Tras una fuerte discusión entre el oficialismo y la oposición, el Frente de Todos impuso su mayoría en la Comisión de Juicio Político y aprobó este miércoles una ampliación de prueba que consiste en solicitarle a la AFIP información fiscal sobre MoRo Media, una sociedad de Silvio Robles, hombre de confianza del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, y de Natalia Monayer, también funcionaria cercana al juez. 

Al plantear el tema, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) recordó que en marzo pasado ya se habían librado oficios a la IGJ y AFIP, pero que ahora se requeriría más información, relacionada a “las declaraciones juradas; todos los pagos realizados a la AFIP, todo tipo de información sobre operaciones, plazos fijos, participaciones societarias, cuentas bancarias, depósitos, embarcaciones. Y me faltó departamento en Miami”. 

También, el kirchnerista dijo querer conocer las fiscalizaciones de la AFIP con relación a la sociedad; si se registraron trabajadores en relación de dependencia y que se remita la totalidad de facturas emitidas por esta S.R.L.

“Una de las hipótesis que llevamos adelante es el tráfico de sentencias en la Corte, en el fallo del 2×1, en el de la mal llamada coparticipación y en el del Consejo de la Magistratura”, apuntó Tailhade y aseveró: “Necesitamos saber si a través de esa sociedad se han canalizado movimientos de dinero que tengan que ver con este tráfico”. Y, agregó, que hay que investigar si “se pudo haber entregado dinero a distintas personas que resultaban importantes para el objetivo final que representaban los fallos”. 

En medio de las quejas de los legisladores de Juntos por el Cambio, la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), recordó que existe una disposición de la AFIP, la 98/2009, que establece “una serie de excepciones al levantamiento del secreto fiscal, donde faculta a la presidenta de esta Cámara de Diputados a requerir este levantamiento”. 

Según reveló la entrerriana, se consultó a la Dirección de Legales de la Cámara baja si era posible “requerir a la AFIP la información o no” y en un dictamen jurídico se respondió que “la comisión tiene facultades para requerirlo”. “Puede ser que después esa información tenga carácter reservado y pueda ser solamente consultada por quienes integramos esta comisión”, aclaró. 

Además, se incorporó como testigo a la jueza federal de San Martín Martina Forns, por “el fallecimiento de su marido en plena pandemia, abandonado por la obra social” del Poder Judicial. 

“Ella también forma parte de la denuncia que hizo la Asociación Americana de Juristas contra los miembros de la Corte” por “misoginia y destrato contra la jueza en el marco de actuaciones por los tarifazos”, añadió el legislador.