Las organizaciones no gubernamentales Sin Azul no Hay Verde (SANHV) y el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) reclaman la creación de un registro público de embarcaciones con información relevante y comprensible, accesible a toda la ciudadanía.
Las organizaciones no gubernamentales Sin Azul no Hay Verde (SANHV) y el Círculo de Políticas Ambientales (CPA) reclaman la creación de un registro público de embarcaciones con información relevante y comprensible, para que cualquier ciudadano pueda conocer cómo se gestionan los recursos naturales de nuestro país.
“Hoy la Argentina no cuenta con un registro público de las embarcaciones de pesca, sus permisos y cuotas, sus propietarios, y el historial de su conducta y/o sanciones, entre otros datos sensibles”, argumentaron.
A través de un informe elaborado por las organizaciones alertan sobre la sostenibilidad de la operatoria y la conservación de los recursos marinos. La actividad genera unos 2 mil millones de dólares al año.
El documento evalúa el desempeño del sector pesquero en lo que refiere a la transparencia en la toma de decisiones y en el acceso a la información pública. El informe describe el funcionamiento del sector, su composición y las normas que lo regulan y hace foco en aquellos procesos y datos clave que deben ser de libre y fácil acceso para la comunidad.
“A lo largo del año pasado, hemos escuchado hablar bastante del sector pesquero, algo que no es muy común, especialmente a raíz de los cambios regulatorios que el gobierno intentó aprobar a través de la Ley Bases. Se dice mucho del aprovechamiento privado, de los derechos de extracción, de la rentabilidad, de los impuestos, pero poco de la sostenibilidad de la operatoria y de la conservación de los recursos, que no sólo son importantes en términos ambientales sino también para la supervivencia de la propia actividad”, señaló Milko Schvartzman, responsable del Programa de Océanos del CPA y agregó: “También se habla de los dueños de las empresas pero nada sobre el desempeño de las embarcaciones, sobre todo cuando esto debiera ser relevante para la asignación de cuotas o permisos”.
El informe publicado por las organizaciones describe cómo funciona la pesca a nivel nacional en la Argentina; en el sistema de cuotas y permisos y el proceso de asignaciones; y en quienes son los actores intervinientes. Además, realiza una caracterización de la flota bajo bandera nacional y un relevamiento de la normativa que la regula, centrándose en la transparencia y acceso a la información de cuestiones clave de la actividad.
“En la actualidad acceder a la información pública sobre los procesos de toma de decisión y sobre el desempeño de las flotas, especialmente de las infracciones y sanciones, es bastante engorroso, ya que requiere de pedidos de información pública, rastreo y recopilación de actas, etc., y además la información publicada allí no es fácil de analizar por personas no expertas. Esto no debiera ser así, ya que se trata de información pública a la que cualquier ciudadano debería acceder, sobre todo si tenemos en cuenta que la actividad se sustenta en recursos que son comunes”, señaló por su parte Juan Coustet, Coordinador de Investigaciones e Informes de SANHV.
Desde las organizaciones sostienen que, a diferencia de otros países, la Argentina no cuenta con un registro público de las embarcaciones de pesca, sus permisos y cuotas, sus propietarios y/o beneficiarios directos, sus beneficiarios finales, los derechos de explotación con los que cuentan, el historial de su conducta y/o sanciones.
“Es necesario que las autoridades comiencen a interpretar a la Ley Federal de Pesca en el entramado más amplio de la normativa ambiental, desde la Constitución Nacional, pasando por la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y la Ley de Acceso a la Información Pública Ambiental”, reclamaron.
Y concluyeron en el documento: “En este marco, queda claro que el acceso a la información pública clara y accesible es un derecho de todos los ciudadanos y que la pesca no es una excepción. En esa línea, la creación de un registro de embarcaciones en línea, instrumento con el que vienen trabajando varias naciones del mundo, es un primer paso para transparentar la actividad, la toma de decisiones y el desempeño de las autoridades y del sector privado”.
La diputada de UP cuestionó la intención del Gobierno Nacional de "entregar el mar argentino a flotas extranjeras para su depredación sin control", y pidió la presencia de la canciller Diana Mondino en el Congreso para que brinde explicaciones.
La diputada nacional Agustina Propato (Unión por la Patria) presentó un proyecto que busca esclarecer “presiones ejercidas” por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sobre funcionarios de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura del Ministerio de Economía de la Nación, en medio de denuncias de pesca ilegal y monopolización del sector.
El proyecto indaga sobre múltiples aspectos relacionados con las denuncias presentadas en relación con la pesca ilegal y las actividades de la empresa Prodesur S.A., propietaria del buque Tai An, en particular sobre el incumplimiento de normativas vigentes y las presiones hacia funcionarios públicos.
Entre los principales interrogantes planteados por la diputada Propato se encuentran:
Entre los fundamentos, la iniciativa se respalda sobre “recientes hechos públicos, donde se destaca la renuncia del director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, debido a presiones desde la Cancillería Argentina, dirigida por la canciller Diana Mondino, y Pablo Ferrara Raisburg, Coordinador General de la Cancillería. Estas presiones incluían revertir órdenes relacionadas con el buque Tai An, sorprendido pescando ilegalmente merluza negra”.
“Las denuncias presentadas por empresas pesqueras de renombre alertaron sobre intentos de monopolización del sector por parte de Prodesur S.A., cuyo propietario, Liu Zhijang, ha sido señalado como un actor central en estas presuntas prácticas ilegales”, argumentó Propato.
A su vez, expresó: “Este escandaloso caso demuestra, a las claras, la firme intención del actual Poder Ejecutivo Nacional, de desregular toda la normativa impuesta por el Régimen Nacional de Pesca con el objetivo de entregar el Mar Argentino a flotas extranjeras para que procedan a su depredación sin ningún tipo de control por parte del Estado Argentino”.
En ese marco la legisladora nacional enfatizó que también evidencia "la inaceptable conducta desplegada por la Cancillería Argentina, y su titular Diana Mondino, que con amenazas a otros funcionarios del Estado Nacional realiza concesiones sobre nuestra soberanía marítima y territorial”, y exigió que debe rendir cuentas al Congreso Nacional “por tratarse de acciones incompatibles con su función, que no es ni más ni menos que la de la defensa soberana del Estado Argentino ante países extranjeros, estos hechos son gravísimos y constituyen a todas luces incumplimientos a los deberes de funcionario público”.
Luego del escándalo desatado al interior del Gobierno por el caso del buque chino, el senador radical presentó un pedido de informes al Ejecutivo.
Luego del escándalo desatado al interior del Gobierno por el caso de pesca ilegal de un buque chino, que desató la renuncia del exdirector de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, quien denunció presiones de Cancillería, el senador nacional Pablo Blanco (UCR) presentó un pedido de informes al Ejecutivo.
Dirigido directamente al subsecretario de Pesca y Acuicultura, Juan Antonio López Cazorla, el legislador reclamó información "en relación con la marea de pesca culminada el 20 de marzo de 2024 en el puerto de Ushuaia por parte del BP TAI AN, matrícula nacional 01530".
En la solicitud, el fueguino consultó si el barco "dispone de una cuota individual transferible de captura vigente para la especie merluza negra" y se detallen "las capturas obtenidas y el porcentaje de ejemplares juveniles de la misma".
También, "si las capturas de merluza negra fueron realizadas de conformidad con lo establecido por la Resolución del Consejo Federal Pesquero N°21" y "si han existido reportes por parte de los inspectores de pesca asignados al buque pesquero, precisando las medidas o actos administrativos que se adoptaron".
Finalmente, el radical consultó si "los criterios que guiaron la no aplicación de la interrupción del viaje de pesca habilitado por el artículo 55 de la Ley de Pesca".
Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro encabezan la petición para que la ciudadanía se una, a través de sus firmas, al reclamo por el tratamiento de tres proyectos que consideran fundamentales.
Los diputados nacionales de la Coalición Cívica Mariana Zuvic y Maximiliano Ferraro, presentaron este lunes la campaña "Salvemos el Mar Argentino", para concientizar acerca de las principales problemáticas que amenazan nuestro mar y el Atlántico Sudoccidental.
La campaña, impulsada bajo el hashtag #SalvemosElMarArgentino y que puede consultarse en la web www.salvemoselmarargentino.com.ar, busca movilizar a la ciudadanía, invitando a firmar y compartir una petición para exigir que el Congreso Nacional someta a tratamiento legislativo tres iniciativas que consideran "determinantes para alcanzar la ansiada conservación y uso sostenible de los recursos de nuestro Mar Argentino".
En primer lugar, se reclama que el Congreso apruebe el Acuerdo de Subvenciones para la Pesca de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que representa un importante avance para la sostenibilidad de los océanos. Dicho instrumento establece prohibiciones a las subvenciones perjudiciales a la pesca, las cuales hacen posible que sobredimensionadas flotas extranjeras que pescan a distancia, permanezcan más tiempo explotando los mares, favoreciendo la sobrepesca y el agotamiento de las poblaciones de peces en el mundo, y en muchas ocasiones ingresando en las zonas económicas exclusivas de otros países, incluyendo la Argentina.
También piden que se trate el proyecto de trazabilidad de la pesca, que aporta transparencia a la actividad, mejorando la competitividad de nuestros productos, reforzando la seguridad sanitaria y la protección del ambiente. Esta es una herramienta de doble imposición: exige tanto a los empresarios como a los importadores. El objetivo es acotar los mercados de productos derivados de la pesca INDNR (pesca ilegal, no declarada y no reglamentada).
Por último, los legisladores insisten en la importancia de contar con un organismo institucional en la Cámara de Diputados como el Observatorio de Pesca del Atlántico Sudoccidental. Solicitan que se trate el proyecto de creación del Observatorio, como una gran oportunidad para brindarle institucionalidad y un espacio acorde de debate a esta temática.
“Argentina es un país afectado por la pesca ilegal y por la sobreexplotación de recursos migratorios originados en nuestro mar. Necesitamos estar a la altura de las circunstancias, y para ello debemos avanzar en políticas claras para combatir este flagelo. Las tres iniciativas que componen nuestra propuesta van en ese sentido”, señaló Zuvic, impulsora de la campaña y presidenta de la Comisión de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios.
Por su parte, Ferraro, integrante de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, destacó que “conservar y usar responsablemente nuestro Mar Argentino es una de las claves para un futuro sostenible. Para cuidar nuestra soberanía económica y asegurar que nuestro mar siga aportando a la resiliencia climática, tenemos que actuar cuanto antes y avanzar con los distintos proyectos que hay en el Congreso Nacional para combatir la pesca ilegal”.
"Argentina cuenta con una riqueza y variedad de recursos marinos inigualables. La depredación llevada adelante en nuestros mares o sobre distintas especies migratorias impacta negativamente en la conservación de la biodiversidad y en la sostenibilidad de nuestros recursos", agregaron en un comunicado.
El legislador fueguino denunció que “es una vulneración directa a nuestra soberanía en la que urge empoderar a la Prefectura y la Armada para custodiar nuestros recursos y proteger nuestros mares”.
El diputado nacional Héctor Stefani (Pro – Tierra del Fuego) se refirió a la grave situación que padece el Mar Argentino frente a la depredación de la pesca ilegal, e instó a todos sus colegas a tratar su proyecto de ley que modifica integralmente el régimen federal de pesca.
“Argentina pierde entre 1.000 y 2.600 millones de dólares anuales a través de la pesca ilegal y la pesca no reglamentaria en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) producto de la falta de atención de lo que sucede en alta mar y de su potencial”, explicó Stefani en declaraciones radiales.
En ese sentido, remarcó que “el abandono y la desidia en materia marítima no solo derivó en que perdamos una de las flotas de marinas mercantes más importantes del mundo, sino también en que se vulnera nuestra soberanía todos los días”, y precisó: “Entre enero del 2019 y abril del 2021 se interceptaron al menos unas 800 señales de barcos ilegales (99% de ellos extranjeros) donde se detectaron 900.000 horas de ´pesca visible´ para los radares”.
“Esto es una vulneración directa a nuestra soberanía en la que urge empoderar a la Prefectura y la Armada para custodiar nuestros recursos y proteger nuestros mares”, afirmó el diputado que integra la coalición de Juntos por el Cambio.
En tanto, el legislador fueguino sostuvo: “Si la Argentina quiere recuperar la senda de la producción y el crecimiento para generar divisas que tanta falta hacen, entre otras cosas, no podemos continuar dándole la espalda al Mar”, y sumó: “Precisamos una política activa y estratégica de cara a la Pampa Azul, lo que implica comenzar por afirmar nuestra soberanía y desactivar la pesca ilegal”.
Stefani, quién también se desempeñó como director del puerto de Ushuaia, es sumamente crítico a la ley votada en el 2021. Por eso presentó un proyecto propio que hace hincapié en doblar las multas que propuso el gobierno y establece unidades en base al precio del combustible de CABA. Cuestión que no estaba aclarada (luego el Senado lo corrigió) en el proyecto del ejecutivo ya que los precios varían en cada distrito.
El proyecto de ley presentado por el diputado fueguino busca responsabilizar no sólo a los armadores y propietarios de los barcos, sino también a los capitanes que incurran en estas faltas. Además, prevé la pena de prisión para aquellos casos donde haya antecedentes de multas previas.
También suma políticas sobre lo decomisado. Esta ley pretende que esta mercadería se venda a un 25% del precio del mercado y esos ingresos sean destinados a plantas procesadoras o industrias nacionales que generen valor agregado.
A su vez, establece los montos de las multas sean destinados a la fuerza que capture la embarcación -Prefectura o Armada- y que la aplicación de estas sanciones se efectúe junto a la SIGEN y la AGN en conjunto con la asesoría técnica del INDIEP a fin de evitar cualquier hecho de corrupción.
La diputada de la Coalición Cívica Mariana Zuvic advirtió por "la entrega de soberanía" a China y Rusia.
La diputada nacional Mariana Zuvic (CC-ARI), junto a legisladores de Juntos por el Cambio, solicitó a la Cancillería que tome medidas para impedir que continúe la pesca ilegal en el Mar Argentino. “La geopolítica de las vacunas significó la pérdida de miles de vidas y la entrega de soberanía tanto a Rusia como a China”, denunció la opositora.
En la iniciativa, se solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Felipe Solá, que "adopte las medidas políticas y diplomáticas necesarias ante la grave situación que hoy afecta al Mar Argentino, ya que ha sido probado el uso inadecuado del sistema AIS (Sistema de Identificación Automática) en los buques de pabellón extranjero que se encuentran navegando próximos al borde del límite exterior de la Zona Económica Exclusiva, afectando esta situación la seguridad en el mar y avalando el encubrimiento de actividades ilícitas como la pesca ilegal, el tráfico de armas y/o drogas, y la trata de personas".
“La geopolítica de las vacunas significó la pérdida de miles de vidas, y la entrega de soberanía tanto a Rusia como a China”, enfatizó Zuvic, que agregó: “No eran los glaciares, sino el Mar Argentino a China, y el futuro de la Nación a Rusia”.
Y acusó que "nos están vendiendo en el mercado negro de la geopolítica que dejará a la Argentina en el peor de los mundos”.
De acuerdo a un estudio de la organización Oceana, "se demuestra que las flotas extranjeras que operan en el Atlántico Sur, justo al borde de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de la Argentina, realizan prácticas regulares de interrupción de sus sistemas de identificación y localización", lo que confirma lo denunciado hace meses por Zuvic.
También con esos datos se condicen los análisis realizados por las fuerzas de seguridad nacionales y otros investigadores locales que concluyen sobre la operación furtiva premeditada de buques extranjeros, con el objeto de encubrir actividades ilícitas como la pesca ilegal, el tráfico de armas y/o drogas, y la trata de personas.
"La alarmante situación en el Mar Argentino viene siendo alertada y denunciada ante el Ministerio y aún existe una ausencia de medidas con el fin de resguardar la seguridad y soberanía nacional, lo que deja desprotegidos nuestros recursos y además permite pérdidas económicas y que se afecte la seguridad alimentaria de nuestro país", señaló la diputada.
En ese sentido, apuntó que "para entender la dimensión de esta falta de control es importante tener en cuenta que el monitoreo de la actividad pesquera a través del AIS permite a los estados el acceso rápido en tiempo real al estado de situación de la región a monitorear sin la necesidad, en muchos casos, de disponer de barcos o aeronaves permanentemente en la zona para la vigilancia, evitando así los riesgos que conlleva para las tripulaciones y los abultados costos económicos por lo tanto que hayan incurrido en ser apagados es un grave problema para el control y monitoreo del Mar Argentino".
Además, recordó que "tan sólo en los últimos cinco años se han capturado diez embarcaciones pesqueras ilegales, subsidiadas y con transmisores de AIS desactivados de los siguientes países: seis chinas, una española, una coreana y una portuguesa, esto sin contar los casos en los que los pesqueros ilegales de estos países lograron escapar". "Ningún país de Sudamérica sufre la pesca ilegal como Argentina. Para revertir un problema creciente es necesario que se ejerza soberanía y una política exterior activa", resaltó la legisladora de la Coalición Cívica.
En el proyecto se solicitó también la citación a los representantes diplomáticos de los Estados del pabellón de los buques pesqueros involucrados en las acciones realizadas y denunciadas como sospechosas de presunta ilicitud, que testimonien ante la OMI (Organización Marítima Internacional) sobre la desconexión intencional del AIS (Sistema de Identificación Automática) de barcos pesqueros extranjeros (chinos, surcoreanos, españoles y taiwaneses), en un área de aguas internacionales comprendida desde la frontera de la Zona Económica Exclusiva de Argentina (200 millas) hasta 20 millas náuticas mar adentro (220 millas); y el apoyo del gobierno argentino a la celebración de un acuerdo internacional, en el marco de la OMC (Organización Mundial del Comercio), que se negociará durante la Reunión Ministerial Informal del mes de julio próximo, con vistas a cerrar el texto definitivo en la XII Conferencia Ministerial de la OMC, a llevarse a cabo en Ginebra (Suiza) del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021.
“Hemos denunciado no sólo la depredación y la pesca ilegal, sino los vínculos directos con delitos complejos como el crimen organizado, la trata de personas, el tráfico de drogas y de armas”, concluyó Zuvic.
Es por imágenes donde se observa la proliferación de embarcaciones de distintas banderas extranjeras sin autorización. El pedido es encabezado por el diputado Menna.
El diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut) pidió junto a sus pares patagónicas Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz) que el Poder Ejecutivo Nacional tome medidas urgentes e intensifique los patrullajes con todos los medios a su disposición para desalentar la presencia de buques extranjeros en la Zona Económica Exclusiva argentina sin permisos de pesca, de manera de proteger los recursos y garantizar la soberanía en el mar.
El reclamo, realizado a través de un proyecto de resolución, tuvo como disparador la reciente difusión de imágenes -a través de redes sociales y medios de comunicación de alcance local y nacional- en las cuales se observa, a partir de sobrevuelos realizados por particulares, la proliferación de embarcaciones de distintas banderas extranjeras sin autorización en la Zona Económica Exclusiva.
Menna, Matzen y Reyes solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional “la adopción de medidas de defensa efectivas del Mar Argentino y sus recursos pesqueros ante la incursión en la Zona Económica Exclusiva de buques pesqueros extranjeros sin permisos de pesca otorgados por la República Argentina”.
En particular, pidieron desplegar y emplear “a ese fin defensivo todos los medios navales, aéreos, electrónicos y satelitales disponibles de patrullaje, disuasión, persecución y captura para garantizar la soberanía nacional y la protección de los recursos naturales existentes en nuestro mar”.
“Una flota de casi 400 buques pesqueros de matrícula extranjera que carecen de permisos de pesca otorgados por la República Argentina se encuentra operando en el Mar Argentino a la altura del Golfo San Jorge”, observaron.
Indicaron los legisladores que aunque la flota opera más allá de la milla 200, “ha sido detectada incursionando en la Zona Económica Exclusiva de nuestro país, con lo que dicha actividad es ilegal”.
“Esta modalidad de situarse en el límite externo de la Zona Económica Exclusiva y efectuar incursiones furtivas y sin permiso en el caladero argentino demanda el mayor esfuerzo de vigilancia y defensa de esos recursos. No solo está en juego una cuestión de preservación del recurso y de lo que ello implica en términos económicos, sino también de soberanía nacional”, manifestaron.
Por Carlos Lionel Traboulsi. El dirigente del Partido demócrata cristiano CABA alerta sobre el enorme daño que puede causar ser indiferente ante el avance de la pesca ilegal en el Atlántico Sudoccidental.
La Argentina tiene por delante distintos desafíos, uno de ellos y quizás el más importantes es el desarrollo de una cultura del encuentro basada en una auténtica revolución moral que nos permita llevar adelante políticas de estado cuyo objetivo sea la construcción de caminos de prosperidad y crecimiento.
Una nueva visión estratégica incorporando a la matriz industrial productiva actual al mar como actor protagónico, nos permitirá generar los ingresos suficientes para poder generar trabajo y desarrollo para todos los argentinos.
Las riquezas del mar y el desarrollo poblacional y urbano de nuestra costa son inmensos, pero también su protección soberana y ecológica es esencial.
No escapa al entendimiento general que la sobre explotación de los recursos ictícolas genera modificaciones irreversibles en el ecosistema generando en forma muy rápida la muerte de nuestros mares y eso es lo mismo que decretar la defunción de la humanidad.
Estamos siendo testigos últimamente gracias a la atención que le están prestando los medios de comunicación, de la gran cantidad de buques extranjeros en el mar argentino frente al Golfo San Jorge.
El agua es la que genera la vida y si esa agua muere dejando de ser apta para la cadena de desarrollo biológico de la vida, estamos en un gran problema.
Hoy la pesca en el mundo, y la Argentina no es ajena a eso, está en manos de un sistema industrial y comercial sin límites. La pesca ilegal se extiende a todos los océanos y mares, en particular en nuestro atlántico sudoccidental donde más de 400 buques en forma permanente amparados por el Reino Unido y la indiferencia de nuestras autoridades, generan una depredación de más de un millón de toneladas de pescados y mariscos al año.
Pero lo grave no es solo lo que ello significa en dinero valuado en más de cuatro mil millones de dólares, sino lo que significa en esa cadena de vida que se destruye. Ese millón de toneladas anuales implica muchísimas más toneladas de pesca incidental que termina siendo descartada. La pesca de descarte mata ballenas, delfines, tiburones, focas, variedad de peces, etc. que son regresadas al mar sin vida. La ausencia de estas especies destruidas en la cadena de equilibrio marino que son esenciales, genera una interferencia tal que hasta los corales sufren extinción. Se destruye la trama trófica. En Argentina solamente se descartan unas 500 mil toneladas al año.
Si los peces en sus distintas especies desaparecen y se modifica la regla que el más grande se come al más chico, la ausencia de alimentos va destruyendo a las distintas especies generando la perdida de oxígeno de las grandes extensiones de agua que son el pulmón más importante del planeta.
Esta situación solo nos lleva a la muerte como especie humana. Son conclusiones impactantes y extremistas, pero no estamos lejos de este apocalipsis si los gobiernos no toman decisiones firmes frente a la pesca ilegal, las mafias, piratas, traficantes, mercenarios, etc. que conviven dentro de este submundo de la pesca, tan o más peligroso y agresivo que el narcotráfico y la trata de personas.
Debemos generar políticas adecuadas para proteger nuestros recursos y la sustentabilidad real de la explotación pesquera, haciendo realidad un recurso que hoy está en manos de extranjeros en forma ilegal y que los argentinos necesitamos. Debemos generar políticas de estado adecuado a ello, modificación del código penal, conformación de una gran unidad latinoamericana trabajando en el cuidado de nuestros mares como países ribereños asociados con los países de África Occidental, logística adecuada para impedir la depredación pesquera extranjera, continuar con las zonas y épocas de veda, zonas de protección, observadores, inspectores, etc.
No engañarnos con sellos de calidad y de no pesca de descarte que se coloca en los envoltorios de los productos marítimos en el mundo que tienen solo un fin lucrativo, ya que ellos son de incierta comprobación por cuanto en la mayoría de los casos queda en manos de la honestidad de los capitanes de barco que están en gran número sujetos a la voluntad de sus empleadores para mantener el trabajo. Hay falta de observadores e inspectores en alta mar y los que hay se les dificulta la tarea, siendo público en muchas partes del mundo la desaparición de estos funcionarios durante las travesías.
No somos conscientes del daño que nos estamos causando, tanto desde el punto de vista económico al darle la espalda al mar, como al permanecer indiferentes con el daño monumental que se está haciendo en nuestro Atlántico Sudoccidental que todavía está a tiempo de ser recuperado.
Argentinos, la patria somos todos y debemos garantizar la vida y los recursos para nosotros y para las generaciones venideras.
En el encuentro se ponderaron acciones para proteger la soberanía marítima y el control de la pesca ilegal de buques de bandera extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina.
La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, mantuvo un encuentro interministerial con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto -encabezadas por el Vicecanciller, Pablo Tettamanti y por el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus- y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, representado por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman. Además, estuvo presente el subjefe de la Prefectura Naval Argentina, Jorge Bono.
“El objetivo de la reunión fue el de evaluar y dar continuidad a los trabajos realizados durante 2020 para la protección de la soberanía marítima y el control de la pesca ilegal de buques de bandera extranjera dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), así como para planificar las acciones que se realizarán durante 2021”, explicó Frederic.
De hecho, durante la jornada se retomaron los principales ejes del encuentro de mayo pasado cuando, encabezado por el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, se analizaron los protocolos de actuación y los mecanismos de vigilancia y control para prevenir los delitos que afectan los recursos marítimos del país y su soberanía sobre la plataforma de 200 millas de exclusión.
“Asumimos la decisión de proteger nuestros recursos estratégicos en el marco de un trabajo coordinado entre todas las instancias del Estado para, a fin de cuentas, cuidar nuestra soberanía”, afirmó la ministra de Seguridad.
Las carteras que tomaron parte del encuentro vienen coordinando las acciones integrales de las diferentes áreas del Estado que tienen injerencia en las políticas que atañen al control, vigilancia y monitoreo del Mar Argentino. De hecho, el año pasado se realizaron campañas, seminarios y capacitaciones para ampliar los alcances de estas políticas que promueve el gobierno nacional.
Al respecto, Liberman afirmó “Es fundamental coordinar acciones para profundizar el patrullaje y control de nuestras aguas y recursos. En 2020 hemos modificado la Ley, incrementado las multas y generado nuevas sanciones, y hemos apresado la cifra más alta de buques ilegales desde el 2006. Este año lo arrancamos con más coordinación para profundizar este camino”.
En la misma línea de análisis, el Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería, Daniel Filmus, destacó que "el trabajo coordinado y constante de los ministerios del gobierno nacional es fundamental para defender la soberanía sobre el mar y los recursos nacionales que pertenecen a los argentinos y las argentinas, en el marco de una estrategia de desarrollo nacional mirando al Atlántico Sur".
Luego, Filmus, subrayando lo mismo que Liberman, sostuvo: "el año pasado trabajamos fuertemente y logramos la sanción unánime de tres leyes que contribuyen directamente a la defensa de nuestros recursos. Vamos a avanzar con acciones coordinadas que fortalezcan la presencia, vigilancia y control para enfrentar la pesca ilegal".
En ese marco, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación que conduce Luis Basterra y la Prefectura Naval Argentina, fuerza dependiente de la cartera de Seguridad y que conduce el Prefecto General Mario Rubén Farinón, firmaron un acta para la transferencia de recursos económicos del Fondo Nacional Pesquero a la Prefectura, para fortalecer las tareas de vigilancia y control que viene desarrollando la fuerza federal.
Por otro lado, las y los funcionarios analizaron el actual estado de situación en las zonas aledañas a las Islas Malvinas dentro de la ZEEA y en la zona adyacente a su límite exterior. Asimismo, las autoridades de la Prefectura Naval expusieron y detallaron el despligue actual de la flota pesquera nacional en la ZEEA, de la flota pesquera extranjera que se encuentra dentro de la ZEEA, aledaña a las islas Malvinasy de aquella q se encuentra actualmente fuera de la ZEEA, en la denominada zona adyacente, o en tránsito hacia ella.
La ministra Frederic fue acompañada por la titular de la Unidad Gabinete de Asesores de esta cartera, Cecilia Rodríguez. Además, estuvo presente la coordinadora de Política Oceánica y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Josefina Bunge.
En tanto, por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca asistió también el director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez.
Diputados radicales, encabezados por los tucumanos Lidia Ascárate y José Cano, quieren que los funcionarios informen en el Congreso sobre hechos ocurridos en los últimos días.
Los diputados radicales Lidia Ascárate y José Cano presentaron un proyecto por el que solicitan citar a la Cámara de Diputados al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al canciller, Felipe Solá, para que brinden "información precisa de los hechos conocidos en los últimos días sobre pesca ilegal de buques extranjeros en el Mar Argentino".
Estos hechos “resultan en una clara vulneración a la soberanía nacional, además de poner en peligro los recursos naturales de nuestro país”, enfatizó la diputada Ascárate.
Los legisladores tucumanos manifestaron su "preocupación" ante la noticia de que "un grupo de más de 500 embarcaciones abandonaron Chile y ya se encuentran en aguas argentinas de manera ilegal para la extracción y depredación de calamares y otras especies marinas".
Ascárate fustigó que desde el Gobierno “lo único que hicieron fue modificar los regímenes de infracciones y sanciones contemplados en la Ley Federal de Pesca N°24.922. El tope de multa alcanzado, en el caso de que las agencias abocadas al control del espacio marítimo intercepten un buque extranjero ilegal, hace que el valor a pagar por cada buque capturado sea ínfimo e irrisorio, teniendo en cuenta que la pesca ilegal es una actividad que genera unos 15.000 millones de dólares por año”.
Por su parte, Cano explicó los hechos que suceden actualmente en aguas soberanas argentinas. “El modus operandi de estas embarcaciones es lo que se denomina 'alambrar', que consiste en que los barcos pesqueros navegan al borde del límite y aprovechan cuando no hay vigilancia, para ingresar a pescar ilegalmente dentro del Mar Argentino que es donde se producen las mayores capturas de calamar”, señaló.
El diputado aseguró que "es de extrema necesidad que el Gobierno nacional adopte medidas de prevención para evitar la pesca ilegal en nuestro Mar Argentino y, de ser necesario, proteste ante los países que subsidian la pesca ilegal, y recurra a organismos internacionales para buscar una solución definitiva. La defensa de nuestra soberanía nacional es un derecho y obligación irrenunciable del Estado Nacional”.
La iniciativa fue acompañada por los radicales Estela Regidor, Gabriela Lena, Claudia Najul, Lorena Matzen, Gustavo Menna, Gerardo Cipolini, Álvaro de Lamadrid, Luis Pastori, Roxana Reyes, Carla Carrizo, Sebastián Salvador, Gonzalo del Cerro y Karina Banfi.
La diputada nacional Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley en la Cámara baja para tipificar a la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) como un delito. En concreto, establece la reclusión o prisión de 3 a 15 años a quien afectara el ecosistema pesquero y marítimo y la sostenibilidad de las […]
La diputada nacional Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley en la Cámara baja para tipificar a la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) como un delito. En concreto, establece la reclusión o prisión de 3 a 15 años a quien afectara el ecosistema pesquero y marítimo y la sostenibilidad de las especies en esta área, o sus recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE argentina que se encuentren más allá de las doscientas millas marinas.
La iniciativa modifica el artículo 186 del Código Penal, al incluir las penas por el delito de la pesca ilegal. Entre los delitos, contempló la pesca ilegal no declarada y no registrada (INDNR); el transporte de explosivos o sustancias tóxicas como método de extracción o pesca; utilizar artes de pesca no autorizadas por la Autoridad de Aplicación; impedir o dificultar el desplazamiento de los peces en sus migraciones naturales; y capturar o extraer recursos pesqueros en áreas o épocas de veda.
De este modo, busca evitar la pesca ilegal que se realiza en Malvinas, donde se otorgan licencias infringiendo todas las leyes nacionales e internacionales. También, impedir que cientos de buques extranjeros depreden los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sudoccidental. China, España y Corea del sur son los principales países de donde provienen los barcos, indicó el proyecto.
Por año, más de 300 buques extranjeros han llegado a pescar hasta 800 mil toneladas de recursos pesqueros (calamar, merluzas, entre otros) fuera de la plataforma argentina, libres de todo control, regulación ni ordenamiento, según un informe de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras). Asimismo, la pesca ilegal y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una pérdida para el país de entre USD 1.000 y USD 2.000 millones al año, según estimaciones de esta organización civil.
En distintos foros desde la década del noventa se promueve el combate contra la pesca ilegal. Por caso, el Comité de Pesca de la FAO elaboró en 2001 un Plan de Acción Internacional (PAI) no vinculante, para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR). Sin embargo, después de casi treinta años, casi todos los países que pescan a distancia siguen efectuando pesca ilegal. Así lo indicó un informe elaborado por el experto en pesca César Lerena.
Por otro lado, el proyecto de Vallejos busca ir más allá de la Ley 27564 que aprobó el Congreso en septiembre de 2020, cuando modificó el régimen federal de pesca e introdujo aumentos en las multas por pesca ilegal. “Resulta conveniente contar con mayores medios necesarios para el control debiendo decomisar el buque y las materias primas”, sostuvo la iniciativa.
A su vez, la medida destacó una serie de disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (CONVEMAR), que establecen que los Estados ribereños deberán determinar la captura permisible en su ZEE, asegurar la preservación de las especies, que no haya exceso de explotación y garantizar las necesidades económicas de las comunidades pesqueras.
En otras partes del mundo existen medidas o documentos contra la pesca ilegal y sus implicancias en el ecosistema y la economía. En 2014 el Reino Unido en su documento de Estrategia de Seguridad Marítima expuso “la necesidad de protección contra las amenazas de su dominio marítimo, incluida la pesca ilegal”. Ese mismo año, la Unión Europea incluyó a la pesca ilegal como una amenaza para la seguridad marítima de sus Estados miembros. Mientras que en 2016 el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos publicó un informe exclusivo sobre el tema de la pesca ilegal (IUU), y lo definió como una amenaza para la seguridad alimentaria y económica, que beneficia al crimen organizado transnacional.
El segundo proyecto (de resolución) de Vallejos en materia de pesca pide al Ejecutivo nacional la instalación de radares para la “vigilancia y control” del tráfico irregular de los barcos en la ZEE del país.
Solicitó que “a través de los organismos competentes en la materia, disponga la instalación de equipos de radarización con las especificaciones técnicas adecuadas para la vigilancia y control estricto de la navegación, tráfico irregular o ilícito, pesca en el espacio marítimo de superficie, submarino y aéreo de la Zona Económica Exclusiva en el Atlántico Sur a efectos de garantizar la preservación de los recursos naturales en pleno ejercicio de sus derechos soberanos”.
Detalló asimismo que en el millón de km2 de ZEE, en 2004 operaban 95 barcos ilegales, mientras que hoy aumentó a alrededor de 500 los barcos piratas con el trasponder de identificación-localización silenciado. Durante el día, estos navegan en la milla 201, en aguas internacionales, y de noche se cuelan en la ZEE argentina. Están siempre ocultos por la curvatura terrestre, salvo para las pocas patrullas navales o aéreas de la Armada o de la Prefectura Naval Argentina.
Una de las tecnologías que planteó el proyecto incluye los radares de Superficie de Alta Frecuencia, (High Frequency Surface Radar ) que emiten en banda HF (entre 10 y 100 metros de longitud de onda) desde una matriz de antenas radiantes cercanas a otra matriz de antenas receptoras, todas en la costa. Ya en 2004 este tipo de radares los utilizaban Australia, Reino Unidos, Estados Unidos, China y Rusia, especificó el proyecto.
En las últimas décadas, Prefectura logró 2,5 capturas por año en promedio. Las naves piratas, que pasaron de 95 a 500, causan pérdidas de USD 2000 millones a USD 3000 millones, según cálculos de César Lerena. Con el valor agregado del packaging y la distribución, puesta en anaquel en Vigo o en Shangai, esa pesca representa USD 14.000 millones, de acuerdo a este experto en pesca.
“Poner orden va a requerir de otros radares, con tecnologías más disruptivas. Desplegar seis estaciones fijas de radar transhorizonte de tipo HFSWR podría costar dos días de rapiña pesquera”, concluyó el proyecto.
Los proyectos cuentan con la adhesión de 19 diputados del Frente de Todos, a saber: Carolina Yutrovic, Aldo Leiva, María Jimena López, Graciela Landriscini, Liliana Schwindt, Blanca Osuna, Mayda Cresto, Alicia Aparicio Rosa Muñoz, Mabel Caparrós, Claudia Ormachea, Lía Caliva, Alejandra Obeid, María Rosa Martínez, Marcelo Koenig, Claudia Bernazza, Héctor Fernandez, Nancy Sand y Ayelén Spósito.
La primera norma apunta a aumentar las multas por la pesca ilegal, mientras que la segunda tiene como objetivo reequiparar a las Fuerzas Armadas. Ambas fueron sancionadas por el Senado hace dos semanas.
El Gobierno nacional promulgó este jueves la Ley 27.564 de Régimen Federal de Pesca, mediante la cual se aumentan las multas para quienes realicen esta actividad ilegalmente.
La norma, publicada en el Boletín Oficial, modificó artículos de la Ley 24.922, de 1998, con el fin de indicar los nuevos montos y la forma en que se medirán.
De esta manera, se establecen las Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil. “La autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP”, señala.
Además, "las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el artículo 54 bis de esta ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sentencia judicial”.
La multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca. “Cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP”, prevé la Ley.
En tanto, “cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP”.
Entre otros cambios, además de mantener el texto del artículo 54, donde establece que tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la nueva norma incorpora que “todo ello” será “sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder”.
Por otra parte, se publicó también este jueves en el Boletín Oficial la Ley 27.565 que crea el Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF), con el objetivo de reequiparar a las Fuerzas Armadas mediante la recuperación, modernización y/o incorporación de material.
En tanto, para el destino de los recursos deberán tenerse en cuenta los criterios de: favorecer la sustitución de las importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa; promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico; incrementar las acciones de investigación y desarrollo en los sectores público y privado; y mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional.
El FONDEF estará integrado con las partidas presupuestarias de 0,35% para el 2020; el 0,5% para el año 2021, el 0,65% para el 2022; y el 0,8% para el 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios.
El aporte al Fondo será independiente de los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el Presupuesto Nacional.
También, estará conformado con los aportes de personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, como así también otras fuentes de financiamiento de origen nacional e internacional; y con las donaciones, legados y/o herencias que se efectuaren en su favor.
La Ley prevé que el FONDEF deberá ejecutarse anualmente en su totalidad, pudiendo excepcionalmente disponerse hasta un 10% en concepto de remanente no atribuido al objeto de la norma. En este supuesto, el remanente será imputado al ejercicio siguiente.
Por otra parte, las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras del Congreso serán competentes para intervenir en el seguimiento del proceso de reequipamiento de las FF.AA. llevado a cabo a través del FONDEF. A tal efecto se les asigna una serie de funciones como recibir el plan anual de inversiones, recibir informes semestrales, requerir informes al Ministerio de Defensa, verificar la ejecución presupuestaria de los recursos mencionados y formular observaciones y sugerencias.
El secretario de Malvinas consideró que “elevar las sanciones a la pesca ilegal significa defender los recursos de los 45 millones de argentinos y argentinas”.
El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, consideró que elevar las sanciones y multas a quienes ejerzan la pesca ilegal en aguas argentinas significa “defender los recursos de los 45 millones de argentinos y argentinas”, al referirse a la aprobación definitiva que la Cámara de Senadores dio al proyecto de ley enviado por el presidente Alberto Fernández con el objetivo de “afianzar la soberanía nacional”.
“El aumento de las multas a la pesca furtiva busca ser un disuasivo que permita colaborar con la conservación y el manejo eficiente de estos recursos, además de afianzar la soberanía de nuestro país sobre el Atlántico Sur, incluyendo las aguas que circundan a las Islas Malvinas”, aseguró el funcionario.
“Destacamos el consenso alcanzado sobre la importancia de consolidar nuestra soberanía con políticas de Estado a largo plazo”, continuó Filmus al reafirmar el camino trazado por el presidente de la Nación en sus discursos de asunción y de apertura de las sesiones legislativas. “Por ese motivo consideramos un aporte al fortalecimiento de nuestra democracia el acuerdo logrado en el Congreso Nacional, donde recientemente fueron sancionadas por unanimidad las leyes de creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas y de demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina”, concluyó.
El proyecto de reforma de la Ley Federal de Pesca (24.922) fue elaborado en forma conjunta por los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Agricultura, debatido con las cámaras del sector, aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y dictaminado en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
La norma sancionada actualiza las multas a la pesca ilegal que habían sido fijadas en el año 1998, en épocas de la convertibilidad. Estas multas, estipuladas en pesos, después de más de veinte años resultan irrisorias. Actualmente la multa máxima (que en su momento equivalía a 10 millones de dólares) es de 10 millones de pesos, es decir, algo menos de 150 mil dólares.
La nueva ley otorga a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación herramientas dinámicas e incorpora un régimen de multas variable basado en unidades de valor relacionadas al costo del combustible, con montos equivalentes que van de los 500 mil litros a los 3 millones de litros de gasoil, de acuerdo a la gravedad del delito, con un piso de 25 millones de pesos y un techo de 150 millones de pesos, considerando los valores de mercado actuales.
En el caso de embarcaciones extranjeras, la penalidad aplicable es la más alta ya que se trata de buques que pescan sin permiso de la Argentina. Adicionalmente, la autoridad de aplicación puede disponer la captura y retención del buque de bandera extranjera en puerto hasta que, previa sustanciación del respectivo sumario, se haga efectivo el pago de la multa impuesta.
A diferencia del sistema actual, el infractor tendrá que hacerse cargo de todos los gastos en los que incurra el Estado Nacional en función de su captura, sin límite de tipo de gasto ni de monto. “Estamos hablando de costos que son muy altos, ya que se trata de persecuciones con buques de la Prefectura y de la Armada que a veces también requieren el despliegue de aviones”, remarcó Filmus.
Otra sanción que estaba establecida en la ley y se mantiene consiste en el decomiso de la bodega (de todo lo que se haya pescado), salvo que el infractor opte por depositar el importe de la mercadería.
Por unanimidad, el oficialismo aprobó la iniciativa que es objetada por Juntos por el Cambio por la forma en que se votó en la Cámara de Diputados. Establece un nuevo mecanismo para medir los montos, a través de "Unidades Pesca", que equivalen a un litro de gasoil.
El Senado convirtió en ley este miércoles el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para aumentar las penas a la pesca ilegal. La iniciativa cosechó 41 votos a favor y ninguno en contra, en un debate breve que estuvo marcado por la ausencia del grueso de la oposición.
Desde Juntos por el Cambio cuestionan la validez del proyecto por la forma en que se votó en la Cámara de Diputados, donde el mismo espacio objetó la manera en que se renovó el protocolo para llevar adelante esa sesión del pasado 2 de septiembre.
Sobre ese tema, el puntano Adolfo Rodríguez Saá recordó que en el tratamiento en comisiones "los miembros de Juntos por el Cambio plantearon que este proyecto fue tratado en Diputados en aquella reunión que ellos califican de escandalosa" y "como estaba judicializado no lo podíamos tratar". "Nada más alejado de la realidad", remarcó.
El oficialista explicó que "el principio básico del derecho administrativo es la presunción de legitimidad de los actos administrativos", los cuales "se presumen legítimos hasta que haya una sentencia que diga que no es legítima o un acto de la misma administración que los revoque". "Entonces, los actos de la Cámara de Diputados se presumen legítimos", agregó y criticó la actitud de Juntos por el Cambio "poco republicana y poco democrática; ellos deben participar, dar sus opiniones y actuar con lealtad".
Sobre la iniciativa, el titular de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca afirmó que la ley "tiene que ver con la soberanía, con la defensa de la producción, con la enorme trascendencia que tiene la pesca en el sistema productivo de la Argentina".
También, precisó que la pesca ilegal tiene "una significación" de pérdida de "entre 1.000 y 2.000 millones de dólares anuales", además de producirse "un daño ambiental, porque no tienen límites, alterar el ecosistema y depredar nuestras especies".
"Estamos defendiendo la soberanía argentina sobre nuestros mares y aguas jurisdiccionales, es una política de Estado", sostuvo y homenajeó a los tripulantes del submarino ARA San Juan como "estos héroes que se encontraban justamente cumpliendo una misión: patrullando nuestro territorio y defendiendo nuestros intereses frente a las actividades ilegales desarrolladas por buques extranjeros".
A su turno, la fueguina María Eugenia Duré recordó que "durante cuatro años el gobierno de Mauricio Macri eliminó de la agenda el tema de la soberanía y Malvinas", mientras que con esta ley "estamos diciendo que no vamos a claudicar en nuestro reclamo".
Muy crítica de la gestión anterior, la oficialista apuntó que "durante los cuatro de Cambiemos solamente fueron capturados dos buques" mientras que "en lo que lleva la gestión de nuestro presidente (Alberto Fernández) ya llevan tres buques". "Si hubiésemos apresado a los buques que correspondían, hubiéramos tenido una recaudación de 430 millones de pesos", aseguró.
Sobre la iniciativa, ponderó que "previamente fue trabajada entre diversos ministerios" y remarcó que "desde 1997, cuando el peso equivalía a un dólar, que no se hacían las modificaciones correspondientes" a la ley.
El otro orador del debate fue Jorge Taiana, quien sostuvo: "La pesca es un negocio extraordinario, Argentina exporta en los últimos años alrededor de 2.000 millones de dólares, exporta mucho langostino, exporta mucho calamar, y sobre todo tiene una situación de necesidad de preservar nuestro recurso que es depredado y los británicos en las islas no hacen más que depredar los recursos".
"Esta ley es parte de una visión más amplia, que busca recuperar la mirada hacia el Atlántico Sur, las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur, y sus espacios marítimos circundantes, y la proyección de la Atlántida argentina como un sector de desarrollo", destacó.
La norma modifica varios artículos de la Ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922), sancionada en 1998. Además, incorpora el artículo 51 bis, el cual detalla los nuevos montos de las multas y cómo se medirán.
La ley indica que “la sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil” y “la autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP”.
“Las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el artículo 54 bis de esta ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sentencia judicial”, agrega.
Asimismo, se establece que la multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca. “Cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP”, señala.
En tanto, “cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP”.
Entre otros cambios, además de mantener el texto del artículo 54, donde establece que tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la nueva norma incorpora que “todo ello” será “sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder”.
Los tres pedidos de acuerdo serán tratados este miércoles desde las 14 en sesión especial. Antes, deberá ratificarse la prórroga del formato virtual. También se debatirán proyectos sobre el Fondo Nacional de la Defensa y la pesca ilegal.
En una sesión que promete cargarse de polémica, el oficialismo buscará anular en el Senado los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, dispuestos durante la gestión anterior de forma “irregular”, según sostiene el Frente de Todos.
Los pedidos de acuerdo de los tres jueces serán tratados desde las 14 en una sesión especial, donde primero deberá ratificarse la prórroga del funcionamiento virtual, a través del decreto 14/20, firmado este lunes por la vicepresidenta Cristina Kirchner.
El pasado 4 de septiembre, el oficialismo firmó en la Comisión de Acuerdos dictámenes de rechazo a los traslados de Bruglia y Bertuzzi, ambos intervinientes en la causa de los “cuadernos de la corrupción” y ausentes en la reunión.
Los jueces fueron trasladados desde el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de la Capital Federal a la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, en un procedimiento que el kirchnerismo objeta.
Del mismo modo, el bloque presidido por José Mayans buscará rechazar el traslado de Castelli del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 3 de San Martín, provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 7 de la Capital Federal.
En la sesión de este miércoles también se tratará el proyecto para aumentar multas por pesca ilegal, que ahora se medirán en unidades de valor denominadas “Unidades Pesca” (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil.
El último proyecto del temario obtuvo dictamen unánime este lunes y apunta a crear un “Fondo Nacional de la Defensa” (FONDEF) que servirá para reequipar a las Fuerzas Armadas con un porcentaje del total de ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Nacional.
Sin la presencia de Juntos por el Cambio, y tras las exposiciones de funcionarios, el oficialismo avanzó con la firma de la iniciativa que se aprobó la semana pasada en la polémica sesión de la Cámara de Diputados.
El Frente de Todos en el Senado firmó dictamen de mayoría (11 votos afirmativos) al proyecto de ley que busca aumentar las multas por la pesca ilegal, durante una reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que comenzó con una fuerte discusión entre los senadores Alfredo De Angeli y José Mayans.
Tras la retirada de los legisladores de Juntos por el Cambio, que plantearon su rechazo a tratar una iniciativa que consideran inválida por la forma en que fue votada en la Cámara de Diputados, los oficialistas escucharon a los funcionarios que defendieron el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
En primer lugar expuso el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, quien señaló que el proyecto "viene a resolver un problema de administración" porque "la legislación vigente tiene un defecto central". Y destacó que la iniciativa "no es una medida aislada", sino que "forma parte de una política estratégica" de soberanía.
Al repasar las acciones realizadas en el área de pesca en estos meses, el funcionario aseguró que "el nivel de coordinación que existe entre distintos ministerios para garantizar la preservación y defensa de nuestros mares es para que nos sintamos orgullosos".
"En los primeros meses tuvimos tres capturas de buques y el acompañamiento pleno de los Estados de las distintas banderas para acompañar las políticas de defensa de nuestro Estado Nacional", señaló y abogó por "terminar de ajustar los aspectos punitorios de las infracciones que se cometen en nuestro mar argentino" mediante el proyecto.
Por su parte, el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus, consideró que este "es un tema central", que "estaba entre las tres leyes que prometió el presidente el 1ro. de marzo". "El sentido es defender la soberanía, entendida como una cuestión integral", sostuvo.
Dijo asimismo que la iniciativa "tiene que ver con la defensa de los recursos naturales", por eso lamentó "que cuando haya que discutir soberanía haya diputados o senadores que no estén presentes; porque la demarcación de la plataforma continental (que ya se convirtió en ley) estaba lista para hacerla en 2017, y por algo no se hizo durante estos años".
En ese sentido, el funcionario remarcó que "lo mismo pasó con las multas" a la pesca ilegal, y subrayó que necesitan una actualización porque "datan del año '98 con el dólar 1 a 1. No resisten ni un segundo".
Además, Filmus reveló que a principio de año el senador Esteban Bullrich solicitó discutir la iniciativa con las cámaras pesqueras, algo a lo que el Ejecutivo accedió y se llevaron a cabo reuniones con "la más absoluta apertura". "Incluso nos hicieron sugerencias interesantes, y las hemos tomado. Por eso nos duele que no la hayan votado en Diputados y que vuelvan a excluirse", agregó.
Encargado de explicar los aspectos del proyecto, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Carlos Liberman, resaltó que la propuesta busca que las multas "signifiquen materialmente una sanción", debido a que las actuales "por producto de algunas corridas inflacionarias han perdido sustancialidad".
"El proyecto trae no solamente una actualización de los montos, sino además un mecanismo que va a prever de cara al futuro que esto no vuelva a ocurrir", indicó y detalló que se medirán en Unidades Pesca, siendo cada UP equivalente "a un litro de gasoil grado 2" que es el que se emplea para la pesca.
También, el funcionario ponderó que "antes de hablar de multas y decomiso", lo "primero que va a tener que enfrentar el buque infractor" son los costos que el Estado haya tenido en realizar la operación de captura. "El Estado Nacional ya no va a quedar perdidoso", subrayó.
Y resumió: "El proyecto salvaguarda los recursos económicos del Estado Nacional; obtenemos por vía del decomiso todo aquello que había obtenido el buque infractor; y además incrementa las multas".
El proyecto modifica varios artículos de la Ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922), sancionada en 1998. Además, se incorpora el artículo 51 bis, el cual detalla los nuevos montos de las multas y cómo se medirán. En la actualidad, la norma prevé sanciones económicas que van de los 10 mil pesos a un millón de pesos.
La iniciativa indica que “la sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil” y “la autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP”.
“Las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el artículo 54 bis de esta ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sentencia judicial”, agrega.
El proyecto establece que la multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca. “Cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP”, señala.
En tanto, “cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP”.
Entre otros cambios, además de mantener el texto del artículo 54 de la actual ley, donde establece que tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la iniciativa del Ejecutivo incorpora que “todo ello” será “sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder”.
Críticas a Juntos por el Cambio
Al momento de las preguntas, los senadores oficialistas destacaron el proyecto y defendieron las políticas del Gobierno, pero también cuestionaron a los legisladores de Juntos por el Cambio, que se retiraron sin escuchar ni siquiera a los funcionarios.
"Durante los últimos cuatro años la cuestión Malvinas ha sido sumamente castigada, invisibilizada, silenciada", comenzó la fueguina María Eugenia Duré, quien dijo que los opositores "ya nos tienen acostumbrados al show". "No les importa la soberanía a la oposición, no les importa la cuestión Malvinas, como no les importó en cuatro años", cargó.
En tanto, Jorge Taiana manifestó entender "la objeción", pero apuntó que "la objeción en nada obstaba para que escucharan a los funcionarios e hicieran preguntas". "Les preocupaba más el show que avanzar en el debate", opinó y aseveró que "es una lástima porque estos son temas serios, trascendentes para Argentina, una política de Estado".
El cordobés Carlos Caserio lamentó "el mamarracho" y agradeció a los funcionarios "haber pacientemente estado presentes con todo este circo". "Ya se terminó la Argentina que habían creado los medios con el gobierno anterior que no tenía Congreso, porque no tenía mayoría, ni siquiera podía dar quórum en ninguna de las dos cámaras", lanzó.
Muy duro, acusó a la principal fuerza de la oposición de tener "poco apego a recuperar un país que ellos mismos fundieron". "Tienen muy poco para decir de Malvinas y de soberanía", coincidió con sus pares y expresó que la gestión macrista tenía "una mentalidad entreguista, donde prácticamente faltaba que le pidan perdón a los ingleses porque nosotros seguíamos peleando por la soberanía".
"Lo único que hacen con esta actitud, desde el momento en que terminó la elección en Argentina y el pueblo decidió que el presidente sea Alberto Fernández y la vicepresidenta sea Cristina Fernández de Kirchner, ha sido atacar y tratar de deteriorar toda la institucionalidad de la democracia", sostuvo el pampeno Daniel Lovera.
Finalmente, el titular de la comisión, el puntano Adolfo Rodríguez Saá explicó que "un principio básico del derecho administrativo" es que "todos los actos administrativos se presumen legítimos". "Lo que ha hecho la Cámara de Diputados se presume legítimo; sino simplemente este mediocre planteo significaría que cualquiera puede presentar un amparo y ya es nulo porque hizo un planteo", argumentó y añadió: "Lo que están haciendo es un planteo político, crítico".
Fue al comienzo de la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, cuando los legisladores de Juntos por el Cambio se retiraron del debate, en desacuerdo con el modo en que fue aprobado el proyecto para aumentar las multas a la pesca ilegal.
Los senadores Alfredo De Angeli (Pro) y José Mayans (Frente de Todos) protagonizaron este miércoles una fuerte discusión, al comienzo de la reunión de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, a la que asistieron funcionarios.
Al inicio del encuentro, De Angeli -vicepresidente de la comisión- pidió alterar el orden del día para tratar un conjunto de iniciativas sobre agricultura familiar en primer lugar, y dejar para lo último al proyecto que aumenta las multas a la pesca ilegal y fue aprobado la semana pasada en la polémica sesión de la Cámara de Diputados.
Para apoyar el pedido, el macrista Esteban Bullrich manifestó que "es un buen proyecto el de pesca, pero lamentablemente está viciado de nulidad por la manera en que se trató en Diputados". "No podemos tratar ese proyecto que nuestros diputados están impugnando", señaló, además de decir que no lo consideran "válido".
"El tema entonces es otro, no es cambiar el orden del día, sino que no quieren tratar el proyecto", expresó el titular de la comisión, el puntano Adolfo Rodríguez Saá.
El oficialista dijo: "Nosotros debemos dar por válida la sanción legislativa de la Cámara de Diputados". "Los actos producidos por las instituciones se presumen legítimos hasta tanto no haya una declaración de nulidad", resaltó y agregó que "no" son los senadores quienes deben "juzgar la legitimidad de un acto de Diputados", sino "un juez".
"Si habremos hecho algo mal, habrá que corregir. Si es nulo aquello, será nulo esto, pero por el momento es válido", sentenció y aclaró que "hasta que se trate en el recinto hay un tiempo en el que seguramente se irán corrigiendo las cosas". Entonces, se votó a mano alzada por cambiar o no el orden, y el Frente de Todos -con mayoría- prevaleció en mantener el temario como estaba previsto.
Volvió a pedir De Angeli la palabra para "plantear el segundo punto", cuando Mayans tiró: "No, no, ya se votó presidente". "Senador Mayans, no estamos en el pleno", le reclamó el entrerriano y comenzó un ida y vuelta, con gritos superpuestos, entre los que se escuchó al formoseño: "Siguen el show, siguen el show".
"Presidente, dígale al senador Mayans que por favor me respete, yo quiero hacer un planteo y nada más", pidió el senador del Pro, que tras la intervención de Rodríguez Saá, continuó con su opinión.
El opositor enfatizó que desde Juntos por el Cambio no podían "estar convalidando este expediente", lo que volvió a generar los comentarios de Mayans. "¡Vamos a respetarnos! Si el diálogo es lo mejor para la democracia", le reclamó De Angeli, mientras el jefe de la bancada oficialista fustigó: "No vengan a entorpecer el funcionamiento de la comisión".
"Nosotros somos la oposición, estamos en minoría, ¿o también quieren callar a las minorías?", lanzó el macrista, mientras que el oficialista se quejó de que "no respetan a las mayorías y lo que se ha votado".
Nuevamente con una discusión en la que se mezclaban las voces, y cuando Rodríguez Saá pudo ordenar un poco la reunión, De Angeli aseguró que el proyecto "es bueno" y "tendríamos que estar apoyándolo", pero "viene mal de la Cámara de Diputados y nosotros no podemos convalidar esto".
"No vamos a convalidar esta comisión y nos vamos a retirar", anunció y completó: "Para que las cosas terminen más o menos bien tienen que empezar muy bien, y esto ya nació mal".
Cuando terminó, los legisladores opositores se desconectaron y Rodríguez Saá pasó a darles la palabra a los funcionarios, no sin antes decir: "Hay que cuidar las instituciones, y las instituciones se cuidan trabajando y escuchando".
La iniciativa será tratada este miércoles, desde las 11, en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que preside el puntano Adolfo Rodríguez Saá.
La Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca del Senado, que preside el puntano Adolfo Rodríguez Saá (Frente de Todos), tratará este miércoles desde las 11 el proyecto de ley que propone un aumento a las multas por la pesca ilegal.
La iniciativa fue enviada por el Poder Ejecutivo en julio pasado y se aprobó la semana pasada -sin haber tenido dictamen de comisión- en la polémica sesión que realizó la Cámara de Diputados.
El proyecto modifica varios artículos de la Ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922), sancionada en 1998. Además, se incorpora el artículo 51 bis, el cual detalla los nuevos montos de las multas y cómo se medirán. En la actualidad, la norma prevé sanciones económicas que van de los 10 mil pesos a un millón de pesos.
La iniciativa indica que “la sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil” y “la autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP”.
“Las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el artículo 54 bis de esta ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sentencia judicial”, agrega.
El proyecto establece que la multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca. “Cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP”, señala.
En tanto, “cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP”.
Entre otros cambios, además de mantener el texto del artículo 54 de la actual ley, donde establece que tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la iniciativa del Ejecutivo incorpora que “todo ello” será “sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder”.
La comisión debatirá además iniciativas vinculadas a la agricultura familiar; un proyecto que establece un sistema de reintegros para productores a fin de reducir el costo de flete por transporte de materias primas y productos agropecuarios con origen en las provincias de Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy; y otro sobre la creación de un registro Nacional de Regantes Olivícolas Electrointensivos.
La norma fue aprobada de manera unánime, pero sin la presencia de JxC, desde donde ahora advierten que esa ley no puede tratarse sin pasar por la Comisión de Intereses Marítimos.
Durante la polémica sesión de esta semana en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma a la Ley de Pesca que aumenta las penas por la pesca ilegal. Pero si bien ese proyecto mandado por el Poder Ejecutivo se aprobó de por unanimidad, como se recordará ya no estaba presente el interbloque de Juntos por el Cambio. Ahora un legislador de ese espacio recordó que esa actividad ilegal genera 2.000 millones de dólares de pérdida anuales y su recorrido legislativo fue incompleto.
El diputado nacional de Juntos por el Cambio Héctor Stefani calificó como preocupante y bochornoso que se apruebe un proyecto para abordar la pesca ilegal que ni siquiera pasó por la Comisión de Intereses Marítimos.
“Me llama la atención que se festeje una ley de la que se conoce muy poco y las experiencias que tiene nuestra provincia con los acuerdos que firmaron los mismos impulsores de esta ley no son buenas”, afirmó Stefani y agregó: “En la década del 90, cuando el diputado (MC) Felipe Solá era secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, se firmó un acuerdo con la Unión Europea y otros países donde se les permitía venir a pescar a nuestro caladero y Argentina subsidiaba esa pesca, que además era subsidiada en su país de origen. Por ejemplo, a un barco surimero extranjero que exportaba 2.800.000 dólares desde nuestro puerto cada 40 días el Estado Nacional argentino le pagaba por reembolso de esa exportación 550.000 dólares con un cheque del Banco Nación. Un disparate”.
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“Felipe Solá, uno de los responsables del acuerdo donde subsidiaron la devastación de los recursos ictícolas y marítimos de la Argentina, es el impulsor de este proyecto presentado por Daniel Filmus que solo se detiene en una parte mínima del problema que tenemos con la pesca ilegal. Una vergüenza”, sostuvo Stefani.
“La ley de pesca es mucho más que una multa. La Argentina incautó 80 buques desde los 90 hasta ahora y la multa máxima va a ser aproximadamente de unos 10 millones de dólares. Esto da un total de 800 millones de dólares en treinta años, cuando el país pierde 2000 millones de dólares en pesca ilegal por año”, explicó el diputado fueguino.
“No hay dudas de que se deben aumentar las multas de la ley, si un buque que tiene que custodiar nuestras aguas durante 26 días tiene un costo de 8 millones de pesos y la última multa que cobró el Estado fue de 7 millones de pesos. La multa debe ser en función de la pérdida que genera”, aclaró el ex director del Puerto de Ushuaia.
A su vez, remarcó que la Ley de Pesca debe contemplar celeridad para resolver el destino de los barcos retenidos: “Si la embarcación es secuestrada la justicia debe tener el marco para actuar rápidamente y poner esa embarcación a disposición de empresas pesqueras argentinas”.
“Tocar una ley de oído y aprobarla en una sesión sumamente polémica es una falta de respeto para todos los que conformamos la Comisión de Intereses Marítimos”, finalizó Stefani.
La Cámara baja aprobó de manera unánime la iniciativa enviada por el Gobierno. Los montos se medirán mediante “Unidades Pesca”, equivalentes al precio de un litro de gasoil. Pasa al Senado.
La Cámara de Diputados dio media sanción este martes a un proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional, que aumenta las multas a la pesca ilegal. La iniciativa, girada al Senado, se aprobó con 129 votos favor y ninguno en contra, ni hubo abstenciones.
Fue el último tema debatido durante la extensa y polémica sesión y se votó pasadas las 5 de la madrugada.
Como miembro informante, la diputada rionegrina Ayelén Spósito destacó el impacto de las pérdidas que genera la pesca ilegal para nuestro país y tras detallar las multas que establece la iniciativa y las modificaciones realizadas a la ley vigente calificó al proyecto como “soberano, un proyecto que trabajamos en conjunto”, y valoró “el gran trabajo” de Daniel Filmus y Carlos Liberman.
Santiago Igón (Chubut) señaló luego que “está claro que estas cerca de 300 toneladas promedio que la pesca ilegal se lleva, es una pesca que podemos recuperar nosotros, y entonces se nos abre algo como el trabajo de la pesca ya en tierra, para agregarle valor agregado, que necesita la República Argentina para tener mayor cantidad de trabajo”.
El proyecto modifica varios artículos de la Ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922), sancionada en 1998. Además, se incorpora el artículo 51 bis, el cual detalla los nuevos montos de las multas y cómo se medirán. En la actualidad, la norma prevé sanciones económicas que van de los 10 mil pesos a un millón de pesos.
La iniciativa indica que “la sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil” y “la autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP”.
“Las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el artículo 54 bis de esta ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sentencia judicial”, agrega.
El proyecto establece que la multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca. “Cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP”, señala.
En tanto, “cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP”.
Entre otros cambios, además de mantener el texto del artículo 54 de la actual ley, donde establece que tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la iniciativa del Ejecutivo incorpora que “todo ello” será “sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder”.
La bancada de diputados que conduce Maximiliano Ferraro prevé incautar las naves extranjeras que incurran en este delito.
El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI presentó un proyecto de ley en el que agrava las sanciones para la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y contempla la incautación de las naves extranjeras que incurran en este delito. “Resulta imperioso respaldar el fortalecimiento de la ordenación pesquera y la eficiente administración de los espacios marítimos en nuestro país”, afirmaron.
La iniciativa presentada por la CC ARI crea la “Unidad Móvil”, que toma como referencia la nafta de mayor octanaje, y actualiza el monto de las multas al 60% de lo que eran los valores durante la entrada en vigencia de la ley. Estas multas aplican tanto para buques nacionales como extranjeros. Además del incremento de multas, en el caso de buques extranjeros, también se prevé una sanción que será equivalente a multiplicar el doble del valor de la especie capturada por la capacidad total de la bodega del buque. En caso de que hubiera más de una especie presente, se tomará como referencia la de mayor valor de mercado. En el caso de las embarcaciones extranjeras es obligatoria la incautación del buque.
“Si tomamos en cuenta el saldo exportable generado por el sector, cuyos principales destinos son China, España y Estados Unidos, es posible concluir que el sector pesquero es uno de los más dinámicos a nivel nacional y, dado que son generadores netos de divisas, es necesario potenciar su capacidad porque son grandes productores de actividades que demandan mano de obra intensiva y además, por definición, es una actividad federal que se desarrolla a lo largo de todo el litoral marítimo argentino”, señalan los legisladores de la CC ARI en los fundamentos del proyecto.
“Dado que es necesario proteger a la industria nacional del flagelo de la pesca ilegal, es fundamental contar con la aprobación de la presente propuesta de modificación normativa para que los buques de pabellón extranjero capturados en aguas bajo jurisdicción nacional, sean sancionados con la máxima severidad prevista en el marco legal y, además de incorporar la obligatoriedad del decomiso del buque con todas las costas del proceso a su cargo, se debe incorporar un agravamiento de la sanción”, argumentan.
“Teniendo como objetivos fundamentales la protección de nuestros océanos y la garantía de que sus enormes recursos puedan ser preservados para las generaciones futuras, partimos desde la convicción de que resulta imperioso respaldar el fortalecimiento de la ordenación pesquera y la eficiente administración de los espacios marítimos en nuestro país”, aseguran desde la CC ARI.
La iniciativa presentada señala que, de acuerdo con datos publicados por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (en inglés, FAO), la pesca ilegal representa a nivel mundial entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado anuales, lo que equivale a un total de 10.000 y 23.000 millones de dólares estadounidenses. El proyecto está firmado por los diputados Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic, Juan Manuel López, Paula Oliveto, Héctor Toty Flores, Leonor Martínez Villada, Rubén Manzi y Mariana Stilman.
El diputado de Juntos por el Cambio busca proteger y fortalecer el recurso pesquero nacional, a partir de modificaciones de artículos del Régimen Federal de la Pesca.
El diputado nacional radical Gustavo Menna presentó dos proyectos de ley que tienen el objetivo de proteger y fortalecer el recurso pesquero en la Argentina, a partir de modificaciones de artículos del Régimen Federal de la Pesca.
Uno de los proyectos está orientado a aplicar multas diferenciadas y más agravadas para barcos extranjeros que pescan sin permiso; y el otro busca que los recursos del Fondo Nacional Pesquero vayan en un 25% a financiar al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).
El proyecto relacionado con el INIDEP, ingresado bajo el expediente 4279-D-2020, establece una modificación en el artículo 45 del Régimen Federal de Pesca (Ley 24.922) para que el Fondo Nacional Pesquero se destine a “financiar tareas de investigación del INIDEP, a cuyo fin deberá transferirse a su orden y en forma automática, el 25% del total del fondo”.
En este marco, Menna explicó que actualmente “el artículo 45 del Régimen Federal de Pesca deja en manos de la autoridad de aplicación con intervención del Consejo Federal Pesquero la determinación” de la asignación de los recursos del Fondo Nacional Pesquero (FONPAE) para el organismo de investigación, clave para el manejo sustentable de los recursos del mar.
El proyecto presentado propone la modificación de ese artículo “a los fines de establecer con carácter taxativo que el 25% de los recursos del FONAPE deben ser destinados en forma directa y automática al INIDEP, para que de este modo puedan garantizarse las labores de investigación y desarrollo” que la Ley 21.673, de su creación, “encomienda a ese organismo”.
“La pesca sustentable, las políticas orientadas a esa finalidad y la labor de las autoridades de aplicación pesquera a nivel federal y local requieren de información fidedigna, actual y precisa, la que debe ser generada y provista por el INIDEP”, agregó Menna.
En tanto, bajo el expediente 4.276-D-2020, Menna presentó otro proyecto que también modifica artículos del Régimen Federal de Pesca. En este caso, para incrementar el valor de las multas por infracciones de buques de pabellón extranjero a raíz de la pesca ilegal.
En este sentido prevé que “la cotización del Peso Argentino Oro será la establecida por el Banco Central de la República Argentina al momento del pago o, en su caso, ejecución judicial de la sanción”.
El legislador chubutense argumentó que las multas actuales, de como máximo 10 millones de pesos (unos 100.000 dólares), son “montos irrisorios que no guardan ninguna relación con el daño que provocan estos barcos en el caladero, y que por tal motivo no resultan idóneos para disuadir la comisión de infracciones por parte de una flota que, por esa misma, razón opera clandestinamente en el espacio marítimo argentino”.
“Hoy opera una flota de cientos de barcos extranjeros que no tienen licencias de pesca argentina, y que depredan nuestro caladero orillando la milla 200, en el límite exterior de nuestra zona económica exclusiva”, manifestó Menna.
Y agregó que “combatir esa actividad, proteger nuestra soberanía y cuidar el recurso ictícola requiere una importante inversión en medios marítimos, aéreos y de vigilancia electrónica y satelital, pero también de un marco legal eficaz que sancione con rigor tales infracciones, ya que de otra forma todo ese esfuerzo de patrulla se vería malogrado si luego la sanción económica equivale, en el más gravoso de los casos, a menos de 100.000 dólares”.
Por ello, agregó, “a los fines de evitar la desactualización del valor de las multas por efecto de la depreciación monetaria, el proyecto acude al Peso Argentino Oro como unidad de medida y propone sancionar estas infracciones con una escala que va de mil a 5 mil Pesos Argentino Oro”.
Explicó que “el Peso Argentino Oro (a$o) fue creado por la Ley 1.130 de 1.881 y es el valor asignado a las monedas de oro acuñadas por la República Argentina en cumplimiento de la ley citada. Cuentan con una cotización oficial que publica trimestralmente el Banco Central de la República Argentina. En la actualidad, el Peso Argentino Oro cotiza a razón de $ 29.068,27”.
“Por tal razón, constituye un patrón válido para establecer el valor de una multa y de ese modo asegurar su constante actualización sin necesidad de tener que acudir a la modificación periódica de la Ley”, agregó.
Y explicitó que “la Ley de Navegación (20.094) y el Código Aeronáutico (Ley 17.285) utilizan el Peso Argentino Oro como unidad de medida”.
En ambos proyectos, Menna contó con el acompañamiento de los legisladores Roxana Reyes (Santa Cruz), Lorena Matzen (Río Negro), Atilio Benedetti (Entre Ríos), Lidia Ascárate (Tucumán), Gabriela Lena (Entre Ríos), Claudia Najul (Mendoza), Gonzalo Del Cerro (Santa Fe), Alejandro Cacace (San Luis), Federico Zamarbide (Mendoza), Álvaro de Lamadrid (CABA), Diego Mestre (Córdoba), Sebastián Salvador (Buenos Aires), Aída Ayala (Chaco), Mario Arce (Formosa), José Cano (Tucumán), Fabio Quetglas (Buenos Aires), Ximena García (Santa Fe) y Jorge Vara (Corrientes).
El legislador nacional de JxC pidió que se informe sobre la situación que ocurre con la pesca ilegal que se está llevando a cabo en la Zona Económica Exclusiva del mar argentino.
El diputado nacional Alberto Asseff le pidió al Gobierno que informe a través de los ministerios de Defensa, de Seguridad, de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, sobre la situación que ocurre con la pesca ilegal y abusiva que se está llevando a cabo en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) del mar argentino.
Asimismo, Asseff pide que se dé a conocer el estado actual del Sistema de Guardacostas PRO anunciado por la Prefectura Naval Argentina entre los años 2018 y 2019, “que fue reconocido a nivel a internacional por establecer nuevos precedentes en la materia”.
Por último, el titular del Partido UNIR quiere saber que gestiones se están llevando a cabo entre la Armada y la Prefectura Naval Argentina a los fines de coordinar el trabajo contra la pesca ilegal de aproximadamente 10 mil buques chinos que se dedican a la pesca en alta mar junto, a otros 60 mil buques de unos 24 países, entre ellos, los de España, Japón, Corea y Taiwán, muchos de ellos actuando en forma ilegal en la ZEE.
Acompañan el proyecto: Virginia Cornejo, Diego Mestre, Estela Regidor, José Riccardo, Pablo Torello, Héctor Stefani, Martin Grande, Lidia Inés Ascarate, Alfredo Schiavonni, Gerardo Cipollini, Gustavo Mena.
La iniciativa plantea modificaciones a la Ley del Régimen Federal de Pesca. Los montos se medirán mediante "Unidades Pesca", equivalentes al precio de un litro de gasoil.
El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para aumentar las multas por pesca ilegal. La iniciativa tiene como comisión cabecera a Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios, presidida por el macrista Juan Aicega.
El texto modifica varios artículos de la Ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922), sancionada en 1998. De acuerdo a la propuesta, se incorpora el artículo 51 bis, el cual detalla los nuevos montos de las multas y cómo se medirán.
En la actualidad, la norma prevé sanciones económicas que van de los 10 mil pesos a un millón de pesos.
El proyecto indica que "la sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil" y "la autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP".
"Las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el artículo 54 bis de esta Ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sentencia judicial", agrega.
La iniciativa señala que la multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca. "Cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP", indica.
En tanto, "cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP".
Entre otros cambios, además de mantener el texto del artículo 54 de la actual ley, donde establece que tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la iniciativa del Ejecutivo incorpora que "todo ello" será "sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder”.
El texto fue girado el pasado 22 de julio y lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Solá.
“El concepto de soberanía alimentaria debe ser extensivo también a la Pampa Azul”, sostuvo el legislador chubutense ante la presencia de embarcaciones chinas en Mar Argentino.
El senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo manifestó su preocupación luego de que se reportara la presencia ilegal de unas 30 embarcaciones con bandera china que atravesaron el Estrecho de Magallanes desde el Mar Argentino en dirección al Pacífico.
En ese marco, el legislador expresó que “el concepto de soberanía alimentaria debe ser extensivo también a la Pampa Azul”.
Luenzo lamentó que “nuestro país nunca le ha puesto la mirada sobre la Pampa Azul que representa una riqueza muy importante como sí lo hace en comparación con otras actividades productivas”.
“Solo de langostinos exportamos 2600 millones de dólares en 2019, casi lo mismo que genera la minería”, señaló al respecto.
Por ello, el chubutense consideró que “en términos de soberanía alimentaria, así como ponemos en valor a la Pampa Húmeda hay que poner bajo la lupa a la Pampa Azul porque hoy hay riquezas extraordinarias que se nos están yendo”.