Millones de argentinos ahogados en gritos de hartazgo por décadas de abusos de la “Casta”, depositaron en el fenómeno Milei lo que gran parte de la clase política les había robado, la esperanza.

La esperanza en una sociedad abatida, representa un acto de confianza de extremo valor, vulnerar ese contrato configura una estafa.

La designación de Daniel Scioli como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, representa una estafa para los argentinos, y una intolerable afrenta para quienes hemos luchado contra la corrupción, el mayor flagelo que destruyó nuestro país, sus instituciones, la economía, la sociedad y la República. Enfrentándonos incansablemente a la impunidad que abrigó a la política, los sindicatos, gremios, corporaciones y narcotráfico, que se llevó vidas de ciudadanos, fiscales, y condenó a que hoy más del 50% de los argentinos sean pobres.

Con impunidad la única libertad es la de los corruptos.

Que calibren la motosierra, que está talando los ingresos a la clase media y los jubilados, mientras le aseguran el botín a la casta que dejó en ruinas el país.

Desde la Coalición Cívica – ARI, la diputada nacional Mariana Zuvic; el auditor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Calandri; yel legislador porteño Hernán Reyes denunciaron este martes la titular de AySA, Malena Galmarini, por “defraudación a la administración pública y violación de los deberes de los funcionarios públicos”.

La denuncia se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional federal Nº 2, y también y además de dirigirse a Galmarini, también es contra los propietarios de la empresa Transclor SA, encabezada por Mauricio Filiberti. “Nos encontramos ante una clase de defraudación, una estafa al Estado y a todos los argentinos”, señalaron.

Allí le solicitan a la Justicia que investigue la maniobra por la cula la empresa Transclor S.A obtuvo la renovación del contrato para el suministro y operación de la planta de policloruro de aluminio (PAC), hasta el año 2028 por un monto de U$S127 millones. Esta operación se realizó mediante la elaboración de un pliego confeccionado para la conveniencia de la empresa de Filiberti, que establece las condiciones para que Transclor siga siendo un proveedor privilegiado de la empresa estatal.

Desde el espacio liderado por Elisa Carrió, agregaron: “Malena Galmarini podría haber reclamado la prórroga del acuerdo marco vigente por dos años más, lo que mantendría el precio de provisión del PAC en una cifra muy inferior en dólares (entre 390 USD y 430 USD la tonelada), lo que le permitiría al Estado ahorrar, en dólares, entre un 15% y un 25%”.

“En cambio, AySA anunció la firma de un nuevo contrato por el que se pagarían 504 USD por tonelada. Galmarini se propuso asegurarle a Filiberti el negocio por cuatro años más, es decir, durante el mandato del próximo presidente”, añadieron desde la CC-ARI.

También, hay otra denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia por abuso de posición dominante, donde solicitaron que se apliquen penas y multas, y que se ordenen medidas pro competitivas.

De ese modo, el espacio de JxC planteó que “Transclor S.A. incumple la Ley de Defensa de la Competencia debido a que permanece en una posición de dominio basada en tres factores principales, el acceso a insumos clave, la economía de escala y la integración vertical”.

Asimismo, manifestaron que “desde hace veinte años, la empresa Transclor es la que opera la planta de Bernal que pertenece a AySA y produce el PAC, insumo que le vende a la propia AySA, entre otros clientes”. “El otorgamiento de esta concesión manipulada y parcial, que objetamos y denunciamos desde la CC, le permite elaborar el insumo a un costo mucho más barato que sus competidores”, denunciaron.

“Se lo vende a la propia AySA a un precio excesivo, sin descontar todos los beneficios que la empresa recibe”, relataron los denunciantes, y agregaron: “También debería contemplarse el beneficio de proveer a una de las regiones con mayor número de consumidores de todo el mundo, el Área Metropolitana de Buenos Aires”.

Por, último, la denuncia expresó: “Finalmente, le solicitamos a la Justicia que investigue por qué AySA elaboró una comunicación en la que figura el precio de la tonelada de PAC casi un mes antes de que la consultora contratada hubiera emitido su opinión”.

La diputada nacional Mariana Zuvic (Coalición Cívica – ARI – CABA) presentó este jueves un pedido de informes para que el Gobierno notifique respecto al cobro del peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná.

“Lamentablemente, el Gobierno confundió una vez Estado con una propiedad personal de la marca Kirchner y se comportó en el asunto con una estrategia que no mejora por su reiteración y fue la de confrontar y permitir la reacción desproporcionada del país vecino”, expresó la diputada.

La diputada de la CC – ARI pidió que sea citado el candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa, y los titulares de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; de Transporte, Diego Giuliano; al Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante, Patricio Hogan y, al interventor de la Administración General de Puertos S.E., José Carlos Mario Beni para que ofrezcan las explicaciones correspondientes relacionadas con el cobro del peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná en el tramo desde Sana Fe a Confluencia.

“Una vez más, nos vemos arrastrados a una situación de tensión países de la región por el desmanejo de la diplomacia”, alertó Zuvic. “Es preciso que los responsables brinden explicaciones sobre este conflicto internacional. Que informen sobre los derechos que asisten a nuestro país, sobre los cuantiosos subsidios que dieron en estos diez años y a quienes beneficiaron”, agregó.

Del mismo modo, planteó: “Sobre todo, que aclaren al pueblo argentino las razones de una torpeza que nos coloca en una crisis innecesaria con la hermana República del Paraguay”.

Por último, Zuvic señaló: “El desmanejo del Gobierno nos colocó en un brete con los países miembros del Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres-Puerto de Nueva Palmira) suscripto con las Repúblicas de Bolivia, Federativa del Brasil, Paraguay y Oriental del Uruguay, aprobado por Ley N° 24.385 (en adelante HPP)”.

En la previa de la sesión informativa con Agustín Rossi, la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por la porteña Mariana Zuvic (CC-ARI), se reunió en la mañana de este martes para emitir dictamen favorable sobre el proyecto de ley, unificado entre los impulsados por el oficialista Carlos Selva y la radical Ximena García, para la creación de un Sistema Unico Argentino de Trazabilidad de la Pesca (SUTRAP).

El proyecto ya había tenido dictamen en una reunión celebrada el 16 de noviembre del año pasado, pero perdió estado parlamentario a fin de año. Fue lo que destacó la titular de la comisión en el inicio de la breve reunión, en la que expresó el objeto de esta iniciativa y destacó que en el marco de la elaboración de un texto unificado participaron el Ejecutivo, los gremios y la sociedad civil.

Recordó que en el tema ya se había trabajado el año pasado y “fue realmente destacable el trabajo que se realizó; encontramos allí mucho consenso y logramos despachar ese despacho que lamentablemente perdió vigencia. Uno de los expedientes que contenía ese dictamen era de 2021 y perdió estado parlamentario”.

Y mientras circulaba el dictamen para la firma, la diputada de la Coalición Cívica resaltó el consenso logrado en esa comisión.

Por problemas de tránsito llegó unos minutos más tarde la vicepresidenta de la comisión, Marcela Passo (FdT), quien al tomar la palabra recordó que “este es un tema que estuvimos debatiendo y mejorando intensamente en el transcurso del año pasado. Por estas cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, el dictamen perdió estado parlamentario. Y por eso decidimos con la presidenta que apenas tuviéramos la oportunidad íbamos a tratar de retomarlo”. En ese sentido resaltó el “altísimo consenso” alcanzado entonces “y nos parecía una lástima que no pudiéramos seguir manteniéndolo”.

Destacó además la importancia que el tema tiene para nuestro país “sobre todo en lo que tiene que ver con las exportaciones y ponernos de cara al mundo y lo que puede demandar”.

Por último intervino Carlos Selva, autor de uno de los proyectos que fueron eje del dictamen y quien ya en 2018 presentó la primera iniciativa al respecto. Felicitó a la presidenta y su vice “por haber podido volver a insistir con esto”, y sin ánimo de exagerar sostuvo que “somos una potencia desde el punto de vista proteico y el recurso ictícola requiere que le prestemos atención. Nos interesa, nos ocupa y estamos tratando de colaborar para que la cosa sea más consolidada y proyectada, y que no quede supeditada a coyunturas, ni la predisposición y voluntarismo de funcionarios”. Por eso, remarcó, hace falta “que haya un marco normativo”.

Zuvic cerró la reunión resaltando la firma del dictamen de mayoría que seguía circulando. “Es un enorme orgullo, realmente. Han hecho un trabajo extraordinario”.

Cabe recordar que al suscribirse el dictamen el año pasado los diputados radicales Jorge Vara y Pedro Galimberti habían firmado “en disidencia”, por considerar que “la redacción de los artículos se aboca a pescadores de mar y dejan afuera a la pesca artesanal de ríos y arroyos que practican en sus provincias”. En esta oportunidad no hubo cuestionamientos públicos.

El dictamen

La iniciativa suscripta establece “un sistema único de trazabilidad de los productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, con el fin de garantizar la legalidad de las capturas y producciones, el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y sostenibilidad de estos productos a lo largo de todo su ciclo de vida y de asegurar el acceso a la información trazada”.

En el Sistema Único de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura , se incluyen los productos de la pesca y la acuicultura con destino al consumo interno o la exportación, “con el fin de garantizar el cumplimiento de las normas de inocuidad, calidad y de sostenibilidad de los recursos pesqueros”.

Sus objetivos son garantizar la legalidad, seguridad, inocuidad y sostenibilidad a lo largo de la cadena de captura o crianza, desembarco, producción, distribución y comercialización de los productos y subproductos de la pesca y acuicultura, mediante la identificación de los operadores y la trazabilidad de las operaciones que realizan.

También prevé asegurar la autenticidad de la información trazada así como su disponibilidad en favor del Estado y de cada actor de la cadena productiva, desde el momento en que los productos y subproductos se dispongan en lotes, a más tardar, desde la primera venta.

Asimismo se establece la necesidad de “resguardar el derecho de acceso a la información por parte de los consumidores en relación a la procedencia de los productos comercializados”.

El sistema pretende “simplificar los procedimientos administrativos tendiendo a la desburocratización e impulsando la eficiencia, celeridad y transparencia de los sistemas y procesos”.

“Promover la eficiencia del sector público y privado mediante la generación de información útil, auténtica y automatizada”, es otro de los objetivos de la norma.

“El Gobierno le bajó el pulgar al proyecto de Tierra del Fuego con China para levantar una planta de químicos, un puerto y una central eléctrica”, informó este sábado el diario Clarín, poniendo supuestamente fin a una ola de protestas que había estallado en el Congreso por un acuerdo suscripto por el gobernador fueguino Gustavo Melella con una empresa china.

Según la especie, tanto desde el Ministerio de Transporte de la Nación, como de Vías Navegables, consideraron que el acuerdo con la empresa Shaanxi no era “nada probable”, advirtiendo que el mismo presentaba “riesgos ambientales”, como así también los documentos “graves inconsistencias”.

“¡Logramos frenar la entrega!”, proclamó la diputada nacional de la Coalición Cívica Mariana Zuvic, que de todas maneras aclaró que “el final definitiva de esto es la derogación del decreto provincial 3312/22”. De lo contrario, con el decreto vigente “el peligro está latente”, señaló la senadora de Juntos por el Cambio, que dijo esperar “el avance de la justicia en este escándalo con graves consecuencias geopolíticas”.

LOGRAMOS FRENAR LA ENTREGA!

Pero, sepan que el final definitivo de esto es la DEROGACIÓN del decreto provincial 3312/22. De otra forma, con el decreto vigente que ratifica el MdE, el peligro está latente.

Esperamos el avance de la justicia en este escándalo con graves… pic.twitter.com/G16J1VmUvS

— Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) June 9, 2023

Otro de los que reaccionó fue el senador nacional radical Pablo Daniel Blanco, que advirtió que “por más que el Gobierno le haya ‘sacado el banquito’ al gobernador Gustavo Melella la pelea no está ganada”, y que recién “lo estará cuando la Legislatura fueguina archive el proyecto y cuando el canciller Santiago Cafiero reconozca que el Gobierno nacional siempre estuvo al tanto de todo”.

Presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales y Pesqueros de Diputados,  Mariana Zuvic (CC-ARI), apuntó contra el ministro de Economía, Sergio Massa, por su viaje a China y los acuerdos firmados, entre ellos, la construcción de un puerto en la provincia de Tierra del Fuego: “Mientras se entretienen con la política de cabotaje, Massa nos entrega a China”.

En una entrevista por LN+, Zuvic manifestó: “El tema de la entrega a China viene por etapas. Se trata de temas estratégicos para la Argentina porque una de las cosas que acaba de comprometerse Sergio Massa es a entregar la vía navegable troncal denominada hidrovía. Tenemos a la par el llamado a la licitación que se denomina, y es otra barbaridad esto salió de los cráneos del Instituto Patria, el canal Magdalena. Hicieron un llamado a licitación son 40.000 millones de pesos para un canal que transitarían de los buques que van hacia el sur son el 3% y no tiene capacidad de repago”.

“¿Pero porqué esto está atado? porque seguramente la licitación del canal Magdalena va a China porque esto no tiene repago, es insostenible y no tiene ningún sentido. Hablan de soberanía y en realidad la están regalando y estamos hablando de pesos. Ninguna empresa va a venir salvo China”, planteó.

Así, advirtió que “son los ejecutores de un plan de entrega antes de irse, es el plan llegar del presinistro Sergio Massa. Yo presumo que querían un Kirchner para ver cómo brillaban las botas de Xi Jinping la imagen de un Kirchner”.

“Denunciamos el primer intento de entrega de la Hidrovía a China y logramos frenarlo, pero ahora van por más. Van a entregar y acaban de firmar hace unos meses, nosotros pedimos además acceso a la información pública y pedidos de informes, algunos los respondieron respecto al puerto en Tierra del Fuego, China ya lo firmó. Lo que quiere Cristina es irse viendo ondear la bandera roja en el territorio nacional argentino”, cuestionó la diputada.

Y precisó: “El puerto en Tierra del Fuego para ellos es estratégico porque van a tener una base logística extraordinaria, pero por sobre todo por la Antártida. Este gobierno entregó el puerto de Tierra del Fuero en algo estratégico para la Argentina y para el mundo”.

Zuvic, detalló: “Cuando ves el mar argentino y la presencia de los poteros chinos depredando la milla 201, es decir, entre 350 y 400 buques que están 5 meses de manera ininterrumpida que vienen depredando el Pacífico”.

“Necesitamos unirnos en defensa de nuestra soberanía, porque nos están comiendo los de afuera, con la ayuda de los traidores de adentro”, propuso la opositora y agregó: “Hace más de 4 años que venimos desde la Coalición Cívica denunciando esta claudicación histórica del Gobierno Argentino. Nosotros decimos que estamos ante el gobierno más cipayo de la historia y lo acaba de confirmar Massa”.

En tanto, cerró: ““Este grupo que viajó a China de genuflexos dijo ‘deberíamos llamarnos Argenchina’   jactándose así de la mayor claudicación histórica de esta traición a la Patria”.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados se reunió este jueves en la Sala 2 del Anexo para debatir sobre el “Reciclado de Residuos de Artes de Pesca”, teniendo a consideración un proyecto de la diputada Mariana Zuvic sobre Presupuestos Mínimos para la Gestión Ambiental de Residuos de Artes de Pesca.

Al encuentro, presidido por la legisladora Zuvic (CC-ARI), asistieron y disertaron funcionarios y representantes del sector privado: Julián Suárez, director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, el director del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Oscar Padín; la directora nacional de investigación del INIDEP, Claudia Carozza; y el jefe del Programa Artes de Pesca del INIDEP, Ricardo Roth.

La lista de oradores se completó con Gabriel Capello, subgerente comercial de Moscuzza Artes de Pesca; Diego Taboada, presidente del Instituto de Conservación de Ballenas; y Consuelo Bilbao, directora Política del Círculo de Políticas Ambientales.

Al inicio de la reunión, Zuvic sostuvo que “esta comisión da garantías siempre y, es algo que nos comprometimos conjuntamente con la vicepresidenta de la comisión Marcela Passo, que sea un trabajo participativo, colaborativo y representativo de todos los sectores y todas las voces para que podamos en conjunto con los diputados quienes, en virtud de este proyecto, hemos recibido un montón de aportes y poder construir y elaborar una ley robusta y que le dé garantías a todos los sectores y los protagonistas que son los que están aquí presentes para abordar el tema”.

Respecto al proyecto de su autoría, comentó que fue apoyado por más de una docena de diputados. “Hemos recibido comentarios tanto de Moscuzza como de la Subsecretaría de Pesca”, agregó Zuvic y agradeció la presencia de Julián Suárez y destacó que, respecto a la temática, “él ha avanzado, y esto es un hito importante en el país y a nivel internacional, con la disposición 4 del 2023 respecto de la trazabilidad que está incorporado dentro del articulado del proyecto”.

“Estamos a disposición para trabajar junto al INIDEP, a Moscuzza y a todos los presentes en un equipo de trabajo porque sabemos que este proyecto es bastante ambicioso y requiere de la participación y protagonismo de todos”, sumó la titular de la comisión.

Respecto de las Artes de Pesca, explicó que “están abandonadas, perdidas y descartadas generan enormes daños al ambiente, a la salud. En la economía se estiman que, aproximadamente, de 640 mil toneladas abandonadas o perdidas en los océanos”. Así, precisó que el objetivo del proyecto es “gestionar los residuos generados por las artes de pesca. Es un proyecto bastante ambicioso porque buscamos, a través de la implementación del principio responsabilidad extendida al productor. Es complejo, motivo por el cual requerimos la participación de todos los actores”.

“Esto permite englobar a todo un universo de residuos que son plásticos y micro plásticos que llega a la cadena alimentaria y pude ser absolutamente nocivo para la salud de las personas”, alertó Zuvic.

 La vicepresidenta de la comisión, la oficialista Marcela Passo, consideró que “es un tema muy importante porque la gestión de los residuos en general es un tema que nos obliga a ocuparnos cuanto más interesantes se vuelven cuando se hace el abordaje con los sectores en particular”.

También celebró la presencia, el interés y la participación de los invitados lo cual “da cuenta de la preocupación y ocupación en el tema para que podamos arribar a la mejor norma posible”, y ratificó que el compromiso es generar equipos de trabajo para “poder escucharlos y arribar a la mejor conclusión posible”.

La palabra de los referentes de la Subsecretaria de Pesca

Abrió la ronda de expositores Julián Suárez, director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, quien puso a consideración uno de los hitos de gestión que se llevó a cabo desde la Subsecretaría de Pesca porque “como país, y esto nos tiene que llenar de orgullo, nos hemos convertido en el primer país en regular el mercado de pesca y arrastre en consonancia con las directrices que ha emitido la FAO a nivel internacional”.

Al respecto, señaló que fue un trabajo “arduo, complejo” que “nos llevó a viajar por nuestro litoral marítimo”, y a encontrarse con todos los eslabones que componen la labor pesquera. “Se ha convertido en una característica destacada de la gestión de tener esta visión y accionar inclusivo de cara a cada uno de los sectores”, planteó.

Al referirse a los invitados presentes, destacó que “han traído a la mesa propuestas, críticas constructivas, que nos permitieron arribar al dictado de una norma que goza de total legalidad y gran legitimidad que también nos tiene que llenar de orgullo”.

Por otro lado, recordó que comenzaron a trabajar la temática en 2021 tomando como base un proyecto elaborado por el equipo del INIDEP que “había trabajado durante años y fue el mercado de las artes de pesca que se utilizan para la captura de la especie centolla en nuestro país y fue la primera experiencia exitosa de mercado de artes de pesca. También es la primera regulación de la historia pesquera en el país que se encarga de normar el mercado de arte de pesca. Esto fue una evolución muy importante en la cual nos hemos sustentado para continuar avanzando con las artes de pesca de arrastre que son las que predominan en el Mar Argentino en la jurisdicción nacional”.

“Somos conscientes que la actividad pesquera es una actividad productiva que genera cierto grado de contaminación, no acá en la Argentina únicamente sino a nivel internacional. Es un flagelo que se atraviesa a nivel internacional y por eso la FAO estuvo emitiendo sus directrices internacionales para que los países pesqueros adopten medidas y las incorporen internamente”, informó Suárez.

En esa línea, precisó que en eso estuvieron trabajando desde junio del 2022 viajando a las ciudades pesqueras, conversando con los actores y arribar a la Disposición 4 que “regula el mercado de las artes de pesca, el mercado de las boyas y de los portones que son los equipos de pesca. Fuimos un poco más allá porque hace a todo el equipo”.

“La pérdida de arte de pesca es incidental. La realidad es que los equipos son muy costosos. Las embarcaciones no pierden las artes de pesca de manera intencional o el abandono, sino que pueden existir casos fortuitos o de causa mayor por las cuales se terminan perdiendo como la inclemencia climática en altamar”, manifestó Suárez.

También contó que implementaron el año pasado una reglamentación de cara al equipamiento que deben tener los buques pesqueros antes de despachar la pesca en la jurisdicción nacional, para el recupero de todo tipo de elementos que “es la gran utilización de bicheros poniendo el valor vida por encima del plástico”.

“Hemos reglamentado en las 3 disposiciones cuál es el accionar que debe tener el armador, el capitán del barco, al momento de encontrar un elemento de arte de pesca abandonada o perdida. Debe informar a la Prefectura Naval Argentina y a la dirección a mi cargo para que se pueda poner a conocimiento del propietario de esa arte de pesca para su reutilización, reciclado y disposición final del arte de pesca, todo ello enmarcado en una economía circular”, detalló.

En tanto, planteó que Argentina “tiene la capacidad para desarrollar ese tipo de industria y ese círculo virtuoso se culmine en nuestro propio país, agregando valor, generando trabajo, ahorrar divisas y tiempo”.

Por último, se refirió a la trazabilidad de la pesca y señaló que “era importante hacer visibles a quienes eran invisibles históricamente porque en la Administración Pública Nacional nunca se tuvo en consideración al redero y hemos creado un registro para que todos del país se inscriban en el registro y obtengan un código de identificación. El proyecto elaborado se complementa muy bien al del Ejecutivo. Una ley de este estilo será muy beneficiosa para complementar el trabajo y que no quede inconclusa el factor ambiental”.

Representantes del INIDEP

A su turno, el director del INIDEP, el licenciado Oscar Padín, agradeció a todas las empresas que los siguen ayudando, a la Prefectura, a la Fundación de Conservación de Ballenas y otros actores que “son sustantivos para avanzar en estas ideas y conceptos”.

Padín explicó que el INIDEP es un Instituto de Investigación, pero también “es una oficina que tiene que cumplir con todas las normas del Estado, no es una empresa privada, y tenemos todas las consideraciones que se deben cumplir para poder seguir actuando, no solo como un instituto de investigación científica, sino también como un armador de buques”.

A continuación, tomó la palabra la directora nacional de investigación del INIDEP, Claudia Carozza, contó que cuentan con 30 programas de investigación y 10 gabinetes que sustentan toda la investigación pesquera y oceanográfica.

“Nuestro país tiene 3 buques de investigación, dos de última generación. Tenemos relevado todo el Mar Argentino con lo cual hay mucha información. Es un orgullo comentar esto en esta comisión”, destacó.

Asimismo, se refirió a los micro plásticos: “Tenemos un especialista en este tema y estamos tratando de fortalecer el grupo y algunos resultados preliminares indican que hay mucha concentración de micro plásticos en las zonas donde hay encuentros de corrientes que son los lugares más productivos del Mar Argentino donde se producen todos los aspectos relevantes para el ciclo de vida de las especies, la concentración de las crías. En esos lugares donde mayormente de han encontrado la concentración de micro plásticos y las mayores partículas vienen de fibras textiles”.

De forma breve, el ingeniero y jefe del programa de Artes de Pesca del INIDEP, Ricardo Roth, celebró la oportunidad de participar en la elaboración del proyecto, corrección y sugerencias y expresó predisposición en colaborar en lo que necesiten.

Moscuzza Artes de Pesca

Por otro lado, disertó Gabriel Capello, subgerente comercial de Moscuzza Artes de Pesca, indicó que “en principio logramos entender que hay un problema con las Artes de Pesca que tenemos que solucionarlo de alguna manera”.

“Al leer el proyecto de ley, me surgieron algunas cosas para poder aclarar de las redes y del mercado”, adelantó Capello y contó: “Hoy logramos de voluntad propia y sin ninguna imposición generar un circuito de reciclado de pesca de la mano de dos empresas que nos han aportado su visión ambientalista y lograron hacer un nexo entre privados”.

Capello explicó que la empresa se dedica a la fabricación de las redes y afirmó que “en esa fabricación hay un desperdicio, pero es de materia prima virgen. Ese desperdicio se logra colocar en algunos recicladores que son del país”. Luego, precisó que esas redes “van a los rederos o pesqueras que son los que confeccionan el arte de pesca. Esa confección también puede tener un mínimo desperdicio porque es material caro”.

“El tercer momento que genera residuos es cuando se reparan esas artes de pesca, se cambian porciones de la red y nosotros recolectamos. El mayor momento de generación de residuos es cuando un arte de pesca completo no sirve más son muchas toneladas de redes que quedan en los depósitos de las empresas”, planteó y agregó que ahí empezaron a ver que había una posibilidad de recuperar eso.

Y añadió: “En algún momento pensamos en poner una planta de reciclado, pero el mayor problema que se encuentra es que no hay un gran volumen para justificar un montón de gastos que requiere”. Así, comentó que la decisión que tomaron fue que “cuando entregamos mercadería a los clientes ese flete negativo con camiones propios lo usamos para traer mercadería de los clientes hacia Mar del Plata, Buenos Aires, etc. Decidimos dejar eso de lado y empezar a traer las redes para reciclar. En ese momento empezamos a copiar redes para reciclar, pero nos encontramos que no teníamos dónde colocarlas”.

“El material es muy variable y las cantidades anuales que se pueden conseguir tampoco son fijas porque dependen mucho del lugar dónde vayan a pescar, el cupo de pesca que tengan, depende de la necesidad de ventas, hay un montón de fatores que hacen que un año sean tantas toneladas para reciclar y al otro año sean otras. Si sabemos que puede haber entre 200 y 300 toneladas anuales de redes para reciclar, es lo que tenemos calculado. Ese volumen es muy complejo para poner una planta y no justifica una inversión para poder reciclar el material, son costos enormes porque hay que separar poliestireno de nylon, separar boyas, empaquetarlo y despacharlo”, explayó Capello.

Así, aseguró que “ese proceso lo hace Moscuzza y tiene un costo más el trabajo de recibir redes, volver a cortarlas, limpiarlas, generar de nuevo la materia prima, genera que el costo de esa materia prima sea mucho mayor que el costo mayor de la materia prima virgen. Entonces el mercado que hay que lograr para poder pagarlo”.

“En Argentina no existe algo así y tenemos aún problemas de jurisdicción porque en Ushuaia tenemos más de 40 toneladas de redes que siguen ahí y hace varios años queremos traerlas, pero nos piden que paguemos impuestos o que se rompan de manera tal que es imposible”, alertó Capello.

Sobre el proyecto que plantea que esas redes se utilicen para otra función como un gallinero, explicó que el problema es que “una vez que sale del mercado de la pesca, le perdemos el rastro. Son materiales desgastados que rápidamente se van a convertir en basura y van a ser descartados y volvemos a tener basura”.  También planteó que utilizar la materia prima para redes nuevas tampoco se puede porque “se generarían redes de menor calidad, es decir, que se rompen más rápido, van a ser más pesadas y vamos a tener el doble de basura”.

Sobre los materiales bio degradables precisó que “también tienen el mismo problema porque no tienen la misma resistencia, no duran lo mismo y serían basura rápidamente y no estaríamos solucionando el problema”.

“Logramos recuperar 200 toneladas de redes, pero se logró con un consenso entre los privados, los rederos, las pesqueras, y pensamos que con ese consenso que la ley tenga ese consenso general que siga siendo no por un tema de imposición o castigo, sino que sea por beneficios sería buenos que estén relacionados con la compra de material nacional. Espero que se pueda seguir trabajando en una ley que nos aporte y nos ayude”, cerró el subgerente comercial.

El impacto en la biodiversidad

Asimismo, Diego Taboada, presidente del Instituto de Conservación de Ballenas que realizó alianza con la empresa Moscuzza para reciclar; se expresó sobre la situación de la fauna marina. “Se estima que mueren más de 135 mil ballenas, defines y otros mamíferos marinos atrapados en estas redes”.

 “A nivel mundial aproximadamente el 45% de todos los animales marinos de la lista roja de especies amenazadas se han visto afectados por equipos de pesca perdidos o abandonados”, aseveró y añadió: “Debemos contar con lugares de disposición adecuado. En cada instancia de proceso industrial de la pesca tiene que haber infraestructura apropiada. Es uno de los principales reclamos del sector portuario y es una cuestión de poder segregar bien los materiales”.

También alertó que la contaminación plástica es uno de los problemas ambientales globales de más rápido crecimiento, ya que se estima que 11 millones de toneladas de plástico ingresan al océano por año, siendo un 10% de origen pesquero y 640.000 toneladas corresponden a aparejos de pesca abandonados.

Consuelo Bilbao, directora Política del Círculo de Políticas Ambientales, habló de la responsabilidad extendida del productor, en donde se enmarca el proyecto. Y consideró importante “dar solución a la gestión del material plástico para ir hacia una transición sustentable y circular”.

 “La contaminación va mayormente al mar, el 80% de los residuos que caen al mar son de origen terrestre, el 20% son de origen marítimo. El 10% de ese porcentaje la FAO define que son artes de pesca y que, dentro de todas estas fuentes de contaminación, la más dañina para el ecosistema marino son las artes de pesca”, agregó Bilbao.

 Además, participaron Roxana Schteinbarg del instituto conservación de ballenas; Luis Giorgetti, redero en artes de pesca, entre otros.

¿Qué son las artes de pesca?

Es todo lo que se usa para capturar peces. Hay artes de pesca deportiva, que se hace con caña; las artes de pesca comerciales o artesanales, en la que se utilizan redes, o canastos; el palangre.

El proyecto tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos de protección ambiental en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional para la gestión de los residuos de artes de pesca a través de la implementación del principio de responsabilidad extendida del productor, con la finalidad de proteger la salud de las personas y del ambiente.

Objetivos de la ley:

• Minimizar hasta reducir a cero el abandono y/o disposición final de artes de pesca, ya sea en el ecosistema marino y/o costero como en los vertederos de residuos, aplicando los conocimientos y mejores técnicas disponibles para su reutilización, tratamiento y reciclado;
• Fomentar la utilización de materiales de mayor durabilidad, cuyo proceso de reciclado sea el más eficiente, y cuyo impacto ambiental durante su ciclo de vida sea el mínimo;
• Promover la utilización de materiales biodegradables en la conformación de las artes de pesca;
• Disminuir y eliminar los daños causados a las especies marinas y/o terrestres por las artes de pesca abandonadas y/o inutilizadas, ya sea en el ecosistema o en su disposición final;
• Evitar la diseminación de micro-plásticos y/u otras sustancias químicas resultantes de la degradación de las artes de pesca abandonadas y/o inutilizadas en el ecosistema marino, costero y terrestre;
• Proteger la salud humana, animal y vegetal, evitando el ingreso de contaminantes derivados de la degradación de las artes de pesca en la cadena alimentaria.

Los productores de artes de pesca deberán procurar la confección de las artes de pesca cuya vida útil sea la más extensa posible, conformadas por los materiales de menor impacto ambiental, priorizando aquellos cuyos componentes que, cumpliendo su función, sean biodegradables.

Para los pescadores, operadores y empresas pesqueras usuarios de las artes de pesca queda prohibida la disposición en el ambiente, junto a los residuos domiciliarios o en cualquier tipo de vertedero de los residuos de artes de pesca que ya no puedan cumplir su función, sean parciales o totales, ya sea por deterioro causado por el uso, rotura, y/o falla de fabricación.

Se estima que cada año se pierden o abandonan 640.000 toneladas de artes de pesca en los océanos. Una décima parte de todos los desechos en los océanos se componen de aparejos abandonados, según cifras de la FAO y el Programa de las Naciones

Unidas para el Medio Ambiente

Una vez que son descartados, los anzuelos, redes, y líneas de pesca abandonados en el ambiente acuático continúan causando estragos en la vida acuática, matando animales de todo tipo, y causándoles sufrimiento durante extensos períodos, lo que configura una seria amenaza para la biodiversidad marina.

No solo se trata solamente de un problema ambiental, sino también económico. Algunos estudios estiman que más del 90% de las especies capturadas por el abandono de artes de pesca tienen valor comercial.

En el Atlántico Sudoccidental conviven especies amenazadas de extinción y/o con poblaciones reducidas, entre las que se encuentran tiburones, rayas, mamíferos marinos y aves, las artes de pesca abandonadas pueden causar un daño severo a especies cuyo estatus poblacional es muy delicado. Según datos de la WWF, la “pesca fantasma” causa daño al 66% de las especies de mamíferos marinos y al 50% de las especies de aves marinas.

Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro, presentaron este lunes la campaña “Salvemos el Mar Argentino”, para concientizar acerca de las principales problemáticas que amenazan nuestro mar y el Atlántico Sudoccidental.

La campaña, impulsada bajo el hashtag #SalvemosElMarArgentino y que puede consultarse en la web www.salvemoselmarargentino.com.ar, busca movilizar a la ciudadanía, invitando a firmar y compartir una petición para exigir que el Congreso Nacional someta a tratamiento legislativo tres iniciativas que consideran “determinantes para alcanzar la ansiada conservación y uso sostenible de los recursos de nuestro Mar Argentino”.

En primer lugar, se reclama que el Congreso apruebe el Acuerdo de Subvenciones para la Pesca de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que representa un importante avance para la sostenibilidad de los océanos. Dicho instrumento establece prohibiciones a las subvenciones perjudiciales a la pesca, las cuales hacen posible que sobredimensionadas flotas extranjeras que pescan a distancia, permanezcan más tiempo explotando los mares, favoreciendo la sobrepesca y el agotamiento de las poblaciones de peces en el mundo, y en muchas ocasiones ingresando en las zonas económicas exclusivas de otros países, incluyendo la Argentina.

También piden que se trate el proyecto de trazabilidad de la pesca, que aporta transparencia a la actividad, mejorando la competitividad de nuestros productos, reforzando la seguridad sanitaria y la protección del ambiente. Esta es una herramienta de doble imposición: exige tanto a los empresarios como a los importadores. El objetivo es acotar los mercados de productos derivados de la pesca INDNR (pesca ilegal, no declarada y no reglamentada).

Estamos en vivo viendo los más de 300 barcos poteros chinos que sobreexplotan nuestro calamar "illex argentinus". No podemos seguir permitiendo semejante afrenta a nuestra soberanía. Miralo con tus propios ojos. #SalvemosElMarArgentino pic.twitter.com/V9LvbTWC0A

— Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) March 20, 2023

Por último, los legisladores insisten en la importancia de contar con un organismo institucional en la Cámara de Diputados como el Observatorio de Pesca del Atlántico Sudoccidental. Solicitan que se trate el proyecto de creación del Observatorio, como una gran oportunidad para brindarle institucionalidad y un espacio acorde de debate a esta temática.

“Argentina es un país afectado por la pesca ilegal y por la sobreexplotación de recursos migratorios originados en nuestro mar. Necesitamos estar a la altura de las circunstancias, y para ello debemos avanzar en políticas claras para combatir este flagelo. Las tres iniciativas que componen nuestra propuesta van en ese sentido”, señaló Zuvic, impulsora de la campaña y presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios.

Por su parte, Ferraro, integrante de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, destacó que “conservar y usar responsablemente nuestro Mar Argentino es una de las claves para un futuro sostenible. Para cuidar nuestra soberanía económica y asegurar que nuestro mar siga aportando a la resiliencia climática, tenemos que actuar cuanto antes y avanzar con los distintos proyectos que hay en el Congreso Nacional para combatir la pesca ilegal”.

“Argentina cuenta con una riqueza y variedad de recursos marinos inigualables. La depredación llevada adelante en nuestros mares o sobre distintas especies migratorias impacta negativamente en la conservación de la biodiversidad y en la sostenibilidad de nuestros recursos”, agregaron en un comunicado.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por la porteña Mariana Zuvic (CC ARI), se reunió este miércoles para dar dictamen favorable al proyecto de ley, unificado entre los impulsados por el oficialista Carlos Selva y la radical Ximena García, para la creación de un Sistema Argentino de Trazabilidad de los Productos de la Pesca y la Acuicultura (SUTRAP).

La presidenta anunció el dictamen a favor por mayoría de la iniciativa, aunque los diputados radicales, Jorge Vara por Corrientes y Pedro Galimberti por Entre Ríos, remarcaron su firma “en disidencia” porque ambos consideraron que “la redacción de los artículos se aboca a pescadores de mar y dejan afuera a la pesca artesanal de ríos y arroyos que practican en sus provincias”.

La vicepresidenta Marcela Passo (FdT) celebró “la participación del sector, como de todos los bloques y de los miembros del Poder Ejecutivo”. En esa línea dijo que “es un proyecto consensuado que pone en valor el trabajo hecho anteriormente”. “Esta ley viene a trabajar sobre una base de un trabajo bien hecho”, añadió.

El impulsor de uno de los proyectos unificados, Carlos Selva (FdT) explicó que “el recurso acuícola debe ser explotado por los grandes beneficios en proteínas”. Así también, expuso: “Hoy coincidimos en que llegamos a un punto de consenso en el que buscamos ordenar a través de este sistema, darle una ley “marco”. El punto de partida en asesores ha sido superado. Estamos convencidos que esta ley viene a ordenar”.

Sin embargo, el diputado nacional Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) cuestionó que “esta ley marco avanza sobre actividades que en algunos casos son jurisdicción exclusiva de las provincias como la acuicultura o la pesca continental”, y agregó: “Otra sugerencia es que se excluya de la distribución los productos que vienen de otro país, que eso remita a la Ley de Régimen de Pesca”.

En disidencia con los proyectos, el correntino Jorge Vara aclaró que la iniciativa “no distingue la diferencia entre mar y rio” ni “la diferencia entra la pesca deportiva y la pesca comercial”. De todos modos, Vara remarcó: “Este proyecto fue concebido desde la concepción del mar. Hay muchísimos ríos en la Argentina. Voy a firmar en disidencia y en el recinto lo voy a remarcar”.

En esa misma línea, el diputado entrerriano Pedro Galimberti sostuvo que “la pesca tiene posibilidades enromes hacia adelante”, pero advirtió: “Acompaño, pero con disidencias. Me preocupa que no se arme algo en base a los extensos ríos, arroyos y lagos de la Argentina”.

“Más del 90 por ciento de la producción pesquera en ríos es exportado. Hay que contemplar un tema en la redacción de la ley”, señaló el radical. Por otro lado, agregó que “muchos pescadores van a terminar sujetos a una ley que tiene como referencia al mar. Habría que buscar la manera cambiando algunas palabras”.

La otra autora de uno de los proyectos, la diputada radical Ximena García (Santa Fe) aclaró que “el tema de las infracciones fue un pedido de las cámaras empresariales para llegar al consenso con todas las partes”. Además, subrayó que para la pesca continental “habrá un proyecto específico sobre el tema fluvial”.

En el final, la diputada entrerriana Blanca Osuna (FdT) le respondió a los radicales Vara y Galimberti y expuso: “Estaría bueno avanzar sobre la pesca de rio. El proyecto despeja los conceptos que define en materia de regulación de estos actores y sería la manera de poner una línea es este marco”.

Sin embargo, Osuna aclaró que “el proyecto colabora con los intereses de los pescadores artesanos”, pero remarcó que “son los gobernadores los que estaban en deuda con los pescadores y la regulación de la pesca”. Para concluir la reunión, afirmó: “Esta ley viene a dar un sistema dinámico con las fuentes substantivas que son los recursos fluviales”.

Sin más exposiciones, la presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, Mariana Zuvic, anunció la unificación de los dos proyectos y su posterior aprobación por mayoría.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de Diputados, a cargo de la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI), se reunirá el miércoles 16 las 10.30 en la Sala 2 del segundo piso del Edificio Anexo “A” con el fin de emitir dictamen consensuado para la creación del Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura.

Tal como lo había anticipado Zuvic en la reunión pasada, emitirán dictamen luego de haber recibido a representantes del sector privado, público, asociaciones civiles y gremios. Los dos proyectos debatidos corresponden, uno al diputado oficialista Carlos Selva, y el otro a la radical Ximena García.

Ambos proyectos, que serán unificados, tienen por objeto crear el Sistema Unificado de Trazabilidad de la Pesca y la acuicultura (SUTRAP) que se destinan tanto al mercado interno como externo, con el fin de garantizar un adecuado control de cumplimiento de las normas de procedencia, salubridad, seguridad, competencia y sostenibilidad del recurso pesquero, mediante una Guía Única Electrónica de Tránsito (GUET).

La norma será de aplicación en todo el territorio nacional, alcanzando las operaciones de captura, traslado, transporte, industrialización y comercialización de productos y subproductos de la pesca, sea marítima o continental, y de la acuicultura.

Definen a la trazabilidad a la serie de procedimientos aplicados en todas las etapas de producción, transformación, distribución y comercialización de un producto destinado a la producción de alimento y/o una sustancia destinada a ser incorporada en alimentos.

Además, establecen que toda persona física o jurídica que intervenga en las diferentes actividades de producción primaria, comercialización, empaque, acondicionamiento, distribución mayorista, elaboración de alimentos con el producto primario, importación y exportación de todo espécimen (vivo o muerto), producto o subproducto proveniente de la pesca y acuicultura, deberá registrarse ante la Autoridad de Aplicación y operar acorde a los requerimientos del Sistema Federal de Información de Pesca y Acuicultura (SiFIPA) cuya información estará en el Parte de Pesca Electrónico, en el Certificado de Captura Legal (CCL) y la obrante en el Documento de Tránsito Electrónico.

En suma, plantean que los operadores están obligados a garantizar a la trazabilidad de cada lote en los productos de la pesca. “Cada lote trazable contará con un soporte o dispositivo con capacidad de almacenar la información que la autoridad de aplicación determine. La información deberá asimismo encontrarse legible para permitir la carga manual en el Sistema Argentino de Trazabilidad”, agrega.

“Los medios de identificación serán definidos reglamentariamente debiendo ajustarse a normas y especificaciones de reconocimiento internacional. Con anterioridad a la implementación del Sistema Argentino de Trazabilidad la autoridad de aplicación pondrá a disposición de los operadores un manual técnico del sistema, uno del usuario y una guía de identificación con la participación activa del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -SENASA-, la cual se actualizará conforme las necesidades que determine el organismo”, explican.

Por otro lado, señalan que dentro de los tres (3) años de publicación de la ley, el Sistema Argentino de Trazabilidad deberá encontrarse plenamente implementado, por lo que el Poder Ejecutivo establecerá por tres períodos consecutivos en el presupuesto nacional una partida específica que garantice la implementación de los procesos, sistemas y tecnologías que requiera su funcionamiento.

“El Poder Ejecutivo Nacional, a través de la banca pública, establecerá una o varias líneas de crédito a tasas subsidiadas para el apoyo financiero de los operadores alcanzados por la presente ley, a efectos de la implementación de los sistemas requeridos”, señala.

También establecen que la autoridad de aplicación publicará un informe anual sobre los avances del proceso de implementación y la aplicación de los fondos presupuestarios asignados.

En una segunda reunión informativa, la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de Diputados, a cargo de la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI), recibió este martes en la Sala 2 a expertos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentarias –SENASA– y funcionarios de la Subsecretaria de Pesca y acuicultura de la Nación, para debatir sobre los “Sistemas de Trazabilidad de la Pesca y acuicultura”.

Zuvic recordó que en la anterior reunión de Comisión “tuvimos la participación del sector privado, de la asociación civil y de gremios para seguir robusteciendo el debate y la participación de todos que venimos llevando adelante”. Además, adelantó que el próximo encuentro será el 17 de noviembre en el que emitirán dictamen.

Abrió el debate Julián Suárez, director nacional de Fiscalización Pesquera, quien agradeció la invitación al Ejecutivo para poder informar sobre el devenir de la actual gestión al frente de la Subsecretaría de Pesca. Respecto al tema de la trazabilidad, comentó que “comenzamos la gestión institucionalizando y homologando los sistemas de información que utiliza la administración tanto para la gestión interna como para la relación con los administrados del sector”.

Además, informó que pusieron en funcionamiento parte del sistema electrónico de pesca y explicó que “es la declaración jurada de las capturas que hacen los buques en las distintas jurisdicciones para robustecer el conocimiento específico de cada una de las especies”, y sumó: “Luego comenzamos a trabajar con cada una de las autoridades provinciales de nuestro litoral marítimo para suscribir convenios de mantenimiento, mediante los cuales, hemos logrado por primera vez en la historia del país, consolidar un sistema de información federal para la pesca y acuicultura”.

A su vez, detalló que el sistema de información federal consiste en consolidar todas las partes de pesca, todas las flotas que realizan capturas tanto en jurisdicciones provinciales como nacional. “Esto ha sido un gran avance porque nunca se había hecho tamaño entendimiento entre las autoridades nacionales y de las 5 provincias con litoral marítimo”, ponderó Suárez.

“El 30 de junio hemos convertido al país en ser el único y primero en certificar la captura legal de forma digital”, destacó el funcionario y agregó: “El 93 al 97% de las capturas que se producen en todas las jurisdicciones se exportan, una cantidad promedio de desembarque de 800 mil toneladas. La actividad pesquera en el país es de talante netamente exportador”.

En suma, resumió que “la certificación de la captura legal se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría y, para que se pueda realizar la operatoria de exportación, se debe contar con eso. Es así que, teniendo una base federal de datos, y un certificado legal digital avanzamos sustancialmente en la materialización de la trazabilidad en materia pesquera en el país”.

En otro tramo de su exposición, Suárez contó que se llevaron a cabo distintos talleres de capacitación con todos los actores del sector pesquero sobre el módulo de transacciones nacionales que propone “conocer desde la captura, el procesamiento, el almacenamiento y comercialización ene le mercado interno e internacional la trazabilidad del producto y subproducto para la pesca”.

Y ponderó: “Esto es una gran herramienta que empezará a funcionar de forma obligatoria el 25 de diciembre con el Registro de la Pesca creado por la Ley Federal de Pesca que pone en cabeza la facultad de legislar, de normar sistemas de trazabilidad”.

“Es una herramienta que va a permitir a las administraciones a tomar medidas, políticas públicas de desarrollo mucho más fehaciente, cercanas, en torno al devenir de la industria pesquera en el país. Lo entendemos como algo prioritario tener un sistema de trazabilidad porque lo necesita el sector”, finalizó Suárez.

En una breve interrupción, la vicepresidenta de la Comisión, la oficialista Marcela Passo, se mostró satisfecha de “haber podido arribar a esta instancia de poder debatir el tema y a la posibilidad de que los funcionarios vengan a contar lo que están haciendo sino también, cómo podemos trabajar en conjunto para convertir en ley este trabajo que va en consonancia con la búsqueda de la transparencia y la trazabilidad en un sector productivo tan importante para el país”.

A su turno, Alejandro Fernández (SENASA) manifestó que en los últimos 3 años coordinaron acciones y actividades en conjunto con la Subsecretaría de Pesca. Sobre el tema de la trazabilidad comentó: “Hemos venido siguiendo el trabajo de la dirección nacional y hemos participado de las distintas actividades para poder implementar a futuro y de manera coordinada los equipos informáticos para poder complementar con el resto de la información del sistema que la Subsecretaria a desarrollado, de modo tal, de poder hacer el seguimiento de los diferentes lores de capturas y acuicultura y seguir el proceso a lo largo de toda la cadena”.

“El SENASA tiene la posibilidad de poder contar con los datos de elaboración porque tiene su propio sistema de certificación y de permisos de tránsito. Son datos fundamentales para poder aportar al sistema y esto es lo que va a llevar nuestro personal de informática en este sistema de unificación”, explicó.

Además, Fernández reconoció que “aún hay cosas por hacer”, pero consideró que “este es un gran paso lo que va a permitir identificar los distintos lotes, cómo se mueven en la cadena hasta que se realice la exportación, eso es la trazabilidad”. En ese sentido, remarcó que la trazabilidad es una herramienta “básica y fundamental” para el seguimiento y control de la inocuidad y de calidad de los productos pesqueros.

En el uso de la palabra, el diputado Carlos Selva (FdT) explicó que “lo único que pretende el proyecto es generar una ley marco para darle un número a una definición de trabajo que se viene haciendo en las distintas áreas. Es una política de Estado y evitamos la burocratización unificando los sistemas para que el sector acuícola pase a ser estratégico para la Argentina”.

El radical Fabio Quetglas se sumó a las palabras del diputado preopinante porque “es el valor del acuerdo en base al trabajo. Se llega a un dictamen único en base al trabajo. Eso merece ser destacado”. También destacó que el aparato administrativo esté produciendo un conjunto de iniciativas día a día.

“Es muy importante por el valor económico que tiene para los mercados este sector, y establece un criterio de sostenibilidad política. La pesca se debe transformar en la punta de lanza porque Argentina tiene que ir adelante en todo su sistema de trazabilidad, no es un capricho, es una demanda post pandemia”, expresó el radical.

La Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Mariana Zuvic (CC-ARI) se reunió este jueves en la Sala 3 en donde recibieron a representantes del sector público, privado y tercer sectores expertos que expusieron sobre “Sistema Nacional de trazabilidad de la Pesca y Acuicultura”.

Al comienzo del encuentro, Zuvic comentó que “también hemos cursado invitaciones a funcionarios del Poder Ejecutivo, pero por problemas de agenda hemos decidido con la vicepresidenta, Marcela (Passo), dar una nueva reunión de comisión que va a ser el próximo jueves a las 14”.

“También hemos sido informados que el Poder Ejecutivo está tratando este tema y para nosotros es realmente muy importante la visión de los funcionarios del Poder Ejecutivo porque es nuestra prioridad en esta comisión poder avanzar en políticas públicas de consenso”, destacó la presidenta de la Comisión.

En esa línea, sostuvo que “para nosotros es una prioridad tratar de que haya una amplia convocatoria de los sectores interesados en la temática. Es imprescindible que sea lo más amplio posible porque es prioritario para el trabajo legislativo para optimizar las leyes que vayamos a llevar al recinto y sean aplicables. Lo multidisciplinario y la participación de todos es clave, más allá de las situaciones políticas. Nuestra visión desde la comisión es esa”.

Zuvic explicó los dos proyectos a debatir en la reunión, uno de la diputada radical Ximena García y otro del diputado oficialista Carlos Selva. “Respecto al tema de la trazabilidad entendemos que entre las cuestiones que aporta es transparencia en una actividad tan importante como es la pesca y refuerza además la seguridad sanitaria de los productos que consumimos, protege al ambiente combatiendo la pesca ilegal y mejora la competitividad”, enumeró.

“Sabemos que gran parte de nuestras exportaciones van a mercados que ya tienen implementado el tema de la trazabilidad y también sabemos que muchas empresas en el país han adquirido el tema”, sumó la diputada de la CC-ARI.

En el uso de la palabra, la vicepresidenta de la Comisión la oficialista Marcela Passo quien ponderó la reunión para poder trabajar en “temas que son trascendentales e importantes para la Argentina”, y remarcó que la trazabilidad de la pesca “es una actividad importantísima”. También destacó el trabajo en conjunto entre asesores de los distintos diputados para “poder tener la mejor ley para sus destinatarios”.

A su vez, pidió a los invitados a que “se expresen con total libertad para ayudarnos a encontrar los caminos para perfeccionar los proyectos” porque “el objetivo es transparentar el sistema, encontrar los caminos para que la sostenibilidad del recurso sea efectiva a través de la ley y no menos importante que los consumidores tengamos la posibilidad de tener la información concreta e importante de los productos que consumimos”.

En su intervención, la diputada y autora de uno de los proyectos, la mendocina Ximena García explicó que “nos gustaría principalmente escuchar a los representantes de los sectores que hoy trabajan en el sector productivo y a las organizaciones para poder avanzar en un dictamen unificado que contemple los aportes que hagan y se abra un canal de diálogo para continuar el trabajo”.

“Lo que proponemos con esta iniciativa es crear un sistema de trazabilidad que sea capaz de dar acceso a todos los atributos de los alimentos en todos los estados de las etapas de la cadena productiva para combatir la pesca ilegal no declarada ni reglamentada. Al mismo tiempo para generar seguridad alimentaria, eliminar y disminuir los riesgos alimentarios y para generar una producción sostenible y garantizar y fomentar las relaciones internacionales”, explayó García.

Y cerró: “Los países del mundo miran lo que hacemos por eso consideramos que avanzar en una ley consensuada con todas las voces de quienes intervienen en la producción, organizaciones ambientales y el Gobierno, es fundamental para que el país siga consolidándose en el mercado internacional generando valor agregado”.

A su turno, el diputado Carlos Selva recordó que “es la segunda vez que volvemos a presentar el proyecto, pero es la primera vez que avanza con una profundidad y desarrollo de los artículos consensuado”.

Al igual que sus predecesores, reiteró que el objetivo es la transparencia, la seguridad alimentaria. “El objetivo principal era poner en valor todo el potencial del litoral marítimo, la valoración de los trabajadores, de la industria”, ponderó Selva.

Desde Fundación Vida Silvestre, Fernando Mirraño, contó que “hace muchos años que trabajamos con una mirada en nuestro mar argentino buscando abordar las problemáticas que afectan la conservación de este ecosistema y su biodiversidad, pero siempre mirando las actividades humanas que allí se desarrollan”.

En esta línea realizó aportes con informes para “abordar algunos de los problemas como la pesca ilegal no documentada y no declarada, la problemática del descarte, la captura incidental de algunas especies y todo el impacto que eso tiene en el ecosistema y por lo tanto en los resultados de la actividad económica es importante tener en cuenta la actividad económica y los puestos de trabajo”.

Para Mirraño este proyecto “va a permitir asegurar el origen legal del producto, cumplir con los estándares internacionales de la pesca sustentable y, por lo tanto, abrir mucho más las oportunidades de comercio internacional en este sentido, combatir el comercio ilegal, tomar decisiones informadas de distintos sectores y, en términos generales, poder regular la actividad pesquera bajo la ley federal de pesca que tenemos que es muy buena”.

Por su lado, Darío Sócrates, director ejecutivo de la Cámara de Armadores Poteros Argentino, explicó que “combatir la pesca ilegal es para nosotros, que sufrimos la presencia de un montón de buques ilegales, que pescan del lado de afuera de la milla 200 es realmente una cosa que nos gusta” y aclaró que es pesca “no reglamentada más que ilegal, salvo que se determinen cuestiones de depredación”.

“Algún día vamos a poder avanzar con la regulación sobre esos espacios que de alguna manera también van a colaborar a conocer que pasa con nuestros recursos y realmente se traduzca en un grado de sustentabilidad importante”, bregó y agregó: “Ninguna empresa de la Argentina que se considera más o menos seria va a estar en contra de que se reglamenten este tipo de cuestiones, precisamente el mundo va para ese lado. Creemos que ese es el camino y queremos estar”.

Asimismo, solicitó que se encuentre un solo mecanismo que “garantice y controle la trazabilidad de los productos pero que sea uno solo, en muchos casos sucede que termina habiendo 5 sistemas de trazabilidad y lo que tenemos que hacer es tratar de unificar estas cuestiones”, dijo por último el especialista.

Desde la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la Argentina, Eduardo Boyero, manifestó: “Pretendemos un marco legal que logre un solo buen proyecto y ese solo sea el que funcione”, porque “en Argentina no hay captura ilegal o no reglamentada, eso sucede fuera de las 200 millas. Muchas veces el sector pesquero es desconocido y por eso nos gusta estar presentes aquí, asumimos la responsabilidad de no comunicar la parte positiva del sector pesquero y solo se conocen errores y problemas”.

En la misma línea, Ayelén Fortunato de la Cámara pesquera Argentina Alfa comentó que “hay un proyecto muy enfocado desde lo sanitario y otro desde lo comercial”, y sumó: “Comparto 100% la idea de que no podemos hacer duplicidad y quintuplicidad de datos, todo lo esgrimido en los proyectos el sector pesquero lo realiza primero, desde el privado, desde el año ´69 que se empezaron las exportaciones con requisitos sanitarios y con trazabilidades si hay alguien que sabe de esto es el sector pesquero fue el primero en hacerlo”.

“Utilizar los sistemas que ya están para mejorarlos y trabajar en base a ellos -para no perder tiempo ni recursos- que no son necesarios porque ya el sector los está usando. El sector está abierto a los cambios y a la necesidad de abrir mercados”, consideró.

Daniel Flores del Sindicato De Conductores Navales sostuvo: “Como trabajadores a bordo conocemos todo el proceso desde que comienza hasta que se procesa y se descarga”, y agregó: “Entendemos que en los proyectos hay puntos interesantes como el cruce de información y el acceso público a esa información pública a nosotros nos suma y mucho hablamos de una mejora continua en la pesca y esto favorece”.

“Si hay aspectos que se tienen que rever como la documentación, por ejemplo, a nosotros nos suma el tema de los decomisos, que vamos a tener más información de cómo fue y como se produjo, más información de la descarga cruzado con Senasa”, sugirió y aseguró: “Estamos enfocados en tener más información sobre la captura no sólo en los convenios sino para trabajar sobre los descartes”.

Por su parte, Ángel Navarro, secretario de Pesca del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), expresó: “Vemos con beneplácito esta ley”, y dijo que las cámaras ya están con trazabilidad hace muchos años.

“Nuestra visión apunta más a la informalidad que son los fresqueros de costera la cual tenemos en los puertos Lavalle, Rawson, Camarones, San Antonio Oeste. La pesca costera es un pescado que se descarga y a veces no se declara en ese sentido ha habido mucho decomiso. Ese pescado va a planta y hay mucho trabajo en negro, se saca mucho pescado en bloque y no se declara. Este proyecto le daría un poco más de claridad ese pescado que no se está declarando”, explicó sobre el proceso.  

Por último, María Eugenia Testa, del Circulo de Políticas Ambientales aportó que “nosotros hemos sido parte de las consultas este año y el año pasado, desde 2021 veníamos realizando talleres y eventos para promover la trazabilidad”. “Nos interesa la defensa del ambiente y la posición del sector privado que es la mejor conjunción para sacar una ley que apoye el desarrollo sostenible del mar”, manifestó.

“Consideramos importante la consulta a la industria pesquera, que es una industria generadora de empleo, que genera divisas para el país y tiene riesgos para la inversión y, también, es una actividad se realiza en espacios que son comunes a todos los ciudadanos y explota recursos también comunes a todos los ciudadanos y ahí radica nuestro derecho constitucional de gozar de un ambiente sano”, aseveró Testa.

En la sesión de este miércoles en la Cámara baja fracasó un pedido de apartamiento realizado por el diputado de la izquierda Nicolás Del Caño para que se repudie “la represión desatada por Policía Bonaerense el pasado jueves 6 de octubre en la ciudad de La Plata, en el marco del partido que debía jugarse entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca Juniors”.

El apartamiento, para el cual eran necesario los 3/4, se votó a mano alzada y resultó negativo. Tras fuertes críticas de Del Caño a Axel Kicillof y Sergio Berni, en nombre del Frente de Todos, el jefe del bloque, Germán Martínez, justificó: “Ha quedado muy claro en estos días, no solamente en el análisis de los hechos, sino las decisiones tomadas después del acontecimiento en La Plata, y además con todos los argumentos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, que nosotros los hacemos nuestros y vamos a votar en contra”.

Por otra parte, tampoco tuvo luz verde una declaración propuesta por la diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic, para rechazar “la abstención especulativa del Gobierno en la votación llevada a cabo en la sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se discuta en ese foro la situación de los derechos humanos en la región noroccidental de Sinkiang”.

A pedido de la legisladora, el apartamiento se votó de manera nominal, cosechando 100 votos afirmativos, 119 negativos y 3 abstenciones.

Los diputados nacionales por la Coalición Cívica Juan Manuel López, Mariana Zuvic, Paula Oliveto y el legislador porteño Hernán Reyes, le enviaron una nota al ministro de Economía, Sergio Massa, y al secretario de Comercio, Matías Tombolini, en la que les requieren que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigue a la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y a los funcionarios de su gobierno involucrados en la “cartelización” de la obra pública, más conocida como la causa de los “cuadernos”.

También solicitan que se extienda la pesquisa a los administradores de todas las empresas observadas. “La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia está haciendo lo imposible para no investigar a Cristina Kirchner y los empresarios por la causa de los cuadernos. Desde junio que desde la Coalición Cívica nos presentamos para que amplíe la investigación y no tenemos respuesta”, señalaron los legisladores de la CC.

“Massa tiene la llave para decidir si se va a investigar la cartelización de la obra pública o si va a proteger a Cristina y los empresarios”, explicaron Reyes, López, Zuvic y Oliveto. “El acuerdo de Massa, Cristina y Alberto era la impunidad. Así fundaron el Frente de Todos, nosotros no lo vamos a permitir”, agregaron.

“Estamos en un momento de quiebre. Es ahora cuando debemos ponerle un final al ciclo del patrimonialismo corrupto, tanto de políticos como de empresarios”, manifestaron los diputados por la CC.

Los legisladores de la CC piden, también, que se convoque al concurso para conformar la Autoridad Nacional de la Competencia, que sería un tribunal administrativo independiente que debería continuar con esta investigación.

Este año, los diputados de la CC realizaron un pedido de acceso a la información pública para tomar conocimiento del estado de situación de la investigación en la CNDC, con el objeto de saber si el expediente se encontraba abierto, archivado y quiénes estaban siendo investigados. En esa oportunidad la respuesta fue que ninguna persona humana era objeto de la investigación en el sumario y todo lo actuado se mantenía en secreto. Luego, iniciaron un reclamo administrativo para tomar conocimiento de las resoluciones de la CNDC y la Secretaría de Comercio, por la negativa de acceso a la información pública, y se presentamos en el expediente de la CNDC para requerir que se los incluya como parte, en carácter de coadyuvantes de la CNDC, y que se amplíe la investigación incluyendo a los administradores de las empresas y a los exfuncionarios que formaron parte del cartel.

La Agencia de Información Pública se negó a brindar la información requerida por los diputados de la CC, conforme una interpretación por la que las actuaciones de la CNDC son secretas. La CC presentará un amparo en atención a este punto. Respecto del pedido de ampliación de la investigación de la CNDC, los legisladores no han podido acceder al expediente ni tomar conocimiento de lo resuelto. En julio se presentó un pedido de pronto despacho en el que se requirió que se resuelva la ampliación, por la negativa o la afirmativa. Ante la falta de notificación de alguna resolución reiteramos el pedido pronto despacho hace dos semanas.

La carta enviada por los legisladores de la CC está dirigida al ministro de Economía, Sergio Massa, en tanto responsable jerárquico de la Secretaría de Comercio; al secretario de Comercio, Matías Tombolini, por tener la competencia para resolver cualquier resolución que impulse la CNDC en el marco de la Ley de Defensa de la Competencia, y al presidente de la CNDC Rodrigo Luchinsky, responsable del proceso de investigación que se está llevando a cabo.

“Estamos en un momento de quiebre. Es ahora cuando debemos ponerle un final al ciclo del patrimonialismo corrupto, tanto de políticos como de empresarios”, sostuvieron los legisladores de la CC. “La causa de los cuadernos y vialidad es lo que Lilita denunció en 2008, ahora que estamos más cerca del final no podemos dejarlos construir la impunidad”, añadieron.

Pasada la medianoche, la diputada nacional Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) encabezó la primera cuestión de privilegio planteada durante la jornada en la Cámara baja. Y fue contra una colega, Mariana Zuvic, con la que mantiene una disputa legislativa por el Area Bentónica Agujero Azul, proyecto que la legisladora peronista impulsa y su par de la Coalición Cívica, titular de la Comisión de Intereses Marítimos, rechaza.

“Esta es una historia bastante larga, que no empieza ni conmigo ni con ella”, planteó la legisladora, que consideró que Zuvic “fue harto ofensiva con mi persona. Yo puedo comprender que estemos en desacuerdo con los proyectos, pero las actitudes conspiranoides, con falsa información, no las voy a permitir”, advirtió.

Camaño recordó que ella presentó esa iniciativa en el año 2020, y para entonces la diputada Zuvic publicó una columna de opinión “con una serie de desaciertos”, dijo Camaño, con los que impugnaba el proyecto.

Usando, según Camaño, los mismos argumentos que utilizaba “un personaje menor, que se hacía pasar por exsecretario de Estado”, un exasesor del doctor Carlos Menem, supuestamente experto en pesca y en océanos. “Fueron los mismos argumentos que esgrimieron ante mí las cámaras de pesca cuando las atendí con motivo de este proyecto”, acotó la legisladora, que contó que contestó esa carta de manera mesurada, tratando de rebatir argumentos. Pero advirtió que hubo otra carta más ofensiva que publicó la santacruceña en La Nación, titulada “El Agujero Azul y los sospechosos de siempre”. “Ya habíamos cometido un delito por la presentación de un proyecto”, conjeturó.

Camaño dijo que Zuvic la acusa de “ser alguien que mercadea con el ambiente”. Y repuso: “Todos saben que este proyecto fue durante 2 años tratando en las tres comisiones que habían tomado la competencia primaria. Todos saben y si no lo saben los invito a que vean los videos de la sesión informativa a la que concurrieron todas las áreas de gobierno vinculada con este tema”.

“Todos en ese momento se enteraron por los funcionarios de los pormenores del tema. No solo habla la diputada del tratamiento expedito”, sino que también -dijo Camaño- vertió dudas en torno al accionar del presidente de la Cámara, Sergio Massa. “La señora deduce que hubo una contraprestación por parte de la presidencia de la Cámara en el tratamiento del proyecto por la Comisión de Legislación General” a cambio de favores en el Consejo de la Magistratura.

Graciela Camaño recordó que el proyecto se cayó después del tratamiento dado durante dos años, tras lo cual ella hizo uso del reglamento que le permite solicitar el cambio de giro.

“Donde esta señora ve una suerte de componenda entre usted y yo, deja de ver, porque la ceguera de su ignorancia le impide verlo. Si se hubiese tomado el trabajo de abrir nada más que la página de Cancillería, podría ver que el área candidata no solo figura como área candidata del Estado argentino, sino también por los funcionarios de Cancillería. Del mismo modo que en la página del Ministerio de Ambiente, Parques Nacionales y Areas Marinas. Y el propio presidente de la Nación decidió incluir el tema entre los 18 que mandó a extraordinarias. ¿De qué componenda habla la señora diputada?”, se preguntó indignada.

Tras hacer muchas referencias críticas a las imputaciones de Zuvic, entre ellas una imputación de “traición a la patria”, Camaño aclaró que ella quiere que su cuestión de privilegio pueda ser dilucidada, razón por la cual “quiero además exhortar al presidente de Asuntos Constitucionales, emplazarlo para que este tema sea debidamente dilucidado en la comisión, donde aportaré todas las cuestiones científicas académicas que se corresponden con este tema”.

Y agregó: “Dice que nos estamos metiendo en la zona de conflicto de Malvinas… Para nosotros no hay zona de conflicto de Malvinas. Para nosotros la plataforma es territorio argentino”.

Y cerró señalando que Zuvic “forma parte de una fuerza política que tiene algunos inconvenientes con la Justicia por haber escuchado algunos informantes que pululan en los suburbios de la Argentina. Le aconsejo que cuando quiera rebatir un proyecto de mi autoría, estudie e investigue, porque yo para hacer un proyecto de ley de esta envergadura estudio e investigo. No voy a permitir que nadie en este recinto mancille mi honor”.

A continuación planteó una cuestión de privilegio el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, contra el presidente de la Cámara, precisamente por la cuestión de los giros de los proyectos. Y tras él lo hizo la vicepresidenta del bloque oficialista, Cecilia Moreau, quien apoyó el planteo de Camaño, haciendo suyo el reclamo porque el tema sea abordado en la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Cuestionó a la diputada Mariana Zuvic por haber denunciado maniobras en la Cámara y que se dictaminan proyectos como moneda de cambio. “Es un ataque a la convivencia entre los actores de la democracia; alude a contraprestaciones que no existen, pero quien las plantea es porque es capaz de recibirlas”. Y cerró hablando de una doble vara, ante lo cual exhibió una foto de la legisladora junto al diputado del Parlasur “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo de la Justicia en Uruguay. En la foto ambos tenían un cartel con la frase: “Chau privilegios”. Con ironía, Moreau reclamó que el exoperador judicial del Gobierno de Cambiemos “venga a declarar”.

Presidida por la santacruceña Mariana Zuvic (Coalición Cívica), se reunió este martes la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, para abordar un proyecto de resolución de pedido de informes al Poder Ejecutivo en relación al “Area Marina protegida bentónica Agujero Azul”.

Asistieron a la reunión especialista, que expusieron en torno a la cuestión, como Pablo Bonuchelli, magíster en Intereses Marítimos por la Universidad Marítima Mundial de Malmö, quien señaló “el indispensable apego a las formas que debiera obedecer en general todo proceso de creación y designación de un área marina protegida”, y destacó que “el proyecto se inserta en un escenario significativo que es la internacionalidad, internacionalidad que se manifiesta desde el derecho internacional aplicable pasando por los actores que confluyen en ese espacio y los usos, es una interacción que naturalmente genera disputa de intereses y por tal motivo es fundamental respetar las normas y las formas”.

Por su parte, Milton Schvartzman, asesor especialista en conservación marina, explicó que “estamos a favor de la conservación de las áreas marinas protegidas, pero en este caso no se consultó a los pescadores, a las comunidades de la Patagonia, a los organismos de seguridad que son los encargados de hacer cumplir esta ley”.

En tanto, Horacio Terribilie, doctor en Relaciones Internacionales de la Facultad de Rosario, remitió al plano geopolítico manifestando que “es un escenario internacional pero donde nosotros tenemos una fuerte disputa de soberanía contra una potencia desde hace un montón de años y entiendo que esta potencia, que defiende sus intereses como toda su potencia, y que no son nuevos en la República Argentina”.

Por último, Ariel Mansi, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, señaló que “la República Argentina no debería promover directa ni indirectamente la generación de escenarios que tuvieran como efecto el fortalecimiento de la ocupación ilegal británica” y propuso “proceder a la modificación de la actual límite sur del proyecto de establecimiento del área marina protegida Agujero Azul que, por otra parte, da cuenta del interés de Argentina en la conservación de la rica biodiversidad existente en su plataforma continental”.

La diputada nacional de la Coalición Cívica Mariana Zuvic, junto a sus compañeros de bloque Juan Manuel López; Paula Oliveto; Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli, presentaron una denuncia para que se investigue la posible comisión de los delitos por parte de funcionarios públicos en el proceso licitatorio en la Vía Navegable Troncal. La denuncia alerta sobre un eventual tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

Según consta en la denuncia que presentó la diputada de la CC, “comenzaron a percibirse una serie de maniobras y acciones sospechosas que involucran a las empresas participantes y podrían, también, involucrar a funcionarios de la Administración Pública Nacional”.

Por disposición del Gobierno Nacional, el Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable tiene por objetivo inmediato la tramitación de la licitación internacional para el mantenimiento del dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal.

“Se trata de una licitación cuyos plazos no son tan reducidos como la contratación sobre las que se analiza el eventual tráfico de influencias. Son muchos años y mucho dinero en juego. Es una tentación que exige la mayor transparencia y claridad de todos los procesos para evitar la consumación de hechos de corrupción como los que tanto daño han impuesto al país. Tal transparencia es responsabilidad de todos. Por eso es que acudimos a la justicia”, se indica.

La Vía Navegable Troncal (VNT), tramo comprendido entre el kilómetro 1238 del Río Paraná, punto denominado Confluencia, hasta la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de La Plata exterior, comenzó una nueva etapa de gestión con múltiples actores, merced a una serie de actos de la Administración Pública Nacional y el Poder Ejecutivo. En esa ruta se encuentra el complejo agroindustrial más importante del país y representa el 80 % de la salida de las exportaciones argentinas al mundo que suman un promedio de U$S 25.000 millones anuales, y que fue excepcionalmente de U$S 35.000 millones en el último año por el aumento de precio de la soja.

“En virtud del decreto 929/ 2020, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) delegó en el Ministerio de Transporte la facultad de efectuar el llamado y adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional, por el régimen de concesión de obra pública por peaje, en el marco de la Ley N° 17.520, para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la vía navegable troncal”, se explica.

Posteriormente, con el dictado del decreto 427/ 2021, el PEN otorgó “la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal” a la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE) “con arreglo a lo establecido en la Ley N° 17.520 y en el artículo 3° decreto de marras”.

En septiembre de 2021 la AGPSE, ya como concesionario por doce meses del mantenimiento de la VNT, llamó a Licitación Pública Múltiple Nº 13/2021 para la contratación de la Obra “DRAGADO DE MANTENIMIENTO DE LA VÍA NAVEGABLE TRONCAL”. Recientemente se conoció el Dictamen de Precalificación, mediante el cual de las cuatro empresas que se habían presentado, tres resultaron descalificadas por no cumplir con los requisitos técnicos. A causa de ello, al no pasar el filtro técnico, no habría competencia por precio. “Hay una matriz que se replica en el direccionamiento de las licitaciones kirchneristas. Lo vimos en la obra pública, en las represas, en las áreas petroleras y ahora en la Hídrovia. Es el patrimonialismo corrupto que los caracteriza, pero el agravante es geopolítico, dado que pretenden entregarle nuestra vía navegable troncal a China”, agregaron.

En el escrito, Zuvic sugirió que se llame a prestar declaración testimonial al titular de la Administración General de Puertos S.E. para que se expida sobre las alternativas que derivaron en la resolución que dejó sin efecto un proceso licitatorio en curso; se llame a prestar declaración testimonial al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores; se dispongan las medidas tendientes a constatar y recopilar información acerca del proceso licitatorio dejado sin efecto. Puntualmente conocer el dictamen jurídico elaborado con posterioridad al dictamen de precalificación del 11 de febrero.

Además, pidió que se dispongan medidas tendientes a confirmar la intermediación del Embajador Argentino en la República Popular de China, y a verificar eventuales presiones o coacciones sobre las autoridades con poder de resolución en el proceso licitatorio de la estructura jerárquica de la que forma parte la Administración General de Puertos S.E, entre otras cuestiones.

Diputados de la Coalición Cívica, encabezados por Mariana Zuvic, presentaron un proyecto de resolución en el que exigen al canciller Santiago Cafiero que brinde información sobre el acuerdo firmado por Argentina con China.

Los legisladores de la oposición solicitaron conocer detalles del documento que se firmó en el marco de la reunión bilateral que el presidente Alberto Fernández mantuvo junto al mandatario Xi Jinping, y por el cual se adhirió a la Franja y la Ruta de la Seda.

En la iniciativa, los diputados de la CC piden saber las “condiciones pautadas en esos documentos” y que se consigne “sobre los montos a invertir, intereses, pagos, plazos y todo otro compromiso asumido con el gobierno chino”.

Además, consultan “si existen negociaciones, documentos o condicionamientos secretos, confidenciales o reservados” y si se expresó alguna “preocupación por las actividades de pesca no reglamentada que realiza China en el área adyacente a la Zona Económica Exclusiva argentina” o “si se impusieron condiciones al país para no avanzar en mecanismos bilaterales de gestión ecosistémica de los recursos del área”.

En otro aspecto, el proyecto pregunta si la adhesión a la Ruta de la Seda involucra algún compromiso acerca de “la tecnología 5G que ofrece la empresa china HUAWEI” y si hubo algún tipo de “análisis de las fortalezas y debilidades de asociarse a China” en este tipo de proyectos de tecnología.

También se requiere conocer si las contraprestaciones del Gobierno argentino para acceder a la financiación china por 23.700 millones de dólares incluyen la afectación de la soberanía, tal como sucede con la base militar china en Neuquén.

El proyecto lleva las firmas de Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Marcela Campagnoli, Leonor Martínez Villada y Carolina Castets.

Previsiblemente la liberación del exsecretario de la gestión de Cristina Kirchner José López, condenado por la justicia y liberado ahora tras el pago hecho por tres amigos de una fianza de 14 millones de pesos, generó la reacción de la oposición en su conjunto: “El caso de José López es el tipo de Justicia que quiere el kirchnerismo”.

El presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, señaló que “la Justicia que quiere el kirchnerismo es la que libera a José López, que con 5 jubilaciones de Cristina Fernández de Kirchner quedó libre. Por eso quieren ganar el 14N, para la consagración de la corrupción”.

Mario Negri, jefe del interbloque Juntos por el Cambio, afirmó: “A José López lo condenaron por robarse 9 millones de dólares y ahora la Justicia le pide 14,5 millones de pesos para concederle la libertad condicional. Qué barata le sale la libertad a los corruptos. Lo peor que nos puede pasar como argentinos es acostumbrarnos a la impunidad”.

A #JoséLópez lo condenador por robarse 9 millones de DÓLARES y ahora la Justicia le pide 14,5 millones de PESOS para concederle la libertad condicional.
Qué barata le sale la libertad a los corruptos.
Lo peor que nos puede pasar como argentinos es acostumbrarnos a la impunidad.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) November 6, 2021

A su vez, el diputado radical de Chubut Gustavo Menna expresó: “Lo agarran con u$s 9 millones de la corrupción en un bolso y sale libre con una fianza de u$s 73 mil. El caso de José López y el convento/guarida es el tipo de Justicia que quiere el kirchnerismo”.

Lo agarran con u$s 9 millones de la corrupción en un bolso y sale libre con una fianza de u$s 73 mil.
El caso de José López y el convento/guarida es el tipo de Justicia que quiere el kirchnerismo.https://t.co/HSlxcVDPqA

— Gustavo Menna (@gustamenna) November 6, 2021

A su vez, la diputada nacional Soledad Carrizo dijo: “La impunidad cotiza en baja para el kirchnerismo. José López con libertad condicional a precio rebajado. El 14N tenemos la oportunidad de ponerle un freno a esto”, en tanto que su par mendocino Federico Zamarbide consideró: “Llegaron al poder para afanar y sacar a los compañeros presos. Nada más”.

El candidato a diputado nacional Ricardo López Murphy tuiteó: “Sale en libertad José López. El símbolo más claro del kirchnerismo: corrupción, bolsos con plata, impunidad. Esto tiene que terminar. La Justicia VIP no es Justicia. Digamos BASTA”.

A su vez, el diputado nacional Fernando A. Iglesias escribió en su cuenta de Twitter: “Bolso de José López: 9.000.000 de dólares. Fianza exigida por los jueces para liberar a José López: 72.500 dólares. Hablame de lawfare, cumpa”.

Bolso de José López: 9.000.000 de dólares
Fianza exigida por los jueces para liberar a José López: 72.500 dólares
Hablame de lawfare, cumpa.

La Justicia ordenó la liberación de José López https://t.co/8FMppRCVbv a través de @LANACION

— Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) November 6, 2021

El santafesino Juan Martín subrayó: “La impunidad, los privilegios y la prepotencia. Todo eso tenemos que empezar a dejar atrás el 14 de noviembre”.

A su vez, la diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic advirtió que “José López libre es una condena para Argentina”. Su par Juan Manuel López sumó: “A la agenda de la impunidad también le vamos a decir basta el 14 de noviembre”.

La radical correntina Gabriela Lena destacó que “en el país del 50% de pobres, la Justicia va a liberar a López que fue filmado revoleando bolsos con millones de dólares. Indigna pensar que los corruptos siguen gozando de privilegios. En la última sesión quisimos votar la ley de ficha limpia y el kirchnerismo se opuso”.

Por su parte, Gonzalo del Cerro citó al filósofo Monstesquieu: “No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia”.

El mendocino Luis Petri afirmó: “Coimeó, se enriqueció y lo pescaron revoleando bolsos en un convento, ahora sale en libertad después de unos pocos años en prisión, inconcebible. Un entramado diseñado para apañar corruptos”.

Coimeó, se enriqueció y lo pescaron revoleando bolsos en un convento, ahora sale en libertad después de unos pocos años en prisión, inconcebible.
Un entramado diseñado para apañar corruptos. https://t.co/Syu8T6jH9v

— Luis Petri (@luispetri) November 6, 2021

Desde el Pro, el partido posteó: “La corrupción mata. José López: Más de 9 millones de dólares dentro de bolsos revoleados por el aire y una ametralladora… Libre. El país que queremos no es este”.

La corrupción mata. José López: Más de 9 millones de dólares dentro de bolsos revoleados por el aire y una ametralladora… Libre. El país que queremos no es este. pic.twitter.com/4jOB1NMKs1

— PRO (@proargentina) November 6, 2021

La titular de ese partido, Patricia Bullrich se refirió a quienes se juntaron para pagar la fianza del exfuncionario: “¿Los tres son amigos? Serán de la misma calaña. Que fácil le hacen la vida a los corruptos. López revoleó un bolso con 1.800 millones de pesos y aquí no pasó nada. Vamos a cambiar la ley: los que le roban al pueblo irán a la cárcel por muchos años”.

Los diputados nacionales de la CC ARI Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic viajaron a Córdoba para acompañar la lista de Juntos por el Cambio que encabeza Mario Negri y Gustavo Santos, denominada “Juntos por Córdoba” (con Negri, primer candidato a senador y Santos, primero en la lista para diputados).

Ferraro, presidente nacional de la CC ARI, expresó: “Venimos a respaldar y acompañar la lista que encabeza Mario Negri porque es la más representativa de Juntos por el Cambio, ya que está integrada por radicales, Pro y la Coalición Cívica”, y sostuvo que “Mario es el mejor representante que pueden tener los cordobeses, es una de las figuras centrales de nuestro espacio y ha ayudado mucho a consolidar y sostener la unidad”.

“Juntos por Córdoba es la lista que mejor representa los valores de nuestro espacio y es la que cuenta con el apoyo expreso de Elisa Carrió. En tiempos complejos como los que se avecinan debemos sostener el equilibrio y decirle basta a los atropellos, y esta lista que venimos apoyar es la que puede llevarlo adelante en Córdoba”, agregó Ferraro.

Además dijo que “vamos a defender en todo el país la agenda de Juntos por el Cambio, eso significa que la educación sea prioridad, no estamos dispuestos a más impuestos, ni vamos a permitir que se atropellen las libertades individuales”.

Los dirigentes nacionales de la CC ARI llegaron el martes por la tarde a Córdoba y como primera actividad tuvieron un encuentro con miembros de la CC ARI Córdoba en el Hotel Howard Johnson.

Este miércoles por la mañana recorrieron el departamento de Santa María, junto al presidente de la CC ARI Córdoba y precandidato a diputado nacional, Gregorio Hernández Maqueda, visitaron Alta Gracia donde escucharon a vecinos y referentes locales, mantuvieron reuniones con emprendedores y Pymes, visitaron el Peñón del Aguila Cerveza en Malagueño. Al regreso a Córdoba Capital recorrieron junto a Mario Negri la peatonal y charlaron con vecinos.

En los próximos días, Maximiliano Ferraro, como presidente de la CC ARI recorrerá las provincias de Chaco, Río Negro, Neuquén y Santa Fe para apoyar a los candidatos de Juntos x el Cambio en todo el país.

Se acercan las elecciones primarias del 12 de septiembre y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a participar de un acto en el municipio bonaerense de Avellaneda y logró hacer estallar las redes sociales con mensajes de los dirigentes opositores que salieron inmediatamente a responderle.

Morondanga

“¿Dónde están ahora los que decían defender la Republica mientras perseguían opositores? ¿Qué República era esa? Una República de morondanga”, dijo Cristina Kirchner.

Ninguno de nosotros se fue del país para eludir acciones políticas. Todos pusimos la cara y el cuerpo. Y nos vienen a dar lecciones de república. ¿Qué república era aquella? República de morondanga. pic.twitter.com/sL1qovnuML

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 17, 2021

Ante esas declaraciones, el diputado mendocino de Juntos por el Cambio, Luis Petri, respondió: “República de Morondanga no Vicepresidenta, República Argentina, representativa y federal como manda la Constitución, con división de poderes, justicia independiente e igualdad ante la ley, le suena?”

República de Morondanga no Vicepresidenta, República Argentina, representativa y federal como manda la Constitución, con división de poderes, justicia independiente e igualdad ante la ley, le suena?

— Luis Petri (@luispetri) August 17, 2021

¿Qué es ser macrista?

En su discurso, Cristina Kirchner también fustigó: “Hay mucha gente que no vivió el peronismo, pero vivieron esto. Se sienten kirchneristas porque no tuvieron la experiencia del peronismo. Los que son macristas, ¿pueden invocar derechos, garantías y esas cosas? No, ¿saben que es? El odio hacia el otro”.

En respuesta, salieron al cruce los diputados nacionales Mario Negri, Mariana Zuvic y Juan Manuel López.

Hay razones y VALORES para ser de @juntoscambioar, la libertad, la paz, la justicia, el trabajo, el desarrollo, el esfuerzo, el mérito. Básicamente saber que nacimos todos iguales y que no queremos que nos gobierne una casta con privilegios.

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) August 17, 2021

Sra Kirchner, Nosotros Somos quienes seguimos luchando para liberar a la Nación de la mafia de delincuentes millonarios que usted lidera y que destruyó a la Argentina condenando a más de 18 millones de Argentinos a vivir en la pobreza.

— Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) August 17, 2021

Cristina anula toda identidad política no peronista: "Me pregunto: los que son macristas, de Cambiemos, ¿por qué son? ¿Hay razones? ¿Pueden invocar derechos, garantías, símbolos, cosas? No, muchas veces en su gran mayoría es el odio hacia el otro".
Después dice que son "el amor"

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) August 17, 2021

La foto de Todos

También la foto que disfundió Presidencia y el entorno de la vicepresidenta fue tema de debate, ya que se ven a todos los dirigentes del Frente de Todos, al presidente Alberto Fernández, al titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, al jefe de bloque del oficialismo en Diputados, Máximo Kirchner, pero en el centro y un paso adelante a Cristina Kirchner, lo que fue interpretado por la oposición como una señal de quien “manda” en ese espacio político.

Si alguien tenía alguna duda, les dejo una foto. 👇🏻 pic.twitter.com/krDKkytokc

— Luis Petri (@luispetri) August 17, 2021

La diputada nacional de la CC ARI Mariana Zuvic advirtió sobre la entrega de soberanía al gigante asiático y aseguró que “el Gobierno nacional ha entregado vidas y soberanía a la geopolítica de claudicación frente a Rusia y China. Son cipayos disfrazados de izquierda”, apuntó. Zuvic presentó dos proyectos en los que reclamó información sobre los buques pesqueros que operaron entre el 2020 y el 2021 en la Zona Económica Exclusiva Argentina y expresó su preocupación por la creciente participación de China en la economía de nuestro país.

“No ha habido gobierno más cipayo que el del kirchnerismo en la historia. Están entregando a la Argentina de a pedazos. Son cipayos disfrazados de izquierda”, cuestionó la diputada.

En una de las iniciativas, Zuvic le pidió al Ejecutivo y los ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores que informen respecto a la localización y recorrido de 37 buques pesqueros de pabellón extranjero que operarían dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE) y su zona adyacente.

“La situación en nuestro país con respecto a la pesca ilegal resulta alarmante. Los buques que depredan furtivamente dentro de nuestra ZEE no sólo efectúan un gigantesco perjuicio sobre los recursos marinos, violando sistemáticamente nuestra soberanía y poniendo en riesgo el desarrollo económico sostenible, sino que también pesan sobre ellos graves denuncias internacionales que demuestran vínculos con delitos complejos como el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de drogas y de armas, entre otros”, advirtió la legisladora.

“Insistimos en la necesidad de abordar esta problemática mediante la articulación de medidas diplomáticas junto a un monitoreo y control constante, con unidades dotadas del equipamiento idóneo para realizar sus tareas. En este aspecto, resulta preocupante la disminución del porcentaje del Presupuesto Nacional asignado a Prefectura para el año 2021, tratándose de tan solo un 0,37% en comparación del 0,79% asignado para el año 2016”, resaltó.

En el segundo proyecto, Zuvic expresó su “grave preocupación por la creciente participación de la República Popular China en diferentes áreas de la economía argentina, mediante inversiones y servicios en ejecución, en el sector público y en el privado”.

“Es evidente que China busca el dominio global como superpotencia en surgimiento y es cada vez más activa en América Latina, incluso a través de acuerdos portuarios, préstamos financieros, infraestructura de tecnología y programas de intercambio con los ejércitos regionales”, analizó la diputada en la iniciativa y agregó que “su presencia se ha acelerado en el siglo XXI, como resultado de una política exterior proactiva que busca crear nuevos mercados para los productos chinos y obtener los recursos que necesita, que van desde petróleo y gas hasta soja y otros productos agrícolas”.

“Los recursos económicos y financieros chinos son atractivos para el gobierno argentino, ante la crisis sistémica del país, agravada por la pandemia y una gestión económica lamentable, a pesar de persistir en una política de consolidación del poder de forma cada vez menos democrática, debilitando la institucionalidad y el Estado de derecho. Las exigencias de otros inversores, bancos, instituciones multilaterales y gobiernos occidentales son duras y condicionantes, por lo que resultan bastante esquivos en la ayuda solicitada. En este sentido, la política exterior del gobierno, posiblemente, esté perjudicando los intereses europeos, estadounidenses, y del Mercosur, en beneficio comercial y estratégico de China”, advirtió Zuvic.

Por último, en el proyecto de declaración señala que “el potencial multidimensional de la Argentina para el avance de los intereses chinos y la perspectiva de acceder al país a través de un gobierno genuflexo, que ofrece una rápida adaptabilidad diplomática y política, es beneficiosa para China, pero perjudicial para una política exterior equilibrada y estable en defensa de los verdaderos intereses nacionales y la autodeterminación”, finalizó.

La diputada nacional de la CC – ARI Mariana Zuvic le pidió al Poder Ejecutivo Nacional información sobre las negociaciones con la Federación de Rusia para la construcción de centrales nucleares en nuestro país. “Pretenden transformar esta Nación en el patio trasero de Rusia”, señaló, para agregar luego: “(Vladimir) Putin ve a la Argentina como un apéndice de Rusia para el trabajo sucio”.

“Resulta menester obtener información detallada que arroje luz en torno a las negociaciones con la Federación de Rusia, considerando que se trata de inversiones en un sector estratégico, en un contexto en el que este tipo de decisiones deben encontrarse también enmarcadas en los objetivos y metas del Acuerdo de París y los compromisos internacionales que Argentina ratificó con el objeto de reducir las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y combatir el cambio climático”, afirmó.

Zuvic presentó un proyecto de resolución para pedirle al Ejecutivo información precisa sobre las centrales nucleares y si existe una planificación de una Evaluación Ambiental Estratégica.

“La energía nuclear en el mundo se encuentra en declive”, subrayó y mencionó el informe anual World Nuclear Industry Status Report (WNISR), que plantea que “actualmente solo 31 países se encuentran operando las 408 plantas nucleares existentes en el mundo, lo que significa una disminución de 9 unidades comparado con el año 2019, y 30 menos que en el año 2002”.

“Teniendo en cuenta la tendencia mundial, resulta difícil concebir la energía nuclear como una alternativa energética estratégica en términos de inversiones para nuestro país. No obstante, existen actualmente proyectos de inversión de origen chino y ruso que vuelven a traer sobre la mesa el desarrollo nuclear dentro de la matriz energética argentina”, aseguró.

La diputada de la CC ARI además planteó en la iniciativa que según información periodística la “Argentina estaría retomando activamente las negociaciones con Rusia para la instalación de una o más centrales nucleares en nuestro país” y citó declaraciones del embajador ruso en Argentina, Dmitry Feoktistov, quien dijo que propuso “toda una esfera de cooperación: la construcción de una central grande, la de reactores medianos y, tercero, una central nuclear flotante”.

“Creemos necesario conocer en profundidad el estado de situación de las negociaciones entre la República Argentina y la Federación de Rusia, así como los motivos técnicos que han llevado a seleccionar estratégicamente estos proyectos vinculados al desarrollo nuclear por sobre otras tecnologías que han demostrado ser más competitivas a nivel internacional y a menores costos”, finalizó.

La diputada nacional Mariana Zuvic (CC-ARI), junto a legisladores de Juntos por el Cambio, solicitó a la Cancillería que tome medidas para impedir que continúe la pesca ilegal en el Mar Argentino. “La geopolítica de las vacunas significó la pérdida de miles de vidas y la entrega de soberanía tanto a Rusia como a China”, denunció la opositora.

En la iniciativa, se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Felipe Solá, que “adopte las medidas políticas y diplomáticas necesarias ante la grave situación que hoy afecta al Mar Argentino, ya que ha sido probado el uso inadecuado del sistema AIS (Sistema de Identificación Automática) en los buques de pabellón extranjero que se encuentran navegando próximos al borde del límite exterior de la Zona Económica Exclusiva, afectando esta situación la seguridad en el mar y avalando el encubrimiento de actividades ilícitas como la pesca ilegal, el tráfico de armas y/o drogas, y la trata de personas”.

“La geopolítica de las vacunas significó la pérdida de miles de vidas, y la entrega de soberanía tanto a Rusia como a China”, enfatizó Zuvic, que agregó: “No eran los glaciares, sino el Mar Argentino a China, y el futuro de la Nación a Rusia”.

Y acusó que “nos están vendiendo en el mercado negro de la geopolítica que dejará a la Argentina en el peor de los mundos”.

De acuerdo a un estudio de la organización Oceana, “se demuestra que las flotas extranjeras que operan en el Atlántico Sur, justo al borde de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina, realizan prácticas regulares de interrupción de sus sistemas de identificación y localización”, lo que confirma lo denunciado hace meses por Zuvic.

También con esos datos se condicen los análisis realizados por las fuerzas de seguridad nacionales y otros investigadores locales que concluyen sobre la operación furtiva premeditada de buques extranjeros, con el objeto de encubrir actividades ilícitas como la pesca ilegal, el tráfico de armas y/o drogas, y la trata de personas.

“La alarmante situación en el Mar Argentino viene siendo alertada y denunciada ante el Ministerio y aún existe una ausencia de medidas con el fin de resguardar la seguridad y soberanía nacional, lo que deja desprotegidos nuestros recursos y además permite pérdidas económicas y que se afecte la seguridad alimentaria de nuestro país”, señaló la diputada.

En ese sentido, apuntó que “para entender la dimensión de esta falta de control es importante tener en cuenta que el monitoreo de la actividad pesquera a través del AIS permite a los estados el acceso rápido en tiempo real al estado de situación de la región a monitorear sin la necesidad, en muchos casos, de disponer de barcos o aeronaves permanentemente en la zona para la vigilancia, evitando así los riesgos que conlleva para las tripulaciones y los abultados costos económicos por lo tanto que hayan incurrido en ser apagados es un grave problema para el control y monitoreo del Mar Argentino”.

Además, recordó que “tan sólo en los últimos cinco años se han capturado diez embarcaciones pesqueras ilegales, subsidiadas y con transmisores de AIS desactivados de los siguientes países: seis chinas, una española, una coreana y una portuguesa, esto sin contar los casos en los que los pesqueros ilegales de estos países lograron escapar”. “Ningún país de Sudamérica sufre la pesca ilegal como Argentina. Para revertir un problema creciente es necesario que se ejerza soberanía y una política exterior activa”, resaltó la legisladora de la Coalición Cívica.

En el proyecto se solicitó también la citación a los representantes diplomáticos de los Estados del pabellón de los buques pesqueros involucrados en las acciones realizadas y denunciadas como sospechosas de presunta ilicitud, que testimonien ante la OMI (Organización Marítima Internacional) sobre la desconexión intencional del AIS (Sistema de Identificación Automática) de barcos pesqueros extranjeros (chinos, surcoreanos, españoles y taiwaneses), en un área de aguas internacionales comprendida desde la frontera de la Zona Económica Exclusiva de Argentina (200 millas) hasta 20 millas náuticas mar adentro (220 millas); y el apoyo del gobierno argentino a la celebración de un acuerdo internacional, en el marco de la OMC (Organización Mundial del Comercio), que se negociará durante la Reunión Ministerial Informal del mes de julio próximo, con vistas a cerrar el texto definitivo en la XII Conferencia Ministerial de la OMC, a llevarse a cabo en Ginebra (Suiza) del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.

“Hemos denunciado no sólo la depredación y la pesca ilegal, sino los vínculos directos con delitos complejos como el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de drogas y de armas”, concluyó Zuvic.

Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Mariana Zuvic (CC-ARI), advirtieron sobre el riesgo de los trabajadores del sector pesquero frente al coronavirus, y exigieron al Poder Ejecutivo medidas para garantizar la salud de las tripulaciones en medio de la pandemia.

“En las últimas semanas ocurrieron acontecimientos preocupantes relacionados a la sanidad y seguridad de los tripulantes de los buques pesqueros Mishima Maru 8 y Xin Shi Ji N° 89, amarrados en los puertos de Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado”, señalaron a través de un comunicado.

En el pedido de informes presentado por los legisladores, se solicita información acerca de esos buques y los protocolos previstos para garantizar la salud de las tripulaciones frente al Covid-19 al Poder Ejecutivo Nacional y a los ministerios de Seguridad; de Salud; de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Trabajo y Previsión Social; y de Transporte de la Nación.

Los diputados recordaron dos casos recientes de tripulantes de buques pesqueros afectados por Covid-19 que “alertaron sobre los protocolos de sanidad y seguridad para la actividad y la intervención de los diferentes responsables ante las urgencias de los tripulantes a bordo de los buques pesqueros”.

“Uno de ellos fue el fallecimiento del oficial de máquinas Walter Manuel Quiquinte el miércoles 5 de mayo de 2021, que representa el primer caso de deceso a bordo de la flota pesquera nacional, causado por Covid-19. De acuerdo a diversos informes periodísticos, se reportaron irregularidades a bordo del Xin Shi Ji N°89 en lo que respecta al fallecimiento del tripulante y la aparición de sus síntomas”, relataron.

En los fundamentos de la iniciativa se mencionó que “el cuerpo de Quiquinte fue desembarcado en el Puerto de Punta Quilla, provincia de Santa Cruz, mientras que la embarcación se dirigió hacia Puerto Deseado, donde actualmente se encuentra amarrada. La tripulación fue alojada en tierra con el objeto de practicarles los exámenes, estudios y tratamientos necesarios para la recuperación de los casos positivos de Covid-19 y evitar nuevos contagios”.

“Existen imprecisiones respecto a la fecha de fallecimiento de Quiquinte denunciadas por sus familiares, así como también señalan una completa falta de atención médica a bordo y negligencia en la aplicación de protocolo ante casos sospechosos de Covid-19”, resaltaron los legisladores.

Y continuaron: “Este caso reviste aspectos que deben investigarse de manera urgente por las graves irregularidades, como ser que el capitán de la embarcación haya desestimado los pedidos de la tripulación de atención sanitaria para tratar los casos de urgencia, y que la empresa armadora en ningún momento se haya comunicado para informar el incidente, ni brindado ningún tipo de apoyo a la familia del tripulante, ni siquiera dos semanas más tarde”.

“La empresa armadora del Xin Shi Ji N°89, Fenix International S.A., de capitales chinos, ha sido denunciada, a su vez, por operar regularmente, embarcando capitán y otros oficiales de nacionalidad china, violatorio de la Ley N°24.922 Régimen Federal de Pesca”, apuntaron.

Además, denunciaron que “la empresa china encubriría la maniobra embarcando a su vez capitán, oficiales y patrón de pesca de nacionalidad argentina, que lo hacen a modo de formalidad, pero sin autoridad alguna en el buque, esto asimismo es sospechado de ser encubierto por parte de algunos sindicatos argentinos, los que deberían velar por el cumplimiento de las leyes, y más que nada por la vida de los tripulantes argentinos. La empresa china está a su vez relacionada a las empresas pesqueras que operan al borde de la Zona Económica Exclusiva Argentina, también llamada Milla 201”.

“Es necesario que la Justicia investigue a fondo”

Por otra parte, en el proyecto de resolución, Zuvic y sus pares se refierieron al caso del pasado 13 de mayo en el cual “el capitán del buque pesquero Mishima Maru N°8, Rubén Meloni, que se encontraba en actividad de pesca, solicitó a la Administración Portuaria del Puerto Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, autorización para amarrar en puerto por cuestiones humanitarias, ya que parte de su tripulación se encontraba con síntomas de Covid-19, y algunos de ellos requerían asistencia médica urgente. De acuerdo a los reportes de la Asociación Argentina de Capitanes de Pesca, la autoridad portuaria habría denegado el amarre a puerto de la embarcación, siguiendo indicaciones del intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia”.

“Frente a esta situación, el capitán del buque decidió igualmente avanzar con el amarre en puerto, lo que habría sido sancionado por la Prefectura Naval Argentina labrando actas de infracción al capitán y el armador. El incidente producido en relación al amarre del Mishima Maru N°8 derivó en una protesta sindical que amenaza con paralizar la actividad pesquera nacional. El barco pesquero contaba con 22 tripulantes contagiados de Covid-19, según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud de Chubut”, agregaron.

Por último, los diputados de JxC consideraron que “los graves hechos sucedidos y las irregularidades ocurridas en el embarque y operación de buques de la flota pesquera nacional, tornan urgente investigar las causas de tales incidentes y reforzar los controles sobre la correcta aplicación de todas las normativas relativas a las actividades pesqueras para evitar los contagios Covid-19, atendiendo a las situaciones que requieran asistencia médica y logística urgente con la mayor celeridad a modo de prevenir complicaciones en la salud de todos los trabajadores de la actividad pesquera”.

Tanto el senador nacional Pablo Daniel Blanco (JxC-Tierra del Fuego) como los diputados Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Juan Manuel López pidieron explicaciones sobre la participación de Argentina en la incautación de cocaína más grande de Europa, conocida como Operación Atlántico Norte. En el operativo se confiscaron 23 toneladas de la droga ilícita que estuvieron varios días en el puerto de Buenos Aires.

El proyecto de Blanco

El senador nacional Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto que exige al Gobierno Nacional información sobre el hallazgo de la cocaína y cómo habría permanecido en el puerto de Buenos Aires durante varios días sin ser detectado.

En el pedido solicita que se detalle “si el Estado Argentino recibió alguna alerta internacional en relación a la existencia de este cargamento en tránsito, inspecciones previstas para ese tipo de tránsito en hidrovía y puertos argentinos según la normativa vigente e inspecciones efectivamente realizadas por autoridades aduaneras, fiscales, sanitarias, de seguridad de la navegación y de prevención del tráfico de drogas entre otras”.

“Este hecho constituye una vergüenza sin precedentes para la República Argentina y un indicador flagrante de la incapacidad del Estado para la lucha contra el crimen organizado y la complicidad por acción u omisión de funcionarios públicos para la consecución de estos ilícitos”, opinó el legislador fueguino.

El senador opositor consideró que de confirmarse su veracidad, estos hechos “ponen en evidencia la ausencia total o cómplice del estado en un espacio de delito y corrupción que mata, genera servidumbre, pobreza, marginalidad y más crimen.” “No sólo se advierte un fallo en las autoridades de seguridad sino también en las aduaneras”.

La denuncia de la CC-ARI

La CC-ARI también pidió explicaciones sobre el tema, al presentar una denuncia ante el Procurador de Narcocriminalidad (PROCUNAR) del Ministerio Público Diego Iglesias para pedir una investigación judicial. El escrito está firmado por los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Mariana Zuvic, Paula Oliveto y Juan Manuel López.

“La UE en la Operación Atlántico Norte secuestró 23000 kg. de cocaína, en la operación más importante de la historia con un valor de casi 1000 millones de euros. Ese cargamento de droga pasó por el puerto de Buenos Aires.” En @YSG_TN con @diegoleuco pic.twitter.com/qcmCKuLaCg

— Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) March 26, 2021

En la denuncia se exige la necesidad de contar con “un organismo multiagencial en el que se trabajen los casos más complejos con protocolos para mantener la información pero, a su vez, donde policías locales, agentes federales y de inteligencia pueden trabajar en conjunto e intercambiar información de manera segura”.

“El hecho de que las drogas capturadas en Alemania se hayan originado en Paraguay parece indicar que las vías fluviales de ese país con Bolivia son ahora una ruta crucial de transporte de drogas en el camino a los puertos del Atlántico”, alertaron los diputados opositores.

“La pandemia está provocando que los traficantes de drogas se vuelvan más atrevidos en sus métodos, ya que han estado haciendo envíos individuales más grandes a través de múltiples puertos para hacer frente a la interrupción del comercio mundial durante las sucesivas cuarentenas”, agregaron.

La denuncia señala que “en casos de esta gravedad, la inteligencia criminal es la que debe actuar. La Prefectura Naval Argentina y la Dirección General de Aduanas son los organismos que manejan la información. Pero quien coordina y lleva adelante los controles es la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, donde interactúan los organismos mencionados”.

“En el ámbito de la hidrovía existen protocolos de actuación específicos para diversas actividades y situaciones. La negligencia o falta de recursos para la tarea de control y prevención puede provocar hechos de gravedad que constituyen ilícitos y que pueden causar daños materiales o lesiones y muertes en agentes de las fuerzas de seguridad”, se agregó en el escrito.

Por tal motivo, la Coalición Cívica ARI pidió que se considere la investigación de los siguientes delitos: Delitos Contra la Administración Pública, Delitos de Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de Funcionario Público, Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de Funciones Públicas, Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados; Encubrimiento (artículo 277 del Código Penal); Falsedad Ideológica en Documento Público (artículo 286 del Código Penal) y, además, por la violación de la Ley 22415 (Código Aduanero) y sus normas reglamentarias, de la Ley 24093 (Ley de Puertos), de la Ley 27126 (Agencia Federal de Inteligencia) y de la Ley 23.737 (Narcotráfico), como así también por los eventuales actos ilícitos favorecidos por acción u omisión de funcionarios públicos.

En ese contexto, solicitó que se requiera al juez competente para que tome las medidas cautelares para investigar estos hechos y esclarecer la posible existencia de irregularidades por parte de la empresa concesionaria Hidrovía S.A., las acciones realizadas por la AFI referidas a la producción de inteligencia criminal, nómina de funcionarios intervinientes en las operaciones de comercio exterior del buque CAP San Artemissio, entre otras cuestiones.

También se planteó una citación a la ministra de Seguridad de la Nación Sabina Frederic “para que informe sobre el caso particular por la gravedad que revista y sobre los recursos que están afectados al control de la hidrovía, teniendo en cuenta la permeabilidad de las fronteras que permite el ingreso del narcotráfico al país por diversas vías, en especial la fluvial”.

La Operación Atlántico Norte

En operativos conjuntos entre las autoridades alemanas, belgas y holandesas se completó lo que se considera la incautación de cocaína más grande de Europa y una de las incautaciones individuales más grandes del mundo. El hecho sucedió el 23 de febrero y se encontraron 23 toneladas de narcóticos en los puertos de Hamburgo y Amberes. Esos contenedores habían venido desde Paraguay y habían hecho trasbordo en Argentina.

La información aduanera indicaría que el contenedor estuvo como mercadería en tránsito en el puerto de Buenos Aires desde su llegada el 28 de diciembre de 2020 hasta su trasbordo al buque CAP SAN ARTEMISSIO el 11 de enero de 2021. La justificación de que el envío no fue chequeado en la Argentina se fundamentaría en que, al ser “mercadería en tránsito” no ingresa al país y no requiere de control físico alguno, salvo sospecha fundada y orden de juez competente.

La Coalición Cívica ARI realizó este sábado su congreso federal, en el que reeligió al diputado nacional Maximiliano Ferraro como presidente, a la diputada nacional Mariana Zuvic como vicepresidente y a la diputada provincial bonaerense Maricel Etchecoin como presidente de la asamblea nacional partidaria. “Es un orgullo volver a presidir este partido en el que estamos seguros de que lo primordial es construir una Argentina distinta, y de que en el 2021 podamos comenzar a recorrer, nuevamente, la senda de un cambio que ya logramos en 2015, junto al ex presidente (Mauricio) Macri, Lilita, la Unión Cívica Radical, el Pro y cada uno de nosotros”, sostuvo Ferraro. 

“No fue fácil, pero tenemos el enorme desafío de sostener esa unidad”, agregó.

El encuentro se realizó en el Palais Rouge, donde estuvieron presentes Ferraro, el nuevo presidente del bloque de diputados nacionales Juan Manuel López y Mariana Zuvic; la diputada provincial por Buenos Aires Maricel Etchecoin; los diputados porteños Facundo del Gaiso; Cecilia Ferrero; Claudio Cingolani; Lucía Romano y Hernán Reyes; el ex diputado nacional Fernando Sánchez y el auditor porteño Juan Calandri.

Por vía remota participaron del Congreso 150 dirigentes de todo el país.

“Está bien que haya distintos liderazgos dentro del Juntos por el Cambio, que nos permita crecer mirando 2021 y 2023, y es ahí donde la CC ARI debe tener un lugar central en la conformación de los distintos liderazgos. Muchas veces nos esforzamos más por la unanimidad que por la unidad, son dos cosas distintas, tenemos que entenderlo para fortalecer nuestra democracia e instituciones. En la CC ARI y en JxC no debemos renunciar a los matices, nos debemos preguntar qué hacer con el conjunto de esas diferencias y entre todos pensar la diversidad de los problemas y desafíos que tenemos por delante en la Argentina”, manifestó el presidente del partido.

Hubo, también, un saludo de Elisa Carrió, mediante un video en el que manifestó: “Felicito a Maxi, a Maricel y a todas las autoridades del partido y del bloque de diputados nacionales. Ya nadie puede decir que este partido que tiene ya 19 años es el partido de Elisa Carrió. Es un partido con los dirigentes más profesionales, más formados y éticos que tienen los parlamentos nacionales”.

Mensaje de @elisacarrio al #CongresoFederal2020 ➡️ https://t.co/R8hXnz2klF 💪

— Coalición Cívica ARI (@ccari_ok) December 12, 2020

“Estamos perdiendo la república a manos de una militancia anti republicana e inconstitucional, donde una persona sólo busca su impunidad ante la Justicia y quiere destrozar nuevamente las instituciones”, señaló una de las fundadoras del partido. “Nos toca estar a la vanguardia de esas instituciones, nos corresponde integrar JxC para ganar las elecciones  y corregir aquellos errores que se cometieron y que nos llevaron a trastabillar en las elecciones anteriores”, afirmó. Es un momento de ampliación del espacio, pero no cualquier ampliación, porque si seguimos sumando gente con inconductas claras, lo único que vamos a lograr es descomponer una alianza histórica”, añadió.

Carrió agregó que “es una enorme alegría este momento de la CC ARI. Estamos ante una bisagra histórica, porque tenemos que recuperar la república que padece un gobierno sin autoridad y de personas sin autoridad y con objetivos de venganza. Debemos responder con el fortalecimiento del Parlamento, del Poder Judicial, de la Procuración General de la Nación. La república es de todos y, en consecuencia, debemos dar  la batalla política y cultural para elevar la conciencia de todos”.

“Espero de ustedes la apertura , los valores, la paciencia y la firmeza para conducir a la recuperación de la República. Veo que lo están haciendo en el Congreso”, dijo Carrió. “Nuestro horizonte debe ser un país de clase media, republicano y próspero. Nos toca recuperar la república y lo vamos a hacer”, concluyó.

Zuvic sostuvo que “la Coalición Cívica tiene el desafío de ampliar su base de representación y llegar a todos los militantes del país, con todo el dolor que hemos atravesado durante este año con una complicada situación económica, social y política que hace que el día a día se torne más difícil. Pero estamos todos de pie y enteros a pesar de la pandemia para seguir dando pelea”.

“La CC ARI no es un grupo de intereses o de cargos, sino de principios. Los desafíos y la solución es estar presente y al lado de todos los argentinos, en cada una de las provincias y distrito tenemos que llevar adelante la voz del partido y de Elisa Carrió y acompañar a los argentinos”, agregó.

“El año que viene vamos a obtener la posibilidad de representar a millones de argentinos”, dijo la vicepresidente de la CC ARI.

Maricel Etchecoin, presidente electa de la Asamblea Nacional de la CC ARI manifestó que “en un año difícil como lo fue 2020, este equipo ha logrado sostener el bloque de diputados nacionales de una forma impecable y tengo la convicción de que somos un partido que es bisagra y es necesario dentro de Juntos por el Cambio para representar a millones de argentinos”.

Nos reunimos con representantes de todas las provincias en el Congreso Federal CCARI. Cumplimos 19 años de defender la igualdad, la libertad y las instituciones, de cuidar a la República, de enfrentar a las mafias, de luchar con verdad e integridad pic.twitter.com/cgSSQgnMJS

— Maricel Etchecoin (@metchecoin) December 12, 2020

Hernán Reyes, miembro electo de la Mesa Nacional señaló que “quiero felicitar a Maxi por continuar al frente de este partido y también a Maricel y a Mariana y a todos los integrantes de la Mesa Nacional”.

“La CC es un imprescindible de la política argentina, somos un acorazado que hace mucha falta en el camino de construir una Argentina más justa, próspera y transparente. Ahí va a estar la CC para seguir insistiendo en ese camino”, añadió.

¡Gracias @mauriciomacri por ser parte del Congreso de la @ccari_ok!
¡Sigamos fortaleciendo @juntoscambioar! pic.twitter.com/eJtcAXZwLT

— Coalición Cívica ARI (@ccari_ok) December 12, 2020

¡Gracias @horaciorlarreta por participar del Congreso Federal de la @ccari_ok! El camino al futuro es mejor si vamos #juntos! 🇦🇷 pic.twitter.com/AruAXpmx4k

— Coalición Cívica ARI (@ccari_ok) December 12, 2020

Además de los congresales de la CC ARI, se recibieron videos con saludos de dirigentes de Juntos por el Cambio, como Horacio Rodríguez Larreta; el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri; la presidente del PRO Patricia Bullrich; el presidente de la Unión Cívica Radical Alfredo Cornejo; el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR Mario Negri y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

El presidente del interbloque de diputados de @juntoscambioar también se sumó a nuestro Congreso Federal. ¡Gracias @marioraulnegri! pic.twitter.com/T28y8O2DgQ

— Coalición Cívica ARI (@ccari_ok) December 12, 2020

La diputada nacional Mariana Zuvic (CC-ARI) se refirió este martes al pedido de citación de la titular de la Defensora del Público, Miriam Lewin, a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguridad de la Comunicación Audiovisual, con el objetivo que explique los fundamentos de la iniciativa NODIO, que ya despertó la polémica.

“La iniciativa NODIO genera confusión acerca del rol que el Estado tiene que tener sobre la libertad de expresión porque se intenta, desde un organismo estatal, decidir qué información es maliciosa o qué información verdadera o falsa. Y esto significa una injerencia directa sobre principios constitucionales, como el del artículo 14 o el 32, que claramente dicen que el Estado no puede intervenir sobre la libertad de prensa”, resaltó la legisladora.

La santacruceña consideró además que “el contexto de polarización político social no contribuirá precisamente a un desarrollo objetivo de esta vigilancia sobre los medios para determinar quién dice la verdad y quién no”.

“Si por medio del NODIO, la idea fuera realizar una investigación del origen de supuestas fake news, esto habilitaría a un Estado interventor que estuviera persiguiendo la opinión o determinada información hasta encontrar su supuesto culpable”, advirtió.

En consecuencia, aplicando la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, Zuvic planteó que “es necesario que la Defensoría del Público, organismo de origen y de control parlamentario, se presente ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguridad de la Comunicación Audiovisual, su organismo de supervisión, con el fin de dar cuenta de su gestión acerca del recientemente creado Observatorio de la Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas Digitales, teniendo en cuenta los cuestionamientos recibidos y la necesidad de su encuadramiento en el ordenamiento jurídico vigente para salvaguarda del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y del derecho a la verdad”.

El proyecto pide que Lewin informe sobre los programas de la iniciativa NODIO; los medios tecnológicos, recursos humanos y materiales disponibles; su viabilidad; y compatibilidad con la Constitución Nacional, en especial con el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión y con la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).

También, la diputada de la CC-ARI quiere que Lewin brinde detalles sobre la compatibilidad de los objetivos e instrumentación de la iniciativa NODIO con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y tribunales inferiores, y con los documentos y pronunciamientos de las ONG’s nacionales e internacionales defensoras de la libertad de prensa y de expresión y que combaten el control estatal abusivo y la censura previa e indirecta.