“Debemos evitar que la motosierra pase por las políticas que funcionan bien”, sostuvo la radical Carla Carrizo, impulsora de proyecto de resolución.
La diputada nacional Carla Carrizo (UCR), junto a compañeros de su bloque, solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre el estado actual del Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia), a raíz de las denuncias de la no renovación de contratos de más de 700 profesionales encargados de su implementación.
Los legisladores buscan conocer si se encuentra garantizado el pleno funcionamiento del Plan para este 2024 a nivel nacional, plan de acción, las actividades previstas, la política del Gobierno nacional, el presupuesto asignado y los posibles aumentos de partidas.
Al respecto, Carrizo señaló que “el Plan ENIA es una referencia de experiencia exitosa, es una de las pocas políticas de Estado -atravesó dos gestiones de gobierno- que realmente han dado resultados positivos, un ejemplo para otras políticas que enfrentan el desafío de coordinar sectores y actores en un país con 24 distritos. Debemos evitar que la motosierra pase por las políticas que funcionan bien. El Plan ENIA redujo a la mitad el embarazo adolescente no deseado en Argentina”.
El Plan ENIA es la primera política pública integral que se plantea sobre el embarazo no intencional en la adolescencia, promoviendo decisiones libres e informadas, acceso efectivo a métodos anticonceptivos, prevención y abordaje del abuso sexual y embarazo forzado.
Fue lanzado en 2017 bajo la presidencia de Mauricio Macri y continuó durante la gestión de Alberto Fernández. La radical destacó que “sus resultados son más que alentadores: desde su inicio hasta el 2021 se logró reducir la tasa de fecundidad adolescente (entre 10 y 19 años) de 49,2% a 27%, lo que significa una caída del 49%”.
El proyecto contó con las firmas de Carrizo, Marcela Antola, Pablo Cervi, Natalia Sarapura, Melina Giorgi, Pamela Verasay, Gabriela Brouwer de Koning, Gerardo Cipolini, Danya Tavela y Mariela Coletta.
Luego del escándalo desatado al interior del Gobierno por el caso del buque chino, el senador radical presentó un pedido de informes al Ejecutivo.
Luego del escándalo desatado al interior del Gobierno por el caso de pesca ilegal de un buque chino, que desató la renuncia del exdirector de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, quien denunció presiones de Cancillería, el senador nacional Pablo Blanco (UCR) presentó un pedido de informes al Ejecutivo.
Dirigido directamente al subsecretario de Pesca y Acuicultura, Juan Antonio López Cazorla, el legislador reclamó información “en relación con la marea de pesca culminada el 20 de marzo de 2024 en el puerto de Ushuaia por parte del BP TAI AN, matrícula nacional 01530”.
En la solicitud, el fueguino consultó si el barco “dispone de una cuota individual transferible de captura vigente para la especie merluza negra” y se detallen “las capturas obtenidas y el porcentaje de ejemplares juveniles de la misma”.
También, “si las capturas de merluza negra fueron realizadas de conformidad con lo establecido por la Resolución del Consejo Federal Pesquero N°21” y “si han existido reportes por parte de los inspectores de pesca asignados al buque pesquero, precisando las medidas o actos administrativos que se adoptaron”.
Finalmente, el radical consultó si “los criterios que guiaron la no aplicación de la interrupción del viaje de pesca habilitado por el artículo 55 de la Ley de Pesca”.
El correntino Manuel Aguirre presentó un pedido de informes y advirtió que en caso de confirmarse las denuncias se deberán “tomar las medidas necesarias para establecer responsabilidades”.
El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR) presentó un proyecto con el objetivo de esclarecer las presuntas irregularidades denunciadas en relación al contrato de seguros de la ANSeS con Nación Seguros S.A.
“Es necesario esclarecer por qué Nación Seguros S.A. estableció una alícuota mayor al promedio del mercado y por qué la ANSeS aceptó esta diferencia. Debemos asegurarnos que los recursos de los jubilados y pensionados sean utilizados de manera responsable y en beneficio de ellos. Es nuestro deber como representantes del pueblo investigar a fondo estas presuntas irregularidades y, en caso de confirmarse, tomar las medidas necesarias para establecer responsabilidades”, señaló el legislador.
A través de un proyecto de resolución, el correntino requiere una copia fiel del contrato y una explicación clara de cómo se llevó a cabo su adjudicación. Al mismo tiempo busca obtener información detallada sobre el contrato en cuestión y las posibles anomalías asociadas.
El radical destacó que el objetivo principal de esta solicitud “es garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y proteger los intereses de los ciudadanos más vulnerables”. Se requieren detalles sobre los términos y condiciones del contrato suscripto entre la ANSeS y Nación Seguros S.A. para evaluar su legalidad y transparencia; y explicaciones sobre las comisiones abonadas y los productores involucrados en el proceso de contratación.
Aguirre expresó su preocupación por la posible afectación de los recursos destinados a los jubilados y pensionados, y subrayó la importancia de investigar a fondo estas denuncias. “Es nuestro deber salvaguardar los fondos de los ciudadanos más vulnerables y garantizar que se utilicen de manera transparente y eficiente. No podemos permitir que presuntas irregularidades pongan en riesgo su bienestar”, subrayó.
La correntina Sofía Brambilla presentó un proyecto de resolución luego de la denuncia del fiscal Guillermo Marijuan sobre incompatibilidades detectadas.
Ante la denuncia formulada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, la diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) solicitó al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Capital Humano, un pedido de informes respecto al programa “Potenciar Trabajo”.
En el documento se solicita información sobre cantidad de adjudicados, incompatibilidades entre dicha ayuda social y los beneficiarios, como así también las medidas a adoptarse frente a este escenario.
“Conforme surge de la investigación del fiscal, se acreditó que 8 mil personas que cobran el plan tienen relación laboral con alguna de las dependencias del Estado y que al menos que 160 mil beneficiarios tenían el plan de manera ilegítima”, señaló la correntina y criticó: “Estas discrecionalidades son propias de gobiernos populistas”.
En esa línea, la legisladora expresó que “estas irregularidades generan un perjuicio enorme al patrimonio público”. “Los argentinos decidieron cambiar, pero para cambiar hay que confiar y para confiar hay que hacer las cosas bien”, dijo.
El pedido de informes apunta a promover un marco regulatorio general para el otorgamiento de programas y beneficios sociales que sean financiados con la contribución de todos los argentinos.
Por otra parte, Brambilla recordó que para el ingreso y permanencia en el programa, “resulta incompatible para aquellas personas que posean empleo formal; sean prófugos de la justicia; quienes perciban subsidio o prestación monetaria no reintegrable con fines de empleo y/o capacitación otorgado por el Estado Nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; sean empleados provinciales, municipales o de ONG’s y sean personas con empleo formal registrado”.
El proyecto fue acompañado por sus pares Sabrina Ajmechet, Martin Ardohaín, Héctor Stefani, José Núñez, Marilú Quiroz, Sergio Eduardo Capozzi, Germana Figueroa Casas y Aníbal Tortoriello.
El proyecto de resolución fue presentado por la puntana Karina Bachey, quien además alertó por la dificultad para importar insumos que presenta el sector.
La diputada nacional Karina Bachey (Pro-San Luis) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, en busca de respuestas sobre que “cientos de farmacias ya no atienden con obras sociales y prepagas, interrumpiendo las ventas de medicamentos con descuento, sumado a la escasez de dólares para importar insumos y productos indispensables para el normal abastecimiento de medicamentos”.
En el proyecto de resolución, se solicita que se detalle “la situación que está ocurriendo respecto a que muchas farmacias ya no atienden con obras sociales y prepagas debido a la demora en los pagos” y se precise “en qué provincias se está dando esta situación”.
Asimismo, que se indique cuáles son “las acciones y medidas a tomar para garantizar la provisión de medicamentos, debido a la dificultad para importar insumos para el normal abastecimiento, lo que pone en peligro la provisión de los mismos a cientos de pacientes que lo necesiten”. “Detalle sobre los insumos que se encuentran con dificultad para importar”, agrega.
En los fundamentos del proyecto, Bachey señaló que “el Colegio de Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires alertó por medio de un comunicado que cientos de farmacias ya no atienden con obras sociales y prepagas, interrumpiendo las ventas de medicamentos con descuento, y denunció que la crisis advertida hace meses ya llegó”.
“El sector farmacéutico atraviesa una compleja situación por la inercia inflacionaria combinada con el desajuste entre el pago de medicamentos con descuentos de los clientes y el cobro de la bonificación a cargo de las obras sociales y las prepagas. A esto se le suma la dificultad para el acceso a divisas, lo que genera faltante de insumos y pone en riesgo el normal abastecimiento de medicamentos”, alertó.
La puntana sumó que “el complejo panorama del sector también afecta a los laboratorios que, en paralelo, padecen la escasez de dólares para importar insumos y productos indispensables”.
La solicitud fue acompañada por sus pares de Juntos por el Cambio Héctor Stefani, Ingrid Jetter, Gerardo Cipolini, Florencia Klipauka Lewtak, Rubén Manzi, Carlos Zapata, Manuel Aguirre, Marcela Antola y Carolina Castets.
El pedido fue presentado por la diputada radical Soledad Carrizo, quien consideró que la decisión administrativa requiere de “una mayor y exhaustiva explicación”.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) presentó un pedido de informes sobre el proceso licitatorio del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la compra de frazadas por un total de $1.069 millones, a un precio por unidad que “excede entre un 147 y un 177% el valor de mercado de estos insumos y sin una necesidad clara sobre la adquisición de tales bienes”, señaló.
El 4 de septiembre pasado se publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa del Ministerio de Desarrollo Social para la adquisición de frazadas, destinadas a la atención de los sectores socialmente vulnerables, solicitada por la Secretaría de Articulación de Política Social del citado Ministerio.
“Según un informe de investigación, la compra de estos insumos fue realizada a un precio exorbitante con respecto al valor de mercado. Aún si se sumara el costo financiero de 60 días corridos de pago, los valores quedan muy por encima de lo que se encuentra en un comercio minorista”, apuntó la cordobesa.
La legisladora sostuvo que “la contratación y compra pública son componentes cruciales en la prestación de servicios públicos, el buen gobierno y una economía sostenible. Las compras deben ser realizadas de forma transparente y la información debe ser pública para que cada ciudadano o ciudadana pueda tener acceso libremente”.
La opositora también instó a que aclaren los argumentos planteados por la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, acerca de esta compra. “A través de su cuenta oficial abre un nuevo y mayor universo de incertidumbre vinculado a expresiones imprecisas e infundadas desde las cuales se pretende justificar el proceso de adquisición realizado, expresiones tales como ‘condiciones INTI exigidas por el Estado nacional’, ‘stock flotante’, ‘eventos climáticos previstos por el Ministerio’, y ‘necesidades y demandas del Ministerio’ ameritan una mayor y exhaustiva explicación por parte de las autoridades para su compresión, y que puedan presentarse como justificativos válidos para el precio, la cantidad y la época en que esta adquisición se ha llevado adelante”, aseveró.
La ministra Tolosa Paz habló de “opereta”
En una extensa publicación en su perfil de X, en la que adjunta el comunicado del Ministerio que conduce, la ministra Victoria Tolosa Paz salió al cruce de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y aseguró que la información se trata de una “opereta”.
“El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación adjudicó la compra de frazadas por debajo del precio testigo de Sindicatura General de la Nación (SIGEN) luego de haber celebrado un procedimiento de Licitación Pública, transparente, concurrente y difundido por los canales exigidos por las normas en vigencia”, se afirma en el comunicado.
El proyecto fue presentado por la diputada radical Soledad Carrizo, quien alertó que otros organismos del Estado también han sufrido hackeos en el último tiempo.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR-JxC) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre el ciberataque sufrido por los servidores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), lo que afectó temporalmente el servicio de PAMI. El proyecto se suma al reclamo que, por la misma cuestión, realizó Graciela Ocaña (Pro-JxC).
En la solicitud, la radical reclama que se informe en qué ha consistido el ciberataque o virus informático denunciado, cuáles han sido los daños sufridos en el sistema, y si ha existido algún tipo de requerimiento económico como modo de extorsión.
También, entre las consultas, la legisladora busca conocer si ha existido filtración o algún tipo de afectación sobre datos personales de usuarios y pacientes, y cuál ha sido el plan de contingencia y mitigación ante el ataque. Finalmente, pide que se detalle si se han detectado previamente otros intentos de hackeos o ataques a los sistemas informáticos del PAMI.
“Dado que la página oficial y los servicios se encuentran aún afectados y que la información ofrecida es reducida, solicitamos a las autoridades competentes a informar sobre estos hechos de público conocimiento, con especial atención ante la existencia de posibles organizaciones criminales internacionales que estén participando”, explicó la cordobesa.
Además, enfatizó que “el sector público que administra información asociada con la salud viene acumulando inconvenientes informáticos, incluido el Ministerio de Salud de la Nación”. “También el INTA, la Superintendencia de Seguros de la Nación y hasta el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas vieron vulnerados sus sistemas de seguridad”, alertó.
A raíz de la situación que se desató en el Cerro Uritorco, la diputada radical quiere conocer qué articulación hay entre Nación y la provincia.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) presentó un proyecto de resolución para que el Gobierno informe cuáles son las acciones conjuntas entre la provincia de Córdoba y el Estado nacional, en el combate de los focos de incendios que se encuentran activos en la zona del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, a unos 100 kilómetros de la capital cordobesa.
La radical instó al Gobierno nacional a presentar un informe sobre el accionar del Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) para la prevención y el combate de los incendios, detallando los recursos puestos a disposición de las autoridades locales.
La legisladora solicitó que se informe si existe articulación entre el Sistema Nacional de Manejo del Fuego y el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGER), detallando cuáles son las acciones y estrategias articuladas entre la provincia y estas entidades para la prevención, evaluación de peligro y alerta temprana de incendios en el territorio llevadas adelante en el año 2023.
“Frente al extremo riesgo, y la insuficiente información disponible sobre las acciones conjuntas desarrolladas entre la provincia de Córdoba y el Estado nacional, consideramos fundamental que las autoridades competentes informen, de manera urgente, las estrategias de abordaje conjunto que llevan adelante y su articulación, específicamente sobre los recursos, materiales utilizados y puestos a disposición”, explicó la diputada.
Numerosos focos de incendios se encuentran activos en el ala suroeste del Cerro Uritorco, en Capilla del Monte. Noventa brigadistas se encuentran combatiendo el incendio forestal de considerables dimensiones, lo que motivó a que se autoevacuen 200 personas por el humo a pesar de que “no hay riesgo latente para las viviendas”, según informaron fuentes provinciales.
Encabezados por Alberto Asseff, presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre las medidas de fuerza que hubo, en lo que va de 2023, en las distintas provincias.
Encabezados por Alberto Asseff (Pro), diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes para conocer cuántos días de clases se perdieron en las provincias de todo el país por motivo de paro docente, hasta el 30 de junio de este año.
El proyecto de resolución reclama al Poder Ejecutivo que informe “en relación a medidas de fuerza de los sindicatos docentes y la pérdida de días de clases de los alumnos”.
Puntualmente, los legisladores de la oposición solicitaron que se responda “si arbitraron alguna medida para que los alumnos puedan cumplir con la totalidad de horas de clase conforme el calendario lectivo 2023. En caso afirmativo, informen las medidas llevadas a cabo, el resultado de las mismas y toda otra información relevante”.
También, consultaron sobre “cuantos días de clases tuvieron los alumnos y cuantos días de paro docente hubo, en ambos casos hasta el 30 de junio del corriente, detallando cada una de las provincias”.
Finalmente, los diputados pidieron al Ejecutivo que detalle si “tomaron alguna medida sancionatoria o de otro tipo contra los docentes que se adhirieron al paro” y “si tomaron alguna medida de gratificación o de otro tipo para los docentes que cumplieron con la asistencia obligatoria”.
En los fundamentos del proyecto, los legisladores expresaron: “Como es de público conocimiento, desde el inicio del ciclo lectivo 2023 los sindicatos docentes llevaron adelante medidas de fuerza que implicaron el paro de actividades en las escuelas. Muchos alumnos no han podido iniciar las clases conforme estaba establecido en el calendario lectivo o han tenido varias semanas completas sin poder asistir ni día a la escuela”.
“Lamentablemente, las medidas de fuerza llevadas a cabo por sindicatos, tenían y tienen una única finalidad que es política. Recordemos como ejemplo, el paro nacional de docentes de todo el país en supuesto ‘apoyo’ a un reclamo que se estaba realizando exclusivamente en la provincia de Jujuy”, resaltaron los diputados de JxC.
Además, lamentaron que mientras hay “docentes que sí quieren ir a trabajar, dar clases, apoyar y contener a los niños, brindarles el almuerzo o merienda escolar, es decir, cumplir con sus obligaciones laborales, son amenazados por representantes del sindicato”.
Para los opositores, “es urgente establecer a la educación como servicio público esencial, es una primera necesidad y es también en beneficio de todo el país, porque no pueden seguir existiendo los resultados de las evaluaciones que se producen periódicamente, donde la comprensión de textos está prácticamente ausente en una mayoría de los alumnos y las matemáticas tienen resultados ruinosos”. “No se puede perder la batalla por la educación”, enfatizaron.
Por último, manifestaron que “los niños y adolescentes no pueden ser rehenes de ninguna cuestión política, deben ir a la escuela, la educación es lo primero, es su formación para su futuro. No pueden seguir perdiendo días de clases por cuestiones políticas, ya bastante han sufrido durante el cierre de las escuelas en la pandemia, lo cual los afectó mucho tanto en la formación educativa como emocionalmente”.
Diputados radicales buscan conocer el por qué de la medida de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
Los diputados nacionales de la UCR Soledad Carrizo y Ricardo Buryaile presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo en relación a la desafectación de un predio del INTA en la localidad de Hurlingham.
Los legisladores buscan conocer el detrás de la Resolución 95/2023 de la Agencia de Administración de Bienes del Estado y que se precise “el uso, utilización o explotación que el inmueble ha tenido” desde que se encuentra a cargo del INTA.
También que se informe “justificadamente por qué a criterio” de la Agencia “el inmueble identificado se encuentra alcanzado por algunos de los criterios que le facultan a desafectar”.
Los radicales solicitan, a su vez, que se conozca si “esta desafectación del inmueble obstaculiza, afecta o modifica la finalidad, actividades o programas en ejecución o por desarrollarse sobre este espacio territorial”.
Y, finalmente, si se han realizado estudios de suelo, factibilidad, accesibilidad, conectividad, servicios y seguridad, e impacto ambiental, justificando y avalando la viabilidad del proyecto de “Desarrollo Urbanístico”.
“El INTA es un organismo de vanguardia en Argentina, líder del escenario tecnológico agropecuario, alimentario y agroindustrial”, sostuvieron en los argumentos los legisladores de Juntos por el Cambio.
En ese sentido, señalaron que “por la importancia que este organismo representa para el sector agropecuario y para el desarrollo tecnológico de la actividad en nuestro país, resulta especialmente llamativo la existencia de un espacio territorial perteneciente a su jurisdicción que manifieste falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesariedad, teniendo en consideración las competencias, misiones y funciones de la repartición de origen, y que como consecuencia de ello pueda ser desafectado provocando la disminución de un espacio que hoy es propio y apto para el desarrollo de sus funciones institucionales, a favor del Fondo Fiduciario Público denominado PRO.CRE.AR”.
“Aun conscientes de la grave y creciente problemática habitacional en nuestro país, incrementada por deficientes políticas públicas de esta gestión, resulta necesario analizar adecuadamente la afectación que esta reducción de espacio territorial del INTA pueda generar para el cumplimiento de sus fines, y más aún, por qué las autoridades de este organismo no han presentado objeciones a esta reducción de espacio de trabajo”, agregaron.
Fernando Carbajal y Jorge Rizzotti presentaron un pedido de informes ante la decisión del Gobierno nacional de retirarse del organismo de crédito.
Los diputados nacionales de la UCR Fernando Carbajal y Jorge Rizzotti presentaron un pedido de informes al Gobierno nacional por la decisión de abandonar el organismo crediticio FONPLATA.
FONPLATA es un Banco de Desarrollo conformado por cinco países: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Su principal misión es apoyar la integración de los países miembros para lograr un desarrollo armónico e inclusivo mediante operaciones de crédito y recursos no reembolsables del sector público.
Con fecha 21 de abril de este año, el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, envió una nota al organismo crediticio solicitando retirar a la Argentina del mismo. Según la nota, este proceder “se sustenta en la voluntad de la República Argentina de reorganizar y canalizar los recursos aportados en organismos multilaterales de crédito con la finalidad de optimizar el acceso al financiamiento internacional y profundizar la integración económica y financiera a nivel continental”.
Frente a estos hechos, los legisladores radicales presentaron un pedido de informes al ministro para que explique las razones que justifican la decisión del Poder Ejecutivo de solicitar el cese de la membresía en FONPLATA.
También piden que informe sobre las consecuencias que fueron previstas ante la retirada del organismo crediticio desde el punto de vista de las obligaciones ya asumidas por el Estado Nacional para con FONPLATA y “las consecuencias que esta decisión producirá sobre las obras en ejecución con financiamiento parcial o total de este organismo”.
Asimismo, solicitan conocer “el estado actual de todos los proyectos y/u obras financiadas total o parcialmente por FONPLATA en Argentina, precisando en dónde se encuentra localizado cada proyecto, el monto total de financiamiento, año que se otorgó y porcentaje de ejecución a la fecha”.
En los fundamentos del proyecto, Carbajal destaca que “desde su creación, FONPLATA ha sido un instrumento clave para impulsar el desarrollo sostenible y la integración regional de los países miembros”. Y señala que “en el caso de Argentina, el organismo ha contribuido a la financiación de numerosas obras y proyectos de infraestructura, como la construcción y mejora de carreteras, puentes, aeropuertos, ferrocarriles, obras hidroeléctricas, de saneamiento básico y tratamiento de aguas residuales, entre otros”. “Estas inversiones han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover el crecimiento económico del país”, resaltó.
En el proyecto se advierte que “la decisión del Poder Ejecutivo de retirar a Argentina de FONPLATA plantea interrogantes sobre las razones que motivaron dicha decisión y sus consecuencias a corto y largo plazo”.
El diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace advirtió que hay información que toma estado público por parte del organismo y no es difundida por el Poder Ejecutivo.
Junto a más de una veintena de diputados de Juntos por el Cambio, el puntano Alejandro Cacace (Evolución Radical) presentó un pedido de informes para que el Gobierno nacional revele “datos fundamentales sobre la marcha de la economía y la política fiscal de la administración que se desprenden de los diferentes informes que le ha remitido el propio FMI y que son datos sensibles que el Gobierno ha ocultado hasta la fecha”.
“La administración del presidente (Alberto) Fernández tiene un manejo poco transparente en su relación con el organismo multilateral, y en cada instancia de revisión nos encontramos con requerimientos que el Fondo hace al Gobierno sobre su política fiscal, monetaria, previsional, que no son difundidos como marca la normativa de acceso a la información publica, y a los que se debe prestar especial atención en virtud de que son datos que repercutirán no solo en ésta sino en las próximas administraciones”, aseveró el radical.
En esa línea, el legislador apuntó que “en el último informe se le solicita al Gobierno que adopte acciones para morigerar el costo fiscal de la moratoria aprobada, información que toma estado público por el organismo y no por parte del gobierno de Fernández”.
Asimismo, “el reporte publicado por el Fondo señala que el Gobierno ha realizado distintos estudios de sostenibilidad del sistema previsional, estrategia de deuda y política energética, los que tampoco fueron remitidos al Congreso ni comunicados al pueblo argentino”, agregó Cacace.
En la iniciativa se señala que “el FMI informa en la página 12 del reporte que el gobierno argentino ha realizado, 1) estudio de equidad y sostenibilidad del sistema previsional; 2) un plan de acción de cumplimiento de recaudación; 3) un plan energético a mediano plazo; 4) una estrategia de deuda a mediano plazo; sin embargo, ninguno de estos documentos se han dado a conocer al pueblo argentino”. En esa línea, se solicita que se remitan “los documentos referidos por el FMI” y se expliquen “las razones por las cuales el Gobierno no ha informado acerca de ellos”.
También, los opositores consultan: “¿Por qué el Gobierno no ha informado acerca de los estudios de sostenibilidad del sistema previsional, de deuda pública, de política energética y de recaudación de reservas del Banco Central?”.
En cuanto al Plan de Pago de Deuda Previsional (Ley 27.705), se pide que se “informe acerca de todos los requerimientos del FMI al gobierno argentino sobre quiénes y en qué condiciones pueden acceder a la moratoria y las medidas para contener su impacto fiscal”.
Además, los diputados buscan saber “si implementará y cuándo implementará las próximas subas en las tarifas de energía, de acuerdo al compromiso asumido con el FMI, y qué impacto fiscal espera que tengan las modificaciones tarifarias”.
El proyecto fue acompañado por sus pares Ingrid Jetter, Víctor Hugo Romero, Ana Carla Carrizo, Juan Martín, Pamela Verasay, Dina Rezinovsky, Marcela Antola, Gabriela Lena, Fabio Quetglas, Germana Figueroa Casas, Dolores Martínez, Danya Tavela, Gustavo Bouhid, Virginia Cornejo, Laura Carolina Castets, Gerardo Cipolini, Marcela Coli, Carlos Zapata, Lidia Ascárate, Soledad Carrizo, Mónica Frade, entre otros.
El pedido de informes fue presentado por diputados del Frente de Izquierda. Advierten por el contraste entre los datos oficiales y los que arrojan las propias empresas.
Los diputados del Frente de Izquierda-Unidad presentaron un proyecto en el que reclaman al ministro de Economía, Sergio Massa, que informe sobre los motivos del contraste entre los datos oficiales vertidos por el INDEC respecto al precio del litio por tonelada y los datos que arrojan los informes de las propias empresas mineras. Asimismo, los legisladores exigen que el funcionario informe sobre las medidas tomadas por su gestión para evitar posibles fraudes y garantizar el acceso público a los balances contables de esas empresas.
La iniciativa, presentada en el marco del reconocimiento de sobre facturación por parte de la AFIP, surge de un estudio realizado por el economista y concejal Gastón Remy (PTS-FIT), que recuerda que en agosto pasado, al asumir como ministro, Massa afirmó que se procedería “a denunciar en la justicia argentina y la unidad antilavado de Estados Unidos casos de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones”.
“Hay una significativa inconsistencia entre el precio por tonelada -que surge de las exportaciones informadas por el INDEC-, respecto a los resultados publicados en el balance de Sales de Jujuy, y lo que se puede inferir de Livent”, afirmó el diputado Alejandro Vilca.
Y destacó que, como advierte el informe del economista Gastón Remy, “en el caso de Sales de Jujuy a lo largo de 2022, el precio promedio informado por tonelada fue de U$S38.823, muy por encima del precio promedio que surge de las exportaciones informadas por el INDEC, de U$S 20.807 (por tonelada)”.
“En 2022 Livent fue multada por U$S8 millones tras una investigación de la Aduana por un caso de subfacturación de exportaciones”, apuntó el candidato de la izquierda a gobernador de Jujuy. “La empresa hizo su descargo argumentando que el litio aún no es un commodity, o sea, que no hay un precio único de referencia mundial -como sí lo tiene el petróleo o la soja- y que está sujeto a cambios permanentes”, señaló.
Para el jujeño, “el contraste entre los datos oficiales del INDEC y los que arrojan las propias empresas mineras debería ser un motivo para que se ejerza -de mínima- una investigación a fondo. Sobre todo, si existen antecedentes en esta rama”.
“Avanzar en un control y seguimiento para evitar estos fraudes implicaría cruzar la información de la contabilidad y las declaraciones juradas de las mineras ante la AFIP con la producción efectiva y los precios de referencia internacionales del mineral que el propio Estado nacional proporciona en sus informes mineros”, completó Vilca.
La legisladora Danya Tavela solicitó al Poder Ejecutivo si se ha relevado la situación registrada en establecimientos educativos que por problemas de infraestructura se vieron afectados.
La diputada nacional Danya Tavela (Evolución Radical-JxC) presentó este martes un pedido de informes con el fin de conocer la situación de los establecimientos educativos públicos que debieron cerrar o se vieron impedidos de desarrollar sus actividades de manera regular por las altas temperaturas. “En la provincia de Buenos Aires se está vulnerando el derecho constitucional, humano y fundamental que es la educación”, advirtió.
La legisladora radical le exigió al Poder Ejecutivo que detalle si ha realizado un relevamiento de los establecimientos afectados, qué medidas de control ha adoptado el Ministerio de Educación y si se ha elaborado un plan de reapertura de los mismos.
“Es inconcebible que los niños y niñas sean rehenes de políticas públicas que no ubican a la educación como su derecho fundamental. Y es aún más inconcebible que las provincias no adopten ninguna medida que mínimamente garantice este derecho”, cuestionó.
La exsecretaria de políticas universitarias de la Nación le pidió al Poder Ejecutivo y al Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que expliquen la falta de infraestructura y mantenimiento de las escuelas y la falta de previsibilidad de un plan que garantice el correcto inicio de clases.
Tavela, quien ya había presentado un pedido de informes en 2022 por la misma situación, pero por las bajas temperaturas, explicó que los problemas de infraestructura “imposibilitan el normal funcionamiento de los establecimientos educativos y la posibilidad de dictar clases sin riesgo de descompensación de los alumnos y los docentes”.
La solicitud fue acompañada por los diputados Emiliano Yacobitti, Martín Tetaz y Marcela Antola.
La radical Jimena Latorre alertó sobre diferencias en los datos oficiales y fustigó: “Las inconsistencias de este Gobierno son tan burdas que ni siquiera les cierran los números de los propios registros”.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) presentó este lunes un proyecto de resolución en el que solicita al Poder Ejecutivo Nacional que se informe, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos, dependiente de la Secretaría de Energía de la Nación, las razones que fundan las diferencias numéricas de exportaciones entre el Registro de Contratos de Exportación de Hidrocarburos en contraposición con los datos publicados por el registro del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el registro del Consorcio de Gestión del Puerto Rosales y el registro de exportaciones de la provincia de Neuquén.
“Al analizar los datos de exportaciones de petróleo, surgen llamativas diferencias entre los registros del INDEC y los existentes en la base de datos publicada por la Secretaría de Energía. Por ejemplo, llama la atención la diferencia en los valores de exportación de petróleo crudo para el año 2022 que, de acuerdo al sistema SESCO del registro oficial, la Argentina exportó 3.316 millones de dólares, mientras que los datos del INDEC reflejan exportaciones por 3.867,5 millones de dólares, es decir una diferencia superior a los 550 millones”, explicó la radical.
En la solicitud, la mendocina pide que, a través de la Dirección General de Aduanas, organismo que integra la AFIP, se informe el volumen de petróleo crudo y monto exportado en el año 2022 y la recaudación asociada a dichas exportaciones discriminando por impuesto y retención.
Cabe destacar que, además del registro oficial, existen otras dependencias de gobierno que contabilizan las exportaciones. Entre ellas se encuentra el INDEC, el Consorcio de Gestión del Puerto Rosales, los registros de las provincias productoras de petróleo crudo y la AFIP, a través de la Dirección General de Aduanas.
“Las inconsistencias de este Gobierno son tan burdas que ni siquiera les cierran los números de los propios registros públicos”, denunció la legisladora y agregó: “El año pasado advertí y pedí información sobre las exportaciones ante las faltantes de gas oil en surtidores y la capacidad ociosa en las destilerías. Hoy, cerrado el año, son evidentes los desmanejos del Gobierno”. “Han llegado a un punto tal en el que dibujan números pero ni siquiera se preocupan en coordinar sus propias mentiras”, lanzó.
En los fundamentos de su iniciativa, Latorre recordó que “el registro de contratos de exportación de hidrocarburos se crea en la Argentina en el año 2002 como una medida de emergencia emitida en tiempo de crisis, tendiente a proteger los derechos de los usuarios y consumidores de la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica”.
Este instrumento tuvo como objetivo asegurar el suministro de combustible en el mercado interno, teniendo en cuenta que se habían verificado deficiencias en el abastecimiento de gas oil por parte de las firmas industrializadoras y comercializadoras de combustibles ante el aumento de las exportaciones de hidrocarburos líquidos y derivados, con la consecuente alarma que ello generó en los sectores productivos y de servicios afectados en todo el país.
“El registro de contratos de exportación se ha constituido en la herramienta regulatoria para monitorear el comercio exterior de combustibles. El fundamento principal que da origen a este sistema se encuentra en la Ley N°17.319 de Hidrocarburos, que en su artículo 6°, párrafo 4°, expresa que el Poder Ejecutivo Nacional permitirá la exportación de hidrocarburos o derivados no requeridos para la adecuada satisfacción de las necesidades internas, siempre que esas exportaciones se realicen a precios comerciales razonables y podrá fijar en tal situación, los criterios que regirán las operaciones en el mercado interno, a fin de posibilitar una racional y equitativa participación en él a todos los productores del país. Es decir que resulta un deber indelegable del Estado asegurar el abastecimiento interno de hidrocarburos y derivados adoptando políticas conducentes a tal fin”, detalló.
A su vez, los criterios de funcionamiento del Registro de Contratos de Exportación se encuentran delimitados por el Decreto 645/2002 y la Resolución 241-E/2017 de la entonces Secretaría de Recursos Hidrocarburíferos, y demás normas modificatorias y complementarias. Según dichas normas, el registro deberá, entre sus funciones, llevar constancia documentada de las operación es de exportación sujetas a registro; otorgar una constancia de registro de la operación; establecer los productos cuya exportación estará sujeta a registro, (entre los que se encuentra la posición arancelaria 2709.00.10 Aceites crudos de petróleo); y garantizar que previo a obtener la autorización de la operación de exportación, se le ha otorgado a los potenciales agentes del mercado interno la posibilidad de adquirir dicho producto.
“El correcto funcionamiento del registro prioriza el abastecimiento del mercado interno, permitiendo que las empresas puedan comercializar los remanentes en el exterior”, enfatizó la diputada y añadió: “Las significativas diferencias encontradas no solo en valores sino también en cantidades en los distintos registros nos obligan a preguntar sobre los posibles errores u omisiones, quizás aún no detectadas, que podrían redundar en perjuicios para el Estado Nacional pero también para los Estados provinciales, dueños del recurso”.
Finalmente, Latorre dijo que “este tema requiere la mayor transparencia en el manejo de los datos de un recurso estratégico para el desarrollo de nuestro país, pero con impacto en los recursos fiscales, tanto nacionales como provinciales”.
El pedido fue acompañado por Juan Martín, Soledad Carrizo, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Pedro Galimberti, Karina Banfi, Juan Carlos Polini, Gabriela Lena, Manuel Aguirre, Ximena García, Francisco Monti, Julio Cobos, Fabio Quetglas, Roxana Reyes, Gustavo Bohuid, Gerardo Cipolini, Marcela Coli, Roberto Sánchez, Mario Negri, Jorge Rizotti, Jorge Vara, Marcos Carasso, Lidia Ascárate, Hugo Romero y Ricardo Buryaile.
Encabezados por la radical Pamela Verasay, los legisladores solicitaron explicaciones al INAI. Consideran que es “un nuevo ataque kirchnerista a Mendoza, ahora disfrazados de pueblos originarios ajenos”.
Tras la controversia por el reconocimiento, por parte del Gobierno nacional, de la ocupación de tierras por comunidades mapuches en el sur de Mendoza, la diputada Pamela Verasay (UCR), junto a sus comprovicianos Jimena Latorre, Lisando Nieri y Julio Cobos, presentaron este martes un pedido de informes. En el mismo, solicitan al Poder Ejecutivo que, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), en el marco del “Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas”, brinde detalles sobre el tema y fundamentación de la medida.
“En Argentina, la Constitución Nacional y las leyes reconocen a los pueblos originarios. Pero de ahí a manipular la ley para fines populistas como lo está haciendo el presidente Alberto Fernández, hay un gran diferencia. Por eso hoy estoy presentando este pedido de informes en el Congreso solicitando explicaciones”, aseveró Verasay.
La radical explicó: “Aquí hay dos cuestiones centrales, por un lado queremos saber por qué el Gobierno reconoce de manera exprés que esos territorios son de los pueblos originarios, siendo que aún no se ha determinado si son comunidades y ni siquiera tienen personería jurídica. Y, por otra parte, por qué se resolvió que los territorios son ancestrales, ignorando lo que dice la justicia mendocina”.
Entre las consultas que la legisladora enumera, se destaca la inscripción de la comunidad Lof El Sosneado y la comunidad Lof Suyai Levfv en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. En este punto se solicita el estado actual del expediente, detalles y motivos por los cuales aún no se habría procedido a la registración.
En los fundamentos de la iniciativa se apuntó que han transcurrido más de 9 años de iniciado el proceso de registración de la Comunidad Lof El Sosneado y el INAI aún no logró reunir los elementos de juicio suficientes que le permitan concluir con su inscripción. “Por tal razón se requiere que se especifique los elementos concretos de probanza tenidos en cuenta y que permitieron acreditar la ocupación del territorio en forma tradicional, actual y pública por la comunidad. También los elementos probatorios considerados concretamente para localizar geográficamente en los polígonos territoriales reconocidos en propiedad comunitaria mediante Resolución INAI 36/2023”, apunta el pedido de informes.
Asimismo, se indica fundamentar cuáles son las causas por las que el INAI emitió la Resolución 36/2023, a pesar de no contar aún con los correspondientes informes catastrales.
Por su parte, Jimena Latorre opinó que “las resoluciones del INAI son una muestra cabal de los negociados del kirchnerismo y su desprecio por el orden legal y, en particular, por los intereses de los mendocinos. Procedimientos irregulares, que ellos mismos años atrás paralizaron; estudios e informes sin rigor científico sino meramente ideologizados, y una vez más vemos el avasallamiento a las autoridades locales”.
“El Gobierno que se escandaliza pidiendo independencia de poderes mientras pretende un juicio a la Corte Suprema de Justicia, pero cuando se trata de Mendoza cuestiona y desconoce, desde una oficina del Poder Ejecutivo, los fallos de la justicia mendocina”, continuó Verasay, quien consideró que “estas resoluciones viciadas, resultado de un procedimiento amañado no pueden tener ningún efecto; más el político que busca el kirchnerismo, desestabilizar y deslegitimar la ley y las instituciones”.
Legisladores nacionales y provinciales del Frente Cambia Mendoza se reunieron para analizar el tema. Al finalizar la reunión, Verasay destacó: “Expresamos gran preocupación por la falta de personería jurídica y la ausencia de intervención a la provincia de Mendoza. Hay una decisión de un organismo del Poder Ejecutivo Nacional que va en contra del Poder Ejecutivo provincial”.
“Queremos dejar en claro que no estamos en contra de la restitución dominial de las tierras de los pueblos originarios. Nuestra provincia no está en contra del reconocimiento de derechos, por lo contrario, somos pioneros en legislación en esta materia”, finalizó la diputada de la UCR.
El titular de la comisión homónima en la Cámara de Diputados solicitó además que los legisladores puedan visitar distintas unidades y comandos para interiorizarse de la situación de las FF.AA.
El presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Alberto Asseff (Pro-JxC), presentó un pedido de informes sobre las razones por las que “Defensa es prácticamente la única área del Estado que sufre una disminución real del presupuesto para 2023, calculada en un 43%”, advirtió.
Además, el legislador solicitó que los miembros de la comisión que preside puedan visitar unidades, bases y comandos para interiorizarse sin intermediarios de la situación de las Fuerzas Armadas, poniendo como ejemplo el Comando Conjunto Marítimo “tan importante para proteger ‘la pradera que es el Mar Argentino’”.
En su pedido de informes, el opositor consultó si “el Poder Ejecutivo se hará eco del requerimiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien en su discurso en el Estadio Único de La Plata pidió que la Gendarmería abandone las fronteras para concentrarse en el Conurbano, desnaturalizando así la vital función de ese cuerpo, que fue pensado para custodiar nuestros límites y no para sustituir a la policía”.
“Estamos muy preocupados porque se persiste, a pesar de la retórica, en que la Argentina sea el único gran país del planeta sin capacidades de defensa. Concebimos la defensa como la disuasión de agresiones. Es evidente que con nuestra incapacidad defensiva no se cumple con esa disuasión”, sostuvo Asseff.
Y agregó que “la sólida defensa tiene efectos positivos en todos los planos incluyendo la economía. La potencia tienes múltiples efectos al igual su antítesis. La marcha atrás en la compra de aviones supersónicos para la Fuerza Aérea es una muy mala noticia. Se echan por tierra años de discursos y de promesas en sentido contrario”.
El senador radical presentó un pedido de informes por reclamos de demoras en los turnos y atención médica.
El senador nacional Mario Fiad (UCR) presentó una iniciativa para conocer la situación de las prestaciones y los servicios brindados por el PAMI. El proyecto fue acompañado por más de quince de sus pares de Juntos por el Cambio.
A partir de cientos de reclamos de jubilados y pensionados que día a día no logran ser atendidos, el jujeño solicitó un pedido de informes al Poder Ejecutivo, en el cual reclama conocer, entre otras cosas, cuál es la cantidad de reclamos realizados en el sitio web, los plazos de respuestas, y el tiempo de espera para la realización de intervenciones quirúrgicas.
“Más allá de que en la retórica oficialista y en los discursos de los funcionarios pareciera que el servicio del PAMI es verdaderamente auspicioso y su funcionamiento es perfecto, la realidad es totalmente diferente. Son recurrentes los reclamos respecto a los tiempos de espera para conseguir un turno para una simple consulta, y ni hablar cuando se trata de intervenciones más complejas”, resaltó el legislador.
Además, en el pedido se solicita que se informe respecto al tiempo de espera para el otorgamiento de turnos y la cantidad de prestadores, especificando por especialidad y jurisdicción, como así también el relevamiento realizado respecto del agravamiento de patologías crónicas por la interrupción de controles durante la pandemia.
“Nuestros jubilados y pensionados pertenecen a un sector de alta vulnerabilidad que demanda una atención prioritaria, oportuna y de calidad. Lamentablemente, el servicio y las prestaciones del PAMI no están cumpliendo con esto. Debemos adaptar el servicio a las necesidades específicas de las personas mayores, eliminando las trabas burocráticas y brindándoles facilidades a la hora de realizar un trámite o sacar un turno”, concluyó Fiad.
El fueguino Pablo Blanco afirmó que “aprovechando la mediatización” de la situación judicial de la vicepresidenta, se realizaron “ajustes” que “se han mantenido en la mayor oscuridad”.
Senadores de la UCR, encabezados por el fueguino Pablo Blanco, presentaron un pedido de informes para que el Gobierno nacional, a través de los ministerios de Economía y Defensa informe “sobre los procesos de planificación presupuestaria que condujeron a la formulación de restricciones presupuestarias severas para las Fuerzas Armadas”, señalaron.
La iniciativa fue acompañada con las firmas de las senadoras María Belén Tapia, Silvia Giacoppo, Gabriela Valenzuela y Stella Maris Olalla.
En la iniciativa, los legisladores solicitaron que se informe sobre “la evaluación que se ha hecho de tales restricciones presupuestarias desde el punto de vista de las misiones del instrumento militar en tiempo de paz vinculada a la protección de los espacios marítimos en el Mar Argentino y en el Sector Antártico argentino, al monitoreo del espacio aéreo particularmente en la frontera norte y a los compromisos internacionales vinculados a la actividad antártica; y sobre las consecuencias de tales restricciones desde el punto de vista del alistamiento, adiestramiento y sostén de los medios, en particular en lo referente a los recursos humanos”.
“Aprovechando o provocando la mediatización de los gravísimos asuntos judiciales que la vicepresidente de la Nación debe enfrentar, el ministro de Economía ha llevado adelante ajustes cuya lógica, consenso, planificación y ponderación de consecuencias se han mantenido en la mayor oscuridad”, advirtió Blanco, quien agregó: “En tal sentido, nos preocupa lo que ocurre con las Fuerzas Armadas que se ha dispuesto interrumpir diversas actividades y licenciar al personal para reducir gastos”.
El radical consideró que “este tipo de medidas debieron tomarse consensuando con las distintas jurisdicciones los niveles aceptables de reducción del gasto para que no se pongan en riesgo cuestiones vinculadas con los intereses vitales de la Nación, tutelados por la Constitución Nacional y que dan su razón de ser a las Fuerzas Armadas”.
“Las reducciones presupuestarias tendrán, asimismo, efectos negativos imprevisibles en relación con los compromisos internacionales vinculados al Tratado del Antártico para el normal desarrollo de la Campaña Antártica de Verano y la invernada antártica, y para la protección de la vida en el mar en relación con la Patrulla Antártica Naval Combinada (PANC) que se lleva a cabo con la participación de la Armada de Chile”, explicó el senador de Juntos por el Cambio.
Por último, insistió que “resulta necesario que el Poder Ejecutivo Nacional informe a la Comisión de Defensa acerca de estos asuntos sensibles a altos intereses nacionales”.
Encabezados por los radicales Soledad Carrizo y Ricardo Buryaile, los legisladores presentaron un proyecto en el que solicitan información al Ejecutivo sobre la demora en los pagos de las prestaciones.
En medio de los reclamos que trabajadores de la salud realizaron en distintos puntos del país, incluso frente a la Casa Rosada, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes sobre la situación presupuestaria en el sector de la discapacidad.
En la solicitud, encabezada por la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) y el formoseño Ricardo Buryaile (UCR), reclaman que el Gobierno informe “si existe demora en los pagos de prestaciones por servicios de salud a las personas con discapacidad, y en cuyo caso, cuál es la situación de la demora y su causa”.
También, si “existen actualmente reclamos o requerimientos en trámite ante la Superintendencia de Servicios de Salud o demás autoridades a cargo del sistema de prestación de atención integral a favor de las personas con discapacidad, por parte de prestadores de servicios de salud vinculados a retrasos en los pagos de las prestaciones para pacientes con discapacidad”.
Asimismo, solicitan conocer “el plazo en el que se estima regularizar la situación de los pagos de las prestaciones de servicios de salud para personas con discapacidad correspondientes al mes de junio 2022 por parte de la Superintendencia de Servicios de Salud”.
En los argumentos, los autores explicaron que “según la Ley 24.901, de sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, las personas con discapacidad tienen derecho a recibir prestaciones para garantizar su bienestar y su inclusión. Las obras sociales y prepagas deben cubrir esas prestaciones”.
“La irregularidad de los pagos perjudica tanto a los trabajadores prestadores de servicios de salud como a los beneficiarios de las mismas por la suspensión de sus tratamientos, personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al encontrarse con diversas barreras, ven impedida su participación en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”, señalaron.
El proyecto fue acompañado con las firmas de Gabriela Lena, Víctor Hugo Romero, Lisandro Nieri, Jorge Vara, Karina Banfi, Pedro Galimberti, María Victoria Tejeda, Pamela Verasay, Dina Rezinovsky, Roxana Reyes, Miguel Bazze, Mercedes Joury, Lidia Ascárate, Marcos Carasso, Leonor Martínez Villada, Virginia Cornejo, Gustavo Bouhid y Marcela Coli.
El diputado Gerardo Milman presentó un pedido dirigido al Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y la AFI.
El diputado nacional Gerardo Milman (Pro) elevó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad de la Nación, la Dirección Nacional de Migraciones y la Agencia Federal de Inteligencia para que brinden datos sobre las cuatro personas de presunta nacionalidad iraquí, detenidas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza el lunes 8 de agosto con pasaportes falsos.
“Cuando aún el Gobierno nacional no ha podido responder de manera fehaciente, clara y precisa sobre el accionar del vuelo de Emtrasur, y tampoco ha podido dar explicaciones contundentes sobre el ‘falso iraquí’ detenido en Entre Ríos, nos encontramos de nuevo con supuestos ‘ciudadanos iraquíes’ que deambulan por nuestro territorio sin el debido control, sin la constatación fehaciente de que los ciudadanos que estaban por salir de nuestro país son quienes dicen ser”, explicó Milman.
En su solicitud, el legislador requiere información sobre los movimientos de los cuatro detenidos en el país, por dónde entraron, si tienen algún tipo de vinculación con la tripulación del avión iraní-venezolano que están bajo investigación, si poseen algún tipo de vinculación con organizaciones militares y si poseen algún grado de vinculación con el ciudadano iraní detenido en Entre Ríos, Asan Azad.
Por último, consultó si el Ministerio de Seguridad de la Nación ha podido vincular y/o relacionar los episodios del avión iraní-venezolano, el ciudadano iraní detenido en Entre Ríos y la amenaza al periodista especializado George Chaya.
“Les pido por favor que no nos tomen el pelo, que no nos mientan más, diciendo que las fronteras son porosas”, reclamó el macrista, y agregó: “Como exsecretario de Seguridad de la Nación, y como director a cargo de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, bajo la conducción de la Dra. Patricia Bullrich, pudimos controlar nuestras fronteras ante la realización de eventos de transcendencia internacional”.
Finalmente, sentenció: “Mientras los funcionarios a cargo de cuidarnos y protegernos esgrimen explicaciones que bordean lo absurdo, lo irrisible y burdo de sus argumentaciones, exigimos que desde el Gobierno nacional nos brinden a los representantes del pueblo las debidas explicaciones”.
La radical Roxana Reyes pidió informes sobre el estado de obras en la frontera Mina Uno-Dorotea y el Parque Nacional Monte León.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo vinculado a las obras de infraestructura en el paso internacional Mina Uno-Dorotea, que une las ciudades de Río Turbio (Santa Cruz) con Puerto Natales (Chile).
Dado el valor de dicha frontera para ambos países y el turismo en la región “es de vital importancia que se arbitren todos los medios necesarios para generar las obras que posibiliten que dicha frontera permanezca abierta y en condiciones todo el año”, expresó la radical.
En 2009, Argentina y Chile acordaron acondicionar el paso internacional, sin embargo, al día de la fecha las obras no se han iniciado, recordó.
Cabe destacar que uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad santacruceña es el Centro Invernal Valdelén, convirtiéndose en el único de estas características en la zona.
“Si existieran las obras, se garantizaría el ingreso de cientos de turistas chilenos que elegirían nuestra provincia para vacacionar. Esto a su vez implicaría mayor movimiento en la economía local y provincial”, enfatizó la legisladora de Juntos por el Cambio.
Además, se reiteró el pedido de invertir en obras en los pasos terrestres al Parque Nacional Monte León ubicado en Puerto Santa Cruz, como así también que se acondicionen el portal de ingreso y mejoren las comunicaciones.
“Es inaudito que se sigan anunciando obras que no se concretan, y que son necesarias para un lugar de tan extremada importancia como lo es Monte León”, indicó Reyes.
La diputada recordó que su pedido no es nuevo, sino que en 2019 hizo lo propio alertando a las actuales autoridades de la Administración de Parques Nacionales sobre la situación crítica de Monte León. Sin embargo hasta la fecha no se han concretado obras apuntadas al mejoramiento del sector.
Por último, Reyes sostuvo: “El turismo, sin dudas, podrá generar puestos de trabajo directos e indirectos en la medida que se adopten las inversiones necesarias. En una provincia como la nuestra, donde los niveles de empleo público y desempleo son altos, es urgente que la actividad económica y la diversificación de la matriz productiva sean un objetivo más allá de los gobiernos de turnos”.
“La necesidad de repotenciar los destinos turísticos del país y, en especial de la Patagonia, son una realidad, pero sin una inversión propicia lo único que se logra es un desincentivo a la actividad”, completó.
El proyecto fue presentado por la diputada radical Jimena Latorre, quien cuestionó que desde el Gobierno “no saben cómo controlar la situación, no saben cómo gestionar”.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que brinde detalles y esclarezca cuestiones vinculadas a la provisión de gasoil en el país y sobre el desabastecimiento que viene sufriendo el sector energético desde hace varios meses.
“La falta de un programa económico y energético y el descalabro político de la cartera a cargo de un área tan sensible para la economía y la producción, como es la Secretaría de Energía y los organismos a su cargo, ha llevado a la actual situación de crisis y desabastecimiento”, cuestionó la mendocina.
En esa línea, observó que “la serie de medidas improvisadas que se han tomado sin reparar en sus efectos tienen como consecuencia el actual desabastecimiento de gasoil, cuando por la caída de la producción e incremento de los precios internacionales el Gobierno tuvo que sustituir el gas de las generadoras térmicas, tuvo que elegir entre eventuales cortes de electricidad o sustituir por gasoil, a sabiendas que ese cupo de gasoil faltaría para levantar la cosecha y en los surtidores para el uso en general”. “También son conscientes de que esto genera un mercado paralelo o mercado negro y deciden hacer la vista gorda porque no saben cómo controlar la situación, no saben gestionar”, lanzó la opositora.
Además, Latorre aseguró que “la política de subsidios energéticos promovida por el kirchnerismo y sostenida por este Gobierno, lejos de una moderación, profundiza el modelo kirchnerista y ha desencadenado la actual crisis energética”. “A ello se suma una inflación que no logran contener. Las tarifas que pagan los usuarios crecen por debajo de los salarios y los salarios siguen por detrás a la inflación, mientras que los costos de la energía se incrementan por la inflación local y también por el efecto de los precios internacionales consecuencia de la guerra en Ucrania”, añadió.
En los argumentos del proyecto presentado también se destaca que el gasoil que se está comercializando en las estaciones de servicio no posee biodiesel, tal como exige la normativa. Para la radical, los motivos son claros: “A los productores les conviene exportar el aceite de soja antes de venderlo a precio irrisorio en el mercado interno”.
“Es irrisorio que mientras lanzan anuncios de flexibilización del cepo para promover inversiones en producción de hidrocarburos ‘para exportación’, se pone en dudas el inicio del también anunciado antes de tiempo Gasoducto Néstor Kirchner, por tanto, de producir más, ¿por dónde se evacuaría? Y en ese contexto de anuncios utópicos, la realidad nos muestra refinerías con capacidad ociosa al 30%, los surtidores sin gasoil y precios descontrolados que son un caldo de cultivo para la creación de mercados paralelos que el Gobierno elige no ver”, remarcó la diputada.
El pedido plantea que se informe de manera detallada una serie de cuestiones sobre la situación energética actual cuando estamos en el inicio de la estación más fría del año, donde aumenta la demanda y en consecuencia los precios normalmente son más altos.
Puntualmente, en el pedido se solicita que se informe sobre los volúmenes relevados de la demanda interna mayorista y minorista para el período 2022, en particular en los meses de alta demanda de mayo a septiembre.
También, que se indique el origen de la oferta, los volúmenes de abastecimiento interno y de importación. En particular, los precios de compra en las últimas licitaciones a cargo de IEASA y CAMMESA. Asimismo, la capacidad ociosa de las refinadoras locales. Y los fundamentos de las diferencias entre los “declarados incrementos en los volúmenes de producción” en relación al declino los volúmenes de las refinerías.
La solicitud consulta sobre los volúmenes de petróleo crudo y de gasoil exportado en los últimos 12 meses; y los volúmenes efectivamente entregados por las refinadoras al mercado desde enero a mayo.
Además, que se informe desde CAMMESA los volúmenes de gasoil destinados a la generación eléctrica de las generadoras térmicas, por sustitución del gas, tanto de producción local como importado; y que se informe el Plan de Acción destinado a mitigar el efecto de desabastecimiento, como resultado de la decisión de sustituir el gas por gasoil para las generadoras térmicas del AMBA.
“Dado el liderazgo de la empresa YPF en el sector de refinación y el carácter de accionista mayoritario del Estado Nacional, se solicita informe volúmenes y precios de compra de petróleo crudo, producción de gasoil y margen de refinación, discriminando la información por refinería”, agrega.
Finalmente, exigen que se indiquen las medidas a implementar desde la Secretaría de Energía en su rol de autoridad de aplicación en la materia, para controlar el mercado paralelo de combustibles, la distorsión de precios y el desabastecimiento en surtidores.
El pedido de informes fue acompañado por sus pares Julio Cobos, Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Ximena García, Fabio Quetglas, Marcela Coli, Miguel Nanni, Juan Martín, Lidia Ascárate, Soledad Carrizo, Francisco Monti, Hugo Romero, Pedro Galimberti, Gerardo Cipollini, Gabriela Lena y Jorge Rizzotti.
Este jueves, tras la reunión con ministros, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que “se va a importar más gasoil”. “Están los dólares para traer la totalidad de gasoil que haga falta para que Argentina pueda seguir adelante con su capacidad operativa”, sostuvo.
Con sendos proyectos de resolución, legisladores mendocinos reclaman al Poder Ejecutivo conocer detalles de los costos y estudios previos, entre otros puntos.
Senadores y diputados nacionales de la UCR, por la provincia de Mendoza, presentaron en ambas cámaras del Congreso un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique el estado actual y contenido del acuerdo firmado con la República Popular China para la construcción de la central Atucha III.
Los proyectos llevan la firma, por un lado, de los senadores Alfredo Cornejo -jefe del interbloque Juntos por el Cambio- y Mariana Juri, y por el otro de los diputados Jimena Latorre, Lisandro Nieri, Julio Cobos y Pamela Verasay.
Según explicaron en un comunicado, la solicitud se presenta “tras la información vertida en medios periodísticos de acuerdos cerrados y expedientes demorados que dejan más dudas que certezas de sus fines”.
En relación al tema, días atrás, desde el propio oficialismo, el senador kirchnerista Oscar Parrilli pidió que se cite al Senado al secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, para que explique el por qué de la demora en el avance de los trámites para que China financie la construcción de esa central nuclear. En paralelo, la semana pasada senadores del Frente de Todos estuvieron en las instalaciones del Complejo Nuclear Atucha en la localidad bonaerense de Lima.
Desde la oposición resaltaron que “los plazos y costos de instalación de centrales nucleares son muy elevados. Y resulta preciso evaluar correctamente la competitividad técnica, económica y ambiental frente a las otras tecnologías existentes. Es así como los costos de centrales nucleares deben ser parte de un ‘Plan Energético Nacional’ de largo plazo a ser consensuado políticamente, requiriéndose profundos estudios de factibilidad”.
En el pedido se solicita información detallada sobre el costo de financiamiento de la obra, los compromisos de aporte local, el cronograma de desembolsos y de repago previsto, además de cuál será el costo de la energía generada por la central y cómo influirá en el costo de generación de energía del sistema eléctrico nacional.
Los legisladores además exigen conocer en qué estado se encuentran los estudios previos de factibilidad técnica, ambiental, económica y de financiamiento. En particular, se deberá informar cuál es el estudio que demuestre que el emplazamiento apropiado de esa central es Atucha, vinculado a la protección radiológica a su cargo y sus implicancias en el área, como así también la dependencia de una sola corriente de agua de refrigeración.
Por otra parte, se solicita conocer detalles de las negociaciones llevadas adelante con Rusia, a través de Rosatom -empresa estatal nuclear rusa-, para instalar en Argentina una central nuclear grande, o reactores medianos, o una central nuclear flotante. La propuesta sería de construcción y operación, manteniendo Rusia la propiedad de la central y vendiendo energía a precio fijo por 20 o 30 años.
El informe interroga sobre cuál será la partida presupuestaria 2022-2023 destinada a los distintos organismos involucrados para impulsar el desarrollo de la energía nuclear y otras energías alternativas en la Argentina, en el marco de un plan energético nacional de transición energética como se propone en la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional de la República Argentina sobre los objetivos del Acuerdo de París.
El proyecto fue presentado por la diputada radical Soledad Carrizo, luego del encuentro de la justicia federal en Rosario.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) solicitó al Poder Ejecutivo un pedido informes sobre la situación del Servicio Penitenciario Federal.
Puntualmente, la radical pidió que se informe sobre cuáles son las acciones y medidas de prevención para atender el “despliegue del fenómeno narcocriminal desde el interior de establecimientos penitenciarios” y las actividades delictivas desarrolladas con la participación de internos alojados en cárceles federales del país.
Además, la cordobesa solicitó en el proyecto de resolución que se explique si se han implementado acciones de trabajo conjuntas o colaborativas entre la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) para la implementación de medidas de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas en el informe de análisis institucional sobre el fenómeno de la Narcocriminalidad cometida desde el interior de establecimientos penitenciarios.
El pedido incluye preguntas sobre si existe un relevamiento oficial de datos e información elaborado por el Servicio Penitenciario Federal sobre actividad delictiva desarrollada desde el interior de establecimientos penitenciarios federales y el detalle sobre cuáles han sido los objetivos estratégicos y medidas de acción para la prevención de esas actividades delictivas desde el inicio de la interventora María Laura Garrigós de Rébori.
Carrizo explicó que su pedido está basado en las conclusiones del Encuentro Nacional de la Justicia Federal, “El juzgamiento del narcotráfico”, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), tras el cual también desde la Coalición Cívica reclamaron interpelar a Garrigós de Rébori.
“Los expositores, y en particular los miembros del máximo tribunal de nuestro país, refirieron a la preocupante situación que atraviesa nuestro país por el incremento de la actividad delictiva vinculada al narcotráfico”, señaló la secretaria parlamentaria del bloque radical.
En ese sentido, consideró que “la interventora debe informar qué ha hecho durante su gestión y que hará frente a la gravedad de esta situación”. “Pareciera que todo lo que toca el kirchnerismo se destruye, hoy es el Servicio Penitenciario, ayer fue el INDEC”, criticó.
El pedido de informes fue acompañado por sus pares Mario Negri, Lidia Ascárate, Juan Martín, Pedro Galimberti, Gabriela Lena, Francisco Monti, Gerardo Milman, Mario Barletta, Carlos Raúl Zapata, Fernando Carbajal, Marcos Carasso, Sebastián Salvador, Ximena García y Víctor Hugo Romero.
Legisladores del bloque Pro reclamaron al Gobierno nacional detalles sobre las acciones implementadas para concientizar y prevenir sobre la problemática.
En el marco del Día Mundial contra el Acoso Escolar, más de 20 diputados nacionales del bloque Frente Pro presentaron un pedido de informes y un pedido de acceso a la información pública para solicitar al Gobierno nacional que detalle las acciones que se están implementando para concientizar y prevenir el bullying y ciberbullying en Argentina.
Concretamente, los legisladores reclaman que se informe sobre los avances en la implementación a nivel nacional de la Ley N° 26.892 para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.
Se trata de una iniciativa presentada por las diputadas Mercedes Joury y Victoria Morales Gorleri, y acompañada por sus pares María Eugenia Vidal, Claudio Poggi, Alejandro Finocchiaro, Pablo Torello, Dina Rezinovsky, María Sotolano, Ana Clara Romero, Martín Maquieyra, Matías Taccetta, Soher El Sukaria, María Luján Rey, Camila Crescimbeni, José Núñez, Alberto Asseff, Sofía Brambilla, Karina Bachey, Sabrina Ajmechet, Florencia Klipauka, Gabriela Besana, Graciela Ocaña, Virginia Cornejo y Gerardo Milman.
Joury lamentó que Argentina “está entre los primeros 15 países del mundo con mayor índice de acoso escolar”. “Hoy es un día especial para concientizar sobre la importancia de prevenir el bullying y el ciberbulliyng, y para dejar de naturalizarlo, velando para que se tomen medidas concretas que protejan a niños, niñas y adolescentes”, consideró la bonaerense, que remarcó: “El acoso escolar es un problema de la niñez y la adolescencia pero que debe ser resuelto por los adultos”.
Por su parte, Morales Gorleri afirmó que “cuando aparece con claridad el bullying llegamos tarde y probablemente hay daños irreparables. Es sin dudas un problema multidimensional que requiere de la alianza familia y escuela. El mundo adulto le está dando a nuestros chicos solo grietas, odios y antagonismos”. “¿Cómo evitar el acoso escolar sin la conciencia clara de ver la diversidad como riqueza?”, se preguntó la porteña.
El pedido de informes solicita al Gobierno nacional que detalle las medidas y acciones implementadas en cuanto a la prevención y concientización del acoso escolar, sobre las estrategias de investigación e intervención que se están abordando en las escuelas, sobre lo referente a la composición de equipos interdisciplinarios, y en cuanto a las estadísticas sobre los casos de bullying o ciberbullying.
Diputados de la oposición presentaron un pedido de informes referido a las medidas que se tomarán ante la faltante de gasoil y los sobreprecios que se registran.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Ricardo Buryaile (UCR-Formosa) pidieron informes al Gobierno nacional ante los problemas de desabastecimiento de gasoil y sobreprecios registrados en el país. “Está en riesgo la cosecha”, alertó Buryaile.
Mediante el proyecto, los legisladores solicitan conocer las medidas que adoptará la Secretaría de Energía para solucionar los desequilibrios entre oferta y demanda de gasoil que pudieran surgir en los próximos meses. Además, requieren detalles sobre el rol de YPF para sumar volumen en el mercado, y qué tipo de garantías ofrecerán a los consumidores ante los sobreprecios que se están cobrando.
Diversas proyecciones estiman que, para hacer frente a la demanda anual, nuestro país deberá importar 13.500 millones de dólares de los principales combustibles, sobre todo para satisfacer la necesidad en otoño e invierno.
“El país está sufriendo nuevamente el desabastecimiento de gasoil por la diferencia entre precio de venta y el de importación. Este escenario lleva a las petroleras a racionar las entregas a las estaciones de servicio, que aplican cupos de venta por vehículo. Esta situación pone en riesgo la cosecha 2022-2023 y también al desarrollo productivo de la Argentina”, advirtió el formoseño.
Y agregó: “Ante el escenario de incertidumbre actual, aún no conocemos cuál es la planificación económica y financiera que tiene prevista el Gobierno nacional ante el escenario de conflicto internacional, con el impacto económico y logístico que la guerra está generando en los mercados energéticos”.
Buryaile aseguró que se debería discutir en el Congreso si el Gobierno tiene algún plan de incentivo para la industria de los biocombustibles que permitan una mayor utilización en los cortes de los combustibles locales.
“La falta de iniciativa del Gobierno también emerge al constatar que el gasoil que se está comercializando en las estaciones de servicio no posee prácticamente biodiésel”, concluyó el radical.
La iniciativa fue acompañada por sus pares de JxC Mario Barletta; Manuel Aguirre; Soledad Carrizo; Gerardo Cipolini; Gabriela Lena; Juan Martín; Lisandro Nieri; Hugo Romero; Roberto Sánchez; Alberto Asseff; Karina Bachey; Omar De Marchi; Marcela Antola; Gerardo Milman; Laura Rodríguez Machado; Gabriela Brouwer De Koning; Pablo Torello; Paula Omodeo; Claudio Poggi; Laura Castets; Carlos Zapata; Juan Carlos Polini y Virgina Cornejo.
La legisladora de Juntos por el Cambio cuestionó que el paso Agua Negra, en su provincia, “sigue sin aparecer entre los asuntos prioritarios”.
La diputada nacional Susana Laciar (Producción y Trabajo-JxC) presentó un proyecto de resolución solicitando un pedido de informes al Gobierno nacional sobre el reciente acuerdo firmado entre Argentina y Chile que permite la flexibilización de los pasos fronterizos cordilleranos.
“El documento firmado por los presidentes Alberto Fernández y Gabriel Boric no dice nada sobre el Paso de Agua Negra ni el Tratado Binacional Minero del que dependen muchos proyectos sanjuaninos. Sólo se habla del Paso de Cristo Redentor y del litio. Queremos que nos expliquen a los sanjuaninos el porqué del ninguneo”, apuntó la legisladora opositora.
En esa línea, la sanjuanina explicó que “el paso fronterizo Agua Negra, en la provincia de San Juan, no se encuentra mencionado en ningún apartado del acuerdo; por lo que se evidencia que no está previsto realizar inversión alguna para el mejoramiento del mismo, y más lejos aún, la construcción del túnel que tanto se ha anunciado”.
“Hace algunos años las autoridades locales mostraron las maquetas de un túnel ilusionándonos, como si fuera una obra de inmediata ejecución. Luego, y ante la falta de realización de éste, se tiró toda la culpa a la gestión anterior de ambos gobiernos nacionales, como responsables de tirar por tierra la consecución de las obras”, cuestionó la opositora.
Y continuó: “Sin embargo, con nuevos gobiernos ‘amigos de los sanjuaninos’, el paso de Agua Negra sigue sin aparecer entre los asuntos prioritarios. Vemos así en el acuerdo y casi de soslayo como se habla de la importancia estratégica de la interconexión entre ambos países, tanto que -citó- ‘de igual modo se establece la relevancia de aquellas obras de infraestructura que contribuyan a una mayor y mejor interconexión entre ambos países, propiciando su ejecución en los plazos razonables que determinen las Carteras específicas'”.
Asimismo, Laciar reclamó que se informe sobre la vigencia plena del Tratado Minero Binacional del que no se habla, resaltando que éste “permitió en su momento proyectar la puesta en marcha del proyecto Pascua Lama, actualmente suspendido; toda vez que hay otros proyectos mineros en circunstancias similares”.
La diputada de JxC insisitió con sus críticas, en este caso sobre que el acuerdo aborda el “común interés” sobre el litio, pero “deja de lado todos los proyectos mineros”.
“Queremos que las autoridades nacionales nos expliquen a todos los sanjuaninos, que somos parte del territorio federal, cuál es la consideración real que tiene la actual gestión de gobierno, sobre dos cuestiones fundamentales para nosotros: el paso de Agua Negra y la Actividad Minera binacional”, cerró.
La iniciativa fue acompañada por sus pares de JxC Marcelo Orrego, María Eugenia Vidal, Gerardo Milman, Martín Tetaz, Karina Bachey, Laura Rodríguez Machado, Gabriel Chumpitaz, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni, Aníbal Tortoriello, Ingrid Jetter, María de las Mercedes Joury, y José Nuñez. También acompañó el libertario Javier Milei.
La diputada porteña Carla Carrizo presentó un pedido de informes dirigido al Instituto Nacional de Cáncer, a cargo de la ejecución del programa.
La diputada nacional Carla Carrizo (Evolución Radical), junto a compañeros de su bloque, solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que informe sobre el funcionamiento del Programa Nacional de Prevención y Detección temprana del cáncer colorrectal dentro del ámbito del Instituto Nacional de Cáncer.
A través de un pedido de informes, los legisladores requieren detalles sobre: el descenso de más de un 80% de estudios preventivos de cáncer colorrectal durante la pandemia; qué porcentaje de diagnósticos de cáncer colorrectal se realizan en la fase temprana y cuántos en la fase avanzada; si los hospitales públicos, en todas las provincias y CABA, cuentan con la capacidad instalada para desarrollar programas de prevención con vídeo colonoscopia; los criterios de accesibilidad y dispersión geográfica de su localización; la cantidad de provincias que cuentan con programas específicos; la cantidad de vídeo colonoscopias requeridas por año; el detalle de los recursos humanos en anestesiología y especialistas en de nuestro país; los tiempos de espera para obtener turnos en hospitales públicos para la realización de estudios de detección, entre otros.
“El cáncer colorrectal es el segundo en prevalencia y mortalidad en nuestro país con 16 mil nuevos casos anuales. Un promedio de 43 diarios y más de 7.500 muertes: 20 por día. La cifra representa el 12,1% del total de los tumores malignos”, argumentó Carrizo en el proyecto.
Asimismo, añadió que “como sucede con muchas otras enfermedades, la detección temprana del cáncer colorrectal mediante controles de rutina y consulta temprana es un factor determinante en el pronóstico. Los especialistas señalan que 9 de cada 10 casos se podrían curar si la enfermedad es detectada en una fase inicial. Sin embargo, se estima que la mayoría de los pacientes cuando llegan a la consulta lo hace en la fase avanzada de la enfermedad”.
“Presentamos un pedido de informes que para obtener información oficial y actualizada de un programa que debe proteger en todas las provincias”, finalizó la legisladora.
El pedido de informes fue acompañado por sus pares Rodrigo de Loredo, Emiliano Yacobitti, Danya Tavela, Pablo Cervi, Alejandro Cacace, Marcela Antola, Victoria Tejeda y Gabriela Brower de Koning.
La iniciativa fue presentada por la cordobesa radical Soledad Carrizo, quien además resaltó que la Ley de Alquileres “ha mostrado profundas insuficiencias”.
Con el acompañamiento de varios diputados de Juntos por el Cambio, la cordobesa Soledad Carrizo (UCR) presentó un proyecto a través del cual solicita al Poder Ejecutivo Nacional que informe a la Cámara de Diputados sobre la implementación del Programa Nacional de Alquiler Social.
Puntualmente, la iniciativa pide información sobre el estado de implementación del programa en cuestión, indicando cantidad de beneficiarios alcanzados y acciones que actualmente se están ejecutando. Además, que se informe detalladamente cuáles son las acciones y medidas que el Estado Nacional lleva adelante para asegurar el cumplimiento de las medidas del mencionado programa. También, se solicitan datos acerca de si existen requerimientos o peticiones administrativas o causas judiciales dirigidas al organismo rector mediante las cuales se ha solicitado el cumplimiento y aplicación de las medidas de implementación y si existe un relevamiento de datos oficiales sobre la cantidad de personas destinatarias del mismo.
Finalmente, el proyecto requiere datos acerca de si existen acuerdos o convenios de entendimiento y colaboración suscriptos con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje para la resolución de conflictos derivados de la relación.
Tras el encuentro que se realizó este jueves entre legisladores de Juntos por el Cambio y diversos sectores involucrados en la Ley de Alquileres, Carrizo consideró que la norma, proyectada como una herramienta protectoria para el creciente universo de locatarios en el país, “ha mostrado profundas insuficiencias y problemática derivadas de su aplicación en un contexto de imprevisión económica para las partes contratantes”.
“Desde su sanción, la utilidad de esta ley ha sido puesta en debate por los efectos indirectos que ha traído aparejado, provocando como consecuencia una suba de precios en los contratos, una disminución de la oferta de inmuebles disponibles para alquiler y una migración hacia su venta, con más el incumplimiento de varios puntos de la ley que han quedado virtualmente desnaturalizados”, agregó la legisladora cordobesa.
Y explicó que “a esta problemática habitacional de naturaleza estructural, se suman especiales condiciones de vulnerabilidad de determinados sectores poblacionales que sufren aún más el deficiente acceso a la vivienda propia y la inestabilidad de la economía argentina, y que los impulsa a concertar acuerdos de alquileres precarios, informales e inseguros”.
“Dadas las dificultades para acceder a información oficial sobre este tema, y la ausencia de datos que permitan llevar adelante un trabajo legislativo de rigor en materia habitacional, solicitamos a través de este proyecto, se expida con claridad y el mayor detalle posible para conocer los resultados alcanzados y valorar la necesidad de una reforma normativa que contemple la problemática referenciada”, finalizó.
El proyecto fue acompañado por sus pares Hugo Romero, Ximena García, Rodrigo De Loredo, Mariana Stilman, Lidia Ascárate, Leonor Martínez Villada, Graciela Ocaña, Gabriela Lena y Rubén Manzi.
Los legisladores recordaron que así lo “prometió el Gobierno”. Presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio de Seguridad.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio por la provincia de Santa Fe, encabezados por Juan Martín, solicitaron que el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, detalle sobre el refuerzo de 1.575 efectivos federales para la seguridad de la provincia, “prometido por el Gobierno nacional”. “Ese personal de Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y Policía Aeroportuaria debía completar su despliegue este mes de marzo”, apuntaron.
En el pedido se solicita conocer si el número de efectivos federales prometidos se asignó, en qué ciudades y departamentos están; los resultados de los operativos que hayan realizado, si eso sucedió; y cómo se coordina el trabajo con la Policía provincial. “Queremos saber con exactitud cuál es el esfuerzo adicional que se está haciendo desde Nación en un momento tan delicado en materia de seguridad en la provincia”, señaló Martín.
“Este incumplimiento de la palabra empeñada en medio de la campaña ya no parece una simple omisión. Recordemos que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el mensaje del 1ro. de marzo en el Congreso, ni siquiera hizo mención de la situación que viven los santafesinos, ni cómo va a trabajar junto con la provincia para enfrentar el narcotráfico y el delito organizado. Esto es lisa y llanamente una decisión: dejar a Santa Fe librada a su suerte y con las calles ganadas por el delito”, añadió el radical.
Finalmente, el legislador alertó que “la preocupación de los santafesinos por los hechos de inseguridad debe ocupar un lugar central en la agenda política. No podemos seguir con medidas espasmódicas y cortoplacistas”.
La iniciativa fue acompañada por Gabriel Chumpitaz, Mario Barletta, Federico Angelini, José Núñez, Victoria Tejeda, Germana Figueroa Casas, Ximena García y Carolina Castets.
Se había dispuesto por ley en 2020 para recibir denuncias de abuso sexual y violencia. La diputada Roxana Reyes enfatizó que “hasta la fecha no vemos avance alguno en la implementación de esta política pública”.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, informe acerca de las medidas adoptadas para la implementación de la creación de una inter-fase tecnológica destinada a dar información, contención y brindar asesoramiento en materia de violencia, maltrato y abuso sexual, y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes (NNyA).
“Actualmente la línea 102 funciona solo en 17 de las 24 provincias de nuestro país y no cuenta con una aplicación para que los NNyA puedan comunicarse. Las provincias de Santa Fe, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis cuentan con números de línea diferentes al 102, que son más extensos y no son gratuitos, lo que implica una enorme dificultad para recordar los mismos y comunicarse”, explicó la legisladora.
La reforma de la Ley 26.061 que se sancionó en el año 2020 por medio de la Ley 27.576 preveía la creación de una inter-fase tecnológica para la información y denuncia de situaciones de abuso sexual y otras vulneraciones de derechos.
“La idea era que se pudieran realizar intervenciones de forma conjunta y articulada con los distintos organismos del Estado que trabajan ante la amenaza o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se pretendía también unificar la información de todas las provincias en la materia. Sin embargo, hasta el día de la fecha no vemos avance alguno en la implementación de ésta política pública. Lo que resulta sumamente preocupante puesto que constituye una violación al derecho de los niños, niñas adolescentes a ser oídos, protegido en nuestro ordenamiento jurídico”, fundamentó la santacruceña.
Y concluyó: “Solicito con urgencia se informen las medidas que se han implementado al día de la fecha para dar lugar a la concreción de dicha política pública, apoyada por ambas cámaras del Congreso y pensada como un aporte al sistema de canalización de denuncias actual”.
La iniciativa fue acompañada por sus pares Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Camila Crescimbeni, Ingrid Jetter, Karina Bachey, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Graciela Ocaña, Germana Figueroa Casas y Mariana Stilman.
La diputada de la CC-ARI presentó un proyecto de resolución tras conocerse que la institución designó en cargos permanentes a más de 200 personas sin cumplir la normativa que exige la presentación del título secundario.
La diputada nacional Victoria Borrego (Coalición Cívica – Buenos Aires) presentó un proyecto de resolución en el que le solicita al Poder Ejecutivo que informe acerca de las recientes designaciones en el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI).
En la iniciativa se requieren los motivos y criterios por los cuales la resolución que promueve nombramientos no ha sido publicada en el Boletín Oficial del organismo y, también, que indique cuáles son los actos administrativos que son publicados y cuáles no. Se pide, además, que se indique si se ha exceptuado del requisito de título secundario al personal designado.
Esta iniciativa continúa con la solicitud de que se señale “la dotación total de personal del Instituto al día 10 de diciembre de 2019 y la dotación total en la actualidad, desagregado por tipo de contratación, incluyendo expresamente aquellos que presten servicios para el organismo en cualquier modalidad”.
“Finalmente se insta al Poder Ejecutivo que consigne la dotación total del personal del Instituto que no cuenta actualmente con título secundario, e indique cuántos han sido exceptuados de los requisitos para su designación”, sostiene la iniciativa.
A su vez, remarca que “es preocupante la conducta asumida por el organismo, tanto por la decisión de no respetar la normativa vigente en materia de designaciones, así como por la manifiesta falta de transparencia y la violación a la Ley n° 27.275. La conducta asumida en este caso y dada a publicidad a través de los medios de comunicación revela la falta de transparencia con la que se conduce actualmente el organismo”.
Cabe mencionar, que su par Marcela Campagnoli presentó una denuncia contra la titular del PAMI, Luana Volnovich, por la misma causa.
Proyecto-de-Resolucion-Designaciones-PAMI-263-22-0872-D-2020Encabezado por Mariana Zuvic se presentó un proyecto de resolución en el que se busca información sobre las “condiciones pautadas” para la adhesión a la Franja y la Ruta de la Seda.
Diputados de la Coalición Cívica, encabezados por Mariana Zuvic, presentaron un proyecto de resolución en el que exigen al canciller Santiago Cafiero que brinde información sobre el acuerdo firmado por Argentina con China.
Los legisladores de la oposición solicitaron conocer detalles del documento que se firmó en el marco de la reunión bilateral que el presidente Alberto Fernández mantuvo junto al mandatario Xi Jinping, y por el cual se adhirió a la Franja y la Ruta de la Seda.
En la iniciativa, los diputados de la CC piden saber las “condiciones pautadas en esos documentos” y que se consigne “sobre los montos a invertir, intereses, pagos, plazos y todo otro compromiso asumido con el gobierno chino”.
Además, consultan “si existen negociaciones, documentos o condicionamientos secretos, confidenciales o reservados” y si se expresó alguna “preocupación por las actividades de pesca no reglamentada que realiza China en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva argentina” o “si se impusieron condiciones al país para no avanzar en mecanismos bilaterales de gestión ecosistémica de los recursos del área”.
En otro aspecto, el proyecto pregunta si la adhesión a la Ruta de la Seda involucra algún compromiso acerca de “la tecnología 5G que ofrece la empresa china HUAWEI” y si hubo algún tipo de “análisis de las fortalezas y debilidades de asociarse a China” en este tipo de proyectos de tecnología.
También se requiere conocer si las contraprestaciones del Gobierno argentino para acceder a la financiación china por 23.700 millones de dólares incluyen la afectación de la soberanía, tal como sucede con la base militar china en Neuquén.
El proyecto lleva las firmas de Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Marcela Campagnoli, Leonor Martínez Villada y Carolina Castets.
La diputada radical Jimena Latorre presentó un pedido de informes dirigido al organismo de control, de modo que se examinen “las eternas e infructuosas intervenciones de los entes reguladores”.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) que controle la gestión presupuestaria, económica, financiera, patrimonial y legal de las intervenciones en el Ente Nacional Regulador de Energía Eléctrica (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
Entre los fundamentos del pedido de informes se mencionan como “hechos relevantes” los numerosos cortes del suministro eléctrico que ha sufrido la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense (en áreas de concesión de EDESUR y EDENOR) en reiteradas oportunidades, particularmente durante los días del mes de enero, incluyendo un apagón masivo ocurrido el día 11 de enero de 2022. “Esto resulta alarmante: ha habido miles de ciudadanos afectados y privados de un servicio esencial como es la electricidad”, apuntó la legisladora.
La mendocina enfatizó que “llama la atención la falta de información disponible para la ciudadanía en materia de las intervenciones dispuestas, situación que se profundiza ante la confusión que generan las nuevas prórrogas de dichas intervenciones, las cuales entendemos, distan de encontrarse lo suficientemente fundadas legalmente y con resultados positivos a la vista. Por el contrario, los hechos parecen hablar por sí solos y los apagones en la provincia de Buenos Aires y la CABA ponen de manifiesto la necesidad de contralor efectivo que requieren actualmente las empresas distribuidoras eléctricas y del cual no parece haber eco alguno por parte del ente regulador”.
“La intervención del ENRE y del ENARGAS se inicia a partir de una norma de emergencia pública legalmente cuestionable y sujeta a continuas prórrogas. Las intervenciones por Decreto N° 871/2021 se encuentran actualmente vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022, sin mediar autorización por ley de dicha excepción al plazo de intervención original y estando aún algunos de los directores elegidos por el proceso que marca la ley en un limbo jurídico, en el caso de ENARGAS, suspendidos sin goce de haberes. Esta situación es a todas luces completamente irregular”, sostuvo la radical.
En el pedido de informes se requiere, en particular, realizar auditorías financieras, de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo el control de los entes reguladores, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones. También examinar y emitir dictámenes sobre la memoria y los estados contables financieros de los entes, indicando la evolución contable financiera en relación al estado anterior a la intervención, destacando en particular los costos de operaciones internas y externas (contrataciones por medio de universidades, profesionales independientes, y otros).
Por otra parte, se solicita verificar el nivel y evolución salarial y patrimonial de los funcionarios públicos de los entes (interventor y gerentes) y el cumplimiento de información sobre aquella a la Oficina Anticorrupción; verificar el funcionamiento de la Unidad de Auditoría Interna de ambos organismos y establecer qué inconvenientes se subsanaron y cuáles persisten sobre la base de lo señalado en sus informes; establecer cuál es la situación legal de los directores con mandatos vigentes, suspendidos sin goce de haberes de sus funciones sin fundamento alguno; analizar la evolución y los perfiles y tareas desempeñadas de los empleados que componen la planta de personal permanente y temporaria de los entes en la actualidad, efectuando análisis comparativo con el estado de situación anterior al dictado de la intervención.
También se incluye auditar los procedimientos de multas remanentes de la revisión tarifaria integral (RTI) y su tratamiento en la Revisión Tarifaria Transitoria; establecer los fundamentos técnicos de los criterios de incrementos tarifarios realizados por las intervenciones de ambos organismos; brindar detalle de las auditorías e inspecciones realizadas desde el comienzo de las respectivas intervenciones y detallar y cuantificar los potenciales reclamos pecuniarios de las empresas concesionarias por la interrupción de la RTI y la puesta en marcha de la RTT.
El ENRE, organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo, fue creado con el objeto de regular y fiscalizar la prestación del servicio de distribución y transporte eléctrico, ambos elementos esenciales en la prestación de los servicios públicos. Tiene por función controlar que las empresas del sector eléctrico nacional cumplan con las obligaciones establecidas en el Marco Regulatorio (Ley N°24.065) y en los Contratos de Concesión, velando por el buen funcionamiento de las redes de distribución (circunscripta al Área Metropolitana de Buenos Aires) y el transporte eléctrico. “La acción del ENRE resulta fundamental para la prevención de apagones y problemas energéticos generados por las empresas prestadoras de servicio eléctrico, como actualmente ocurre en la Ciudad de Buenos Aires y en el Conurbano de la provincia de Buenos Aires”, argumentó en los fundamentos Latorre.
Por su parte, el ENARGAS es un organismo autárquico creado mediante la Ley N°24.076 en el año 1992. Se encuentra en el ámbito de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación, y cumple con las funciones de regulación, control, fiscalización y resolución de controversias, que le son inherentes en relación con el servicio público de transporte y distribución de gas en la República Argentina.
El proyecto fue acompañado por sus pares Mario Negri, Juan Manuel López, Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Soledad Carrizo, Ximena García, Karina Banfi, Francisco Monti, Mario Barletta, Roberto Sánchez, Lidia Ascárate, Juan Martín, Roxana Reyes, Ricardo Buryaile, Gabriela Lena, Jorge Vara, Pedro Galimberti, Marcela Coli, Marcos Carasso y Gerardo Cipolini.
Además, las legisladoras presentaron un proyecto para relevar y regular la infraestructura crítica del sector energético.
Tras el importante derrame de petróleo que tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en la provincia de Río Negro, la diputada Jimena Latorre (UCR), junto a sus pares Ximena García y Pamela Verasay, realizaron un pedido de informe para que la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente brinden información sobre lo sucedido. Asimismo, presentaron en la Cámara baja un proyecto de ley para identificar infraestructuras críticas de la energía e incluirlas en un plan nacional con el objetivo de proteger a la población y al medio ambiente.
El pedido de informe consta de dos partes, por un lado se busca dilucidar las causas y consecuencias del derrame ocasionado por una falla en el sistema de oleoductos de la compañía Oldelval en Río Negro, que se propagó por unos 20.000 metros cuadrados de zona afectada, siendo el más grave en la provincia al menos en los últimos 10 años. Por otro lado, se pretende conocer el funcionamiento e inversiones de la empresa responsable del derrame dado que se investigan dos posibles factores: la antigüedad de la infraestructura y la cantidad de crudo que circula.
“Creemos necesario se informe sobre el funcionamiento del sistema concesionado a Oldelval ya que el mismo se encuentra en el centro de las críticas. El salto en la producción de Vaca Muerta puso al límite su capacidad de transporte y desde algunas empresas aseguraron que hubo días en que no pudieron inyectar todo el petróleo que esperaban”, expresó Latorre.
También, la mendocina señaló que “no es menor que el accionista mayoritario de la empresa sea YPF, empresa en la que a su vez el socio mayoritario es el Estado argentino. Una situación que viene a sumarse a la crítica situación operativa y financiera de la principal empresa productora y refinadora del sector”.
“Es evidente que hay una confusión de roles en un escenario donde la autoridad de aplicación energética y ambiental no cumplen los relevamientos y controles; y la empresa que debería mantenerse fuera del diseño de las políticas energéticas toma las decisiones que le competen a la administración”, agregó.
El proyecto de ley denominado “Plan Nacional de Infraestructuras Críticas de la Energía”, también presentado por las legisladoras, va en sintonía con el pedido de informes y busca precisamente evitar que estos incidentes tengan lugar y que los riesgos ante los potenciales desastres que tales hechos pudieran ocasionar puedan mitigarse con mejores y más estrictas regulaciones en la materia.
Quedan comprendidas dentro de las infraestructuras críticas del sector energético, las correspondientes a los subsectores de electricidad (infraestructuras e instalaciones de generación, transporte y distribución del suministro eléctrico), del petróleo (producción, refinado, tratamiento, almacenamiento y distribución por oleoductos) y gas (producción, refinado, tratamiento, almacenamiento y transporte por gasoductos).
A los fines de su ejecución, la ley crea una Comisión Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas en Energía, y define los criterios básicos para que cada provincia junto a la comisión trabajen en la identificación de las mismas y se incorporen al Plan Nacional.
La cordobesa Soledad Carrizo presentó una solicitud en la que reclama además datos sobre los costos de otros actos impulsados por el oficialismo.
La diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) presentó un proyecto de resolución, a través del cual reclama que el Gobierno nacional “informe de los gastos que lleva realizados para la organización de actos y movilizaciones” y las actividades programadas para este viernes en Plaza de Mayo, donde el oficialismo convocó a festejar los 38 años de democracia.
En el pedido, realizado en los términos del artículo 100, inciso 11, de la Constitución Nacional, la legisladora radical solicitó que se indique “quiénes organizaron estas actividades y quiénes fueron responsables de la contratación de los servicios de logística, armado de escenario sonido, seguridad”, entre otros.
También, la cordobesa exigió saber “el detalle del costo total de la realización de dichos actos y del proyectado para el día 10/12/2021, indicando las empresas contratadas en cada acto como prestadoras de servicios, cuáles fueron los servicios contratados y los montos que se les abonaron en cada caso”.
Además, la opositora pidió que se informe si el Estado Nacional, a través de cualquiera de sus ministerios o unidades, “ha intervenido en la organización del acto y la contratación de servicios para su realización”.
Al explicar su iniciativa, Carrizo advirtió que “el tenor proselitista o político partidario de estos encuentros es indiferente a los efectos de conocer en detalle la información relativa a su organización, responsables a cargo y costos, dado que en todos estos han intervenido activamente autoridades públicas en ejercicio de función, haciendo referencia en todos estos encuentros a su propia gestión”.
“La convocatoria, participación y apoyo explícito a todos estos actos, donde podemos ver desfilar a funcionarios, legisladores y el mismísimo Alberto Fernández, no deja de llamarnos la atención, pero es nuestra obligación informarnos sobre los costos de los mismos. Queremos transparencia en todo lo público, porque así no los pide la ciudadanía”, subrayó la diputada de Juntos por el Cambio.
Y agregó que “ya que existen dificultades para acceder a información oficial sobre este tema, y la ausencia de datos que permitan llevar adelante un trabajo legislativo de control de rigor, quiero que el Poder Ejecutivo, sea claro y diga cuánto se gastó, se gasta y se gastará para las fiestas de su sector político usando la plata de todos los argentinos”.
Diputados de Juntos por el Cambio advirtieron que representa “un riesgo para la salud pública”, al tiempo que pidieron por acciones para revertir la situación.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Martín Berhongaray, solicitaron al Poder Ejecutivo informes sobre la elevada presencia de arsénico y flúor en el agua en la región hídrica del noroeste de la llanura pampeana.
En el proyecto, los legisladores expresaron que los niveles de arsénico y flúor en las aguas subterráneas, que superan las concentraciones recomendadas por la normativa aplicable, “representan un riesgo para la salud pública y es uno de los temas más importantes que debe resolver la provincia”.
“Es cierto que la contaminación excede los límites de La Pampa, ya que abarca una zona más extensa que alcanza gran parte de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, entre otras. De allí que la preocupante situación relevada, extensible a otras zonas del área de influencia de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura Pampeana, requiera de la articulación de un manejo armónico, coordinado y racional de los recursos hídricos, mejorando los instrumentos de gestión interjurisdiccional, lo cual requiere la elaboración de un Plan Director de Gestión Hídrica en esa zona”, advirtieron.
Entre otras cuestiones, los diputados apuntan a saber si existen reservas comprobadas y posibles de agua apta para el consumo humano y antecedentes de valores de flúor, arsénico y nitratos que registra el agua de consumo humano que se suministra a la población, discriminado por localidad.
Además, el pedido de informes pide estudios poblacionales y registros de casos clínicos de hidroarsenicismo crónico regional endémico (“HACRE”) o de enfermedades relacionadas con la presencia en exceso de estos elementos y si existe en la actualidad un Programa de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial y Subterránea para la detección y determinación de arsénico de la Región de la Cuenca Hídrica indicada.
El proyecto también indaga sobre “acciones y medidas en ejecución y proyectadas para revertir el preocupante cuadro de situación determinado por una oferta de agua potable sensiblemente menor a la demanda” y si se “evalúan otras alternativas que impliquen un abastecimiento importador de agua para dicha región, indicando en caso afirmativo la potencial fuente de provisión”.
La iniciativa fue acompañada por Mario Negri, Lidia Ascárate, Karina Banfi, Gabriela Lena, Ximena García, Atilio Bendetti, Carla Carrizo, Gonzalo Del Cerro, Gerardo Cipollini, Diego Mestre, Jorge Vara, Víctor Hugo Romero, Sebastián Salvador, Alberto Asseff, Julieta Marciolli, María Luján Rey, Alfredo Schiavoni, Pablo Torello y Martín Maquieyra.
La diputada Sofía Brambilla requirió, a través de una iniciativa, información sobre estadísticas actualizadas de casos.
La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó en la Cámara baja un pedido de informes sobre la situación del cáncer de mama en Argentina, las campañas de prevención y de tratamiento.
En octubre se celebra la concientización sobre el cáncer de mama en todo el mundo, con la finalidad de contribuir a aumentar la atención y la sensibilización, la detección precoz, el tratamiento y los cuidados paliativos.
En ese marco, la legisladora correntina solicitó al Ministerio de Salud de la Nación y el Instituto Nacional del Cáncer conocer “las estadísticas actualizadas de la incidencia del cáncer de mama en la población; si se han realizado estudios de impacto de las campañas de prevención del cáncer de mama y cuáles fueron los resultados que se han obtenido; si se ha logrado reducir la tasa de letalidad del cáncer de mama en Argentina; y, sobre todo, si existe un seguimiento pormenorizado desde el Poder Ejecutivo respecto del cumplimiento de la Ley 26.872 por parte de las obras sociales y prepagas”, entre otros puntos.
“Para poder desarrollar y aplicar políticas públicas de calidad, se debe contar con datos certeros. Es necesario actualizar las estadísticas, sobre todo teniendo en cuenta que durante el 2020 se registró una caída del 80% en la cantidad de estudios realizados para el diagnóstico temprano de cáncer, de acuerdo a lo informado por la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALEC)”, manifestó Brambilla.
Y agregó que “el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres de nuestro país. Le corresponde al Estado Nacional garantizar el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud y esta obligación se agrava en relación a las mujeres que padecen de cáncer de mama”.
El radical Fabio Quetglas reclamó transparencia en la información pública y “darle certidumbre a la gente”, sobre todo a quienes recibieron Sputnik o AstraZeneca.
El diputado nacional Fabio Quetglas (UCR) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo nacional referido al plan de vacunación contra el Covid. “Crece el stock de vacunas pero no se acelera la vacunación con segundas dosis. Hay doce millones de vacunas que no se aplicaron, y casi ocho que no fueron distribuidas”, enfatizó.
Desde el Gobierno nacional se anunció la llegada de 61,5 millones de dosis para combatir al Covid, pero según indica el Monitoreo de Vacunación Pública (MVP) sólo se distribuyeron 53,6 millones, de las cuales 49,4 fueron aplicadas (más de 4 millones de vacunas distribuidas no han sido aplicadas), indicó el legislador.
En este marco, la oposición reclamó precisiones “para brindarle transparencia a la información pública, pero sobre todo darle certezas a una sociedad preocupada por completar su esquema de vacunación”.
“Hoy no existe transparencia en la información pública del plan de vacunación”, denunció el radical, ejemplificando con la falta de certezas sobre cuántas vacunas se perdieron por problemas logísticos, y remarcó la “necesidad de darle certidumbre a la gente y otorgarle limpidez a un plan que ya ha tenido situaciones oscuras”.
En relación al bajo ritmo para completar los esquemas de vacunación con dos dosis, Quetglas analizó que “existe una concentración original de dos proveedores, de los que no han llegado grandes cantidades de segundas dosis. El Gobierno amplió esa oferta de vacunas con Sinopharm, pero está imposibilitado de combinar esas dosis, por lo que se ha avanzado muy poco en completar el esquema de vacunación de quienes recibieron Sputnik o AstraZeneca”.
Respecto a la acumulación de stock creciente, el legislador bonaerense opinó que “pese a que algunos creen que el Gobierno está elevando ese stock para acelerar el proceso de vacunación de cara al cierre de la campaña electoral, también puede ser la muestra de una mala planificación”, y a la vez consideró que el país “debería reorientar sus compras de vacunas hacia aquellas que se puedan complementar con Sputnik y también puedan ser aplicadas en menores de 18 años” con el fin de acelerar el esquema de vacunación de segundas dosis y comenzar el de menores sin comorbilidades.
Por último, Quetglas insistió con que “la dinámica de la pandemia debe enfrentarse con criterio y planificación, y el ritmo de vacunación no es en absoluto neutro frente a la posibilidad de nuevas variantes y el desafío que constituye la eliminación de restricciones”.
Encabezados por la radical Jimena Latorre, se presentó un pedido de informes al Gobierno por información que falta al respecto en el Presupuesto 2022.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR), junto a sus pares Alfredo Cornejo y Dolores Martínez, presentaron este viernes un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que explique en qué estado se encuentran los proyectos y las negociaciones que se están llevando a cabo con China y Rusia para impulsar el desarrollo de la energía nuclear en Argentina a través de la instalación de nuevas centrales nucleares.
La solicitud se realizó de acuerdo a los objetivos de la CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica) expresados en el proyecto de Presupuesto 2022, enviado recientemente al Congreso, donde se hace referencia al análisis de la competitividad de la inserción en el mercado eléctrico de nuevas centrales nucleares.
Por tal motivo, solicitó conocer el Plan de Acción para la construcción de la Central Nuclear Hualong de origen chino y que se informe sobre las negociaciones entre la Secretaría de Energía argentina con la Agencia Nacional de Energía de China y la Corporación Nuclear Nacional de ese país. También se requiere la realización de estudios previos de factibilidad técnica, ambiental, económica y de financiamiento. En particular se deberá informar cuál es el estudio que demuestre que el emplazamiento apropiado de esa central es Atucha, vinculado a la protección radiológica a su cargo y sus implicancias en el área, como así también la dependencia de una sola corriente de agua de refrigeración.
“De acuerdo a trascendidos y declaraciones de funcionarios nacionales en los medios de comunicación nos enteramos que existen tratativas con China para la instalación en nuestro país de una nueva central nuclear cuyo costo estaría estimado en 8.000 MMU$S. Los dichos coinciden con los objetivos expresados por la Secretaría de Energía en el Presupuesto 2022, pero no encuentra reflejo de asignaciones presupuestarias, ni indicación de financiamiento, ni compromisos asumidos para su concreción. Esa información debería estar incluida en el marco de un Plan Económico y Energético, en cumplimiento de la Ley 24.354, para su análisis y aprobación por el Congreso”, explicó la legisladora mendocina.
El pedido además exige información sobre las negociaciones con Rusia, realizadas a través de la empresa estatal nuclear rusa Rosatom, para instalar en Argentina una central nuclear grande, o reactores medianos, o una central nuclear flotante. La propuesta sería de construcción y operación, manteniendo Rusia la propiedad de la central y vendiendo energía a precio fijo por 20 o 30 años.
“Estos proyectos no se encuentran informados en forma expresa en el Plan Nacional de Inversiones 2021-2023. Sólo se encuentra una mínima referencia a la posibilidad de construcción de ‘Atucha III’, que dista en forma considerable de dar cumplimiento a las exigencias para proyectos de inversiones de tal magnitud”, afirmó la radical.
Y agregó que “los plazos y costos de instalación de centrales nucleares son muy elevados. Y resulta preciso evaluar correctamente la competitividad técnica, económica y ambiental frente a las otras tecnologías existentes. Es así como los costos de centrales nucleares deben ser parte de un ‘Plan Energético Nacional’ de largo plazo a ser consensuado políticamente, requiriéndose profundos estudios de factibilidad”.
El proyecto de Presupuesto, en el “Programa 24-Suministros y Tecnología del ciclo de combustible nuclear” no hace ninguna alusión a estudios previos y de factibilidad para la construcción y operación de una cuarta central nuclear en nuestro país, alertó Latorre y continuó: “Sin perjuicio de ello, sí se fija como objetivo del Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Energía de la Nación dentro de los ‘Lineamientos Estratégicos’ y entre los objetivos de la política energética propuestos para llevar a cabo en el próximo año ‘dar inicio a la construcción de la IV Central Nuclear del país, cuyo proyecto tiene como objeto la provisión de la ingeniería, construcción, adquisición, puesta en marcha y entrega de una central nucleoeléctrica que operará a una potencia nominal bruta de 1.200 MWe.'”.
“Una vez más la falta absoluta de transparencia del Gobierno en acuerdos internacionales, sin un plan energético, ponen en riesgo áreas estratégicas comprometiéndolas a largo plazo. Este Gobierno debe rendir cuentas a la ciudadanía, dar a conocer los proyectos y negociaciones que está llevando a cabo y cumplir con la legislación vigente, previo a instalar nuevas centrales nucleares sobre todo cuando se trata de un contrato llave en mano, de una tecnología distinta a las desarrolladas en nuestro país y sin indicar de dónde sacarán la materia prima, uranio enriquecido”, concluyó la diputada de JxC.
El proyecto fue acompañado por los diputados Gustavo Menna, Alejandro Cacace, Brenda Austin, Ximena García, Josefina Mendoza, Gabriela Lena, Lorena Matzen, Gonzalo del Cerro, Lidia Ascárate, Federico Zamarbide, Claudia Najul, Fabio Quetglas y Ricardo Buryaile, entre otros.
La diputada mendocina Jimena Latorre alertó que los postulantes, por segundo año consecutivo, no pudieron rendir la prueba por inconvenientes en la página web.
La diputada nacional Jimena Latorre (UCR) presentó un pedido de informes al Ministerio de Salud de la Nación para que explique sobre las demoras en el inicio del examen para médicos residentes del país, los problemas de mal funcionamiento e interrupción de la página, y cuáles serán las medidas que se adoptarán para que los postulantes tengan la oportunidad de rendir.
El Examen Único Digital y Ubicuo, programado para el día 14 de septiembre de 2021 desde las 8 hasta las 10:30, “resultó de imposible acceso o interrumpido para miles de postulantes en todo el territorio del país que aspiraban poner a prueba los conocimientos adquiridos para obtener una residencia”, señaló.
Y agregó que “cabe destacar la importancia que reviste esta evaluación para los profesionales ya que es la oportunidad de acceso a una residencia para especializarse en una rama de la medicina y de esta manera ingresar en el sistema de salud”.
“Al negarles el ingreso a rendir, o no cumplir con las condiciones que se pactaron, se les vulneran derechos, se los empuja a perder un nuevo año y truncar los proyectos de vida profesional de cada uno de ellos, dejándolos además sin ningún tipo de respuesta desde un Estado que ante similar situación hace un año no dio ninguna solución, solamente esperar un año más para volver a rendir”, enfatizó la legisladora radical.
Asimismo, la mendocina consideró que “es inaceptable que un Gobierno que debe garantizar los servicios esenciales a sus ciudadanos en lugar de promover el acceso a las especializaciones de los profesionales que permitirán garantizar un servicio de salud eficiente, trunque las expectativas y proyectos profesionales de miles de aspirantes por negligencia e impericia en la disposición de los soportes necesarios para tomar los exámenes a su cargo”.
El Ministerio de Salud de la Nación es el responsable del examen que implementa en acuerdo con las autoridades provinciales para unificar la preinscripción del cronograma y la prueba de selección múltiple que se requiere para el ingreso a residencias del equipo de salud en las distintas jurisdicciones. Esta modalidad de único examen se implementó por primera vez en el año 2020 a raíz de la pandemia del Covid-19 en lugar de que cada universidad, hospital o clínica lo hiciera en forma individual.
En su proyecto de resolución, la diputada recordó que “en 2020 también hubo problemas con la página y los médicos que debían rendir realizaron las denuncias pertinentes. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se rechazaron las denuncias de hackeo y se estipuló un segundo llamado que nunca se cumplió”.
“Habiendo transcurrido un año de aquella fracasada convocatoria, para muchos aspirantes transcurrieron dos años ya que nunca pudieron rendir en el 2020, una jornada especial que lleva mucho tiempo de preparación y esfuerzo una vez más es frustrada debido a la inoperancia de un equipo que no puede implementar la operatoria de un sistema y un soporte virtual para tan importante examen”, sentenció Latorre.
El pedido fue acompañado por sus pares Carmen Polledo, Claudia Najul, Federico Zamarbide, Ximena García, José Cano, Lorena Matzen, Gabriela Lena, Karina Banfi, Lidia Ascarate, Jorge Vara, Juan Martín, Hugo Romero y Gustavo Menna, entre otros.
La diputada Sofía Brambilla envió consultas al Ministerio de Obras Públicas sobre el estado de la obra del puerto de Itá Ibaté.
La diputada nacional Sofía Brambilla (Pro) presentó un pedido de informes, en el que solicita al Gobierno nacional una serie de consultas relacionadas con el freno en la obra del puerto de Itá Ibaté.
La legisladora recordó que la obra comenzó a ejecutarse a principios del año 2018, y estaba previsto que finalizara en el plazo de 14 meses. Sin embargo, a mediados de ese año se detuvieron los trabajos y hasta la fecha no se han reiniciado, al tiempo que no hay indicios de que vaya a continuar en la brevedad.
Brambilla pidió que, a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se informe cuál es el estado de avance de la obra; cuáles son las razones por las que no se han reactivado los trabajos; si existe un plan de reactivación, con un plazo definido de finalización; si se están llevando a cabo acciones concretas para la reactivación de la obra; cuáles son esas acciones; y cuál es la partida presupuestaria actualizada correspondiente a la ejecución de la obra.
El puerto había sido incluido dentro del Plan Belgrano, actualmente reemplazado por la Unidad Belgrano Norte Grande, dependiente del Ministerio de Obras Públicas.
La macrista resaltó que el Presupuesto 2021 “no contempla la construcción del nuevo puerto, por lo que no se conoce cuál es el monto que el Estado Nacional prevé invertir en esta obra”.
“Para Corrientes es una de las obras más esperadas ya que está ubicado en una zona muy productiva de la provincia y de fácil acceso gracias a que conecta con la Ruta Nacional 12″, señaló la diputada.
Y agregó que “los principales productos que se comercializarán serán arroz y madera, permitiendo a los productores correntinos llevar sus productos a otros puntos del país, e incluso a otros países, ya que será un punto de salida fluvial hacia el transporte marítimo de ultramar”.
A través de un pedido de informes, quieren que el Gobierno Nacional brinde datos sobre el funcionamiento administrativo de Canal 7.
El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un pedido para que el Gobierno Nacional de información sobre diversos aspectos relacionados con la marcha de la administración de la TV Pública.
El proyecto fue acompañado por los senadores Stella Maris Olalla, Silvia Elías de Pérez, Víctor Zimmermann, Mario Fiad, María Belén Tapia, Eduardo Costa y Pamela Verasay.
Blanco solicita que se remita “la nómina/listado de directivos de la Televisión Pública con sus correspondientes sueldos (brutos y netos); informe la cantidad de empleados que tiene la TV Pública clasificados según sus categorías y la remuneración bruta y neta que percibe cada uno de los distintos Gerentes de Áreas especificando nombres, apellidos y área a cargo e informe cuál ha sido el rating promedio diario de cada una de las tres ediciones diarias de los noticieros denominados ‘TV Pública Noticias’ durante 2021”.
Blanco manifestó que “le solicité en su momento al jefe de Gabinete la nómina completa de los directivos de la TV Pública con sus respectivas remuneraciones y por toda respuesta me envió los datos de un solo director siendo que en total la entidad tiene siete”.
En el proyecto el senador solicita también que “se aclare lo sucedido oportunamente con el señor Leonardo Flores quien fuera ‘designado’ al frente de la TV Pública el 16 de abril habiendo renunciado una semana después. Según la respuesta que obtuvimos desde la Jefatura de Gabinete de Ministros el señor Flores jamás fue designado en carácter de tal sin embargo la titular de RTA así lo presentó públicamente en un acto que tuvo gran difusión ese día”.
“Recordemos que Leonardo Flores había ‘asumido’ el viernes 16 de abril en reemplazo de Eliseo Álvarez (salpicado por el escándalo del dinero irregularmente retirado en efectivo de las cuentas de la institución), siendo presentado en un acto público por la señora Lufrano”, agregó.
Este extraño proceder en el que un funcionario “asume sin legalidad” o “asume sin designación” es lo que pretendemos que se aclare, además de saber si continúa al frente de la mencionada gerencia”, afirmó el senador fueguino.
“Decidí hacer este pedido de informes, porque el jefe de Gabinete cuando le consulté por distintos puntos sobre la marcha de la TV Pública, me ha dado respuestas incompletas y, por lo tanto, incorrectas e insuficientes”, concluye el pedido del senador fueguino.
Legisladores de la oposición solicitan conocer los criterios que se utilizaron en la selección de los beneficiarios del programa, que dejó afuera a miles de clubes.
Diputados del interbloque Juntos por el Cambio, encabezados por Juan Martín (UCR-Santa Fe) pidieron informes al Poder Ejecutivo Nacional para saber el criterio por el cual miles de instituciones deportivas del país quedaron fuera del Programa Clubes en Obra.
“La selección se basó en pilares de evaluación no considerados de antemano. Exigimos explicaciones e información detallada porque nos preocupa que se puedan destinar fondos de manera focalizada, orientados por parámetros arbitrarios, rompiendo además el debido equilibrio federal en la ejecución presupuestaria”, consideró el autor del proyecto.
El pedido de informes argumenta que miles de instituciones de todo el país han quedado fuera de esta asistencia, pese a que cumplimentaron los requisitos solicitados para el programa. Dichas entidades recibieron por correo electrónico una nota de la Subsecretaría de Deportes de la Nación, que informaba que la solicitud presentada por su institución no había resultado adjudicataria del beneficio y, para los diputados de la oposición, “los argumentos que se exponen no habían sido fijados en el aplicativo para la asistencia”.
Juan Martín recordó el rol fundamental que cumplen los clubes deportivos, principalmente en un momento de crisis económica y social como la actual. El legislador santafesino consideró al deporte “un motor de inclusión en la comunidad, promoviendo valores como la solidaridad, el esfuerzo y el compañerismo entre niños, niñas y jóvenes, particularmente en los sectores más vulnerables”.
El escrito solicita, entre otros datos, que se informe en lo relativo a las adjudicaciones realizadas, cuáles fueron los criterios objetivos en cuanto a la localización de los clubes beneficiarios, la distribución equitativa y federal del presupuesto, las líneas de acción abarcadas, montos e impacto social de los proyectos financiados.
Además, exige al ministro de Deportes Matías Lammens que detalle cuántas instituciones deportivas se inscribieron, individualizadas por barrio, pueblo, comuna o municipios y provincias, y la cantidad de proyectos que fueron “pre aprobados” por la unidad técnica de evaluación del programa y cuáles fueron los criterios de selección aplicados. Además, se solicita conocer cuántos proyectos fueron “desaprobados”, individualizados por jurisdicción y motivos de su rechazo.
También pide la nómina de instituciones deportivas adjudicatarias del beneficio previsto en el Programa, indicando nombre de la institución, línea de acción del proyecto, monto del beneficio, municipio y provincia. Asimismo requiere detalles de apoyos económicos otorgados a autoridades provinciales, municipales o comunales para infraestructura deportiva, individualizando administración beneficiaria, línea de acción y monto.
Por último, solicita estadísticas de cupos de distribución territorial fijados en el Programa que aseguran el carácter federal de las políticas del Estado Nacional; presupuesto total asignado para el Programa Clubes en Obra a instituciones deportivas, desagregado en porcentajes de participación por jurisdicciones provinciales y locales; el impacto socio-económico de la adjudicación presupuestaria, por obra y jurisdicción; y finalmente el detalle de fecha, hora y medio empleado para realizar las notificaciones “oficiales” y recepción de información a las respectivas secretarías provinciales de Deporte.
Acompañan esta iniciativa los diputados de Juntos por el Cambio Héctor Baldassi, Albor Cantard, Claudia Najul, Gabriela Lena, Jorge Lacoste, Mario Arce, Gonzalo Del Cerro, Josefina Mendoza, Virginia Cornejo y Lidia Ascarate.
El Programa Clubes en Obra es “una inversión histórica para que los clubes de barrio puedan mejorar su infraestructura y realizar proyectos de refacción, ampliación y mantenimiento de sus instalaciones”.
La diputada Zuvic pidió al Ejecutivo información acerca de la construcción de centrales nucleares en el país. “Pretenden transformar esta Nación en el patio trasero de Rusia”, denunció la legisladora de la CC.
La diputada nacional de la CC – ARI Mariana Zuvic le pidió al Poder Ejecutivo Nacional información sobre las negociaciones con la Federación de Rusia para la construcción de centrales nucleares en nuestro país. “Pretenden transformar esta Nación en el patio trasero de Rusia”, señaló, para agregar luego: “(Vladimir) Putin ve a la Argentina como un apéndice de Rusia para el trabajo sucio”.
“Resulta menester obtener información detallada que arroje luz en torno a las negociaciones con la Federación de Rusia, considerando que se trata de inversiones en un sector estratégico, en un contexto en el que este tipo de decisiones deben encontrarse también enmarcadas en los objetivos y metas del Acuerdo de París y los compromisos internacionales que Argentina ratificó con el objeto de reducir las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y combatir el cambio climático”, afirmó.
Zuvic presentó un proyecto de resolución para pedirle al Ejecutivo información precisa sobre las centrales nucleares y si existe una planificación de una Evaluación Ambiental Estratégica.
“La energía nuclear en el mundo se encuentra en declive”, subrayó y mencionó el informe anual World Nuclear Industry Status Report (WNISR), que plantea que “actualmente solo 31 países se encuentran operando las 408 plantas nucleares existentes en el mundo, lo que significa una disminución de 9 unidades comparado con el año 2019, y 30 menos que en el año 2002”.
“Teniendo en cuenta la tendencia mundial, resulta difícil concebir la energía nuclear como una alternativa energética estratégica en términos de inversiones para nuestro país. No obstante, existen actualmente proyectos de inversión de origen chino y ruso que vuelven a traer sobre la mesa el desarrollo nuclear dentro de la matriz energética argentina”, aseguró.
La diputada de la CC ARI además planteó en la iniciativa que según información periodística la “Argentina estaría retomando activamente las negociaciones con Rusia para la instalación de una o más centrales nucleares en nuestro país” y citó declaraciones del embajador ruso en Argentina, Dmitry Feoktistov, quien dijo que propuso “toda una esfera de cooperación: la construcción de una central grande, la de reactores medianos y, tercero, una central nuclear flotante”.
“Creemos necesario conocer en profundidad el estado de situación de las negociaciones entre la República Argentina y la Federación de Rusia, así como los motivos técnicos que han llevado a seleccionar estratégicamente estos proyectos vinculados al desarrollo nuclear por sobre otras tecnologías que han demostrado ser más competitivas a nivel internacional y a menores costos”, finalizó.
La diputada correntina Sofía Brambilla presentó un pedido de informes al Ejecutivo para que explique sobre las obras que se realizaron.
En el mes de febrero, la diputada Sofía Brambilla (Pro) solicitó al Gobierno nacional la repavimentación de un tramo de la Ruta Nacional 12, entre el municipio de Carolina y la ruta provincial N°24, para lograr mejorar la conectividad entre ciudades de Corrientes, dado el estado de abandono en que se encontraba ese trayecto.
La legisladora de Juntos por el Cambio recordó que luego de ello se realizaron obras, pero ahora pidió informes al Poder Ejecutivo, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, sobre la licitación, obras de mantenimiento y repavimentación de dicha obra sobre la ruta.
“Este nuevo pedido de informes lo hacemos por los innumerables casos que me han llegado reclamando que los trabajos realizados hace un par de meses, ya se están deteriorando”, explicó la macrista.
Si bien celebró que “la Nación invierta en nuestra provincia”, consideró que “es fundamental ahondar en las particularidades propias de la licitación, a fin de transparentar y, en todo caso, impulsar a que se ejecuten los mecanismos necesarios para responsabilizar a las empresas a cargo de los arreglos y a quienes cuentan con las obligaciones de control”.
El proyecto de resolución consulta: cuál es el estado de la licitación de las obras; que se indique la razón social de la empresa adjudicataria elevando un informe sobre el Plan de Control de Calidad que define el Pliego de Especificaciones Técnicas acerca del programa que debe cumplir el contratista para el control de calidad de los materiales; y el proceso de elaboración y de la unidad terminada, entre otros puntos relevantes.
En un pedido de informes dirigido al jefe de Gabinete, diputados de Juntos por el Cambio encabezados por Gustavo Menna pusieron en duda la legalidad de la decisión.
Diputados de Juntos por el Cambio encabezados por Gustavo Menna presentaron un pedido de informes al Jefe de Gabinete Santiago Cafiero para que explique por qué el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) exceptuó a las distribuidoras de realizar inversiones. Opinaron que “el abandono de los planes de inversión compromete el presente y, sobre todo, el futuro” del país.
“Enargas acordó con las 9 empresas concesionarias del servicio de distribución un aumento tarifario del 6% en el gas residencial, pero además exceptuó a las firmas de su obligación contractual de realizar planes de inversión”, explicó el diputado nacional Gustavo Menna, al fundamentar el pedido de explicaciones al Jefe de Gabinete sobre tal decisión.
Los legisladores solicitaron que Cafiero explique si existe un dictamen legal que avale eximir a las concesionarias de su obligación de cumplir con los planes de inversiones comprometidos contractualmente. Además pidieron un informe técnico que garantice que la suspensión de los planes de inversiones no impactará en la regularidad, continuidad y calidad del servicio que debe garantizarse a los usuarios y las razones por las cuales la autoridad de aplicación dispuso dispensar a las concesionarias de su obligación de llevar adelante los planes de inversión.
“Los planes de inversión resultan esenciales para sostener la regularidad, continuidad y calidad del servicio, como así también para responder a los requerimientos de expansión en todas aquellas ciudades que van ampliando su planta urbana”, consideraron los diputados de la oposición.
Los legisladores recordaron además que “nuestro país vivió entre 2003 y 2015 una etapa de desinversión aguda en esta materia, que provocó el resentimiento del servicio y privar a amplios sectores de la población el acceso al gas de red. El abandono de los planes de inversión compromete el presente y, sobre todo, el futuro, y atenta contra el derecho de miles de usuarios actuales o potenciales”.
“Por otra parte, los planes de inversión están comprometidos en el marco de una concesión regida por pautas de derecho público y están contemplados en la tarifa que paga el usuario. Con dicha tarifa no solo se remunera la provisión de gas sino también las inversiones para sostener e incluso expandir el servicio”, ampliaron.
El pedido de informes lleva también la firma de los diputados Jimena Latorre, Omar Demarchi, Roxana Reyes, Facundo Suárez Lastra, Héctor Stefani, Jorge Rizzotti y Francisco Sánchez.
Así lo advirtió el diputado nacional Emiliano Yacobitti al elevar un pedido de informes a la Jefatura de Gabinete.
“Al día de hoy, no se distribuyó nada de los $1.400.000.000 que votamos dentro del Presupuesto Público Nacional como refuerzo para los hospitales universitarios, dentro de la Planilla B”, denunció el diputado nacional radical Emiliano Yacobitti, quien por eso elevó un pedido de informes al jefe de Gabinete.
El legislador recordó que “el presupuesto, además, no contemplaba refuerzos por Covid, mientras continuamos con nuestros hospitales escuela haciéndose cargo en la peor situación de la pandemia”, al tiempo que señaló que tampoco se ejecutó nada de la partida de $5.100.000.000 para las universidades públicas nacionales.
Este retraso, de la Jefatura de Gabinete, con una inflación anual mucho mayor a la prevista en el presupuesto, genera una pérdida de recursos millonarios para el sistema universitario y pone en crisis el rol que vienen cumpliendo los hospitales universitarios en la lucha contra la pandemia, advirtió el legislador nacional, para quien “resulta inaudito que no exista desde el Estado Nacional una visión estratégica sobre el rol que cumplen los profesionales de la salud de los hospitales universitarios que son parte de la primera línea de defensa contra el Covid.
Yacobitti concluyó advirtiendo que “priorizar la educación básica y superior debería ser parte de una inversión estratégica que los argentinos hagamos para salir de la crisis económica y social que vivimos”.
Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por Mariana Zuvic, solicitaron un pedido de informes al Ejecutivo sobre las medidas para garantizar la salud de estos trabajadores.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Mariana Zuvic (CC-ARI), advirtieron sobre el riesgo de los trabajadores del sector pesquero frente al coronavirus, y exigieron al Poder Ejecutivo medidas para garantizar la salud de las tripulaciones en medio de la pandemia.
“En las últimas semanas ocurrieron acontecimientos preocupantes relacionados a la sanidad y seguridad de los tripulantes de los buques pesqueros Mishima Maru 8 y Xin Shi Ji N° 89, amarrados en los puertos de Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado”, señalaron a través de un comunicado.
En el pedido de informes presentado por los legisladores, se solicita información acerca de esos buques y los protocolos previstos para garantizar la salud de las tripulaciones frente al Covid-19 al Poder Ejecutivo Nacional y a los ministerios de Seguridad; de Salud; de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Trabajo y Previsión Social; y de Transporte de la Nación.
Los diputados recordaron dos casos recientes de tripulantes de buques pesqueros afectados por Covid-19 que “alertaron sobre los protocolos de sanidad y seguridad para la actividad y la intervención de los diferentes responsables ante las urgencias de los tripulantes a bordo de los buques pesqueros”.
“Uno de ellos fue el fallecimiento del oficial de máquinas Walter Manuel Quiquinte el miércoles 5 de mayo de 2021, que representa el primer caso de deceso a bordo de la flota pesquera nacional, causado por Covid-19. De acuerdo a diversos informes periodísticos, se reportaron irregularidades a bordo del Xin Shi Ji N°89 en lo que respecta al fallecimiento del tripulante y la aparición de sus síntomas”, relataron.
En los fundamentos de la iniciativa se mencionó que “el cuerpo de Quiquinte fue desembarcado en el Puerto de Punta Quilla, provincia de Santa Cruz, mientras que la embarcación se dirigió hacia Puerto Deseado, donde actualmente se encuentra amarrada. La tripulación fue alojada en tierra con el objeto de practicarles los exámenes, estudios y tratamientos necesarios para la recuperación de los casos positivos de Covid-19 y evitar nuevos contagios”.
“Existen imprecisiones respecto a la fecha de fallecimiento de Quiquinte denunciadas por sus familiares, así como también señalan una completa falta de atención médica a bordo y negligencia en la aplicación de protocolo ante casos sospechosos de Covid-19”, resaltaron los legisladores.
Y continuaron: “Este caso reviste aspectos que deben investigarse de manera urgente por las graves irregularidades, como ser que el capitán de la embarcación haya desestimado los pedidos de la tripulación de atención sanitaria para tratar los casos de urgencia, y que la empresa armadora en ningún momento se haya comunicado para informar el incidente, ni brindado ningún tipo de apoyo a la familia del tripulante, ni siquiera dos semanas más tarde”.
“La empresa armadora del Xin Shi Ji N°89, Fenix International S.A., de capitales chinos, ha sido denunciada, a su vez, por operar regularmente, embarcando capitán y otros oficiales de nacionalidad china, violatorio de la Ley N°24.922 Régimen Federal de Pesca”, apuntaron.
Además, denunciaron que “la empresa china encubriría la maniobra embarcando a su vez capitán, oficiales y patrón de pesca de nacionalidad argentina, que lo hacen a modo de formalidad, pero sin autoridad alguna en el buque, esto asimismo es sospechado de ser encubierto por parte de algunos sindicatos argentinos, los que deberían velar por el cumplimiento de las leyes, y más que nada por la vida de los tripulantes argentinos. La empresa china está a su vez relacionada a las empresas pesqueras que operan al borde de la Zona Económica Exclusiva Argentina, también llamada Milla 201”.
“Es necesario que la Justicia investigue a fondo”
Por otra parte, en el proyecto de resolución, Zuvic y sus pares se refierieron al caso del pasado 13 de mayo en el cual “el capitán del buque pesquero Mishima Maru N°8, Rubén Meloni, que se encontraba en actividad de pesca, solicitó a la Administración Portuaria del Puerto Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, autorización para amarrar en puerto por cuestiones humanitarias, ya que parte de su tripulación se encontraba con síntomas de Covid-19, y algunos de ellos requerían asistencia médica urgente. De acuerdo a los reportes de la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, la autoridad portuaria habría denegado el amarre a puerto de la embarcación, siguiendo indicaciones del intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia”.
“Frente a esta situación, el capitán del buque decidió igualmente avanzar con el amarre en puerto, lo que habría sido sancionado por la Prefectura Naval Argentina labrando actas de infracción al capitán y el armador. El incidente producido en relación al amarre del Mishima Maru N°8 derivó en una protesta sindical que amenaza con paralizar la actividad pesquera nacional. El barco pesquero contaba con 22 tripulantes contagiados de Covid-19, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud de Chubut”, agregaron.
Por último, los diputados de JxC consideraron que “los graves hechos sucedidos y las irregularidades ocurridas en el embarque y operación de buques de la flota pesquera nacional, tornan urgente investigar las causas de tales incidentes y reforzar los controles sobre la correcta aplicación de todas las normativas relativas a las actividades pesqueras para evitar los contagios Covid-19, atendiendo a las situaciones que requieran asistencia médica y logística urgente con la mayor celeridad a modo de prevenir complicaciones en la salud de todos los trabajadores de la actividad pesquera”.
La senadora Giacoppo solicitó información sobre las razones para la contratación del cantante guatemalteco en un contexto de restricciones en el cual no es posible atraer turismo extranjero.
La senadora nacional Silvia Giacoppo (UCR-Jujuy) presentó un pedido de informes a fin de saber si el Instituto de Promoción Turística de la Nación (INPROTUR) formalizó una contratación directa para la promoción de Argentina como destino en el recital del cantante guatemalteco Ricardo Arjona, llevado a cabo este 10 de abril por streaming. En caso de que así sea, la legisladora pidió explicaciones al respecto, sobre todo del monto de la contratación, que sería de cien mil dólares estadounidenses.
La radical indicó que “según se desprende de diferentes fuentes informativas, el día 6 de abril del corriente año, el Instituto de Promoción Turística de la Nación (INPROTUR), habría realizado una contratación directa con la empresa Patagonia Live SPA a efectos de promocionar el destino Argentina en el recital, que por la plataforma streaming, realizara el cantante guatemalteco Ricardo Arjona el día 10 de este mismo mes”.
“Más allá de las facultades que el INPROTUR tiene a efectos de llevar a cabo todo tipo de promociones internacionales en la búsqueda de incrementar y potenciar el turismo receptivo en la República Argentina, que hace a su esencia y más destacado objetivo, también es importante considerar el tiempo, lugar y forma en que las promociones se realizan”, agregó.
La senadora jujeña aseguró: “No desconocemos que la publicidad es una inversión, pero tampoco podemos desconocer ni pueden desconocer quienes tienen a su cargo la administración de los dineros públicos para tal fin, el momento grave que atraviesa la salud pública. Si bien también es grave la salud económica, los presupuestos están asignados para cada fin determinado si esos fines están bien determinados y la ecuación resulta favorable”.
“Si los objetivos no guardan la relación adecuada entre costo beneficio evidentemente la promoción deja de ser una inversión para constituirse en un gasto. Además, innecesario porque no puede cumplir con los verdaderos objetivos. En este caso, con el objetivo de atraer el turismo extranjero que, como el nuestro se encuentra absolutamente restringido por sus propias normativas y en el caso de la República Argentina por sus fronteras cerradas y los vuelos extremadamente acotados a determinadas actividades”, argumentó.
En su pedido de informes, Giacoppo señaló que “un recital producido en Guatemala, que se reproduce por una plataforma digital, que llega a un público muy determinado y que seguramente no cumpla con los principios básicos para el logro de que en un lejano tiempo tenga presente un destino turístico llamado Argentina, sería atinado pensar que lisa y llanamente es un fracaso y una dilapidación de divisas que tanto necesitamos”.
Para finalizar, Giacoppo aclaró que “no estamos cuestionando los objetivos del Instituto que formalizara la contratación, estamos procurando conocer los motivos que la impulsaran, el resultado de tal gestión, corroborar el monto del pago de los cien mil dólares (U$S 100.000.-), y las razones de la necesidad y urgencia que impone una contratación directa excediendo los límites estipulados para ello”.
La iniciativa la impulsa el radical Martín Berhongaray, quien realizó una serie de consultas al Poder Ejecutivo.
El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR) presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional para que brinde información sobre la situación de la Central Hidroeléctrica “Los Divisaderos”, ubicada en la provincia de La Pampa.
A partir de registros de la Secretaría de Energía de la Nación, el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (C.O.I.R.C.O.) y las demás reparticiones con competencia en la materia, el legislador realizó varias preguntas.
En la solicitud, el radical buscar conocer “la energía generada y entregada al S.I.N. durante los últimos 20 años medida en MWh.; la cantidad de días que funcionó desde el año 2008 a la fecha; los motivos que determinan que la Central Hidroeléctrica se encuentre actualmente fuera de servicio y fecha en que operó por última vez.
También sobre el costo actualizado de operación y mantenimiento (O&M) de la Central en funcionamiento, desagregado por rubros anuales de costos (personal, insumos, mantenimiento de las instalaciones, de máquinas y herramientas, etc.); la vida útil proyectada, y vida útil real en las condiciones actuales luego de las sucesivas obras de mejoras y mantenimiento que se han ejecutado desde su inauguración y hasta la fecha.
El pedido de informes abarca consultas sobre la capacidad de Generación Anual Esperada, conforme a la estadística hidrológica del río Colorado en la estación de aforos Buta Ranquil; y las obras y actividad que resulta necesaria para el mantenimiento de la Central Hidroeléctrica o, dado el caso, para su rehabilitación y puesta en funcionamiento y costos estimados.
“La Central basa su producción energética en la toma de aguas a partir del río Colorado. En el pasado se vio expuesta a reiteradas reparaciones, interrumpiéndose así durante largos períodos el proceso de generación de energía. En la última década y a raíz de varios desperfectos que fueron ocurriendo, sólo pudo operar unas pocas semanas”, explicó Berhongaray.
El legislador pampeano agregó que la incidencia tiene que ver con que “la energía generada se encuentra vinculada al Sistema Interconectado Nacional (S.I.N.), y el agua una vez turbinada se utiliza en el área bajo riego de algunas secciones en campos próximos a la localidad de 25 de Mayo” y es enviada para abastecer a Catriel y zonas aledañas en Río Negro.
La iniciativa fue acompañada por los diputados Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Aída Ayala, Carla Carrizo, Gerardo Cipolini, Gonzalo Del Cerro, Gabriela Lena, Gustavo Menna, Estela Regidor, Roxana Reyes y Federico Zamarbide.
El diputado macrista Alberto Asseff presentó un proyecto de resolución con preguntas al Ministerio de Salud.
El diputado nacional Alberto Asseff (Pro) presentó un proyecto de resolución para solicitarle al Poder Ejecutivo Nacional que informe, a través del Ministerio de Salud, las precauciones que contempla el prospecto de la vacuna rusa Sputnik V.
Según indicó el legislador, “una investigación periodística sostiene que, tras haber resultado sumamente difícil obtener el prospecto de la vacuna -que incluso no está traducido al inglés ni al español-, las advertencias de la droga son las siguientes: ‘Precaución al aplicar en pacientes que padezcan enfermedades renales, hepáticas, endocrinas (disfunción tiroidea expresada y diabetes en la etapa de descompensación). Asimismo, enfermedades graves del sistema sanguíneo, epilepsia y otras enfermedades del Sistema Nervioso Central, síndrome coronario agudo y trastornos circulatorios cerebrales agudos, miocarditis, endocarditis, pericarditis’”.
En ese sentido, Asseff planteó la consulta sobre si las “precauciones mencionadas en el prospecto de la vacuna son contraindicaciones”.
También busca conocer “por qué no se dio a conocer públicamente el documento; si el personal de salud que interviene en la vacunación de la Sputnik V informa de las ‘precauciones’ a los inoculados; si se está llevando a cabo un plan de Anamnesis; si existen pacientes vacunados que hayan presentado complicaciones por sufrir alguna de las patologías mencionadas y por qué dicha información sanitaria se mantiene en confidencialidad violando la Ley N°26.529, de Derechos del Paciente”, entre otras preguntas.
“Se nota un grado de improvisación que suma a las arbitrariedades y errores cometidos por el Gobierno nacional en la administración de la emergencia sanitaria, producto de la pandemia del Covid-19”, expresó el macrista.
Y consideró que “sin base científica, especulación infectológica, y sin medicina basada en la evidencia, todo lo que engloba la vacuna Sputnik V es improvisación, derroche de recursos, pérdida de credibilidad, manejo sindical, decisiones geopolíticas para implementar relaciones internacionales y la posible comisión de delitos por parte de los funcionarios a cargo”.
“Lejos están las acciones ciertas para administrar de forma eficaz la crisis actual”, concluyó.
Los radicales Jimena Latorre y Gustavo Menna presentaron un pedido de informes y alertaron que la empresa está “rumbo a un posible default corporativo” que podría afectar no solo al sector energético sino a “la totalidad del aparato productivo nacional”.
Los diputados de la UCR Jimena Latorre y Gustavo Menna presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional y al directorio de YPF para que brinden “respuestas concretas y detalladas” sobre la situación financiera que atraviesa la empresa.
Según los autores, la solicitud se fundamenta “en lo trascendental que resulta la empresa YPF no sólo para el sector energético nacional, sino por las implicancias que el tema puede asumir en todo el sistema financiero nacional, además de su incidencia directa en la imagen y credibilidad de la Argentina en el plano internacional”.
Los legisladores radicales señalaron que “la empresa se encuentra atravesando una crisis financiera de larga data consecuencia de una deuda originada en el período 2012-2015 que alcanzó los 8.207 millones de dólares en el tercer trimestre del 2020. El 93% de dicha deuda se encuentra nominada en dólares a una tasa promedio del 7,5% y representa el 108% del patrimonio neto de la empresa, según informa el último balance trimestral”.
“En la actualidad, la deuda de YPF es objeto de una nueva renegociación, que intenta modificar el perfil de vencimientos de capital e intereses. En ese contexto, YPF ha lanzado una agresiva oferta al mercado que, en primera instancia, ha sido rechazada y pone a YPF camino a un default que, de concretarse, tendría importantes consecuencias no sólo para el sector energético sino para el financiamiento del resto de los sectores económicos”, alertaron.
En esa línea, los diputados cuestionaron que “en medio de la negociación, el Gobierno anuncia el cambio del presidente de la empresa, lo cual incorpora amplios márgenes de incertidumbre adicional al resultado de la renegociación”.
“Guillermo Nielsen, economista y especialista en finanzas, quien formó parte del equipo que renegoció la deuda con el FMI en 2005, será reemplazado por el diputado santacruceño Pablo González que ocupó varios cargos en la función pública pero no tiene experiencia en la materia”, remarcaron.
Latorre observó que “en este complejo contexto, la puja de poder que muestra el Frente de Todos está muy lejos de mostrar una solución que defienda el futuro de la empresa y los fondos actuales y futuros de los argentinos. Esa puja parece ganarla una Cámpora cuya única ambición son los cargos, la caja y el aparato dirigido a las próximas elecciones. Muestra de ello es la salida de Nielsen y la conquista de la presidencia no conformes con la gerencia de YPF”.
“La carencia de estrategia y planificación y la debilidad de liderazgo de un presidente que cede un sector estratégico a los designios de la vicepresidente, amenaza con una nueva edición del desmanejo que afecto a YPF entre el 2012-2015 y augura un panorama de endeudamiento para los argentinos del que deben rendir cuentas ante el Congreso de la Nación”, agregó la legisladora.
Por su parte, Menna señaló: “Una vez más el kirchnerismo está destruyendo YPF. Kiciloff pagó 5.000 millones de dólares por la expropiación del 51% de la compañía (10.000 millones de dólares si se computa el costo financiero de los títulos de deuda que emitió para pagarle a Repsol). Ahora toda la empresa vale 1.500 millones de dólares y tiene deudas por más de 8.207 millones de dólares”.
“Todo indica que YPF se encuentra en una encrucijada donde la combinación de precios administrados a la baja, decadencia productiva solo reversible a partir de inversión en explotación y exploración, la consecuente caída de ingresos y de flujo de fondos propio y la pesada carga de una deuda que no generó capacidad de repago, ponen a YPF rumbo a un posible default corporativo con efectos tanto al interior del sector energético como en la totalidad del aparato productivo nacional y con afectación directa del patrimonio del Estado argentino como principal accionista de la empresa”, completaron.
El pedido fue acompañado por los diputados Alfredo Cornejo, Mario Negri, Roxana Reyes, Fabio Quetglas, Lorena Matzen y Facundo Suárez Lastra. La iniciativa fue realizada con el aporte de Jorge Lapeña, Alejandro Einstoss y Julián Rojo, representantes del Instituto Argentino de la Energía “General Mosconi” y de Daniel Montamat, expresidente y director de YPF.
Ante la advertencia de los desarrolladores, que indicaron que las vacunas tienen que tener una temperatura de almacenamiento y transporte de hasta 80 grados Celsius bajo cero, consultaron al Poder Ejecutivo sobre las estrategias que se tienen previstas y presupuestadas.
Luego del viaje a Rusia de la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, diputados nacionales de la UCR presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo consultando sobre “qué estrategias se tienen previstas y presupuestadas para el arribo, almacenamiento y distribución una vez adquiridas las vacunas” contra el Covid-19.
“Nos preocupa que no se esté contemplando las especificidades técnicas que va a requerir el transporte y el almacenamiento de la vacuna. La fabricada por el laboratorio Pfizer, por ejemplo, requiere una cadena de frío de 80 grados Celsius bajo cero”, resaltó el radical Facundo Suárez Lastra, quien encabeza la iniciativa.
En los argumentos se explicó que “las nuevas vacunas contra el Covid-19 plantean problemas logísticos en la cadena de suministro existente para los productos sanitarios, que por el corto tiempo de elaboración se tienen que mantener en árticas temperaturas. Si pensamos que las vacunas del calendario obligatorio normalmente se distribuyen entre 2 y 8 grados Celsius, los nuevos sueros requieren de un transporte y almacenamiento que debe hacerse a hasta 80 grados Celsius bajo cero”.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, advirtió que el desafío logístico será “la misión del siglo” y llamó a los gobiernos a planificar con anticipación y cuidado el transporte y distribución de la vacuna.
Los legisladores opositores enfatizaron entonces el “gran desafío” que se abre “teniendo en cuenta la disparidad de infraestructura que hay a lo largo y ancho de toda la Argentina”. En ese sentido, advierten que “requerirá de una planificación estratégica para lograr el funcionamiento efectivo de la cadena logística, con el fin de asegurar la cantidad y la calidad de las dosis de la vacuna contra el Covid-19 en toda la República Argentina”.
Además de Suárez Lastra, acompañaron el pedido los radicales Fabio Quetglas, Gabriela Lena, Diego Mestre, Estela Regidor, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Albor Cantard, Juan Martín, Federico Zamarbide, Soledad Carrizo, Ximena García, Gerardo Cipolini, Gonzalo Del Cerro y Carlos Fernández.
Un grupo de senadores de Juntos por el Cambio reclamaron explicaciones al Poder Ejecutivo por la participación de Gabriela Carpineti y Victoria Donda.
Un grupo de senadores nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por los entrerrianos Alfredo De Angeli y Stella Maris Olalla, presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo por “la participación de funcionarios nacionales en hechos relacionados con la usurpación del ‘Establecimiento Casa Nueva’ en la localidad de La Paz, provincia de Entre Ríos”, perteneciente a la familia Etchevehere.
Precisamente, los legisladores solicitaron “la justificación de la presencia” de la directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Gabriela Carpineti; y de la titular del INADI, Victoria Donda. Además, mencionaron al dirigente social Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
En el proyecto, los opositores consultaron si la presencia de las funcionarias “responde a directivas emanadas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, otra dependencia del Poder Ejecutivo o si actuaron por cuenta propia”.
“A partir de la bendición a las usurpaciones y las tomas de tierra por parte del oficialismo, se construyen escenarios en los cuales personas inescrupulosas sacan provecho personal o sectorial, económico, mediático y/o político”, apuntaron en los fundamentos.
Los senadores dijeron que “la acuciante necesidad insatisfecha de viviendas de muchas personas ha sido manipulada para irrumpir en la propiedad privada para proveer supuestas soluciones que no son más que acciones directas de carácter populista que sólo generan caos, perpetúan la pobreza y avanzan contra la Constitución Nacional”.
“Resulta imperioso conocer el carácter de la acción de los funcionarios involucrados en las tomas y dar a conocer la posición del Gobierno Nacional en relación con la protección de la propiedad privada y del Estado de Derecho”, completaron.
En tanto, el fueguino Pablo Blanco (UCR), que acompañó el proyecto de resolución, sostuvo que “la presencia y participación de estos funcionarios públicos no puede ser leída de otra manera que como un aval del Gobierno Nacional. Es un avasallamiento liso y llano de la Constitución que no hace otra cosa que contribuir al estado de caos y división interna”.
Los legisladores solicitaron al Poder Ejecutivo que “fundamente técnicamente” las declaraciones del secretario de Energía, Darío Martínez.
Diputados nacionales del bloque Pro presentaron un pedido de informes al Gobierno para que “fundamente técnicamente las declaraciones del secretario de Energía de la Nación (Darío Martínez), que afirmó que habrá cortes de electricidad en los próximos meses”.
Un grupo de legisladores, encabezados por el neuquino Francisco Sánchez, pidieron “cautela a la hora de realizar pronósticos catastrofistas como el del titular de Energía”, y recordaron “el punto crítico de la última crisis energética”. “En 2013 el promedio de horas sin servicio por usuario llegó a las 32,6 horas”, indicaron.
Los diputados explicaron que, tal como afirmó el funcionario del área, “es cierto que hay un aumento en el consumo eléctrico del segmento residencial. Pero también es verdad que hubo una gran disminución del uso de energía de grandes clientes, que incluso podría compensar ese aumento”.
“Queremos saber si se realizaron informes técnicos que lleguen a esta conclusión. Y si es así, cuál es el plan de energía para evitar, y en el futuro solucionar de raíz el problema”, señalaron.
Por último, los macristas manifestaron su preocupación particular por el impacto que los pronosticados cortes tendrán en las personas que trabajan a distancia como parte de las medidas adoptadas para evitar la propagación del Covid-19, y de las personas electrodependientes.
Acompañaron el proyecto Jimena Latorre, Héctor Stefani, María Luján Rey, Martín Grande, José Luis Patiño, Pablo Torello, David Schlereth, Ingrid Jetter, Dina Rezinovsky, Natalia Villa, Gustavo Mena, Omar De Marchi, Marcelo Orrego, Fernando Iglesias, Jorge Enríquez, Alberto Asseff, Soher El Sukaria, Graciela Ocaña, Julio Sahad y Osmar Monaldi.
Legisladores de Juntos por el Cambio, encabezados por el radical Álvaro de Lamadrid, presentaron un pedido de informes dirigido al Ministerio de Salud.
Diputados de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para solicitar, a través de la Ley de Acceso a la Información Pública, al Ministerio de Salud de la Nación un informe detallado acerca del precio de las cuotas mensuales de las obras sociales privadas.
“Queremos conocer los aumentos autorizados durante el año 2020 a la fecha y que se aclare sobre los motivos por los cuales se ve afectada la disposición para atender consultas y/o servicios específicos diferentes a los relacionados con el Covid-19, como hemos tomado conocimiento ocurre sistemáticamente en la práctica”, señaló el impulsor de la iniciativa, el radical Álvaro de Lamadrid.
Además, el legislador agregó: “La actual crisis por la que atraviesa el país ha generado gran preocupación en todos. Su más grave consecuencia es en lo relacionado a la salud, por el impacto de la pandemia del Covid-19, pero también por el impacto en personas que sufren de otras enfermedades o dolencias que también las han obligado a necesitar citas médicas y han encontrado dificultades”.
En los argumentos del proyecto, se plantearon ejemplos de casos de personas que han tenido dificultad para ser atendidas a pesar de contar con una obra social privada pagada al día.
“No solamente muchos afiliados tienen dificultades para acceder a atención médica, sino que también las obras sociales han aumentado sus precios”, enfatizó el porteño.
En la iniciativa se enfatiza también sobre “la preocupación de las dificultades económicas que ha generado la pandemia en la ciudadanía, sobre todo en sectores vulnerables como los de mayor edad”. “No ha existido un programa que les facilite los pagos ni tampoco que les asegure el acceso a todas las consultas y servicios por los que ellos están pagando”, se cuestionó.
El pedido de informes fue acompañado por los diputados de JxC Estela Regidor, Gabriela Lena, Aída Ayala, Gonzalo del Cerro, Ximena García, Sofía Brambilla, Jorge Enríquez, Alicia Terada, Jorge Vara, Virginia Cornejo, Alberto Asseff, Lorena Matzen, Héctor Antonio Stefani, Gustavo Menna, Martín Berhongaray y Adriana Ruarte.
La diputada Roxana Reyes presentó un pedido de informes al Ministerio de Educación y alertó sobre los niños con problemas de aprendizaje y aquellos que no tienen acceso a internet, entre otros aspectos.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) pidió al Ministerio de Educación informes sobre la enseñanza realizada a través de la virtualidad, producto del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
“Esta pandemia logró que visualicemos las profundas asimetrías del Sistema Educativo Nacional. De un día para otro se impuso la enseñanza remota, a distancia, y virtual en el mejor de los casos”, señaló la radical.
En ese sentido, resaltó que “sin ningún tipo de planificación ni tiempo para prepararse, todas las escuelas del país intentaron dar respuesta a la continuidad pedagógica, cada una con las herramientas disponibles y con el principal objetivo de no perder el vínculo con sus alumnos”.
En la iniciativa, la legisladora requirió información sobre deserción estudiantil; cantidad de alumnos que reciben educación virtual; cumplimiento de consignas educativas; asistencia de gabinetes psicopedagógicos por impactos psicológicos; garantía de conectividad, entre otros.
“Desde que se inició la cuarentena hasta que se aprobó el protocolo de clases virtuales, los alumnos con dificultades para el aprendizaje estuvieron librados a su suerte: sin atención psicopedagógica -o con la poca que los profesionales pudieron brindar online-; con poca o ninguna contemplación por parte de las escuelas; muchos sin acceso a la tecnología; y otros tantos con papás que no pueden o no saben cómo asistirlos, ‘perdieron’ casi tres meses de actividades educativas”, enfatizó.
La presidenta de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes valoró que “cada escuela administró su manera de enseñar, los docentes de una misma escuela manejaron diferentes canales para hacer llegar las actividades a los alumnos: fotocopias, cuadernillos educativos oficiales, contenidos por televisión, clases grupales por Zoom o Meet, entre otros”.
Sin embargo, apuntó que “no todos los chicos acceden a internet y en muchas casas hay pocos dispositivos tecnológicos -o ninguno-, y muchas veces se comparten para el teletrabajo del grupo familiar o el acceso a los contenidos educativos de otros miembros de la familia, descontando las actividades de tipo social, para las que ahora también es imprescindible contar con algún celular o computadora”.
La diputada advirtió que “los gabinetes psicopedagógicos de las escuelas se encuentran prácticamente sin actividad y es preocupante como se efectuará la reinserción de los jóvenes al sistema educativo, y qué medidas se tomarán para abordar las consecuencias psicológicas que implica esta pandemia”.
Por otra parte, la santacruceña subrayó que “es fundamental que los niños sigan recibiendo Educación Sexual Integral, puesto que en muchos casos los mismos viven con su agresor y sin las herramientas educativas necesarias, los abusos se vuelven una constante en diversos hogares”.
El diputado radical Gustavo Menna presentó un pedido de informes, en el cual solicita conocer si hubo trabajadores despedidos.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR) pidió que el Gobierno nacional informe si la obra del aeropuerto de Esquel, adjudicada e iniciada el año pasado, se encuentra paralizada y si, en ese caso, fue el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) el que ordenó la paralización, con el consecuente despido de trabajadores.
El radical explicó que la solicitud “se sustenta en la falta de avance de la obra y en los despidos de trabajadores contratados para la ejecución”.
El chubutense señaló que “si la obra mantuviera el ritmo planificado, debería contar con unos 150 trabajadores en actividad”. “Sin embargo, solo quedarían 8 realizando tareas -el resto de los obreros habrían sido despedidos o suspendidos-, luego de que el ORSNA hubiese comunicado a la contratista la suspensión de la obra el 26 de mayo del corriente año”, advirtió.
En la iniciativa, el legislador pidió que se detallen porcentajes de avance, certificados abonados y pendientes de cancelación especificando montos y fechas, redeterminaciones de precios aprobadas y en estudio y la cantidad total de personal contratado para la obra, indicando trabajadores activos (nómina actual), suspendidos y despedidos a lo largo de toda la ejecución concretada hasta el momento. También solicitó que se informen los plazos previstos de ejecución para cada etapa de la obra y el plazo previsto para su terminación y entrega definitiva.
El pedido de informes fue acompañado por sus pares de Juntos por el Cambio Ignacio Torres (Chubut), Brenda Austin (Córdoba), Lorena Matzen (Río Negro), Roxana Reyes (Santa Cruz), Sebastián Salvador (Buenos Aires), Lidia Ascárate (Tucumán), Claudia Najul (Mendoza) y Gonzalo del Cerro (Santa Fe).
Juan Aicega solicitó al Poder Ejecutivo que, a través de Cancillería, informe sobre la refacción e inauguración de un muelle.
El diputado nacional Juan Aicega (Pro) presentó un proyecto de resolución en el que exige al Poder Ejecutivo Nacional que informe, con carácter urgente, acerca de las obras y refacciones ilegales realizadas, en el mes de mayo, por el Reino Unido en las islas Georgias del Sur.
Según detalló el legislador en la iniciativa, “el país europeo, con una inversión de 11 de millones de libras esterlinas, refaccionó, amplió e inauguró el muelle ubicado en la costa noreste de las islas que usurpa a Argentina, junto con una vastedad marítima que abarca unos 1,7 millones de kilómetros cuadrados, con centralidad económica, política y militar”.
“Es extremadamente alarmante, pero es más preocupante el silencio y falta de acción del Gobierno nacional. Por eso, le exigimos al Ejecutivo liderado por Alberto Fernández que, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, nos informe los antecedentes que disponga, la información que hayan recibido y las acciones o reacciones realizadas por el avance del Reino Unido”, sostuvo.
Además, el macrista recordó que en abril pasado, el Gobierno y la Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego “realizaron un informe y repudiaron la presencia del buque de guerra británico HMS Forth en aguas de las Islas Georgias del Sur, que pertenecen a la República Argentina”.
“La ocupación ilegal de tierra y mar argentino significa un permanente avasallamiento a nuestros derechos y un nuevo atropello por parte del Reino Unido. El claro accionar ilegal es una nueva muestra en contra de la soberanía argentina”, aseguró.
El diputado explicó que “este nuevo muelle les permite, no solo profundizar la capacidad para explotar ilegalmente parte de la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina, afectando sus recursos naturales, sino que le permite también ampliar la capacidad de estudios e investigaciones que les facilitará continuar usurpando los recursos naturales en el mar o bajo la superficie del lecho submarino. Es una aberración, y es preocupante el silencio del Gobierno actual”.
Finalmente, Aicega agregó que “el flamante e ilegal muelle permite también la operación de buques de guerra de diverso tipo y de mayor envergadura, lo que no hace más que profundizar la falta de reconocimiento a nuestro territorio, en litigio, ni el acatamiento a las resoluciones de las Naciones Unidas al respecto”.
Quieren que el procurador del Tesoro informe sobre la contratación directa de un estudio jurídico y sobre el juicio iniciado por Vialidad contra Cristina Kirchner en tiempos de Cambiemos.
Los diputados de la CC ARI exigen a Zannini que explique la contratación directa del estudio jurídico que representará al país en el juicio por YPF y que confirme si la Procuración va a desistir de avanzar en el juicio iniciado por Vialidad Nacional contra la vicepresidenta de la Nación. “Queremos saber si estamos ante una Procuración que defiende los intereses de los argentinos o sólo hace negocios y garantiza la impunidad para Cristina Kirchner y su entorno”
En efecto, los diputados Maximiliano Ferraro; Paula Oliveto Lago, Juan Manuel López y Mariana Zuvic, presentaron un pedido de acceso a la información pública para solicitarle al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, que explique cuáles fueron las razones por las que la Procuración del Tesoro de la Nación decidió contratar de manera directa al estudio jurídico Sullivan & Cromwell (S&C) LLP, para que intervenga en el litigio del fondo Burford Capital Limited contra el Estado Nacional por la estatización de YPF.
“Queremos saber si estamos ante una Procuración que defiende los intereses de los argentinos o sólo hace negocios y garantiza la impunidad para Cristina Kirchner y su entorno”, sostuvieron.
Los legisladores de la CC ARI requieren, también, que se informen las causas judiciales con intervención de la Procuración a su cargo, o donde intervengan abogados del Estado Nacional que dependan del organismo, en las que se encuentre como demandada la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner o sus familiares directos. Además, reclaman que se indique si la Procuración desistió de la acción iniciada por Vialidad Nacional contra la nombrada, si tiene decidido hacerlo, o si dio directivas al cuerpo jurídico del organismo para que abandone la demanda o deje de impulsarla.
“Carlos Zannini siempre fue garante de los intereses de la familia Kirchner y su entorno. Por eso vamos a hacer un control exhaustivo de su gestión para evitar tráfico de influencias y las negociaciones incompatibles bajo el amparo de su rol de abogado del Estado”, aseguraron. “No vamos a permitir que en su rol de Procurador renuncie a defender que el dinero robado por la asociación ilícita pueda ser recuperado, o que se salgan con la suya los buitres amigos que litigan contra nuestro país en Nueva York”, enfatizaron.
“Una vez más debemos recordar que el vínculo de Zannini con Eskenazi data del año 1995. El artículo la privatización del Banco de Santa Cruz, les regaló el banco que ofició de cueva financiera de los intereses kirchneristas”, añadieron.
Ferraro, Oliveto, López y Zuvic señalaron que “las primeras medidas tomadas por Zanini como procurador, no parecen las más convenientes para el conjunto de los argentinos. Por un lado, nombra de manera directa y discrecional a un estudio de abogados para litigar en representación de la Argentina en el caso YPF, un problema creado por ellos mismos durante la década ganada; y por otro, le garantiza impunidad a la vicepresidenta, con el consiguiente perjuicio económico para el Estado al que debería cuidar”.
Agregaron que “la CC ARI y Elisa Carrió vienen denunciando desde hace tiempo el vaciamiento de YPF y la compra irregular por parte de la familia Ezkenazi, que pagaba esas acciones con las utilidades de la misma YPF, lo que a todas luces es atípico para estas compras”.
“El concurso de la empresa de Ezkenazi en España se inició porque, ante la estatización, dejó de recibir utilidades y debido a eso no pudo pagar a sus acreedores ni continuar con la operatoria de la empresa”, recordaron desde la CC ARI. “Ese concurso es el que adquirieron los estudios que demandan a la Argentina en Nueva York”, añadieron.
Por último los diputados instaron a Zannini a que pida un Discovery para que de una vez por todas se investigue quiénes son los verdaderos titulares de las acciones, y ahí quedará claro una red de complicidades e incompatibilidades tantas veces denunciadas por la CC ARI y Elisa Carrió.
Diputados de Juntos por el Cambio quieren conocer cómo se administra la información que los usuarios completan para utilizar esa plataforma en sus celulares.
Diputados nacionales del interbloque Juntos por el Cambio solicitaron al Gobierno nacional que brinde detalles sobre la utilización de los datos personales que se obtienen a través de la aplicación “CuidAR COVID 19-Ministerio de Salud”, lanzada recientemente y que permite realizar una autoevaluación de síntomas compatibles con Covid-19.
Los legisladores solicitaron a la Secretaría de Innovación Pública que indique “cómo se administran los datos personales obtenidos, y de qué manera se informa a los usuarios sobre la protección de dichos datos en virtud de lo establecido en la Ley de Protección de Datos Personales”. También, que se detalle “qué información recolecta la aplicación y cómo es su tratamiento con otras jurisdicciones”.
La aplicación es de uso obligatorio para todas las personas que llegan desde el exterior. Por este motivo, los opositores solicitaron que el Ejecutivo nacional “informe y detalle cómo se obtiene el consentimiento de los usuarios para el caso de las personas que ingresan al país, de adherir y utilizar la aplicación en su versión para dispositivos móviles”.
La radical Karina Banfi, impulsora del proyecto, afirmó que “resulta necesario que el Poder Ejecutivo informe sobre el uso y el tratamiento que le da a los datos personales de los usuarios de la aplicación”.
Y destacó que “hay una ley que protege los datos personales de los ciudadanos, y la pandemia no puede ser una excusa para no respetarla, hay que garantizar el debido tratamiento de la información personal”.
Acompañaron la iniciativa los diputados Waldo Wolff, Silvia Lospennato, Alberto Assef, Martín Berhongaray, Ezequiel Fernández Langan y Jorge Alberto Vara, entre otros.
