No fue sorpresa, porque se venía hablando de eso desde hace tiempo, pero finalmente se formalizó este jueves. Fue a través de un decreto, que deroga otro decreto, el 2226, del año 2008, por el cual se le otorgaba a la Unidad de Información Financiera la facultad de querellar en causas de lavado de capitales. A partir del decreto que acaba de firmar Javier Milei, esa potestad ha desaparecido.

De tal manera, a partir de ahora la UIF ya no puede ser querellante en causas de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y/o de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El argumento utilizado es una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que señala que esa potestad puede “afectar su autonomía e independencia operativa”.

El extitular de la UIF en tiempos de Cambiemos, Mariano Federici, alertó que “una UIF debilitada, despojada de la facultad de querellar, fue siempre el anhelo de los más corruptos de Argentina. No es casual que quienes impulsaron esta medida, hayan sido los mismos operadores, disfrazados de expertos, que militaron siempre impunidad”.

Desde la Coalición Cívica salieron varios de sus diputados a cuestionar la medida. “¿Un decreto a favor de la impunidad?”, se preguntó el diputado Maximiliano Ferraro, quien posteó este jueves: “Nada más turbio que impedir que la UIF actúe y se constituya como querellante en causas de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado. ¿Qué le pasa a Milei? ¿Para qué hacen estas cosas? El decreto de hoy protege a los delincuentes y deja a la sociedad a merced de algún fiscal voluntarioso frente a este tipo de delitos. La UIF fue una herramienta clave para impulsar investigaciones y evitar la impunidad en las causas más graves del país”.

A su vez, Paula Oliveto Lago sostuvo que “son días de revelación. Ahora, por orden de Milei, la UIF no puede querellar a ladrones, narcos y lavadores de dinero. Se caen muchas caretas: no les importa Ficha Limpia ni recuperar lo robado”.

“Que este tiempo de reflexión nos sirva para renacer en la búsqueda de verdad y justicia”, acotó Oliveto.

A su vez, Marcela Campagnoli recordó que “los triunfos e investigaciones que tuvo la UIF cuando querelló, fueron derrotas para los corruptos y narcos”. “Debemos ser guardianes de un Estado obediente a la Constitución y sus leyes. Tenemos que generar ese cambio de conciencia donde la verdad sea un valor, la justicia un fin y la idoneidad técnica y moral para los cargos públicos un requisito habitual”, agregó la diputada de la Coalición Cívica, que agregó que “no solo fueron causas de políticos, sin la intervención UIF por ejemplo, en el proceso el clan Alé (trata de personas) éste hubiese quedado impune”. Y continuó: “O en la causa Luis XV (narcolavado), donde el fiscal fue reportado por su muy cuestionable accionar, y la UIF se presentó y querelló; sino también hubiesen tenido plena impunidad. Es importante poder tener rol de querellante para poder impulsar causas cuando algunos las ‘planchan’”.

En conclusión, agregó la diputada de la CC: “Esta decisión solo beneficia a los corruptos, al poder y al dinero mal habido. Y más aún, es contrario a ‘la lucha contra la corrupción y las castas’, que Milei había asumido frente a la sociedad”.

A su vez, el exdiputado nacional radical Alvaro de Lamadrid habla de “decreto de la impunidad” y sostuvo que con esto “se concreta el anhelo de Barra, Cúneo Libarona y los Milei de quitar facultades de querellar a la UIF, es parte de la "tabula rasa", más ahora que se vienen las elecciones y están comprando dirigentes de todos los partidos, sin importar si delinquieron”.

Luego de que se anunciara oficialmente que el jefe de Gabinete Guillermo Francos concurrirá el miércoles 16 de abril para informar sobre el escándalo cripto, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro reclamó tanto a ese funcionario, como al secretario Parlamentario Adrián Pagán “respetar la Constitución y el reglamento de la Cámara”.

“Acaban de convocar una sesión especial para el 16 de abril, generando un enchastre institucional sin precedentes”, sostuvo el presidente de la Coalición Cívica.

Ferraro sostuvo que “después de meses de incumplimiento (solo realizó 3 de los 9 informes obligatorios en 2024), “el jefe de Gabinete de Ministros finalmente se digna a venir a Diputados. Pero ahora pretenden mezclar su informe constitucional mensual (art. 101 de la Constitución) -que incluye más de 4.000 preguntas realizadas por los diputados- con un ‘informe voluntario’ sobre el caso $LIBRA, que de ningún modo cumple con los términos de una eventual interpelación o pedidos de informes requeridos al amparo de los arts. 71 y 100 inc. 11 de la Constitución Nacional”.

Para Ferraro, “la maniobra es clara: quieren dar un informe corto, vacío, a medida del jefe de Gabinete, del presidente de la Nación y de la secretaria general de la Presidencia. Lamentamos informarles que no funciona así”.

“Hay una Constitución y un reglamento que respetar”, agregó Ferraro, que enumeró a continuación:

🔴 Los pedidos de informes e interpelación por el caso LIBRA aún no fueron aprobados por la Cámara de Diputados. Por tanto, el JGM no puede anticiparse ni fijar condiciones. Debe comparecer cuándo y cómo lo decida el cuerpo, según se establecerá el próximo martes en la sesión especial.

🔴 El informe mensual sobre la marcha del Gobierno es una instancia de rendición de cuentas distinta e independiente de las otras previstas en la Constitución. Mezclarlas es vaciar de contenido la función de control del Congreso.

🔴 El secretario Parlamentario no puede suplantar la voluntad del Cuerpo ni violar lo dispuesto en el art. 204 del Reglamento. Tampoco puede ignorar ni vulnerar la voluntad de los legisladores expresada en el Orden del Día 761, que ha solicitado interpelaciones no solo al Jefe de Gabinete, sino también a otros funcionarios nacionales por el tema $LIBRA. Vale recordarle que las órdenes del día (OD) aún no han sido tratadas ni aprobadas por esta Cámara, y que pueden ser modificadas o rechazadas por el pleno.

Ferraro no tiene dudas de que “han convocado esta sesión informativa de manera malintencionada y provocativa, a sabiendas de la sesión requerida para el próximo martes 8. Lo han hecho, además, sin considerar (o sí) que será solo un día después de la finalización de Pesaj y en plena Semana Santa y Pascua cristiana. Es una falta total de respeto que solo busca impedir el efectivo control del Congreso e invisibilizar la verdad sobre LIBRA”. Advirtió el diputado de la Coalición Cívica que “será fáctica y logísticamente imposible que, en el último día de una semana de solo tres días hábiles, a las 14.30 horas, se respondan más de 4.000 preguntas realizadas por los diputados y, además, se pueda abordar el caso de la criptomoneda”.

“Lo que está en juego no es un tecnicismo parlamentario, sino el respeto por las instituciones, la división de poderes y el rol de esta Cámara como contralor del Poder Ejecutivo”, observó Maximiliano Ferraro.

Y cerró: “Señor presidente de la Cámara y secretario Parlamentario, como ya se lo he manifestado en reiteradas oportunidades, deben representar a la totalidad del cuerpo y no únicamente a una facción o parcialidad. ¿Realmente pretenden que nos prestemos a esta ficción y puesta en escena que desean llevar a cabo?”.

A través de una nota, los diputados de la Coalición Cívica le solicitaron al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que "proceda a instar en forma inmediata los procedimientos para la designación de los tres auditores generales como integrantes de la Auditoría General de Nación en representación de la Cámara de Diputados".

La misiva fue presentada a raíz de la situación de parálisis en la que entrará el organismo, con el vencimiento de los mandatos de los representantes por el Senado. En tanto, los auditores por Diputados se encuentran vacantes desde hace un año.

Los legisladores citaron el artículo 122 de la Ley 24.156, el cual establece que los seis auditores serán designados por resolución de ambas cámaras del Congreso, correspondiendo tres al Senado y tres a Diputados, "observando la composición de cada cámara".

Mientras que el artículo 85 de la Constitución Nacional establece que "el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo". A su vez, indica que "el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre su desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la AGN".

"La AGN desempeña un rol fundamental sobre el control externo de todo el sector público nacional. Sin embargo, la Cámara de Diputados tiene pendiente la designación de sus representantes desde el mes de abril de 2024, cuando vencieron los mandatos de sus representantes", recordaron.

En la nota, los cívicos subrayaron que "a partir de ese momento, la AGN funciona de forma incompleta, con 4 de sus 7 auditores y es inminente el vencimiento de los representantes de la Cámara de Senadores por lo que el organismo de control quedará totalmente paralizado, sin autoridades más allá de su presidente".

"Tal circunstancia es de una gravedad institucional que impediría al Poder Legislativo cumplir con la función de control que la Constitución Nacional le asigna, ya que no podrá contar con los dictámenes del organismo de asistencia técnica que es la AGN", enfatizaron.

Finalmente, los diputados aseguraron que "es responsabilidad del presidente de esta Cámara instar el procedimiento para la designación de auditores generales" y, en ese sentido, le pidieron "se dé tratamiento en forma inmediata, a fin de evitar la paralización y acefalía de la AGN".

En el marco del cierre de inscripción de alianzas, Paula Oliveto Lago confirmó que la Coalición Cívica (CC ARI), el partido encabezado por Elisa Carrió, participará de estos comicios con una nómina de candidatos propia y aseguró que “la Ciudad perdió el foco”.

En ese sentido, la diputada nacional aseveró que “no vamos a dejar que usen a los porteños para medir quién tiene más poder y cargos y después los abandonen” e informó que su “compromiso es con esta ciudad a la que pertenezco desde que nací en Mataderos. Nos preocupa la inseguridad, el desorden y la mugre”.

Asimismo, expresó que “la Coalición Cívica inicia esta campaña electoral con una lista de candidatos integrada por personas que han dado testimonio de lucha contra la corrupción, que han defendido a los jubilados y a las pymes de la Ciudad y frente al abuso de las prepagas” y resaltó que creen “en el orden de las cuentas públicas, la austeridad y la libertad para emprender y generar empleo”.

“Vemos una Ciudad que perdió el foco. Vamos a promover una ciudad que recupere su carácter, una identidad plural, moderna, creativa, una que defienda la educación como el principio de todo lo bueno”, continuó y concluyó planteando que “el 18 de mayo no se elige jefe de Gobierno, se elige quien representara mejor a los porteños en la Legislatura. Por eso nuestra lista está abierta a los mejores referentes de nuestra sociedad”.

La sesión en la Cámara de Diputados que se desarrolló este miércoles 12 terminó en un fuerte escándalo en un “todos contra todos”, donde hubo peleas, forcejeos entre diputados libertarios, gritos y duras acusaciones.

Ante ese panorama, el diputado nacional y presidente de la CC, Maximiliano Ferraro, le exige al presidente de la Cámara baja Martín Menem que, en virtud de lo establecido en el artículo 188 del Reglamento Interno sobre sanciones disciplinarias, se aplique de inmediato el procedimiento correspondiente en la próxima sesión porque “no se puede pasar por alto”.

Ferraro explicó que “esta disposición resulta pertinente ante la coacción ejercida por el diputado Lisandro Almirón y otros miembros de LLA durante la sesión especial del 12 de marzo, dirigida a varios diputados que decidieron permanecer en sus bancas, con el objetivo de romper el quórum reglamentario mediante intimidación”.

El libertario Almirón se le fue al humo a Oscar Zago, entre gritos y reproches de traición. Hubo manotazos y empujones en medio de la furia. El enojo de LLA contra el MID, habitual aliado, también pasaba porque sus tres miembros habían dado quórum para abrir la sesión y votaron a favor del emplazamiento para tratar una comisión investigadora por el escándalo cripto.

Por su parte, las libertarias Marcela Pagano, Rocío Bonacci, Lilia Lemoine y María Celeste Ponce protagonizaban otro capítulo de la novela que las enfrenta. Solo que esta vez pasaron de las redes sociales a la acción. El dúo de Lemoine y Ponce estaban con sus celulares filmando a Pagano y Bonacci, acusándolas de dar quórum “junto al kirchnerismo”. Bonacci reaccionó tirándoles un vaso de agua.

“El artículo 188 establece que, si la gravedad de las faltas lo justifica, la Cámara, por indicación del presidente o moción de cualquier miembro, debe decidir, por mayoría absoluta, si corresponde hacer uso de la facultad que le confiere el artículo 66 de la Constitución Nacional, creando una comisión especial para investigarlas. Si este procedimiento no se lleva a cabo, presentaré una moción al respecto”, planteó el diputado de la CC.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución para exigirle una serie de informes al Poder Ejecutivo Nacional vinculados al ingreso de Laura Belén Arrieta, una joven que llegó a la Argentina desde los Estados Unidos que, según versiones periodísticas, “no fue requisada” por una “orden de arriba”.

El caso que mencionan en el texto se trata de la información brindada por el periodista Carlos Pagni el lunes por la noche en su programa en LN+, donde habló de “revuelo en Aduana” por la llegada de Arrieta la semana pasada. Asimismo, dijo que la joven está “aparentemente ligada a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el núcleo en el que participa mucha gente del gobierno y donde está Donald Trump, por lo que Javier Milei viajó a Estados Unidos hace unas semanas”.

Por la rapidez de las interacciones en X, la supuesta cuenta oficial de la joven Laura Belén Arrieta, bajo el usuario @LauraBArrieta, pasó de ser pública a tener el candado y limitar el acceso a sus seguidores. En su perfil, se observaron fotos junto al presidente de la Nación en la cumbre de la CPAC.

La foto publicada por la presunta cuenta de Laura Belén Arrieta en los últimos días.

Rápidamente, el hecho tuvo repercusiones en X, donde los usuarios hicieron tendencia “Antonini Wilson”, al recordar el caso del empresario venezolano que arribó a la Argentina en agosto del 2007 con una maleta con 790.550 dólares que no había declarado a su llegada y que posteriormente fueron decomisados. Por ese caso, se abrieron tres procesos judiciales en Argentina, Venezuela y los Estados Unidos.

Así las cosas, el caso mencionado fue recordado en los fundamentos del proyecto firmado por Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Paula Oliveto Lago.

‼️ QUÉ NO HABÍA QUE MIRAR

El periodista Carlos Pagni reveló en Odisea Argentina que se habrían liberado los controles de la Aduana para Laura Belén Arrieta, una mujer que arribó a la Argentina con “muchas valijas” desde Miami. Según su relato, hubo una orden clara: “No hay que… pic.twitter.com/gMVDCF8wgq

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 11, 2025

Para ello, la presentación del pedido de informes de la CC solicita fecha, hora, aeropuerto, datos y plan de vuelo de la llegada de Arrieta; documentación pública del vuelo privado por que el que aterrizó; información sobre los controles que la joven realizó al llegar; el nombre de los agentes que intervinieron; razones por las cuales no se habrían hecho los controles; y los registros fílmicos del ingreso de la aeronave y la pasajera.

“En caso de haberse producido irregularidades, es indispensable identificar a los responsables jerárquicos que pudieron haber impartido instrucciones en contravención a las normas vigentes. La ciudadanía tiene derecho a conocer si las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de la ley han actuado con transparencia y legalidad o si, por el contrario, han sido utilizadas con fines discrecionales o ilegales”, afirmaron los diputados firmantes del proyecto.

A través de un posteo con el informe periodística, Ferraro advirtió que "si el Gobierno predica la transparencia, debería esclarecer de inmediato este episodio". Luego, cerró que "la discrecionalidad en los controles aduaneros no solo compromete la seguridad y la legalidad del comercio exterior, sino que también evidencia un doble estándar inaceptable".

El bloque de diputados provinciales de la Coalición Cívica bonaerense le envió una carta al titular del Instituto de Obra Médico Asistencial, Homero Giles, para pedirle explicaciones sobre las acciones que se están desarrollando para abordar la grave situación de IOMA. “Es preocupante que el gobernador Axel Kicillof no haya mencionado nada al respecto” en la apertura de las sesiones en la legislatura bonaerense, advirtió.

Los diputados provinciales Maricel Etchecoin, Luciano Bugallo y Romina Braga alertaron que el gobernador Kicillof evitó referirse a la crisis que sigue atravesando IOMA en su discurso ante la Legislatura pese a que “son más de 2 millones de bonaerenses los que esperan respuestas” y aseguraron que esta obra social “debería ser autárquica”.

“El año 2024 dio cuenta de la aguda crisis que padece el Instituto. La falta de descuento de medicamentos con cobertura en locales de expendió autorizados, la carencia de entrega de medicinas para ciertas enfermedades, la no provisión de accesorios, como ser material ortopédico, protésico y otro tipo de elementos, son algunos de los graves problemas que denuncian los afiliados”, detallaron en el escrito.

“A eso se le sumó, el conflicto con FEMEBA que tantas perjudiciales consecuencias acarreó para los profesionales de la salud y fundamentalmente para los afiliados que, en muchas ocasiones quedaron sin cobertura alguna, teniendo que ser atendidos como pacientes particulares”, agregaron.

En la misiva, el bloque de la CC le pidió a Giles el detalle de las acciones que están llevando a cabo. “Resulta extremadamente necesario toda vez que en el discurso del día miércoles 5 de marzo, en lo que fue la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, el Sr. El Gobernador no mencionó nada al respecto”, alertó.

“En relación a esta lamentable situación hemos presentado pedidos de informes que hasta el momento no obtuvieron respuesta, así como acompañar el pedido de interpelación en virtud de la función que ejerce. Dado este contexto, desde nuestro espacio esperábamos que en el comienzo del año legislativo el Gobernador nos pueda brindar la información que durante el 2024 no fue dada a través de sus funcionarios”, se remarcó en la carta enviada a Giles.

Por su parte, Maricel Etchecoin -que preside el bloque de la CC- dijo que "los hospitales y centros de salud de la provincia están colapsados. La crisis del sistema de salud es innegable. Lamentamos profundamente que siga sin hacerse cargo de la crisis de IOMA y el desamparo de miles y miles de afiliados”.

A su vez, Romina Braga alertó que “la gestión de Kicillof demuestra que el problema no es el tamaño del Estado, sino su ineficiencia. Seguimos enfrentando una burocracia que paraliza las soluciones y no responde a las necesidades reales de los bonaerenses”.

En tanto, Luciano Bugallo aseguró que “no sabemos qué pretende este año Kicillof para los bonaerenses, qué leyes vamos a discutir, cuando vamos a tratar el Presupuesto o la Ley Fiscal, por ejemplo”.

En materia de seguridad, por otra parte, el bloque de la CC presentó un proyecto para crear una comisión investigadora del narcotráfico, desarmaderos y metaleros y reiteró el pedido de interpelación del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. En paralelo, instó al Congreso nacional a tratar de forma urgente la ley de responsabilidad penal juvenil y, en ese sentido, consideró que “es una herramienta fundamental para abordar la participación de menores en hechos delictivos y fortalecer el sistema de justicia en relación con este sector de la población”.

El diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, cruzó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por sus críticas a la líder de su partido Elisa Carrió: “Su obediencia ciega no los exime a Javier y Karina Milei a dar explicaciones ante la Justicia”.

Carrió confirmó que pretende volver al Congreso en las elecciones legislativas de este año y que se presentará como candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. En ese marco, se refirió al escándalo cripto y deslizó que una de las principales responsables del fue la secretaria general de presidencia, Karina Milei, a quien caracterizó como “la cajera”. “Como dije en 2003 que la cajera era De Vido y después Lázaro Báez, ahora la cajera es Karina Milei”, advirtió y apuntó contra el presidente: “Lo veo autoritario”.

Al respecto, fue el jefe de Gabinete quien le salió a responder y a respaldar a los hermanos Milei: Ella ha hecho denuncias importantes, muchas sin éxito… En el mismo programa que anuncia su candidatura denuncia a Karina Milei. A ver, me parece más o menos lo mismo que los tuits de Cristina Kirchner, están en campaña política, pero es un poco irresponsable asignar responsabilidades sin pruebas, es irresponsable hacer estas cosas, estas denuncias públicas, cuando no hay pruebas”.

Ahí, fue Ferraro quien le retrucó a Francos: “Su confianza es obsecuencia y obediencia”, y le planteó: “Las falsas comparaciones y ataques contra Carrió no van a ocultar la gravedad de los hechos del 14 de febrero. Usted dice tener absoluta confianza en Karina Milei y el Presidente, pero su obediencia ciega no los exime a ellos de dar explicaciones ante la Justicia y a Ud. frente al Congreso”.

“No es la primera vez que los defensores del corporativismo político nos acusan de locos por denunciar maniobras espurias y abuso de poder. Lo hicieron en los 90 menemistas con su amigo Cavallo, en el kirchnerismo y ahora lo hace usted para defender a Karina Milei y su hermano. Esta vez no será distinto”, le enrostró.

Retirada de la política en 2020, antes de la pandemia, la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió acaba de confirmar que volverá a ser candidata a diputada nacional. Esta vez por la provincia de Buenos Aires.

Lo hizo a través de las redes sociales, donde también reconfirmó que Paula Oliveto va a ser la candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por la Coalición Cívica. Y en otro posteo, aclaró que la Coalición Cívica va a ir sola en las próximas elecciones, porque “estamos en desacuerdo con el financiamiento electoral”.

Mucho se había especulado con la eventual candidatura de Elisa Carrió, teniendo en cuenta que concluida la experiencia de Cambiemos ella anunció que dejaría la política y renunció a su banca cuando le quedaban todavía dos años de gestión.

Lo cierto es que, según adelantó la fundadora de la CC, finalmente probará fortuna en la provincia de Buenos Aires, un distrito difícil, pero en el que ya quiso en su momento incursionar. Atento a su residencia en Capilla del Señor, siempre se dijo que esa mudanza tenía objetivos electorales. Se hablaba de ello siendo ella oficialismo y principal referente de Cambiemos durante la administración de Mauricio Macri. Íntimamente ella hubiera querido ser candidata a senadora nacional en 2017 por Cambiemos, en la provincia de Buenos Aires. Le seducía enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner, pero finalmente el Gobierno de Macri optó por presenatr allí una fórmula Pro “pura”, con Esteban Bullrich y Gladys González. Ahora muy probablemente pueda sacarse el gusto de enfrentar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en ese distrito.

En caso de consagrarse diputada, sería el séptimo mandato que le toque afrontar. Los primeros dos, en 1995 y 1999, fueron al frente de listas del radicalismo por el distrito chaqueño.

Ya  a partir de 2009 comenzó a candidatearse por la Ciudad de Buenos Aires, más allá de tener domicilio en su provincia natal. Ahora se suma a la contienda electoral con la esperanza de mantener un buen número de diputados de su partido en el Congreso. Recordemos que en la actualidad son 6 los diputados de la CC, de los cuales 4 terminan sus mandatos a fin de año. Ella confía en que su figura permita albergar grandes expectativas para esta elección.

A 20 días del mensaje publicado por el presidente Javier Milei en el que promocionó la criptomoneda $LIBRA y el posterior escándalo, los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, presentaron una denuncia penal contra la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei, en la que piden que se la investigue por cohecho, tráfico de influencias e infringir la Ley de Ética Pública.

La presentación ante la Justicia se da en el marco de la investigación por las denuncias contra el entorno presidencial de presuntos pedidos de dinero para acercarse al jefe de Estado. En la petición, los legisladores mencionaron al trader Hayden Davis y una acusación contra el Poder Ejecutivo Nacional vinculada al “mecanismo implementado para obtener entrevistas presidenciales”.

En la denuncia presentada este miércoles, los diputados de la CC plantearon que “a partir de una filtración en la Deep web se habría dado un presunto diálogo con mensajes de texto en el que, el nombrado -creador del token libra- y titular de la empresa ‘Kelsier Ventures’ se jactaba de su influencia”, con la secretaria general de la Presidencia de la Nación.

En otro punto, mencionaron que “en la Justicia de Estados Unidos, la nombrada (Karina Milei) está acusada de ser quien coordinó las reuniones entre el presidente (de la Nación) y los promotores de la polémica cripto”.

En la denuncia a la que accedió parlamentario.com, los diputados señalaron que "a ella se la señala como la que facilitó los actos preparatorios con el nombrado y con Mauricio Novelli, CEO de la empresa N&W Partner".

"En esta misma línea resulta procedente suponer que la nombrada le dio reiteradas entradas a la Casa Rosada y Quinta de Olivos, para reunirse con el Presidente de la Nación, a todos los implicados en lo que se diera en llamar 'Cypto $LIBRA' y que, éste generoso y reiterado pase, haya sido tarifado de uno u otro modo", aseveraron.

Además, detallaron que los ingresos registrados oficialmente de Mark Hayden Davis datan del día 11 de junio del año 2024. Y mencionan otro, del día 16 de julio del año 2024 junto a Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy.

En el final, Ferraro y Frade advirtieron que "si las entrevistas y encuentros presidenciales para el destino que fuera, pasaban sólo por las manos de la denunciada, tendrá que ser materia de indagación, el recorrido de esa recaudación".

La CC no tiene representación en el Senado. Si la tuviéramos no tengo dudas que esa cueva funcionaría distinto. El proceso de nominación de Lijo a la Corte es un ejemplo.

Les cuento qué hicimos recientemente y en el pasado también.

Elisa Carrió denunció por asociación ilícita, lavado, coimas y tráfico de influencias a los hermanos Ariel y Alfredo Lijo, entre otros. La denuncia fue ampliada en 2019 con información sobre los vínculos de los Lijo con la familia Corach y el caso “Siemens”.

Con Paula Oliveto denunciamos a Lijo ante el Consejo de la Magistratura por el trámite de la causa “Siemens”.

2023: lo denuncié ante el Consejo por su intervención en la causa de la Obra Social del Poder Judicial. La tramitaba con arbitrariedad para beneficiar a Lorenzetti,

En el plenario de las Comisiones en la que tramitó la ley “Bases” le pregunté al Ministro de Justicia, Cuneo Libarona, si el gobierno tenía pensado promover la designación de Ariel Lijo a la Corte Suprema y también si era un chiste. Nadie de otro partido se hizo eco.

La Oficina del Presidente de la Nación, a través de la red social X, anunció la nominación de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema.

El mismo día, el partido Coalición Cívica emitió un comunicado anunciando que impugnaría su candidatura.

Los demás partidos... ¿?

Se publicó en el Boletín oficial la propuesta de Lijo para cubrir la vacante en la Corte.

Carrió, y el bloque de diputados lo impugnamos formal y fundadamente ante el Proceso de preselección llevado a cabo en el Ministerio de Justicia.

Sin contestar las impugnaciones hechas ante el Ministerio ingresó el pliego al Senado.

Carrió y el bloque de diputados lo impugnamos ante la comisión de Acuerdos del Senado.

Enviamos decenas de preguntas para ser leídas en la audiencia pública. Se leyeron muy pocas.

Desde aquel momento bregamos para que el Senado lo rechace. Salvo honrosas excepciones los senadores o fueron cobardes o se dedicaron a negociar secretamente.

En comunicados, hoy algunos lloran por la designación por decreto. Sospechosamente solo lloran, pero no hacen nada más.

La Coalición Cívica presentó este lunes una denuncia penal, firmada por Elisa Carrió y los diputados nacionales Juan Manuel López (jefe del bloque); Maximiliano Ferraro (presidente del partido); Mónica Frade; Victoria Borrego y Marcela Campagnoli, en la que requiere a la Justicia que investigue la posible comisión de los delitos de estafa, cohecho o dádivas promovidos desde el Poder Ejecutivo, luego de que el presidente Javier Milei promoviera una inversión en criptomonedas a través de una red social.

La diputada Paula Oliveto no firmó el escrito porque integra la Comisión de Juicio Político de la Cámara. La denuncia se encuentra en el juzgado de la jueza María Servini y el fiscal que interviene es Eduardo Taiano.

“Venimos a peticionar que se investiguen los hechos que tomaron estado público el pasado día 14 de febrero, vía la red X, a través de la cuenta oficial del mismísimo presidente de la Nación, Javier Milei, por la posible comisión de delitos de acción pública (artículos. 256 o 259 del Código Penal) o la posible participación en otros ilícitos penales que pudieran haber cometido terceros, cuya configuración s e pudiera acreditar durante la investigación”, plantea la denuncia.

El artículo 13 del Pacto de San José establece que el derecho de las sociedades a saber implica, en consecuencia, el deber inexcusable de la prensa libre de informar sobre toda la operatoria de estafa o defraudación que haya contado con la participación, a título de promoción,…

— Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) February 15, 2025

En esa línea, agrega que “solicitamos se determinen las eventuales responsabilidades penales de funcionarios públicos y de las personas que pudieran estar involucradas en los sucesos relatados, así como el grado de participación de cada uno de los mismos”.

Estaríamos ante un presidente que promociona en su cuenta X una criptomoneda que estaría vinculada a estafas virtuales”, sostiene el escrito.

La presentación de la CC recuerda que “siendo diputado nacional, Milei promocionaba y daba cursos de ‘capacitación’ sobre inversión en la consultora ‘NW’, empresa que como anticipamos, tiene como CEO a Mauricio Novelli y su socio Torrones Godoy. Por entonces mientras sorteaba su dieta como legislador, percibía honorarios por los ‘cursos de capacitación’ que promocionaba esa empresa, a través de un personaje que ya era sumamente mediático y que, por ende, atraía participantes a estos cursos”.

La denuncia menciona, también que “uno de los participantes de ese Foro, el señor Charles Hoskinson, cofundador de las criptomonedas Ethereum y Cardano y referente mundial del universo de "criptos" afirmó que ese evento organizado por Mauricio Novelli y su entorno, de vínculos con el presidente, le sugirió pagar para obtener una entrevista con Javier Milei.

Según sus afirmaciones en ese Foro s e sitúa el germen de ese proyecto. Todo esto ha sido público a través de un video de 15 minutos en su cuenta X. Hoskinson apareció en una foto grupal con Novelli y con Milei, pero sostuvo su negativa a acceder a una reunión privada y a una fotografía individual con el Presidente de la Nación”.

“El presidente es economista, su expertise es precisamente el asesoramiento en inversiones financieras; sus antecedentes así lo revelan. Vivió los últimos años previos a su cargo de Presidente de la Nación, asesorando importantes grupos económicos. Se auto percibe y promociona, como el mejor del mundo. Todo esto descarta un equívoco y, los hechos relatados, comportan una sucesión de ‘actos preparatorios’ de la posible estafa consumada”, aseguran los dirigentes de la CC.

“Es necesaria una investigación independiente, rigurosa, seria y transparente. El Gobierno no puede ser juez y parte”, precisaron y concluyeron: “Nosotros preferimos corrernos de la polarización que resulta funcional al kirchnerismo y a y La Libertad Avanza, y cumplir con el rol que nos toca en el Congreso”, señalaron.

“Creemos que sería muy valioso que el presidente brinde, dado el compromiso republicano que dijo tener, una conferencia de prensa con periodistas de todos los medios, en la que se pueda preguntar y repreguntar”, añadieron.

La Coalición Cívica le mandó una carta al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, firmada por Elisa Carrió; su presidente Maximiliano Ferraro; por el legislador porteño Hernán Reyes y el abogado Federico Esswein, en la que solicita una serie de medidas concretas para bajar los precios de los medicamentos.

La nota presenta una serie de propuestas que tienden a mejorar la competencia en el mercado farmacéutico argentino y a fortalecer la transparencia de las compras que realiza el PAMI y que afectan a todo el mercado. Se incluye una copia de la denuncia presentada por la Coalición Cívica en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por la cartelización de los laboratorios.

En doce páginas de fundamentación elaborado por el equipo técnico de la Coalición, se proponen ocho medidas específicas:

1. Transparentar la adquisición de los medicamentos con coberturas más altas del PAMI.

• ○ Diferenciar la compra de medicamentos según el Índice de Herfindahl Hirschman (HHI), basado en la cantidad de oferentes para cada principio activo:

▪ HHI ≤ 2500: Compra mediante licitación pública con precios de referencia.

▪ HHI > 2500: Negociación directa con la industria farmacéutica con opción de licitaciones internacionales.

• ○ Eliminar la intermediación de ACE Oncología y FARMALINK S.A., reemplazándolas por una gestión directa del PAMI.

Reforma del sistema de precios de los medicamentos

• ○ Eliminación del modelo de precios precompetitivos fijado por el Convenio Marco del PAMI.

Esto libera al mercado de regirse por los precios de lista que publican los laboratorios en K@iros.

• ○ Para los medicamentos con protección de patente o catastróficos, se propone la implementación de un sistema similar al modelo español de fijación de precios basado en costos y valor terapéutico.

Fomento a la competencia de medicamentos genéricos y biosimilares

• ○ Promoción activa de la compra de biosimilares para reducir costos de tratamientos complejos.
• ○ Identificación clara de todos los medicamentos genéricos en los envases, para promover la competencia en góndola y la transformación de los hábitos de consumo.
• ○ Reformas regulatorias para abaratar la validación de genéricos y biosimilares.
• ○ Aceptar la adecuación de la presentación de los medicamentos prescriptos a otras presentaciones equivalentes.

Creación del Sistema Integrado OYTE (Oncológicos y Tratamientos Especiales)

• ○ Concentración de la negociación de medicamentos de alto costo y baja incidencia entre el subsistema público, PAMI y otros actores del sistema de salud.
• ○ Implementación de un modelo de adquisición única para fortalecer el poder de compra y reducir costos.
• ○ Distribución del costo de acceso OYTE a partir de un sistema solidario de financiamiento que sustituya al SISTEMA UNICO DE REINTEGRO (S.U.R.).
• ○ Redirigir la función de la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (CONETEC) en la definición de protocolos médicos, bajo estándares internacionales, para los tratamientos de alto costo.

Reforma de la ANMAT y otros organismos regulatorios

• ○ Mayor independencia de la ANMAT del lobby farmacéutico, a partir de la participación en procedimientos específicos por parte de la CNDC y de la Superintendencia de Servicios de Salud.
• ○ Publicación en tiempo real de los plazos de aprobación de nuevos medicamentos.

Regulación de la integración de la industria farmacéutica

○ Severa restricción de la integración vertical de laboratorios con distribuidores y droguerías.

○ Prohibición de la integración cruzada entre competidores ya sea de manera vertical o de mercados adyacentes.

Garantía de acceso equitativo al sistema de salud

• ○ Reforma del sistema de medicina prepaga y obras sociales para eliminar barreras económicas de acceso a tratamientos por enfermedades crónicas o

preexistentes. Basados en el impacto del Sistema Integrado OYTE.

• ○ Incorporar el componente de seguro de retiro al valor de la prestación de salud a los efectos de mantener las cuotas para adultos mayores de prepagas y obras sociales conforme la movilidad jubilatoria y/o inflación.

Fomento de la investigación y desarrollo en Argentina

• ○ Protección de patentes y datos de estudios clínicos para atraer inversiones en innovación.
• ○ Acuerdos de suministro a precio de costo para el sistema de salud argentino durante la vigencia de patentes de medicamentos desarrollados en el país o

cuyos estudios clínicos se hayan realizado con las facilidades del país.

Las medidas propuestas por la Coalición Cívica tienen por objetivo reducir los costos de los medicamentos para todos los argentinos y fortalecer la sostenibilidad de los subsistemas de salud, manteniendo el estándar de acceso.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, junto a Hernán Reyes, presentaron una denuncia penal que está tramitando en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, por el robo que varios laboratorios hicieron al PAMI durante 2023.

“Hemos podido acreditar un millón de dólares de desfalco en tan solamente 8 medicamentos oncológicos que tomamos de muestra en operaciones de 5 laboratorios donde el mismo medicamento se pagó hasta 14 veces más”, detalló a modo de ejemplo el legislador porteño.

Según Reyes, “esto es la punta del iceberg. Por ese motivo nos presentamos en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para denunciar el cartel de los laboratorios”.

La investigación de los dirigentes de la CC demandó un año entero y allí figuran denunciados la agencia de colaboración empresaria Agrupación para la Administración de Contratos de Oncologiá y Tratamientos Especiales; el Laboratorio Elea Phoenix SA; GPPharm SA; el Laboratorio Kemex SA; Biosidus SAU, y Laboratorios Raffo SA, por el presunto delito de defraudación contra la administración pública.

La denuncia va también contra la exdirectora del PAMI y actual diputada nacional Luana Volnovich por la misma calificación legal, más la calificación de incumplimiento de los deberes de funcionario público establecido en el artículo 248 del Código Penal de la Nación.

A partir de una serie de pedidos de acceso a la información pública, los denunciantes obtuvieron los precios abonados por el PAMI, respecto de 8 diferentes medicamentos compuestos por los principios activos anastrozol, ciclofosfamida, letrozol, docetaxel, bevacizumab, rituximab, enzalutamida, y erlotinib, destinados al tratamiento de padecimientos oncológicos. Del contraste de los dos mecanismos de adquisición empleados por el PAMI durante 2023 para los referidos medicamentos, emergen diferencias de precio que no son acordes con justificaciones de mercado y/o de métodos de pago. Siendo que el proceso de compra de los medicamentos supone una cierta dificultad técnica, la denuncia detalla que el PAMI adquiere medicamentos por medio de dos procedimientos diferenciados: el Convenio Marco y las Licitaciones Públicas. Históricamente existió lo que se conoció como el Convenio PAMI-Industria, un sistema destinado a garantizar el acceso a medicamentos a los afiliados del PAMI a precios acordados y con una financiación conjunta entre las partes involucradas. En dicho convenio participa la industria farmacéutica representada por cámaras sectoriales como CILFA (Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos), Cooperala (Cooperativa de Laboratorios Argentinos), y CAEME (Cámara Argentina de Especialidades Medicinales). Por su lado, PAMI actúa como el organismo pagador y negociador en representación de sus afiliados, y las farmacias son los puntos de distribución, bajo condiciones de venta reguladas por el convenio.

Durante el 2023, se adquirieron 211.966.441 unidades de medicamentos del tipo ambulatorio por un total de $421.608.229.276,73 a través del sistema del Convenio Marco, conforme la información proporcionada por el PAMI la respuesta al pedido de acceso a la información pública. Asimismo, se adquirió 1.178.974 unidades de medicamento o de tratamiento de los considerados “especiales” siendo estos proporcionados en unidades hospitalarias u otros modos no ambulatorios. Respecto de este último se gastó en total $112.079.605.049,21. En lo que respecta a las licitaciones públicas gestadas durante el 2022 pero por medicamentos requeridos o pagados en 2023, Carrió y Reyes encontraron que se adquirieron un total de 986.116 medicamentos por $12.274.411.280,03. Del análisis de los medicamentos adquiridos por las licitaciones públicas LP 44/2022 y LP 79/2022, se puede llegar a la conclusión que se han centrado en medicamentos para patologías raras, crónicos como VIH y oncológicos.

Señalan los denunciantes que “si la lógica economicista indicaba que los medicamentos adquiridos por Convenio Marco obtendrían precios más bajos dada la negociación directa con las cámaras, lo que no podría obtenerse con licitaciones públicas frente a principios activos que no tienen más de dos o tres laboratorios oferentes, pues los resultados de las adquisiciones de 2023 dan cuenta de exactamente lo contrario”.

La denuncia señala a continuación que “se observa consistentemente que el laboratorio GP PHARM ha logrado colocar 1098 unidades de anastrozol de 1 mg. en 28 comprimidos durante el 4to trimestre de 2023, por un total de 13.192,01$ la unidad. Mientras que el mismo producto, por el mismo oferente y en el mismo trimestre, fue adquirido a $924 la unidad por un total de 358 unidades gracias a la Licitación LP n° 44/22. Las diferencias no suceden exclusivamente con el anastrozol sino también con el ciclofosfamida de 1000 mg que en el 3er trimestre de 2023 PAMI adquirió 869 unidades por $5.312,19, mientras que se adquirieron 4.231 unidades por $1.200 cada una en el trimestre inmediatamente anterior, adquiridos con la Licitación LP n°79/22. GP PHARM también logró diferencias llamativas para la adquisición de letrozol 2,5 mg en comprimidos de 30, también en el 4to trimestre de 2023, adquiriendo por convenio marco unos 2.632 unidades a $16.923,02 cada una”.

El mismo producto, fue adquirido en el 4to trimestre por un total 288 unidades al precio de $1.080. Lo más curioso de este caso es que en el 2do trimestre de ese mismo año se adquirieron 17.522 unidades por ese mismo precio, y 3er trimestre unas 4.179 unidades, todo a través de la Licitación LP N° 44/22. Esto significa que la administración decidió pagar 16 veces el precio para adquirir las unidades a través del convenio marco con posterioridad a haber obtenido el mismo medicamento a un precio mucho menor en la licitación.

En el caso del docetaxel de 20 mg se adquirieron 59 unidades a $19.012,86 cada una en el 4to trimestre de 2023, mientras el mismo se obtenía a $1.213 por la Licitación LP N° 44/22.

Mayor aún la diferencia respecto del docetaxel pero de 80 mg donde en el mismo 4to trimestre se obtuvieron 305 unidades a $77.958,59 y tan solamente 17 unidades por la LP por $1.950.

“Estas diferencias no las encontramos exclusivamente con GP PHARM, sino también con los productos de otros laboratorios -detalla la denuncia-. En el caso del laboratorio ELEA podemos ver cómo vendió 589 unidades de bevacizumab 100 mg en el 4to trimestre de 2023 por $91.121,33 cada una a través del convenio marco, y por Licitación Pública LP N° 44/22, 379 unidades de ese mismo medicamento las vendió a $17.000 cada una. En la dosificación de 400 mg se adquirieron 554 unidades por convenio marco al precio de $330.061,28, mientras que por la LP, ELEA vendió 468 unidades de ese mismo medicamento a $68.000. ELEA también comercializó enzalutamida de 40 mg en 120 cápsulas que una unidad obtenida por convenio marco se vendió a $376.591,11 mientras que las 534 unidades obtenidas por la Licitación LP n°79/22, se obtuvieron a $176.861,56, prácticamente a la mitad de precio. En ese rubro compite con laboratorio RAFFO que vende ese mismo principio activo con 120 cápsulas blandas por $375.646,95 por convenio marco las 204 unidades a $183.500 por unidad en la LP, replicando las diferencia de ELEA.

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica que representan a la Ciudad de Buenos Aires presentaron un proyecto de ley para afianzar y dar pleno cumplimiento la autonomía de la capital. En el texto, hacen referencia a la administración de la Inspección General de Justicia, el Puerto, la Terminal de Ómnibus Retiro y el Registro de la Propiedad Inmueble.

La iniciativa, la cual lleva las rúbricas de Maximiliano Ferraro y Paula Oliveto Lago, mencionan a la reforma constitucional de 1994 y al fallo de la Corte Suprema de Justicia 2084/2017 por el que el máximo tribunal de justicia reafirma la competencia y jurisprudencia de CABA con las provincias en el marco del federalismo argentino.

Dirigidos al Poder Ejecutivo Nacional, los legisladores plantearon en el proyecto: “Para materializar dicha autonomía, resulta imprescindible la transferencia progresiva de funciones, facultades y bienes que actualmente son administrados por el Estado Nacional, pero cuyo ámbito de actuación se circunscribe al territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Asimismo, afirmaron que “la autonomía de la Ciudad implica que debe contar con facultades y recursos para gestionar los asuntos locales de manera eficiente y adecuada a las necesidades de sus habitantes”, y señalaron que se trata de “un principio fundamental para garantizar que la Ciudad pueda responder de manera eficaz a los desafíos propios de una metrópolis que concentra una parte significativa de la actividad económica, política y social del país”.

Del mismo modo, explicaron que “la transferencia también contribuye a reducir la duplicidad de funciones entre los niveles nacional y local, lo que genera una optimización en el uso de los recursos públicos y una mejora en la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía”.

Respecto a la IGJ porteña, mencionaron al fallo de la Corte Suprema, la reforma constitucional del 94 y a la Ley 24.588 (conocida como Ley Cafiero) como el “respaldo” de esta transferencia. “Estos antecedentes jurídicos no solo respaldan la iniciativa, sino que también refuerzan el compromiso de las instituciones nacionales con el cumplimiento de los principios constitucionales de federalismo y autonomía”, agregaron.

Sobre el Puerto de la Ciudad, indicaron que “es una infraestructura estratégica que influye en la planificación urbana, el comercio y el transporte local”. “La transferencia permitirá integrar su administración a las políticas de desarrollo de la Ciudad, garantizando su sostenibilidad y alineación con las necesidades de sus habitantes”, afirmaron desde la Coalición Cívica.

Respecto a la Terminal de Retiro, en el proyecto sostuvieron que “su gestión por parte de la Ciudad garantizará una coordinación más eficiente con el sistema de transporte metropolitano y una mejora en la calidad del servicio”, y agregaron que “permitirá realizar inversiones estratégicas para modernizar la infraestructura y mejorar las condiciones de trabajo de los operadores, así como la experiencia de los pasajeros”.

Por último, nombraron al Registro de la Propiedad Inmueble y cuestionaron que actualmente “dificulta la adecuación de los procedimientos a las necesidades específicas de la Ciudad”. Es por ello, que plantearon su transferencia “permitirá un acceso más ágil y cercano a los servicios registrales, fortalecerá la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias y consolidará la autonomía de la Ciudad en línea con el espíritu federal del país”.

Para cerrar, los diputados de la CC remarcaron: “Este proyecto de ley busca seguir consolidando la plena autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, permitiéndole ejercer el control y la administración de áreas clave como la Inspección General de Justicia, el Puerto, el Registro de la Propiedad Inmueble y la Terminal de Ómnibus Retiro, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Nacional y la de la Ciudad”.

A casi siete meses de la publicación en el Boletín Oficial de la Ley Bases que se dio el pasado julio de 2024, el Gobierno nacional aún no reglamentó el articulado que la oposición había logrado incorporar la cual establece el pago de impuestos por parte de las tabacaleras.

Al respecto, diputados de la Coalición Cívica, encabezados por el titular del bloque Juan Manuel López, presentaron un proyecto solicitándole a la Directora Ejecutiva de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) -ex AFIP-, Florencia Lucila Misrahi, y demás funcionarios competentes, informen de manera precisa y detallada, las razones de la falta de reglamentación del artículo 229 de la Ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos cuyo objeto es asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones tributarias por parte de los sujetos pasivos del Impuesto Interno al Tabaco.

Según explicaron en el proyecto la falta de reglamentación de dicho artículo “deviene en un claro perjuicio para las cuentas públicas, ya que permite que las empresas tabacaleras declaren valores de venta inferiores a los precios efectivos, reduciendo así la base imponible a la que se aplica el Impuesto”.

“Determinadas empresas tabacaleras que, según ha trascendido, declaran al ente recaudador precios hasta un 140% inferiores a los precios efectivos de venta consiguiendo, de esta manera, evitar el pago de una parte significativa del Impuesto Interno al Tabaco”, denunciaron y sumaron: “Como consecuencia de la subdeclaración, la recaudación del Impuesto se ve fuertemente afectada, generando una pérdida que, según estimaciones, ascendería hasta los 300 millones de dólares anuales”.

López apuntó: “LA OMISIÓN DEL GOBIERNO QUE BENEFICIA AL SEÑOR DEL TABACO. Con la oposición inexplicable de algunos bloques logramos incorporar en Ley Bases legislación para poner fin a las maniobras de ciertas tabacaleras para no pagar Impuestos, 6 meses después ARCA no reglamenta nada”.

El lilito hizo alusión a la extensa sesión del pasado 30 de abril donde un sector de la oposición votó a favor de volver a incorporar a la Ley Bases el artículo 229 que había sido incluido por el Ejecutivo y luego retirado.

“La Ley de Bases establece que los cigarrillos tributan un 73% sobre el precio de venta al consumidor. Como ese precio lo declaran las tabacaleras, para evitar la subdeclaración, incorporamos un artículo para que, cuando no sea idóneo, se aplique el precio determinado por la ARCA”, explicó.

Como esto genera una pérdida de recaudación millonaria que podría ayudar a aliviar el ajuste o a reducir impuestos, hicimos un pedido de informes a la ARCA.

Nos dijeron que están “trabajando con otros organismos” y que no hay plazo específico para reglamentar. Falso 🚨 pic.twitter.com/3Rs7ODVFeQ

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 16, 2025

Así, cuestionó: “No sabemos por qué el gobierno lleva 6 meses sin reglamentar este precio de referencia. ¿Presiones de sus socios políticos? Como resultado, las tabacaleras pueden reducir significativamente el impuesto a ingresar, subdeclarando los precios de venta”.

“El art. 236 de la Ley Bases estableció un plazo de 90 días para que el Ejecutivo reglamentara la norma. El plazo venció y la reglamentación no aparece. Asociadas a sectores de la política ciertas tabacaleras consiguen mantener sus privilegios. ¿Quiénes traban la reglamentación?”, denunció.

Un grupo de diputados de la Coalición Cívica, encabezados por el titular del bloque Juan Manuel López, presentaron un proyecto de ley para que se incorpore un agravante en el Código Penal a los funcionarios que dicten una doble imposición de impuestos.

El proyecto establece una pena entre uno a cuatro años de prisión e inhabilitación especial por el doble tiempo para los funcionarios que dicten, sancionen, aprueben o ejecuten leyes, decretos, resoluciones u ordenanzas que establezcan una doble imposición de impuestos, contribuciones o tasas en contraposición con el Régimen de Coparticipación.

“Desde la Coalición Cívica ofrecemos otra herramienta para evitar la superposición de tributos sobre los contribuyentes. La necesidad de incorporar este agravante tiene origen en los indeseables efectos que produce la superposición de tributos sobre los contribuyentes y la administración fiscal”, argumentó López y recordó que “en septiembre pasado representamos el proyecto de Elisa Carrió del 2018 que tenía como objetivo el fin de una práctica abusiva llevada adelante por las provincias y municipios, la inclusión en las facturas de servicios públicos cargos o tributos que no guardan relación con la prestación efectiva de los servicios”.

En el texto, señalan que “la doble o múltiple imposición tributaria afecta derechos y principios constitucionales, como lo son el derecho de igualdad en materia tributaria, el principio de capacidad contributiva, el derecho de propiedad y principio de razonabilidad”.

El Gobierno Nacional ha determinado la liquidación o disolución de 18 fondos fiduciarios, pero aún mantiene en vigencia el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP) que fue creado en 2021 por el DNU 725 firmado por la entonces gestión de Alberto Fernández.

Por ello, desde la Coalición Cívica, encabezados por el presidente del bloque Juan Manuel López, presentaron un proyecto solicitándole al ministro de Economía, Luis Caputo, y al ministro Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, informen de manera precisa y detallada sobre el estado actual, la administración y la continuidad del FAMP.

EL INDUSTRIO-CORPORATIVISMO LIBERTARIO

Aunque liquidaron 18 fondos fiduciarios, se resisten a tocar el Fondo ideado por Kulfas, Caputo y Cherñajovsky, que se financia con parte del IVA que las empresas de Tierra del Fuego cobran a los consumidores pero no ingresan al fisco. 🧵 pic.twitter.com/nozpIlTQ8N

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) January 9, 2025

Desde el espacio, plantearon que a través de la Ley Bases se autorizó al Poder Ejecutivo a modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos y que, hasta la fecha, ha avanzado con la disolución o liquidación de 18 fondos fiduciarios. Por eso, piden que se indique las razones por las que aún no ha disuelto o liquidado el FAMP-FUEGUINA y si tiene previsto hacerlo. En su caso, indicar la fecha estimada de inicio del proceso de liquidación o disolución.

Así, piden saber si la FAMP fue objeto de informes de auditoría o cualquier otra evaluación por parte de la Sindicatura General de la Nación.

También solicitan información sobre las asignaciones de recursos efectuadas por el FAMP-FUEGUINA desde su constitución, destinadas a financiar proyectos productivos enfocados en la ampliación de la matriz productiva e indicar el instrumento adoptado, monto, fecha de otorgamiento, proyecto y beneficiarios y presentante del proyecto.

Además, que se explique el patrimonio total actual detallando su evolución anual desde la fecha de su constitución; cada una de las inversiones financieras realizadas; los fondos asignados para cubrir los gastos operativos de funcionamiento; la cantidad de personal que presta servicios, entre otros puntos.

Según argumentaron los lilitos resulta “llamativo, dada la importante masa de recursos que administra, que el FAMP permanezca intacto”. En esa línea, explicaron que es un fideicomiso de administración creado en 2021, en el marco de la última prórroga del Régimen de Promoción Económica de Tierra del Fuego.

“Este Fondo fue ideado por el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner como una herramienta para justificar la decisión de prorrogar los beneficios fiscales del régimen a pesar de sus altos costos. Es que, tras casi 50 años de vigencia, el Régimen había evidenciado un rotundo fracaso en cumplir con el objetivo de la localización en la isla de un sector industrial competitivo e independiente de la ayuda estatal”, fundamentaron.

Desde la CC plantearon que “el sostenimiento del FAMP-FUEGUINA por parte del gobierno del presidente Javier Milei, luego de haber liquidado o disuelto 18 fondos fiduciarios, denota una contradicción importante. Esto es así toda vez que, en los hechos, el fondo no es más que una caja financiada con los recursos de los consumidores de productos electrónicos y otros bienes, destinada a financiar proyectos diseñados por burócratas estatales y empresarios corporativistas”.

“La solución es clara: desarmar este engendro. Eliminar el FAMP-FUEGUINA, exigir que las empresas del Régimen de Tierra del Fuego comiencen a pagar el IVA como cualquier empresa y liberar el mercado de la electrónica y las telecomunicaciones, de modo que los consumidores puedan acceder a productos electrónicos a precios internacionales”, propusieron.

Uno de los primeros DNU del año firmado por el presidente Javier Milei fue el que prorrogó el Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027 y, con ello, el impuesto de un 7% a los pasajes aéreos y marítimos al exterior.

Por incluir una cuestión tributaria detrás, varios legisladores de la oposición salieron a rechazar que el Poder Ejecutivo haya tomado la medida por esa vía.

Desde la Coalición Cívica presentaron un proyecto para declarar al DNU 4/25 "nulo de nulidad absoluta e insanable" por "falta de adecuación a los requisitos sustanciales y formales para su dictado de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional".

En los fundamentos de la iniciativa encabezada por Juan Manuel López, los legisladores explicaron que "una de las particularidades del impuesto a los pasajes al exterior es que fue concebido como una fuente de financiamiento con el único objetivo de integrar el Fondo Nacional de Turismo, de modo tal que la vigencia de dicho impuesto quedó ligada directamente con la vigencia del Fondo. De esta manera, el vencimiento del Fondo Nacional de Turismo implicaba, de forma automática, el vencimiento del impuesto".

"Por tal motivo, la prórroga del Fondo Nacional del Turismo dispuesta por el Poder Ejecutivo mediante el DNU N° 4/2025, en realidad, tuvo por finalidad producir la prórroga del impuesto a los pasajes al exterior, que de lo contrario habría perdido vigencia el 5 de enero de 2025", señalaron.

Y, en ese sentido, manifestaron que "es por ello que la decisión resulta de una clara inconstitucionalidad, al tratarse de una disposición de carácter tributario cuya competencia es exclusiva del Congreso de la Nación y se encuentra expresamente vedada para el dictado de DNUs en el inciso 3 del artículo 99 de nuestra ley fundamental".

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer, del bloque Encuentro Federal, también presentó un proyecto para rechazar el decreto y declarar su nulidad.

"Una vez más el titular del Poder Ejecutivo desafía a este Congreso Nacional a través de una norma que, claramente, es violatoria de las limitaciones que le impone la propia Constitución Nacional y la vigencia del Estado de derecho democrático y republicano y la división de poderes", apuntó.

La bonaerense remarcó: "Hemos advertido reiteradamente sobre la maniobra del oficialismo para clausurar el debate del Congreso sobre el Presupuesto y la decisión de prorrogar el del año anterior, lo que materializó a través de un decreto. La intención era, sin duda, el manejo discrecional de los recursos públicos y la decisión de gobernar por decreto, invalidando la función propia del Poder Legislativo".

También desde EF presentó un proyecto el socialista Esteban Paulón, quien propone el rechazo del decreto porque "dispone medidas en materia tributaria que son facultades exclusivas del Congreso". A su vez, el santafesino presentó otra iniciativa para prorrogar por ley la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2034, algo similar a lo planteado por Ana María Ianni, de UP.

Los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, denunciaron al titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Andrés Vázquez, por los delitos de enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa de datos en su declaración jurada.

La denuncia recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas y deberá ser investigada por el fiscal Carlos Rívolo.

Vázquez se encuentra en el ojo de la tormenta, luego que una investigación periodística de Hugo Alconada Mon, en el diario La Nación, revelara que el funcionario con más de 30 años en la exAFIP compró a través de sociedades offshore tres propiedades en Miami por 2 millones de dólares, que no declaró ante la Oficina Anticorrupción.

"Corresponderá al fiscal federal Rívolo, investigar al evasor vinculado a los servicios de inteligencia, Andrés Vázquez, sobre sus oscuros raides. Esperamos desde la @ccari_ok @elisacarrio se haga justicia", escribió Frade en su perfil de X.

La diputada resaltó: "Que este individuo presida la DGI (ARCA) y que no sólo haya sido nombrado, sino avalado explícitamente por el gobierno de @JMilei, luego de la impactante y seria investigación de @halconada, arrasa con la palabrita tan milagrosa: 'casta'. Estos días asistimos a su entierro".

"Andrés Vazquez, encomendado por este Gobierno para controlar la evasión, tendrá que ser investigado por evasión. @JMilei esperen inversiones así", agregó la cívica.

Además de Vázquez, los legisladores también incluyeron en la denuncia a su exesposa Silvia Ivone Rodríguez.

En el escrito judicial, los diputados de la CC señalaron que "si bien su trayectoria transcurrió en el área interna de la Aduana, fue nombrado en esta nueva gestión al frente de la DGI, esto incluso, pese a reiteradas advertencias formuladas al presidente de la Nación por la propia extitular de la exAFIP, Florencia Misrahi".

En la denuncia relataron que a Vázquez en 2007, bajo la conducción de Alberto Abad en el ente recaudador, se le abrió un sumario en la AFIP; sin embargo, con la llegada de Ricardo Echegaray "Vázquez recibió nuevo respaldo".

"En el año 2009 lideró los mega operativos contra la sede central del Grupo Clarín. El escándalo posterior condujo a que Echegaray dispusiera el despido de Vázquez, aunque por orden presidencial de entonces, nada de eso sucedió", apuntaron.

Y recordaron que "ya por entonces la doctora (Elisa) Carrió alertó sobre la función verdadera de Vázquez: 'operaciones sucias contra opositores y periodistas independientes'. Nada de esto hizo mella, el denunciado se mantuvo en ese lugar".

En 2015, con una nueva gestión presidencial, "Alberto Abad retoma la titularidad del organismo y nuevamente desplaza al denunciado, con la comprobación de la existencia del 'sumario' sin avances", agregaron.

También mencionaron que el 17 de noviembre de 2022 fue sobreseído junto a su hermana por fugar dinero a cuentas en paraísos fiscales, por decisión del juez Ariel Lijo.

Atentos al conflicto institucional que habría generado la titular del Senado presidiendo la sesión en la que fue expulsado Edgardo Kueider, desde la Coalición Cívica presentaron un proyecto de resolución y Acceso a la Información, mediante el cual solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de las autoridades competentes, informe de manera detallada y pormenorizada sobre las cuestiones relacionadas con el traspaso de funciones del presidente de la Nación a la vicepresidenta de la Nación.

El pedido tiene que ver fundamentalmente con la ausencia del presidente en el territorio nacional debido al viaje realizado el 12 de diciembre de 2024 con destino a  Italia, que generó una polémica de alcances inciertos por la sesión presidida por Victoria Villarruel en la que fue expulsado el senador entrerriano Edgardo Kueider.

Desde la Coalición Cívica quieren saber los pormenores del día, horario y lugar mediante el cual se efectivizó dicho traspaso, remitiendo para ello copia del Acta Notarial del Libro de Juramentos del día jueves 12 de diciembre de 2024, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso c) de la Ley Nº 21.890, a saber: un Libro de Juramentos, en el que se extenderán las actas de las asunciones, reasunciones y delegaciones de mando del presidente y vicepresidente de la Nación y los juramentos de los ministros del Poder Ejecutivo nacional y de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando lo presten ante el presidente de la República. Con autorización del Ministerio de Educación y Justicia -Subsecretaría de Justicia-, estos actos podrán registrarse en actas extraprotocolares).

Piden saber si fue el escribano general del Gobierno el funcionario actuante o en su defecto informe el nombre y cargo de la persona que haya rubricado el acta notarial.

Por último, piden especificar la hora y lugar de la firma y/o rúbrica atribuida a la vicepresidenta de la Nación en el Acta Notarial.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución y un pedido de acceso a la información pública para que el Poder Ejecutivo informe detalladamente como se dio el traspaso del 12 de diciembre por el viaje del presidente Javier Milei a Roma cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel presidía la sesión que resolvió destituir a Edgardo Kueider.

En el texto impulsado, los “lilitos” exigen los pormenores del día, horario y lugar mediante el cual se efectivizó dicho traspaso, remitiendo para ello copia del Acta Notarial del Libro de Juramentos del día jueves 12 de diciembre de 2024, en virtud de lo dispuesto por el artículo 8º inciso c de la Ley 21.890; si fue el Escribano General del Gobierno el funcionario actuante o en su defecto informe el nombre y cargo de la persona que haya rubricado el acta notarial; y especificar hora y lugar de la firma de Villarruel al Acta Notarial.

Los detalles de esta iniciativa fueron explicados por el diputado nacional Maximiliano Ferraro a través de una publicación en X.

Desde la Coalición Cívica presentamos un Proyecto de Resolución y Acceso a la Información, mediante el cual solicitamos al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de las autoridades competentes, informe de manera detallada y pormenorizada sobre las siguientes cuestiones…

— maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) December 13, 2024

La polémica relacionada a esta controversia comenzó a pocos minutos de finalizada la sesion especial del Senado del jueves, presidida por Villarruel, que derivó en la expulsión de Edgardo Kueider, imputado y detenido en Paraguay por la tenencia de 211.000 dólares sin declarar. Desde Casa Rosada apuntaron contra la presidenta del Senado y el propio Milei afirmó que la sesión “es inválida”.

La sesión comenzó a las 11.30 y terminó cerca de las 16. A todo esto, el jefe de Estado partió hacia Roma al mediodía y desde Balcarce 50 afirmaron que la vicepresidenta de la Nación ya estaba al tanto de que debía quedar a cargo del Poder Ejecutivo. En la jornada de este viernes, la propia Victoria Villarruel afirmó que a las 19 firmó el traspaso.

A la polémica se le suma el recurso de amparo pedido por Edgardo Kueider, quien cumple prisión domiciliaria en Asunción, para que se declare nula la sesión y se le restituya la banca. En el escrito utiliza como argumentos que su expulsión “es inconstitucional” y además acusa a Milei y Villarruel de “incumplimiento de sus deberes como funcionarios” por dejar a la Republica Argentina “sin representante legal entre las 12/14 y 19 horas”.

Con buena información suministrada a tal efecto, el presidente Javier Milei hizo ese domingo un posteo para golpear a Elisa Carrió. Allí señaló: “En esta foto se puede ver a la ‘Pitonisa de la Moral’, que ya no es diputada nacional y nadie sabe de qué trabaja, con uno de sus dos choferes (y más de 20 custodios) pagados desde el Gobierno de la Ciudad. Las contradicciones se cuentan solas”.

Los legisladores de la Coalición Cívica salieron a contestarle en masa al presidente. “Si denuncias la corrupción de Menem (donde morían testigos), Duhalde, los Kirchner, Massa, los crímenes narcos, el tráfico de efedrina, los jueces corruptos, los atentados terroristas (incluido el magnicidio de Nisman), tener custodia es una consecuencia”. Señaló el presidente del bloque CC en Diputados, Juan Manuel López, que le dijo al presidente en cambio: “VOS PACTAS IMPUNIDAD”.

En el mismo sentido, la diputada provincial bonaerense Maricel Etchecoin, señaló que “la vida es testimonio, y eso lleva riesgos y peligros. Hace más de 20 años que sabemos lo que es luchar contra la casta y lo peligroso que es”.

Paralelamente se conoció un comunicado de la Coalición Cívica que reza lo siguiente: “Elisa Carrió y otras dirigentes de la Coalición Cívica no eligieron tener custodia; tenerla es una consecuencia directa de la gravísima realidad criminal que atraviesa la Argentina y de una decisión de la Justicia. Las vidas de quienes investigaron, denunciaron y lucharon durante todos estos años han sido marcadas por la persecución y las amenazas constantes. Sus familias también sufrieron y pagaron altos costos”.

Agrega el comunicado de la CC: “El presidente debe entender que su accionar no solo aumentó los riesgos, sino que también expuso a quien, y a quienes, deberían ser protegidas. Lo que hizo es extremadamente grave y debe asumir la responsabilidad por el altísimo costo de haber estafado a la sociedad al quedar al descubierto el pacto de impunidad con CFK”.

Señala también que “en este país, durante el gobierno de Menem, mataron y desaparecieron personas. Durante el gobierno de Kirchner también, y no nos olvidemos del magnicidio del fiscal Nisman”.

Y cierra el comunicado que “esto constituye una persecución política hacia nada menos que una de las principales denunciantes de la mafia K, con la que eligió pactar impunidad”.

El legislador porteño Hernán Reyes expresó a su vez que Carrió “anda con custodia porque tuvo los cojones que a vos te faltan”.

A su vez, el diputado Maximiliano Ferraro dijo que “la diferencia entre quienes se enfrentan y se hacen los guapos con los jubilados y los que se enfrentaron y enfrentan a los corruptos y a las mafias de la Argentina”.

La réplica al comunicado presidencial señala: “Nota de color: Sigan jugando al TEG, comprando aviones de combate y submarinos, que de luchar contra los flagelos que sufren los argentinos, nos seguiremos encargando nosotros, a pesar de las presiones, las amenazas y los pactos entre corruptos”.

A su vez, la diputada Mónica Frade le expresó al presidente: “Que miedo le tenés/tienen...comenzaron a pegarle, lo vimos esta semana en la HCDN en la cloaca bucal del diputado Nicolas Mayoraz”.

Y concluyó la diputada: “ ...porque es la única que no se compra, ni se vende. Es la única que no podés doblegar con tus amenazas, ni especula con la repercusión de lo que afirma. Hacen bien!!!.

Integrantes del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados denunciaron en X que desde ALEA (Asociación de Loterías Estatales de Argentina) les enviaron una “carta amenazante” en el marco del tratamiento por un marco regulatorio de las ciberapuestas y prevención de la ludopatía. “No es la primera vez que debemos enfrentar presiones para velar por el bienestar de los argentinos, ya lo vimos en la ley de tabaco”, señalaron.

Mónica Frade y Maximiliano Ferraro alzaron la voz en redes, donde apuntaron contra la entidad. “Los Angelici del juego resistirán, pero los jóvenes y padres primero. Apostar no es jugar”, aseveró la diputada nacional, quien reiteró que el próximo miércoles 27 de noviembre a las 12 se llevará a cabo la sesión especial para tratar el tema.

Por su parte, Ferraro emitió un mensaje más amplio y cargó: “Es vergonzoso el apriete disfrazado de comunicado que acaba de publicar ALEA, la asociación que nuclea a las loterías provinciales de todo el país”. “Desde que empezamos el debate en Diputados hicieron un lobby solapado para evitar que se sancione la ley contra la Ludopatía, hoy están mostrando sus verdaderas cartas e intereses”, acusó.

Asimismo, señaló que “detrás de los absurdos argumentos y de su defensa irrestricta a la publicidad, promoción y patrocinio para "proteger" a la población del juego nocivo o ilegal, en realidad lo único que están protegiendo son los intereses y negocios de unos pocos a costa de la salud de los jóvenes: las ganancias de los empresarios del juego que financian todo tipo de actividades espurias; los ingresos millonarios de los clubes de fútbol patrocinados; y sin dudas la recaudación creciente de las provincias que habilitaron y licitaron las licencias de juegos de apuestas en línea”.

Para terminar, Maximiliano Ferraro concluyó: “Le pedimos encarecidamente a los gobernadores que pongan primero a las familias, su salud y bienestar. Lo que se gana por recaudación del juego en línea se pierde por la degradación material y de la salud mental de quienes caen en el juego compulsivo”.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de resolución para promover un juicio político contra Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de la Nación. En este caso, lo acusan de “negociar” con el Poder Ejecutivo su ascenso dentro del máximo tribunal de justicia.

Este nuevo pedido es una ampliación, de los realizados por parte del espacio que lidera Elisa Carrió, de los presentados en 2017 y 2021, y las ampliaciones de 2018 y 2022, respectivamente. En esta ocasión, denuncian que el magistrado mantuvo reuniones privadas con el presidente Javier Milei y la secretaria Karina Milei para “buscar incidir en la selección de los ministros de la Corte y procurando llevar adelante un golpe institucional contra las autoridades (de la Corte Suprema)”.

Asimismo, señalaron que Lorenzetti “se ha asociado” con el Gobierno nacional para convalidar la nominación de Ariel Lijo. “La contraprestación ofrecida al Poder Ejecutivo habría sido nada más y nada menos que la convalidación de las decisiones presidenciales y con ello la muerte de la división de poderes y de la República”, agregaron.

En el texto impulsado, relatan que la relación entre Lorenzetti y los hermanos Milei “se remonta a la campaña electoral del año 2023”, y añadieron que “el juez negociaba la presidencia de la Corte por la gobernabilidad que iba a precisar el naciente gobierno”. En ese punto, citaron a publicaciones periodísticas que relataban esa vinculación.

En relación a las nuevas designaciones para la Corte Suprema de Justicia, la iniciativa señala que fue el propio Lorenzetti quien le acercó al Gobierno el nombre de Ariel Lijo y lo acusan “de confundir y ocultar el origen de la candidatura, buscando desviar la atención y señalar al propio (Mariano) Cúneo Libarona -ministro de Justicia de la Nación- como responsable de aquella”.

En reiteradas oportunidades, el proyecto presentado por la Coalición Cívica, y que lleva la firma de Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade, señala que “el plan ideado por el juez Lorenzetti se centra en recuperar la presidencia y el poder perdido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Dentro de las conclusiones del texto, detallan que lo mencionado “da cuenta de los encuentros privados entre un ministro de la Corte Suprema y la cabeza del Poder Ejecutivo para definir —peligrosamente— la composición futura del máximo tribunal y la suerte de las causas que penden allí de resolución”.

“Todo bajo la promesa del Juez Lorenzetti de que conseguirá al presidente Milei tanto esa nueva mayoría, favorable al gobierno actual, como retornar a la presidencia de la Corte para vengarse de los otros magistrados”, concluyeron.

Mencionando que este nuevo pedido de juicio político se basa en el artículo 53 de la Constitución Nacional piden que, en caso de avanzar con el proceso, se cite como prueba testimonial a la secretaria de Presidencia Karina Milei, al ministro Mariano Cúneo Libarona, al asesor Santiago Caputo, al juez Ariel Lijo y a Guillermo Scarcella.

"Yo la quiero mucho, pero la conozco. Va comprando dirigente por dirigente (...) Ella se va con el que tiene éxito. Punto. Esto es así. Y yo igual la quiero, pero sé lo que es", opinó la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sobre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien le respondió y los “lilitos” le salieron al cruce.

Bullrich le contestó a través de su red social “X”: “Es la convicción del cambio y la libertad de nuestro pueblo. No compro dirigentes, los convenzo. Preguntate por la campaña con Rodríguez Larreta, donde vos y muchos dirigentes se movieron por el vil metal”, y arremetió: “Pregonás en abstracto y agarrás en concreto. La campaña más corrupta de la historia de JxC y vos fuiste beneficiaria”.

El presidente de la CC y diputado nacional, Maximiliano Ferraro, le preguntó: “¿Patricia, te piden tanto? ¿De qué convicción hablás? ¿De la misma que traicionaste en campaña con tal de aferrarte al poder?”, y le recordó: “A menos de 48 horas de la elección, ya te sentías dueña de los votos de JxC. ¿Te referís al mismo que proponías como jefe de gabinete?”.

“Con la CC y Carrió en temas de financiamiento, mejor lavate la boca”, le exigió y cerró: “Y todos sabemos que andás ofreciendo reelecciones a diestra y siniestra con tal de que apoyen el ajuste a los jubilados, universidades, y demás cosas de tu actual ‘convicción’ política”.

Su par el titular del bloque en Diputados, Juan Manuel López, le contestó con una foto donde se la ve a Bullrich junto a Luis Petri –actual ministro de Defensa- y al excandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta: “Al de la peor campaña de la historia de JxC (la que sigue fue la tuya) lo querías de Jefe de Gabinete y le ponías gente en la Ciudad. Ahora querés ser la Jefa de Gabinete de Milei. La fuerza de las convicciones. Todo feo, pero más o menos legítimo, menos tratarnos de corruptos”.

Patricia, tu ambición y sed de revancha personal nos hizo y te hizo mucho daño. Vos eras presidente del PRO y Horacio tu candidato a jefe de Gabinete en esa campaña.
Solo quiero que sepas que cuando acusas a Lilita de corrupta, vos quedas en ridículo y acá nos matamos de risa. https://t.co/n2MRwi9eQo

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) October 7, 2024

También se metió en la interna el diputado de UP Leandro Santoro: “Hola @PatoBullrich, perdón que joda. Ya que por lo visto tuvieron varias campañas corruptas y aparentemente esta última fue la peor... ¿Sabes si la financiaron con la de los Porteños?”.

Con la provincia de Córdoba ardiendo en llamas por los diversos focos de incendios, un grupo de diputados de la Coalición Cívica, con Maximiliano Ferraro a la cabeza, enviaron una nota al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; y a la subsecretaria de Ambiente, Ana María Vidal de Lamas, para que oficien de intermediarios con el Gobierno nacional y le soliciten que declare la emergencia ígnea en las zonas afectadas.

A través de la misiva, señalaron que “los estragos que están causando los feroces incendios, causando pérdidas irreparables en los ecosistemas, los hogares y las fuentes de ingresos de tantos compatriotas”.

Así, manifestaron su “enorme preocupación ante la falta de agilidad en la respuesta y disponibilidad de recursos para combatir el fuego que cada vez con más frecuencia e intensidad azota distintas regiones en nuestro país y que hoy tiene su epicentro en la Provincia de Córdoba, donde ya se han perdido decenas de miles de hectáreas de bosques”.

Desde el bloque indicaron que en el décimo mes del año “observamos una subejecución de los fondos para el manejo del fuego, que gira en torno al 40% del presupuesto anual. Esto, a pesar de que en la primera mitad de este año se sucedieron casi el doble de focos de incendios forestales que en el año anterior”.

“Para brindar una respuesta eficaz, no solamente es necesaria la ejecución de estos fondos (que hoy ascienden a más de siete mil millones de pesos disponibles), sino que también es preciso repensar un esquema de planificación federal que permita prevenir y actuar con celeridad y firmeza ante catástrofes de esta envergadura. Cuando la vida y el sustento de los argentinos está en juego, no puede haber lugar para las medias tintas y menos aún para posibles negligencias”, expresaron.

En esa línea, señalaron que la acumulación de partidas presupuestarias sin ejecutar “nos alerta ante la posibilidad de que se intente avanzar con la liquidación del fideicomiso para la administración Fondo Nacional de Manejo del Fuego en el marco del artículo 5° de la Ley Bases”.

“Este financiamiento, como venimos viendo años tras año, es cada vez más necesario ante las inclemencias del cambio climático que multiplica las sequías y olas de calor. No siempre restringiendo el gasto se obtiene un mayor ahorro. En este caso ‘sí hay plata’, y de haberla usado correctamente, se podrían haber prevenido pérdidas económicas millonarias”, plantearon.

Por ello, solicitaron que como autoridades competentes para velar por un ambiente sano, equilibrado y apto para un desarrollo humano “oficien de intermediarios entre todos los argentinos afectados y el Sr. Presidente de la Nación, solicitándole que revise su decisión de desfinanciar el Sistema Nacional de Manejo del Fuego”.

También, pidieron que Javier Milei “tenga a bien declarar de forma inmediata la Emergencia Ígnea y Zona de Desastre en los Departamentos afectados, a los fines de fortalecer la capacidad estatal de respuesta para la presupresión y combate de incendios, la restauración de las zonas dañadas, la prevención de nuevos focos y la asistencia integral de las familias afectadas”.

La nota fue suscripta por Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Mónica Frade, Paula Oliveto, Victoria Borrego y ​​​​Marcela Campagnoli.

La Coalición Cívica presentó este jueves un proyecto de ley para derogar el decreto 780/2024, que limita los pedidos de acceso a la información pública, por considerarlo contrario a lo estipulado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales, y por entender que altera el sentido de la Ley 27.275, sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública.

El citado decreto se conoció el lunes pasado, tras su publicación en el Boletín Oficial, y ha generado una reacción adversa de todo el arco político opositor, incluso los más cercanos al oficialismo, como el Pro, que este miércoles difundió un comunicado cuestionando esa medida.

El proyecto de ley suscripto por los diputados de la Coalición Cívica Victoria Borrego, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Paula Oliveto Lago, pide la derogación del decreto 780/24 por resultar contrario a la Constitución Nacional y los tratados internacionales así como por alterar el espíritu de la Ley N° 27.275 sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública.

Plantea el proyecto de ley sobre la constitucionalidad del decreto reglamentario o ejecutivo, que “se debe tomar en cuenta no sólo si su contenido altera el núcleo central de la ley (o su espíritu, como dice la Constitución), sino también evaluar si el Poder Ejecutivo, so pretexto de reglamentar, termina por establecer una regulación autónoma y directa en la materia, lo que constituye una facultad propia del Congreso”.

Recuerda el proyecto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el caso Claude Reyes y plantea a partir de ello que las limitaciones al derecho de acceso a la información solo pueden estar establecidas en forma excepcional por una ley del Congreso de la Nación y deben ser interpretadas en forma restrictiva, siempre a favor de garantizar el derecho de acceso a la información pública. “Las excepciones fueron clara y taxativamente establecidas por la Ley n° 27.275, no pudiendo incorporase nuevas excepciones o interpretaciones restrictivas por vía reglamentaria, ni tampoco pudiendo hacerlo a través de una interpretación con alcance general”, precisa el proyecto, que se suma a un pedido de informes presentado esta semana por el bloque Encuentro Federal.

Los legisladores de la Coalición Cívica (CC ARI) Facundo Del Gaiso, Hernán Reyes y Cecilia Ferrero presentaron en la Justicia una acción de amparo, mediante la cuál le solicitaron una medida cautelar para que la Nación mantenga los subsidios al transporte público hasta que se plantee un modelo sostenible.

En ese sentido, Reyes explicó que “el Gobierno Nacional va por la quita de subsidios a las líneas de colectivos que circulan en la Ciudad de Buenos Aires. Una medida intempestiva, violenta, ilegal y que va a hacer mucho daño” y remarcó que “las personas tienen que estar antes que las disputas políticas. El Gobierno de la Ciudad está reclamando por la coparticipación y el Gobierno Nacional contesta con esta quita selectiva de subsidios. Los perjudicados son siempre los mismos: los trabajadores que van tener boletos más caros y un sistema desordenado”.

“La Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires tienen una relación en el transporte que hace imposible tener una política de precios diferenciados de los boletos para los que circulan por la Capital y los que salen o llegan al Conurbano”, continuó.

Al mismo tiempo que advirtió que “necesitamos una distribución justa que asimile las distintas realidades. Podemos reducir el peso de los subsidios en el presupuesto, pero debemos hacerlo con medidas que compensen a los trabajadores que hacen muchas combinaciones o que usan diariamente el transporte público. Sino es una injusticia que golpea más a los trabajadores y estudiantes”.

Finalmente, Del Gaiso recordó que “el artículo 75 de la Constitución establece que para hacer una transferencia de servicios, debe haber ley del Congreso, ley de la Legislatura y convenio de partes”.

“No puede Javier Milei, tirarte ‘los colectivos por la cabeza’, sin importarle cuánto va a pagar la gente el boleto”, sentenció.

La Coalición Cívica manifestó de manera “unánime” su más enérgico rechazo a la candidatura del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia.

“No son miradas sesgadas, son hechos objetivos que demuestran la falta de idoneidad académica, jurídica y moral para integrar el más alto tribunal”, expresaron desde el partido que lidera Elisa Carrió, y que en ese contexto hace responsables al presidente Javier Milei y a los senadores que aprueben su pliego “del pacto de impunidad que se sellará llevando a Lijo a la Corte”.

“A lo largo de estos 20 años hemos marchado y luchado contra la corrupción y en defensa de las instituciones, con denuncias que el juez Lijo ha ralentizado. Sin justicia no hay República”, expresó el partido que preside el diputado Maximiliano Ferraro.

“Por el futuro de la Nación, exhortamos al presidente Milei y a los senadores que emitirán su voto diciéndoles #LijoNo”, concluye el mensaje de la CC en las redes.

Tras una semana oscura para el Gobierno nacional en el campo legislativo, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica le solicitó al flamante presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, Martín Lousteau, que cite a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la denuncia que hizo el miércoles pasado sobre graves amenazas a la Nación y en la que lanzó una grave acusación contra 156 diputados nacionales.

Puntualmente se refieren a los dichos de la funcionaria en X, expresadas inmediatamente después del rechazo de la Cámara baja al DNU 656/2024. En esa oportunidad, la Cámara de Diputados rechazó el decreto por el cual el Gobierno nacional ampliaba el presupuesto de los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) en 100.000 millones de pesos. La votación resultó con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones.

Al término de la votación, la ministra de Seguridad de la Nación publicó un duro mensaje cuestionando la postura de los bloques dialoguistas: “Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!”.

“Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada”, había empezado el texto de Bullrich que criticaba el resultado de la votación en el recinto de la Cámara de Diputados ese miércoles. Fue por esto que la bancada que responde a Elisa Carrió pidió a la autoridad de la Bicameral de Inteligencia la citación de Bullrich “considerando la gravedad de sus expresiones y de la seriedad con la que requieren ser tomadas”.

En su presentación, la CC pide que la ministra informe sobre amenazas y riesgos de ataques o atentados al pueblo argentino y el presidente de la Nación provenientes de organizaciones vinculadas al narcotráfico y el terrorismo, según lo que expresó públicamente en la red social.

Amenazas narco, narcoterrorismo en Rosario, amenazas al Presidente de la Nación, un país que sufrió dos atentados... y una SIDE desmantelada.

El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos. Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron…

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) August 21, 2024

La titular de la cartera de Seguridad nacional había agregado que “la importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos. El rechazo al DNU lo celebran los criminales”.

Rápidamente, la diputada nacional Mónica Frade, firmante del pedido de citación, le contestó a la funcionaria: “Estimada Patricia, da atenta lectura al DNU, para lo que vos te referis, existes los decretos reservados. El DNU afirma que es para gastos administrativos y.…ya se los gastaron y, nadie sabe en qué. No hagamos terrorismo tuitero”.

El pedido de convocatoria está suscripto por Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Marcela Campagnoli y la mencionada Mónica Frade.

El bloque Encuentro Federal realizó un nuevo pedido para llevar a cabo una sesión especial con la intención de darle tratamiento al DNU 656/2024 por el que el Gobierno nacional le otorgó 100.000 millones de pesos a los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

En voz de Nicolás Massot, firmante de este nuevo pedido para sesionar el próximo miércoles 21 de agosto a las 12.00, la bancada multisectorial no logró el pase a un cuarto intermedio para garantizar la sesión que iba a realizarse este jueves. Tampoco, el pedido de la Coalición Cívica para incorporar el decreto en cuestión a la maratónica sesión que duró más de 22 horas.

El pedido original era para este jueves 15, ya que según la Ley 26.122, es el primer día que habilita el tratamiento del decreto publicado el 23 de julio en el Boletín Oficial e ingresado por mesa de entrada de la Cámara alta el 1ero. de agosto pasado. Luego, el 8, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo rechazó el debate ante la insistencia de Unión por la Patria en conjunto con Massot.

Para esta nueva petición, se incorporó al temario el proyecto de declaración impulsado por la Coalición Cívica para declarar al DNU 656/24 “nulo de nulidad absoluta e insanable”. “El continuo avance ilegítimo sobre las instituciones reviste enorme gravedad, pues las soluciones deben buscarse y encontrarse justamente en el apego a las reglas constitucionales, y no en su ruptura”, concluyen en la iniciativa.

Acompañaron el pedido los diputados nacionales Massot, Emilio Monzó, Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota, Margarita Stolbizer, Mónica Fein y Alejandra Torres, de Encuentro Federal; Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; y los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley que establece un régimen de “transparencia y racionalidad presupuestaria” para los viajes oficiales al exterior realizados por funcionarios públicos nacionales, entre los que incluyen al presidente, la vicepresidenta y el jefe de Gabinete.

La iniciativa es impulsada por Maximiliano Ferraro, quien explicó en los fundamentos que “la crisis económica exige medidas de austeridad y un uso racional de los recursos”. Asimismo, refirió que los viajes oficiales “deben ser realizados con el mayor grado de transparencia posible para permitir a los ciudadanos conocer y evaluar las actividades de sus funcionarios”.

En el texto, propone que los detalles de cada viaje efectuado por funcionarios deberán hacerse públicos en un portal y en el Boletín Oficial para el acceso y escrutinio de todos los ciudadanos. Asimismo, se establece que una vez finalizados, los funcionarios deberán rendir cuentas sobre sus gastos y presentar un informe de las gestiones realizadas, pudiendo ser citados por el Congreso para ampliar sobre lo actuado.

Prohíbe, además, realizar viajes políticos utilizando recursos, bienes o aeronaves públicas. “No se financiarán viajes donde los funcionarios participen de campañas electorales, congresos o convenciones partidarias u otras actividades proselitistas en el exterior”, propuso.

En caso de que los funcionarios contemplados en este proyecto utilicen bienes públicos para viajar, se le imputarán todos los gastos correspondientes al viaje, y constituirá la naturaleza de uso indebido de bienes públicos en los términos del Código y la Ley de Ética en la Función Pública con las sanciones previstas.

Según Ferraro, “estas disposiciones buscan asegurar que cada viaje oficial sea justificado y se realice de manera eficiente y económica, estableciendo restricciones claras para los viajes no esenciales, limitando los viáticos, gastos y el tamaño de las comitivas oficiales, y agravando las restricciones en periodos de emergencia económica y financiera como el que vive hoy la Argentina”.

“Los múltiples viajes al exterior realizados por el presidente Javier Milei, han puesto en evidencia la falta de regulación específica en este aspecto, lo que ha generado críticas por la opacidad y los altos costos asociados a estos viajes”, indicó el titular de la CC.

Asimismo, agregó que “los últimos datos señalan que Milei realizó 12 viajes al exterior en el último año, recorriendo más de 215 mil kilómetros y permaneciendo fuera del país durante 44 días, los mismos incluyeron participaciones en premios, exposiciones y otras actividades, muchas veces sin justificación”.

De igual manera, Ferraro ya había presentado en la Cámara baja dos pedidos de acceso a la información pública sobre viajes oficiales realizados este año por el presidente Milei. En ambos requerimientos las respuestas brindadas, no contestaron las inquietudes del diputado.

La Coalición Cívica sigue militando contra la candidatura del juez federal Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, y con ese fin presentaron este viernes las observaciones que dan sustento a su formal impugnación contra el magistrado. Argumentan en tal sentido “manifiesta falta de idoneidad técnica, jurídica y profesional”, como así también la “evidente carencia de condiciones éticas y morales del candidato propuesto”.

Lo hicieron a través de una nota enviada a la titular de la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, Guadalupe Tagliaferri, suscripta por Elisa Carrió y los diputados Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, María Victoria Borrego, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.

Para los miembros de la CC-ARI, Lijo “ha tenido severos cuestionamientos ha tenido severos públicos referidos a su falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal”, por lo que entienden que el candidato propuesto por el Poder Ejecutivo “no reúne las cualidades exigidas para ocupar la más alta magistratura de la Nación. Además, se suman una serie de inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito del candidato”.

Por lo demás, y en lo que refiere a la idoneidad técnica y jurídica requerida, entienden que el candidato “tampoco cumple con este requisito toda vez que carece de la formación jurídica y académica necesaria para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Condiciones éticas

Para los que firman esta presentación, el juez Lijo cuenta con un “magro currículum vitae, sin antecedentes académicos relevantes, con menos de cinco publicaciones sin referato sobre temas diversos; solo exhibe como ‘mérito’ cerca de 20 años deantigüedad en su cargo de juez federal”.

Advierten desde la CC que “los años de antigüedad no certifican automáticamente la idoneidad para acceder a un cargo, mucho menos para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No se ‘asciende’ a la Corte Suprema por ‘antigüedad?, la permanencia en un cargo en el Poder Judicial no es un elemento determinante, los méritos que deben exhibirse para lograr integrar el máximo tribunal de nuestro país son sustantivamente diferentes, y precisamente son los que recoge el decreto 222/2003: idoneidad técnica y jurídica, condiciones éticas y morales y compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos”.

“Por el contrario, a lo largo de su dilatada permanencia en el fuero federal penal, el candidato Ariel Oscar Lijo exhibe otro tipo de antecedentes, los que dan cuenta de un recorrido profesional bastante opaco y poco notable, como refleja el análisis de su desempeño como juez federal en diversas causas radicadas por ante el juzgado a su cargo y ante los que intervino como subrogante, junto con una sospechosa situación patrimonial que siembra fundadas dudas sobre su desempeño profesional y su independencia en el ejercicio de la magistratura, que dieran lugar a una serie de denuncias e investigaciones sobre su desempeño como juez federal”, advierten, para detallar luego antecedentes y tramitación de todas las causas, con nueve ejemplos concretos.

En las conclusiones de la amplia presentación resaltan que el candidato Ariel Oscar Lijo “ha cometido severas irregularidades en el ejercicio de su cargo como magistrado federal, algunas de las cuales podrían incluso configurar delitos penales”.

En ese sentido insisten en que como juez, Lijo “ha demorado  intencionalmente la tramitación de causas en las que se investigaban hechos de corrupción con la finalidad de garantizarles impunidad a los funcionarios públicos investigados. Prueba de ello son las causas YPF, Siemens y

Obra social del Poder Judicial de la Nación”. Además, ha sido denunciado por presunto enriquecimiento ilícito “toda vez que presentaría severas inconsistencias en su patrimonio y, sumado a ello, el candidato llevaría a cabo un estilo de vida que no condice con sus ingresos como juez federal”.

“Un mal juez federal es un pésimo candidato y no puede ser considerado apto para cubrir una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación –afirman-. Un juez federal destacado por su evidente mal desempeño y sus habilidades para obstruir la tramitación de las causas de corrupción que debe investigar no es un candidato apto para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Un juez federal que sistemáticamente acumula denuncias vinculadas con el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones no es un candidato apto para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Y suman: “Un juez federal acusado de corrupción y connivencia con actores políticos y económicos involucrados en la comisión de diversos delitos de acción pública no es un candidato apto para acceder a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

El bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados presentó un proyecto de declaración para declarar nulo “de nulidad absoluta e insanable” el decreto de necesidad y urgencia 656/24 que le otorga 100 mil millones de pesos al presupuesto de la Secretaría de Inteligencia De Estado (SIDE).

En la redacción explicaron el pedido nulidad por “falta de adecuación a los requisitos sustanciales y formales para su dictado de conformidad con el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”. El proyecto leva la rúbrica de los seis integrantes de la bancada, la del jefe de bloque, Juan Manuel López, y los diputados Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto Lago, Mónica Frade, Marcela Campagnoli y Victoria Borrego.

El propio Ferraro publicó el texto en su perfil de X, donde además tituló que se trata de un “innecesario aumento del 3.131% en el presupuesto para espionaje”. De igual manera, aseveró que “no hay motivos que justifiquen esa decisión”.

A su vez, exigió: “Si pretenden fortalecer las funciones de la nueva Secretaría pueden hacerlo de manera transparente y no aumentando un 3.131% los gastos secretos y discrecionales que dieron origen a las más oscuras operaciones de inteligencia, impunidad y corrupción desde el retorno de la democracia”.

Mencionó, además, a “Telleldín en AMIA, las coimas en el Senado, los sobresueldos de Menem y Cavallo, las operaciones de Milani, entre muchas otras”, como los casos más resonantes encuadrados en las acusaciones que realizó en la publicación.

De esta manera, esta iniciativa se sumó a la ya presentada por la diputada nacional de Hacemos Coalición Federal, Margarita Stolbizer, en contra del aumento en el presupuesto de la SIDE, publicado el lunes en el Boletín Oficial. Unión por la Patria, el Frente de Izquierda e incluso un radical en el Senado, Pablo Blanco, también habían rechazado la medida.

Innecesario aumento del 3.131% en el presupuesto para espionaje.

Junto a los Diputados de la @ccari_ok presentamos un proyecto para invalidar y declarar la nulidad absoluta e insanable del DNU 656/24 que aumentó en 100 mil millones de pesos los fondos para gastos reservados de… pic.twitter.com/xhUkkgqTXN

— maxi ferraro (@maxiferraro) July 25, 2024

El presidente del bloque de la Coalición Cívica en Diputados, Juan Manuel López, destacó la “valentía” del senador libertario Francisco Paoltroni por ratificar su rechazo a la postulación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia y le hizo un llamado de atención al bloque Pro y a la UCR.

“Celebro la valentía del senador Paoltroni de la Libertad Avanza”, escribió López en su red social “X” y comparó: “Hay dos tipos de personas que bancan a Ariel Lijo, los corruptos y los cobardes. Ojalá en el Pro y la UCR tengan coraje, sale mucho más barato que ser arrastrados”.

Celebro la valentía del senador Paoltroni de la Libertad Avanza.
Hay dos tipos de personas que bancan a Ariel Lijo, los corruptos y los cobardes. Ojalá en el PRO y la UCR tengan coraje, sale mucho más barato que ser arrastrados.#LijoNo https://t.co/lwdVUGkfea

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) July 17, 2024

Además, durante una entrevista televisiva agregó: “La candidatura de Lijo para la justicia es lo peor que le puede pasar en relación a los incentivos que puede tener cualquier magistrado, cualquier funcionario o cualquier empleado del Poder Judicial de hacer las cosas bien”.

“O sea premiar al juez que en la auditoría del año 2016 salió peor rankeado como el juez de Comodoro Py que más duerme causas y que durmió causas emblemáticas como YPF o el caso Siemens que es el caso de soborno transnacional más importante del mundo y por el que se empezó a generar reglas en todas partes del mundo”, disparó.

López recordó que “salieron las cámaras empresarias como la Norteamericana de Comercio y vio el riesgo de poner un juez de esas características que te puede coimear para resolverte una causa o puede dormirte una causa y extorsionarte económicamente o de la manera que sea y después la incertidumbre de quién es Lijo”.

Por último, le dejó un mensaje al presidente de la Nación: “Si Milei cree que hoy Lijo le va a servir para pasar sus reformas o para no tener problemas en cuanto y en tanto tenga poder popular. Después Lijo es una contingencia enorme, incluso para Milei”.

El legislador de Vamos por Más (VxM) y referente de la Coalición Cívica (CC ARI) en la Legislatura porteña, Hernán Reyes, volvió a expresar su preocupación por el “nulo avance” en la causa contra Emilio Pérsico del Movimiento tras las denuncias por “manejo fraudulento” del programa Potenciar Trabajo.

A través de sus redes sociales, el lilito manifestó que “con Elisa Carrió presentamos una nota al jefe de los fiscales de la Nación, Eduardo Casal, expresando nuestra preocupación por el nulo avance en la causa contra Emilio Pérsico del Movimiento Evita por el manejo fraudulento y multimillonario de los convenios del programa Potenciar Trabajo” y advirtió que “es llamativo que, mientras avanza la causa contra el Polo Obrero, que recibió el 1,5% del dinero distribuido, no se sepa nada sobre Emilio Pérsico, quien administró el 100% de los recursos y asignó más del 50% a cooperativas del Movimiento Evita”.

“El Gobierno no ha respondido a los informes requeridos y el fiscal no ha tomado ninguna medida en los últimos dos años. Si no se investiga a fondo, estamos ante un simulacro. Los únicos perjudicados son los pobres, que fueron usados para financiar política y ahora son olvidados”, continuó y precisó que “no hay un programa alternativo para distribuir capacitación y oportunidades. Se eliminó el Potenciar Trabajo sin traer nada nuevo, solo abandono. La pobreza en Argentina es un problema profundo, y tanto La Libertad Avanza como el Movimiento Evita lo reducen y abandonan a las personas”.

Sobre esa misma línea, Reyes planteó que “el Movimiento Evita recibió 35 mil millones de pesos entre 2020 y 2022, una fortuna desviada en su mayoría para hacer política. Presentamos la denuncia en agosto de 2022, pero el fiscal Taiano no ha allanado el Ministerio para obtener las rendiciones de cuentas”.

“Dos años después, no hay obras, capacitaciones, dinero ni facturas. La Justicia no se mueve y Pérsico sigue impune. Es incoherente investigar al Polo Obrero y mantener la impunidad de Pérsico. La Justicia debe ser imparcial y para todos”, sentenció.

Tras haber presentado nuevamente en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el proyecto que busca modificar el Código Electoral para incorporar la “ficha limpia”, el diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) e integrante de Vamos por Más (VxM) Hernán Reyes insistió en la necesidad de avanzar con esa iniciativa.

A través de sus redes sociales, el lilito planteó: “vamos a impedir que los corruptos sean candidatos en la ciudad, un corrupto no puede ser ejemplo de nada” y consideró que “’ficha limpia’ es impedir que un corrupto con sentencia condenatoria en segunda instancia pueda presentarse para algún cargo en la ciudad”.

Sobre esa misma línea, Reyes recordó que “lo intentamos en el año 2020 y 2022 pero no logramos convencer a los 40 diputados que hacen falta para sancionar la ley. Ahora vamos a volver a intentarlo, como sociedad cada vez somos más conscientes del daño que hace la política corrupta al país”.

“El cambio es institucional y político. Hay que evitar que los corruptos accedan a la función pública. Si un corrupto se vuelve funcionario, no hay plata que alcance para salir adelante y es una herida profunda a la confianza en la democracia”, continuó y concluyó planteando que “esta es una causa de la ciudadanía que viene peleando hace años, entre todos vamos a lograr que sea ley que los porteños elegimos entre gente limpia”.

El diputado de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica (CC ARI) en la Legislatura de la Ciudad, Hernán Reyes, se refirió a la denuncia que impulsó junto a Facundo Del Gaiso y Cecilia Ferrero (VxM) contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaba restituir los fondos coparticipables al distrito capitalino.

A través de sus redes sociales, el lilito aseveró: “denunciamos a Milei y Luis Caputo, de la misma forma en que lo hicimos contra Alberto Fernández y Sergio Massa por el constante aplazamiento en cumplir con la resolución de la Corte” y explicó que “seguimos peleando por la coparticipación que Alberto les robó a los porteños. El Gobierno Nacional no puede hacerse el distraído, está incumpliendo con lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“La coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires no es solamente una causa de justicia con todos los porteños sino, también, con el federalismo. Los porteños aportamos con impuestos en, al menos, un quinto del total de la recaudación nacional y es poco, demasiado poco, lo que vuelve a la Ciudad. Es necesario tener equidad en el desarrollo, pero, no es posible sostener un sistema completamente desequilibrado”, continuó Reyes.

Al mismo tiempo que precisó que “con Del Gaiso, Ferrero y Claudio Cingolani hicimos esta presentación convencidos de que los fallos están para cumplirse y que los impuestos de los porteños deben volver tal cual lo establece la Constitución”.

“Vamos a defender la autonomía siempre”, completó el legislador porteño.

Tras varias reuniones de Jorge Macri con las autoridades nacionales por este tema, los legisladores de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso, Hernán Reyes y Cecilia Ferrero denunciaron al presidente de la Nación, Javier Milei, por no haber acatado el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordena que el Gobierno Nacional le reintegre a la Ciudad el 2,95% de los recursos coparticipables nacionales.

La denuncia de los diputados que responden a Elisa Carrió recayó en el Juzgado Federal Nº6, que tiene a su cargo como subrogante Ariel Lijo.

En su denuncia, los legisladores aseveraron que denunciantes afirman que el incumplimiento puede significar “la posible comisión de delitos de acción pública” y también incluye al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Nación, Daniel Tillard.

Respecto de la denuncia, Del Gaiso planteó que “la autonomía de la Ciudad se defiende siempre, sea el Gobierno que sea, seas opositor o aliado. Todos los meses nos roban 70 mil millones de pesos a todos los porteños, al no cumplir el fallo de la Corte y violar la Constitución”.

Cabe recordar que el fallo de la Corte a favor del Gobierno porteño se firmó el 21 de diciembre del 2022 y ordenaba que el Gobierno Nacional -por aquel entonces a cargo de Alberto Fernández- “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos″ coparticipables (la Ciudad reclamaba el 3,5%), y disponía que las transferencias ordenadas se hicieran “en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”.

Los diputados nacionales por la Coalición Cívica realizarán una presentación ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para solicitar que se investigue y encuadre la conducta de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Mahiques, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, por el fallo que dictaron recientemente en la causa de los cuadernos de las coimas durante la administración kirchnerista.

“Creemos que hay un pacto de impunidad entre sectores de la Justicia y de la política, de distintos partidos políticos, para que no avancen en causas de corrupción”, afirmaron los diputados de la CC y señalaron: “Para nosotros este fallo es institucionalmente muy peligroso ya que exculparía de la causa penal a todos los empresarios que habrían pagado sobornos a funcionarios públicos. Por eso, creemos que debe investigarse a los tres jueces”.

A su vez, plantearon que “el Consejo de la Magistratura también debería analizar la conducta de los jueces de este Tribunal Oral a los efectos de conocer las razones de la demora en dictar sentencia y concluir el proceso penal”.

En la sentencia, los jueces sostuvieron que las presuntas coimas pagadas por algunos empresarios a funcionarios del Poder Ejecutivo de entonces —entre los que está Ángel Calcaterra, primo de Mauricio Macri— “no deben interpretarse como sobornos, sino como aportes de campaña electoral no declarados”. Así, evitarían que sean juzgados penalmente en la causa “cuadernos”.

El diputado de la Coalición Cívica (CC ARI) y uno de los primeros en arremeter contra las prepagas por los aumentos desmedidos a principios de año, Hernán Reyes, explicó a través de sus redes sociales como será el proceso de devolución de las cuotas con sobreprecios para algunas empresas de medicina prepaga y remarcó que “es muy engorroso todo, pero, necesitamos de información para poder cuidarnos de los abusos”.

En ese sentido, el oficialista explicó que las empresas de medicina privada que deberán devolver lo cobrado de más en las cuotas son: OSDE, Swiss Medical, Medicus, Omint, Galeno, Medifé, Hospital Italiano, Luis Pasteur, Hominis, Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales, Unión Personal, Mutual Federada 25 de Junio Sociedad de Protección Recíproca, ACA Salud, Sancor Salud, Prevención Salud, Sistema Integrado de Prestadores de Salud, MET Córdoba, Hospital Alemán, Grupo DDM, Hospital Británico, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), Círculo Médico de Lomas de Zamora, International Health Services Argentina, Obra Social YPF, OPDEA, OSDEPYM, ENSALUD, Centro Médico Pueyrredón, Programa de Salud, OSDIPP, Federación Médica Gremial de la Capital Federal, Asociación Civil de Estudios Superiores, y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA.

“Lamentablemente, la Superintendencia acordó dejar afuera a Bristol Medicine, Asistencia Sanitaria Integral S.A., Medical's Organización de Prestaciones Médicas Privadas, Cobensil, Medin S.A.A.M.A., Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad, Fundación Médica de Mar del Plata y Medicina Esencial S.A. El resto de las empresas siquiera fueron consideradas”, advirtió.

Al mismo tiempo que aclaró que “la devolución solamente alcanzará a los planes individuales y a los planes desregulados individuales por derivación de aportes. Quedaron afuera los acuerdos corporativos. Sin embargo, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA, fue incluido expresamente en el acuerdo, por lo que está alcanzado en el plan de devoluciones” y recordó que con su “denuncia de enero logramos frenar los aumentos y forzar una respuesta directa del gobierno a través de la Superintendencia de Salud. Esto trajo alivio al bolsillo de millones de personas”.

“El Gobierno acordó con las empresas liberar los aumentos de precios. Al mismo tiempo, se estableció un mecanismo de devolución que es una farsa porque será absorbido por los nuevos incrementos”, explicó.

ATENCIÓN PREPAGAS I 📣

Finalmente resolvió la metodología de devolución de las cuotas que deberán respetar las empresas que hicieron el acuerdo con la Superintendencia de Servicios de Salud, bastante confuso todo. En este tuit les aclaro las empresas que están dentro y las que…

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) June 23, 2024

Ya adentrándose en cómo será el proceso, Reyes detalló: “la información del Acta de Implementación del acuerdo homologado en la justicia indica las siguientes cuentas en el cuadro. Igualmente, las empresas tienen que informar todo al 30 de junio por correo electrónico y posibilidad de ver los saldos actualizado”.

“Para el mes de enero 2024 habrá que multiplicar el valor de la cuota de diciembre 2023 por 1,255 (resultado enero), a la diferencia con la cuota que se cobró por enero 2024 hay que añadir el interés que se hace multiplicando la diferencia por 1,0917 que les dará el excedente enero. Febrero es multiplicar el resultado enero por 1,206 (resultado febrero), y la diferencia con la cuota de febrero hay que multiplicarla por 1,0917 para aplicar el interés”, desglosó el lilito y precisó que “para el excedente marzo hay que multiplicar el resultado febrero por 1,1320 (resultado marzo), y a la diferencia con la cuota de marzo hay que multiplicar por 1,0917 para aplicar el interés. Para el excedente de abril hay que multiplicar el resultado marzo por 1,11 (resultado abril) y a la diferencia con la cuota de abril hay que multiplicarlo por 1,0583 para aplicar el interés”.

Sobre esa misma línea, el legislador aseveró que “en los casos en que no se aplicó la cautelar en mayo 2024, el excedente se calcula tomando el resultado abril por 1,088, y a la diferencia con la cuota de mayo 2024 hay que multiplicarlo por 1,0417 para aplicar el interés” e indicó que “la suma de los excedentes de enero, febrero, marzo, abril y mayo, les dará un número que se llama excedente total. Se divide en 12 ese excedente total, y a ese valor se le suma desde el 1 julio y cada mes un extra que es multiplicar el resultado de cada mes por 1,0250 hasta llegar a junio de 2025”.

“Para ser más claro, si la suma total del excedente fue de 120.000 pesos, entonces son 12 cuotas de 10.000, la cuota de descuento que te dará la prepaga es 10.000 multiplicado por 1,0250, es decir 10.250$. En el mes de agosto, hay que considerar el valor de julio y volver a multiplicar por 1,0250, lo que te dará un descuento de 10.506,25$, y de ese mismo modo cada mes hay que multiplicarlo hasta la última devolución en junio de 2025. El Gobierno todavía no explicó cómo será la devolución de las cuotas para los que han cambiado de plan, de empresa de medicina prepaga o los que se dieron de baja”, continuó.

Finalmente, Reyes concluyó planteando que “más que tanta confusión, lo que hace falta es tener un control efectivo de la Superintendencia para que exista una relación entre la cuota y los costos de los servicios que efectivamente proporcionan. Hay que cambiar la ley para cuidar de verdad a los usuarios”.

ATENCIÓN PREPAGAS II 📣

En este tuit intento explicar cómo funciona la devolución acordada por la Superintendencia con las prepagas porque es muy engorroso todo pero, necesitamos de información para poder cuidarnos de los abusos.

La información del Acta de Implementación del… pic.twitter.com/eiALHkhkmi

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) June 23, 2024

De cara al debate definitivo que se dará la próxima semana en comisiones y el recinto de la Cámara de Diputados, el presidente del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara baja, Juan Manuel López, explicó en detalle los escenarios posibles para el proyecto: “Sale con la versión de Diputados o con la del Senado”.

En primera instancia, el diputado de la CC dejó en claro que los proyectos de ley Bases y el paquete fiscal ya “son ley”, pero aclaró que “lo que no sabemos es con qué versión”. “El artículo 81 de la Constitución es claro: una vez que fue votado un proyecto de ley por las dos cámaras del Congreso, hay que elegir una de las de las opciones que produjo”, amplió.

Entrevistado en Diputados TV, el titular de bancada de la CC afirmó que la posibilidad de desechar la ley por completo “ya no existe más”. Del mismo modo, anticipó que “se va a tener que votar en particular porque viene con modificaciones en distintos títulos. Vamos a tener que decidir si insistimos o rechazamos” los cambios en la Cámara alta.

López explicó que tanto el paquete fiscal como la ley Bases pasarán por la reunión plenaria de comisiones para tener un dictamen y ahí serán llevados nuevamente al recinto. “Ojalá haya un solo dictamen donde nos podamos poner de acuerdo sobre qué insistir”, consideró.

Consultado por la situación del capítulo sobre moratoria previsional, que fue retirado directamente por el oficialismo antes de llegar al recinto, indicó: “Lo importante es que estuvo en la media sanción de Diputados, por más que no se lo haya llevado al recinto” del Senado. “Se votó una ley en la cámara de origen y si uno quiere que algo no sea ley lo tiene que desechar por completo en el momento de votar en la cámara revisora”, advirtió.

“Hace tanto ruido porque es una ley que lleva 6 meses de debate, la primera ley de un gobierno nuevo, por los conflictos políticos que hubo con un gobierno en minoría, pero los antecedentes que hay son bastante sencillos, porque no es nada que no pasara las dos cámaras y solo resta decidir cuándo se vota y qué versión queremos”, expresó Juan Manuel López.

Respecto a las empresas quitadas del capítulo de privatizaciones, aclaró que “la cámara de origen puede insistir porque justamente la cámara de origen tiene un privilegio que le asigna la Constitución que es votar dos veces”, y reiteró: “Si el Senado no quería que salgan algunas cosas tendría que haber desechado la ley por completo. No se hizo y ahora está esta posibilidad”.

También, habló de los encuentros que tuvieron en los últimos días con los representantes del Gobierno: “Lo que nos dicen es el paquete fiscal tiene que salir tal cual fue votado en la cámara de origen con la moratoria fiscal, un blanqueo, una modificación a la ley de Bienes Personales y la ley de un impuesto a los ingresos”.

En tal sentido, añadió: “Nos dijeron 'es esto tiene que salir integralmente', que el paquete fiscal quede completo, y el pedido más concreto viene por parte de los gobernadores, el Fondo Monetario Internacional, las entidades empresarias y los actores de la economía para que la Argentina vaya saliendo adelante”.

Ante el ingreso de los pliegos de Ariel Lijo y García - Mansilla en el Senado de la Nación para que ocupen la Corte Suprema, el presidente y diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, les envió una nota a los titulares del Pro y de la UCR, Mauricio Macri y Martín Lousteau respetivamente, solicitándoles “fijar una posición clara en contra la postulación del juez Ariel Lijo”.

“Me dirijo a ustedes en mi carácter de presidente de la Coalición Cívica – ARI a fin de solicitarles, en su calidad de presidentes de los partidos nacionales Pro y UCR, ex integrantes de Juntos por el Cambio con representación en la Cámara de Senadores de la Nación, la atención que requiere la nominación del Sr. Ariel Lijo como miembro del más alto tribunal de la República”, encabeza la nota.

Así, remarca que desde la Coalición Cívica ARI “manifestamos nuestra profunda preocupación por el silencio que ha imperado entre gran parte de los sectores y la dirigencia política frente a la nominación del Sr. Ariel Lijo, figura judicial que ha sido objeto de numerosas y serias objeciones. Esta propuesta al máximo tribunal de la Nación representa un grave riesgo para el estado de derecho, la división de poderes y la seguridad jurídica en todo el territorio de la República”.

En la carta, recuerdan que el pasado 7 de mayo, los diputados de la Coalición Cívica – ARI junto a Elisa Carrió presentaron la impugnación formal a la nominación del Sr. Lijo, en la que detallaron los argumentos y hechos que fundamentan su “firme rechazo a la postulación”, y enumera: “Falta de ética e independencia en su desempeño como juez federal; carencia en las cualidades exigidas para ocupar la más alta magistratura de la Nación; inconsistencias patrimoniales que evidenciarían un posible enriquecimiento ilícito; escasa idoneidad técnica y jurídica; injustificables demoras en la tramitación de expedientes judiciales a su cargo y falta de mérito evidenciada en una magra y endeble formación académica”.

“Atendiendo a la gravedad institucional que podría acarrear la designación del Sr. Lijo, le solicitamos a ustedes, y a los partidos que tienen el honor de conducir, tengan a bien fijar una posición clara y contundente en contra de esta postulación, instando a los senadores y senadoras de la Nación electos por Juntos por el Cambio a honrar la responsabilidad que tienen con los ciudadanos de la República”, solicita.

En tanto, remarca que “con ello será posible evitar que un individuo como Lijo y su cuestionable historial de vínculos corporativos, llegue a ocupar un sitial en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

“El compromiso de ustedes con la defensa de las instituciones y el estado de derecho es fundamental en este momento crucial para la República”, cierra.

Los diputados de la Coalición Cívica de Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires le enviaron una nota al Enacom y a varias empresas tecnológicas para requerirles su colaboración, junto a los reguladores de las veinticuatro provincias, para dar de baja en la web páginas, contenidos y aplicativos de juego de apuestas clandestinos.

“En la Coalición Cívica estamos muy preocupados por la falta de colaboración del Enacom en prevenir la ciberludopatía. No es un tema menor; el Enacom y varios intermediarios de internet pueden hacer mucho para detener la proliferación de casinos online no autorizados y combatir la expansión de la ciberludopatía entre niños, adolescentes y jóvenes en Argentina”, señalaron.

La carta está dirigida al licenciado Juan Martín Ozores, que está a cargo del Enacom. Allí se le solicita una reunión urgente para evaluar posibles acciones de prevención. Esa misma nota se envió con copia a NIC.AR, Yahoo Search, Alphabet Inc. (Play Store, Google Search, YouTube), X Corp. (Twitter/X), Apple Inc. (AppStore), Microsoft Corporation (Bing), Meta Platforms Inc. (Instagram, Facebook) y Amazon.com Inc. (Twitch, Amazon Appstore).

“La ciberludopatía afecta a un número creciente de jóvenes. La ludopatía se produce a través de la exposición a un sistema de refuerzo intermitente  o de recompensa variable. Este tipo de mecanismos están presentes desde una muy temprana edad entre los jóvenes y afecta el funcionamiento de la voluntad. No tenemos tiempo que perder”, afirman los legisladores de la CC.

“La disponibilidad permanente del acceso al juego clandestino supone un riesgo para todos los jóvenes, incluyendo a los menores de edad. Se requiere una estrategia federal de restricción a los operadores interjurisdiccionales (por estar en el extranjero o por operar no regulados) ya que carecen de medidas de protección adecuadas como verificaciones de edad, límites de apuestas y mecanismos de autoexclusión”, agregan.

La Coalición Cívica le pide al Enacom que centralice una política de acuerdos con las principales empresas de disponibilidad de dominios en Argentina y los reguladores provinciales. El objetivo es que puedan canalizar solicitudes administrativas para dar de baja los dominios sin requerir un proceso judicial, siendo que es una actividad ilegal.

Además consideran prudente que Enacom celebre acuerdos con los motores de búsqueda como Google, Yahoo y Bing, para desindexar el contenido de las plataformas de juego clandestino. “Es una actividad ilícita y el requerimiento llegará desde una autoridad pública, por lo que es posible aplicar una baja del contenido a partir de la comunicación fehaciente del Enacom”, explican desde la CC.

También solicitan que se tomen medidas tendientes a favorecer la baja de contenidos y restricciones de publicidad a los usuarios que realicen publicidad o promoción de plataformas de juego clandestino. Este mecanismo puede realizarse a partir de acuerdos de Enacom con las diferentes empresas que explotan plataformas digitales como Meta, Twitch, y X.

El pedido de audiencia con Ozores, que hasta el momento no obtuvo respuesta, fue firmado por Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Maricel Etchecoin Moro, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Facundo Del Gaiso y María Cecilia Ferrero.

Tras el fuerte incremento que tuvieron las empresas de medicina privada y el posterior freno que les impuso la justicia, el diputado de Vamos por Más (VxM) y representante de la Coalición Cívica, Hernán Reyes, advirtió que las prepagas podrían volver a “cartelizarse”.

A través de sus redes sociales, el legislador explicó que “después del acuerdo de la Superintendencia de Servicios de Salud con 41 de las empresas de medicina prepaga, le exigieron a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que diera de baja la medida cautelar que había dictado por la cartelización” e indicó que “antes de que esto sucediera pedimos una audiencia urgente con las autoridades de la CNDC, pero era tarde. Nos notificaron la baja de la medida cautelar. El Gobierno decidió que desde el 1 de julio ya no haya control ni supervisión de las cuotas de las prepagas”.

“Estoy convencido que es un error. Quieren creer que las prepagas no van a volver a formar un cartel y poner los precios por las nubes, pero no hay ninguna razón para pensar eso”, continuó el oficialista, sumamente crítico con la situación.

Además, Reyes recordó que “no hubo sanción por la cartelización, no hubo condicionamiento, conductual ni tampoco resoluciones o cambios normativos por parte de la Superintendencia. Estamos en una situación idéntica a la de enero. No hay garantías de que no vuelva a pasar lo mismo” y destacó que “el Gobierno ya decidió y nosotros vamos a seguir impulsando la causa contra las empresas. Muchos por ideología piensan que hay que compartir el esfuerzo con las empresas de medicina prepaga, pero, el índice salud (que mide realmente la variación de costos de la actividad médica) viene estando por debajo de la inflación desde diciembre de 2023”.

“Las prepagas lo saben porque son ellas las que pisan los salarios y honorarios profesionales, y los acuerdos con las clínicas y demás instituciones”, aseveró.

Por último, el legislador porteño explicó que “en la Coalición Cívica vamos a seguir este tema muy de cerca con todos los usuarios y daremos la pelea. Queremos que las empresas puedan aumentar en relación con su estructura de costos y coherente al servicio que les dan a sus usuarios. Es un mercado imperfecto y se requiere innovar para intervenir menos, pero proteger más”.

En el recinto de la Cámara de Diputados, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (CC) apuntó contra el Gobierno Nacional y señaló que “es mentira que cuando arrancaron traían una solución para resolver la inequidad que dio la formula del gobierno kirchnerista”.
Además, hizo referencias contra el organismo a cargo de la ministra Sandra Pettovello con relación a la entrega de alimentos: “Que el oficialismo deje de mentir en dos políticas que deben ser prioritarias en este momento tan complejo de la Argentina como lo que está sucediendo en el Ministerio de Capital Humano”.

“Es mentira lo que instaló el vocero presidencial Manuel Adorni sobre los alimentos por vencer. Esto es un escándalo de alimentos y los sobresueldos de los funcionarios del Gobierno nacional”, aseveró.

Así las cosas, siguió: “Venimos peleando desde hace mucho tiempo y los jubilados no pueden esperar”. “Cuantas lealtades cínicas y mentirosas para seguir afianzando la política de crueldad contra el sector jubilado que viene sufriendo por el proceso inflacionario que heredó este gobierno”, añadió.

Asimismo, Ferraro afirmo que “no tenemos doble estándar”, y remarcó que el Gobierno no propuso ninguna mejora en la fórmula de movilidad jubilatoria cuando envío la ley Bases al Congreso, sino que “se pretendía una delegación al presidente de la Nación para hacer lo que quiera”, sumó.

“Ojalá hoy por lo menos una mayoría, por supuesto circunstancial, pueda darle una media sanción y un camino de recomposición y de cambio de movilidad jubilatoria a los jubilados que la vienen peleando y la vienen necesitando desde hace tiempo”, aseveró.

Por último, cuestionó al Gabinete Nacional: “Ante la negativa del propio ministro de Economía que recién en marzo se dignó a firmar un DNU, este Parlamento viene a dar respuesta y a romper el cinismo y la mentira de algunos que pretenden no darle una respuesta y seguir castigando, nada más y nada menos que a los jubilados”.

La diputada nacional Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) planteó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Nación, Javier Milei, por la postulación a la Corte Suprema del juez federal Ariel Lijo y le pidió que respete ese rol para una mujer.

“Hay muchos senadores que a mí me preocupa el silencio que mantienen frente a esta postulación. Los he visto marchar a favor de la justicia, sin embargo, callan con un silencio que aturde”, apuntó la diputada.

Campagnoli planteó que “la Corte necesita gente idónea, gente ejemplar, son el último intérprete de la Constitución Nacional, sus integrantes deben ser un espejo donde los ciudadanos queremos que se refleje el ideal de justicia que perseguimos, Lijo empaña ese espejo con su inoperancia”, y lo acusó de hacer un “cajoneo permanente que ha hecho de causas de corrupción que le ha valido una auditoría que ha demostrado que es el peor juez de Comodoro Py por su lentitud, por la falta de eficacia en sus sentencias y procedimientos, por las sospechas que hay sobre su patrimonio que le ha valido una denuncia de la doctora Elisa Carrió por enriquecimiento ilícito y varias denuncias por su desempeño en el Consejo de la Magistratura”.

“Mi postura no es ideológica, no tengo temor como tienen los senadores que si hablan en contra y no es electo en la Corte pueden ir contra ellos porque el juez Lijo sabemos que es muy influenciable para estos procederes contra alguno de los senadores que no lo quiso votar”, manifestó y apuntó: “Lijo ha cajoneado causas de todos los colores es un juez tiempista, ineficiente, lento, inidóneo, no es ejemplar”.

Al respecto, preguntó: “¿Eso queremos para la Corte Suprema? ¿No hay otros jueces con más méritos? ¿No hay otros académicos con más méritos? ¿no hay mujeres que puedan ocupar ese rol con la cantidad de juezas admirables que hay a lo largo y ancho del país? ¿No hay académicas que puedan cumplir ese rol?”.

“Somos la mitad de la población, merecemos un lugar en la Corte y debemos mantener esa silla en la Corte para una o dos mujeres al menos y me animo a darle nombres si el presidente Milei no tiene tiempo”, sostuvo Campagnoli y le mencionó a la constitucionalista María Angélica Gelli y a “la gran abogada Delia Ferreira Rubio que ha estado a cargo de transparencia internacional”.

La diputada las calificó como “mujeres prestigiosas”, y señaló: “No puede el presidente ningunear como ningunea a las mujeres y no proponer una mujer idónea, hay muchísimas mujeres que pueden ocupar ese lugar con muchísima eficiencia y con mucha más ejemplaridad que tiene el juez Lijo”.

“Hay muchos que creen que el problema del país es el déficit cero, para otros es la dirigencia política, yo soy de las que creo que el problema de la Argentina es la justicia. Si tuviésemos una justicia que actúa en tiempo y forma, que juzga no después de 20 años a aquel que no cumple su rol con eficiencia, con responsabilidad e idoneidad y ejemplaridad, en esta Argentina no se cumple eso de ‘el que las hace las paga’ muchísima gente que debería estar con una sentencia, anda por los canales de televisión”, manifestó.

Y cerró: “Creo que la justicia tiene un rol fundamental en la democracia porque sin justicia no hay República. Le pido al presidente que reflexione a quién quiere poner en la más alta magistratura, postulemos gente idónea, ejemplar, no lijemos la Justicia”.

En medio de la puja por los aumentos del servicio de medicina privado, el diputado de Vamos por Más (VxM) y referente de la Coalición Cívica (CC ARI), Hernán Reyes, cuestionó el nuevo acuerdo entre la Superintendencia de Servicios de Salud y las prepagas en la causa por el abuso de los precios.

A través de sus redes sociales, el oficialista planteó que le “preocupa el acuerdo realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud en la causa por el abuso de precios de las prepagas. No hubo cambios normativos ni culturales para ‘liberar’ los precios de las cuotas de medicina prepaga el mes que viene”.

“Vamos a insistir con tener una regulación adecuada de supervisión de los precios ex post. La medicina prepaga es un mercado cautivo donde los usuarios no tienen libre entrada y salida. Los pacientes crónicos y los adultos mayores merecen un régimen justo”, siguió el diputado y destacó que “donde e no hay competencia, hay abandono. Desde enero que estamos peleando para que estas cosas no sucedan. Copio una imagen del papelito que la Superintendencia de Servicios de Salud le entrega a los ciudadanos que se acercan angustiados a pedir que analicen si sus cuotas aumentaron de forma excesiva o no. Esto es inaceptable, las personas tienen derecho a ser atendidos de forma digna”.

A su vez, Reyes explicó: “si es como sostienen en el papelito y no tienen competencia para cuidar a los usuarios conforme el DNU 70, entonces seguimos exactamente en la misma situación y no debemos liberar las cuotas”.

En ese sentido, el diputado remarcó que “no existe el esfuerzo compartido frente a un aumento abusivo. La devolución siempre tuvo que ser completa y tiene que serlo por parte de todas las empresas de medicina prepaga que aumentaron por encima de la referencia inflacionaria. El desistimiento del proceso en relación con Bristol Medicine, Asistencia Sanitaria Integral S.A., Medical's Organización de Prestaciones Médicas Privadas, Cobensil, Median S.A.A.M.A., Sociedad Española de Beneficencia y Mutualidad, Fundación Médica de Mar del Plata y Medicina Esencial S.A., es inexplicable”.

“Voy a poner toda mi atención al caso en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia donde se está investigando a las empresas que conformaron un cartel y que iniciaron la catarata de aumentos. No es válido que pretendan dar de baja una causa por cartelización por un nuevo acuerdo corporativo. Estaríamos terminando en el mismo lugar en que nos dejó Sergio Massa”, sentenció Reyes.

PREPAGAS 📣

Me preocupa el acuerdo realizado por la Superintendencia de Servicios de Salud en la causa por el abuso de precios de las prepagas. No hubo cambios normativos ni culturales para “liberar” los precios de las cuotas de medicina prepaga el mes que viene.

Vamos a… pic.twitter.com/Fd0VYUTyph

— Hernán Reyes (@HernanLReyes) May 29, 2024

El bloque de diputados de la Coalición Cívica presentó un proyecto para transparentar el uso y evitar el abuso de los aviones oficiales y prohibir su utilización personal, política y/o electoral porque: “El uso personal y político de las aeronaves públicas es una práctica consolidada desde hace años a la que Milei no debería plegarse”.

La iniciativa propone la creación de un Registro Público donde los funcionarios deberán informar cada uno de los traslados realizados y sus costos. “Se debe prohibir de manera expresa el uso personal, político y electoral de las aeronaves del Estado, para evitar que se desvíen de su propósito público para servir a intereses particulares”, explicaron.

El objetivo es optimizar la gestión de las aeronaves del Estado y garantizar su disponibilidad para la prestación efectiva de servicios públicos. Además, busca promover el uso responsable y austero terminando con una práctica consolidada de la política que utiliza estos recursos públicos discrecionalmente.

“Desde Cristina Kirchner que se hacía llevar los diarios a Río Gallegos en el Tango 03 y viajaba en el avión de YPF hasta los gobernadores que utilizan los aviones sanitarios como si fueran propios, la política desvía recursos que deberían estar al servicio de la sociedad”, expresó Juan Manuel López, presidente del bloque en Diputados.

Para el diputado, la utilización abusiva de las aeronaves públicas fue posible debido a la falta de una norma que regule el registro, control y seguimiento sobre el uso de estos recursos. A su vez, agregó que, “la sociedad nos reclama gestos de austeridad. El Presidente Javier Milei no debería habituarse a este tipo de prácticas”.

Tal como adelantó parlamentario.com, diputados de bloques que conformaron hasta el 10 de diciembre parte de Juntos por el Cambio y espacios provinciales que responden a gobernadores como las bancas del MPN, Juntos Somos Río Negro y el Frente de la Concordia Misionero, sellaron un acuerdo un "acuerdo parlamentario programático" en la Cámara baja, con la intención de tener representatividad en las comisiones y erigirse como árbitros, en medio de un cuerpo muy fragmentado.

Es cierto que, de acuerdo se decidió en la sesión preparatoria, la distribución de miembros en las comisiones se hará por bloques, no por interbloques ni agrupamientos de bancadas. De todas maneras, esta nueva unidad pretende ganar peso e influir en el trabajo parlamentario desde una perspectiva federal.

A través de un comunicado, informaron: "Los bloques Cambio Federal, Innovación Federal, Hacemos por Nuestro País y Coalición Cívica hemos conformado un acuerdo parlamentario a efectos de coordinar y hacer más eficiente y más presente nuestro trabajo para el próximo período parlamentario".

"Apelando al diálogo profundo y fructífero, hemos logrado aunar la voluntad de 32 diputados de 10 provincias diferentes, con la predisposición para que haya un Parlamento activo y abierto, que debata los serios problemas que enfrenta nuestro país con una impronta productiva y federal. Estamos dispuestos al diálogo y la coordinación con todos los sectores políticos que tengan la buena voluntad que esta etapa compleja requiere", sostuvieron.

Los legisladores señalaron que "ante la inminente conformación de las comisiones legislativas, nuestro acuerdo de bloques propuso al diputado Nicolás Massot para que los represente ante la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo", que es la que analiza los decretos del Poder Ejecutivo.

"Seguiremos trabajando y coordinando acciones para garantizar y reforzar la presencia de los distintos integrantes en las diferentes comisiones permanentes y bicamerales para defender la mayor representatividad de las provincias que representamos y la construcción de un país federal", aseguraron.

Y concluyeron: "Llevaremos nuestro rol con la responsabilidad que requiere este tiempo en el inicio de gestión de un nuevo gobierno, y la esperanza y expectativa de millones de argentinos que esperan una solución a los problemas más urgentes".

La Mesa Nacional de la Coalición Cívica se reunió este viernes en el Instituto Hannah Arendt de esta ciudad. La reunión fue encabezada por el presidente del partido Maximiliano Ferraro; el jefe del bloque de diputados nacionales, Juan Manuel López, y por la titular de la CC provincial, Maricel Etchecoin; y participaron las diputadas nacionales Paula Oliveto, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, Mónica Frade y Leonor Martínez Villada; la diputada provincial Romina Braga y el senador provincial Andrés De Leo; el legislador provincial electo por Córdoba Gregorio Hernández Maqueda; la presidenta de la Coalición Cívica de Santa Fe, Lucila Lehmann; el legislador porteño Hernán Reyes; y los dirigentes Fernanda Reyes y Agustín Bertuzzi. “Cuidar a los argentinos. Libertad y respeto irrestricto a la dignidad humana, a la democracia constitucional y a la República”, señalaron.

“La Mesa Nacional y el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI saluda al pueblo argentino por haber concurrido a la urnas en libertad y en paz y al presidente electo Javier Milei por su triunfo en las recientes elecciones”, expresa el documento.

“El Gobierno nacional debe colaborar y garantizar un traspaso transparente, efectivo y ordenado. En ese marco, es que exigimos y deseamos que se cuide a todos los argentinos”, expresa el partido.

“Las elecciones y campaña electoral terminaron, el pueblo se expresó y somos respetuosos de ello. Somos conscientes de la expectativa que ha generado la elección de un nuevo gobierno para una mayoría de argentinos, a su vez, no desconocemos y no podemos desentendernos de la incertidumbre que se enfrenta”, indica la CC en el documento.

“En esta nueva etapa reafirmamos y defendemos principios, valores y una agenda política que son propias de nuestra identidad histórica y representan a una gran mayoría del pueblo argentino. En el lugar que corresponda, estaremos aportando la mayor lucidez y templanza posibles para este momento tan difícil que atraviesa la Argentina con una inflación y pobreza preocupantes heredadas del gobierno actual, con el objetivo de empezar a resolver los innumerables problemas que tiene un país que sufre. Fieles al contrato moral, el contrato republicano y el contrato de desarrollo económico”, sostiene.

“Nuestro lugar para la conversación pública y agenda programática será el Congreso Nacional y de cara a la ciudadanía. Allí daremos todos los debates necesarios y sostendremos nuestras posiciones”, afirma.

“Fuimos, somos y siempre seremos garantes de la institucionalidad y la república. En esta nueva etapa también estaremos para proteger el orden republicano y constitucional. Del mismo modo que  lo hemos demostrado a lo largo de nuestros años de vida política”, asegura.

“En la Coalición Cívica queremos dar certezas y asegurar el funcionamiento eficaz de los mecanismos republicanos. Nos comprometemos a ocupar el rol de ser una oposición responsable, constructiva y proactiva en el Congreso Nacional. Desde nuestras bancas acompañaremos lo que está bien para todos los argentinos y pondremos un límite cuando sea necesario. Defenderemos de forma irrestricta todos y cada uno de los principios consagrados en nuestra Constitución Nacional”, expresa.

“Defenderemos la dignidad humana expresada en el pluralismo, la libertad de expresión y de prensa, la justicia independiente y el federalismo. Vamos a defender a los jubilados, a las micro y pequeñas empresas, a la producción y al campo, a los emprendedores y economía del conocimiento, a los estudiantes que merecen una educación con inclusión y calidad, a los trabajadores y a la formalización del trabajo, el desarrollo económico y el desarrollo sostenible y a todos los argentinos que necesitan recuperar la seguridad para vivir en paz”, afirma.

Por último, con el fin de garantizar la pluralidad de realidades provinciales y locales, y la necesidad de sostener un federalismo partidario robusto, la Coalición Cívica considera que los distritos “podrán mantener su marco de alianzas local/provincial, en concordancia con la Mesa Ejecutiva Nacional”.

Si bien trascendió la misma noche del triunfo de Javier Milei, se confirmó este lunes la decisión de la Coalición Cívica de alejarse de Juntos por el Cambio. Lo cual no implica que vayan a seguir su camino solos, sino simplemente que dan por “rota” la alianza y se apartan entonces de lo que formalmente sigue existiendo, pero no.

Así lo anunció la propia líder del espacio, Elisa Carrió, quien difundió un mensaje de audio entre algunos medios de prensa a los que informó que “habiéndose roto la alianza Juntos por el Cambio por voluntad ajena a la Coalición Cívica”, ese espacio “retoma su plena autonomía y van a luchar por los principios fundacionales, el contrato moral, el contrato republicano y el contrato de desarrollo económico”.

Tal cual lo expresado por Elisa Carrió, la CC no va a “participar de ningún tipo de negociación. Su rol es reconstruir la República si ésta se ve amenazada".

Ya en su momento Carrió había anticipado su hartazgo por la situación planteada ante la caída al tercer lugar de JxC en las elecciones generales y la participación en el balotaje de Unión por la Patria y La Libertad Avanza, ante lo cual resolvió no votar.

Según se sabe, los seis diputados de la Coalición Cívica decidieron apartarse del bloque JxC y se integrarían a un nuevo armado con el radicalismo y otros espacios, menos el Pro.

Diputados de la Coalición Cívica felicitaron en redes a los electos presidente y vicepresidente de La Libertad Avanza, Javier Milei y Victoria Villarruel respectivamente, pero el dato curioso es que en los mensajes no los etiquetaron a ninguno y les desearon tener la “sabiduría posible para empezar a resolver los innumerables problemas” que tiene el país.

“Felicitaciones a Javier Milei por haber sido electo presidente de nuestro país y a toda la Argentina que eligió en paz y en libertad”, escribió el presidente de la CC-ARI, el diputado nacional Maximiliano Ferraro.

En tanto, el titular del bloque en Diputados, Juan Manuel López, posteó: “El electorado ha elegido un nuevo presidente de la Nación. Le deseo a Javier Milei la mayor lucidez posible para empezar a resolver los innumerables problemas que tiene nuestro sufriente país”.

“Felicitaciones a Javier Milei y a Victoria Villaruel, el pueblo se ha expresado en las urnas una vez más en democracia”, fueron las palabras de la diputada Mariana Stilman. En el mismo sentido, Paula Oliveto manifestó: “Le envío mis felicitaciones a Javier Milei, presidente electo. Desde nuestras bancas acompañaremos lo que está bien para el pueblo que representamos y pondremos un límite cuando sea necesario”.

Y agregó: “Hoy perdió el kirchnerismo, la patota y el miedo. Hay que respetar la voluntad popular y darle al nuevo gobierno las herramientas para sacar a la Argentina de este pozo”.

“Felicitaciones al pueblo argentino y a @JMilei y @VickyVillarruel por la gran elección realizada. Han sido designados por los argentinos para conducir los destinos de este gran país. Dios los ilumine y acompañe con sabiduría y templanza en este gran desafío que hoy comienzan”, fue el mensaje de Marcela Campagnoli quien fue la única que arrobó a ambos candidatos.

Lo peculiar de dichos posteos es que se dan luego de que este domingo trascendiera que Elisa Carrió tomaría la decisión de que su espacio de la Coalición Cívica abandonaría el interbloque de Juntos por el Cambio tras el apoyo que el Pro le dio a La Libertad Avanza.

La diputada nacional Paula Oliveto Lago (CC-ARI) sostuvo este viernes que "el mayor favor que se le puede hacer al kirchnerismo es dividir la oposición, porque automáticamente lo ayudas a consolidar el poder".

Sobre la derrota de Juntos por el Cambio, confesó estar "muy decepcionada como militante política y como parte de un espacio que lo dio todo por frenar al kirchnerismo".

"En lo personal, dimos todo en la elección, no se puedo, la interna le ganó a la necesidad de un pueblo que necesitaba propuestas, y hoy nos encontramos sin ninguna reflexión, como si acá no ha pasado nada. A las 24 horas ya estaban haciendo alianzas sin pensar a dónde estábamos yendo", observó en referencia al acuerdo entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei.

La opositora admitió estar todavía en "proceso de duelo" y dijo sentirse "responsable con un montón de argentinos que tienen que optar por dos candidatos que no le terminan de cerrar".

Para la cívica, "hoy Argentina no es viable si no terminamos de entender que necesitamos sanar las instituciones" y, en ese sentido, resaltó que "sin una valla de personas formadas, que defiendan a las instituciones y tengan a la Constitución como mantra, no vamos a poder salir adelante".

Consultada en CNN Radio sobre si considera que la causa de espionaje ilegal repercutirá en las elecciones, Oliveto señaló: "Yo creo que no, porque así como no se premia a los que pelean contra la corrupción, ni adentro de las estructuras políticas propias, tampoco la sociedad condena la corrupción. Es como si la gente creyera que la corrupción no le afecta su vida".

Sobre la causa que involucra al expolicía Ariel Zanchetta, y salpica al funcionario de la AFIP Fabián Rodríguez y al diputado oficialista Rodolfo Tailhade, la legisladora de JxC consideró que "estamos ante la exposición de lo que es el kirchnerismo, la utilización de los servicios de inteligencia en beneficio propio para perseguir a opositores, teniendo información personal de los jueces para lograr impunidad, armar operaciones para afectar a la oposición".

La porteña remarcó que entre los espiados figuraban "fiscales y jueces que condenaron a Cristina Kirchner"; y criticó al oficialismo por el juicio político contra la Corte, al decir que buscaban "descabezar la Corte para poner jueces adeptos".

"No entiendo como el Fondo Monetario Internacional le admitió a (Sergio) Massa tantas cosas cuando el propio gobierno argentino estaba involucrado en desplazar a la totalidad de la Corte Suprema de Justicia, eso es lo que hacen los regímenes antidemocráticos", agregó.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, presidido por Juan Manuel López, anticipó que presentará un proyecto en el que pedirá que se excluya de manera urgente y preventiva al diputado Rodolfo Tailhade de la Cámara baja por inhabilidad moral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional. También pedirán que sea apartado de la Comisión de Juicio Político y de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Además, los legisladores de la CC ampliarán el pedido de juicio político contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue presentado en diciembre de 2020 y que fue ampliado en mayo de este año. Allí solicitarán que se investigue "su responsabilidad en las maniobras de espionaje ilegal de las que habrían participado funcionarios de estrecha vinculación política con ella, y que ocuparan cargos relevantes en los organismos de inteligencia durante su gestión como presidente".

“La información que ha trascendido respecto a una posible vinculación entre el diputado Tailhade y una red de espionaje ilegal de la que formarían parte Ariel Zanchetta y Fabián 'Conu' Rodríguez, evidencia una situación de extrema gravedad institucional que atenta contra el normal funcionamiento del Congreso y del Poder Judicial en nuestro país”, señalaron los diputados en notas que enviaron a la presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau.

Los cívicos, referenciados en Elisa Carrió, resaltaron que "resulta sumamente grave que un diputado que integra las comisiones de Juicio Político y Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia haya tenido conversaciones telefónicas con quien se encuentra acusado de haber formado parte de la red de espionaje que obtuvo ilegalmente comunicaciones de magistrados y políticos, entre otros”.

“Consideramos necesario que, a fin de resguardar el correcto funcionamiento de las comisiones, disponga de modo urgente el apartamiento preventivo del diputado Tailhade, dado que se encuentra en juego la protección de los derechos y garantías de los habitantes de la Nación”, concluyeron.

El presidente del bloque Coalición Cívica de la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, admitió este miércoles que “estamos frente a un dilema electoral difícil en el que tenemos que decidir por dos opciones que para nosotros son imposibles”.

Así lo analizó en diálogo con Mañana Sí, por FM 91.1, al ser consultado sobre la postura de la Coalición Cívica de no apoyar a nadie en el balotaje del 19 de noviembre próximo. “Creo que la continuidad de Juntos por el Cambio está asegurada, pero el riesgo está presente", ”econoció el legislador.

López afirmó que el objetivo de hacer pública la postura de ese espacio fue con el objetivo de “ser responsables” y “seguir fortaleciendo a Juntos por el Cambio”.

En cuanto a los resultados del domingo, agregó que “creo que la derrota se debe a que la interna no funcionó, no mostramos el equipo completo de lo que Juntos por el Cambio puede dar”.

“Hay que seguir trabajando, tenemos la tarea de proteger a la sociedad en los meses difícilese que se vienen”, adelantó, y sentenció: “No creemos en Javier Milei ni en Sergio Massa como líderes”.

“La CC no va a apoyar a Massa ni a Milei. Vamos a anular el voto”, anunció este miércoles el diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, en el marco de la efervescencia que ha generado en la principal oposición la derrota electoral del domingo pasado y los posicionamientos a asumir de cara a la segunda vuelta.

Ferraro recordó que la fundadora de ese espacio, Elisa Carrió, y ese partido han sido “quienes más denunciamos a Massa y al kirchnerismo a lo largo de todos estos años, cuando muchos callaban o miraban para otro lado”, al justificar su decisión.

“Tampoco vamos a acompañar un salto al vacío con gente incompetente que propone venta de órganos, libre portación de armas y el no respeto a los derechos humanos más elementales”, aclararon respecto de Javier Milei.

Así las cosas, remarcó Ferraro, “Elisa Carrió y la CC planteamos una estrategia que no fue escuchada”, y anticipó que “vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para preservar la unidad de JxC en base a principios, valores y por sobre todo unidad con identidad”.

“Queremos Contrato Moral, Contrato Institucional y un contrato de amistad política que supone generosidad, grandeza. No estamos dispuestos a que nuestros principios sean cancelados y violentados”, cerró Ferraro.

Tras el resultado electoral que dejó a Patricia Bullrich fuera de la competencia la Coalición Cívica, el espacio liderado por Elisa “Lilita” Carrió, emitió un comunicado este lunes con un mensaje de apoyo a la unidad de JxC y salió a marcar su postura de cara al balotaje dando libertad de acción, aunque rechazaron apoyaron ambos candidatos: “No es ni con Massa, ni con Milei”.

“La república y la prosperidad de una Nación no se negocian. Hemos luchado toda la vida por el contrato moral, por el contrato republicano y contra la corrupción que llevó a este país a su mayor decadencia”, encabezaron el texto.

En esa línea, expresaron: “Aceptamos el resultado electoral, pero no votaremos por ninguna de las dos opciones que competirán en el ballotage, las que proponen gobiernos irresponsables basados en imposibilidades morales y políticas y pacto de impunidad”, y remarcaron: “No es ni con Massa, ni con Milei.

“Los votos los deciden los ciudadanos y ejercerán este derecho con total libertad”, afirmaron y plantearon que “como miembros de Juntos por el Cambio trabajaremos para mantener y fortalecer la unidad. No escuchar los cantos de sirena a falsos gobiernos de unidad nacional o tentarse con completar algún gabinete novedoso debe ser un presupuesto de nuestra posición”.

Así, dejaron en claro que seguirán “sosteniendo la unidad de JxC y representando a los más de 6 millones de argentinos que nos acompañaron el pasado 22 de octubre”.

“Nuestro aporte como partido es asumir una oposición nítida, ofrecer una posición firme, responsable y legítima con nuestros valores, que sirva más temprano que tarde para volver a construir una propuesta de mayoría anclada en la democracia republicana, la honestidad, el desarrollo y la justicia. Esta posición llevaremos a Juntos por el Cambio”, cerraron.

El escrito lleva las firmas del presidente del partido Maximiliano Ferraro, acompañado por Mariana Zuvic, Gregorio Hernández Maqueda, Juan Manuel López, Paula Oliveto Lago, Maricel Etchecoin, Andrés De Leo, Lucila Lehmann, Rubén Manzi, Marcela Campagnoli, Romina Braga, Fernanda Reyes y Agustín Fernández Bertuzzi.

La Mesa Nacional de la Coalición Cívica recibió este miércoles por la mañana en la sede del Instituto Hannah Arendt a la candidata a presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, para ratificar el apoyo a su candidatura. “Juntos por el Cambio es la única alternativa para construir un país ordenado”, coincidieron.

“Hoy tuvimos un encuentro importante con la Coalición Cívica, uno de los partidos que integran Juntos por el Cambio. Tenemos un compromiso muy fuerte en esta campaña para ser el gobierno que lleve adelante un cambio verdadero y ordene el país, dedicándonos a los temas más importantes, como bajar la inflación, trabajar sobre una educación de calidad y mejorar la seguridad”, sostuvo Bullrich.

“Por eso, estuvimos trabajando junto a la Coalición Cívica que ha comprometido su participación activa en toda esta campaña. Juntos por el Cambio es la alternativa para construir un país ordenado”, afirmó la candidata a presidenta de JxC, que estuvo acompañada por el diputado nacional Sebastián García de Luca.

El presidente de la CC Maximiliano Ferraro aseguró que “en esta elección se juega más que nunca el futuro de nuestra sociedad. Este partido está a disposición sin especulaciones ni ambivalencias para que Patricia entre en el balotaje. Somos un solo equipo”.

“No se trata de dar un salto al vacío o de romper todo. Tenemos el desafío de ordenar este país”, añadió Ferraro.

La presidente de la CC bonaerense, Maricel Etchecoin, manifestó que "tenemos un enorme reto que es ganar la provincia de Buenos Aires y devolverle a los bonaerenses una PBA productiva y con oportunidades". "Vamos a salir a la cancha todos juntos para respaldar las candidaturas de Patricia y Néstor (Grindetti), logrando que JxC entre en el balotaje, porque esta elección es la más trascendental de la democracia", agregó.

Participaron de la reunión con Bullrich, los diputados nacionales Paula Oliveto, Rubén Manzi, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, Mariana Stilman, Mónica Frade y Santiago Espil, los legisladores porteños Hernán Reyes, Facundo del Gaiso, Lucía Romano y Cecilia Ferrero; el titular de la CC porteña, Claudio Cingolani; el legislador provincial electo por Córdoba Gregorio Hernández Maqueda; el concejal por Corrientes Fabián Nieves; el concejal por La Matanza Héctor “Toty” Flores; la candidata a legisladora porteña María Pace Wells; el representante del Instituto Hannah Arendt y coordinador de los equipos técnicos de JxC, Fernando Sánchez; la candidata a legisladora por el Parlasur Laura Sesma; los coordinadores del partido Fernanda Reyes, Romina Braga y Agustín Bertuzzi y la dirigente Lucila Lehmann.

La Coalición Cívica de la Ciudad recibirá el próximo miércoles a la candidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, en la sede del Instituto Hannah Arendt para darle su apoyo. “Tenemos que acompañar a Patricia en octubre para que sea Juntos por el Cambio quien conduzca la salida del kirchnerismo. La Argentina que deja atrás la degradación kirchnerista no puede encaminarse a la insensatez de la venta de órganos y la privatización de los recursos naturales”, señaló la Mesa Ejecutiva de la CC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“La CC va a estar en la calle y no se va a resignar ante la posibilidad de triunfo de un proyecto autoritario que venga a reemplazar a la decadencia que nos propuso el kirchnerismo”, plantearon desde la CC de CABA. 

“Es con Patricia presidente y con Jorge Macri y Clara Muzzio ganando en la primera vuelta que los argentinos y los porteños podemos empezar a revertir tantos años de decadencia a la que nos trajo el kirchnerismo”, agregaron. 

La reunión de la Mesa Ejecutiva de la CC porteña estuvo a cargo del presidente del partido en la Ciudad, Claudio Cingolani, quien estuvo acompañado por Maximiliano Ferraro, titular del partido a nivel nacional; los candidatos a legisladores porteños Facundo del Gaiso y María Pace; los legisladores en funciones, Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucía Romano; la responsable de políticas sociales de la CC, Fernanda Reyes y el auditor Juan Calandri.

La mesa nacional de la Coalición Cívica realizó una reunión en el Instituto Hannah Arendt en la que manifestó su respaldo a la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y aseguró que “no se trata de romper todo, de pegar un salto al vacío, sino de tener un país ordenado y reconstruir con firmeza, previsibilidad, austeridad y equipo para que el cambio en Argentina sea verdadero y sostenido en el tiempo”.

“Por eso, ratificamos nuestro apoyo incondicional a Patricia Bullrich y Luis Petri. Tienen la legitimidad y responsabilidad de representar los valores fundacionales de Juntos por el Cambio: una fuerza plural, humanista, republicana y federal. No vamos a caer en ninguna especulación personal, mientras se juega el destino de nuestro país”, subrayó la CC-ARI y agregó: “Es en ese camino que vamos a fortalecer la unidad y propuesta de Juntos por el Cambio”.

Desde el espacio que lidera Elisa Carrió consideraron que "llega a su fin un ciclo de 20 años. El kirchnerismo ha vuelto más injusto, desigual y pobre a nuestro país. La caída de esa hegemonía es estrepitosa y contundente. El cansancio, angustia y hartazgo de la ciudadanía es indisimulable y, más que juzgar, debemos escuchar, entender y representar".

La mesa nacional de la CC-ARI volverá a reunirse el próximo miércoles 13 de septiembre en un desayuno de trabajo con Patricia Bullrich.

Durante el encuentro, el presidente del partido nacional, el diputado Maximiliano Ferraro, afirmó: “Vamos a poner todo el esfuerzo que se necesite para que Juntos por el Cambio sea la alternativa, y acompañar a Patricia y estamos a disposición para lo que se requiera. Somos la única fuerza que tiene liderazgo y equipo para el país”. “Tenemos que fortalecer la unidad, pluralidad y propuestas de Juntos por el Cambio, no se trata de pegar un salto al vacío sino de reconstruir Argentina con firmeza de manera profunda y duradera”, añadió.

Por su parte, el jefe del bloque de diputados nacionales, Juan Manuel López, sostuvo que “Juntos por el Cambio es el único equipo que puede transformar el enojo y la frustración en esperanza. Tenemos ese desafío y para eso vamos a trabajar, confiamos en Patricia para liderar el proceso que ordene nuestro país”.

De la reunión de la mesa nacional también participaron los diputados nacionales Rubén Manzi, Victoria Borrego, Mariana Stilman y Santiago Espil; los legisladores electos por Río Negro Javier Acevedo y Fernando Frugoni; los legisladores porteños Hernán Reyes, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero y Lucía Romano; el titular de la CC-ARI porteña, Claudio Cingolani; el legislador provincial electo por Córdoba Gregorio Hernández Maqueda; el senador bonaerense Andrés De Leo; el concejal y el diputado electo por Santa Cruz Pedro Muñoz; el concejal de Corrientes Fabián Nieves; la candidata a legisladora porteña María Pace Wells; el representante del Instituto Hannah Arendt y coordinador de los equipos técnicos de JxC, Fernando Sánchez; los coordinadores del partido Fernanda Reyes, Romina Braga y Agustín Bertuzzi.

“Hay que enfrentar los problemas del país, con decisión y propuestas que brinden soluciones. Es nuestro objetivo recuperar la educación, la producción y el salario, desterrar al narcotráfico, dar seguridad y devolver la tranquilidad y la paz a los argentinos”, se indicó desde la CC-ARI.

A través de un comunicado, el espacio planteó que “no hay libertad posible sin orden, responsabilidad y respeto a la Constitución Nacional. De lo contrario, solo seguiremos con más decadencia, arbitrariedades y corrupción”.

“Desde la Coalición Cívica defenderemos siempre el tránsito hacia un nuevo contrato moral que funde la paz, la no violencia, la justicia y la prosperidad en la Argentina. En definitiva, dar la batalla cultural, desde la política, en favor de ideas liberales, pero sin sacrificar la democracia, la república y el humanismo. Encauzar esa demanda de libertad y progreso dentro de lo que prescribe nuestra ley fundamental, para así asegurar la vigencia irrestricta del Estado de derecho, como única garantía de los derechos humanos. No podemos caer en la trampa de sacrificar la Constitución para intentar salvar a una sociedad y a un capitalismo asfixiado y agobiado por haber sido aplicadas durante los últimos años las ideas y las políticas equivocadas”, finalizó.

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el ingreso de Argentina a los BRICS, las repercusiones no tardaron en llegar. Mientras que desde la oposición alertaron sobre la relación con ciertos países, legisladores del oficialismo destacaron la apertura y posibilidad de inversiones.

El jefe de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, recordó que en mayo advirtieron "los riesgos de que Argentina ingrese a los BRICS en momentos donde necesita lograr la confianza necesaria para su estabilidad económica, atraer inversiones y ser un jugador de peso regional".

En el proyecto de declaración, presentado tres meses atrás, el bloque de los "lilitos" expresa que "los BRICS son un conjunto de países con ideologías disímiles, pero con objetivos concretos: entre ellos la redefinición del orden mundial, una mayor cuota de poder, y el reemplazo de los organismos de crédito surgidos tras los acuerdos de Bretton Woods a los que Argentina adhirió a mediados del siglo XX".

"El grupo se compone de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, todos ellos considerados economías emergentes, con un gran potencial, que pueden llegar a estar entre las economías dominantes a mediados de siglo. Sin embargo, el grupo liderado por China, busca confrontar con el orden mundial vigente, produciendo alteraciones en el status quo actual y aumentando la fragilidad de las reglas internacionales y vulnerando los pilares occidentales", señalaron los legisladores.

Y agregaron que "pese a los beneficios potenciales que podrían obtenerse al participar del bloque, lo cierto es que, los BRICS carecen de cánones democráticos y de preocupación por los Derechos Humanos. De los cinco miembros, solo Brasil y en cierta medida Sudáfrica, garantizan en sus cartas magnas el respeto irrestricto a la libertad individual y a la libertad de expresión".

"De ingresar, nuestro país quedaría alineado a la autocracia china y peor aún ante la dictadura de Vladimir Putin en la Federación de Rusia", apuntaron en ese momento y sumaron que "integrar los BRICS sería, además, olvidar los atentados a la AMIA y la DAIA producidos el 18 de julio de 1994, ya que, entre los 13 países buscan la adhesión formal a los BRICS, se encuentra Irán. El principal país implicado en la causa".

Este jueves, en la red social X, el diputado de Evolución Radical Martín Tetaz manifestó que "no somos parte de ningún bloque. BRICS no es una zona de libre comercio, sino un foro político más un banco, que veremos si apoya a nuestro país. No son más exportaciones ni más comercio, tampoco más inversiones. Es 'el FMI bueno', ponele".

Junto a una foto de la candidata presidencial del Pro, Patricia Bullrich, en la vigésima reunión anual en Argentina del Consejo de las Américas, la diputada macrista Sabrina Ajmechet compartió: "Nos oponemos al ingreso de Argentina a los BRICS. @PatoBullrich empieza su discurso marcando un rumbo claro para nuestro país: con dictaduras no, con Irán no".

Voces a favor desde el oficialismo

De la vereda de enfrente, desde el oficialismo, el senador y candidato a gobernador de Santa Fe, Marcelo Lewandowski, destacó que "el ingreso de Argentina al grupo BRICS abre un nuevo horizonte comercial para la provincia de Santa Fe y el país. Se trata del 40 por ciento de la población mundial y consolida relaciones con muchos de los que hoy son socios comerciales de nuestra provincia".

"Además permitirá a Santa Fe consolidar su impronta productiva, con más inversión en las cadenas de valor, más valor agregado en origen y empleo. Será un eje fundamental para seguir con más obras de infraestructura básica, como las que ya se están haciendo hoy", añadió.

El legislador sostuvo: "Nosotros queremos fortalecer un modelo que entiende al conocimiento aplicado a las cadenas de valor como el gran diferencial productivo en el mundo que viene. Para ello, BRICS representa una gran oportunidad para potenciar las herramientas de desarrollo".

Por su parte, la diputada massista Mónica Litza dijo que "Argentina se incorpora a los BRICS y comienza un nuevo ciclo en el panorama global para nuestro país", además de agradecerle al presidente de Brasil, Lula da Silva, "por tu amistad y apoyo".

"Nuestro ingreso al BRICS nos suma a un grupo con grandes posibilidades de desarrollo, pasando a ser parte del 28% del PBI mundial. No somos un país de mierda, somos un país maravilloso. Se abre una gran ventana de oportunidades para los argentinos!", fue el mensaje de la diputada Carolina Moisés.

La jujeña también agradeció a Lula "por tu ayuda estratégica. No se llega a ningún lado solo. Brasil lo sabe. Lula lo sabe. Brasil necesita una Argentina fuerte para ser fuerte".

En medio del debate acerca de los planes sociales, los diputados de la Coalición Cívica presentaron una web www.nousaralospobres.com, donde expusieron toda la documentación sobre los convenios del Ministerio de Desarrollo Social con las organizaciones sociales y el destino de los 50 mil millones de pesos que reciben las mismas.

A través de sus redes, Hernán Reyes (VJ) aseguró que “esta información proviene de dos amparos por acceso a la información pública y una investigación de casi dos años. Así logramos obtener los documentos que ponemos a disposición de la ciudadanía y el periodismo” y advirtió que “el Potenciar Trabajo entrega los conocidos planes sociales como política de ‘inclusión sociolaboral’ pero lo han convertido en una caja de dinero público para financiar el desarrollo territorial del Movimiento Evita y las demás organizaciones sociales”.

“Ponemos el acento en Emilio Pérsico que es el secretario de Economía Social de la Nación, líder del Movimiento Evita y fue directivo de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita LTDA. Nosotros pudimos identificar el vínculo político del 60% de los convenios”, agregó el legislador e informó que “a dinero de hoy, pudimos identificar 15 mil millones de pesos que fueron destinados al Movimiento Evita desde la secretaría de Pérsico con su firma a través de convenios. Siete mil millones de esos recursos fueron a entidades que forman parte de la Federación”.

Al mismo tiempo que aseguró que “tenemos que terminar con todo esto. La intermediación política de las organizaciones puja en la 9 de julio por sus intereses en la repartición de estos convenios de dinero. No han hecho nada para lograr una inclusión sociolaboral efectiva de las personas” y resaltó que “no llega al 2% el egreso de beneficiarios por inclusión en el mercado laboral, básicamente porque no quieren hacerlo. El Potenciar Trabajo se transformó en una forma de apalancar candidatos a intendente, concejal o diputados en un descaro absoluto”.

“Se puede hacer distinto. Necesitamos hacerlo distinto. Terminar con la intermediación y lograr la inclusión efectiva a partir de la terminalidad educativa, formación para el trabajo y dar una primera experiencia laboral. El plan debe enfocarse en garantizar autonomía y libertad”, cerró.

Mientras que Cecilia Ferrero (VJ) señaló que “esta información proviene de dos amparos porque el gobierno se negaba a dar la información. Así logramos obtener los documentos que ponemos a disposición de la ciudadanía y el periodismo” y explicó que “no han hecho nada para lograr una inclusión sociolaboral efectiva de las personas. 50 mil millones de pesos repartidos directamente a las organizaciones”.

“Basta de intermediarios que usan a los pobres. Se puede hacer distinto. Terminar con la intermediación y lograr la inclusión efectiva a partir de educación, formación para el trabajo y una primera experiencia laboral”, sentenció.

La titular de la Coalición Cívica y candidata a Parlasur en la lista de Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, estuvo a cargo del cierre del 11º encuentro de reflexión argentina 2040 del panel “Liderazgo adaptativo. Un paso del agro a la nueva República”, que se realizó en la Usina del Arte. La acompañaron en el panel, José Demicheli, director general de ADBlick y Belén Ochoa, directora ejecutiva de BisBlick Talento Joven.

También la acompañaron Alfonso Prat Gay, la diputada nacional por la Coalición Cívica Mónica Frade, el legislador porteño Hernán Reyes, el candidato a intendente de La Matanza Héctor “Toty” Flores; el diputado provincial Luciano Bugallo, la referente de políticas sociales de la CC, Fernanda Reyes; el candidato a gobernador de la provincia de Santa Fe Eduardo Maradona y Lucila Lehmann, candidata a diputada provincial por la misma provincia.

Carrió, al detallar su experiencia como emprendedora en By Lilitas, su empresa de ropa para mujeres, expresó que “las retenciones son un robo”, y agregó: “Debemos terminar con este tributo que es distorsivo, excepto para la soja, que se irá reduciendo paulatinamente” porque “es fundamental crear ciudades inteligentes ligadas al campo para lograr un desarrollo sustentable para la Argentina”.

“Si no crecemos y ajustamos a la vez, esto va a explotar”, sostuvo Carrió. “No se puede ajustar a una clase media que ya está sobre ajustada. Si se ajusta sin crecimiento vamos a ver una Argentina de un conflicto grave”, añadió.

En tanto, enfatizó que “la salida no es con recetas mágicas, nos va a costar salir, pero no se puede prometer soluciones de shock para el corto plazo”.

La líder de la CC envió al Congreso, a través de sus diputados, un proyecto que apunta a eliminar las retenciones agropecuarias y aplica a todos los productos salvo a la soja, que se estipula reducir al 31% y eliminarlas en un plazo de 5 años.

Por su parte, Prat Gay manifestó que “es cierto que no hay desarrollo sin estabilidad, pero tampoco hay estabilidad sin desarrollo. Por eso es tan importante cómo se deciden encarar ambas cosas”. “Tengamos mucho cuidado con las propuestas que sólo plantean la estabilidad, ese es el camino a una crisis mayor”, agregó.

“Argentina quedó en un lugar de total irrelevancia como consecuencia de sus alianzas geopolíticas. El próximo gobierno deberá ser inteligente en la elección de sus aliados para poder volver a ser un mercado deseable y que nos permita encarar un camino de desarrollo sustentable”, concluyó Prat Gay. 

Hernán Reyes, que trabajó junto a Carrió en la elaboración de los proyectos de innovación, ciencia y tecnología, explicó que "con el Plan Nacional de Innovación Nodos vamos a asociar al capital privado, a las instituciones tecnológicas públicas y privadas, las universidades, las empresas tecnológicas y al sector público con el objetivo de enraizar empresas de base tecnológica en todo el país. Que los jóvenes se puedan quedar en sus pueblos y ciudades y madurar ideas capaces de competir globalmente. Lilita hace años que habla de ciudades inteligentes ligadas al campo, pequeñas ciudades capaces de generar innovación para mejorar la performance de las economías locales. Es por ahí”.

"Queremos federalizar la innovación, que tenga impacto en todo el país. Que la innovación se genere en los pueblos y las pequeñas ciudades, que puedan madurar allí las ideas y transformarse en empresas con capacidad de potenciar las cadenas de valor de las economías regionales, del campo en general y las industrias locales. Eso nos permite desarrollar el país con una matriz económica diversificada, complejizada y con más potencial exportador", propuso el legislador.

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó este martes el proyecto elaborado por la líder del espacio, Elisa Carrió, que propone la eliminación inmediata de las retenciones agropecuarias, a excepción de aquellas que se aplican a la soja, que se estipula reducir al 31%, para luego eliminarlas por completo en un plazo de 5 años.

Según explicaron, durante ese período, que permitirá al próximo gobierno ordenar las cuentas públicas y poner fin al déficit fiscal, el proyecto contempla un mecanismo de compensación para los productores. Este mecanismo consiste en la emisión de certificados canjeables por bonos, cuyo valor nominal equivaldrá al monto de los derechos de exportación abonados.

La propuesta apunta a “reconocer el aporte del campo a la normalización de la situación fiscal y financiera del país, brindándole a los productores agropecuarios, en relación a la soja (que sólo continuará pagando derechos de exportación de manera provisoria), la posibilidad de obtener ingresos inmediatos mediante la negociación en el mercado secundario de los bonos compensatorios”.

A su vez, los productores podrán destinar los bonos compensatorios obtenidos al pago de impuestos, aceptados a valor nominal, por un porcentaje de lo que inviertan en nuevos proyectos de inversión, o conservarlos para su cobro al vencimiento del plazo de cinco años desde su emisión.

“Los derechos de exportación o retenciones son prácticamente inexistentes en el mundo y no los tienen ningunos de nuestros vecinos en la región con los que competimos. Son menos de quince países los que lo aplican, y menos de cinco los que tienen alícuotas y niveles de recaudación iguales o superiores a los de Argentina”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.

Y sumaron: “Este tributo genera un desincentivo directo a la producción de bienes exportables, cuyo efecto es doblemente distorsivo, dado que penaliza al mayor proveedor de divisas en un contexto de fragilidad financiera”.

“La Coalición Cívica mantiene un compromiso histórico: ´dejar en paz al campo´. Esto no puede ser de otra manera que con la eliminación total de todas las retenciones en el menor tiempo posible. Es por ello que proponemos un mecanismo indirecto y transitorio para corregir esta anomalía tributaria en el caso de los bienes con mayor peso en el total de la recaudación”, afirmaron en el proyecto elaborado por la fundadora de la CC.

Además, explicaron que “la cuestión es que los derechos de exportación representan para la Argentina recursos anuales por el equivalente al 2% del PBI. Esto es, aproximadamente el 10% de los recursos recaudados por la AFIP. Dada la frágil situación macro-fiscal de nuestro país, lo perfecto es enemigo de lo posible. Si no fuera esta la situación de vulnerabilidad macroeconómica, estaríamos proponiendo su eliminación directa”.

“Sin embargo, una decisión de ese tipo implicaría, en el corto y mediano plazo, un incremento del desequilibrio fiscal en la misma magnitud, que pondría a la economía argentina más cerca de una nueva crisis que de un ciclo de recuperación y estabilidad”, añadieron.

“Por estos motivos, proponemos un mecanismo que permitirá terminar definitivamente con los derechos de exportación, asegurando al próximo gobierno un tiempo para que efectúe las reformas necesarias para normalizar la situación fiscal y financiera de nuestro país, sin condicionar al sector agropecuario en el aprovechamiento de los frutos de su trabajo”, concluye el proyecto de Carrió presentado por el bloque de legisladores nacionales de la CC.

La iniciativa lleva las firmas de Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto Lago, Mariana Stilman Y Mariana Zuvic.

La Coalición Cívica realizó este viernes un Plenario Federal en el barrio porteño de Palermo en el que aseguró que "todo nuestro esfuerzo tiene que estar puesto en una estrategia de centro mayoritario para que JxC sea la alternativa de gobierno y gane las elecciones”.

“Nuestra vocación será siempre fortalecer la unidad, ampliar y potenciar nuestra coalición", aseguró la CC-ARI en un comunicado y agregó: "Hicimos de Juntos por el Cambio un espacio político abierto donde se unen diversas expresiones políticas y en el que compartimos valores fundamentales como la democracia, la libertad y la república".

Además, plantearon: "En tiempos en que algunos buscan fragmentar y polarizar a los argentinos, sabemos que hay una inmensa mayoría de ellos que reclama una salida justa y no violenta. Junto a Elisa Carrió daremos testimonio por ellos, para construir la prosperidad desde la Paz, el Humanismo y la Libertad”.

"La desidia, la corrupción y la violencia que sufrimos todos los argentinos, han despertado en un sector minoritario de la sociedad sentimientos de revancha, deseos de autoritarismo y posiciones radicalizadas. Frente a esto, Juntos por el Cambio, desde su origen, se trata de la representación de un centro mayoritario, que expresa la pluralidad y la congruencia política con los valores de la democracia, el reconocimiento del otro y alejada de los extremos que ponen en jaque la paz social", expresa.

El encuentro estuvo encabezado por el presidente del partido, Maximiliano Ferraro; acompañado por la vice y diputada nacional Mariana Zuvic; el jefe del bloque de diputados nacionales, Juan Manuel López; los integrantes de la mesa ejecutiva nacional, diputados nacionales y provinciales; y presidentes de distritos de todo el país.

La Mesa Ejecutiva Nacional, además, facultó al presidente del partido a suscribir una alianza electoral nacional, en el marco de Juntos por el Cambio, según los lineamientos establecidos por el Congreso Federal y esta instancia.

“Es necesario construir una estrategia de centro mayoritario que no implica renunciar a la firmeza”, advirtió Ferraro y aseguró que “la Argentina no puede estar corrida a los extremos que pueden poner en jaque la paz social”.

En ese sentido, agregó que “los extremos buscan erosionar la democracia” y resaltó: “Cuando nosotros planteamos la unidad de JxC y la amistad política acompañado con la vocación de ampliar”. También sostuvo que "todo nuestro esfuerzo tiene que estar puesto en una estrategia de centro mayoritaria para que JxC sea la alternativa de gobierno y gane las elecciones”.

A su vez, Maricel Etchecoin, presidenta de la CC-ARI bonaerense, dijo que "nuestra base fue siempre diversa y nunca nos hemos corrido del centro". "En el medio de las tensiones de JxC, hemos perdido la mirada de lo que está en juego para los argentinos", remarcó Etchecoin y agregó: "Seguiremos garantizando un núcleo de unidad".

Durante el Plenario Federal, el economista Matías Surt realizó un diagnóstico de la situación económica del país, y el coordinador de los equipos técnicos y representante del Instituto Hannah Arendt, Fernando Sánchez, se refirió a los acuerdos programáticos que vienen trabajando las 4 fundaciones de JxC.

Del plenario participaron también las diputadas nacionales Paula Oliveto, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Leonor Martínez Villada, Mariana Stilman, Victoria Borrego; los legisladores porteños Hernán Reyes, Facundo Del Gaiso, Cecilia Ferrero, Lucía Romano; el titular de la CC ARI porteña, Claudio Cingolani; Gregorio Hernández Maqueda, miembro de la Mesa Ejecutiva Nacional y candidato a legislador provincial por Córdoba; Fernando Frugoni, legislador provincial electo por Río Negro; Sebastián Julierac, legislador provincial Santa Fe; el economista Matías Surt; el representante del Instituto Hannah Arendt y coordinador de los equipos técnicos de JxC, Fernando Sánchez; y los coordinadores Fernanda Reyes, Romina Braga y Agustín Bertuzzi; y presidentes de distritos.

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro, presentaron una denuncia penal por “claudicación histórica” contra funcionarios nacionales y provinciales por el Memorándum firmado con China para autorización de una terminal portuaria multipropósito en Tierra del Fuego.

Zuvic informó a través de sus redes, que la acusación es contra el ministro de Defensa Nacional, Jorge Taiana; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y contra el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

La denuncia cayó en el juzgado Criminal y Correccional de María Servini y es por “delitos contra la seguridad de la nación y delitos contra la administración pública; abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”. Además, presentaron una medida cautelar para detener el acuerdo que Tierra del Fuego negocia con China.

Según el documento al que pudo acceder diario Clarín establece que la empresa Shaanxi Chemical Group invertirá US$ 1.250 millones en la provincia para la construcción de una planta industrial con una capacidad anual de 600.000 toneladas de amoníaco sintético, 900.000 toneladas de urea y 100.000 toneladas de glifosato.

Ello implicará la construcción de una terminal portuaria multipropósito con recinto interno, para el amarre de embarcaciones de 20.000 toneladas, es decir un puerto chino en Argentina, y una central eléctrica de 100MW.

Desde que se conocieron los detalles de la construcción de la planta, el puerto y la central en Rio Grande, la oposición se encuentra embarcada en una fuerte polémica contra este memorándum de entendimiento que Melella envió a la legislatura de su provincia esta semana para que fuera aprobado, ya que el senador nacional Pablo Blanco solicitó la intervención de Cancillería y le pidió explicaciones y transparencia en la información al mandatario provincial.

Elisa Carrió y Fernán Quirós reunieron este fin de semana sus equipos de trabajo. El encuentro se realizó en la casa de la fundadora de la Coalición Cívica y también participaron el presidente del partido, Maximiliano Ferraro; el jefe de campaña de Quirós, el diputado nacional Álvaro González; la ministra de desarrollo humano y hábitat del Gobierno de la Ciudad, María Migliore; el diputado nacional Gabriel Mraida, los ex diputados nacionales Fernando Sánchez, Carmen Polledo y Fernanda Reyes; los legisladores porteños por la CC Facundo del Gaiso; Cecilia Ferrero; Hernán Reyes y Lucía Romano. También participaron el auditor porteño Juan Calandri y los dirigentes Agustín Bertuzzi, Juan Pablo Graña, Manuel Vidal, Victoria Rodriguez Quintana y Christian Werle, que también integran los equipos de campaña.

A partir de ello, Carrió publicó un video en Twitter, donde aparece junto a Quirós y anuncia que este fin de semana se estará haciendo una encuesta para dirimir quién es el candidato de “nuestro espacio”, en referencia al Pro y a la CC. Obviamente señala que “nosotros apoyamos fuertemente que la candidatura para la Ciudad de Buenos Aires, que para mí es un lujo que sea Fernán Quirós. Queremos que ustedes participen de esas encuestas”.

“Los que quieren que Fernán sea nuestro próximo jefe de gobierno, es necesario, les pido que contesten el teléfono, que contesten la encuesta y que nos apoyen”, señala Lilita.

Tras ello Quirós enfatiza que “estamos todos trabajando juntos para ofrecerte un formato, una forma de gobierno, que verdaderamente resuelva tus problemas, que te escuche, que se acerque a lo que te pasa y, sobre todo, te comprenda y te de un servicio público que sea digno, honesto, hablando con la verdad y haciéndose responsable de resolver los problemas que son de todos”.

“Por eso queremos ser jefe de Gobierno, porque te queremos acompañar en ese proceso y queremos que vos también nos acompañes. Con Lilita, con Horacio (Rodríguez Larreta), con todo el equipo de gobierno del Pro, vamos a ser una gran propuesta para que nos puedas acompañar”, agrega allí Quirós, a quien por último Carrió de fine como “nuestro cuidador, así que hay que votar a quienes nos cuidan”.

El mensaje fue replicado luego por la dirigencia de la CC-ARI, tales como su presidente, Maxi Ferraro, Hernán Reyes y Paula Oliveto, entre otros.

Destinatario de 669.865 votos en la provincia de Buenos Aires en 2021, José Luis Espert se había propuesto ser candidato a gobernador bonaerense para las elecciones de este año. Pero atento a que esa alternativa podría dividir el espacio opositor en un distrito donde no hay balotaje, beneficiando así al Frente de Todos que propondría la reelección de Axel Kicillof, ya el año pasado el líder de Avanza Libertad admitía la posibilidad de participar en las próximas elecciones en el marco de “una gran PASO” con Juntos por el Cambio, que en ese caso debería modificar su denominación.

“Juntos por la Libertad”, sugería por esos días Espert.

Tal posibilidad siempre se mantuvo vigente, pero en los últimos tiempos mutó por una alternativa superior, destinada a captar un voto que a nivel nacional podría ir hacia Javier Milei: postulando directamente a Espert como precandidato presidencial, dentro de JxC.

Hasta ahora las negociaciones se mantuvieron en el ámbito privado y ahora, a casi dos meses del cierre de listas, entran en el plano de lo concreto, tal cual confirmó este miércoles el presidente de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro. En esa calidad, según anunció el diputado nacional en sus redes sociales, recibió una carta de José Luis Espert, en donde “expresa su preocupación por la crisis económica de un gobierno sin rumbo. En ella propone ampliar el espacio opositor, sumándose a Juntos por el Cambio para aunar esfuerzos y llevar adelante las políticas de estado que permitan superar la decadencia y promover el progreso y desarrollo sostenido del país”.

“Para la Coalición Cívica, Juntos por el Cambio debe ser siempre un espacio amplio, que sume a todos aquellos que defiendan la democracia, la libertad, el humanismo y los valores republicanos. Por eso apoyo la propuesta de Avanza Libertad de sumarse a nuestro espacio. El país necesita de cada uno de nosotros para salir adelante”, señaló Ferraro.

Está claro que la nota ha sido cursada también a los otros partidos que conforman la principal oposición, previéndose que de manera inminente se haga un anuncio confirmando la incorporación de Avanza Libertad a Juntos por el Cambio. Cabe recordar que desde el radicalismo, su presidente, Gerardo Morales, ha dicho que “más allá de que podamos tener diferencias, es una persona racional, moderada, y no tenemos ningún problema en dialogar con él”. Una alternativa que excluye a Javier Milei, al que el gobernador jujeño definió como “un salto al vacío”.

El exsenador Miguel Pichetto también mostró disposición a sumar a Espert y confirmó que en la reunión de este lunes de los presidentes de los partidos que integran JxC se avanzó en su incorporación. "Morales y Ferraro están de acuerdo, quedó pendiente la respuesta de (Federico) Angelini, pero yo creo que es conveniente sumar", señaló, remarcando que le parece que “es interesante sumar a José Luis Espert con su partido, que aporta una mirada liberal y consolida el frente opositor”.

La presidenta de la Coalición Cívica de la provincia de Buenos Aires y diputada provincial, Maricel Etchecoin, aseguró que “hoy tenemos una candidata y es Lilita Carrió” y resaltó que “en la Provincia, tenemos muy en claro que la unidad es la fortaleza para un proyecto nacional y tiene que estar representada por los mejores de nosotros”.

“Quien no entienda que la provincia de Buenos Aires tiene que estar en un proyecto nacional porque es la base para gobernar, se juega el 10 de diciembre”, aseguró Etchecoin durante el congreso partidario realizado en Bragado del que participaron 300 personas entre ellas, el diputado nacional del Pro Diego Santilli y el titular de la UCR bonaerense y legislador provincial, Maximiliano Abad.

En ese contexto, la diputada provincial resaltó que “desde el bloque de legisladores de la Provincia pudimos sostener una oposición fuerte a (Axel) Kicillof” y señaló: “Hoy la oposición plantada es la del bloque de Juntos. No nos quieran vender gato por liebre los que gritan, los que buscan una Argentina más autoritaria, con menos democracia y discusión parlamentaria. Nosotros vamos por la responsabilidad porque nos va a tocar gobernar esta Provincia”.

Durante el congreso provincial se conformó la mesa Directiva del Congreso que estará presidida por el senador provincial Andrés De Leo; acompañado por la vicepresidenta Angélica González, Fabricio Cheiro, y los vocales Belén Cáceres y Jorge Villalba.

De esta actividad participaron además el presidente del partido nacional y diputado nacional, Maximiliano Ferraro; el jefe del bloque de diputados nacionales, Juan Manuel López; las diputadas nacionales Mónica Frade, Victoria Borrego y Mariana Stilman; el diputado provincial Luciano Bugallo; los senadores provinciales Elisa Carca y Andrés De Leo; los legisladores del Pro Pablo Torello, Mauricio Chueco Viviani, y de la UCR Erica Revilla, entre otros.

“Hoy si JxC sigue hablando entre los dirigentes, pierde la oportunidad de gobernar, y les puedo asegurar que la Coalición Cívica quiere gobernar. La CC quiere ser fortaleza en el Parlamento, pero también tener la oportunidad de los ejecutivos locales, de formar parte de un gobierno de coalición, y este es el momento”, aseguró Etchecoin.

Por su parte, el senador De Leo dijo que “en esta etapa tenemos que tener un partido con más incidencia y con los valores que nos transmitió Lilita”, al tiempo que la precandidata a intendenta de Bragado por la CC, Carla Bruno, afirmó que “frente a la deshonestidad y corrupción del oficialismo, hoy JxC tiene que traer esos valores porque tiene una cita con la historia en el 2023”.

A su vez, el diputado nacional Diego Santilli afirmó que “hoy JxC es una coalición potente” y alertó que “nuestra provincia ha sido azotada” por el gobierno nacional y provincial. “Basta kirchnerismo. Tenemos que tener unidad para cambiar y para devolvernos la libertad”.

“Este congreso nos tiene que llevar a que el 10 de diciembre haya un presidente que represente nuestro espacio, un gobernador que represente nuestro espacio y un intendente que nos represente. Vamos a ganar la Provincia”, remarcó Santilli.

Por su parte, el presidente del radicalismo, Maximiliano Abad, dijo que “tenemos la responsabilidad de construir un modelo republicano y democrático”, instó a trabajar por la “unidad para ganarle al kirchnerismo y desterrar al populismo” y aseguró que “esta tarea no la puede realizar un solo dirigente y una sola fuerza política, soy un defensor, un militante y un trabajador de la unidad de nuestra coalición opositora”.

La mesa ejecutiva de la Coalición Cívica mantuvo una reunión en Corrientes, en la que analizó la situación política, social y económica que vive el país y ratificó la estrategia política y electoral del partido y de Juntos por el Cambio. “Tenemos que dejar de lado las peleas para proponerle un futuro a los argentinos”, propusieron.

“Desde la Coalición Cívica ARI hacemos un llamado urgente a los dirigentes de JxC para que pongamos una visión de grandeza, virtud y acuerdo a largo plazo por encima de nuestras diferencias coyunturales”, sostuvieron sus integrantes. Agregaron que “tenemos que bajar la intensidad de las diferencias y, en cambio, fortalecer la unidad y amistad política, solidificar los acuerdos programáticos  que se vienen trabajando seriamente y de manera sostenida las fundaciones de nuestros partidos”.

También se reunieron con el gobernador de la provincia, Gustavo Valdés, y con el intendente de la ciudad, Eduardo Tassano.

“Debemos poner nuestras energías en dar solución a los problemas concretos que tiene la ciudadanía: inflación, inseguridad, narcotráfico, pobreza, falta de oportunidades, entre otras”, propusieron los dirigentes que integran la mesa ejecutiva de la CC. Añadieron que “la disputa entre los distintos liderazgos de JxC jamás debe anteponerse por sobre la propuesta de alternativa y de cambio real que representamos para la Argentina. Para ello debemos practicar, en la dinámica de la competencia interna, la alteridad como fundamento del reconocimiento del otro. Porque estamos atravesando el momento histórico que nos pide de manera contundente forzar el verdadero punto de inflexión de la Argentina”.

“Es hora de potenciar lo que nos une: el camino hacia una Argentina próspera. Es imperioso que establezcamos lineamientos macroeconómicos claros que posibiliten la estabilidad y el crecimiento necesario para terminar con la pobreza crónica; reformar el Estado, emprender la simplificación y reducción de la presión tributaria sobre los ciudadanos para que ellos sean protagonistas de una nueva etapa de desarrollo y transformación en la Argentina; dejar en paz al campo para que libere todo su potencial como motor del progreso y haga efectiva la integración nacional; comprometernos seriamente en la lucha global contra el cambio climático, la transición energética, la protección de nuestro ambiente y los recursos naturales, especialmente del agua como recurso estratégico de la Humanidad; abrirnos e insertarnos estratégicamente en la economía del conocimiento, la robótica y la innovación; y, fundamentalmente, emprender un nuevo paradigma educativo como política central del porvenir de nuestros niños, niñas y jóvenes”, propusieron los miembros de la mesa ejecutiva de la CC.

“Hagamos que la amistad política y unidad nos encuentre hoy discutiendo un proyecto de Nación que sea transformador, que cambie los paradigmas que nos llevaron a la ruina y garantice los tres contratos indispensables: el contrato moral, el contrato económico-social y el contrato constitucional”, concluyeron.

Participaron del encuentro el presidente de la CC, Maximiliano Ferraro; el jefe del bloque de diputados nacionales, Juan Manuel López, las legisladoras nacionales Paula Oliveto, Mariana Zuvic y Mónica Frade. También asistieron la diputada provincial por Buenos Aires Maricel Etchecoin, el legislador porteño Hernán Reyes; el presidente de la CC correntina Hugo Cuqui Calvano; la ex diputada nacional Fernanda Reyes y los dirigentes Romina Braga y Agustín Bertuzzi.

Elisa Carrió participó este sábado de la asamblea provincial de la Coalición Cívica, en la que se ratificó la pertenencia del partido a Juntos por el Cambio.

Asistieron al acto 300 referentes y militantes de Juntos por el Cambio, entre los que estuvieron Gregorio Hernández Maqueda; el senador nacional y candidato a gobernador de la provincia por JxC, Luis Juez; el jefe de bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Negri, y los legisladores nacionales Rodrigo de Loredo (UCR); Leonor Martínez Villada, presidente de la Coalición Cívica de Córdoba, y la diputada nacional Soledad Carrizo (UCR) y la senadora Carmen Alvarez Rivero (Pro).

Carrió manifestó su apoyo a la candidatura de Juez y afirmó que "estamos en Cuaresma y este tiempo es sagrado y de reflexión. Cuando pase la Pascua regresaré para hacer campaña por nuestros candidatos. En Córdoba no hay ascensor para llegar al poder, y a la batalla hay que darla sin tenerle miedo a las operaciones, hay que tenerle miedo a la falta de dignidad. Amo venir a Córdoba, y soy obrera de otros. Haré lo necesario por la unidad, y vendré todas las veces que sea necesario”.

Por su parte, Juez sostuvo que “estamos buscando torcer la actual realidad de Córdoba que hoy está totalmente tomada por la inseguridad. Quiero ser gobernador, no candidato, y quiero que gobernemos todos juntos. No nos vamos a pelear nosotros en Córdoba, por eso les pido que, si van a venir a apoyarnos, vengan, si no, quédense en sus casas porque bastante daño nos ha hecho el peronismo estos veinticuatro años”.

Hernández Maqueda, aseguró que “nosotros estamos convencidos de que el peronismo en el poder se ha convertido en fascismo al no respetar la Justicia. No le interesa rendir cuentas. Llaryora es el Néstor Kirchner cordobés y, si gana, le va a entregar el poder a las mafias”.

La diputada nacional santafesina Carolina Castets renunció este martes al bloque de la Coalición Cívica, que ahora quedó con diez integrantes.

La legisladora formará un monobloque que se llamará Valores Republicanos, pero no se irá del interbloque Juntos por el Cambio, que mantendrá entonces sus 116 miembros, pero ahora tendrá once bloques.

Según trascendió este martes, la decisión de Castets venía siendo madurada desde hace un tiempo. Puntualmente el 6 de marzo pasado tomó esa decisión que no comunicó entonces a los dirigentes nacionales. “Con la dirigencia provincial no tengo diálogo”, contó este martes a Cadena 3 de Rosario. “No estaba coincidiendo con las formas de la dirigencia provincial”, precisó la diputada nacional, que aclaró que su decisión fue “muy pensada”.

¿Tiene que ver esta medida con el fuerte rechazo que expresó la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, contra el Frente de Frentes que se formó en Santa Fe entre la UCR, el Pro y los socialistas? Castets aclaró que los dichos de Elisa Carrió fueron expresados luego de su desafiliación. “Me enteré por redes de su decisión de salirse del Frente de Frentes; pero yo ya había advertido de mis disidencias con la conducción de la Coalición Cívica, y me respondieron que ‘es una estrategia nacional’, la cual no comprendo”, señaló la legisladora, que este martes tuvo participación en la sesión, precisamente durante el debate del proyecto de fortalecimiento de la justicia penal santafesina.

Elisa Carrió, junto a los diputados nacionales que representan a la Ciudad de Buenos Aires y legisladores porteños de la Coalición Cívica se presentarán ante la Justicia para que se evalúen acciones realizadas por el presidente de la Nación Alberto Fernández en la última Asamblea Legislativa realizada el pasado 1ro de marzo. Allí, el presidente acusó directamente a la Corte Suprema de asegurar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente”, y agregó que la Corte Suprema “le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria”.

“El comportamiento del Presidente podría ser parte de un conjunto de acciones planificadas y ejecutadas con la finalidad de impedir, obstaculizar o trabar la ejecución de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, afirmaron.

El escrito está firmado por Carrió, el presidente del partido Maximiliano Ferraro; las diputadas nacionales por CABA Mariana Zuvic y Paula Oliveto; los legisladores porteños del partido y su presidente en la Ciudad, Claudio Cingolani.

Esta presentación se añade a una anterior por la CC en la que se había denunciado al presidente de la Nación, al ex jefe de Gabinete Juan Manzur, al ministro de Economía Sergio Massa, al gobernador Jorge Capitanich y al Procurador del Tesoro de la Nación Carlos Zannini, por la posible comisión de los delitos de desobediencia, alzamiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“El Presidente se dirigió al Máximo Tribunal con una serie de graves imputaciones, en un tono de voz aleccionador impropio de un acto institucional como el que se estaba llevando a cabo; e incluso, en más de una oportunidad, llegó a señalar con su dedo, de manera desafiante a los dos magistrados del Tribunal Superior que concurrieron a la Asamblea y que eran repetidamente tomados en primer plano por las cámaras a cargo de la transmisión oficial”, señalaron Carrió y los dirigentes de la CC. “Esto en el marco de un discurso hostil, sostenido por arengas de los diputados oficialistas, funcionarios del Gobierno nacional y demás invitados afines, estratégicamente ubicados en los palcos del recinto”, agregaron.

“Este comportamiento del titular del Poder Ejecutivo podría ser parte de un conjunto de acciones planificadas y ejecutadas con la finalidad de impedir, obstaculizar o trabar la ejecución de la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en legítimo ejercicio de sus funciones sobre la que se expidiera a finales del año pasado”, sostienen desde la Coalición Cívica.

“Es por este motivo que pondremos en conocimiento de la Justicia Penal estos hechos nuevos que podrían integrar una maniobra constitutiva de graves delitos cometidos por funcionarios públicos, entre ellos el Presidente de la Nación, dirigidos a desobedecer o impedir de manera delictiva legítimas decisiones tomadas por otro Poder del Estado. Es decir, la continuidad de un plan llevado a cabo por el Presidente de la Nación, y el resto de los funcionarios ya denunciados, para alzarse contra la Corte Suprema y así atentar contra la división de poderes, pilar fundamental sobre el cual se construye el sistema republicano de gobierno, esencia del orden constitucional”, completaron.

La Coalición Cívica manifestó su preocupación por el anuncio realizado este lunes por el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre un canje de deuda entre el Gobierno y los bancos que puede “violar” la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina “lo que lo haría nulo e inoponible”.

“Massa intenta deshacerse del problema inmediato de la deuda persuadiendo a los bonistas con un seguro de recompra de los bonos a cargo del Banco Central, que podrían exigirse diariamente”, señalaron desde la CC.

En ese sentido, plantearon que “el ofrecimiento además de constituir una violación del artículo 19, inciso b) de la Carta Orgánica del BCRA que prohíbe al banco ‘garantizar o endosar letras y otras obligaciones del gobierno nacional, de las provincias, municipalidades y otras instituciones públicas’ , expone a la Argentina a una nueva crisis inflacionaria, toda vez que, de suceder una baja de los bonos, los tenedores podrían exigir masivamente su compra al Banco Central que deberá responder de inmediato, emitiendo”.

Con la mirada puesta sobre las elecciones de este año, los diputados de la Coalición Cívica (CC ARI) celebraron en las redes sociales la candidatura presidencial de la líder de ese espacio, Elisa Carrió, y advirtieron que enriquecerá el debate interno dentro de Juntos por el Cambio (JxC).

En ese sentido, el oficialista Hernán Reyes (VJ) afirmó que “las declaraciones de Carrió reflejan el ánimo de todos los que somos parte de la Coalición Cívica de poner el cuerpo por la unidad de Juntos por el Cambio y elevar el debate” y consideró que “Lilita representa un voto de dignidad y humanismo, una lucha incansable y liderazgo en los valores”.

Al mismo tiempo que Facundo Del Gaiso (VJ) concluyó aseverando que “la candidatura a presidente de Lilita le da riqueza al debate de ideas dentro de Juntos por el Cambio donde el desarrollo económico, la defensa de las instituciones democráticas, el contrato moral y la trasparencia tienen que estar entre los principios rectores de un Gobierno”.

Cabe recordar que en diálogo con Radio Mitre la propia Carrió remarcó que su candidatura presidencial “no es para ganar, ya sé que no voy a ganar, sino para ordenar”, aunque precisó que recién hablará como candidata cuando se inicie la campaña, y advirtió como “un error” haber discutido candidaturas de manera tan prematura.

En el arranque de la segunda jornada en comisión sobre el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los diputados de la Coalición Cívica Paula Oliveto y Juan Manuel López ratificaron la catarata de denuncias presentadas desde 2017 contra Ricardo Lorenzetti, al tiempo que rechazaron que se avance contra todo el máximo tribunal. 

En su larga exposición, Oliveto planteó todas las acusaciones contra quien fuera presidente de la Corte entre 2007 y 2018, y recordó que la solicitud “data del 2017 y fue presentada en su oportunidad por la doctora Elisa Carrió”. “En ese momento nosotros éramos Gobierno y la realidad es que no fue acompañado por Juntos por el Cambio”, apuntó. 

Y defendió que el pedido se enmarcó en “una decisión que respondía a la íntima convicción de nosotros como legisladores” sobre que Lorenzetti “no cumplía ni con la idoneidad moral, ni con un desempeño eficiente en sus funciones conforme las buenas prácticas administrativas y de transparencia”. 

“En ese momento no tuvimos un presidente que acompañara el pedido. Es más, el presidente Mauricio Macri y el ministro de Justicia (Germán Garavano) dijeron que no lo compartían”, señaló, y por eso mismo argumentó: “No respondía nuestra motivación a la necesidad de presionar a la Corte para que sancionara algo de acuerdo a los intereses políticos del momento, no; ni era un factor de extorsión al máximo tribunal, no; ni tampoco tenía como razón beneficiar a ningún encausado en ninguna causa; ni que fuera la forma en que encontraba una persona o un Gobierno para recusar al máximo tribunal ni para pedir la nulidad de los fallos”. 

“Lo hicimos más allá de cualquier especulación política o necesidad de un Gobierno para condicionar a un poder de la República”, insistió y aclaró que “ahí está la diferencia sustancial en relación a este momento”, en alusión a los pedidos del oficialismo. 

La legisladora cargó contra Lorenzetti al asegurar que “se convirtió en un hombre muy poderoso, muy temido, con una influencia insospechada, no solo dentro del tribunal sino también afuera” y “manejó a su arbitrio durante tantísimos años” el Poder Judicial. “De él dependía el diseño, la implementación y la ejecución de relevantes decisiones administrativas sobre presupuesto, la administración de los fondos y el diseño orgánico funcional del Poder Judicial argentino durante su presidencia”, dijo. 

Después pasó a enumerar “los 29 hechos que se imputan” a partir de tres ejes que tienen que ver con “el mal desempeño en el ejercicio de las funciones y eventual comisión de delitos” por “articular de una matriz de negocios dentro dentro del ámbito de las competencias; una  evidente falta de transparencia en su gestión al frente de la Corte Suprema; y por cooptar estructuras del Consejo de la Magistratura para la concentración del poder y el manejo de los fondos de la Justicia”. 

En la larga lista de acusaciones, la porteña habló de “la transferencia de estructuras propias del ámbito de actuación y control del Consejo de la Magistratura a la Corte; la desarticulación de los mecanismos de participación en la toma de decisiones y de control interno de la administración y gestión de los recursos; el manejo discrecional de fondos millonarios extrapresupuestarios; la debilidad en el proceso de control interno; la concentración de las decisiones en la administración de la caja y la rendición de cuentas; y la débil intervención de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires”. 

También mencionó “la pelea por la caja judicial durante las leyes que promovía la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, al tiempo de “sospechosos sorteos de causas; irregularidades en el sistema de informatización; irregularidades en la administración de los bienes de consumo; falta de ética; y designación arbitraria de personal”. “Durante la gestión del doctor Lorenzetti se incrementó la planta de la Corte de manera exponencial”, añadió. 

Además, la diputada de la CC-ARI le endilgó “un particular interés de intervenir en causas sensibles mediante el cuerpo de peritos del Poder Judicial” y “el incumplimiento de la Ley de Ética Pública en relación a la presentación de declaraciones juradas”. “Contribuyó a la ausencia de transparencia en el patrimonio”, aseveró y lo denunció por “el manejo irregular de dos fondos anticíclicos” y “el irregular y discrecional manejo de la obra social”. 

Puntualmente sobre el patrimonio del magistrado, Oliveto sostuvo que “la verdad que el patrimonio del doctor Lorenzetti es opaco y ha sido objeto de muchas presentaciones por parte de estos diputados y la doctora Carrió, y no hemos logrado que se avanzara”. “Es extraño su nivel de relación con prestadores de la salud, muchos de los cuales están radicados en la ciudad de Rafaela. Han sido sus socios”, reveló. 

En esa línea abundó, sobre ese grupo empresario: “Han crecido exponencialmente a partir del poder que ha adquirido Lorenzetti en los últimos años”. “Parte de los bienes que él utiliza están a nombre de empresas que están vinculados a este grupo; distintas propiedades, mansiones en su pueblo natal, acá en Puerto Madero, autos de lujo, que no están en su patrimonio”, explicó. 

Por otra parte, la mano derecha de Carrió se refirió a “la mutual PyME Rural, que ha crecido muchísimo en la ciudad de Rafaela y que ha sido investigada en la causa donde se canjeaban cheques para la AFA en ocasión del programa Fútbol para Todos”. 

En otro tramo habló de “Lorenzetti y su poder de escucharte” sobre el traspaso que se dio en 2015 del Departamento de Intercepción y Captación de las Comunicaciones desde el ámbito del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema. “Puso personas de su máxima confianza y hubo debilidades en control de ese área tan sensible”, resaltó. 

Finalmente, Oliveto acusó al juez del “manejo discrecional de los bienes decomisados” y su “resistencia para que esos bienes tengan una finalidad social”.  

“No es fácil hablar de Lorenzetti, tiene unos tentáculos que nosotros ni nos imaginamos”, enfatizó y expresó: “Sabemos muchas veces que cuando uno toca a esta persona, tiene vuelto”. Pero ratificó su convicción de que “mi liderazgo y mi partido no tienen precio”.

A sus pares de Juntos por el Cambio les agradeció por haber respetado la postura de la CC a lo largo de los años, mientras que al oficialismo le aclaró: “No voy a acompañar muchas de las causales que están propiciando, porque entiendo que tienen una dirección que no es a los efectos de mejorar la Corte, sino de mejorar la posición de un Gobierno cuando un fallo le es adverso, pero respeto el derecho de un legislador en defender sus ideas y plantear sus disidencias en este ámbito, que es la casa de la democracia”. 

“Con profunda honestidad intelectual vamos a trabajar en defender las garantías constitucionales de las personas que están siendo traídas a ese proceso. No creo que sea sano ir contra todos los miembros de la Corte para forzar recusaciones o la posibilidad de ser reemplazados por conjueces”, concluyó. 

En una breve intervención, el jefe de la CC, Juan Manuel López, explicó que el pedido firmado por él es “una ampliación del juicio político que fundó” Oliveto, puntualmente sobre “el hecho que está relacionado con el poder de influencia del doctor Lorenzetti sobre distintos actores de la política, la Justicia y la sociedad civil para que se sancione de una manera la Ley del Consejo de la Magistratura que finalmente no se sancionó”. 

“El bloque de la Coalición Cívica ratifica todos los hechos que denunció la exdiputada Carrió”, afirmó, y valoró que su partido desde 1996 ha presentado distintos pedidos de juicio político con la intención de “mejorar la Justicia desde nuestra función, pero nunca de presionar al Poder Judicial”. “Nuestras diferencias con el Frente de Todos son enormes. Vamos a sostener el pedido contra Lorenzetti, pero no vamos a ir contra una Corte entera para presionarla”, aseveró. 

Elisa Carrió junto a la Mesa Ejecutiva de la Coalición Cívica y el bloque de diputados nacionales del partido presentarán un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Relatoría especial sobre independencia de magistrados y abogados, en el que enumeran los reiterados quiebres del estado de derecho y los embates contra las instituciones de la república por parte de la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno que encabeza Alberto Fernández.

“Tenemos que dejar claro en la ONU la voluntad del kirchnerismo de apropiarse de la Justicia”, señalaron. El informe también hace referencia a hechos ocurridos durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

En su respuesta a la grotesca presentación realizada este lunes por el secretario de DD.HH. del Ejecutivo Nacional, Horacio Pietragalla, la ONU le reclamó al Gobierno argentino que “asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales y que garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales”.

Debido a este planteo, Carrió y la CC-ARI tomaron la decisión de darle a conocer al Consejo de DD.HH. de la ONU sus reiteradas denuncias y señalamiento acerca del “golpe institucional y las reiteradas violaciones de los derechos humanos en nuestro país”.

“Enceguecido en la búsqueda de impunidad de la vicepresidenta, el Gobierno argentino atropella al Parlamento e intenta apropiarse del Poder Judicial”, sostienen desde el espacio. “El papelón que hizo ayer Pietragalla ante el Consejo de DD.HH. de la ONU es una expresión de un gobierno extraviado ante el reclamo de la Justicia”, agregaron.

Además, explicaron que “el gobierno que se jacta de su amistad con dictadores como (Nicolás) Maduro y (Daniel) Ortega, se presenta ante la ONU con un texto de ficción que el mismo organismo desmintió en su respuesta”.

Estos hechos que Carrió y la Coalición Cívica enumeran ante la ONU ya fueron enviados en distintas oportunidades a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar las violaciones del kirchnerismo contra las instituciones.