El oficialismo impuso su mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y aprobó una resolución para citar el próximo 6 de julio al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, a quien se le atribuyeron “provisionalmente” 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre 2008 y 2021. 

En el encuentro realizado este jueves, con 16 votos a favor y la negativa de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos avaló otorgarle al magistrado diez días hábiles para que informe a la comisión sobre los cargos formulados. De acuerdo al texto, y conforme al artículo 13 del reglamento de la comisión, podrá presentar un informe escrito. 

No obstante, se fija la fecha del 6 de julio para que Maqueda pueda presentarse, pero si optara por enviar el informe, el mismo deberá ser remitido en forma digital y en papel.

La resolución, de 53 carillas, dispone asimismo la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”. Al final de la votación se informó que la diputada oficialista Vanesa Siley la conducirá y estará también integrada por Rodolfo Tailhade. La oposición dejó pendiente para la próxima reunión la designación de su representante.

En el arranque de la jornada, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, hizo un racconto sobre el proceso de juicio político que comenzó en el verano de este año y un detalle de las audiencias con testimonios que se han escuchado. 

Sobre la causal de la obra social, para la cual se dedicaron seis encuentros con testigos, la oficialista indicó que Maqueda “fue quien desde 2008 a 2021 ejerció como ministro supervisor de la obra social”. “A partir de que Maqueda deja de estar en la supervisión de la obra social se realiza esta auditoría (ordenada por la Corte), de donde surgen las irregularidades que se estuvieron analizando en esta comisión y que fueron ratificadas por los testigos que vinieron”, dijo. 

“La  Corte en pleno ratificó y convalidó esas irregularidades, cuando reconoce que hubo irregularidades y disfuncionalidades en el período 2008-2021, por lo que encomienda a la obra social una serie de modificaciones para mejorar el sistema informático, el sistema contable y el sistema de procedimientos, y que la obra social cuente con un presupuesto”, explicó. 

La entrerriana afirmó que “Maqueda estuvo 13 años a cargo de la obra social y dentro de las cuestiones que se le endilgan está el de haber tenido un sistema informático obsoleto, deficiente, que permitía que sean adulterada la información que era cargada en el sistema; estados contables que no eran certificados por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas; y la vacancia en la conformación de la estructura organizativa de la obra social, precisamente en la subdirección de administración y en la subdirección médica, que eran las dos áreas que después de la dirección general eran esenciales para garantizar un buen funcionamiento”. 

Al anticipar la postura en contra del interbloque Juntos por el Cambio, el diputado del Pro Pablo Tonelli consideró que “las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la obra social no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país” e ironizó que si se convocaran a “personas que no han sido bien atendidas por el PAMI o IOMA, llenamos la Plaza del Congreso”. 

Para el macrista, los cargos que se atribuyen “están lejísimo de constituir mal desempeño como se pretende” ya que “no son otra cosa más que la reproducción de las conclusiones de la auditoría que ordenó la Corte”. 

“Se agregan algunos cargos verdaderamente curiosos, como por ejemplo la falta de designación de directores”, señaló y opinó que, en ese sentido, se podría “en este mismo instante” pedir “el juicio político de todos los diputados y senadores que hace 12 o 15 años no designamos al Defensor del Pueblo”. “Desde ya me declaro culpable”, dijo y continuó poniendo como ejemplo que también se le podría pedir el juicio “al presidente de la Nación que no designa a un reemplazo de Elena Highton de Nolasco” o a los senadores que no han aprobado el pliego del procurador general. “Ese cargo es un disparate, como todos los demás”, insistió. 

El legislador de JxC resaltó que “fueron los propios jueces de la Corte los que decidieron hacer una auditoría para conocer los problemas”. Además, sostuvo que en la resolución “hay una absoluta falta de correspondencia entre los cargos y las pruebas” y “en cada acusación concreta no se dice qué prueba la sustenta”.  

A continuación, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, arrancó pidiendo que “se produzca prueba en relación al ministro (Ricardo) Lorenzetti” para que “se pueda tener información societaria básica sobre Revelar S.A., que está en nuestro proyecto de juicio político”. Más tarde, se votó favorablemente esta ampliación de la prueba.

Yendo a la resolución de Maqueda, el vicepresidente de la comisión apuntó que “el racconto de esa prueba ha sido sesgado, porque se intenta hacer un especie de una supuesta responsabilidad diferenciada del doctor Maqueda, de hechos que, a nuestro criterio, tampoco están probados o no serían causal de mal desempeño”. 

“No han encontrado ningún acto administrativo que le haya asignado ningún tipo de supervisión o de función al doctor Maqueda” sobre la OSPJN, subrayó y cuestionó que “hay un relato que construyeron respecto al doctor Maqueda, con un ensañamiento muy claro sobre ese ministro, sostenido por una disidencia del doctor Lorenzetti y una interpretación también absolutamente sesgada sobre un mail que ha circulado y es lo único que ustedes tienen”. “Se agarraron también de las declaraciones del contador Héctor Marchi”, añadió.

Pero además, el opositor denunció: “Ustedes están buscando la renuncia de un ministro para tener dos vacantes de acá a las elecciones; para negociar, vaya a saber con quién, en algún momento, los cargos de la Corte”. Sin embargo, manifestó que cree que “lo único que hacen es que el doctor Maqueda se quede más. ¿Cómo se va a ir un juez de la Corte acusado por ustedes, a las patadas, con este nivel de maltrato? Creo que hasta se equivocan en la maniobra política”. 

A pesar de elogiarlo por su condición de jurista, el oficialista Leopoldo Moreau salió al cruce de lo planteado por Tonelli. “Pretender desmerecer un trabajo que se ha llevado adelante con mucha responsabilidad sosteniendo de que esto ocurre en todos lados, me parece un argumento francamente débil”, le respondió. 

El diputado aseguró que dentro de la Corte “los roles están reconocidos en el famoso mail del doctor Maqueda, donde asume que se hizo cargo de la supervisión de la obra social” y a lo largo de los testimonios, “se ha demostrado que esa era una responsabilidad directa”, remarcó. 

También, Moreau recordó cuánto costó que asistiera a declarar Aldo Tonón, exdirector de la obra social, y que, una vez que lo hizo, amparado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, de 40 preguntas solo respondió 10 “para no autoincriminarse”. “No es que aquí nosotros inventamos cargos para sacar a patadas al doctor Maqueda, este es un proceso que viene teniendo también en sede judicial un tratamiento, porque efectivamente ha habido gravísimas irregularidades en la obra social”, señaló.

“Hay situaciones llamativas sobre las que Maqueda tiene que dar explicaciones”, aseveró y criticó que durante un período muy extenso “se hizo la vista gorda sobre el funcionamiento de la obra social” donde fueron “personas designadas de su propia amistad personal, de personas de su parentesco, empresas que venían de su provincia”. “No solamente había supervisión, hubo apropiación de la obra social por parte del juez Maqueda. Además, tenía el primer voto en todos estos temas”, expresó. 

Y agregó que lo planteado en la resolución “está suficientemente fundado, esto no es arbitrario, el doctor Maqueda tiene derecho a la defensa y los cargos que se han formulado están sólidamente probados”. 

También desde el oficialismo, la diputada Vanesa Siley explicó el uso del artículo 13 del reglamento y argumentó: “Reunidas estas actuaciones, esta investigación, en esta primera etapa se le puede dar traslado, cursar notificación al doctor Maqueda para que venga a informar a la comisión. En ningún momento esto es una imputación o se lo puede asemejar a ninguna otra figura procesal. Es, incluso, una facultad del denunciado venir a hacer uso de su voz a la comisión”. 

“¿Por qué la Corte manda a hacer un auditoría que data de 2008 a la renuncia de Maqueda? El período no lo elegimos nosotros, es la fecha que eligió la Corte para auditar”, contestó al responder cuestionamientos sobre el período al que se hace referencia, y enfatizó que “este escándalo no lo inventó el Frente de Todos, no lo inventó nuestro bloque, sino que se cayó de maduro. Y surgió por una interna de la Corte, que a ni a mí ni a nosotros nos corresponde, o surgió por las causas penales y la propia denuncia”. 

Al tomar de nuevo la palabra, Tonelli expresó estar “en total desacuerdo con lo de la provisoriedad de los cargos, porque esto en la práctica significa darle al imputado traslado de unos cargos para que se defienda, pero después pueden ser cambiados por otros. Eso claramente viola el derecho de defensa. Al imputado hay que darle traslado una sola vez”. 

“Quedese tranquilo porque no hay ninguna violación al derecho de defensa”, aclaró Gaillard, que agregó que “se puede seguir reuniendo prueba para sustentar los cargos formulados” y en caso que Maqueda no responda “el proceso continúa”, porque esta resolución no es aún el dictamen acusatorio. 

En el final del debate antes de pasar a la votación, la diputada del Pro Graciela Ocaña coincidió con Tonelli en que “claramente hay irregularidades que tiene la obra social del Poder Judicial de la Nación que son compartidas por otras obras sociales”. “A mí me llama la atención el recorte que se ha hecho en el doctor Maqueda; creo que acá hay una intención de cargar las tintas sobre el juez Maqueda”, opinó y lanzó que “el verdadero responsable es quien manejaba la obra social” en referencia a Tonón. 

Los 14 cargos contra Maqueda

En la resolución aprobada se le formulan “provisionalmente” 14 cargos al juez Maqueda, por “incumplimiento del deber de fiscalización de la obra social”, por “haber abdicado a su función de control sobre los aspectos patrimoniales, contables y financieros, con grave perjuicio en la normal y eficiente prestación del servicio de salud; convalidar una conformación antijurídica de la estructura organizativa de la obra social; y haber mantenido durante todo el período sistemas informáticos (contables, de stock de medicamentos, de gestión, etc.) obsoletos, vulnerables, sin integración y con alto riesgo de pérdida de información por falta de respaldo adecuado”. 

Además, se le atribuye “ser responsable de una gestión administrativa irregular, arbitraria, no transparente, omisiva de toda planificación y perjudicial a los fines y objetivos de la OSPJN, durante la totalidad del período imputado; haber consentido manifiestas y graves irregularidades en la registración contable, económica y financiera; y haber utilizado como normativa regulatoria de las compras y contrataciones de la OSPJN” dos normativas derogadas. 

También se le adjudican como cargos “haber consentido y cometido graves irregularidades en la tramitación de las compras y contrataciones; una ausencia de marco normativo, áreas, sistemas y procedimientos para elaborar presupuesto de gastos que otorgue previsibilidad y ordenamiento a la gestión financiera y prestacional; y la omisión de corrección en los sistemas de compras y ventas de medicamentos de la Farmacia”. 

Finalmente, en los cargos -de los cuales en algunos se desprenden otros- se enumera: “Haber desvirtuado el rol institucional afectando de desprestigio y mala reputación a la OSPJN; la violación de deberes y pautas de comportamiento ético previstas en la Ley Nacional 25.188; el incumplimiento de la Ley de Datos Personales 25.326 por no garantizar un sistema informático seguro y transparente para preservar información y datos sensibles de sus afiliados; y consentir graves deficiencias respecto a las condiciones laborales de las oficinas y dependencias en las que desarrollan sus tareas el personal de la OSPJN”.