Tras votar unos pedidos de ampliación de pruebas, la Comisión de Juicio Político se abocó este jueves a abordar la acusación contra los miembros de la Corte por la medida cautelar dictada a favor de la Ciudad de Buenos Aires en contra del Estado nacional el 21 de diciembre de 2022.

El objetivo central de la reunión, que se extendió entre pasadas las 11 y las 14.30, era establecer el cronograma del debate sobre este tema y así lo marcó la titular de la comisión, Carolina Gaillard, cuando detalló que la próxima semana no habrá reunión por el feriado largo, por lo que la próxima audiencia será el martes 27 de junio a las 13, con la presencia del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, gobernadores, el doctor Horacio Diez –quien trabaja en la Procuración del Tesoro y fue quien presentó la recusación- y distintos fiscales de Estado.

“Vamos a tratar de que las reuniones no haya más de 4 testigos para evitar que se extiendan y en la segunda o tercera reunión será convocado Silvio Robles y (Marcelo) D’Alessandro para dar testimonio”. En definitiva, ambos serían convocados para el 4 de julio.

“Esta propuesta puede tener algún tipo de modificación en función de las agendas”, aclaró Gaillard.

Las razones del enjuiciamiento

Encargado de exponer el tema fue el diputado entrerriano Marcelo Casaretto, quien aclaró que se trata de un conflicto que viene desde hace algunos años, originado a partir de 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri aumentó la coparticipación federal de impuestos en favor de la Ciudad a través del decreto  194, elevando el 1,40% que percibía CABA entonces al 3,75%. “El decreto en sí no establece cuál es el destino del aumento de esos fondos; genéricamente habla de una mayor autonomía para la Ciudad”, remarcó el legislador oficialista.

Casaretto hizo referencia a un convenio suscripto el 5 de enero de 2016 que establecía la transferencia progresiva a la Ciudad, pero sostuvo que “está claro que el decreto que aumenta la coparticipación no tiene fundamento alguno en el propio decreto que firma el presidente”. Mencionó a continuación lo que decían los medios en esos días, y citó una cita: “Macri saldó una deuda histórica con la Ciudad en la demanda de mayores fondos de coparticipación”.

“Las propias autoridades dijeron entonces que parte del aumento se iba a trasladar ahí”, señaló, dejando entrever que no todo ese aumento sería para compensar los gastos en seguridad. A partir de eso, agregó, hubo una serie de planteos de parte de los gobernadores.

Así fue que al cabo de una reunión que tuvo el entonces ministro del Interior, Rogelio Frigerio, con gobernadores de distintas provincias, el funcionario terminó diciendo a la prensa que “corregiremos el decreto de coparticipación a la Ciudad; fue un error, vamos a asegurarnos que a la Capital le llegue lo que implica el traspaso de la Policía Federal”, recordó Casaretto, quien aclaro´que eso no sucedió; solo que al año siguiente se atenuó el aumento de la coparticipación a 3,50%.

Para Casaretto, la medida dispuesta por Macri “excede también largamente el costo del servicio de seguridad. Esto lleva a que los argentinos voten en 2019 si querían este modelo donde se concentraban recursos en la Ciudad. Los argentinos votan en 2019, cambia el gobierno, comienzan las discusiones entre el nuevo gobierno y las autoridades de la Ciudad; hay varias reuniones, lamentablemente no fue posible avanzar en un acuerdo porque la Ciudad se amparaba en los decretos”.

En su reseña, el diputado entrerriano contó que finalmente se estimó cuál era el costo efectivo de la transferencia de servicios y se emitió el decreto 735 del 10 de diciembre de 2020 que establece que la coparticipación de la Ciudad debía ser del 2,32%, hasta que no haya una ley. Esa ley se aprobó finalmente con el número 27.606, estableciendo un monto de 24.500 millones de pesos que es lo que estimaba el costo del servicio, con actualización trimestral. Y que en 60 días la Comisión Federal de Impuestos debía analizar en detalle estos costos para determinar cuál era el monto que correspondía a la transferencia de servicios.

“Necesariamente en un país federal tenemos que discutir la asignación de recursos”, remarcó el legislador, sosteniendo que “los que perdieron las elecciones en 2019 dijeron ‘vamos a la Justicia’, y los que perdieron la votación en el Congreso también. Dos recursos”.

Finalmente, tras tres audiencias en la Corte y tras no aceptar la Ciudad las ofertas realizadas, se dictó la medida cautelar que ahora el oficialismo objeta, en contra del Estado nacional. “Sin resolver la cuestión de fondo”, agregó Casaretto, que insistió en que lo que se está haciendo es “concentrar recursos en favor de la Ciudad de Buenos Aires”.

“La cautelar lo que viene a hacer en forma injustificada es establecer un promedio entre lo que reclama la ciudad, el 3,5%, y lo que paga el Estado nacional, 2,95, en forma transitoria. Una irresponsabilidad determinar a ojo de buen cubero”, se quejó el diputado entrerriano, que afirmó entre gritos de la oposición que “se le sacó al Estado nacional a las otras provincias para darle más fondos a la Ciudad”.

Fue el momento en el que se desmadró un poco la reunión, y en tono de campaña Casaretto disparó: “¡Ustedes nos quisieron vender a De la Rúa jefe de Gobierno y presidente, y fracasó; nos quisieron vender a Macri jefe de Gobierno y presidente, y fracasó!… Y ahora nos quieren vender a Horacio Rodríguez Larreta y nosotros vamos a ser una alternativa… No se prueben el saco antes de tiempo, el que quiera ser gobernador que gane, que gane en las elecciones…”.

Finalmente cerró su exposición solicitando el juicio político “contra los miembros de la Corte que otorgaron esta autelar a favor del distrito más rico de la Argentina, en contra de la Nación argentina, en contra de las provincias argentinas y en contra de un país federal”.

A continuación, la diputada Susana Landriscini mencionó un informe del Instituto de Políticas Públicas para Buenos Aires que informaba sobre los excedentes que hubo en el uso de recursos respecto de lo asignado y lo gastado con el argumento de hacerse cargo de los serviciois de seguridad que no fueran materia del Estado nacional. “Con lo cual queda demostrado que no hubo estudios sobre esos fondos otorgados en exceso. Además, no tenían estrictamente que ver con lo que erogó la Ciudad de Buenos Aires para cubrir esos servicios”, añadió.

La intervención de Landriscini terminó con críticas al expresidente Macri por haber designado jueces de la Corte por decreto, ni haber contraído “el endeudamiento más grande de nuestro país y el más grande otorgado por el Fondo Monetario”, y deslizó una advertencia sobre lo que puede suceder “a partir del 10 de diciembre de 2023 si los resultados son otros”.

Desde la otra vereda intervino el diputado Pablo Tonelli (Pro-CABA), quien atribuyó todo el conflicto a la intención de transferirle los recursos quitados a la Ciudad a la provincia de Buenos Aires. “Lo que ocurrió fue que la Policía de Buenos Aires estaba casi en estado de sublevación –dijo-. La plata que se le sacó a la Ciudad se le dio a la provincia de Buenos Aires, esa es la verdad. El resto de las provincias, calladitas la boca”.

Tonelli sostuvo que el decreto de Alberto Fernández fue “claramente ilegal, inconstitucional, violó todas las reglas de federalismo de concertación”. Consideró que se habían dicho “muchas macanas sobre la coparticipación federal”, y remarcó que cuando se sancionó la Ley de Coparticipación había dos provincias que no existían: Tierra del Fuego y CABA, por eso es que la coparticipación para esos distritos sale de la Nación, y se dispone por decreto.

Finalmente insistió en que “la medida cautelar que dicta la Corte está fundada en que el Gobierno de la Ciudad había violado todas las reglas de federalismo de concertación. ¿Qué hizo el oficialismo? Incumplió la sentencia y sigue incumpliéndola… Son pocos los gobiernos del mundo que hacen algo así. ¿Y además qué hizo? Juicio político a la Corte”.

Al tomar la palabra, el oficialista Rodolfo Tailhade resaltó que lo que se buscará es “investigar el proceso y una serie de hechos que terminaron en el fallo” de coparticipación, porque “en esa cautelar, que además tiene una serie de inconsistencias jurídicas propias, donde se forzaron todos los argumentos para darle la razón a una parte, ese fallo es el punto final de un proceso que uno lo puede situar en enero de 2016 con el decreto del presidente (Mauricio) Macri, pero otros lo podemos situar de manera más concreta en el momento en que aparece la filtración de chats”.

“La hipótesis principal que nosotros tenemos que investigar es el acuerdo y la complicidad, o si se quiere, la connivencia entre la Corte Suprema y un sector político que conduce el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, apuntó y habló de que existió “un acuerdo espurio”.
El legislador K señaló que “la Corte avanzó con una resolución sabiendo que no estaban las condiciones de procedencia de la medida cautelar solicitada” y “se tomó dos años la Corte para resolver una cautelar que tiene que ser resuelta en días”.

En su intervención, recordó que el presidente no instruyó a los diputados a iniciar el juicio político cuando salieron los fallos del Consejo de la Magistratura o coparticipación, sino “cuando aparecieron los chats entre Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles”, los cuales “dan cuenta de una relación absolutamente íntima, personal, de amistad entre Silvio Robles y el beneficiario directo de la sentencia de la Corte” ya que al exministro era a quien “le iban a ir los 148 mil millones de pesos, o ya no sé cuántos, que ordenó redireccionar la Corte”.

Tailhade enfatizó que en esas conversaciones filtradas se evidenció que “la Corte le daba instrucciones a este sector político para manejarse en los ámbitos políticos, parlamentarios, comunicacionales y judiciales”. “Ha quedado muy claro a lo largo de estos meses a qué se dedica Robles: a hacer sentencias no, a operarlas, antes y después, y fundamentalmente en los medios de comunicación”, agregó.
En defensa de los chats filtrados, el diputado dijo que “hasta ahora no tenemos ninguna sentencia judicial que diga que estos chats son ilegítimos, que son prueba ilegal y mucho menos que son falsos. Todo indica que son verdaderos y que es verdadera la connivencia entre la Corte y este sector político”.

Desde la oposición, el jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, le lanzó al oficialismo que “evidentemente van a hacer campaña con el tema coparticipación, usando este escenario como un búnker, por algo esperaron a que llegue julio para tratar este tema”. Para el opositor, con esto se busca “ocultar” que el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, están incumpliendo el fallo porque “no le pagan a la Ciudad de Buenos Aires lo que le quitaron y lo que una orden de la Corte les ha restituido solo en parte y provisoriamente”. Pero también “quieren condicionar a la Corte en esta misma causa que está en pleno trámite”, denunció.

El legislador de JxC pronosticó que “les va a salir mal el comité de campaña acá” y sumó: “El show que pretenden hacer el mes que viene, después del cierre de listas, no les va a salir”. Luego de poner en sospecha que desde el FdT buscarán citar a los precandidatos presidenciales del Pro, López afirmó que ellos los “van a cuidar”; además de que no propondrán testigos y sí a concurrir solo “para poner límites” y “cuidando la legalidad cuando sea necesario”.

Por último, el diputado Eduardo Valdés reflexionó: “Se han dicho muchas cosas, pero la verdad en la causa de mal desempeño que le adjudico a los ministros de la Corte en el fallo de Coparticipación es que si el artículo 128 de la Constitución dice que los gobernadores y solo los gobernadores son los agentes naturales del estado federal, en un caso donde la Corte es competencia originaria por delegación de las provincias ¿cómo es que no citó a ninguno de los gobernadores que se habían postulado como amicus curiae. 15 gobernadores que la Corte desoyó por sacar con urgencia este fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires”.