De cara a la recta final hacia el recinto de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, como así también el paquete fiscal, desde el bloque de diputados nacionales del Pro reafirmaron su acompañamiento a las leyes que impulsa el Gobierno nacional “porque entendemos que son las herramientas que necesitan para poner en marcha el plan que han anunciado en los últimos meses”.

Asimismo los diputados que integran el bloque que conduce Cristian Ritondo consideran que “muchas de las reformas e iniciativas que no han sido incluidas en este tratamiento, deben tratarse por separado para dar los debates en profundidad que los temas requieren”.

Vamos a acompañar la ley de Bases y la reforma fiscal. pic.twitter.com/for6UQwXoC

— PRO Diputados (@prodiputados) April 18, 2024

El Gobierno comenzó a cerrar las negociaciones por la nueva Ley Bases y el paquete fiscal, por lo que este lunes el ministro del Interior, Guillermo Francos, se reunió con diputados del bloque Pro para tratar de alcanzar un acuerdo entre las partes sobre los puntos que seguían generando diferencias, como es el caso del impuesto a las Ganancias.

Cerca de las 16 ingresaron al despacho de Francos en Casa Rosada el jefe del espacio, Cristian Ritondo, y sus pares de bancada Silvia Lospennato y Silvana Myriam Giudici. De esa reunión participaron también el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el secretario ejecutivo de Gobierno, José Rolandi; el secretario de Interior, Lisandro Catalán; el secretario de Hacienda Carlos Guberman, y el presidente de la Cámara baja, Martín Menem.

Tras la reunión, Ritondo confirmó que el Pro volverá a votar a favor del proyecto del Gobierno, en su nueva versión más acotada que la original, para avanzar en desregulaciones de la economía, entre otras iniciativas que encierran sus 266 artículos más sus anexos.

“El bloque del Pro va a volver a acompañar. Esta ley es necesaria sobre todo para el tema de atraer inversiones”, confirmó Ritondo a un grupo de periodistas acreditados. Al respecto, se mostró confiado en que ahora la iniciativa sí sea aprobada y que no fracase como en enero pasado: “No creo que vuelva a pasar lo de antes, ahora los artículos se conocen, son más claros, no hay lugar para el tema de votarla en general pero después no en particular”, consideró el titular de la bancada.

Se espera que la iniciativa, que aún se conoce a través de un borrador y su versión final debe girarse al Congreso, se comience a tratar en comisiones a mediados de abril y que para alrededor del 24 de ese mes llegue al recinto.

Una de las claves para que el oficialismo pueda sacar adelante el proyecto será la postura que adopten los diputados del bloque que lidera Miguel Ángel Pichetto: “Esperemos que ahora pueda ordenar a la tropa”, deslizaron los representantes del espacio macrista.

Por otro lado, Francos se reunirá este martes en Salta con 10 gobernadores del norte argentino, mientras que la semana próxima hará lo propio con los mandatarios provinciales de lo que era JxC, debido a que una de las cuestiones que todavía genera conflicto es el impuesto a las Ganancias, ya que los mandatarios de las provincias del sur se niegan a que se retrotraiga la cuarta categoría, mientras que los del norte reclaman que se haga.

Así las cosas, el oficialismo busca generar un cierto consenso entre todos los sectores antes de enviar la nueva Ley Ómnibus al Congreso, para evitar que la oposición vuelva a rechazarla, como ocurrió a principios de febrero pasado, pero para eso primero debe garantizar que no haya diferencias en algunos puntos clave.

Es el segundo encuentro que mantiene el Gobierno con los amarillos, la primera fue el pasado 15 de marzo. En esa ocasión, le habían transmitido su total apoyo a la Ley Bases y al DNU 70/23, pero habían planteado observaciones en torno a Ganancias y fórmula jubilatoria.

En otro plano, los macristas también mantuvieron una reunión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y con el ministro de Defensa, Luis Petri, con el objetivo de conversar y analizar los cinco proyectos respecto de las reformas en políticas de seguridad.

Combatir la inseguridad y la lucha contra el narcotrafico son pilares fundamentales para volver a tener un país normal. Por eso con parte del bloque de diputados del PRO mantuvimos una excelente reunión con @PatoBullrich y @luispetri. pic.twitter.com/AgTHuhTYaE

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 25, 2024

El bloque Pro, que conduce Cristian Ritondo en la Cámara baja, expresó este jueves su acompañamiento “de manera responsable” en la votación que se dará del proyecto de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, “para que el gobierno cuente con las mejores herramientas normativas que le solicita al Poder Legislativo”.

Con este comunicado, la bancada que respalda al oficialismo, dejó de lado cuestionamientos al dictamen suscripto el miércoles de madrugada, y recordaron que “desde el PRO, trabajamos comprometidamente para que el proyecto pueda salir adelante siempre respetando y teniendo presentes los valores que como partido político nos identifican desde nuestra creación”.

“Argentina vive tiempos cruciales, el futuro de los argentinos y de nuestro país se encuentran ante una crisis profunda a todo nivel. La irresponsabilidad del kirchnerismo en el último tramo de la campaña electoral, inundados por la desesperación de perder el poder, los llevó a destruir el valor de la moneda nacional, de la palabra gubernamental y la noción del orden. Este combo destruyó la capacidad de planificar y progresar de los distintos niveles de gobierno así como la de todos los argentinos de a pie”, señalaron a través de un comunicado difundido este jueves.

Allí destacaron que “en el Pro siempre miramos a los problemas de frente, hoy no vamos a mirar para el costado”, y resaltaron la importancia de la búsqueda del equilibrio fiscal, como la ejecución de una serie de medidas que apunten a “liberar la fuerza creativa y productiva de los argentinos para generar riqueza y trabajo, no desconocemos que esto afecta intereses sectoriales, en algunos casos intereses corporativos. Son muchos años de un mismo paradigma, es lógico que se generen miedos, pero es el rumbo que adoptaron gran parte de los países que lograron crecer prósperamente”.

“Revertir este proceso no va a ser sencillo, es un laberinto lleno de trampas, hecho para que solo puedan gobernar los que nos trajeron hasta esta crisis -plantearon a través del comunicado-. La decadencia es tan profunda que las categorías de ‘aliado’ u ‘oposición’ son insuficientes, queremos que al gobierno y por lo tanto a todos los argentinos nos vaya bien, que recuperemos el sentido de progreso personal y social”.

El bloque Pro reconoció que el gobierno nacional ha llevado adelante un ajuste sustancial del gasto público, y que ahora “el principal desafío es sostenerlo en el tiempo para que el equilibrio fiscal sea uno de los grandes acuerdos no escritos de nuestra democracia y que de esta manera el estado no gaste más de lo que le ingresa gobierne quien gobierne”.

“Sabemos que esto puede ralentizar la economía en el corto plazo, por eso celebramos que a la vez se hayan elaborado un DNU y una ley ómnibus que apuntan a modernizar, desregular y desburocratizar distintos aspectos de nuestra vida económica y social, pero también sabemos que esto requiere de la mayor solidez institucional para que los argentinos puedan tomar decisiones importantes y sacar la plata de abajo de los colchones”, señalaron desde el Pro.

También recordaron que esas semanas trabajaron “comprometidamente para que el proyecto pueda salir adelante siempre respetando y teniendo presentes los valores que como partido político nos identifican desde nuestra creación”. Asimismo escucharon y participaron activamente de todas las instancias y aportaron “la experiencia de nuestros diputados para colaborar con la redacción de un proyecto superador con posibilidad de alcanzar los consensos necesarios para lograr su aprobación en el Congreso”.

“Es por eso que nuestra posición sigue siendo la misma desde que ingresó el proyecto de Ley a esta Cámara, luego de hacer sugerencias y aportes técnicos que profesionalizan lo enviado por el Gobierno: vamos a acompañar de manera responsable esta votación para que el gobierno cuente con las mejores herramientas normativas que le solicita al Poder Legislativo”, concluye el comunicado de la bancada encabezada por Cristian Ritondo.

Los diputados nacionales del Frente Pro se reunieron este miércoles para analizar los primeros anuncios económicos que realizó el Gobierno nacional el martes, y el impacto que tendrá en la economía de los argentinos.

Desde el bloque del Frente Pro estamos de acuerdo en que hay que eliminar de raíz el déficit fiscal de una vez y para siempre.

Asimismo dejamos en claro que, desde la Cámara de Diputados, los diputados nacionales del Pro, vamos a analizar y actuar con responsabilidad ante cada una de las iniciativas que nos corresponda tratar.

Del encuentro participaron los 37 diputados nacionales del Pro y los aliados José Luis Espert (Avanza Libertad), Paula Omodeo (CREO) y Álvaro Martínez (Unión Mendocina). Disertaron el ex ministro de Hacienda de la Nación, Hernán Lacunza, y los economistas Luciano Laspina, Daiana Fernández Molero, Germana Figueroa Casas y José Luis Espert acerca de los primeros anuncios del Gobierno Nacional.

El bloque Pro de la Cámara de Diputados, con respaldo del partido, presentará un amparo en la Justicia contra los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Gobierno nacional sobre el canje de bonos en dólares por títulos en pesos de los organismos públicos.

“Desde @PROArgentina y el bloque PRO en la Cámara de Diputados, presentaremos un recurso de amparo contra los DNU 163 y 164/2023, con motivo del canje de deuda (que nos deja al borde del default, pesificando y desvalorizando el precio de los bonos)”, anunció en su Twitter la presidenta del Pro, Patricia Bullrich.

En los argumentos de la presentación, los dirigentes macristas afirman que “el canje de deuda impulsado por el Ministerio de Economía, que fuerza a los organismos públicos a pesificar su tenencia de deuda en dólares, resulta objetivo y fácticamente ruinoso”.

“El mero anuncio del canje nos deja al borde del default (incumplimiento). Esto lo informa Fitch Ratings, una de las calificadoras de riesgo más importantes de Wall Street, quien decidió bajar la nota de los bonos argentinos”, señalan.

En el escrito se explica que “los tenedores de deuda del sector público deberán canjear sus ‘bonos en USD de ley extranjera-New York’ (USD 4.000 millones según las autoridades) por bonos en USD de ley nacional que se liquidarán en ARS. No hay más que comparar la cotización de bonos equivalentes (mismas condiciones) con ambas legislaciones para verificar el perjuicio que este cambio conlleva”.

“Además, como en los decretos no se explícita que los bonos ley extranjera que ingresan al Tesoro serán reabsorbidos, en rigor estamos ante un ‘nuevo endeudamiento’ disfrazado de ‘canje'”, advierten desde el Pro.

También cuestionan que “se exige a los organismos públicos que se desprendan de los ‘bonos en USD de ley nacional’, para destinar el 70% del producido a la compra de bonos en ARS y el 30% restante quedar a ‘libre disposición’ de los organismos públicos para cubrir gastos”. “¿No hay pérdida patrimonial en este caso utilizada para gastos corrientes? ¿Se va a usar con fines electorales?”, se preguntan.

Desde @PROArgentina y el bloque PRO en la Cámara de Diputados, presentaremos un recurso de amparo contra los DNU 163 y 164/2023, con motivo del canje de deuda (que nos deja al borde del default, pesificando y desvalorizando el precio de los bonos) https://t.co/WKIb1iOMis…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 27, 2023

“El anuncio de (Sergio) Massa potencia un contexto donde el riesgo país superó la barrera de los 2.500 puntos básicos”, continúan en los argumentos y apuntan que “la ley del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) pone límites al PEN en relación al funcionamiento, financiamiento y administración del mismo. Esto se ve totalmente desdibujado con el DNU 164/23, en tanto permite administrar y entregar activos del FGS sin los controles necesarios establecidos por las leyes 24.241 y 26.425”.

“La Ley 27.574 procuró el ‘blindaje de los activos del FGS’ (creado por el actual Gobierno), al disponer que los activos sean usados para el pago del sistema previsional argentino. Nunca se hizo referencia en su articulado a la derivación de aportes a otro ministerio o inversión que no fuese segura. El DNU omite hacer mérito de esta ley y afecta al FGS para el pago e inversión en cuestiones ajenas al sistema previsional, dejando en estado de vulnerabilidad a las futuras y actuales jubilaciones”, subrayan.

Y opinan que “el riesgo de caer en un desfinanciamiento del FGS, a raíz de la mala inversión del mismo, se producirá en tanto no se garanticen los dividendos que se deben generar conforme a la ley (se traducirá esto en un daño irreparable)”.

“Van a fallar los mecanismos de control que son el Directorio y la Comisión Bicameral del Congreso, quienes deberán aprobar esta transferencia del FGS por fuera de su ámbito de aplicación. Esto no está ocurriendo con los dos DNU y es la Directora del Anses la responsable de tomar la iniciativa de recurrir a los organismos de control mencionados”, expresan desde el Pro.

Finalmente, exigen que Fernanda Raverta “debe cumplir con la función de salvaguardar el interés actual y a futuro del FGS, y su complicidad en la entrega y desfinanciamiento podrá generar su responsabilidad por el incumplimiento de su deber como funcionario público”.

“El kirchnerismo lucha por su impunidad y busca intimidar a la Corte”, es el título de un comunicado del bloque Pro, que encabeza Cristian Ritondo, con el que rechazan enfáticamente el pedido de juicio político impulsado por el presidente contra el Tribunal Superior.

En el mensaje expresado este martes, sostienen que “el kirchnerismo sigue demostrando que su principal objetivo es presionar y controlar a la justicia”.

Para los diputados del Pro, desde el kirchnerismo “buscan una justicia adicta que les brinde impunidad y les permita cometer atropellos institucionales sin límites, poniendo en riesgo el imperio de la ley y la convivencia democrática en el país”.

“El pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia, impulsado por gobernadores kirchneristas y un presidente que se comporta como representante de una facción y no de una nación, demuestra que están completamente alejados de la realidad y de las necesidades de todos los argentinos”, señalan los diputados nacionales del bloque más numeroso de Juntos por el Cambio. Cierran el comunicado señalando que “desde el bloque Frente Pro en la Cámara de Diputados nos oponemos a toda acción que pretenda intimidar al máximo tribunal de justicia de la nación. Como fuerza política responsable, democrática y republicana vamos a rechazar y resistir con firmeza cualquier intento por debilitar nuestra democracia y nuestra libertad”.

El bloque de Diputados del Frente Pro, comandados por Cristian Ritondo, emitieron este jueves un comunicado para respaldar a su par Gerardo Milman, luego de que el oficialismo presentara un proyecto pidiendo la exclusión del legislador de la Cámara baja por “inhabilidad moral” al estar implicado en la causa que investiga el intento de magnicidio hacia la vicepresidenta de la Nación.

En el texto denunciaron que “el kirchnerismo está montando un show electoralista” porque “dictamina, de antemano, una condena al margen de la Justicia contra el diputado nacional Gerardo Milman y la diputada provincial Florencia Retamoso, a los fines de equiparar el sistema de corrupción que se investiga en los Tribunales y que los jueces, en sus respectivas instancias, han condenado a numerosos funcionarios del partido gobernante, incluida la actual vicepresidenta”.

“No vamos a cometer el agravio institucional de los kirchneristas que son maestros en violar la Constitución”, aclararon y sumaron: “Vamos a seguir respetando el funcionamiento independiente de los tres poderes, y cuando algún integrante de la oposición que componemos, sea citado por la Justicia, confiaremos en ella, para que cada uno de los acusados ejerza su legítimo derecho a la defensa”.

Por último, manifestaron: “Acompañaremos siempre el esclarecimiento de cualquier tema reñido con la ley, salvaguardando los procedimientos ajustados a derecho”, y le recordaron al oficialismo que “para legislar al servicio del bien común y de la República, primero hay que hacer lo que manda la Constitución y no el interés mezquino que divide, corrompe y miente”.

El Gobierno anunció el incumplimiento del fallo cautelar de la Corte Suprema que suspende los efectos de la quita de fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Esta decisión, liderada por un presidente que se comporta como representante de una facción y acompañada por 14 gobernadores oficialistas, constituye un artero golpe al federalismo y a la división de poderes”, cuestiona el bloque Pro que conduce Cristian Ritondo.

“Una vez más, el kirchnerismo protagonizó un hecho de extrema gravedad institucional: desconocer un fallo de la Corte Suprema es hacer un golpe a la democracia. Con argumentos falsos, temerarios y ficticios volvieron a agredir la institucionalidad y exponer que van por todo aquel que cuestione su visión y poder”, expresó el Pro a través de un comunicado.

El bloque recordó que “nunca en democracia hemos visto tanta violencia y hostigamiento contra una jurisdicción federal autónoma. Por eso, impugnamos este intento de destruir la vigencia de la Constitución e instamos al Poder Ejecutivo a que respete el Estado de Derecho y que no gobierne al margen de la ley. Porque cuando ello ocurre, la República queda en manos de facciones usurpadoras de la legitimidad popular”.

“Comprometidos con el mandato otorgado por la ciudadanía en las urnas, seguiremos defendiendo a la Argentina de los atropellos populistas, y desde el Congreso le pondremos freno, como ya hemos hecho en otras oportunidades, a cualquier maniobra que busque degradar la democracia y obstruir el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas”, concluye el comunicado del bloque Frente Pro.

Tal cual hiciera días atrás, el bloque Pro de la Cámara de Diputados, presidido por Cristian Ritondo, sacó un comunicado en defensa de Gerardo Milman y, en esta oportunidad, también de Francisco Sánchez, ante el vídeo que publicó este jueves la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Repudiamos las acusaciones infundadas por parte de la vicepresidente contra miembros de este bloque legislativo. Una vez más, Cristina Fernández de Kirchner, utiliza un hecho de suma gravedad institucional para acusar sin fundamentos, y haciendo elucubraciones ridículas, a los diputados nacionales Gerardo Milman y Francisco Sánchez”, señalaron en el texto los legisladores macristas.

Luego que en el vídeo subido por CFK se apuntara de lleno contra Milman, al vincularlo con el atentado que sufrió el pasado 1ro. de septiembre, los diputados resaltaron que “nuevamente, y como ya es costumbre por parte del kirchnerismo, montan relatos infundados para atacar a miembros de la oposición, de la prensa independiente y cualquier institución que no forme parte de su estructura de poder”.

“Llamamos a la responsabilidad de todos los dirigentes para dejar trabajar a la justicia en paz y con independencia y no hacer acusaciones infundadas de suma gravedad que vulneran los fundamentos de nuestra democracia”, concluyeron.

En su tuit, Cristina escribió: “A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti”. El vídeo se dedica exclusivamente a la figura de Milman, acusado por un testigo de presuntamente conocer lo que iba a pasar con la vicepresidenta. De acuerdo a ese testimonio, se le adjudica al diputado la frase: “Cuando la maten yo voy a estar camino a la costa”.

La sesión en la Cámara de Diputados de este miércoles se había desarrollado con total armonía y consenso en el que se habían aprobado cinco proyectos, pero el clima de caldeó a las 23, cuando el titular del bloque Pro, Cristian Ritondo, pidió la palabra para solicitar al oficialismo un cuarto intermedio para retirar un proyecto que el mismo había pedido incorporar al temario, mas luego de examinarlo, consideró que “necesita modificaciones”. De la vereda de enfrente rechazaron el pedido y, tras la votación del pedido de cuarto intermedio que resultó negativa, los diputados del Pro se levantaron de sus bancas y se retiraron, lo que provocó un pico de tensión en el recinto.

Cuando Cecilia Moreau, titular de la Cámara, se disponía a leer el siguiente expediente a debatir sobre asociaciones deportivas y paridad y violencia de género, Ritondo solicitó hacer uso de la palabra: “Presidenta, ahora vamos a tratar o intentar tratar dos temas que yo había solicitado al presidente de su bloque para que fuera incluida en el día de hoy. La verdad que después de examinar los dos temas necesitan de modificaciones y no estamos de acuerdo. Yo hoy lo adelanté en Labor Parlamentaria, que podía pedir el retiro porque no firmé la sesión de acuerdo”, por lo que solicitó pasar a un cuarto intermedio para revisar y ver si esos temas se podían tratar la próxima semana.

Desde la vereda de enfrente le respondió al jefe del bloque FdT, Germán Martínez: “Mire presidenta, efectivamente hoy hizo el planteo el diputado Ritondo. Nosotros consideramos que, como se dio el debate en comisión, nos parece que tranquilamente podemos avanzar en el temario”.

El santafesino remarcó que “son temas que, si bien sabemos que en las últimas horas hubo algunos planteos alrededor de esto, nosotros tranquilamente podemos seguir avanzando y en función de eso tratar de terminar una muy buena sesión que construyendo en el día de hoy2, y pidió cumplimentar con lo acordado para continuar la sesión.

Acto seguido, el jefe del bloque radical, el cordobés Mario Negri, expresó: “Sin ánimo de abrir una polémica sobre esto, no se trata de ninguna disputa política ni nada. El presidente Ritondo fue agradecido de que incorporaron los temas en el pedido de la sesión especial. Puede suceder con cualquier bloque que haya algún inconveniente con un proyecto que es propio del diputado del bloque, pero además de eso como vamos con una sesión que se han aprobado cosas muy sustanciales e importantes”.

En esa línea y a modo de advertencia, Negri les recordó que “el otro tema que sigue es un tema de Convención Internacional que va a buscar la jerarquía constitucional y son los únicos proyectos que exigen una mayoría agravada que siempre es difícil de lograr porque esta hablando de 2/3 de los miembros del Cuerpo, más de 170 votos afirmativos que nadie tiene certeza de que estén y que quizás haya gente que no este de acuerdo, pero sería una pena que eso si no logran números desaparezca. Yo apelo al bloque del Frente de Todos que, si el otro tema van a después no tratarlo, salvo que quieran someterlo igual a un debate y pasar a un cuarto intermedio significa no voltear los temas”.

“No quiero que terminemos mal, por supuesto tienen derecho a hacer lo que quieran, pero la cortesía también es un tema de fondo”, remarcó el radical.

Quien le retrucó fue la secretaria parlamentaria del FdT, Paula Penacca: “Entendemos los planteos de los diputados preopinantes, pero nos sucede que efectivamente llegamos hasta acá con estos expedientes incorporados en el temario que han sido expedientes que salieron de las comisiones por unanimidad y no tiene presentación de disidencias u observaciones”.

Y reiteró que “estos dos expedientes que se tratan a continuación tienen un trabajo previo, entonces podemos no estar de acuerdo y no votar lo mismo, pero si consignamos un temario, avanzamos con incorporar expedientes que llegaron hasta el recinto que salieron por unanimidad, que no tienen observaciones, no hay motivo para levantar la sesión por eso”.

Tomó las riendas nuevamente de la sesión Cecilia Moreau, quien aclaró que el sentido era votar ambos proyectos por separado, pero Ritondo insistió y disparó contra la bancada de enfrente: “La falta de caballerosidad por parte del oficialismo resalta como son. Yo pedí un cuarto intermedio, pido que se vote de forma nominal”.

Sin quedarse callado, Martínez le respondió: “Antes de las sesiones, a la hora de conformar los temarios tenemos instancias de diálogo con los distintos bloques para poder garantizar lo que hoy logramos de tener una sesión ordenada con quórum, para sacar temas importantes. Nosotros siempre respetamos los acuerdos políticos en este sentido, a veces, como dijimos, hay un camino previo en cada expediente y pedimos que podamos seguir avanzando, vamos a insistir en continuar con la sesión”.

A la hora de la votación de la moción solicitada por Ritondo, la misma resultó negativa, con 107 votos, 102 afirmativos. En ese instante los miembros del bloque Pro comenzaron a retirarse del recinto. “¿Dónde van, eu? preguntó en tono cansada Moreau y aclaró: “Votamos el cuarto intermedio…”.

Inmediatamente, en el uso de la palabra, el titular del interbloque Federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, lanzó: “Con todo respeto a los bloques, a los compañeros, colegas. Acá se ha propuesto una votación nominal y el conjunto del Cuerpo siempre se somete al resultado de la votación de la decisión conjunta del Cuerpo. Por supuesto que cada uno puede hacer lo que considere que tiene que hacer, simplemente acá hay una actitud reñida con las reglas del funcionamiento del Cuerpo, no puede ser que quien, en conjunto hemos decidido un procedimiento, porque pierden el partido se van con la pelota debajo del brazo. Eso no puede ser, la preocupación es que aquí”, momento en el que, tras los gritos del diputado Fernando Iglesias, Rodríguez chicaneó: “Si Iglesias quiere la palabra lo escucho”, y preguntó: “¿Hay algo más importante que esté detrás de esta decisión y no lo sabemos?”.

También expresó su enojo el jefe del interbloque Provincias Unidas, Luis Di Giacomo: “Nuestro interbloque votó a favor del cuarto intermedio porque entendíamos que era una obcecación no darlo para poder discutir, pero también entendemos que las reglas de juego democráticas tiene que dejar de lado estos infantilismos o en su defecto estas raras actuaciones para que verdaderamente honremos lo que hacemos en la banca donde las cosas se deben debatir”, y disparó: “No quiere creer que alguno ya está yendo a un canal de televisión amigo a poder decir lo quiere quiere en vez de poner la cara y discutirlo acá en las bancas”.

En el uso de la palabra, el diputado del Pro Iglesias le salió al cruce al ‘Topo’: “Los diputados pueden quedarse o retirarse porque forma parte de nuestras atribuciones, es parte del reglamento”. “Yo relato lo que veo, ustedes se fueron porque perdieron”, le retrucó de la vereda de enfrente el bonaerense.

Finalmente, por pedido de Moreau, el Cuerpo fue a un cuarto intermedio de 5 minutos, pero no se llegó a un acuerdo. El bloque Pro ratificó su retirada -mientras que el resto del interbloque de JxC se quedó hasta el final- y la sesión continuó su curso debatiendo los proyectos restantes que quedaban en el temario. Sin embargo, la iniciativa que proponía otorgar jerarquía Constitucional la Convención Belém Do Pará no fue tratada, debido a que se requieren las 2/3 partes para aprobarla.

“Una vez más el kirchnerismo, a través del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, vuelve a entorpecer la tarea del Poder Judicial”, expresó este jueves el bloque Pro, que conduce Cristian Ritondo, luego de la bancada oficialista de Diputados reaccionara contra la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, conformada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, a quienes acusaron de “responder directamente a Mauricio Macri y a Horacio Rosatti”.

Para los diputados del Pro, el kirchnerismo “aprovecha una resolución judicial, para criticar a jueces independientes que ejercen su tarea y atacar nuevamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, y advirtieron que “debemos respetar la democracia y las instituciones de la República”.

“Desde el 1 de septiembre, el kirchnerismo busca asociar a sectores de la oposición con el ataque a la vicepresidente, recurriendo a un relato absurdo y oportunista”, sostiene el bloque Pro de la Cámara baja, que a través de un comunicado sostuvo que “el Poder Judicial y la Corte Suprema necesitan desempeñar su misión en paz y sin interferencias de otros poderes, para afianzar la Justicia, la República y la Democracia”.

“Desde el bloque de diputados del pro repudiamos fuertemente esta nueva embestida a la justicia, resaltando la importancia de la independencia de este poder”, cierra el bloque de diputados nacionales del Frente Pro.

Desde el bloque Frente Pro rechazaron las “acusaciones infundadas” al vicepresidente de esa bancada en la Cámara de Diputados, Gerardo Milman. “Desde que ocurrió el atentado a la vicepresidente, el oficialismo ha estado intentando vincular a los responsables materiales de este hecho de suma gravedad institucional con espacios políticos de la oposición y con el periodismo”, afirmaron desde el bloque que conduce Cristian Ritondo.

“Acusar de esta manera, con rumores, para generar sospechas, afectando el buen nombre y honor de un representante destacado de la oposición, es un golpe bajo a la credibilidad de las instituciones de la República”, lanzaron desde el Pro.

A través de un comunicado, expresaron su confianza en el trabajo de la Justicia para “el esclarecimiento del caso y que se investigue con celeridad a los verdaderos responsables”.

Comunicado del Pro

La conducción nacional del PRO también rechazó “las acusaciones infundadas” contra Milman, y a través de un comunicado expresó que “el oficialismo no detiene su difamación desde que sucedió el atentado a la vicepresidenta de la Nación, intentando vincular a los responsables materiales del gravísimo hecho con la oposición y el periodismo”.

“La generación de rumores, sospechas y acusaciones falsas son una afrenta al buen nombre y honor de un representante del pueblo. Esperamos que la Justicia esclarezca pronto el caso, a partir de una investigación responsable”, agrega el comunicado.

El bloque Pro de la Cámara de Diputados anticipó temprano su decisión de no acompañar y abstenerse en la votación del Presupuesto 2023.

Mediante un comunicado, la bancada que conduce Cristian Ritondo argumentó: “Esta posición se fundamenta en que si bien el Gobierno ha aceptado incorporar algunas cláusulas que hemos solicitado desde Juntos por el Cambio también se ha negado a revisar varios artículos a los que nos opondremos en la votación en particular”.

En ese sentido, recordaron que “el Gobierno nacional aceptó incorporar un congelamiento de la planta de personal para evitar que el fin de un mandato presidencial se convierta en la oportunidad para aumentar la planta del Estado y de las empresas públicas. También aceptó la incorporación de una cláusula gatillo para evitar el uso discrecional de los fondos extra presupuestarios que podrían generarse si la inflación anual supera la pauta del 60% prevista en este Presupuesto 2023”.

“Sin embargo, estamos absolutamente en contra de algunos artículos y es por ello que en la votación en particular nos opondremos a delegar en el Poder Ejecutivo el aumento de las retenciones, la creación de zonas aduaneras especiales, y en general de la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo”, adelantaron.

Los macristas también señalaron que no permitirán que “el Presupuesto sea usado como una herramienta de disciplinamiento del Poder Judicial. Defendemos la legalidad y por eso nos oponemos a que este debate se dé en la ley de presupuesto. Lo hacemos con la autoridad moral de haber sancionado, durante el gobierno del presidente Macri, una ley para que los jueces comiencen a tributar Ganancias. Y consideramos que, si persisten otras inequidades tributarias que afectan a otros miembros del Poder Judicial no amparados por la intangibilidad del artículo 110 de la Constitución Nacional, las mismas deben ser debatidas y corregidas en una ley especial”.

“También nos opondremos a los acuerdos corporativos que benefician a unos trabajadores sobre otros y cuyo costo deberán asumir todos los argentinos. No vamos a ser socios del Gobierno para beneficiar indebidamente al gremio de camioneros”, remarcaron.

Finalmente, los diputados del Pro expresaron: “Sosteniendo nuestro compromiso electoral votaremos en contra de todos los artículos que proponen subir impuestos y tasas”.

El bloque de diputados nacionales del Pro y legisladores de la provincia de Buenos Aires convocaron a una conferencia de prensa este jueves, a las 15:30, en el salón Auditorio del Anexo A de la Cámara baja (Avenida Rivadavia 1841).

Bajo el lema “no al adoctrinamiento en las escuelas”, los macristas se referirán al material elaborado por la Jefatura Educativa Región 25, que responde a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, a través del cual se ideó una “guía” para abordar el tema del ataque a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Los diputados se expresarán en contra de las orientaciones que “tanto las máximas autoridades educativas provinciales como la agrupación político-sindical que domina la estructura de la Dirección General de Cultura y Educación” realizaron, “asociando directa y abiertamente los supuestos discursos de odio con figuras de la oposición y sus espacios políticos, con los medios de comunicación críticos y con la justicia”.

“Estamos transitando un proceso histórico que tiene como objetivo terminar con la impunidad de uno de los casos más representativos de la corrupción en Argentina”, así lo expresa un comunicado emitido por el bloque de diputados del Pro, que considera que “los alegatos de los fiscales (Sergio) Mola y (Diego) Luciani abren una instancia institucional inédita en el país, porque su labor consecuente con el Estado de Derecho reafirma la vocación republicana del Poder Judicial y pone de manifiesto que la Constitución Nacional no es letra muerta”.

El bloque que encabeza Cristian Ritondo considera que “una tarea legal, objetiva y patriótica ha demolido el relato kirchnerista y la acumulación de pruebas irrefutables revelan la existencia de una asociación ilícita que saqueó los bienes del Estado que son de todos los argentinos”.

“Es un paso adelante para que se haga Justicia y terminar con la impunidad de quienes utilizan los cargos públicos para su propio y exclusivo beneficio personal”, sintetiza el comunicado, donde se repudia también “la clara violación a la independencia de los poderes de parte del presidente de la Nación, arrogándose facultades que no le competen y desconociendo las más elementales atribuciones constitucionales”.

Los diputados del Pro reiteraron su compromiso político para que “la República se imponga contra los intereses facciosos de los que buscan atajos al margen de la Ley y de la convivencia democrática”.

Basta de relato, basta de corrupción, basta de impunidad.
Será justicia. pic.twitter.com/N7yG8YZvfe

— PRO Diputados (@prodiputados) August 23, 2022

Los diputados nacionales del bloque Pro condenaron “la violencia delictiva contra la Municipalidad de Lanús”, que tuvo lugar este viernes por “un grupo de militantes del sindicato ATE”, que consideraron son “una muestra de la Provincia y de la Argentina que no queremos y que la mayoría de la sociedad repudia tanto como nosotros”.

En ese marco reivindicaron la gestión del intendente de Lanús, Néstor Gindetti, que -dijeron- se caracteriza por la apertura y el diálogo constante. Siempre que se discutió paritarias con los trabajadores municipales ha sido en un marco de convivencia y entendimiento”.

“Lamentamos que las minorías sectarias utilicen la política patoteril para incentivar un falso conflicto, carente de racionalidad, porque la violencia nunca es el camino adecuado y legal en la búsqueda de soluciones laborales o de cualquier tipo”, agregaron a través de un comunicado en el que reiteraron su “firme posición a favor de la resolución de los problemas por las vías institucionales de la democracia y apoyamos al intendente Grindetti, destacando su tarea transformadora que ha puesto a Lanús de pie con obras, trabajo y seguridad”.

Repudiamos totalmente los ataques realizados en la Municipalidad de Lanús contra el intendente @Nestorgrindetti.
La violencia jamás debe de ser la respuesta ante la búsqueda de cualquier solución. pic.twitter.com/GdVKAVa8w4

— PRO Diputados (@prodiputados) July 30, 2022

“El presidente puesto a dedo por la vicepresidenta gasta el tiempo de su mandato para mentir, calumniar y difamar a Mauricio Macri, postergando las soluciones que demanda el país”. Así arranca el comunicado difundido este viernes por el bloque Pro de la Cámara de Diputados, que atribuye a eso que la investidura presidencial se encuentre “devaluada por tanto desatino, hipocresía y vulgaridad”.

En ese sentido expresan que “la más reciente falsificación de los hechos, de parte de Fernández, está referida a las obras civiles de la maquinización del Brazo Añá Cuá de la Central Hidroeléctrica Yacyretá”.

Señalan los diputados del bloque conducido por Cristian Ritondo que “la obra de Añá Cuá fue licitada, adjudicada e iniciada durante el último año de gestión de Mauricio Macri, cumpliendo con todos los requisitos de transparencia que exige una realización de estas características. El trabajo en conjunto con el gobierno de Paraguay permitió una reducción de los montos presupuestados del 40%. Así, la Argentina se ahorraba 300 millones de dólares”.

Sin embargo, agrega el comunicado, “ahora el presidente afirma que ha sido la actual gestión la que licitó la obra. Una demostración cabal de cómo Fernández apela al discurso excluyente de la mentira para apropiarse de obras ajenas y, de paso, disimular su estrepitoso fracaso”.

En síntesis, concluyen los diputados del Pro, “para Fernández gobernar es mentir, calumniar es aguantar en el cargo, hasta que nuevos vientos lo lleven vaya a saber uno hacia dónde, porque, desde el primer día de su mandato, perdió la brújula y la Argentina se encuentra a la deriva, siendo el hazmerreír de un mundo que mira absorto la irrupción de la ineptitud chabacana en el poder”.

El bloque de diputados nacionales del Frente Pro y legisladores de la provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambio convocó a una conferencia de prensa para este martes 3 de mayo a las 9.15 que se llevará a cabo en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados.

En la reunión se referirán al proyecto de “Ficha Limpia” que establece que las personas condenadas por corrupción y delitos dolosos no puedan integrar listas a cargos electivos. Esta reforma es respaldada por más de 400 mil ciudadanos que firmaron la petición de Change.

Cabe destacar que dicha iniciativa rige en cuatro provincias argentinas: Mendoza, Chubut, Salta y Jujuy.

En línea con la opinión de su presidente, Gerardo Morales, el radicalismo viene mostrando cierta disposición a favor de apoyar el acuerdo firmado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Similar posición anticipa también la Coalición Cívica, a partir de la línea que ha bajado su líder, Elisa Carrió. Faltaba conocer la postura del Pro, algunos de cuyos referentes han puesto ciertos reparos, comenzando por el expresidente Mauricio Macri y siguiendo por la titular del partido, Patricia Bullrich, que deslizó incluso que si el oficialismo se divide a la hora de votar, debería optarse por la derogación de la ley impulsada justamente por este Gobierno hace exactamente un año y que dispuso que el acuerdo por la deuda pase por el Congreso.

Para analizar seriamente qué decisión llevarán al seno de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió este miércoles el bloque de diputados nacionales del Pro. El temario era concreto y atendiendo las dos cuestiones legislativas más perentorias: el Consejo de la Magistratura y el acuerdo con el FMI.

El encuentro se celebró a partir de las 14 en el Anexo C de la Cámara baja y durante las deliberaciones, la bancada presidida por Cristian Ritondo coincidió por unanimidad en que resulta “imprescindible” conocer los detalles del acuerdo con el Fondo para poder consensuar luego una postura en el bloque y en Juntos por el Cambio.

De esta manera se diferenció de los otros dos socios principales de la principal oposición, y esa será la postura que llevará al seno del encuentro que mantendrá este jueves la Mesa Nacional de JxC.

Desde el bloque Pro destacaron la importancia de no caer en default y de avanzar hacia un acuerdo razonable que le permita a la Argentina mantener una relación madura con el mundo.

“Nadie puede decir cómo va a votar un texto que no conoce. El acuerdo con el FMI es con 184 países que lo integran, es decir, se trata de un diálogo internacional que no puede estar sometido a caprichos de la política interna ni de cuestiones ideológicas superadas”, subrayó Ritondo.

Y agregó el jefe de la bancada Pro: “Queremos que sea un país normal y no un Estado rehén del relato populista que atrasa y nos hunde en la pobreza y el aislamiento”.

El primer tema a analizar fue el del Consejo de la Magistratura, que se extendió hasta las 16. Sobre esa cuestión hubo coincidencia unánime para que el instituto creado por la reforma constitucional de 1994 sea presidido por el titular de la Corte Suprema de Justicia. 

Autor de uno de los proyectos de reforma y miembro del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli (Pro – CABA) aclaró que “la solución más republicana es que el Congreso dicte una nueva ley orgánica. Los principales puntos que debe contener la ley incluyen que la Corte, a través de uno de sus miembros, integre el Consejo y lo presida, mejorar el procedimiento de los concursos y la gestión presupuestaria, e incrementar las auditorías y controles de gestión del Poder Judicial”.

A su turno, el exministro de Justicia bonaerense Gustavo Ferrari sostuvo que “la conformación del Consejo de la Magistratura, por la exigencia constitucional, es el garante de la independencia judicial. Según como se elijan a los jueces es cómo vamos a tener el modelo de Justicia que el país merece y con una administración lógica hacia las necesidades de los ciudadanos”. Finalmente, concluyó que “la Argentina necesita una Justicia independiente”.

Entretanto, Diego Marías, integrante del Consejo de la Magistratura, explicó que este órgano multisectorial “es importante porque es lo que la Constitución prevé para designar y/o remover a los jueces de todo el país y otra función es administrar el Poder Judicial”. De ahí la necesidad de acatar el reciente fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ley de reforma de 2006 y que ordena volver a un Consejo de 20 miembros con el presidente de la Corte a la cabeza.

La letra chica del acuerdo

Pasadas las 16 el debate rumbeó, como dijimos, hacia la cuestión con el Fondo. Ahí habló el referente económico legislativo Luciano Laspina (Santa Fe), quien insistió en que “todavía no conocemos la letra del acuerdo. Lo que sabemos es que no hay cambios de fondo en las principales políticas del kirchnerismo, pero al menos le pone un freno al descontrol monetario y fiscal que viene haciendo el Gobierno”.

También participó e hizo uso de la palabra el exministro de Economía Hernán Lacunza. Para el último jefe del Palacio de Hacienda durante la gestión de Mauricio Macri, del acuerdo solo se conoce una hoja de ruta. “Por ahora -dijo- se evitó el default, lo que es positivo, pero no alcanza. Por eso el Gobierno debe presentar un plan lógico para que lo acompañemos”.

Asimismo, el economista de Pro objetó que se proponga bajar el déficit fiscal sin dar pautas de cómo hacerlo, “porque, paralelo a ello, afirman que van a aumentar el gasto público”. 

Participaron del encuentro denominado “Agenda Parlamentaria, Análisis y Debate”,  efectuado en el Anexo C de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, los bloques Frente Pro, Avanzar San Luis, CREO, Ahora Patria, Encuentro Federal, Producción y Trabajo, y Republicanos Unidos.

Luego de que el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, admitió que la Ley de alquileres “fracasó”, desde el bloque de diputados nacionales del Pro impulsaron soluciones ante dicha situación porque “la agenda de la sociedad nos insta a buscar alternativas”.

“El oficialismo ha reconocido el fracaso de la ley de alquileres. Consideramos que ha sido la propia realidad la que determinó este cambio de postura, pero coincidimos en que debe consensuarse una nueva normativa, como lo propusimos en abril de este año y la mayoría legislativa del Frente de Todos se negó a darle tratamiento parlamentario”, expresaron.

En ese mismo contexto, aseguraron que “no es el oportunismo ni un resultado electoral el que debe guiar la tarea legislativa”, sino que “la agenda de la sociedad nos insta a buscar alternativas porque es la única forma de cumplir con el mandato que cada uno de nosotros ha recibido en las urnas”.

“Básicamente, las modificaciones que venimos proponiendo atacan los dos puntos conflictivos entre propietarios e inquilinos: el tiempo del contrato y la forma de ajuste”, detallaron desde el espacio opositor.

En ese sentido, el diputado nacional Álvaro González manifestó que “la iniciativa de Pro busca restablecer una metodología que facilite resolver esta situación adversa para las partes”, y agregó: “Hemos conversado y escuchado a todos los actores del sector inmobiliario para poder llegar a esta propuesta que aporte estabilidad, tranquilidad y confianza al pacto de alquiler”.

Entretanto, el jefe la bancada Cristian Ritondo señaló que “la Ley de alquileres perjudicó tanto a los propietarios como a los inquilinos. Le advertimos en tiempo y forma al oficialismo que, en un contexto de inflación galopante, contratos de tres años son inviables y tuvimos muchos casos en que el aumento de los valores fue superior al 60%”.

Asimismo, Ritondo aclaró que “los contratos por dos años deben quedar al libre albedrío entre las partes, para que sean propietario e inquilino los que elijan el índice de actualización que regirá, ya sea por INDEC, aumento semestral, aumento anual o Índice de Contrato de Locación”.

“Por eso, impulsamos una respuesta urgente que soluciona el problema de miles de argentinos. Se trata de una solución realista y equitativa que beneficia a locadores y locatarios”, finalizaron.

El bloque de diputados nacionales del Pro se reunió este miércoles bajo la presidencia de su titular, Cristian Ritondo, y le dio tratamiento a una serie de temas institucionales y políticos de suma actualidad.

En el transcurso de la reunión la bancada opositora decidió enviarle una nota al presidente de la Cámara, Sergio Massa, para que cite al jefe de Gabinete Juan Manzur, a los efectos de que brinde el informe sobre la gestión del Gobierno al Congreso, tal como lo establece la Constitución nacional.

 Por otra parte, también se resolvió convocar al canciller Santiago Cafiero, a la Comisión de Asuntos Exteriores, para que comunique la postura del oficialismo en lo que respecta a la situación del Mercosur, mientras se espera la visita del ministro Martín Guzmán y las distintas alternativas que correrá el proyecto de Presupuesto Nacional 2022 que ha sido enviado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Asimismo, se hizo un balance del plan de vacunación, de los retrasos en la entrega de dosis de AstraZeneca y las dificultades que está encontrando la vacuna Sputnik V para su aprobación por la Organización Mundial de la Salud.

“Queremos que el Congreso continúe ocupándose de la agenda que nos demanda la sociedad y para ello necesitamos sesionar en forma presencial sin más retrasos”, señalaron desde el bloque.

“El régimen Cubano apela nuevamente al único método que lo mantiene en el poder desde hace 62 años: la represión indiscriminada y la violación sistemática de los derechos humanos”, expresó este lunes el bloque de diputados nacionales del Pro.

A través de un comunicado, los diputados señalaron que “hemos visto en las últimas horas a miles de ciudadanos salir a las calles pidiendo libertad y reclamando por sus derechos. Cuando los pueblos les pierden el miedo a los dictadores, los cambios se hacen realidad y, más temprano que tarde, gana la democracia”.

En ese marco instaron al Gobierno nacional y a todas las organizaciones democráticas a “repudiar los atentados contra el pueblo cubano y a asumir una posición internacional clara de defensa irrestricta de los valores de la democracia”. En ese marco puntualizaron que “la tan mentada ‘no injerencia’ en asuntos internos de otros países es absolutamente relativa frente al atropello de la dignidad humana”.

“Refugiarse en una entelequia ideológica como hace el Gobierno nacional solo beneficia a quienes someten a sus pueblos a la pobreza, la represión y la muerte”, agrega el bloque que preside Cristian Ritondo, que concluye advirtiendo que “ante el atropello del régimen cubano contra su pueblo, no se duda, se lucha codo a codo junto con los oprimidos y se exige el cese inmediato de la represión y la liberación de los presos políticos. Más que un reclamo político es un imperativo moral”.

“La democracia argentina se desliza por una pendiente que conduce al populismo autoritario. Los ataques incesantes al Poder Judicial, la falsificación de la historia reciente, la acusación fácil, la utilización de los recursos públicos para acosar, extorsionar y amenazar a la oposición y al periodismo independiente, son algunos síntomas de una anomalía política que pone en peligro la sana convivencia comunitaria”. Así comienza un comunicado del bloque Pro de Diputados, que encabeza Cristian Ritondo, que lleva también la firma de la presidenta de ese partido, Patricia Bullrich.

En el mismo destacan el pronunciamiento de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien este 24 de marzo solicitó “el encarcelamiento” del expresidente Mauricio Macri, lo cual para el Pro “bastardea el clamor por la vigencia de los derechos humanos y utilizando una metodología repudiable propia de otras épocas”.

En un duro comunicado, desde el Pro señalan que “a ese clima de profunda intoxicación institucional, se agregan el fracaso en el manejo de la pandemia, una política exterior afín a ciertas dictaduras y los abusos de un grupo partidario que prioriza a amigos y militantes, y no a quienes les corresponde la inoculación de vacunas contra el Covid-19”.

Es en ese contexto, agregan, que los argentinos recordamos el 45º aniversario de la usurpación del poder constitucional ocurrido el 24 de marzo de 1976, puerta de entrada a la etapa más sangrienta del siglo 20 en nuestra Patria, tal cual lo definen. Y agregan: “Cuando todos los sectores de la vida nacional nos dedicamos a la reflexión y al ejercicio de la memoria para que nunca más haya terrorismo de Estado, la señora Estela de Carlotto solicita el encarcelamiento del expresidente Mauricio Macri, bastardeando el clamor por la vigencia de los derechos humanos y utilizando una metodología repudiable propia de otras épocas”.

“Hablamos sin ambages: ignorar esta instigación al delito que propone la señora Carlotto sería renunciar a la causa de la Memoria, de la Verdad y de la Justicia -remarcan desde el Pro-. Porque el expresidente Macri no tiene ningún delito probado que amerite una condena penal. Es decir, que llevar a la práctica ese deseo sin fundamento implicaría cometer una violación flagrante a la juridicidad y solo respondería a una medida dictatorial propia de los años de plomo”.

El bloque Pro de la Cámara baja y Patricia Bullrich dijeron lamentar “sinceramente” que la titular de Abuelas “haya renunciado a la defensa de los derechos humanos y se dedique a una tarea persecutoria que solo beneficia al partido gobernante que ella ahora sirve con fanatismo militante”. De este modo, agregan “la abuela de Plaza de Mayo deja paso a una militante de la injusticia. Nos duele en el alma esta Estela de Carlotto. Preferimos recordar a la Abuela que luchaba por recuperar la identidad de cientos de niños secuestrados por la dictadura cívico-militar de 1976. Pero no podemos dejar pasar sus improperios, sus dislates y su violencia verbal que buscan lesionar el liderazgo republicano de Mauricio Macri, un expresidente constitucional respetuoso de la diversidad y de la paz de los argentinos”.

Diputados del bloque Pro pidieron que el Poder Ejecutivo implemente los medios para vacunar contra el Covid-19 a adultos mayores que no tengan DNI y que, en consecuencia, no pueden registrarse para ser inmunizados.

A través de un proyecto de declaración, los legisladores fundamentaron la necesidad de habilitar la vacunación a personas sin documento con un caso ocurrido en Zárate, provincia de Buenos Aires. Allí, un grupo de adultos mayores en situación de extrema vulnerabilidad no pudieron acceder a la vacuna por no contar con DNI, pese a ser parte de la población objetivo del plan de vacunación e integrar el principal grupo de riesgo de Covid-19.

Al presentar la iniciativa, el presidente del bloque del Pro, Cristian Ritondo, afirmó: “Muchos de estos adultos mayores no tienen la documentación necesaria para tramitar su DNI y no pudieron inscribirse para recibir la vacuna porque los sistemas de registro desarrollados por las jurisdicciones exigen la identificación a través del documento para poder acceder a la vacunación”.

Firmaron el proyecto los diputados Cristian Ritondo, Graciela Ocaña, María Luján Rey y Mercedes Joury.

“El plan de vacunación del Gobierno nacional ha fracasado por ineficiente, desigual y huérfano de sustentabilidad”, expresó este lunes el bloque Pro de la Cámara de Diputados. En el duro comunicado advierten que “nadie desconoce que las vacunas contra el Covid son un bien escaso global, pero tampoco podemos dejar de considerar que ha faltado previsión e idoneidad en la gestión de los funcionarios de salud para lograr acuerdos con distintos laboratorios”.

Agrega el comunicado que “frente a la incertidumbre que generan los mensajes contradictorios del gobierno y la indignación social por los vacunados vip, hacemos saber que nuestro bloque, con sus 54 integrantes, está dispuesto a legislar en la materia para adquirir las vacunas del laboratorio Pfizer que tantos resultados positivos está dando en otros 78 países”.

Desde el Pro consideran que “es momento de actuar sin demoras en la compra de vacunas y sin politizar la escasa inoculación aplicada hasta el momento”. Y recuerdan que el exministro Ginés González García manifestó ante la Comisión de Acción Social y Salud Pública que la compra de vacunas Pfizer se había frustrado por el marco legal dado por el Congreso a través la Ley Nº 27.573, en especial por una supuesta negativa a asumir responsabilidad por negligencia.

“Siendo nuestra intención colaborar para solucionar los problemas normativos que estarían impidiendo el avance de esas negociaciones, resulta imperioso revisar el articulado y retomar el diálogo para proveernos de las vacunas que nos hacen falta”, puntualiza el bloque que encabeza Cristian Ritondo.

“Sepa el presidente Fernández que nuestra voluntad de colaboración siempre se mantuvo intacta y deseamos alcanzar las soluciones que la sociedad les demanda al gobierno y al Estado por ser los responsables directos en garantizar el derecho humano a la salud”, concluye el bloque de diputados del Pro.

El bloque de legisladores porteños del Frente de Todos salió al cruce de los diputados nacionales del Pro, que el jueves emitieron un comunicado expresando que “no todos somos lo mismo”. “Estamos completamente de acuerdo: no somos lo mismo. De hecho, somos muy distintos”, replicaron desde la bancada del FdT de la Legislatura porteña.

“Nuestro Gobierno trabajó desde el primer día para poder conseguir la mayor cantidad de vacunas, avanzar en el proceso de inmunización y empezar a dejar atrás la peor pandemia que nos tocó vivir”, señalaron los legisladores del Frente de Todos que, por el contrario, señalaron que desde la oposición “emprendieron una campaña antivacuna explícita, asegurando que era ‘trucha’, ‘insegura’ y hasta ‘un envenenamiento a la sociedad’”, a lo que sumaron “una campaña antivacuna implícita, con un jefe de Gobierno que no difundió ni promovió la vacunación, al punto de negarse hasta último momento a habilitar la inscripción de los porteños y porteñas”.

Desde el Frente de Todos afirmaron haber fortalecido el sistema público de salud “para garantizar el acceso de toda la población a la vacuna”, en tanto que le endilgaron al Pro haber delegado la vacunación de la Ciudad en instituciones privadas para que le ofrezcan de forma exclusiva a sus afiliados y afiliadas, sin establecer criterios ni ningún mecanismo de control sobre el orden de prioridad de las aplicaciones”.

“Nosotros pusimos a disposición de todos los distritos la red de vacunación de PAMI para la etapa de adultos mayores, porque no solo tiene la mayor cantidad de afiliados de más de 70 años del país, sino la experiencia y los recursos para cumplir con esta tarea”, señala el documento titulado “Mirá qué distintos somos”, que contrapone en cambio que “ustedes decidieron excluir al organismo del plan de vacunación de la Ciudad y ratificar el sistema privatista”.

Sobre el final, advierten que “ante la presentación de un hecho incorrecto y reprochable, dimos la cara, actuamos rápido y tomamos medidas para que nunca más se vuelva a repetir”, en tanto que “ustedes desestimaron las advertencias sobre los riesgos de privatizar la vacunación y se negaron a brindarle información a los ciudadanos y ciudadanas”.

“Tan poco les importó la situación que nos enteramos por los medios de comunicación que el jefe de Gobierno decidió tomarse vacaciones en medio de la pandemia que ya se llevó casi 9 m il vidas en nuestra ciudad y que sigue haciéndolo cada día”, agregan.

El documento del bloque Frente de Todos de la Legislatura porteña concluye diciendo que “nosotros defendemos y cuidamos nuestra aerolínea de bandera, por eso sus aviones están a disposición para repatriar argentinas y argentinos varados en el mundo, traer insumos médicos y las vacunas que nos van a permitir ponerle fin a tanto sufrimiento”. Por el contrario, sostienen que “los únicos aviones que cuidan ustedes son los privados y los usan para irse a las playas de Buzios, mientras miles de ciudadanos y ciudadanas la pelean todos los días para salir adelante y esperan el máximo esfuerzo de quienes tenemos responsabilidades institucionales”.

“No somos todos lo mismo”, advirtió el bloque Pro de la Cámara de Diputados de la Nación a través de un comunicado en el que expresó un enfático respaldo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro de Salud, Fernán Quirós, respecto de la gestión del Plan de Vacunación contra el Covid-19.

“La Ciudad de Buenos Aires, como tantas otras veces, ha demostrado que es posible gestionar políticas públicas cumpliendo con las normas y los protocolos, sosteniendo altos estándares de calidad y sobre todo respetando a los ciudadanos”, expresó el bloque que conduce Cristian Ritondo.

Y atento a la denuncia conocida esta semana y que motivó la imputación tanto del jefe de Gobierno como de su ministro de Salud, los diputados advirtieron que “los que no pueden justificar el uso de sus privilegios para acceder a un bien escaso como las vacunas pretenden generar dudas para hacer creer que todos somos iguales, pero eso no es así”.

Como en todas las campañas de vacunación que se realizan en la Ciudad, “el trabajo con los efectores privados facilita el acceso y garantiza una mejor y más rápida distribución”, apuntaron, agregando que “todos los convenios firmados son públicos y tienen rigurosas condiciones de cumplimiento”. Y precisaron: “A diferencia de otras jurisdicciones, en la Ciudad existe una campaña de vacunación, no una campaña política de las vacunas”.

Con los tapones de punta, el bloque Pro advirtió que “en la Ciudad de Buenos Aires no hay vacunatorios VIP ni privatización de las vacunas. Sólo hay una estrategia sanitaria planificada, efectiva y colaborativa para cuidar a la población”.

Por último la bancada integrante de Juntos por el Cambio salió a desmentir “noticias falsas” que atribuyó a “la desesperación por tapar escándalo del oficialismo”, aclarando que “ningún miembro de nuestro bloque está vacunado y estamos dispuestos a someternos a cualquier tipo de test para probarlo. No somos lo mismo. Que los que usaron sus privilegios para vacunarse no pretendan ensuciar a quienes no lo hicimos y hoy podemos mirar de frente a los argentinos”.   

El presidente del bloque de diputados nacionales del Pro, Cristian Ritondo, recibió junto a diputados de Juntos por el Cambio un petitorio con más de 75.000 firmas para pedir la inmediata reapertura del Aeropuerto El Palomar.

El petitorio surge de una inquietud de las agrupaciones Banquemos y Amigos del Aeropuerto, coordinadas por Ricardo Benedetti y Alejandro Matozo Gemignani, que buscan concientizar sobre el impacto que el cierre de El Palomar tuvo en más de mil familias que vivían de la actividad que se desarrollaba en la terminal aérea. Por eso, más de 200 militantes recolectaron más de 75.000 firmas, entre presenciales y on-line a través de change.org, para pedir que los servicios low cost vuelvan a El Palomar y se recuperen los puestos de trabajo.

Al recibir las firmas, Ritondo afirmó: “Participé de algunas marchas para pedir la reapertura del aeropuerto y pude hablar con las organizaciones, con los vecinos y los comerciantes que apostaron a poner negocios en la zona. Además vi a chicos volar por primera vez gracias al servicio de las low cost. Agradecemos el compromiso y la pelea de los vecinos que, sin especulaciones políticas, llevan adelante esta tarea”.

Acompañaron a Cristian Ritondo en la recepción del petitorio los diputados Alicia Fregonese, Virginia Cornejo, Ingrid Jetter, Silvia Lospennato, Martín Grande, María Luján Rey, Adriana Cáceres, Camila Crescimbeni, Jorge Enriquez, Alberto Asseff, Ezequiel Fernández Langan, Hernán Berisso, Alfredo Schiavoni, Luciano Laspina, Julio Sahad, Hector Stefani y María Carla Piccolomini, entre otros.

“Repudiamos el intento de toma de la Municipalidad de La Plata por parte de un grupo de representantes de organizaciones políticas, encapuchados y con palos. Estos grupos habían acordado una reunión para mañana para ser escuchados, pero de igual manera decidieron recurrir a la extorsión y a la usurpación del patrimonio de todos los platenses para hacer oír su reclamo”, expresó el bloque de diputados nacionales del Pro a través de un comunicado difundido este miércoles.

Los legisladores señalaron que “el Gobierno envía un mensaje negativo a quienes protagonizan estos hechos delictivos. Desde lo más alto del poder se fogonean las usurpaciones como vía para canalizar reclamos sociales válidos, a través de la entrega de subsidios y materiales a quienes las protagonizan. Esto ha llevado a que las organizaciones sociales incorporen a la toma como un método de protesta posible y efectivo”. Y en ese sentido recordaron que “hace siete días, la municipalidad de Olavarría fue ocupada en circunstancias similares”.

Con palos y a los golpes intentaban ingresar a nuestra municipalidad en La Plata. Estas son las consecuencias de apañar y subsidiar el delito.
Basta. pic.twitter.com/7fvV8t6KAM

— Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) October 28, 2020

Los diputados de la bancada que preside Cristian Ritondo pidió al Gobierno que tome “una posición en favor de la propiedad privada y no adopte medidas que en la práctica fomenten estos delitos. No podemos ceder ante ninguna extorsión”.

Diputados nacionales del bloque Pro presentaron un pedido de informes al Gobierno para que “fundamente técnicamente las declaraciones del secretario de Energía de la Nación (Darío Martínez), que afirmó que habrá cortes de electricidad en los próximos meses”.

Un grupo de legisladores, encabezados por el neuquino Francisco Sánchez, pidieron “cautela a la hora de realizar pronósticos catastrofistas como el del titular de Energía”, y recordaron “el punto crítico de la última crisis energética”. “En 2013 el promedio de horas sin servicio por usuario llegó a las 32,6 horas”, indicaron.

Los diputados explicaron que, tal como afirmó el funcionario del área, “es cierto que hay un aumento en el consumo eléctrico del segmento residencial. Pero también es verdad que hubo una gran disminución del uso de energía de grandes clientes, que incluso podría compensar ese aumento”.

“Queremos saber si se realizaron informes técnicos que lleguen a esta conclusión. Y si es así, cuál es el plan de energía para evitar, y en el futuro solucionar de raíz el problema”, señalaron.

Por último, los macristas manifestaron su preocupación particular por el impacto que los pronosticados cortes tendrán en las personas que trabajan a distancia como parte de las medidas adoptadas para evitar la propagación del Covid-19, y de las personas electrodependientes.

Acompañaron el proyecto Jimena Latorre, Héctor Stefani, María Luján Rey, Martín Grande, José Luis Patiño, Pablo Torello, David Schlereth, Ingrid Jetter, Dina Rezinovsky, Natalia Villa, Gustavo Mena, Omar De Marchi, Marcelo Orrego, Fernando Iglesias, Jorge Enríquez, Alberto Asseff, Soher El Sukaria, Graciela Ocaña, Julio Sahad y Osmar Monaldi.

El diputado del Pro Ignacio Torres afirmó que su proyecto de ley sobre “solidaridad sindical” apunta a que “haya más dinero en el bolsillo de los trabajadores”, para lo cual “es necesaria la colaboración de los gremios”.

Tras presentar una iniciativa que propone que se suspendan por tres meses los aportes sindicales, el legislador explicó que “esto no quiere decir que (las entidades) se desfinancien”, ya que los montos se cobrarán posteriormente en cuotas durante un año.

En diálogo con parlamentario.com, el chubutense también habló sobre la situación en su provincia, y aseguró que “es más compleja que otros distritos” debido a la caída del precio del petróleo y la crisis que acarreaba previamente. “Hay médicos que no están cobrando en tiempo y forma”, advirtió.

Por otro lado, el macrista afirmó que desde la oposición quieren “tratar muchos proyectos que, de manera complementaria, sirvan de aporte al Ejecutivo Nacional” en el contexto de la emergencia sanitaria. Por eso pidió “la apertura del Congreso de manera inmediata”.

En tanto, sobre la iniciativa del oficialismo para establecer por única vez un impuesto extraordinario, Torres admitió que en su bloque “hay distintas posiciones”. “Yo no estoy en contra de gravar al capital, pero siempre y cuando venga de la mano de una baja en los impuestos al trabajo y la producción”, opinó.

– ¿En qué consiste el proyecto de ley que presentó sobre “solidaridad sindical”?

– El proyecto consiste en la suspensión de la cuota sindical, que varía entre el 1% y 3% del salario -dependiendo el rubro-, por tres meses, que es lo que estimamos van a ser los meses donde será más fuerte el aislamiento. Este aislamiento afecta fuertemente a todo el país, a las PyMEs, a las empresas más grandes, a los monotributistas, a todos, y en un contexto donde se está solicitando solidaridad -y nosotros también lo hemos hecho desde nuestro bloque- a todos los sectores y a los tres poderes del Estado, me parece que es necesario también que las entidades sindicales pongan lo suyo.

– Voces críticas a este tipo de iniciativas, como también la presentara su par Alfredo Cornejo (UCR), hablan de una intención de desfinanciar a los gremios…

– No, esto no quiere decir que se desfinancien, para nada; porque después de los tres meses ese débito se haría en 12 cuotas sin interés. Lo que queremos es que haya más dinero en el bolsillo del trabajador por lo que dure esta pandemia. Hay muchos casos en los cuales ha habido acuerdos implícitos entre los trabajadores y la parte empleadora para percibir mucho menos, desde un 30, un 50, y hasta hay casos que han percibido el 70 por ciento menos en sus haberes. Por eso creemos también que es necesaria la colaboración de los gremios para suspender la cuota sindical. Hasta ahora no se han visto afectados bajo ningún punto de vista porque los débitos se han seguido haciendo y el empleador también es quien retiene este dinero. Reitero, apunta a que los trabajadores puedan tener más liquidez en mano durante el transcurso del aislamiento.

Hay un caso que para mí es digno de resaltar, que es el caso de petroleros en mi provincia, donde sin necesidad de avanzar con esta iniciativa tomaron la decisión de suspender la cuota sindical para que ese dinero lo tengan los trabajadores. Me parece que es una medida para replicar en otros sindicatos.

– ¿Qué opina de las medidas que ha tomado el Gobierno nacional en este contexto y qué cree que falta?

– Hay muchas medidas que tomó el Gobierno nacional que obviamente acompañamos. Sin embargo, hay cinco proyectos de emergencia que presentamos con algunos diputados para, a modo complementario, poder ampliar el universo de beneficiarios de algunos programas. Por ejemplo, en el caso de PyMEs, creemos que el criterio para acceder a algún beneficio tiene que ser, por ejemplo, una baja en la facturación del 30 a un 50 por ciento en términos reales, que sea comprobable impositivamente. Otro de los puntos tiene que ver con federalizar los recursos del Ministerio del Interior, de las arcas del Gobierno nacional, producto de la emisión monetaria. Estamos emitiendo más de 500 mil millones de pesos, lo cual hace que todos los argentinos a lo largo y ancho de nuestro país tengamos el mismo riesgo de caer en una espiral inflacionaria en un contexto de recesión; y muchos de esos recursos, la gran mayoría, se ejecutan en las zonas centro del país, cuando hay distritos que realmente lo necesitan y de manera urgente. Por eso presenté también un proyecto que tiene que ver con un criterio federal coparticipable de los aportes del Tesoro Nacional.

– En este sentido, ¿cómo es la situación en Chubut, que ya venía de una marcada crisis el año pasado?

– La realidad de Chubut es más compleja que otros distritos, porque nosotros somos una provincia que tenemos una altísima dependencia de las regalías petroleras y, sumado al aislamiento y el impacto que esto genera en la economía, el hecho de la caída del barril afectó muchísimo a las arcas del gobierno provincial, y esto afecta y resiente la salud, la educación, la seguridad, los sueldos que se están pagando de manera escalonada.

Este problema ya venía de antes de la pandemia, producto de un acuerdo de paritaria en campaña del gobernador (Mariano Arcioni), un acuerdo que no se podía cumplir, que generó un rosario de problemas, donde hubo paro de los tres poderes, un manejo anárquico donde ni el Poder Judicial, ni el Legislativo, ni el Ejecutivo funcionó durante meses, más de un año y medio los chicos sin clases. La verdad que, sumado a toda esa angustia, hoy en este contexto nos preocupa mucho no solo que se sature el sistema de salud, sino que no arranque. Hay médicos que no están cobrando en tiempo y forma y que, sin embargo, están haciendo una patriada y le están poniendo el cuerpo, pero están trabajando en condiciones mucho peores de falta de insumos e infraestructura que otros distritos.

– ¿Qué piensa sobre la demora de un acuerdo en la Cámara de Diputados sobre la manera de sesionar?

– Nosotros desde Juntos por el Cambio estamos peleando para que la apertura del Congreso se haga de manera inmediata. Entendemos que hay una cuestión de crisis sanitaria, pero eso no quita que estamos viviendo en un Estado de Derecho y en una república, por lo tanto necesitamos imperiosamente que el Congreso, entre otras cosas, ratifique muchos de los DNU que están vencidos. Entiendo que hay buena voluntad para avanzar en un sistema de sesión remota, pero en el caso que esto se dilate mucho más vamos a proponer que la sesión se haga de manera presencial. Una opción sería que el Senado pueda sesionar en el recinto de Diputados y los diputados, por ser más, podamos sesionar en cualquier otro lugar que cumpla con el protocolo de distanciamiento social, como puede ser el CCK. Queremos tratar muchos proyectos que, de manera complementaria, sirvan de aporte al Ejecutivo Nacional.

– ¿Cuál es su opinión sobre la iniciativa de gravar a las “grandes fortunas” que impulsa Máximo Kirchner, jefe del bloque Frente de Todos?

– Hay distintas posiciones en nuestro bloque respecto a ese tema. Yo creo que hay que rediscutir un montón de cosas, entre eso la matriz fiscal. Nosotros tenemos la segunda presión fiscal más alta del mundo, lo cual es un cuello de botella al desarrollo de cualquier país y en Argentina lo padecemos: esto genera empleo en negro, destrucción de empleo. Va a haber que discutir un montón de cosas para darle alivio fiscal a quienes generan trabajo en nuestro país.

Yo no estoy en contra de gravar al capital, pero siempre y cuando venga de la mano de una baja en los impuestos al trabajo y la producción. En ese caso, si es coherente estaríamos dispuestos a aportar nuestro punto de vista y acompañar, mientras se tomen en cuenta las propuestas del bloque. Pero si hay algún dilema constitucional, obviamente bajo ningún punto de vista voy a apoyar un proyecto que sea confiscatorio o anticonstitucional.

El jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, junto al vicepresidente primero de la Cámara baja, Álvaro González, presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para exigir que rinda cuentas de los fondos destinados a las provincias y municipios en el marco de la pandemia de Covid-19 y los criterios de distribución del dinero.

“El trabajo que esté haciendo el Gobierno nacional en la administración de la crisis sanitaria debe llegar a cada argentino, independientemente de si las autoridades gubernamentales son oficialistas o de otro signo político”, sostuvieron desde la bancada. Y agregaron: “El virus no discrimina, todos corremos los mismos riesgos y todos somos agentes de transmisión”.

El pedido de informes solicita que se comunique con precisión “el origen de los recursos financieros, la modalidad y marco regulatorio de su uso, los montos que se están utilizando y las jurisdicciones que los están recibiendo”. Asimismo, los diputados quieren conocer detalles sobre los criterios utilizados para la distribución de los fondos.

Por último, se exige al Ejecutivo conocer “cuáles han sido las gobernaciones y municipios que han formalizado pedidos de fondos para paliar las situaciones de emergencia y desequilibrios financieros producidos por el Covid-19”.

El proyecto fue acompañado por los diputados del Pro Silvia Lospennato, Hernán Berisso, Alberto Asseff, Ezequiel Fernández Langan, María Luján Rey, Martín Medina, Adriana Cáceres, Waldo Wolff, María de las Mercedes Joury, María Carla Piccolomini, Natalia Villa y Pablo Torello.

En una nueva reunión convocada por el presidente de la bancada del Pro, Cristian Ritondo, se produjo este martes la reaparición del extitular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, quien durante casi una hora y media hizo habló con sus compañeros de partido reiterando una postura que hace tiempo viene exponiendo: la necesidad de cerrar la grieta, máxime en esta coyuntura.

Quien condujera la Cámara baja durante los 4 años de gestión de Mauricio Macri fue invitado por Ritondo para participar de la reunión virtual, como ya hicieron en anteriores ocasiones -también en videoconferencias- el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal; y los intendentes Jorge Macri (Vicente López) y Ezequiel Galli (Olavarría).

Durante la teleconferencia que condujo Cristian Ritondo, Monzó advirtió que el mundo no está atravesando una crisis, sino “un profundo proceso de cambio”, que llamó “de desglobalización” y, al mismo tiempo, “fortalecimiento del rol de los propios Estados”. Para el hombre de Carlos Tejedor, “las fronteras que se habían desvanecido se vuelven a levantar y se revalorizan las capacidades propias de producción”.

“Post crisis vamos a volver a una nueva normalidad”, anticipó.

Para Monzó, nuestro país tiene “el doble desafío de resolver los problemas que ya traía en un contexto en que el mundo no va a traccionar la recuperación Argentina como en el 2001, por eso la salida de la crisis va a ser mucho más difícil”.

Así las cosas, para monzó “es el momento de la unidad nacional, sin mezquindades de ningún tipo. Es el tiempo de acompañar y buscar una salida como país, de dar los debates que teníamos pendientes, es la oportunidad de la Argentina de superar la grieta”.

“Nuestro espacio político tiene muchos dirigentes a la altura de los desafíos que vienen Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Martín Lousteau son dirigentes de la democracia y deberían liderar juntos a los dirigentes de los otros espacios políticos la salida de la crisis”, enumeró el expresidente de la Cámara de Diputados.

Para Monzó, “no tenemos que ser convocados a firmar un acuerdo económico y social sino a construirlo. El presidente puede hacer esa convocatoria”. Y en ese marco recomendó que “hay que estar al lado de los intendentes; ellos en la crisis son los que mejor pueden responder a las necesidades de la gente”.
Admitió además que la estrategia del Gobierno para enfrentar la pandemia fue “eficaz”, pero aclaró que “ahora viene la etapa más difícil diseñar una estrategia eficiente, la sintonía fina y en ese diseño como fuerza política tenemos que hacer nuestro aporte concreto”.

Por otra parte Emilio Monzó aclaró que “no tenemos que ser convocados a firmar un acuerdo económico y social, sino a construirlo”, y enfatizó que “la salida de la pandemia será la etapa mas difícil, y en su diseño como fuerza política tendremos que hacer nuestro aporte concreto”.

Otro tema del que se habló fue la parálisis del Congreso, y al respecto Monzó fue terminante en el sentido de que “el Congreso debe sesionar” y si tiene que hacerlo de manera virtual, “está bien, mientras dure la emergencia”.

El bloque de diputados nacionales del Pro elaboró un paquete de cinco proyectos de ley para amortiguar el efecto negativo que la emergencia sanitaria y económica provoca en aquellos sectores aún fuera de los alcances de las medidas anunciadas por el gobierno nacional. Los aportes se inscriben dentro de la posición colaborativa que ha asumido la bancada opositora ante el coronavirus y comunicada al titular de la Cámara baja, Sergio Massa.

La iniciativa apunta a complementar las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo en las últimas horas, apoyar a los trabajadores independientes y las empresas particularmente afectadas por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Los cinco proyectos de ley son de carácter extraordinario y su vigencia se formaliza en el plazo en el que rija el Aislamiento Obligatorio y tres meses a partir de la finalización del mismo para permitir la recuperación económica de los argentinos.

En materia tributaria, entre otras medidas, el Pro propone aliviar la carga tributaria de trabajadores independientes, MiPyMES y empresas en general afectadas por las restricciones decretadas. En este sentido, el proyecto que presentarán prevé:

1.      A los monotributistas de todas las categorías se los eximirá del impuesto durante los meses de abril, mayo y junio bajo el entendimiento de que constituyen uno de los grupos de trabajadores más afectados por las restricciones decretadas y representan en su conjunto, menos del 1% de la recaudación total de AFIP.

2.      A los autónomos, empresas y otros contribuyentes no considerados “esenciales”, junto con los contribuyentes de “sectores esenciales” que acrediten una reducción en sus ingresos del 30% en los últimos 6 meses, se los liberará del cómputo de los intereses por mora de todos los impuestos nacionales facilitándoles un plan de pagos de al menos 24 cuotas para el repago del capital, una vez finalizada la emergencia. Esta medida va acompañada de la suspensión por 180 días de las ejecuciones fiscales. Por último, se permitirá la reducción de anticipos de ganancias a partir del próximo vencimiento de la obligación.

3.      A los argentinos “varados” en el exterior, se les deberá devolver el impuesto “PAIS” abonado durante su permanencia involuntaria en el exterior.

En materia crediticia, se declara a los servicios bancarios como “servicio esencial” -por tanto exceptuado de las restricciones- y se plantea la reforma de manera transitoria de la Carta Orgánica del Banco Central para que los bancos puedan ofrecer por cuenta y orden directa del Central dos líneas de crédito destinadas al sostenimiento del empleo y la normalización de la cadena de pagos. En materia de empleo, los créditos se otorgarán por un monto equivalente a 20.000 pesos por trabajador, estarán garantizados por el BCRA y tendrán como destinatarios a los empleadores que acrediten una reducción de ingresos superior al 30% en términos reales en los últimos seis meses. Las condiciones estarán fijadas por el BCRA y tendrán un período de gracias no inferior a 6 meses. Para normalizar la cadena de pagos se propicia la refinanciación automática de los cheques impagos entre el 19 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2020.

En materia laboral, se amplía el Programa REPRO a los efectos de asistir a todos los empleadores que demuestren una reducción sustancial en sus ingresos superior al 30% en términos reales del promedio de los últimos seis meses. Asimismo, se eleva la ayuda económica mensual hasta mayo de un monto equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles por seis meses. La iniciativa impulsa, también, extender por el “ingreso familiar de emergencia” de 10.000 pesos durante los meses de abril, mayo y junio. También se propicia la suspensión de emergencia de aportes solidarios y sindicales hasta 90 días luego de finalizado el período de Aislamiento Obligatorio y la suspensión del pago de cotizaciones de ART por el término de las restricciones para aquellos trabajadores afectados.

En materia tarifaria y servicios públicos, se pone el foco en trabajadores autónomos, monotributistas y MiPYMes, ampliando los sujetos sobre los que se prohíbe el corte de los servicios públicos por el plazo que se mantenga la emergencia. Respecto de las deudas acumuladas, se impulsa un prorrateo de seis meses con una tasa no superior al 20% anual.

Finalmente, en materia de austeridad fiscal del Estado nacional, se impulsa una reducción del 30% de los salarios de los tres poderes del Estados de los funcionarios con altos ingresos, durante el tiempo de duración de la cuarentena, prorrogable por tres meses. La medida afectaría el recorte a funcionarios de organismos descentralizados, entes autárquicos, empresas públicas y otros entes públicos nacionales. Por otra parte, se promueve la reducción del 25% de los rubros del Presupuesto Nacional destinados a actividades que no estén vinculadas directa o indirectamente a la crisis sanitaria.