Un grupo de gobernadores mantuvieron una reunión con el jefe de Gabinete para reclamar por fondos coparticipables en nombre de sus pares provinciales. La propuesta busca recuperar recursos específicos sin afectar las finanzas nacionales, en un contexto de creciente presión fiscal sobre las provincias.
El pampeano Sergio Ziliotto fue el portavoz de la reducida comitiva de gobernadores que se reunió con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para llevar el reclamo y la propuesta de todos sus pares, por la situación fiscal que se agrava mes a mes.
Ziliotto se encargó de subrayar, tanto en la reunión como en declaraciones posteriores, que la propuesta no afecta las finanzas nacionales ya que se trata de "recursos con afectación específica que, en el caso del Impuesto a los Combustibles Líquidos, financian funciones que han quedado en responsabilidad exclusiva de las provincias, como por ejemplo obras de infraestructura y viviendas, y los Aportes del Tesoro Nacional, que pertenecen directamente a las provincias".
La reunión fue originalmente solicitada tras un encuentro de gobernadores de todas las fuerzas políticas en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), para realizar un planteo conjunto a la administración nacional.
Tras una postergación por ausencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, la reunión se concretó el viernes. Allí estuvieron junto a Ziliotto, encargado de explicar la propuesta, el catamarqueño Raúl Jalil, el chubutense Ignacio Torres, el santacruceño Claudio Vidal y la vicegobernadora de Córdoba, Miryam Prunotto.
Ziliotto, por su parte, es reconocido en su provincia, tanto por oficialistas como opositores, por su capacidad de administración y gestión. El pampeano es uno de los mandatarios que no participó de la firma del denominado “pacto de mayo”, un año atrás. Sus legisladores tampoco suelen acompañar las iniciativas del gobierno de la motosierra.
Más obligaciones, menos recursos
La política económica del Gobierno nacional afecta doblemente a las provincias. Por un lado, les quita recursos, tanto por la retención indebida de partidas coparticipables como por la caída de la recaudación fruto de la recesión generalizada. Por otro, los obliga a cubrir la retirada de la administración federal en una serie de frentes, que van de la obra pública a la contención de la emergencia social y alimentaria.
Así lo explicó el gobernador pampeano: “En el encuentro, expusimos la situación de las finanzas provinciales, ante un escenario complejo producto de la caída de la coparticipación federal y de recursos propios, agravado por la mayor responsabilidad asumida en cuanto a salud, educación, seguridad, justicia, contención social y obra pública”, expresó en las redes sociales.
Fue ratificado al frente de la misma el senador nacional chaqueño Víctor Zimmermann.
La Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos fue constituida este martes durante una reunión celebrada en el Salón Illia de la Cámara alta con la ratificación de sus autoridades, quedando como presidente el senador Víctor Zimmermann (UCR) y como secretario el senador Guillermo Andrada (Convicción Federal).
Asimismo, se acordó que la vicepresidencia quede vacante hasta el próximo encuentro y que sea destinada para el bloque de Unión por la Patria.
Cabe destacar que al comienzo de la reunión, el senador Víctor Zimmermann (UCR), solicitó un minuto de silencio "por la desaparición física de nuestro Santo Padre Francisco".
A continuación, fue presentada una sinopsis del trabajo parlamentario realizado durante el 2024 y se compartió el plan de labor para el presente año respecto de los proyectos de ley que ingresen y los que están pendientes de tratamiento.
Finalmente, conforme a lo establecido en el artículo 103 del reglamento del Senado, se acordaron los días y horarios para las reuniones de la comisión: se llevarán a cabo los martes, quedando el horario supeditado a la disponibilidad de los salones.
La iniciativa es impulsada por el titular del bloque en Diputados, Juan Manuel López, y propone una pena entre 1 a 4 años de prisión e inhabilitación especial a fin de evitar la superposición de tributos sobre los contribuyentes.
Un grupo de diputados de la Coalición Cívica, encabezados por el titular del bloque Juan Manuel López, presentaron un proyecto de ley para que se incorpore un agravante en el Código Penal a los funcionarios que dicten una doble imposición de impuestos.
El proyecto establece una pena entre uno a cuatro años de prisión e inhabilitación especial por el doble tiempo para los funcionarios que dicten, sancionen, aprueben o ejecuten leyes, decretos, resoluciones u ordenanzas que establezcan una doble imposición de impuestos, contribuciones o tasas en contraposición con el Régimen de Coparticipación.
“Desde la Coalición Cívica ofrecemos otra herramienta para evitar la superposición de tributos sobre los contribuyentes. La necesidad de incorporar este agravante tiene origen en los indeseables efectos que produce la superposición de tributos sobre los contribuyentes y la administración fiscal”, argumentó López y recordó que “en septiembre pasado representamos el proyecto de Elisa Carrió del 2018 que tenía como objetivo el fin de una práctica abusiva llevada adelante por las provincias y municipios, la inclusión en las facturas de servicios públicos cargos o tributos que no guardan relación con la prestación efectiva de los servicios”.
En el texto, señalan que “la doble o múltiple imposición tributaria afecta derechos y principios constitucionales, como lo son el derecho de igualdad en materia tributaria, el principio de capacidad contributiva, el derecho de propiedad y principio de razonabilidad”.
7536-D-2024A través de un proyecto de ley, los mendocinos Mariana Juri y Rofolfo Suárez proponen derogar dos artículos de un decreto que estableció una retención de 1,9% en favor del ahora ex órgano recaudador.
Los senadores nacionales Mariana Juri y Rodolfo Suárez (UCR-Mendoza) presentaron un proyecto de ley para que el Gobierno nacional le regrese a las provincias el 1,9% de impuestos coparticipables que utilizaba la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para financiarse.
El objetivo de la iniciativa es que, ante la disolución del ente recaudador, se distribuyan los fondos que el organismo nacional retuvo al conjunto de las jurisdicciones argentinas. "Para dimensionar este dinero basta mencionar que sólo en el ejercicio 2023, la AFIP retuvo $643 mil millones, el equivalente al 0,34% del PBI", señalaron.
"Por el volumen de los fondos que percibe la AFIP se ha constituido a ese organismo no sólo como una provincia más, sino como la cuarta provincia argentina en la distribución de dinero coparticipado", resaltaron los legisladores que responden al gobernador Alfredo Cornejo, quien destacó la medida del Gobierno nacional, pero reclamó el retorno de fondos a las provincias.
En los fundamentos del proyecto, Juri y Suárez apuntaron que "si se comparan los gastos de AFIP con algunos organismos nacionales surgen notorios resultados: el gasto de AFIP en 2022 ($331 mil millones) es muy superior a los gastos del Conicet ($80 mil millones) y la mitad del gasto de todas las universidades nacionales argentinas ($599 mil millones)".
En el texto se plantea la derogación de los artículos 1 y 4 del decreto 1399/01 y se establece que “el Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Economía de la Nación y/o los funcionarios que estime corresponder, instrumentará de manera inmediata la inclusión y el reparto, entre las provincias, de los recursos coparticipables" que por aplicación de dicho decreto "se detraen de la distribución de la coparticipación federal de impuestos con el fin de financiar el funcionamiento operativo de la AFIP".
Por otra parte, los mendocinos recordaron que "esta afectación se realizó en 2001 por un decreto del Poder Ejecutivo, sin que hubiera una modificación legislativa explícita de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y sin que mediara el acuerdo de las provincias".
Recordó que en 1988 su provincia fue privada de un porcentaje que reclama ser compensado.
El senador nacional Fernando Rejal señaló que la provincia de La Rioja “tiene mucho que discutir” en materia de coparticipación, luego de que en 1988 “fue privada de un porcentaje de la coparticipación y así se la condenó a un desfinanciamiento permanente que es necesario reparar”.
El legislador de Unión por la Patria informó que “quedó conformada la comisión que va a tratar estos temas de la coparticipación, que es la relación de los recursos entre la Nación y las provincias”.
Entrevistado por Radio Ciudad FM 87.9 Mhz, de San Miguel de Tucumán, agradeció a “otros senadores que se hicieron eco de nuestro planteo y nosotros también nos haremos eco de las problemáticas que tiene otras provincias porque el desarrollo de la Nación tiene que ser armónico”.
Señaló además que “hay una coparticipación secundaria que no se puede modificar si no es con el acuerdo de la Nación y las provincias. Y hay una coparticipación primaria que se puede discutir y hay varios proyectos en la Cámara alta y nosotros vamos a acompañar el tema tendiente a lograr el equilibrio que antes mencioné”.
Explicó que “la coparticipación son los ingresos que recauda la Nación por impuestos que son coparticipables y que son distribuidores mediante índices que han sido establecidos en 1988. Después con la sanción de la reforma de la Constitución en 1994 se estableció que en 1996 iba a ser revisada nuevamente esa ley de coparticipación. Eso nunca sucedió y ahora hay distintos proyectos que intentan hacer cumplir ese mandato de la Constitución de 1994 y así equilibrar las desigualdades que tiene el país”.
El senador Rejal remarcó que “en estos últimos tiempos la provincia de La Rioja fue la que más obras públicas hizo, la que más empleo registrado generó tanto en el sector agro como el industrial”.
Consultado respecto de las aspiraciones nacionales que tiene el gobernador riojano Ricardo Quintela, Rejal dijo que “nuestro gobernador ha insinuado su deseo de conducir el partido justicialista y que se (las elecciones) se den en un ambiente unidad”.
“El (Quintela) está buscando los consensos necesarios y si tiene que acompañar a otro compañero está dispuesto a hacerlo y si a él le toca encabezar también está dispuesto a ese desafío”.
“Nosotros tenemos una excelente relación; yo he trabajado junto a él desde mi incursión en la actividad política así que comparto esa esperanza que tiene el justicialismo argentino y el justicialismo riojano de proyectarlo al compañero Quintela como presidente del partido justicialista”, añadió.
Durante un encuentro de carácter informativo se inició el tratamiento de cinco proyectos.
Fotos: Comunicación Senado
En el marco de una reunión plenaria de las comisiones de Coparticipación Federal de Impuestos y de Presupuesto y Hacienda, se llevó a cabo este martes en el Salón Azul del Senado, para discutir cinco iniciativas relacionadas con la coparticipación federal.
El titular de Coparticipación Federal, el radical Víctor Zimmermann, calificó el encuentro como una “reunión de carácter informativo” con el propósito de iniciar la discusión sobre una “nueva ley de distribución de recursos”. Por su parte, Ezequiel Atauche, presidente de Presupuesto y Hacienda, subrayó la importancia de comenzar a analizar y desarrollar una nueva ley de coparticipación federal y destacó que “es una responsabilidad del Senado velar por la coparticipación de las provincias y también velar porque nuestras provincias reciban lo que les corresponde”.
A continuación, se dio lectura a los proyectos a tratar con estado parlamentario: el expediente 43/24, del senador Juan Carlos Romero que reproduce el proyecto de ley que crea el sistema de coordinación financiera y fiscal; el expediente 490/23 de la senadora radical Mariana Juri y otros, que modifica el art. 5 de su similar 23.548- Coparticipación Federal de Impuestos - respecto de la asignación del fondo de aportes del tesoro nacional a las provincias; el expediente 1134/23 presentado por el senador Pablo Daniel Blanco sobre convenio régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
Además, el 628/24 de autoría también de la senadora Juri y otros/as que modifica el art. 7 de su similar 23.548 (Coparticipación Federal de Impuestos) respecto de establecer un mínimo de recursos a distribuir a las provincias sobre el total recaudado y el expediente 2447/23 del exsenador y actual gobernador chubutense Ignacio Torres y otros/as que modifica el art. 3 de su similar 25.413 y sus modificaciones. Este dispone desafectar el 50% de impuesto a los débitos y créditos bancarios que ingresara a la masa de Coparticipación Federal de Impuestos Ley 23.548 y sus modificaciones.
La senadora Juri explicó que el primero de sus proyectos tiene que ver con los fondos del tesoro nacional a las provincias: “La Argentina no puede esperar la distribución de fondos del Aporte del Tesoro Nacional de las provincias, por eso proponemos reformar la ley para darle más transparencia. Además, detalló que “el otro proyecto apunta a que se fije un piso de los fondos coparticipables a las provincias para una Argentina más justa y federal”.
Por su parte, el senador Blanco sostuvo que su proyecto de ley “fija el marco de regulación de distribución de todos los recursos que se recaudan en todo el país donde se separa abiertamente los que corresponden a las provincias y a la nación. Plantea una dinámica distinta a como se hace actualmente”.
La senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero consideró clave “ordenar el sistema y bajar los impuestos. Si bajamos los impuestos van a aumentar los recursos en nuestras provincias y la gente va a invertir”.
Por último, la senadora María Teresa González celebró este tipo de encuentros para discutir la coparticipación federal de impuestos.
Tras la reunión plenaria, la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos llevó a cabo una jornada académica titulada “La jerarquía constitucional de la coparticipación de impuestos y el federalismo de concertación”.
Durante el evento expusieron Alberto Dalla Vía, juez de la Cámara Nacional Electoral y profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; Luis Francisco Lozano, juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Torcuato Di Tella; Daniel Sabsay, profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y Antonio María Hernández, profesor titular plenario en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y director del Instituto de Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba.
Fue durante la sesión ordinaria de este jueves, en la que volvieron a manifestar su malestar por el incumplimiento del Gobierno Nacional al fallo de la Corte Suprema de Justicia y por el “recorte intempestivo” de subsidios al transporte automotor de pasajeros de carácter urbano en el AMBA.
Tal y como lo anticipó días atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó este jueves un proyecto de declaración mediante el cual volvieron a manifestar su preocupación por la falta de acatamiento por parte del Gobierno Nacional al fallo de la Corte Suprema de Justicia por los recursos coparticipables del distrito capitalino.
“La Legislatura de la Ciudad rechaza el agravio sistemático a los vecinos de esta Ciudad que se ven afectados por el nuevo incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional sobre el último acuerdo arribado a los efectos de cumplir lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad – cobro de pesos’ (Expte. 1865/2020) que manda a otorgar el 2,95% de la masa de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires; y por el anuncio de recorte intempestivo de subsidios al transporte automotor de pasajeros de carácter urbano en el AMBA”, sostiene el documento recientemente aprobado en el Parlamento local.
Al mismo tiempo que manifiesta que “esto supone un nuevo peso en las arcas de la Ciudad para afrontar gastos sin contar con los recursos que le corresponden por ley”.
En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores explicaron que “continuar con el incumplimiento de esta resolución implica atentar contra el derecho a la seguridad, el derecho a la educación y el derecho a la salud de todos los porteños. Cada día que pasa son que se transfiera el monto correspondiente supone un nuevo atentado contra la autonomía local, y contra los intereses de los habitantes de esta Ciudad” y precisó que “es por ello que es menester no solamente repudiar la situación, sino instar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a que tome cartas en el asunto y aplique medidas cautelares ejemplares y efectivas para garantizar el cumplimiento de lo ordenado. Es a nuestro criterio un camino el trabar embargo sobre cuentas, con el objeto de recuperar los más de $800.000.000.000 que no le han sido transferidos a la Ciudad”.
“Asimismo, esta quita intempestiva de recursos que corresponden a la Ciudad de Buenos Aires se ve agravada por el anuncio efectuado por el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, quien anunció que se recortarán los subsidios al transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a partir de septiembre”, sentenciaron.
Es por la demora en cumplir con la devolución de fondos coparticipables y ahora el tema de los subsidios al transporte.
“Al igual que Cristina y Alberto, Milei ataca económicamente a los porteños”, denunció el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. El legislador nacional alertó sobre otro conflicto en ciernes del primer mandatario con el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ante la intención de sacar los subsidios al transporte en la Ciudad.
Recordó Ferraro que “el 22 de julio, se firmó un acuerdo para que el gobierno cumpla con el fallo de la Corte Suprema y devuelva los fondos de coparticipación que Alberto Fernández le arrebató a la Ciudad de Buenos Aires”. En ese sentido, en las redes sociales el diputado de la Coalición Cívica agregó que “con el manual kirchnerista en mano, el gobierno no ha depositado nada de ese dinero y redobla el ataque queriendo quitar los subsidios a las 31 líneas de colectivos que recorren la ciudad”.
Y cerró: “Señor Presidente, los porteños merecen un trato justo. Algo tan sensible como la quita de subsidios al transporte metropolitano, que afecta directamente a los 6 millones de personas que transitan la ciudad cada día, debe hacerse con previsibilidad y acuerdos”.
Las consecuencias del recorte en la coparticipación aplicado como una medida política de la gestión anterior no ha sido aún revertida, afetando la capacidad de la Ciudad de financiar servicios y proyectos.
En el contexto del federalismo argentino, la Ciudad de Buenos Aires (CABA) emerge no solo como la capital del país sino también como un actor dinámico e influyente. La autonomía de la ciudad se ha visto fortalecida desde la reforma constitucional de 1994, que le otorgó el estatus de entidad autónoma con facultades legislativas y jurisdiccionales propias. Sin embargo, su funcionamiento dentro del esquema federal argentino presenta desafíos y oportunidades significativas.
El rol activo de la Ciudad ante las provincias
Buenos Aires, al ser la capital administrativa y política del país, asume un papel crucial en el equilibrio del federalismo. Su posición estratégica y su relevancia económica hacen de la ciudad un puente vital entre el gobierno nacional y las provincias. La interacción constante con las provincias se ve reflejada en iniciativas de cooperación en áreas clave como el transporte, la salud y la seguridad. La colaboración interjurisdiccional es esencial para afrontar problemas compartidos y para el desarrollo de políticas públicas que beneficien a toda la nación.
Inteligencia emocional en la gestión
La gestión de una ciudad con la complejidad de Buenos Aires requiere un alto grado de inteligencia emocional. Los líderes locales deben ser capaces de comprender y gestionar sus propias emociones, así como las de sus ciudadanos y colaboradores. La inteligencia emocional en la gestión pública se traduce en una mayor empatía, mejor resolución de conflictos y una comunicación más efectiva. En un contexto donde las decisiones impactan a millones de personas, la capacidad de los dirigentes para conectar emocionalmente con los ciudadanos y responder de manera sensible a sus necesidades es crucial. Trascender la importancia de la cosa pública, el compromiso político de gestión en el marco del acta firmada en Tucumán por el Jefe de Gobierno y el justo reclamo de los recursos de la Ciudad, transformando todo ello en un sentimiento común, es el camino.
El primer Pacto de Mayo y la Coparticipación Federal
La historia de Buenos Aires está entrelazada con el "Pacto de Mayo" de 1852, un acuerdo fundamental para el federalismo argentino. Este pacto, que buscaba equilibrar las autonomías provinciales con la unidad nacional, sigue siendo un referente para la lucha por una distribución justa de los recursos. En este sentido, el reclamo de la ciudad por la coparticipación federal arrebatada durante el gobierno de Alberto Fernández es legítimo y necesario.
La coparticipación federal es un mecanismo mediante el cual se distribuyen los ingresos fiscales entre la nación y las provincias. La decisión del gobierno de Fernández de recortar la coparticipación de Buenos Aires fue vista por muchos como una medida política más que económica, destinada a debilitar a un adversario político. Sin embargo, este recorte ha tenido implicaciones reales para los ciudadanos, afectando la capacidad de la ciudad para financiar servicios públicos esenciales y proyectos de infraestructura.
La legitimidad del reclamo
El reclamo de Jorge Macri en su rol de Jefe de Gobierno de la Ciudad, no solo es legítimo desde una perspectiva legal y constitucional, sino también desde un punto de vista ético y de justicia distributiva. La ciudad aporta significativamente al Producto Bruto Interno (PBI) nacional y, por ende, merece una compensación adecuada que le permita seguir desarrollándose y contribuyendo al bienestar de todos los argentinos. La lucha por una coparticipación justa es, en última instancia, una lucha por el respeto a los principios federales que sostienen nuestra república.
La Ciudad de Buenos Aires, en su rol activo dentro del federalismo argentino, destaca por su gestión inteligente y emocionalmente conectada con sus ciudadanos. La participación en el "Pacto de Mayo" de julio de 2024 y el reclamo legítimo de una coparticipación federal justa reflejan su compromiso con un federalismo equitativo y su búsqueda constante de justicia. La resolución de estos desafíos no solo fortalecerá a Buenos Aires, sino que también contribuirá a un Argentina más unida y próspera.
Jorge Giorno fue diputado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, preside el Partido de las Ciudades en Acción y actualmente es Director General de Asuntos Federales del Gobierno de la Ciudad.
Gracias a una iniciativa impulsada por el oficialismo y sus aliados, los diputados de las diferentes bancadas volvieron a reclamarle al Gobierno de Javier Milei que acate el fallo de la Justicia que establece la restitución del 2,95% de los recursos coparticipables.
Como lo adelantó días atrás parlamentario.com, la Legislatura de la Ciudad aprobó durante la sesión de este jueves una iniciativa mediante la cual le exigieron al Gobierno Nacional que acate la orden judicial en la que se ordena la restitución del 2,95% de la masa de fondos que fueran quitados intempestivamente en el transcurso de la pandemia de Coronavirus, por la gestión del ex presidente Alberto Fernández.
En los fundamentos de la medida, los legisladores aseveraron que “una vez más tenemos la obligación de expresarnos en defensa de la autonomía de nuestra Ciudad. La decisión presidencial de modificar el régimen de coparticipación federal respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectó seriamente nuestra autonomía política y financiera”.
Además, recordaron que “en el año 2016 se suscribe el Convenio entre el Estado Nacional y la CABA para la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la CABA. Dicho convenio estableció el marco y el alcance de las competencias que asumió Ciudad” y aseveraron: “para entender la magnitud del servicio en cuestión, debe tenerse en cuenta que se transfirió aproximadamente el 45% de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), alcanzando un total de 20.248 efectivos”.
“Definido por lo tanto el alcance del traspaso, y su correspondiente estimación de costo de las competencias traspasadas, con fecha 18 de enero el Decreto PEN N° 194/16 dispuso incrementar la participación que le corresponde al GCABA. Estableció que la participación que le corresponde a la CABA se fijaba en un coeficiente equivalente al 3,75% a partir del 1° de enero de 2016 y dejaba derogado el Decreto PEN N° 705/03 que había fijado el coeficiente en 1,40%. Posteriormente, a través del Pacto Fiscal se fijó el coeficiente en 3,50%”, detallaron los oficialistas.
Por lo que explicaron que “el aumento del porcentaje de coparticipación tuvo una causa concreta y específica: los recursos para financiar los servicios de Seguridad oportunamente transferidos. Para el Estado Nacional ese coeficiente resultó económicamente neutro porque se fundamentó en el costo de la transferencia de los servicios de Seguridad”.
Fue entonces cuando desde el oficialismo y sus aliados recordaron que en el 2020 “el Poder Ejecutivo mediante el decreto 735/2020 dispuso la reducción del porcentaje antes enunciado a 2,32% y luego el Congreso Nacional por la Ley 27.606 sancionada el 10 de diciembre de 2020, dispuso la reducción del porcentaje a 1,4%, llevándolo a niveles similares a los del año 2003, tiempo en el que aún no se habían producido gran parte de los traspasos aludidos anteriormente. Todo ello sin la concurrencia de la voluntad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“La unilateral decisión tomada por el Gobierno Nacional, que produjo en lo inmediato una pérdida económica a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue arbitraria, ya que no estuvo avalada por ninguna normativa vigente que autorizase a esta reducción de la masa coparticipable que le había sido adjudicada por acuerdo celebrado con el propio Gobierno Nacional”, agregaron.
Por lo que los diputados concluyeron señalando que “han transcurrido más de 550 días desde el fallo de diciembre de 2022 y seis meses desde la asunción del nuevo Gobierno Nacional. En todo este tiempo, la Ciudad ha mantenido con firmeza su reclamo por la restitución de los fondos que le corresponden, exigiendo el acatamiento del fallo. Cabe destacar que la deuda acumulada desde que se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el momento alcanza los $800.000.000.000 (ochocientos mil millones de pesos). De acuerdo con la exposición del Jefe de Gabinete de la Ciudad en la primera sesión informativa del año, la suma es de 88.000.000.000 (ochenta y ocho mil millones de pesos) mensuales”.
Los diputados locales se reúnen desde las 11.45 para llevar a cabo una nueva sesión ordinaria en la que se exigirá al Gobierno Nacional que cumpla con lo ordenado por la Justicia y buscarán avanzar con cambios en los nombres de jardines de infantes.
En el marco de la última sesión ordinaria antes del receso invernal, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se reúne desde las 11.45 para tratar una iniciativa en la que buscarán exigirle al Gobierno Nacional que cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia por la coparticipación del distrito capitalino.
Además, se buscará avanzar con una serie de iniciativas que buscan obtener información sobre la situación de personas que se encuentran sin hogar, dado a la ola polar que azota a toda la provincia y que ya provocó la muerte de cinco personas que se encontraban durmiendo en la calle.
También se evaluarán proyectos de declaración que buscan distinguir a personalidades del ámbito de la cultura, educación, deporte, entre otras cuestiones; y otros textos que prevén cambiar nombres en algunos jardines de infantes de la Ciudad.
Los legisladores de Vamos por Más, Confianza Pública, Partido Socialista y UCR-Evolución impulsaron en la Legislatura porteña una iniciativa mediante la cuál instan al Ejecutivo Nacional a acatar el fallo de la Justicia que establece la restitución del 2,95% de los recursos coparticipables.
A casi dos años del fallo de la Corte Suprema de Justicia, los diputados de Vamos por Más (VxM), Confianza Pública (CP), Partido Socialista (PS) y UCR-Evolución (UCR-Ev) presentaron en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de declaración mediante el cuál le exigen al Gobierno Nacional que acate la orden judicial en la que se ordena la restitución del 2,95% de la masa de fondos que fueran quitados intempestivamente en el transcurso de la pandemia de Coronavirus, por la gestión del ex presidente Alberto Fernández.
La iniciativa lleva las firmas de Sebastián Nagata, María Sol Méndez, Graciela Ocaña (CP), Jessica Barreto (PS), Aldana Crucitta, Lucio Lapeña, Francisco Loupias, Gustavo Mola, María Fernanda Mollard, María Inés Parry, Guillermo Suárez, Manuela Thourte (UCR-Ev), Juan Facundo Del Gaiso, Emmanuel Ferario y Claudio Romero (VxM).
En los fundamentos de la medida, los legisladores aseveraron que “una vez más tenemos la obligación de expresarnos en defensa de la autonomía de nuestra Ciudad. La decisión presidencial de modificar el régimen de coparticipación federal respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires afectó seriamente nuestra autonomía política y financiera”.
Además, recordaron que “en el año 2016 se suscribe el Convenio entre el Estado Nacional y la CABA para la transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la CABA. Dicho convenio estableció el marco y el alcance de las competencias que asumió Ciudad” y aseveraron: “para entender la magnitud del servicio en cuestión, debe tenerse en cuenta que se transfirió aproximadamente el 45% de los efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), alcanzando un total de 20.248 efectivos”.
“Definido por lo tanto el alcance del traspaso, y su correspondiente estimación de costo de las competencias traspasadas, con fecha 18 de enero el Decreto PEN N° 194/16 dispuso incrementar la participación que le corresponde al GCABA. Estableció que la participación que le corresponde a la CABA se fijaba en un coeficiente equivalente al 3,75% a partir del 1° de enero de 2016 y dejaba derogado el Decreto PEN N° 705/03 que había fijado el coeficiente en 1,40%. Posteriormente, a través del Pacto Fiscal se fijó el coeficiente en 3,50%”, detallaron los oficialistas.
Por lo que explicaron que “el aumento del porcentaje de coparticipación tuvo una causa concreta y específica: los recursos para financiar los servicios de Seguridad oportunamente transferidos. Para el Estado Nacional ese coeficiente resultó económicamente neutro porque se fundamentó en el costo de la transferencia de los servicios de Seguridad”.
Fue entonces cuando desde el oficialismo y sus aliados recordaron que en el 2020 “el Poder Ejecutivo mediante el decreto 735/2020 dispuso la reducción del porcentaje antes enunciado a 2,32% y luego el Congreso Nacional por la Ley 27.606 sancionada el 10 de diciembre de 2020, dispuso la reducción del porcentaje a 1,4%, llevándolo a niveles similares a los del año 2003, tiempo en el que aún no se habían producido gran parte de los traspasos aludidos anteriormente. Todo ello sin la concurrencia de la voluntad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“La unilateral decisión tomada por el Gobierno Nacional, que produjo en lo inmediato una pérdida económica a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue arbitraria, ya que no estuvo avalada por ninguna normativa vigente que autorizase a esta reducción de la masa coparticipable que le había sido adjudicada por acuerdo celebrado con el propio Gobierno Nacional”, agregaron.
Por lo que los diputados concluyeron señalando que “han transcurrido más de 550 días desde el fallo de diciembre de 2022 y seis meses desde la asunción del nuevo Gobierno Nacional. En todo este tiempo, la Ciudad ha mantenido con firmeza su reclamo por la restitución de los fondos que le corresponden, exigiendo el acatamiento del fallo. Cabe destacar que la deuda acumulada desde que se expidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta el momento alcanza los $800.000.000.000 (ochocientos mil millones de pesos). De acuerdo con la exposición del Jefe de Gabinete de la Ciudad en la primera sesión informativa del año, la suma es de 88.000.000.000 (ochenta y ocho mil millones de pesos) mensuales”.
El legislador de la Coalición Cívica precisó que desde ese espacio le enviaron una carta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitando el urgente traslado de los presos federales.
A raíz de la fuga de diez presos en menos de un mes, el diputado de Vamos por Más (VxM) y hombre de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura de la Ciudad, Facundo del Gaiso, exigió que el Gobierno Nacional intervenga para frenar esta situación y adelantó que desde la Coalición Cívica le enviaron una carta a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, solicitando el urgente traslado de los presos federales.
A través de sus redes sociales, Del Gaiso se preguntó: “¿tenemos que esperar que pase una tragedia para que el Gobierno Nacional se haga cargo de los presos que le corresponden al Servicio Penitenciario Nacional? ¿Cuándo lo hacia el kirchnerismo, denunciábamos que buscaban perjudicar a la Ciudad, si lo hace el Gobierno de Javier Milei no?”.
“Desde la Coalición Cívica, le enviamos una carta a la ministra de Seguridad, solicitando el urgente traslado de los presos federales. Tenemos 2005 presos federales custodiados por 2000 policías, que en vez de estar patrullando las calles están armando barricadas en las comisarías”, continuó el legislador.
Al mismo tiempo que concluyó planteando que “el maltrato a la Ciudad es similar del kirchnerismo como del Gobierno de Milei. No cumplen el fallo de la Corte por la Coparticipación, que implica un alzamiento al orden democrático. Con una deuda acumulada de 1 billón de pesos (el presupuesto total CABA es 6 billones)”.
Para el autor, estaba claro que si el Congreso no aprobaba las leyes libertarias, Nación estaba dispuesta a fundir a las provincias. Y lo hizo.
Nadie puede decir que el presidente Javier Milei y el ministro Luis “Toto” Caputo no hayan avisado.
El jueves 25 de enero, en una reunión de gabinete, Milei dijo sobre los gobernadores: “Los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”.
El día anterior, Caputo ya había advertido en su cuenta de la red X: “Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado”. Y aclaró: “No es una amenaza”.
Quedaba claro que si el Congreso no aprobaba las leyes libertarias, el Gobierno nacional estaba dispuesto a fundir a las provincias. Y lo hizo; pero nadie imaginó que lograrían su cometido en el primer trimestre del año.
El torniqute fiscal es hoy asfixiante. Las transferencias corrientes a las provincias ya cayeron un 77%.
Se trata de un ajuste por doble vía: la eliminación de transferencias no automáticas y una brutal caída de los recursos coparticipables.
Entre las que se destacan el Fondo Nacional de Incentivo Docente, el Fondo Compensador para el Transporte, los adelantos para Cajas de Jubilaciones provinciales, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires, entre otros.
A ello hay que sumar la eliminación de la obra pública y el congelamiento de proyectos de inversión de la Nación en las provincias.
Según datos difundidos por el IARAF, en marzo la coparticipación de recursos a las provincias habría caído un 26% en términos reales.
El mencionado instituto destaca que la caída se explica “principalmente por el mal desempeño en la recaudación del impuesto a las ganancias (-41% real interanual) y de la recaudación de IVA (-18% real interanual)”.
Desde el Instituto Consenso Federal afirmamos que -en ambos casos- se trata de tributos muy sensibles a las variaciones de la actividad económica, los ingresos y el consumo.
Evidentemente, la política económica recesiva de Milei tiene un efecto lacerante sobre las finanzas provinciales.
En el caso del IVA y de Ganancias, el 42,34% de la recaudación se destina a la administración nacional, mientras que el 56,66% se distribuye automáticamente entre todas las provincias y el 1% se asigna al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Sin embargo, un tributo que el Gobierno aumentó drásticamente al asumir, el denominado Impuesto PAIS, en febrero incrementó su recaudación en 1439% interanual, según informes de la propia AFIP.
Un comportamiento similar tuvieron los Derechos de Exportación (“retenciones”), con 476,5% interanual de aumento en la recaudación.
Precisamente, son dos tributos que no se coparticipan. Todo lo que ingresa va a la Nación; ni un peso a las provincias.
Desde el Instituto Consenso Federal entendemos que la administración nacional amortigua la caída de recaudación de los impuestos directamente vinculados a la actividad económica interna (y que se coparticipan) con el aumento de ingresos por impuestos ligados al comercio exterior, que no se coparticipan con las provincias.
Qué deberían hacer las provincias y el Congreso
Alejandro “Topo” Rodríguez es director del Instituto Consenso Federal
El diputado opinó que “cada provincia recaude sus impuestos y se financien solas”. Sobre el conflicto entre el Gobierno y Chubut avizoró: “Esto va a terminar en alguna negociación, hay que cumplir los contratos”.
El diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) volvió a opinar respecto del conflicto que mantienen las provincias patagónicas, puntualmente Chubut, con la Nación y planteó que “no exista relación fiscal” para evitar el vínculo “tóxico” que se genera.
En diálogo por Radio 10, el economista analizó que “es un Gobierno que llegó correctamente con un diagnóstico que el anterior dejó plantado en una crisis muy severa y salir de eso nunca es fácil, pero fue muy correcto la presentación que se hizo en sociedad de la crisis heredada y el camino a seguir”.
“Creo que hay luz al final del túnel, no hay duda, pero dolores de parto va a haber porque hay cosas que el Gobierno está dispuesto a enfrentarlos para que el país funcione bien para los argentinos, por ejemplo, el tema fiscal como el conflicto entre Nación y provincias y llevamos 100 años de este problema”, opinó.
Al ser consultado por el conflicto con las provincias, Espert recordó que “la Constitución del 53 establecía un país federal que significa un país con mucha autonomía municipal y de las provincias, no esta relación tóxica entre gobiernos provinciales y municipios y Nación”.
“Hoy estamos con esta enfermedad que las provincias manipulan a la Nación, la cagan cada vez con los préstamos que toman de Nación y Nación manipula con la plata que les manda. Entonces para poder terminar con esto, hay que terminar con el tema coparticipación y que cada provincia recaude sus impuestos y, de esa manera, vamos a tener municipios muy fuertes, provincias menos fuertes y un Estado Nacional chiquito”, planteó.
Sin embargo, el economista señaló que “ahora es todo al revés, tenemos un Estado Nacional más grande que las provincias gastando más, todo eso hay que darlo vuelta y eso empieza por exponer un poco el curro que hay detrás de que no haya autonomía provincial y que siga la relación tóxica porque atrás hay negocios”.
“El problema entre Nación y provincia, si lo miras como función, lo que ocurre es que Nación se dedica a atender jubilados y dar subsidios, es una especie de pasamanos que recauda plata de los activos que están laburando y los impuestos al salario se lo reparte a los jubilados. El Estado Nacional groseramente cobra impuestos al salario y se lo da a los jubilados y da subsidios, la función de las provincias deberían prestar servicios que fueron transferidos como salud, educación básica, seguridad y tienen 2 millones de empleados públicos para eso y no funciona porque todo es un desastre. Tenes un problema serio ahí porque gastan 14 puntos del producto del gasto y no podes cubrir todo, estas jodido, algo malo es”, explayó.
Para el bonaerense “si es necesario hay que gobernar con los gobernadores de culo, porque no puede ser que pretendan que sea un derecho adquirido fumarse en pipa a la Nación, eso está mal es parte de la decadencia”, y expresó: “Es una cosa insólita lo que pasó entre Chubut y Nación, pero hay que ver los contratos que firmó de deuda. Argentina es campeón mundial de pedir plata cuando está en la ruina y las provincias cada tanto hacen lo mismo”.
“No se puede refinanciar otra vez la deuda con Chubut, pero ‘Nacho’ Torres sabía de este problema cuando estuvo en elecciones e hizo campaña con esto”, apuntó y avizoró: “Esto va a terminar en alguna negociación, hay que cumplir los contratos. Para que no ocurran esta relación tóxica que no exista relación fiscal entre Nación y provincia. Que sean federales y se financien solos”.
Será a partir de las 17 en el Salón Azul. Será en respaldo al reclamo del chubutense Torres por la retención de fondos coparticipables por parte de Nación.
En una señal de unidad y respaldo a Ignacio "Nacho" Torres, los gobernadores patagónicos darán una conferencia de prensa este martes, desde las 17, en el Salón Azul del Senado. La actividad fue organizada formalmente por la senadora chubutense Edith Terenzi.
La palabra de los mandatarios provinciales se escuchará un día antes del ultimátum que Torres dio al Gobierno nacional: en la disputa por 13.500 millones de pesos de fondos coparticipables retenidos por Nación -a causa de una deuda de la provincia-, el chubutense advirtió con cortar el envío de petróleo y gas.
El conflicto se desató el viernes pasado y la tensión escaló durante todo el fin de semana, con la postura por parte de Casa Rosada de no ceder ante el planteo de Chubut, además de asegurar que la advertencia sería "absolutamente ilegal". El clima se calentó también por la actitud mostrada por el presidente Javier Milei a través de su red social X, con "likes" y reposteos ofensivos contra Torres.
En la conferencia estarán presentes, además de Torres, Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Vidal (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
Este lunes, el gobernador chubutense asistió a la Legislatura provincial, donde fue aprobado un proyecto que le otorga facultades para llevar a cabo "todas las acciones administrativas, judiciales y medios alternativos de resolución de conflictos que conduzcan a hacer cesar la ilegalidad y atropello del Gobierno nacional, al retener fondos que por derecho le corresponden al Estado provincial".
Morigeró sus amenazas originales y ante los legisladores de la unicameral chubutense descartó apelar a una acción de fuerza.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció este lunes su intención de recurrir "a la vía judicial" en la disputa que enfrenta su provincia con el Gobierno nacional por los recursos coparticipables, estableciendo un plazo hasta el miércoles para alcanzar una solución concreta.
Torres se presentó en la Legislatura unicameral de Chubut, donde ocupó un escaño, marcando un hito en la historia institucional. Durante su intervención, transmitió un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, destacando el llamado de diversos sectores productivos que expresaron su preocupación por la situación.
Respecto a la posibilidad de cortar el suministro de petróleo, mencionada la semana pasada desde Comodoro Rivadavia, Torres señaló que es una medida de difícil aplicación y descartó la opción de una acción de fuerza, enfatizando en la vía judicial como recurso.
En su discurso ante la Legislatura, Torres dirigió críticas al presidente Javier Milei, a quien acusó de intentar enviar un mensaje de disciplina a través de Chubut hacia otras provincias. Hizo hincapié en la necesidad de canjear deuda y no refinanciarla, buscando evitar tasas usurarias.
Respecto a la reunión prevista con los gobernadores patagónicos, destacó su importancia y subrayó la necesidad de oponerse al sometimiento y la amenaza, resaltando la contribución de la Patagonia a nivel nacional.
Durante la sesión extraordinaria, se presentó un proyecto que insta al Poder Ejecutivo a emprender acciones para cesar la retención de fondos y recuperar recursos correspondientes a la provincia. El proyecto fue aprobado con excepción del diputado del Frente de Izquierda, Santiago Vasconcelos, quien expresó su disposición a respaldar el espíritu del proyecto, pero no a dar un cheque en blanco al Ejecutivo.
Torres agradeció a los diputados que respaldaron el proyecto, destacando su compromiso con los intereses de la provincia. En el encuentro legislativo participaron representantes de diversas fuerzas políticas, legisladores nacionales, cámaras empresariales e intendentes de distintas localidades de Chubut.
El diputado de UP por Chubut advirtió que "si nos recortan fondos no se los sacan a la política", sino a los servicios públicos.
En referencia al conflicto desatado entre la provincia de Chubut y el Gobierno nacional, el diputado de Unión por la Patria José Gllinski consideró que "esta es una situación que el presidente (Javier Milei) está buscando, está buscando permanentemente el conflicto de poderes".
"Si nos recortan fondos no significa que se lo sacan a la política, sino que son los sueldos de los maestros, los insumos de los hospitales. Los servicios que brindan los Estados provinciales son los esenciales. La Nación no tiene la responsabilidad de la salud, la educación, la seguridad", sostuvo en declaraciones a Radio 10.
El legislador mencionó además que los patagónicos tienen "una historia de rebeldía con la Nación, y además una historia de que nuestros recursos han sido motor de la Argentina durante muchísimos años. Son más de 100 años de industria petrolera, en donde el sentir nuestro es que la Nación se ha quedado con más recursos de los que nos han dado".
El chubutense cuestionó que "se hace imposible cualquier tipo de relación y diálogo sensato con el presidente de la Nación, que ha elegido, primero a los diputados y luego a los mandatarios provinciales, como los enemigos de su política".
Sobre los recursos de la coparticipación retenidos por Nación, a causa de una deuda que tiene la provincia, el legislador resaltó que "significa muchísimo para la provincia, porque solamente en febrero se recortaron más de 13 mil millones de pesos. Son cuatro escuelas, como dice el gobernador (Ignacio "Nacho") Torres".
Precisamente sobre el mandatario, Glinski afirmó que "esta situación ha hecho que las diferencias político-partidarias e ideológicas que tenemos con Torres se vayan licuando". "Todo el arco político y todas las provincias han salido a defender su posición contra el presidente Milei", agregó.
El diputado de Vamos por Más (VxM) cuestionó a la gestión de Javier Milei por no cumplí con el fallo de ese organismo. "Los fallos de la Corte se acatan, sea el Gobierno que sea", aseguró.
El diputado de Vamos por Más (VxM) y hombre de confianza de Elisa Carrió en la Legislatura porteña, Facundo Del Gaiso, volvió a pedir en las redes sociales que se cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto de los recursos coparticipables que le fueron quitados durante la gestión de Alberto Fernández.
A través de su cuenta de X -ex Twitter- aseveró que "los fallos de la Corte se acatan, sea el Gobierno que sea" y planteó que "la autonomía de la Ciudad se defiende siempre seas opositor u oficialista".
"El kirchnerismo le robó a todos los porteños. la Corte falló, es un fallo de goteo diario. Esperamos que el Gobierno de Javier Milei cumpla el fallo", continuó.
Al mismo tiempo que recordó que "el fallo de la Corte estableció que la Nación le debe transferir a la Ciudad el 2,95 % de la Coparticipación en vez del 1,4 %, es de goteo diario".
"El Gobierno de Alberto violó la ley y no lo acato. El Gobierno de Milei hasta ahora tampoco, por día equivale a $1700 millones", sentenció el diputado.
A través de un proyecto presentado por el jefe de bloque, cuestionaron el accionar del expresidente Fernández e instaron a que “se incremente hasta el 2,95% el porcentaje de coparticipación”.
El bloque de diputados naciones del Pro, encabezados por su presidente Cristian Ritondo, presentaron un proyecto de resolución para exigirle al Gobierno Nacional que se cumpla la sentencia de la Corte Suprema y garantizar la devolución de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires que había quitado Alberto Fernández.
“Como es de notorio y de público conocimiento el pasado 21 de diciembre del 2020 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar por la cual ordenó al Estado Nacional y particularmente al ministro de Economía de la Nación, que se incremente hasta el 2,95% el porcentaje de coparticipación”, explicaron en el texto presentado.
Del mismo modo, cuestionaron al presidente saliente por “apresurarse a anunciar su decisión de no cumplir dicha sentencia, motivo por el cual desde este honorable cuerpo propiciamos su juicio político, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución Nacional y también se propició la interpelación y censura del jefe de Gabinete de ministros por la misma razón”.
También, remarcaron que “un día después de publicada la sentencia, el presidente de la Nación decidió no obedecer lo ordenado por la Corte Suprema”.
La iniciativa lleva las firmas de los diputados nacionales Alejandro Finocchiaro, María Eugenia Vidal, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici, Álvaro González, Daiana Fernández Molero, Fernando Iglesias, Diego Santilli, Germana Figueroa Casas, Hernán Lombardi, Luciano Laspina, Martín Maquieyra, Gerardo Milman y Martín Yeza, entre otros.
Proyecto de Resolución CABA (1)El legislador de la Coalición Cívica celebró la reunión entre Jorge Macri y Luis Caputo por los recursos coparticipables que les fueron quitados durante la gestión el ex presidente Alberto Fernández.
El diputado de Vamos por Más (VxM) y hombre de confianza de Elisa Carrió dentro de la Legislatura porteña, Facundo Del Gaiso, se refirió a la reunión entre el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, y el ministro de Economía del Gobierno nacional, Luis Caputo, para dialogar sobre los recursos coparticipables que le fueron quitados al distrito capitalino durante la gestión de Alberto Fernández.
En ese sentido, el oficialista aseguró que “es un avance que el Gobierno Nacional reconozca la deuda que tiene con todos los vecinos de la Ciudad por la coparticipación. Pero la autonomía se defiende siempre, sean los k o sea Javier Milei”.
Además, señaló que “no es ‘reconocer’ sino es acatar un fallo de la Corte y pagar el 2,95% de la Coparticipación”.
“La Ciudad de Buenos Aires, debido a la quita a ‘mano armada’ que hicieron los K de la Coparticipación, dejó de hacer obras grandes y renegoció contratos para tener déficit cero. La Corte fallo el 22/12/22 en favor de la Ciudad, dijo que debe pagarse el 2,95% en vez del 1.4 %, debe acatarse”, completó.
El jefe de Gobierno porteño se reunió con el ministro de Economía del Gobierno nacional para pedirle que respete la decisión de la Corte Suprema de Justicia. “El kirchnerismo ignoró e incumplió, en un hecho sin antecedentes, un fallo de la Corte hasta su último día en el poder”, sostuvo el alcalde local.
A días de la asunción del presidente Javier Milei, el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, y el ministro de Economía del Gobierno nacional, Luis Caputo, se reunieron para dialogar acerca del fallo de la Corte Suprema de Justicia que estableció la devolución de recursos coparticipables al distrito capitalino.
En ese sentido, el alcalde porteño explicó en sus redes sociales que se reunió “con Luis Caputo, ministro de Economía del Gobierno Nacional, para pedirle que respetara la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de restituir a la Ciudad los recursos de Coparticipación Federal, que el kirchnerismo nos sacó a todos los porteños de forma unilateral e ilegítima, afectando seriamente a los vecinos y a todos los que nos visitan cada día”.
Sobre esa misma línea indicó que “este encuentro refleja un cambio de época. Ambas partes, Ciudad y Nación, buscamos en el diálogo llevar adelante nuestra vocación de lograr consensos y acordar en aquellos puntos que son mejoras para los vecinos. Siempre debió haber sido así, especialmente en este tema tan importante. Pero fue imposible lograrlo ya que el kirchnerismo ignoró e incumplió, en un hecho sin antecedentes, un fallo de la Corte hasta su último día en el poder”.
“Las diferencias nos deben impulsar a tender puentes en vez de alejarnos. Eso es lo que buscaremos siempre”, completó.
El proyecto fue presentado por los dirigentes sindicales de La Bancaria Sergio Palazzo y Carlos Cisneros. Apuntan a cubrir la recaudación que las provincias no recibirán por la baja de Ganancias.
Los diputados nacionales de Unión por la Patria Sergio Palazzo y Carlos Cisneros presentaron un proyecto de ley que tiene por objeto que el aumento del impuesto PAIS para importaciones, dispuesto por decreto por el Gobierno, sea 100% coparticipable.
A través de la red social X, Palazzo, secretario general del gremio de bancarios, recordó que este tributo “tuvo una suba de alícuota de 10 puntos mediante decreto del PEN” publicado el pasado 13 de diciembre, que estableció un incremento de 7,5% a 17,5%.
La intención de la iniciativa es dotar de una alternativa de recaudación para las provincias, ante la pérdida por la quita del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, y ante la intención del Poder Ejecutivo de restituirlo.
En ese sentido, el legislador señaló que “también hay otro proyecto presentado por varios legisladores de las provincias de Río Negro, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Córdoba y Buenos Aires, haciendo coparticipable el impuesto al cheque, que también genera una recaudación mayor para las provincias que el impuesto a los salarios”.
“Es decir que hay proyectos para cubrir esa recaudación que no se percibe por impuesto a las Ganancias”, argumentó el sindicalista, que enfatizó: “Si quieren continuar con la derogación de la ley, es porque lisa y llanamente es contra los trabajadores”.
En los argumentos del proyecto, Palazzo y Cisneros apuntaron que “las provincias cumplen imprescindibles funciones, especialmente en materia de salud, educación y seguridad, por eso consideramos impostergable dotarlas de recursos fiscales a través de la coparticipación parcial de un impuesto cuyo producido es íntegramente distribuido por el Estado Nacional, como lo que es el impuesto PAIS. De este modo, lo que buscamos es distribuir la mayor recaudación causada por el reciente aumento de este impuesto en beneficio del federalismo; y así evitar la disminución en la calidad de las prestaciones que las provincias ofrecen a sus habitantes, como así también recurrir a fuentes regresivas de financiamiento que perjudiquen los ingresos de los trabajadores”.
Los opositores recordaron que el “Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria” se creó en diciembre de 2019, a través de la Ley 27.541, por el término de cinco períodos fiscales. Este tributo grava un listado de operaciones que implican la adquisición de moneda extranjera de manera directa o indirecta. “En sintonía con las demandas de los gobernadores de diverso signo político, proponemos que lo que se recaude de manera incremental por este último aumento sea 100% coparticipable”, plantearon.
Será el primer encuentro del flamante mandatario con los gobernadores de todo el país, y el diálogo girará en torno a la coparticipación perdida a partir de la ley impulsada por Sergio Massa.
Con el foco en la posible modificación del impuesto a las ganancias -dejar sin efecto la suba del piso del mínimo impulsada por el entonces candidato presidencial Sergio Massa, en septiembre pasado- el presidente Javier Milei recibirá este martes, en la Casa Rosada a los 23 gobernadores y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Simultáneamente, será el primer encuentro que empezará a reperfilar la relación Nación-Provincias, tras la decisión de Milei de recortar los fondos que hasta ahora distribuía el Ministerio del Interior a todas las provincias.
Los gobernadores ya habían pataleado cuando Massa -en plena campaña electoral- hizo la corrección de Ganancias en favor de unos 800 mil contribuyentes, ya que esa impuesto es coparticipable con las provincias, de modo que perdieron recursos.
Ahora, con el ajuste propugnado por el presidente Milei, los gobernadores irán a la carga para tratar de no perder más ingresos en impuestos, aunque quieren que el "costo político" -si se hace una corrección nuevamente de Ganancias- lo pague la Nación y no ellos.
El único gobernador que habló sobre el tema fue el de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien explicó este lunes que los mandatarios provinciales no pidieron reinstalar el Impuesto a las Ganancias, sino "sustituir o compensar" el impacto que tuvo esa medida en la masa de la coparticipación con otros instrumentos.
Kicillof diferenció de esa forma la posición oficial del gobierno de Milei, al ser consultado sobre declaraciones realizadas la semana pasada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien había señalado que "las provincias" estaban "más interesadas en que esto (en referencia a la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias) se dé vuelta".
El tema es que la mayoría de los gobernadores impulsó ya un ajuste también, de cara al nuevo escenario nacional, por lo que más que nunca dependen de los impuestos coparticipables.
De acuerdo con la Ley de Coparticipación Federal, de 1988, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% se lo queda el Gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática, y el 1% se reserva para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que también se reparte entre las jurisdicciones. A los ATN se los denomina transferencias no automáticas o “discrecionales”, de las que habló de recortar drásticamente el presidente Milei al iniciar su mandato.
El encuentro será a las 12, a "agenda abierta", en la Casa Rosada, y fue convocada por el ministro del Interior, Guillermo Francos, indicaron fuentes oficiales.
El viernes último, en un encuentro preparatorio, que se hizo vía presencial y remota, Francos encabezó el primer intercambio con gobernadores y funcionarios e invitó a los mandatarios provinciales al encuentro de este martes con el presidente Milei.
"Es necesario que analicemos la situación en su conjunto y no desde la visión de cada uno de los actores", manifestó el funcionario del Ejecutivo, y agregó que "las medidas adoptadas por el Gobierno nacional se decidieron para evitar un daño mayor a todos los argentinos".
Francos expresó que "la realidad es que la macroeconomía argentina presenta un panorama muy duro y la posibilidad de una inflación creciente, y es precisamente esa situación la que el Gobierno nacional ha tratado de evitar con las medidas adoptadas".
"En ese sentido -enfatizó-, el Gobierno nacional tiene la firme convicción de que, para afrontar la situación de inflación que hoy presenta la Argentina, es necesario llegar al déficit cero en el orden nacional".
Participaron de ese encuentro, de manera presencial, los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Gustavo Valdés (Corrientes), acompañados por el secretario de Interior, Lisandro Catalán.
En tanto que por videoconferencia lo hicieron los siguientes mandatarios y funcionarios provinciales: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (La Rioja), Gustavo Sáenz (Salta), Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Claudio Poggi (San Luis), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).
También fueron de la partida Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Ricardo Quintela (La Rioja), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Menna (vicegobernador de Chubut), Eber Solís (vicegobernador de Formosa) y José Vanini (secretario general de Gobierno de La Pampa).
El FdT convocó a la comisión a reunirse el martes 29 a las 13. También reiteraron la convocatoria a declarar a Gabriel Astarloa y Federico De Lorenzo.
La Comisión de Juicio Político reanudará su agenda el próximo martes 29 de agosto a las 13 a la cual se ha llamado a tres testigos clave en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Luego de votar (el Frente de Todos por mayoría) la intervención de un juez para garantizar su presencia, está citado -por tercera vez- para el próximo encuentro el exministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, quien no asistió a declarar el encuentro pasado por “motivos personales” y había pedido otra vez reprogramar su asistencia. Fue en la reunión previa a las PASO.
Sin embargo, el oficialismo aprobó con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que comparezca ante los diputados.
D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión.
Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema.
Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció el lunes 7 de agosto, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición se ausentó de la comisión y le envió una nota dirigida a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, criticando que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.
En la reunión anterior del 8 de agosto ninguno de los cuatro testigos convocados se presentó a testificar -entre ellos también estaba Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juvenil y Contravencional de la Ciudad-, aunque en este caso el oficialismo citó erróneamente, ya que la intención era convocar a Juan Bautista que es fiscal federal de la Ciudad.
Además, habían sometido a votación el envío de una nota a la Corte Suprema solicitándole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti, Silvio Robles.
El jefe del bloque oficialista en el Senado sostuvo que la propuesta del libera “es un disparate sostenido desde el desconocimiento de la Constitución y sobre todo desde la improvisación”, y adelantó que “no puede ser eliminada por ningún presidente”.
El jefe del bloque oficialista en el Senado, el formoseño José Mayans, advirtió que la propuesta del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, de eliminar la coparticipación federal “es un disparate y es inviable”, ya que se necesita una nueva ley para reemplazar la vigente y no existe “consenso” parlamentario para ello.
"Hay una construcción constitucional que respalda la recaudación y distribución de los recursos fiscales”, dijo Mayans en una entrevista al diario de Formosa La mañana.
El senador, que en las elecciones de octubre buscará renovar su banca, explicó que la ley de coparticipación federal está reglamentada bajo “una ley convenio compleja y amplia en la que participaron el Estado nacional y los gobernadores con adhesión de las legislaturas provinciales. En definitiva, hay una construcción constitucional que respalda la recaudación y distribución de los recursos fiscales”.
"Este esquema compartido convenido tiene alcance en todas las provincias, que recaudan a través del IVA, por ejemplo, recursos fiscales a través de ganancias, tributos a los combustibles y otros gravámenes que luego son redistribuidos bajo un concepto de equidad y solidaridad en todo el país”, subrayó.
Mayans consideró que los dichos de Milei respecto de que eliminará la coparticipación federal de impuestos y aplicará un esquema por el cual cada distrito deberá autofinanciarse según lo que recaude o produzca, “es un disparate sostenido desde el desconocimiento de la Constitución y sobre todo desde la improvisación”.
"Son expresiones de una persona que quiere ejercer una dictadura y no un gobierno de derecho pleno”, advirtió y añadió que la ley de coparticipación “no puede ser eliminada por ningún presidente” sino que debe ser una nueva ley la que lo haga, pero aclaró que “no existe el consenso entre las fuerzas políticas para que eso suceda”.
El FdT convocó a la comisión a reunirse el martes 29 a las 13. También reiteraron la convocatoria a declarar a Gabriel Astarloa y Federico De Lorenzo.
Se reprogramó la convocatoria a una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que estaba citada en un principio para el martes 22, pero será el próximo 29 de agosto. Para ese día se ha llamado a tres testigos clave en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Luego de votar (el Frente de Todos por mayoría) la intervención de un juez para garantizar su presencia, está citado -por tercera vez- para el próximo encuentro el exministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, quien no asistió a declarar el encuentro pasado por “motivos personales” y había pedido otra vez reprogramar su asistencia. Fue en la reunión previa a las PASO.
Sin embargo, el oficialismo aprobó con su mayoría citarlo bajo apercibimiento y darle la intervención a un juez competente para que comparezca ante los diputados.
D’Alessandro había sido convocado el pasado 1ro. de agosto, día en el que concurrió Silvio Robles, el director de la vocalía de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema. Ambos eran esperados especialmente por los diputados oficialistas, quienes, en el marco de la investigación de la causal “coparticipación”, sostienen la hipótesis de que el fallo que benefició a la Ciudad en su conflicto con el Gobierno nacional por los fondos coparticipables fue diseñado a partir de connivencia entre funcionarios porteños y del Palacio de Tribunales. Esto, más precisamente, por los chats filtrados del celular de D’Alessandro en el que habría conversaciones con Robles sobre la cuestión.
Los otros dos testigos que tampoco se presentaron en el encuentro anterior y volvieron a ser citados son Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad; y Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema. Estos dos últimos fueron citados en una ampliación que se conoció el lunes 7 de agosto, es decir, 24 horas antes de la reunión, motivo por el cual la oposición se ausentó de la comisión y le envió una nota dirigida a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, criticando que “esta modalidad irregular adoptada por la presidencia de la Comisión de Juicio Político es inadmisible, y compromete el trabajo de los restantes miembros de la comisión, especialmente de aquellos que no integran el bloque del oficialismo”.
En la reunión anterior del 8 de agosto ninguno de los cuatro testigos convocados se presentó a testificar -entre ellos también estaba Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Juvenil y Contravencional de la Ciudad-, aunque en este caso el oficialismo citó erróneamente, ya que la intención era convocar a Juan Bautista que es fiscal federal de la Ciudad.
Además, habían sometido a votación el envío de una nota a la Corte Suprema solicitándole que “adopte alguna medida teniendo en cuenta la reticencia automática y permanente a cada una de las preguntas” por parte del vocero de Rosatti, Silvio Robles.
El evento estuvo organizado por la senadora cordobesa Carmen Álvarez Rivero. Se discutió sobre una reforma del sistema de distribución de los ingresos entre Nación y las provincias.
Organizado por la senadora nacional Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC), se realizó en el Senado la jornada denominada "El II Diálogo sobre Federalismo: "¿Argentina será alguna vez federal?", donde se abordaron cuestiones relacionadas con el sistema de coparticipación y el federalismo en el contexto de los 40 años de democracia.
El evento contó con la participación de Sebastián García Díaz, presidente de la organización civil Civilitas; Manuel Solanet, ingeniero y director de políticas públicas de la fundación Libertad y Progreso; y Jonas Torrico, ingeniero del equipo de investigadores de la Asociación Argentina de Contribuyentes.
Durante su exposición, la senadora Álvarez Rivero compartió la postura de Patricia Bullrich, precandidata presidencial dentro de JxC, al proponer la eliminación de los derechos de exportación. La cordobesa sostuvo que éstos "absorben recursos que ingresan al Estado desde las provincias, sin una distribución equitativa". No obstante, la legisladora explicó que su eliminación "no implicaría una reducción de impuestos, por ejemplo, para los productores agropecuarios, ya que se compensaría con un aumento en el impuesto a las Ganancias, que sí es coparticipable".
A su turno, García Díaz enfatizó que el federalismo en Argentina es "más un deseo que una realidad, ya que gran parte de los recursos estatales que ingresan en concepto de coparticipación no regresan a las provincias". En concreto, destacó que solo el 47% de los fondos recaudados llega a cada provincia debido a los gastos "administrativos" que se aplican.
Solanet, por su parte, sostuvo que "se debe lograr un federalismo genuino y equilibrado, donde las provincias tengan una mayor autonomía fiscal y responsabilidad en la recaudación de impuestos, pero también se garantice que el Gobierno nacional cuente con los recursos necesarios para sus funciones esenciales". "El Fondo de Redistribución actuaría como un mecanismo de equilibrio para garantizar que las provincias menos desarrolladas no queden rezagadas en términos financieros. El diseño cuidadoso del sistema busca minimizar las tensiones y resistencias que podrían surgir ante cambios significativos en la estructura fiscal", señaló.
Torrico, cabeza de un equipo formado por los economistas Agustín Almada, Florencia De Turris, Carlos Guillermo Bozzoli y Pablo Dono, presentó un informe que describe cuatro vías para salir del régimen actual y que refleja que ninguna provincia se ha beneficiado con el sistema vigente. También, en otro informe, detalló que las provincias originan una gran masa de dinero coparticipable pero reciben menos de lo que aportan. "Esto respalda la posibilidad de una renegociación o salida del sistema actual", indicó.
Como conclusión, todos compartieron la visión de fortalecer la autonomía provincial, fomentar la responsabilidad fiscal y mejorar la eficiencia en el gasto público como elementos esenciales para un federalismo genuino y un sistema de recaudación más eficiente.
El evento fue organizado por la organización civil Civilitas junto al equipo de la senadora Álvarez Rivero. El objetivo fue brindar una plataforma para discutir diversas perspectivas sobre el federalismo y la coparticipación, con la intención de impulsar una propuesta de reforma que equilibre la distribución de recursos entre el Gobierno nacional y las provincias.
La oposición pegó el faltazo al igual que Marcelo D'Alessandro, quien pidió otra vez postergar su testimonio. El oficialismo solicitó a la Corte Suprema que adopte medidas contra Silvio Robles por falso testimonio.
La reunión esta pautada para este martes a las 11 de la mañana. A la citación del camarista juan Ignacio Mahiques, se sumaron las de Gabriel María Astarloa y Miguel Federico De Lorenzo.
En una semana clave de cara a las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) a disputarse el próximo domingo 13 de agosto, se daba por descontado que no estuviese en agenda ninguna reunión de comisión en las cámaras del Congreso. Sin embargo, en la tarde del viernes salió la convocatoria a reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados, que preside la oficialista Carolina Gaillard.
La convocatoria, que es para este martes a las 11 de la mañana, viene con dos platos fuertes en el marco de la investigación por la causa Coparticipación a CABA. Uno de los citados es Marcelo Silvio D’Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. A él lo habían convocado para la última reunión y el día previo anunció que por razones particulares no podría estar y pidió ser reprogramado. Así las cosas, lo convocaron para este martes.
También se lo citó a Juan Ignacio Mahiques, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su citación había sido aprobada en la última reunión, y al pedir por él, el diputado Rodolfo Tailhade lo mencionó como “el funcionario que festejó su cumpleaños en agosto del año pasado en el Four Seasons, al que arribaron juntos Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”.
En la tarde de este lunes, se conoció la ampliación de la convocatoria y se citó a Gabriel María Astarloa, Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a Miguel Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia CJN. Hasta el momento, no trascendió si alguno de los cuatro citados no asistirá a la reunión.
El director de la vocalía del presidente de la Corte Suprema se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional al testificar ante la Comisión de Juicio Político en el marco de la causal coparticipación de CABA. El oficialismo lo acusó de ser “reticente” y pidieron que se informe a los superiores para que tomen las medidas disciplinarias correspondientes.
Gran expectativa había en torno a la presencia de Silvio Robles, director general de la vocalía del presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti, para que testificara ante la Comisión de Juicio Político de Diputados -presidida por la oficialista Carolina Gaillard- al retomar las reuniones por la causa sobre coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, en la que se investiga si el máximo tribunal deliberadamente intentó beneficiar a ese distrito.
La de Robles, quien fue nombrado en numerosas ocasiones desde que se inició el proceso de Juicio Político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia, era la palabra esperada por el oficialismo que lo citó entre otras cosas para que testificara respecto a su presencia en la audiencia que las partes -Nación y Ciudad- tuvieron oportunamente en torno al tema coparticipación, situación en la cual Silvina Batakis contó en la última audiencia que lo había visto presente , pese a lo cual no figuró en el acta elaborada tras consumarse el encuentro.
Obviamente ese no fue único tema de interés por parte del kirchnerismo para indagarlo, ya que también lo interrogaron respecto de los famosos chats que mantuvo con el exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro -quien no compadeció este martes, pero pidió reprogramar su presencia-, los cuales la justicia desestimó. En algunas preguntas se colaron los temas sobre el fallo 2x1 e irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.
Previo a la ronda de preguntas, Robles afirmó que tiene una “relación funcional” con los magistrados y contó que a Rosatti lo conoce desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos cuando “fue ministro de esa cartera bajo la presidencia de Néstor Kirchner. En ese momento tuve el privilegio de conocerlo”.
“Hoy es mi superior jerárquico. Es una persona que admiro por su honestidad, por su carácter y por su integridad de principios. Más todavía cuando lo veo afrontar estas acusaciones sin fundamentos reales”, expresó.
En el inicio, el funcionario pidió autorización para leer un documento con el fin de hacer algunas aclaraciones. “Desde la creación de la Comisión en este recinto algunos diputados me han acusado falsamente de distintos hechos. Esos diputados han intentado construir una historia sobre la base de fantasías o calumnias”, arrancó denunciando Robles.
“Han dicho que tengo departamentos en Nueva York. Es mentira. Han dicho que estaba prófugo de la justicia cuando en realidad estaba de vacaciones y no tenía ninguna citación judicial. Han dicho, entre tantas cosas que dijeron, que también poseo propiedades en Miami y que visité esa ciudad durante este año. También es mentira. Han dado como ciertos y legítimos supuestos chats cuya veracidad, existencia o legalidad debe ser discutida judicialmente”, apuntó.
Además, Robles señaló que “han atacado a distintos miembros de mi familia. Tanto es así que uno de mis hijos, por ser un pasante monotributista, en una agencia municipal figura en los fundamentos de este juicio político”.
“Sin responsabilizar a estos diputados, mi otro hijo recibió en su domicilio particular la visita de personal civil que dijo pertenecer a una fuerza de seguridad, situación que ya fue denunciada en una causa penal”, agregó y siguió: “Han dicho que en una SRL que participé antes de entrar a la Corte, que en la actualidad tiene el cuit inactivo y que no tiene cuentas bancarias, era parte de una maniobra delictiva. Todo esto para atacar y presionar a un ministro de la Corte”.
En ese marco, Robles ratificó: “Algunos miembros de la comisión ya me han acusado falsamente. De esta manera me voy a abstener de contestar toda pregunta que pueda vincularse con las distintas acusaciones que se han hecho en mi contra o aquellas que me hagan el día de hoy hayan sido o no judicializadas. Me amparo en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.
“No me amparo solo en disposiciones legales, ya fui con toda mi familia objeto de la agresión de quienes obtuvieron o inventaron informaciones personales a través de mecanismos ilegales”, cerró.
El oficialista Ramiro Gutiérrez planteó que ante la reticencia del testigo “se tomen las medidas correspondientes y se informe al superior jerárquico”, porque “nosotros tenemos el derecho a saber, interrogar y preguntar. En base a un comportamiento renuente que se tomen las acciones para que la acción de superintendencia corresponda frente a un testigo renuente”.
A continuación, pidió la palabra el jefe del bloque oficialista, el santafecino Germán Martínez, quien manifestó que “el testigo no es un acusado, no es un investigado,bajo ningún punto de vista por parte de los integrantes de la comisión”.
Martínez le explicó a Robles que se lo había citadoen función del artículo 12 del reglamento interno de la comisión que establece “que la comisión interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad”, y le aclaró: “Por eso lo hemos convocado acá. Nosotros queremos su aporte para el esclarecimiento de la verdad para poner el foco en la posibilidad o no de mal desempeño por parte de los integrantes de la Corte”.
“Cada testigo tendrá sus subjetividades respecto de los miembros de la Corte, pero acá no estamos para hablar ni bien ni mal de nadie, ni estamos para tener ningún tipo de referencia de los testigos. Queremos saber la verdad y para eso lo citamos. Cualquier tipo de actitud de escurrirse de esta responsabilidad por parte del testigo lo pone en este lugar. Nadie de los que está acá tiene como objetivo al testigo que ha sido citado a declara que tiene que decir la verdad”, explayó Martínez.
De la vereda de enfrente, el diputado Alejandro Finocchiaro (Pro) le planteó a Gaillard: “A tenor de lo que ha leído, el testigo ha jurado ser veraz. Si bien usted no es magistrada y pertenece a un espacio político usted tiene el deber de salvaguardar los derechos del testigo de no declarar contra sí mismo y a su honor. Y que por favor le ruego que no permita las preguntas de cargo a que tan aficionados son en su espacio político”.
En el mismo sentido se expresó el diputado Álvaro González (Pro) quien le dijo a Robles que “se sienta con la plena libertad de decir y hacer lo que crea conveniente sin que genere por parte del preconcepto que va a ser reticente. Diga lo que tenga que decir y se terminó”. También se sumó Pablo Tonelli, quien denunció que al testigo “se le ha hecho conocer una suerte de amenaza en orden a pedirle a la Corte que ejerza sus facultades de superintendencia si no responde a determinadas preguntas, algo que no tiene nada que ver”.
Fue el diputado oficialista Leopoldo Moreau quien abrió este tramo de la reunión, pero previo a realizar las preguntas hizo una aclaración: “Acá no hay ninguna acusación al doctor Rosatti, solo se trata saber si ocurrieron distintas circunstancias que pueden llevar a una acusación, no se trata venir a victimizar al doctor Rosatti”.
“Es la primera vez que un testigo pretende elaborar las preguntas de quienes lo venimos a indagar. Eso es propio de cada diputado. Esto es un procedimiento que esta en la Constitución Nacional en el marco de las facultades que tiene con el reglamento que lo ordena la comisión”, sumó y cerró: “El testigo está como testigo no como imputado, por eso no se le aplica el artículo 18 de la Constitución Nacional, salvo que haya una circunstancia que el testigo pueda fundar en el hecho de auto incriminarse en una causa”.
Hechas esas aclaraciones, Moreau le preguntó desde cuándo conoce a Rosatti, a lo que Robles volvió a reiterar que es desde que trabajó como ministro en el Ministerio de Justicia en el 2004 en donde “era responsable de comunicaciones, inicialmente, después estuve acompañando en las distintas actividades que Rosatti indicaba”.
“Trabajé 15 años en el sector privado en distintos rubros en cargos gerenciales. Antes de estar con Rosatti, estuve casi un semestre en la Secretaría de Transporte de la Nación en la presidencia de Néstor Kirchner, el titular era el ingeniero Ricardo Jaime. Luego de estar en el Ministerio de Justicia, fui convocado para estar en el de Economía a cargo de Felisa Miceli. Desde agosto de 2016 soy empleado judicial en la Corte Suprema”, relató Robles y afirmó que tiene título de periodista, no de abogado.
“¿Qué cargos y qué funciones tiene actualmente en la Corte?”, preguntó tajante Moreau, a lo que el funcionario contó: “Soy secretario no letrado en la vocalía del doctor Rosatti y el cargo que tengo es de director general”.
En una breve interrupción la diputada Mara Brawer le preguntó los motivos por cambio “de escalafón importante” de ser subsecretario de administración a director. “El cargo es subsecretario administrativo y el pase a director de la vocalía se realizó a través de una resolución firmada por los ministros de la Corte”, respondió y aclaró: “Yo no puedo evaluar la decisión de mis superiores”, y dijo desconocer “el contenido del expediente” respecto de los motivos de su traspaso.
A continuación, Moreau le pidió una descripción de sus actividades a diario a lo que Robles explicó que es secretario de Rosatti y que se encarga de las tareas de la superintendencia que Rosatti indica. “¿Usted se comunica con letrados de las otras vocalías para transmitir directivas del presidente de la Corte?”, consultó el oficialista, pero el funcionario solo respondió: “No soy abogado, por ende, no manejo temas jurisdiccionales”.
Moreau insistió: “¿Usted se encarga de poner a la firma del doctor Rosatti los despachos?”, pero Robles reiteró: “Yo no manejo temas jurisdiccionales. El doctor es quien indica a todos sus colaboradores las decisiones que va a tomar, yo no le pongo nada a Rosatti”.
“¿Usted es el encargado de transmitir las directivas del doctor en relación a los expedientes que se tratan en las Secretarías judiciales de la Corte?”, interrumpió otra vez Brawer con una pregunta, pero el testigo insistió en que “no” maneja temas jurisdiccionales. Al respecto, la diputada le marcó que el doctor Gustavo Naveira secretario a cargo de la Secretaría N°7 de la Corte dijo que recibía directivas de expedientes del doctor Rosatti “directamente a través de Silvio Robles”. Pese a esa declaración, el testigo volvió a defenderse: “Yo no doy directivas, no manejo temas jurisdiccionales. Los únicos que dan directivas son los ministros”.
En un tono alterado, el kirchnerista Rodolfo Tailhade interrumpió con la reformulación de las preguntas previas y cuestionó: “La pregunta no es si maneja o no temas jurisdiccionales, es si lleva instrucciones de Rosatti a algunas de las secretarías conozca o no temas jurídicos. ¿Lleva o no lleva temas? La pregunta es otra, no lo que él responde”.
Bajando la espuma, Gaillard procedió a explicarle a Robles: “Hay testigos que manifestaron que, para dirigirse al doctor Rosatti era a través suyo. La pregunta por eso es si usted da instrucciones en nombre de Rosatti a las distintas vocalías”. Inmediatamente le salió al cruce la diputada Mariana Stilman (CC-ARI): “No se le puede contrastar al testigo con declaraciones de otras personas. Se le puede repreguntar para que amplié, pero no se le puede decir que otra persona dijo tal cosa que se contrapone con lo que dice”.
Pese a eso, Robles retrucó: “Como soy empleado y funcionario judicial estoy comprendido dentro del reglamento de justicia nacional. El artículo 8 inciso B me obliga a guardar absoluta reserva de las cuestiones del tribunal”. “Es reticente, es reticente, se ampara para no responder”, comenzó a gritar Tailhade y lanzó: “Aparte está recontra mintiendo porque hace un ratito contestó y ahora no puede contestar”.
Tomando como base una nota periodística del diario Clarín, Moreau le preguntó si por el fallo 2x1 se reunió con el actual senador José Torello y “Pepín” Rodríguez Simón, en una negativa a contestar Robles volvió a decir: “No manejo temas jurisdiccionales”. Moreau, disconforme con la respuesta volvió a repreguntar, ante lo que Robles dijo: “Desconozco absolutamente eso”.
“¿Conoce a Marcelo D’Alessandro?”, tiró de una Moreau, pero el testigo se negó a responder por si o por no y expresó: “Me remito a lo que dije al principio”. Ante ello, Gaillard le aclaró que “conocer o no a una persona no lo auto incrimina en algo”, pero Robles volvió a respaldarse: “Hay cuestiones que si están judicializadas y en atención al artículo 18 de la Constitución no voy a responder esa pregunta”.
Le salió al cruce Germán Martínez quien le pidió que mencione las causas que están judicializadas que “lo llevan a invocar el artículo 18”. Pero la mano derecha de Rosatti planteó que no es abogado, sino que estaba en carácter de testigo y que “no está mi abogado que tramita las causas, no conozco los expedientes”. Ante la insistencia de Martínez, respondió: “Son las causas donde hubo denuncias la mayoría son públicas y que están en trámite, no recuerdo la carátula ni el número”.
Tailhade le planteó: “No existe hoy ninguna causa en trámite donde esté imputado el señor Robles. La única causa está cerrada”. En el mismo sentido y reiterando lo dicho al comienzo, Gutiérrez pidió que “se de curso a la pregunta que estaba en trámite para evaluar o no la reticencia del testigo y así informar a los superiores”.
“Es manifiestamente reticente el testigo porque invoca falsamente el artículo 18”, expresó Moreau tras reiterar su pregunta y pidió que se notifique a las autoridades superiores de la actitud del testigo.
Sobre la causa de coparticipación, el oficialista remitió a una nota del diario Perfil en el que informaba de una reunión entre jueces federales y funcionarios del Poder Judicial, de los cuales dos llegaron juntos al lugar D’Alessandro y Robles, ante lo que el diputado le preguntó si eso fue así. Sin embargo, el testigo expresó: “En esa comisión fui acusado de supuestas vinculaciones con personas, contactos, reuniones. En atención a eso, no voy a responder la pregunta”.
Por otro lado, Moreau indagó por las declaraciones que hizo el contador Héctor Marchi en el tema de las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial respecto de la reticencia que tuvo para firmar el informe 4 y la no circulación del mismo a la totalidad de los ministros.
“Dentro de las historias relatadas en este recinto por el contador Marchi a distintos niveles de acusaciones, pero como ni bien dice el texto leído, además el contador Marchi fue a sede judicial y está judicializado en la justicia federal y en atención al artículo 18 no voy a responder”, apuntó Robles y sumó: “El contador Marchi relató distintas historias, con distintas acusaciones y luego fue a sede judicial”.
Al respecto, Moreau pidió que “ante las reiteras contradicciones” se vote un careo entre ambos para “clarificar la situación” respecto del informe 4 de las irregularidades de la OSPJN. También le consultó por la eliminación de la casilla de emails del presidente de la Corte que le pidió a Andrés Sacchi. Brawer también le preguntó qué hizo con el informe 4, si lo circuló o se publicó dentro de algún sitio en la Corte como “se hizo con los demás informes”.
En ese contexto de negación por parte del testigo a responder, Martínez cuestionó que “hay una cantidad de respuestas prediseñadas por parte de Robles que no hacen fácil la situación porque a cada una de las preguntas vino formateado con alguna respuesta específica”. “Yo no tengo claro si sabe que es funcionario público”, disparó y sumó: “El sueldo se lo paga el pueblo argentino, no se lo paga Rosatti. Tener en cuenta esto es una absoluta falta de educación y de respeto a otro poder del Estado. La reiteración sistemática de respuestas evasivas en cada pregunta claramente va manifestando el poquísimo deseo del testigo de poder tener realmente el cumplimento de lo que lo obliga el reglamento de la comisión”.
“Me siento hostigado, más cuando hay causas judicializadas. Tampoco entiendo por qué me preguntan sobre cosas que hice antes de trabajar en la Corte Suprema. Me siento hostigado por el diputado al decir que tengo que ir a la Comisión Bicameral de Inteligencia”, lanzó Robles.
Retomando el tema central sobre coparticipación, Moreau le preguntó si participó de la audiencia de conciliación que se realizó en el Salón Bermejo y que convocó la Corte en marzo de 2022, a lo que Robles afirmó: “Estuve un rato, no toda la audiencia. Estuve por indicación de Rosatti por si necesitaba alguna asistencia. Creo que es la que se refirió la licenciada Batakis que me marcó en un lugar que no recuerdo dónde estaba, tampoco recuerdo dónde estaba sentada ella. Había gente para asistir a los ministros de maestranza, había gente de otras vocalías y había colegas de otra vocalía que saludé”.
“Me sorprendió que Batakis me marcara en un pizarrón cuando yo ni recuerdo si estaba sentado o parado o en el lado que ella indica. Ni sé dónde estaba ella”, agregó y negó haber participado de otras audiencias de conciliación.
El diputado oficialista le preguntó por la inundación que hubo en el despacho, a lo que el funcionario contó: “Fue a fin de enero, un lunes nos enteramos porque nos avisaron antes de llegar que se había roto un caño en el piso séptimo y filtró hasta la planta baja de un costado del ala de Uruguay donde tenemos los escritorios. Hubo un mail que, después el área pertinente informó, sobre el nivel de desperfectos que tenían más que ver con mampostería, muebles, aire acondicionado, las computadoras y discos rígidos no se dañaron. Ahora, después de que dejaron secar las paredes y el piso, estamos de vuelta en el despacho”.
Fue el gobernador provincial, Sergio Ziliotto, quien anunció la iniciativa. Al respecto, el senador oficialista consideró que “se está dando una solución concreta a un planteo de las intendencias”, y destacó que “no será fijo, se irá actualizando y el dinero sale de las arcas provinciales”.
El senador nacional Daniel Bensusán (FNyP – La Pampa) respaldó el proyecto para la creación del Fondo de Distribución Poblacional, anunciado por el gobernador provincial, Sergio Ziliotto, porque “se está dando una solución concreta a un planteo real de las intendencias de la provincia”.
“El gobierno provincial informó cada paso que se fue dando y concluyó la etapa de presentación del proyecto ante las y los intendentes”, afirmó Bensusán y destacó que el Fondo anunciado “tiene características que lo hacen favorable para intendencias grandes y chicas. La primera es que reviste las características de no ser fijo y se irá actualizando paulatinamente. El dinero sale de las arcas provinciales, por lo tanto, no se toca ni un peso de lo que se distribuye hoy en concepto de coparticipación, por eso nadie pierde”.
En cuanto a los cuestionamientos hechos públicos por el intendente santarroseño, Luciano Di Nápoli, expresó que “esos tremas se deben debatir dónde y cuándo corresponde. La ciudadanía santarroseña tiene varias problemáticas, y de muchas se está haciendo cargo la administración provincial, en una clara política de reparación del Gobernador Sergio Ziliotto. Esto lo tiene clarísimo la gente”.
“Este fondo reconoce a los municipios que cuentan con más población. Por ejemplo, Santa Rosa tiene el 33% de la población total de la provincia de La Pampa, y recibe el 33% del Fondo, o sea se incrementa su coparticipación en un 1,85%. Siguiendo con el ejemplo de Santa Rosa, desde el municipio manifestaron que aspiraban a lograr llegar a los 29 puntos de coparticipación, porcentaje al que solo se llegó en 2012. Hoy perciben el 24.5, con esta medida se le está restituyendo de forma automática y a partir del 1 de enero del 2024 el 41 % de lo que solicitando”, detalló.
A su vez, reflexionó: “Es difícil lograr un reparto que convenza a todos. Por ejemplo, si se contempla un índice estrictamente por cantidad de población, no se contempla que no es lo mismo vivir en una ciudad grande, con acceso a servicios y comodidades, que en una más chica y alejada, con mayores dificultades para acceder, por las distancias y los costos. Caso contrario, Santa Rosa, General Pico y las de mayor población terminarían vaciando de gente a las más chicas”.
Bensusán aseveró que el proyecto del Ejecutivo Provincial “tiene otro apartado que logrará asegurar la equidad en el reparto de los fondos: la clarificación y uniformidad de la información de cada municipalidad y comisión de fomento, mediante los cuales se calcula lo que verdaderamente le corresponderá a cada uno. Y esto será de acceso a los órganos de contralor y a las propias comunas”.
El dirigente culminó asegurando que “si hay algo que nos da una idea sobre lo acertado del proyecto elevado a la Legislatura es que ya fue recibido con muy buena voluntad por intendentas e intendentes de toda la provincia, de localidades grandes y pequeñas y de todas las extracciones partidarias”, y confió en que “algunas de las críticas se irán atenuando a través de la vocación de diálogo que se demuestre”.
El exministro de Seguridad y Justicia Porteña y la mano derecha del presidente de la Corte Suprema serán el plato fuerte la Comisión de Juicio Político cuando se reanude después del receso invernal el martes 1 de agosto.
La presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, formalizó este miércoles la citación para que a la próxima reunión, que se realizará el martes 1 de agosto a las 13 tras el receso invernal, asistan Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y el exministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, Marcelo D’Alessandro, a fin de que testifiquen sobre la supuesta negociación del fallo sobre coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.
La fecha de la convocatoria a Robles y D’ Alessandro fue resuelta en el final de la reunión de este 11 de julio, para prestar declaración en el marco del enjuiciamiento a los cuatro miembros de la Corte Suprema (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) por las causales previstas en el Artículo 53 de la Constitución Nacional. Originalmente, la presencia de ambos estaba prevista para el 4 de julio, pero por cuestiones de agenda la citación se postergó.
En la nota suscripta por el subdirector a cargo Miguel López, también fueron citados para testificar Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema quien no pudo asistir a la reunión de este martes y pidió la reprogramación; y Alejandro Otero, Contador Público, Magister en Administración Pública.
La semana pasada, el oficialismo impuso su mayoría para aprobar una extensa ampliación de prueba que, entre otras cosas, solicitó una “huella de voz” de Marcelo D’Alessandro, el exministro de Justicia y Seguridad porteño, de cuyo celular se filtraron conversaciones que habría mantenido con Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti.
La hipótesis del Frente de Todos es que detrás del fallo por el cual la Corte le ordenó a Nación restituir el 2,95% de la coparticipación a CABA, existió una connivencia entre funcionarios del Gobierno porteño y el máximo tribunal.
CITACION-010823El funcionario judicial dijo desconocer la existencia de “alguna otra área de la Corte que lleve algún reglamento estadístico específico”. Por el traspaso de la dependencia de la Policía Federal de Nación a la Ciudad afirmó que solo intervino “brindando información sobre el presupuesto”.
El titular de la Unidad de Análisis Económico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Joaquín Alperovich, testificó ante la Comisión de Juicio Político de Diputados por el fallo en favor de la Ciudad de Buenos Aires en el tema coparticipación.
En carácter de segundo y último testigo de la reunión de este jueves, contó que ingresó a trabajar a la Corte en mayo del 2016 y que las funciones son “a pedido por indicación de la presidencia de la Corte Suprema realizar estudios sobre el impacto o efectos que puede tener trámites o decisiones que involucren al máximo tribunal en variables económicas”.
“Proveer de esos informes y solicitar la información a los organismos pertinentes para poder realizar esos estudios y asistir a la Secretaría General de la Administración de acuerdo a lo que solicite”, completó. Al respecto, comentó que se le ha solicitado que efectúe ciertos cálculos y que revisara cálculos realizados por peritos por posibles errores y ejemplificó: “También en otras circunstancias ver el impacto de la aplicación retroactiva donde se me solicitó ver el efecto que podría tener aplicar retroactivos una modificación a la ley de riesgo de trabajo”.
Y sumó otros casos como “calcular el efecto de aplicar el RIPTER o aplicar tasa activa del Banco Nación o en relación a los precios y presentar las distintas situaciones que pueden suceder ante esos ejercicios financieros”.
Al ser consultado por la diputada oficialista Vanesa Siley sobre qué autoridad de la Corte le solicita dichos cálculos, Alperovich afirmó: “Los miembros de la Corte no, yo no he tenido interacción con ningún miembro de la Corte en estos años. El pedido es a través de la Secretaría General y algún secretario letrado me ha informado la problemática”.
Al ser consultado sobre si en el fallo de la cautelar de la Corte cuestionado había intervenido la Unidad de Análisis Económico de la Corte, para elaborar un informe técnico, el licenciado afirmó que “no se le dio intervención a la Unidad de Análisis que conduzco”, desconociendo los motivos por los cuales no se le dio intervención a su área.
Siley le preguntó si conoce la causa de Coparticipación, a lo que el testigo acotó: “Si, en términos generales la conozco”, y explicó: “Desconozco la razón por la cual un secretario le solicite a la presidencia dar intervención o consultar o pedir un cálculo particular a la Unidad de Análisis lo cual ha sido la lógica que siguió el máximo tribunal en esta oportunidad”.
A su vez, optó por no expresar una suposición en caso de que le haya tocado elaborar un informe sobre el tema justificando que “la causa está abierta” y agregó: “El alcance de lo que eventualmente podría solicitar la autoridad del Tribunal depende de cuáles serían sus inquietudes y no lo podemos saber hasta el momento que se realice. Entiendo que si se trata de cálculos económicos debería poder hacer el impacto”.
A su turno, el oficialista Leopoldo Moreau le consultó si su oficina, además de hacer apoyo económico, realiza apoyo estadístico sobre determinadas resoluciones o decisiones de la Corte, Alperovich dijo desconocer si “hay alguna otra área de la Corte que lleve algún reglamento estadístico específico”, y explicó que la estadísticas que se relevan tienen más que ver con “indicadores económicos o macroeconómicos que se actualizan a los efectos de poder estar en condiciones de atender necesidades tanto de la administración como de la secretaría o del tribunal”.
El chaqueño Juan Manuel Pedrini, le consultó por un email que envió con el asunto “Policía Federal Argentina- Gasto en personal”, a lo que Alperovich aclaró que eso fue en su carácter de director de la Oficina Nacional de Presupuesto cuando “se estaba analizando el convenio de la transferencia. Tuve que transferir información por evidente indicación de la autoridad de la subsecretaría. Fue el 12 de enero de 2016”.
En esa línea, Pedrini volvió sobre el tema del traspaso de la dependencia de la Policía Federal de Nación a la Ciudad y le preguntó si tuvo alguna intervención, ante lo que el testigo respondió: “No, a ver evidentemente la única intervención que tuvimos fue brindando información sobre el presupuesto de la policía federal en el marco del Ministerio de Seguridad. Yo en calidad de director nacional de la oficina de presupuesto brindé, por indicación, información de carácter presupuestaria porque hay diferencia entre gastos y costos”.
En la resolución, que fue aprobada por el oficialismo la reunión pasada, le atribuyeron al magistrado 14 cargos por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial entre 2008 y 2011. Podrá presentarse en forma presencial o bien enviar un escrito.
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, notificó este miércoles formalmente al juez de la Corte Suprema de Justicia, Juan Carlos Maqueda, para que comparezca ante ese cuerpo el próximo 6 de julio para que responda sobre irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.
En la última reunión, que se llevó a cabo el 15 de junio, el oficialismo impuso su mayoría y votó a favor de citar a Maqueda, otorgándole diez días hábiles para que informe a la comisión sobre los cargos formulados. Al respecto, el magistrado podrá presentarse en forma presencial o bien enviar un escrito sobre las acusaciones de supuestas irregularidades en OSPJN.
La resolución aprobada por los diputados, de 53 carillas, se le atribuyeron al juez “provisionalmente” 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre 2008 y 2021. Además, dispone la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”, que la oposición adelantó no integrará.
Los diputados consideraron que los cargos contra Maqueda por el período en que el juez administró la obra social, entre abril de 2008 y octubre de 2021, están fundados a partir de la evidencia testimonial y documental que se fue acumulando desde que se inició el proceso a la Corte Suprema en febrero pasado.
Según esos testimonios, Maqueda está acusado por “consentir, por omisión, en el cumplimiento de funciones bajo su dominio, pérdidas y daños a la integridad física y al derecho a la salud de los afiliados y sus familias, así como perjuicios económicos irreparables a la Obra Social del Poder Judicial”.
Desde Juntos por el Cambio, el diputado del Pro Pablo Tonelli había anticipado el rechazo de ese bloque a la citación a Maqueda y dijo que las supuestas irregularidades en el funcionamiento en el ente de salud judicial “no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país”. “Están lejísimo de constituir mal desempeño”, dijo, y advirtió sobre la “falta de correspondencia entre los cargos y las pruebas”.
En tanto, la comisión de Juicio Político acordó además citar para el próximo 4 de julio a Silvio Robles, colaborador del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; y a Marcelo D'Alessandro para que expongan en relación al fallo del máximo tribunal por la coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires.
También, y para la próxima reunión de ese cuerpo, el próximo martes 27 de junio, resolvió invitar al ministro del Interior, Eduardo 'Wado’ De Pedro, y a gobernadores y fiscales, también por el mismo caso.
Con cruces entre el oficialismo y la oposición con tono de campaña, arrancó la discusión en torno a los fondos de la Ciudad concedidos por una cautelar de la Corte. A la primera audiencia citarán a Wado de Pedro y gobernadores.
Tras votar unos pedidos de ampliación de pruebas, la Comisión de Juicio Político se abocó este jueves a abordar la acusación contra los miembros de la Corte por la medida cautelar dictada a favor de la Ciudad de Buenos Aires en contra del Estado nacional el 21 de diciembre de 2022.
El objetivo central de la reunión, que se extendió entre pasadas las 11 y las 14.30, era establecer el cronograma del debate sobre este tema y así lo marcó la titular de la comisión, Carolina Gaillard, cuando detalló que la próxima semana no habrá reunión por el feriado largo, por lo que la próxima audiencia será el martes 27 de junio a las 13, con la presencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, gobernadores, el doctor Horacio Diez –quien trabaja en la Procuración del Tesoro y fue quien presentó la recusación- y distintos fiscales de Estado.
“Vamos a tratar de que las reuniones no haya más de 4 testigos para evitar que se extiendan y en la segunda o tercera reunión será convocado Silvio Robles y (Marcelo) D’Alessandro para dar testimonio”. En definitiva, ambos serían convocados para el 4 de julio.
“Esta propuesta puede tener algún tipo de modificación en función de las agendas”, aclaró Gaillard.
Encargado de exponer el tema fue el diputado entrerriano Marcelo Casaretto, quien aclaró que se trata de un conflicto que viene desde hace algunos años, originado a partir de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri aumentó la coparticipación federal de impuestos en favor de la Ciudad a través del decreto 194, elevando el 1,40% que percibía CABA entonces al 3,75%. “El decreto en sí no establece cuál es el destino del aumento de esos fondos; genéricamente habla de una mayor autonomía para la Ciudad”, remarcó el legislador oficialista.
Casaretto hizo referencia a un convenio suscripto el 5 de enero de 2016 que establecía la transferencia progresiva a la Ciudad, pero sostuvo que “está claro que el decreto que aumenta la coparticipación no tiene fundamento alguno en el propio decreto que firma el presidente”. Mencionó a continuación lo que decían los medios en esos días, y citó una cita: “Macri saldó una deuda histórica con la Ciudad en la demanda de mayores fondos de coparticipación”.
“Las propias autoridades dijeron entonces que parte del aumento se iba a trasladar ahí”, señaló, dejando entrever que no todo ese aumento sería para compensar los gastos en seguridad. A partir de eso, agregó, hubo una serie de planteos de parte de los gobernadores.
Así fue que al cabo de una reunión que tuvo el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con gobernadores de distintas provincias, el funcionario terminó diciendo a la prensa que “corregiremos el decreto de coparticipación a la Ciudad; fue un error, vamos a asegurarnos que a la Capital le llegue lo que implica el traspaso de la Policía Federal”, recordó Casaretto, quien aclaro´que eso no sucedió; solo que al año siguiente se atenuó el aumento de la coparticipación a 3,50%.
Para Casaretto, la medida dispuesta por Macri “excede también largamente el costo del servicio de seguridad. Esto lleva a que los argentinos voten en 2019 si querían este modelo donde se concentraban recursos en la Ciudad. Los argentinos votan en 2019, cambia el gobierno, comienzan las discusiones entre el nuevo gobierno y las autoridades de la Ciudad; hay varias reuniones, lamentablemente no fue posible avanzar en un acuerdo porque la Ciudad se amparaba en los decretos”.
En su reseña, el diputado entrerriano contó que finalmente se estimó cuál era el costo efectivo de la transferencia de servicios y se emitió el decreto 735 del 10 de diciembre de 2020 que establece que la coparticipación de la Ciudad debía ser del 2,32%, hasta que no haya una ley. Esa ley se aprobó finalmente con el número 27.606, estableciendo un monto de 24.500 millones de pesos que es lo que estimaba el costo del servicio, con actualización trimestral. Y que en 60 días la Comisión Federal de Impuestos debía analizar en detalle estos costos para determinar cuál era el monto que correspondía a la transferencia de servicios.
“Necesariamente en un país federal tenemos que discutir la asignación de recursos”, remarcó el legislador, sosteniendo que “los que perdieron las elecciones en 2019 dijeron ‘vamos a la Justicia’, y los que perdieron la votación en el Congreso también. Dos recursos”.
Finalmente, tras tres audiencias en la Corte y tras no aceptar la Ciudad las ofertas realizadas, se dictó la medida cautelar que ahora el oficialismo objeta, en contra del Estado nacional. “Sin resolver la cuestión de fondo”, agregó Casaretto, que insistió en que lo que se está haciendo es “concentrar recursos en favor de la Ciudad de Buenos Aires”.
“La cautelar lo que viene a hacer en forma injustificada es establecer un promedio entre lo que reclama la ciudad, el 3,5%, y lo que paga el Estado nacional, 2,95, en forma transitoria. Una irresponsabilidad determinar a ojo de buen cubero”, se quejó el diputado entrerriano, que afirmó entre gritos de la oposición que “se le sacó al Estado nacional a las otras provincias para darle más fondos a la Ciudad”.
Fue el momento en el que se desmadró un poco la reunión, y en tono de campaña Casaretto disparó: “¡Ustedes nos quisieron vender a De la Rúa jefe de Gobierno y presidente, y fracasó; nos quisieron vender a Macri jefe de Gobierno y presidente, y fracasó!… Y ahora nos quieren vender a Horacio Rodríguez Larreta y nosotros vamos a ser una alternativa… No se prueben el saco antes de tiempo, el que quiera ser gobernador que gane, que gane en las elecciones…”.
Finalmente cerró su exposición solicitando el juicio político “contra los miembros de la Corte que otorgaron esta autelar a favor del distrito más rico de la Argentina, en contra de la Nación argentina, en contra de las provincias argentinas y en contra de un país federal”.
A continuación, la diputada Susana Landriscini mencionó un informe del Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires que informaba sobre los excedentes que hubo en el uso de recursos respecto de lo asignado y lo gastado con el argumento de hacerse cargo de los serviciois de seguridad que no fueran materia del Estado nacional. “Con lo cual queda demostrado que no hubo estudios sobre esos fondos otorgados en exceso. Además, no tenían estrictamente que ver con lo que erogó la Ciudad de Buenos Aires para cubrir esos servicios”, añadió.
La intervención de Landriscini terminó con críticas al expresidente Macri por haber designado jueces de la Corte por decreto, ni haber contraído “el endeudamiento más grande de nuestro país y el más grande otorgado por el Fondo Monetario”, y deslizó una advertencia sobre lo que puede suceder “a partir del 10 de diciembre de 2023 si los resultados son otros”.
Desde la otra vereda intervino el diputado Pablo Tonelli (Pro-CABA), quien atribuyó todo el conflicto a la intención de transferirle los recursos quitados a la Ciudad a la provincia de Buenos Aires. “Lo que ocurrió fue que la Policía de Buenos Aires estaba casi en estado de sublevación –dijo-. La plata que se le sacó a la Ciudad se le dio a la provincia de Buenos Aires, esa es la verdad. El resto de las provincias, calladitas la boca”.
Tonelli sostuvo que el decreto de Alberto Fernández fue “claramente ilegal, inconstitucional, violó todas las reglas de federalismo de concertación”. Consideró que se habían dicho “muchas macanas sobre la coparticipación federal”, y remarcó que cuando se sancionó la Ley de Coparticipación había dos provincias que no existían: Tierra del Fuego y CABA, por eso es que la coparticipación para esos distritos sale de la Nación, y se dispone por decreto.
Finalmente insistió en que “la medida cautelar que dicta la Corte está fundada en que el Gobierno de la Ciudad había violado todas las reglas de federalismo de concertación. ¿Qué hizo el oficialismo? Incumplió la sentencia y sigue incumpliéndola… Son pocos los gobiernos del mundo que hacen algo así. ¿Y además qué hizo? Juicio político a la Corte”.
Al tomar la palabra, el oficialista Rodolfo Tailhade resaltó que lo que se buscará es “investigar el proceso y una serie de hechos que terminaron en el fallo” de coparticipación, porque “en esa cautelar, que además tiene una serie de inconsistencias jurídicas propias, donde se forzaron todos los argumentos para darle la razón a una parte, ese fallo es el punto final de un proceso que uno lo puede situar en enero de 2016 con el decreto del presidente (Mauricio) Macri, pero otros lo podemos situar de manera más concreta en el momento en que aparece la filtración de chats”.
“La hipótesis principal que nosotros tenemos que investigar es el acuerdo y la complicidad, o si se quiere, la connivencia entre la Corte Suprema y un sector político que conduce el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, apuntó y habló de que existió “un acuerdo espurio”.
El legislador K señaló que “la Corte avanzó con una resolución sabiendo que no estaban las condiciones de procedencia de la medida cautelar solicitada” y “se tomó dos años la Corte para resolver una cautelar que tiene que ser resuelta en días”.
En su intervención, recordó que el presidente no instruyó a los diputados a iniciar el juicio político cuando salieron los fallos del Consejo de la Magistratura o coparticipación, sino “cuando aparecieron los chats entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”, los cuales “dan cuenta de una relación absolutamente íntima, personal, de amistad entre Silvio Robles y el beneficiario directo de la sentencia de la Corte” ya que al exministro era a quien “le iban a ir los 148 mil millones de pesos, o ya no sé cuántos, que ordenó redireccionar la Corte”.
Tailhade enfatizó que en esas conversaciones filtradas se evidenció que “la Corte le daba instrucciones a este sector político para manejarse en los ámbitos políticos, parlamentarios, comunicacionales y judiciales”. “Ha quedado muy claro a lo largo de estos meses a qué se dedica Robles: a hacer sentencias no, a operarlas, antes y después, y fundamentalmente en los medios de comunicación”, agregó.
En defensa de los chats filtrados, el diputado dijo que “hasta ahora no tenemos ninguna sentencia judicial que diga que estos chats son ilegítimos, que son prueba ilegal y mucho menos que son falsos. Todo indica que son verdaderos y que es verdadera la connivencia entre la Corte y este sector político”.
Desde la oposición, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, le lanzó al oficialismo que “evidentemente van a hacer campaña con el tema coparticipación, usando este escenario como un búnker, por algo esperaron a que llegue julio para tratar este tema”. Para el opositor, con esto se busca “ocultar” que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, están incumpliendo el fallo porque “no le pagan a la Ciudad de Buenos Aires lo que le quitaron y lo que una orden de la Corte les ha restituido solo en parte y provisoriamente”. Pero también “quieren condicionar a la Corte en esta misma causa que está en pleno trámite”, denunció.
El legislador de JxC pronosticó que “les va a salir mal el comité de campaña acá” y sumó: “El show que pretenden hacer el mes que viene, después del cierre de listas, no les va a salir”. Luego de poner en sospecha que desde el FdT buscarán citar a los precandidatos presidenciales del Pro, López afirmó que ellos los “van a cuidar”; además de que no propondrán testigos y sí a concurrir solo “para poner límites” y “cuidando la legalidad cuando sea necesario”.
Por último, el diputado Eduardo Valdés reflexionó: “Se han dicho muchas cosas, pero la verdad en la causa de mal desempeño que le adjudico a los ministros de la Corte en el fallo de Coparticipación es que si el artículo 128 de la Constitución dice que los gobernadores y solo los gobernadores son los agentes naturales del estado federal, en un caso donde la Corte es competencia originaria por delegación de las provincias ¿cómo es que no citó a ninguno de los gobernadores que se habían postulado como amicus curiae. 15 gobernadores que la Corte desoyó por sacar con urgencia este fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires”.
Salió al cruce de las críticas del jefe de Gabinete al Tribunal Superior y advirtió que Nación tampoco le está pagando a CABA lo que estimó que le correspondía por la policía.
Uno de los que salió a contestarle a Agustín Rossi por sus fuertes críticas a la Justicia en general y la Corte Suprema en particular fue el senador Martín Lousteau, quien le advirtió al jefe de Gabinete que hay en el país “un montón de instituciones que no funcionan, pero hay un método que está en la propia Constitución, que dice que la Corte es la intérprete última de la propia Constitución, que es nuestro pacto social fundante”.
Cuestionó entonces que el Gobierno no acate sentencias de la Corte Suprema. “Así como las leyes no tienen tres estados, derogadas, vigentes o intermedias; la Constitución tampoco: o se cumplen, o no se cumplen”, dijo.
A propósito de las críticas hechas a la Corte por el jefe de Gabinete por sus fallos suspendiendo las elecciones para gobernador en San Juan y Tucumán, le recordó Lousteau que “frente a un fallo con los mismos fundamentos, el ministro de Justiciaha tenido distintas reacciones”, en referencia a Martín Soria, que había celebrado cuando en 2019 la Corte le cerró el paso a la re-reelección a Alberto Weretilneck en Río Negro. “¿Es porque son dos Cortes?”, se preguntó el senador radical, que aclaró que “es la misma Corte; lo único que no ha habido es el reemplazo de (Elena) Highton de Nolasco”.
Pero el senador Lousteau hizo especial hincapié en “otro fallo que se incumple”, en referencia al que devolvió un porcentaje de la Coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, del 22 de diciembre de 2022. El economista detalló la magnitud de la quita, que determinó que, a precios de hoy, suma 580.000 millones de pesos. Importe que cuantificó como el 25% del presupuesto anual de la Ciudad. “Si extraen los salarios, es el 57% del presupuesto de la Ciudad”, precisó.
Tras recordar que por ley le habían bajado a la ciudad la coparticipación, pero también el importe que el Gobierno calculaba por su cuenta que le correspondía para la Policía de la Ciudad, Lousteau advirtió que “el Gobierno decidió cumplir una parte y no la otra: dejó de mandar fondos, pero además dejó de mandar la parte que debía transferirle de acuerdo con una ley para la policía”. Con eso, dijo el precandidato a jefe de Gobierno porteño, se han perdido hasta ahora 40 mil millones de pesos.
Y con respecto a los bonos que el Gobierno ofreció pagar, aclaró que la Ciudad no lo aceptó porque no se pueden vender. “Se castiga a una jurisdicción autónoma y después nos llenamos la boca hablando de federalismo”, se quejó Lousteau.
El legislador resumió preguntándole a Rossi “por qué ni siquiera cumplen la ley que ustedes mismos propusieron con la estimación del costo de la Policía. ¿Por qué no le mandan a la Ciudad el costo que ustedes mismos determinaron que debería tener?”.
Eso expresó el senador radical Martín Lousteau respecto del discurso de Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa. Por otro lado, advirtió que la medida de Sergio Massa es “Es un canje hiper beneficioso para los bancos”.
El senador nacional Martín Lousteau (Evolución Radical) cuestionó a Alberto Fernández por su discurso en la apertura de la Asamblea Legislativa y lanzó que “es intolerable como representante de los porteños tener que escuchar que el presidente diga que la Ciudad no tiene coparticipación y que depende de él”, y agregó que “los distritos no son de un partido, son de los ciudadanos”.
En declaraciones a Radio con Vos, el radical agregó: "Fue la primera vez que me levanté y me fui. Me hubiera levantado si el presidente hubiese dicho algo similar de cualquier provincia. El presidente dijo que a la Ciudad no le corresponde la coparticipación".
Por otro lado, y de cara a las elecciones, manifestó: “No creo en las cosas monocolor, ya probamos con gobiernos que son del mismo color”, y sumó: “Si alguien tiene miedo de un referente de su espacio o de lo que opinen de él las redes sociales no va a poder cambiar nada de lo que hace falta cambiar en Argentina”.
"Desde Evolución construimos una fuerza política para tener incidencia en el debate público con candidatos en todos lados", afirmó el senador. Para Lousteau: “Nadie puede decir soy el representante de un valor absoluto, para modificar a la Argentina hay que poder conversar y trabajar en soluciones que son muy complejas”.
Por último, fue consultado sobre la medida que anunció Sergio Massa: “Es un canje hiper beneficioso para los bancos”, y adelantó “tengo a mis equipos estudiando su legalidad”. Y cerró: “Todos los defaults son calamitosos porque los paga la sociedad”.
Se trata de Felipe Álvarez quien se distanció de la postura de su gobernador Ricardo Quintela. Por otro lado, tildó al presidente de “patético”, y remarcó que “el problema del país es la economía, no se puede vivir con una inflación del 7% mensual”.
El diputado nacional Felipe Álvarez (SOMOS ENERGIA PARA RENOVAR – La Rioja) criticó la postura del gobernador de su provincia, Ricardo Quintela, respecto al fallo de la Corte que dispuso que se le devolvieran fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires y afirmó: “No afecta en nada a La Rioja ni a las restantes provincias", al tiempo que denunció que “seguimos recibiendo recursos coparticipables y extracoparticipables fijados en el Presupuesto, pero se malgastan”.
En declaraciones por Radio Nacional, el diputado opositor sostuvo, en relación a la coparticipación, que “este es un conflicto entre la Ciudad y el Gobierno que no afecta en nada a La Rioja ni a las restantes provincias", y agregó: “Esto no perjudica ni beneficia a los riojanos”.
En ese sentido, informó que “La Rioja sigue recibiendo los recursos coparticipables y extracoparticipables que se fijaron en el Presupuesto 2023", e insistió: “Este conflicto no va a perjudicar en nada a los riojanos todo lo que se diga en contrario, es mentira y eso lo saben los gobernadores”.
“La Rioja recibió muchísima plata, de hecho, los fondos extracoparticipables aumentaron 1.200% en estos 3 años del gobernador Quintela y venimos planteando que esa plata no se traduce en una mejora de calidad de vida de los riojanos porque no lo vemos en obras, no lo vemos en sueldos, y si vemos que hay un gasto totalmente innecesario, es decir, se malgastan los recursos públicos que llegan a La Rioja", denunció Álvarez.
A su vez, se distanció del mandatario y lanzó: “Yo no comparto las declaraciones, ni la mirada que tiene el gobernador Quintela sobre este tema”.
Consultado sobre su decisión de presentarse a las reuniones y a las sesiones, el diputado no adelantó qué hará y prefirió aclara que “hasta ahora no hay convocatoria formal de sesiones. Se habla de que va a haber sesiones, pero así nos traen desde diciembre”.
“Parte de lo que le pasa al Gobierno nacional con un presidente dubitativo todo el tiempo, en alguna medida hasta patético te diría, porque ej. con este conflicto con el Gobierno de la Ciudad, primero dijeron que no iban a pagar, luego que sí iban pagar, pero con bonos. Todo el tiempo contradiciéndose”, cuestionó y siguió: “Que va a haber sesiones, que no, que van a tratar este tema, nos cambian el temario o lo que pasó la última sesión que fracasó, que supuestamente nos convocaron con un temario, se cambió y al final no pudieron conseguir quórum y quedó todo sin efecto”.
En esa línea, consideró que “esos problemas y esa forma de conducción permanente contradictoria terminan repercutiendo en las instituciones, en la economía, se traduce sin dudas en el perjuicio que vemos día a día de los argentinos”.
“Lo que termina enojando a la gente y perjudicando, ya ahí es donde la política tiene que prestar atención, sobre todo quienes tiene a cargo responsabilidades de Estado de gestión, empezando por el presidente y el Gobierno nacional, tiene que ver con el problema de la economía. Todas estas cuestiones repercuten en el mercado, inflación, suba de precios y eso si molesta a la gente y termina enojando al ciudadano cuando ve que sube la nafta, el transporte. Ese es el problema del país y que hay que solucionar porque no se puede vivir con una inflación del 7% mensual”, concluyó.
Eso expresó el diputado riojano respecto al tratamiento del juicio político contra la Corte Suprema. Además, manifestó que el fallo por los fondos coparticipables en favor de la Ciudad “perjudica a las 23 jurisdicciones del país”.
El diputado nacional Ricardo Herrera (Frente de Todos – La Rioja) defendió la postura de su gobernador, Ricardo Quintela, respecto al apoyo al pedido de juicio político contra la Corte Suprema porque el fallo por los fondos coparticipables en favor de la Ciudad “perjudica a las 23 jurisdicciones del país”. Sin embargo, reconoció que “va a ser muy difícil para nosotros conseguir el quórum en el recinto”.
En diálogo por la AM870, manifestó: “Vemos con mucha preocupación las políticas que se generan entre los poderes del estado. Son situaciones no deseables. Hay una fuerte disputa entre los poderes del Estado está llevando a una anomia institucional”.
“Hay cierta preocupación entre los diputados nacionales, el gobernador de La Rioja, y muchos dirigentes de la provincia que sienten lo mismo ante una situación generada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores que, está en cierta medida, permeando hacia el interior del país", expresó el oficialista.
En esa línea, cuestionó: “Se están tomando decisiones o resoluciones usando las instituciones y perjudicando enormemente a las 23 jurisdicciones del país. El fallo que ha sacado la Corte Suprema de Justicia no le hace nada bien a las 23 jurisdicciones”.
“Yo entiendo, comparto y me pongo del lado de los gobernadores del norte argentino, que han sido los que levantaron la voz respecto del fallo, por sobre todo el gobernador de Santiago del Estero y de La Rioja porque sienten que afecta a los intereses de las jurisdicciones provinciales, saben lo que significa distraer dinero para la Ciudad Autónoma en detrimento de las provincias”, respaldó Herrera.
Y siguió: “Nosotros sabemos lo que es tener la coparticipación por lo que hemos luchado para consolidar este punto en el Presupuesto nacional, de lo contrario, estaríamos lejos de pagar sueldos, de hacer obras de envergadura”.
“Seguimos muy de cerca el tema porque lo vemos con preocupación, acompañamos a los gobernadores en su lucha que viene dando con el tema de los recursos y con esta embestida contra la Corte Suprema de Justicia, porque entendemos que estamos embanderados en una causa noble que es la causa del federalismo y ahí es donde tiene que encontrar a todos los gobernadores unidos y a quienes tenemos una responsabilidad al frene de nuestras jurisdicciones “, sostuvo Herrera.
Por último, respecto a las sesiones extraordinarias a las que el presidente debe convocar para llevar a cabo el tratamiento del proyecto de juicio político, reconoció que “va a ser muy difícil para nosotros conseguir el quórum para poder dar el debate en diputados porque hemos leído ya las manifestaciones en contra de JxC y de otros partidos que no darán quórum en las sesiones extraordinarias”, pero subrayó: “Trabajaremos para poder tener el quórum en el recinto”.
La presentación sería este miércoles, tal como anunciaron tras el encuentro que mantuvieron en Casa Rosada. En rueda de prensa, los mandatarios plantearon que es “en virtud del mal desempeño de los cuatro jueces”, y que “la Corte ha avanzado sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo”. Hubo ocho gobernadores presentes y dos se conectaron por zoom.
Tal como lo había anticipado el primer día del año en su cuenta de Twitter, Alberto Fernández informó que este miércoles 4 de enero presentará el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, puntualmente contra su titular, Horacio Rosatti.
Fue tras el encuentro-que duró casi dos horas- que mantuvo este martes en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada con los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Los peronistas Juan Schiaretti (Córdoba) y Omar Perotti (Santa Fe) no participaron.
Además, estuvieron presentes los vicegobernadores Eugenio Quiroga (Santa Cruz) y Rubén Dusso (Catamarca). Los mandatarios de estas dos provincias, Alicia Kirchner y Raúl Jalil, respectivamente, se sumaron al encuentro a través de la plataforma Zoom. Alberto Fernández también estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.
El objetivo de la reunión fue evaluar el escenario y definir los pasos a seguir respecto a la intención de solicitar en el Congreso el juicio político contra Rosatti, así como también pedir que se investigue al resto de los integrantes de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti: el planteo será enviado este miércoles a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
El documento lleva la firma de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Sergio Ziliotto (La Pampa), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
Los mandatarios provinciales de Salta, Río Negro, Neuquén y Misiones habían firmado un documento que cuestionaba el reciente fallo de la Corte sobre el porcentaje de coparticipación federal que debe recibir la Ciudad, pero no acompañaron el documento firmado por los gobernadores más afines al Gobierno.
Tras la reunión, los gobernadores hablaron en rueda de prensa. El primero de ellos fue Capitanich que señaló que el objetivo de la misma fue “propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional en virtud del mal desempeño, las malas funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
“En ese contexto el presidente de la República con la mayoría de los gobernadores hemos propiciado esta iniciativa en virtud de una multiplicidad de hechos de los cuales pueden sintetizarse desde la violación de la Ley de ética pública hasta el mal desempeño a partir de decisiones que tiene que ver con oportunamente la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 26.088 después de más de 16 años de vigencia, la restitución de la Ley 24.937”, explayó el chaqueño.
En ese contexto, planteó: “Conjuntamente con el fallo que favorece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nosotros consideramos que, efectivamente, esta Corte Suprema, por una serie de hechos que se van a presentar oportunamente ante la opinión pública, y por el mal desempeño observamos una manifiesta parcialidad”.
En tanto, explicó que “significa que los fallos que hemos observado son para favorecer una parcialidad política y esto pone de manifiesto uno de los problemas centrales, ellos deben ser custodios y guardianes de la Constitución, pero lo que observamos es que los argentinos no pueden estar tranquilos en términos de salvaguardar la vida, el patrimonio, del honor, de la libertad, con miembros de la Corte que violan clara y contundentemente la Constitución Nacional y sobre todo los principios”.
“Nosotros, las provincias argentinas, nos sentimos damnificados por la asignación de recursos de una manera antojadiza sin ningún tipo de fundamento o argumento alguno. No es cierto que no nos afecta, nos afecta severamente la menor cantidad de transferencias de recursos y en consecuencia consideramos que la defensa de los intereses de nuestras provincias y el federalismo es una bandera irrenunciable porque es la base para lograr equidad e igualdad”, cerró el chaqueño.
A continuación, tomó la palabra Kicillof quien explicó que se ha elevado a la Comisión de Juicio Político de Diputados y apuntó que “se trata de algo que no tiene en la historia precedentes. La Corte ha avanzado sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, atribuciones que no le son propias".
Al ser consultado sobre si el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con la acusación, el gobernador bonaerense indicó que "la Comisión resuelve si pone en marcha el procedimiento. Será el propio transcurso de la investigación, de las declaraciones, de la propia Comisión, lo que irá conformando el pleno. Es un procedimiento de mucha gravedad", mientras que Capitanich añadió que se trata de "un procedimiento que se inicia a través de esta presentación".
Al referirse al rechazo de Juntos por el Cambio, el bonaerense replicó: "No han leído (la presentación que hará el Poder Ejecutivo a la Comisión de Juicio Político). Estaría bueno que lo lean y lo consideren". También fue consultado sobre la postura de los gobernadores que no estuvieron presentes: “No sé si están a favor, no he hablado con todos”.
En suma, informó que sería este miércoles la presentación del proyecto: “Creo que se va a presentar mañana”. Además, al insistir sobre la cuestión legislativa respecto al eventual apoyo que pudiera sumar el Frente de Todos, afirmó: "El Presupuesto parecía que no se iba a aprobar y se aprobó. No hay que adelantarse a los hechos. No es solo una cuestión de los chats que se conocieron, es también por los fallos".
Por su parte, Zamora criticó los fallos del máximo tribunal acerca del Consejo de la Magistratura y la disputa entre Nación y Ciudad por fondos de coparticipación y señaló que "esta situación se agrava muchísimo cuando se conocen los chats" entre funcionarios de la Corte y del Gobierno porteño.
Desde Brasil, Fernández había convocado a los mismos mandatarios que apoyaron su decisión de “no acatar” el fallo del máximo tribunal de Justicia por la coparticipación en favor de la Ciudad de Buenos Aires. "Durante mucho tiempo planteé que la Justicia se revise, pero evidentemente no lo hace, y hemos llegado a una situación límite", argumentó.
"En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento", señalaba el comunicado que el pasado 22 de diciembre fue firmado por el presidente y 14 gobernadores con los que se reunió en la Casa Rosada para fijar postura sobre el fallo de la Corte que obliga a la Nación a entregarle a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.
Comunicado-Presidencia-Juicio-PoliticoLo adelantó Alberto Fernández, que insistió en que elaborarán un proyecto para establecer de qué manera se amplía el Presupuesto 2023.
El presidente Alberto Fernández reiteró sus críticas al fallo de la Corte Suprema que benefició por el tema de la Coparticipación Federal a la Ciudad de Buenos Aires y confirmó que convocará a sesiones extraordinarias.
Lo hizo en el marco de una entrevista concedida al canal C5N, donde precisó que entre los temas que se incluirán para que el Congreso debata figura la moratoria previsional, que quedó pendiente en la última sesión de la Cámara baja que no pudo llevarse a cabo por falta de quórum. También analizan con el ministro de Economía, Sergio Massa, a fin de cumplir con el fallo de la Corte Suprema sobre coparticipación.
Respecto a eso, Fernández insistió en que le pedirá al Congreso que amplíe el Presupuesto diciéndole de dónde debe sacar los recursos, o si pone impuestos nuevos. “Si pago menos Tarjeta Alimentar o menos AUH”, aventuró.
“La única forma es con un remanente del Presupuesto que se puede afectar al cumplimiento de lo que la Corte pide, para que vean mi buena voluntad de no levantarme contra el Poder Judicial”, sostuvo.
Con relación a un eventual juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema, el presidente dijo que “estamos estudiando la situación. El presidente no tiene entre sus funciones promover el juicio político. La verdad estoy viendo con mucha preocupación lo que está pasando y se lo he planteado a los gobernadores".
A propósito de la Corte Suprema, se refirió al proyecto para ampliarla, que tiene media sanción del Senado. Alberto Fernández dijo que él tenía “una idea más atractiva de federalizar la Corte con 25 miembros, para garantizar que todo el país estuviera representado. Pero si sigue haciendo las barrabasadas que hace, no es un problema de número de miembros sino de Estado de derecho”.
Una vez más cargó contra la oposición al afirmar que lo que debió vivir con la misma “pocos lo han vivido. Ha sido una constante de querer paralizar al Gobierno, de querer llevar al presidente y al país a un callejón sin salida”. Y enfatizó: “Desde la hora cero. Nos denunciaban porque no compramos la vacuna Pfizer. Me acusaron de haber pedido coimas para comprar la vacuna Pfizer. Que la Sputnik no estaba probada”.
Fue aun más lejos al asegurar que “la decadencia que estamos viviendo es el resultado de Cambiemos en el poder y de Juntos por el Cambio en la oposición”. ¿Por qué? “Ellos construyeron esta justicia miserable, hicieron el sistema de denigración de personas permanentemente, generaron un sistema mediático que condena a las personas antes de que la justicia se decida y cuidan el sistema que han creado actualmente como oposición para que nadie los toque”, dijo.
Con vistas a las elecciones, dijo que su “primer preocupación es que el Frente de Todos gane las elecciones. Mi primer preocupación no es mi reelección. El Frente de Todos va a ganar, no tengo ninguna duda, porque la gente poco a poco se está dando cuenta de cómo es la historia”.
En ese sentido dijo estar seguro de que “ningún pueblo se suicida. Mi primer deber es garantizar la unidad, y cuando hablo de las PASO es para que nadie se vaya y deje los pies adentro del plato”. Sobre las elecciones primarias, aclaró que “para eliminarlas hace falta una ley y nadie me demostró que existan los votos. En el Frente de Todos tiene que darse un sistema armónico de convivencia y resolución de diferencias. Me voy a poner al frente de ese trabajo y voy a consensuar con todos".
En un duro pronunciamiento expresado a través de las redes, los diputados de ese espacio expresaron su postura en el marco de la puja que se mantiene por los fondos coparticipables de CABA.
“Sorprende que Alberto Fernández se manifieste permanentemente en contra de los sectores productivos, que son el motor de la economía nacional, los que generan empleo genuino y desarrollo para el país”, expresaron este miércoles los diputados de Córdoba Federal.
Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca aclararon que “desde Córdoba no discriminamos, pero tampoco aceptamos que se nos discrimine”.
A través de un extenso hilo publicado en las redes de esa bancada, los cordobeses se pronunciaron en medio de la fuerte puja generada en torno a la coparticipación federal y la reasignación dispuesta por la Corte Suprema, que ha generado una crisis institucional.
“No vamos a dejar que nos empujen a la confrontación entre provincias y regiones. Por el contrario, exigimos que nuestro esfuerzo sea valorado y compensado, con respeto y con políticas propias de un federalismo verdadero”, señalaron los cordobeses, para quienes “ese federalismo no es el que reparte desde la Casa Rosada y que a diferencia de lo que hacemos acá, subsidia el desempleo y no el empleo. No genera riqueza, ni crea oportunidades, ni empuja el crecimiento con justicia social en Argentina como propiciamos en nuestra provincia”.
Para los diputados de Córdoba Federal, “no es hora de discordias, es tiempo de asegurar la unión nacional para consolidar un destino común”.
Por el contrario, dejaron claro que quieren “un desarrollo armónico de todas las regiones del país. No un país divido en provincias con diferentes estatus con la mirada puesta solo en AMBA”.
Asimismo destacaron que “Córdoba, que conforma junto a Santa Fe y Entre Ríos la Región Centro, tiene un profundo sentido federal. En condiciones competitivas somos capaces de producir más, de exportar más y de traer más divisas para nuestra patria para que haya más empleo, superar la crisis”.
Señalaron los cordobeses que “Alberto Fernández dice que hay que hacer las obras. ¡Y claro que hay que hacerlas!… ¿Hace cuántos años que no pueden terminar el gasoducto Néstor Kirchner? Y en Córdoba, invirtiendo 900 millones de dólares propios, se construyeron 2.800 kms de gasoductos”. Agregaron que “sólo Córdoba aporta el 30% de las retenciones del agro a Nación, (cada cordobés pone 8179 dólares por año) un recurso que no se coparticipa y no vuelve en obras para mejorar la productividad y la calidad de vida”.
“En la Región Centro no somos ni más ni menos que ninguna otra región de la Argentina. Trabajamos, invertimos, producimos y contribuimos diariamente para sostener las políticas sociales para todo el país, aportando muy por encima del promedio de otras regiones”, puntualizaron, para preguntarse a continuación: “¿Queremos que el país de los subsidios o queremos un país donde se genere y distribuya la riqueza, apuntalando a todas las regiones? El presidente nunca habló del corredor bioceánico, por ejemplo!.
¡¿Cómo avanzar sin planificación de las obras que promuevan la producción y eviten el centralismo del puerto?”, plantearon.
Sobre el final aclararon que “jamás vamos a abandonar el planteo del federalismo porque nuestra mirada de la Argentina es desde el interior de la Patria”, y cerraron: “Vamos a seguir trabajando para que la Argentina no tenga una región privilegiada y sea verdaderamente federal”.
La vicepresidenta de la Nación publicó en su cuenta de Twitter un artículo periodístico del exjuez de la Corte sobre que en la Argentina “no hay derecho” y se vive en un estado “ajurídico”.
Tal como lo anticipó en el acto que encabezó este martes en Avellaneda, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, compartió en sus redes sociales un artículo de opinión del exjuez Raúl Zaffaroni titulado “El pueblo ante la ausencia de derecho” para apuntar contra el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación que le devolvió los fondos a la Ciudad y por el Consejo de la Magistratura.
“Este es el artículo de Raúl Zaffaroni publicado en La Tecla que recomendé ayer en Avellaneda: ‘El pueblo ante la ausencia de derecho”, escribió temprano este miércoles la titular del Senado y lo calificó de “imperdible”.
Además, compartió tres fragmentos del texto que son “un análisis excepcional que merece ser leído y releído”. El primero de esos fragmentos, dice: “¿Pesará más una pluma o un elefante? No se sabe. Si estuviésemos en un planeta pequeño, sin gravedad, no podríamos decir qué es pesado y qué liviano”, y cuestiona: “Aquí no podemos saber qué es lo lícito y lo ilícito, porque no tenemos derecho: estamos en el vacío jurídico”.
“Lo que queda cuando desaparece el derecho son meros ejercicios de poderes, en un espacio vacío de derecho, no antijurídico, sino ajurídico”, reza otra de las frases que destacó CFK, mientras que el último sostiene: “Acaso, cuando cada cual hace lo que quiere, en la estricta medida en que su fuerza se lo permite ¿no es el caos? Sí, precisamente el caos es la ausencia del derecho, el hueco de lo ajurídico”.
En un tramo del discurso que la abogada brindó sostuvo que “la Corte hizo caso omiso de la ley. Ahora se suspende una ley, una cosa insólita porque las leyes no pueden suspenderse, el único que puede hacerlo es el Congreso, el Poder Judicial puede declararla inconstitucional y no aplicarla, pero suspenderla es imposible”, en relación al fallo por la Coparticipación.
En esa línea, se refirió al lugar en disputa entre oficialismo y oposición por el Consejo de la Magistratura: “Hoy una jueza vuelve a ratificar que esto debe ser resuelto por el Congreso en el marco del derecho parlamentario, sin embargo ¿qué hicieron los ‘supremos’ a través de una acordada? modificaron la situación. Es de una anomalía”, al tiempo que denunció: “No estamos ante un hecho antijurídico, sino ajurídico es como que hubiera desaparecido el Estado de derecho, como si hubiese desaparecido el derecho”.
La titular del Senado lanzó fuertes críticas hacia el Poder Judicial y denunció que armaron “un juicio con una precisión y con una cronología electoral francamente casi quirúrgica”, y pidió a los argentinos que “hay que despabilarse”. También cuestionó a la Ciudad por el conflicto de la coparticipación.
Tras haber cursado Covid, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, cerró el año con una reaparición pública a tres semanas de haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en el juicio por la causa Vialidad, y en medio de la puja entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires por el fallo de la Corte Suprema por la coparticipación.
Al respecto, y como era de suponer, la abogada volvió a apuntar contra el Poder Judicial por la condena y aclaró que su decisión de no ser candidata en 2023 no es “ni renunciamiento ni autoexclusión, es proscripción”, y denunció que el juicio fue armado “con una precisión y con una cronología electoral casi quirúrgica”, al tiempo que les pidió a los argentinos que se “despabilen”.
Por otro lado, apuntó contra la oposición, puntualmente hacia la figura del jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por el conflicto de la coparticipación: “Un país en función concéntrica”.
La titular del Senado fue la principal oradora del acto que se realizó este martes en el marco de la inauguración el polideportivo Diego Armando Maradona en Villa Corina, Avellaneda, en el que estuvo acompañada en el escenario por el intendente Jorge Ferraresi y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Bajo el cántico de “si la tocan a Cristina que quilombo se va a armar” y ante un fuerte aplauso, la abogada comenzó su discurso a las 19.45 agradeciendo a los presentes y diciéndoles: “Yo también los quiero mucho”.
CFK arrancó su disertación un poco nostálgica al recordar las “intendencias, en el sur allá en Rio gallegos cuando Néstor se lanzó a hacer playones deportivos y gimnasios por toda la ciudad porque, acá los pibes pueden jugar en un potrero al aire libre, en un descampado, en un baldío como hay tantos en la provincia, pero en el sur con el frío y el viento. La verdad que la experiencia deportiva necesita en serio de mucha infraestructura en el sur y Néstor cuando era intendente hizo muchos playones deportivos y gimnasios”.
“Escucharlo también a Axel hacer colegios, alcaldías, hospitales, también me recordó aquella experiencia maravillosa que fueron las tres gestiones como gobernador de Néstor. Yo escuchaba y parecía como que retrocedía en el tiempo y escuchaba esa voz, esa esperanza, ese sueño que llegó a donde, yo sinceramente, nunca pensé. A mi me parecía que con la gobernación habíamos coronado la militancia política, la verdad que lo que vino después, la presidencia, la transformación, esos 12 años y medio que transformaron el país y lo desendeudaron…”, rememoró y se sinceró: “Me hicieron sentir un poco de nostalgia entre ambos”.
En otro tramo de su discurso, apuntó contra los medios: "Hoy venía para acá y venía algunos videograph en los canales o en los diarios 'es el primer discurso de CFK después de su renunciamiento'... bueno, vamos a hablar clarito. Soy peruca y hablamos clarito", lo que despertó aplausos y el pedido de los militantes: "Cristina presidenta”. En ese momento, interrumpió con un pedido: “No canten eso. No era eso, no, no. Escúchenme, no sean malos”.
“A lo que voy es a lo siguiente. Desde un lado empezaron a hablar del renunciamiento, después en otros lados empezaron a hablar de la autoexclusión. El único renunciamiento que tuvo el peronismo fue el de Eva Perón. Y tampoco hay autoexclusión”, aclaró y remarcó: “Vamos a hablar clarito: hay proscripción".
En ese sentido, explicó: “El día que yo hablé no estaba enojada, no es que en el fervor de un discurso dije algo...no, no, no. Fue algo meditado”, y tiró: “No soy una persona… pese a que no sé por qué razón siempre me han… debe ser porque soy mujer ¿no? las mujeres siempre somos las locas ¿no? Los hombres pueden decir cualquier cosa, cualquier barbaridad o decir un día una cosa, y al otro día otra cosa, y pasado mañana tal vez otra. Pero a ellos todo se les disculpa, a nosotras todo se nos tergiversa, confunde, agranda, y mienten”.
“Ni renunciamiento ni autoexclusión, proscripción porque ese procedimiento, esa estrategia de proscripción no es nueva. Creo que la comenzaron a pergeñar el día siguiente al 9 de diciembre que nos despedimos en la Plaza y empezamos a cantar 'Volveremos'". Ese día empezaron a pensar en la proscripción”, afirmó la vicepresidenta.
Y relató: “Lo primero que hicieron fue armar un juicio con denuncias, pero con una precisión y con una cronología electoral francamente casi quirúrgica”. En clave electoral, contó: “No sé si se acuerdan, que ‘luego de un juicio armado’ (Julián) Ercolini era el juez, de 3 años decidieron que el juicio oral en el que me iban a sentar en el banquillo de los acusados era el 21 de mayo del 2019, planificaron sentarme en el banquillo de los acusados. 15 días exactos antes de que cerraran los plazos electorales para armar los frentes electorales en donde se disputaría una vez más la presidencia de la Nación”.
“Nadie se acuerda de eso porque yo, tres días antes, desarticulé esa maniobra francamente prescriptiva cuando anunciaba que íbamos a ir a un frente electoral con quien hoy es presidente de la República. Simplemente por eso, era una clara maniobra prescriptiva”, manifestó.
Y continuó: “Luego siguió el juicio, que podría haber terminado en un año, pero lo estiraron, lo estiraron para que llegara el próximo turno electoral y el 9 de marzo van a ‘leer los fundamentos de la proscripción’”, y lo comparó con el 9 de marzo de 1956 día en el que se publicó en el Boletín Oficial el decreto con el cual se prohibía decir las palabras Perón, Evita y se prohibía cantar la marcha peronista. “Este es el tema de la proscripción”, insistió.
“La proscripción es un acto de disciplinamiento hacia el conjunto de la dirigencia política argentina para que nadie se vuelva a animar a tanto”, denunció CFK y enumeró: “Para que nadie se vuelva a animar a recuperar las FJP o YPF o sancionar la Ley de Medios o mejorar la distribución del ingreso de modo tal que los trabajadores participen del 50% del PBI y que tengan el mejor salario, o que la educación tenga el 6% del PBI o desendeudar al país y decirle al FMI ‘chau no te necesitamos más, las políticas económicas las decidimos acá los argentinos, en la Casa Rosada y en el Parlamento’”.
“Y un efecto disciplinador y vaya si lo logran...”, remarcó. En esa línea, recordó que en diciembre del 2020 “donde después de la pandemia Sergio (Massa), que en ese entonces era presidente de la Cámara, decía que íbamos a crecer y yo dije que íbamos a crecer, pero que era importante que ese crecimiento no se lo quedaran tres vivos, que era necesario redistribuir y alinear tarifas, precios, salarios, jubilaciones. Y que esto implicaba, porque, cuando uno decide mejorar la distribución de ingreso en el país, afecta intereses y por lo tanto genera resistencias, molestias y represalias también”.
En ese contexto, reflexionó que “el miedo es un gran disciplinador de la dirigencia política y un gran frustrador de las sociedades. El miedo no construye nada, el miedo pulveriza el poder popular, y tiende a desnaturalizar la política y hace que aparezca la insatisfacción democrática y la política termina siendo algo que a la gente no le gusta, que no le soluciona la vida porque no le soluciona los problemas. Que cuartada maravillosa", y subrayó: “Eso es lo que nos está pasando en la Argentina".
Sin lugar a dudas, la funcionaria opinó sobre el tema de la coparticipación y el fallo de la Corte Suprema y preguntó: “¿Qué está pasando con la cuestión democrática en la Argentina?”, y respondió con munición pesada: “Mauricio Macri modificó con un decreto simple lo que le tocaba al Gobierno Nacional de coparticipación y le dio muchísimo a la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica de la Argentina. Lo que le quitó de esa porción que va a las provincias, se lo dio a la Ciudad".
“Y después, esto que había sido discutido por todos los gobernadores, fue resuelto por un decreto del presidente Alberto Fernández, que no quedó solo en decreto simple, sino que hubo una ley del Congreso de la Nación que consagró esa nueva distribución del ingreso", añadió.
Y apuntó: "Sin embargo, la Corte hizo caso omiso de la ley. Ahora se suspende una ley, una cosa insólita porque las leyes no pueden suspenderse, el único que puede hacerlo es el Congreso, el Poder Judicial puede declararla inconstitucional y no aplicarla, pero suspenderla es imposible”.
En esa línea, retomó la disputa por el lugar en el Consejo de la Magistratura y disparó: “También hicieron una incursión en el Poder Legislativo como resultado de las elecciones de los estamentos que conforman el Consejo de la Magistratura, no había sido del resultado que esperaban y por primera vez el peronismo orgánicamente colocaba un peronista en el estamento de los abogados, y salieron a modificar esa ecuación”.
“Hoy una jueza vuelve a ratificar que esto debe ser resuelto por el Congreso en el marco del derecho parlamentario, sin embargo ¿qué hicieron los ‘supremos’ a través de una acordada? modificaron la situación. Es de una anomalía”, expresó CFK, al tiempo que denunció: “No estamos ante un hecho antijurídico, sino ajurídico es como que hubiera desaparecido el Estado de derecho, como si hubiese desaparecido el derecho”.
Y siguió: "Créanme que este partido judicial influye sobre la calidad de vida de todos los ciudadanos”, por eso pidió a los argentinos que “hay que despabilarse”, porque “cuando te arrancan la cabeza con el celular, el cable, internet, es porque hubo un juez que dictó un amparo para que no sea servicio público. Lo mismo con las prepagas".
“Estos mismos jueces permitieron que los dólares que necesitamos en las fábricas, se los den a los que quieren comprarse un Porsche o quieren importar 30 millones de dólares en toallas”, criticó y chicaneó: “Uno de los jueces que hizo esto fue el de Lago Escondido que, junto con exfuncionarios de inteligencia y del Gobierno de la Ciudad, con camaristas, con los directivos del Grupo Clarín que hoy comanda este estado paralelo que tiene la Argentina, es la que está definiendo un poco la calidad de vida de los argentinos”.
La titular de la Cámara alta aclaró: “Yo no me voy a someter a la fuerza política nuestra a llevar de candidata a alguien que le dijeran ‘está condenada’ y de esa manera ser funcional lo de ellos que quieren, no es contra mí, es contra el peronismo”, y volvió a apuntar contra Rodríguez Larreta: “Y lo vemos en esta decisión de la coparticipación donde le van a dar para la campaña electoral al jefe de gobierno de la Ciudad le van a incrementar lo que tiene en 6 presupuestos de la localidad de Avellaneda”.
“Lo que se gasta en plantas, y adornos en la Ciudad, es un presupuesto de 1 año de Quilmes. Cuando alguien va a la Ciudad dicen ‘guau, ¡qué gestión papá!’ En la Ciudad tienen todo, taxis, subtes, bondis. Un país en función concéntrica", cuestionó e insistió: “Advirtamos esto. Cada militante tiene su bastón de mariscal en la mochila: sáquenlo, sáquenlo, sáquenlo. Y no pidan permiso a nadie para sacarlo. En todo caso, si se equivocan, pidan perdón. Pero permiso, no le pidan permiso a nadie".
Antes de cuestionar al diputado del Pro Gerardo Milman involucrado en el atentado contra su persona y de sembrar sospechas sobre su lista de colaboradoras, a las que la vicepresidenta llamó “señoritas”, recordó el ejemplo del diputado kirchnerista Juan Emilio Ameri, expulsado de la Cámara baja tras ser captado en plena sesión virtual “chupando una teta”, en palabras de CFK.
Además, defendió al exministro de Planificación: "Han desaforado a algún diputado también, como De Vido, dos años preso por una causa que después se descubrió que el perito era trucho y el informe por el cual lo llevaron preso también".
“Hay una patente de corso y de impunidad para todo aquel que no sea peronista. Y todo aquel que, si lo sea, se le inventan cosas y se lo deja afuera”, cuestionó al referirse a Milman. Y lanzó otro llamado al peronismo: "¿Es sostenible un país con estos parámetros en la administración de justicia? No, seguramente no. Por eso es necesario salir a hablar y explicar. A bajar, a tomar contacto con la realidad, con el barrio, hablarle a la gente".
En otro tramo que se leyó como un mensaje al interior del oficialismo, trazó una comparación con el fútbol y reclamó que haya "un árbitro en serio del Poder Judicial".
"Me parece que esto no estemos mirando los peronistas para el cielo esperando que alguien baje mágicamente a decirnos qué es lo que hay que hacer", apuntó e instaló la necesidad de “replantearse estas cosas y saber también que es necesario que pongamos lo mejor de cada uno de nosotros".
A su vez, reclamó: “Para ser un poco futbolera, a tono, es como que si vos estás jugando un partido y el árbitro te bombea y el otro te hace penales, foules y no le cobra nada. Esto está pasando".
"Necesitamos que vuelva a haber un árbitro en serio del Poder Judicial en Argentina que aplique el derecho y que tenga la garantía para todos los ciudadanos de que todos son iguales ante la ley. Esto no existe hoy y es grave", alertó.
Al cierre de lo que fue su último discurso del año, la vicepresidenta volvió a hablar de "mafias y Estado paralelo", en la tónica de su descargo virtual tras la condena en Vialidad. Y llamó a movilizarse el 24 de marzo de 2023, cuando se cumplirán 40 años del regreso de la democracia, bajo una consigna: "Argentina y democracia sin mafias". Con casi tres meses de anticipación, la exmandataria aseguró: "Los argentinos nos lo merecemos".
Alberto Fernández encabezó un acto en Santiago del Estero y apuntó contra el jefe de Gobierno porteño: “Esta obra cuesta lo mismo que la Ciudad de Buenos Aires quiere llevarse para ella”. Diputados de la principal bancada opositora le contestaron en redes.
En el marco de la discusión por los fondos coparticipables que enfrenta a la Nación con el Gobierno porteño, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, encabezó un acto en Santiago del Estero y en su disertación volvió a criticar este martes a la administración que encabeza Horacio Rodríguez Larreta: “Acá no se discute cómo ampliamos los subtes, acá lo que estamos discutiendo es quién tiene agua”.
“Toda esta obra cuesta lo mismo que la Ciudad de Buenos Aires quiere llevarse para ella. A mí me encantaría que venga el jefe de Gobierno de la Ciudad y vea lo que es el Norte”, afirmó el jefe de Estado durante la inauguración del acueducto Simbolar-Añatuya.
Desde las redes sociales, el titular del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, retomó la frase de Fernández y disparó: “Hace 40 años que gobiernan esa provincia, hicieron un estadio y un autódromo de primer mundo. Pero redes de agua para la gente NO. Las prioridades del peronismo”.
La diputada salteña Virginia Cornejo sumó al tuit de Negri: “En Salta tampoco se discute el subte! ¡¡¡Se discute cuantos camiones aguateros comparan para repartir agua como si estuviéramos en la colonia!!!”.
“Los ejemplos que pone el presidente @alferdez de las falencias de infraestructura en el norte son todos en provincias que gobierna el oficialismo hace décadas y sin alternancia”, apuntó el diputado del Pro Waldo Wolff y exigió: “Basta de atacar a los porteños y háganse cargo de sus fracasos de gestión”.
Su par de bancada, Alberto Asseff, lanzó: “A. Fernández está haciendo un curso acelerado de demagogia, pero de la más rudimentaria. Él es porteño (vivía en Sta. Fe y Bulnes), pero va a Santiago a hablar de agua contrastando con los subtes. ¿Por qué no le dijo a Zamora que malgastó casi 10 mil millones en un estadio?”.
Desde la bancada que conduce el diputado Mario Negri consideran que el presidente “desobedece” el fallo de la Corte Suprema con un “ardid malicioso: querer pagar la coparticipación porteña con bonos”.
Pese a que desde el bloque de Diputados de la UCR habían decidido no realizar -por el momento- el pedido de juicio político contra Alberto Fernández, tras informar que pagará parte de la sentencia con bonos a CABA y cumplirá así parcialmente con el fallo de la Corte Suprema, finalmente este martes por la tarde pusieron en marcha la presentación de un proyecto de pedido de juicio político contra el presidente de la Nación.
“Este nuevo pedido de remoción tiene como marco la decisión del Gobierno nacional de no acatar de forma acabada el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó que se le devuelva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 2,95% de la coparticipación”, explicaron.
El proyecto presentado por los diputados radicales, que encabeza el presidente del bloque Mario Negri y está acompañado por el resto de los integrantes, estipula en su único artículo: “Promover juicio político contra el Señor presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández, por mal desempeño y eventual comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
En los fundamentos, los 33 legisladores radicales sostienen que la decisión del Gobierno nacional de querer pagar con bonos de deuda pública el monto de coparticipación que la Corte Suprema ordenó transferir diariamente a CABA “es un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia del fallo del Máximo Tribunal”.
En el proyecto, recuerdan que “el día lunes 26 de diciembre, luego de que el Estado Nacional fuera notificado de la medida cautelar otorgada por la Corte Suprema de Justicia a favor de la CABA, el presidente informó que iba a acatar la orden judicial, a pesar de seguir considerándola inapropiada y que lo iba a hacer con bonos, a 90 días. Ello a pesar de que la sentencia recaída en autos era clarísima en el sentido que expresaba: ‘…II. Disponer que las transferencias correspondientes lo dispuesto en el punto resolutivo anterior se realizarán en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina’”.
"En este sentido consideramos que la falta de acatamiento a lo ordenado por la sentencia de la Corte Suprema persiste pese al dictado de la Decisión Administrativa N° 1.282/2022 de la Jefatura de Gabinete de ministros, ya que de la misma se desprende que pretende girarse a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación federal de impuestos que como medida cautelar ordenó el Máximo Tribunal con títulos de la deuda pública (Bonos del Tesoro TX31)”, argumentan.
En ese sentido, plantean que “implica un apartamiento manifiesto de lo resuelto toda vez que el decisorio no versa sobre el reconocimiento de deuda devengada –el punto será materia de resolución cuando se emita pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión- sino de una medida cautelar que dispuso que durante la tramitación del proceso debe reintegrarse una porción del índice de coparticipación detraído por las normas impugnadas, en forma diaria y por la misma vía que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reciben las remesas correspondientes al régimen de coparticipación federal de impuestos".
"En rigor, la DA N° 1.282/2022 constituye un ardid malicioso orientado a solapar la desobediencia del fallo de la Corte convenida previamente entre el presidente de la Nación y catorce gobernadores, ante la repercusión negativa que tuvo ese alzamiento contra la cabeza de uno de los poderes del Estado y la interposición de denuncias penales, denunciaron.
Y explicaron: “Como legisladores debemos delimitar la responsabilidad política del funcionario que incumple con lo establecido en el texto fundamental y además lo hacemos en el convencimiento de que tales acciones conllevan indefectiblemente al deterioro institucional, con consecuencias económicas y sociales gravísimas”.
La iniciativa lleva las firmas de Mario Negri, Manuel Aguirre, Martín Arjol, Lidia Ascárate, Karina Banfi, Mario Barletta, Miguel Bazze, Gustavo Bohuid, Ricardo Buryaile, Marcos Carasso, Fernando Carbajal, Soledad Carrizo, Gerardo Cipolini, Julio Cobos, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Ximena García, Jimena Latorre, Gabriela Lena, Facundo Manes, Juan Martín, Francisco Monti, Miguel Nanni, Lisandro Nieri, Juan Carlos Polini, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Jorge Rizotti, Víctor Hugo Romero, Sebastián Salvador, Roberto Sánchez, Jorge Vara y Pamela Verasay.
Desde el oficialismo y algunos sectores de la oposición expresaron su rechazo a la medida adoptada por el presidente de la Nación y advirtieron que “lo único que logra es perjudicar a los porteños y degradar las instituciones”.
Luego de que Gobierno Nacional anunciara que pagaría la cautelar de la Corte Suprema sobre la coparticipación con bonos TX31, los legisladores porteños del oficialismo y algunos sectores de la oposición salieron a repudiar la medida y advirtieron que sólo “perjudica a los porteños y degrada las instituciones”.
En ese sentido, el vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y diputado de Vamos Juntos (VJ), Emmanuel Ferrario, aseveró que “el presidente tiene que dejar de esquivar a la Justicia. Lo único que logra es perjudicar a los porteños y degradar las instituciones” y se preguntó si “¿las demás provincias reciben los recursos de coparticipación en bonos? ¿Los salarios se pagan en bonos? La respuesta es una sola: no”.
Mientras que el jefe del bloque VJ, Diego García Vilas, destacó que “una semana le llevó al presidente acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Esperemos que la semana que viene entienda que los bonos no reemplazan al presupuesto que le corresponde a la Ciudad”.
Sobre esa misma línea, la oficialista Natalia Fidel (VJ) indicó que “el presidente ahora anuncia que sí va a acatar el fallo de la Corte, pero en realidad lo violará de otra forma: pagando en Bonos. El costo de este paso de comedia es altísimo: confirma que en Argentina no hay seguridad jurídica y que el país está quebrado” y Hernán Reyes (VJ) resaltó que “el kirchnerismo, no reconocen la autonomía de la Ciudad y por tanto niegan la coparticipación. No es una discusión de plata, es mucho más grave, violento y peligros para la unidad nacional”.
Además Facundo Del Gaiso (VJ) consideró que “esto es una trampa No le podemos pagar el sueldo a los médicos, policías y maestros con bonos. El fallo lo dice claro se paga en pesos, diariamente. En Santa Fe se pagó deuda, acá es el impuesto diario. Vamos a seguir defendiendo a la Ciudad”.
A su vez el legislador de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán lanzó con suma dureza: “no vamos a caer en tu trampa, Alberto Fernández. Dejen de faltarle el respeto a la Constitución y transfieran la plata que de forma inconstitucional nos saquearon. Pagar con un bono que el mercado desprecia es una estafa y nosotros no vamos a avalarlo”.
En tanto el diputado del Partido Obrero (PO), Gabriel Solano, concluyó precisando que “la decisión tomada por el gobierno perjudica es negativa por partida doble. Perjudica a la Ciudad porque los bonos cotizan por debajo de su valor nominal, y a la Nación al emitir más deuda. Bien de Alberto Fernández”.
A través de un comunicado, desde la Ciudad anunciaron que presentaron un escrito en la Corte informando el incumplimiento y comunicaron que instruyeron a la Procuración General para el inicio de una demanda penal para los funcionarios que no acataron la orden.
El Gobierno de la Ciudad rechazó en la tarde de este lunes la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de abonar con títulos públicos el fallo Corte Suprema por la coparticipación federal y anunció la presentación de un escrito en el máximo tribunal informando el incumplimiento. Además, desde la administración porteña instruyeron a la Procuración General para el inicio de una demanda penal para los funcionarios responsables de no acatar la orden judicial.
A través de un comunicado oficial de la administración del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sostuvieron que "el Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad".
En la misma línea, aclararon que la decisión del Gobierno Nacional “no modificó el accionar de la Ciudad”, que "presentó hoy un escrito en la Corte informando el incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo". Además, instruyeron a la Procuración General para que “inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo".
"La Corte resolvió que se entregue al Gobierno porteño el 2,95% de los fondos coparticipables. La sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias. Además, los recursos de la coparticipación se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento", aclararon en el texto y finalizó: “Tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes, los fallos se cumplen, no se interpretan".
Este lunes, el jefe de Estado comunicó que acatará el fallo de la Corte e informó que le pagará a la Ciudad a través de bonos. También reveló que presentará un recurso "in extremis", que recusará a las autoridades del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto de ley que prevea los recursos que hagan posible cumplir la manda, a ser tratado en sesiones extraordinarias.
"Las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Estado de Derecho buscaré revertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observando y haciendo observar la Constitución como he jurado hacer", planteó el mandatario a través de un hilo de Twitter.
Acusan a la Ciudad de haber acumulado a lo largo de la historia “beneficios absolutamente desproporcionados en relación con su producción”.
La Federación Argentina de Municipios (FAM) expresó su “profundo rechazo al politizado fallo de la Corte Suprema de Justicia que convalida privilegios para la Ciudad de Buenos Aires en detrimento de las 23 provincias que integran la Nación”.
Así lo expresaron los intendentes de todo el país que integran la FAM a través de un comunicado en el que desaprueban, dicen, que “una vez más, se concedan beneficios al distrito más rico del país y que eso se haga con fondos que pertenecen a la enorme mayoría de las argentinas y de los argentinos.
“Los jueces de la Corte ordenaron otorgarle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el porcentaje de coparticipación que Mauricio Macri le dio indebidamente a Horacio Rodríguez Larreta, transfiriéndole, durante el malogrado gobierno de Cambiemos, muchos más recursos de los necesarios para el financiamiento de la policía que se le traspasaba”.
Sostienen desde la FAM que “el propio ministro del Interior de esa administración, Rogelio Frigerio, admitió públicamente que la cifra era mayor a la requerida. Sin embargo, los cuatro jueces de la Corte, sin querer profundizar en el fondo de la cuestión, conceden la continuidad de esa absoluta injusticia”.
El comunicado de la FAM detalla que en CABA viven 2.8 millones de personas. En las 23 provincias hay 44 millones de habitantes. “Por su condición de Capital Federal, la CABA fue acumulando a lo largo de la historia beneficios absolutamente desproporcionados en relación con su producción y en perjuicio de lo que desde dicha centralidad llaman ‘el interior del país’”.
Tras destacar que la coparticipación federal es el mecanismo para equiparar esas asimetrías, advierten que “el funcionamiento del Poder Judicial evidentemente se ha politizado, como toda la Argentina ha podido ver y escuchar en los últimos tiempos con ejemplos que nos avergüenzan”.
“La simple residencia en territorio porteño, de oficinas centrales de las empresas que producen en todo el país, crea la ficción contable de que esa facturación se genera solamente en y por CABA, cuando en su territorio apenas sucede una mínima intervención administrativa”, plantean desde la FAM, donde hablan de “años de privilegios y de falta de una perspectiva federal” que a su juicio “fueron creando, además, un desequilibrio a favor de una pequeña parte de la Argentina”.
La emprenden luego contra la Corte Suprema señalando que “la decisión política de Macri, encuentra ahora sustento en la voluntad centralista e inequitativa de cuatro personas, que dejan en evidencia una vez más la necesidad de contar con una Corte Suprema más federal y con más integrantes, que representen el espíritu federalista de la carta magna argentina”.
“Definitivamente, con este fallo el Poder Judicial está convalidando el desfasaje y la inequidad que comenzó el gobierno de Cambiemos, con Macri a la cabeza, usurpando recursos federales para hacerlos propios y exclusivos al Gobierno de la CABA, recursos que son federales e indispensables para garantizar el desarrollo de las provincias y de cada uno de sus municipios”, concluye el comunicado de la FAM.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires reclamó que el Ejecutivo acate el fallo de la Corte Suprema.
El 21 de diciembre pasado se conoció una sentencia cautelar unánime dictada por la Corte Suprema a través de la cual se ordenó al Poder Ejecutivo que durante la tramitación del proceso el Estado Nacional entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2.95% de la masa de fondos definida en el art. 2 de la Ley 23.548.
La razón por la cual la Corte precautoriamente resolvió tal cosa, obedece a que el Poder Ejecutivo detrajo fondos porteños cuya asignación ya se había “concertado” en el pasado entre el Poder Ejecutivo Nacional y la CABA para solventar los gastos del traspaso de la seguridad pública en el ámbito de la ciudad. Obviamente, al quitar parte de esos fondos con efecto inmediato se producía al Gobierno un perjuicio irreparable, señaló a través de un comunicado el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, haciendo especial hincapié en los detalles del fallo.
En efecto, destacan que al analizar el caso la Corte concluyó que la quita realizada por el Poder Ejecutivo así como la dispuesta luego por ley 27.606, en principio, eran contrarias a la Constitución Nacional. Ello así, fundamentalmente, porque la Constitución (art. 75, inc. 2 párrafo 5) dispone textualmente que los traspasos de competencias, funciones o servicios y la consecuente reasignación de recursos para sufragarlos de ahí en más, deben ser “acordadas” entre las partes interesadas.
A continuación, los abogados porteños hacen referencia a la reacción del Gobierno: “Como aquí no había existido un acuerdo previo de partes, en principio, el planteo de la CABA debía prosperar. En vez de acatar la decisión y ver de qué modo ejecutarla, el presidente de la Nación, junto con un grupo de gobernadores provinciales, refrendaron una comunicación fechada el 22 de diciembre del corriente, en la que anuncia que, con motivo de la sentencia dictada por la Corte Suprema recusará a sus miembros y deducirá un recurso para intentar modificar la sentencia”.
Para los abogados de la Ciudad, “en realidad, el planteo recusatorio es tardío e improcedente. Existen decenas de precedentes en los que se han rechazado maniobras semejantes. Lo mismo corresponde decir del recurso que se anuncia deducirán. Como regla general, las sentencias de la Corte Suprema son inapelables, inmodificables a menos que excepcionalmente se haya incurrido en algún error material. Aquí no se invoca un error material”.
En su lugar se afirma que la sentencia detrae fondos de las provincias, lo cual es falso y que es un fallo “partidario”, retórica que se desentiende del equilibrado razonamiento empleado en la sentencia, destaca la entidad, que por el contrario sostiene que “estamos ante una decisión que defiende el llamado federalismo de concertación de manera ejemplar”. Y agrega que “se sostiene que estaríamos ante un fallo sin precedentes, cuando basta leer la sentencia para identificar casos anteriores que la Corte ha considerado semejantes en aspectos sustanciales”.
Así las cosas, advierten que “las decisiones judiciales de la Corte y de cualquier otro tribunal pueden ser criticadas con vehemencia, pero deben ser acatadas. Todo el edificio de la República reposa en última instancia en esa idea, sin la cual sería imposible mantener la paz social porque los conflictos se dirimirían por la fuerza”.
Por último, el directorio del Colegio de Abogados alerta que “el Poder Ejecutivo está al borde de alzarse contra una sentencia de la Corte, que es tanto como alzarse contra la Constitución. La gravedad institucional, en tal caso, sería inusitada y de consecuencias impredecibles”.
Eso expresó el diputado del Pro Omar De Marchi respecto de la decisión de Alberto Fernández de no acatar el fallo de la Corte Suprema y denunció que “todo el robo que le hizo a la Ciudad se lo dio al ineficiente de Kicillof para sostener el desastre de la provincia”.
El diputado nacional del Pro y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, el mendocino Omar De Marchi, se refirió a la decisión que tomó Alberto Fernández, de no acatar el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables y denunció que “el presidente ha decidido romper el orden constitucional y violar el Estado de Derecho”.
“El presidente de la Nación, ha decidido no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó al Gobierno nacional devolverle a la Ciudad de Buenos Aires los recursos que oportunamente le confiscara de manera ilegal”, cuestionó el dirigente del Pro.
En esa línea, denunció que “el presidente ha decidido romper el orden constitucional y violar por completo el Estado de Derecho”, y advirtió que “el kirchnerismo está anulando el Poder Judicial y no lo vamos a permitir”.
“Para justificar su desacato, el presidente Fernández miente al sostener que los recursos son de ‘las provincias’, no es verdad”, lanzó De Marchi y disparó: “Todo el robo que le hizo a la Ciudad se lo dio al ineficiente Kicillof, para sostener el desastre de la provincia de Buenos Aires”.
El diputado del Pro alertó que “están rompiendo con el sistema y terminando con la seguridad jurídica”, y manifestó: “Lo que está en juego es mucho más que dinero, está en juego si vamos a seguir siendo una República con un sistema democrático o vamos a dejar de serlo”.
“Hoy más que nunca debemos defender nuestro país del autoritarismo antidemocrático del kirchnerismo, porque si no reaccionamos hoy, mañana puede ser tarde”, expresó.
El diputado bonaerense propuso “encontrar un instrumento legal mediante el cual la Nación resigne recursos en función de equiparar al resto de las provincias”. También le dejó un mensaje a Axel Kicillof.
El presidente del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), ratificó su opinión respecto al fallo de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables y exigió al Gobierno nacional “cumplir el fallo de la Corte y distribuir más recursos nacionales”.
Entrevistado por CNN Radio, el diputado bonaerense aseguró que “el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe cumplirse”, luego de que el Gobierno Nacional dejara trascender su negativa a acatar la decisión judicial que restituye fondos de la coparticipación federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consultado sobre los dichos del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, quien afirmó que “el fallo es una inmundicia”, el titular del interbloque Federal ratificó que “los fallos deben ser cumplidos”.
El diputado del bloque Identidad bonaerense agregó que, si bien en el pasado “Macri les pegó un manotazo a los fondos nacionales para darle recursos por encima de lo que correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después tuvo que corregirlo”; por eso ahora “no corresponde instalar la política de los manotazos con los recursos coparticipables”.
Sobre la situación de los recursos bonaerenses, Rodríguez afirmó que “la Provincia de Buenos Aires, por justicia distributiva, necesita recibir un porcentaje más alto de la renta federal, pero eso no se logra yendo a pedirle permanentemente al gobierno nacional”, en una crítica directa a Kicillof.
En ese marco, propuso “encontrar un instrumento legal mediante el cual la Nación resigne recursos en función de equiparar al resto de las provincias”, y ejemplificó: “La Nación podría -por una década- distribuir entre las provincias una proporción de los tributos que hoy recauda y no coparticipa”, y consideró que “eso podría formar parte de un nuevo Pacto Fiscal Federal”.
El diputado oficialista aseguró que “la Corte está jugando políticamente”. Además, acusó al arco opositor de “paralizar” el Congreso.
El diputado nacional Itai Hagman (Frente de Todos) aseguró que entre “la oposición y la Corte Suprema tenemos una fuerte política de deslegitimación de las instituciones republicanas democráticas”, y acusó al máximo tribunal de "jugar políticamente" por el fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires en relación a los recursos coparticipables.
Hagman opinó que la decisión del máximo tribunal "no resuelve la discusión de fondo", y reiteró que “está jugando políticamente, después de haber quedado expuestos de que no son una justicia independiente”.
“Es importante que tratemos de conectar los hechos y ver cuál es la película. Estamos en un país en donde casi matan a la vicepresidenta del país, la condenan y prácticamente la llevan a una situación de virtual proscripción", declaró en diálogo con El Destape Radio.
En ese sentido, sentenció: “Hay que empezar a hablar de la situación institucional del país", e indicó que "la discusión en Argentina es si vamos a un país democrático o un país de mafias".
Respecto a la última sesión fallida por falta de quórum a la que el oficialismo había convocado, Hagman acusó que el "Congreso no funciona por una decisión política de la oposición”, recordando que “había pasado lo mismo hace 2 semanas” cuando Juntos por el Cambio “bloqueó la sesión en la que se iba a aprobar la nómina de integrantes de la Cámara baja para el Consejo de la Magistratura”.
En cuanto al orden interno del Frente de Todos, Hagman señaló que “dentro de la coalición cada uno representa ideas y sectores distintos”, y analizó que “hoy tenemos una economía más grande que la de 2019 y todavía tenemos algunos puntos de pobreza por encima”.
En relación a esto y de cara a fortalecer los salarios, señaló: “(Sergio) Massa puede ser un muy buen ministro de Economía, pero la orientación política del gobierno tiene que ser poner como prioridad la recuperación del ingreso de los trabajadores. Eso no depende de un funcionario, sino de la política del gobierno en general”.
Esa fue la respuesta del diputado Marcelo Orrego para el gobernador de su provincia quien le había pedido a él y a su par Susana Laciar “defender la patria chica y no a sus jefes porteños”.
El diputado nacional Marcelo Orrego (Producción y Trabajo – San Juan) le salió al cruce en redes al gobernador de su provincia, Sergio Uñac, luego de que el funcionario instara a él y a su par de bancada Susana Laciar a “defender la patria chica y no a sus jefes porteños”, en referencia al fallo de la Corte Suprema por la coparticipación entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
“¡Defendamos a #SanJuan! Los dirigentes de la oposición defienden los intereses de CABA, en perjuicio de las provincias. Esto profundiza las desigualdades y pone de manifiesto que la tensión entre unitarios y federales está más viva que nunca”, escribió Uñac y agregó: “Insto a los diputados de JxC, Orrego y Laciar, como a sus intendentes, defender a la patria chica y no a sus jefes porteños”.
Este último tuit, desató la respuesta por parte del diputado nacional quien lamentó las declaraciones del gobernador hacia su persona y hacia la oposición de San Juan., y le remarcó: “Yo siempre he defendido y seguiré defendiendo los intereses de mi provincia, Sr. Gobernador ‘MI ÚNICO JEFE ES EL PUEBLO DE SAN JUAN’”.
“Usted sabe perfectamente que se refiere a un fallo del Poder Judicial y que no es una ley que nosotros hayamos votado en el Congreso. Además, no afecta la coparticipación que recibe nuestra provincia”, le aclaró Orrego.
Además, manifestó que “son momentos difíciles de la Argentina”, por lo que le pidió a Uñac que “es momento de gobernar y no de inventar enemigos, y mucho menos tergiversar la realidad queriendo confundir a la gente”.
“Aquí estamos Sr. Gobernador, construyendo una alternativa para un San Juan mejor. Tenemos ideas diferentes, pero podemos debatir sin agresiones, sin cambiar las reglas de juego para conveniencia propia, respetando la ley y con espíritu constructivo”, remató su mensaje.
El diputado oficialista aseguró que los fallos judiciales “son para acatar”, pero consideró que “el gobierno no lo puede cumplir”.
El diputado nacional y vicepresidente segundo de la Cámara baja, José Luis Gioja (FdT – San Juan), se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de la Ciudad de Buenos Aires para que el Gobierno nacional le devuelva los fondos que le quitó para dárselos a la provincia de Buenos Aires y lo calificó de “inaplicable”.
En declaraciones por Radio Nacional, el exgobernador sanjuanino expresó: “Los fallos son para acatar, el gobierno lo debería hacer, pero no lo puede cumplir”, y sostuvo: “Nunca en la historia institucional de la Argentina, la Corte va a hacer los presupuestos nacionales".
Gioja dijo que el fallo es inaplicable "por todos lados", y agregó: "Hablan de la República, y eso es la división de poderes. Cada poder del Estado tiene clara su función, y de ahí no nos podemos pasar, porque si no violamos normas elementales".
Elisa Carrió y la CC presentarán una denuncia penal contra el presidente de la Nación y los funcionarios que no acaten el fallo de la Corte, por alzamiento, desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público.
La ex diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Elisa Carrió y la Coalición Cívica presentarán este viernes una denuncia penal contra el presidente de la Nación, Alberto Fernández y los funcionarios del Poder Ejecutivo que no acaten el fallo dictado ayer por la Corte Suprema de Justicia en relación con la quita de un porcentaje de la coparticipación a la Ciudad, por alzamiento, desobediencia judicial e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
“Quieren chocar las instituciones pero van a perder, no lo van a lograr”, aseguraron.
La denuncia estará firmada por Elisa Carrió, el presidente de la CC Maximiliano Ferraro; el jefe de diputados nacionales del partido, Juan Manuel López y las legisladoras nacionales en representación de la Ciudad Paula Oliveto y Mariana Zuvic.
También acompañarán con su firma los legisladores porteños de la CC Facundo del Gaiso, Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucia Romano, además del presidente del partido por el distrito, Claudio Cingolani.
Advierten desde esa bancada que este es un hecho de “extrema gravedad institucional”, y sostiene que el Gobierno usa “argumentos falsos, temerarios y ficticios”.
El Gobierno anunció el incumplimiento del fallo cautelar de la Corte Suprema que suspende los efectos de la quita de fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Esta decisión, liderada por un presidente que se comporta como representante de una facción y acompañada por 14 gobernadores oficialistas, constituye un artero golpe al federalismo y a la división de poderes”, cuestiona el bloque Pro que conduce Cristian Ritondo.
“Una vez más, el kirchnerismo protagonizó un hecho de extrema gravedad institucional: desconocer un fallo de la Corte Suprema es hacer un golpe a la democracia. Con argumentos falsos, temerarios y ficticios volvieron a agredir la institucionalidad y exponer que van por todo aquel que cuestione su visión y poder”, expresó el Pro a través de un comunicado.
El bloque recordó que “nunca en democracia hemos visto tanta violencia y hostigamiento contra una jurisdicción federal autónoma. Por eso, impugnamos este intento de destruir la vigencia de la Constitución e instamos al Poder Ejecutivo a que respete el Estado de Derecho y que no gobierne al margen de la ley. Porque cuando ello ocurre, la República queda en manos de facciones usurpadoras de la legitimidad popular”.
“Comprometidos con el mandato otorgado por la ciudadanía en las urnas, seguiremos defendiendo a la Argentina de los atropellos populistas, y desde el Congreso le pondremos freno, como ya hemos hecho en otras oportunidades, a cualquier maniobra que busque degradar la democracia y obstruir el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas”, concluye el comunicado del bloque Frente Pro.
Es por la decisión de anunciada por el Poder Ejecutivo de desconocer el fallo de la Corte Suprema sobre la coparticipación federal.
El presidente del bloque radical de la Cámara de Diputados, Mario Negri, advirtió que “Alberto Fernández se está alzando contra una sentencia de la Corte Suprema y comete el delito previsto en el art. 230 inciso 2 del Código Penal”.
“Además atenta contra el sistema democrático, tal como lo fija la Constitución en el art. 36”, agrego a través de sus cuentas públicas, y remató: “Es pasible por esto de JUICIO POLÍTICO”.
Desde el Pro, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro recomendó al presidente tener “cuidado”. Dijo que “lo que usted está haciendo al desconocer un fallo de la Corte Suprema de Justicia es poner en riesgo toda la estabilidad institucional de la República”.
A su vez, la diputada Soher El Sukaria señaló: “Desde el primer día de mandato juegan a romper la república desconociendo la división de poderes y la institucionalidad del estado. Basta de manotazos de ahogado Alberto Fernández”.
Por su parte, Karina Banfi escribió: “El Gobierno no acatará el fallo de la Corte. El kirchnerismo decidió desestabilizar el sistema de división de poderes y así romper nuestra la República. Si esto pasa definitivamente será la justicia quien le haga cumplir la ley, Sr. Presidente”.
A su vez, el presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional Maximiliano Ferraro disparó: “Una vez más atentan contra el orden institucional. La deslealtad constitucional tiene graves consecuencias políticas y penales. Quieren romper todo”.
A su vez, el presidente del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo, dijo que “no hay regla de juego que valga cuando el jefe de Estado se comporta como líder de una facción. Esto solo confirma lo que ya sabíamos: el kirchnerismo viene por todo. En este desacato se quieren llevar puesta a la democracia. Vamos a defender la libertad y la República”.
Juan Manuel López tuiteó: “Alberto Fernández se ve con los gobernadores y se excita, cree que puede desconocer a la Corte. No hay economía que resista la falta de seguridad jurídica, la estupidez de los que gobiernan enajenados se paga caro. Cálmese Presidente, va a tener que acatar”.
A su vez, la diputada nacional Virguinia Cornejo consieró que “hay gobernadores afines a este gobierno alineados con el discurso de @alferdez empezaron a decir que el fallo afecta sus recursos. Están MINTIENDO porque la Corte dice que, cualquiera sea el porcentaje, NO afecta a las provincias”.
“#AcatenElFallo ¡No a la sedición!”, remató.
Es por la causa de la coparticipación, que el Tribunal Supremo reasignó a la Ciudad de Buenos Aires, quitándole a la provincia de Buenos Aires lo que este Gobierno le había dado.
Un imprevisible conflicto de poderes se plantea entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Judicial, por cuanto el Gobierno de Alberto Fernández no acatará el fallo de la Corte Suprema que restituyó fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. El argumento: lo considera “de imposible cumplimiento”.
La reacción oficial venía palpándose desde el día anterior en el que el gobernador chaqueño Jorge Capitanich llamó a no acatar el fallo de la Corte, y ese espíritu se advirtió durante la reunión que el presidente mantuvo con 14 gobernadores este jueves.
Al cabo de la jornada se publicó un comunicado en el que se califica al fallo de “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”, afirmando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, “sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe”.
Afirma el Gobierno que la Corte “sostiene también, de manera insólita, que transferirle estos montos millonarios a la CABA no afecta a las provincias argentinas. Esto es completamente falso: esos recursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta en políticas públicas, en todo el territorio de la Nación”.
“En síntesis, en un fallo político, de cara al año electoral, la Corte Suprema pretende sustraerles recursos a todas las provincias para dárselos al jefe de gobierno de la CABA”, asegura el comunicado, reiterando que “esta medida es, en las condiciones actuales, de imposible cumplimiento, toda vez que el Congreso Nacional aprobó por ley el Presupuesto 2023 sin contemplar crédito presupuestario para tal finalidad”.
Ante ello, el presidente de la Nación ha decidido instruir a los órganos competentes del Estado Nacional a recusar a los miembros de la Corte Suprema y a presentar el pedido de revocatoria “in extremis” de la resolución cautelar dictada.
Agrega el texto que los gobernadores de las Provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán, “al verse afectadas las mismas en forma directa por la arbitraria decisión adoptada por la CSJN, instruirán a las autoridades competentes de sus jurisdicciones para que los estados provinciales soliciten ser tenidos por parte en el expediente acompañando la recusación de los ministros firmantes de dicha media cautelar y para que soliciten la revocación ‘in extremis’ de la misma". Del encuentro que se realizó en la Casa de Gobierno participaron de manera presencial los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa). En tanto, de forma virtual se sumaron Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
El diputado del Pro se refirió al fallo de la Corte Suprema en favor de CABA en la disputa por Nación por los fondos coparticipables y aseguró que “la Ciudad y la provincia son las más perjudicadas”.
El diputado nacional y candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires Diego Santilli (Pro) se refirió al fallo de la Corte Suprema en favor de CABA en la disputa por Nación por los fondos coparticipables y consideró que “es necesario avanzar en una reforma de la Ley de Coparticipación Federal", al tiempo que opinó: “La Ciudad y la provincia de Buenos Aires son las más perjudicadas" por la actual legislación.
Luego de su recorrida por el conurbano, Santillo expresó: “La Ciudad y la provincia son las más perjudicadas, necesitamos avanzar en una reforma de la Ley de Coparticipación Federal. Después del fallo de la Corte Suprema, vuelve a quedar demostrado que es imperioso rediscutir esa norma porque tanto la ciudad de Buenos como la provincia de Buenos Aires son los dos distritos más afectados en la distribución de recursos coparticipables”.
El diputado del Pro indició además que, en la actualidad, la contribución del distrito bonaerense a la recaudación de los recursos nacionales "asciende a 37,3% del total, y en cambio recibe sólo el 22.7%". "La Provincia maneja un volumen de 36% de las exportaciones del país, y tiene el 56% de los pobres y el 62% de los indigentes del país. No habrá un país próspero, desarrollado y pujante, con la principal provincia pobre", aseveró.
Para el opositor "no se trata de quitarle recursos a un distrito gobernado por la oposición", sino que se debe "poner arriba de la mesa y avanzar en un acuerdo federal que le permita a las provincias que más aportan al Estado nacional una justa y equitativa distribución de los recursos coparticipables".
"La decisión del kirchnerismo de sacarle recursos a la Ciudad de la noche a la mañana fue intempestiva, ilegal e inconstitucional. Y claramente tuvo una intencionalidad política de afectar a un distrito que es gobernado por un opositor al Gobierno nacional", concluyó en relación al fallo del máximo tribunal.
El partido que conduce Máximo Kirchner emitió un durísimo comunicado tras el fallo del Tribunal Supremo que le restituye a CABA fondos de coparticipación en detrimento de la Provincia.
El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que encabeza el diputado nacional Máximo Kirchner, condenó duramente el fallo de la Corte Suprema que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires en relación a los fondos coparticipables que había recibido en tiempos de Mauricio Macri y que Alberto Fernández derivó a la provincia de Buenos Aires.
“El fallo de esta Corte servil y porteñocentrista avanza sobre el desarrollo federal, implica menos inversión en las provincias para todas y todos: menos escuelas, menos hospitales, menos viviendas, menos rutas, menos inversiones para las y los argentinos”, señala el comunicado.
En el lenguaje utilizado días pasados por la vicepresidenta Cristina Kirchner tras el fallo que la condenó, el PJ considera a la Corte “rehenes o mascotas de Juntos por le Cambio. Poco importa, se comportan como militantes de Macri”. Y se preguntan si se trata de “la paga de favores”, enfatizando que “no puede ser que los fallos del máximo Tribunal sean siempre en un solo sentido”.
“No sorprende viniendo de quienes viene. Días atrás el propio presidente de la Corte, (Horacio) Rosatti , manifestó tener más legitimidad que quienes son elegidos por el voto popular (lo dice quien se votó a sí mismo para presidir el máximo tribunal). Resuenan en este fallo las palabras de su cómplice (Carlos) Rosenkrantz: ‘No puede haber un derecho detrás de cada necesidad’. Han tomado una decisión que prioriza los privilegios para pocos y perjudica a la enorme mayoría del país”, agrega el comunicado.
Afirma el PJ bonaerense que “la Corte Suprema se ha transformado en el mejor de los casos en la escribanía de Macri y Juntos por el Cambio, o en su defecto en el estudio de abogados para defender sus intereses”.
El diputado nacional bregó para que “el kirchnerismo deje su odio de lado y de meterle la mano en el bolsillo a los porteños por su propia incompetencia”.
El presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional por la Ciudad, Maximiliano Ferraro, celebró el fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el reclamo por el recorte de la Coparticipación y sostuvo que “no hay lugar para avasallar el federalismo fiscal y la autonomía”.
“Esta quita significó menos obras y servicios en materia de transporte, seguridad y educación. El gobierno, violando la Constitución, generó un perjuicio a millones de ciudadanos por razones políticas”, afirmó Ferraro y agregó: “Una decisión muy importante para los porteños, la Corte vuelve a establecer el porcentaje de coparticipación que le corresponde a la Ciudad que le fue sacado de forma arbitraria por el Gobierno Nacional. No hay lugar para avallasar el federalismo fiscal y la autonomía”.
En ese sentido, el diputado dijo que "la Corte vuelve a reiterar que la ciudad es autónoma”, y que cualquier decisión en materia de competencias y recursos “debe ser concertada”. “¿Cuántos fallos más necesita el Gobierno Nacional para entender que los porteños tienen los mismos derechos que cualquier provincia?”, preguntó.
“La asignación de la competencia en materia de seguridad a la Ciudad, al igual que el resto de transferencia de funciones que se hicieron y las que faltan, es un proceso que no tiene vuelta atrás. No se le puede sacar a la Ciudad recursos por obligaciones que tomó”, aseguró.
Y concluyó: “Vamos a recuperar calidad de vida para los millones de ciudadanos que viven y vienen a trabajar y estudiar en la Ciudad. Esperemos que, de una buena vez, el kirchnerismo deje su odio de lado y de meterle la mano en el bolsillo a los porteños por su propia incompetencia”.
El oficialismo y la oposición porteña se enfrentaron en las redes sociales por el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Mientras los primeros celebraron la medida judicial, los segundos advirtieron que será para "pagar la campaña de Larreta".
Luego de que la Corte Suprema de Justicia le diera la razón a la Ciudad de Buenos Aires en la disputa con el Gobierno Nacional por la quita de recursos coparticipables, los legisladores porteños se cruzaron en las redes sociales.
Por unanimidad el máximo tribunal dictó una medida cautelar por la cual ordenó que se entregue al distrito capitalino el 2,95% de la masa de fondos coparticipables y que dichas transferencias se realicen en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina.
Respecto de este fallo, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseveró que "el fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible".
Mientras que el diputado de Vamos Juntos (VJ) y vicepresidente primero de la Legislatura de la Ciudad, Emmanuel Ferrario, afirmó que "el Gobierno Nacional nos tiene que dar lo que nos corresponde. Esta es una señal clara para todos los argentinos de que el camino para salir adelante siempre es respetando las instituciones y la justicia".
Sobre esa misma línea Juan Pablo Arenaza (VJ) indicó que "cómo lo dijimos mil veces la quita de la coparticipacion fue una medida para apagar el incendio que tenia Axel Kicillof. Con este fallo a favor vamos a bajar los impuestos que tuvimos que subir por este motivo" y que Carolina Estebarena (VJ) precisó que el fallo de la Corte es "una gran noticia para vecinos de la Ciudad y para todos los que defendemos a las instituciones de los embates autocráticos de este gobierno, que tendrá que devolver lo robado".
Asimismo el legislador de Republicanos Unidos (RU) Roberto García Moritán indicó que "la Corte nos dio la razón, se acabó el atropello contra los porteños, la quita de la coparticipación es inconstitucional y siempre lo fue. Hace 7 meses presentamos un proyecto para eliminar el impuesto a las tarjetas de crédito. Llegó el momento de hacerlo" y su compañera de bloque Marina Kienast (RU) remarcó que "con este fallo podemos empezar a trabajar ya para eliminar el impuesto a los sellos, como proponemos desde hace unos meses. No hay excusas para seguir teniendo este impuesto".
Además la radical Manuela Thourte (UCR-EV) subrayó que "a dos años de la quita arbitraria, inconsulta y unilateral de recursos a la Ciudad de Buenos Aires por parte del Gobierno nacional, la decisión de la Corte es una muy buena noticia".
En tanto el vicepresidente tercero de la Legislatura y diputado del Partido Socialista (PS), Roy Cortina, celebró "la decisión de la Corte Suprema que devuelve los fondos de la copartipación a la Ciudad. Esos fondos habían sido quitados en plena pandemia de forma inconsulta e intempestiva por el Gobierno Nacional" y explicó que "se hizo justicia. Hay que terminar con la prepotencia y los atropellos. Felicitacionesa Rodríguez Larreta por defender los recursos de los argentinos que viven y visitan la Ciudad, y el respeto a nuestra Constitución republicana y federal".
En contraposición la legisladora del Frente de Todos (FDT) Victoria Montenegro alertó acerca de que "el fallo de la Corte es para pagar la campaña de Larreta".
Mientras que Juan Manuel Valdés (FDT) concluyó precisando que "ahora que la Corte le dio una cautelar favorable, Larreta no tiene excusa para seguir cobrando el impuesto a las tarjetas de crédito. También esperamos que haga los jardines de infantes y los kilómetros de subte que se negó a construir".
La idea que empuja el diputado opositor Adrian Urreli es que esos fondos nacionales sean girados a los gobiernos locales “de manera automática”.
La iniciativa parlamentaria que se debate en la Cámara baja bonaerense busca, según el autor de la misma, “terminar con la discrecionalidad del gobierno nacional y provincial, buscar un mecanismo transparente que garantice la equidad y evitar maniobras electorales”.
El proyecto de ley crearía el “Sistema de Gestión y control de Fondos específicos para Municipios” que refiere a que todos aquellos fondos que el Gobierno Nacional le transfiere a la Provincia, ya sea Fondo de Infraestructura Municipal y de Seguridad, tiene que ser coparticipado con los municipios bonaerenses de forma automática por ley.
"Tenemos que terminar con la discrecionalidad en el reparto de los fondos que llegan a la provincia desde el gobierno nacional, hay que buscar un mecanismo automático y transparente que garantice que los fondos lleguen a los distritos sin importar el color político y pensando en la gente distribuyendo de manera equitativa tomando en cuenta el CUD y los ingresos", expresó el diputado Urreli, autor de la iniciativa.
Se destaca que el presente sistema es aplicable a los fondos previstos en los artículos 51 y 53 de la Ley N° 15.310; donde se crea el fondo municipal de fortalecimiento de la seguridad y otros servicios asociados y el fondo de infraestructura municipal; y a todo fondo que, con el objeto de fortalecer las políticas municipales en diversas materias, sea creado en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la provincia.
En cuanto a la asignación y distribución de los recursos a los municipios, en la iniciativa se detalla que será realizada mediante un coeficiente combinado compuesto, en un 50 % por el Coeficiente Único de Distribución conforme lo establecido en la Ley N° 10.559, según texto ordenado Decreto N° 1.069/95, y el otro 50 % de acuerdo a los ingresos corrientes percibidos durante el ejercicio anterior al de la creación del fondo.
De esta forma también se agrega un mecanismo de control de la aplicación de los fondos, pues los municipios se verán obligados a rendir cuentas de los fondos transferidos ante el Honorable Tribunal de Cuentas, según lo estipulado en la Ley N° 10.869.
En el proyecto que presentó el diputado Sebastián García de Luca fundamentó y denunció que “durante el 2020 y el 2021 el Gobierno se quedó con todo el dinero recaudado para hacer frente a la pandemia”.
Los diputados del bloque Encuentro Federal presentaron un proyecto que propone transferir a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires los fondos recaudados con el Impuesto PAIS, de forma automática y de acuerdo a los porcentajes establecidos en la Ley de Coparticipación 23.548.
El proyecto fue presentado por Sebastián García de Luca y lleva las firmas de Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, Domingo Amaya, legisladores de Juntos por el Cambio, Provincias Unidas y SER. En él se plantea una modificación del artículo 42 de la Ley 27.541 (Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública) a fin de que se incluya a los gobiernos provinciales y a la Ciudad de Buenos Aires en la distribución de los fondos que se recaudan con el Impuesto.
“Este año el Impuesto PAIS va a ser el de mayor crecimiento, alrededor de un 80% según estimaciones del presupuesto que presentó Guzmán. Y durante el 2020 y el 2021 el Gobierno nacional se quedó con todo el dinero recaudado para hacer frente a la pandemia, pero también los gobiernos provinciales y municipales asumieron enormes costos y desafíos” comentó García de Luca. Asimismo, explicó que “por no coparticipar este impuesto, en dos años las provincias resignaron $233.400 millones, que en el caso de la provincia de Buenos Aires fueron unos $50.000 millones”.
Por último, indicó que “tal como está planteado, este impuesto acentúa la concentración de recursos por parte del Gobierno nacional y no tenemos manera de enfrentar los problemas estructurales que tiene la Argentina si en las medidas que se toman no se respeta que somos un país federal”, puntualizó el ex secretario de Interior durante la gestión de Cambiemos.
PROYECTO-DE-LEY-Modificación-impuesto-pais-1En un comunicado, aseguraron que la futura ley “no generará ningún perjuicio a los ciudadanos porteños” y cargaron contra Macri y Rodríguez Larreta.
Los diputados nacionales del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires se defendieron de las críticas recibidas por haber apoyado, en la última sesión de la Cámara baja, el proyecto de ley que recorta la coparticipación que recibe el distrito porteño en función del traspaso de la Policía Federal.
A través de un comunicado, aclararon su posición los diputados Mara Brawer, Gabriela Cerruti, Itai Hagman, Carlos Heller, Gisela Marziotta, Paula Penacca y Eduardo Valdés.
Los legisladores aseguraron que la ley -que volvió con cambios al Senado- “no generará ningún perjuicio a los ciudadanos porteños” y cargaron contra el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien, advirtieron, “se queja de la falta de recursos pero gasta millones cada año en pauta oficial para sostener su blindaje mediático”.
A continuación, el comunicado completo:
Los diputados del Frente de Todos actuamos siempre, y también lo hicimos en la última sesión de la Cámara, de acuerdo a nuestras convicciones, con honestidad y compromiso con el pueblo que nos votó.
Teniendo la certeza de que esta adecuación de los recursos necesarios para financiar la Policía transferida a la Ciudad no generará ningún perjuicio a los ciudadanos porteños.
Estamos simplemente obedeciendo lo que dicta nuestra Constitución para reparar una acción ilegal de (Mauricio) Macri que (Horacio) Rodríguez Larreta aceptó sin más.
Si la lógica es que somos diputados de la CABA y deberíamos haber votado en contra de la ley, nos preguntamos: ¿los diputados de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires deberían haber entonces votado a favor?
No fue eso lo que hicieron, porque los diputados y diputadas no representamos a un distrito, sino al pueblo de la Nación y a un proyecto político que piensa un modelo de país federal en su conjunto.
El expresidente Macri cometió un acto discrecional y anticonstitucional otorgándole por decreto a Rodríguez Larreta una porción indebida de recursos. Lo hizo pura y exclusivamente por amiguismo político. Una avivada.
Los grandes medios de comunicación, que sistemáticamente denuncian el presunto favoritismo de los gobiernos nacionales y populares en el reparto de fondos públicos, ignoraron este verdadero escándalo político y lo convirtieron en motivo de una andanada mediática hacia quienes lo denunciaron y se hicieron cargo de revertirlo.
Lo que verdaderamente sucedió y no están dispuestos a contar fue que los sectores opositores que hacen su carrera política al calor de los estudios de radio y televisión, en nombre de la “defensa de la República” y denunciando el “clientelismo” avalaron con su voto una maniobra que perjudica a millones de argentinos.
Esos sectores que dicen ser los abanderados de la democracia el diálogo y el consenso atropellaron la institucionalidad de la Cámara de Diputados intentando impedir su normal funcionamiento, en una bochornosa sesión donde los insultos y agresiones se repitieron durante más de 20 horas.
La tergiversación de lo ocurrido, el silencio cómplice con la maniobra autoritaria de Macri, el ventajismo de Rodríguez Larreta y la persecución desatada en los medios y las redes contra los diputados del Frente de Todos de la Ciudad tiene una única explicación: Rodríguez Larreta se queja de la falta de recursos pero gasta millones cada año en pauta oficial para sostener su blindaje mediático.
No es un secreto para nadie que Rodríguez Larreta destina fondos millonarios a la pauta publicitaria en todos los medios de comunicación nacionales. Tampoco son un secreto sus ambiciones presidenciales. Pero nada de eso cambia la realidad. Macri benefició a Larreta con millones de pesos por ser su socio político, lo hizo ilegalmente a través de un decreto discrecional.
La ley votada en la Cámara de Diputados va a reparar ese abuso, sin perjudicar el avance de la autonomía de la Ciudad sino perfeccionándolo y garantizando el financiamiento de la Policía traspasada.
El salteño Miguel Nanni propone que sea coparticipable ante "la difícil situación fiscal" de las jurisdicciones.
El diputado nacional Miguel Nanni (UCR) presentó un proyecto de ley para establecer que lo recaudado por el impuesto PAIS sea coparticipable a las provincias.
La normativa permitiría que las jurisdicciones reciban un porcentaje de lo que percibe Nación sobre distintas operaciones que se realizan en moneda extranjera, entre ellas la compra de billetes y divisas y pago de bienes y servicios en el exterior.
“Las provincias están siendo perjudicadas enormemente por la falta de distribución de lo recaudado por el impuesto PAIS. En este tiempo de grave crisis económica es fundamental que desaparezca esta inequidad. Se trata de recursos generados en todas las provincias y no es justo que no se las haga partícipe de ese importante nivel de recaudación”, consideró el legislador salteño, a la vez que remarcó "la crítica situación fiscal que enfrentan, más teniendo en cuenta los efectos de la pandemia en las economías regionales".
El radical señaló que "el Gobierno nacional se queda, además de lo recaudado por el impuesto, con una diferencia generada por el valor del dólar y que tampoco se coparticipa. No se puede hablar de solidaridad ni ayuda al interior si no se tiene en cuenta la realidad que enfrentan quienes viven allí".
"No redistribuir ese dinero es ilegítimo. Es indispensable garantizar el sistema federal de gobierno y evitar que los gobernadores sean rehenes del poder central”, insistió el opositor.
La iniciativa contempla que el total de lo recaudado por el impuesto PAIS (establecido en el artículo 35 de la Ley 27.541) se distribuirá entre la Nación y el conjunto de las provincias, conforme a las disposiciones de los artículos 3 y 4 de la Ley 23.548 -Coparticipación Federal de Recursos Fiscales-.
En el marco de la discusión entre el oficialismo y la oposición por el recorte de fondos, Pablo Tonelli y Alvaro González presentaron un proyecto de ley que pide elaborar y redactar un nuevo régimen que reemplace al actual vigente.
Durante el debate en comisión realizado el viernes pasado en torno a la cuestión del recorte de fondos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el diputado nacional del Pro Alvaro González adelantó que suscribiría un proyecto de su par Pablo Tonelli “un proyecto para tratar una nueva Ley de Coparticipación, y vamos a empezar a ver cómo son las cosas. Vamos a ver las provincias que viven con el 95% de la coparticipación y la Ciudad de Buenos Aires que tiene el 75% de los ingresos propios”.
El proyecto fue presentado este martes y, en efecto lleva las firmas de Tonelli y González, y modifica en primer lugar el artículo 10° de la Ley 23.548, de Coparticipación, incluyendo en el mismo a la figura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no figura en la norma original, que data de 1988, cuando el distrito autónomo todavía no existía como tal. “Ratifícase la vigencia de la Comisión Federal de Impuestos, la que estará constituida por un representante de la Nación y uno por cada provincia adherida y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, se le agrega al texto original. En el mismo párrafo se incluye a CABA donde se indica que “asimismo la Nación, las provincias y la Ciudad autónoma de Buenos Aires designarán cada una de ellas un representante suplente para los supuestos de impedimento de actuación de los titulares”.
Y al final de dicho artículo se incluye este párrafo completo: “El término ‘provincias’ utilizado en la presente ley comprende a todas las provincias creadas o a crearse y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en absoluta igualdad de condiciones”.
El proyecto de Tonelli no se limita a la incorporación de CABA al texto, señala en su artículo 2°: “Encomiéndase a la Comisión Federal de Impuestos la elaboración y redacción de un nuevo régimen de coparticipación federal que reemplace al actual vigente por imperio de la Ley 23.548 y que deberá ser remitido al Congreso de la Nación para su aprobación”. El texto agrega que el nuevo régimen deberá formularse “de acuerdo con lo previsto en el artículo 75, inciso 2°, párrafo tercero, de la Constitución nacional y dentro del plazo de seis meses”.
En los fundamentos refiere el texto que originalmente la ley establece en el citado artículo que si bien se estableció un plazo determinado de dos años para cumplir con ese objetivo, el mismo continúa vigente después de 32 años.
Se recuerda entonces que “esa ley ha quedado superada por el paso del tiempo, los desparejos desarrollos provinciales y las previsiones que luego adoptó la Constitución nacional”, ante lo cual resulta imperativo modificarla para adecuarla a la Constitución. Por ejemplo, se indica que al sancionarse la Ley 23.548 “la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur era aún un territorio nacional, y que la ciudad de Buenos Aires no tenía autonomía, era un municipio sometido a la autoridad del Gobierno federal, aunque con un régimen municipal especial por ser la capital federal del país”.
Así las cosas, “la distribución secundaria que se realiza entre las provincias no incluye a la ciudad de Buenos Aires ni a la actual provincia de Tierra del Fuego. Por ende, los fondos que esas actuales dos unidades federativas reciben, provienen de la parte que, realizada la partición primaria, corresponde al Gobierno nacional. Y lo que es peor, están sujetos a la discrecionalidad del gobierno de turno”.
Recuerdan los diputados del Pro en el proyecto que esa fue la razón por la cual fue necesario formalizar convenios bilaterales entre CABA y el Gobierno nacional, cinco en total desde 2002 a 2019, a medida que la Ciudad iba recibiendo y asumiendo la prestación de nuevos servicios y funciones.
Si bien la necesidad de reformular y actualizar la actual Ley de Coparticipación Federal se planteó en el Acuerdo para un Nuevo Federalismo suscripto el 18 de mayo de 2016 entre la Nación y las provincias, que disponía “consensuar una nueva ley de coparticipación federal”, ese objetivo no se cumplió y en ese marco “se producen situaciones arbitrarias como por ejemplo el dictado del decreto 735/2020 mediante el cual el presidente de la Nación, en forma inconsulta y unilateral, decidió quitar a la Ciudad de Buenos Aires más de u n punto de la coparticipación que por convenios bilaterales le correspondía”.
Diputados porteños de Juntos por el Cambio impulsarán un proyecto para discutir los recursos de todos los distritos del país.
Hombre cercano a Horacio Rodríguez Larreta, el diputado Alvaro González contó que estaba con el jefe de Gobierno porteño cuando le llegó el mensaje de whatsapp del Gobierno nacional avisándole del recorte que le aplicarían para transferirle fondos a la provincia de Buenos Aires para paliar el conflicto con los policías bonaerenses.
Lo contó durante el debate de la ley proveniente del Senado para recortar fondos a la Ciudad. También se refirió durante su exposición a la presentación del proyecto de Presupuesto 2021, que incluye reasignaciones, dijo, para permitir que todas las prestaciones que brinda la Ciudad puedan mantenerse. “Vamos a intentar regar los helechos con una regadera, para que puedan ofrendar el helecho seco a ese que dice que la Ciudad es opulenta”, dijo el vicepresidente de la Cámara de Diputados.
Y luego anticipó que “vamos a presentar con el diputado (Pablo) Tonelli, que me ha invitado a participar con la firma, un proyecto para tratar una nueva ley de coparticipación y vamos a empezar a ver cómo son las cosas. Vamos a ver las provincias que viven con el 95% de la coparticipación y la Cudad de Buenos Aires que tiene el 75% de los ingresos propios. Empecemos a discutir en serio las cosas, porque sino es todo relato… Los datos matan al relato”.
La Cámara alta sesionará des de las 14, en un día inhabitual. También se debatirá una modificación del decreto de sesiones remotas.
El Senado sesionará este viernes desde las 14 para tratar dos proyectos de ley que prometen un intenso debate: la reducción de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de la Policía durante la gestión anterior, y el régimen de promoción de la economía del conocimiento.
Además, se someterá a consideración un decreto firmado este miércoles por la vicepresidenta Cristina Kirchner (16/20) que modifica la prórroga de las sesiones remotas, habilitando la presencia de cuatro senadores en el recinto, dos por el Frente de Todos y dos por Juntos por el Cambio.
La discusión sobre la validez de las sesiones virtuales promete volver a hacerse presente, ya que Juntos por el Cambio realizó una presentación ante la Justicia y, por ende, no avala el sistema en tanto no se apruebe con una mayoría especial.
El proyecto sobre coparticipación, ampliamente rechazado por la principal bancada de la oposición, ratifica el convenio firmado entre la Nación y la Ciudad el 5 de enero de 2016.
Allí se calcula que este año la Policía de la Ciudad recibirá 24.500 millones de pesos, pero ese monto deberá ser actualizado de acuerdo a un índice compuesto en un 80% por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20% por el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
En caso de aprobarse el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, la coparticipación para la Ciudad -que ya no recibirá en forma automática los fondos para afrontar los gastos en seguridad, sino a través de este nuevo mecanismo- se verá reducida al 1,4%.
Por otra parte, el Senado buscará aprobar el proyecto de promoción de la economía del conocimiento, que recibió cambios durante el debate en comisiones, por lo cual volvería a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
La iniciativa implica un esfuerzo de 18.000 millones de pesos por parte del Estado para promover a las empresas que combinen tecnología y conocimiento, y que componen el cuarto sector de exportaciones del país, con el objetivo de generar divisas y empleo de calidad.
Entre otras modificaciones, se definió con mayor precisión cuáles son los servicios profesionales alcanzados, y se estableció que el bono fiscal a otorgar para la cancelación de impuestos -equivalente al 70% de las contribuciones patronales- pasará a ser intransferible.
Otro de los cambios tiene que ver con que la exención del 60% del pago de Ganancias será únicamente para las pymes, mientras que para las medianas empresas será del 40%, y para las grandes, del 20%.
Por otro lado, se eliminó el consejo consultivo que debía evaluar las solicitudes de empresas, según el proyecto aprobado en Diputados hace más de tres meses.
Alberto Descalzo, Juan Zabaleta y Gustavo Menéndez reconocieron que “siempre hay autocríticas”, pero negaron un enojo con el gobernador. Alertan sobre dos o tres tomas de terrenos diarias.
Intendentes del conurbano bonaerense negaron este lunes que exista malestar entre los jefes comunales por la presunta negativa del Gobierno provincial en repartir el porcentaje de la Coparticipación Federal que le cedió el presidente Alberto Fernández al distrito luego de quitarlo a la Ciudad de Buenos Aires.
Alberto Descalzo (Ituzaingó); Juan Zabaleta (Hurlingham) y Gustavo Menéndez (Merlo) ofrecieron una videoconferencia de prensa organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA).
Al ser consultados sobre las versiones que daban cuenta del supuesto enojo de los intendentes con el gobernador Axel Kicillof, que habría sido expuesto durante una reunión con la ministra de Gobierno, Teresa García, los tres negaron de forma tajante esa posibilidad.
“La reunión existió y se hizo en Ituzaingó, pero a diferencia de lo publicado fue muy buena, con mucho contenido y con una síntesis clara”, expresó Descalzo, quien ofició de anfitrión de ese encuentro del que participaron la mayoría de los jefes comunales de la primera sección electoral.
Agregó que “siempre hay autocríticas y las va a haber, pero son reiterativas las publicaciones sobre que estamos enojados con el gobernador y eso no es cierto. Y además estamos muy contentos con la decisión del presidente Alberto Fernández porque abre la posibilidad de hacer una inversión muy importante para la seguridad de todos los municipios, con obras y equipamiento que seguramente se irá viendo en el corto plazo”.
A su turno, Menéndez valoró que el presidente “haya asumido el costo político” de su decisión, que “de ninguna manera tiene por objetivo perjudicar a la Ciudad de Buenos Aires o a Cambiemos, ya que hay más de 50 municipios en la provincia que son gobernadas por esa fuerza”.
“Solo se trata de sacarle un poquito a los ricos para darle a los pobres, a diferencia de lo que hizo Mauricio Macri, a quien podríamos llamar Hood Robin porque le sacó a los pobres para darle a los ricos”, subrayó.
Más adelante, Zabaleta destacó que dentro del plan de seguridad lanzado en las últimas semanas y reforzado con el retoque en la Coparticipación Federal, “24 municipios recibiremos 7.500 millones de pesos a repartir de acuerdo a la cantidad de habitantes, y esa decisión sin duda marcará un antes y un después en cuanto a la seguridad provincial”.
Respecto al conflicto policial y la continuidad del ministro Sergio Berni en el cargo, los intendentes coincidieron en señalar la “gravedad institucional" que tomó el reclamo salarial cuando un grupo de efectivos decidió rodear la residencia de Olivos, aunque advirtieron que eventuales cambios en el gabinete son resortes exclusivos del gobernador.
“Lo que sí queremos aclarar es que es mentira que se esté confabulando en contra del gobernador o de un ministro”, precisó Menéndez, quien en contrapartida denunció que “hay sectores de la oposición que intentan permanentemente socavar la imagen del presidente o el gobernador”.
En ese sentido, y al retomar el tema del conflicto policial, Menéndez opinó que “se deberían tomar medidas con aquellas personas que se extralimitaron con una protesta de origen salarial, que era justa, pero que luego se desvirtuó”.
Por su parte, Descalzo volvió a rechazar diferencias con el gobernador Kicillof y afirmó que “nos quieren ver peleados, pero los peronistas ya hemos aprendido que cuando nos dividimos perdemos, y por lo tanto decidimos trabajar juntos, porque recibimos una provincia con problemas de educación, salud, con el campo, etc, y por eso trabajamos para proponer temas que nos lleven a una salida” favorable para los bonaerenses.
“Un gobierno no es un grupo de amigos, aunque mejor sí podemos serlo, pero lo que se comentó en un diario no sucedió y estamos todos comprometidos en resolver rápidamente el tema de la seguridad porque cada vez hay menos excusas para hacerlo”, reafirmó Zabaleta.
Los jefes comunales rechazaron de plano que las ocupaciones de terrenos sean la forma que tengan las familias carenciadas de poder llegar a la vivienda propia.
“Dentro de la ley todo y fuera de la ley nada”, afirmó Descalzo, al tiempo que aclaró que el problema “es que a veces la justicia se la hace difícil al propio estado para poder resolver” esas instancias.
Agregó que “el Estado y el Gobierno deben estar presentes ante la demanda de vivienda y no se puede dejar esa demanda en manos de cualquiera porque sino termina siendo del que es más guapo, y la cuestión después viene cuando se meten en un terreno y luego no tienen agua, luz, ni cloacas y le reclaman al intendente que se los resuelva”.
Por su parte, Menéndez informó que en Merlo “hay dos o tres tomas diarias, con el agregado que algunas son muy violentas” y puso como ejemplo el caso de una ocupación en la que los intrusos “formaron un escudo con chicos y por encima de ese escudo agredían a la policía”.
“Cometer un delito no se puede ser la forma de llegar a un terreno propio y eso lo tiene que tener en cuenta la gente, más allá que como gobernantes luego debamos tener en cuenta esa necesidad que tiene un sector de la sociedad”, agregó.
Más adelante, sostuvo que “no hay soluciones mágicas porque a veces los terrenos que se ocupan son inhabitables por ser zonas inundables o estar en los sectores más alejados donde no hay custodia policial y lo que pasa muchas veces es que se ocupa el terreno, se divide y al mes van a la intendencia a pedir que le ponga tosca a las calles, una escuela o una posta policial”.
La oficialista advirtió que el jefe de Gobierno, “en lugar de dialogar, exagera y actúa como si fuera sorpresa” la medida sobre la coparticipación.
La diputada nacional del Frente de Todos por Buenos Aires Jimena López aseguró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “confunde el diálogo con la necesidad del Gobierno nacional de organizar y definir prioridades en función de las necesidades de todos los argentinos”.
En un comunicado, López destacó que 19 gobernadores apoyaron la medida del presidente Alberto Fernández y sostuvo: “El federalismo no es una opción para consensuar. Nuestro país ya es federal. Los recursos no son ilimitados y deben articularse en función de las diferentes prioridades y urgencias”.
“Larreta dice que la decisión que tomó el Gobierno nacional es inconstitucional. Pero no le pareció inconstitucional cuando por ser de su partido, (Mauricio) Macri le otorgó recursos adicionales con un decreto. Habla de diálogo pero dijo que lleva el tema a la Corte Suprema de la Nación”, lamentó.
López advirtió que “la Policía de la Ciudad gana el doble que la Policía de la provincia de Buenos Aires” y este último distrito “tiene millones de habitantes por arriba de la población porteña”.
“Larreta cuestiona la decisión de redireccionar fondos porque se tomó en medio de la pandemia. ¿Ni con una crisis sanitaria mundial como la actual, Larreta comprende las razones por las que se tomó esta medida?”, se preguntó la legisladora oficialista.
Además, dijo que “antes de la crisis sanitaria ya se había planteado el tema, pero tras seis meses esto se volvió imperativo”, y sin embargo el jefe de Gobierno, “en lugar de dialogar, exagera y actúa como si esto fuera sorpresa”.
“Es justo ahora cuando se necesita el diálogo, pero Larreta elige judicializar porque se le quita un 1% para asistir a la Policía bonaerense. La inseguridad es un tema central, y también el ordenamiento urbano en medio de esta pandemia”, finalizó López.
La titular de la Comisión de Finanzas recordó cómo Macri “profundizó la desigualdad” otorgándole fondos a la Ciudad durante su gestión. Sostuvo que eso ahora será “corregido”.
La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos, presidenta de la Comisión de Finanzas, salió al cruce del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por recurrir a la Corte por los cambios en coparticipación, y sostuvo que esa medida apunta a “construir un país justo y desarrollado”.
“Los recursos destinados a la provincia de Buenos Aires no le pertenecen a la Ciudad, sino a la Nación. CABA no integra el régimen de coparticipación. Nación no le resta coparticipación al Estado porteño, sino que redistribuye recursos del Estado nacional”, aclaró la economista.
Vallejos remarcó que la medida apunta a “construir un país justo y desarrollado”. “Argentina es un país extenso, diverso y muy desigual. Construir un país justo y desarrollado no puede hacerse anteponiendo el color político de quien gobierna cada distrito, sino trabajando para que todos los argentinos, en cualquier rincón que vivan, seamos efectivamente iguales”, afirmó.
Según la legisladora oficialista, “las desigualdades históricas” entre un distrito y otro en la distribución de la coparticipación “se profundizaron durante el gobierno de Mauricio Macri en favor de la CABA: en 2016, acrecentó los fondos para la CABA del 1,40% del total de la masa coparticipable a 3,75%. Con el Pacto Fiscal de 2017, el porcentaje bajó levemente a 3,5%”.
“Macri decidió darle esos recursos al distrito más rico del país. Nosotros decidimos corregir ese desequilibrio y redireccionarlos hacia la provincia donde vive la mayor cantidad de argentinos y argentinas en situación de vulnerabilidad”, reforzó Vallejos en un comunicado.
Le diputada insistió en que el expresidente “triplicó los recursos nacionales recibidos por la Ciudad” y agregó: “Esos recursos excedieron las necesidades del traspaso de la policía. Ese punto excedente será distribuido hacia una provincia en la que vive la mayor cantidad de argentinos vulnerables”.
Finalmente, dijo que “no le sorprende” la decisión de Larreta de ir a la Corte. “Su espacio político se ha caracterizado por la utilización del Poder Judicial, tanto en beneficio de su interés como para la persecución de opositores”.
En un medido pero duro mensaje, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires expresó su respuesta ante la sorpresiva decisión oficial de redireccionar fondos porteños hacia la provincia de Buenos Aires.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respondió este jueves a la decisión anunciada por el Gobierno nacional el miércoles de restarle un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para dárselo a la provincia de Buenos Aires y con eso pagar un aumento a su policía. En un discurso breve pero duro, en el que se cuidó de remarcar su predisposición al diálogo, Larreta confirmó que irá a la Corte Suprema para reclamar se declare “inconstitucional” la medida adoptada por el Gobierno nacional.
Larreta sostuvo que la medida “es inconstitucional, por eso vamos a ir a la Corte a defender con todos los recursos que tengamos los fondos de la Ciudad”, señaló el dirigente del Pro, que no ocultó su enojo por lo que consideró “una medida de tal envergadura sin consulta” previa.
En ese snetido señaló que el presidente le mandó un mensaje de texto adelantándole la medida un minuto antes de comenzar su conferencia de prensa. “En general, nunca comento los mensajes de texto, pero el presidente lo hizo público”, aclaró.
Asimismo envió un mensaje a sus colegas gobernadores. “Hoy es la coparticipación de la Ciudad, mañana le puede pasar a cualquier provincia. Nuestra historia está llena de historias de discrecionalidad del Gobierno nacional”, apuntó.
Rodríguez Larreta exhibió un sólido respaldo político al mostrarse acompañado no solo por su vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, sino también por lo más granado de la dirigencia oficialista porteña. Estuvieron los senadores nacionales de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferro, como así también los diputados nacionales del distrito: Alvaro González (Pro), los radicales Facundo Suárez Lastra, Carla Carrizo y Emiliano Yacobitti, y los cívicos Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto. También se sentaron detrás del jefe de Gobierno los legisladores porteños Agustín Forchieri, Diego García Vila, María Inés Gorbea, Roy Cortina y Juan Facundo de Gaiso.
También estuvieron el jefe de Gabinete porteño Felipe Miguel y los ministros Fernán Quirós (Salud), María Migliore (Desarrollo Humano y Hábitat), Soledad Acuña (Educación), Fernando Straface (secretaría General y de Relaciones Internacionales) y Martín Mura (Hacienda y Finanzas).
Con todo, Rodríguez Larreta buscó dar un mensaje de diálogo: “Desde el primer día me senté junto al presidente y al gobernador, más allá de las diferencias políticas. Acompañé la renegociación de la deuda, y ayer mismo tuvimos una posición clarísima de apoyo a las instituciones”. Pero agregó que “lamentablemente, lo que vivimos ayer es exactamente lo contrario al diálogo”, y le endilgó al presidente haber elegido “deteriorar la convivencia” y elegido “la división”.
En un proyecto de resolución motorizado por Facundo Suárez Lastra, los representantes del oficialismo porteño en el Congreso Nacional repudiaron el decreto firmado por el presidente.
Diputados de Juntos por el Cambio por la Ciudad de Buenos Aires presentaron este jueves un proyecto de repudio al decreto 735/20, por el cual el presidente Alberto Fernández le quitó un punto de coparticipación a ese distrito para entregárselo a la provincia de Buenos Aires, con el fin de atender reclamos de la Policía bonaerense.
La iniciativa fue impulsada por el radical Facundo Suárez Lastra y acompañada por los diputados Álvaro de Lamadrid, Paula Oliveto, Carmen Polledo, Dina Rezinovsky, Fernando Iglesias, Alejandro García, Carla Carrizo, José Luis Patiño, Jorge Enríquez, Dolores Martínez, Pablo Tonelli, Maximiliano Ferraro y Emiliano Yacobitti.
“Lejos de la postura dialoguista que pregona el Poder Ejecutivo Nacional, la medida repudiada es un ejemplo más de desprecio por la construcción de consensos y de falta de conducción política que perjudica a la población especialmente en el contexto de emergencia sanitaria”, advierte el proyecto en los fundamentos.
En ese sentido, sostienen que “la desfinanciación de la Ciudad de Buenos Aires es una pobre estrategia política que obstaculiza el necesario trabajo en conjunto de las tres jurisdicciones - Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires- para enfrentar la pandemia”.
El texto explica cómo la CABA “fue históricamente castigada” con traspasos anteriores “como las escuelas primarias durante la dictadura y 11 hospitales durante el gobierno de Carlos Menem, sin transferencia de recursos de la Nación tal como se hacía con las provincias”.
“Van por Larreta y se tiran un tiro en los pies que impacta a los más pobres del conurbano. Le sacan 35.000 millones de pesos. Los 34 hospitales de CABA cuestan 75.000 millones. El 50% de los pacientes son del Conurbano. En medio de la pandemia le sacan lo que CABA destina en atenderlos, es un sinsentido”, declaró Suárez Lastra.
Para el diputado, “el decreto perjudica la calidad de vida no solo de los porteños, sino también de los bonaerenses. La CABA no es de uso exclusivo de los porteños; los servicios financiados por sus contribuyentes benefician a 15 millones de habitantes que comparten la ciudad y están siendo desatendidos o, peor, mal atendidos por el Gobierno”.
En un plenario de las comisiones de Legislación general y Salud, oficialistas y opositores se cruzaron por el decreto del presidente para salvaguardar el reclamo de la Policía bonaerense.
La discusión sobre la quita de un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de la protesta de la Policía bonaerense, se coló este jueves en un plenario de las comisiones de Legislación General y Salud de la Cámara de Diputados, donde hubo cruces entre oficialistas y opositores.
Si bien la reunión conjunta había sido convocada para tratar otros proyectos -entre ellos, la regulación del ejercicio de la fonoaudiología-, la diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) encendió la mecha al referirse al decreto firmado por el presidente Alberto Fernández.
“Como bonaerense no puedo dejar de celebrar lo que sucedió hoy. Es un anuncio histórico y de fondo, un reconocimiento y una jerarquización de la fuerza policial de la provincia de Buenos Aires, y además se hace con una redistribución mucho más justa de los recursos de todos los argentinos”, celebró Siley.
Al poco tiempo, la macrista Carmen Polledo pidió la palabra para responderle: “No quiero traer conflicto a esta mesa, pero no lo puedo dejar pasar. Yo soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires. Decir que hay una redistribución equitativa sacándole un punto de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires para solucionar el tema de la provincia de Buenos Aires me duele muchísimo”.
“Yo defiendo a los porteños, y los porteños en el día de ayer hemos recibido un golpe fenomenal. Más de 35.000 millones (de pesos) que no correspondían…”, lamentó la legisladora.
Y continuó: “En enero de 2016 a mi me tocó votar el traspaso de un sistema de seguridad con fondos. Que de un día para el otro, sin una cuestión progresiva, sin avisar al jefe de Gobierno, en medio de una pandemia, nos enteremos que se van 35.000 millones así como si nada no es equitativo: demuestra que lejos de querer cerrar la grieta, están otra vez dividiendo a los argentinos”.
“No podemos jactarnos de que esto es una redistribución equitativa: esto es un golpe fenomenal a los porteños”, insistió Polledo.
A su turno, la oficialista Mara Brawer retrucó: “Yo también soy diputada por la Ciudad de Buenos Aires, defiendo los intereses de mi ciudad, pero los defiendo en el marco de un proyecto de país. Nosotros, los peronistas, decimos que primero está la Patria, la mirada integral hacia un país integrado y equitativo. La distribución de la riqueza tiene que ver con eso”.
Brawer puso como ejemplo que “en el medio de la pandemia, del enorme gasto que significa y del enorme sufrimiento de millones de argentinos, el Gobierno de la Ciudad gastó 200.000 dólares para equipar un bowling en el Club de Tiro (Federal)”.
“Es ahí donde el país nos mira como una ciudad rica y opulenta”, acotó, y añadió que “la metáfora de Cristina Kirchner de que ‘hasta los helechos tienen luz y agua’ tiene que ver con eso y con una ciudad que invierte en el juego, en el tiro o en el bowling”.
La diputada también advirtió que “en el medio de la pandemia se invirtió en máquinas para entregar snack en las dependencias del Gobierno de la Ciudad”, y sostuvo que “esto nos lleva a evaluar las prioridades”.
A su turno, Federico Fagioli, también del Frente de Todos por Buenos Aires, manifestó: “Me preocupa mucho que haya diputados que terminan defendiendo la concentración de la riqueza en una sola ciudad y se opongan a las medidas que toma el presidente para resolver un conflicto que se terminó trasladando con policías armados a la puerta de su residencia”.
“Desde el primer momento propusimos construir una Argentina federal y cuando el presidente toma esa decisión, lo hace entendiendo que es momento de ocuparse de todos los argentinos, que no puede seguir habiendo la desigualdad que hay entre una ciudad y el resto del país”, enfatizó.
Asimismo, Fagioli recordó cuando “por decreto, el gobierno de Mauricio Macri tomó la decisión de aumentarle la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y eso también hay que decirlo: siguió profundizando la desigualdad y la concentración de la riqueza”.
En el marco del conflicto policial, Alberto Fernández dio un discurso rodeado por el gobernador y la vicegobernadora bonaerense, e intendentes bonaerenses, donde anunció esa medida para pagar el aumento a los policías bonaerenses.
Se veía venir en las últimas semanas y se confirmó este miércoles, con motivo de la aceleración de los hechos por las protestas policiales en demanda de mejoras salariales. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, anunció que la provincia de Buenos Aires recibirá un punto de coparticipación adicional para resolver el reclamo salarial de los efectivos policiales que protestan, y ese dinero saldrá de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires.
La medida generó inmediatas reacciones de legisladores de Juntos por el Cambio, como el diputado Waldo Wolff: “Pudo usar un conflicto para unir a los argentinos y una vez más fue el testaferro de la confrontación. Mostró una vez más no tener la más mínima planificación de gestión”, señaló.
Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto se quejó: “Ahora resulta que la forma de solucionar la inutilidad de Kicillof es quitándonos fondos a los porteños que estamos siendo bien gobernados... Kicillof, trabaje y gobierne para que su Provincia salga adelante. Si necesitan más fondos devuelvan lo robado por sus compañeros”.
En declaraciones a TN, el senador nacional Martín Lousteau advirtió que nadie del Gobierno de la Ciudad “estaba al tanto” del anuncio que hizo el presidente de la Nación. Por eso dijo que el mandatario lo decidido por Fernández “no es la construcción de institucionalidad, sino todo lo contrario”.
“Una extorsión le hizo cambiar al presidente Alberto Fernández la coparticipación y en este caso fue la policía provincial”, señaló Lousteau, para quien “lo que acaba de hacer el Presidente es inconstitucional”.
En ese mismo sentido se pronunció la diputada Graciela Ocaña, que señaló que “los fondos de la Ciudad, que son traspasados al inoperante gobernador de la Provincia, equivalen a casi la mitad de los fondos que el Presupuesto de la Ciudad destina a la Seguridad y Justicia”.
El presidente del radicalismo, el diputado nacional Alfredo Cornejo, señaló a su vez que “la provincia de Buenos Aires recibió de Alberto Fernández 64 mil millones de pesos sin destino específico, se los regaló. A las provincias, los recursos se los distribuyó como préstamos. La situación de la policía no es falta de recursos, es pésima administración de Kicillof”.
Por su parte, el diputado nacional Facundo Suárez Lastra advirtió que “había un lugar de donde sacar los recursos, de lo que lleva la Nación que ya no paga escuelas ni hospitales ni policías. Es inadmisible, sectario, partidista sobre todo pequeño. El punto que le saca a la Ciudad va para financiar la reforma judicial para la impunidad para los corruptos”.
“Es absolutamente razonable y justo que le de un punto más a la Provincia de Buenos Aires, de hecho debería darle más, que le corresponde. Lo que es injusto, inconstitucional e ilegítimo sacárselo a la ciudad de Buenos Aires, que también esta relegada en relación a lo que aporta”, agregó el exintendente porteño.
Desde Mendoza, el diputado radical Luis Petri se quejó: “Incomprensible la salida que encontró el Gobierno Nacional para frenar la crisis policial de Buenos Aires, genera dos gravísimos precedentes, ataca la coparticipación, que es el corazón del federalismo y genera un precedente de resolución de conflictos espantoso. Efecto cascada”, en tanto que el diputado del Pro Lucas Incicco comentó: “Clarísimo el presidente: intentarán solapar la ineptitud de Kicillof y Berni metiéndole mano a los fondos de los porteños, so pretexto de una supuesta equitativa redistribución de los recursos coparticipables. Como le gusta a CFK”.
Por su parte, el exsenador nacional Federico Pinedo advirtió que “no se puede quitar coparticipación a una provincia o a la Ciudad sin su acuerdo, conforme a la Constitución y fallos de la Corte. Viene una dura negociación política”.
El diputado y presidente de la UCR presentó un pedido de informes dirigido al ministro De Pedro. “El Gobierno castiga a Mendoza por ser de un signo político distinto”, denunció.
El diputado y titular de la UCR, Alfredo Cornejo, pidió que el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, informe sobre la distribución que se realiza de los recursos del “Programa para la Emergencia Financiera de las Provincias”, los Aportes del Tesoro de la Nación y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial.
La solicitud la realizó mediante un proyecto de resolución junto a sus pares mendocinos Jimena Latorre, Omar De Marchi, Claudia Najul, Luis Petri y Federico Zamarbide.
La iniciativa reclama que el titular de Interior “informe sobre la fundamentación y la motivación de el o los actos administrativos que establecen los criterios de distribución de los fondos ATN y del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, como también los criterios de distribución que se utilizaron para el envío a las distintas jurisdicciones de los fondos ATN remitidos a las provincias, ponderadores por provincias y su descripción, y montos efectivamente asignados”.
El mismo proyecto solicita que se detalle los criterios utilizados para distribuir entre las distintas jurisdicciones los fondos ATN (60.000 millones de pesos) que restan enviar a las provincias y su justificación, de acuerdo a su ponderación, descripción y montos.
Respecto al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (60.000 millones de pesos) se pide idéntico detalle, además de pedir que se informe los mecanismos de selección de las jurisdicciones que podrán recibirlos, criterios de evaluación objetivos que han de considerarse al momento de definir la existencia o no de un desequilibrio o problema financiero y descripción de ponderadores por el cual se definen los montos a asignar a cada jurisdicción.
Es que hasta el momento, según Cornejo, son nueve las provincias que han recibido el desembolso y, excepto por Misiones, “todas recibieron sumas superiores a Mendoza”: Tucumán, 6.000 millones de pesos; Chubut, 5.000 millones; Córdoba, 4.800 millones; Santa Fe, 4.600 millones; Entre Ríos, 3.500 millones; Santa Cruz, 3.000 millones; Chaco, 2.500 millones y Misiones, 1.200 millones.
“El Gobierno castiga a Mendoza por hacer las cosas bien durante años, pero también por ser de un signo político distinto. Para derrotar la pandemia el Gobierno le pide ayuda a todos, pero para asistir a las provincias la cosa es entre pocos. Vuelve la política del látigo y la billetera. Hoy más que nunca el país necesita un federalismo de concertación para salir de la crisis”, señalaron en conjunto los diputados de JxC.
Cornejo también le pidió a De Pedro que informe el saldo de fondos pendiente de asignar al 19 de junio del 2020, y la proyección y criterios a utilizarse para la distribución en el caso de que todas las jurisdicciones que no han realizado una solicitud lo hicieran.
En la fundamentación del proyecto se explica que “la importancia que han revestido y revisten los recursos nacionales para hacer frente a las demandas de bienes y servicios públicos provinciales, la variedad de mecanismos distributivos y que estos no han contribuido demasiado a un desarrollo regional equilibrado y equitativo con consecuencias negativas para el sistema político, social y económico, resulta menester conocer la fundamentación jurídica, los criterios y parámetros, y la el tratamiento recibido por cada una de las provincias en la asignación del Programa mencionado”.
“Resulta necesario contar con un canal oficial para acceder a dicha información que permita al mismo tiempo el cumplimiento de la normativa vigente en materia de transparencia”, aseguran los firmantes de la iniciativa.
Es para atender las consecuencias económicas de la pandemia. El diputado quiere que la redistribución no sea discrecional y se atenga a lo que establecen los índices de coparticipación.
El diputado nacional de la UCR por Mendoza y titular del Comité Nacional del radicalismo, Alfredo Cornejo, ideó un proyecto de ley con el objetivo que el Poder Ejecutivo destine al Fondo de Aportes al Tesoro Nacional (ATN) el 30 por ciento de las sumas que el Estado Nacional efectivamente perciba, en concepto de derechos de exportación de soja, en todas sus variedades y derivados.
A su vez, esta iniciativa reglamenta que se disponga la aplicación de los recursos disponibles acumulados del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional al fortalecimiento de los ingresos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En su artículo tercero, el proyecto establece que, para cada mes, el monto a transferir a cada jurisdicción será el resultante de calcular la diferencia entre los recursos de origen nacional percibidos en el mismo mes del año 2019, actualizados por el último dato disponible de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor de cobertura nacional publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) y los efectivamente percibidos en dicho mes del año 2020.
La iniciativa, al adicionar el derecho de exportación, refuerza el carácter solidario con el que se creó primigeniamente el fondo, afectando en forma directa lo obtenido a la atención de las situaciones excepcionales que padecen todas y cada una de las provincias argentinas. Los ATN son una herramienta destinada a satisfacer en modo parcial las necesidades de las provincias y pensamos además, conforme al diseño Federal de nuestro país, que aquellos no pueden ser tomados de rehenes con el objeto de seleccionar con un criterio discrecional que Provincia debe tenerlos y cuál no.
“Las grandes dificultades en materia de planificación presupuestaria en este contexto de emergencia y de excepción, que surgen a causa de la falta de precisiones respecto a la necesidad de contar con los aportes del tesoro nacional en la economía de las provincias que se encuentran devastadas”, aseguró Cornejo en la fundamentación del proyecto de ley.
“La reconducción deja dudas en varios frentes, en donde hasta el momento se desconoce la posición oficial, ello sumado al avance e imprevisibilidad de la enfermedad, la falta de llegada de los fondos comprometidos a las provincias, y la calamitosa situación financiera de las mismas, torna imperiosa la necesidad de prever e implementar criterios de distribución inmediatos a fin de evitar la parálisis total en el funcionamiento de los sistemas regionales”, explicó el líder de la UCR.
El legislador radical sostuvo que “las consecuencias del Covid-19 no son ni serán solamente respecto a la salud pública, que si bien es el factor que de manera urgente debemos custodiar, acarreará necesariamente en el futuro una clara situación de dificultad para el transcurrir diario del sistema productivo de nuestra Nación, señalando además que muchas de nuestras Provincias tienen como fuente de financiamiento necesaria lo que surge de dicha actividad productiva”.
“Si no definimos desde ahora pautas claras para posibilitar el financiamiento de las provincias, lamentaremos en el futuro consecuencias en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, tan o más graves, que las que genera la situación de salud pública en la actualidad”, advirtió el diputado radical y amplió: “Mientras la Nación tiene la posibilidad de solventar sus erogaciones mediante la herramienta de la emisión monetaria, las provincias no pueden hacerlo. La historia nos indica que cuando esa misma situación ha sucedido se han tenido que tomar drásticas medidas que implicaron una fuerte profundización de las crisis económicas, monetarias y financieras. Es necesario eludir esos extremos, para evitar cualquier acto reflejo de presunta supervivencia que busque llevar a la emisión de cuasi monedas, como ha sucedido en el pasado, e inclusive la eventual discrecionalidad de quien decida -luego de la crisis sanitaria- como serán los mecanismos de reconstrucción social, financiera y económica de las provincias”.
Al explicar su proyecto, Cornejo enfatizó que “no pedimos ni esperamos aquí una emisión descontrolada y que las provincias tengan una porción de aquella. Solicitamos una repartición equitativa de fondos existentes para permitir que a lo largo y a lo ancho del país, las instituciones de la República cuenten con fondos para llevar adelante su actividad”.
Cornejo concluyó señalando que “tenemos la convicción de que el esfuerzo fiscal que se le pide a la Nación se traducirá en el fortalecimiento presupuestario de las provincias que realizarán una rápida aplicación directa de estos fondos, con la consecuente incidencia de ello en la calidad de vida de todos los habitantes de nuestro territorio. Sabemos también que hablar de esto hoy puede sonar disruptivo, pero al igual que hemos aportado proyectos en post de la solución en la cuestión de salud pública, es que también hoy creemos que es necesario establecer reglas claras para el futuro, para que, entre todos los Argentinos y desde todas las provincias, con democracia y un fuerte sentido republicano, podamos ganar la batalla al Coronavirus para la posteridad, lo que implica cubrir la urgencia actual, pero también prevenir los problemas futuros, para evitar más confusión y aportar más consenso”.