Lejos de encaminarse las relaciones entre el oficialismo y la principal oposición en la Cámara baja, este jueves diputadas nacionales del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley con el objetivo de “excluir al diputado nacional Gerardo Milman del seno de esta Honorable Cámara de Diputados por inhabilidad moral de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional”.

El proyecto, firmado por las diputadas nacionales Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic asegura que “los hechos relatados, lejos de ser exhaustivos y muchos de los cuales se encuentran actualmente en investigación en sede judicial para determinar si constituyen actos criminales, sin duda tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la Nación Argentina. Su presencia en este cuerpo lo degrada y lo devalúa”.

Dentro de los argumentos para tal solicitud, se expresan “el involucramiento de Milman en el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”; el caso de la asesora Carolina Gómez Mónaco que en el año 2017, tiempos en los que Milman se desempeñaba como secretario de Seguridad de la Nación, fue designada como directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito sin ninguna experiencia previa que le otorgara competencias para ejercer semejante rol institucional, como así también el de su hermana, Daniela Gómez Mónaco, designada jefa de Administración de la Dirección de Inteligencia Criminal, con acceso a importantes fondos reservados. En simultáneo, en septiembre de ese mismo año, Gomez Mónaco creó con Fernando Daga, otro asesor del diputado Milman, la empresa Salvattore Group, que funcionó presuntamente como vehículo para una serie de emprendimientos comerciales como Luxa Estética y Luxa Models. A su vez, en la misma sede de Luxa Estética se ubicaba Top Studio Obelisco, un emprendimiento que Gómez Mónaco comparte con la periodista María Mroue, en cuyo programa de televisión de Crónica TV hicieron apariciones Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, detenidos desde el mes de septiembre por el ataque contra la vicepresidenta de la Nación.

Asimismo, se enumeran una serie de supuestas “inconductas”  del diputado Milman fueron traídas a la atención de la Cámara previo a lo develado a partir del atentado del 1 de septiembre. El proyecto señala que en abril de 2022, la Fiscalía Criminal y Correccional Nº 55 envió una nota al entonces presidente del cuerpo, Sergio Tomás Massa, en relación con la causa N° 15690/202 caratulada “FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4 CABA S/ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOL. DEB.FUNC.PUBL.(ART.248) Y HURTO AGRAVADO FUERZAS SEGURIDAD ART. 163 BIS DENUNCIANTE: MILMAN, GERARDO FABIAN Y OTROS”, para que se tome conocimiento acerca de la actitud asumida por el diputado Milman a los efectos disciplinarios que estime corresponder.

Otro punto que argumenta el pedido de inhabilidad moral son “otros asesoramientos” en temas de seguridad del diputado, que para las denunciantes merecen especial atención. Señalan que el 1 de septiembre de 2022 le facturó por “servicios de coordinación organizativa” al Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad, entidad que preside Patricia Bullrich y él mismo integra. Pero también a Olga María Guerra Carias, una joven venezolana que vive en Talar de Pacheco, que figura como incobrable en los informes comerciales y le habría pagado al diputado más de 600.000 pesos en octubre de este año por “servicio de diseño de seguridad”. “Las facturaciones “Las Malvinas son argentinas” recientes en esta materia del diputado Milman y el uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado creemos entran en conflicto de intereses con su rol como miembro de la Comisión de Seguridad de esta Honorable Cámara, tal como se desprende del art. 15 de la Ley N° 25.188 de Ética Pública referido al deber de abstenerse de intervenir respecto de cuestiones particularmente relacionadas con su interés particular”, expresa el proyecto.

En suma, suman la reciente denuncia realizada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernandez, contra Milman y Patricia Bullrich por los delitos de administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, nombramientos ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública. Se trata de la presunta contratación de 18 espías en el tiempo en que estuvieron a cargo de la cartera durante el Gobierno de Mauricio Macri. “En todos los casos se trataría de personas sin ninguna vinculación antecedente ni experiencia en inteligencia criminal, que ni siquiera conocían la dirección del Ministerio de Seguridad. Llamativamente, los supuestos agentes, en su gran mayoría, son vecinos de los municipios de 3 de Febrero y San Miguel”, precisa la denuncia.

Finalmente, se destacan contratos de alquiler del diputado Milman, que consideran “sospechosos”, por “resultar inexplicables en relación a sus ingresos como diputado nacional”. Entre los mismos mencionan “una casa de fin de semana en Exaltación de la Cruz en un club exclusivo por el cual pagó USD 37.000 por nueve meses y expensas por $120.000 y una casa en Pinamar por USD 12.000 por mes. Además se conoció que el valor de su casa en Adrogué es de $4.232.135 y que las expensas están a nombre de Alberto Miguel Herrmann, uno de los socios de Service Corporation International (SCI), empresa que controla los principales cementerios privados del país y las más reconocidas compañías de servicios fúnebres”.