Enviada por el Gobierno nacional y pedida por el candidato presidencial, Sergio Massa, pese a no ser iniciativa de su autoría, el oficialismo logró la media sanción al proyecto de ley que crea un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) que fue dictaminado el día anterior con modificaciones en su articulado.

La iniciativa cosechó 126 votos afirmativos, 7 negativos y 102 abstenciones de los diputados de Juntos por el Cambio, como así también los socialistas Mónica Fein, Enrique Estévez y el cordobés Carlos Gutiérrez. Lo mismo hicieron los diputados del bloque SER, Felipe Álvarez y Claudio Vidal.

El FdT contó con el apoyo de tres diputados del interbloque Federal, cuatro del interbloque Provincias Unidas; el gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa; y dos diputados de Juntos por el Cambio: Aníbal Tortoriello (Pro-Río Negro) y Pablo Cervi (Evolución Radical-Neuquén).

Los votos negativos correspondieron a los cuatro diputados de izquierda, el macrista Gabriel Chumpitaz y los libertarios Javier Milei y Carolina Píparo.

El texto fue enviado por el Poder Ejecutivo en mayo de este año, pero comenzó a ser tratado en el Congreso recién en julio. Desde JxC, rechazaron el proyecto cuestionando entre otras cosas que se estaba presentando “un proyecto extemporáneo y direccionado”, y que se está prometiendo estabilidad por 30 años en un país donde eso es una excepcionalidad.

Antes de que concluyera el debate, un diputado opositor presentó una moción para devolver el proyecto a comisión, a fin de “darle al tema el debate que se merece”, pero la misma fue rechazada.

Los cambios aceptados

Antes de votar, la diputada Graciela Camaño propuso una serie de modificaciones en los artículos 7, 10 y 35, que fueron aceptadas.

Para el primero, propusieron un agregado que indicaba lo siguiente: “Ni una modificación significativa en los términos que fue presentado el informe de impacto ambiental previsto en elestudio preliminar contemplado en el artículo 5to. considerado al admitirse el proyecto. Las ampliaciones aprobadas gozarán de los mismos beneficios promocionales aplicables al proyecto original”.

En cuanto al artículo 10, cuando menciona los incisos, se agregó uno que dice “los adquirentes de los proyectos transferidos deberán asegurar el cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por el transferente en cuya virtud se hayan otorgado los correspondientes permisos ambientales”. Y en el artículo 35, referido a la adhesión de los distritos a la presente ley, se especifica que la aprobación de los permisos ambientales correspondientes “de conformidad con lo establecido con las normas nacionales y provinciales específicas en la materia” será competencia de las autoridades de aplicación nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o municipal que corresponda resultando condición indispensable para el acceso de los beneficios promocionales de la presente ley.

También se atendió un error advertido por la diputada Pamela Verasay referido al cálculo de la retención, “cuando cambia el precio de referencia, y aplica el porcentaje que le corresponde a ese precio de referencia, es una retención escalonada escalonada, en vez de ser progresiva. Hay un error en la fórmula, básicamente es eso”. El presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Santiago Igón (Chubut), reconoció que había un error, que fue corregido en el artículo correspondiente, según las fórmulas que detalló, ante los gritos de quienes cuestionaban la ley.

En ese momento intervino la diputada Margarita Stolbizer, que se quejó por las “desprolijidades” que habían quedado expuestas y que hubieran justificado un envío a comisión, como se había pedido, ante lo cual su bloque se abstendría.

“¡No estamos discutiendo el proyecto, estamos corrigiendo un proyecto que vino mal!”, reclamó la diputada Verasay. Igón reiteró el detalle de los cambios en las fórmulas y finalmente se votó en general y en particular.

El debate

Miembro informante del oficialismo fue el diputado Santiago Igón, quien destacó que la Argentina tiene “una oportunidad única, que se da en base a una transición energética que se comienza a discutir en el mundo. La Argentina forma parte de los países que suscribieron el acuerdo de París para descarbonizar. Esa es la ventana que tiene la Argentina, porque tenemos los recursos naturales necesarios para encarar esa transición energética”.

“Hoy estamos acá para trabajar sobre un régimen promocional a esta actividad. Declarar de interés público nacional todo lo que es la licuefacción del gas para la exportación del GNL. Y claramente la creación de un régimen promocional que está comprendido aquellas inversiones en bienes y obras de infraestructura que están relacionadas con el GNL”, señaló el legislador.

Igón sostuvo que “todo lo que tiene que ver con esta industria en la Argentina se tiene que construir”, y planteó que se deben tener en cuenta determinadas cuestiones para aquellos que pretenden hacer las inversiones correspondientes.

El diputado contó que habían aceptado modificaciones, por ejemplo donde se pedía como inversión mínima mil millones de dólares, o la capacidad para generar un millón de toneladas de GNL por año, “entendiendo que ya hay capacidad instalada, ahí tuvimos la posibilidad de acceder a aceptar esa capacidad industrial que ya está instalada, y terminar de hacer las inversiones necesarias para llegar a mil millones de dólares o a demostrar esa capacidad de un millón de toneladas de GNL producidas en un año”.

Igón leyó a continuación los beneficios fiscales que se les otorga a las empresas que participen en estos emprendimientos, como así también todo lo que tiene que ver con los derechos de exportación. Al respecto contó que se llegó a un acuerdo sobre el tema por el cual el país va a empezar a recibir derechos de exportación a partir de que el millón de BTU esté en un precio de 15 dólares en adelante. Se considera que entre 0 y 15 es muy fino el costo que tiene esta licuefacción del gas; entonces para que pueda ser rentable, entre los 15 y 20 dólares empezamos a contar con una escala que va de 0 a 8% de derecho de exportación. Y aclaró: “Pero cuando tenemos la posibilidad de que este valor aumente los 20 dólares, entre los 20 y 25 dólares, ese porcentaje va a ser de 12%. Cuando ese valor supere los 25 dólares, y esté entre los 25 y 30 dólares, el porcentaje va a ser entre el 12 y 14%; y a partir de que supere los 35 dólares, va a ser del 15% y a partir de ahí queda fijo, dando un incremento claro en las retenciones que beneficia al Estado nacional, pero generando una curva horizontal que permita darle a las empresas y los inversores la expectativa que necesitan para seguir trabajando”.

Para Igón “este es una actividad que viene a cambiar una matriz productiva; viene a cambiar también una matriz en términos de exportación e importación donde vamos a tener la posibilidad de empezar a exportar gas y tener en cuenta que todo el territorio argentino va a estar abastecido”.

“Es una actividad que va a generar los dólares necesarios, no solamente va a ser la zona núcleo del país la que esté aportando en su gran mayoría esos dólares, sino que es una actividad encabezada por las provincias patagónicas, particularmente Neuquén, que le va a estar dando esa posibilidad también a la República Argentina. Por eso digo que esto contiene a todo el país y el Estado nacional”, afirmó Igón, para quien este proyecto “debe ser de los más importantes por venir”.

Alertó sobre la intención de reducir el Estado o suprimir a su adversario político, ante lo cual “acá estamos planteando un proyecto de país hacia adelante”. “Un proyecto que va a generar miles y miles de puestos de trabajo -aseguró-. Va a generar trabajo en el sector de hidrocarburos, que está muy bien remunerado y además registrado”.

A continuación, el diputado del Pro Francisco Sánchez advirtió que en la Argentina hoy se están consumiendo unos 120 millones de metros cúbicos de gas por día, con la variación obvia entre invierno y verano. “Pero solamente en Vaca Muerta tenemos gas para abastecer a la Argentina por 200 años, a este nivel de consumo. Ni hablar de las otras cuencas”, observó. Remarcó que “tenemos la oportunidad de monetizar lo que hay en el subsuelo”, y al respecto destacó que en el año 2020 se comenzó a trabajar en una ley de promoción del GNL que “está durmiendo”.

Con todo, sostuvo que “si estamos tratando hoy este proyecto, no es porque interese tener políticas de Estado, sino porque lo promueve  YPF con una empresa malaya, Petronas”. Aclaró que no veía mal apoyar un acuerdo de ese tipo, pero pidió no vestirlo de otra cosa. “Si no fuera así, cuando yo le mandé el proyecto que hice en 2020 al presidente, como se lo mandé también al ministro de Economía y al secretario de Energía, al menos hubiera tenido una respuesta, una llamada… -se quejó-. Eso no pasó, lamentablemente”.

Destacó la importancia del proyecto para todo el país y lo valoró “con todos los yerros que tiene, pero es una herramienta que tenemos que acompañar, porque nos va a servir a todos”. Sin embargo, a la hora de votar se abstuvo junto al resto del interbloque Juntos por el Cambio.

Fue el turno de otro neuquino, el gobernador electo Rolando Figueroa, quien destacó el papel de su provincia en el mapa energético del país, atendiendo a “algunos sectores que no se dan cuenta de lo producen las provincias argentinas, y específicamente lo que produce el interior”.

Destacó que hoy Vaca Muerta provee el 52% del petróleo de este país, el 65% de gas, como así también puede abastecer a toda la Argentina en virtud de las diferentes obras que se están llevando adelante. “Pero para esto siempre decimos que hay que pagar algunas deudas internas”, aclaró.

“Para poder monetizar nuestro subsuelo, hay que seguir construyendo ductos. La posibilidad de proveer de GNL a Asia y Europa, nos impone tener que construir 3 yacimientos Néstor Kirchner”, ejemplificó.

Por su parte, la diputada radical mendocina Jimena Latorre disintió respecto de que esto fuera una política de Estado. “Porque para eso hacen falta consenso, y acá no hubo consenso; hace falta una discusión seria, y acá no hubo una discusión seria. Acá hay un gobierno que está presentando un proyecto que es extemporáneo, direccionado y que no tuvo información suficiente para tener una discusión que construya consensos para una política de Estado”, advirtió.

Latorre recordó que el dólar acaba de superar los mil pesos, “y estamos prometiendo estabilidad por 30 años; comprometiendo las administraciones de los próximos 30 años. Están prometiendo lo que debe ser una excepción en un marco de promoción, porque lamentablemente en este país no es la regla”.

“Lo están prometiendo en el fin de su gobierno, después de 4 años de no haber presentado una política estratégica. Este es un proyecto hecho a la medida del convenio entre YPF y Petronas. ¿Qué soberanía energética hablan, si este proyecto de exportación no tiene en cuenta ni siquiera el marco regulatorio argentino, y no asegura el abastecimiento interno?”, se preguntó, para recordar luego el fallo contrario a nuestro país por la expropiación de YPF en Estados Unidos.

Según Latorre, se aumenta el costo de capital, en vez de reducirlo. “Convierte la patología en regla y hace lo que a ustedes les gusta hacer: abrir kiosquitos para crear excepciones para algunos”, señaló.

Entre otras cosas, negó que tengamos reservas suficientes: tenemos reservas para 9 años en la Argentina de consumo interno, de los 4 solamente son de Vaca Muerta; y el mercado internacional pide por lo menos, para contractualizar este tipo de proyectos, 20 años de reservas certificadas. “Es decir que tendríamos primero que duplicar las reservas para después ver si podemos firmar contratos para traer inversiones de otros lugares”, enumeró.

A continuación, Graciela Camaño anticipó las discrepancias dentro de su interbloque (el Federal), donde tenían votos positivos y algunas abstenciones. “Para aquellos que abrazamos la causa ambiental, es importante que tengamos un régimen de promoción de las energías limpias; este es uno de ellos, el de Hidrógeno Verde el otro”, dijo, anticipando su acompañamiento al proyecto.

Respecto de los cuestionamientos al proyecto, detalló que es cuestionable que pueda aislarse los proyectos del resto del funcionamiento del gas local. “El mercado de GNL no va a funcionar si a la vez no hay una definición del mercado local. Esta falta de certidumbre se observa en que solo un proyecto tiene posibilidades de un real aislamiento; pero para justificar un gasoducto dedicado se tiene que hablar de mínimos que se han visto en el resto de los países exportadores y que acá no se ven”, explicó, entre otras cosas tales como que los regímenes de autorización de exportación “no están claros, ni son comprensibles”. La libre fijación de precios tampoco está garantizada, planteó también.

“Si queremos en serio ser competitivos, tenemos que tener la inteligencia de tener una propuesta que permita la inversión privada”, agregó.

Pablo Cervi (Evolución Radical), también neuquino, lamentó que no hubiera habido diálogo en comisión, y cuestionó la celeridad que se le dio al tratamiento, con cambios en el texto que se anunciaron “cinco minutos antes de iniciar la reunión”. Como conclusión, pidió “abordar el desarrollo de la industria energética como una visión estratégica a largo plazo, basada en la responsabilidad, la transparencia y el consenso”. Y lamentó que “somos desaprovechadores seriales de oportunidades”, por lo que hizo votos para no desperdiciar la que se presenta ahora.

Desde la izquierda, Romina del Plá coincidió en que se está en presencia de un tema que es “estratégico”, pero ante ello consideró al proyecto “muy negativo”, por cuanto “los beneficios a los capitalistas no redunda en beneficio de la población”. Se quejó por los daños ambientales que se producen con las perforaciones y sostuvo que “la explotación de GNL no nos da para nada una garantía de desarrollo”.

Vuelta a comisión

Al cabo de su discurso contrario al proyecto promovido por el oficialismo, el diputado nacional del Pro Martín Maquieyra sorprendió pasadas las 2 de la madrugada presentando una moción de orden para devolver a comisión el proyecto para darle el tratamiento que consideraba

“Hace una hora y media que estamos discutiendo este tema, y llegado el momento del análisis, el diputado plantea una vuelta a comisión que me da la sensación de que lo que está tratando es de empiojar el debate”, se quejó el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez. Y agregó: “Me parece que lo que están haciendo acá es tratar de alterar las reglas de juego. ¿Por qué no lo plantearon al inicio del debate?”.

Presidía en ese momento la sesión el mendocino Omar De Marchi, que le preguntó a Maquieyra si mantenía su moción o la retiraba. “No, no la retiramos. Queremos que vuelva a comisión para darle el tratamiento que el tema se merece”, respondió el legislador pampeano, que también pidió una votación nominal.

La moción fue rechazada. Obtuvo 102 votos a favor, 124 negativos y hubo 4 abstenciones, de la izquierda.

Cerró el debate otra diputada neuquina: la oficialista Tanya Bertoldi, quien sostuvo que “esta ley de promoción para el GNL va a marcar un hito para nuestro país y particularmente nuestra provincia. Desde Neuquén, los neuquinos y las neuquinas estamos listos para seguir trabajando en el desarrollo hidrocarburífero y aprovechar al máximo uno de los recursos energéticos que está demandando el mundo no solo ahora, sino para las próximas décadas”.

Observó también cómo “desde algunos sectores están reclamando políticas a largo plazo, pero cuando esos sectores pasan del otro lado del mostrador sufren una amnesia galopante y no aplican nada de lo que declaman. Sin embargo hoy, y a partir de una visión desarrollista estratégica de nuestro ministro de Economía, Sergio Massa, traemos una propuesta de crecimiento y desarrollo a largo plazo”.

El Régimen de Promoción del GNL

El proyecto de ley para la creación del Régimen de Promoción del GNL propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

Respecto a las modificaciones para el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado, refieren a los artículos 6 (Criterios de evaluación y aprobación de los proyectos), 15 (Cupos Fiscales) y 16 (Impuesto a las Ganancias. Alícuota aplicable) respecto a sus redacciones.

En tanto la modificación al artículo 23, el cual refiere a derechos de exportación, la incorporación del Valor Referencia 2, Valore Referencia 3 y Valor Referencia: El primero establece una alícuota del 12% en casos que el Precio FOB supere los 25 dólares; El Valor Referencia 3, una alícuota del 14 cuando supere los 30 dólares; y el Valor Referencia 4, del 15% cuando supere los 35 dólares.

Finalmente, hay dos modificaciones más en el artículo 24, respecto al acceso a divisas y estabilidad cambiaria, y en el artículo 28 sobre la concesión de transporte de ductos dedicado.

Las comisiones de Energía y Combustible, a cargo de Santiago Igón (FdT), y la de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller, realizarán a un plenario este lunes a las 15.30 en la Sala de Reuniones del 2º piso del Edificio Anexo “C” para dictaminar el proyecto de ley que crea un Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL).

Esta iniciativa fue impulsada en mayo de este año y, además, está incluida en el temario de la sesión de la Cámara de Diputados para este martes.

El oficialismo, al igual que con el dictamen de la modificación del Impuesto a las Ganancias, volverá a tratar un proyecto en comisiones un lunes para poder votarla en la sesión del día siguiente.

El Régimen de Promoción del GNL

El proyecto de ley para la creación del Régimen de Promoción del GNL propone declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

Se reactiva la actividad en la Cámara baja esta semana. Prueba de ello es que no solo habrá sesión el miércoles, sino que también han sido convocadas varias comisiones, entre ellos un plenario de Energia y Combustibles y Presupuesto y Hacienda.

Es así que el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles, Santiago Igón (FdT-Chubut) convocó a una reunión para este martes a partir de las 15, en la Sala de Reuniones del 2º piso del Anexo “C”, a fin de avanzar en el estudio sobre la temática del  Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) en nuestro país.

Para tal fin ha sido invitado a exponer el presidente de YPF SA, Pablo González. Santacruceño y precandidato a senador nacional, González expondrá en torno a un proyecto que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso el pasado 29 de mayo, con las firmas del presidente de la Nación, Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y el ministro de Economía, Sergio Massa, que busca declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de GNL, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector.

A través del mismo, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

Además, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

El diputado nacional y gobernador electo de Neuquén, Rolando Figueroa, le envió una nota a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, y al titular de la Comisión de Energía y Combustibles, Santiago Igón, donde solicita se dé pronto tratamiento al proyecto de ley que propone crear un régimen de promoción del Gas Natural Licuado (GNL), enviado por el Poder Ejecutivo el mes pasado.

“Es importante avanzar en este proyecto porque nos va a permitir avanzar en importantes inversiones que no sólo se destinarán a la instalación de las plantas de licuefacción, sino también a la construcción de gasoductos dedicados a la provisión del gas natural, y lógicamente a un incremento muy significativo de la producción”, indicó en el texto.

El legislador recordó que la promoción de la producción de GNL y sus actividades asociadas implica inversiones a nivel nacional superiores a los 5.000 millones de dólares por cada planta de licuefacción instalada, y gran parte de esas inversiones estarán concentradas en Neuquén por un aumento en la producción, “movilizando el capital no sólo de las grandes empresas sino también de numerosas PyMEs regionales que prestan diferentes servicios”.

“De la mano de la venta de gas pasaríamos a otra escala y podríamos generar un superávit energético en el proceso de sustitución de importaciones, que nos generaría a los argentinos un saldo positivo de 20.000 millones de dólares a la balanza de pago en los próximos años”, enfatizó y, a la vez, recordó que la demanda de GNL prevista para los próximos decenios continuará incrementándose, mientras la producción de gas tendrá un rol destacado como energía de transición.

Finalmente, Figueroa aseguró que el país necesita avanzar rápidamente en la instalación de un polo proveedor de GNL, “porque somos los únicos que poseemos la materia prima para producirlo y el posicionamiento en los mercados internacionales ya se está alcanzando. Por eso debemos avanzar rápidamente en el establecimiento del marco normativo que promueva estas inversiones”.

El diputado nacional del Frente de Todos Santiago Igón (Chubut) fue denunciado por una agente policial por “violencia de género”. El incidente ocurrió el sábado pasado en la localidad rionegrina de El Bolsón, donde una agente de Seguridad Vial de la  provincia de Río Negro detuvo a una camioneta que había cometido una infracción.

Según informó el subcomisario de El Bolsón, Oscar Zapata, a Radio 3 Cadena Patagonia, “el conductor se identificó como Igón y (dijo) que era un funcionario público de Chubut. De todos modos, se labró la infracción, pero el hombre estaba ofuscado y emitió palaras que no están acorde a una mujer”.

La denuncia fue tramitada en el Juzgado de Paz local.

La policía provincial cuya identidad no trascendió detuvo a la camioneta conducida por el diputado de La Cámpora, luego de advertir la infracción cometida en una curva, donde el conductor realizó una maniobra peligrosa.

En el expediente judicial abierto figura que el legislador preguntó de mala manera a la agente “¿Sabés quién soy yo?” y le advirtió: “Te voy a hacer echar”.

El diputado Igón negó haber agredido verbalmente a la policía, atribuyendo todo a “una opereta de los medios”. Según dijo, él solo le pidió la identificación a la mujer, y ella no se la dio. “Si malinterpretó mis palabras, le pido disculpas”, expresó el legislador camporista.

La diputada de la UCR Estela Regidor se presentó este miércoles de manera voluntaria ante el Juzgado Federal de Corrientes Capital para que se la investigue por el episodio de los audios, pero el Frente de Todos espera que pida la renuncia a la banca así como hizo el oficialista Juan Ameri cuando fue sorprendido en una actitud indecorosa en plena sesión virtual.

Regidor le notificó al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, de su presentación voluntaria ante la Justicia “para que se investigue por los carriles procesales pertinentes el episodio dado a publicidad días pasados”, cuando se conocieron conversaciones privadas de la diputada con asesores.

En esos audios, que datan del mes de enero, Regidor les exigía a sus colaboradores que aportaran parte de sus remuneraciones a distintas causas dispuestas por ella, como donaciones y contrataciones en negro.

Inmediatamente después, la legisladora negó las acusaciones y pidió licencia en su banca, aunque luego -a pedido de su propio interbloque- presentó ante Massa una rectificación aclarando que la misma sería sin goce de dieta y por 90 días.

Sin embargo, para el Frente de Todos la respuesta no fue suficiente: según fuentes parlamentarias, la bancada oficialista espera que Regidor presente la renuncia a su banca, tal como hizo Ameri meses atrás cuando, en medio de una sesión, fue descubierto en una escena íntima con su pareja.

En una reunión virtual llevada adelante este miércoles, el bloque presidido por Máximo Kirchner tocó el caso de Regidor y elevó la presión para que la correntina dé un paso al costado, pero en Juntos por el Cambio tienen preparada una contraofensiva.

En efecto, en el interbloque comandado por Mario Negri creen que, si el Frente de Todos reclama públicamente la renuncia de Regidor, deberían exigirle lo mismo a diputados propios que se encuentran involucrados en otros escándalos, puntualmente el denominado “vacunatorio VIP”.

Juntos por el Cambio tiene el ojo puesto en tres diputados: Eduardo Valdés -vacunado junto al senador Jorge Taiana con la excusa de un viaje a México-, el santacruceño Juan Benedicto Vázquez –de 54 años, vacunado en febrero- y el chubutense Santiago Igon -de 43 años, inoculado en el mismo mes e investigado por la Justicia-.

“Esperamos que los tres ‘vacunados VIP’ del Frente de Todos pidan licencia sin goce de sueldo al igual que Regidor”, contraatacaron desde la bancada opositora ante la consulta de parlamentario.com.

El tema podría escalar en la próxima sesión, prevista para la semana que viene, donde el Frente de Todos planea votar el proyecto para postergar un mes las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales, entre otros.

La diputada de la UCR Estela Regidor se presentó este miércoles de manera voluntaria ante el Juzgado Federal de Corrientes Capital para que se la investigue por el episodio de los audios, pero el Frente de Todos espera que pida la renuncia a la banca así como hizo el oficialista Juan Ameri cuando fue sorprendido en una actitud indecorosa en plena sesión virtual.

Regidor le notificó al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, de su presentación voluntaria ante la Justicia “para que se investigue por los carriles procesales pertinentes el episodio dado a publicidad días pasados”, cuando se conocieron conversaciones privadas de la diputada con asesores.

En esos audios, que datan del mes de enero, Regidor les exigía a sus colaboradores que aportaran parte de sus remuneraciones a distintas causas dispuestas por ella, como donaciones y contrataciones en negro.

Inmediatamente después, la legisladora negó las acusaciones y pidió licencia en su banca, aunque luego -a pedido de su propio interbloque- presentó ante Massa una rectificación aclarando que la misma sería sin goce de dieta y por 90 días.

Sin embargo, para el Frente de Todos la respuesta no fue suficiente: según fuentes parlamentarias, la bancada oficialista espera que Regidor presente la renuncia a su banca, tal como hizo Ameri meses atrás cuando, en medio de una sesión, fue descubierto en una escena íntima con su pareja.

En una reunión virtual llevada adelante este miércoles, el bloque presidido por Máximo Kirchner tocó el caso de Regidor y elevó la presión para que la correntina dé un paso al costado, pero en Juntos por el Cambio tienen preparada una contraofensiva.

En efecto, en el interbloque comandado por Mario Negri creen que, si el Frente de Todos reclama públicamente la renuncia de Regidor, deberían exigirle lo mismo a diputados propios que se encuentran involucrados en otros escándalos, puntualmente el denominado “vacunatorio VIP”.

Juntos por el Cambio tiene el ojo puesto en tres diputados: Eduardo Valdés -vacunado junto al senador Jorge Taiana con la excusa de un viaje a México-, el santacruceño Juan Benedicto Vázquez –de 54 años, vacunado en febrero- y el chubutense Santiago Igon -de 43 años, inoculado en el mismo mes e investigado por la Justicia-.

“Esperamos que los tres ‘vacunados VIP’ del Frente de Todos pidan licencia sin goce de sueldo al igual que Regidor”, contraatacaron desde la bancada opositora ante la consulta de parlamentario.com.

El tema podría escalar en la próxima sesión, prevista para la semana que viene, donde el Frente de Todos planea votar el proyecto para postergar un mes las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales, entre otros.

La Cámara de Diputados dio media sanción este martes a un proyecto de ley enviado por el Gobierno nacional, que aumenta las multas a la pesca ilegal. La iniciativa, girada al Senado, se aprobó con 129 votos favor y ninguno en contra, ni hubo abstenciones.

Fue el último tema debatido durante la extensa y polémica sesión y se votó pasadas las 5 de la madrugada.

Como miembro informante, la diputada rionegrina Ayelén Spósito destacó el impacto de las pérdidas que genera la pesca ilegal para nuestro país y tras detallar las multas que establece la iniciativa y las modificaciones realizadas a la ley vigente calificó al proyecto como “soberano, un proyecto que trabajamos en conjunto”, y valoró “el gran trabajo” de Daniel Filmus y Carlos Liberman.

Santiago Igón (Chubut) señaló luego que “está claro que estas cerca de 300 toneladas promedio que la pesca ilegal se lleva, es una pesca que podemos recuperar nosotros, y entonces se nos abre algo como el trabajo de la pesca ya en tierra, para agregarle valor agregado, que necesita la República Argentina para tener mayor cantidad de trabajo”.

El proyecto modifica varios artículos de la Ley de Régimen Federal de Pesca (N°24.922), sancionada en 1998. Además, se incorpora el artículo 51 bis, el cual detalla los nuevos montos de las multas y cómo se medirán. En la actualidad, la norma prevé sanciones económicas que van de los 10 mil pesos a un millón de pesos.

La iniciativa indica que “la sanción de multa será establecida en unidades de valor denominadas Unidades Pesca (UP), equivalentes al precio de un litro de combustible gasoil” y “la autoridad de aplicación determinará el procedimiento de fijación del valor en moneda de curso legal de las UP”.

“Las UP se convertirán en moneda de curso legal al momento en que el presunto infractor se allane a la imputación efectuada conforme el procedimiento previsto por el artículo 54 bis de esta ley o al momento del pago total de la multa impuesta por resolución firme dictada en sede administrativa o sentencia judicial”, agrega.

El proyecto establece que la multa mínima será de 1.000 Unidades Pesca y la máxima de 300.000 Unidades Pesca. “Cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin autorización de captura, carecer de una cuota individual de captura o pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá ser inferior a 3.000 UP”, señala.

En tanto, “cuando la infracción de que se trate sea la de pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser inferior a 500.000 UP y la máxima de 3.000.000 UP”.

Entre otros cambios, además de mantener el texto del artículo 54 de la actual ley, donde establece que tratándose de embarcaciones extranjeras, la autoridad de aplicación podrá retener el buque y que los gastos que eso demande correrán por parte del propietario, la iniciativa del Ejecutivo incorpora que “todo ello” será “sin perjuicio de las sanciones penales y/o aduaneras que pudieran corresponder”.