El oficialismo impuso su mayoría en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados y aprobó una resolución para citar el próximo 6 de julio al juez de la Corte Juan Carlos Maqueda, a quien se le atribuyeron “provisionalmente” 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre 2008 y 2021. 

En el encuentro realizado este jueves, con 16 votos a favor y la negativa de Juntos por el Cambio, el Frente de Todos avaló otorgarle al magistrado diez días hábiles para que informe a la comisión sobre los cargos formulados. De acuerdo al texto, y conforme al artículo 13 del reglamento de la comisión, podrá presentar un informe escrito. 

No obstante, se fija la fecha del 6 de julio para que Maqueda pueda presentarse, pero si optara por enviar el informe, el mismo deberá ser remitido en forma digital y en papel.

La resolución, de 53 carillas, dispone asimismo la creación de una subcomisión para continuar con la investigación respecto de “las irregularidades en la causa obra social y las responsabilidades que puedan corresponder a los demás ministros”. Al final de la votación se informó que la diputada oficialista Vanesa Siley la conducirá y estará también integrada por Rodolfo Tailhade. La oposición dejó pendiente para la próxima reunión la designación de su representante.

En el arranque de la jornada, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, hizo un racconto sobre el proceso de juicio político que comenzó en el verano de este año y un detalle de las audiencias con testimonios que se han escuchado. 

Sobre la causal de la obra social, para la cual se dedicaron seis encuentros con testigos, la oficialista indicó que Maqueda “fue quien desde 2008 a 2021 ejerció como ministro supervisor de la obra social”. “A partir de que Maqueda deja de estar en la supervisión de la obra social se realiza esta auditoría (ordenada por la Corte), de donde surgen las irregularidades que se estuvieron analizando en esta comisión y que fueron ratificadas por los testigos que vinieron”, dijo. 

“La  Corte en pleno ratificó y convalidó esas irregularidades, cuando reconoce que hubo irregularidades y disfuncionalidades en el período 2008-2021, por lo que encomienda a la obra social una serie de modificaciones para mejorar el sistema informático, el sistema contable y el sistema de procedimientos, y que la obra social cuente con un presupuesto”, explicó. 

La entrerriana afirmó que “Maqueda estuvo 13 años a cargo de la obra social y dentro de las cuestiones que se le endilgan está el de haber tenido un sistema informático obsoleto, deficiente, que permitía que sean adulterada la información que era cargada en el sistema; estados contables que no eran certificados por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas; y la vacancia en la conformación de la estructura organizativa de la obra social, precisamente en la subdirección de administración y en la subdirección médica, que eran las dos áreas que después de la dirección general eran esenciales para garantizar un buen funcionamiento”. 

Al anticipar la postura en contra del interbloque Juntos por el Cambio, el diputado del Pro Pablo Tonelli consideró que “las supuestas irregularidades en el funcionamiento de la obra social no son más que vicios, defectos o errores que ocurren en todas las obras sociales del país” e ironizó que si se convocaran a “personas que no han sido bien atendidas por el PAMI o IOMA, llenamos la Plaza del Congreso”. 

Para el macrista, los cargos que se atribuyen “están lejísimo de constituir mal desempeño como se pretende” ya que “no son otra cosa más que la reproducción de las conclusiones de la auditoría que ordenó la Corte”. 

“Se agregan algunos cargos verdaderamente curiosos, como por ejemplo la falta de designación de directores”, señaló y opinó que, en ese sentido, se podría “en este mismo instante” pedir “el juicio político de todos los diputados y senadores que hace 12 o 15 años no designamos al Defensor del Pueblo”. “Desde ya me declaro culpable”, dijo y continuó poniendo como ejemplo que también se le podría pedir el juicio “al presidente de la Nación que no designa a un reemplazo de Elena Highton de Nolasco” o a los senadores que no han aprobado el pliego del procurador general. “Ese cargo es un disparate, como todos los demás”, insistió. 

El legislador de JxC resaltó que “fueron los propios jueces de la Corte los que decidieron hacer una auditoría para conocer los problemas”. Además, sostuvo que en la resolución “hay una absoluta falta de correspondencia entre los cargos y las pruebas” y “en cada acusación concreta no se dice qué prueba la sustenta”.  

A continuación, el jefe de la CC-ARI, Juan Manuel López, arrancó pidiendo que “se produzca prueba en relación al ministro (Ricardo) Lorenzetti” para que “se pueda tener información societaria básica sobre Revelar S.A., que está en nuestro proyecto de juicio político”. Más tarde, se votó favorablemente esta ampliación de la prueba.

Yendo a la resolución de Maqueda, el vicepresidente de la comisión apuntó que “el racconto de esa prueba ha sido sesgado, porque se intenta hacer un especie de una supuesta responsabilidad diferenciada del doctor Maqueda, de hechos que, a nuestro criterio, tampoco están probados o no serían causal de mal desempeño”. 

“No han encontrado ningún acto administrativo que le haya asignado ningún tipo de supervisión o de función al doctor Maqueda” sobre la OSPJN, subrayó y cuestionó que “hay un relato que construyeron respecto al doctor Maqueda, con un ensañamiento muy claro sobre ese ministro, sostenido por una disidencia del doctor Lorenzetti y una interpretación también absolutamente sesgada sobre un mail que ha circulado y es lo único que ustedes tienen”. “Se agarraron también de las declaraciones del contador Héctor Marchi”, añadió.

Pero además, el opositor denunció: “Ustedes están buscando la renuncia de un ministro para tener dos vacantes de acá a las elecciones; para negociar, vaya a saber con quién, en algún momento, los cargos de la Corte”. Sin embargo, manifestó que cree que “lo único que hacen es que el doctor Maqueda se quede más. ¿Cómo se va a ir un juez de la Corte acusado por ustedes, a las patadas, con este nivel de maltrato? Creo que hasta se equivocan en la maniobra política”. 

A pesar de elogiarlo por su condición de jurista, el oficialista Leopoldo Moreau salió al cruce de lo planteado por Tonelli. “Pretender desmerecer un trabajo que se ha llevado adelante con mucha responsabilidad sosteniendo de que esto ocurre en todos lados, me parece un argumento francamente débil”, le respondió. 

El diputado aseguró que dentro de la Corte “los roles están reconocidos en el famoso mail del doctor Maqueda, donde asume que se hizo cargo de la supervisión de la obra social” y a lo largo de los testimonios, “se ha demostrado que esa era una responsabilidad directa”, remarcó. 

También, Moreau recordó cuánto costó que asistiera a declarar Aldo Tonón, exdirector de la obra social, y que, una vez que lo hizo, amparado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, de 40 preguntas solo respondió 10 “para no autoincriminarse”. “No es que aquí nosotros inventamos cargos para sacar a patadas al doctor Maqueda, este es un proceso que viene teniendo también en sede judicial un tratamiento, porque efectivamente ha habido gravísimas irregularidades en la obra social”, señaló.

“Hay situaciones llamativas sobre las que Maqueda tiene que dar explicaciones”, aseveró y criticó que durante un período muy extenso “se hizo la vista gorda sobre el funcionamiento de la obra social” donde fueron “personas designadas de su propia amistad personal, de personas de su parentesco, empresas que venían de su provincia”. “No solamente había supervisión, hubo apropiación de la obra social por parte del juez Maqueda. Además, tenía el primer voto en todos estos temas”, expresó. 

Y agregó que lo planteado en la resolución “está suficientemente fundado, esto no es arbitrario, el doctor Maqueda tiene derecho a la defensa y los cargos que se han formulado están sólidamente probados”. 

También desde el oficialismo, la diputada Vanesa Siley explicó el uso del artículo 13 del reglamento y argumentó: “Reunidas estas actuaciones, esta investigación, en esta primera etapa se le puede dar traslado, cursar notificación al doctor Maqueda para que venga a informar a la comisión. En ningún momento esto es una imputación o se lo puede asemejar a ninguna otra figura procesal. Es, incluso, una facultad del denunciado venir a hacer uso de su voz a la comisión”. 

“¿Por qué la Corte manda a hacer un auditoría que data de 2008 a la renuncia de Maqueda? El período no lo elegimos nosotros, es la fecha que eligió la Corte para auditar”, contestó al responder cuestionamientos sobre el período al que se hace referencia, y enfatizó que “este escándalo no lo inventó el Frente de Todos, no lo inventó nuestro bloque, sino que se cayó de maduro. Y surgió por una interna de la Corte, que a ni a mí ni a nosotros nos corresponde, o surgió por las causas penales y la propia denuncia”. 

Al tomar de nuevo la palabra, Tonelli expresó estar “en total desacuerdo con lo de la provisoriedad de los cargos, porque esto en la práctica significa darle al imputado traslado de unos cargos para que se defienda, pero después pueden ser cambiados por otros. Eso claramente viola el derecho de defensa. Al imputado hay que darle traslado una sola vez”. 

“Quedese tranquilo porque no hay ninguna violación al derecho de defensa”, aclaró Gaillard, que agregó que “se puede seguir reuniendo prueba para sustentar los cargos formulados” y en caso que Maqueda no responda “el proceso continúa”, porque esta resolución no es aún el dictamen acusatorio. 

En el final del debate antes de pasar a la votación, la diputada del Pro Graciela Ocaña coincidió con Tonelli en que “claramente hay irregularidades que tiene la obra social del Poder Judicial de la Nación que son compartidas por otras obras sociales”. “A mí me llama la atención el recorte que se ha hecho en el doctor Maqueda; creo que acá hay una intención de cargar las tintas sobre el juez Maqueda”, opinó y lanzó que “el verdadero responsable es quien manejaba la obra social” en referencia a Tonón. 

Los 14 cargos contra Maqueda

En la resolución aprobada se le formulan “provisionalmente” 14 cargos al juez Maqueda, por “incumplimiento del deber de fiscalización de la obra social”, por “haber abdicado a su función de control sobre los aspectos patrimoniales, contables y financieros, con grave perjuicio en la normal y eficiente prestación del servicio de salud; convalidar una conformación antijurídica de la estructura organizativa de la obra social; y haber mantenido durante todo el período sistemas informáticos (contables, de stock de medicamentos, de gestión, etc.) obsoletos, vulnerables, sin integración y con alto riesgo de pérdida de información por falta de respaldo adecuado”. 

Además, se le atribuye “ser responsable de una gestión administrativa irregular, arbitraria, no transparente, omisiva de toda planificación y perjudicial a los fines y objetivos de la OSPJN, durante la totalidad del período imputado; haber consentido manifiestas y graves irregularidades en la registración contable, económica y financiera; y haber utilizado como normativa regulatoria de las compras y contrataciones de la OSPJN” dos normativas derogadas. 

También se le adjudican como cargos “haber consentido y cometido graves irregularidades en la tramitación de las compras y contrataciones; una ausencia de marco normativo, áreas, sistemas y procedimientos para elaborar presupuesto de gastos que otorgue previsibilidad y ordenamiento a la gestión financiera y prestacional; y la omisión de corrección en los sistemas de compras y ventas de medicamentos de la Farmacia”. 

Finalmente, en los cargos -de los cuales en algunos se desprenden otros- se enumera: “Haber desvirtuado el rol institucional afectando de desprestigio y mala reputación a la OSPJN; la violación de deberes y pautas de comportamiento ético previstas en la Ley Nacional 25.188; el incumplimiento de la Ley de Datos Personales 25.326 por no garantizar un sistema informático seguro y transparente para preservar información y datos sensibles de sus afiliados; y consentir graves deficiencias respecto a las condiciones laborales de las oficinas y dependencias en las que desarrollan sus tareas el personal de la OSPJN”. 

Tras dos semanas sin encuentros, la Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), se reunió este martes para retomar y dar por finalizadas las audiencias con testigos sobre la causal de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial de la Nación.

En torno a este tema se realizaron un total de seis reuniones en las que testificaron 17 testigos. De esta manera, a partir del próximo encuentro que será el jueves 16 de junio, la comisión iniciará la investigación sobre el fallo por Coparticipación.

Los testigos convocados fueron la secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, Isabel López Alducin; el contador público Iván Nicolás Ritvo; el doctor Néstor Fasciollo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN; la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social; la doctora Claudia Viviana Madies; y María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda. Por su parte, la doctora Marta Herrera Alem, exdirectora y vicepresidenta de la OSPJN pidió reprogramación de fecha.

También se citó, por segunda vez, a María Guadalupe Burgos, quien asistió el pasado 18 de abril. Tras la declaración de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN -que se presentó luego de notificación judicial-, los diputados del oficialismo consideraron necesario volver a interrogarla. Burgos, quien no es contadora, estuvo a cargo de la firma de cheques millonarios de la obra social, y era identificada como “sobrina política” de Maqueda. Sin embargo, ella negó cualquier parentesco con el magistrado.

Durante el encuentro, a pedido de la diputada Mara Brawer se votó la solicitud de libro de actas donde el directorio remitía a la Corte las irregularidades y las dificultades para realizar la gestión para el funcionamiento de la obra social. “Hace tiempo que desde la comisión estamos buscando acceder a esa información”, planteó Gaillard.

También votaron a favor el pedido de las respuestas de la obra social sobre el caso de la jueza Martina Forns y también sobre qué personal de la vocalía de Maqueda estaba abocado al tema obra social y si la prestación efectivamente se había efectuado o no.

Al cierre de la jornada, se calentó el ambiente en la comisión luego de que el oficialismo propusiera constituir una bicameral para profundizar la investigación sobre las irregularidades en el manejo de la obra social, algo que fue cuestionado por la oposición. Además, de forma nominal votaron a favor de formular cargos y citar al Dr Maqueda a efectuar el descargo del art 13 del reglamento de la comisión.

Dos testigos y un posible careo

Primera testigo de la jornada, Isabel López Alduncin, secretaria letrada de la vocalía de Horacio Rosatti, relató que trabaja en el máximo tribunal hace 30 años y estuvo 20 en la Secretaría de Seguridad Social. Cuando fue designado presidente, Rosatti se comunicó con ella para tener dentro de su equipo a alguien que se desempeñara en seguridad social. Pero además se encarga de una parte laboral y de los amparos de salud de la obra social.

Al ser consultada sobre si Juan Carlos Maqueda estuvo a cargo del manejo de la obra social, la funcionaria respondió: “A partir de lo que se ha dicho acá, pareciera que sí”. Pero aclaró que no tuvo contacto con él, ya que se dedica específicamente “a expedientes jurisdiccionales, los que llegan con motivo de recursos extraordinarios, ya sea de afiliados o prepagas”.

López Alduncin contó “el criterio en discapacidad que aplica en los fallos Rosatti”, quien la mayoría de veces tiene disidencia respecto al voto de los otros jueces. “No tiene que ver con la obra social del Poder Judicial, sino con su interpretación de la Ley de Discapacidad”, señaló y dijo que el juez “lee la ley en la clave de la real oportunidad de trato que necesita todo colectivo vulnerable”, según establece la Constitución Nacional. En ese sentido, “si la ley dice que la cobertura es total, es total”, resaltó.

Sobre los recursos recibidos, la secretaria letrada detalló que “hay muchos que son desistidos por la obra social”, la cual “está bastante mal representada, así que muchos se rechazan en Corte, porque son bastante pobres. Y hay una minoría que sí, que se hace lugar, con disidencia del doctor Rosatti”.

Luego fue consultada por el diputado Leopoldo Moreau (FdT) por varios reclamos que se hicieron ante la Corte y, puntualmente, el oficialista apuntó el caso de “una niña paciente oncológica que murió estando su expediente en la Corte. Necesitaba un medicamento, el único posible según el tratamiento, indicado por el Hospital Gutiérrez”.

“El expediente no lo vi yo, le estoy diciendo que sí (que falleció) referencialmente, yo no lo estudié”, afirmó la testigo y después el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) pidió que el expediente sea puesto a conocimiento, por lo cual se solicitó como prueba informativa.

En otro tramo de su declaración, la funcionaria judicial opinó: “La obra social un tema a estudiar, de cómo está compuesta, su origen, cuáles son sus atribuciones, cómo se fue desenvolviendo en el tiempo y por qué hay ciertas actividades reglamentarias que las realiza la Corte y no la propia obra social, pero no quiero hablar de un tema que no tengo estudiado”.

Por otra parte, reveló que hasta enero de este año mantuvo un “chat de trabajo” con Silvio Robles -mano derecha de Rosatti- y Natalia Monayer, también de la vocalía del presidente y quien ya se presentó en la comisión. “No tengo el correo de Rosatti”, expresó y resaltó que recurría a ambos cuando necesitaba “urgente ver al ministro, porque es gente que se muere la que está en los expedientes”.  “Cuando no los encontraba por teléfono, los encontraba por ahí, como un canal de comunicación para ver doctor”, agregó y ratificó que, en febrero de este año, cuando regresó tras la feria, ese chat ya no estaba activo.

Al exponer este martes ante la Comisión de Juicio Político, María Susana Villarruel, secretaria letrada de la vocalía del juez Juan Carlos Maqueda, contó que lleva más de 30 años en la Justicia. Y que está en la Corte desde el año 2010, siempre en el área del doctor Maqueda.

El eje del debate durante la intervención de esta segunda testigo se planteó en torno al correo electrónico enviado por Maqueda a sus colegas, el 30 de agosto de 2021, al dejar de actuar en la supervisión de la obra social. Villarruel dijo saber de ese mail, porque lo había recibido.

Al preguntarle Rodolfo Tailhade en qué momento había empezado a analizar expedientes de la superintendencia, la doctora Villarruel dijo que fue justo al ascender a secretaria letrada cuando comenzó a ver lo relacionado con la superintendencia de la obra social. “A todos los expedientes les doy el mismo trato: los estudio, los veo, y le comento al doctor Maqueda en qué consiste el caso y cuáles son las alternativas, y el doctor me dice cuál es su opinión, o qué hacer”.

Negó haber tenido diálogo habitual con el exdirector de la obra social Aldo Tonón, a quien dijo haber visto “poquísimas veces”. ¿En qué oportunidades? “En el cuarto piso, en un pasillo cercano a mi despacho”, dijo la abogada al referirse a los casos excepcionales en que podía haberlo visto.

Más adelante le preguntaron puntualmente sobre los mails de la jueza federal Martina Forns dirigidos al doctor Maqueda. Recordemos que se trata de la jueza federal de San Martín que ya declaró como testigo/damnificada de la obra social, por cuando durante la pandemia falleció su esposo afectado por Covid, y ante la comisión contó no haber tenido la atención pertinente de parte de la OSPJN. Villarruel respondió que recordaba el caso por haberlo escuchado en testimonios anteriores. Y al preguntársele si había interactuado con ella, la secretaria letrada de Maqueda contó que en la Corte Suprema también había trabajado su madre. “Ella me refirió que conocía a mi mamá, me habló con gran cariño de esa” y en ese contexto le habló del caso de su esposo. Le contó que necesitaba terapia intensiva, que había llegado al Sanatorio Güemes y que estaba preocupada porque el mismo no tenía convenio con la Obra Socia, y quería que le informaran si iban a cubrir o no esa internación.

“Ante esa situación tan angustiante, quizá podía aliviar un poco su preocupación sobre el tema económico, que era muy válido”, comentó Villarruel, que recordó haberle pedido los datos de su esposo y tras ello consultó con la obra social a ver si habían recibido ese número de reintegro. Desde la OSPJN le informaron que no lo encontraban, lo cual no le pareció ilógico, por cuanto “en ese momento todo el sistema estaba desbordado. No era ilógico que se les hubiera traspapelado. Me indicaron cuáles eran las direcciones de correo a las que debía enviar el pedido y le informé a la doctora Forns, y yo también reenvié ese mail a las direcciones que me indicaron”, dijo, precisando que su única intención no era que le otorgaran una atención especial, sino que pudieran atender esa situación.

A continuación, el diputado Leopoldo Moreau le preguntó sobre las consultas formales o informales que le llegaban a ella para atender situaciones planteadas en la obra social, a lo que Villarruel aclaró que “las personas que llegaron a mí por alguna gestión de la obra social puedo contarlas con los dedos de una mano, incluyendo a la doctora Forns. Han sido escasísimos los casos, y siempre mi intervención ha estado limitada a ver si la Obra Social les había dado el curso debido”.

Moreau insistió en que le llamaba la atención que fueran “escasos los casos” que le llegaban a ella, cosa que a su juicio se daba de bruces con un párrafo de la renuncia de Maqueda a la supervisión de la OSPJN, en donde el cortesano resaltaba y agradecía la atención que el personal de su vocalía le había dedicado a atender situaciones de la obra social.

“No me considero alcanzada por ese párrafo porque no era mi tarea. Fueros escasísimos los casos en los que intervine”, remarcó la abogada.

“Si no se considera alcanzada por esta confesión de Maqueda, ¿le consta que el resto del personal de la vocalía llevaba adelante esta tarea, o ignoraba eso?”, insistió el diputado kirchnerista, a lo que Villarruel respondió que sabía que alguna vez habían ido afiliados a transmitir alguna inquietud a la privada del ministro. “Claramente no es todo el personal de la vocalía”, destacó ella.

Más adelante leyeron los mails enviados por la jueza Martina Forns al doctor Tonón, tras lo cual el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López preguntó si tenían las respuestas de la Obra Social. Carolina Gaillard dijo primero que no tenían las respuestas y debían requerirlos, pero en ese momento le informaron que “nunca fueron contestados. Sí se sabía, dijo, que la obra social terminó haciéndose cargo de la prestación, pues así lo había contado la propia jueza, y ella misma había dicho que no le habían contestado. Lo cual mereció un reproche de López porque se hiciera cargo de que supuestamente no había respuestas, en función de los dichos de la jueza, por lo que reclamó que se le pidiera a la Corte enviar una aclaración sobre el tema.

Finalmente terminaron votando a favor de ese pedido y también sobre qué personal de la vocalía de Maqueda estaba abocado al tema obra social y si la prestación efectivamente se había efectuado o no.

“Usted dijo que con los dedos de una mano contaría las veces que tuvo que atender este tipo de consultas o planteos de la obra social. ¿Cuáles son esos casos, se acuerda?”, preguntó Tailhade, a lo que Villarruel insistió en que habían sido personas que la habían consultado en función de su labor en el Poder Judicial, no porque estuviera específicamente en ese lugar de la Corte. Y en respuesta al diputado aclaró que, dado que se trataba de cuestiones de salud, no le parecía lógico brindar nombres. “Solo puedo decirle que mi participación fue igual de pequeña que con la doctora Forns”, concluyó.

Tras insistir una y otra vez con la lectura de la renuncia de Maqueda a su responsabilidad de supervisar la obra social, específicamente a ese párrafo de agradecimiento a su personal, Leopoldo Moreau dio por concluido que la “lectura integral” de esa nota “confirma que el doctor Maqueda agradece a todos el respaldo a su gestión… Estamos demostrando que tenía la exclusiva responsabilidad por la supervisión de la Corte”.

Concluido el testimonio de María Villarruel, concluyeron que no era necesario un careo con Isabel López Alduncin, quien la había antecedido. “Hay algunas contradicciones, pero no al extremo de promover un careo –admitió Moreau-. En todo caso, después que repasemos las versiones taquigráficas veremos si eso se hace necesario”.

La palabra de una exdirectora de la OSPJN

A continuación, fue el turno de la doctora y ex directora de la OSPJN Claudia Viviana Madies también de la vocalía de Maqueda quien recordó que fue designada en la Obra Social por los integrantes de la Corte en su conjunto por “una resolución” e ingresó el 7 de abril de 2008 de manera formal y el cese en 2009 en agosto.

Además, detalló que es abogada especializada en el sistema de salud y cuenta con dos maestrías en Salud y Seguridad Social y en Bioética en Derecho. También fue jurista. “Por mi experiencia en el área de salud conocí a los miembros de la Corte, en especial a Lorenzetti y a Maqueda. A Lorenzetti lo conocí porque compartí la judicialización de la salud antes de que fuera juez de la Corte”, reveló la testigo.

“Hubo una situación irregular en la obra social con las prestaciones odontológicas en su momento y me convocaron”, informó y sumó que se entrevistó con Maqueda y Lorenzetti. “Se prefirió en ese momento que el Directorio Colegiado hubiera un integrante contador, otro abogado y otro médico que era Aldo Tonón”.

Así, la diputada Mara Brawer (FdT) le consultó si durante su función el juez Maqueda actuaba como a cargo de la obra social, ante lo que Madies afirmó: “En el mismo estatuto de la obra social hay la función de fiscalización de la obra social que recae en toda la Corte”, y agregó que han mantenido reuniones con Maqueda, con Lorenzetti, con diferentes miembros por distintos temas.

“Yo no interactuaba mucho con la Corte, sino con el equipo del directorio. Fueron pocas las veces que interactúe con la Corte. Podían pedirnos reuniones extraordinarias. Fue poco el tiempo que estuve, fue un año y tres meses y en ese periodo que fue fundacional, porque era la primera vez que intervenía un directorio colegiado, nuestra relación con la Corte era más acotada y nos preocupábamos más por llegar a un grupo de trabajo ejecutivo que implementara todos los objetivos que nos habíamos planteado en el estatuto”, explayó.

Madies informó que el trabajo consistía en dotar a la obra social de herramientas “más modernas” de las que tenía hasta ese momento que “habían generado la necesidad de la reforma del estatuto”. Además, sostuvo que como integrante del directorio “tenía menos tareas y responsabilidades asignadas” respecto del presidente o del vicepresidente.

“El trabajo consistía, en todo momento, de modernizar las instancias prestacionales que tenía la obra social, las de comunicación, las de afiliación, las de transparencia, publicidad de lo que tenía que hacer la obra social. Era un trabajo intenso”, reveló la exdirectora y añadió que hacían actas mensuales de la actividad y “ahí quedaban documentadas todas nuestras deliberaciones que eran desde comprar los insumos más básicos, recabar las necesidades, mejorar las prestaciones, dar atención a los reclamos presentados por los afiliados. “Era muy intenso el trabajo siendo que era un equipo en formación”, ratificó.

Sobre las actas, dijo no saber dónde quedaron, pero aseguró que eran en papel y se firmaban ológrafas. Madies, aseguró que en una primera etapa se “sintieron los avances más rápidos y productivos”. En una segunda etapa, sostuvo que “resultaba difícil avanzar porque teníamos un presidente de directorio que abría poco el juego, no nos dejaba hacer las actas. Teníamos problemas, el vice y yo como directora, de llevar medidas de gestión que fue motivo por el cual renuncie”, afirmó.

“¿El doctor Tonón impedía los avances que ustedes pedían?”, preguntó Brawer, a lo que Madies aclaró: “Más que impedía, creo que no compartía. No puedo decir si eso significa impedir. Nosotros queríamos una gestión transparente, con deliberación, con un cuerpo colegiado porque teníamos una responsabilidad y él tenía una inquietud más personal de llevar adelante las gestiones y eso no nos permitía avanzar en el trabajo”.

En ese sentido, ejemplificó: “Tonón si tenía que hacer alguna contratación no nos daba mucho detalle, no nos aportaba la información. Era muy personalista y nosotros necesitábamos conocer esas gestiones por la responsabilidad que teníamos. No podríamos incidir en eso si él tenía un mandato como presidente que estaba por encima de nuestras atribuciones”, y apuntó: “No era posible dialogar mucho con él”.

Al votar la solicitud de las actas a pedido de Brawer, la testigo aclaró que en las mismas “documentábamos nuestro trabajo. Había momentos donde documentamos esta imposibilidad de llegar a acuerdos. Es sobre la gestión. También documentamos avances y logros”.

“La interacción con los miembros de la Corte era variada. Si había reuniones que mantenía Tonón como presidente del directorio que, muchas veces, no nos reportaba con quién se había reunido ni los resultados de la misma. Ahí teníamos la dificultad de interlocución”, aportó.

Respecto del trato de Tonón con los miembros, Madies relató que “era difícil abordar ese trabajo colegiado, pero tampoco puedo decir que era algo personal porque pasaba con otros miembros. Era una necesidad de gestionar con más independencia por parte de Tonón”. También revelo que elevaban informes mensuales, pero Tonón “hacía resúmenes y no los compartía con nosotros”.

Por otro lado, Brawer preguntó por las votaciones de los estados contables. Al respecto, la testigo precisó que la obra social “debía informes contables de periodos previos que nosotros, como miembros del directorio, impulsábamos que se realizaran porque estaban pendientes y no permitían hacer el informe del ejercicio que tenía, por eso era un tema que más insistíamos. Al momento que me fui, no logramos que esos informes contables estuviesen cerrados”.

Asimismo, sostuvo que “no” intervenía nadie de la Corte porque “era un problema interno del directorio”. También, afirmó que tenían atribuciones para las licitaciones y compras de insumos. “Siempre procuramos que mejorara el sistema sobre los legajos de los trabajadores, la transparencia de los pagos, considerando que la estructura de la obra social con el nuevo estatuto había aprobado un procedimiento distinto”, planteó.

Al ser consultada por las vacantes, aseguró que “había funciones que no estaban cubiertas. Impulsábamos la búsqueda de personas que pudieran cubrir esas vacantes de temas muy puntuales. Las funciones en general había informes de personas de rango inferior, del equipo médico, y donde no estaba la posibilidad de tener un informe de un técnico especializado estaba Tonón, él cubría esas funciones”.

Por otro lado, explicó que para los reclamos se abrió un buzón en la página web para recibir los reclamos de los afiliados y tratar de dar respuestas. “En estas gestiones si teníamos alguna dificultad, Tonón se encargaba de transmitir eso. Buscábamos apoyo de la Corte para solucionar problemas en el interior”, y aclaró que “Tonón refería que ‘había dio a la Corte’, no nos contaba mucho con quién hablaba. Esa era una dificultad. No nos rendía cuenta”.

El jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, le pidió si podía profundizar sobre las dificultades en las prestaciones de servicios de odontología, pero Madies aclaró que “cuando ingresé ya había tomado estado público. Había problemas con los implantes. Tuvimos el recaudo de tener una auditoría de odontología. Se tomaron muchas medidas por parte de la Corte para encausar el tema y uno fue dictar el estatuto y nombrar el directorio tripartito”.

“Decidí renunciar porque no logré hacer los avances que me propuse en el área”, contó. La diputada oficialista Paola Vessvessian le consultó si contaban con manuales de procedimiento de compras, pero la testigo aseguró que “no” y que “era algo que estaba pedido para que se haga”.

“Había una necesidad por parte del presidente de gestionar sin los codirectores”, disparó Madies ante la pregunta del oficialista Juan Manuel Pedrini y agregó: “Me planteé estar en un organismo colegiado donde asumía una responsabilidad y donde no tenía la oportunidad de incidir en el cambio, por lo tanto, di un paso al costado porque me aprecia contraproducente forzar una situación distinta siendo que mi rol era directora simple y había un presidente que se había definido quién tenía que liderar”. La relación era tirante porque costaba establecer estrategias que no eran las que proponía él y era difícil gestionar”.

Otros testimonios

Otro de los testimonios que se escuchó fue el del doctor Néstor Fasciollo, funcionario de la Asesoría Jurídica de la OSPJN, que empezó a trabajar en el 2009 y, actualmente, es prosecretario administrativo desde el 2015. Fasciollo aseguró que tomó conocimiento del mail de Maqueda a través de los medios, pero “nunca” le llegó.

En tanto, explicó que la obra social es una dependencia del Poder Judicial y que forma parte del mismo y se cita a los fines de aclarar cuál es la normativa que rige en las licitaciones que “es a partir de una resolución de la Corte”.

“La obra social cuenta con una asesoría jurídica que no es un órgano de control, no es auditor del directorio. Llega un expediente solicitando un dictamen jurídico para evaluar una contratación o licitación. En el dictamen tengo que especificar quién está facultado para el llamado, el expediente no volvía. La asesoría aconseja, pero no controlamos al directorio”, aclaró ante las preguntas de Blanca Osuna (FdT).

A su vez, aclaró que no intervenía en los expedientes licitatorio sobre compra de medicamento porque los dictámenes en la asesoría llevaban su firma. “El expediente licitatorio se inicia en el área de compras y es girado a distintas áreas, una es la asesoría y se responde de manera formal. Había cuestiones de compras que no eran girados a la asesoría, no requerían la intervención nuestra. Pero licitaciones o contrataciones sí”, explicó.

“Hubo un incremento de afiliados y eso, eventualmente, hace que se generen aumentos de litigios sumado al avance de los medicamentos, la medicina fue avanzando y desde lo normativo no se fue acompañando desde la cobertura”, opinó el funcionario.

El contador público Iván Nicolás Ritvo reveló que las contrataciones son por períodos de estados contables, son de “3 a 4 meses es el plazo que se da para la realización de la tarea”. “Me contrató el directorio conformado por el doctor Tonón”, afirmó.

“Nunca mi trabajó fue analizar la gestión del ente ni cómo estaba dividida. mi función era juntar la información y llevarla a un ámbito profesional que es evaluación y exposición para confeccionar los estados contables”, explicó el contador y sumó: “Encontré un sistema contable que no era lo más amigable y no contenía toda la información que podía llegar a contener”,

Al respecto, remarcó que confeccionaba los estados contables en función de la información que le brindaban. “Sabia que el estado tenía falencias y fue por ese motivo que se trabajó con una base de datos cerrada para que no tenga manipulación y siempre trabajé de forma independiente”, precisó.

“No encontré el sistema acorde a la envergadura de la obra social y eso llevó a que la recopilación de datos sea un poco más lenta, que haya que revisar más papeles para conformar la información”, agregó y denunció que el sistema tenía vulnerabilidades que “podía sufrir modificaciones en cualquier momento y pedí trabajar con un sistema de base de datos cerrada”.

A su turno, la funcionaria de la obra social María Guadalupe Burgos aclaró que la función de “tesorería es de registrar y controlar los ingresos y egresos. No se toma decisión alguna, no es una oficina autónoma”.

“Todos los ingresos vienen ya con una orden previa. Lo mismo pasa con los egresos. Todo pasa por otros sectores como el de facturación, jurídica, contaduría donde se controla. Tesorería ejecuta la orden previa”, reveló.

La palabra de una damnificada

También testificó la doctora María Marcela Viano Carlomagno, en su condición de damnificada de la obra social quien precisó que es afiliada hace 38 años y que “en un principio cuando estaba el doctor Carranza Casares como director era muy personalizado todo, parecía una obra social de excelencia y hacía que muchas personas se quedaran trabajando en el Poder Judicial, era una de las razones”.

“He tenido una experiencia complicada en 2019”, contó y relató: “En febrero tuve un accidente que me provocó una fractura de clavícula en el hombro derecho, me internaron de urgencia y los médicos establecieron en el Sanatorio San Lucas en San Isidro que tenían que intervenirme y requerían una prótesis”.

Y continuó que “empezaron a demorarse, no me intervenían, los días empezaron a pasar. Hice una queja a la Clínica pensando que era un problema de ellos y ahí me dijeron que la obra social no otorga la prótesis y que había complicaciones. Tenía que ir hasta la obra social para el reclamo, pero no estaba en condición de hacerlo y empezaron los chats. Muchos jueces y juezas empezaron a presionar para que me den la prótesis”.

“Me operaron de urgencia con la prótesis que se consiguió, no con la que pedían los médicos. A raíz de esas demoras tuvieron que dejarme internada por una infección intrahospitalaria según los informes de la clínica”, relató.

La testigo, recordó que durante el tiempo que estuvo internada que fueron cuatro meses “no tenía forma de que la obra social se hiciera cargo de los temas. Entonces una de las juezas que fue Martina Forns se vino hasta el sanatorio y empezó a ocuparse de los papeles porque al llamar por teléfono me decían que yo tenía que ir personalmente”, y sumó que “la internación domiciliaria también me costó conseguirla”.

“La obra social no tomba el tema y era muy difícil el tema de las licencias, de los reemplazos”, denunció y aclaró: “En la clínica me decían que no tenían forma que la obra social les respondieran. Incluso había dudas sobre mi afiliación. Era una situación de incertidumbre”.

Viano Carlomagno manifestó que nunca tuvo relación con autoridades ni de la obra social ni de la Corte Suprema, siempre dialogó con personal y precisó que las denuncias o reclamos se hacían personalmente, “no había un sistema de mail”.

“Con la internación domiciliaria me tuve que costear todo yo sola. El resto si lo pagaron todo respecto de la clínica, la prótesis, la internación”, denunció.

La cuarta fue la vencida. A las 15.20 se hizo presente en la Sala 1 del Anexo de Diputados el exdirector de la OSPJN, Aldo Tonón, ante la reunión de la Comisión de Juicio Político de este jueves en el marco de su quinta audiencia de indagatoria sobre las irregularidades en el manejo de la obra social.

Durante su larga exposición, que se extendió por más de cinco horas, se amparó en varias ocasiones en el artículo 18 de la Constitución para no responder ciertas preguntas al estar imputado en una causa que también investiga el mismo tema. En tanto, afirmó que “la situación que tenía la Obra Social no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”.

Tonón se había negado a asistir a la comisión en tres oportunidades. El pasado 3 de mayo la mayoría oficialista aprobó pedir que sea traído por la fuerza pública, algo que requiere la intervención de un juez.

“Nos hemos comunicado con el juzgado del doctor (Ariel) Lijo y ha manifestado que aún está pendiente de estudio y de resolución la medida que ha solicitado la comisión, que es que el testigo venga con el auxilio de la fuerza pública, teniendo en cuenta que ha sido citado en tres oportunidades y ha incomparecido al llamamiento”, informó en el comienzo la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.

Además, la diputada resaltó que de las tres causas vinculadas a la obra social que se tramitan en la Justicia, dos están en el juzgado de Lijo y una en el de Daniel Rafecas, pero “solo en una causa está imputado el doctor Tonón” que es en la que “se investiga la denuncia de un extrabajador, que lo denuncia por usar un software para seguir a trabajadores de la obra social, ahí sí está imputado. Por lo cual “no habría ningún motivo para que el doctor Tonón no comparezca ante esta comisión”, dijo Gaillard.

Promediando la audiencia, la presidenta de la comisión informó que acababan de llamar de la secretaría del Juzgado Federal N° 12, Mabel Castelnuovo, para informar que desde allí se había dispuesto notificar al doctor Tonón, quien “estará viniendo hoy como testigo a la comisión”.

“¿Tiene que venir, lo van a traer?”, consultó Juan Manuel López, titular del bloque CC-ARI, a lo que Gaillard respondió: “Lo están yendo a notificar… Notificarlo de que tiene que venir, no sabemos si el testigo está viniendo”.

Ante ello, el diputado de la Coalición Cívica sugirió que el juzgado “nos mande la resolución” adoptada, y a continuación el diputado Leopoldo Moreau dijo que adhería al pedido de López. “Es importante que el juzgado envíe el escrito, porque es muy importante el fundamento con el que ha tomado esta decisión”, precisó.

Tras el ingreso de Tonón a la sala y previo a la ronda de preguntas, Gaillard aclaró: “Al testigo se lo ha citado en tres oportunidades, como incompareció el testigo aduciendo la imposibilidad de declarar para no auto incriminarse porque hay tres causas penales que investigan el tema de la obra social, y una de ellas que es la única que está imputado el doctor Tonón, pero no es la que se está ventilando acá en la comisión”.

El testimonio de Tonón

Palabra que se hizo esperar, el exdirector de la OSPJ afirmó conocer a los magistrados de la Corte Suprema, pero negó tener una relación y/o vínculo personal. El primero en interrogarlo fue el diputado oficialista Rodolfo Tailhade quien le pidió que explique las circunstancias que “rodearon” su ingreso a la OSPJ, ante lo que Tonón contó que su ingreso fue en 2007 luego de una entrevista “a raíz de un conocimiento por una persona en común me solicitaron un CV sobre toda mi trayectoria médica, yo llevo 49 años de profesión de los cuales 35 están destinados a la gestión. Tras unos meses me citaron a una entrevista con Maqueda”.

En ese marco, aclaró: “No soy amigo personal de Maqueda, sino que la relación que mantuve es solamente a través de ese vinculo laboral que se constituyó. Tuve entrevistas con otros jueces. En ese momento con los distintos jueces de la Corte que, en ese momento, estaba constituida por 7 miembros”.

“Me pidieron hacer un trabajo de auditoría externa sobre una causa penal que estaba en curso que tramitaba en el exjuzgado del juez Bonadío que era la estafa que se había detectado con las prestaciones de odontología. A raíz de eso, trabajé durante 6 meses con un contrato de locación de servicios. Hice un informe y lo documenté que está en poder de los miembros de la Corte donde se aclararon todas las situaciones y la propuesta de un replanteo en el armado de la OSPJ dadas las características y la situación que la obra social tenía de no ser una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”, relató.

 Asimismo, reiteró que su ingreso fue para una “determinada tarea en la Auditoría de la Obra Social con el punto de inicio en una causa penal que tenía 17 imputados referida a las prestaciones odontológicas. De ahí se fue abriendo el espectro de evaluar las distintas situaciones que se estaban dando y se podrían haber dado en la obra social y un proyecto de ordenar a la obra social”.

“Con el tiempo surgió el pedido de hacer una proyección de cómo la obra social se podía reordenar”, insistió Tonón. Ante la consulta de Tailhade sobre el ingreso formal a cargo de la Obra Social, el médico explicó: “Se dio a través de la modificación estatutaria nueva, el funcionamiento y el organigrama de la obra social presentado donde los señores ministros de la Corte deciden conformar una reforma del funcionamiento de la obra social y, a través de la constitución de un directorio de tres personas”.

En ese sentido, precisó que el ofrecimiento del puesto fue hecho por los titulares de la Corte Suprema con la anuncia del resto de los ministros, la acordada por la que se aprueba el estatuto y se asigna la constitución de las autoridades de la obra social “está firmada por los siete ministros”.

“Se dio a través de la acordada la propuesta de estatuto, el funcionamiento, el organigrama de la obra social presentado, y el proyecto de modificación en la obra social para transformarla en una obra social acorde a las circunstancias del momento”, ratificó el testigo.

Al respecto, Tailhade le preguntó si recibió algún tipo de instrucciones de cómo querían los jueces que sea la gestión de la obra social. “Creo que si leemos los primeros artículos del estatuto de la acordada 5 del 2008 dice cuáles son los fundamentos y para cuáles son los objetivos de querer y la modalidad o el modelo de obra social que querían. Eso lo habrán discutido entre ellos”, indicó el exdirector.

“Asumí el cargo que me ofrecieron junto con el directorio y continué hasta el 9 de marzo en que presenté la renuncia, pero desde el 31 de diciembre de 2021 yo dejé de estar operativo en la obra social para poder tomar todas las vacaciones reservadas y que no pudieron ser tomadas durante años anteriores. En febrero del 2022 en el cual se hizo un citatorio para hacer cambio de autoridades porque yo ya había decidido que no iba a continuar. Se hizo una reunión de los dos directores de la nueva gestión que son el doctor Althabe y la doctora Borensztejn en el cual se cambiaron los directores. Me abstuve de postularme o aceptar cualquier cargo”, detalló.

En esa línea, el diputado kirchnerista indagó sobre su decisión de renunciar. “Ya no quería continuar trabajando. Tengo 74 años, llevo 50 años en la profesión y 35 en la gestión, me sentía cansado y agotado y por eso decidí como cualquier ciudadano jubilarme”, sostuvo.

Al ser interrogado por la gestión y la trayectoria, Tonón manifestó: “Está todo documentado en la Obra Social y como estoy imputado en las tres causas en las cuales puedo auto incriminarme en el funcionamiento voy a hacer uso de las facultades que me otorga el artículo 18 de la Constitución Nacional”.

Al respecto, Gaillard le aclaró que es por “preguntas relacionadas a las causas en las que está imputado que puede hacer uso de dicha facultad. Si es una causa en la que no está imputado puede responder. Usted no está imputado en las causas de irregularidades en la Obra Social…el testigo puede hacer uso de la facultad o abstenerse de responder alguna pregunta vinculada al hecho que se investiga”.

Pidió la palabra el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien comentó: “Solo para tranquilidad y para no estar hablando con el abogado que no puede ser parte de la reunión. Hay cosas que seguramente el testigo puede decir incluso respecto de estos temas de imputaciones que puede tener las distintas causas en términos jurídicos de acuerdo a la información que le atiende a su abogado sin necesidad de que hable. Tratemos de hacer todo lo más fluido posible”.

Al retomar el interrogatorio, Tailhade volvió sobre su pregunta anterior: “¿Usted considera que hablar sobre eso lo puede comprometer en la investigación penal?, a lo que Tonón contestó: “Si porque temas que están en la investigación penal se refieren a la gestión”. Lejos de cerrar ese tema, el diputado oficialista insistió: “Si, pero se refieren a hechos puntuales que podrían haber sido considerados posibles delitos de acción pública que disparó una investigación. No sé si eso forma parte de las investigaciones que se están haciendo en sede penal”.

“Creo que usted desconoce cuales son las causas que están en sede penal”, disparó el funcionario, ante lo que Gaillard intervino con una aclaración: “Nosotros antes hemos leído las distintas causas que usted tiene y tramita en causa penales la 7686/21 donde nos consta que no ha sido imputado en la causa. En la causa 5666/21 el fiscal si lo imputó, pero no tiene que ver con la investigación que estamos ventilando en este juicio y en la causa 4462/22 no está imputado. Digo para clarificar las causas que tramitan y en las que puede abstenerse si siente que se está auto incriminando”, y agregó: “Evitemos las preguntas sobre la gestión porque muchos de los hechos ya fueron comprobados por los testigos anteriores”.

Tonón explicó que la obra social “es una institución que tiene independencia y autonomía de gestión económica, administrativa y financiera, por lo tanto, los ministros estaban informados sobre el funcionamiento y qué se estaba haciendo, pero no le tenía que pedir permiso excepto que fueran situaciones de envergadura que el propio estatuto lo dice”.

 “Cualquier ministro que quisiera tener información de la obra social y me consultaba, tenía la respuesta porque la obra social dependía… lo dice el estatuto no hace falta repetirlo”, contó y sumó: “El estatuto establece de quién dependía la obra social y hace una excepción a esa dependencia. Está respondido en el artículo primero de la acordada 5 del 2008”.

Nuevamente la titular de la comisión intervino para aclarar la pregunta de Tailhade y le preguntó al testigo si conoce el mail en el que Maqueda renuncia a sus facultades de supervisión sin acto administrativo de la obra social del Poder Judicial: “Formalmente y personalmente no, solamente por trascendidos periodísticos”.

“Cuando había problemas de envergadura se consultaba a Lorenzetti, a Maqueda, y con los otros ministros también. A muchos de ellos se les preguntaba por alguna cuestión o situación que se había enviado como propuesta para mejorar el funcionamiento o equipamiento o la finalidad y estructura de la obra social. Siempre y cuando excediera esa resolución las facultades que tenia el directorio que funcionó en los primeros años de la obra social porque ahí funcionaba con un directorio y las cosas se trataban ahí”, explayó el testigo.

Tailhade preguntó: “El estatuto que estuvo vigente casi 14 años aprobado por la acorada 5 del 2008 comprometía a la obra social a elevar mensualmente informes de las decisiones que adopte de la gestión administrativa, sevicias de cobertura, estado económico. Puede decirnos si eso se cumplió regularmente”, a lo que el exdirector destacó: “Estimo que sí, sino no hubieran permitido la continuación de la obra social y lo hubieran reclamado. Porque se enviaba la información de trascendencia con la propuesta. Todos los meses se elevaba a la Corte y, además, las inversiones de la Obra Social por resolución de la Corte del año 2011 quedaron en manos de la Administración General de la Corte Suprema. La Obra Social derivaba los excedentes que consideraba que se podían seguir conformando el fondo anticíclico a la Administración General de la Corte porque era una indicación dispuesta por una resolución del máximo tribunal”.

“La información económica y financiera, la solicitud o propuesta de algún acto o de alguna situación que mejorara la atención de los afiliados, que mejorara el funcionamiento de la obra social, antes de tomar la decisión, si se consultaba con los ministros que querían tener conocimiento del tema”, planteó.

Y agregó que “esa comunicación era de muchas formas. Era la propuesta de una solicitud de audiencia y el ministro decidía si era por audiencia o por escrito. Era a cualquier ministro”.

Al respecto, indicó que el patrimonio neto de la obra social al 31 de diciembre de 2022 era de 46 mil millones de pesos. “El último día que fui, en el que se firmó la nueva dirección, en el acta del directorio se incorporó el estado económico y financiero de la obra social y el orden del monto era 52 mil millones de pesos. Eran depósitos y liquidez”, indicó y resaltó que las consultas eran solo para los ministros y no para los empleados de las vocalías.

Al ser consultado por el motivo que derivaba a que las resoluciones hasta la acordada 44 del 2018 eran firmadas por varios ministros, Tonón explicó: “Algunas situaciones si, y otras de resolución de la propia Corte siguiendo los lineamientos de la Ley de Contabilidad de la Nación en las normas propias de la Corte mediante una acordad y fijaba montos para algún tipo de licitación”.

“No era mi función interferir en el funcionamiento y en el ordenamiento o decisiones que tomaban los ministros con respecto a sus funciones. Era facultad exclusiva de ellos, yo no pedía explicaciones sobre eso”, lanzó.

El patrimonio neto de la obra social al 31 de diciembre de 2022 era de 46 mil millones de pesos“

También contó que los montos “iban modificándose con el correr del tiempo en la misma situación siguiendo los lineamientos de la Corte. Se actualizaban no muy asiduamente, pero cuando se generaba un desfasaje grande. Fue así desde el primer día que llegué”.

“Nunca los montos ni las licitaciones por cuestiones de dinero fueron una traba para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio, de compra directa o de concurso de precios. La compra de un insumo en medicina nunca puede demorarse porque está en juego la vida de un paciente”, sostuvo Tonón ante la pregunta de Germán Martínez y sumó que “todo procedimiento de compra de licitación tiene un derrotero de hacer que va desde justificar la necesidad de la situación y por cada área: jurídica, requirente, la compras, jurídica, y la contable”.

Y siguió: “Eso iba, se hacía el concurso, luego pasaba a la comisión de pre adjudicaciones que depende del Consejo de la Magistratura que hacía la evaluación de todo el procedimiento y daba su dictamen”.

Pidió la palabra el diputado Leopoldo Moreau quien interrogó sobre el tiempo en el que estuvo como director sin que estén el resto de los directores: “No recuerdo con precisión la fecha la renuncia de los otros dos directores, pero estimo que fue desde fines del 2009 o 2010”.

“¿Cuál fue el tiempo en el que estuvo en esa situación, es decir, que estuvo ejerciendo el cargo sin que se nombraran los demás directores?”, volvió a preguntar Moreau, a lo que Tonón recordó: “Desde la fecha de renuncia hasta la fecha de designación de los nuevos directores que fue en 2022”.

“Usted estuvo aproximadamente 10 años ejerciendo el cargo sin otros directores?”, insistió el diputado del FdT lo que fue afirmado por el testigo. “¿Usted hizo algún tipo de reclamos para que se designaran a los restantes directivos?”, repreguntó el legislador y Tonón dijo: “Habremos conversado, pero yo no tenía que demandar la designación de los directores”.

Y Moreau continuó sobre el tema: “¿O sea que a usted no le generaba eso mayor carga de que esos directores no estaban designados?”. “No porque no me basaba en cuántas personas tenía para colaborar, sino en la capacidad para trabajar y sacar adelante a la obra social”, contestó el funcionario y agregó: “El presidente de la obra social siempre cargaba con la responsabilidad del funcionamiento diario y cotidiano de la obra social”.

“¿Por qué no se certificaban los balances ante el Colegio Profesional de Ciencias Económicas? ¿Quién disponía que esto fuera así?”, consultó Moreau a lo que Tonón precisó: “No recuerdo quién dispuso que no se hiciera, pero no había inconvenientes en hacer la certificación. No se hizo nunca la certificación de los balances. Era la modalidad de la obra social hacerlo así. No es que me parecía natural, yo continué la modalidad operativa que se venía llevando. La certificación en el Colegio Profesional nunca se hizo porque no implica la certificación del balance, sino que implica la autorización o capacitación del auditor del balance e implica dejar de hacer público el balance de la Obra Social”.

Moreau se refirió al email de renuncia de Maqueda en donde calificaba a la Obra Social como “insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas”, y consultó: “¿A qué período de gestión se refiere?”.

“No puedo hace apreciación a qué período se refiere. Me presumo al anterior de la gestión del 2008”, respondió Tonón, pero el diputado kirchnerista retrucó: “Maqueda presenta la renuncia en agosto de 2021 y me parece que se refiere al periodo 2008-2021”. “¿Used dice que el Dr. Maqueda cuando se refiere a la obra social anarquizada…? Yo creo que si lee el primer párrafo interpreto otra cosa. No dije que no se refería a mi gestión, lo interpreto de una forma distinta”, dijo Tonón y sumó: “Yo no puedo saber lo que quiso decir porque no conversé del tema con él y no me interesaba hacerlo porque no era mi función”.

En ese momento, el exdirector amagó con no responder ninguna pregunta más “dado que cada vez me encuentro más cercano a auto incriminarme con lo que pueda resolver. La respuesta va a ser artículo 18 de la Constitución a todas las preguntas que sigan”. Pero, Gaillard interrumpió y volvió a calmar las aguas reiterando, una vez más, las causas en las que está imputado y de las cuales no puede hablar.

“En ningún momento recibí amenazas o presión de presentar mi renuncia”, afirmó el testigo. Sobre el informe final de la auditoría que se hizo, aseguró que “lo poco que vi de la parte médica puedo asegurar que es una auditoría que no sigue los requerimientos básicos, sino que son de prescripción de las distintas áreas y que no hay elementos probatorios que consten como una irregularidad”.

Por otro lado, manifestó que “podía recibir consultas sobre algún caso particular de inconvenientes, pero eran escasos. Todas las vocalías hacían consultas, que los afiliados consultaban y se les daba la explicación correspondiente, lo hacía yo porque era quien podía resolver la situación. La Obra Social es la que tiene la más alta cobertura asistencial del país sin ningún co-seguro con la mayor cobertura de medicamentos”

Consultado por la conformación de la comisión de informatización del Poder Judicial, comentó que “no tuve ninguna reunión porque quien tenía que convocar a la reunión era el presidente que era Héctor Marchi. Si hicimos aportes de todas las áreas de la Obra Social”, y negó saber las conclusiones finales del informe elevado al máximo tribunal. Además, informó que se había designado a un representante en cada lugar donde la Obra Social de la Corte no tenía representación para atender los reclamos de los afiliados.

El último testigo citado a la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, a cargo de Carolina Gaillard, fue el contador público Nicolás Jacinto Serafini quien expuso en torno al informe elaborado oportunamente sobre la OSPJN, que él mismo suscribió.

Serafini, quien fue auditor de los balances de la obra social, comentó que “el primer año que me contrataron fue para realizar el trabajo de estudios contables del año 2008. Lo primero que solicité fue la información previa y ahí veo que no había balances del 2007 ni de 2006, solo había información reciente del 2005 por lo cual el contrato se extiende a realizar los balances de esos años que faltaban”.

“El último periodo trabajado fue 2021, pero ahora no tengo ningún contrato vigente con la obra social”, aclaró ante la consulta del oficialista Rodolfo Tailhade. Serafini volvió a explicar que “solo estaba hecho el balance del 2005 que no tenía una auditoría realizada. Había información que se me presentó como balance, pero a mi entender no cumplía con los requerimientos. No estaba auditado y era la última información contable que había en la obra social”.

Además, afirmó que “los primeros informes no tienen una opinión favorable, tienen abstención de opinión los de 2005 y 2006. A partir del 2008 empecé a firmar la auditoría, tienen opinión de razonabilidad. Previo a eso hicimos un informe sobre la situación que encontramos la obra social”.

“Mi primer contacto fue con el directorio de la obra social. En ese momento había tres directores en 2008. Siempre fui auditor externo y brindaba una opinión de auditoría sobre la razonabilidad de los estados contables que formula el directorio de la obra social. Mi primer trabajo igual no fue ese porque, al encontrar una situación donde no estaba el ejercicio anterior cerrado, no había una auditoría realizada del ultimo ejercicio y propuse realizar un informe de hallazgos y recomendaciones”, explayó en su respuesta.

Al respecto del informe de hallazgos y recomendaciones, precisó que tiene fecha de 31 de enero de 2009. En esa línea, Tailhade le solicitó información sobre esos hallazgos realizados: “El objeto era un diagnóstico de la información que contenía el sistema informático contable. La información que estaba registrada fue suministrada por el directorio de la obra social y la tarea consistió en la aplicación de procedimientos de auditoría sobre la información que emitía el sistema contable como, por ejemplo, cotejar las informaciones de los balances de distintos años con el sistema, verificar saldos de inicio, entre otros”.

Ante la consulta de Gaillard si era él quien firmaba los balances y auditaba: “Yo solo firmé la auditoría de los estados contables, firme los balances a modo de identificación, pero no los confeccioné”, aclaró.

“Los hallazgos fueron que la información procesada en el sistema contable es en apariencia incompleta, que era vulnerable ya que podía ser modificado luego de ser cerrado un ejercicio pudiendo ser alteradas las registraciones en cualquier momento, se encontró un control interno débil, un sistema informático que no aparentaba poseer una razonable confiablidad y asegurar el normal flujo de información contable porque se podían modificar balances que ya estaban cerrados, no había seguridad que todas las operaciones están registradas, existían diferencias entre planes de cuentas entre el 2005 y 2006”, explicó.

También, el contador sostuvo que en el informe de auditoría externa sumó esta información para que “el usuario de los estados contables este al tanto de eso porque es importante porque el esquema interno era débil”.

En su calidad de damnificada de la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, declaró este martes ante la Comisión de Juicio Político la jueza federal de San Martín Martina Forns. Fue la primera testigo en declarar en la décimo tercera jornada del proceso que se le sigue a los miembros de la Corte Suprema y su declaración expresada en términos personales devino finalmente en otras causas que la tuvieron como protagonista y en cuyo marco se manifestó oportunamente con duras críticas hacia los integrantes del Tribunal Superior.

Tal fue el cariz del interrogatorio, que al cabo del mismo la diputada Vanesa Siley reprendió a los miembros de la oposición que habían formulado preguntas a la jueza, por el tono con el que lo habían hecho, lo que llevó a diputados de la Coalición Cívica replicar que habían sido respetuosos, y a la radical Karina Banfi a advertirle a la diputada oficialista que “no tiene por qué venir a retarnos”.

La jueza Forns contó en primer lugar que había decidido concurrir a testificar porque cuando necesitó a la obra social, en “las peores circunstancias” de su vida, “me dejó abandonada”. Ocurrió en la pandemia, cuando ella, su esposo y sus hijos contrajeron Covid. Fue en abril de 2021, y mientras ella y sus hijos no tuvieron prácticamente síntomas, su esposo estuvo cinco días con fiebre. Desde el CEMIC, contó, “tal cual eran las indicaciones de ese momento, no nos dejaban ir a ningún lugar. Yo me desesperaba porque él se sentía bastante mal, pero nos indicaban que no podíamos ir”.

Finalmente lo llevó al CEMIC, recordó, y precisó que el contacto con ese centro asistencial era telefónico y que al tercer día le dijeron que tenía que sacar a su esposo, porque “no había camas de terapia y su cuadro se estaba complicando”.

La jueza Forns contó que en la obra social no la atendían; los administrativos del CEMIC le indicaban que tenía que sacarlo y ella hacía consultas para conseguir una ambulancia. Finalmente consiguió trasladarlo al Sanatorio Güemes, que no pertenecía a la obra social, cuyos teléfonos seguían sin contestar. “No había comunicación entre el CEMIC y la obra social, y cuando conseguimos el contacto, lo trasladamos. En el Güemes, entró en terapia intensiva y los directivos no sabían si me iban a cobrar o qué, porque -reiteró- no tenían contacto con la obra social”.

De hecho, la ambulancia que trasladó a su esposo no fue cubierta por la obra social. En el Güemes estuvo dos meses y medio, y allí tuvo dos entubaciones y dos paros cardíacos. “Todos los días intenté comunicarme con la obra social”, insistió Forns, que agregó que finalmente “me ayudaron para que le llegaran al ministro Juan Carlos Maqueda los mails que hoy traje en este pendrive haciéndole saber toda la situación grave que estaba pasando… y nunca tuvieron la deferencia de llamarme a ver si necesitaba algo”.

“Nunca me dijeron si iban a cubrir (la internación), no sabía si iba a tener que vender mi casa para pagar esa terapia intensiva… Yo insistí todos los días y las autoridades del Güemes me decían lo mismo”, detalló.

La testigo aclaró que no había recurrido al juez Maqueda en forma directa, sino a través de una de las secretarias del ministro. ¿Por qué lo hizo? “Porque todos sabíamos que era el encargado de la obra social, el único que podía hablar con (el director de la obra social) Aldo Tonón para mover algún mecanismo. Y de hecho lo hizo, porque finalmente la obra social cubrió (la internación). Cuando falleció mi marido, el Güemes me dijo que la obra social cubría todo, pero fueron dos meses y medio sin tener ninguna comunicación” en ese sentido.

Como prueba, la doctora Forns aportó los mails que envió, y luego insistió en remarcar que llegó a tramitar muchas demandas de personal judicial y jueces “que han padecido la obra social y he tenido también que recurrir a personas de la Corte para que le pidieran al juez Maqueda que moviera algo para poder ser atendidos”.

En ese sentido dijo conocer casos de empleados o juezas que han sufrido situaciones como no haber recibido prótesis o tener que esperar mucho tiempo por ellas.

Se hizo hincapié en saber porqué consideraba que Maqueda fuera a quien debían remitirse y ella contó que “cuando uno iba presencialmente a la obra social, todos sabían que si no se podía llegar a Aldo Tonón, había que llegar a Maqueda, porque la obra social no daba respuesta. En vez de ser de los afiliados, la obra social era de la Corte Suprema”.

“Uno se siente muy vulnerable cuando le tocan a su familia, o tiene una situación de salud”, enfatizó en otro pasaje, y agregó: “No solamente fue el abandono en su momento, sino también en el día de la fecha”, y denunció: “No se resuelven causas en la Corte contra la obra social”.

Consultada su opinión respecto de que fuera la propia Corte la que tuviera que resolvier los casos, Forns dijo que ese tema lo habló con otros jueces federales que tienen los mismos casos, y que en el estatuto allí se establece que sea decisión de la Corte actuar en esos casos.

A modo de reproche, recordó haber escuchado al doctor Héctor Marchi decir que había fondos anticíclicos, recursos que como eran excesivos los tenía el Poder Judicial. “¿Pero dónde? -se preguntó-. En los prestadores, se ve que no estaban”.

Admitió que es “muy difícil pedirle a un litigante que está vulnerable que recuse a la Corte, porque siempre tiene esperanzas de que resuelva” la situación. En esas causas, recordó, Aldo Tonón se presentaba en las audiencias solo, “sin el patrocinio letrado correspondiente y se lo tuvimos que exigir. Sino, no le aceptábamos la contestación a la demanda”.

A propósito de las demandas, la mayoría de las causas son por abandono, gente esperando una prótesis, o que cuando llega, es algo distinto a lo que esperaba (en lugar de un brazo, un hombro, ejemplificó. “Parece humor negro”, dijo).

El diputado Juan Manuel López indagó sobre la responsabilidad del juez Maqueda: cómo sabían que él estaba a cargo de la obra social. Martina Forns contó entonces una anécdota. Por haber trabajado 11 años con el exmiembro de la Corte Enrique Petracchi, en cierta oportunidad cuando volvió a verlo y le pidió por un médico que quería entrar como prestador, él juez le aclaró que el único que se ocupaba de esos temas era el doctor Maqueda.

López le preguntó entonces si había alguna persona viva que pudiera afirmar algo en ese sentido, pues Petracchi falleció hace muchos años, a lo que la titular de la comisión, Carolina Gaillard, aclaró que el propio juez Maqueda lo había reconocido a través de un mail. La jueza, en tanto, insistió en que los mails estaban dirigidos a la secretaria de Maqueda.

Más adelante, el titular del bloque de la CC-ARI le preguntó si ella había dicho lo que Página 12 publicó como título tiempo atrás: un pedido suyo a que renunciaran todos los ministros de la Corte. Si bien Gaillard aclaró que esa pregunta no correspondía, porque ella lo había hecho “en el marco del espionaje ilegal de Macri”, y que no debía preguntar sobre cuestiones que no hacían al tema en debate, la jueza contestó de manera afirmativa, aclarando que lo había hecho porque la Corte había tenido una frase hacia ella que consideró inédita en un fallo del Poder Judicial: habían dicho que ella “desprestigiaba al Poder Judicial”.

Otros fallos de la jueza

Sucedió luego de que en el marco de una causa colectiva donde se solicitaba la inconstitucionalidad del aumento de tarifas de 2016, ella remitiera el mismo a la Corte, por conexibidad común. Ella  había resuelto una medida precautelar el 3 de agosto en lo que fue conocido como la “causa Fernández”, y lo hizo, contó, en un marco de ocho partes que lo solicitaban. Ese tema le valió a ella un pedido de juicio político y a su vez la llevó a ella a accionar ante la CIDH, y ese “es uno de los puntos que está aquí en la Comisión de Juicio Político”, comentó la jueza.

¿Quedó enojada con la Corte?, le preguntaron, a lo que ella respondió que “enojada no es la palabra”. Pero aclaró que piensa en las personas en función de su desempeño, de ahí que considere que “hay mal desempeño” de parte de los miembros del Tribunal y ese era un ejemplo. “Y muchísimos más que sería bastante largo de considerar”.

A instancias de una pregunta del diputado Leopoldo Moreau, la jueza Forns dijo haber sufrido “una pequeña amenaza” por esos días en los que falló sobre el tarifazo: “En la esquina de mi casa pusieron una bomba exactamente el día que vino acá (al Congreso) a declarar el secretario de Energía (Juan José) Aranguren, que él también me mencionó como culpable de que no se pudieran cobrar las tarifas de energía”. Eso mereció una denuncia policial y una causa en el juzgado de Daniel Rafecas, pero nunca se pudo determinar quién puso la bomba.

Agregó que al día siguiente, un proyectil había roto el vidrio de la habitación de su hijo.

Al preguntársele sobre si había sufrido alguna sanción disciplinaria su esposo, ella contó que lo habían echado de la IGJ, durante 2016. “Fue la gestión del anterior presidente que no quiero nombrar”, dijo, y contó que a través de Esteban Conte Grand, funcionario del Ministerio de Justicia de entonces, había recibido como respuesta que lo echaban “porque era socialista, sindicalista”. Su esposo inició una causa que no pudo terminar.

¿Cuánto tiempo pasó entre su medida contra las tarifas y el despido de su esposo?, le preguntaron, a lo que ella contó que en realidad había sido en enero de 2016, después de otro fallo suyo, cuando accionó contra el AFSCA por la Ley de Medios. “Ahí lo echaron a mi marido”, señaló.

Más adelante y ante una pregunta puntual de Mónica Frade, la jueza Forns admitió integrar Justicia Legítima, pregunta que sobre el final del interrogatorio el diputado Leopoldo Moreau consideró “macartista”.

La Comisión de Juicio Político de Diputados, que preside la entrerriana oficialista Carolina Gaillard, volverá a reunirse este martes desde las 13 para interrogar a nuevos testigos sobre las irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

Según la nota a la que accedió parlamentario.com, son cuatro los testigos previstos, y la convocatoria se aviene a lo expresado en el inicio de la audiencia de este miércoles.

El primero de la nómina es Héctor Daniel Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social. Ya declaró en la reunión del 25 de abril y quedó en regresar en la siguiente, para responder preguntas sobre lo que se conoce como el “informe Marchi”, elaborado en torno a la investigación de las irregularidades en la OSPJN. Debía presentarse este miércoles, pero fue reprogramado para la semana siguiente porque este miércoles fue convocado para declarar por la misma causa ante el juez Ariel Lijo.

Además, ha sido citado Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte, quien faltó en dos oportunidades, pero manifestó interés en declarar. También el contador público Nicolás Jacinto Serafini, que faltó esta semana y que debe exponer en torno al informe elaborado oportunamente sobre la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que él mismo suscribió.

Por último, ha sido citada la jueza federal de San Martín Martina Forns, cuyo esposo falleció en plena pandemia, “abandonado por la obra social” del Poder Judicial, según se ha denunciado.

Con picos de alta tensión por momentos, la Comisión de Juicio Político de Diputados llevó a cabo este miércoles la décimo segunda reunión en el marco de la investigación de irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.

La jornada comenzó pasadas las 15 con el fin de escuchar a tres de los cinco testigos que habían sido convocados: Andrés Sacchi, quien firmaba balances de la obra social el director de Informática de la Corte Suprema; María Bettina Bonuccelli, de la secretaría privada del juez Juan Carlos Maqueda y Valeria Díaz, damnificada por la obra social.

En tanto, el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, según explicó la titular de la comisión, Carolina Gaillard: “Justifica su no comparecencia con una nota y pide reprogramar su audiencia”. Mientras que el contador público Nicolás Serafini “de igual modo pide reprogramar su declaración para a la audiencia de la próxima semana”.

Otro de los testigos ausentes que pidió que su testimonio se reprogramara fue el exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, ya que fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Dicha ausencia, provocó un picante cruce entre el titular de la CC-ARI, Juan Manuel López, y el oficialista Rodolfo Tailhade. López denunció que “Marchi vino a decir acá algunas cosas que por lo menos son falso testimonio cuando no autoincriminación o incriminación de su jefe político”, y acusó que “el juez Lijo es gran amigo del FdT”. Al respecto, el diputado kirchnerista lo acusó de ir “al despacho del juez Rosatti a pedirle por la cabeza de Marchi”.

También hubo una fuerte discusión previo a que el oficialismo aprobara pedir a la AFIP más información sobre una sociedad de Silvio Robles. Además, se incorporó como testigo a la jueza federal Martina Forns.

Por otro lado, el oficialismo votó traer a declarar por la fuerza pública al exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, Aldo Tonón, tal como había anticipado parlamentario.com, ya que por tercera vez consecutiva no compareció.

Los testigos

Primer testigo de la jornada, Andrés Alberto Sacchi, director de Sistemas de la Corte Suprema, aclaró que “la obra social tiene su propia área de sistemas”, pero en abril de 2021 se lo incluyó a él en una comisión -mediante una acordada-, integrada también por Héctor Marchi y Aldo Tonón. Esa comisión tuvo como objetivo “hacer una colaboración para lo que era la informatización de la obra social”, dijo.

A su vez, “se creó un grupo de trabajo que estaba conformado por personal técnico-administrativo de la Corte y de la obra social”, detalló y contó que “el objetivo de corto plazo, como estábamos en pandemia, fue mejorar la web” ya que “estaba desactualizada, con falta de información, era bastante antigua y no se adaptaba a dispositivos móviles”, ni tampoco se podían sacar turnos online.

El funcionario a cargo del sistema informático del máximo tribunal desde 2016 apuntó que desde esa comisión “no se hizo una investigación del software existente. Lo que se planteó desde un momento inicial fue informatizar, porque lo que existía era un software antiguo o que por lo menos no cubría las necesidades”.

“Los softwares antiguos son más vulnerables que los actuales”, afirmó y al responder una pregunta de la diputada Mara Brawer (FdT) expresó: “No sé en qué tecnología estaba hecho, lo que sí me informaron es que era anterior a Windows”. “Nosotros dejamos a disposición de la obra social un proyecto para llamado a licitación, pero después de eso desconozco cómo continuó”, señaló.

En otro tramo del extenso interrogatorio, Sacchi confirmó la existencia del mail que el juez Juan Carlos Maqueda le envió a sus pares avisándoles que abandonaba la supervisión de la obra social. “De manera directa en el ejercicio de mi función lo vi”, aseguró ante la consulta de la diputada Paula Oliveto (CC-ARI) y reveló que Maqueda le reenvió el mail a él y a Marchi “por el trabajo que habíamos hecho” desde esa comisión.

Por otro lado, el director de Sistemas de la Corte confirmó que en la inundación que afectó el despacho de Silvio Robles -durante la feria judicial- una computadora resultó “afectada”. “La llevamos a sistemas para hacer un estudio de la misma”, relató y mencionó que “partes vitales de la computadora, como el disco rígido, no fueron afectados”. Sacchi insistió en aclarar que más allá del reemplazo de algunas piezas, “se devolvió la computadora tal cual como nos la habíamos llevado”.

Luego fue el turno de la secretaría privada del juez Juan Carlos Maqueda, María Bettina Bonucelli, quien ingresó a trabajar a la Corte en septiembre del 2002, pero en diciembre de 2005 la convocó Maqueda a “ser parte de su vocalía”. “Desde el 2013 hasta la actualidad soy subsecretaria administrativa producto de una corrida en la Corte por Marta Herrera Alem que pasó a desempeñarse como directora en la Obra Social del Poder Judicial”, contó ante la pregunta de la diputada Vanesa Siley (FdT).

“La mayor parte del trabajo se lo dedicamos al movimiento de expedientes judiciales y administrativos. En lo que va del año se recibieron 3.500 causas judiciales y se les dio salida a 2.500”, comentó y sumó: “Si recibíamos algún llamo o recibíamos a algún afiliado con algún problema o alguna queja”.

Al respecto, la funcionaria remarcó que “detrás de una queja o de un pedido de ayuda había una persona que estaba pasando por una situación de salud crítica, nadie venía porque tenía un resfriado. Todos quedábamos movilizados ante esas situaciones, era difícil”.

“Nosotros los escuchábamos y los orientábamos… los magistrados tenían recursos para estas situaciones. Eran más que nada empleados”, resaltó Bonucelli y agregó que “eventualmente se llamaba a la Obra Social porque había casos donde la urgencia era tal que había que llamar”.

La testigo afirmó que los reclamos “no se dejaban en ningún acta, ni informe”, pero remarcó que sí mantenían al tanto de la situación a Maqueda. “No se le contaba en el momento justo, pero si se lo mantenía al tanto de todo”, subrayó.

Al respecto, Siley consultó si Maqueda les daba “algunas instrucciones” ante dichos reclamos, a lo que la secretaria contó: “A veces sí, a veces no. Otras veces se lo comentaba a Tonón”.

“Yo llamaba a la dirección de Tonón y ellos resolvían los problemas, yo les pedía que se comuniquen con el afiliado para que sepan en qué situación estaban sus trámites”, relató y lanzó ante la pregunta de Ocaña que “desde el 2019 para la fecha, toda la pandemia, Tonón no vino a la oficina, y anteriormente habrá venido dos o tres veces al año, eso de todas las semanas no es así”.

Última testigo la afiliada a la OSPJN Valeria Díaz quien relató que tuvo problemas con la prestadora al rechazarle el pedido para la fertilización asistida: “Yo tenía la necesidad y las ganas de ser mamá, y la Obra Social seguía rechazándome por diferentes motivos, cuando había una ley nacional que decía que debía cumplir con esa prestación”.

“Empecé con muchas notas presentadas a la obra social, las cuales fueron rechazadas con el mismo argumento de que la donación no estaba regulada por el Ministerio de Salud. Envié una carta documento y también fue rechazada. Con un compañero que es abogado y con el sindicato al presentar un recurso jerárquico ante la Corte, pero lo único que hizo fue pedir informes al Ministerio para saber cuáles eran los centros dentro de la ley”, precisó.

“Al no tener respuesta empapelamos todas las paredes del Palacio de Justicia diciendo que la obra social no cumplía. Hicimos notas periodísticas para visibilizar todo. Después de eso me habilitaron, pero tardaron ocho meses”, agregó a su relato.

Además, sostuvo que “el Dr. Tonón me dijo si estaba segura de lo que iba a hacer porque era totalmente antinatural, y que él no veía lo que podía pasar si autorizaba el tema de los gametos; obviamente me dejó pensando en si estaba bien o mal lo que hacía”.

Picante fue el arranque en la reunión de la Comisión de Juicio Político de Diputados de este miércoles, luego de que el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, y el oficialista Rodolfo Tailhade se cruzaran por la ausencia del exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi.

Marchi pidió reprogramar su citación para la próxima semana, ya que fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social. Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no).

Al respecto, López pidió el uso de la palabra y, antes de fundamentar su postura, comentó: “Nos tendríamos que estar dedicando a otra cosa”.

“Usted dice que el contador Marchi no va a venir hoy. Más allá de que lamentamos que no venga porque es un testigo clave que, para trabajar de una manera más correcta, la reunión pasada dijimos ‘cortamos a tal hora y el testigo viene a la reunión siguiente’, cosa que no está ocurriendo”, arrancó su interrupción el lilito y sumó: “Nosotros pospusimos nuestras preguntas y tendríamos más preguntas para hacerle después de la particular declaración del testigo”.

Con tono elevado, disparó: “Esta particular declaración que hizo acá, ahora entiendo que la está llevando justo que se reúne la Comisión como si esta semana no tuviera cuatro días, la que viene no tuviera cinco días hábiles y parece que existiera sólo el miércoles a la tarde por fuera del horario de Tribunales, justo Marchi no puede venir hoy. Le tocó la suerte de que el juez Lijo, que lo tendría que estar investigando a Marchi, le toma declaración testimonial”.

“La conducta de Marchi que vino acá, yo creo que a decir alguna cosa que lo incriminan o incriminan al expresidente de la Corte al doctor Lorenzetti. En algún punto a cometer falso testimonio y tiene la suerte de que un juez federal le toma una declaración a medida el día que se reúne la comisión”, lanzó López.

En esa línea, denunció: “Yo sé que ustedes no se van a escandalizar por esto… yo entiendo que estemos todos mal, que el país la esté pasando mal, pero déjenme lo decir lo que pasa acá. Yo vi a muchos diputados muy entusiasmados la reunión pasada con la declaración de Marchi…. Marchi vino a decir acá algunas cosas que por lo menos son falso testimonio cuando no autoincriminación o incriminación de su jefe político y ahora tiene la suerte que el juez Lijo, gran amigo del FdT le hace estas declaraciones…espero que el doctor Marchi no tenga todos los días una declaración testimonial para no venir acá”.

“Yo sé que este Juicio Político se está muriendo, pero antes de que se muera preferiría tratar de tomarle testimonial a Marchi”, manifestó y sugirió: “Veremos qué se merece la actitud del juez Lijo, un pedido de Jury o un apercibimiento porque cierra la causa, reabre la causa. Tiene con Lorenzetti un vínculo bastante raro y le viene bien a Lorenzetti y a los amigos de ustedes”.

Por otro lado, planteó: “Son 8 los magistrados a los que se les está haciendo tareas de inteligencia ilegal. Sigamos en este proceso que es bastante patético que ni ustedes lo sostienen. Agradezcan que venimos a defender la legalidad porque si no esto estaría muerto”.

“Quiero hacer algunas apreciaciones respecto de la presentación en altavoz que hizo el diputado López”, arrancó su respuesta el kirchnerista Rodolfo Tailhade. “Ninguno de estos diputados tiene absolutamente nada que ver con la citación dispuesta por el juez Lijo respecto del contador Marchi. Nos hubiese encantando tenerlo hoy no solo para preguntar de la obra social sino de varias cosas”, expresó el oficialista.

Además, aseguró no conocer personalmente a Lijo: “Nunca lo vi. Creo que el 90% de los diputados que integran el bloque oficialista en la comisión no lo conocen y nunca lo vieron. No sé de dónde saca el diputado López que es amigo del FdT, un juez que está casado con la presidenta del Consejo de la Magistratura de la Ciudad puesta por Horacio Rodríguez Larreta”.

“No sé de dónde saca que es amigo del FdT un juez que metió preso a nuestro vicepresidente sacándolo en pantuflas”, volvió a preguntar y lanzó: “Si sé que, así como nosotros no conocemos a Lijo, el diputado López fue al despacho del juez Rosatti a pedirle por la cabeza de Marchi porque lo dijo el otro día el contador. No sé a título de qué y yo creo que también fue a pedir otra cosa más”.

Lejos de quedarse callado, el diputado de la CC-ARI le contestó: “Lamento que su inteligencia legal o ilegal le de mal los resultados. Habló de un matrimonio que, hasta donde sé, no existe, además de meterse en la vida privada de dos personas”.

“Tailhade cree que nos intimida ventilando cosas”, retrucó y afirmó: “Desde que soy diputado fui a la Corte dos veces y se lo relaté a una periodista que vino a declarar acá. No tengo ningún problema en decir que fui a la Corte, no oculto nada”.

En tanto, le dijo a Tailhade: “Usted está haciendo suyas las palabras del contador Marchi que me inicio dos mediaciones porque dije que para mí la Corte tenía que tener otro administrador general porque para mí era un mal administrador”.

Y le enrostró: “Usted ensucia a todo el mundo. Se cree demasiado vivo, pero es demasiado tonto para entender el derecho y para ejercer esa tarea de inteligencia que no le da miedo a nadie. Nos carpetea todos los días. ¿Cómo hay que contestarte?”.

La Comisión de Juicio Político, a cargo de Carolina Gaillard, lleva a cabo este miércoles desde las 15.19 su décimo segunda reunión a la cual fueron citados cinco testigos a prestar declaración por las “irregularidades” en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial. Sin embargo, dos de ellos informaron a último momento que no asisten: el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, quien no concurrió a la cita anterior por las nuevas funciones que ahora ocupa -reemplaza a Marchi-; y el contador público Nicolás Serafini.

En principio, la convocatoria estaba pactada para este jueves 4 de mayo con solo dos testigos: Héctor Marchi y Aldo Tonón, pero durante el fin de semana largo no solo se modificó el día y el horario sino también la lista de testigos convocados, por razones atendibles, vale aclarar.

De esta manera, trascendió que no estará Marchi, sino que será reprogramado para la semana siguiente. Pasa que el exadministrador de la Corte Suprema fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social. Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no). Ahora será reprogramado para el martes de la semana que viene.

En cuanto a Aldo Tonón, exdirector de la obra social, se lo mantenía en la grilla de convocados. Iba a ser la tercera vez, pero finalmente en la nómina conocida este martes ya no apareció su nombre. Según pudo saber este medio, es porque anticipó que mantenía su tesitura de no declarar ante la comisión, argumentando que hay en curso una causa en la que él está imputado y quiere evitar que algo que pueda llegar a decir en la comisión pueda ser usado en su contra.

La Comisión de Juicio Político ya rechazó en las dos oportunidades en que faltó esos argumentos y volvió a citarlo una y otra vez. En ese caso, parlamentario.com pudo saber que votarán este miércoles su citación por la fuerza pública.

Los testigos que prestarán declaración en esta reunión serán quien firmaba balances de la obra social el director de Informática de la Corte Suprema, Andrés Sacchi; María Bettina Bonuccelli, de la secretaría privada del juez Juan Carlos Maqueda y Valeria Díaz, damnificada por la obra social.

El reciente desplazado administrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi, afirmó en la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes, que lleva a cabo las investigaciones por supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN), que “siempre fue Juan Carlos Maqueda quien estuvo a cargo de la obra social”, y denunció que “todos los directos los eligió él y nunca hubo concurso”.

Previo a la ronda de preguntas, el contador pidió autorización para dar contexto a la situación de la Obra Social en la última década: “El período donde estaba Nicolás Reyes como administrador, estaban unidos el Consejo, la Corte y todo dependía de la Administración, esa es la razón de la acordada 31 del 2005 que se cita en la nota que envió la Corte durante la presidencia de Petracchi”.

“Luego se separó la Corte del Consejo. Cambió la presidencia y Reyes se retiró”, sumó y contó que al asumir “hubo que reorganizar todo. La nueva composición bajo la presidencia de Lorenzetti llegó a un acuerdo muy claro: desconcentrar las áreas y que no todo dependiera de la presidencia o de la administración como en el periodo anterior”.

Y precisó que eso dice la acordada 9/2008 “desconcentrar actividades ajenas a la administración”, y remarcó que por ese motivo se distribuyeron las áreas. “La doctora Highton de Nolasco con oficina de violencia doméstica, el doctor Maqueda con la Obra Social, Zaffaroni y Lorenzetti con el centro de información judicial. Cada ministro dirigía esa área y mandaba los proyectos de decisiones que el presidente firmaba, pero cada área era independiente”.

 Al respecto, subrayó que cuando se asignaron las tareas por acordada “Maqueda pidió expresamente que no se consignara en una acordada porque la Obra Social es conflictiva. Eso creó una especie de apariencia jurídica, pero está absolutamente claro que el doctor Maqueda dirigió la Obra Social durante todo ese periodo. Quedó a cargo de la Obra Social. Una prueba clara de ello es que todos los directores los eligió él y nunca hubo concurso. Por eso y dado los resultados que saltaron a la vista cuando el doctor Maqueda se retiró, es que Lorenzetti hizo una disidencia pidiendo que se concursen los cargos de directores y no se vuelva a incurrir en el mismo error”.

“Pero en este caso, nuevamente, se lo designó sin concurso y el doctor Altave a propuesta de Rosatti. Considero que es un error, lo expresé en el informe 1. Maqueda designó al directorio con Tonón. Me pidió que designara a un representante de la administración, luego me pidió que lo sacara. Por eso hay cierta confusión porque se dice que la obra estaba bajo la dependencia directa de la Administración y seguidamente se señala que tiene una autonomía funcional y financiera con la responsabilidad de un directorio. Algo contradictorio”, explayó.

Y continuó leyendo: “El directorio unipersonal decía todo. Con consulta permanente con el doctor Maqueda y luego a través de un mail dice que fue un error sacar a la administración de la obra, refiriéndose a la del doctor Reyes y dice que la única manera que funcione es bajo la supervisión de la administración. Por eso volví y comencé con los dictámenes de supervisión recién con la acordada 19/2021 que me coloca en la órbita de la obra social y con informes mensuales de supervisión”.

“Esos dictámenes fueron muy críticos. Si yo hubiese estado a cargo de la obra, no me hubiese autocriticado. Tampoco me hubiese sancionado con el traslado. Es absurdo que se diga que yo estaba a cargo de la obra”, se defendió el funcionario y cuestionó que “en el nuevo período tampoco cambiaron las cosas. El directorio lo propuso el doctor Rosatti. Los empleados se designaron a propuesta del doctor Altave, los auditores para controlar los designó la Corte. Yo me opuse a eso porque la apariencia bajo la transparencia hay un control de hecho. Eso le hace mal a la Corte y a todo el Poder Judicial de la Nación”.

Con gran expectativa, la Comisión de Juicio Político de Diputados recibió en la reunión de este martes a Héctor Marchi, quien fue administrador general de la Corte Suprema durante los últimos 15 años y tuvo a su cargo a partir del 2021 la supervisión de la Obra Social, ante la cual denunció que desde su desplazamiento él y personal cercano están siendo “víctimas de seguimientos y amenazas”.

Además, se despachó con dureza contra los jueces del máximo tribunal Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, dejando expuesta la fuerte grieta que existe en el seno de la Corte entre Lorenzetti y los restantes tres miembros del máximo tribunal. Asimismo, asoció al juez Juan Carlos Maqueda con la gestión de la obra social del Poder Judicial, sobre la cual recaen denuncias sobre presuntas irregularidades.

El funcionario judicial fue recientemente desplazado por el voto de la mayoría de los jueces del máximo tribunal. Por el voto de Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda –Ricardo Lorenzetti se opuso-, Marchi fue apartado de su cargo y trasladado al fuero de la Seguridad Social días atrás y advirtió que su salida fue una “sanción encubierta” contra su persona.

Desde el oficialismo, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, denunció públicamente que Marchi se aprestaba a enviar a la comisión una serie de auditorías e información recopilada en el denominado “informe Marchi” -de 20 mil fojas- sobre serias irregularidades en el manejo de los fondos de la OSPJN, justo cuando fue desplazado.

En el arranque de la reunión, Gaillard recordó que “en la Acordada 11/23 de reestructuración funcional hay una disidencia del doctor Lorenzetti donde menciona que el contador Marchi habría elevado un informe sobre la obra social y que eso podría estar vinculado a su desplazamiento”. Por eso, “se entendió que era lógico” convocarlo a la comisión, argumentó. 

A continuación, informó que “afortunadamente, en el día de ayer, la Corte se expidió y ha contestado el oficio que esta comisión le requirió enviando toda la información”. Sin embargo, “teniendo en cuenta que esta información llegó anoche y no va a ser posible poder estudiarla con detenimiento, se lo va a volver a citar (a Marchi) para que venga a otra reunión”, que se realizará el próximo jueves 4 de mayo (atento que el martes 2 no habrá reunión por el feriado del día anterior).

Antes de pasar a la ronda de preguntas, Gaillard le aclaró: “Lo hemos citado para el día de hoy porque a raíz de la acordada 11/23 esta comisión se notificó a partir de la disidencia del doctor Lorenzetti que usted había elevado un información que la comisión había requerido a la Corte y pedimos que sea enviada con 24 horas y fue recibida anoche a última hora”, por lo que le solicitó a Marchi su presencia la próxima semana porque “mucha de esa información no la hemos podido verla en detalle y con precisión y profundidad que queremos”.

El funcionario confirmó su presencia manifestando: “No tengo ningún problema, me parece totalmente lógico porque son 20 mil fojas, cuatro informes, un acta final, 30 recomendaciones y me parece muy prudente y beneficioso que todos ustedes lo puedan leer en profundidad y se puedan discutir adecuadamente”.

Previo a las preguntas, pidió hacer algunas salvedades: “Quiero dejar en claro que la situación en la que vengo a declarar es en el marco de una demanda civil que yo tengo con la diputada (Elisa) Carrió. La causa se encuentra en trámite. Públicamente ustedes saben que yo he pedido dos recusaciones por el tiempo transcurrido porque me parecía un tiempo totalmente prolongado cuatro años y medio paradas las causas cuando, en realidad, en instancias anteriores se demoró menor tiempo, una de ellas fue rechazada en menos de 24 horas y la otra fue rechaza cambiando la jurisprudencia”.

“Si bien son cuestiones que acepto como los fallos como debe ser, como este juicio lo voy a seguir en tribunales internacionales y con el mayor respeto a la exdiputada Carrió, me voy a tomar reserva de algunas cuestiones porque tiene que ver también con el Juicio Político hacia el juez Lorenzetti que me incluye en donde las denuncias formuladas tienen que ver, en su mayor parte, con esta demanda que está en trámite con el agregado del tema de la obra social en donde estoy señalado puntualmente y en donde me gustaría dar las respuestas que correspondan”, planteó.

Marchi denunció que “en este tiempo, luego de que esta situación tomó estado público, se han producido un montón de hechos que tienen que ver mi persona. No me refiero solo a haber dividido una Secretaría General de Administración, que está en toda su facultad la Corte de hacerlo, pero si en un traslado que yo lo considero una sanción totalmente encubierta en donde la secretaría que se ha dividido y la sanción que se ha aplicado incluyen a todas las personas que hemos trabajado en la Auditoría de la Obra Social.

“Yo he sufrido seguimientos, hay amenazas contra funcionarios que han colaborado conmigo y hay cuestiones que realmente ya exceden el marco de un tema tan particular como es el tema de la Obra Social y que genera mucha presión en mí, pero no me impide en venir y contar la verdad y ayudarlos a avanzar con este tema tan importante”, afirmó.

El testimonio

Fue el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau el encargado de abrir el interrogatorio preguntándole respecto a su llegada a la Corte, a lo que Marchi contestó que fue por su trayectoria y aclaró: “No soy kirchnerista ni de cambiemos porque en las distintas etapas de los gobiernos he sufrido pintadas de que era de uno o de otro y tuve bravas discusiones con todos judicialmente, pero siempre defendiendo los intereses del Poder Judicial”.

“Recibí un llamado de Lorenzetti cuando yo estaba a cargo de la Secretaría de Hacienda de mi provincia. A partir de mi gestión en Santa Fe me propuso la idea de charlar con todos los ministros de la Corte de venir a trabajar en temas presupuestarios y económicos que estaban totalmente olvidados en la Corte Suprema”, contó e indicó que fue director en el 2007, en el 2008 estuvo como subadministrador acompañando un mes a Nicolás Reyes.

En esa línea, recordó que al llegar la Corte Suprema tenía un estado muy “difícil. No estaban ni los foquitos de la entrada. Lo primero que hice fue poner iluminación para que haya transparencia. Había fondos de presupuestarios, no había un circuito administrativo armado y no había una estrategia financiera armada”.

“Todos los ministros me pidieron algo, pero especialmente el doctor Carlos Fayt me dijo si tenía la suficiente fuerza para defender al Poder Judicial fuera del Poder, pero por sobre todo dentro para arriba y para abajo. Yo me comprometí con el doctor en hacerlo y me dijo que si no lo hacía no podía seguir estando en el Poder Judicial y menos en la Corte. Esa fue mi llegada”, relató Marchi y aclaró que durante 16 años trabajó los miembros de Reyes y lo acompañaron con el manejo del dinero “todas mujeres, no tengo hombres dentro de la administración que manejen el presupuesto. Estoy honrado de que mujeres hayan hecho tan hermoso solamente con la estrategia que fijé, me duele cuando se duda del trabajo realizado”.

Y volvió a denunciar que “la administración que realizamos ha sido desguazada y he sido trasladado, en lo cual los funcionarios están siendo amenazados”.

El funcionario precisó que en 2015 se suprimió la Secretaría General de Gestión y las áreas se unieron a las de la Secretaría General de Administración. “Se hizo para buscar mayor eficiencia y evitar menores costos”, explicó y criticó que “tenemos menos personal a pesar de las áreas creadas. La planta de personal habilitada es de 4.700 empleados, y la ocupada es de 2.500 o sea que está prácticamente en la mitad, la mitad de los cargos están vacantes y parte de la política de responsabilidad fiscal obedece a eso”.

Por otro lado, informó que las acordadas antes de su resolución tenían que pasar por todas las áreas competentes dependiendo del tema que se trataba. “Esa era la costumbre por solemnidad se tenía que hacer”, remarcó y alertó que “esa formalidad hoy en día no se respeta totalmente”.

“Hay muchos cambios que a mi me generan dudas como por ejemplo que la mesa de entrada de la Secretaría General de Administración pase a la Secretaría General de Asuntos Jurídicos. Se destruyeron todas las auditorías vigentes”, planteó el santafecino comentó que “nadie” habló con él respecto a su desplazamiento.

Al ser consultado por Moreau sobre la Supervisión en la Obra Social explicó que el sistema “venía de un deterioro que hizo explosión en pandemia. En ese momento Maqueda, que estaba a cargo, me llamó y me preguntó cuáles eran los principales problemas que podría haber ahí. Para mi el problema era con los prestadores que tenían aranceles muy bajos y por otro lado que había un grave problema al no tener un sistema informático. Ahí se creó la Comisión de Informatización Judicial de la Nación de la cual fui presidente. A los cuatro meses entregamos un proyecto para licitar un software de gestión general para que la Obra Social le agregue sus especificaciones, pero no pasó nada y los problemas aumentaron. Ahí me designaron y se hizo un diagnóstico de donde salió la acordada y di las recomendaciones de lo que se podía hacer. Ese fue el primer informe”.

Al respecto, indicó que en dicho informe destacó los tres problemas que detectó: de tipo orgánico donde había un directorio unipersonal que tomaba las decisiones y delegaciones a personas para tomar actos importantes; había cargos vacantes de mucha importancia y las locaciones de servicio. “Aconsejé que se incorporara a un contador y a un abogado del Poder Judicial porque son los que más conocimientos tienen de lo que es la Obra Social”, contó.

“La Obra Social cuando yo ingresé estaba fundida, no tenían ni para pagar los sueldos”, lanzó Marchi y destacó que la Secretaría General de Administración logró salvar la Obra Social.

Además, sostuvo que hubo tres meses de 2021 donde “se produjeron los tres primeros informes. El primero era un diagnóstico, el segundo avanzaba con el primero y el torcer informe marca una serie de deficiencias en la obra social. El informe cuarto fue entregado a la presidencia y recibido por Silvio Robles”.

“Robles era el vocero de Rosatti dentro de la Corte, él hablaba con los directores y era una cuestión con la que yo no estaba muy conforme. La manera de manejarse de esta persona llevaba indicaciones a los directores de parte de Rosatti o de parte de los tres ministros, cosa que no me consta y por lo que algún ministro me ha reclamado no le entregó el informe cuatro”, describió.

Por otro lado, explicó que el Fondo Anticíclico de la Obra Social firmada por los siete ministros de la Corte se creó a partir de los excedentes que se generaron a partir de la política de salarios altos. “Los ministros determinaron que parte de ese dinero pase a la Corte Suprema y fue el directorio de la Obra Social el que fijó el montó para transferir. Eso no implica manejar la Obra Social porque queda con su dinero para manejarse”, precisó y opinó que la Obra Social en materia de gestión financiera “es un desastre” porque “hay remanentes de 10 mil millones en cuentas corrientes porque no hacen los plazos fijos y eso remunerado en 8 meses implica perder 3 mil millones de pesos para la obra social”.

“Esta Auditoría que estuvo unos años, lo que hicimos fue detectar todas las falencias de una Obra Social en todos los sentidos para mejorarla para 100 mil afiliados que se merecen un mejor servicio de salud”, planteó el administrativo.

En suma, el funcionario subrayó que Maqueda supervisaba y estaba la tanto de todos los actos que se realizaban. “El doctor Tonón le llevaba todas las cuestiones para que se autoricen porque nada se hacía sin la autorización de Maqueda. Cualquier movimiento en la Obra Social tenía que ser autorizado por él. Hay un cúmulo de erogaciones que tiene que ver con la compra de medicamentos de compra directa sin expedientes, sin dictámenes, solamente con una orden de arriba”.

“Tonón, a propuesta de Maqueda, fue presidente de la Obra Social. Él empezó como auditor de la obra social”, aseguró el contador y afirmó que Maqueda estuvo “casi 10 años como responsable de la Obra Social”.

En una breve interrupción, la oficialista Mara Brawer le solicitó al testigo que expliqué qué informe no entregó Robles y a quiénes.

“Primero hubo reticencia a aceptármelo. Nadie quería recibirlo al informe cuatro, lo mandé de prepo a presidencia y lo recibió el señor Robles. Al doctor Lorenzetti no se lo mandó. No me consta si se lo mandó a los demás, pero obedece al grado de informalidad con que se está manejando la Corte porque si todo fuese por los carriles normales, no ocurrirían este tipo de cosas. El traslado que han hecho de mí, luego de mostrarles cómo está la administración, obedece al informe cuatro que está la punta del ovillo porque involucra al doctor Altave que fue propuesto por Rosatti y Robles lo escondió, por más amenazas que tengo, pero lo voy a decir”, denunció.

“La informalidad llegó para quedarse en la Corte. El informe cuatro es el ovillo y generó mi trasladó. También hubo otro tipo de informalidades a las que me opuso porque se usaron aparatos por fuera de mí y de mi administración. Es muy grave. En diciembre el señor Robles eliminó el mail del presidente de la Corte y dio la orden al director de sistema que manden todo al mail de él”, planteó.