El jefe del bloque oficialista elogió “la serenidad y la humanidad” de la vicepresidenta durante una entrevista televisiva. “Tenemos que utilizar las primarias”, opinó sobre las elecciones.
El jefe del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, se refirió a la entrevista que concedió en C5N la vicepresidenta Cristina Kirchner, y consideró que “planteó una agenda de transformaciones pendientes, no de nuestro gobierno, sino de la República Argentina, que tiene que ser parte de la propuesta de nuestro frente electoral en las próximas elecciones” sobre los aspectos “economía, productivo e institucional”.
“Tuvo la serenidad y la humanidad de alguien que tiene absolutamente claro que hizo y hace todo lo que tenga que hacer en función de la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, expresó el santafesino, que también valoró su “perspectiva histórica” al mismo tiempo de “una impronta hacia el futuro”.
En ese sentido, el legislador mencionó que la vice habló de “dejar la posta a los hijos de la generación diezmada”. “No sé si serán los hijos o los hermanos más jóvenes”, dijo en declaraciones a El Destape Radio.
Además, Martínez, hombre cercano a Agustín Rossi, opinó que en el Frente de Todos tienen que “utilizar las primarias”. No obstante, agregó: “Con la calidad de nuestra dirigencia yo creo que cualquier opción está abierta”.
Por otra parte, en alusión a la declaración de Aldo Tonón ante la Comisión de Juicio Político, el presidente de la bancada oficialista señaló que “estuvo dando muy buena información en determinado sentido” pero “en muchos momentos amparandose en el artículo 18, un recurso al que recurrió excesivamente, asesorado por su abogado (Mauricio D’Alessandro)”.
“Quedó claro que a él lo puso en ese lugar (el juez Juan) Carlos Maqueda. Esto es clave, porque hasta este momento había quedado dando vueltas la idea de que la obra social era autónoma. Autónoma nada, a él lo eligió Maqueda y una vez por mes, inclusive yendo al Palacio de Tribunales, él rendía cuentas y le preguntaba las cosas que tenía que decidir al juez Maqueda”, resaltó.
El diputado subrayó que Tonón “dejó claro el desorden que tiene la obra social en dos frentes que para nosotros son fundamentales: el informático, porque tiene un sistema informático previo a Windows; y el régimen de compra, que es previo a (Héctor) Cámpora, de 1972. Si no tenes sistema informático y régimen de compra, la corrupción está a la vuelta de la esquina, y ahí ya no estamos hablando de una cuestión eminentemente administrativa sino de la posible comisión de delitos”.
Sobre el pedido de ampliación de juicio político contra la Corte, Martínez cuestionó que “en 13 páginas suspendieron las elecciones en dos provincias, se llevaron puesto el federalismo con 12 considerandos y además abriendo la puerta a tomar decisiones similares en otras jurisdicciones”. “A nuestro criterio la Corte no tiene competencia originaria; lo dijo la Procuración”, sumó y denunció que “además manipularon los tiempos”.
En el marco del a décimocuarta reunión de la Comisión de Juicio Político se presentaron tres testigos, entre ellos el exdirector de la OSPJN.
El FdT presentó una ampliación del pedido de jury contra la Corte por la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán. En tanto, JxC pidió incorporar los expedientes de pedido de juicio político contra el presidente. Pasaron 3 testigos este jueves.
A exactamente un mes de haber iniciado las audiencias con testigos puntualmente sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Comisión de Juicio Político de Diputados llevó a cabo este jueves la quinta reunión para indagar sobre esta causal y la decimocuarta desde que arrancó el proceso contra los jueces de la Corte Suprema.
Pasada la media hora de la convocatoria, la reunión comenzó con un tercio de los miembros presentes, algo que reclamó enfáticamente Juan Manuel López, el único diputado de Juntos por el Cambio que ingresó cuando quedó abierta la reunión y pidió que quede constancia. “Yo entiendo que les dé vergüenza no tener quórum”, chicaneó. Más tarde, entraron a la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja el resto de los legisladores opositores.
En la previa del encuentro, tal como anunciara la semana pasada por cadena nacional el presidente Alberto Fernández, un grupo de diputados del Frente de Todos presentaron una ampliación de pedido de juicio político a raíz de los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán.
Como respuesta, el jefe de la UCR, Mario Negri, anticipó que harán uso del artículo 109 para que se incorporen los expedientes de pedido de juicio político contra el presidente.
A su vez, Gaillard informó que la próxima reunión será el martes 30 a las 13 -debido al fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo- en la que continuarán indagando sobre las irregularidades en el manejo de la obra social. Además, comentó que los siguientes temas serán Coparticipación, Consejo de la Magistratura y las audiencias remantes.
Promediando la audiencia, pasadas las 13, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, informó a los miembros que le comunicaron de la secretaría del Juzgado Federal N° 12, Mabel Castelnuovo, que se había dispuesto notificar al doctor Aldo Tonón para que compareciera a testificar. Y así fue.
El exdirector ingresó a las 15.20 a la Sala 1 del Anexo y estuvo más de cinco horas respondiendo preguntas, muchas de ellas las evitó amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional para “no auto incriminarse” en las causas en las que está imputado por el mismo tema. Tonón afirmó que “la situación que tenía la Obra Social no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”.
Al finalizar su testimonio, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade adelantó: “Vamos a evaluar las versiones taquigráficas porque hay contradicciones con otros testigos y en algunos casos hay mentiras. Vamos a hacer una consideración del caso Tonón. Me pareció que fue un testigo reticente porque nos opuso la garantía del artículo 18 cuando no correspondía y eso es un engaño a la autoridad, en algún momento vamos a hacer una presentación”.
Durante la jornada se aprobaron dos pedidos de ampliación de pruebas. Uno del diputado Rodolfo Tailhade, sobre cuestiones vinculadas a la causa de Coparticipación y a declaraciones de Héctor Marchi, y otro de la diputada Vanesa Siley, para convocar a nuevos testigos en la causa de Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial, en total son 10.
A pedido del jefe del bloque oficialista, se aprobó la citación de los actuales presidentes de la Obra Social, Mariano Althabe, y a la vicepresidenta Cora Borensztejn. “Nosotros no acompañamos porque no vamos a estar hasta fin de año tomando testimonio”, aclaró Juan Manuel López.
En dicho encuentro, se ausentaron Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos. En el primer caso por un pedido de reprogramación, y el segundo porque no se lo pudo localizar, ya que a la dirección donde se le envió la notificación era una oficina que estaba vacía.
El primer testigo en declarar fue Sebastián Clérici, titular de la Dirección Jurídica General de la Corte y quien está a cargo ahora de manera transitoria de parte de las labores que hacía Héctor Marchi, desplazado de la Secretaría General de Administración; quien hasta abril de este año era titular de la Dirección Jurídica General y ahora ocupa transitoriamente la Secretaría Jurídica General, fue consultado en virtud de haber sido presidente de una comisión auditora sobre la obra social que se conformó en 2021.
Al responder preguntas de la diputada Vanesa Siley (FdT), el funcionario reveló que “cuando un afiliado no recibía una prestación en todo o en parte conforme a lo peticionado existía la posibilidad de presentar un recurso jerárquico ante la Corte”. Sobre su área, dijo: “Cuando recibíamos esas acciones actuábamos igual que con cualquier otra, no es que tenían un trámite fuera de la celeridad por la cuestión de salud que tenían”.
Respecto de la “naturaleza jurídica” de la obra social, Clerici definió que “es una dependencia de la Corte Suprema, donde el directorio está dotado de amplia autonomía de gestión, individualidad administrativa, facultades para resolver-ejecutar y responsabilidades personales”.
“La auditoría que se nos encargó, que involucraba 13 años de gestión, a nuestro criterio no debía superponerse con las autoridades a las que el tribunal les había conferido, en distinto grado, competencias para la gestión actual de la obra social”, expresó.
Durante su testimonio, el secretario letrado resaltó que “muchas de las observaciones que se señalan en la auditoría probablemente hayan sido advertidas por algunas de las autoridades que se estaban ocupando de la gestión”.
Consultado por las vacancias que hubo -durante todo el período analizado por la auditoría- de los cargos de subdirectores médico y administrativo, el funcionario explicó que para estos nombramientos deben intervenir “distintos órganos” pasando por “la propuesta del director, la propuesta del directorio y luego designación por la Corte, como cualquier empleado de dependencia de la Corte Suprema”.
En el interrogatorio, que duró cerca de tres horas, Clerici fue consultado por el diputado Ramiro Gutiérrez (FdT) por el tema del acceso a las declaraciones juradas y patrimoniales de funcionarios y magistrados de la Corte. “Se está iniciando el proceso de pedido para que los funcionarios entreguemos las DD.JJ.”, dijo el testigo y apuntó que el procedimiento de acceso al público está “previsto en dos o tres acordadas de la Corte”.
Sobre esto, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), recordó que “el pedido de juicio político de la diputada (Paula) Oliveto hacía referencia a cómo la Corte había violado la Ley de Ética Pública estableciendo un régimen especial de publicidad para las DD.JJ. de los jueces de la Corte Suprema”.
Uno de los temas sobre los que se hizo bastante hincapié fue en “el régimen legal aplicable para licitaciones y contrataciones” que se basa en el decreto 5720/72, referenciado en una Ley de Contabilidad derogada. “¿Cómo es que la Corte utiliza un régimen que está derogado desde hace 23 años?”, consultó la diputada Siley, a lo que Clerici confirmó que “la Corte adoptó un reglamento autónomo que viene aplicando con algunas modificaciones desde el año 2000, ese reglamento autónomo se basa en el decreto 5720”.
Más adelante, Siley subrayó que “en ninguna de las contrataciones encontramos referencia a ese reglamento autónomo” del que habló Clerici y advirtió que “los oferentes no tienen el encuadre legal adecuado”. “El procedimiento interno en tiempo real de las contrataciones o cómo lo hace la obra social no es algo que hayamos hecho en el marco de la auditoría, ni correspondía”, respondió el funcionario. No obstante, aclaró que en la auditoría se advirtió que no debería hacerse referencia a la Ley de Contabilidad derogada y que hubiese sido conveniente adecuarlo.
A su turno, el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) quiso indagar sobre el rol de la Secretaría General de Administración -hasta abril comandada por Héctor Marchi- en lo concerniente a licitaciones que en algunos casos la obra social remitía a la Corte. “La obra social respondía que era según el valor y la envergadura de la licitación”, afirmó el secretario letrado.
La siguiente fue Laura Ambrosio, afiliada damnificada de la OSPJN una mujer de 49 años quién enviudo hace uno, fue consultada por el diputado nacional Leonardo Grosso (FdT – Buenos Aires) sobre su dependencia y utilización de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
Ambrosio respondió: “Trabajo en el Juzgado de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y soy afiliada desde el 1999, también mi marido (fallecido) y mi hijo)”. De entrada, aseguró: “La obra social no la utilizaba demasiado, empecé a notar problemas cuando la uso mi marido al que le diagnosticaron cáncer y ahí vi problemas”.
Respecto al tratamiento, la testigo relató que necesitaba terapia de rayos de onda corta y quimioterapia de forma urgente, pero “no autorizaban y recurrimos a un amparo”. “Una medida cautelar nos dio la razón y lentamente empezaron a autorizar”, señaló.
Sin embargo, la quimioterapia que debía realizarse cada quince días necesitaba la autorización de un medicamento, el cual debía estar listo 48 horas previas a la sesión y “nunca estaba el medicamento listo como requiere el tratamiento”, indicó.
“Llamaba y atendía un empleado que obviamente no te lo solucionaba, y la medicación llegaba a último momento. Era un stress permanente cada quince días”, enfatizó. Del mismo modo, amplió que “se veía agravado porque debía cumplir mis tareas y las de él, más el stress de luchar contra una obra social que no daba cobertura”.
El problema de Ambrosio se agravó cuando el 14 de abril de 2022 su marido “tiene un comportamiento extraño y lo llevo a la guardia para quedar internado”.
“No sabían si el tumor había llegado al sistema nervioso, pero logran determinar un cuadro psiquiátrico, es dado de alta a los quince días y determinan la internación domiciliaria”, relató.
Inesperadamente para Ambrosio, la quimioterapia es suspendida “porque no podían hacer las dos cosas a la vez”. Así también, aseveró que “la internación domiciliaria es el nombre nomás porque no mandaron enfermeros, el clínico venía una vez por semana y solo venía para ver si tenía medicaciones, no lo revisaba”.
Tras varios reclamos por la ausencia del psiquiatra, Ambrosio decidió buscar un lugar de cuidados paliativos dónde su marido estuvo los últimos 20 días de vida. “Cuando averiguaba por cuidados paliativos me mandaban a una dependencia interna pero no se ajustaba a lo que necesitábamos”, agravó en el relato.
Además, contó que “las cosas (necesarias para la internación domiciliaria) nunca aparecieron y no hubo tiempo de hacer (otro) amparo porque murió a los dos meses”. “Tampoco llegamos a tener Certificado de Discapacidad”, siguió.
La parte más dura del relato de Ambrosio fue cuando manifestó que “mi marido se cayó de la cama y hasta que vino la ambulancia pasó tres o cuatro horas en el piso”. A su vez, agregó: “Llegaron, lo levantaron y me dijeron que lo limpie yo”.
Finalmente, el marido de Ambrosio falleció mientras se encontraba en Hospital San Camilo “sin ninguna injerencia de la obra social”. El legislador Grosso consultó porque no la usaba antes y la testigo respondió: “No la usaba antes porque hace 17 años transité enfermedad y me vi autorizando ordenes continuamente con dos o tres horas de trámite para hacer estudios”.
En el cierre, la diputada nacional Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz) le preguntó sobre los reintegros por los cuidados paliativos y Ambrosio cerró: “Solicité en la casilla de internación domiciliaria y ellos dijeron que no tenía cobertura”.
Tras ser citado en tres oportunidades, el exdirector de la OSPJ compareció ante la Comisión de Juicio Político y contó que “el patrimonio neto al 31 de diciembre de 2022 era de 46 mil millones de pesos”. En varias ocasiones recurrió al artículo 18 de la Constitución para no responder algunas preguntas.
La cuarta fue la vencida. A las 15.20 se hizo presente en la Sala 1 del Anexo de Diputados el exdirector de la OSPJN, Aldo Tonón, ante la reunión de la Comisión de Juicio Político de este jueves en el marco de su quinta audiencia de indagatoria sobre las irregularidades en el manejo de la obra social.
Durante su larga exposición, que se extendió por más de cinco horas, se amparó en varias ocasiones en el artículo 18 de la Constitución para no responder ciertas preguntas al estar imputado en una causa que también investiga el mismo tema. En tanto, afirmó que “la situación que tenía la Obra Social no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”.
Tonón se había negado a asistir a la comisión en tres oportunidades. El pasado 3 de mayo la mayoría oficialista aprobó pedir que sea traído por la fuerza pública, algo que requiere la intervención de un juez.
“Nos hemos comunicado con el juzgado del doctor (Ariel) Lijo y ha manifestado que aún está pendiente de estudio y de resolución la medida que ha solicitado la comisión, que es que el testigo venga con el auxilio de la fuerza pública, teniendo en cuenta que ha sido citado en tres oportunidades y ha incomparecido al llamamiento”, informó en el comienzo la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard.
Además, la diputada resaltó que de las tres causas vinculadas a la obra social que se tramitan en la Justicia, dos están en el juzgado de Lijo y una en el de Daniel Rafecas, pero “solo en una causa está imputado el doctor Tonón” que es en la que “se investiga la denuncia de un extrabajador, que lo denuncia por usar un software para seguir a trabajadores de la obra social, ahí sí está imputado. Por lo cual “no habría ningún motivo para que el doctor Tonón no comparezca ante esta comisión”, dijo Gaillard.
Promediando la audiencia, la presidenta de la comisión informó que acababan de llamar de la secretaría del Juzgado Federal N° 12, Mabel Castelnuovo, para informar que desde allí se había dispuesto notificar al doctor Tonón, quien “estará viniendo hoy como testigo a la comisión”.
“¿Tiene que venir, lo van a traer?”, consultó Juan Manuel López, titular del bloque CC-ARI, a lo que Gaillard respondió: “Lo están yendo a notificar… Notificarlo de que tiene que venir, no sabemos si el testigo está viniendo”.
Ante ello, el diputado de la Coalición Cívica sugirió que el juzgado “nos mande la resolución” adoptada, y a continuación el diputado Leopoldo Moreau dijo que adhería al pedido de López. “Es importante que el juzgado envíe el escrito, porque es muy importante el fundamento con el que ha tomado esta decisión”, precisó.
Tras el ingreso de Tonón a la sala y previo a la ronda de preguntas, Gaillard aclaró: “Al testigo se lo ha citado en tres oportunidades, como incompareció el testigo aduciendo la imposibilidad de declarar para no auto incriminarse porque hay tres causas penales que investigan el tema de la obra social, y una de ellas que es la única que está imputado el doctor Tonón, pero no es la que se está ventilando acá en la comisión”.
Palabra que se hizo esperar, el exdirector de la OSPJ afirmó conocer a los magistrados de la Corte Suprema, pero negó tener una relación y/o vínculo personal. El primero en interrogarlo fue el diputado oficialista Rodolfo Tailhade quien le pidió que explique las circunstancias que “rodearon” su ingreso a la OSPJ, ante lo que Tonón contó que su ingreso fue en 2007 luego de una entrevista “a raíz de un conocimiento por una persona en común me solicitaron un CV sobre toda mi trayectoria médica, yo llevo 49 años de profesión de los cuales 35 están destinados a la gestión. Tras unos meses me citaron a una entrevista con Maqueda”.
En ese marco, aclaró: “No soy amigo personal de Maqueda, sino que la relación que mantuve es solamente a través de ese vinculo laboral que se constituyó. Tuve entrevistas con otros jueces. En ese momento con los distintos jueces de la Corte que, en ese momento, estaba constituida por 7 miembros”.
“Me pidieron hacer un trabajo de auditoría externa sobre una causa penal que estaba en curso que tramitaba en el exjuzgado del juez Bonadío que era la estafa que se había detectado con las prestaciones de odontología. A raíz de eso, trabajé durante 6 meses con un contrato de locación de servicios. Hice un informe y lo documenté que está en poder de los miembros de la Corte donde se aclararon todas las situaciones y la propuesta de un replanteo en el armado de la OSPJ dadas las características y la situación que la obra social tenía de no ser una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”, relató.
Asimismo, reiteró que su ingreso fue para una “determinada tarea en la Auditoría de la Obra Social con el punto de inicio en una causa penal que tenía 17 imputados referida a las prestaciones odontológicas. De ahí se fue abriendo el espectro de evaluar las distintas situaciones que se estaban dando y se podrían haber dado en la obra social y un proyecto de ordenar a la obra social”.
“Con el tiempo surgió el pedido de hacer una proyección de cómo la obra social se podía reordenar”, insistió Tonón. Ante la consulta de Tailhade sobre el ingreso formal a cargo de la Obra Social, el médico explicó: “Se dio a través de la modificación estatutaria nueva, el funcionamiento y el organigrama de la obra social presentado donde los señores ministros de la Corte deciden conformar una reforma del funcionamiento de la obra social y, a través de la constitución de un directorio de tres personas”.
En ese sentido, precisó que el ofrecimiento del puesto fue hecho por los titulares de la Corte Suprema con la anuncia del resto de los ministros, la acordada por la que se aprueba el estatuto y se asigna la constitución de las autoridades de la obra social “está firmada por los siete ministros”.
“Se dio a través de la acordada la propuesta de estatuto, el funcionamiento, el organigrama de la obra social presentado, y el proyecto de modificación en la obra social para transformarla en una obra social acorde a las circunstancias del momento”, ratificó el testigo.
Al respecto, Tailhade le preguntó si recibió algún tipo de instrucciones de cómo querían los jueces que sea la gestión de la obra social. “Creo que si leemos los primeros artículos del estatuto de la acordada 5 del 2008 dice cuáles son los fundamentos y para cuáles son los objetivos de querer y la modalidad o el modelo de obra social que querían. Eso lo habrán discutido entre ellos”, indicó el exdirector.
“Asumí el cargo que me ofrecieron junto con el directorio y continué hasta el 9 de marzo en que presenté la renuncia, pero desde el 31 de diciembre de 2021 yo dejé de estar operativo en la obra social para poder tomar todas las vacaciones reservadas y que no pudieron ser tomadas durante años anteriores. En febrero del 2022 en el cual se hizo un citatorio para hacer cambio de autoridades porque yo ya había decidido que no iba a continuar. Se hizo una reunión de los dos directores de la nueva gestión que son el doctor Althabe y la doctora Borensztejn en el cual se cambiaron los directores. Me abstuve de postularme o aceptar cualquier cargo”, detalló.
En esa línea, el diputado kirchnerista indagó sobre su decisión de renunciar. “Ya no quería continuar trabajando. Tengo 74 años, llevo 50 años en la profesión y 35 en la gestión, me sentía cansado y agotado y por eso decidí como cualquier ciudadano jubilarme”, sostuvo.
Al ser interrogado por la gestión y la trayectoria, Tonón manifestó: “Está todo documentado en la Obra Social y como estoy imputado en las tres causas en las cuales puedo auto incriminarme en el funcionamiento voy a hacer uso de las facultades que me otorga el artículo 18 de la Constitución Nacional”.
Al respecto, Gaillard le aclaró que es por “preguntas relacionadas a las causas en las que está imputado que puede hacer uso de dicha facultad. Si es una causa en la que no está imputado puede responder. Usted no está imputado en las causas de irregularidades en la Obra Social…el testigo puede hacer uso de la facultad o abstenerse de responder alguna pregunta vinculada al hecho que se investiga”.
Pidió la palabra el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez, quien comentó: “Solo para tranquilidad y para no estar hablando con el abogado que no puede ser parte de la reunión. Hay cosas que seguramente el testigo puede decir incluso respecto de estos temas de imputaciones que puede tener las distintas causas en términos jurídicos de acuerdo a la información que le atiende a su abogado sin necesidad de que hable. Tratemos de hacer todo lo más fluido posible”.
Al retomar el interrogatorio, Tailhade volvió sobre su pregunta anterior: “¿Usted considera que hablar sobre eso lo puede comprometer en la investigación penal?, a lo que Tonón contestó: “Si porque temas que están en la investigación penal se refieren a la gestión”. Lejos de cerrar ese tema, el diputado oficialista insistió: “Si, pero se refieren a hechos puntuales que podrían haber sido considerados posibles delitos de acción pública que disparó una investigación. No sé si eso forma parte de las investigaciones que se están haciendo en sede penal”.
“Creo que usted desconoce cuales son las causas que están en sede penal”, disparó el funcionario, ante lo que Gaillard intervino con una aclaración: “Nosotros antes hemos leído las distintas causas que usted tiene y tramita en causa penales la 7686/21 donde nos consta que no ha sido imputado en la causa. En la causa 5666/21 el fiscal si lo imputó, pero no tiene que ver con la investigación que estamos ventilando en este juicio y en la causa 4462/22 no está imputado. Digo para clarificar las causas que tramitan y en las que puede abstenerse si siente que se está auto incriminando”, y agregó: “Evitemos las preguntas sobre la gestión porque muchos de los hechos ya fueron comprobados por los testigos anteriores”.
Tonón explicó que la obra social “es una institución que tiene independencia y autonomía de gestión económica, administrativa y financiera, por lo tanto, los ministros estaban informados sobre el funcionamiento y qué se estaba haciendo, pero no le tenía que pedir permiso excepto que fueran situaciones de envergadura que el propio estatuto lo dice”.
“Cualquier ministro que quisiera tener información de la obra social y me consultaba, tenía la respuesta porque la obra social dependía… lo dice el estatuto no hace falta repetirlo”, contó y sumó: “El estatuto establece de quién dependía la obra social y hace una excepción a esa dependencia. Está respondido en el artículo primero de la acordada 5 del 2008”.
Nuevamente la titular de la comisión intervino para aclarar la pregunta de Tailhade y le preguntó al testigo si conoce el mail en el que Maqueda renuncia a sus facultades de supervisión sin acto administrativo de la obra social del Poder Judicial: “Formalmente y personalmente no, solamente por trascendidos periodísticos”.
“Cuando había problemas de envergadura se consultaba a Lorenzetti, a Maqueda, y con los otros ministros también. A muchos de ellos se les preguntaba por alguna cuestión o situación que se había enviado como propuesta para mejorar el funcionamiento o equipamiento o la finalidad y estructura de la obra social. Siempre y cuando excediera esa resolución las facultades que tenia el directorio que funcionó en los primeros años de la obra social porque ahí funcionaba con un directorio y las cosas se trataban ahí”, explayó el testigo.
Tailhade preguntó: “El estatuto que estuvo vigente casi 14 años aprobado por la acorada 5 del 2008 comprometía a la obra social a elevar mensualmente informes de las decisiones que adopte de la gestión administrativa, sevicias de cobertura, estado económico. Puede decirnos si eso se cumplió regularmente”, a lo que el exdirector destacó: “Estimo que sí, sino no hubieran permitido la continuación de la obra social y lo hubieran reclamado. Porque se enviaba la información de trascendencia con la propuesta. Todos los meses se elevaba a la Corte y, además, las inversiones de la Obra Social por resolución de la Corte del año 2011 quedaron en manos de la Administración General de la Corte Suprema. La Obra Social derivaba los excedentes que consideraba que se podían seguir conformando el fondo anticíclico a la Administración General de la Corte porque era una indicación dispuesta por una resolución del máximo tribunal”.
“La información económica y financiera, la solicitud o propuesta de algún acto o de alguna situación que mejorara la atención de los afiliados, que mejorara el funcionamiento de la obra social, antes de tomar la decisión, si se consultaba con los ministros que querían tener conocimiento del tema”, planteó.
Y agregó que “esa comunicación era de muchas formas. Era la propuesta de una solicitud de audiencia y el ministro decidía si era por audiencia o por escrito. Era a cualquier ministro”.
Al respecto, indicó que el patrimonio neto de la obra social al 31 de diciembre de 2022 era de 46 mil millones de pesos. “El último día que fui, en el que se firmó la nueva dirección, en el acta del directorio se incorporó el estado económico y financiero de la obra social y el orden del monto era 52 mil millones de pesos. Eran depósitos y liquidez”, indicó y resaltó que las consultas eran solo para los ministros y no para los empleados de las vocalías.
Al ser consultado por el motivo que derivaba a que las resoluciones hasta la acordada 44 del 2018 eran firmadas por varios ministros, Tonón explicó: “Algunas situaciones si, y otras de resolución de la propia Corte siguiendo los lineamientos de la Ley de Contabilidad de la Nación en las normas propias de la Corte mediante una acordad y fijaba montos para algún tipo de licitación”.
“No era mi función interferir en el funcionamiento y en el ordenamiento o decisiones que tomaban los ministros con respecto a sus funciones. Era facultad exclusiva de ellos, yo no pedía explicaciones sobre eso”, lanzó.
El patrimonio neto de la obra social al 31 de diciembre de 2022 era de 46 mil millones de pesos“
También contó que los montos “iban modificándose con el correr del tiempo en la misma situación siguiendo los lineamientos de la Corte. Se actualizaban no muy asiduamente, pero cuando se generaba un desfasaje grande. Fue así desde el primer día que llegué”.
“Nunca los montos ni las licitaciones por cuestiones de dinero fueron una traba para que se lleve a cabo el procedimiento licitatorio, de compra directa o de concurso de precios. La compra de un insumo en medicina nunca puede demorarse porque está en juego la vida de un paciente”, sostuvo Tonón ante la pregunta de Germán Martínez y sumó que “todo procedimiento de compra de licitación tiene un derrotero de hacer que va desde justificar la necesidad de la situación y por cada área: jurídica, requirente, la compras, jurídica, y la contable”.
Y siguió: “Eso iba, se hacía el concurso, luego pasaba a la comisión de pre adjudicaciones que depende del Consejo de la Magistratura que hacía la evaluación de todo el procedimiento y daba su dictamen”.
Pidió la palabra el diputado Leopoldo Moreau quien interrogó sobre el tiempo en el que estuvo como director sin que estén el resto de los directores: “No recuerdo con precisión la fecha la renuncia de los otros dos directores, pero estimo que fue desde fines del 2009 o 2010”.
“¿Cuál fue el tiempo en el que estuvo en esa situación, es decir, que estuvo ejerciendo el cargo sin que se nombraran los demás directores?”, volvió a preguntar Moreau, a lo que Tonón recordó: “Desde la fecha de renuncia hasta la fecha de designación de los nuevos directores que fue en 2022”.
“Usted estuvo aproximadamente 10 años ejerciendo el cargo sin otros directores?”, insistió el diputado del FdT lo que fue afirmado por el testigo. “¿Usted hizo algún tipo de reclamos para que se designaran a los restantes directivos?”, repreguntó el legislador y Tonón dijo: “Habremos conversado, pero yo no tenía que demandar la designación de los directores”.
Y Moreau continuó sobre el tema: “¿O sea que a usted no le generaba eso mayor carga de que esos directores no estaban designados?”. “No porque no me basaba en cuántas personas tenía para colaborar, sino en la capacidad para trabajar y sacar adelante a la obra social”, contestó el funcionario y agregó: “El presidente de la obra social siempre cargaba con la responsabilidad del funcionamiento diario y cotidiano de la obra social”.
“¿Por qué no se certificaban los balances ante el Colegio Profesional de Ciencias Económicas? ¿Quién disponía que esto fuera así?”, consultó Moreau a lo que Tonón precisó: “No recuerdo quién dispuso que no se hiciera, pero no había inconvenientes en hacer la certificación. No se hizo nunca la certificación de los balances. Era la modalidad de la obra social hacerlo así. No es que me parecía natural, yo continué la modalidad operativa que se venía llevando. La certificación en el Colegio Profesional nunca se hizo porque no implica la certificación del balance, sino que implica la autorización o capacitación del auditor del balance e implica dejar de hacer público el balance de la Obra Social”.
Moreau se refirió al email de renuncia de Maqueda en donde calificaba a la Obra Social como “insolvente, anarquizada, con desfalcos y prestaciones médicas reducidas”, y consultó: “¿A qué período de gestión se refiere?”.
“No puedo hace apreciación a qué período se refiere. Me presumo al anterior de la gestión del 2008”, respondió Tonón, pero el diputado kirchnerista retrucó: “Maqueda presenta la renuncia en agosto de 2021 y me parece que se refiere al periodo 2008-2021”. “¿Used dice que el Dr. Maqueda cuando se refiere a la obra social anarquizada…? Yo creo que si lee el primer párrafo interpreto otra cosa. No dije que no se refería a mi gestión, lo interpreto de una forma distinta”, dijo Tonón y sumó: “Yo no puedo saber lo que quiso decir porque no conversé del tema con él y no me interesaba hacerlo porque no era mi función”.
En ese momento, el exdirector amagó con no responder ninguna pregunta más “dado que cada vez me encuentro más cercano a auto incriminarme con lo que pueda resolver. La respuesta va a ser artículo 18 de la Constitución a todas las preguntas que sigan”. Pero, Gaillard interrumpió y volvió a calmar las aguas reiterando, una vez más, las causas en las que está imputado y de las cuales no puede hablar.
“En ningún momento recibí amenazas o presión de presentar mi renuncia”, afirmó el testigo. Sobre el informe final de la auditoría que se hizo, aseguró que “lo poco que vi de la parte médica puedo asegurar que es una auditoría que no sigue los requerimientos básicos, sino que son de prescripción de las distintas áreas y que no hay elementos probatorios que consten como una irregularidad”.
Por otro lado, manifestó que “podía recibir consultas sobre algún caso particular de inconvenientes, pero eran escasos. Todas las vocalías hacían consultas, que los afiliados consultaban y se les daba la explicación correspondiente, lo hacía yo porque era quien podía resolver la situación. La Obra Social es la que tiene la más alta cobertura asistencial del país sin ningún co-seguro con la mayor cobertura de medicamentos”
Consultado por la conformación de la comisión de informatización del Poder Judicial, comentó que “no tuve ninguna reunión porque quien tenía que convocar a la reunión era el presidente que era Héctor Marchi. Si hicimos aportes de todas las áreas de la Obra Social”, y negó saber las conclusiones finales del informe elevado al máximo tribunal. Además, informó que se había designado a un representante en cada lugar donde la Obra Social de la Corte no tenía representación para atender los reclamos de los afiliados.
Cinco son los testigos convocados para la jornada de este jueves que arrancará desde las 11. Entre ellos nuevamente fue citado el exdirector de la Obra Social, Aldo Tonón, cuyo abogado reiteró que no se asistirá y descartó que lo lleven por la fuerza pública.
La Comisión de Juicio Político de Diputados continuará este jueves desde las 11 con la investigación en las supuestas irregularidades en el seno de la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial.
Cinco son los testigos convocados para la audiencia, entre ellos, se encuentra el nombre del doctor Aldo Tonón, pero esta vez con la intervención de un juzgado, que debe disponer las medidas para que el exdirector de la OSPJN sea llevado a la comisión, si persiste en su decisión de no hacerlo.
Según consta en la nota suscripta por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, tal cual se dispuso en la penúltima reunión de Juicio Político, para la convocatoria de Tonón se da intervención al Juzgado Criminal Federal N° 12, Secretaría N° 23.
Recordemos que el exdirector de la obra social se resiste a concurrir a la comisión invocando la causa abierta que lo tiene como uno de los imputados, y se ampara en la condición de evitar declarar contra sí mismo. Según pudo saber parlamentario.com, Tonón mantendrá su postura y no asistirá.
Además de Tonón, ha sido citado Sebastián Clerici, secretario letrado de la Corte Suprema, quien fue citado en otras oportunidades y no ha podido concurrir, más nunca manifestó no querer hacerlo. Es director de la Dirección Jurídica General de la Corte y está a cargo ahora de manera transitoria de parte de las labores que hacía Héctor Marchi hasta que se dispuso a apartarlo de la Secretaría General de Administración. Clerici fue citado tres veces ya; en las dos primeras no pudo concurrir y la tercera se lo eximió de concurrir porque no habría tiempo para interrogarlo. Veremos si esta vez sí puede contarse con su presencia.
Los otros tres convocados son Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos, y Laura Ambrosio, afiliada/damnificada de la OSPJN.
Mauricio D’Alessandro insiste en que el reglamento de la comisión no les concede a los diputados, ni a un juez semejante posibilidad. Diferenció el caso de su defendido con el de otros testigos reticentes.
Convocado una vez más por la Comisión de Juicio Político para atestiguar en torno a la investigación de irregularidades en la obra social del Poder Judicial de la Nación, el exdirector de la OSPJN Aldo Tonón no asistirá el próximo jueves.
Así lo pudo confirmar parlamentario.com, luego de que se conociera que la nota enviada por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, con las citaciones para la audiencia del jueves 18 de mayo a las 11 de la mañana, incluía la de Aldo Tonón, pero en su casa daba intervención al Juzgado Criminal Federal N° 12, Secretaría N° 23. Esto es, tal cual lo establecieron con el voto oficialista en la Comisión de Juicio Político, se le pide a la justicia que proceda a llevarlo por la fuerza pública si es necesario.
¿Así lo dispondrá el juez Sergio Torres, a quien se le ha dirigido esa solicitud? Se verá.
Por lo pronto, lo único confirmado es que Aldo Tonón no asistirá este jueves a la Sala 1 del segundo piso del anexo “A”, de la Cámara de Diputados. Así lo confirmó a parlamentario.com su abogado, Mauricio D’Alessandro, quien aclaró que en su carácter de defensor del exdirector de la OSPJN no había sido notificado por ningún magistrado.
Desde la defensa de Tonón insisten con el argumento que ya esgrimían cuando se hablaba de obligarlo a presentarse si persistía su postura de no hacerlo: “El reglamento no dice que ellos puedan pedir la fuerza pública”. En efecto, el reglamento de la Comisión de Juicio Político establece en su artículo 12, inciso d, que “si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la Comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar los alcances de tal ilicitud”.
El abogado sostiene que “la comisión no tiene facultades para citar por la fuerza pública a nadie, y a los jueces tampoco les pueden pedir que hagan comparecer a un testigo por la fuerza pública, porque el reglamento de la comisión no los autoriza a disponer sobre la libertad de las personas”.
D’Alessandro ejemplificó la situación de esta manera: “Es lo mismo que el vecino del 7° piso tiene un perro que ladra mucho y no deja dormir. Un juez tiene facultades para actuar, pero lo que no puede hacer es agarrarlo al vecino y meterlo preso porque el perro ladre”.
Para el letrado, “más lo citan (a Tonón), más lo coaccionan y más se alejan de la posibilidad de que vaya a declarar a una comisión donde se siente presionado”.
En ese marco, insistió: “No va a ir y no creo que ningún juez lo lleve por la fuerza pública”.
En diálogo con parlamentario.com, el abogado consideró que “se han empecinado” con su defendido, quien -a diferencia de otros testigos reticentes- “está imputado”. De esta manera, “todos los demás testigos que tienen que ir (y no quieren) se esconden en el planteo de Tonón, pero no tienen las mismas características”.
Comparó con otros testigos que no se han presentado, como el ex secretario de Justicia Santiago Otamendi, o el abogado Marcelo Mazzeo -sobre quien pidieron que sea llevado por la fuerza pública-, advirtiendo que ellos no están imputados. Sí lo está Tonón, y justamente en la causa por la que lo van a interrogar, enfatizó.
En este marco, Mauricio D’Alessandro estimó que con este accionar “le dan argumentos” a los que no quieran ir a declarar. “Pareciera a propósito, pareciera que quisieran proteger a alguien, porque insisten con una persona que está imputada y le piden que vaya de testigo”, sugirió, para insistir luego: “No se entiende… Pareciera que están tratando que la justicia les niegue la posibilidad, para no llevar después a otra persona”.
Es que para D’Alessandro “van camino a que un juzgado les diga (a los diputados) que no pueden (llevar por la fuerza a nadie). Detrás de eso se van a esconder tipos que están citados, pero que no están en la condición de Tonón”. Y aseguró que “él no va porque está imputado, no porque esté enojado con los diputados. No quiere proteger a nadie”. En todo caso, aclaró que está enojado por la situación.
Tonón estuvo al frente de la Obra Social del Poder Judicial entre 2008 y 2022, y cuando en 2011 la administración se hizo cargo del manejo de los fondos, su abogado señaló que “quedaron 42 mil millones en el fondo anticíclico”.
Precisó además que su defendido “hace tres meses que no tiene sueldo, porque renunció para que lo jubilaran y la jubilación no le sale por todo este lío”.
Se conoció el listado de convocados para presentarse en la próxima reunión, que la próxima semana cambia su día habitual.
Cinco son los testigos convocados por la Comisión de Juicio Político para la audiencia de la semana que viene, en la que continuarán analizando las supuestas irregularidades en el seno de la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial. Y se insiste con requerir la presencia del doctor Aldo Tonón, esta vez con la intervención de un juzgado, que debe disponer las medidas para que el exdirector de la OSPJN sea llevado a la comisión, si persiste en su decisión de no hacerlo.
Según consta en la nota suscripta por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, tal cual se dispuso en la penúltima reunión de Juicio Político, para la convocatoria de Tonón se da intervención al Juzgado Criminal Federal N° 12, Secretaría N° 23.
Recordemos que el exdirector de la obra social se resiste a concurrir a la comisión invocando la causa abierta, que lo tiene como uno de los imputados, y se ampara en la condición de evitar declarar contra sí mismo. Según pudo saber parlamentario.com, Tonón mantendrá su postura y no asistirá.
Además de Tonón, ha sido citado Sebastián Clerici, secretario letrado de la Corte Suprema, quien fue citado en otras oportunidades y no ha podido concurrir, mas nunca manifestó no querer hacerlo. Es director de la Dirección Jurídica General de la Corte y está a cargo ahora de manera transitoria de parte de las labores que hacía Héctor Marchi hasta que se dispuso apartarlo de la Secretaría General de Administración. Clerici fue citado tres veces ya; las dos primeras no pudo concurrir y la tercera se lo eximió de concurrir porque no habría tiempo para interrogarlo. Veremos si esta vez sí puede contarse con su presencia.
Los otros tres convocados son Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos, y Laura Ambrosio, afiliada/damnificada de la OSPJN.
La reunión tendrá lugar este jueves a partir de las 11. Esto es, tal cual adelantó parlamentario.com, cambia su horario y fecha habitual, que es los martes a las 14.
Este martes a las 16 fue convocado un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Mujeres y Diversidad, para comenzar a tratar la creación del Sistema Integral de Políticas de Cuidados. La presidenta de Legislación del Trabajo es Vanesa Siley, una de las figuras principales de las audiencias del juicio político contra los miembros de la Corte.
No obstante, la causa de la postergación no sería esa, sino más bien tendría origen partidario: este martes se realiza el Congreso del PJ en el microestadio de Ferrocarril Oeste.
El exdirector de la Obra Social del Poder Judicial había sido citado para este miércoles por la Comisión de Juicio Político, pero por tercera vez consecutiva no compareció.
En la décima segunda reunión de la Comisión de Juicio Político, el oficialismo votó a favor de traer a declarar por la fuerza pública a Aldo Tonón, el exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, ya que por tercera vez consecutiva no compareció a testificar.
Así lo había adelantado parlamentario.com tras consultarle al abogado del funcionario judicial, Mauricio D’Alessandro, quien anticipó que para este miércoles su defendido no iba a concurrir. Y así fue.
La razón de la insistencia de Tonón y su abogado en no declarar ante la comisión es que existe una investigación abierta en el juzgado federal N° 4 a cargo del juez Ariel Lijo, en la que figura como imputado y obligarlo a presentarse podría violar la garantía del artículo 19 de la Constitución Nacional que establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.
La causa por la que está siendo citado, tanto por la Justicia, como por el Poder Legislativo, tiene que ver con las supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial. D’Alessandro aclaró que la comisión “no puede citar por la fuerza pública” a su defendido, pues eso “no está en el reglamento”.
La titular de la comisión, Carolina Gaillard, explicó que “el doctor Tonón ha enviado una nota donde justifica su no comparecencia aduciendo que tiene causas judiciales en trámite y no procedería citarlo por la fuerza pública”.
“En la reunión anterior se definió que se le reiteraba la citación después de dos citaciones a las que no había comparecido, bajo apercibimiento de que si en esta oportunidad no comparecía se iba a dar conocimiento al juez”, recordó la oficialista y subrayó que “así lo establece el reglamento interno de la comisión que, ante la no comparecencia de un testigo en reiteradas oportunidades, lo que se hace es comunicar la ilicitud al juez. Por lo cual se le comunicará al juez la no comparecencia del doctor Tonón y se le pedirá que asista a la comisión con la fuerza pública para la próxima reunión”.
El exdirector de la Obra Social del Poder Judicial Aldo Tonón había sido citado para este miércoles por la Comisión de Juicio Político, aunque no figura en el listado de testigos convocados difundido.
La tercera ausencia consecutiva de Aldo Tonón a la reunión de la Comisión de Juicio Político será seguramente este miércoles motivo de un fuerte debate entre el oficialismo y la oposición. Porque la oposición pedirá, como ya adelantó, que sea llevado a la misma por la fuerza pública y para eso votarán pedir ese trámite a un juez federal.
Si bien en el listado difundido este martes por las autoridades de la comisión que preside Carolina Gaillard no figuraba el nombre del exdirector de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, éste había sido citado ya el jueves de la semana pasada y en eso se basaría el oficialismo para reclamar la asistencia del juez de turno.
La no comparecencia del testigo citado fue confirmada a parlamentario.com por su abogado, Mauricio D’Alessandro, quien señaló su extrañeza porque su defendido no figurara en la lista, pues en efecto había sido citado. Pero “no va a concurrir”, admitió el letrado.
La razón de la insistencia de Tonón y su abogado en no declarar ante la comisión es que existe una investigación abierta en el juzgado federal N° 4 a cargo del juez Ariel Lijo, en la que figura como imputado y obligarlo a presentarse podría violar la garantía del artículo 19 de la Constitución Nacional que establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.
La causa por la que está siendo citado, tanto por la Justicia, como por el Poder Legislativo, tiene que ver con las supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial.
D’Alessandro aclaró que la comisión “no puede citar por la fuerza pública” a su defendido, pues eso “no está en el reglamento”. El abogado destacó que así lo señaló el ex juez federal y actual diputado radical Fernando Carbajal, quien en la última audiencia observó que el artículo pertinente del reglamento interno dice textualmente que “si el testigo se negara a comparecer o declarar sin causa justificada, a criterio de la Comisión, se realizarán las comunicaciones del caso a la autoridad judicial competente a los fines de examinar los alcances de tal ilicitud…”. Es decir, “nada de fuerza pública”, remarcó D’Alessandro, que agregó que Carbajal sostuvo que “de hecho, no podemos hacer nada desde ningún punto de vista más que, eventualmente, correr una vista al fiscal si suponemos que hay algún incumplimiento de deberes legales, aunque en realidad no hay ninguna figura que claramente prevea nuestro Código (debió decir Reglamento)”.
Ante la insistencia del abogado en remarcar que el reglamento no habla de la utilización de la fuerza pública, cabe consignar que el mismo establece textualmente que “cuando la comisión hubiera dispuesto la comparecencia de alguna de estas personas a declarar como testigo y las mismas injustificadamente no concurrieran, se remitirán los antecedentes del caso a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellas, a los fines que correspondan, sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la Comisión entienda que puedan corresponder por la incomparecencia”.
Cabe recordar como antecedente que el abogado Marcelo Mazzeo es uno de los testigos que se resistió a declarar ante la Comisión de Juicio Político. Había sido citado para declarar por haber figurado en los chats de Marcelo D’Alessandro, y no solo no asistió, sino que también publicó en Twitter que no lo haría, por lo que la comisión resolvió hacer una presentación en los tribunales federales para que un juez disponga “las medidas necesarias” para hacerlo comparecer “con auxilio de la fuerza pública”.
Con todo, Mauricio D’Alessandro aclaró ante este medio que “no es nuestra intención molestar a la comisión ni a sus miembros”, pero aclaró que su defendido no asistirá porque “creemos que nos perjudica”.
A diferencia de lo que estaba anunciado, no estarán Héctor Marchi ni Aldo Tonón, previstos originalmente para asistir esta semana. La reunión arranca a las 15.
Finalmente se conoció la lista de los testigos convocados para este miércoles, que es bien distinta de la prevista originalmente. Es que el jueves pasado, cuando se conoció la convocatoria hecha por la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, figuraban solo dos testigos. Y se cambiaba la fecha de citación: en lugar del jueves, sería el miércoles 3.
En la última reunión se había anunciado que la siguiente no sería este martes, por el feriado del 1° de mayo, sino miércoles o jueves. Y al terminar el encuentro, cerca de las 19, se había acordado que la cita próxima sería el jueves a las 11. Sin embargo la convocatoria de Gaillard modificó fecha y hora: este miércoles a las 15. Con solo dos testigos: Héctor Marchi y Aldo Tonón.
No obstante este fin de semana largo pudo saberse que hubo alteraciones en esa grilla anunciada. Por razones atendibles, vale aclarar.
No estará Marchi este miércoles, sino que será reprogramado para la semana siguiente. Pasa que el exaministrador de la Corte Suprema fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social.
Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no). Ahora será reprogramado para el martes de la semana que viene.
En cuanto a Aldo Tonón, exdirector de la obra social, se lo mantenía en la grilla de convocados. Iba a ser la tercera vez, pero finalmente en la nómina conocida este martes ya no apareció su nombre. Según pudo saber este medio, es porque anticipó que mantenía su tesitura de no declarar ante la comisión, argumentando que hay en curso una causa en la que él está imputado y quiere evitar que algo que pueda llegar a decir en la comisión pueda ser usado en su contra. La Comisión de Juicio Político ya rechazó en las dos oportunidades en que faltó esos argumentos y volvió a citarlo una y otra vez. En ese caso, parlamentario.com pudo saber que votarían este miércoles su citación por la fuerza pública.
Los testigos citados entonces son el secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, quien no concurrió a la cita anterior por las nuevas funciones que ahora ocupa -reemplaza a Marchi-; el contador público Nicolás Serafini, quien firmaba balances de la obra social; el director de Informática de la Corte Suprema, Andrés Sacchi; María Bettina Bonuccelli, de la secretaría privada del juez Juan Carlos Maqueda y Valeria Díaz, damnificada por la obra social.
A diferencia de lo que estaba anunciado, no estará este miércoles Héctor Marchi. Las razones de su ausencia y los convocados que deberán presentarse.
Llamó la atención el jueves pasado cuando se conoció la convocatoria hecha por la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, en la que figuraban solo dos testigos. Y se cambiaba la fecha de citación por el miércoles 3.
Es que el martes pasado se anunció que la reunión venidera no se haría esta vez este martes, por el feriado del lunes, sino miércoles o jueves. Y al terminar el encuentro, cerca de las 19, se había acordado que la cita próxima sería el jueves a las 11. Sin embargo la convocatoria de Gaillard modificó fecha y hora: este miércoles a las 15. Con solo dos testigos: Héctor Marchi y Aldo Tonón.
No obstante este fin de semana largo pudo saberse que hubo alteraciones en esa grilla anunciada. Por razones atendibles, vale aclarar.
No estará Marchi este miércoles, sino que será reprogramado para la semana siguiente. Pasa que el exaministrador de la Corte Suprema fue convocado para este mismo miércoles por el juez federal Ariel Lijo, para declarar en la causa por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
Marchi, que ya declaró largamente el martes pasado, se comprometió a volver a la Comisión de Juicio Político para hablar del informe de 20 mil fojas que él mismo había elaborado para analizar el desempeño de la citada obra social.
Por ese informe se decidió en la Corte su desplazamiento al área de Seguridad Social, con fallo dividido entre los miembros del Tribunal Superior (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda votaron desplazarlo y Ricardo Lorenzetti no). Ahora será reprogramado para el martes de la semana que viene.
En cuanto a Aldo Tonón, extitular de la obra social, es la tercera vez que lo convocan. ¿Será la vencida? Tonón hasta ahora se ha resistido a asistir argumentando que hay en curso una causa en la que él está imputado y quiere evitar que algo que pueda llegar a decir en la comisión pueda ser usado en su contra. La Comisión de Juicio Político rechazó esos argumentos y volvió a citarlo una y otra vez. No está confirmado que venga ahora, y si no lo hace, se le cursará oficio a un juez para que ordene llevarlo por la fuerza pública.
Además de Tonón, ahora han sido citados otros testigos que fueron postergados. El secretario letrado de la Corte, Sebastián Clérici, quien no concurrió a la cita anterior por las nuevas funciones que ahora ocupa -reemplaza a Marchi-; el contador público Nicolás Serafini, quien firmaba balances de la obra social; el director de Informática de la Corte Suprema, Andrés Sacchi; María Bettina Bonuccelli, funcionaria de la Corte Suprema y Valeria Díaz, damnificada por la obra social.
Habrá que ver si, en virtud de la cantidad de citados, se resuelve adelantar el inicio de la reunión. En principio, no está previsto.
Si bien en principio habían previsto volver a reunirse el jueves a partir de las 11, se conoció cambio de fecha con novedades.
El martes pasado en la reunión de la Comisión de Juicio Político que preside Carolina Gaillard se debatió brevemente si el próximo encuentro sería el miércoles o jueves próximo. De entrada habían aclarado que no se reunirían el martes, como acostumbran, pero finalmente se estableció que fuera el jueves a partir de las 11.
Sin embargo este jueves por la noche se conoció la convocatoria dispuesta por Carolina Gaillard para reunirse el miércoles a partir de las 15, en la Sala 1 del segundo piso del anexo A, de la Cámara baja, a fin de recibir la declaración de solo dos testigos.
Los convocados son Aldo Tonón, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, que ya en dos oportunidades pidió no asistir, argumentando que hay una causa en curso en la que él está involucrado y quiere evitar que cualquier declaración ahora pueda resultarle en contra.
El otro testigo convocado es el exadministrador general de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Daniel Marchi, quien sí declaró el martes pasado, pero en esa oportunidad se acordó que volviera a ser convocado la próxima semana para hablar del informe de 20 mil fojas que él elaboró en torno al estado de la Obra Social del Poder Judicial.
En principio esos serían entonces los únicos dos convocados para la próxima semana en el marco del juicio político contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema.
Fue en el marco de la décima reunión de la comisión conducida por Carolina Gaillard en la que escucharon a testigos que expusieron sobre un caso que pone bajo la lupa la administración de la OSPJN.
La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), comenzó su reunión de este martes a las 13.14, en lo que fue la décima, desde que la comisión inició su tarea de enjuiciar a los miembros de la Corte Suprema, y la sexta audiencia con testigos en el marco del proceso.
Tras abordar la causal del fallo 2×1, la comisión comenzó este martes a indagar sobre las denuncias de irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial (OSPJN).
Para ello habían citados a declarar Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN; la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA; más los funcionarios del Poder Judicial Oscar Fernández y María Guadalupe Burgos. También fueron convocadas Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN y que lo harían en su calidad de “damnificadas”.
Como suele suceder cada semana, hubo ausencias. Según se anunció al inicio de la reunión, Gustavo Montanini, perito de la Corte, anticipó que no podía concurrir esta semana, pero sí lo haría en una próxima oportunidad, por lo que será reprogramado.
Caso especial era el de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN, cuyo caso mereció una votación para que volviera a ser citado. Sucede que había enviado la semana pasada una nota a la comisión donde planteó que sobre el mismo tema que fue convocado se tramita actualmente una causa ante el juzgado penal en la que se estarían investigando eventos que lo involucran. La respuesta fue que debía asistir igual y, en todo caso, no responder las preguntas que pensaba podrían llegar a comprometerlo.
Previo a la ronda de preguntas, la diputada Vanesa Siley (FdT) remarcó la importancia de abordar el tema, porque “es una de las causales que es transversa,l porque es permanente tanto en la denuncia que realizó el FdT como la que hizo los miembros de JxC la coalición de la CC-ARI”, y planteó que “hay que hacer un abordaje lo más completo, pausado y detenido posible”.
“Son muchos años de irregularidades que se están abordando. No hay que olvidar que todo redunda en la salud de otras personas y hay que abordar el tema con mucha seriedad porque se trata de la salud de más de mil afiliados”, indicó.
Al respecto, planteó la solicitud de expedientes de contrataciones y licitaciones para tener la información concreta, a lo que la diputada Oliveto sugirió pedir cómo se hizo el muestreo: si fue por forma aleatoria o por incidencia económica.
Al pedir la palabra, la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto remarcó la importancia del control de la Auditoría General de la Nación en relación al “manejo de fondos del Poder Judicial, porque hay un tema que nos interpela y una deuda que tenemos desde el ’92, que es la Ley de Administración Financiera que obliga a los poderes y a las empresas estatales a seguir ese sistema. Es una deuda que tiene la democracia”.
“No hemos modificado la Ley de Administración Financiera y tampoco este Congreso ha exigido que la Auditoría General se adapte a auditar a otros poderes del Estado y empresas públicas mediante convenio y tampoco que las empresas no se manejaran como sociedades anónimas sino con la Ley de Administración Financiera”, planteó.
En consonancia con lo expuesto previamente, Siley agregó que el informe arrojó “la situación desastrosa en términos de control de planificación de gestión financiera en la que está la obra social. No se guía por la Ley de Administración Financiera, sino que tampoco tiene legislación ni tiene ley propia”
“En el sistema de obras sociales tienen una ley y autoridad de aplicación, mismo empresas de medicina prepaga, las obras sociales universitarias”, describió Siley y propuso: “Deberíamos poder hacer como Congreso de la Nación y regular una ley que determine en la Obra Social del Poder Judicial un directorio por ley, reglas establecidas en una norma legal, así como una autoridad de aplicación que sea la Superintendencia o el Ministerio de Salud”.
Los problemas tienen que ver con que es la Corte que crea el estatuto, lo modifica, fiscaliza y designa autoridades. Tenemos el famoso cumplimiento cabal de juez y parte”, remató la oficialista. Acompañaron sus palabras sus compañeros de banca Ramiro Gutiérrez y Rodolfo Tailhade. También adhirió la diputada Graciela Ocaña (Pro) para que el Congreso “establezca un marco legal y encuadrar a todas las obras sociales que quedan por fuera del sistema general. Tenemos que trabajar por la transparencia”.
La primera interrogada fue la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema, quien ratificó el informe elevado por la Comisión Auditora de la obra social. “El periodo auditado por un amplio marco temporal abarcaba desde abril del 2008 hasta septiembre de 2021, un tiempo de 13 años”, respondió ante la consulta de Siley y aseguró desconocer el motivo del tiempo auditado.
Además, contó que fue el equipo en su conjunto quien determinó el modo en que iban a llevar adelante la auditoría y fue consultada sobre los aspectos de la obra social que fueron auditados: “La resolución disponía que efectuáramos una auditoria que fuera financiera, económica y de gestión. Esa fue la disposición de la resolución”.
“La auditoría constaba, y así lo decía la resolución, de dos abogados, dos contadores y dos médicos y nosotros nos abocamos a todo lo vinculado con la atención médica como la parte de farmacia, pedidos de los beneficiarios. Siempre hubo actitud de colaboración cuando nos contactamos con autoridades de la obra social para solicitar algo”, explayó en sus respuestas.
Al respecto, Siley consultó sobre la importancia del cargo de subdirector médico que “durante 13 años estuvo vacante”, ante lo que Interlandi explicó: “El cargo de subdirector médico estaba ejercido, de alguna manera, por alguna parte del personal de la institución. Es un cargo que siempre debe estar cubierto. Es importante que haya un director y subdirector médico”.
“No tengo presente quién tenía la facultad de designar esos cargos. Se podría consultar”, aclaró la testigo, a lo que la diputada oficialista retrucó: “El informe cita al estatuto que dice que es facultad de la Corte Suprema”. Además, aseguró que “la función de un subdirector médico hace a una organización administrativa dentro de un sistema y es necesario cubrir ese cargo”.
“La creación de la Comisión fue para hacer un relevamiento de los procedimientos que llevaba a cabo la obra social y a eso nos abocamos a evaluar esos procedimientos. En cada caso pusimos de manifiesto lo que encontrábamos con la documentación que nos brindaban”, explayó.
Por otro lado, Siley interrogó sobre la farmacia de la obra social a lo que Interlandi contó: “Mi impresión respecto de la entrevista fue de colaboración. Respecto de la situación de la misma está volcada en el informe”.
“Las modalidades de la dispensa de medicamentos se dividen los de alto costo por un lado que son los oncológicos y, por otro lado, los relacionados a enfermedades permanentes o tratamientos crónicos que se entregan en la farmacia de la obra social. Los pedidos se hacían dos veces por semana, incluían los de alto costo y los vinculados a pacientes de enfermedades crónicas y medicamentos de stock habitual en la farmacia y pusimos una limitación del sistema que no están informatizados las autorizaciones de medicaciones de cada afiliado y eso siempre es una dificultad y una demora”, comentó la médica legista.
A su vez, aseguró que hicieron una evaluación de la farmacia de la obra social, pero no de Farmandat S.A y mencionó que “hay una causa judicial con este tema”. “En el informe pusimos que como el sistema no estaba informatizado no se podía tener un buen control del stock de medicamentos, la compra de los mismos y la venta”, ratificó Interlandi y aclaró: “El sistema informático que utilizaba la farmacia tenía dos espacios distintos, uno donde se cargaban las compras y el otro donde se procesaban las ventas y el sistema denominado mostrador para la consulta de saldos y productos. Sin embargo, muchos sistemas no coincidían en sus valores, así tampoco existe coincidencia entre el stock informático y el físico. Dependiendo de la medicación que se trate, podría traer un prejuicio”.
En esa línea, Siley insistió en que “todo tiene incidencia sobre la salud porque una persona que va a la farmacia y necesita un medicamento y no lo consigue… todo deviene cuando se trata de una obra social”.
Por otro lado, le consultó por los medicamentos vencidos, a lo que la médica indicó que en el informe hicieron notar que “no se prevé la carga de la fecha de vencimiento de los medicamentos entonces eso genera nuevos problemas administrativos de gestión que puede traer consecuencias adicionales como por ejemplo que no se disponga del medicamento, que no se reponga con tiempo, que se despache por error remedios vencidos”.
“Lo primero que se sufrió durante la pandemia fue la restricción de los tratamientos odontológicos en general por lo que imponía a los pacientes a hacer ese tipo de tratamientos. No sabemos los motivos y los actos administrativos de esa fundamentación”, explicó y sumó: “Desconozco si se comunicaban las falencias de los sistemas a la Corte”.
En tanto, remarcó la importancia de contar con una auditoría interna y con un auditor. Siguiendo con las consultas, Siley detalló que el índice de litigiosidad aumentó 300% entre 2008 y 2021 y preguntó por los motivos de las demandas. “Medicamentos, cirugías, prótesis, coberturas problemáticas, prestaciones geriátricas, falta de representación, etc.”, detalló la testigo y negó haberse reunido, previo a su designación, con Rosatti o Robles.
A su turno, el kirchnerista Rodolfo Tailhade le consultó por la modalidad en la compra de medicamentos y prótesis. “Si mal no recuerdo, es por compra directa”, respondió la funcionaria judicial. También la interrogó por las autorizaciones de cada área.
“Tuve entrevistas con auditores médicos de diferentes especialidades que tenían esa función. La función nuestra fue recabar información a través de oficios que dirigimos a la obra social. Las reuniones que tuvimos siempre fueron de gran colaboración por parte de todo el sistema”, contestó la doctora.
A su turno, Oscar Fernández (parte de la auditoría ordenada por la CSJN) afirmó no poseer actualmente un cargo en el Poder Judicial, pero ejerció como perito. También dijo desconocer los motivos del periodo auditado y la emisión de la acordada.
“Es una acordada bastante amplia. El trabajo que se hizo, si bien se denominó auditoría una auditoría es un término genérico que tiene distintas acepciones de acuerdo a las resoluciones técnicas por las cuales trabajamos. En este caso más que una auditoría era un encargo que tenía por objetivo encontrar hallazgos y se vieron aspectos de procedimiento, de cumplimiento, de funcionamiento sobre aspectos contables, presupuestarios, financieros”, explayó.
Sobre las vacantes en los puestos de auditores y subdirectores, Fernández manifestó: “No hicimos un relevamiento de las consecuencias. Entiendo que los nombramientos tendrían que ser de la Corte”.
“La Corte lo único que hizo fue la acordada y la resolución, de ahí en adelanté empezamos a definir cómo íbamos a trabajar”, subrayó el contador y aclaró que no tuvieron espacio físico dentro de la obra social porque “no hay. Hay un problema serio de espacio”.
Al ser consultado por Siley por la delegación de firmas ante los cargos vacantes, explicó: “Lo analizaron los abogados, puedo asegurar que todos los lugares que no se cubren oficialmente se cubren funcionalmente porque alguien hace el trabajo, no está el cargo designado con una persona con responsabilidad”.
“El presupuesto es una herramienta de gestión, que define cuál es el camino a transitar y permite y conocer los desvíos entre la realidad y las expectativas. En el caso de la obra social, lo que se nos informó no contaba con presupuesto que hacia la obra social y desconozco si se elevaba a la Corte algo, pero nos dijeron explícitamente no tener presupuesto. Esto sucedió durante los 13 años, los pedimos al directorio y nunca nos dieron nada”, informó y sumó que la obra social “no cuenta con un sistema contable, por ende, no se cuenta con la información contable que circula dentro de la organización. Es un dato menos para tomar decisiones correctas. No es algo habitual”.
En esa línea, contó que se reunieron con los profesionales que hicieron el estado contable quienes hicieron a lo largo de 13 años “varias observaciones mencionando las dificultades que tenías, las limitaciones, los problemas respecto de la seguridad de la información con la que trabajaban para hacer los estados contables. Ninguno de los balances pasó por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas que legaliza las firmas de los documentos”.
“No nos consta a nosotros que la Corte haya solicitado la corrección de estas irregularidades”, aclaró el testigo.
En su declaración, la contadora Melisa Solana explicó que fue designada por los jueces de la Corte para la obra social de los judiciales y que tuvo una reunión con Horacio Rosatti para tratar las deficiencias en el sistema administrativo. La testigo aseguró que renunció a la administración de la obra social por “motivos personales” y no por diferencias con sus superiores.
Además, la contadora explicó que “todas las deficiencias fueron informadas oportunamente al directorio”, aunque aclaró que, entre otros puntos, confirmó que “no había registros contables” en la obra social.
“La única entrevista fue con Rosatti en donde se me transmitió el primer informe de la secretaría de la Corte en el cual exponían determinadas deficiencias en el circuito administrativo y contable. Estaba vacante uno de los cargos que era la subdirección que luego asumí”, contó y expresó: “Creo que quedó expuesta la situación de la obra social, incluso yo tampoco tenía oficina privada cuando ingresé”.
También testificaron la funcionaria judicial María Guadalupe Burgos, las trabajadoras judiciales afiliadas a la OSPJN, Laura Coulin y Liliana de Brito.
Aldo Tonón argumentó para no asistir a la Comisión de Juicio Político que no podía responder preguntas relacionadas con una causa en curso. Qué le respondieron los diputados.
En el inicio de la reunión de la Comisión de Juicio Político de este martes se planteó un debate en torno a la ausencia de Aldo Tonón, exdirector de la OSPJN, quien envió la semana pasada una nota a la comisión donde planteó que sobre el mismo tema que fue convocado se tramita actualmente una causa ante el juzgado penal en la que se estarían investigando eventos que lo involucran.
Tonón resolvió no asistir por considerar que su declaración podría violar las garantías que le asisten y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento ante esa comisión.
Según explicó la titular de la comisión, Carolina Gaillard, se le contestó este lunes por cédula, aclarando que según el artículo 240 del Código Procesal, “toda persona tiene la carga pública de prestar declaración testimonial”. Y se le aclaró que debía comparecer y en caso de que ante alguna pregunta pensara que podía llegar a autoincriminarse, podía no responderla, como han hecho ya otros testigos.
“Al señor Tonón se le ha ratificado la citación, porque todos los ciudadanos tenemos la obligación de declarar como testigos. Comparecer es una obligación, y si alguna pregunta lo compromete, debe pedir permiso para no contestar, como lo hizo el doctor (Germán) Garavano la semana pasada”, explicó Gaillard, que anticipó que le reiterarían la citación.
Paralelamente se informó que había concurrido un abogado a explicar las razones por las cuales Tonón no había concurrido, pero la comisión interpretó que no correspondía que lo hiciera. Intervino entonces el diputado Ramiro Gutiérrez, quien planteó que se esperaba que Tonón brindara una “prueba útil para la hipótesis del caso. Es un testigo calificado y además permitiría cumplir con el principio de oportunidad procesal”, precisó.
Agregó que “la obligación de testificar es una carga pública; no puede ser sustituido por interpósita persona. Sí puede manifestar una causal que justifique su incomparencia”, en cuyo caso los diputados la examinarán y determinarán la pertinencia o no de su presentación.
El diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López advirtió que seguía planteándose el mismo dilema de otras veces sobre qué hacer en esas circunstancias. “El derecho de no declarar contra sí mismo es una complejidad que la comisión no ha terminado de resolver. Tenemos que tener un debate serio sobre este tema”, reclamó.
Gaillard resaltó la actitud que en cambio había tenido el exministro de Justicia Germán Garavano, que había concurrido y respondido todas las preguntas, salvo las que pensara que podía llegar a comprometerlo. Finalmente decidieron reiterara la citación, con la aclaración de que podía negarse a responder las preguntas que pensara que pudieran llegar a perjudicarlo. A favor de hacerlo votó incluso la diputada Paula Oliveto, según Gaillard se ocupó de destacar y agradecer.
