Los diputados nacionales Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron ante el fiscal Eduardo Taiano un escrito mediante el cual aportaron una nueva prueba documental en trámite, vinculada a la presunta existencia de un contrato celebrado confidencial entre el presidente Javier Milei y el empresario Hayden Davis. “Estamos pidiendo que sea impiadoso con la cadena de encubrimiento en el caso $Libra y si no puede ser impiadoso, que actúe sin escandaloso disimulo”, cargó la legisladora de  la Coalición Cívica.

Según consta en la presentación judicial, los legisladores —quienes intervienen en el expediente identificado como CFP 574/2025— señalaron que “la existencia de dicho contrato fue confirmada a partir de información pública”, aunque no habría sido informada oportunamente y habría “sido ocultada” por funcionarios vinculados al asunto investigado.

En el escrito dirigido al juez interviniente, Frade y Ferraro indicaron que la información relevante se encuentra contenida en el documento que acompañaron como prueba, y cuyo contenido —afirman— resulta de interés directo para la investigación en curso. Asimismo, solicitaron que la documentación aportada sea incorporada formalmente al expediente y que se dispongan las medidas probatorias necesarias para verificar su autenticidad.

En el apartado de petitorio, los diputados requirieron específicamente que se tenga por presentada la prueba documental, que se ordene su incorporación al expediente y que se adopten las diligencias correspondientes para corroborar su validez.

A la espera del comienzo de sesiones extraordinarias del próximo lunes 2 de febrero, el diputado nacional Maximiliano Ferraro le envío un pedido formal a las autoridades del debate de la modificación del Régimen Penal Juvenil para que la Oficina de Presupuesto del Congreso detalle los costos presupuestarios antes de que comience el tratamiento legislativo. “¿Cuál es el costo y qué recursos va a poner el Gobierno Nacional?”, planteó el legislador de la Coalición Cívica.

La nota fue dirigida hacia Bertie Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado en sus roles de presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Legislación Penal. El texto impulsado por el Poder Ejecutivo tiene giro, también, a Justicia, y Niñez, Familias y Adolescencias, donde La Libertad Avanza está definiendo la continuidad de Manuel Quintar en una y el reemplazo de Roxana Reyes (MC) en la otra.

RÉGIMEN PENAL JUVENIL | ¿Cuál es el costo y qué recursos va a poner el Gobierno Nacional?

Solicité a @NYGBertie y @laurmachado que le pidan a la Oficina de Presupuesto del Congreso la estimación del costo presupuestario de los proyectos y de la OD 787-143, antes de iniciar su… pic.twitter.com/vWzQKvP6Dh

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) January 29, 2026

Por su parte, Ferraro recordó que “en 2019, durante el gobierno de Juntos por el Cambio ese informe se hizo”, y profundizó: “Para nosotros la responsabilidad fiscal es importante siempre, no cuando conviene”. “Si para ustedes es condición necesaria que haya fuente de financiamiento para debatir las leyes, entonces empiecen por los proyectos y agenda del propio Poder Ejecutivo”, concluyó.

La explicación del diputado opositor pone la mirada en la financiación de la ejecución de la baja en la edad de imputabilidad que se define en el artículo 51 del proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional, el cual propone que “las erogaciones (…) se atenderán con los recursos que se incluyan en las leyes presupuestarias correspondientes a cada ejercicio”, pero aclara que “al efecto de su implementación durante el ejercicio presupuestario correspondiente al año de su entrada en vigencia, el Jefe de Gabinete deberá disponer la reasignación de las partidas correspondientes para el cumplimiento de sus disposiciones”.

Cabe aclarar que el dictamen que el oficialismo pasó a la firma el 6 de mayo del 2025 con las rúbricas de La Libertad Avanza, el Pro, el radicalismo, Encuentro Federal, el MID, la Coalición Cívica y Democracia para Siempre no modificó este artículo a pesar de haber introducido una serie de cambios en otros aspectos como la baja en la edad de imputabilidad a 14 años y no a 13 como había idealizado el Poder Ejecutivo de la Nación.

En aquella ocasión, La Libertad Avanza contaba con una composición menor a 40 legisladores y el despacho firmado fue redactado en consenso con la oposición dialoguista. La edad se bajaba de 16 a 14 años; las penas máximas pasaban de 10 a 15 años; y establecían condenas alternativas como amonestaciones, servicios comunitarios, prohibición de conducir y reparaciones a las víctimas, entre varios puntos.

Sin embargo, una fuente del oficialismo confirmó a parlamentario.com, que buscarán un dictamen que se parezca más al texto que envío el Poder Ejecutivo de la Nación con firma de Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad de la Nación, ingresado por Mesa de Entradas el 15 de julio del 2024. La norma original impulsada por el gobierno de Javier Milei busca bajar la edad de imputabilidad a 13 años.

La crítica del diputado que integra el interbloque Unidos se relaciona con la decisión del Gobierno de no asignar las partidas presupuestarias para el cumplimiento de las leyes de Financiamiento Universitario, la Emergencia en Discapacidad y la Emergencia Sanitaria en el Hospital Garrahan. Las tres leyes fueron vetadas, pero insistidas en el Congreso. Sin embargo, el presidente Javier Milei no firmó las reasignaciones presupuestarias para su ejecución.

Mientas desde Casa Rosada siguen atentamente los pasos de la justicia y esperan que rechace los amparos presentados contra el DNU de la SIDE, el diputado nacional Maximiliano Ferraro remarcó que existen “razones jurídicas claras” para sostener que el decreto es inconstitucional porque “invade competencias exclusivas del Congreso”.

A través de un extenso posteo en su cuenta de “X”, el legislador de la Coalición Cívica señaló que “no es solo una controversia política” el rechazo del DNU y enumero una serie de razones en respaldo de la acción de amparo.

Ferraro planteó que el Ejecutivo desconoce que la legitimación en el amparo por inconstitucionalidad de normas “no depende exclusivamente de la existencia de un perjuicio individual, sino que entiende aquellas situaciones que revisten en suma gravedad institucional y para nada este caso recae sobre cuestiones abstractas”.

“Cuando un DNU invade competencias exclusivas del Congreso, legisla sobre materias prohibidas o excede los límites constitucionales, se afecta el orden constitucional mismo, lo que habilita su impugnación judicial”, resaltó.

En esa línea, recordó que los diputados nacionales “ejercen la representación del pueblo de la Nación, conforme lo establece la Constitución al definir a la Argentina como un sistema representativo, republicano y federal. La CN pone en cabeza de los legisladores la representación popular que legitima el dictado de nuestra legislación”.

“Cuando un DNU vulnera a todas luces los límites que le pone la Constitución no solo incurre en un acto de gravedad institucional, sino que también viola el efectivo derecho de los legisladores de ejercer la representación popular mediante el debate y el voto y resguardar su rol dentro de las instituciones republicana”, manifestó.

Así, expresó: “La vulneración de este ‘derecho de función’ del legislador, legítima a impugnar judicialmente un DNU que altera la división de poderes. Negar esa legitimación implica vaciar de contenido el principio republicano y reducir el control constitucional a una mera formalidad, cuando en realidad es una garantía esencial del sistema de frenos y contrapesos”.

Ferraro también argumentó que el DNU “no pueden legislar en materias expresamente vedadas, como la penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos políticos”, y señaló que “en este caso, el decreto no se limita a una reorganización administrativa interna de la SIDE, sino que introduce facultades punitivas o de detención directa, lo que invade de manera manifiesta la materia penal, reservada al Congreso de la Nación. Esta extralimitación vulnera una prohibición constitucional expresa y debilita de forma radical la validez del decreto como DNU”.

“No existió ni existe una situación excepcional que haya impedido el tratamiento del tema por el trámite ordinario de sanción de una ley. La ausencia de ese presupuesto fáctico invalida el uso del DNU como herramienta constitucional excepcional”, sumó.

Por último, indicó que los decretos de necesidad y urgencia están sujetos a control judicial pleno, incluyendo la verificación de los presupuestos de necesidad y urgencia invocados por el Poder Ejecutivo. “En ese marco, la discusión sobre legitimación no se agota en la acreditación de un daño subjetivo individual, sino en la adecuación del decreto al texto, al espíritu de la Constitución y al sistema republicano de división de poderes”, cerró.

Tras la sesión preparatoria que se llevó a cabo esta semana, el diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes culminó su mandato y se despidió de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con un sentido posteo, en el que realizó un fuerte balance sobre su paso en la Casa.

A través de sus redes sociales, el lilito manifestó: "termino mi mandato después de ocho años de trabajo en la Legislatura de la Ciudad. Hoy tengo, sobre todo, palabras de agradecimiento. Agradecimiento a quienes me acompañaron en este camino de aprendizaje; a quienes confiaron en mí para dar debates profundos; a quienes hicieron posible que impulsara propuestas que me llenan de orgullo. A mi partido, a mi bloque y a todos los colegas, no importa de qué fuerza, con los que acordé y también con los que confronté duro pero lealmente".

"Hice este recorrido con compromiso y dedicación. Le puse todo. Siempre entendí a la función pública como un servicio" y aseguró que defendió sus "ideas con honestidad intelectual, siendo firme y tratando siempre de no perder la capacidad de escuchar. Creo en la política honesta, en el valor de la palabra y en la construcción de consensos".

Al mismo tiempo que subrayó: "a los vecinos y vecinas de Buenos Aires, gracias por esta oportunidad. Pude recorrerla de punta a punta, conocerla a fondo y confirmar que lo mejor que tiene la ciudad es su gente. Cuidarla, impulsarla, facilitarle las cosas debe ser la guía de cualquier Gobierno. Nuestra Ciudad es hermosa: encandila por su potencia y también duele por sus injusticias pendientes".

"Gracias a mi familia, a mi gran equipo, a los trabajadores y trabajadoras de la Legislatura, los amigos de la cocina, de seguridad, las genias de protocolo, todo el personal administrativo. Gracias de corazón. Y gracias también a quienes, a través de estas redes me bancaron en cada etapa de este recorrido. Fue un verdadero orgullo. Para adelante siempre", completó.

Después de haber presentado una denuncia contra Claudio “Chiqui” Tapia, la Coalición Cívica, a través del legislador Facundo Del Gaiso y el dirigente Matías Yofe, le pidió al juez federal Daniel Rafecas que disponga de manera inmediata el allanamiento de la propiedad de Luciano Pantano y Ana Conte, ubicada en la localidad de Villa Rosa en Pilar.

En el escrito, los denunciantes plantearon que, de manera alternativa o complementaria al allanamiento, se disponga una consigna policial permanente en todas las entradas y salidas del inmueble. La medida, remarcaron, tiene como objetivo controlar el movimiento de bienes y garantizar que no se produzca la sustracción de elementos mientras se realizan las pericias correspondientes.

La presentación realizada por Yofe, titular de la CC en Pilar, y Facundo del Gaiso no se limita a pedir el allanamiento de la propiedad en Villa Rosa, sino que se enmarca en una causa más amplia impulsada por Elisa Carrió y la Coalición Cívica. Según la denuncia, Luciano Pantano y Ana Lucía Conte habrían actuado como testaferros de Tapia en la adquisición de un predio de más de 105.000 metros cuadrados en Pilar.

El inmueble bajo investigación cuenta con instalaciones de gran lujo: pista de entrenamiento para caballos, un haras con ejemplares árabes y pura sangre, helipuerto, automóviles de colección y múltiples espacios deportivos. Los denunciantes remarcaron que el nivel de inversión es incompatible con los perfiles económicos de Pantano y Conte, quienes no tendrían capacidad financiera para justificar la compra.

En particular, señalaron que Ana Lucía Conte fue monotributista hasta 2012, percibió el Ingreso Familiar de Emergencia durante la pandemia y luego se jubiló. Pero en 2022 habría pasado a figurar como accionista mayoritaria de la empresa Real Central SRL, la firma que adquirió la propiedad. Por su parte, Pantano es dirigente del Club Almirante Brown y titular de la Asociación Civil Argentina de Futsal y Fútbol Playa, lo que lo vincula directamente con el mundo del fútbol y, por extensión, con Tapia.

El juez Daniel Rafecas, inicialmente a cargo, se declaró incompetente y derivó la causa al fuero Penal Económico, donde quedó en manos del juez Marcelo Aguinsky. Rafecas argumentó que se trata de una maniobra de naturaleza “eminentemente económica y financiera”, vinculada a posibles operaciones de lavado de dinero.

La Coalición Cívica sostiene que la operación constituye una estrategia de ocultamiento patrimonial para dar apariencia lícita a bienes que en realidad pertenecerían a Tapia. De allí surge la relación directa: Pantano y Conte serían los intermediarios que habrían permitido al presidente de la AFA adquirir y mantener una propiedad de lujo sin que figure a su nombre.

Legisladores de la Coalición Cívica salieron este viernes, una vez más, a reclamar que el Senado avance con la ley de prevención de la ludopatía infantil y regulación de apuestas online, en la antesala del recambio parlamentario.

"Señores senadores: La ludopatía es un atentado contra la vida. No dejen caer la media sanción de la Ley de Prevención de la Ludopatía. No se dejen presionar por el lobby. Que la banca siga ganando dependerá de que la voluntad política siga rifando sus fichas", publicó a través de sus redes sociales el diputado Maximiliano Ferraro, quien además es presidente del partido fundado por Elisa Carrió.

En su mensaje, el "lilito" mencionó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y los senadores Lucía Corpacci, Martín Lousteau, Eduardo "Wado" de Pedro, Luis Juez, Eduardo Vischi, Anabel Fernández Sagasti y Guadalupe Tagliaferri.

Por su parte, la diputada Marcela Campagnoli compartió un posteo similar y agregó que "la presión del lobby no puede ser más fuerte que el de una sociedad que dice 'no va más'. Frenemos esto! Que sea Ley!".

El proyecto motorizado por la oposición en la Cámara de Diputados recibió media sanción hace casi un año atrás por 140 votos a favor, 36 en contra y 59 abstenciones. Sin embargo, una vez que pasó al Senado su tratamiento se estiró: fue girado a tres comisiones, dos de ellas presididas por el oficialismo, que se opone a la iniciativa.

Presidenta de la comisión cabecera (Salud), la senadora de Unión por la Patria Lucía Corpacci abordó el tema en soledad, con invitados. Tras varios reclamos, incluso dentro del recinto, los presidentes de Legislación General, Bartolomé Abdala, y de Justicia y Asuntos Penales, Juan Carlos Pagotto, accedieron a abrir los debates y hubo dos plenarios con expositores el 1ro. y 15 de octubre.

Durante esos encuentros surgieron posturas a favor de modificar el texto y devolverlo a Diputados. Pero hasta ahora no se convocó a una nueva reunión para dictaminar.

Los candidatos porteños de la Coalición Cívica cerraron su campaña este miércoles en Barrancas de Belgrano, junto a dirigentes y vecinos. Como propuesta central, manifestaron que “el domingo tenemos que llevar al Congreso a legisladores que tengan las manos limpias y que nos cuiden”.

Con Hernán Reyes, candidato a diputado, y Marcela Campagnoli, candidata a senadora, a la cabeza, el espacio de Elisa Carrió les mostró a los presentes una gigantografía de la Boleta Única de Papel y la columna con los candidatos cívicos con una lapicera que resaltaba el espacio de votación.

Luego, el candidato a diputado nacional manifestó que “en la Argentina la Coalición Cívica es imprescindible. Necesitamos que un espacio honesto y gente preparada que nos represente en el Parlamento”. “Transitamos veinticinco años sin una objeción a nuestra honestidad y con un gran trabajo en la defensa de los valores que nos constituyen y las causas que nos enorgullecen como argentinos”, agregó.

Después, Campagnoli, candidata a senadora nacional, señaló que “la Coalición Cívica tiene que estar en el Congreso para poder seguir trabajando para que las peleas que nos convocan, como el Garrahan, la educación pública, la defensa de los jubilados y las pymes, se vean representadas como lo hicimos hasta acá”.

Acompañaron a los candidatos, los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto y Fernando Sánchez (MC). Además de Cecilia Ferrero, Claudio Cingolani y el resto de los candidatos que acompañan la lista de Reyes y Campagnoli.

Los candidatos de la Coalición Cívica Hernán Reyes  y Marcela Campagnoli presentaron una ampliación ante la Defensoría de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes para requerir la intervención judicial que remueva la suspensión de la ejecución presupuestaria de la Ley de Emergencia Sanitaria en el Área de Pediatría del Hospital Garrahan.

En la presentación escrita, los integrantes de la Coalición Cívica definieron como “crítica” a la situación del nosocomio. Además, solicitaron que se determinen las acciones legales apropiadas a los efectos de remover la suspensión ilegal de la ejecución presupuestaria dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional al momento de su reglamentación.

“El análisis de los movimientos totales de Recursos Humanos durante el trienio 2023-2025 muestra una tendencia de desequilibrio creciente, que amenaza la capacidad operativa del centro”, afirmó la presentación encabezada por Hernán Reyes. Luego, aseveraron que “el año 2024 marcó una drástica reversión”. “Entre los datos manejados se está registrando 221 bajas y solo 245 altas. Esta tendencia se agrava notablemente en la proyección de 2025 (con corte al 31/07), donde las bajas acumuladas ya ascienden a 158, pero las altas solo alcanzan la cifra de 33”, añadieron.

Entre los puntos negativos de la situación del Garrahan, explicaron que “los efectos a largo plazo para el Hospital van desde una pérdida de la capacidad de atención hasta el deterioro e, incluso, la pérdida de capacidades y conocimiento invaluable para la gestión sanitaria de casos complejos”.

Y señalaron: “Ante esta realidad fáctica, se pone en consideración de esta Defensoría la urgencia en determinar la acción legal apropiada para revertir la suspensión presupuestaria, con fundamento en los siguientes argumentos que configuran la inaplicabilidad de la suspensión presupuestaria ante Ley de orden público-específica y explícitamente mandada por el Congreso de la Nación”.

En síntesis, el espacio liderado por Elisa Carrió mencionó que “la continuidad de la suspensión presupuestaria, amparada en argumentos de procedimiento que omiten la jerarquía y especificidad de la ley, está directamente socavando la capacidad del Hospital Garrahan para cubrir bajas de personal, recomponer salarios y adquirir insumos críticos, tal como lo exige la Ley N° 27.796”.

“Solicitamos formalmente a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que evalúe la presentación de acciones legales o recursos judiciales idóneos que permitan levantar la suspensión de la ejecución presupuestaria dispuesta por el Decreto N° 760/2025”, concluyeron en la nota impulsada por la Coalición Cívica.

Qué sucedió con la Ley de Emergencia Pediátrica 

El martes pasado, el Gobierno nacional publicó la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria en Pediatría en el Boletín Oficial, pero al igual que la Emergencia en Discapacidad, no dispuso de las partidas presupuestarias dejando suspendida su aplicación. Como respuesta, los cívicos le exigieron al Ejecutivo el cumplimiento del mandato de reasignación presupuestaria inmediata para garantizar la tutela efectiva del derecho a la salud de la población infantil.

“Al suspender la ejecución, el Poder Ejecutivo omite cumplir con el mandato legal específico. La existencia de un déficit no anula la competencia legalmente otorgada para la reasignación en el marco de una emergencia. La suspensión constituye, por tanto, una inacción funcional que incumple el mandato de la ley de emergencia y priorización presupuestaria que el Congreso estableció para hospitales de referencia y servicios críticos pediátricos”, enfatizaron.

Los candidatos de la Coalición Cívica presentaron este lunes un “Plan Integral contra la Corrupción” ante el Gobierno nacional para castigar a quienes “roban” y, también, para transparentar el dinero que gasta el Estado, en un acto realizado en la entrada de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dicha presentación se realizó en presencia de los candidatos Hernán Reyes y Juan Manuel López a diputados nacionales, y de Marcela Campagnoli a senadora porteña. También participaron el presidente del partido Maximiliano Ferraro; Cecilia Ferrero; Claudio Cingolani; Paula Oliveto; el legislador porteño Facundo del Gaiso; Maria Pace Wells; Juan Calandri; Fernando Sánchez; Toty Flores; Matías Yofe; Juan Rosatti y Mariana Stilman.

“La corrupción no es de derecha ni de izquierda, la corrupción es la tragedia de la Argentina”, afirmaron los presentes en la entrada de la ANDIS. Luego, Juan Manuel López señaló que “tenemos una Justicia muy debilitada, que va con el poder de turno, que no avanza y si hubiera avanzado en muchos temas, como el caso de Espert, nos hubiésemos ahorrado tener un candidato tan degradado”, y reclamó que “se investiguen las coimas en la Agencia de Discapacidad para que los argentinos estén más tranquilos y empiecen a creer un poquito más en las instituciones”.

El Plan Integral contra la Corrupción que propone la Coalición Cívica plantea diez puntos centrales: “recuperar lo robado; penas más severas; Justicia responsable; elaboración de un mapa de riesgos sectoriales; nueva ley de ética pública; ley de lobby; ficha limpia; fortalecimiento de los organismos de control; transparencia en las contrataciones y beneficiarios finales y compras públicas abiertas”.

También se traza un diagnóstico de la situación actual en esta materia: “La corrupción avanza. La Argentina retrocedió en la percepción de transparencia. Debilitamiento deliberado del control, mediante la limitación del acceso a la información, la Oficina Anticorrupción (OA) no acciona ante incumplimiento de funcionarios; renuncia del Síndico por presiones”, argumentó el informe. Y añadió: “Hay recurrencia en los casos de corrupción como se puede ver en el caso Libra; en el ingreso de las valijas sin control en Aeroparque; en la presunta existencia de coimas en la compra de medicamentos y, recientemente, en el financiamiento ilegal de la campaña de Espert”.

Luego, Marcela Campagnoli agregó: “Hemos venido de un año con el Caso $LIBRA, el caso ANDIS, los sobreprecios en los laboratorios, que muestran que es evidente que el Gobierno no tiene un plan contra la corrupción”. Y después, cargó que “es necesario que pongamos al Estado, pero también a los organismos de control en operatividad para que intercambien información y que podamos tener leyes como contratación y compras públicas transparentes”.

Con la mirada puesta en los comicios de octubre, la Coalición Cívica (CC ARI) lanzó su campaña electoral porteña en la Asociación Ucraniana Prosvita en el barrio de Palermo, con la presencia de Elisa Carrió y los primeros candidatos a diputado y senadora nacional, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, quienes expusieron ante más de 300 personas.

En ese contexto, Carrió aseveró que “las listas de LLA están llenas de lo peor del PJ. Los únicos que vamos a garantizar que no haya golpe al presidente somos las fuerzas republicanas” y aprovechó el espacio para referirse a la situación económica de la Argentina. “Los préstamos deberían haber sido usados para eliminar para siempre las retenciones al campo y producir un desarrollo agroindustrial que compita con el mundo para levantar pueblos y ciudades y mejorar la educación”, señaló.

“A las fuerzas del cielo, a Toto Caputo que favoreció los negocios de sus amigos traders, a Santiago Bausili que no compró las reservas del Banco Central y las liquidó en el mercado.  Ellos son los responsables criminales de haber puesto al país al borde del default”, subrayó Carrió.

Por último, habló sobre el escenario geopolítico: “Argentina tendría que ser independiente geopolíticamente, no para tener malas relaciones con EEUU sino para tener buenas relaciones con EEUU, pero no despegarnos de los BRICS, y menos del Mercosur: de Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay”, completó.

En tanto, Reyes consideró que “es mentira que la Argentina se reduce a ser kirchnerista o libertaria. La Coalición Cívica viene a ponerle límites a Javier Milei y a defender a la clase media, viene a poner límites republicanos y a defender la educación y salud pública frente a un grupo de personas que desde el egoísmo más profundo lo único que quiere hacer es fracturar a la sociedad argentina”.

A su vez, Marcela Campagnoli afirmó que “estamos mal, la inflación nos sigue golpeando, la incertidumbre nos angustia.  Las sospechas, la mentira, el manoseo, el insulto, nos hace sentir que todo está perdido" y continuó: “Queremos ser la voz de los jubilados para que no sean la regla de ajuste. Queremos bienestar y salud mental para todos y también para el Presidente".

Acompañaron el lanzamiento el presidente del partido nacional, el diputado nacional Maximiliano Ferraro; los integrantes de las listas de la CC en la Ciudad, Cecilia Ferrero, Facundo del Gaiso, Maria Pace y el segundo candidato a senador Claudio Cingolani. También participaron los candidatos a diputados nacionales de la CC por la provincia de Buenos Aires Juan Manuel López, Elsa Llenderrozas, Maricel Etchecoin, Matías Yofe, Victoria Borrego y Toty Flores; y los dirigentes Fernanda Reyes, Fernando Sánchez, Mariana Stilman, entre otros.

En cadena nacional, el presidente Milei presentó el presupuesto 2026. Habló de números, de equilibrio fiscal y de supuestos logros. Pero detrás de esas planillas, hay realidades que no aparecen en los gráficos: el desfinanciamiento de hospitales clave para la vida de miles de argentinos. Entre ellos, el Hospital Garrahan.

El Garrahan no es un hospital cualquiera. Es un centro de referencia nacional y regional en pediatría de alta complejidad. Allí se atienden chicos de todo el país: más del 40% de los pacientes provienen del interior. Es un hospital que combina atención, docencia e investigación, y que ha formado generaciones de profesionales.

Sin embargo, en los últimos años su financiamiento se ha deteriorado gravemente. Algunos datos lo muestran con claridad:

Recursos humanos: más del 30% de los profesionales médicos y de enfermería han renunciado o reducido su carga horaria en los últimos años, por salarios que quedaron muy por debajo de la inflación. Esto significa menos guardias cubiertas y más demoras en turnos y cirugías.

Insumos y tratamientos: la compra de medicamentos oncológicos, hemoderivados y materiales descartables sufrió recortes y atrasos. Muchos tratamientos de alta complejidad se han visto interrumpidos o demorados.

Infraestructura: proyectos de ampliación y renovación de áreas críticas —como terapia intensiva y quirófanos— quedaron congelados por falta de fondos.

Presupuesto real: aunque el presupuesto nominal aumentó, en términos reales cayó más de un 25% respecto a 2019, medido en dólares y ajustado por inflación.

Este es el verdadero contexto de la Ley de Emergencia Pediátrica que sancionamos en el Congreso. No fue una bandera partidaria ni un gesto simbólico. Fue la respuesta a un clamor de médicos, enfermeros, pacientes y familias que ven, día a día, cómo se deteriora la atención de los niños más vulnerables del país.

El veto presidencial desconoce esa realidad. Con el pretexto del ajuste, se condena a miles de chicos a esperar más, a tener menos atención, a ver interrumpidos sus tratamientos. No son cifras: son vidas.

Por eso insistimos en rechazar este veto. Porque defender al Garrahan es defender la salud pública, la equidad federal, la investigación científica y, sobre todo, la vida de nuestros hijos y nietos.

El equilibrio fiscal no puede construirse sobre el sufrimiento de los niños. No se trata de oficialismo u oposición, sino de humanidad y de responsabilidad ética del Estado.

El Garrahan no se toca. Y la emergencia pediátrica es real.

Después de que el automovilista Emanuel Moriatis sufriera un violento asalto en la autopista Panamericana a la altura de San Isidro, la diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) denunció al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. La legisladora acusó al funcionario por presunta responsabilidad penal en orden al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A través de X, la candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires explicó que el 20 de mayo pasado puso en conocimiento los “lugares frecuentes de robo de motos” dentro de la autopista Panamericana (ruta 9 y empalme ruta 8), solicitando a la gestión provincial que se adopten medidas tendientes a prevenir el aumento de robos violentos de motocicletas.

En la denuncia a la que accedió Parlamentario.com, Campagnoli reveló que ya se había adjuntado gráficos detallando los puntos de encuentro en las cuales se han identificado un “sinfín de motocicletas robadas, las cuales forman parte de eventos en los cuales los autores de dichos ilícitos se vanaglorian de sus logros y los exhiben a la vista de todos”.

“La mayoría de estas motos fueron identificadas como robadas en los ramales de la ruta Panamericana. Pese a la información remitida, y a las medidas solicitadas al Ministerio de Seguridad, estas no fueron tenidas en cuenta durante más de 4 meses”, cuestionó la diputada nacional que integra el bloque de la Coalición Cívica.

Así las cosas, Campagnoli responsabilizó a la gestión provincial por lo sucedido: “El 4 de septiembre, una vez más, le toco a Emanuel Moriatis ser víctima de un delito que casi le cuesta la vida por culpa de la inoperancia y la falta de previsión y seguridad de las autoridades del Ministerio de Seguridad del gobierno de Axel Kicillof”.

El jueves 4 de septiembre, el expiloto de Turismo Carretera salía del Autódromo de Buenos Aires cerca de las 18.45 arriba de una motocicleta cuando fue asaltado por una pareja de ladrones en la autopista Panamericana altura San Isidro. El corredor relató el suceso a través de un video de Instagram, donde mencionó que “dos ladrones se me pusieron de costado como para que frene, uno me mostró el revolver y me hizo señas para que frene”.

“Ahí es cuando disparó un tiro al piso. Clavé los frenos, solté la moto y empecé a trotar hacia atrás, pero mirándolos. Y vi que uno se me venía”, siguió Moratis. Por el hecho, reveló que se acercó a una Comisaría y le habrían señalado que la zona donde sucedió el robo no cuenta con cámaras de video-vigilancia.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a la diputada nacional Marcela Campagnoli y el legislador porteño Hernán Reyes -ambos de su espacio-, presentaron este viernes un pedido de juicio político al juez federal Alejandro Patricio Maraniello ante el Consejo de la Magistratura.

Se trata del magistrado en lo civil y comercial que dictó una medida cautelar, luego de una denuncia del Ministerio de Seguridad, para prohibir la difusión mediática de audios atribuidos a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Maraniello, quien ya afronta una serie de denuncias en el Consejo -entre ellas por violencia de género, maltrato y acoso laboral-, es acusado por los dirigentes de la CC por "mal desempeño y eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones".

Carrió, Campagnoli y Reyes solicitaron que se disponga la apertura del procedimiento de remoción, se ordene su suspensión en el cargo que desempeña y se formule la acusación correspondiente. Por último, se requiere la oportuna destitución del acusado.

Entre las causales de juicio político, mencionaron en primer lugar la actuación del juez solicitando una medida cautelar prohibiendo la difusión de cualquier chat, foto, audio y video de Karina Milei, a través de cualquier medio de comunicación escrito audiovisual y/o a través de redes sociales, desde todo sitio, plataforma y/o canal web.

“Dicha decisión implica lisa y llanamente un acto de censura previa contra la prensa y, en consecuencia, el avasallamiento del derecho constitucional y convencional a la libertad de expresión y acceso a la información pública", resaltaron los cívicos.

En segundo lugar, apuntaron una "posible connivencia con el Poder Ejecutivo en la figura del secretario de Justicia de la Nación, Dr. Sebastián Amerio, para encubrir procesos penales y disciplinarios abiertos en su contra, en trámite ante el Consejo y la justicia federal". "De comprobarse, esa relación impropia implicaría una violación flagrante de la independencia judicial y de la división de poderes", advirtieron.

También, hicieron alusión a la participación de Maraniello como socio fundador y presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional (AAJC). "Dicha institución resultaría formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias dentro del Poder Judicial de la Nación. A tal punto, que cuenta con importantes 'auspiciantes' incompatibles con el ejercicio de la magistratura y, en particular, con el fuero al que pertenece Marianello, tal es el caso de los Laboratorios 'HLB Pharma' y 'Ramallo'”, denunciaron.

En la presentación, los dirigentes de la CC sumaron las denuncias que pesan contra el juez por "la supuesta comisión de hechos de abuso moral, sexual y violencia de género". "El juez Maraniello registra en el Consejo de la Magistratura cinco denuncias en su contra por abuso moral, sexual y violencia de género. Dichos procesos fueron iniciados por personal del juzgado a su cargo, directamente ante el Consejo y, en algunos casos, ante la Unidad de Bienestar Laboral dependiente de la Cámara Civil y Comercial Federal. A causa de estas denuncias, Maraniello fue incluido en el Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas por situaciones vinculadas a violencia de género", señalaron.

Finalmente, se refirieron a "irregularidades en los procesos de otorgamiento de cartas de ciudadanía argentina". "De las consideraciones expuestas precedentemente se desprende que la conducta del juez Maraniello evidencia un grave incumplimiento de sus deberes como funcionario, en perjuicio de los intereses públicos y privados confiados a su custodia como magistrado, y del propio prestigio de las instituciones", sostuvieron.

“Estamos frente a un magistrado que ha violado su deber de imparcialidad, ha ignorado deliberadamente el derecho vigente, ha abusado de su autoridad en perjuicio de subalternos, y ha menoscabado con sus actos la confianza pública en la Justicia”, expresaron los denunciantes.

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Juan Manuel López y Victoria Borrego junto a Andrés De Leo, actual candidato a diputado provincial de la sexta sección electoral por Somos Buenos Aires, le enviaron este martes una nota al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el objetivo de que informe sobre los subsidios destinados a Bahía Blanca. “De los $200.000.000.000 comprometidos se devengaron únicamente $65.239.000.000, quedando sin aplicación $134.761.000.000, más de dos tercios del total”, alertaron.

“Resulta particularmente relevante que el Poder Ejecutivo brinde precisiones sobre la ejecución del fondo, habida cuenta de que la ley votada por el Congreso fue vetada con el argumento de que el decreto ya garantizaba la asistencia, pero que claramente no ha sido destinada por los montos que han sido aprobados”, señalaron.

Según se explica en la carta, se habían otorgado 32.076 beneficios, con 3.962 solicitudes aún en trámite. A su vez, se había indicado que los pagos se efectuarían dentro de los 30 días posteriores a la inscripción de cada familia, "lo que hace necesario conocer si ese plazo efectivamente se cumplió en todos los casos, o si subsisten demoras y solicitudes pendientes", consultaron.

En la misiva, López, Borrego y De Leo reclamaron información sobre la implementación del decreto 238/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo creó un fondo especial de asistencia directa de hasta $200.000.000.000 y el régimen del “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”, con destino a los damnificados por las inundaciones ocurridas el 7 de marzo pasado en Bahía Blanca.

Mediante la Ley 27.790, el Congreso declaró la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales, y dispuso diversas medidas de apoyo, así como alivios fiscales y financieros. Sin embargo, esa ley fue vetada en su totalidad mediante el decreto 424/2025, bajo el argumento de que la asistencia ya se encontraba cubierta por el decreto 238/2025.

La resolución del Ministerio de Seguridad 532/2025 fijó el monto de los subsidios en $2.000.000 para viviendas en zonas de afectación media y $3.000.000 para viviendas en zonas de afectación alta, estableciendo que sólo se reconocería un subsidio por vivienda. “Con esas reglas y los datos consignados en los informes, se confirma que la mayor parte de los fondos comprometidos no han sido utilizados y aún resta precisar cuál será su destino”, precisaron.

Por eso, los referentes de la Coalición Cívica solicitaron el detalle del plan previsto para la utilización de los $134.761.000.000 que permanecen sin ejecutar; cuál es la situación actual de las solicitudes que permanecían en trámite y si se ha cumplido con los plazos de pago anunciados.

También pidieron que se aclare si el Poder Ejecutivo proyecta medidas complementarias que permitan asistir a sectores que quedaron excluidos por el decreto pero que estaban contemplados en la ley vetada, como comerciantes, monotributistas, PyMEs, entre otros.

Este jueves, Juan Manuel López visitará Bahía Blanca para conocer la situación de los damnificados, el avance de las obras, el estado de la reparación a las víctimas por parte del Estado nacional y provincial, acompañado de De Leo.

El frente Ciudadanos Unidos, que buscaba consolidar una propuesta opositora en la Ciudad de Buenos Aires, se desmoronó en el tramo final del armado electoral. Graciela Ocaña, quien había sellado una alianza con Elisa Carrió la semana pasada, dio un giro inesperado y se sumó a la Unión Cívica Radical para encabezar la fórmula al Senado junto a Martín Ocampo.

La ruptura dejó fuera del esquema al diputado nacional Facundo Manes, quien figuraba como el principal candidato al Senado por ese espacio. Finalmente, el neurocientífico optó por competir con lista propia, respaldado por el GEN de Margarita Stolbizer, bajo el sello “Para Adelante”.

En el tramo de Diputados, la lista será liderada por Martín Lousteau, presidente de la UCR, seguido por Piera Fernández (ex presidenta de la FUA), el politólogo Gustavo Marangoni y la dirigente socialista Yesica Barreto.

La Coalición Cívica, por su parte, decidió presentarse en solitario en estas elecciones, con Hernán Reyes como candidato a diputado y Marcela Campagnoli como postulante al Senado. “El resguardo de las personas, la Justicia y el respeto a las instituciones son el lugar seguro que necesitamos para garantizar un crecimiento sostenible. No puede faltar una fuerza que pretenda dar respuesta al hartazgo moral que sentimos los porteños”, afirmaron.

Cecilia Ferrero será la segunda aspirante a diputada nacional, mientras que Claudio Cingolani acompañará a Campagnoli.

“Con Lilita estamos convencidos que los extremos dañan al Congreso. Vamos a ir a imponer los límites que nadie se anima a poner”, señalaron.

Tras la extensa sesión de este miércoles, el legislador de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes celebró el amplio temario que la Cámara de Diputados aprobó y consideró que se “hizo valer sus funciones y las prioridades de los argentinos”.

A través de sus redes sociales, el lilito destacó lo ocurrido en el Congreso de la Nación y volvió a apuntar con dureza contra la gestión del presidente Javier Milei. “República en marcha. La Cámara de Diputados hizo valer sus funciones y las prioridades de los argentinos frente a los excesos de poder que quiere imponer Milei”, comenzó diciendo.

“Vale la pena explicar lo que se votó. En 2024 y 2025, hemos funcionado como país sin Presupuesto. Un experimento libertario que va en contra de todo lo que intentó Alberdi cuando pensó la Constitución Nacional”, continuó y precisó que “sin presupuesto aprobado por ley, el Gobierno decide con una sola firma a dónde va la plata de los impuestos que pagan los argentinos. Así hay más plata para planchar el dólar, hacer espionaje o pagar publicidad de YPF, pero no hay plata para los sueldos de los docentes universitarios, las carreras de investigación de los científicos o el sueldo de los residentes y médicos”.

Sobre esa misma línea, Reyes remarcó que “Diputados se puso firme y votó tanto el financiamiento universitario como abordar la compleja situación del Garrahan y el salario de los residentes. Todavía falta que el Senado haga lo mismo” y precisó que “también se votó algo histórico. Se rechazaron varios decretos delegados en dónde el Gobierno Nacional destruía institutos protegidos por ley. El INTI y el INTA son ejemplos de instituciones que trabajan codo a codo científicos del sector público con empresas privadas para fortalecer las cadenas de valor”.

Además, destacó: “intentando hacerla corta, el Congreso sancionó la ley bases limitando la facultad de transformación del Estado al impedir que se eliminen específicamente algunos organismos como el INTI y el INTA”.

“Diputados ya reconocieron la inconstitucionalidad, falta el Senado y sino veremos en la justicia porque hay que hacer valer la república”, sentenció el legislador.

Con la mirada puesta sobre los comicios de medio término de los próximos meses, el actual legislador de la Coalición Cívica (CC ARI) Hernán Reyes lanzó su candidatura como diputado nacional por esa misma fuerza, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La información fue confirmada por la líder de la CC ARI, Elisa Carrió, quien lo comunicó a través de su cuenta de X – ex Twitter-. “Mis felicitaciones a Hernàn por el desafío de ser candidato a diputado nacional por la Ciudad”, comenzó diciendo.

“En tiempos de violencia verbal, de cero empatía por el otro, de maltrato a las instituciones y a los valores republicanos, Hernán es el mejor candidato para representar al pueblo de la Ciudad en el Congreso de la Nación, ya que enarbola los valores fundacionales de la Coalición Cívica. Un beso Lilita”, completó.

Atento a sus palabras, Reyes le agradeció por sus dichos. “¡Gracias Lilita por el apoyo y la confianza! Ahí vamos a estar para defender la república, la libertad y la igualdad de oportunidades sin miedo ni condicionamientos como siempre lo hiciste”, sentenció el legislador.

La Coalición Cívica celebró su Congreso partidario en la Ciudad de Buenos Aires, donde oficializó la candidatura de Hernán Reyes como representante del espacio en las próximas elecciones. Durante el encuentro, se reafirmó el compromiso de la fuerza política con los valores fundacionales impulsados por Elisa Carrió, como la defensa de la Constitución, la división de poderes y la lucha contra la corrupción.

“Vamos a representar a los argentinos que tienen una vocación de ceñirse a la ley, al respeto por la Constitución y a la división de los poderes del Estado, y de terminar definitivamente con la corrupción”, expresaron desde la CC porteña. Además, destacaron la existencia de un espacio político vacante, alejado de los extremos y del enfrentamiento permanente, que buscarán ocupar con una propuesta superadora.

La fuerza también se comprometió a “poner límites al atropello y al manejo arbitrario del presupuesto del Estado en el Congreso”, promoviendo un modelo económico e institucional sostenible. En ese sentido, señalaron la necesidad de terminar con la lógica de extremos y apostar por un país con equilibrio fiscal, anticorporativo, solidario y con un plan de crecimiento.

Finalmente, desde la CC de CABA subrayaron la importancia de llevar al Congreso un acuerdo que establezca condiciones para un crecimiento sostenido, basado en instituciones fuertes e inversión pública en áreas clave como educación, salud y ciencia.

El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) presentó un pedido formal de informes dirigido al Poder Ejecutivo, solicitando explicaciones urgentes sobre las irregularidades detectadas en el Examen Único de ingreso a residencias médicas realizado el 1º de julio de 2025 en la sede de Parque Roca.

Según lo informado por el propio Ministerio de Salud a medios nacionales, al menos 200 exámenes presentaron "inconsistencias" significativas, especialmente en el caso de postulantes extranjeros. Las anomalías denunciadas incluyen diferencias de hasta 50 puntos respecto de evaluaciones previas, resultados atípicos en comparación con historiales académicos, y patrones de respuesta que podrían implicar intervención externa.

El pedido legislativo reclama detalles técnicos, estadísticos y procedimentales que justifiquen esas observaciones, así como copias de las denuncias formales e informales recibidas y el curso que se les dio. También se requiere información sobre el resguardo, corrección y validación de las pruebas, el personal involucrado y posibles acciones iniciadas ante organismos como la Oficina Anticorrupción o la Sindicatura General de la Nación.

Entre los aspectos mencionados, figuran sospechas de fraude mediante dispositivos tecnológicos no autorizados, intercambio de respuestas en tiempo real y una eventual filtración previa del contenido del examen. En este contexto, se cuestiona la posible afectación al principio de mérito, así como el impacto en la equidad del proceso de asignación de vacantes.

Por último, el texto de Ferraro exige conocer si estas irregularidades provocarán demoras en el cronograma previsto, cuáles son las medidas transitorias adoptadas y cómo se garantizará la continuidad laboral y formativa de los aspirantes que participaron con responsabilidad.

En X, el diputado nacional señaló: "El Gobierno y el Ministro de Salud, Mario Lugones, no solo desprecian a los residentes con salarios congelados frente a la inflación. Ahora también ponen en riesgo la formación de los médicos que el país necesita, al no poder garantizar la transparencia del Examen Único".

"Según denuncias de estudiantes, el examen podría haberse vendido por hasta 2.000 o 3.000 dólares, manchando todo el proceso de selección y perjudicando a quienes se presentaron con mérito y honestidad", aseveró.

👨‍⚕️👩🏻‍⚕️🏥 IRREGULARIDADES EN EL EXAMEN DE RESIDENCIAS MÉDICAS

Presentamos un pedido de informes al Poder Ejecutivo.

El Gobierno y el Ministro de Salud Lugones no solo desprecian a los residentes con salarios congelados frente a la inflación. Ahora también ponen en riesgo la… pic.twitter.com/vShLyBcNsw

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) July 24, 2025

A pocas horas del inicio de un nuevo receso invernal en el Poder Legislativo, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) instó al Senado a que le dé celeridad a la sanción del proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online, el cual fue aprobado por la Cámara baja el pasado 27 de noviembre del 2024.

La iniciativa ya fue tratada por la Comisión de Salud del Senado, a cargo de Lucía Corpacci, pero a más de 40 días de ese encuentro, el debate no fue retomado. “La Cámara de Diputados ya dio el primer paso. Ahora le toca al Senado. Es urgente que se hagan cargo”, enfatizó Ferraro a través de una publicación en X que acompañó con un video informativo.

La publicación comenzó con “no va más” -frase utilizada en ruletas para dar aviso del cierre de la jugada-, y luego apuntó contra Wanda Nara y Marcelo Tinelli, quienes a través de posteos en X promocionaron códigos de apuestas. Hace pocos días, la modelo, junto a otros influencers, debió participar de una campaña de concientización sobre el juego solicitada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad.

🎰 NO VA MÁS

Lo de Wanda y Tinelli no está bien.

Queremos una ley que prevenga la ludopatía y prohíba la publicidad de apuestas online. Porque no es un juego: es la salud y la vida de muchos pibes y muchas personas.

La Cámara de Diputados ya dio el primer paso. Ahora le toca… pic.twitter.com/3a4bJ8pBIA

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) July 16, 2025

“Queremos una ley que prevenga la ludopatía y prohíba la publicidad de apuestas online. Porque no es un juego: es la salud y la vida de muchos pibes y muchas personas”, explicó el diputado de la Coalición Cívica en X. Además, se dirigió a la comunidad: “Si querés que salga esta ley, súmate. Y si querés compartir un mensaje, idea o propuesta, escribime”.

El proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas online obtuvo media sanción el pasado 27 de noviembre con 140 votos a favor, 36 en contra y 59 abstenciones. El texto fue enviado a la Cámara alta con giro a las comisiones de Salud, Legislación General, presidida por Alejandra Vigo, y Justicia y Asuntos Penales, a cargo de Juan Carlos Pagotto.

La iniciativa logró un amplio consenso entre los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados. Mónica Frade, una de las impulsoras, durante este 2025 viene pidiendo por el avance de esta ley.

El texto girado al Senado establece la prohibición del acceso de menores de edad a sitios y plataformas de juegos de azar y apuestas en línea; también hace referencias a la publicidad, la promoción y el patrocinio; e impone el sistema de verificación biométrica de identidad y edad.

En el capítulo “Juego en línea responsable”, defina una serie de medidas vinculadas a la comercialización, distribución o expendio de juegos de azar y de apuestas en línea, las cuales deberán cumplir con las exigencias de juego responsable detalladas.

En medio de la creciente polémica por la reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), diputados de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de resolución para declarar la invalidez del Decreto 462/2025, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional. La iniciativa, impulsada por Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto Lago, sostiene que el decreto “viola la Constitución Nacional y la Ley 25.641”, que garantiza la autarquía del organismo.

“El Poder Ejecutivo ha incurrido en un claro exceso de las bases de la delegación legislativa”, afirmaron los legisladores, quienes advirtieron que la transformación del INTA en un ente desconcentrado dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, constituye en los hechos “una intervención encubierta”.

El decreto, publicado el 8 de julio en el Boletín Oficial, disolvió el Consejo Directivo del INTA —órgano plural que regía su funcionamiento— y estableció que la conducción quedará a cargo de un presidente con rango de secretario, designado directamente por el Ejecutivo.

“El Congreso previó la imposibilidad de intervención de organismos como el INTA con la finalidad precisamente de evitar su disolución o centralización”, señala el texto del proyecto. Y agrega: “La designación de un único funcionario a cargo del Instituto es equiparable a una intervención, violando las bases de la delegación dispuesta por este Congreso así como sus prohibiciones”.

Los diputados también remarcaron que el decreto derogó el artículo 1° de la Ley 25.641, eliminando la autarquía del organismo, lo que consideran un acto inconstitucional. “No existe necesidad ni urgencia para la transformación dispuesta sobre el INTA, debiendo haberse sometido tal decisión a este Congreso de la Nación”, sostuvieron.

Finalmente, los firmantes del proyecto instaron a sus colegas a acompañar la iniciativa para rechazar el decreto y preservar la institucionalidad del INTA, al que calificaron como “un organismo referente en investigación y desarrollo agroindustrial a nivel nacional e internacional”.

Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, integrantes de la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA por la Coalición Cívica, presentaron este martes una denuncia penal contra el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, para solicitar que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En el primer capítulo de la presentación judicial, además, los legisladores exigen que se investiguen otros posibles delitos de acción pública cometidos en el ejercicio de la función pública, por parte de las autoridades de la Oficina Anticorrupción. Luego, recrearon con detalles los hechos ocurridos el pasado 14 de febrero cuando Javier Milei difundió por X el token $LIBRA.

A partir de esa secuencia, Ferraro y Frade cuestionaron la resolución del organismo anticorrupción e indicaron: “Pese a las evidencias que percibimos concluyentes acerca de la participación del presidente de la Nación en la promoción de la criptomoneda $Libra en su cuenta personal de X y decisión posterior de borrar ese posteo, y toda la cronología opaca que surgió de estos hechos, la Oficina Anticorrupción concluyó, en la Resolución 9/2025, que no se verificó ninguna infracción ética por parte del presidente Milei”.

⚠️ $LIBRA | DENUNCIAMOS AL TITULAR DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN

La OA se convirtió en una herramienta de blindaje político. Hoy, junto a @monicafradeok, presentamos una denuncia penal contra su titular, Alejandro Melik, por posible abuso de autoridad, encubrimiento e… pic.twitter.com/4fo92mOb8B

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) July 1, 2025

“Dicha conclusión replica, sin análisis crítico ni profundización técnica, los argumentos exculpatorios brindados por el propio presidente en sus redes sociales y comunicados oficiales”, y agregaron que “la resolución utiliza los mismos argumentos esgrimidos por el presidente Javier Milei en una entrevista televisiva, que debió ser interrumpida por uno de sus asesores para darle indicaciones al interlocutor del presidente, acerca de las preguntas inadecuadas de la conversación”.

En otro punto, los diputados de la Coalición Cívica consideraron que “esta explicación exhibe por parte de la Oficina Anticorrupción la decisión de elaborar una resolución a medida, con el fin de desligar de toda responsabilidad al presidente, ignorando no solo la evidencia sino también el marco normativo vigente”.

También, señalaron que “resulta llamativo que no se haya realizado una valoración autónoma del rol institucional que implica la figura presidencial en la promoción de activos financieros, ni de los efectos económicos y simbólicos de sus declaraciones públicas”. “La reproducción acrítica de los argumentos del propio presidente en la resolución impugnada, sin análisis técnico ni valoración imparcial, contradice frontalmente este principio normativo y vulnera la finalidad institucional de la OA como organismo de control autónomo”, explicaron Ferraro y Frade.

Frade y Ferraro son los integrantes de la Coalición Cívica en la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA.

“En lugar de actuar con independencia para resguardar la ética pública, la Oficina parece convertirse en una herramienta de blindaje político”, afirmaron los legisladores en la redacción de la denuncia. También sostuvieron que “se omite toda consideración sobre el incumplimiento del deber de imparcialidad, transparencia y prevención de conflictos de intereses, pilares centrales del régimen de ética en la función pública.

Por último, exigieron que “se investiguen las posibles comunicaciones formales o informales mantenidas entre el titular de la Oficina Anticorrupción y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo al presidente Javier Milei; a su hermana y secretaria general de Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; al asesor presidencial Santiago Caputo; y al vocero Manuel Adorni”.

Con Elisa Carrió como figura representativa, se realizó este viernes el congreso federal de la Coalición Cívica donde el diputado nacional Maximiliano Ferraro fue reelecto como presidente del partido nacional. “No hay posibilidad de desarrollo económico y de prosperidad sin un fortalecimiento claro de las instituciones”, cargó contra el Poder Ejecutivo Nacional.

“Si bien reconocemos el ordenamiento macroeconómico, no podemos dejar pasar por alto algunos indicadores concretos que nos duelen como es el crecimiento del desempleo, que en el último mes un millón ochocientos mil argentinos han pasado a ser desocupados, la caída del consumo y un gobierno que pareciera ser que no entiende que hay muchos argentinos que lo único que hoy tienen es la educación y la salud pública”, sumó el titular de la Coalición Cívica.

De cara a los próximos comicios, Ferraro agregó que “tenemos que poder representar a los argentinos no solamente desde el discurso sino desde las propuestas y estar ahí con un poder de escucha totalmente distinto y activo, que a su vez nos pone a nosotros en tratar de tener otro tipo de conversación pública en la Argentina”. De seis integrantes del bloque, la CC pone en juego cuatro bancas en octubre.

Presente en el congreso federal, Carrió señaló que “Milei viola con la palabra a millones de argentinos porque ama lo que odia”, y aseveró que “es evidente que se siente un mandril, por eso trata tan mal a los mandriles”. “Lo que viene es la pérdida de los derechos, y ya está pasando. Se está cancelando por la fuerza las agendas de derechos humanos”, consideró.

Sobre los embates del presidente al Congreso de la Nación, la líder histórica de la Coalición Cívica sostuvo que “vivimos en un país en el que plata dulce mata valores y a la violencia del lenguaje hay que responder con buena educación”.  Mencionó los derechos “a la palabra, a la tierra, al agua, a la salud, al vínculo con hermanos de otras nacionalidades”, y cerró: “Estos derechos deben ser invulnerables y hay que pelear por ellos”.

Para mí es un orgullo y una gran responsabilidad poder trabajar estos próximos dos años en la Mesa Ejecutiva Nacional de la Coalición Cívica, junto a este gran equipo.

La Mesa estará integrada por Javier Acevedo como vicepresidente, y por Hernán Reyes, Lucho Bugallo, Gabriela…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) June 27, 2025

Con figuras presentes y otras conectadas a través de videollamada, el congreso federal, que ratificó a Maximiliano Ferraro como autoridad a nivel nacional también eligió al legislador rionegrino Javier Acevedo como vicepresidente. Después, la diputada bonaerense Maricel Etchecoin fue designada a cargo de la asamblea nacional.

La lista de dirigentes que participaron se completa con los diputados nacionales Juan Manuel López, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego; los legisladores porteños Facundo Del Gaiso y Cecilia Ferrero; los diputados provinciales Luciano Bugallo (Buenos Aires), Romina Braga (Buenos Aires), Pedro Muñoz (Santa Cruz); el exsenador provincial Andrés De Leo; los exdiputados nacionales Elsa Tata Quiros, Rubén Manzi, Fernando Sánchez y Mariana Stilman; el presidente de la CC en CABA, Claudio Cingolani; y el titular de la CC en Pilar, Matías Yofe.

La mesa ejecutiva nacional quedó conformada de la siguiente manera: Hernán Reyes, legislador porteño y candidato a diputado nacional por CABA, como tesorero; el legislador bonaerense Lucho Bugallo como protesorero; J. M. López en representación del Congreso de la Nación; el legislador santacruceño Pedro Muñoz por el Foro Legisladores; Stilmann en Capacitación; y Rocío Maciel a cargo de Territorial y Organización.

Luego de la confirmación de la Corte Suprema de la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner, y ante los debates que surgieron respecto de si puede ser indultada o no, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, opinó que "el presidente (Javier Milei) se pone loco cuando uno habla del pacto de impunidad, su equipo también, pero el pacto de impunidad es una tentación de Milei y de Cristina".

"No sé si va a ser con un indulto ahora, pero es lo que les queda", expresó, aunque aclaró que "más allá de que sería un escándalo un indulto de Milei a Cristina, hay una prohibición constitucional muy clara".

En ese sentido, el legislador señaló que "el indulto es una prerrogativa de los presidentes de la Nación que hace muchos años no se usa en Argentina. Los últimos son de Carlos Menem a algunos militares y algunos miembros de la guerrilla de los '70. La Corte anuló algunos de esos indultos en su momento".

En declaraciones a radio La Red, el cívico explicó que en la reforma constitucional de 1994 se incorporó el artículo 36, mediante el cual "se condenó muy fuerte a los delitos contra el orden constitucional, y se dijo que eran imprescriptibles".

"Ese mismo artículo habla de la ética pública y de los graves delitos dolosos que conlleven al enriquecimiento, y dice básicamente que se equiparan a los delitos contra el orden constitucional. Entonces, muchos interpretamos que esa prohibición de indultar para los delitos contra la democracia existe también para los delitos contra la corrupción, y hay varios constitucionalistas que dicen lo mismo y otros que dicen que no", apuntó.

López recordó que la líder de su espacio, Elisa Carrió, presentó en 2014 un proyecto para reglamentar el artículo 36, que observó como que "difícilmente" se pueda tratar en la actualidad.

Al referirse a la hipótesis del "pacto de impunidad", el diputado resaltó que "cuando se cayó ficha limpia en noviembre del año pasado, en el oficialismo tuvieron que disimular. Después se cayó ficha limpia por los aliados del Gobierno" en el Senado.

Y adjudicó que la caída de la ley que buscaba impedir una candidatura de CFK, "era parte de un pacto de impunidad, como los jueces que se quieren repartir, también".

"Afortunadamente la Corte sigue siendo independiente y resolvió lo que tenía que resolver", manifestó y subrayó que Cristina Kirchner "es la adversaria perfecta para Milei" pero ahora "no está más en la cancha" y el presidente "va a tener que hacer política de la manera más tradicional, sin una enemiga para polarizar".

Durante la entrevista, insistió: "Si quisiera en el futuro devolverse algún favor, creo que el indulto es la salida que pueden llegar a encontrar ellos dos".

Ante el nuevo escenario, López consideró que "el peronismo tendrá que hacer su proceso de renovación; Milei tendrá que hacer política hablando de su gestión, no del miedo a Cristina. Y el resto de nosotros hacer una propuesta electoral que muestre qué valores representamos, que no son ninguno de esos dos".

Diputados de la Coalición Cívica se refirieron especialmente este martes a la condena confirmada contra Cristina Kirchner, en el marco de la causa Vialidad, al recordar las denuncias realizadas hace casi dos décadas atrás por la líder de su espacio, Elisa Carrió.

"Este fallo no es revancha ni persecución, es Justicia. Y es también un mensaje, para el presente y para el futuro, para los que gobiernan hoy y para los que aspiran a gobernar mañana: la corrupción tiene consecuencias y la impunidad es una ilusión de la soberbia de los poderosos", escribió en su perfil de X el diputado Maximiliano Ferraro.

El presidente del partido de la CC consideró que con esta decisión "se cierra este sucio capítulo de nuestra historia. Un capítulo que desde la Coalición Cívica denunciamos cuando nadie quería escuchar, que investigamos cuando era incómodo, y que llevamos adelante con la convicción de que en Argentina no hay lugar para la impunidad".

Ferraro mencionó especialmente a Carrió, su par Paula Oliveto y la exdiputada Mariana Zuvic, quienes "no fueron las primeras en ponerle nombre a este entramado de corrupción, lo hicieron en soledad y sin fueros, cuando muchos se rendían, se vendían o miraban para otro lado. Hoy, la verdad las respalda".

"La República necesita ejemplos, y hoy hay uno. Que esta condena sea el principio de una nueva ética y un contrato moral compartido: en Argentina no hay poder suficiente para estar por encima de la ley. Que esta noticia renueve la esperanza de los honestos de nuestro país, a quienes creen que vivir con principios y valores firmes vale más que cualquier fortuna. A la gran mayoría de argentinos que no se desvían y prefieren caminar con la conciencia limpia", completó.

Por su parte, Oliveto publicó: "Es corrupción o justicia. Con esas palabras (el fiscal Diego) Luciani describió una lucha de muchos años, cuando Lilita me pidió redactar juntas la denuncia. Después hay que destacar el aporte inestimable de (Javier) Iguacel y las pruebas aportadas durante el gobierno de Cambiemos. El trabajo incesante del periodismo de investigación y a nuestro querido (Jorge) Lanata: y, en él, mí reconocimiento a los que en esos años se la jugaron".

"Fueron años difíciles para los argentinos y para nuestras familias. Solo pedimos justicia y que devuelvan lo robado. Ahora nos toca mirar hacia adelante. Era justicia o corrupción. Se hizo JUSTICIA", celebró.

Era justicia o corrupción. Se hizo JUSTICIA. pic.twitter.com/EktKhMbBoK

— Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) June 10, 2025

En tanto, el jefe del bloque, Juan Manuel López, señaló que "Cristina Kirchner fue vicepresidenta para buscar su impunidad. Falló. En enero de 2023 intentó su última jugada: juicio político a la Corte. Ahí estuvimos. Defendiendo la República. Frenando un intento descarado para romper el orden constitucional. Valió la pena".

En respuesta a la reacción del presidente Javier Milei, el legislador lanzó: "Presidente, el pacto le salió mal. No entendió el poder. Mandó emisarios, quiso una Corte adicta e hizo fracasar Ficha Limpia para polarizar con Cristina (Karina limpia). El riesgo político (que no baja el riesgo país) ahora es todo suyo. No se le ocurra indultar en unos meses".

"Gracias @elisacarrio, @pau_oliveto, @MarianaZuvic, @ccari_ok. Hoy es un días histórico xq desde la coalición cívica le pusieron el cuerpo a la conciencia denunciando en la justicia, no en la tele. Orgullo de pertenecer a este espacio político que no tiene votos, pero tiene coherencia", fue el posteo de la diputada Marcela Campagnoli.

Cobardes los que se enamoran de cualquier candidato sin saber que se juega la República, esta batalla se gana con el alma, con Dios y con la razón. pic.twitter.com/qwbWQdzoqO

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) June 10, 2025

Con Elisa Carrió a la cabeza, la Coalición Cívica amplió su denuncia este lunes contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo, por la situación que viene atravesando el Hospital Garrahan. También, añadieron una denuncia por amenazas contra Mario Lugones, funcionario a cargo de Salud, por amenazas contra los residentes en la audiencia fallida de negociación.

“Este es un delito moral que afecta a los niños con un nivel de perversión propio de a quienes no les importa la vida del otro”, señalaron en la nueva presentación judicial. Además de la líder de la Coalición Cívica están las firmas del legislador porteño Hernán Reyes y la diputada nacional Marcela Campagnoli.

Los dirigentes ampliaron la causa N° CFP 4239/2024 en trámite ante el Juzgado Criminal y Correccional N°3, a cargo de Daniel Rafecas, y por la que el fiscal Guillermo Marijuán imputó al ministro Lugones.

La presentación de Carrió y compañía tuvo como anexada a los testimonios de personas con responsabilidad directa o conocimiento técnico sobre la crisis del hospital durante un programa en LN+: “Desde los residentes hasta los médicos planta, lo que se recibe son distintas formas de amedrentamiento o intimidación, como única forma de negociación por parte de las autoridades”.

Entre los testimonios uno de los presentes afirmó que “los residentes fueron víctima de aprietes de todo tipo y la constante amenaza de retirarlos del Garrahan, si insisten en la defensa de su derecho”.

“Los ministros se creen impunes, pero han promovido la declaración de emergencia sanitaria con el DNU 70/2023, han buscado superpoderes con la Ley Bases y decidieron trabajar sin presupuesto en 2025, esos no pueden ser motivos para dispensar su responsabilidad, todo lo contrario. Piden delegaciones para trabajar sin el Congreso, entonces tienen que hacerse cargo de cuidar las prioridades de los argentinos”, expresó Hernán Reyes.

También señalaron que “se ha mantenido el mismo presupuesto para 2025 que el vigente del 2024, sin considerar la inflación que lleva acumulado más de 13% en lo que va del año lo que corresponde a una quita en valores reales de 23.248.641.543 de pesos”, y agregaron que “en el proyecto de Presupuesto que enviaron al Congreso para 2025, y que finalmente no se votó, el propio Gobierno contemplaba un incremento de las partidas equivalente a esos 20 mil millones de pesos”.

En el final, el legislador porteño reiteró: “Lugones no puede desentenderse de estas amenazas, es por eso que le pedimos a la Justicia que investigue su rol al frente de estas negociaciones y las agresiones sufridas, así como de cualquier otro miembro del Ministerio de Salud de la Nación o del Consejo de Administración que haya amenazado a los residentes”.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución en el que hacen énfasis en manifestar preocupación por el deterioro en las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en la Argentina. Asimismo, repudiaron los ataques en redes sociales contra periodistas por parte de las cuentas vinculadas a la militancia digital.

Como segundo artículo, instaron al presidente de la Nación, Javier Milei; al vocero presidencial Manuel Adorni; y a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional de cesar de inmediato con las descalificaciones y ataques públicos que afectan la labor periodística y vulneran derechos constitucionales.

El proyecto presentado lleva las firmas de Juan Manuel López, jefe de bloque, y de Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Maximiliano Ferraro, quien señaló en X que “no voy a normalizar ni quedarme callado frente a los ataques del Gobierno a la prensa”.

Además, lanzó una sutil indirecta a sus antiguos compañeros de interbloque: “A pesar del silencio ensordecedor de los ‘republicanos intermitentes’, el resto del continente ya está alerta por el retroceso de la libertad de expresión en nuestro país”, y cargó que “los datos de FOPEA lo prueban: en 2024 se registraron 179 agresiones a periodistas, un aumento del 53 % respecto de 2023. El 80 % de los ataques tuvo origen estatal o paraestatal, y en más de la mitad de los casos estuvo involucrado directamente el presidente de la Nación”.

❌ NO VOY A NORMALIZAR NI QUEDARME CALLADO FRENTE A LOS ATAQUES DEL GOBIERNO A LA PRENSA.

Desde el 10/12/2023, el presidente Javier Milei se ha dedicado sistemáticamente a agredir, estigmatizar y judicializar a periodistas y a la prensa crítica. La escalada es tan fuerte que la… pic.twitter.com/mBSxz0E9VO

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) June 2, 2025

Volviendo al texto, en los fundamentos señalaron que “en las últimas semanas se han sucedido hechos particularmente preocupantes que constituyen posibles vulneraciones a la libertad de expresión, al derecho a la información y a las garantías propias de un sistema republicano y democrático respecto del ejercicio del periodismo”.

Mencionaron, también, que “se han implementado nuevos criterios restrictivos para el ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada”, que fueron llamadas “medidas, que contemplan un sistema de sanciones, son arbitrarias, discriminatorias y atentan contra el acceso igualitario a una fuente pública de información por excelencia”.

“A esto se suma el accionar sistemático de un ecosistema de cuentas oficialistas en redes sociales, que hostigan y amenazan coordinadamente a periodistas, generando un clima de persecución incompatible con los principios democráticos”, remarcaron los diputados de la Coalición Cívica.

Luego, explicaron que “este fenómeno no sólo agrava la violencia simbólica y verbal contra la prensa, sino que en algunos casos deriva en hechos concretos de intimidación, como el episodio protagonizado por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien increpó al reportero gráfico Antonio Becerra, en un claro acto de amedrentamiento”.

Cerca del final, recordaron lo ocurrido en el último inicio de sesiones ordinarias: “Tampoco puede pasarse por alto la obstaculización sufrida por periodistas acreditados en el Congreso de la Nación durante la cobertura de la presentación del Presupuesto Nacional y de la Asamblea Legislativa del 1° de marzo, lo cual afecta gravemente la transparencia del proceso parlamentario y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.

Para terminar, los diputados firmantes expresaron: “La libertad de expresión, el derecho a la información y la labor periodística deben ser garantizados y protegidos, no atacados desde el Estado”. “La defensa de la democracia no se declama: se ejerce protegiendo a quienes, desde una prensa libre e independiente, cumplen un rol esencial en la construcción de una ciudadanía informada y en el control del poder”, concluyeron.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución para exigir la renuncia de Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de las acusaciones por presuntas declaraciones discriminatorias contra Ian Moche, niño de 12 años que padece el Trastorno del Espectro Autista (TEA).

“Tras conocerse sus expresiones crueles y discriminatorias, el titular de la ANDIS no puede continuar un día más al frente del organismo”, señaló Maximiliano Ferraro, firmante de la iniciativa, a través de X. las otras rúbricas fueron de Juan Manuel López, jefe de bancada; Mónica Frade y Marcela Campagnoli.

En el primer artículo, los legisladores impulsores de la salida del funcionario repudiaron lo relatado por Marlene Spesso, madre del niño, quien relató que Spagnuolo le contestó: “Si tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado”. También, advirtió que el titular de la Andis cuestionó el sistema de asistencia al enfatizar “¿Por qué tengo que pagar peaje y ustedes no? ¿Por qué vos no pagas estacionamiento y yo sí?”.

EXIGIMOS LA RENUNCIA DE SPAGNUOLO, TITULAR DE LA AGENCIA DE DISCAPACIDAD.

Tras conocerse sus expresiones crueles y discriminatorias, el titular de la ANDIS no puede continuar un día más al frente del organismo. Su función es proteger a las personas con discapacidad y garantizar… pic.twitter.com/Aw6p5aiMHy

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) June 2, 2025

En tercera instancia, los firmantes repudiaron la reacción publica del presidente de la Nación, Javier Milei, hacia Ian Moche y el periodista Paulino Rodríguez, quien realizó la entrevista en la que se revelaron los hechos, al calificarlos como “operadores del lado del mal” en el marco de una nueva respuesta agresiva e impropia por parte del titular del Poder Ejecutivo Nacional.

Así las cosas, en los fundamentos plantearon que “estas expresiones se dan en un escenario de ajuste presupuestario y recortes por parte del Gobierno Nacional que afectan de forma directa la vida de las personas con discapacidad, con demoras, suspensión o eliminación de tratamientos, pensiones y apoyos esenciales”.

No obstante, afirmaron que “no se trata de un hecho aislado”, y recordaron que “en febrero pasado, el Gobierno Nacional publicó una resolución que incluía criterios despectivos y términos ofensivos como ‘idiota’, ‘imbécil’ y ‘retardado’ para evaluar el acceso a pensiones por Discapacidad”. La medida fue retirada tras un rechazo generalizado.

En síntesis, los integrantes de la Coalición Cívica remarcaron que “las declaraciones de Diego Spagnuolo y la actitud del presidente Milei constituyen una grave violación de los derechos humanos y de los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional”.

En el final de su publicación, Ferraro cargó que el titular de la ANDIS eligió “el camino de la crueldad y el desprecio”, y se mostró optimista de cara a la sesión de este miércoles: “Esta semana vamos a dar media sanción a la emergencia en discapacidad, pero también es necesario repudiar estas declaraciones y exigirle al Gobierno la renuncia de Spagnuolo”.

Luego de que la Coalición Cívica (CC ARI) perdiera las elecciones y no se garantizara una banca en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado de Vamos por Más (VxM) y soldadito de Elisa Carrió en esa Casa, Facundo Del Gaiso, se mostró conciliador con el Pro y pidió “construir una alternativa democrática” de cara a los comicios de octubre.

A través de sus redes sociales, el lilito aseguró que “hay mucha gente valiosa en el Pro, con convicciones y principios republicanos” e insistió en que “la violencia política, el insulto, perseguir periodistas no está en su ADN”.

“No pueden permitir que los sigan humillando. Hay que construir una alternativa democrática, con desarrollo, progreso y reconociendo al otro”, continuó Del Gaiso.

A la vez que concluyó señalando que “no es sólo amarillo ni es violeta. Hay que volver a intentarlo en la Ciudad, para que haya tres senadores y diez diputados no kirchneristas en octubre”.

No fue sorpresa, porque se venía hablando de eso desde hace tiempo, pero finalmente se formalizó este jueves. Fue a través de un decreto, que deroga otro decreto, el 2226, del año 2008, por el cual se le otorgaba a la Unidad de Información Financiera la facultad de querellar en causas de lavado de capitales. A partir del decreto que acaba de firmar Javier Milei, esa potestad ha desaparecido.

De tal manera, a partir de ahora la UIF ya no puede ser querellante en causas de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y/o de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El argumento utilizado es una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que señala que esa potestad puede “afectar su autonomía e independencia operativa”.

El extitular de la UIF en tiempos de Cambiemos, Mariano Federici, alertó que “una UIF debilitada, despojada de la facultad de querellar, fue siempre el anhelo de los más corruptos de Argentina. No es casual que quienes impulsaron esta medida, hayan sido los mismos operadores, disfrazados de expertos, que militaron siempre impunidad”.

Desde la Coalición Cívica salieron varios de sus diputados a cuestionar la medida. “¿Un decreto a favor de la impunidad?”, se preguntó el diputado Maximiliano Ferraro, quien posteó este jueves: “Nada más turbio que impedir que la UIF actúe y se constituya como querellante en causas de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. ¿Qué le pasa a Milei? ¿Para qué hacen estas cosas? El decreto de hoy protege a los delincuentes y deja a la sociedad a merced de algún fiscal voluntarioso frente a este tipo de delitos. La UIF fue una herramienta clave para impulsar investigaciones y evitar la impunidad en las causas más graves del país”.

A su vez, Paula Oliveto Lago sostuvo que “son días de revelación. Ahora, por orden de Milei, la UIF no puede querellar a ladrones, narcos y lavadores de dinero. Se caen muchas caretas: no les importa Ficha Limpia ni recuperar lo robado”.

“Que este tiempo de reflexión nos sirva para renacer en la búsqueda de verdad y justicia”, acotó Oliveto.

A su vez, Marcela Campagnoli recordó que “los triunfos e investigaciones que tuvo la UIF cuando querelló, fueron derrotas para los corruptos y narcos”. “Debemos ser guardianes de un Estado obediente a la Constitución y sus leyes. Tenemos que generar ese cambio de conciencia donde la verdad sea un valor, la justicia un fin y la idoneidad técnica y moral para los cargos públicos un requisito habitual”, agregó la diputada de la Coalición Cívica, que agregó que “no solo fueron causas de políticos, sin la intervención UIF por ejemplo, en el proceso el clan Alé (trata de personas) éste hubiese quedado impune”. Y continuó: “O en la causa Luis XV (narcolavado), donde el fiscal fue reportado por su muy cuestionable accionar, y la UIF se presentó y querelló; sino también hubiesen tenido plena impunidad. Es importante poder tener rol de querellante para poder impulsar causas cuando algunos las ‘planchan’”.

En conclusión, agregó la diputada de la CC: “Esta decisión solo beneficia a los corruptos, al poder y al dinero mal habido. Y más aún, es contrario a ‘la lucha contra la corrupción y las castas’, que Milei había asumido frente a la sociedad”.

A su vez, el exdiputado nacional radical Alvaro de Lamadrid habla de “decreto de la impunidad” y sostuvo que con esto “se concreta el anhelo de Barra, Cúneo Libarona y los Milei de quitar facultades de querellar a la UIF, es parte de la "tabula rasa", más ahora que se vienen las elecciones y están comprando dirigentes de todos los partidos, sin importar si delinquieron”.

Luego de que se anunciara oficialmente que el jefe de Gabinete Guillermo Francos concurrirá el miércoles 16 de abril para informar sobre el escándalo cripto, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reclamó tanto a ese funcionario, como al secretario Parlamentario Adrián Pagán “respetar la Constitución y el reglamento de la Cámara”.

“Acaban de convocar una sesión especial para el 16 de abril, generando un enchastre institucional sin precedentes”, sostuvo el presidente de la Coalición Cívica.

Ferraro sostuvo que “después de meses de incumplimiento (solo realizó 3 de los 9 informes obligatorios en 2024), “el jefe de Gabinete de Ministros finalmente se digna a venir a Diputados. Pero ahora pretenden mezclar su informe constitucional mensual (art. 101 de la Constitución) -que incluye más de 4.000 preguntas realizadas por los diputados- con un ‘informe voluntario’ sobre el caso $LIBRA, que de ningún modo cumple con los términos de una eventual interpelación o pedidos de informes requeridos al amparo de los arts. 71 y 100 inc. 11 de la Constitución Nacional”.

Para Ferraro, “la maniobra es clara: quieren dar un informe corto, vacío, a medida del jefe de Gabinete, del presidente de la Nación y de la secretaria general de la Presidencia. Lamentamos informarles que no funciona así”.

“Hay una Constitución y un reglamento que respetar”, agregó Ferraro, que enumeró a continuación:

🔴 Los pedidos de informes e interpelación por el caso LIBRA aún no fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Por tanto, el JGM no puede anticiparse ni fijar condiciones. Debe comparecer cuándo y cómo lo decida el cuerpo, según se establecerá el próximo martes en la sesión especial.

🔴 El informe mensual sobre la marcha del Gobierno es una instancia de rendición de cuentas distinta e independiente de las otras previstas en la Constitución. Mezclarlas es vaciar de contenido la función de control del Congreso.

🔴 El secretario Parlamentario no puede suplantar la voluntad del Cuerpo ni violar lo dispuesto en el art. 204 del Reglamento. Tampoco puede ignorar ni vulnerar la voluntad de los legisladores expresada en el Orden del Día 761, que ha solicitado interpelaciones no solo al Jefe de Gabinete, sino también a otros funcionarios nacionales por el tema $LIBRA. Vale recordarle que las órdenes del día (OD) aún no han sido tratadas ni aprobadas por esta Cámara, y que pueden ser modificadas o rechazadas por el pleno.

Ferraro no tiene dudas de que “han convocado esta sesión informativa de manera malintencionada y provocativa, a sabiendas de la sesión requerida para el próximo martes 8. Lo han hecho, además, sin considerar (o sí) que será solo un día después de la finalización de Pesaj y en plena Semana Santa y Pascua cristiana. Es una falta total de respeto que solo busca impedir el efectivo control del Congreso e invisibilizar la verdad sobre LIBRA”. Advirtió el diputado de la Coalición Cívica que “será fáctica y logísticamente imposible que, en el último día de una semana de solo tres días hábiles, a las 14.30 horas, se respondan más de 4.000 preguntas realizadas por los diputados y, además, se pueda abordar el caso de la criptomoneda”.

“Lo que está en juego no es un tecnicismo parlamentario, sino el respeto por las instituciones, la división de poderes y el rol de esta Cámara como contralor del Poder Ejecutivo”, observó Maximiliano Ferraro.

Y cerró: “Señor presidente de la Cámara y secretario Parlamentario, como ya se lo he manifestado en reiteradas oportunidades, deben representar a la totalidad del cuerpo y no únicamente a una facción o parcialidad. ¿Realmente pretenden que nos prestemos a esta ficción y puesta en escena que desean llevar a cabo?”.

A través de una nota, los diputados de la Coalición Cívica le solicitaron al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que "proceda a instar en forma inmediata los procedimientos para la designación de los tres auditores generales como integrantes de la Auditoría General de Nación en representación de la Cámara de Diputados".

La misiva fue presentada a raíz de la situación de parálisis en la que entrará el organismo, con el vencimiento de los mandatos de los representantes por el Senado. En tanto, los auditores por Diputados se encuentran vacantes desde hace un año.

Los legisladores citaron el artículo 122 de la Ley 24.156, el cual establece que los seis auditores serán designados por resolución de ambas cámaras del Congreso, correspondiendo tres al Senado y tres a Diputados, "observando la composición de cada cámara".

Mientras que el artículo 85 de la Constitución Nacional establece que "el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo". A su vez, indica que "el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre su desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la AGN".

"La AGN desempeña un rol fundamental sobre el control externo de todo el sector público nacional. Sin embargo, la Cámara de Diputados tiene pendiente la designación de sus representantes desde el mes de abril de 2024, cuando vencieron los mandatos de sus representantes", recordaron.

En la nota, los cívicos subrayaron que "a partir de ese momento, la AGN funciona de forma incompleta, con 4 de sus 7 auditores y es inminente el vencimiento de los representantes de la Cámara de Senadores por lo que el organismo de control quedará totalmente paralizado, sin autoridades más allá de su presidente".

"Tal circunstancia es de una gravedad institucional que impediría al Poder Legislativo cumplir con la función de control que la Constitución Nacional le asigna, ya que no podrá contar con los dictámenes del organismo de asistencia técnica que es la AGN", enfatizaron.

Finalmente, los diputados aseguraron que "es responsabilidad del presidente de esta Cámara instar el procedimiento para la designación de auditores generales" y, en ese sentido, le pidieron "se dé tratamiento en forma inmediata, a fin de evitar la paralización y acefalía de la AGN".

En el marco del cierre de inscripción de alianzas, Paula Oliveto Lago confirmó que la Coalición Cívica (CC ARI), el partido encabezado por Elisa Carrió, participará de estos comicios con una nómina de candidatos propia y aseguró que “la Ciudad perdió el foco”.

En ese sentido, la diputada nacional aseveró que “no vamos a dejar que usen a los porteños para medir quién tiene más poder y cargos y después los abandonen” e informó que su “compromiso es con esta ciudad a la que pertenezco desde que nací en Mataderos. Nos preocupa la inseguridad, el desorden y la mugre”.

Asimismo, expresó que “la Coalición Cívica inicia esta campaña electoral con una lista de candidatos integrada por personas que han dado testimonio de lucha contra la corrupción, que han defendido a los jubilados y a las pymes de la Ciudad y frente al abuso de las prepagas” y resaltó que creen “en el orden de las cuentas públicas, la austeridad y la libertad para emprender y generar empleo”.

“Vemos una Ciudad que perdió el foco. Vamos a promover una ciudad que recupere su carácter, una identidad plural, moderna, creativa, una que defienda la educación como el principio de todo lo bueno”, continuó y concluyó planteando que “el 18 de mayo no se elige jefe de Gobierno, se elige quien representara mejor a los porteños en la Legislatura. Por eso nuestra lista está abierta a los mejores referentes de nuestra sociedad”.

La sesión en la Cámara de Diputados que se desarrolló este miércoles 12 terminó en un fuerte escándalo en un “todos contra todos”, donde hubo peleas, forcejeos entre diputados libertarios, gritos y duras acusaciones.

Ante ese panorama, el diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, le exige al presidente de la Cámara baja Martín Menem que, en virtud de lo establecido en el artículo 188 del Reglamento Interno sobre sanciones disciplinarias, se aplique de inmediato el procedimiento correspondiente en la próxima sesión porque “no se puede pasar por alto”.

Ferraro explicó que “esta disposición resulta pertinente ante la coacción ejercida por el diputado Lisandro Almirón y otros miembros de LLA durante la sesión especial del 12 de marzo, dirigida a varios diputados que decidieron permanecer en sus bancas, con el objetivo de romper el quórum reglamentario mediante intimidación”.

El libertario Almirón se le fue al humo a Oscar Zago, entre gritos y reproches de traición. Hubo manotazos y empujones en medio de la furia. El enojo de LLA contra el MID, habitual aliado, también pasaba porque sus tres miembros habían dado quórum para abrir la sesión y votaron a favor del emplazamiento para tratar una comisión investigadora por el escándalo cripto.

Por su parte, las libertarias Marcela Pagano, Rocío Bonacci, Lilia Lemoine y María Celeste Ponce protagonizaban otro capítulo de la novela que las enfrenta. Solo que esta vez pasaron de las redes sociales a la acción. El dúo de Lemoine y Ponce estaban con sus celulares filmando a Pagano y Bonacci, acusándolas de dar quórum “junto al kirchnerismo”. Bonacci reaccionó tirándoles un vaso de agua.

“El artículo 188 establece que, si la gravedad de las faltas lo justifica, la Cámara, por indicación del presidente o moción de cualquier miembro, debe decidir, por mayoría absoluta, si corresponde hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución Nacional, creando una comisión especial para investigarlas. Si este procedimiento no se lleva a cabo, presentaré una moción al respecto”, planteó el diputado de la CC.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución para exigirle una serie de informes al Poder Ejecutivo Nacional vinculados al ingreso de Laura Belén Arrieta, una joven que llegó a la Argentina desde los Estados Unidos que, según versiones periodísticas, “no fue requisada” por una “orden de arriba”.

El caso que mencionan en el texto se trata de la información brindada por el periodista Carlos Pagni el lunes por la noche en su programa en LN+, donde habló de “revuelo en Aduana” por la llegada de Arrieta la semana pasada. Asimismo, dijo que la joven está “aparentemente ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el núcleo en el que participa mucha gente del gobierno y donde está Donald Trump, por lo que Javier Milei viajó a Estados Unidos hace unas semanas”.

Por la rapidez de las interacciones en X, la supuesta cuenta oficial de la joven Laura Belén Arrieta, bajo el usuario @LauraBArrieta, pasó de ser pública a tener el candado y limitar el acceso a sus seguidores. En su perfil, se observaron fotos junto al presidente de la Nación en la cumbre de la CPAC.

La foto publicada por la presunta cuenta de Laura Belén Arrieta en los últimos días.

Rápidamente, el hecho tuvo repercusiones en X, donde los usuarios hicieron tendencia “Antonini Wilson”, al recordar el caso del empresario venezolano que arribó a la Argentina en agosto del 2007 con una maleta con 790.550 dólares que no había declarado a su llegada y que posteriormente fueron decomisados. Por ese caso, se abrieron tres procesos judiciales en Argentina, Venezuela y los Estados Unidos.

Así las cosas, el caso mencionado fue recordado en los fundamentos del proyecto firmado por Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Paula Oliveto Lago.

‼️ QUÉ NO HABÍA QUE MIRAR

El periodista Carlos Pagni reveló en Odisea Argentina que se habrían liberado los controles de la Aduana para Laura Belén Arrieta, una mujer que arribó a la Argentina con “muchas valijas” desde Miami. Según su relato, hubo una orden clara: “No hay que… pic.twitter.com/gMVDCF8wgq

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 11, 2025

Para ello, la presentación del pedido de informes de la CC solicita fecha, hora, aeropuerto, datos y plan de vuelo de la llegada de Arrieta; documentación pública del vuelo privado por que el que aterrizó; información sobre los controles que la joven realizó al llegar; el nombre de los agentes que intervinieron; razones por las cuales no se habrían hecho los controles; y los registros fílmicos del ingreso de la aeronave y la pasajera.

“En caso de haberse producido irregularidades, es indispensable identificar a los responsables jerárquicos que pudieron haber impartido instrucciones en contravención a las normas vigentes. La ciudadanía tiene derecho a conocer si las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley han actuado con transparencia y legalidad o si, por el contrario, han sido utilizadas con fines discrecionales o ilegales”, afirmaron los diputados firmantes del proyecto.

A través de un posteo con el informe periodística, Ferraro advirtió que "si el Gobierno predica la transparencia, debería esclarecer de inmediato este episodio". Luego, cerró que "la discrecionalidad en los controles aduaneros no solo compromete la seguridad y la legalidad del comercio exterior, sino que también evidencia un doble estándar inaceptable".

El bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica bonaerense le envió una carta al titular del Instituto de Obra Médico Asistencial, Homero Giles, para pedirle explicaciones sobre las acciones que se están desarrollando para abordar la grave situación de IOMA. “Es preocupante que el gobernador Axel Kicillof no haya mencionado nada al respecto” en la apertura de las sesiones en la legislatura bonaerense, advirtió.

Los diputados provinciales Maricel Etchecoin, Luciano Bugallo y Romina Braga alertaron que el gobernador Kicillof evitó referirse a la crisis que sigue atravesando IOMA en su discurso ante la Legislatura pese a que “son más de 2 millones de bonaerenses los que esperan respuestas” y aseguraron que esta obra social “debería ser autárquica”.

“El año 2024 dio cuenta de la aguda crisis que padece el Instituto. La falta de descuento de medicamentos con cobertura en locales de expendió autorizados, la carencia de entrega de medicinas para ciertas enfermedades, la no provisión de accesorios, como ser material ortopédico, protésico y otro tipo de elementos, son algunos de los graves problemas que denuncian los afiliados”, detallaron en el escrito.

“A eso se le sumó, el conflicto con FEMEBA que tantas perjudiciales consecuencias acarreó para los profesionales de la salud y fundamentalmente para los afiliados que, en muchas ocasiones quedaron sin cobertura alguna, teniendo que ser atendidos como pacientes particulares”, agregaron.

En la misiva, el bloque de la CC le pidió a Giles el detalle de las acciones que están llevando a cabo. “Resulta extremadamente necesario toda vez que en el discurso del día miércoles 5 de marzo, en lo que fue la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el Sr. El Gobernador no mencionó nada al respecto”, alertó.

“En relación a esta lamentable situación hemos presentado pedidos de informes que hasta el momento no obtuvieron respuesta, así como acompañar el pedido de interpelación en virtud de la función que ejerce. Dado este contexto, desde nuestro espacio esperábamos que en el comienzo del año legislativo el Gobernador nos pueda brindar la información que durante el 2024 no fue dada a través de sus funcionarios”, se remarcó en la carta enviada a Giles.

Por su parte, Maricel Etchecoin -que preside el bloque de la CC- dijo que "los hospitales y centros de salud de la provincia están colapsados. La crisis del sistema de salud es innegable. Lamentamos profundamente que siga sin hacerse cargo de la crisis de IOMA y el desamparo de miles y miles de afiliados”.

A su vez, Romina Braga alertó que “la gestión de Kicillof demuestra que el problema no es el tamaño del Estado, sino su ineficiencia. Seguimos enfrentando una burocracia que paraliza las soluciones y no responde a las necesidades reales de los bonaerenses”.

En tanto, Luciano Bugallo aseguró que “no sabemos qué pretende este año Kicillof para los bonaerenses, qué leyes vamos a discutir, cuando vamos a tratar el Presupuesto o la Ley Fiscal, por ejemplo”.

En materia de seguridad, por otra parte, el bloque de la CC presentó un proyecto para crear una comisión investigadora del narcotráfico, desarmaderos y metaleros y reiteró el pedido de interpelación del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. En paralelo, instó al Congreso nacional a tratar de forma urgente la ley de responsabilidad penal juvenil y, en ese sentido, consideró que “es una herramienta fundamental para abordar la participación de menores en hechos delictivos y fortalecer el sistema de justicia en relación con este sector de la población”.

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cruzó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por sus críticas a la líder de su partido Elisa Carrió: “Su obediencia ciega no los exime a Javier y Karina Milei a dar explicaciones ante la Justicia”.

Carrió confirmó que pretende volver al Congreso en las elecciones legislativas de este año y que se presentará como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. En ese marco, se refirió al escándalo cripto y deslizó que una de las principales responsables del fue la secretaria general de presidencia, Karina Milei, a quien caracterizó como “la cajera”. “Como dije en 2003 que la cajera era De Vido y después Lázaro Báez, ahora la cajera es Karina Milei”, advirtió y apuntó contra el presidente: “Lo veo autoritario”.

Al respecto, fue el jefe de Gabinete quien le salió a responder y a respaldar a los hermanos Milei: Ella ha hecho denuncias importantes, muchas sin éxito… En el mismo programa que anuncia su candidatura denuncia a Karina Milei. A ver, me parece más o menos lo mismo que los tuits de Cristina Kirchner, están en campaña política, pero es un poco irresponsable asignar responsabilidades sin pruebas, es irresponsable hacer estas cosas, estas denuncias públicas, cuando no hay pruebas”.

Ahí, fue Ferraro quien le retrucó a Francos: “Su confianza es obsecuencia y obediencia”, y le planteó: “Las falsas comparaciones y ataques contra Carrió no van a ocultar la gravedad de los hechos del 14 de febrero. Usted dice tener absoluta confianza en Karina Milei y el Presidente, pero su obediencia ciega no los exime a ellos de dar explicaciones ante la Justicia y a Ud. frente al Congreso”.

“No es la primera vez que los defensores del corporativismo político nos acusan de locos por denunciar maniobras espurias y abuso de poder. Lo hicieron en los 90 menemistas con su amigo Cavallo, en el kirchnerismo y ahora lo hace usted para defender a Karina Milei y su hermano. Esta vez no será distinto”, le enrostró.

Retirada de la política en 2020, antes de la pandemia, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió acaba de confirmar que volverá a ser candidata a diputada nacional. Esta vez por la provincia de Buenos Aires.

Lo hizo a través de las redes sociales, donde también reconfirmó que Paula Oliveto va a ser la candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por la Coalición Cívica. Y en otro posteo, aclaró que la Coalición Cívica va a ir sola en las próximas elecciones, porque “estamos en desacuerdo con el financiamiento electoral”.

Mucho se había especulado con la eventual candidatura de Elisa Carrió, teniendo en cuenta que concluida la experiencia de Cambiemos ella anunció que dejaría la política y renunció a su banca cuando le quedaban todavía dos años de gestión.

Lo cierto es que, según adelantó la fundadora de la CC, finalmente probará fortuna en la provincia de Buenos Aires, un distrito difícil, pero en el que ya quiso en su momento incursionar. Atento a su residencia en Capilla del Señor, siempre se dijo que esa mudanza tenía objetivos electorales. Se hablaba de ello siendo ella oficialismo y principal referente de Cambiemos durante la administración de Mauricio Macri. Íntimamente ella hubiera querido ser candidata a senadora nacional en 2017 por Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires. Le seducía enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner, pero finalmente el Gobierno de Macri optó por presenatr allí una fórmula Pro “pura”, con Esteban Bullrich y Gladys González. Ahora muy probablemente pueda sacarse el gusto de enfrentar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en ese distrito.

En caso de consagrarse diputada, sería el séptimo mandato que le toque afrontar. Los primeros dos, en 1995 y 1999, fueron al frente de listas del radicalismo por el distrito chaqueño.

Ya  a partir de 2009 comenzó a candidatearse por la Ciudad de Buenos Aires, más allá de tener domicilio en su provincia natal. Ahora se suma a la contienda electoral con la esperanza de mantener un buen número de diputados de su partido en el Congreso. Recordemos que en la actualidad son 6 los diputados de la CC, de los cuales 4 terminan sus mandatos a fin de año. Ella confía en que su figura permita albergar grandes expectativas para esta elección.

A 20 días del mensaje publicado por el presidente Javier Milei en el que promocionó la criptomoneda $LIBRA y el posterior escándalo, los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, presentaron una denuncia penal contra la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei, en la que piden que se la investigue por cohecho, tráfico de influencias e infringir la Ley de Ética Pública.

La presentación ante la Justicia se da en el marco de la investigación por las denuncias contra el entorno presidencial de presuntos pedidos de dinero para acercarse al jefe de Estado. En la petición, los legisladores mencionaron al trader Hayden Davis y una acusación contra el Poder Ejecutivo Nacional vinculada al “mecanismo implementado para obtener entrevistas presidenciales”.

En la denuncia presentada este miércoles, los diputados de la CC plantearon que “a partir de una filtración en la Deep web se habría dado un presunto diálogo con mensajes de texto en el que, el nombrado -creador del token libra- y titular de la empresa ‘Kelsier Ventures’ se jactaba de su influencia”, con la secretaria general de la Presidencia de la Nación.

En otro punto, mencionaron que “en la Justicia de Estados Unidos, la nombrada (Karina Milei) está acusada de ser quien coordinó las reuniones entre el presidente (de la Nación) y los promotores de la polémica cripto”.

En la denuncia a la que accedió parlamentario.com, los diputados señalaron que "a ella se la señala como la que facilitó los actos preparatorios con el nombrado y con Mauricio Novelli, CEO de la empresa N&W Partner".

"En esta misma línea resulta procedente suponer que la nombrada le dio reiteradas entradas a la Casa Rosada y Quinta de Olivos, para reunirse con el Presidente de la Nación, a todos los implicados en lo que se diera en llamar 'Cypto $LIBRA' y que, éste generoso y reiterado pase, haya sido tarifado de uno u otro modo", aseveraron.

Además, detallaron que los ingresos registrados oficialmente de Mark Hayden Davis datan del día 11 de junio del año 2024. Y mencionan otro, del día 16 de julio del año 2024 junto a Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy.

En el final, Ferraro y Frade advirtieron que "si las entrevistas y encuentros presidenciales para el destino que fuera, pasaban sólo por las manos de la denunciada, tendrá que ser materia de indagación, el recorrido de esa recaudación".

La CC no tiene representación en el Senado. Si la tuviéramos no tengo dudas que esa cueva funcionaría distinto. El proceso de nominación de Lijo a la Corte es un ejemplo.

Les cuento qué hicimos recientemente y en el pasado también.

Elisa Carrió denunció por asociación ilícita, lavado, coimas y tráfico de influencias a los hermanos Ariel y Alfredo Lijo, entre otros. La denuncia fue ampliada en 2019 con información sobre los vínculos de los Lijo con la familia Corach y el caso “Siemens”.

Con Paula Oliveto denunciamos a Lijo ante el Consejo de la Magistratura por el trámite de la causa “Siemens”.

2023: lo denuncié ante el Consejo por su intervención en la causa de la Obra Social del Poder Judicial. La tramitaba con arbitrariedad para beneficiar a Lorenzetti,

En el plenario de las Comisiones en la que tramitó la ley “Bases” le pregunté al Ministro de Justicia, Cuneo Libarona, si el gobierno tenía pensado promover la designación de Ariel Lijo a la Corte Suprema y también si era un chiste. Nadie de otro partido se hizo eco.

La Oficina del Presidente de la Nación, a través de la red social X, anunció la nominación de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.

El mismo día, el partido Coalición Cívica emitió un comunicado anunciando que impugnaría su candidatura.

Los demás partidos... ¿?

Se publicó en el Boletín oficial la propuesta de Lijo para cubrir la vacante en la Corte.

Carrió, y el bloque de diputados lo impugnamos formal y fundadamente ante el Proceso de preselección llevado a cabo en el Ministerio de Justicia.

Sin contestar las impugnaciones hechas ante el Ministerio ingresó el pliego al Senado.

Carrió y el bloque de diputados lo impugnamos ante la comisión de Acuerdos del Senado.

Enviamos decenas de preguntas para ser leídas en la audiencia pública. Se leyeron muy pocas.

Desde aquel momento bregamos para que el Senado lo rechace. Salvo honrosas excepciones los senadores o fueron cobardes o se dedicaron a negociar secretamente.

En comunicados, hoy algunos lloran por la designación por decreto. Sospechosamente solo lloran, pero no hacen nada más.

La Coalición Cívica presentó este lunes una denuncia penal, firmada por Elisa Carrió y los diputados nacionales Juan Manuel López (jefe del bloque); Maximiliano Ferraro (presidente del partido); Mónica Frade; Victoria Borrego y Marcela Campagnoli, en la que requiere a la Justicia que investigue la posible comisión de los delitos de estafa, cohecho o dádivas promovidos desde el Poder Ejecutivo, luego de que el presidente Javier Milei promoviera una inversión en criptomonedas a través de una red social.

La diputada Paula Oliveto no firmó el escrito porque integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara. La denuncia se encuentra en el juzgado de la jueza María Servini y el fiscal que interviene es Eduardo Taiano.

“Venimos a peticionar que se investiguen los hechos que tomaron estado público el pasado día 14 de febrero, vía la red X, a través de la cuenta oficial del mismísimo presidente de la Nación, Javier Milei, por la posible comisión de delitos de acción pública (artículos. 256 o 259 del Código Penal) o la posible participación en otros ilícitos penales que pudieran haber cometido terceros, cuya configuración s e pudiera acreditar durante la investigación”, plantea la denuncia.

El artículo 13 del Pacto de San José establece que el derecho de las sociedades a saber implica, en consecuencia, el deber inexcusable de la prensa libre de informar sobre toda la operatoria de estafa o defraudación que haya contado con la participación, a título de promoción,…

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) February 15, 2025

En esa línea, agrega que “solicitamos se determinen las eventuales responsabilidades penales de funcionarios públicos y de las personas que pudieran estar involucradas en los sucesos relatados, así como el grado de participación de cada uno de los mismos”.

Estaríamos ante un presidente que promociona en su cuenta X una criptomoneda que estaría vinculada a estafas virtuales”, sostiene el escrito.

La presentación de la CC recuerda que “siendo diputado nacional, Milei promocionaba y daba cursos de ‘capacitación’ sobre inversión en la consultora ‘NW’, empresa que como anticipamos, tiene como CEO a Mauricio Novelli y su socio Torrones Godoy. Por entonces mientras sorteaba su dieta como legislador, percibía honorarios por los ‘cursos de capacitación’ que promocionaba esa empresa, a través de un personaje que ya era sumamente mediático y que, por ende, atraía participantes a estos cursos”.

La denuncia menciona, también que “uno de los participantes de ese Foro, el señor Charles Hoskinson, cofundador de las criptomonedas Ethereum y Cardano y referente mundial del universo de "criptos" afirmó que ese evento organizado por Mauricio Novelli y su entorno, de vínculos con el presidente, le sugirió pagar para obtener una entrevista con Javier Milei.

Según sus afirmaciones en ese Foro s e sitúa el germen de ese proyecto. Todo esto ha sido público a través de un video de 15 minutos en su cuenta X. Hoskinson apareció en una foto grupal con Novelli y con Milei, pero sostuvo su negativa a acceder a una reunión privada y a una fotografía individual con el Presidente de la Nación”.

“El presidente es economista, su expertise es precisamente el asesoramiento en inversiones financieras; sus antecedentes así lo revelan. Vivió los últimos años previos a su cargo de Presidente de la Nación, asesorando importantes grupos económicos. Se auto percibe y promociona, como el mejor del mundo. Todo esto descarta un equívoco y, los hechos relatados, comportan una sucesión de ‘actos preparatorios’ de la posible estafa consumada”, aseguran los dirigentes de la CC.

“Es necesaria una investigación independiente, rigurosa, seria y transparente. El Gobierno no puede ser juez y parte”, precisaron y concluyeron: “Nosotros preferimos corrernos de la polarización que resulta funcional al kirchnerismo y a y La Libertad Avanza, y cumplir con el rol que nos toca en el Congreso”, señalaron.

“Creemos que sería muy valioso que el presidente brinde, dado el compromiso republicano que dijo tener, una conferencia de prensa con periodistas de todos los medios, en la que se pueda preguntar y repreguntar”, añadieron.

La Coalición Cívica le mandó una carta al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, firmada por Elisa Carrió; su presidente Maximiliano Ferraro; por el legislador porteño Hernán Reyes y el abogado Federico Esswein, en la que solicita una serie de medidas concretas para bajar los precios de los medicamentos.

La nota presenta una serie de propuestas que tienden a mejorar la competencia en el mercado farmacéutico argentino y a fortalecer la transparencia de las compras que realiza el PAMI y que afectan a todo el mercado. Se incluye una copia de la denuncia presentada por la Coalición Cívica en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por la cartelización de los laboratorios.

En doce páginas de fundamentación elaborado por el equipo técnico de la Coalición, se proponen ocho medidas específicas:

1. Transparentar la adquisición de los medicamentos con coberturas más altas del PAMI.

• ○ Diferenciar la compra de medicamentos según el Índice de Herfindahl Hirschman (HHI), basado en la cantidad de oferentes para cada principio activo:

▪ HHI ≤ 2500: Compra mediante licitación pública con precios de referencia.

▪ HHI > 2500: Negociación directa con la industria farmacéutica con opción de licitaciones internacionales.

• ○ Eliminar la intermediación de ACE Oncología y FARMALINK S.A., reemplazándolas por una gestión directa del PAMI.

Reforma del sistema de precios de los medicamentos

• ○ Eliminación del modelo de precios precompetitivos fijado por el Convenio Marco del PAMI.

Esto libera al mercado de regirse por los precios de lista que publican los laboratorios en K@iros.

• ○ Para los medicamentos con protección de patente o catastróficos, se propone la implementación de un sistema similar al modelo español de fijación de precios basado en costos y valor terapéutico.

Fomento a la competencia de medicamentos genéricos y biosimilares

• ○ Promoción activa de la compra de biosimilares para reducir costos de tratamientos complejos.
• ○ Identificación clara de todos los medicamentos genéricos en los envases, para promover la competencia en góndola y la transformación de los hábitos de consumo.
• ○ Reformas regulatorias para abaratar la validación de genéricos y biosimilares.
• ○ Aceptar la adecuación de la presentación de los medicamentos prescriptos a otras presentaciones equivalentes.

Creación del Sistema Integrado OYTE (Oncológicos y Tratamientos Especiales)

• ○ Concentración de la negociación de medicamentos de alto costo y baja incidencia entre el subsistema público, PAMI y otros actores del sistema de salud.
• ○ Implementación de un modelo de adquisición única para fortalecer el poder de compra y reducir costos.
• ○ Distribución del costo de acceso OYTE a partir de un sistema solidario de financiamiento que sustituya al SISTEMA UNICO DE REINTEGRO (S.U.R.).
• ○ Redirigir la función de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (CONETEC) en la definición de protocolos médicos, bajo estándares internacionales, para los tratamientos de alto costo.

Reforma de la ANMAT y otros organismos regulatorios

• ○ Mayor independencia de la ANMAT del lobby farmacéutico, a partir de la participación en procedimientos específicos por parte de la CNDC y de la Superintendencia de Servicios de Salud.
• ○ Publicación en tiempo real de los plazos de aprobación de nuevos medicamentos.

Regulación de la integración de la industria farmacéutica

○ Severa restricción de la integración vertical de laboratorios con distribuidores y droguerías.

○ Prohibición de la integración cruzada entre competidores ya sea de manera vertical o de mercados adyacentes.

Garantía de acceso equitativo al sistema de salud

• ○ Reforma del sistema de medicina prepaga y obras sociales para eliminar barreras económicas de acceso a tratamientos por enfermedades crónicas o

preexistentes. Basados en el impacto del Sistema Integrado OYTE.

• ○ Incorporar el componente de seguro de retiro al valor de la prestación de salud a los efectos de mantener las cuotas para adultos mayores de prepagas y obras sociales conforme la movilidad jubilatoria y/o inflación.

Fomento de la investigación y desarrollo en Argentina

• ○ Protección de patentes y datos de estudios clínicos para atraer inversiones en innovación.
• ○ Acuerdos de suministro a precio de costo para el sistema de salud argentino durante la vigencia de patentes de medicamentos desarrollados en el país o

cuyos estudios clínicos se hayan realizado con las facilidades del país.

Las medidas propuestas por la Coalición Cívica tienen por objetivo reducir los costos de los medicamentos para todos los argentinos y fortalecer la sostenibilidad de los subsistemas de salud, manteniendo el estándar de acceso.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a Hernán Reyes, presentaron una denuncia penal que está tramitando en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, por el robo que varios laboratorios hicieron al PAMI durante 2023.

“Hemos podido acreditar un millón de dólares de desfalco en tan solamente 8 medicamentos oncológicos que tomamos de muestra en operaciones de 5 laboratorios donde el mismo medicamento se pagó hasta 14 veces más”, detalló a modo de ejemplo el legislador porteño.

Según Reyes, “esto es la punta del iceberg. Por ese motivo nos presentamos en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para denunciar el cartel de los laboratorios”.

La investigación de los dirigentes de la CC demandó un año entero y allí figuran denunciados la agencia de colaboración empresaria Agrupación para la Administración de Contratos de Oncologiá y Tratamientos Especiales; el Laboratorio Elea Phoenix SA; GPPharm SA; el Laboratorio Kemex SA; Biosidus SAU, y Laboratorios Raffo SA, por el presunto delito de defraudación contra la administración pública.

La denuncia va también contra la exdirectora del PAMI y actual diputada nacional Luana Volnovich por la misma calificación legal, más la calificación de incumplimiento de los deberes de funcionario público establecido en el artículo 248 del Código Penal de la Nación.

A partir de una serie de pedidos de acceso a la información pública, los denunciantes obtuvieron los precios abonados por el PAMI, respecto de 8 diferentes medicamentos compuestos por los principios activos anastrozol, ciclofosfamida, letrozol, docetaxel, bevacizumab, rituximab, enzalutamida, y erlotinib, destinados al tratamiento de padecimientos oncológicos. Del contraste de los dos mecanismos de adquisición empleados por el PAMI durante 2023 para los referidos medicamentos, emergen diferencias de precio que no son acordes con justificaciones de mercado y/o de métodos de pago. Siendo que el proceso de compra de los medicamentos supone una cierta dificultad técnica, la denuncia detalla que el PAMI adquiere medicamentos por medio de dos procedimientos diferenciados: el Convenio Marco y las Licitaciones Públicas. Históricamente existió lo que se conoció como el Convenio PAMI-Industria, un sistema destinado a garantizar el acceso a medicamentos a los afiliados del PAMI a precios acordados y con una financiación conjunta entre las partes involucradas. En dicho convenio participa la industria farmacéutica representada por cámaras sectoriales como CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), Cooperala (Cooperativa de Laboratorios Argentinos), y CAEME (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales). Por su lado, PAMI actúa como el organismo pagador y negociador en representación de sus afiliados, y las farmacias son los puntos de distribución, bajo condiciones de venta reguladas por el convenio.

Durante el 2023, se adquirieron 211.966.441 unidades de medicamentos del tipo ambulatorio por un total de $421.608.229.276,73 a través del sistema del Convenio Marco, conforme la información proporcionada por el PAMI la respuesta al pedido de acceso a la información pública. Asimismo, se adquirió 1.178.974 unidades de medicamento o de tratamiento de los considerados “especiales” siendo estos proporcionados en unidades hospitalarias u otros modos no ambulatorios. Respecto de este último se gastó en total $112.079.605.049,21. En lo que respecta a las licitaciones públicas gestadas durante el 2022 pero por medicamentos requeridos o pagados en 2023, Carrió y Reyes encontraron que se adquirieron un total de 986.116 medicamentos por $12.274.411.280,03. Del análisis de los medicamentos adquiridos por las licitaciones públicas LP 44/2022 y LP 79/2022, se puede llegar a la conclusión que se han centrado en medicamentos para patologías raras, crónicos como VIH y oncológicos.

Señalan los denunciantes que “si la lógica economicista indicaba que los medicamentos adquiridos por Convenio Marco obtendrían precios más bajos dada la negociación directa con las cámaras, lo que no podría obtenerse con licitaciones públicas frente a principios activos que no tienen más de dos o tres laboratorios oferentes, pues los resultados de las adquisiciones de 2023 dan cuenta de exactamente lo contrario”.

La denuncia señala a continuación que “se observa consistentemente que el laboratorio GP PHARM ha logrado colocar 1098 unidades de anastrozol de 1 mg. en 28 comprimidos durante el 4to trimestre de 2023, por un total de 13.192,01$ la unidad. Mientras que el mismo producto, por el mismo oferente y en el mismo trimestre, fue adquirido a $924 la unidad por un total de 358 unidades gracias a la Licitación LP n° 44/22. Las diferencias no suceden exclusivamente con el anastrozol sino también con el ciclofosfamida de 1000 mg que en el 3er trimestre de 2023 PAMI adquirió 869 unidades por $5.312,19, mientras que se adquirieron 4.231 unidades por $1.200 cada una en el trimestre inmediatamente anterior, adquiridos con la Licitación LP n°79/22. GP PHARM también logró diferencias llamativas para la adquisición de letrozol 2,5 mg en comprimidos de 30, también en el 4to trimestre de 2023, adquiriendo por convenio marco unos 2.632 unidades a $16.923,02 cada una”.

El mismo producto, fue adquirido en el 4to trimestre por un total 288 unidades al precio de $1.080. Lo más curioso de este caso es que en el 2do trimestre de ese mismo año se adquirieron 17.522 unidades por ese mismo precio, y 3er trimestre unas 4.179 unidades, todo a través de la Licitación LP N° 44/22. Esto significa que la administración decidió pagar 16 veces el precio para adquirir las unidades a través del convenio marco con posterioridad a haber obtenido el mismo medicamento a un precio mucho menor en la licitación.

En el caso del docetaxel de 20 mg se adquirieron 59 unidades a $19.012,86 cada una en el 4to trimestre de 2023, mientras el mismo se obtenía a $1.213 por la Licitación LP N° 44/22.

Mayor aún la diferencia respecto del docetaxel pero de 80 mg donde en el mismo 4to trimestre se obtuvieron 305 unidades a $77.958,59 y tan solamente 17 unidades por la LP por $1.950.

“Estas diferencias no las encontramos exclusivamente con GP PHARM, sino también con los productos de otros laboratorios -detalla la denuncia-. En el caso del laboratorio ELEA podemos ver cómo vendió 589 unidades de bevacizumab 100 mg en el 4to trimestre de 2023 por $91.121,33 cada una a través del convenio marco, y por Licitación Pública LP N° 44/22, 379 unidades de ese mismo medicamento las vendió a $17.000 cada una. En la dosificación de 400 mg se adquirieron 554 unidades por convenio marco al precio de $330.061,28, mientras que por la LP, ELEA vendió 468 unidades de ese mismo medicamento a $68.000. ELEA también comercializó enzalutamida de 40 mg en 120 cápsulas que una unidad obtenida por convenio marco se vendió a $376.591,11 mientras que las 534 unidades obtenidas por la Licitación LP n°79/22, se obtuvieron a $176.861,56, prácticamente a la mitad de precio. En ese rubro compite con laboratorio RAFFO que vende ese mismo principio activo con 120 cápsulas blandas por $375.646,95 por convenio marco las 204 unidades a $183.500 por unidad en la LP, replicando las diferencia de ELEA.

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica que representan a la Ciudad de Buenos Aires presentaron un proyecto de ley para afianzar y dar pleno cumplimiento la autonomía de la capital. En el texto, hacen referencia a la administración de la Inspección General de Justicia, el Puerto, la Terminal de Ómnibus Retiro y el Registro de la Propiedad Inmueble.

La iniciativa, la cual lleva las rúbricas de Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto Lago, mencionan a la reforma constitucional de 1994 y al fallo de la Corte Suprema de Justicia 2084/2017 por el que el máximo tribunal de justicia reafirma la competencia y jurisprudencia de CABA con las provincias en el marco del federalismo argentino.

Dirigidos al Poder Ejecutivo Nacional, los legisladores plantearon en el proyecto: “Para materializar dicha autonomía, resulta imprescindible la transferencia progresiva de funciones, facultades y bienes que actualmente son administrados por el Estado Nacional, pero cuyo ámbito de actuación se circunscribe al territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Asimismo, afirmaron que “la autonomía de la Ciudad implica que debe contar con facultades y recursos para gestionar los asuntos locales de manera eficiente y adecuada a las necesidades de sus habitantes”, y señalaron que se trata de “un principio fundamental para garantizar que la Ciudad pueda responder de manera eficaz a los desafíos propios de una metrópolis que concentra una parte significativa de la actividad económica, política y social del país”.

Del mismo modo, explicaron que “la transferencia también contribuye a reducir la duplicidad de funciones entre los niveles nacional y local, lo que genera una optimización en el uso de los recursos públicos y una mejora en la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía”.

Respecto a la IGJ porteña, mencionaron al fallo de la Corte Suprema, la reforma constitucional del 94 y a la Ley 24.588 (conocida como Ley Cafiero) como el “respaldo” de esta transferencia. “Estos antecedentes jurídicos no solo respaldan la iniciativa, sino que también refuerzan el compromiso de las instituciones nacionales con el cumplimiento de los principios constitucionales de federalismo y autonomía”, agregaron.

Sobre el Puerto de la Ciudad, indicaron que “es una infraestructura estratégica que influye en la planificación urbana, el comercio y el transporte local”. “La transferencia permitirá integrar su administración a las políticas de desarrollo de la Ciudad, garantizando su sostenibilidad y alineación con las necesidades de sus habitantes”, afirmaron desde la Coalición Cívica.

Respecto a la Terminal de Retiro, en el proyecto sostuvieron que “su gestión por parte de la Ciudad garantizará una coordinación más eficiente con el sistema de transporte metropolitano y una mejora en la calidad del servicio”, y agregaron que “permitirá realizar inversiones estratégicas para modernizar la infraestructura y mejorar las condiciones de trabajo de los operadores, así como la experiencia de los pasajeros”.

Por último, nombraron al Registro de la Propiedad Inmueble y cuestionaron que actualmente “dificulta la adecuación de los procedimientos a las necesidades específicas de la Ciudad”. Es por ello, que plantearon su transferencia “permitirá un acceso más ágil y cercano a los servicios registrales, fortalecerá la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias y consolidará la autonomía de la Ciudad en línea con el espíritu federal del país”.

Para cerrar, los diputados de la CC remarcaron: “Este proyecto de ley busca seguir consolidando la plena autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiéndole ejercer el control y la administración de áreas clave como la Inspección General de Justicia, el Puerto, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Terminal de Ómnibus Retiro, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la de la Ciudad”.

A casi siete meses de la publicación en el Boletín Oficial de la Ley Bases que se dio el pasado julio de 2024, el Gobierno nacional aún no reglamentó el articulado que la oposición había logrado incorporar la cual establece el pago de impuestos por parte de las tabacaleras.

Al respecto, diputados de la Coalición Cívica, encabezados por el titular del bloque Juan Manuel López, presentaron un proyecto solicitándole a la Directora Ejecutiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP-, Florencia Lucila Misrahi, y demás funcionarios competentes, informen de manera precisa y detallada, las razones de la falta de reglamentación del artículo 229 de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos cuyo objeto es asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias por parte de los sujetos pasivos del Impuesto Interno al Tabaco.

Según explicaron en el proyecto la falta de reglamentación de dicho artículo “deviene en un claro perjuicio para las cuentas públicas, ya que permite que las empresas tabacaleras declaren valores de venta inferiores a los precios efectivos, reduciendo así la base imponible a la que se aplica el Impuesto”.

“Determinadas empresas tabacaleras que, según ha trascendido, declaran al ente recaudador precios hasta un 140% inferiores a los precios efectivos de venta consiguiendo, de esta manera, evitar el pago de una parte significativa del Impuesto Interno al Tabaco”, denunciaron y sumaron: “Como consecuencia de la subdeclaración, la recaudación del Impuesto se ve fuertemente afectada, generando una pérdida que, según estimaciones, ascendería hasta los 300 millones de dólares anuales”.

López apuntó: “LA OMISIÓN DEL GOBIERNO QUE BENEFICIA AL SEÑOR DEL TABACO. Con la oposición inexplicable de algunos bloques logramos incorporar en Ley Bases legislación para poner fin a las maniobras de ciertas tabacaleras para no pagar Impuestos, 6 meses después ARCA no reglamenta nada”.

El lilito hizo alusión a la extensa sesión del pasado 30 de abril donde un sector de la oposición votó a favor de volver a incorporar a la Ley Bases el artículo 229 que había sido incluido por el Ejecutivo y luego retirado.

“La Ley de Bases establece que los cigarrillos tributan un 73% sobre el precio de venta al consumidor. Como ese precio lo declaran las tabacaleras, para evitar la subdeclaración, incorporamos un artículo para que, cuando no sea idóneo, se aplique el precio determinado por la ARCA”, explicó.

Como esto genera una pérdida de recaudación millonaria que podría ayudar a aliviar el ajuste o a reducir impuestos, hicimos un pedido de informes a la ARCA.

Nos dijeron que están “trabajando con otros organismos” y que no hay plazo específico para reglamentar. Falso 🚨 pic.twitter.com/3Rs7ODVFeQ

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 16, 2025

Así, cuestionó: “No sabemos por qué el gobierno lleva 6 meses sin reglamentar este precio de referencia. ¿Presiones de sus socios políticos? Como resultado, las tabacaleras pueden reducir significativamente el impuesto a ingresar, subdeclarando los precios de venta”.

“El art. 236 de la Ley Bases estableció un plazo de 90 días para que el Ejecutivo reglamentara la norma. El plazo venció y la reglamentación no aparece. Asociadas a sectores de la política ciertas tabacaleras consiguen mantener sus privilegios. ¿Quiénes traban la reglamentación?”, denunció.

Un grupo de diputados de la Coalición Cívica, encabezados por el titular del bloque Juan Manuel López, presentaron un proyecto de ley para que se incorpore un agravante en el Código Penal a los funcionarios que dicten una doble imposición de impuestos.

El proyecto establece una pena entre uno a cuatro años de prisión e inhabilitación especial por el doble tiempo para los funcionarios que dicten, sancionen, aprueben o ejecuten leyes, decretos, resoluciones u ordenanzas que establezcan una doble imposición de impuestos, contribuciones o tasas en contraposición con el Régimen de Coparticipación.

“Desde la Coalición Cívica ofrecemos otra herramienta para evitar la superposición de tributos sobre los contribuyentes. La necesidad de incorporar este agravante tiene origen en los indeseables efectos que produce la superposición de tributos sobre los contribuyentes y la administración fiscal”, argumentó López y recordó que “en septiembre pasado representamos el proyecto de Elisa Carrió del 2018 que tenía como objetivo el fin de una práctica abusiva llevada adelante por las provincias y municipios, la inclusión en las facturas de servicios públicos cargos o tributos que no guardan relación con la prestación efectiva de los servicios”.

En el texto, señalan que “la doble o múltiple imposición tributaria afecta derechos y principios constitucionales, como lo son el derecho de igualdad en materia tributaria, el principio de capacidad contributiva, el derecho de propiedad y principio de razonabilidad”.

El Gobierno Nacional ha determinado la liquidación o disolución de 18 fondos fiduciarios, pero aún mantiene en vigencia el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) que fue creado en 2021 por el DNU 725 firmado por la entonces gestión de Alberto Fernández.

Por ello, desde la Coalición Cívica, encabezados por el presidente del bloque Juan Manuel López, presentaron un proyecto solicitándole al ministro de Economía, Luis Caputo, y al ministro Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, informen de manera precisa y detallada sobre el estado actual, la administración y la continuidad del FAMP.

EL INDUSTRIO-CORPORATIVISMO LIBERTARIO

Aunque liquidaron 18 fondos fiduciarios, se resisten a tocar el Fondo ideado por Kulfas, Caputo y Cherñajovsky, que se financia con parte del IVA que las empresas de Tierra del Fuego cobran a los consumidores pero no ingresan al fisco. 🧵 pic.twitter.com/nozpIlTQ8N

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 9, 2025

Desde el espacio, plantearon que a través de la Ley Bases se autorizó al Poder Ejecutivo a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos y que, hasta la fecha, ha avanzado con la disolución o liquidación de 18 fondos fiduciarios. Por eso, piden que se indique las razones por las que aún no ha disuelto o liquidado el FAMP-FUEGUINA y si tiene previsto hacerlo. En su caso, indicar la fecha estimada de inicio del proceso de liquidación o disolución.

Así, piden saber si la FAMP fue objeto de informes de auditoría o cualquier otra evaluación por parte de la Sindicatura General de la Nación.

También solicitan información sobre las asignaciones de recursos efectuadas por el FAMP-FUEGUINA desde su constitución, destinadas a financiar proyectos productivos enfocados en la ampliación de la matriz productiva e indicar el instrumento adoptado, monto, fecha de otorgamiento, proyecto y beneficiarios y presentante del proyecto.

Además, que se explique el patrimonio total actual detallando su evolución anual desde la fecha de su constitución; cada una de las inversiones financieras realizadas; los fondos asignados para cubrir los gastos operativos de funcionamiento; la cantidad de personal que presta servicios, entre otros puntos.

Según argumentaron los lilitos resulta “llamativo, dada la importante masa de recursos que administra, que el FAMP permanezca intacto”. En esa línea, explicaron que es un fideicomiso de administración creado en 2021, en el marco de la última prórroga del Régimen de Promoción Económica de Tierra del Fuego.

“Este Fondo fue ideado por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como una herramienta para justificar la decisión de prorrogar los beneficios fiscales del régimen a pesar de sus altos costos. Es que, tras casi 50 años de vigencia, el Régimen había evidenciado un rotundo fracaso en cumplir con el objetivo de la localización en la isla de un sector industrial competitivo e independiente de la ayuda estatal”, fundamentaron.

Desde la CC plantearon que “el sostenimiento del FAMP-FUEGUINA por parte del gobierno del presidente Javier Milei, luego de haber liquidado o disuelto 18 fondos fiduciarios, denota una contradicción importante. Esto es así toda vez que, en los hechos, el fondo no es más que una caja financiada con los recursos de los consumidores de productos electrónicos y otros bienes, destinada a financiar proyectos diseñados por burócratas estatales y empresarios corporativistas”.

“La solución es clara: desarmar este engendro. Eliminar el FAMP-FUEGUINA, exigir que las empresas del Régimen de Tierra del Fuego comiencen a pagar el IVA como cualquier empresa y liberar el mercado de la electrónica y las telecomunicaciones, de modo que los consumidores puedan acceder a productos electrónicos a precios internacionales”, propusieron.

Uno de los primeros DNU del año firmado por el presidente Javier Milei fue el que prorrogó el Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027 y, con ello, el impuesto de un 7% a los pasajes aéreos y marítimos al exterior.

Por incluir una cuestión tributaria detrás, varios legisladores de la oposición salieron a rechazar que el Poder Ejecutivo haya tomado la medida por esa vía.

Desde la Coalición Cívica presentaron un proyecto para declarar al DNU 4/25 "nulo de nulidad absoluta e insanable" por "falta de adecuación a los requisitos sustanciales y formales para su dictado de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional".

En los fundamentos de la iniciativa encabezada por Juan Manuel López, los legisladores explicaron que "una de las particularidades del impuesto a los pasajes al exterior es que fue concebido como una fuente de financiamiento con el único objetivo de integrar el Fondo Nacional de Turismo, de modo tal que la vigencia de dicho impuesto quedó ligada directamente con la vigencia del Fondo. De esta manera, el vencimiento del Fondo Nacional de Turismo implicaba, de forma automática, el vencimiento del impuesto".

"Por tal motivo, la prórroga del Fondo Nacional del Turismo dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el DNU N° 4/2025, en realidad, tuvo por finalidad producir la prórroga del impuesto a los pasajes al exterior, que de lo contrario habría perdido vigencia el 5 de enero de 2025", señalaron.

Y, en ese sentido, manifestaron que "es por ello que la decisión resulta de una clara inconstitucionalidad, al tratarse de una disposición de carácter tributario cuya competencia es exclusiva del Congreso de la Nación y se encuentra expresamente vedada para el dictado de DNUs en el inciso 3 del artículo 99 de nuestra ley fundamental".

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer, del bloque Encuentro Federal, también presentó un proyecto para rechazar el decreto y declarar su nulidad.

"Una vez más el titular del Poder Ejecutivo desafía a este Congreso Nacional a través de una norma que, claramente, es violatoria de las limitaciones que le impone la propia Constitución Nacional y la vigencia del Estado de derecho democrático y republicano y la división de poderes", apuntó.

La bonaerense remarcó: "Hemos advertido reiteradamente sobre la maniobra del oficialismo para clausurar el debate del Congreso sobre el Presupuesto y la decisión de prorrogar el del año anterior, lo que materializó a través de un decreto. La intención era, sin duda, el manejo discrecional de los recursos públicos y la decisión de gobernar por decreto, invalidando la función propia del Poder Legislativo".

También desde EF presentó un proyecto el socialista Esteban Paulón, quien propone el rechazo del decreto porque "dispone medidas en materia tributaria que son facultades exclusivas del Congreso". A su vez, el santafesino presentó otra iniciativa para prorrogar por ley la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2034, algo similar a lo planteado por Ana María Ianni, de UP.

Los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, denunciaron al titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, por los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en su declaración jurada.

La denuncia recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas y deberá ser investigada por el fiscal Carlos Rívolo.

Vázquez se encuentra en el ojo de la tormenta, luego que una investigación periodística de Hugo Alconada Mon, en el diario La Nación, revelara que el funcionario con más de 30 años en la exAFIP compró a través de sociedades offshore tres propiedades en Miami por 2 millones de dólares, que no declaró ante la Oficina Anticorrupción.

"Corresponderá al fiscal federal Rívolo, investigar al evasor vinculado a los servicios de inteligencia, Andrés Vázquez, sobre sus oscuros raides. Esperamos desde la @ccari_ok @elisacarrio se haga justicia", escribió Frade en su perfil de X.

La diputada resaltó: "Que este individuo presida la DGI (ARCA) y que no sólo haya sido nombrado, sino avalado explícitamente por el gobierno de @JMilei, luego de la impactante y seria investigación de @halconada, arrasa con la palabrita tan milagrosa: 'casta'. Estos días asistimos a su entierro".

"Andrés Vazquez, encomendado por este Gobierno para controlar la evasión, tendrá que ser investigado por evasión. @JMilei esperen inversiones así", agregó la cívica.

Además de Vázquez, los legisladores también incluyeron en la denuncia a su exesposa Silvia Ivone Rodríguez.

En el escrito judicial, los diputados de la CC señalaron que "si bien su trayectoria transcurrió en el área interna de la Aduana, fue nombrado en esta nueva gestión al frente de la DGI, esto incluso, pese a reiteradas advertencias formuladas al presidente de la Nación por la propia extitular de la exAFIP, Florencia Misrahi".

En la denuncia relataron que a Vázquez en 2007, bajo la conducción de Alberto Abad en el ente recaudador, se le abrió un sumario en la AFIP; sin embargo, con la llegada de Ricardo Echegaray "Vázquez recibió nuevo respaldo".

"En el año 2009 lideró los mega operativos contra la sede central del Grupo Clarín. El escándalo posterior condujo a que Echegaray dispusiera el despido de Vázquez, aunque por orden presidencial de entonces, nada de eso sucedió", apuntaron.

Y recordaron que "ya por entonces la doctora (Elisa) Carrió alertó sobre la función verdadera de Vázquez: 'operaciones sucias contra opositores y periodistas independientes'. Nada de esto hizo mella, el denunciado se mantuvo en ese lugar".

En 2015, con una nueva gestión presidencial, "Alberto Abad retoma la titularidad del organismo y nuevamente desplaza al denunciado, con la comprobación de la existencia del 'sumario' sin avances", agregaron.

También mencionaron que el 17 de noviembre de 2022 fue sobreseído junto a su hermana por fugar dinero a cuentas en paraísos fiscales, por decisión del juez Ariel Lijo.

Atentos al conflicto institucional que habría generado la titular del Senado presidiendo la sesión en la que fue expulsado Edgardo Kueider, desde la Coalición Cívica presentaron un proyecto de resolución y Acceso a la Información, mediante el cual solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de las autoridades competentes, informe de manera detallada y pormenorizada sobre las cuestiones relacionadas con el traspaso de funciones del presidente de la Nación a la vicepresidenta de la Nación.

El pedido tiene que ver fundamentalmente con la ausencia del presidente en el territorio nacional debido al viaje realizado el 12 de diciembre de 2024 con destino a  Italia, que generó una polémica de alcances inciertos por la sesión presidida por Victoria Villarruel en la que fue expulsado el senador entrerriano Edgardo Kueider.

Desde la Coalición Cívica quieren saber los pormenores del día, horario y lugar mediante el cual se efectivizó dicho traspaso, remitiendo para ello copia del Acta Notarial del Libro de Juramentos del día jueves 12 de diciembre de 2024, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso c) de la Ley Nº 21.890, a saber: un Libro de Juramentos, en el que se extenderán las actas de las asunciones, reasunciones y delegaciones de mando del presidente y vicepresidente de la Nación y los juramentos de los ministros del Poder Ejecutivo nacional y de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando lo presten ante el presidente de la República. Con autorización del Ministerio de Educación y Justicia -Subsecretaría de Justicia-, estos actos podrán registrarse en actas extraprotocolares).

Piden saber si fue el escribano general del Gobierno el funcionario actuante o en su defecto informe el nombre y cargo de la persona que haya rubricado el acta notarial.

Por último, piden especificar la hora y lugar de la firma y/o rúbrica atribuida a la vicepresidenta de la Nación en el Acta Notarial.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución y un pedido de acceso a la información pública para que el Poder Ejecutivo informe detalladamente como se dio el traspaso del 12 de diciembre por el viaje del presidente Javier Milei a Roma cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel presidía la sesión que resolvió destituir a Edgardo Kueider.

En el texto impulsado, los “lilitos” exigen los pormenores del día, horario y lugar mediante el cual se efectivizó dicho traspaso, remitiendo para ello copia del Acta Notarial del Libro de Juramentos del día jueves 12 de diciembre de 2024, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso c de la Ley 21.890; si fue el Escribano General del Gobierno el funcionario actuante o en su defecto informe el nombre y cargo de la persona que haya rubricado el acta notarial; y especificar hora y lugar de la firma de Villarruel al Acta Notarial.

Los detalles de esta iniciativa fueron explicados por el diputado nacional Maximiliano Ferraro a través de una publicación en X.

Desde la Coalición Cívica presentamos un Proyecto de Resolución y Acceso a la Información, mediante el cual solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de las autoridades competentes, informe de manera detallada y pormenorizada sobre las siguientes cuestiones…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) December 13, 2024

La polémica relacionada a esta controversia comenzó a pocos minutos de finalizada la sesion especial del Senado del jueves, presidida por Villarruel, que derivó en la expulsión de Edgardo Kueider, imputado y detenido en Paraguay por la tenencia de 211.000 dólares sin declarar. Desde Casa Rosada apuntaron contra la presidenta del Senado y el propio Milei afirmó que la sesión “es inválida”.

La sesión comenzó a las 11.30 y terminó cerca de las 16. A todo esto, el jefe de Estado partió hacia Roma al mediodía y desde Balcarce 50 afirmaron que la vicepresidenta de la Nación ya estaba al tanto de que debía quedar a cargo del Poder Ejecutivo. En la jornada de este viernes, la propia Victoria Villarruel afirmó que a las 19 firmó el traspaso.

A la polémica se le suma el recurso de amparo pedido por Edgardo Kueider, quien cumple prisión domiciliaria en Asunción, para que se declare nula la sesión y se le restituya la banca. En el escrito utiliza como argumentos que su expulsión “es inconstitucional” y además acusa a Milei y Villarruel de “incumplimiento de sus deberes como funcionarios” por dejar a la Republica Argentina “sin representante legal entre las 12/14 y 19 horas”.

Con buena información suministrada a tal efecto, el presidente Javier Milei hizo ese domingo un posteo para golpear a Elisa Carrió. Allí señaló: “En esta foto se puede ver a la ‘Pitonisa de la Moral’, que ya no es diputada nacional y nadie sabe de qué trabaja, con uno de sus dos choferes (y más de 20 custodios) pagados desde el Gobierno de la Ciudad. Las contradicciones se cuentan solas”.

Los legisladores de la Coalición Cívica salieron a contestarle en masa al presidente. “Si denuncias la corrupción de Menem (donde morían testigos), Duhalde, los Kirchner, Massa, los crímenes narcos, el tráfico de efedrina, los jueces corruptos, los atentados terroristas (incluido el magnicidio de Nisman), tener custodia es una consecuencia”. Señaló el presidente del bloque CC en Diputados, Juan Manuel López, que le dijo al presidente en cambio: “VOS PACTAS IMPUNIDAD”.

En el mismo sentido, la diputada provincial bonaerense Maricel Etchecoin, señaló que “la vida es testimonio, y eso lleva riesgos y peligros. Hace más de 20 años que sabemos lo que es luchar contra la casta y lo peligroso que es”.

Paralelamente se conoció un comunicado de la Coalición Cívica que reza lo siguiente: “Elisa Carrió y otras dirigentes de la Coalición Cívica no eligieron tener custodia; tenerla es una consecuencia directa de la gravísima realidad criminal que atraviesa la Argentina y de una decisión de la Justicia. Las vidas de quienes investigaron, denunciaron y lucharon durante todos estos años han sido marcadas por la persecución y las amenazas constantes. Sus familias también sufrieron y pagaron altos costos”.

Agrega el comunicado de la CC: “El presidente debe entender que su accionar no solo aumentó los riesgos, sino que también expuso a quien, y a quienes, deberían ser protegidas. Lo que hizo es extremadamente grave y debe asumir la responsabilidad por el altísimo costo de haber estafado a la sociedad al quedar al descubierto el pacto de impunidad con CFK”.

Señala también que “en este país, durante el gobierno de Menem, mataron y desaparecieron personas. Durante el gobierno de Kirchner también, y no nos olvidemos del magnicidio del fiscal Nisman”.

Y cierra el comunicado que “esto constituye una persecución política hacia nada menos que una de las principales denunciantes de la mafia K, con la que eligió pactar impunidad”.

El legislador porteño Hernán Reyes expresó a su vez que Carrió “anda con custodia porque tuvo los cojones que a vos te faltan”.

A su vez, el diputado Maximiliano Ferraro dijo que “la diferencia entre quienes se enfrentan y se hacen los guapos con los jubilados y los que se enfrentaron y enfrentan a los corruptos y a las mafias de la Argentina”.

La réplica al comunicado presidencial señala: “Nota de color: Sigan jugando al TEG, comprando aviones de combate y submarinos, que de luchar contra los flagelos que sufren los argentinos, nos seguiremos encargando nosotros, a pesar de las presiones, las amenazas y los pactos entre corruptos”.

A su vez, la diputada Mónica Frade le expresó al presidente: “Que miedo le tenés/tienen...comenzaron a pegarle, lo vimos esta semana en la HCDN en la cloaca bucal del diputado Nicolas Mayoraz”.

Y concluyó la diputada: “ ...porque es la única que no se compra, ni se vende. Es la única que no podés doblegar con tus amenazas, ni especula con la repercusión de lo que afirma. Hacen bien!!!.

Integrantes del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados denunciaron en X que desde ALEA (Asociación de Loterías Estatales de Argentina) les enviaron una “carta amenazante” en el marco del tratamiento por un marco regulatorio de las ciberapuestas y prevención de la ludopatía. “No es la primera vez que debemos enfrentar presiones para velar por el bienestar de los argentinos, ya lo vimos en la ley de tabaco”, señalaron.

Mónica Frade y Maximiliano Ferraro alzaron la voz en redes, donde apuntaron contra la entidad. “Los Angelici del juego resistirán, pero los jóvenes y padres primero. Apostar no es jugar”, aseveró la diputada nacional, quien reiteró que el próximo miércoles 27 de noviembre a las 12 se llevará a cabo la sesión especial para tratar el tema.

Por su parte, Ferraro emitió un mensaje más amplio y cargó: “Es vergonzoso el apriete disfrazado de comunicado que acaba de publicar ALEA, la asociación que nuclea a las loterías provinciales de todo el país”. “Desde que empezamos el debate en Diputados hicieron un lobby solapado para evitar que se sancione la ley contra la Ludopatía, hoy están mostrando sus verdaderas cartas e intereses”, acusó.

Asimismo, señaló que “detrás de los absurdos argumentos y de su defensa irrestricta a la publicidad, promoción y patrocinio para "proteger" a la población del juego nocivo o ilegal, en realidad lo único que están protegiendo son los intereses y negocios de unos pocos a costa de la salud de los jóvenes: las ganancias de los empresarios del juego que financian todo tipo de actividades espurias; los ingresos millonarios de los clubes de fútbol patrocinados; y sin dudas la recaudación creciente de las provincias que habilitaron y licitaron las licencias de juegos de apuestas en línea”.

Para terminar, Maximiliano Ferraro concluyó: “Le pedimos encarecidamente a los gobernadores que pongan primero a las familias, su salud y bienestar. Lo que se gana por recaudación del juego en línea se pierde por la degradación material y de la salud mental de quienes caen en el juego compulsivo”.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución para promover un juicio político contra Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de la Nación. En este caso, lo acusan de “negociar” con el Poder Ejecutivo su ascenso dentro del máximo tribunal de justicia.

Este nuevo pedido es una ampliación, de los realizados por parte del espacio que lidera Elisa Carrió, de los presentados en 2017 y 2021, y las ampliaciones de 2018 y 2022, respectivamente. En esta ocasión, denuncian que el magistrado mantuvo reuniones privadas con el presidente Javier Milei y la secretaria Karina Milei para “buscar incidir en la selección de los ministros de la Corte y procurando llevar adelante un golpe institucional contra las autoridades (de la Corte Suprema)”.

Asimismo, señalaron que Lorenzetti “se ha asociado” con el Gobierno nacional para convalidar la nominación de Ariel Lijo. “La contraprestación ofrecida al Poder Ejecutivo habría sido nada más y nada menos que la convalidación de las decisiones presidenciales y con ello la muerte de la división de poderes y de la República”, agregaron.

En el texto impulsado, relatan que la relación entre Lorenzetti y los hermanos Milei “se remonta a la campaña electoral del año 2023”, y añadieron que “el juez negociaba la presidencia de la Corte por la gobernabilidad que iba a precisar el naciente gobierno”. En ese punto, citaron a publicaciones periodísticas que relataban esa vinculación.

En relación a las nuevas designaciones para la Corte Suprema de Justicia, la iniciativa señala que fue el propio Lorenzetti quien le acercó al Gobierno el nombre de Ariel Lijo y lo acusan “de confundir y ocultar el origen de la candidatura, buscando desviar la atención y señalar al propio (Mariano) Cúneo Libarona -ministro de Justicia de la Nación- como responsable de aquella”.

En reiteradas oportunidades, el proyecto presentado por la Coalición Cívica, y que lleva la firma de Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade, señala que “el plan ideado por el juez Lorenzetti se centra en recuperar la presidencia y el poder perdido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Dentro de las conclusiones del texto, detallan que lo mencionado “da cuenta de los encuentros privados entre un ministro de la Corte Suprema y la cabeza del Poder Ejecutivo para definir —peligrosamente— la composición futura del máximo tribunal y la suerte de las causas que penden allí de resolución”.

“Todo bajo la promesa del Juez Lorenzetti de que conseguirá al presidente Milei tanto esa nueva mayoría, favorable al gobierno actual, como retornar a la presidencia de la Corte para vengarse de los otros magistrados”, concluyeron.

Mencionando que este nuevo pedido de juicio político se basa en el artículo 53 de la Constitución Nacional piden que, en caso de avanzar con el proceso, se cite como prueba testimonial a la secretaria de Presidencia Karina Milei, al ministro Mariano Cúneo Libarona, al asesor Santiago Caputo, al juez Ariel Lijo y a Guillermo Scarcella.

"Yo la quiero mucho, pero la conozco. Va comprando dirigente por dirigente (...) Ella se va con el que tiene éxito. Punto. Esto es así. Y yo igual la quiero, pero sé lo que es", opinó la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sobre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le respondió y los “lilitos” le salieron al cruce.

Bullrich le contestó a través de su red social “X”: “Es la convicción del cambio y la libertad de nuestro pueblo. No compro dirigentes, los convenzo. Preguntate por la campaña con Rodríguez Larreta, donde vos y muchos dirigentes se movieron por el vil metal”, y arremetió: “Pregonás en abstracto y agarrás en concreto. La campaña más corrupta de la historia de JxC y vos fuiste beneficiaria”.

El presidente de la CC y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, le preguntó: “¿Patricia, te piden tanto? ¿De qué convicción hablás? ¿De la misma que traicionaste en campaña con tal de aferrarte al poder?”, y le recordó: “A menos de 48 horas de la elección, ya te sentías dueña de los votos de JxC. ¿Te referís al mismo que proponías como jefe de gabinete?”.

“Con la CC y Carrió en temas de financiamiento, mejor lavate la boca”, le exigió y cerró: “Y todos sabemos que andás ofreciendo reelecciones a diestra y siniestra con tal de que apoyen el ajuste a los jubilados, universidades, y demás cosas de tu actual ‘convicción’ política”.

Su par el titular del bloque en Diputados, Juan Manuel López, le contestó con una foto donde se la ve a Bullrich junto a Luis Petri –actual ministro de Defensa- y al excandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta: “Al de la peor campaña de la historia de JxC (la que sigue fue la tuya) lo querías de Jefe de Gabinete y le ponías gente en la Ciudad. Ahora querés ser la Jefa de Gabinete de Milei. La fuerza de las convicciones. Todo feo, pero más o menos legítimo, menos tratarnos de corruptos”.

Patricia, tu ambición y sed de revancha personal nos hizo y te hizo mucho daño. Vos eras presidente del PRO y Horacio tu candidato a jefe de Gabinete en esa campaña.
Solo quiero que sepas que cuando acusas a Lilita de corrupta, vos quedas en ridículo y acá nos matamos de risa. https://t.co/n2MRwi9eQo

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) October 7, 2024

También se metió en la interna el diputado de UP Leandro Santoro: “Hola @PatoBullrich, perdón que joda. Ya que por lo visto tuvieron varias campañas corruptas y aparentemente esta última fue la peor... ¿Sabes si la financiaron con la de los Porteños?”.

Con la provincia de Córdoba ardiendo en llamas por los diversos focos de incendios, un grupo de diputados de la Coalición Cívica, con Maximiliano Ferraro a la cabeza, enviaron una nota al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; y a la subsecretaria de Ambiente, Ana María Vidal de Lamas, para que oficien de intermediarios con el Gobierno nacional y le soliciten que declare la emergencia ígnea en las zonas afectadas.

A través de la misiva, señalaron que “los estragos que están causando los feroces incendios, causando pérdidas irreparables en los ecosistemas, los hogares y las fuentes de ingresos de tantos compatriotas”.

Así, manifestaron su “enorme preocupación ante la falta de agilidad en la respuesta y disponibilidad de recursos para combatir el fuego que cada vez con más frecuencia e intensidad azota distintas regiones en nuestro país y que hoy tiene su epicentro en la Provincia de Córdoba, donde ya se han perdido decenas de miles de hectáreas de bosques”.

Desde el bloque indicaron que en el décimo mes del año “observamos una subejecución de los fondos para el manejo del fuego, que gira en torno al 40% del presupuesto anual. Esto, a pesar de que en la primera mitad de este año se sucedieron casi el doble de focos de incendios forestales que en el año anterior”.

“Para brindar una respuesta eficaz, no solamente es necesaria la ejecución de estos fondos (que hoy ascienden a más de siete mil millones de pesos disponibles), sino que también es preciso repensar un esquema de planificación federal que permita prevenir y actuar con celeridad y firmeza ante catástrofes de esta envergadura. Cuando la vida y el sustento de los argentinos está en juego, no puede haber lugar para las medias tintas y menos aún para posibles negligencias”, expresaron.

En esa línea, señalaron que la acumulación de partidas presupuestarias sin ejecutar “nos alerta ante la posibilidad de que se intente avanzar con la liquidación del fideicomiso para la administración Fondo Nacional de Manejo del Fuego en el marco del artículo 5° de la Ley Bases”.

“Este financiamiento, como venimos viendo años tras año, es cada vez más necesario ante las inclemencias del cambio climático que multiplica las sequías y olas de calor. No siempre restringiendo el gasto se obtiene un mayor ahorro. En este caso ‘sí hay plata’, y de haberla usado correctamente, se podrían haber prevenido pérdidas económicas millonarias”, plantearon.

Por ello, solicitaron que como autoridades competentes para velar por un ambiente sano, equilibrado y apto para un desarrollo humano “oficien de intermediarios entre todos los argentinos afectados y el Sr. Presidente de la Nación, solicitándole que revise su decisión de desfinanciar el Sistema Nacional de Manejo del Fuego”.

También, pidieron que Javier Milei “tenga a bien declarar de forma inmediata la Emergencia Ígnea y Zona de Desastre en los Departamentos afectados, a los fines de fortalecer la capacidad estatal de respuesta para la presupresión y combate de incendios, la restauración de las zonas dañadas, la prevención de nuevos focos y la asistencia integral de las familias afectadas”.

La nota fue suscripta por Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Mónica Frade, Paula Oliveto, Victoria Borrego y ​​​​Marcela Campagnoli.

La Coalición Cívica presentó este jueves un proyecto de ley para derogar el decreto 780/2024, que limita los pedidos de acceso a la información pública, por considerarlo contrario a lo estipulado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, y por entender que altera el sentido de la Ley 27.275, sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública.

El citado decreto se conoció el lunes pasado, tras su publicación en el Boletín Oficial, y ha generado una reacción adversa de todo el arco político opositor, incluso los más cercanos al oficialismo, como el Pro, que este miércoles difundió un comunicado cuestionando esa medida.

El proyecto de ley suscripto por los diputados de la Coalición Cívica Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto Lago, pide la derogación del decreto 780/24 por resultar contrario a la Constitución Nacional y los tratados internacionales así como por alterar el espíritu de la Ley N° 27.275 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Plantea el proyecto de ley sobre la constitucionalidad del decreto reglamentario o ejecutivo, que “se debe tomar en cuenta no sólo si su contenido altera el núcleo central de la ley (o su espíritu, como dice la Constitución), sino también evaluar si el Poder Ejecutivo, so pretexto de reglamentar, termina por establecer una regulación autónoma y directa en la materia, lo que constituye una facultad propia del Congreso”.

Recuerda el proyecto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el caso Claude Reyes y plantea a partir de ello que las limitaciones al derecho de acceso a la información solo pueden estar establecidas en forma excepcional por una ley del Congreso de la Nación y deben ser interpretadas en forma restrictiva, siempre a favor de garantizar el derecho de acceso a la información pública. “Las excepciones fueron clara y taxativamente establecidas por la Ley n° 27.275, no pudiendo incorporase nuevas excepciones o interpretaciones restrictivas por vía reglamentaria, ni tampoco pudiendo hacerlo a través de una interpretación con alcance general”, precisa el proyecto, que se suma a un pedido de informes presentado esta semana por el bloque Encuentro Federal.

Los legisladores de la Coalición Cívica (CC ARI) Facundo Del Gaiso, Hernán Reyes y Cecilia Ferrero presentaron en la Justicia una acción de amparo, mediante la cuál le solicitaron una medida cautelar para que la Nación mantenga los subsidios al transporte público hasta que se plantee un modelo sostenible.

En ese sentido, Reyes explicó que “el Gobierno Nacional va por la quita de subsidios a las líneas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires. Una medida intempestiva, violenta, ilegal y que va a hacer mucho daño” y remarcó que “las personas tienen que estar antes que las disputas políticas. El Gobierno de la Ciudad está reclamando por la coparticipación y el Gobierno Nacional contesta con esta quita selectiva de subsidios. Los perjudicados son siempre los mismos: los trabajadores que van tener boletos más caros y un sistema desordenado”.

“La Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires tienen una relación en el transporte que hace imposible tener una política de precios diferenciados de los boletos para los que circulan por la Capital y los que salen o llegan al Conurbano”, continuó.

Al mismo tiempo que advirtió que “necesitamos una distribución justa que asimile las distintas realidades. Podemos reducir el peso de los subsidios en el presupuesto, pero debemos hacerlo con medidas que compensen a los trabajadores que hacen muchas combinaciones o que usan diariamente el transporte público. Sino es una injusticia que golpea más a los trabajadores y estudiantes”.

Finalmente, Del Gaiso recordó que “el artículo 75 de la Constitución establece que para hacer una transferencia de servicios, debe haber ley del Congreso, ley de la Legislatura y convenio de partes”.

“No puede Javier Milei, tirarte ‘los colectivos por la cabeza’, sin importarle cuánto va a pagar la gente el boleto”, sentenció.

La Coalición Cívica manifestó de manera “unánime” su más enérgico rechazo a la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia.

“No son miradas sesgadas, son hechos objetivos que demuestran la falta de idoneidad académica, jurídica y moral para integrar el más alto tribunal”, expresaron desde el partido que lidera Elisa Carrió, y que en ese contexto hace responsables al presidente Javier Milei y a los senadores que aprueben su pliego “del pacto de impunidad que se sellará llevando a Lijo a la Corte”.

“A lo largo de estos 20 años hemos marchado y luchado contra la corrupción y en defensa de las instituciones, con denuncias que el juez Lijo ha ralentizado. Sin justicia no hay República”, expresó el partido que preside el diputado Maximiliano Ferraro.

“Por el futuro de la Nación, exhortamos al presidente Milei y a los senadores que emitirán su voto diciéndoles #LijoNo”, concluye el mensaje de la CC en las redes.

Tras una semana oscura para el Gobierno nacional en el campo legislativo, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica le solicitó al flamante presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, Martín Lousteau, que cite a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la denuncia que hizo el miércoles pasado sobre graves amenazas a la Nación y en la que lanzó una grave acusación contra 156 diputados nacionales.

Puntualmente se refieren a los dichos de la funcionaria en X, expresadas inmediatamente después del rechazo de la Cámara baja al DNU 656/2024. En esa oportunidad, la Cámara de Diputados rechazó el decreto por el cual el Gobierno nacional ampliaba el presupuesto de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en 100.000 millones de pesos. La votación resultó con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones.

Al término de la votación, la ministra de Seguridad de la Nación publicó un duro mensaje cuestionando la postura de los bloques dialoguistas: “Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!”.

“Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada”, había empezado el texto de Bullrich que criticaba el resultado de la votación en el recinto de la Cámara de Diputados ese miércoles. Fue por esto que la bancada que responde a Elisa Carrió pidió a la autoridad de la Bicameral de Inteligencia la citación de Bullrich “considerando la gravedad de sus expresiones y de la seriedad con la que requieren ser tomadas”.

En su presentación, la CC pide que la ministra informe sobre amenazas y riesgos de ataques o atentados al pueblo argentino y el presidente de la Nación provenientes de organizaciones vinculadas al narcotráfico y el terrorismo, según lo que expresó públicamente en la red social.

Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada.

El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 21, 2024

La titular de la cartera de Seguridad nacional había agregado que “la importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos. El rechazo al DNU lo celebran los criminales”.

Rápidamente, la diputada nacional Mónica Frade, firmante del pedido de citación, le contestó a la funcionaria: “Estimada Patricia, da atenta lectura al DNU, para lo que vos te referis, existes los decretos reservados. El DNU afirma que es para gastos administrativos y.…ya se los gastaron y, nadie sabe en qué. No hagamos terrorismo tuitero”.

El pedido de convocatoria está suscripto por Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Marcela Campagnoli y la mencionada Mónica Frade.

El bloque Encuentro Federal realizó un nuevo pedido para llevar a cabo una sesión especial con la intención de darle tratamiento al DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional le otorgó 100.000 millones de pesos a los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

En voz de Nicolás Massot, firmante de este nuevo pedido para sesionar el próximo miércoles 21 de agosto a las 12.00, la bancada multisectorial no logró el pase a un cuarto intermedio para garantizar la sesión que iba a realizarse este jueves. Tampoco, el pedido de la Coalición Cívica para incorporar el decreto en cuestión a la maratónica sesión que duró más de 22 horas.

El pedido original era para este jueves 15, ya que según la Ley 26.122, es el primer día que habilita el tratamiento del decreto publicado el 23 de julio en el Boletín Oficial e ingresado por mesa de entrada de la Cámara alta el 1ero. de agosto pasado. Luego, el 8, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo rechazó el debate ante la insistencia de Unión por la Patria en conjunto con Massot.

Para esta nueva petición, se incorporó al temario el proyecto de declaración impulsado por la Coalición Cívica para declarar al DNU 656/24 “nulo de nulidad absoluta e insanable”. “El continuo avance ilegítimo sobre las instituciones reviste enorme gravedad, pues las soluciones deben buscarse y encontrarse justamente en el apego a las reglas constitucionales, y no en su ruptura”, concluyen en la iniciativa.

Acompañaron el pedido los diputados nacionales Massot, Emilio Monzó, Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota, Margarita Stolbizer, Mónica Fein y Alejandra Torres, de Encuentro Federal; Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; y los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley que establece un régimen de “transparencia y racionalidad presupuestaria” para los viajes oficiales al exterior realizados por funcionarios públicos nacionales, entre los que incluyen al presidente, la vicepresidenta y el jefe de Gabinete.

La iniciativa es impulsada por Maximiliano Ferraro, quien explicó en los fundamentos que “la crisis económica exige medidas de austeridad y un uso racional de los recursos”. Asimismo, refirió que los viajes oficiales “deben ser realizados con el mayor grado de transparencia posible para permitir a los ciudadanos conocer y evaluar las actividades de sus funcionarios”.

En el texto, propone que los detalles de cada viaje efectuado por funcionarios deberán hacerse públicos en un portal y en el Boletín Oficial para el acceso y escrutinio de todos los ciudadanos. Asimismo, se establece que una vez finalizados, los funcionarios deberán rendir cuentas sobre sus gastos y presentar un informe de las gestiones realizadas, pudiendo ser citados por el Congreso para ampliar sobre lo actuado.

Prohíbe, además, realizar viajes políticos utilizando recursos, bienes o aeronaves públicas. “No se financiarán viajes donde los funcionarios participen de campañas electorales, congresos o convenciones partidarias u otras actividades proselitistas en el exterior”, propuso.

En caso de que los funcionarios contemplados en este proyecto utilicen bienes públicos para viajar, se le imputarán todos los gastos correspondientes al viaje, y constituirá la naturaleza de uso indebido de bienes públicos en los términos del Código y la Ley de Ética en la Función Pública con las sanciones previstas.

Según Ferraro, “estas disposiciones buscan asegurar que cada viaje oficial sea justificado y se realice de manera eficiente y económica, estableciendo restricciones claras para los viajes no esenciales, limitando los viáticos, gastos y el tamaño de las comitivas oficiales, y agravando las restricciones en periodos de emergencia económica y financiera como el que vive hoy la Argentina”.

“Los múltiples viajes al exterior realizados por el presidente Javier Milei, han puesto en evidencia la falta de regulación específica en este aspecto, lo que ha generado críticas por la opacidad y los altos costos asociados a estos viajes”, indicó el titular de la CC.

Asimismo, agregó que “los últimos datos señalan que Milei realizó 12 viajes al exterior en el último año, recorriendo más de 215 mil kilómetros y permaneciendo fuera del país durante 44 días, los mismos incluyeron participaciones en premios, exposiciones y otras actividades, muchas veces sin justificación”.

De igual manera, Ferraro ya había presentado en la Cámara baja dos pedidos de acceso a la información pública sobre viajes oficiales realizados este año por el presidente Milei. En ambos requerimientos las respuestas brindadas, no contestaron las inquietudes del diputado.

La Coalición Cívica sigue militando contra la candidatura del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, y con ese fin presentaron este viernes las observaciones que dan sustento a su formal impugnación contra el magistrado. Argumentan en tal sentido “manifiesta falta de idoneidad técnica, jurídica y profesional”, como así también la “evidente carencia de condiciones éticas y morales del candidato propuesto”.

Lo hicieron a través de una nota enviada a la titular de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, Guadalupe Tagliaferri, suscripta por Elisa Carrió y los diputados Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, María Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.

Para los miembros de la CC-ARI, Lijo “ha tenido severos cuestionamientos ha tenido severos públicos referidos a su falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal”, por lo que entienden que el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo “no reúne las cualidades exigidas para ocupar la más alta magistratura de la Nación. Además, se suman una serie de inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito del candidato”.

Por lo demás, y en lo que refiere a la idoneidad técnica y jurídica requerida, entienden que el candidato “tampoco cumple con este requisito toda vez que carece de la formación jurídica y académica necesaria para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Condiciones éticas

Para los que firman esta presentación, el juez Lijo cuenta con un “magro currículum vitae, sin antecedentes académicos relevantes, con menos de cinco publicaciones sin referato sobre temas diversos; solo exhibe como ‘mérito’ cerca de 20 años deantigüedad en su cargo de juez federal”.

Advierten desde la CC que “los años de antigüedad no certifican automáticamente la idoneidad para acceder a un cargo, mucho menos para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No se ‘asciende’ a la Corte Suprema por ‘antigüedad?, la permanencia en un cargo en el Poder Judicial no es un elemento determinante, los méritos que deben exhibirse para lograr integrar el máximo tribunal de nuestro país son sustantivamente diferentes, y precisamente son los que recoge el decreto 222/2003: idoneidad técnica y jurídica, condiciones éticas y morales y compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos”.

“Por el contrario, a lo largo de su dilatada permanencia en el fuero federal penal, el candidato Ariel Oscar Lijo exhibe otro tipo de antecedentes, los que dan cuenta de un recorrido profesional bastante opaco y poco notable, como refleja el análisis de su desempeño como juez federal en diversas causas radicadas por ante el juzgado a su cargo y ante los que intervino como subrogante, junto con una sospechosa situación patrimonial que siembra fundadas dudas sobre su desempeño profesional y su independencia en el ejercicio de la magistratura, que dieran lugar a una serie de denuncias e investigaciones sobre su desempeño como juez federal”, advierten, para detallar luego antecedentes y tramitación de todas las causas, con nueve ejemplos concretos.

En las conclusiones de la amplia presentación resaltan que el candidato Ariel Oscar Lijo “ha cometido severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían incluso configurar delitos penales”.

En ese sentido insisten en que como juez, Lijo “ha demorado  intencionalmente la tramitación de causas en las que se investigaban hechos de corrupción con la finalidad de garantizarles impunidad a los funcionarios públicos investigados. Prueba de ello son las causas YPF, Siemens y

Obra social del Poder Judicial de la Nación”. Además, ha sido denunciado por presunto enriquecimiento ilícito “toda vez que presentaría severas inconsistencias en su patrimonio y, sumado a ello, el candidato llevaría a cabo un estilo de vida que no condice con sus ingresos como juez federal”.

“Un mal juez federal es un pésimo candidato y no puede ser considerado apto para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación –afirman-. Un juez federal destacado por su evidente mal desempeño y sus habilidades para obstruir la tramitación de las causas de corrupción que debe investigar no es un candidato apto para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un juez federal que sistemáticamente acumula denuncias vinculadas con el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones no es un candidato apto para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Y suman: “Un juez federal acusado de corrupción y connivencia con actores políticos y económicos involucrados en la comisión de diversos delitos de acción pública no es un candidato apto para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de declaración para declarar nulo “de nulidad absoluta e insanable” el decreto de necesidad y urgencia 656/24 que le otorga 100 mil millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Inteligencia De Estado (SIDE).

En la redacción explicaron el pedido nulidad por “falta de adecuación a los requisitos sustanciales y formales para su dictado de conformidad con el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”. El proyecto leva la rúbrica de los seis integrantes de la bancada, la del jefe de bloque, Juan Manuel López, y los diputados Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego.

El propio Ferraro publicó el texto en su perfil de X, donde además tituló que se trata de un “innecesario aumento del 3.131% en el presupuesto para espionaje”. De igual manera, aseveró que “no hay motivos que justifiquen esa decisión”.

A su vez, exigió: “Si pretenden fortalecer las funciones de la nueva Secretaría pueden hacerlo de manera transparente y no aumentando un 3.131% los gastos secretos y discrecionales que dieron origen a las más oscuras operaciones de inteligencia, impunidad y corrupción desde el retorno de la democracia”.

Mencionó, además, a “Telleldín en AMIA, las coimas en el Senado, los sobresueldos de Menem y Cavallo, las operaciones de Milani, entre muchas otras”, como los casos más resonantes encuadrados en las acusaciones que realizó en la publicación.

De esta manera, esta iniciativa se sumó a la ya presentada por la diputada nacional de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, en contra del aumento en el presupuesto de la SIDE, publicado el lunes en el Boletín Oficial. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda e incluso un radical en el Senado, Pablo Blanco, también habían rechazado la medida.

Innecesario aumento del 3.131% en el presupuesto para espionaje.

Junto a los Diputados de la @ccari_ok presentamos un proyecto para invalidar y declarar la nulidad absoluta e insanable del DNU 656/24 que aumentó en 100 mil millones de pesos los fondos para gastos reservados de… pic.twitter.com/xhUkkgqTXN

— maxi ferraro (@maxiferraro) July 25, 2024

El presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, destacó la “valentía” del senador libertario Francisco Paoltroni por ratificar su rechazo a la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia y le hizo un llamado de atención al bloque Pro y a la UCR.

“Celebro la valentía del senador Paoltroni de la Libertad Avanza”, escribió López en su red social “X” y comparó: “Hay dos tipos de personas que bancan a Ariel Lijo, los corruptos y los cobardes. Ojalá en el Pro y la UCR tengan coraje, sale mucho más barato que ser arrastrados”.

Celebro la valentía del senador Paoltroni de la Libertad Avanza.
Hay dos tipos de personas que bancan a Ariel Lijo, los corruptos y los cobardes. Ojalá en el PRO y la UCR tengan coraje, sale mucho más barato que ser arrastrados.#LijoNo https://t.co/lwdVUGkfea

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) July 17, 2024

Además, durante una entrevista televisiva agregó: “La candidatura de Lijo para la justicia es lo peor que le puede pasar en relación a los incentivos que puede tener cualquier magistrado, cualquier funcionario o cualquier empleado del Poder Judicial de hacer las cosas bien”.

“O sea premiar al juez que en la auditoría del año 2016 salió peor rankeado como el juez de Comodoro Py que más duerme causas y que durmió causas emblemáticas como YPF o el caso Siemens que es el caso de soborno transnacional más importante del mundo y por el que se empezó a generar reglas en todas partes del mundo”, disparó.

López recordó que “salieron las cámaras empresarias como la Norteamericana de Comercio y vio el riesgo de poner un juez de esas características que te puede coimear para resolverte una causa o puede dormirte una causa y extorsionarte económicamente o de la manera que sea y después la incertidumbre de quién es Lijo”.

Por último, le dejó un mensaje al presidente de la Nación: “Si Milei cree que hoy Lijo le va a servir para pasar sus reformas o para no tener problemas en cuanto y en tanto tenga poder popular. Después Lijo es una contingencia enorme, incluso para Milei”.

El legislador de Vamos por Más (VxM) y referente de la Coalición Cívica (CC ARI) en la Legislatura porteña, Hernán Reyes, volvió a expresar su preocupación por el “nulo avance” en la causa contra Emilio Pérsico del Movimiento tras las denuncias por “manejo fraudulento” del programa Potenciar Trabajo.

A través de sus redes sociales, el lilito manifestó que “con Elisa Carrió presentamos una nota al jefe de los fiscales de la Nación, Eduardo Casal, expresando nuestra preocupación por el nulo avance en la causa contra Emilio Pérsico del Movimiento Evita por el manejo fraudulento y multimillonario de los convenios del programa Potenciar Trabajo” y advirtió que “es llamativo que, mientras avanza la causa contra el Polo Obrero, que recibió el 1,5% del dinero distribuido, no se sepa nada sobre Emilio Pérsico, quien administró el 100% de los recursos y asignó más del 50% a cooperativas del Movimiento Evita”.

“El Gobierno no ha respondido a los informes requeridos y el fiscal no ha tomado ninguna medida en los últimos dos años. Si no se investiga a fondo, estamos ante un simulacro. Los únicos perjudicados son los pobres, que fueron usados para financiar política y ahora son olvidados”, continuó y precisó que “no hay un programa alternativo para distribuir capacitación y oportunidades. Se eliminó el Potenciar Trabajo sin traer nada nuevo, solo abandono. La pobreza en Argentina es un problema profundo, y tanto La Libertad Avanza como el Movimiento Evita lo reducen y abandonan a las personas”.

Sobre esa misma línea, Reyes planteó que “el Movimiento Evita recibió 35 mil millones de pesos entre 2020 y 2022, una fortuna desviada en su mayoría para hacer política. Presentamos la denuncia en agosto de 2022, pero el fiscal Taiano no ha allanado el Ministerio para obtener las rendiciones de cuentas”.

“Dos años después, no hay obras, capacitaciones, dinero ni facturas. La Justicia no se mueve y Pérsico sigue impune. Es incoherente investigar al Polo Obrero y mantener la impunidad de Pérsico. La Justicia debe ser imparcial y para todos”, sentenció.

Tras haber presentado nuevamente en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto que busca modificar el Código Electoral para incorporar la “ficha limpia”, el diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) e integrante de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes insistió en la necesidad de avanzar con esa iniciativa.

A través de sus redes sociales, el lilito planteó: “vamos a impedir que los corruptos sean candidatos en la ciudad, un corrupto no puede ser ejemplo de nada” y consideró que “’ficha limpia’ es impedir que un corrupto con sentencia condenatoria en segunda instancia pueda presentarse para algún cargo en la ciudad”.

Sobre esa misma línea, Reyes recordó que “lo intentamos en el año 2020 y 2022 pero no logramos convencer a los 40 diputados que hacen falta para sancionar la ley. Ahora vamos a volver a intentarlo, como sociedad cada vez somos más conscientes del daño que hace la política corrupta al país”.

“El cambio es institucional y político. Hay que evitar que los corruptos accedan a la función pública. Si un corrupto se vuelve funcionario, no hay plata que alcance para salir adelante y es una herida profunda a la confianza en la democracia”, continuó y concluyó planteando que “esta es una causa de la ciudadanía que viene peleando hace años, entre todos vamos a lograr que sea ley que los porteños elegimos entre gente limpia”.

El diputado de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica (CC ARI) en la Legislatura de la Ciudad, Hernán Reyes, se refirió a la denuncia que impulsó junto a Facundo Del Gaiso y Cecilia Ferrero (VxM) contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaba restituir los fondos coparticipables al distrito capitalino.

A través de sus redes sociales, el lilito aseveró: “denunciamos a Milei y Luis Caputo, de la misma forma en que lo hicimos contra Alberto Fernández y Sergio Massa por el constante aplazamiento en cumplir con la resolución de la Corte” y explicó que “seguimos peleando por la coparticipación que Alberto les robó a los porteños. El Gobierno Nacional no puede hacerse el distraído, está incumpliendo con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“La coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires no es solamente una causa de justicia con todos los porteños sino, también, con el federalismo. Los porteños aportamos con impuestos en, al menos, un quinto del total de la recaudación nacional y es poco, demasiado poco, lo que vuelve a la Ciudad. Es necesario tener equidad en el desarrollo, pero, no es posible sostener un sistema completamente desequilibrado”, continuó Reyes.

Al mismo tiempo que precisó que “con Del Gaiso, Ferrero y Claudio Cingolani hicimos esta presentación convencidos de que los fallos están para cumplirse y que los impuestos de los porteños deben volver tal cual lo establece la Constitución”.

“Vamos a defender la autonomía siempre”, completó el legislador porteño.

Tras varias reuniones de Jorge Macri con las autoridades nacionales por este tema, los legisladores de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, Hernán Reyes y Cecilia Ferrero denunciaron al presidente de la Nación, Javier Milei, por no haber acatado el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena que el Gobierno Nacional le reintegre a la Ciudad el 2,95% de los recursos coparticipables nacionales.

La denuncia de los diputados que responden a Elisa Carrió recayó en el Juzgado Federal Nº6, que tiene a su cargo como subrogante Ariel Lijo.

En su denuncia, los legisladores aseveraron que denunciantes afirman que el incumplimiento puede significar “la posible comisión de delitos de acción pública” y también incluye al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Nación, Daniel Tillard.

Respecto de la denuncia, Del Gaiso planteó que “la autonomía de la Ciudad se defiende siempre, sea el Gobierno que sea, seas opositor o aliado. Todos los meses nos roban 70 mil millones de pesos a todos los porteños, al no cumplir el fallo de la Corte y violar la Constitución”.

Cabe recordar que el fallo de la Corte a favor del Gobierno porteño se firmó el 21 de diciembre del 2022 y ordenaba que el Gobierno Nacional -por aquel entonces a cargo de Alberto Fernández- “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos″ coparticipables (la Ciudad reclamaba el 3,5%), y disponía que las transferencias ordenadas se hicieran “en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.

Los diputados nacionales por la Coalición Cívica realizarán una presentación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para solicitar que se investigue y encuadre la conducta de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, por el fallo que dictaron recientemente en la causa de los cuadernos de las coimas durante la administración kirchnerista.

“Creemos que hay un pacto de impunidad entre sectores de la Justicia y de la política, de distintos partidos políticos, para que no avancen en causas de corrupción”, afirmaron los diputados de la CC y señalaron: “Para nosotros este fallo es institucionalmente muy peligroso ya que exculparía de la causa penal a todos los empresarios que habrían pagado sobornos a funcionarios públicos. Por eso, creemos que debe investigarse a los tres jueces”.

A su vez, plantearon que “el Consejo de la Magistratura también debería analizar la conducta de los jueces de este Tribunal Oral a los efectos de conocer las razones de la demora en dictar sentencia y concluir el proceso penal”.

En la sentencia, los jueces sostuvieron que las presuntas coimas pagadas por algunos empresarios a funcionarios del Poder Ejecutivo de entonces —entre los que está Ángel Calcaterra, primo de Mauricio Macri— “no deben interpretarse como sobornos, sino como aportes de campaña electoral no declarados”. Así, evitarían que sean juzgados penalmente en la causa “cuadernos”.

El diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) y uno de los primeros en arremeter contra las prepagas por los aumentos desmedidos a principios de año, Hernán Reyes, explicó a través de sus redes sociales como será el proceso de devolución de las cuotas con sobreprecios para algunas empresas de medicina prepaga y remarcó que “es muy engorroso todo, pero, necesitamos de información para poder cuidarnos de los abusos”.

En ese sentido, el oficialista explicó que las empresas de medicina privada que deberán devolver lo cobrado de más en las cuotas son: OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Luis Pasteur, Hominis, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Unión Personal, Mutual Federada 25 de Junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud, MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), Círculo Médico de Lomas de Zamora, International Health Services Argentina, Obra Social YPF, OPDEA, OSDEPYM, ENSALUD, Centro Médico Pueyrredón, Programa de Salud, OSDIPP, Federación Médica Gremial de la Capital Federal, Asociación Civil de Estudios Superiores, y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA.

“Lamentablemente, la Superintendencia acordó dejar afuera a Bristol Medicine, Asistencia Sanitaria Integral S.A., Medical's Organización de Prestaciones Médicas Privadas, Cobensil, Medin S.A.A.M.A., Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad, Fundación Médica de Mar del Plata y Medicina Esencial S.A. El resto de las empresas siquiera fueron consideradas”, advirtió.

Al mismo tiempo que aclaró que “la devolución solamente alcanzará a los planes individuales y a los planes desregulados individuales por derivación de aportes. Quedaron afuera los acuerdos corporativos. Sin embargo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA, fue incluido expresamente en el acuerdo, por lo que está alcanzado en el plan de devoluciones” y recordó que con su “denuncia de enero logramos frenar los aumentos y forzar una respuesta directa del gobierno a través de la Superintendencia de Salud. Esto trajo alivio al bolsillo de millones de personas”.

“El Gobierno acordó con las empresas liberar los aumentos de precios. Al mismo tiempo, se estableció un mecanismo de devolución que es una farsa porque será absorbido por los nuevos incrementos”, explicó.

ATENCIÓN PREPAGAS I 📣

Finalmente resolvió la metodología de devolución de las cuotas que deberán respetar las empresas que hicieron el acuerdo con la Superintendencia de Servicios de Salud, bastante confuso todo. En este tuit les aclaro las empresas que están dentro y las que…

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) June 23, 2024

Ya adentrándose en cómo será el proceso, Reyes detalló: “la información del Acta de Implementación del acuerdo homologado en la justicia indica las siguientes cuentas en el cuadro. Igualmente, las empresas tienen que informar todo al 30 de junio por correo electrónico y posibilidad de ver los saldos actualizado”.

“Para el mes de enero 2024 habrá que multiplicar el valor de la cuota de diciembre 2023 por 1,255 (resultado enero), a la diferencia con la cuota que se cobró por enero 2024 hay que añadir el interés que se hace multiplicando la diferencia por 1,0917 que les dará el excedente enero. Febrero es multiplicar el resultado enero por 1,206 (resultado febrero), y la diferencia con la cuota de febrero hay que multiplicarla por 1,0917 para aplicar el interés”, desglosó el lilito y precisó que “para el excedente marzo hay que multiplicar el resultado febrero por 1,1320 (resultado marzo), y a la diferencia con la cuota de marzo hay que multiplicar por 1,0917 para aplicar el interés. Para el excedente de abril hay que multiplicar el resultado marzo por 1,11 (resultado abril) y a la diferencia con la cuota de abril hay que multiplicarlo por 1,0583 para aplicar el interés”.

Sobre esa misma línea, el legislador aseveró que “en los casos en que no se aplicó la cautelar en mayo 2024, el excedente se calcula tomando el resultado abril por 1,088, y a la diferencia con la cuota de mayo 2024 hay que multiplicarlo por 1,0417 para aplicar el interés” e indicó que “la suma de los excedentes de enero, febrero, marzo, abril y mayo, les dará un número que se llama excedente total. Se divide en 12 ese excedente total, y a ese valor se le suma desde el 1 julio y cada mes un extra que es multiplicar el resultado de cada mes por 1,0250 hasta llegar a junio de 2025”.

“Para ser más claro, si la suma total del excedente fue de 120.000 pesos, entonces son 12 cuotas de 10.000, la cuota de descuento que te dará la prepaga es 10.000 multiplicado por 1,0250, es decir 10.250$. En el mes de agosto, hay que considerar el valor de julio y volver a multiplicar por 1,0250, lo que te dará un descuento de 10.506,25$, y de ese mismo modo cada mes hay que multiplicarlo hasta la última devolución en junio de 2025. El Gobierno todavía no explicó cómo será la devolución de las cuotas para los que han cambiado de plan, de empresa de medicina prepaga o los que se dieron de baja”, continuó.

Finalmente, Reyes concluyó planteando que “más que tanta confusión, lo que hace falta es tener un control efectivo de la Superintendencia para que exista una relación entre la cuota y los costos de los servicios que efectivamente proporcionan. Hay que cambiar la ley para cuidar de verdad a los usuarios”.

ATENCIÓN PREPAGAS II 📣

En este tuit intento explicar cómo funciona la devolución acordada por la Superintendencia con las prepagas porque es muy engorroso todo pero, necesitamos de información para poder cuidarnos de los abusos.

La información del Acta de Implementación del… pic.twitter.com/eiALHkhkmi

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) June 23, 2024

De cara al debate definitivo que se dará la próxima semana en comisiones y el recinto de la Cámara de Diputados, el presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara baja, Juan Manuel López, explicó en detalle los escenarios posibles para el proyecto: “Sale con la versión de Diputados o con la del Senado”.

En primera instancia, el diputado de la CC dejó en claro que los proyectos de ley Bases y el paquete fiscal ya “son ley”, pero aclaró que “lo que no sabemos es con qué versión”. “El artículo 81 de la Constitución es claro: una vez que fue votado un proyecto de ley por las dos cámaras del Congreso, hay que elegir una de las de las opciones que produjo”, amplió.

Entrevistado en Diputados TV, el titular de bancada de la CC afirmó que la posibilidad de desechar la ley por completo “ya no existe más”. Del mismo modo, anticipó que “se va a tener que votar en particular porque viene con modificaciones en distintos títulos. Vamos a tener que decidir si insistimos o rechazamos” los cambios en la Cámara alta.

López explicó que tanto el paquete fiscal como la ley Bases pasarán por la reunión plenaria de comisiones para tener un dictamen y ahí serán llevados nuevamente al recinto. “Ojalá haya un solo dictamen donde nos podamos poner de acuerdo sobre qué insistir”, consideró.

Consultado por la situación del capítulo sobre moratoria previsional, que fue retirado directamente por el oficialismo antes de llegar al recinto, indicó: “Lo importante es que estuvo en la media sanción de Diputados, por más que no se lo haya llevado al recinto” del Senado. “Se votó una ley en la cámara de origen y si uno quiere que algo no sea ley lo tiene que desechar por completo en el momento de votar en la cámara revisora”, advirtió.

“Hace tanto ruido porque es una ley que lleva 6 meses de debate, la primera ley de un gobierno nuevo, por los conflictos políticos que hubo con un gobierno en minoría, pero los antecedentes que hay son bastante sencillos, porque no es nada que no pasara las dos cámaras y solo resta decidir cuándo se vota y qué versión queremos”, expresó Juan Manuel López.

Respecto a las empresas quitadas del capítulo de privatizaciones, aclaró que “la cámara de origen puede insistir porque justamente la cámara de origen tiene un privilegio que le asigna la Constitución que es votar dos veces”, y reiteró: “Si el Senado no quería que salgan algunas cosas tendría que haber desechado la ley por completo. No se hizo y ahora está esta posibilidad”.

También, habló de los encuentros que tuvieron en los últimos días con los representantes del Gobierno: “Lo que nos dicen es el paquete fiscal tiene que salir tal cual fue votado en la cámara de origen con la moratoria fiscal, un blanqueo, una modificación a la ley de Bienes Personales y la ley de un impuesto a los ingresos”.

En tal sentido, añadió: “Nos dijeron 'es esto tiene que salir integralmente', que el paquete fiscal quede completo, y el pedido más concreto viene por parte de los gobernadores, el Fondo Monetario Internacional, las entidades empresarias y los actores de la economía para que la Argentina vaya saliendo adelante”.

Ante el ingreso de los pliegos de Ariel Lijo y García - Mansilla en el Senado de la Nación para que ocupen la Corte Suprema, el presidente y diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, les envió una nota a los titulares del Pro y de la UCR, Mauricio Macri y Martín Lousteau respetivamente, solicitándoles “fijar una posición clara en contra la postulación del juez Ariel Lijo”.

“Me dirijo a ustedes en mi carácter de presidente de la Coalición Cívica – ARI a fin de solicitarles, en su calidad de presidentes de los partidos nacionales Pro y UCR, ex integrantes de Juntos por el Cambio con representación en la Cámara de Senadores de la Nación, la atención que requiere la nominación del Sr. Ariel Lijo como miembro del más alto tribunal de la República”, encabeza la nota.

Así, remarca que desde la Coalición Cívica ARI “manifestamos nuestra profunda preocupación por el silencio que ha imperado entre gran parte de los sectores y la dirigencia política frente a la nominación del Sr. Ariel Lijo, figura judicial que ha sido objeto de numerosas y serias objeciones. Esta propuesta al máximo tribunal de la Nación representa un grave riesgo para el estado de derecho, la división de poderes y la seguridad jurídica en todo el territorio de la República”.

En la carta, recuerdan que el pasado 7 de mayo, los diputados de la Coalición Cívica – ARI junto a Elisa Carrió presentaron la impugnación formal a la nominación del Sr. Lijo, en la que detallaron los argumentos y hechos que fundamentan su “firme rechazo a la postulación”, y enumera: “Falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal; carencia en las cualidades exigidas para ocupar la más alta magistratura de la Nación; inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito; escasa idoneidad técnica y jurídica; injustificables demoras en la tramitación de expedientes judiciales a su cargo y falta de mérito evidenciada en una magra y endeble formación académica”.

“Atendiendo a la gravedad institucional que podría acarrear la designación del Sr. Lijo, le solicitamos a ustedes, y a los partidos que tienen el honor de conducir, tengan a bien fijar una posición clara y contundente en contra de esta postulación, instando a los senadores y senadoras de la Nación electos por Juntos por el Cambio a honrar la responsabilidad que tienen con los ciudadanos de la República”, solicita.

En tanto, remarca que “con ello será posible evitar que un individuo como Lijo y su cuestionable historial de vínculos corporativos, llegue a ocupar un sitial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“El compromiso de ustedes con la defensa de las instituciones y el estado de derecho es fundamental en este momento crucial para la República”, cierra.

Los diputados de la Coalición Cívica de Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires le enviaron una nota al Enacom y a varias empresas tecnológicas para requerirles su colaboración, junto a los reguladores de las veinticuatro provincias, para dar de baja en la web páginas, contenidos y aplicativos de juego de apuestas clandestinos.

“En la Coalición Cívica estamos muy preocupados por la falta de colaboración del Enacom en prevenir la ciberludopatía. No es un tema menor; el Enacom y varios intermediarios de internet pueden hacer mucho para detener la proliferación de casinos online no autorizados y combatir la expansión de la ciberludopatía entre niños, adolescentes y jóvenes en Argentina”, señalaron.

La carta está dirigida al licenciado Juan Martín Ozores, que está a cargo del Enacom. Allí se le solicita una reunión urgente para evaluar posibles acciones de prevención. Esa misma nota se envió con copia a NIC.AR, Yahoo Search, Alphabet Inc. (Play Store, Google Search, YouTube), X Corp. (Twitter/X), Apple Inc. (AppStore), Microsoft Corporation (Bing), Meta Platforms Inc. (Instagram, Facebook) y Amazon.com Inc. (Twitch, Amazon Appstore).

“La ciberludopatía afecta a un número creciente de jóvenes. La ludopatía se produce a través de la exposición a un sistema de refuerzo intermitente  o de recompensa variable. Este tipo de mecanismos están presentes desde una muy temprana edad entre los jóvenes y afecta el funcionamiento de la voluntad. No tenemos tiempo que perder”, afirman los legisladores de la CC.

“La disponibilidad permanente del acceso al juego clandestino supone un riesgo para todos los jóvenes, incluyendo a los menores de edad. Se requiere una estrategia federal de restricción a los operadores interjurisdiccionales (por estar en el extranjero o por operar no regulados) ya que carecen de medidas de protección adecuadas como verificaciones de edad, límites de apuestas y mecanismos de autoexclusión”, agregan.

La Coalición Cívica le pide al Enacom que centralice una política de acuerdos con las principales empresas de disponibilidad de dominios en Argentina y los reguladores provinciales. El objetivo es que puedan canalizar solicitudes administrativas para dar de baja los dominios sin requerir un proceso judicial, siendo que es una actividad ilegal.

Además consideran prudente que Enacom celebre acuerdos con los motores de búsqueda como Google, Yahoo y Bing, para desindexar el contenido de las plataformas de juego clandestino. “Es una actividad ilícita y el requerimiento llegará desde una autoridad pública, por lo que es posible aplicar una baja del contenido a partir de la comunicación fehaciente del Enacom”, explican desde la CC.

También solicitan que se tomen medidas tendientes a favorecer la baja de contenidos y restricciones de publicidad a los usuarios que realicen publicidad o promoción de plataformas de juego clandestino. Este mecanismo puede realizarse a partir de acuerdos de Enacom con las diferentes empresas que explotan plataformas digitales como Meta, Twitch, y X.

El pedido de audiencia con Ozores, que hasta el momento no obtuvo respuesta, fue firmado por Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Maricel Etchecoin Moro, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Facundo Del Gaiso y María Cecilia Ferrero.

Tras el fuerte incremento que tuvieron las empresas de medicina privada y el posterior freno que les impuso la justicia, el diputado de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, advirtió que las prepagas podrían volver a “cartelizarse”.

A través de sus redes sociales, el legislador explicó que “después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización” e indicó que “antes de que esto sucediera pedimos una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC, pero era tarde. Nos notificaron la baja de la medida cautelar. El Gobierno decidió que desde el 1 de julio ya no haya control ni supervisión de las cuotas de las prepagas”.

“Estoy convencido que es un error. Quieren creer que las prepagas no van a volver a formar un cartel y poner los precios por las nubes, pero no hay ninguna razón para pensar eso”, continuó el oficialista, sumamente crítico con la situación.

Además, Reyes recordó que “no hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo” y destacó que “el Gobierno ya decidió y nosotros vamos a seguir impulsando la causa contra las empresas. Muchos por ideología piensan que hay que compartir el esfuerzo con las empresas de medicina prepaga, pero, el índice salud (que mide realmente la variación de costos de la actividad médica) viene estando por debajo de la inflación desde diciembre de 2023”.

“Las prepagas lo saben porque son ellas las que pisan los salarios y honorarios profesionales, y los acuerdos con las clínicas y demás instituciones”, aseveró.

Por último, el legislador porteño explicó que “en la Coalición Cívica vamos a seguir este tema muy de cerca con todos los usuarios y daremos la pelea. Queremos que las empresas puedan aumentar en relación con su estructura de costos y coherente al servicio que les dan a sus usuarios. Es un mercado imperfecto y se requiere innovar para intervenir menos, pero proteger más”.

En el recinto de la Cámara de Diputados, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC) apuntó contra el Gobierno Nacional y señaló que “es mentira que cuando arrancaron traían una solución para resolver la inequidad que dio la formula del gobierno kirchnerista”.
Además, hizo referencias contra el organismo a cargo de la ministra Sandra Pettovello con relación a la entrega de alimentos: “Que el oficialismo deje de mentir en dos políticas que deben ser prioritarias en este momento tan complejo de la Argentina como lo que está sucediendo en el Ministerio de Capital Humano”.

“Es mentira lo que instaló el vocero presidencial Manuel Adorni sobre los alimentos por vencer. Esto es un escándalo de alimentos y los sobresueldos de los funcionarios del Gobierno nacional”, aseveró.

Así las cosas, siguió: “Venimos peleando desde hace mucho tiempo y los jubilados no pueden esperar”. “Cuantas lealtades cínicas y mentirosas para seguir afianzando la política de crueldad contra el sector jubilado que viene sufriendo por el proceso inflacionario que heredó este gobierno”, añadió.

Asimismo, Ferraro afirmo que “no tenemos doble estándar”, y remarcó que el Gobierno no propuso ninguna mejora en la fórmula de movilidad jubilatoria cuando envío la ley Bases al Congreso, sino que “se pretendía una delegación al presidente de la Nación para hacer lo que quiera”, sumó.

“Ojalá hoy por lo menos una mayoría, por supuesto circunstancial, pueda darle una media sanción y un camino de recomposición y de cambio de movilidad jubilatoria a los jubilados que la vienen peleando y la vienen necesitando desde hace tiempo”, aseveró.

Por último, cuestionó al Gabinete Nacional: “Ante la negativa del propio ministro de Economía que recién en marzo se dignó a firmar un DNU, este Parlamento viene a dar respuesta y a romper el cinismo y la mentira de algunos que pretenden no darle una respuesta y seguir castigando, nada más y nada menos que a los jubilados”.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) planteó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo y le pidió que respete ese rol para una mujer.

“Hay muchos senadores que a mí me preocupa el silencio que mantienen frente a esta postulación. Los he visto marchar a favor de la justicia, sin embargo, callan con un silencio que aturde”, apuntó la diputada.

Campagnoli planteó que “la Corte necesita gente idónea, gente ejemplar, son el último intérprete de la Constitución Nacional, sus integrantes deben ser un espejo donde los ciudadanos queremos que se refleje el ideal de justicia que perseguimos, Lijo empaña ese espejo con su inoperancia”, y lo acusó de hacer un “cajoneo permanente que ha hecho de causas de corrupción que le ha valido una auditoría que ha demostrado que es el peor juez de Comodoro Py por su lentitud, por la falta de eficacia en sus sentencias y procedimientos, por las sospechas que hay sobre su patrimonio que le ha valido una denuncia de la doctora Elisa Carrió por enriquecimiento ilícito y varias denuncias por su desempeño en el Consejo de la Magistratura”.

“Mi postura no es ideológica, no tengo temor como tienen los senadores que si hablan en contra y no es electo en la Corte pueden ir contra ellos porque el juez Lijo sabemos que es muy influenciable para estos procederes contra alguno de los senadores que no lo quiso votar”, manifestó y apuntó: “Lijo ha cajoneado causas de todos los colores es un juez tiempista, ineficiente, lento, inidóneo, no es ejemplar”.

Al respecto, preguntó: “¿Eso queremos para la Corte Suprema? ¿No hay otros jueces con más méritos? ¿No hay otros académicos con más méritos? ¿no hay mujeres que puedan ocupar ese rol con la cantidad de juezas admirables que hay a lo largo y ancho del país? ¿No hay académicas que puedan cumplir ese rol?”.

“Somos la mitad de la población, merecemos un lugar en la Corte y debemos mantener esa silla en la Corte para una o dos mujeres al menos y me animo a darle nombres si el presidente Milei no tiene tiempo”, sostuvo Campagnoli y le mencionó a la constitucionalista María Angélica Gelli y a “la gran abogada Delia Ferreira Rubio que ha estado a cargo de transparencia internacional”.

La diputada las calificó como “mujeres prestigiosas”, y señaló: “No puede el presidente ningunear como ningunea a las mujeres y no proponer una mujer idónea, hay muchísimas mujeres que pueden ocupar ese lugar con muchísima eficiencia y con mucha más ejemplaridad que tiene el juez Lijo”.

“Hay muchos que creen que el problema del país es el déficit cero, para otros es la dirigencia política, yo soy de las que creo que el problema de la Argentina es la justicia. Si tuviésemos una justicia que actúa en tiempo y forma, que juzga no después de 20 años a aquel que no cumple su rol con eficiencia, con responsabilidad e idoneidad y ejemplaridad, en esta Argentina no se cumple eso de ‘el que las hace las paga’ muchísima gente que debería estar con una sentencia, anda por los canales de televisión”, manifestó.

Y cerró: “Creo que la justicia tiene un rol fundamental en la democracia porque sin justicia no hay República. Le pido al presidente que reflexione a quién quiere poner en la más alta magistratura, postulemos gente idónea, ejemplar, no lijemos la Justicia”.

En medio de la puja por los aumentos del servicio de medicina privado, el diputado de Vamos por Más (VxM) y referente de la Coalición Cívica (CC ARI), Hernán Reyes, cuestionó el nuevo acuerdo entre la Superintendencia de Servicios de Salud y las prepagas en la causa por el abuso de los precios.

A través de sus redes sociales, el oficialista planteó que le “preocupa el acuerdo realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud en la causa por el abuso de precios de las prepagas. No hubo cambios normativos ni culturales para ‘liberar’ los precios de las cuotas de medicina prepaga el mes que viene”.

“Vamos a insistir con tener una regulación adecuada de supervisión de los precios ex post. La medicina prepaga es un mercado cautivo donde los usuarios no tienen libre entrada y salida. Los pacientes crónicos y los adultos mayores merecen un régimen justo”, siguió el diputado y destacó que “donde e no hay competencia, hay abandono. Desde enero que estamos peleando para que estas cosas no sucedan. Copio una imagen del papelito que la Superintendencia de Servicios de Salud le entrega a los ciudadanos que se acercan angustiados a pedir que analicen si sus cuotas aumentaron de forma excesiva o no. Esto es inaceptable, las personas tienen derecho a ser atendidos de forma digna”.

A su vez, Reyes explicó: “si es como sostienen en el papelito y no tienen competencia para cuidar a los usuarios conforme el DNU 70, entonces seguimos exactamente en la misma situación y no debemos liberar las cuotas”.

En ese sentido, el diputado remarcó que “no existe el esfuerzo compartido frente a un aumento abusivo. La devolución siempre tuvo que ser completa y tiene que serlo por parte de todas las empresas de medicina prepaga que aumentaron por encima de la referencia inflacionaria. El desistimiento del proceso en relación con Bristol Medicine, Asistencia Sanitaria Integral S.A., Medical's Organización de Prestaciones Médicas Privadas, Cobensil, Median S.A.A.M.A., Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad, Fundación Médica de Mar del Plata y Medicina Esencial S.A., es inexplicable”.

“Voy a poner toda mi atención al caso en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia donde se está investigando a las empresas que conformaron un cartel y que iniciaron la catarata de aumentos. No es válido que pretendan dar de baja una causa por cartelización por un nuevo acuerdo corporativo. Estaríamos terminando en el mismo lugar en que nos dejó Sergio Massa”, sentenció Reyes.

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Me preocupa el acuerdo realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud en la causa por el abuso de precios de las prepagas. No hubo cambios normativos ni culturales para “liberar” los precios de las cuotas de medicina prepaga el mes que viene.

Vamos a… pic.twitter.com/Fd0VYUTyph

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) May 29, 2024

El bloque de diputados de la Coalición Cívica presentó un proyecto para transparentar el uso y evitar el abuso de los aviones oficiales y prohibir su utilización personal, política y/o electoral porque: “El uso personal y político de las aeronaves públicas es una práctica consolidada desde hace años a la que Milei no debería plegarse”.

La iniciativa propone la creación de un Registro Público donde los funcionarios deberán informar cada uno de los traslados realizados y sus costos. “Se debe prohibir de manera expresa el uso personal, político y electoral de las aeronaves del Estado, para evitar que se desvíen de su propósito público para servir a intereses particulares”, explicaron.

El objetivo es optimizar la gestión de las aeronaves del Estado y garantizar su disponibilidad para la prestación efectiva de servicios públicos. Además, busca promover el uso responsable y austero terminando con una práctica consolidada de la política que utiliza estos recursos públicos discrecionalmente.

“Desde Cristina Kirchner que se hacía llevar los diarios a Río Gallegos en el Tango 03 y viajaba en el avión de YPF hasta los gobernadores que utilizan los aviones sanitarios como si fueran propios, la política desvía recursos que deberían estar al servicio de la sociedad”, expresó Juan Manuel López, presidente del bloque en Diputados.

Para el diputado, la utilización abusiva de las aeronaves públicas fue posible debido a la falta de una norma que regule el registro, control y seguimiento sobre el uso de estos recursos. A su vez, agregó que, “la sociedad nos reclama gestos de austeridad. El Presidente Javier Milei no debería habituarse a este tipo de prácticas”.