Fue en el marco de una Audiencia Pública convocada por la diputada de izquierda que realizó en la Cámara baja. La iniciativa propone que se “asigne de inmediato una partida de mil millones de pesos a 30 obras sociales universitarias que dan cobertura 300.000 beneficiarios”.
La diputada nacional Romina Del Pla (PO/FIT-U) llevó a cabo este viernes una Audiencia Pública en la Cámara de Diputados en defensa de DOSUBA (Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires) y las obras sociales universitarias donde presentó un proyecto de ley de emergencia presupuestaria.
Del evento participaron CONADU H, la AGD-UBA, Vanina Biasi, candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, afiliados y docentes y jubilados que denunciaron el desfinanciamiento y el vaciamiento de las obras sociales universitarias.
Del Plá explicó: “Convocamos a esta audiencia pública para la presentación de un proyecto de Ley a fin que se asigne de inmediato una partida de 1000 millones de pesos a 30 obras sociales universitarias que dan cobertura 300.000 beneficiarios activos, jubilados, docentes, no docentes y ad-honorem”.
“Las y los afiliados están sufriendo recortes en la cobertura de todo tipo: ven todos los meses perder prestadores, afrontan copagos cada vez más costosos, mientras las prestaciones de salud, prácticas y medicamentos se vuelven cada vez más caros, viéndose vulnerado el derecho al acceso a una cobertura integral de salud”, detalló y exigió: “Queremos que se trate y apruebe este proyecto para garantizar la cobertura integral a todos los afiliados y afiliadas de las obras sociales universitarias”.
Por otro lado, Biasi, delegada no docente afirmó que “la audiencia se inscribe en un plan de lucha que venimos trabajando los docentes y no docentes de la UBA frente al vaciamiento presupuestaria. Ante la crisis que están viviendo todas las obras sociales, las autoridades de la UBA decidieron ajustar por el lado de las y los jubilados y ad honorem en vez de exigir mayor presupuesto”.
En este sentido, señaló: “Estamos impulsando este reclamo de partida presupuestaria extra porque entendemos que las y los trabajadores no tenemos que pagar la crisis ni el desfinanciamiento educativo. Reclamamos un refuerzo presupuestario para DOSUBA con el objetivo de recuperar el conjunto de las prestaciones y la cobertura integral para los jubilados y docentes ad honorem”.
Por último, Ileana Celotto secretaria general de AGD-UBA expresó: “Este proyecto surge de la movilización de no docentes combativos, de la AGD UBA y de la Connado histórica que vienen bregando contra las exclusiones de jubilados y docentes ad-honorem, así como del recorte de prestaciones e incrementos de co-seguros y aportes. La defensa de la salud pública y las universidades nacionales son una de nuestras prioridades ante el ajuste del FMI que lleva adelante el gobierno y el avance de la derecha”.
La iniciativa plantea que, ante una modificación en la cartilla de los prestadores, los usuarios tienen “derecho” a elegir continuar con el tratamiento y profesionales que le brindan el servicio y las prácticas en curso de ejecución por todo el tiempo de su duración.
La senadora nacional Silvia Giacoppo (UCR – Jujuy) presentó un proyecto en el Senado de la Nación que busca resguardar el derecho de los pacientes de instituciones de Salud (empresas de medicina prepaga, obras sociales, o mutuales) a la continuidad de tratamientos en curso de ejecución.
El texto plantea que en el supuesto de modificación de la cartilla de prestadores los usuarios tienen derecho a elegir continuar con el tratamiento y profesionales que le brindan el servicio y las prácticas en curso de ejecución por todo el tiempo de su duración.
Entre los fundamentos, Giacoppo destacó que “es habitual que los distintos agentes del sistema de salud -ya sean empresas de medicina prepaga, obras sociales, o mutuales- modifiquen los prestadores de su cartilla, lo cual obliga a sus afiliados a cambiar del profesional de la salud y/o instituciones que lo atendía hasta entonces”.
“Esta situación en el caso de las personas con enfermedades crónicas o que deben realizar un tratamiento determinado genera un grave perjuicio, ya que deben abandonar al médico o institución tratante y comenzar con nuevos profesionales, lo cual afecta su salud”, explicó y sumó: “Es por lo que, ante esa situación, el usuario del sistema de salud recurre a la justicia para solicitar obtener el derecho a continuar con el tratamiento con los mismos profesionales lo cual deviene en una verdadera acumulación de causas análogas en los tribunales en las que, en la mayoría de los casos, se resuelve a favor del usuario”.
Además, planteó que “la justicia entiende que la modificación de la cartilla de prestadores no podrá afectar la continuidad del tratamiento de las prácticas en curso de ejecución y que los beneficiarios tienen derecho a elegir continuar con los tratamientos en curso de ejecución con el prestador que estaba brindando ese servicio”.
“No podemos olvidar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación entiende que el derecho a la vida es el primer derecho de la persona humana, que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional (Fallos: 302:1284, 310:112), y a partir de ello y de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, de la C.N)”, argumentó.
En tanto, señaló que “nuestro máximo tribunal de justicia ha reafirmado el derecho a la preservación de la salud comprendido dentro del derecho a la vida y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas, sin perjuicio de las obligaciones que deban asumir en su cumplimiento las jurisdicciones locales, las obras sociales o las entidades de la llamada medicina prepaga (Fallos: 321:1684 y 323:1339)”.
Para la senadora radical resulta “imprescindible, a fin de garantizar este derecho, legislarlo para evitarle a los usuarios el costo y tiempo que lleva un proceso judicial”.
El FdT presentó una ampliación del pedido de jury contra la Corte por la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán. En tanto, JxC pidió incorporar los expedientes de pedido de juicio político contra el presidente. Pasaron 3 testigos este jueves.
A exactamente un mes de haber iniciado las audiencias con testigos puntualmente sobre las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Comisión de Juicio Político de Diputados llevó a cabo este jueves la quinta reunión para indagar sobre esta causal y la decimocuarta desde que arrancó el proceso contra los jueces de la Corte Suprema.
Pasada la media hora de la convocatoria, la reunión comenzó con un tercio de los miembros presentes, algo que reclamó enfáticamente Juan Manuel López, el único diputado de Juntos por el Cambio que ingresó cuando quedó abierta la reunión y pidió que quede constancia. “Yo entiendo que les dé vergüenza no tener quórum”, chicaneó. Más tarde, entraron a la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja el resto de los legisladores opositores.
En la previa del encuentro, tal como anunciara la semana pasada por cadena nacional el presidente Alberto Fernández, un grupo de diputados del Frente de Todos presentaron una ampliación de pedido de juicio político a raíz de los fallos que suspendieron las elecciones provinciales en San Juan y Tucumán.
Como respuesta, el jefe de la UCR, Mario Negri, anticipó que harán uso del artículo 109 para que se incorporen los expedientes de pedido de juicio político contra el presidente.
A su vez, Gaillard informó que la próxima reunión será el martes 30 a las 13 -debido al fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo- en la que continuarán indagando sobre las irregularidades en el manejo de la obra social. Además, comentó que los siguientes temas serán Coparticipación, Consejo de la Magistratura y las audiencias remantes.
Promediando la audiencia, pasadas las 13, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, informó a los miembros que le comunicaron de la secretaría del Juzgado Federal N° 12, Mabel Castelnuovo, que se había dispuesto notificar al doctor Aldo Tonón para que compareciera a testificar. Y así fue.
El exdirector ingresó a las 15.20 a la Sala 1 del Anexo y estuvo más de cinco horas respondiendo preguntas, muchas de ellas las evitó amparándose en el artículo 18 de la Constitución Nacional para “no auto incriminarse” en las causas en las que está imputado por el mismo tema. Tonón afirmó que “la situación que tenía la Obra Social no era de una entidad con una organicidad correcta para los servicios de salud”.
Al finalizar su testimonio, el diputado oficialista Rodolfo Tailhade adelantó: “Vamos a evaluar las versiones taquigráficas porque hay contradicciones con otros testigos y en algunos casos hay mentiras. Vamos a hacer una consideración del caso Tonón. Me pareció que fue un testigo reticente porque nos opuso la garantía del artículo 18 cuando no correspondía y eso es un engaño a la autoridad, en algún momento vamos a hacer una presentación”.
Durante la jornada se aprobaron dos pedidos de ampliación de pruebas. Uno del diputado Rodolfo Tailhade, sobre cuestiones vinculadas a la causa de Coparticipación y a declaraciones de Héctor Marchi, y otro de la diputada Vanesa Siley, para convocar a nuevos testigos en la causa de Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial, en total son 10.
A pedido del jefe del bloque oficialista, se aprobó la citación de los actuales presidentes de la Obra Social, Mariano Althabe, y a la vicepresidenta Cora Borensztejn. “Nosotros no acompañamos porque no vamos a estar hasta fin de año tomando testimonio”, aclaró Juan Manuel López.
En dicho encuentro, se ausentaron Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos. En el primer caso por un pedido de reprogramación, y el segundo porque no se lo pudo localizar, ya que a la dirección donde se le envió la notificación era una oficina que estaba vacía.
El primer testigo en declarar fue Sebastián Clérici, titular de la Dirección Jurídica General de la Corte y quien está a cargo ahora de manera transitoria de parte de las labores que hacía Héctor Marchi, desplazado de la Secretaría General de Administración; quien hasta abril de este año era titular de la Dirección Jurídica General y ahora ocupa transitoriamente la Secretaría Jurídica General, fue consultado en virtud de haber sido presidente de una comisión auditora sobre la obra social que se conformó en 2021.
Al responder preguntas de la diputada Vanesa Siley (FdT), el funcionario reveló que “cuando un afiliado no recibía una prestación en todo o en parte conforme a lo peticionado existía la posibilidad de presentar un recurso jerárquico ante la Corte”. Sobre su área, dijo: “Cuando recibíamos esas acciones actuábamos igual que con cualquier otra, no es que tenían un trámite fuera de la celeridad por la cuestión de salud que tenían”.
Respecto de la “naturaleza jurídica” de la obra social, Clerici definió que “es una dependencia de la Corte Suprema, donde el directorio está dotado de amplia autonomía de gestión, individualidad administrativa, facultades para resolver-ejecutar y responsabilidades personales”.
“La auditoría que se nos encargó, que involucraba 13 años de gestión, a nuestro criterio no debía superponerse con las autoridades a las que el tribunal les había conferido, en distinto grado, competencias para la gestión actual de la obra social”, expresó.
Durante su testimonio, el secretario letrado resaltó que “muchas de las observaciones que se señalan en la auditoría probablemente hayan sido advertidas por algunas de las autoridades que se estaban ocupando de la gestión”.
Consultado por las vacancias que hubo -durante todo el período analizado por la auditoría- de los cargos de subdirectores médico y administrativo, el funcionario explicó que para estos nombramientos deben intervenir “distintos órganos” pasando por “la propuesta del director, la propuesta del directorio y luego designación por la Corte, como cualquier empleado de dependencia de la Corte Suprema”.
En el interrogatorio, que duró cerca de tres horas, Clerici fue consultado por el diputado Ramiro Gutiérrez (FdT) por el tema del acceso a las declaraciones juradas y patrimoniales de funcionarios y magistrados de la Corte. “Se está iniciando el proceso de pedido para que los funcionarios entreguemos las DD.JJ.”, dijo el testigo y apuntó que el procedimiento de acceso al público está “previsto en dos o tres acordadas de la Corte”.
Sobre esto, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), recordó que “el pedido de juicio político de la diputada (Paula) Oliveto hacía referencia a cómo la Corte había violado la Ley de Ética Pública estableciendo un régimen especial de publicidad para las DD.JJ. de los jueces de la Corte Suprema”.
Uno de los temas sobre los que se hizo bastante hincapié fue en “el régimen legal aplicable para licitaciones y contrataciones” que se basa en el decreto 5720/72, referenciado en una Ley de Contabilidad derogada. “¿Cómo es que la Corte utiliza un régimen que está derogado desde hace 23 años?”, consultó la diputada Siley, a lo que Clerici confirmó que “la Corte adoptó un reglamento autónomo que viene aplicando con algunas modificaciones desde el año 2000, ese reglamento autónomo se basa en el decreto 5720”.
Más adelante, Siley subrayó que “en ninguna de las contrataciones encontramos referencia a ese reglamento autónomo” del que habló Clerici y advirtió que “los oferentes no tienen el encuadre legal adecuado”. “El procedimiento interno en tiempo real de las contrataciones o cómo lo hace la obra social no es algo que hayamos hecho en el marco de la auditoría, ni correspondía”, respondió el funcionario. No obstante, aclaró que en la auditoría se advirtió que no debería hacerse referencia a la Ley de Contabilidad derogada y que hubiese sido conveniente adecuarlo.
A su turno, el diputado Juan Manuel López (CC-ARI) quiso indagar sobre el rol de la Secretaría General de Administración -hasta abril comandada por Héctor Marchi- en lo concerniente a licitaciones que en algunos casos la obra social remitía a la Corte. “La obra social respondía que era según el valor y la envergadura de la licitación”, afirmó el secretario letrado.
La siguiente fue Laura Ambrosio, afiliada damnificada de la OSPJN una mujer de 49 años quién enviudo hace uno, fue consultada por el diputado nacional Leonardo Grosso (FdT – Buenos Aires) sobre su dependencia y utilización de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación.
Ambrosio respondió: “Trabajo en el Juzgado de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires y soy afiliada desde el 1999, también mi marido (fallecido) y mi hijo)”. De entrada, aseguró: “La obra social no la utilizaba demasiado, empecé a notar problemas cuando la uso mi marido al que le diagnosticaron cáncer y ahí vi problemas”.
Respecto al tratamiento, la testigo relató que necesitaba terapia de rayos de onda corta y quimioterapia de forma urgente, pero “no autorizaban y recurrimos a un amparo”. “Una medida cautelar nos dio la razón y lentamente empezaron a autorizar”, señaló.
Sin embargo, la quimioterapia que debía realizarse cada quince días necesitaba la autorización de un medicamento, el cual debía estar listo 48 horas previas a la sesión y “nunca estaba el medicamento listo como requiere el tratamiento”, indicó.
“Llamaba y atendía un empleado que obviamente no te lo solucionaba, y la medicación llegaba a último momento. Era un stress permanente cada quince días”, enfatizó. Del mismo modo, amplió que “se veía agravado porque debía cumplir mis tareas y las de él, más el stress de luchar contra una obra social que no daba cobertura”.
El problema de Ambrosio se agravó cuando el 14 de abril de 2022 su marido “tiene un comportamiento extraño y lo llevo a la guardia para quedar internado”.
“No sabían si el tumor había llegado al sistema nervioso, pero logran determinar un cuadro psiquiátrico, es dado de alta a los quince días y determinan la internación domiciliaria”, relató.
Inesperadamente para Ambrosio, la quimioterapia es suspendida “porque no podían hacer las dos cosas a la vez”. Así también, aseveró que “la internación domiciliaria es el nombre nomás porque no mandaron enfermeros, el clínico venía una vez por semana y solo venía para ver si tenía medicaciones, no lo revisaba”.
Tras varios reclamos por la ausencia del psiquiatra, Ambrosio decidió buscar un lugar de cuidados paliativos dónde su marido estuvo los últimos 20 días de vida. “Cuando averiguaba por cuidados paliativos me mandaban a una dependencia interna pero no se ajustaba a lo que necesitábamos”, agravó en el relato.
Además, contó que “las cosas (necesarias para la internación domiciliaria) nunca aparecieron y no hubo tiempo de hacer (otro) amparo porque murió a los dos meses”. “Tampoco llegamos a tener Certificado de Discapacidad”, siguió.
La parte más dura del relato de Ambrosio fue cuando manifestó que “mi marido se cayó de la cama y hasta que vino la ambulancia pasó tres o cuatro horas en el piso”. A su vez, agregó: “Llegaron, lo levantaron y me dijeron que lo limpie yo”.
Finalmente, el marido de Ambrosio falleció mientras se encontraba en Hospital San Camilo “sin ninguna injerencia de la obra social”. El legislador Grosso consultó porque no la usaba antes y la testigo respondió: “No la usaba antes porque hace 17 años transité enfermedad y me vi autorizando ordenes continuamente con dos o tres horas de trámite para hacer estudios”.
En el cierre, la diputada nacional Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz) le preguntó sobre los reintegros por los cuidados paliativos y Ambrosio cerró: “Solicité en la casilla de internación domiciliaria y ellos dijeron que no tenía cobertura”.
Cinco son los testigos convocados para la jornada de este jueves que arrancará desde las 11. Entre ellos nuevamente fue citado el exdirector de la Obra Social, Aldo Tonón, cuyo abogado reiteró que no se asistirá y descartó que lo lleven por la fuerza pública.
La Comisión de Juicio Político de Diputados continuará este jueves desde las 11 con la investigación en las supuestas irregularidades en el seno de la Obra Social de los trabajadores del Poder Judicial.
Cinco son los testigos convocados para la audiencia, entre ellos, se encuentra el nombre del doctor Aldo Tonón, pero esta vez con la intervención de un juzgado, que debe disponer las medidas para que el exdirector de la OSPJN sea llevado a la comisión, si persiste en su decisión de no hacerlo.
Según consta en la nota suscripta por la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, tal cual se dispuso en la penúltima reunión de Juicio Político, para la convocatoria de Tonón se da intervención al Juzgado Criminal Federal N° 12, Secretaría N° 23.
Recordemos que el exdirector de la obra social se resiste a concurrir a la comisión invocando la causa abierta que lo tiene como uno de los imputados, y se ampara en la condición de evitar declarar contra sí mismo. Según pudo saber parlamentario.com, Tonón mantendrá su postura y no asistirá.
Además de Tonón, ha sido citado Sebastián Clerici, secretario letrado de la Corte Suprema, quien fue citado en otras oportunidades y no ha podido concurrir, más nunca manifestó no querer hacerlo. Es director de la Dirección Jurídica General de la Corte y está a cargo ahora de manera transitoria de parte de las labores que hacía Héctor Marchi hasta que se dispuso a apartarlo de la Secretaría General de Administración. Clerici fue citado tres veces ya; en las dos primeras no pudo concurrir y la tercera se lo eximió de concurrir porque no habría tiempo para interrogarlo. Veremos si esta vez sí puede contarse con su presencia.
Los otros tres convocados son Iván Nicolás Ritvo y Gabriel Martínez, ambos contadores públicos, y Laura Ambrosio, afiliada/damnificada de la OSPJN.
El exdirector de la Obra Social del Poder Judicial había sido citado para este miércoles por la Comisión de Juicio Político, pero por tercera vez consecutiva no compareció.
En la décima segunda reunión de la Comisión de Juicio Político, el oficialismo votó a favor de traer a declarar por la fuerza pública a Aldo Tonón, el exdirector de la Obra Social del Poder Judicial, ya que por tercera vez consecutiva no compareció a testificar.
Así lo había adelantado parlamentario.com tras consultarle al abogado del funcionario judicial, Mauricio D’Alessandro, quien anticipó que para este miércoles su defendido no iba a concurrir. Y así fue.
La razón de la insistencia de Tonón y su abogado en no declarar ante la comisión es que existe una investigación abierta en el juzgado federal N° 4 a cargo del juez Ariel Lijo, en la que figura como imputado y obligarlo a presentarse podría violar la garantía del artículo 19 de la Constitución Nacional que establece que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”.
La causa por la que está siendo citado, tanto por la Justicia, como por el Poder Legislativo, tiene que ver con las supuestas irregularidades en el manejo de la Obra Social del Poder Judicial. D’Alessandro aclaró que la comisión “no puede citar por la fuerza pública” a su defendido, pues eso “no está en el reglamento”.
La titular de la comisión, Carolina Gaillard, explicó que “el doctor Tonón ha enviado una nota donde justifica su no comparecencia aduciendo que tiene causas judiciales en trámite y no procedería citarlo por la fuerza pública”.
“En la reunión anterior se definió que se le reiteraba la citación después de dos citaciones a las que no había comparecido, bajo apercibimiento de que si en esta oportunidad no comparecía se iba a dar conocimiento al juez”, recordó la oficialista y subrayó que “así lo establece el reglamento interno de la comisión que, ante la no comparecencia de un testigo en reiteradas oportunidades, lo que se hace es comunicar la ilicitud al juez. Por lo cual se le comunicará al juez la no comparecencia del doctor Tonón y se le pedirá que asista a la comisión con la fuerza pública para la próxima reunión”.
El exdirector de la OSPJN volvió a ausentarse por segunda vez a la reunión. Desde JxC pidieron que compadezca acompañado de su abogado, pero el FdT lo rechazó. Este martes fueron tres los testigos, el principal Héctor Marchi.
En el marco de la undécima jornada -la séptima con testigos- de la Comisión de Juicio Político de Diputados, a cargo de Carolina Gaillard, se presentaron a testificar el docente universitario Gustavo Montanini, el prosecretario letrado de la Corte Suprema, Enrique de Vedia, y el exadministrador de la Corte Suprema, Héctor Marchi.
Al final de la reunión, que duró más de cinco horas, se resolvió volver a citar bajo apercibimiento de informar de la ilicitud al juez al exdirector de la OSPJN Aldo Tonón, quien no asistió a la última reunión y envió una carta en la que consideró que su declaración podría violar las garantías que le asisten -dada una causa judicial en curso- y por eso pidió ser eximido de declarar por el momento. Este martes tampoco concurrió y, a través de su abogado Mauricio D’Alessandro, justificó su incomparecencia.
Desde Juntos por el Cambio plantearon que Tonón compadezca ante la comisión acompañado de su abogado, pero el oficialismo rechazó esa idea.
En tanto, hubo cambios en la lista de testigos, ya que el secretario letrado de la Corte Sebastián Clerici pidió una “reprogramación de su citación por las nuevas funciones que cumple a partir del dictado de la Acordada 11/23”, informó Gaillard. Mientras que el médico legista Enzo Canónaco justificó, a través de certificado médico, su ausencia por razones de salud. Finalmente, a las afiliadas de la OSPJN Valeria Díaz y Laura Ambrosio se les reprogramó el testimonio por la extensión de la reunión que se prevé para el jueves a partir de las 11.
Es que se resolvió que la próxima reunión no sea el martes, por el feriado del lunes. Al final, se puso en discusión hacerla el miércoles o el jueves y se eligió el segundo día.
El Frente de Todos en la comisión busca comprobar si hubo delitos en la cobertura de cargos en la obra social, en el manejo de stock de medicamentos y en la ausencia de previsión presupuestaria y registros contables, situaciones que afectaron directa o indirectamente a los casi 100 mil afiliados de la OSPJN en el país.
Pero la causal de irregularidades en la obra social es también uno de los puntos del expediente que presentó la Coalición Cívica contra Ricardo Lorenzetti, precisamente a quien responde Marchi, por eso se esperan posibles contrapuntos durante la reunión.
Primer testigo en declarar este martes, Enrique de Vedia, prosecretario letrado de la Corte, se refirió a la auditoría interna que realizó junto a otro abogado y dos contadores sobre la obra social del Poder Judicial, en cuanto a cuestiones “económicas, financieras, de legalidad y de gestión”. Afirmó que el plan de trabajo fue determinado por esa comisión interdisciplinaria que integró y no por la Corte. Para la misma, que abarcó un análisis desde abril de 2008 a septiembre de 2021, se tuvieron en cuenta auditorías realizadas anteriormente por la AGN, contó.
Al responder preguntas de la diputada Vanesa Siley (FdT), el funcionario del máximo tribunal dijo no tener conocimiento sobre una “acordada o resolución” que haya designado como encargado de la obra social a uno de los ministros. “El control depende de la Corte Suprema en su conjunto”, dijo e insistió en desconocer si el juez Juan Carlos Maqueda había sido designado o había estado a cargo de hecho, como interrogó la oficialista.
De Vedia confirmó que, de acuerdo con la información recibida por la obra social, en el período auditado no se cubrieron los cargos de la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna. “No se cubrieron esos cargos, estaban vacantes”, afirmó y detalló que en el caso de los subdirectores, “según el estatuto es una designación compleja”, porque “los designa la Corte, pero a propuesta del directorio”.
Sobre la falta de presupuestos, el letrado ratificó que en el período que abarca la auditoría “no se confeccionaban”. Según el estatuto, que él mismo leyó, el directorio lo debía elevar ante la Corte, pero señaló que no tenía conocimiento de si la Corte exigía el presupuesto al directorio: “Nosotros auditamos la obligación y el funcionamiento de la obra social. No tengo conocimiento si la Corte lo solicitó”.
Al responderle al diputado Juan Manuel López (CC-ARI), el testigo explicó que en el caso de las licitaciones y contrataciones “interviene la propia asesoría jurídica de la obra social, no la de la Corte”, aunque “según la relevancia de la licitación en algunos casos se elevó a la Corte la decisión respecto de la licitación o adjudicación” y, más precisamente, a la presidencia del máximo tribunal.
En una de sus intervenciones, la diputada Paula Oliveto (CC-ARI) dejó en claro que “no hay una norma que establezca o exija la obligatoriedad de que (esta obra social) se maneje a través de presupuestos”. Y resaltó que “la pelota está en nuestra cancha”, porque habría que lograr que este organismo como otros adapten “sus sistemas a la Ley de Administración Financiera”. Sin embargo, los oficialistas Germán Martínez y Rodolfo Tailhade (FdT) consideraron que sí le cabe a la obra social la obligatoriedad de presentar los presupuestos, al estar bajo la dependencia del Poder Judicial, el cual está contemplado en la Ley de Administración Financiera.
Al momento de las preguntas, Tailhade interrogó a De Vedia sobre las delegaciones de firma que hizo el exdirector Aldo Tonón y concluyó en que “por lo menos entre 2016 y 2021 existió una sola persona en el directorio, que era el doctor Tonón, y no había subdirector médico ni subdirector administrativo, con lo cual cualquier delegación de firma era totalmente antiestatutaria porque solo a esas personas podía delegarse”, subrayó el legislador
Luego fue el turno del docente universitario y contador Gustavo Montanini quien conformó la Comisión de Auditoría de la Obra Social al ser contratado “externamente”. Al ser consultado por la diputada Siley sobre las dificultades que tuvieron al iniciar el trabajo y el plazo para la realización de la auditoría, comentó que tenían un plazo de 120 días que “no” pudieron cumplimentar por lo que solicitaron una prórroga para poder terminarlo.
“Al principio tuvimos más dificultades por el espacio físico y decidimos hacer un intercambio de información para poder analizarla por separado”, agregó y manifestó que los motivos por los que no pudieron cumplir el plazo “pueden ser varios” porque para poder iniciar el trabajo de revisión de la documentación “tuvimos que esperar un plazo significativo y la dinámica que tuvimos en la revisión hizo que no pudiéramos constatar inmediatamente las dudas que pudiéramos tener”.
Al respecto, informó que “el pedido de información exigía por parte de la obra social, un análisis de lo que estábamos pidiendo, la devolución y un análisis de nuestra parte y si teníamos preguntas para hacer teníamos que repetir el pedido o recurrir a la obra social para sacarnos las dudas o a veces la información nos llegaba en forma parcial y no pudimos hacer el análisis en los tiempos en los que hubiésemos querido”.
Y sumó: “El no contar con un espacio físico, fue el detonante por el cual empezamos a pedir la información y recibir respuestas que solicitábamos”.
Por otro lado, se refirió a las dificultades al no contar con una Auditoría Interna: “Cuando uno hace un proceso de revisión, se basa en informes de auditoría interna y utiliza como disparador esos informes. Al no existir la auditoría interna no existían los informes por lo tanto tuvimos que arrancar de cero con 13 años de proceso de revisión”. “El informe por el que comenzamos es el número uno, elaborado por Héctor Marchi”, afirmó Montanini.
Siley también le preguntó por los movimientos al Banco Nación, puntualmente por el ingreso de mas de 7 millones de pesos que “dicen que no pueden identificar su procedencia. ¿Qué significa esto?”. El contador explicó que “cuando se realizan conciliaciones bancarias recurrentes explican cuáles son los movimientos que aparecen como partidas conciliatorias. En este caso podemos ver que hay elementos que están identificados y otros ingresos que no, producto de que no hubo conciliaciones bancarias recurrentes por parte de la administración de la obra social”.
“Nosotros intentamos revisar esas conciliaciones bancarias, pero no existieron, por lo que esa diferencia de 7 millones de pesos es una diferencia que no pudimos comprender cuál era el ingreso que refería a ese monto”, informó y contó que pidieron “explicaciones” sobre “todos los movimientos bancarios y no recibimos explicación sobre esos 7 millones de pesos”.
En ese sentido, precisó que las consecuencias de no contar con conciliaciones bancarias es que “no existen controles regulares sobre las cuentas bancarias”.
El último en declarar fue el exadministrador Héctor Marchi quien se despachó con dureza hacia los miembros de la Corte y dejó al descubierto la “informalidad” con la que se manejan. También apuntó contra Silvio Robles y denunció que su desplazamiento fue una “sanción encubierta” y que es “víctima de seguimientos y amenazas”.
Son seis los testigos que fueron citados a prestar declaración respecto a la Obra Social judicial. La nueva jornada fue convocada para este martes 18 de abril a las 13.
La Comisión de Juicio Político de Diputados, presidida por Carolina Gaillard (FdT), llevará a cabo la décima audiencia con testigos este martes 18 de abril, a las 13, en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, para iniciar el tema referido a la obra social del Poder Judicial.
Los convocados a declarar son Aldo Tonon, exdirector de la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN); la contadora Melisa Solana, de la OSPJN; la doctora María Cristina Interlandi, médica legista y perito de la Corte Suprema; el contador Gustavo Montanini, docente de la UBA, y Laura Coulin y Liliana Brito, ambas trabajadoras judiciales afiliadas a OSPJN.
En el encuentro anterior testificaron el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano quien aseguró “nunca” haber hablado con la doctora Highton de Nolasco del caso Muiña. También se presentó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; y los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granovsky, Silvana Boschi e Ignacio Miri, en el marco de la investigación de la causal del fallo 2×1, dictado por la Corte Suprema de Justicia en 2017, que benefició al represor Luis Muiña.
Precisamente en ese último encuentro, aunque por otros argumentos, tampoco asistieron Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador judicial del gobierno de Cambiemos, y el senador nacional José Torello, exjefe de asesores de Mauricio Macri.
Al respecto, Torello en la sesión del Senado de este jueves ratificó su decisión de no declarar porque “no me voy a prestar a este circo”.
La diputada oficialista sostuvo que “el daño institucional provocado por la Corte es muy grave”, y destacó la denuncia que ratificó la legisladora Paula Oliveto.
La diputada nacional María Rosa Martínez (Frente de Todos – Buenos Aires) se refirió al proyecto que presentó de pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema por la administración de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y afirmó que “se registran una serie de denuncias y desmanejos” y defendió que se avance en la admisibilidad del juicio político donde se investigue el “mal desempeño y posible delito de malversación”.
“Presentamos junto al diputado Pablo Carro un proyecto de acusación por mal desempeño y posible delito de malversación a los cuatro integrantes de la Corte por el manejo de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación”, afirmó Martínez en declaraciones a radio AM 750.
Este jueves la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados llevará adelante una nueva reunión en la cual el oficialismo buscará aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La legisladora sostuvo que “el daño institucional provocado por la Corte es muy grave”, y recordó que en el año 2008 se llegó a “una acordada que habilitó al máximo tribunal de justicia a una serie de atribuciones” en la obra social del Poder Judicial”.
“Se registran una serie de denuncias y desmanejos. Algunos son la falta de designaciones en el directorio o en las funciones administrativas. Tenemos un caso en el cual una persona a cargo de la firma de cheques es sobrina de Juan Maqueda, quien no tenía antecedentes en la tarea ni formación para desempeñarse en ese cargo”, detalló.
Además, Martínez consignó que se registró en la obra social “una falta de previsión presupuestaria” y los balances “no eran firmados por el colegio profesional” de Ciencias Económicas.
En tanto, la legisladora oficialista aseguró que la denuncia ratificada por la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica (CC), donde también se exponen irregularidades en el manejo de la Obra Social “fue muy importante” y agregó: “La denuncia de la CC reitera el tema, casi en los mismos términos que nosotros. Con la acusación de Oliveto queda claro que hay razones fundadas”.
