Guillermo Francos ratificó decisión de auditar las universidades y se mostró confiado en el que el próximo año habrá un crecimiento “fuerte de la recaudación de los impuestos coparticipables y las provincias van a poder resolver el atraso que pueda haber en los salarios docentes”.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó que “nunca estuvo en discusión por parte del Gobierno la importancia y la significación de las universidades nacionales” tras ser consultado por el presupuesto universitario en la sesión informativa del Senado de este miércoles.
Fue la senadora rionegrina Mónica Silva quien le consultó al funcionario sobre la “posibilidad de trabajar lo que ha venido en el proyecto de ley de Presupuesto o es una posición inflexible los fondos asignados de 3,8%”, y sobre el FONID.
“Pensamos que este tema está en manos de las autoridades provinciales y entendemos que este año fue bisagra porque había cuestiones macroeconómicas de resolver y eso impedía la disponibilidad de recursos de la Nación y de las provincias”, arrancó su respuesta Francos respecto del FONID.
Sin embargo, expresó: “Estamos convencidos que el año 2025 va a haber un crecimiento fuerte de la recaudación de los impuestos coparticipables y, por lo tanto, seguramente la provincia va a poder resolver ahí este tema o este atraso que pueda haber en los salarios docentes”.
Con respecto al tema de los vauchers educativos, explicó: “Este fue también una respuesta dada en la emergencia para solucionar a todas aquellas familias que tenían hijos en escuelas pagas de determinado nivel de aranceles bajos. Poder darles una ayuda y se lo hizo en con motivo de la emergencia”.
“Veremos, no está definido este año si va a continuar el sistema. No si el Gobierno considera que es necesario, como lo dijo el presidente Milei, desde el primer momento los temas que tiene que ver con la asistencia social son la prioridad del Gobierno”, aclaró.
Por último, sobre las universidades nacionales Francos sostuvo: “Por ahí se generó una puja no querida por el Gobierno en este tema porque nunca estuvo en discusión por parte del gobierno la importancia y la significación de las universidades nacionales”.
“Si el Gobierno hizo una referencia al tema de las auditorías, de la forma que se invierten esos recursos y, por supuesto, siempre estamos abiertos a conversar sobre los temas presupuestarios manteniendo esto que para el Gobierno es tan importante que es el equilibrio fiscal como el instrumento que nos permite solucionar los todos los problemas”, concluyó.
Había una sesión pedida por el radicalismo para llevar al recinto el Financiamiento de Universidades y el restablecimiento del FONID. Las razones de la postergación.
Convertidas en ley las leyes fundacionales de la gestión actual, toda la expectativa está puesta ahora en los temas que dominarán la escena parlamentaria de las próximas semanas. Y la atención está obviamente en los temas que llegarán al recinto. Sobre todo teniendo en cuenta que hay una sesión pedida por la oposición, que debería llevarse adelante esta misma semana.
Eso no sucederá. Al menos esta semana.
Esa sesión fue pedida el 4 de junio pasado, con las firmas de los diputados radicales Rodrigo de Loredo, Marcela Antola, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Mariela Coletta, Melina Giorgi, Lisandro Nieri, Fabio Quetglas, Roberto Sánchez, Danya Tavela y Pamela Verasay.
La convocatoria fue formulada el mismo día de la sesión en la que la oposición logró aprobar la nueva fórmula jubilatoria. Recordemos que en el inicio de esa reunión, Unión por la Patria impulsó pedidos de apartamiento del reglamento para sumar al temario previsto para esa jornada. Y a la hora de la votación nominal, las diputadas Marcela Antola y Danya Tavela argumentaron el no acompañamiento al pedido de Unión por la Patria señalando que ya había sido pedida una sesión especial para tratar esos temas el 3 de julio venidero.
En efecto, paralelamente al inicio de la sesión, el bloque radical había pedido al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, una sesión especial para el miércoles 3 de julio a las 11 de la mañana, con el fin de tratar los órdenes del día 71 y 72, referidos al Financiamiento de Universidades Nacionales, y modificación de la Ley 25.053 del FONID.
En esa ocasión, el pedido de sesión especial fue impulsado precisamente para liquidar cualquier expectativa respecto a que fuera a abordarse a continuación de la sesión que se estaba llevando a cabo la sesión posterior puesta en la agenda por UP.
Según confiaron fuentes del bloque radical, esa sesión quedó para el mes de agosto. Pasa que durante la negociación por Ganancias, hubo un pedido del Gobierno a los gobernadores de Juntos por el Cambio para que el tema educativo quedara para más adelante. Y como muestra de buena voluntad, se decidió esta postergación para después del receso invernal.
Paralelamente al inicio de la sesión especial de este martes, fue presentado un pedido de sesión especial para tratar Financiamiento de Universidades y restablecimiento del FONID.
En el inicio de la sesión especial de este martes pedida por el bloque radical de Diputados, Unión por la Patria impulsó pedidos de apartamiento del reglamento para sumar al temario previsto para esta reunión citada para las 11 de la mañana, los temas de la sesión de las 14 requerida por UP. Y a la hora de la votación nominal, las diputadas Marcela Antola y Danya Tavela argumentaron el no acompañamiento al pedido de Unión por la Patria señalando que ya había sido pedida una sesión especial para tratar esos temas el 3 de julio próximo.
En efecto, paralelamente al inicio de la sesión, el bloque radical pidió al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, una sesión especial para el miércoles 3 de julio a las 11 de la mañana, con el fin de tratar los órdenes del día 71 y 72, referidos al Financiamiento de Universidades Nacionales, y modificación de la Ley 25.053 del FONID.
El pedido fue suscripto por los diputados Rodrigo de Loredo, Marcela Antola, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Soledad Carrizo, Mariela Coletta, Melina Giorgi, Lisandro Nieri, Fabio Quetglas, Roberto Sánchez, Danya Tavela y Pamela Verasay.
Ese pedido de sesión especial fue impulsado precisamente para liquidar cualquier expectativa respecto a que fuera a abordarse a continuación de la sesión que se estaba llevando a cabo la sesión posterior puesta en la agenda por UP.
Sus diputados impulsaron apartamientos de reglamento para debatir financiamiento universitario y restitución del FONID. Desde el resto de la oposición recordaron que ya hay una sesión pedida para el mes de julio sobre esos temas que tienen dictamen.
Ante la posibilidad muy concreta de que el debate sobre la movilidad jubilatoria se llevaría toda la jornada en Diputados, relegando a la sesión pedida por UP para las 14 a fin de debatir también la cuestión educativa, desde esa bancada intentaron sin éxito este martes sendos apartamientos de reglamento para tratar el restablecimiento del FONID y un reajuste del presupuesto universitario.
En primer lugar, la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna, pidió abordar el Orden del Día N° 72 para tratar el tema del FONID, algo que consideró “estratégico”, porque “es ratificar la responsabilidad que el Estado nacional tiene respecto de la educación pública y su calidad”.
Recordó que ese aporte fue mantenido en sucesivas gestiones de distinta identidad política. “Es clave que tengamos presente que en una definición que ha adoptado el presidente vía DNU 280, se está modificando una decisión que requiere que este Congreso se exprese al respecto”, afirmó.
“Estamos solicitando que esta Cámara se exprese y no solamente sea con levantamiento de manos por sí o por no, sino por la vía individual -pidió-. Que personalmente quede claro quiénes acompañan después de tantas expresiones de solidaridad con el reclamo que no solo las organizaciones sindicales hacen, sino hombres y mujeres que se han movilizado por las universidades públicas”.
Para enfatizar ese reclamo, intervino el jefe del bloque UP, Germán Martínez, quien recordó que “desde marzo venimos planteando esta agenda en conjunto. Vinimos a una sesión solicitada por otro bloque, por el tema jubilaciones, y nos parece importante agregar a jubilaciones ambos temas. Esperemos que nos puedan acompañar; es un tema que tiene dictamen de comisiones y un profundo consenso”.
El resultado de la votación fue de 122 votos afirmativos, 110 en contra y una abstención. Entre los votos afirmativos se anotaron los radicales Mario Barletta, Pablo Juliano, Facundo Manes, Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura. Al plantear su abstención, la diputada Marcela Antola lo justificó en el hecho de que ya hay un pedido de sesión especial para tratar ese tema para el 3 de julio. La también radical Danya Tavela argumentó que no votaba a favor porque había “un aprovechamiento político para salir en la tele, en las redes, haciendo que ‘defendemos a los docentes’, cuando estuvimos 4 años no haciendo nada sobre eso. No hay postura común, aprobando esto arriesgamos que el tema se pueda tratar en el resto del año.
A continuación de la votación, el diputado cordobés Pablo Carro (UP) pidió también un apartamiento de reglamento para tratar la Orden del Día 71, para financiamiento de universidades nacionales. “Es cierto que tenemos pedida una sesión especial, pero creemos que el momento adecuado es este”, enfatizó.
Explicó luego que un docente inicial que recién ingresa a la actividad antes estaba protegido por la paritaria nacional. “Pero como este Gobierno no la convocó y no se reunió nunca, la paritaria no se ha podido actualizar. Más del 40% del sistema universitario hace 6 meses que no tiene aumento”, indicó, para agregar luego a modo de ejemplo que “la hora docente universitaria es de 3.125 pesos; un kilo de tomate cuesta 5.000 pesos… Un docente tiene que trabajar más de una hora para comprar un kilo de tomate”.
“El salario docente está muy retrasado y necesitamos resolverlo con urgencia. Hay que hacerlo ahora y no esperar a la sesión de la tarde”, alentó.
En ese mismo sentido intervino la diputada entrerriana Carolina Gaillard, quien habló de aprovechar que tenían quórum, para tratar esos temas que “a todos nos reúnen”: una mejora del haber jubilatorio; el aumento a todas las universidades y la mejora del salario docente a través del FONID. “Lo más lógico y razonable es incorporar a esta sesión el tratamiento de estos temas”, sintetizó.
Pero no alcanzó, pues los votos afirmativos, 120, no fueron suficientes. Hubo 110 en contra y 2 abstenciones.
Antes de abandonar el tema, Germán Martínez pidió la palabra para pedir “un compromiso entre todos” para dar quórum y poder tratar ese tema en la próxima sesión.
La primera sesión dependerá de la decisión de UP de dar o no quórum. Desde el radicalismo insisten en no tratar todo en una misma jornada.
Una jornada atípica se espera para este martes en la Cámara baja, donde han sido convocadas dos sesiones especiales. Pero a diferencia de lo que podría esperarse, no se trata esta vez de sesiones contrapuestas entre el oficialismo y la oposición, sino de sendas reuniones pedidas por la oposición.
La duda está planteada en si todos los sectores de la oposición darán o no quórum, y en ese sentido corre con ventaja la primera sesión convocada para las 11 de la mañana.
Esa convocatoria corresponde al bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria. El temario de esa sesión incluye los dictámenes que se firmaron el pasado 15 de mayo en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social, donde no hubo acuerdo entre Unión por la Patria, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un mismo despacho.
Los dictámenes que llegarán al recinto son de UP, el de mayoría; otro de la UCR, HCF y la CC; uno del oficialismo; uno del Pro; y el del FIT.
La oposición no se pudo poner de acuerdo durante el debate en comisiones. La gran diferencia entre los dos primeros dictámenes radica en el Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS), al que Unión por la Patria no quiere tocar, mientras que el otro conjunto de bloques propone que con esos fondos se paguen las deudas con las provincias por las cajas no transferidas y los juicios de reajuste con sentencia firme.
Sobre el cálculo para ajustar los haberes, ambos contemplan el índice IPC y la posibilidad de tomar el RIPTE si es más favorable; también buscan la recomposición de un 8,1% para alcanzar -con la ya otorgada por el Gobierno en abril- el 20,6% de inflación que hubo en enero; y buscan que ningún jubilado gane menos que lo representa una Canasta Básica Total, aunque UP sube ese piso mínimo un poco más.
El dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.
Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.
¿Una sola sesión?
La oposición “dialoguista” da por descontado que conseguirá quórum para la sesión de las 11. “Nosotros lo damos, por supuesto, y también el resto de los convocantes a la sesión”, señaló una fuente radical consultada, en referencia a Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica. Todos ellos, más la izquierda y los santacruceños, suman 71. Por eso, que haya quórum dependerá de que Unión por la Patria baje o no a esa hora.
Ahora bien, si hay quórum y la sesión puede realizarse, ¿qué sucederá con la sesión de las 14, pedida por UP para tratar temas educativos?
El bloque radical ya había dejado claro que querían dedicar este martes a la movilidad jubilatoria, lo cual no fue tenido en cuenta en la bancada de Unión por la Patria, que pidió después sesionar ese mismo día, para tratar un temario que también incluye la modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; pero además la ley de Financiamiento de Universidades Nacionales; y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Sobre estos temas educativos hay posturas encontradas en el seno de la oposición. Los radicales impulsaron el debate sobre el presupuesto universitario a través de un emplazamiento, pero ya anticiparon que están conformes con el acuerdo firmado entre los rectores universitarios y las autoridades nacionales, por lo que ya no encuentran justificación para aprobar una ley sobre ese tema.
¿No darán quórum en ese caso los radicales, para no quedar haciéndole el juego a UP? La especulación que hacen en el propio partido centenario es que el debate sobre la cuestión previsional se extenderá a lo largo de todo el día, obligando a una postergación de la cuestión educativa.
“No vemos la necesidad de meter todo el mismo día”, explicó una fuente radical consultada.
A propósito de la cuestión educativa, sobre la restitución del FONID cabe consignar que en el plenario de comisiones realizado en la semana se firmaron cinco dictámenes: de Unión por la Patria, con 34 firmas; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.
El dictamen de UP plantea la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional.
Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado. Pero además, incluyeron establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”.
Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.
Las autoridades de la Cámara baja confirmaron este viernes sendas sesiones solicitadas por el radicalismo y Unión por la Patria.
Este martes 4 de junio se dará el hecho curioso de que habrá dos sesiones especiales convocadas por distintos bloques de la oposición. Con temas compartidos, las citaciones han sido confirmadas este viernes por las autoridades de la Cámara baja para las 11 de la mañana y las 14.
En el primero de los casos, la convocatoria es del bloque radical que conduce Rodrigo de Loredo, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria. Para las 14, el bloque de Unión por la Patria de Germán Martínez llama a sesionar también por el sistema previsional, pero también por temas educativos: presupuesto universitario y restablecimiento del FONID.
El temario de la sesión pedida por los radicales incluye los dictámenes que se firmaron el pasado 15 de mayo en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social, donde no hubo acuerdo entre Unión por la Patria, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un despacho. Los dictámenes que llegarán al recinto son de UP; la UCR, HCF y la CC; uno del oficialismo; uno del Pro; y el del FIT.
Salvo la diferencia respecto del FGS (Fondo de Garantías de Sustentabilidad) la oposición más férrea y la dialoguista no estarían lejos de un acuerdo, ya que los dictámenes son muy similares respecto de la fórmula y la recomposición.
Mientras el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.
Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.
Cabe recordar que el dictamen de mayoría es de la bancada que preside Germán Martínez, con 33 firmas, y es el primero que se somete a votación en el recinto. Es por esto, que los dialoguistas, quienes llevan el segundo despacho en cantidad de firmas, 19 firmas, no ven con malos ojos unificar dictámenes con el kirchnerismo.
El pedido de UP
El bloque radical ya había dejado claro que querían dedicar esa sesión a la movilidad jubilatoria, lo cual no fue tenido en cuenta en la bancada de Unión por la Patria, que pidió horas después sesionar ese mismo día, para tratar también FONID y presupuesto universitario.
Este viernes se dio curso a ese pedido, oficializándose el llamado a sesionar este martes a las 14, a fin de tratar un temario que incluye la modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; pero también la ley de Financiamiento de Universidades Nacionales; y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Este pedido lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Pblo Carro, Silvana Ginocchio, Máximo Kirchner, Gisela Marziotta, Ariel Rauschenberger y Julia Strada.
Sobre estos temas educativos hay posturas encontradas en el seno de la oposición. Los radicales impulsaron el debate sobre el presupuesto universitario a través de un emplazamiento, pero ya dejaron claro que están conformes con el acuerdo firmado entre los rectores universitarios y las autoridades nacionales, por lo que ya no encuentran justificación para aprobar una ley sobre ese tema.
En cuanto a la restitución del FONID, en el plenario de comisiones realizado en la semana se firmaron cinco dictámenes: de Unión por la Patria, con 34 firmas; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.
El dictamen de UP plantea la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional.
Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado. Pero además, incluyeron establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”.
Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.
El organismo que asiste técnicamente a los legisladores elaboró un informe sobre el costo fiscal que tendría la vuelta del incentivo a los docentes, reclamado por la oposición.
En la última reunión de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en plenario con Presupuesto y Hacienda, avanzaron cinco dictámenes respecto de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que el Gobierno nacional decidió dejar de pagar desde el comienzo de este año.
La oposición no cerró un consenso en torno al tema, mientras que el oficialismo -con sus aliados- rechazó que vuelva a tener vigencia, bajo el argumento del "equilibrio fiscal", premisa del presidente Javier Milei, quien ya anticipó que le va a importar "tres carajos" vetar leyes que a su consideración atenten contra ese objetivo.
A partir de los distintos proyectos que culminaron en esos dictámenes, la Oficina de Presupuesto del Congreso realizó un informe sobre cuál sería el costo fiscal que tendría la vuelta del FONID únicamente para 2024.
Del estudio elaborado por el organismo de asistencia técnica a los legisladores se desprende que se trataría de un gasto equivalente al 0,21% del PIB, que representa $1.294.770 millones. "Si se realiza el supuesto de no considerar la inflación del último trimestre de 2023 y se aplica la inflación mensual de 2024, el gasto se estima en 0,16% del PIB", agrega.
Esto tiene en cuenta que las iniciativas, que establecen la prórroga por diferentes plazos para el FONID, hablan de abonar de forma retroactiva los meses pasados y luego continuar con el devengamiento mensual.
La OPC recordó que el FONID fue creado para el “mejoramiento” de las remuneraciones docentes, como un complemento remunerativo y no bonificable, y fue complementado por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente, aún vigente, ambos cubiertos con partidas previstas en el Presupuesto Nacional, pero durante este año no se realizaron pagos por estos conceptos.
"En 2023 los gastos asociados al programa presupuestario Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron una participación de 0,18% del PIB. En el último trimestre del año pasado los docentes percibieron un monto promedio mensual de $25.000 por este concepto, entre 5,9% y 12,3% del salario bruto de un maestro de primario con diez años de antigüedad", detalla el informe.
En caso que se restituyera el FONID, según las proyecciones para este año, los importes individuales oscilarían entre $43.994, en enero, y $ 90.786, en diciembre. "Si se extendiera el beneficio a los jubilados, el costo fiscal adicional sería equivalente a 0,01% del PIB cada 100.000 docentes", sumó el organismo.
La Ley 25.053, promulgada el 10 de diciembre de 1998, estableció la creación del FONID, que tenía como objetivo principal el mejoramiento de la retribución de los docentes de todo el país, tanto de gestión estatal como privada subvencionada.
El FONID fue creado inicialmente por el término de cinco años, aunque fue prorrogado sucesivamente por distintas leyes y decretos de necesidad y urgencia. La última prorroga se realizó mediante el DNU 88/2022 por el termino de dos años a partir del 1ro. de enero.
La OPC indicó que en 2023 los gastos asociados al FONID "tuvieron una participación de 0,18% del PIB". Durante 2024, al 24 de mayo se devengaron $47.456 millones, de los cuales se pagaron $3.683 millones a las provincias de Santiago del Estero ($1.525 millones), Misiones ($1.476 millones), La Rioja ($397 millones), Catamarca ($227 millones), Corrientes ($47 millones) y Chubut ($12 millones), montos correspondientes a pagos adeudados del año 2023. "Esto implica que, en términos prácticos, durante 2024 no se realizaron pagos ni por FONID ni por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente", aclaró la OPC.
En lo que respecta a los beneficiarios del FONID, según los registros obrantes en la Secretaría de Educación, en el último trimestre de 2023 una media mensual de 1.147.852 docentes (1.558.341 cargos contemplados) recibieron estos fondos pertenecientes a los cuatro niveles educativos: inicial, primario, secundario y superior, cuyo monto promedio mensual por persona en concepto de FONID fue de $25.000.
Luego de que las autoridades de la Cámara formalizaran la convocatoria para este martes 4 de junio a las 11, el bloque que conduce Germán Martínez solicitó también sesionar ese día, agregando al temario presupuesto universitario y FONID.
Contrariando la postura de la UCR de no agregar temas al debate que esperan realizar el martes que viene sobre la cuestión previsional, el bloque de Unión por la Patria pidió este jueves su propia sesión para ese mismo día, sumando los temas relacionados a la cuestión educativa que obtuvieron dictamen los últimos días.
Más temprano, las autoridades de la Cámara baja habían formalizado la convocatoria a la sesión pedida por el bloque de diputados nacionales del radicalismo para el martes 4 de junio a las 11, para tratar los proyectos sobre movilidad jubilatoria. El bloque de Rodrigo de Loredo ya había dejado claro que querían dedicar esa sesión a la movilidad jubilatoria, lo cual no fue tenido en cuenta en la bancada de Unión por la Patria, que conduce Germán Martínez, que pidió horas después sesionar ese mismo día, para tratar también FONID y presupuesto universitario.
El temario de la sesión pedida por los radicales incluye los dictámenes que se firmaron el pasado 15 de mayo en la reunión plenaria de Presupuesto y Hacienda, y de Previsión y Seguridad Social, donde no hubo acuerdo entre Unión por la Patria, los radicales, la Coalición Cívica y los bloques federales para unificar un despacho. Los dictámenes que llegarán al recinto son de UP; la UCR, HCF y la CC; uno del oficialismo; uno del Pro; y el del FIT.
Salvo la diferencia respecto del FGS (Fondo de Garantías de Sustentabilidad) la oposición más férrea y la dialoguistas no estarían lejos de un acuerdo, ya que los dictámenes son muy similares respecto de la fórmula y la recomposición.
Mientras el dictamen de LLA ratifica el DNU 274/24 del Poder Ejecutivo; el despacho del Pro también lo hace, pero suma el pedido de una recomposición del 8,1%. Tras la polémica que despertó María Eugenia Vidal de que se haga en 12 veces, finalmente el texto faculta al Gobierno “a establecer la forma en que dicho incremento se hará efectivo”.
Por último, el dictamen del Frente de Izquierda plantea que ningún jubilado gane menos que la Canasta Básica del Adulto Mayor y contempla el 82% móvil.
Cabe recordar que el dictamen de mayoría es de la bancada que preside Germán Martínez, con 33 firmas, y es el primero que se somete a votación en el recinto. Es por esto, que los dialoguistas, quienes llevan el segundo despacho en cantidad de firmas, 19 firmas, no ven con malos ojos unificar dictámenes con el kirchnerismo.
El pedido de UP
En la tarde del jueves se conoció el pedido de un grupo de diputados de Unión por la Patria para sesionar también el martes 4, pero a las 14, a fin de tratar un temario que incluye la modificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; pero también la ley de Financiamiento de Universidades Nacionales; y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).
Este pedido lleva las firmas de Germán Martínez, Cecilia Moreau, Paula Penacca, Blanca Osuna, Ricardo Herrera, Carlos Heller, Pblo Carro, Silvana Ginocchio, Máximo Kirchner, Gisela Marziotta, Ariel Rauschenberger y Julia Strada.
Sobre estos temas educativos hay posturas encontradas en el seno de la oposición. Los radicales impulsaron el debate sobre el presupuesto universitario a través de un emplazamiento, pero ya dejaron claro que están conformes con el acuerdo firmado entre los rectores universitarios y las autoridades nacionales, por lo que ya no encuentran justificación para aprobar una ley sobre ese tema.
En cuanto a la restitución del FONID, en el plenario de comisiones realizado en la semana se firmaron cinco dictámenes: de Unión por la Patria, con 34 firmas; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.
El dictamen de UP plantea la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional.
Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado. Pero además, incluyeron establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”.
Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.
No hubo consenso entre los bloques de la oposición respecto al proyecto, pero igualmente lograron frenar la intención de LLA y el Pro, que buscaban evadir lo fijado en el emplazamiento de las comisiones. El radicalismo incluyó la educación como servicio esencial y generó polémica.
La oposición en la Cámara de Diputados no logró ponerse de acuerdo en torno a un dictamen sobre la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente, pero igualmente, conforme a lo que se había votado en la última sesión, logró frenar un intento de La Libertad Avanza y el Pro de postergar el tema.
Al arrancar la reunión, el presidente de la Comisión de Educación, el macrista Alejandro Finocchiaro, recordó que el encuentro se daba en el marco de un emplazamiento, pero planteó llevar adelante un cronograma y recién emitir dictamen el miércoles 12 de junio, con el fin de tener un “estudio serio y profundo” sobre el costo fiscal del asunto.
Sin embargo, su propuesta naufragó porque la oposición -en condición de mayoría- insistió con respetar el emplazamiento votado, que había dispuesto el jueves pasado para el comienzo del debate y este martes para la firma de los despachos.
En el final hubo en total cinco dictámenes: Unión por la Patria, con 34 firmas, el de mayoría; LLA, Pro, MID e Independencia, con 26 firmas (de rechazo); Unión Cívica Radical, con 12 firmas; Hacemos Coalición Federal, con 4 firmas; y el Frente de Izquierda, con 2 firmas.
Desde UP plantearon en su despacho la vigencia del FONID desde el 1ro. de enero de 2024, con una extensión por cinco años; y que los montos del Fondo se definan en el Convenio Marco/Paritaria Nacional.
Por su parte, la UCR prevé restablecer el FONID y que el Consejo Federal de Educación elabore “una propuesta de sustitución” del mismo. “Hasta tanto el Fondo Nacional de Incentivo Docente no se encuentre sustituido y los fondos garantizados a cada jurisdicción, dicho fondo se mantendrá vigente”, dice el articulado.
Pero además, como revelaron las diputadas Carla Carrizo y Danya Tavela, el radicalismo incluyó en su dictamen establecer la educación “en los ciclos de escolaridad obligatoria, como servicio estratégico esencial, garantizando el pleno derecho humano a educarse en igualdad de oportunidades y posibilidades”. Esto generó polémica y rechazos por parte de legisladores de otros bloques, al traer al debate un tema que viene siendo reclamado hace tiempo y que no estaba contemplado en el emplazamiento.
Con fuerte enojo contra Rodrigo de Loredo, el cívico Maximiliano Ferraro habló de una “mejicaneada”. “Yo no voy a permitir que este plenario o esta Cámara habilite el ‘como sí’ la simulación o el cinismo para pagar las culpas que puede tener alguna conducción de bloque”, lanzó y se manifestó en contra de que “vengan hoy acá a cambiar el eje de lo que es producto de esa sesión que tuvimos” para quedar “como abanderados de la esencialidad educativa”.
Y atribuyó que esa propuesta es “porque no pueden hacerse cargo algunos del acuerdo que lograron con Unión por la Patria y el resto de todos los bloques opositores” para emplazar a las comisiones. “Lo hago responsable al presidente del bloque del radicalismo de cambiar el eje de la discusión que teníamos que dar hoy”, enfatizó Ferraro.
Desde Hacemos Coalición Federal, en línea con la iniciativa que originalmente había presentado Margarita Stolbizer, buscan que se restituya el FONID “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un Pacto Fiscal entre la Nación, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluya entre sus cláusulas, la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”. Mientras que la izquierda plantea la vigencia del FONID de forma permanente y que se actualice mensualmente por inflación.
El presidente Javier Milei decidió no extender este año la vigencia del FONID, que venció el pasado 1ro. de enero. La última prórroga, por dos años, había sido por un decreto de Alberto Fernández en 2022. Desde su creación, en 1999, fruto de la protesta docente de la “Carpa Blanca”, el FONID fue a lo largo de todos estos años prorrogado por distintas leyes o decretos.
Los recursos destinados a las provincias tenían como objetivo contribuir a los salarios docentes, de modo de eliminar brechas entre las jurisdicciones, donde los fondos que se recibían por este concepto representaban entre un 10% y 15% del sueldo de los maestros.
El mayor reclamo surgió además de que el Presupuesto 2023, prorrogado este año, ya tenía previstos los montos para el FONID. Sin embargo, en marzo pasado, mediante el DNU 280/24, el Gobierno modificó el destino de estas partidas.
El debate
“Teniendo en cuenta la complejidad de la cuestión y el costo fiscal, que estimamos en no menos de 1 billón de pesos a 1,4 billones de pesos; teniendo en cuenta que el superávit que este Gobierno ha logrado, pero que en realidad ha logrado la sociedad argentina durante estos cinco meses en base a un gran sacrificio, es de 1,1 billones, les queremos proponer un cronograma con la posibilidad de estudiar a fondo lo que vamos a votar y no votar a boca de jarro una medida que, más allá de si estamos de acuerdo o no, implica un costo fiscal enorme para la sociedad argentina, no para el Gobierno o la Secretaría de Educación”, planteó Finocchiaro en el principio.
Y, a continuación, sugirió convocar a una reunión informativa para este jueves a las 13, con la participación del secretario de Educación, Carlos Torrendell; otra para el próximo 5 de junio a las 14, con los ministros de Educación del país; y finalmente el miércoles 12 de junio a las 15 para dictaminar.
Al hablar inmediatamente después, la vicepresidenta de la comisión, Blanca Osuna, resaltó que el emplazamiento de las comisiones fue votado en el recinto por 152 diputados. “Es clave no relativizar su envergadura”, enfatizó y dijo que “no hay en la historia de esta Cámara un desconocimiento a un emplazamiento”. Además, mencionó que anteriormente un grupo de diputados había apelado al artículo 109 del reglamento para incorporar las iniciativas sobre FONID al temario de la comisión; y que se recibió también una nota de ministros de Educación de distintas provincias pidiendo su tratamiento.
La entrerriana señaló que el FONID fue “una responsabilidad asumida en el acuerdo democrático por la Nación y las provincias” y se implementó “por todos los gobiernos, más allá de los colores o partidos”. “Incluso usted como ministro de Educación (durante la gestión Cambiemos) cumplió con el FONID; quizás no como nos hubiese gustado, pero cumplió, así que no se va a poder desdecir”, le enrostró la legisladora de Unión por la Patria a Finocchiaro.
“La educación argentina necesita docentes con buenos salarios”, aseguró y si bien admitió que “el FONID no soluciona cabalmente esa realidad” es “indispensable que asumamos esta responsabilidad”, respecto de mantenerlo vigente.
Molesto con la intención del oficialismo y el Pro de dilatar la cuestión, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez, arrancó: “El reglamento, las resoluciones tomadas por el recinto y los acuerdos políticos están para cumplirse”. Y cuestionó que con este tema “que afecta a todas las provincias y a todos los docentes de la República Argentina, algunos quieren mirar para el costado”.
“Que vengan a proponer un cronograma que no tiene nada que ver con lo votado por 152 diputados tiene un límite, que es el que nosotros tenemos que expresar: nosotros venimos a dictaminar sobre el FONID, por decisión política de nuestro bloque, pero además porque lo indicó el cuerpo en una decisión tomada en el recinto, a la cual no se puede obviar ni postergar”, ratificó.
A su turno, el diputado del FIT Christian Castillo fustigó contra el oficialismo: “Acá se ha sostenido que hay que bajar el impuesto a los Bienes Personales y lo han votado un montón de diputados y diputadas. Para bajarle impuestos a los que tienen departamentos en Miami y Punta del Este hay plata. Para el FONID y que los docentes ganen un poco más, no hay plata. Para no enviar la comida a los comedores populares, no hay plata. Para darle exenciones impositivas a (Marcos) Galperin hay plata. Para el salario de los docentes universitarios, no hay plata. Para bajarle Ganancias a las grandes corporaciones con el RIGI, hay plata. En este punto se concentra parte de la hipocresía de todo el discurso gubernamental, que es: plata para los que están forrados en guita hay, y cada vez les damos más; plata para el pueblo, nunca hay y les sacamos cada vez más. Entonces, no vengan con lo que significa económicamente. Está la plata, lo que pasa es que la quieren girar hacia otro lado”.
Desde La Libertad Avanza, Santiago Santurio lamentó que “estamos hablando poco y nada sobre si están aprendiendo los chicos en los colegios o no” cuando hay un “retroceso en alfabetización” y “los chicos no saben leer ni escribir”.
“El Estado nacional no paga a los docentes porque no tiene escuelas. Las provincias son responsables de este Fondo”, consideró y dijo que “el FONID claramente no está vigente, tenía una fecha y caducó” y así lo sostuvo “un juzgado de La Plata” ante un reclamo judicial. “Es muy fácil gobernar repartiendo plata. Esa manera de gobernar es la que nos trajo hasta acá. El superávit es la piedra angular para salir de la decadencia”, argumentó el libertario.
Al cruce le salió el diputado de UP Hugo Yasky: “Cuando escucho hablar a algún diputado, yo me lo imagino un mes teniendo que trabajar en las condiciones que trabajan las maestras de la Argentina en las barriadas pobres, y lo encontraría desesperado, pidiendo a los gritos que lo saquen de la escuela. ¡Reivindico a las maestras de la Argentina! Que con dignidad le enseñan a leer y escribir a estos que son verdaderos ignorantes”.
En sintonía con el oficialismo, la macrista Silvia Lospennato cuestionó la práctica de “legislar con una enorme irresponsabilidad fiscal y técnica”. “Gastamos los recursos del Estado que son el aporte de cada contribuyente de la Argentina con los cinco dedos oscilantes, no sabiendo cuánto cuestan los proyectos”, subrayó y consideró que “tenemos el déficit fiscal que tenemos, entre otras cosas, porque los legisladores nos creemos que se hace la plata escribiendo en un papel los gastos que se nos ocurre hacer”.
En la reunión plenaria de este jueves, iniciará el debate para tratar siete proyectos sobre la prórroga del FONID, el cual perdió vigencia el 1ero. de enero de este año al no ser renovado por el Poder Ejecutivo tras 26 años.
Tal cual se aprobó en la sesión especial de este martes, las comisiones de Educación, que preside el diputado macrista Alejandro Finocchiaro, y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de José Luis Espert, oficializaron la reunión plenaria de este jueves a las 14 para dictaminar los proyectos sobre financiamiento educativo e iniciar el debate sobre el FONID (Fondo de Incentivo Docente).
Luego de la aprobación del emplazamiento pedido por el jefe de bloque radical, Rodrigo de Loredo, en la sesión, las autoridades de las dos comisiones ratificaron el acuerdo hecho en el recinto. La idea es dictaminar este jueves los nueve proyectos sobre actualización presupuestaria y declaración de emergencia educativa hasta el 31 de diciembre del 2024 impulsados por la Unión Cívica Radical, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y uno de Innovación Federal.
Además, comenzará el debate para restablecer la vigencia del FONID, el cual no fue prorrogado por el Poder Ejecutivo para este período tras 26 años. Respecto a ese tema, hay 7 proyectos de ley presentados por: 3 de UP, de Ariel Rauschenberger, Silvana Ginocchio y Máximo Kirchner; 2 de la UCR, de Danya Tavela y Julio Cobos; uno de Margarita Stolbizer (HCF); y uno de Romina Del Plá (FIT).
Si bien se acordó que el debate por el regreso del Fondo de Incentivo Docente comenzara el martes 28, en la citación de la Secretaría Parlamentaria se anunció que empezaría este jueves tras la firma de los despachos a los textos sobre la movilidad en el presupuesto de las casas de altos estudios.
Los proyectos que las autoridades de estas comisiones se comprometieron a dictaminar son la declaración de emergencia presupuestaria de las obras sociales de los docentes, impulsado por Romina Del Plá; una actualización presupuestaria de Mónica Litza; y un proyecto sobre un nuevo Régimen de Financiamiento Educativo de la radical Danya Tavela.
También, serán tratados los textos sobre promoción de la economía del conocimiento, de Pablo Carro; las declaraciones de la emergencia presupuestaria de Christian Castillo y Julia Strada; la propuesta de una tarifa diferencial de gas y electricidad en las universidades de Martín Soria; y un proyecto de Régimen de Protección al Financiamiento Educativo Nacional de la jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti.
La discusión en la Cámara de Diputados se extendió por varias horas. Menem sometió primero a votación el temario, que previsiblemente no obtuvo los dos tercios para tratarse sobre tablas. Tuvieron aval los pedidos con día y hora para apurar ambos temas en Educación y Presupuesto.
Tras varias horas de fuertes cruces entre diputados, la oposición en la Cámara baja logró aprobar este martes el emplazamiento de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda para que, con día y hora, apuren los dictámenes de los proyectos relacionados al financiamiento universitario y la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
En medio de reclamos y discusión por cuestiones reglamentarias, pasadas las 18.30 el presidente del Cuerpo, Martín Menem, sometió a votación el temario con el cual el bloque de la Unión Cívica Radical solicitó la sesión. Ninguno de esos proyectos contaba con dictamen, por lo que -previsiblemente- no se alcanzaron los dos tercios de los presentes para tratarse sobre tablas. La votación resultó con 131 positivos, 101 negativos y 0 abstenciones.
Posteriormente se pasó a votar la moción de pedido de emplazamiento de las comisiones realizadas por el jefe del radicalismo, Rodrigo de Loredo, y el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez. Por un lado, uno se refirió al financiamiento de las universidades, y el otro al FONID, respectivamente. Esto abrió un ida y vuelta con Menem, que planteó que eran dos mociones distintas y por lo tanto tenían que hacerse dos votaciones. Después de insistir, la UCR y UP lograron que se voten en conjunto.
De esta manera, el emplazamiento dispone que el plenario de Educación y Presupuesto se reúna este jueves a las 14, con “la obligación de emitir dictamen” sobre presupuesto de las universidades nacionales; mientras que en esa misma reunión deberán tratarse las iniciativas sobre el FONID, para dictaminar sobre ésta cuestión el próximo martes 28 de mayo a las 15. Fue aprobado con 152 votos a favor, 81 en contra y 0 abstenciones.
Positivamente lo hicieron los bloques de Unión por la Patria, UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, Coalición Cívica, Frente de Izquierda, Por Santa Cruz y Movimiento Popular Neuquino.
Mientras que rechazaron La Libertad Avanza y sus aliados del Pro, el MID, los tucumanos de Independencia, Buenos Aires Libre y Creo. Además votaron negativamente Ricardo López Murphy, de Hacemos Coalición Federal -el único de su bancada- y los sanjuaninos de Producción y Trabajo.
La sesión de este martes estuvo en duda hasta minutos antes; si bien no había sido levantada por sus impulsores, los radicales se congregaron en las oficinas de De Loredo a poco tiempo del inicio y evaluaron qué harían luego que desde el Gobierno nacional llegara el anuncio de que se había acordado con el Consejo Interuniversitario Nacional un aumento del 270% (para gastos de funcionamiento, no de salarios) para todas las universidades, como sucedió antes con la UBA. Un incremento que regirá para este año.
Pero previamente, el oficialismo ya había intentado frenar la sesión con la convocatoria al plenario de Educación y Presupuesto para este jueves a las 16. Ahora el emplazamiento fue para dos horas antes. Cuando este lunes la Libertad Avanza y sus aliados del Pro movieron esa ficha ya había incluso radicales que sugerían no ir a la sesión, por más que era su propio espacio el que la había pedido. ¿El argumento? No quedar “pegados al kirchnerismo”.
Unión por la Patria ya había avisado que bajaría a dar quórum y que además pediría por el emplazamiento para tratar los proyectos relacionados al FONID. Así fue finalmente.
A las 14.22 se alcanzó el quórum, con la presencia holgada de 138 legisladores. A los diputados de la UCR y UP se sumaron por la Coalición Cívica cinco de seis de sus integrantes: Juan Manuel López, Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Marcela Campagnoli.
También dieron el presente los cinco legisladores del Frente de Izquierda Myriam Bregman, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Alejandro Vilca y Christian Castillo.
Por Hacemos Coalición Federal, sólo cuatro diputados estuvieron para el quórum -los demás, como Miguel Pichetto, bajaron luego- y fueron: los cordobeses Ignacio García Aresca y Oscar Agost Carreño; y los socialistas santafesinos Mónica Fein y Esteban Paulón.
Además, se sentaron en sus bancas para aportar al número Agustín Domingo (Innovación Federal), Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz).
La sesión transcurrió durante horas por otros temas: hubo más de una veintena de cuestiones de privilegio, tres homenajes y pedidos de apartamiento del reglamento para tratar repudios contra el secretario de Culto, Francisco Sánchez, lo pidió la massista Cecilia Moreau; el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, a solicitud de la macrista Silvia Lospennato; y el presidente español, Pedro Sánchez, a propuesta del libertario Nicolás Mayoraz. Sin los dos tercios, ninguno prosperó.
La sesión había sido pedida por el bloque que conduce Rodrigo de Loredo el viernes pasado.
El oficialismo y sus aliados del Pro cuestionaron en varios tramos la realización de la sesión, al recordar que el plenario ya estaba citado para este jueves. Algo sobre lo que hizo énfasis el titular de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, quien no ocultó su malestar por el avance de la sesión -que calificó de “ridícula, ignominiosa, desprolija y grave”- y responsabilizó al jefe del bloque radical, a quien acusó de “faltar a su palabra”, ya que según el macrista el viernes se había acordado llevar estos temas directamente al plenario de esta semana.
“Quién sabe qué culpas tiene que lavar el diputado De Loredo para habernos metido en esto”, lanzó y desafió: “Quiero, por su intermedio señor presidente (dirigiéndose a Menem), manifestarle al diputado De Loredo que no sólo tengo honor para mantener mi palabra, sino que tengo coraje y hombría de bien para mantener mis dichos”.
Al responderle, De Loredo expresó: “Esas reuniones nocturnas a las que usted le asigna una relevancia tan trascendente, y además las falsea, no son a las que le damos prioridad”. “Nosotros le damos prioridad a las reuniones de día y con la luz prendida y la palabra en público”, retrucó el cordobés. En su discurso, afirmó que estaban presentes “por una cuestión de tiempo, porque el tiempo está pasando y las soluciones no aparecen”.
Ante la extensa previa de la votación, el líder de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, se quejó: “Esta tarde nos deja una experiencia lamentable. Esto ha sido interminable y lamentable”. “Tienen que funcionar las comisiones y tiene que haber trabajo de comisiones con dictámenes, porque eso nos permite ordenar el recinto, sino como dijo el diputado (Leopoldo) Moreau, es debate libre”, sostuvo.
“Nosotros no vamos a avalar con dos tercios el tratamiento del financiamiento universitario. Tiene que haber dictamen de comisión y saber con certeza lo que se va a votar”, insistió y aclaró que desde su bloque no iban a hacer “demagogia barata”.
Por otro lado, en línea con un reclamo que Germán Martínez había planteado anteriormente, Pichetto le reclamó a Menem que “hay que armar las bicamerales presidente, porque hay organismos del Estado que requieren control”.
Casi en el cierre, la diputada radical Danya Tavela, referente del ámbito universitario, lamentó el “debate descalificador, lleno de agravios, de aprietes, de amenazas, de códigos que se rompen”. “Hicimos un recorrido conjunto respecto de este tema con todos los espacios políticos que integran esta cámara, a veces con acuerdos, a veces con diferencias, pero siempre tratando de encontrar el equilibrio y respetándonos. Lamentablemente hoy ese nivel de diálogo pareciese que no va a poder sostenerse en el tiempo”, manifestó.
Además, recordó que “las respuestas las venimos trabajando con el sistema universitario argentino desde hace más de dos meses” porque “hay una clara intención de este Gobierno de desfinanciar la ciencia y la educación”.
Si bien celebró el anuncio realizado esta mañana por el vocero presidencial, Manuel Adorni, la exsecretaria de Políticas Universitarias aclaró: “Lo que no vamos a celebrar es el intento de dividir al sistema universitario argentino, de cuestionar su legitimidad y de finalmente poner en duda lo que significó la marcha del 23 (de abril)”.
El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación recordó que el Fondo Nacional de Incentivo Docente fue creado en 1998 y tenía una prórroga por cinco años por lo que “el plazo caducó”, al tiempo que afirmó: “Las provincias deben hacerse cargo de estos temas”.
El jefe de Gabinete de Ministros, Nicolás Posse, fue consultado en la sesión informativa del Senado de este miércoles por la situación del Fondo Nacional de Incentivo Docente y aseguró que “al quedar sin efecto la norma que lo creó, se está estudiando la mejor manera de asignar los recursos”.
Fue la rionegrina Mónica Silva (JSRN) quien manifestó: “Una política pública orientada a cubrir una situación de injusticia histórica era la de considerar el FONID que en 1998 se aseguró como un fondo que se remitía de Nación a provincias para completar los salarios docentes, teniendo en cuenta que la Nación tenía un pecado original que era que había trasladado el dominio de las escuelas primarias y secundarias de la administración nacional a las administraciones provinciales y esa situación ameritaba cierto compromiso con fondos de nivel nacional a las provincias”.
“El incentivo docente era un aporte de compromiso nacional y para reconocer que el traslado de las escuelas fue traumático”, planteó y sumó: “Se impuso como política pública a finales de los 90’ luego de una protesta de 1.003 días de todos los docentes, una carpa blanca en el Congreso obligó a repensar esta posibilidad de que Nación hiciera un aporte a salarios docentes”.
Al respecto, le preguntó: “¿Por qué consideraron sacar el FONID del Presupuesto para llegar al déficit cero?”, y recordó que el Presupuesto fue aprobado por ley y consultó en qué reasignaron esas partidas.
Posse respondió que “el Ministerio de Capital Humano indica que el FONID fue creado en 1998 por un plazo de cinco años, por ende, ese plazo ha caducado. La transferencia de las funciones educativas a las provincias se hizo en la Constitución del 94’ hace ya 30 años por lo cual entendemos que las provincias deben hacerse cargo de estos temas. Al quedar sin efecto la norma establecida del FONID se está estudiando la mejor manera de asignar estos recursos y los salarios quedan a cargo de cada jurisdicción”.
Se acordó hacer tres reuniones: dos informativas y una entre diputados. El 16 de mayo podría haber dictamen. Desde la oposición pidieron la presencia del secretario de políticas universitarias. También reclamaron a José Luis Espert que convoque a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para un plenario.
La Comisión de Educación de Diputados, presidida por el bonaerense Alejandro Finocchiaro (Pro), se reunió este jueves para comenzar a darle tratamiento a distintos proyectos relacionados con la emergencia en el financiamiento universitario.
El encuentro, que se llevó a cabo en la Sala 4 del Anexo, fue convocado a raíz de la masiva marcha en defensa de la educación pública y el funcionamiento de las universidades nacionales y luego que un grupo de diputados de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal pidieran “con carácter urgente” analizar el tema.
A la hora de fijar una hoja de ruta, Maximiliano Ferraro en nombre del bloque HCF propuso realizar dos reuniones de carácter informativas -la primera de ellas con la presencia del subsecretario de políticas universitarias y la segunda con decanos, docentes, etc.- y una tercera reunión entre diputados para consensuar y dictaminar. Además, le solicitó al libertario Santiago Santurio que “intervenga” y le solicite al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, un plenario.
Por su parte, por el Frente de Izquierda Romina Del Pla pidió “darle urgencia y no dilatar” el tema y planteó realizar un solo encuentro informativo y dictaminar, a fin de “tratar FONID la misma semana”.
En tanto el bloque Unión por la Patria planteó que es “necesario un cronograma porque la Confederación de trabajadores de la educación solicitaron tenerlos en cuenta para tratar el incentivo docente”, por lo que propusieron llevar a cabo dos reuniones y la última dictaminar, posiblemente el 16 de mayo.
Finocchiaro recogió las sugerencias y expresó: “Es urgente resolver lo del financiamiento universitario, pero también se proponen fórmulas para asignación de ese presupuesto. Pero no vaya a ser cosa que por apurarnos y votar algo rápido terminemos arrepintiéndonos como pasó con la Ley de alquileres”.
Así, comunicó: “Vamos a hacer una informativa el 7 de mayo, otra el 14 de mayo y ahí vemos si pasamos a una de diputados y si estamos para dictaminar. Veamos si para el 16 podemos dictaminar”, y agregó: “Sobre FONID estoy armando el temario para la próxima reunión de asesores”.
Antes de pasar a considerar el temario, la comisión se abocó a completar las autoridades que integran la misma. Para la primera secretaría fue designada la correntina Nancy Sand (UP), la segunda secretaría fue para Romina del Plá (PO/FIT-U). Para la tercera secretaría iba a ser postulada la libertaria cordobesa María Celeste Ponce, pero renunció a la integración de la comisión, por lo que el cargo sigue vacante.
Luego de que por secretaría se le diera lectura a los proyectos que se pondrán en consideración, Finocchiaro aclaró que hay dos expedientes -uno de Del Plá y otro de Mónica Litza (UP)- relacionados con el tema que “no se encuentran ene el temario debido a que no tienen giro a Educación, sino a otras comisiones y no se pueden tratar hasta que esas comisiones le den tratamiento”.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada nacional Myriam Bregman inició su intervención al afirmar que “no podemos tratar estos expedientes como si no pasara nada”, y remarcó que desde su bloque “somos los más interesados en tratar esto”.
Recordó, además, la sesión llevada a cabo esta semana: “El martes cambió algo con la aprobación de la ley Bases y la reforma fiscal. Se decidió que el ajuste recaiga sobre los jubilados y los trabajadores”. “No queremos que el presupuesto educativo sea a costas de dejar a los pibes sin trabajo y o con trabajo, pero sin derechos”, señaló.
“Venimos de una movilización histórica (en referencia a la marcha universitaria del 23 de abril) porque la universidad no es una isla y en la Argentina desde 1918 se ha demostrado que la universidad es una gran caja de resonancia de lo que pasa”, enfatizó Bregman.
A continuación, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) celebró la convocatoria y apuntó contra el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert: “Ojalá corriéramos con la misma suerte con respecto al presidente de la Comisión de Presupuesto, que sigue con su práctica demostrando ser que es el presidente de una comisión de un bloque parlamentario y no de todos los diputados de la nación que integramos la Cámara”.
Luego reivindicó la “magnífica marcha federal universitaria que se dio a lo largo y ancho del país. Fue una de las más importantes y significativas en estos años de democracia”.
Ferraro destacó el informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia que coinciden con los datos que brindó la Oficina de Presupuesto del Congreso y al respecto señaló: “La decisión del Ejecutivo de prorrogar el Presupuesto 2023 coloca al sistema de educación superior frente a una situación económica más que crítica y eso lo podemos ver con datos del primer cuatrimestre donde ya en este período vemos que el devengado que tienen la mayoría de las universidades está entre el 95 y el 123%”.
“Lo que nos quieren transmitir desde el Ministerio de Capital Humano, el propio subsecretario de políticas universitarias, está claro que se evidencia esta crisis económica que está viviendo el nivel superior en cada universidad”, cuestionó y agregó: “Estos datos estamos evidenciando que estamos en los niveles más bajos en relación a lo que fue el año 1997. Si para 2024 tomamos el Presupuesto asignado al Programa de Desarrollo de Educación Superior estamos en un 72% más bajo comparado con respecto al año anterior”.
El diputado de la CC-ARI planteó: “Si observamos que la ejecución del primer trimestre refleja una clara reducción del 34% con respecto al año anterior y la caída interanual de las partidas presupuestarias para el sistema de educación superior fue más pronunciada con respecto a lo que se ha dado en otros rubros vinculados al gasto público nacional”.
“Nosotros en esa comisión nos tenemos que dar una clara y precisa hoja de ruta en cómo vamos a trabajar cada expediente”, manifestó y destacó el proyecto de la diputada Danya Tavela que “trata de poder enfrentar la situación del contexto de urgencia actual pero una discusión más de fondo la política de educación superior. También es relevante para poder resolver los alarmantes datos el proyecto de la diputada Pamela Calletti y en el proyecto del diputado Pablo Carro y Hagman hay una buena resolución de cómo agarrar el índice de precios al consumidor con respecto a los gastos de funcionamiento”.
Al finalizar su exposición el diputado Ferraro señaló que esta situación que vive el sistema universitario público es consecuencia del acuerdo entre Sergio Massa y Javier Milei para no aprobar por ley el presupuesto 2024 y así poder prorrogar el de 2023 y licuar con la inflación esos recursos asignados. “Está la crisis y la situación en lo que tenemos devengados en el primer cuatrimestre y esto requiere urgentemente una ampliación presupuestaria para lo que es inciso 1 gasto de personal docente y no docente y gasto de funcionamiento”, cerró.
Así, propuso que en la próxima reunión se invite al subsecretario de políticas universitarias Alejandro Álvarez para que “venga a rendir cuentas y explique cuál es la política de financiamiento”. “Tenemos que volver a invitar a los rectores, la federación universitaria, gremios docentes. Hay que realizar tres o cuatro jornadas de trabajo para atender la urgencia”, propuso.
La vicepresidenta de la comisión Blanca Osuna (UP – Entre Ríos) apuntó contra la gestión presidencial de Javier Milei: “El origen de la desfinanciación de la universidad pública argentina tiene que ver con un modelo de país que apunta al enriquecimiento de un sector vinculado a las finanzas y a la especulación y un empobrecimiento de lo público y los trabajadores”.
De este modo, elaboró un pedido especial respecto al tratamiento para restablecer el Fondo de Incentivo Docente (Fonid): “Junto al Fondo de Compensación Salarial son productos de la lucha docente”.
“Estamos pidiendo que haya agilidad en el tratamiento de este tema (presupuesto universitario) para resolver cuanto antes con un dictamen”, sostuvo, y añadió: “Insistimos que resuelto este tema se incorporen los proyectos del Fonid”.
Su compañero de bancada, Daniel Arroyo coincidió en que “es clave tratar el financiamiento de las universidades públicas” porque “el Gobierno está trabajando con el presupuesto 2023 prorrogado. Un presupuesto que se presentó en 2022 y se suponía que iba a haber un 60% de inflación, hubo 211%”.
“Es imposible que una universidad pública funcione de esa manera. El presupuesto para las universidades se ha terminado porque hay un desfasaje entre lo asignado y la inflación”, alertó el bonaerense y sumó: “Hace falta un cambio estructural profundo en la educación en general, pero no va a ser posible en la práctica ir cada 15 días a discutir al Ministerio de Economía para ver cuánto les transfiere a las universidades, no es posible que funcione de esta manera el sistema”.
Arroyo afirmó que “ya hubo un recorte del 70% y las universidades ya no tienen planta. Tenemos en serio dictaminar rápidamente porque no hay mucho por debatir porque es evidente que están faltando recursos, que todo está desfasado y que un sistema no tiene forma de ir consiguiendo presupuesto”.
“Tenemos que acelerar, tenemos que dictaminar cuanto antes. Suena razonable tomar el IPC, pero no podemos estar de reunión en reunión debatiendo porque las universidades necesitan tener claridad. Va lo mismo con el FONID, y con las provincias. Todo es grave”, insistió. En el mismo sentido se pronunció Hugo Yasky de “dictaminar ya” porque “estamos frente a una situación de colapso”.
La quinta expositora fue la diputada nacional Romina Del Plá (FIT-U) quien pidió en lo posible de culminar la reunión con un dictamen y se refirió al Fonid: “Esa reducción impacta en salarios que ya son magros e impacta en la calidad educativa”.
A su turno, el neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) indicó que en su provincia el 85% de la educación es pública con lo cual “es de suma importancia este debate y lo que pasa en la Universidad del Comahue”, y lamentó: “Un presupuesto prorrogado lastima y hiere a la educación pública”.
Así, alarmó que “el retraso en función del proceso inflacionario hace que nuestra universidad tenga ejecutado prácticamente el presupuesto que tiene estimado para este año y va a tener un serio problema a partir del mes que viene si es que no le damos celeridad al tratamiento de actualización del presupuesto universitario y una cláusula gatillo que rápidamente produzca una actualización del mismo que genere no tener a volver el problema que tenemos”.
“Es un error del presidente no reconocer esta situación”, cuestionó y también apuntó contra la gestión anterior que “congeló el envío de recursos actualizados a las universidades. Tenemos cuantificados 120 mil millones de pesos tenemos de déficit en infraestructura escolar. Un país sin educación no tiene futuro, pero tiene que ser una educación de calidad que garantice los días de clases”.
El diputado nacional Christian Castillo (FIT-U), en sintonía con lo planteado desde su bloque, reafirmó que “es imperioso dictaminar cuanto antes”. Asimismo, manifestó que “la macha con 1.200.000 de personas puso en evidencia que no se puede seguir postergando el tratamiento del presupuesto universitario”.
Del mismo modo, recordó a la sesión fallida del miércoles 24 de abril que pretendía tratar estos proyectos y apuntó contra el presidente de bancada radical: “Muchos de los que fueron a la marcha universitaria no vinieron a sesionar. (Rodrigo) de Loredo vení y dá quórum”.
Por otro lado, se refirió a la cuestión de los salarios docentes y amplió que “la salida tiene que ser integral de la actualización salarial”. “hablan de auditoría y van a darse que falta plata, no que sobra, por eso instó a que se dictamine”, concluyó Castillo.
La diputada radical Danya Tavela fue al principio de la cuestión y recordó el acuerdo entre Sergio Massa y Milei en 2023: “Tenemos que tener en cuenta que el problema comienza por un acuerdo preelectoral entre los candidatos sobre no discutir el Presupuesto 2024”.
Asimismo, consideró que “las 60 universidades no pueden estar yendo cada mes a resolver la financiación porque la expresión de la marcha fue ‘encuentren la solución’”. Se diferenció, por otro lado, de la oposición más dura y afirmó que “instó que nos demos el espacio de diálogo y escucha sin salir corriendo”.
En su intervención, el socialista Esteban Paulon (Santa Fe) preguntó: “¿Cuál es la política educativa que pretende el gobierno?”. “Este presupuesto 2023 es parte de otra de las políticas de Estado que es la subestimación de la inflación”, cuestionó.
El santafecino se refirió a las condiciones en las que se atraviesa el proceso de educación obligatoria que “son centrales, por lo tanto, cuando discutimos presupuesto universitario, salarios, partidas para investigación, tenemos que poder garantizar un tránsito razonable y con recursos correspondientes en todos los tramos”.
“En estos cuatro meses este Gobierno ha sub ejecutado muchas partidas. Aprovechó la licuadora y motosierra”, apuntó y comparó: “Los ATN crecieron un 177% ahí la licuadora anduvo en velocidad uno, pero con la educación y en términos nominales las transferencias a las provincias en concepto de educación cayeron el 80%”.
Paulon alertó que “las Becas Progresar, váuchers educativos y el subsidio para educación privada no aparecen por ningún lado, no se otorgan y esto impacta en tramos de la educación”. “Hay dos programas nada más del Gobierno nacional en educación que han logrado superar el 10% de ejecución el de Hora Extra. Algunos se interrumpieron completamente como el de comedores escolares, el de cooperadoras, políticas edilicias”, precisó y cerró: “Vemos un desfinanciamiento parejito en la educación obligatoria que no puede tener otra contraparte que el consecuente desfinanciamiento universitaria”.
“Tenemos la responsabilidad de recuperar la potestad presupuestaria del Congreso y modificar y corregir este aspecto de la política pública que intenta impulsar por vía de la ausencia con un presupuesto Javier Milei”, y ratificó el pedido por incorporar al temario el FONID y solicitó que el plan de trabajo y debate sea “preciso”, al tiempo que solicitó que la Comisión de Presupuesto se acople a una reunión conjunta para “dar una respuesta urgente y evitar el inminente cierre de las universidades”.
La jefa de bancada de Innovación Federal, Pamela Calletti, relató que se reunió con autoridades de la Universidad de Salta y aseveró que en marzo “tuvieron presupuesto por 90 millones y la factura de luz fue de 58”. “Las universidades están sin aire porque la situación es crítica”, remarcó.
Del mismo modo, sostuvo que “Salta ha reclamado ante la Corte Suprema la reemisión del FONID. Entendemos que es importante”, y coincidió con lo propuesto por Tavela en relación a estos debates: “Que no sean más de dos reuniones informativas”.
En primera instancia, el jefe de bancada de UP, Germán Martínez, recordó que el tratamiento del Presupuesto 2024 no fue “un pacto político”, sino que explicó que se definiría a partir del resultado del balotaje entre Massa y el actual presidente. “No se hizo lo del 2015 que se aprobó un presupuesto y luego hubo otro presidente”, remarcó.
Asimismo, planteó: “La última renovación del FONID la hizo Alberto Fernández a través de un DNU porque no le habían aprobado el Presupuesto, Milei podría haber hecho lo mismo, pero no lo hizo”.
Con relación a este debate, el santafesino sostuvo que “todos estamos de acuerdo que se requiere previsibilidad en el presupuesto universitario”, pero enfatizó que “lo que hay que hacer es poner fecha de las cosas que nos permita tener un horizonte de sesión”.
En esa línea, planteó que “el jueves 16 tendríamos que estar dictaminando”, y sugirió que “la clave es que la ampliación de este presupuesto la discuta el Congreso”. En el cierre, cargó contra el titular de Presupuesto y Hacienda: “Que (José Luis) Espert no pedaleé estos temas porque son muy sensibles”.
Por el lado radical, también habló el mendocino Julio Cobos que, sin ser miembro de la comisión, presentó un proyecto sobre la restitución de FONID, destacó el consenso entre los diputados del cual “puede constituir un punto de inflexión en la relación que tenemos que tener todos para resolver los temas”.
“En los sucesivos gobiernos siempre ha sido la manera de construir los presupuestos subestimando partidas para, luego, otorgar con cierta discrecionalidad el incremento de la partida que puede poner el jefe de Gabinete, pero no contar con un presupuesto claro agrava aún más estos problemas. Se merece un gran debate esto”, expresó y pidió fijar una fecha razonable para convocar invitados.
Del lado del oficialismo, fue Santiago Santurio (Buenos Aires) quien habló y señaló que “el problema (del financiamiento educativo) es por la inflación descontrolada que tenemos en la Argentina, sobre todo en el 2023 y que recién ahora muestra signos de que esto está cambiando”.
También indicó que “las políticas tienen que tener verdadero impacto porque venimos con una crisis educativa muy grande donde decrecimos en alfabetización”, y defendió las medidas del Ministerio de Capital Humano: “Hubo aumentos del 60% y el 70% en mayo para el financiamiento educativo que desde septiembre del 2022 los fondos estaban congelados”.
El jefe del bloque UP hizo una moción de emplazamiento en los términos del artículo 106 del reglamento interno, pero el presidente de la Cámara le planteó que “el emplazamiento no es una moción de orden” y que el tema en cuestión “no está entre los temas solicitados de la sesión”.
En medio de la sesión especial de la Cámara de Diputados de carácter “maratónica”, el jefe del bloque UP, el santafecino Germán Martínez, solicitó que se vote una moción de emplazamiento a comisiones por el tema del financiamiento de universidades, FONID y jubilaciones, pero el pedido fue desestimado por el titular de la Cámara, Martín Menem.
Martínez se basó en los términos del artículo 106 del reglamento interno de la Cámara para que “podamos avanzar en el emplazamiento a las comisiones que tienen giro alrededor de tres proyectos que venimos insistiendo hace un tiempo. El tema del financiamiento a las universidades, el FONID y la movilidad jubilatoria”.
“En uso de la facultad que tiene este Cuerpo es que solicito que se emplace a las comisiones de Educación y de Presupuesto”, planteó y procedió a leer la cantidad de proyectos sobre universidades, FONID y movilidad. Respecto de este último, señaló: “Sobre la movilidad de los haberes jubilatorios destacamos que ya se avanzó en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, falta aún el tratamiento en la Comisión de Presupuesto”.
A continuación, Martínez explicó un cronograma tentativo para que se vote: “Próximo día jueves está convocada la comisión de educación en una reunión informativa respecto al tema universidades y han incorporado a solicitud de los bloques algunos expedientes. Pedimos que el martes 7 de mayo a las 12 horas la Comisión de Educación realice una reunión informativa sobre el FONID, el miércoles 8 a las 12 que la Comisión de Presupuesto realice una informativa sobre la movilidad de los haberes jubilatorios, el martes 14 de la otra semana a las 14 la Comisión de Educación firme dictamen por universidades y FONID y el jueves 16 a las 12 horas la Comisión de Presupuesto para firmar dictamen de haberes jubilatorios y a las 16 para firma de dictamen de FONID y universidades”.
En contraposición, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario José Luis Espert, expresó que “la moción que plantea Martínez es abstracta porque ya está citada a reunión de comisión para el miércoles 8 de mayor a las 16. Así que no hay ninguna necesidad de ningún emplazamiento en esta Cámara por el día de hoy”.
Martínez recogió el guante y le aclaró que lo que están proponiendo es un cronograma de trabajo que va “desde la informativa al momento del dictamen”. “No es la primera vez que se hace en la Cámara y ha permitido, en los casos donde había demoras en convocatorias, que se pueda avanzar al respecto. Hay fecha de inicio y finalización de los tratamientos”, planteó.
Luego, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro – Buenos Aires) le consultó a Martínez si también emplazó a la Comisión de Educación y agregó que “habíamos llegado que convocaba para este jueves para tratar expedientes relativos solamente a financiamiento universitario, ningún otro tema. Los demás temas los podemos ir tratando a medida que avanzamos en comisión porque el jueves voy a plantear un cronograma de trabajo para tratar financiamiento universitario”.
Por su parte Espert volvió a tomar la palabra y le aclaró que hasta tanto no tengan los dictámenes de la evaluación del costo fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre las mejoras en movilidad jubilatoria de los cuatro dictámenes la Comisión de Presupuesto “no se va a mover, no veo la necesidad de adelantar nada porque ya hay una convocatoria”.
El diputado neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) remarcó que “no se puede desfinanciar la universidad pública, fue un error que cometió el Gobierno. Estamos de acuerdo en que el presupuesto universitario se pueda actualizar por IPC, pero no nos vamos a prestar a ese juego político partidario de algunos que pretendieron utilizar la marcha de miles de argentinos en beneficio de la educación pública tratando de sacar una ventaja política”.
La radical Danya Tavela planteó: “Si queremos avanzar en la solución del tema, hay que respetar las reglas de juego pautadas”, por lo que explicó que en las reuniones informativas tienen previsto avanzar y convocar a autoridades del Ejecutivo porque “al tema del presupuesto universitario hay que tratarlo en serio, no es un arrebato que podemos resolver en cinco minutos en una votación exprés. Espero tener un dictamen de consenso, transversal, inter partidario, que nos involucre a todos”.
La entrerriana Blanca Osuna “no es un tema que surgió de un día para el otro. La iniciativa de tener una sesión para poder en definitiva definir días y horarios para que la comisión convocara. Nos preocupa que se enfoque el tema teniendo tanto el financiamiento como el FONID para tener una mirad integran del sistema. Hay más de 20 proyectos presentados de ambos temas”.
En tanto, la diputada de izquierda Romina Del Plá alertó que los temas planteados son “de enorme urgencia” y que “no pueden ser sometidos a una demora eterna. Nos parece que el cronograma presentado es más acelerado y acertado”.
Finocchiaro insistió en que “en el reglamento de la Cámara quien pone el temario es el presiente consensuando con las demás fuerzas políticas. La realidad es que se vino trabajando, convocamos a los rectores, a los estudiantes. Después de la marcha hablamos con distintos sectores y acordamos hacer una convocatoria para tratar solamente financiamiento universitario. Por supuesto que quedan temas por tratar y los vamos a ir trabajando, pero al acuerdo que llegamos consensuadamente fue que este jueves se trataba financiamiento universitario”.
“El kirchnerismo tiene que acostumbrarse es que hay una nueva realidad y que el consenso no lo necesita siempre para ser mayoría”, remató.
De forma breve, el diputado Hugo Yasky (UP) alertó que “en las provincias hay una cantidad de conflictos planteados por la rebaja salarial docente, estamos pidiendo que los temas se traten y no se cajoneen y si hay acuerdos que sean con todos”.
Sin embargo, a fin de apurar los trámites del tratamiento del paquete fiscal, Martín Menem le aclaró al jefe del bloque UP: “el emplazamiento no es una moción de orden del artículo 127 que son las únicas que desplazan cualquier tema en cuestión y este tema no está entre los solicitados para la sesión, no está habilitado”.
Fue pedida por Germán Martínez y otros miembros de su bancada, para debatir sobre financiamiento universitario, FONID y jubilaciones.
“Si todas las y los diputados que suben flyers por la #MarchaFederalUniversitaria dan quórum al otro día en Diputados y sesionamos, podemos avanzar en una ley que garantice el financiamiento. El martes en las calles. El miércoles en el recinto”, fue el desafío que lanzó Germán Martínez el lunes para azuzar a sus pares a que asistan a la sesión especial que él junto a otros de sus pares pidieron para este miércoles a partir de las 11.
La convocatoria tiene mucho gancho como para poder llegar a buen puerto: UP propone debatir sobre financiamiento universitario, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y la fórmula de movilidad jubilatoria. Y se da nada menos que al día siguiente de la masiva marcha en defensa de la universidad pública.
Sin embargo, no hay muchas chances de que los convocantes puedan llegar a reunir 129 presencias. Tal cual lo anticipado por parlamentario.com, los bloques dialoguistas, en negociaciones con el oficialismo por la ley de bases y el paquete fiscal, no comparten la estrategia de Unión por la Patria. Sugieren “no gastar todas las balas”, en referencia a llamar a otra sesión, teniendo en cuenta que ya están muy avanzados con el debate de movilidad jubilatoria, que ya tiene dictamen en una de las dos comisiones que deben tratar el tema, en tanto que sobre las universidades ya hubo un anuncio oficial de giro de fondos.
Es más, desde esas filas habrían sugerido al oficialismo que convoque a las comisiones involucradas en los temas a tratar en esta sesión, de modo tal de adelantarse al emplazamiento que podrían disponer desde la oposición más dura. Es lo que ya hicieron cuando la fallida sesión para tratar movilidad jubilatoria.
El temario de la sesión incluye proyectos presentados por el Frente de Izquierda, bloque de 5 integrantes que dará quórum. Pero además hay iniciativas de radicales y uno de Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, sobre el FONID.
Para llegar a los 129 necesarios para el quórum, son clave los bloques dialoguistas. Allí hay sectores dispuestos a sumarse a la reunión, a partir de las 11. Hay un grupo de legisladores de la UCR referenciados en Facundo Manes y un puñado de sus compañeros del sector de Martín Lousteau, claramente identificados con la causa universitaria, como Danya Tavela, que se sumarán.
En Hacemos Coalición Federal, la cordobesa Natalia de la Sota -que suele desmarcarse de sus comprovincianos-, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón y la mencionada Stolbizer fueron, por ejemplo, los integrantes de la bancada que conduce Miguel Pichetto que estuvieron presentes en la jornada contra el DNU 70/23 que se realizó días atrás con abogados constitucionalistas.
Lo cierto es que tanto UCR como HCF no tenían posición unificada ante la sesión.
Ninguno de los proyectos incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisión, por lo cual, en caso de abrirse la sesión, necesitarían dos tercios para su tratamiento sobre tablas. De ahí la estrategia de apostar al emplazamiento.
Como primer tema, aparecen las iniciativas referidas al financiamiento universitario, un tema que ocupará la agenda pública el día anterior con la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. El pasado miércoles, legisladores de la oposición escucharon a estudiantes en el Anexo de la Cámara baja. En la mesa principal estuvieron Blanca Osuna y Tomás Ledesma, de UP, pero también Tavela, Stolbizer y Paulón.
En el encuentro, los invitados reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.
Los proyectos contemplados para la sesión son pedidos de emergencia presupuestaria universitaria, impulsados por Romina del Plá (FIT), Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP). También hay otro de Mónica Litza (UP) con la modificación del incremento y actualización de presupuesto para las casas de altos estudios.
A su vez, una iniciativa de Danya Tavela (UCR) sobre un régimen de financiamiento universitario; una de Pablo Carro (UP) que propone financiamiento de las universidades a partir de recaudación que surge de la promoción de la economía del conocimiento; y otra de Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.
Por otra parte, hay un conjunto de proyectos referidos a la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, al cual el gobierno de Javier Milei le puso fin. Con distintos plazos de prórroga, y algunos que promueven su vigencia permanente, hay propuestas de Máximo Kirchner, Ariel Rauschenberger, Silvina Ginocchio (UP); Julio Cobos, Danya Tavela (UCR); Margarita Stolbizer (HCF) y Romina del Plá (FIT).
El tercer bloque tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria, tema sobre el cual ya hubo dictamen en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero la oposición quiere acelerar su discusión en Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, quien se ha mostrado sin intenciones de convocar para tal fin.
La semana pasada se firmaron tres dictámenes. El de UP, de mayoría (13 firmas), propone mantener la fórmula que combina RIPTE y recaudación de la ANSeS -la que el Gobierno suspendió por DNU- de manera trimestral, incorporando adelantos mensuales atados a la inflación. Asimismo prevé un 30% de recuperación para los haberes.
En tanto, el dictamen de la UCR y HCF (7 firmas) estima un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, ajustar por IPC, pero contempla adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. A su vez, establece un plus de 8,1% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, al 12,5% que el Ejecutivo estableció para abril por DNU.
Finalmente, el dictamen de la izquierda (una firma) indica que ningún jubilado podrá percibir menos que el monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual sea más favorable. E insiste con el 82% móvil.
Fue citada para este miércoles a las 11, un día después de la marcha federal en defensa de las universidades públicas. El quórum dependerá de los bloques dialoguistas.
La sesión solicitada por Unión por la Patria para debatir sobre financiamiento universitario, restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente y fórmula de movilidad jubilatoria fue oficializada este lunes. La convocatoria es para el miércoles, a las 11, un día después de la marcha federal a favor de las universidades públicas, que se anticipa masiva.
"Si todas las y los diputados que suben flyers por la #MarchaFederalUniversitaria dan quórum al otro día en Diputados y sesionamos, podemos avanzar en una ley que garantice el financiamiento. El martes en las calles. El miércoles en el recinto", desafió a sus pares Germán Martínez, jefe de la bancada peronista/kirchnerista que cuenta con 99 miembros.
El temario de la sesión incluye proyectos presentados por el Frente de Izquierda, bloque de 5 integrantes que dará quórum. Pero además hay iniciativas de radicales y uno de Margarita Stolbizer, de Hacemos Coalición Federal, sobre el FONID.
Al número de 129 para lograr el quórum, habrá que mirar con especial atención qué hacen algunos diputados de los llamados bloques dialoguistas. Por lo pronto, se sabe que hay un grupo de legisladores de la UCR referenciados en Facundo Manes y un puñado de sus compañeros del sector de Martín Lousteau, claramente identificados con la causa universitaria, como Danya Tavela, que podrían sumar.
Dentro de HCF, la cordobesa Natalia De la Sota -que suele desmarcarse de sus comprovincianos-, los socialistas Mónica Fein y Estaban Paulón y la mencionada Stolbizer fueron, por ejemplo, los integrantes de la bancada que conduce Miguel Pichetto que estuvieron presentes en la jornada contra el DNU 70/23 que se realizó días atrás con abogados constitucionalistas.
Ninguno de los proyectos incluidos en el temario cuenta con dictamen de comisión, por lo cual, en caso de abrirse la sesión, necesitarían dos tercios para su tratamiento sobre tablas. La estrategia sería en tal caso pujar por un emplazamiento de comisiones para que, con fecha y hora, se den esos correspondientes debates.
Como primer tema, aparecen las iniciativas referidas al financiamiento universitario, un tema que ocupará la agenda pública el día anterior con la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. El pasado miércoles, legisladores de la oposición escucharon a estudiantes en el Anexo de la Cámara baja. En la mesa principal estuvieron Blanca Osuna y Tomás Ledesma, de UP, pero también Tavela, Stolbizer y Paulón.
En el encuentro, los invitados reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.
Los proyectos contemplados para la sesión son pedidos de emergencia presupuestaria universitaria, impulsados por Romina Del Plá (FIT), Christian Castillo (FIT) y Julia Strada (UP). También hay otro de Mónica Litza (UP) con la modificación del incremento y actulización de presupuesto para las casas de altos estudios.
A su vez, una iniciativa de Danya Tavela (UCR) sobre un régimen de financiamiento universitario; una de Pablo Carro (UP) que propone financiamiento de las universidades a partir de recaudación que surge de la promoción de la economía del conocimiento; y otra de Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.
Por otra parte, hay un conjunto de proyectos referidos a la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente, al cual el gobierno de Javier Milei le puso fin. Con distintos plazos de prórroga, y algunos que promueven su vigencia permanente, hay propuestas de Máximo Kirchner, Ariel Rauschenberger, Silvina Ginocchio (UP); Julio Cobos, Danya Tavela (UCR); Margarita Stolbizer (HCF) y Romina Del Plá (FIT).
El tercer bloque tiene que ver con la fórmula de movilidad jubilatoria, tema sobre el cual ya hubo dictamen en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero la oposición quiere acelerar su discusión en Presupuesto y Hacienda, presidida por José Luis Espert, quien se ha mostrado sin intenciones de convocar para tal fin.
La semana pasada se firmaron tres dictámenes. El de UP, de mayoría (13 firmas), propone mantener la fórmula que combina RIPTE y recaudación de la ANSeS -la que el Gobierno suspendió por DNU- de manera trimestral, incorporando adelantos mensuales atados a la inflación. Asimismo prevé un 30% de recuperación para los haberes.
En tanto, el dictamen de la UCR y HCF (7 firmas) estima un piso mínimo de las jubilaciones en el monto de la Canasta Básica Total, ajustar por IPC, pero contempla adicionales en caso que el RIPTE esté por encima de la inflación. A su vez, establece un plus de 8,1% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, al 12,5% que el Ejecutivo estableció para abril por DNU.
Finalmente, el dictamen de la izquierda (una firma) indica que ningún jubilado podrá percibir menos que el monto equivalente a la Canasta Básica del Adulto Mayor. Respecto de la actualización se podrá tomar IPC o RIPTE, según cual sea más favorable. E insiste con el 82% móvil.
El temario incluye el debate por la continuidad del FONID y el tratamiento de los distintos dictámenes para la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria. 24 diputados firmaron la petición.
El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria presentó un escrito al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para solicitar una sesión especial con fecha del próximo miércoles 24 de abril y así tratar la modificación del Presupuesto con una actualización dirigida a las partidas para universidades nacionales.
El día después de la marcha nacional de las universidades públicas para este martes 23 de abril, la oposición pretende debatir el tema en el recinto. El último miércoles, organizaciones estudiantiles debatieron con legisladores de UP, el FIT, la UCR y HCF, donde ampliaron la cuestión.
En el encuentro reclamaron que el sistema universitario se encuentra atravesando una profunda crisis, provocada por la reducción presupuestaria del 72%, lo que ha impactado negativamente en los salarios docentes y no docentes, la suspensión de obras de infraestructura, la falta de actualización de las becas estudiantiles y el funcionamiento general de las instituciones.
El temario inicia con el pedido de tratamiento de la iniciativa de Romina del Plá para declarar la emergencia presupuestaria de las obras sociales de universidades nacionales; y otro de Mónica Litza con la modificación del incremento y actulización de presupuesto para las casas de altos estudios.
Se incluyó, también, el proyecto del diputado nacional Martín Soria (UP) que establece la creación de una tarifa diferencial de gas y energía eléctrica para universidades nacionales e institutos estatales.
También, están incluidos los pedidos de declaración de emergencia presupuestaria del sistema universtiario impulsados por Christian Castillo (FIT-U) y Julia Strada (UP).
Cabe recordar que el presidente de la Nación, Javier Milei, prorrogó el Presupuesto 2023 para el este período a través del DNU 88/2023 a pocos días de asumir en el Gobierno Nacional. El tratamiento de la Ley de Leyes para este año quedó suspendida acuerdo mediante entre el libertario y Sergio Massa, exmnistro de Economía, en el marco de las elecciones presidenciales.
En esa línea, buscan llevar al recinto el reclamo de la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID). Desde la oposición han explicado anteriormente que al prorrogarse el Presupuesto 2023, "se autoimpone la continuidad del FONID".
Creado en 1998 y revalidado período tras período, para este año el Gobierno Nacional decidió no continuar con la prórroga, por lo que perdió vigencia el 1ero. de enero del 2024 tras casi 25 años de validez .
El temario propone tratar varias iniciativas de UP, el FIT, el radicalismo y uno de Margarita Stolbizer donde exigen reestablecer la vigencia del FONID desde el 1ero. de enero de 2024 y su prórroga por 1, 2, 4 y 5 años. Todos los proyectos se presentaron en el inicio del año.
Por otro lado, están incluidos en el temario que pretenden llevar al recinto los diferentes dictámenes avalados esta semana por la Comisión de Previsión y Seguridad Social respecto a la modificación de la fórmula previsional.
Los 5 textos fueron presentados por las bancadas de Unión por la Patria (13 firmas), el bloque de la UCR junto a Hacemos Cambio Federal (7 firmas), y el Frente de Izquierda (una firma). En tanto, el bloque oficialista de La Libertad Avanza, junto al Pro, habían presentado un dictamen en defensa del DNU 274/2024 (otorgó aumento por decreto a las jubilaciones).
El pedido para sesionar lleva la firma de 24 diputados de UP. Entre otros, están las del jefe de bloque Germán Martínez, la vicepresidenta primera Cecilia Moreau, Victoria Tolosa Paz, Blanca Osuna, Mónica Macha, Máximo Kirchner y Carlos Heller.
📄 • El bloque de UP solicita #SesiónEspecial para el próximo miércoles 24 de abril, a las 11.
El financiamiento de las Universidades, el Fondo de Incentivo Docente y las Jubilaciones no pueden esperar.
Tratamiento URGENTE en el recinto.
📎 Se adjunta pedido. pic.twitter.com/23kyCfpclK
— Diputados UP (@Diputados_UxP) April 19, 2024
La iniciativa fue presentada por la senadora rionegrina Mónica Silva y nace como respuesta a la eliminación del FONID. Cómo se conformaría el nuevo fondo, que tendría carácter “permanente”.
La senadora de la Nación Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro) presentó un proyecto de ley para atender la crisis salarial del sector educativo mediante la creación de un nuevo Fondo Nacional para el Desarrollo Docente (Fondedoc) de carácter “permanente”, que se financiará entre otras partidas con el 20 por ciento de los derechos de exportación de la soja, y se “distribuirá” trimestralmente con las provincias adheridas con los porcentajes establecidos por la coparticipación federal.
Ante la eliminación del Fondo Nacional del Incentivo Docente (FONID) dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, la legisladora formalizó su iniciativa a través de un proyecto de ley que presentó en el Senado de la Nación para “poner en valor el sistema educativo y fomentar la equidad entre los sistemas provinciales a los fines de impulsar la innovación y el desarrollo docente”.
La senadora rionegrina diseñó la creación del Fondedoc en respuesta a la necesidad de “defender los salarios de los docentes de Río Negro y de todas las provincias”, tras la interrupción formal del (FONID) que se dispuso mediante el decreto de necesidad y urgencia que se publicó el pasado 27 de marzo en el Boletín Oficial.
Respecto del nuevo fondo el mismo estará integrado por el 20% de las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y sus derivados, no podrán “ser inferior al monto total transferido en 2023, actualizado por el Índice de Precios al Consumidor”, y las diferencias “en caso de haberlas serán cubiertas por aportes de Tesoro Nacional”.
El fondo se “distribuirá trimestralmente el total de su producido, entre las provincias que adhieran, a través del Banco de la Nación Argentina, de acuerdo a los porcentajes destinados a cada provincia establecidos en la ley de Coparticipación Federal”.
El proyecto establece que el nuevo fondo podrá integrarse con “las sumas que se le asignen en el presupuesto general de la Nación, las donaciones y legados con destino específico a los programas objeto de la ley, los intereses y actualizaciones que produzcan las inversiones del Fondo, en bancos del sistema oficial”.
Como así también “los tributos nacionales y aportes que por leyes especiales se destinen a programas de apoyo al sector” y “los recursos no invertidos al término de cada ejercicio”.
Para el autor, estaba claro que si el Congreso no aprobaba las leyes libertarias, Nación estaba dispuesta a fundir a las provincias. Y lo hizo.
Nadie puede decir que el presidente Javier Milei y el ministro Luis “Toto” Caputo no hayan avisado.
El jueves 25 de enero, en una reunión de gabinete, Milei dijo sobre los gobernadores: “Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”.
El día anterior, Caputo ya había advertido en su cuenta de la red X: “Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”. Y aclaró: “No es una amenaza”.
Quedaba claro que si el Congreso no aprobaba las leyes libertarias, el Gobierno nacional estaba dispuesto a fundir a las provincias. Y lo hizo; pero nadie imaginó que lograrían su cometido en el primer trimestre del año.
El torniqute fiscal es hoy asfixiante. Las transferencias corrientes a las provincias ya cayeron un 77%.
Se trata de un ajuste por doble vía: la eliminación de transferencias no automáticas y una brutal caída de los recursos coparticipables.
Entre las que se destacan el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo Compensador para el Transporte, los adelantos para Cajas de Jubilaciones provinciales, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires, entre otros.
A ello hay que sumar la eliminación de la obra pública y el congelamiento de proyectos de inversión de la Nación en las provincias.
Según datos difundidos por el IARAF, en marzo la coparticipación de recursos a las provincias habría caído un 26% en términos reales.
El mencionado instituto destaca que la caída se explica “principalmente por el mal desempeño en la recaudación del impuesto a las ganancias (-41% real interanual) y de la recaudación de IVA (-18% real interanual)”.
Desde el Instituto Consenso Federal afirmamos que -en ambos casos- se trata de tributos muy sensibles a las variaciones de la actividad económica, los ingresos y el consumo.
Evidentemente, la política económica recesiva de Milei tiene un efecto lacerante sobre las finanzas provinciales.
En el caso del IVA y de Ganancias, el 42,34% de la recaudación se destina a la administración nacional, mientras que el 56,66% se distribuye automáticamente entre todas las provincias y el 1% se asigna al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Sin embargo, un tributo que el Gobierno aumentó drásticamente al asumir, el denominado Impuesto PAIS, en febrero incrementó su recaudación en 1439% interanual, según informes de la propia AFIP.
Un comportamiento similar tuvieron los Derechos de Exportación (“retenciones”), con 476,5% interanual de aumento en la recaudación.
Precisamente, son dos tributos que no se coparticipan. Todo lo que ingresa va a la Nación; ni un peso a las provincias.
Desde el Instituto Consenso Federal entendemos que la administración nacional amortigua la caída de recaudación de los impuestos directamente vinculados a la actividad económica interna (y que se coparticipan) con el aumento de ingresos por impuestos ligados al comercio exterior, que no se coparticipan con las provincias.
Qué deberían hacer las provincias y el Congreso
Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal
Se llevará a cabo este jueves a las 16 para reclamar la convocatoria a una sesión especial para tratar los proyectos del FoNID. Del evento participarán sindicatos docentes, centros de estudiantes, entre otros.
Luego de que se desactivara la sesión que había sido solicitada por Hacemos Coalición Federal con el objetivo de debatir sobre el futuro del Fondo Nacional de Incentivo Docente, desde el Frente de Izquierda convocan a una audiencia pública para insistir con la misma.
El evento se llevará a cabo este jueves 21 de marzo a las 16 en la Sala 2 del Anexo “C de la Cámara de Diputados de la Nación” para reclamar “el urgente tratamiento de los proyectos que dan continuidad al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FoNID) que el gobierno de Javier Milei ha recortado arbitrariamente, junto a otros fondos nacionales destinados a garantizar el derecho a la educación en nuestro país”.
“El recorte del FoNID significa una rebaja salarial de los salarios docentes, en momentos en que en numerosas provincias siguen sin acuerdo paritario y se desarrollan luchas docentes por salario y condiciones de trabajo”, argumentaron y agregaron: “La audiencia tiene el objetivo de visibilizar que es URGENTE la convocatoria y concreción de una sesión especial para tratar dichos proyectos, entre los que se destaca el presentado por el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que plantea convertirlo en permanente y de carácter remunerativo”.
Del encuentro participarán sindicatos docentes de los diferentes niveles educativos, junto a la docencia preuniversitaria, centros de estudiantes, docentes, diputados y la comunidad educativa.
Había sido solicitada por HCF, encabezada por Margarita Stolbizer. Esperan por la conformación de la Comisión de Educación, cabecera de varios proyectos presentados por distintos bloques.
Luego de la sesión que se frustró la semana pasada en la Cámara de Diputados, Hacemos Coalición Federal decidió desactivar otra sesión que había sido solicitada para este martes, con el objetivo de debatir sobre el futuro del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
La solicitud había sido encabezada por la diputada Margarita Stolbizer. Fuentes del bloque presidido por Miguel Pichetto afirmaron a parlamentario.com que definieron no ir al recinto ante la inminente conformación de la Comisión de Educación, a la que debe convocar el presidente del Cuerpo, Martín Menem.
Varios proyectos sobre este tema, presentados por distintos bloques, tienen como primer giro la mencionada comisión. Además, deberán tratarse también en Presupuesto y Hacienda.
La semana pasada, antes de que la sesión para tratar la fórmula de movilidad jubilatoria se cayera por falta de quórum, Menem llamó a constituir la Comisión de Previsión y Seguridad Social ese mismo día.
El Fondo Nacional de Incentivo Docente nació producto del reclamo registrado hacia fines de los ’90, durante el menemismo, que docentes protagonizaron con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso. Se creó en 1999 por la Ley 25.053, con una vigencia de 5 años.
El Fondo, por el cual las provincias recibían recursos por parte de Nación para el pago de los salarios, se incorpora en el artículo 19 de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 y, a partir de allí, se dieron sucesivas prórrogas en su plazo de vigencia a través de las leyes de Presupuesto o por decreto. Precisamente, por esta última vía el expresdidente Alberto Fernández había establecido su extensión hasta el 1ro. de enero de este año.
El gobierno de Javier Milei decidió no renovarlo. Sin embargo, en el Presupuesto 2023 -prorrogado este año- se destinaron $31.175 millones para el FONID.
El temario de la sesión que se había pedido para este martes incluía el proyecto presentado por Margarita Stolbizer, quien propone extender este Fondo “hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un pacto fiscal entre la Nación, las provincias y la Ciudad, que incluya entre sus cláusulas la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo”.
Desde Unión por la Patria, Máximo Kirchner presentó un proyecto que propone restablecerlo “de forma permanente”. En la misma línea lo hizo Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.
Otras iniciativas plantean su prórroga por distintos plazos: Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria) por 5 años; Silvana Ginocchio (Unión por la Patria) por 2 años; Julio Cobos (UCR) por 5 años; Danya Tavela (UCR) por 4 años; y Pablo Outes (Innovación Federal) pide la prórroga sin plazo.
El bloque más numeroso de la Cámara baja puede resultar clave para alcanzar el quórum, pero también quiere que se incorporen temas como el FONID y asistencia a las provincias.
Tras el pedido de sesión que realizaron diputados de Hacemos Coalición Federal, el bloque presidido por Miguel Pichetto, para tratar la modificación de la fórmula de movilidad jubilatoria, se iniciaron los primeros contactos con parte de la oposición.
La bancada de 23 integrantes realizó la solicitud a Martín Menem sin consulta previa a otros de sus pares, incluso a la UCR. Sin embargo, de cara a alcanzar el quórum en esa reunión, el espacio de Unión por la Patria resulta clave con sus 99 integrantes.
El bloque que preside Germán Martínez todavía no tiene una postura tomada sobre si se sentarán o no en esa sesión, ni tampoco un análisis definido sobre la fórmula de movilidad que propone la Coalición Cívica. De hecho, es una cuestión incómoda para el otrora oficialismo, que impulsó el cálculo que hoy día se cuestiona desde el Gobierno y la oposición dialoguista.
Sin embargo, las incipientes conversaciones giran en torno a la posibilidad de ampliar el temario de esa sesión e incluir proyectos que el kirchnerismo también quiere discutir: Fondo Nacional de Incentivo Docente y asistencia a las provincias, principalmente en cuanto a subsidios al transporte del interior y obra pública (hay un proyecto presentado por Máximo Kirchner que reversiona lo que fue el Fondo Federal Solidario).
En cuanto al FONID, Hacemos Coalición Federal también pidió una sesión -para una semana después-, en base a un proyecto de Margarita Stolbizer. Este tema suma muchas iniciativas, que fueron presentadas desde UP, la UCR, el Frente de Izquierda e Innovación Federal.
Más allá de la propuesta de aunar proyectos, en UP buscan esperar con prudencia qué saldo dejará la reunión entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo este viernes en Casa Rosada. Se verá también si después de ese encuentro se conoce algún tipo de reacción desde La Libertad Avanza, que por ahora no se sabe qué hará de cara a esa sesión.
Lo que sí prima desde el kirchnerismo es la postura de no entrar en una "guerra" de sesiones. "Hay bloques que ven más conveniente que la Cámara funcione a que esté cerrada, como quieren La Libertad Avanza y el Pro. (Javier) Milei quiere que esto esté congelado y eso es lo que se está viendo que no va a pasar", expresaron con cierta satisfacción desde UP.
En caso de que la primera minoría se sume a la sesión pedida por HCF, que contaría además con sus pares de Innovación Federal, el bloque de 9 que responde a un grupo de gobernadores, el quórum alcanzaría sólo con la asistencia perfecta de esas tres bancadas.
En principio, más que la expectativa por alcanzar los dos tercios, pues los proyectos no cuentan con dictamen, la mirada estaría puesta en lograr la aprobación para emplazar a las comisiones a que debatan los temas -con fecha y hora-, una práctica que se vio en el último período del gobierno anterior, con los casos por ejemplo de la Ley de Alquileres, boleta única de papel y humedales.
Esto también obligaría a la Presidencia de la Cámara baja a acelerar la conformación de algunas comisiones, para las cuales ya se les pidió a los bloques remitir el listado de los integrantes que quieren tener en cada una.
La solicitud fue realizada desde el bloque Hacemos Coalición Federal, con la inclusión de un proyecto presentado por Margarita Stolbizer. Es para el martes 19 a las 12.
Luego del pedido para dar el debate sobre una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, el bloque Hacemos Coalición Federal presentó una nueva solicitud de sesión en la Cámara de Diputados, esta vez para el martes 19 de marzo a las 12, con la intención de discutir sobre la continuidad del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
Tal como contó parlamentario.com, este era otro de los temas que la bancada de Miguel Ángel Pichetto quería poner en agenda en el comienzo de las sesiones ordinarias. Al contrario de la cuestión previsional, que el Gobierno está pendiente de resolver en una propuesta -sea a través del relanzamiento de la ley de Bases o un proyecto en particular- sobre el FONID hay numerosas iniciativas de distintos bloques y una decisión del oficialismo de no renovarlo.
El proyecto que incluye el temario es el que fue presentado por Margarita Stolbizer, quien propone extender este Fondo "hasta tanto sea sancionada una nueva Ley de Coparticipación Federal o se acuerde un pacto fiscal entre la Nación, las provincias y la Ciudad, que incluya entre sus cláusulas la continuidad, financiamiento o sustitución del citado fondo".
El FONID nació producto del reclamo registrado hacia fines de los ’90, durante el menemismo, que docentes protagonizaron con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso. Se creó en 1999 por la Ley 25.053, con una vigencia de 5 años.
El Fondo, por el cual las provincias recibían recursos por parte de Nación para el pago de los salarios, se incorpora en el artículo 19 de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 y, a partir de allí, se dieron sucesivas prórrogas en su plazo de vigencia a través de las leyes de Presupuesto o por decreto. Precisamente, por esta última vía el expresdidente Alberto Fernández había establecido su extensión hasta el 1ro. de enero de este año.
El gobierno de Javier Milei decidió no renovarlo. Sin embargo, en el Presupuesto 2023 -prorrogado este año- se destinaron $31.175 millones para el FONID.
Desde Unión por la Patria, Máximo Kirchner presentó un proyecto que propone restablecerlo “de forma permanente”. En la misma línea lo hizo Romina Del Plá, del Frente de Izquierda.
Otras iniciativas plantean su prórroga por distintos plazos: Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria) por 5 años; Silvana Ginocchio (Unión por la Patria) por 2 años; Julio Cobos (UCR) por 5 años; Danya Tavela (UCR) por 4 años; y Pablo Outes (Innovación Federal) pide la prórroga sin plazo.
Los representantes gremiales también transmitieron sus preocupaciones a otros bloques de la oposición. La cuestión del FONID sobre la mesa.
Mientras se conocía que el Gobierno nacional finalmente convocó a gremios docentes -la semana próxima- para discutir la actualización del salario, dirigentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) se reunieron este miércoles con diputados de Unión por la Patria. Además, aseguraron que iban a transmitir sus preocupaciones a otros bloques de la oposición.
En el encuentro que se realizó en las oficinas del bloque, encabezado por los diputados Germán Martínez -jefe de la bancada-, Hugo Yasky y Blanca Osuna, los sindicalistas se refirieron a la situación educativa en la previa del comienzo de las clases, el tema de la paritaria nacional docente y los fondos que se debían mandar a las provincias, en concepto del Fondo Nacional de Incentivo Docente.
El informe que presentaron incluye también cuestiones sobre las partidas para comedores escolares, la incertidumbre en torno a las becas Progresar y la infraestructura escolar.
En diálogo con la prensa acreditada en el Parlamento, Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, enfatizó: “Queremos que el Gobierno nos convoque a una paritaria nacional porque entendemos que el Gobierno es responsable en caso de que no inicie el ciclo lectivo, porque hay partidas que debían ser enviadas a las provincias y lo que nosotros estamos viendo es una situación muy compleja en la mayoría de las jurisdicciones, porque los gobiernos provinciales se tuvieron que hacer cargo”.
En ese sentido, señaló que el mes pasado hubo provincias que compensaron las partidas que nos les fueron giradas por el FONID, pero algunas advirtieron que “este mes no va a ser así”.
Además, la dirigente gremial se refirió a la extensión de la jornada con una hora más de clases: “Si Nación no manda los fondos, esas horas no se van a poder dictar, con lo cual vamos a tener además un efecto pedagógico verdaderamente complejo en un momento donde hay un diagnóstico de que necesitamos a los chicos en las escuelas recuperar lo que se vivió en la pandemia, que es algo que en todo el mundo sucedió”.
Respecto del FONID, sobre el cual ya hay varios proyectos presentados desde distintos bloques para prorrogarlo, Alesso defendió que “sirvió para equiparar las desigualdades salariales en la inversión educativa entre las provincias que tenían salarios más altos y provincias en las que venían con retrasos ¿Para qué? Para que no tengamos una provincia que tiene mayores recursos con un salario tres veces superior y una provincia más pobre o con menos recaudación, atrasada en el salario”.
“Lo pagaron todos los gobiernos”, dijo sobre el FONID y recordó que el presupuesto para este año “está”, porque el Presupuesto Nacional 2023 fue prorrogado. “La Secretaría de Educación devengó los fondos y el Ministerio de Economía no lo pagó”, agregó y reveló que le enviaron una carta a los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Caputo (Economía), y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y “contestaron que eso se iba a liquidar”.
Encuentro con ministros
En segundo lugar, se desarrolló un encuentro híbrido (presencial y virtual) donde participaron diferentes autoridades ministeriales de Educación, Economía y Hacienda, de diferentes provincias argentinas. Allí, expresaron unánimemente su preocupación por el retroceso que significa el incumplimiento del FONID, hecho que pretende retrotraer al sistema educativo a la década del 90 cuando estuvo fragmentado y caracterizado por profundas desigualdades originadas en la disparidad de recursos de las diferentes realidades provinciales.
Seguidamente, los ministros ponderaron como hecho positivo la firma de declaración del Consejo Federal de Educación, rubricado la semana pasada por todos los ministros de educación de todas las provincias, en el que se plantea la imperiosa necesidad de que se continúe con el financiamiento por parte del Gobierno Nacional y en el que se asegura que la educación no puede ser afectada por las políticas ajuste.
En ambos encuentros se destacó que, desde 1998, los distintos gobiernos nacionales respetaron siempre los compromisos financieros de la Nación con las provincias en materia educativa.
En tanto, desde el bloque de UP reafirmamos el compromiso de trabajar para la unificación de los proyectos referidos al FONID, como así también las diferentes iniciativas legislativas que se han planteado para el cumplimiento, continuidad y mejoramiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Del mismo modo, reafirmamos la educación como derecho humano y social que no admite desigualdad alguna en todo el territorio nacional.
Asistieron de forma híbrida o virtual, los ministros de Economía de provincia de Buenos Aires, Pablo López; de Educación y Hacienda de La Rioja, Ariel Martínez y Jorge Quintero respectivamente; de Hacienda y Educación de La Pampa Guido Bisterfeld y Marcela Feuerschvenger; de Educación y Economía de Tierra del Fuego, Pablo López Silva y Francisco Devita; de Economía y Educación de Catamarca, Alejandra Nazareno y Dalmacio Mera; de Educación de Santiago del Estero, Mariela Nasif y la subsecretaria de Educación de Formosa, Analía Heizenreder.
Buscan aprobar una declaración de repudio del plenario de diputados ante la acción del gobierno nacional que no prorrogó la vigencia de la ley nacional 25.053.
La diputada bonaerense de Unión por la Patria, Viviana Guzzo, presentó un proyecto de declaración en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires en repudio a la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) bajo la ley 25.053, por parte del Gobierno que encabeza Javier Milei.
“Llamamos a la reflexión al Gobierno nacional para la devolución de este fondo que por ley corresponde a las y los docentes”, sostuvo la diputada bonaerense en sus redes sociales y manifestó su preocupación por la situación de la comunidad educativa.
En esta línea, Guzzo explicó en la presentación que el fondo compensador docente fue “prorrogado por todas las gestiones de gobierno”, lo que permitió que se volviese una “política de Estado desde su creación” y aclaró que con la medida también busca manifestar su apoyo a los trabajadores de la educación.
“Nuestro gobernador, Axel Kicillof está comprometido con la educación y dispuso los fondos provinciales para cubrir el FONID en enero”, informó la diputada bonaerense, al tiempo que destacó su máxima predisposición para acompañar las medidas tomadas por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es preciso recordar que, el FONID es un adicional económico que representaba en muchos casos hasta el 10 y el 15% del salario docente, y que el Ejecutivo nacional giraba a las provincias argentinas para mejorar los sueldos de los maestros y profesores.
El mismo, fue creado en el año 1998 como resultado de la lucha histórica de la Carpa Blanca docente en reclamo de aumentos en los fondos económicos destinados a la educación por la crisis económica generada durante el gobierno de Carlos Menem.
Cabe destacar que, el FONID trascendió los distintos gobiernos y partidos políticos ya que, a partir de su creación, se fue prorrogando su vigencia durante 25 años. Sin embargo, el gobierno que preside Javier Milei decidió no renovar la prórroga que culminó en enero, al mismo tiempo que anunció que no habrá paritaria nacional docente, ya que el salario de los maestros “depende de cada provincia”.
La diputada de UP se refirió al proyecto sobre el tema presentado por Máximo Kirchner y detalló que en Santa Fe estos fondos representan 28 mil pesos promedio en el salario de un docente.
La diputada nacional Florencia Carignano se refirió a la no prórroga del Fondo Nacional de Incentivo Docente por parte del gobierno de Javier Milei, y afirmó que "lo decidieron en represalia a las provincias".
"Lo borran de un plumazo, pero hay leyes, estaba incluido en el Presupuesto 2024 y las provincias contaban con estos recursos", señaló la legisladora de Unión por la Patria.
Además, detalló que en su provincia, Santa Fe, los recursos del FONID representan "28 mil pesos por docente". Ahora, frente a esta situación "está en dudas algo que es básico para todos los argentinos, que es el inicio de clases", advirtió.
En diálogo con AM530, Carignano expresó: "¿Qué libertad se puede tener si los chicos no aprenden? ¿De qué libertad me están hablando si no hay un docente bien pago? Si no hay clases, no hay libertad, no hay educación y no hay futuro para el país".
La diputada de UP remarcó que el proyecto impulsado por Kirchner no plantea una prórroga, sino que el FONID tenga carácter permanente. "Y está consensuado con CTERA", destacó.
"Queremos que se abra la comisión y ahí se pongan sobre la mesa todos los proyectos", sostuvo y añadió con que "cualquier Nación que se quiera desarrollar y avanzar, le pone más presupuesto a la educación, no menos".
Las leyes que lo contemplan están vigentes, pero el plazo de aplicación se encuentra vencido. En la previa del comienzo de las clases en todo el país, legisladores de UP, la UCR y la izquierda exigen al Ejecutivo que lo mantenga.
En el arranque del año y antes del comienzo de las clases en todo el país, uno de los primeros recortes que el Gobierno confirmó hacia las provincias fue en materia de educación: el Ejecutivo nacional decidió no extender el Fondo de Incentivo Docente, creado hace 25 años.
Si bien las leyes que lo contemplan, la 25.053 de 1999 y la 26.075 de Financiamiento Educativo (2006) se encuentran vigentes, el plazo de aplicación de dicho Fondo está vencido desde el 1ro. de enero de este año.
El Fondo Nacional de Incentivo Docente nació producto del reclamo registrado hacia fines de los '90, durante el menemismo, que docentes protagonizaron con la instalación de la Carpa Blanca frente al Congreso.
Desde ese entonces a la actualidad, el FONID tuvo como objetivo el aporte nacional al salario docente provincial, de modo de eliminar brechas entre las jurisdicciones, donde los recursos que se recibían por este concepto representaban entre un 10% y 20% del sueldo docente.
La Ley 25.053 creó el FONID a partir del 1ro. de enero de 1999, con una vigencia de 5 años, hasta el 31 diciembre del 2003, y para su financiamiento el Congreso creó un impuesto que gravaría con el 1% anual a las transferencias de automotores, aviones y embarcaciones.
Al presentar su proyecto de ley, un grupo de diputados de Unión por la Patria recordaron que en el año 2002, como secuela del agravamiento de la crisis de fines de 2001, el FONID no tuvo crédito y las transferencias comenzaron a realizarse con cargo a los fondos remanentes del crédito del año 2001. De 2003 a 2005, el Ministerio de Educación, a cargo entonces de Daniel Filmus, comenzó un esquema de cancelación gradual de la deuda.
El FONID se incorpora en el artículo 19 de la Ley de Financiamiento Educativo en 2006 y, a partir de allí, se dieron sucesivas prórrogas en su plazo de vigencia a través de las leyes de Presupuesto o por decreto. Precisamente, por esta última vía el expresdidente Alberto Fernández había establecido su extensión hasta el 1ro. de enero de este año.
"Pasado un mes de la fecha del vencimiento, no ha sido prorrogado, y se genera una profunda incertidumbre en las comunidades educativas de todas las jurisdicciones. La gravedad de la situación es aún mayor, ante el inminente inicio del año lectivo", alertaron los diputados de UP encabezados por el pampeano Ariel Rauschenberger, en los argumentos de la iniciativa que propone prorrogarlo por el término de 5 años.
Por su parte, desde el Senado, el interbloque de UP también presentó un proyecto de ley que buscar extender la vigencia del FONID, en este caso por 2 años. "En Mendoza el incentivo alcanza a 40.000 maestros y significa $28.700 en el bolsillo de cada docente. Es entre el 8% y el 13% del sueldo de nuestros educadores", resaltó la senadora Anabel Fernández Sagasti con un ejemplo sobre lo que representa para su provincia.
Este viernes, encabezados por Julio Cobos, diputados de UCR presentaron un proyecto que va en la misma línea que el de sus colegas de UP en la Cámara baja: una prórroga por 5 años. "El FONID es indispensable en este contexto de emergencia económica que el propio Ejecutivo nacional declaró como fundamento de decretos”, afirmó el exvicepresidente.
El mendocino advirtió que "la eliminación sin previo aviso genera un importante desfinanciamiento de las arcas provinciales, más aún en este contexto grave que vivimos”. Asimismo, aclaró que el Presupuesto 2023, prorrogado para este año, "contiene las partidas necesarias para el FONID". "Sin embargo, a la fecha no se han transferido las mismas a las provincias, ni se ha dictado la decisión administrativa modificando las partidas”, subrayó.
Desde el Frente de Izquierda, la diputada Romina Del Plá presentó una iniciativa que directamente pide reestablecer "en forma permanente la vigencia" del FONID. Además, el texto propone que "los montos correspondientes al FONID pasarán a ser remunerativos y bonificables" y se deberá retribuir "las diferencias existentes entre el carácter remunerativo que el FONID tiene y el pago efectivo como suma fija que, arbitrariamente y en perjuicio de los docentes, viene liquidando el Gobierno nacional y los gobiernos provinciales".
Mediante un proyecto de comunicación, la senadora de Juntos Somos Río Negro, Mónica Silva, reclamó al Gobierno nacional la "urgencia" en sostener el FONID y advirtió que "la falta de recursos de este Fondo implica una disminución salarial significativa en un contexto de alta inflación y pone en riesgo el inicio de clases y, en general, la sostenibilidad del sistema educativo".
En ese sentido, explicó que en su provincia "afecta seriamente a más de 23 mil educadores". Y le recordó al Ejecutivo nacional que la Ley Provincial 4.819 establece que "la educación constituye un derecho social y un bien público que obliga al Estado Provincial con la concurrencia del Estado Nacional a garantizar su ejercicio a todos los habitantes de su territorio".
A través de un proyecto de ley, un grupo de diputados reclamaron “el reconocimiento a la educación como prioridad nacional y política de Estado para construir una sociedad justa”.
Los diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de ley para garantizar por el plazo de cinco años la continuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) creado por la Ley Nº25.053.
La vigencia del FONID se prorrogó de forma sucesiva desde 2004 y la última prórroga se realizó a partir del 1 de enero de 2022 –por el término de dos años– en el marco del DNU 88/22 durante la presidencia de Alberto Fernández, pero ahora no fue prorrogado.
La iniciativa tiene por objeto promover “el reconocimiento a la educación como prioridad nacional y política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
Del mismo modo, plantearon que busca “garantizar el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender de los estudiantes y docentes de todo el país de forma equitativa”, en línea con los establecido por la Ley de Educación Nacional.
El texto fue presentado por los diputados Ariel Rasuchenberger, Pablo Yedlin, Victoria Tolosa Paz, Aldo Leiva, Juan Manuel Pedrini, Nancy Sand, Eduardo Toniolli, Silvina Ginocchio, Ana María Ianni, Tanya Bertoldi, Carolina Yutrovic y Gustavo Bordet, entre otros.
5265-D-2023 FONID