, y las diferencias “en caso de haberlas serán cubiertas por aportes de Tesoro Nacional”.
El fondo se “distribuirá trimestralmente el total de su producido, entre las provincias que adhieran, a través del Banco de la Nación Argentina, de acuerdo a los porcentajes destinados a cada provincia establecidos en la ley de Coparticipación Federal”.
El proyecto establece que el nuevo fondo podrá integrarse con “las sumas que se le asignen en el presupuesto general de la Nación, las donaciones y legados con destino específico a los programas objeto de la ley, los intereses y actualizaciones que produzcan las inversiones del Fondo, en bancos del sistema oficial”.
Como así también “los tributos nacionales y aportes que por leyes especiales se destinen a programas de apoyo al sector” y “los recursos no invertidos al término de cada ejercicio”.
Para el autor, estaba claro que si el Congreso no aprobaba las leyes libertarias, Nación estaba dispuesta a fundir a las provincias. Y lo hizo.
Nadie puede decir que el presidente Javier Milei y el ministro Luis “Toto” Caputo no hayan avisado.
El jueves 25 de enero, en una reunión de gabinete, Milei dijo sobre los gobernadores: “Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”.
El día anterior, Caputo ya había advertido en su cuenta de la red X: “Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”. Y aclaró: “No es una amenaza”.
Quedaba claro que si el Congreso no aprobaba las leyes libertarias, el Gobierno nacional estaba dispuesto a fundir a las provincias. Y lo hizo; pero nadie imaginó que lograrían su cometido en el primer trimestre del año.
El torniqute fiscal es hoy asfixiante. Las transferencias corrientes a las provincias ya cayeron un 77%.
Se trata de un ajuste por doble vía: la eliminación de transferencias no automáticas y una brutal caída de los recursos coparticipables.
Entre las que se destacan el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo Compensador para el Transporte, los adelantos para Cajas de Jubilaciones provinciales, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires, entre otros.
A ello hay que sumar la eliminación de la obra pública y el congelamiento de proyectos de inversión de la Nación en las provincias.
Según datos difundidos por el IARAF, en marzo la coparticipación de recursos a las provincias habría caído un 26% en términos reales.
El mencionado instituto destaca que la caída se explica “principalmente por el mal desempeño en la recaudación del impuesto a las ganancias (-41% real interanual) y de la recaudación de IVA (-18% real interanual)”.
Desde el Instituto Consenso Federal afirmamos que -en ambos casos- se trata de tributos muy sensibles a las variaciones de la actividad económica, los ingresos y el consumo.
Evidentemente, la política económica recesiva de Milei tiene un efecto lacerante sobre las finanzas provinciales.
En el caso del IVA y de Ganancias, el 42,34% de la recaudación se destina a la administración nacional, mientras que el 56,66% se distribuye automáticamente entre todas las provincias y el 1% se asigna al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Sin embargo, un tributo que el Gobierno aumentó drásticamente al asumir, el denominado Impuesto PAIS, en febrero incrementó su recaudación en 1439% interanual, según informes de la propia AFIP.
Un comportamiento similar tuvieron los Derechos de Exportación (“retenciones”), con 476,5% interanual de aumento en la recaudación.
Precisamente, son dos tributos que no se coparticipan. Todo lo que ingresa va a la Nación; ni un peso a las provincias.
Desde el Instituto Consenso Federal entendemos que la administración nacional amortigua la caída de recaudación de los impuestos directamente vinculados a la actividad económica interna (y que se coparticipan) con el aumento de ingresos por impuestos ligados al comercio exterior, que no se coparticipan con las provincias.
Qué deberían hacer las provincias y el Congreso
Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal
Se llevará a cabo este jueves a las 16 para reclamar la convocatoria a una sesión especial para tratar los proyectos del FoNID. Del evento participarán sindicatos docentes, centros de estudiantes, entre otros.
Luego de que se desactivara la sesión que había sido solicitada por Hacemos Coalición Federal con el objetivo de debatir sobre el futuro del Fondo Nacional de Incentivo Docente, desde el Frente de Izquierda convocan a una audiencia pública para insistir con la misma.
El evento se llevará a cabo este jueves 21 de marzo a las 16 en la Sala 2 del Anexo “C de la Cámara de Diputados de la Nación” para reclamar “el urgente tratamiento de los proyectos que dan continuidad al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID) que el gobierno de Javier Milei ha recortado arbitrariamente, junto a otros fondos nacionales destinados a garantizar el derecho a la educación en nuestro país”.
“El recorte del FoNID significa una rebaja salarial de los salarios docentes, en momentos en que en numerosas provincias siguen sin acuerdo paritario y se desarrollan luchas docentes por salario y condiciones de trabajo”, argumentaron y agregaron: “La audiencia tiene el objetivo de visibilizar que es URGENTE la convocatoria y concreción de una sesión especial para tratar dichos proyectos, entre los que se destaca el presentado por el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que plantea convertirlo en permanente y de carácter remunerativo”.
Del encuentro participarán sindicatos docentes de los diferentes niveles educativos, junto a la docencia preuniversitaria, centros de estudiantes, docentes, diputados y la comunidad educativa.
Había sido solicitada por HCF, encabezada por Margarita Stolbizer. Esperan por la conformación de la Comisión de Educación, cabecera de varios proyectos presentados por distintos bloques.
Luego de la sesión que se frustró la semana pasada en la Cámara de Diputados, Hacemos Coalición Federal decidió desactivar otra sesión que había sido solicitada para este martes, con el objetivo de debatir sobre el futuro del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
La solicitud había sido encabezada por la diputada Margarita Stolbizer. Fuentes del bloque presidido por Miguel Pichetto afirmaron a parlamentario.com que definieron no ir al recinto ante la inminente conformación de la Comisión de Educación, a la que debe convocar el presidente del Cuerpo, Martín Menem.
Varios proyectos sobre este tema, presentados por distintos bloques, tienen como primer giro la mencionada comisión. Además, deberán tratarse también en Presupuesto y Hacienda.
La semana pasada, antes de que la sesión para tratar la fórmula de movilidad jubilatoria se cayera por falta de quórum, Menem llamó a constituir la Comisión de Previsión y Seguridad Social ese mismo día.
El Fondo Nacional de Incentivo Docente nació producto del reclamo registrado hacia fines de los ’90, durante el menemismo, que docentes protagonizaron con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso. Se creó en 1999 por la Ley 25.053, con una vigencia de 5 años.
El Fondo, por el cual las provincias recibían recursos por parte de Nación para el pago de los salarios, se incorpora en el artículo 19 de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 y, a partir de allí, se dieron sucesivas prórrogas en su plazo de vigencia a través de las leyes de Presupuesto o por decreto. Precisamente, por esta última vía el expresdidente Alberto Fernández había establecido su extensión hasta el 1ro. de enero de este año.
El gobierno de Javier Milei decidió no renovarlo. Sin embargo, en el Presupuesto 2023 -prorrogado este año- se destinaron $31.175 millones para el FONID.
El temario de la sesión que se había pedido para este martes incluía el proyecto presentado por Margarita Stolbizer, quien propone extender este Fondo “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un pacto fiscal entre la Nación, las provincias y la Ciudad, que incluya entre sus cláusulas la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”.
Desde Unión por la Patria, Máximo Kirchner presentó un proyecto que propone restablecerlo “de forma permanente”. En la misma línea lo hizo Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.
Otras iniciativas plantean su prórroga por distintos plazos: Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria) por 5 años; Silvana Ginocchio (Unión por la Patria) por 2 años; Julio Cobos (UCR) por 5 años; Danya Tavela (UCR) por 4 años; y Pablo Outes (Innovación Federal) pide la prórroga sin plazo.
El bloque más numeroso de la Cámara baja puede resultar clave para alcanzar el quórum, pero también quiere que se incorporen temas como el FONID y asistencia a las provincias.
Tras el pedido de sesión que realizaron diputados de Hacemos Coalición Federal, el bloque presidido por Miguel Pichetto, para tratar la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, se iniciaron los primeros contactos con parte de la oposición.
La bancada de 23 integrantes realizó la solicitud a Martín Menem sin consulta previa a otros de sus pares, incluso a la UCR. Sin embargo, de cara a alcanzar el quórum en esa reunión, el espacio de Unión por la Patria resulta clave con sus 99 integrantes.
El bloque que preside Germán Martínez todavía no tiene una postura tomada sobre si se sentarán o no en esa sesión, ni tampoco un análisis definido sobre la fórmula de movilidad que propone la Coalición Cívica. De hecho, es una cuestión incómoda para el otrora oficialismo, que impulsó el cálculo que hoy día se cuestiona desde el Gobierno y la oposición dialoguista.
Sin embargo, las incipientes conversaciones giran en torno a la posibilidad de ampliar el temario de esa sesión e incluir proyectos que el kirchnerismo también quiere discutir: Fondo Nacional de Incentivo Docente y asistencia a las provincias, principalmente en cuanto a subsidios al transporte del interior y obra pública (hay un proyecto presentado por Máximo Kirchner que reversiona lo que fue el Fondo Federal Solidario).
En cuanto al FONID, Hacemos Coalición Federal también pidió una sesión -para una semana después-, en base a un proyecto de Margarita Stolbizer. Este tema suma muchas iniciativas, que fueron presentadas desde UP, la UCR, el Frente de Izquierda e Innovación Federal.
Más allá de la propuesta de aunar proyectos, en UP buscan esperar con prudencia qué saldo dejará la reunión entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo este viernes en Casa Rosada. Se verá también si después de ese encuentro se conoce algún tipo de reacción desde La Libertad Avanza, que por ahora no se sabe qué hará de cara a esa sesión.
Lo que sí prima desde el kirchnerismo es la postura de no entrar en una “guerra” de sesiones. “Hay bloques que ven más conveniente que la Cámara funcione a que esté cerrada, como quieren La Libertad Avanza y el Pro. (Javier) Milei quiere que esto esté congelado y eso es lo que se está viendo que no va a pasar”, expresaron con cierta satisfacción desde UP.
En caso de que la primera minoría se sume a la sesión pedida por HCF, que contaría además con sus pares de Innovación Federal, el bloque de 9 que responde a un grupo de gobernadores, el quórum alcanzaría sólo con la asistencia perfecta de esas tres bancadas.
En principio, más que la expectativa por alcanzar los dos tercios, pues los proyectos no cuentan con dictamen, la mirada estaría puesta en lograr la aprobación para emplazar a las comisiones a que debatan los temas -con fecha y hora-, una práctica que se vio en el último período del gobierno anterior, con los casos por ejemplo de la Ley de Alquileres, boleta única de papel y humedales.
Esto también obligaría a la Presidencia de la Cámara baja a acelerar la conformación de algunas comisiones, para las cuales ya se les pidió a los bloques remitir el listado de los integrantes que quieren tener en cada una.
La solicitud fue realizada desde el bloque Hacemos Coalición Federal, con la inclusión de un proyecto presentado por Margarita Stolbizer. Es para el martes 19 a las 12.
Luego del pedido para dar el debate sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el bloque Hacemos Coalición Federal presentó una nueva solicitud de sesión en la Cámara de Diputados, esta vez para el martes 19 de marzo a las 12, con la intención de discutir sobre la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Tal como contó parlamentario.com, este era otro de los temas que la bancada de Miguel Ángel Pichetto quería poner en agenda en el comienzo de las sesiones ordinarias. Al contrario de la cuestión previsional, que el Gobierno está pendiente de resolver en una propuesta -sea a través del relanzamiento de la ley de Bases o un proyecto en particular- sobre el FONID hay numerosas iniciativas de distintos bloques y una decisión del oficialismo de no renovarlo.
El proyecto que incluye el temario es el que fue presentado por Margarita Stolbizer, quien propone extender este Fondo “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un pacto fiscal entre la Nación, las provincias y la Ciudad, que incluya entre sus cláusulas la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”.
El FONID nació producto del reclamo registrado hacia fines de los ’90, durante el menemismo, que docentes protagonizaron con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso. Se creó en 1999 por la Ley 25.053, con una vigencia de 5 años.
El Fondo, por el cual las provincias recibían recursos por parte de Nación para el pago de los salarios, se incorpora en el artículo 19 de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 y, a partir de allí, se dieron sucesivas prórrogas en su plazo de vigencia a través de las leyes de Presupuesto o por decreto. Precisamente, por esta última vía el expresdidente Alberto Fernández había establecido su extensión hasta el 1ro. de enero de este año.
El gobierno de Javier Milei decidió no renovarlo. Sin embargo, en el Presupuesto 2023 -prorrogado este año- se destinaron $31.175 millones para el FONID.
Desde Unión por la Patria, Máximo Kirchner presentó un proyecto que propone restablecerlo “de forma permanente”. En la misma línea lo hizo Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.
Otras iniciativas plantean su prórroga por distintos plazos: Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria) por 5 años; Silvana Ginocchio (Unión por la Patria) por 2 años; Julio Cobos (UCR) por 5 años; Danya Tavela (UCR) por 4 años; y Pablo Outes (Innovación Federal) pide la prórroga sin plazo.
Los representantes gremiales también transmitieron sus preocupaciones a otros bloques de la oposición. La cuestión del FONID sobre la mesa.
Mientras se conocía que el Gobierno nacional finalmente convocó a gremios docentes -la semana próxima- para discutir la actualización del salario, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) se reunieron este miércoles con diputados de Unión por la Patria. Además, aseguraron que iban a transmitir sus preocupaciones a otros bloques de la oposición.
En el encuentro que se realizó en las oficinas del bloque, encabezado por los diputados Germán Martínez -jefe de la bancada-, Hugo Yasky y Blanca Osuna, los sindicalistas se refirieron a la situación educativa en la previa del comienzo de las clases, el tema de la paritaria nacional docente y los fondos que se debían mandar a las provincias, en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
El informe que presentaron incluye también cuestiones sobre las partidas para comedores escolares, la incertidumbre en torno a las becas Progresar y la infraestructura escolar.
En diálogo con la prensa acreditada en el Parlamento, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, enfatizó: “Queremos que el Gobierno nos convoque a una paritaria nacional porque entendemos que el Gobierno es responsable en caso de que no inicie el ciclo lectivo, porque hay partidas que debían ser enviadas a las provincias y lo que nosotros estamos viendo es una situación muy compleja en la mayoría de las jurisdicciones, porque los gobiernos provinciales se tuvieron que hacer cargo”.
En ese sentido, señaló que el mes pasado hubo provincias que compensaron las partidas que nos les fueron giradas por el FONID, pero algunas advirtieron que “este mes no va a ser así”.
Además, la dirigente gremial se refirió a la extensión de la jornada con una hora más de clases: “Si Nación no manda los fondos, esas horas no se van a poder dictar, con lo cual vamos a tener además un efecto pedagógico verdaderamente complejo en un momento donde hay un diagnóstico de que necesitamos a los chicos en las escuelas recuperar lo que se vivió en la pandemia, que es algo que en todo el mundo sucedió”.
Respecto del FONID, sobre el cual ya hay varios proyectos presentados desde distintos bloques para prorrogarlo, Alesso defendió que “sirvió para equiparar las desigualdades salariales en la inversión educativa entre las provincias que tenían salarios más altos y provincias en las que venían con retrasos ¿Para qué? Para que no tengamos una provincia que tiene mayores recursos con un salario tres veces superior y una provincia más pobre o con menos recaudación, atrasada en el salario”.
“Lo pagaron todos los gobiernos”, dijo sobre el FONID y recordó que el presupuesto para este año “está”, porque el Presupuesto Nacional 2023 fue prorrogado. “La Secretaría de Educación devengó los fondos y el Ministerio de Economía no lo pagó”, agregó y reveló que le enviaron una carta a los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía), y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y “contestaron que eso se iba a liquidar”.
Encuentro con ministros
En segundo lugar, se desarrolló un encuentro híbrido (presencial y virtual) donde participaron diferentes autoridades ministeriales de Educación, Economía y Hacienda, de diferentes provincias argentinas. Allí, expresaron unánimemente su preocupación por el retroceso que significa el incumplimiento del FONID, hecho que pretende retrotraer al sistema educativo a la década del 90 cuando estuvo fragmentado y caracterizado por profundas desigualdades originadas en la disparidad de recursos de las diferentes realidades provinciales.
Seguidamente, los ministros ponderaron como hecho positivo la firma de declaración del Consejo Federal de Educación, rubricado la semana pasada por todos los ministros de educación de todas las provincias, en el que se plantea la imperiosa necesidad de que se continúe con el financiamiento por parte del Gobierno Nacional y en el que se asegura que la educación no puede ser afectada por las políticas ajuste.
En ambos encuentros se destacó que, desde 1998, los distintos gobiernos nacionales respetaron siempre los compromisos financieros de la Nación con las provincias en materia educativa.
En tanto, desde el bloque de UP reafirmamos el compromiso de trabajar para la unificación de los proyectos referidos al FONID, como así también las diferentes iniciativas legislativas que se han planteado para el cumplimiento, continuidad y mejoramiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Del mismo modo, reafirmamos la educación como derecho humano y social que no admite desigualdad alguna en todo el territorio nacional.
Asistieron de forma híbrida o virtual, los ministros de Economía de provincia de Buenos Aires, Pablo López; de Educación y Hacienda de La Rioja, Ariel Martínez y Jorge Quintero respectivamente; de Hacienda y Educación de La Pampa Guido Bisterfeld y Marcela Feuerschvenger; de Educación y Economía de Tierra del Fuego, Pablo López Silva y Francisco Devita; de Economía y Educación de Catamarca, Alejandra Nazareno y Dalmacio Mera; de Educación de Santiago del Estero, Mariela Nasif y la subsecretaria de Educación de Formosa, Analía Heizenreder.
Buscan aprobar una declaración de repudio del plenario de diputados ante la acción del gobierno nacional que no prorrogó la vigencia de la ley nacional 25.053.
La diputada bonaerense de Unión por la Patria, Viviana Guzzo, presentó un proyecto de declaración en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires en repudio a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) bajo la ley 25.053, por parte del Gobierno que encabeza Javier Milei.
“Llamamos a la reflexión al Gobierno nacional para la devolución de este fondo que por ley corresponde a las y los docentes”, sostuvo la diputada bonaerense en sus redes sociales y manifestó su preocupación por la situación de la comunidad educativa.
En esta línea, Guzzo explicó en la presentación que el fondo compensador docente fue “prorrogado por todas las gestiones de gobierno”, lo que permitió que se volviese una “política de Estado desde su creación” y aclaró que con la medida también busca manifestar su apoyo a los trabajadores de la educación.
“Nuestro gobernador, Axel Kicillof está comprometido con la educación y dispuso los fondos provinciales para cubrir el FONID en enero”, informó la diputada bonaerense, al tiempo que destacó su máxima predisposición para acompañar las medidas tomadas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es preciso recordar que, el FONID es un adicional económico que representaba en muchos casos hasta el 10 y el 15% del salario docente, y que el Ejecutivo nacional giraba a las provincias argentinas para mejorar los sueldos de los maestros y profesores.
El mismo, fue creado en el año 1998 como resultado de la lucha histórica de la Carpa Blanca docente en reclamo de aumentos en los fondos económicos destinados a la educación por la crisis económica generada durante el gobierno de Carlos Menem.
Cabe destacar que, el FONID trascendió los distintos gobiernos y partidos políticos ya que, a partir de su creación, se fue prorrogando su vigencia durante 25 años. Sin embargo, el gobierno que preside Javier Milei decidió no renovar la prórroga que culminó en enero, al mismo tiempo que anunció que no habrá paritaria nacional docente, ya que el salario de los maestros “depende de cada provincia”.
La diputada de UP se refirió al proyecto sobre el tema presentado por Máximo Kirchner y detalló que en Santa Fe estos fondos representan 28 mil pesos promedio en el salario de un docente.
La diputada nacional Florencia Carignano se refirió a la no prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente por parte del gobierno de Javier Milei, y afirmó que “lo decidieron en represalia a las provincias”.
“Lo borran de un plumazo, pero hay leyes, estaba incluido en el Presupuesto 2024 y las provincias contaban con estos recursos”, señaló la legisladora de Unión por la Patria.
Además, detalló que en su provincia, Santa Fe, los recursos del FONID representan “28 mil pesos por docente”. Ahora, frente a esta situación “está en dudas algo que es básico para todos los argentinos, que es el inicio de clases”, advirtió.
En diálogo con AM530, Carignano expresó: “¿Qué libertad se puede tener si los chicos no aprenden? ¿De qué libertad me están hablando si no hay un docente bien pago? Si no hay clases, no hay libertad, no hay educación y no hay futuro para el país”.
La diputada de UP remarcó que el proyecto impulsado por Kirchner no plantea una prórroga, sino que el FONID tenga carácter permanente. “Y está consensuado con CTERA”, destacó.
“Queremos que se abra la comisión y ahí se pongan sobre la mesa todos los proyectos”, sostuvo y añadió con que “cualquier Nación que se quiera desarrollar y avanzar, le pone más presupuesto a la educación, no menos”.
Las leyes que lo contemplan están vigentes, pero el plazo de aplicación se encuentra vencido. En la previa del comienzo de las clases en todo el país, legisladores de UP, la UCR y la izquierda exigen al Ejecutivo que lo mantenga.
En el arranque del año y antes del comienzo de las clases en todo el país, uno de los primeros recortes que el Gobierno confirmó hacia las provincias fue en materia de educación: el Ejecutivo nacional decidió no extender el Fondo de Incentivo Docente, creado hace 25 años.
Si bien las leyes que lo contemplan, la 25.053 de 1999 y la 26.075 de Financiamiento Educativo (2006) se encuentran vigentes, el plazo de aplicación de dicho Fondo está vencido desde el 1ro. de enero de este año.
El Fondo Nacional de Incentivo Docente nació producto del reclamo registrado hacia fines de los ’90, durante el menemismo, que docentes protagonizaron con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso.
Desde ese entonces a la actualidad, el FONID tuvo como objetivo el aporte nacional al salario docente provincial, de modo de eliminar brechas entre las jurisdicciones, donde los recursos que se recibían por este concepto representaban entre un 10% y 20% del sueldo docente.
La Ley 25.053 creó el FONID a partir del 1ro. de enero de 1999, con una vigencia de 5 años, hasta el 31 diciembre del 2003, y para su financiamiento el Congreso creó un impuesto que gravaría con el 1% anual a las transferencias de automotores, aviones y embarcaciones.
Al presentar su proyecto de ley, un grupo de diputados de Unión por la Patria recordaron que en el año 2002, como secuela del agravamiento de la crisis de fines de 2001, el FONID no tuvo crédito y las transferencias comenzaron a realizarse con cargo a los fondos remanentes del crédito del año 2001. De 2003 a 2005, el Ministerio de Educación, a cargo entonces de Daniel Filmus, comenzó un esquema de cancelación gradual de la deuda.
El FONID se incorpora en el artículo 19 de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 y, a partir de allí, se dieron sucesivas prórrogas en su plazo de vigencia a través de las leyes de Presupuesto o por decreto. Precisamente, por esta última vía el expresdidente Alberto Fernández había establecido su extensión hasta el 1ro. de enero de este año.
“Pasado un mes de la fecha del vencimiento, no ha sido prorrogado, y se genera una profunda incertidumbre en las comunidades educativas de todas las jurisdicciones. La gravedad de la situación es aún mayor, ante el inminente inicio del año lectivo”, alertaron los diputados de UP encabezados por el pampeano Ariel Rauschenberger, en los argumentos de la iniciativa que propone prorrogarlo por el término de 5 años.
Por su parte, desde el Senado, el interbloque de UP también presentó un proyecto de ley que buscar extender la vigencia del FONID, en este caso por 2 años. “En Mendoza el incentivo alcanza a 40.000 maestros y significa $28.700 en el bolsillo de cada docente. Es entre el 8% y el 13% del sueldo de nuestros educadores”, resaltó la senadora Anabel Fernández Sagasti con un ejemplo sobre lo que representa para su provincia.
Este viernes, encabezados por Julio Cobos, diputados de UCR presentaron un proyecto que va en la misma línea que el de sus colegas de UP en la Cámara baja: una prórroga por 5 años. “El FONID es indispensable en este contexto de emergencia económica que el propio Ejecutivo nacional declaró como fundamento de decretos”, afirmó el exvicepresidente.
El mendocino advirtió que “la eliminación sin previo aviso genera un importante desfinanciamiento de las arcas provinciales, más aún en este contexto grave que vivimos”. Asimismo, aclaró que el Presupuesto 2023, prorrogado para este año, “contiene las partidas necesarias para el FONID”. “Sin embargo, a la fecha no se han transferido las mismas a las provincias, ni se ha dictado la decisión administrativa modificando las partidas”, subrayó.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada Romina Del Plá presentó una iniciativa que directamente pide reestablecer “en forma permanente la vigencia” del FONID. Además, el texto propone que “los montos correspondientes al FONID pasarán a ser remunerativos y bonificables” y se deberá retribuir “las diferencias existentes entre el carácter remunerativo que el FONID tiene y el pago efectivo como suma fija que, arbitrariamente y en perjuicio de los docentes, viene liquidando el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales”.
Mediante un proyecto de comunicación, la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, reclamó al Gobierno nacional la “urgencia” en sostener el FONID y advirtió que “la falta de recursos de este Fondo implica una disminución salarial significativa en un contexto de alta inflación y pone en riesgo el inicio de clases y, en general, la sostenibilidad del sistema educativo”.
En ese sentido, explicó que en su provincia “afecta seriamente a más de 23 mil educadores”. Y le recordó al Ejecutivo nacional que la Ley Provincial 4.819 establece que “la educación constituye un derecho social y un bien público que obliga al Estado Provincial con la concurrencia del Estado Nacional a garantizar su ejercicio a todos los habitantes de su territorio”.
A través de un proyecto de ley, un grupo de diputados reclamaron “el reconocimiento a la educación como prioridad nacional y política de Estado para construir una sociedad justa”.
Los diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley para garantizar por el plazo de cinco años la continuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) creado por la Ley Nº25.053.
La vigencia del FONID se prorrogó de forma sucesiva desde 2004 y la última prórroga se realizó a partir del 1 de enero de 2022 –por el término de dos años– en el marco del DNU 88/22 durante la presidencia de Alberto Fernández, pero ahora no fue prorrogado.
La iniciativa tiene por objeto promover “el reconocimiento a la educación como prioridad nacional y política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
Del mismo modo, plantearon que busca “garantizar el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender de los estudiantes y docentes de todo el país de forma equitativa”, en línea con los establecido por la Ley de Educación Nacional.
El texto fue presentado por los diputados Ariel Rasuchenberger, Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Juan Manuel Pedrini, Nancy Sand, Eduardo Toniolli, Silvina Ginocchio, Ana María Ianni, Tanya Bertoldi, Carolina Yutrovic y Gustavo Bordet, entre otros.
5265-D-2023 FONID