El 30 de julio de cada año se conmemora el Día Mundial contra la Trata de  Personas. En la Argentina, la ley que atiende este flagelo lleva el número 26.364 y es la de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.

Sancionada el 9 de abril de 2008 y promulgada 20 días después por el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, contempla como explotación la configuración de cualquiera de los siguientes casos: cuando se redujere o mantuviere a una persona en condición de esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad; cuando se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; cuando se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; cuando se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho; y cuando se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.

Pero si bien hay una ley vigente, en el Congreso de la Nación permanentemente se presentan iniciativas sobre el tema. La más reciente es de principios de este mes, presentada por la diputada del Pro Dina Rezinovsky, y justamente adhiere a la celebración del Día Mundial contra la Trata de Personas. Pero otros son proyectos de ley destinados a introducir modificaciones a la legislación vigente. Es el caso del que presentó la senadora Carolina Losada el 27 de mayo pasado, que sugiere modificaciones al Código Penal de la Nación, tipificando la sustracción y/o comercialización de menores de edad.

¿Qué dice el proyecto presentado por la senadora radical santafesina? Son apenas tres artículos que modifican dos de la ley vigente. Sustituye el texto del artículo 139 bis del Código Penal de la Nación, que dice: “Será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 años, el que facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos comprendidos en este Capítulo, haya mediado o no precio o promesa remuneratoria o ejercido amenaza o abuso de autoridad”, por el siguiente texto: “Se impondrá prisión de 3 a 10 años al que reciba y a quien entregue un niño o niña mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”.

E incorpora como artículo 139 ter el siguiente: “Será reprimido con prisión de 2 a 8 años quien facilitare, promoviere o de cualquier modo intermediare en la perpetración de los delitos de este Capítulo. El funcionario público o profesional que, en el ejercicio de su actividad, incurriere en alguna de las conductas previstas en este capítulo, será reprimido con prisión de 3 a 10 años y se le aplicará la accesoria de inhabilitación especial por el doble del tiempo que el de la condena”.

Unos días antes, el 17 de mayo, en Diputados se presentó un proyecto para declarar al delito de trata de personas con fines de explotación como delito de lesa humanidad. Su autora es Paula Oliveto, quien para ello sustituye el artículo 62 del Código Penal, que precisamente refiere cuándo prescribe la acción penal para estos casos: a los 15 años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua; o después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo en ningún caso exceder el término de prescripción los 12 años, ni bajar de 2 años.

Otro proyecto sobre trata de personas presentado este año es el de la diputada de Evolución Radical Carla Carrizo. Prevé modificar el artículo 139 bis e incorpora los artículos 139 ter, 139 quater y 139 quinquies, sobre el delito de compra y venta de personas menores de edad.

El 139 bis que ya hemos citado quedaría redactado así: “Será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años el que entregare o recibiere a una persona menor de edad cuando mediare precio, promesa remuneratoria o cualquier otro tipo de contraprestación. Recibirá la misma pena quien facilitare, promoviere o intermediare de cualquier modo en la alteración de la identidad de una persona menor de edad cuando mediare precio, promesa remuneratoria o cualquier otro tipo de contraprestación”.

Y el 139 ter quedaría redactado de la siguiente manera: “No será punible la madre que entregare a su hijo/a en las condiciones dispuestas en el artículo 139 bis, cuando mediare situación de vulnerabilidad, salvo que se acreditare que pertenece a una organización delictiva de compra venta de personas menores de edad, en cuyo caso la pena será de prisión de 6 meses a 2 años”.

El 139 quater del Código Penal Nación quedaría redactado de la siguiente manera: “Incurrirá en las penas establecidas en el artículo 139 bis y sufrirá inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, el funcionario público o profesional de la educación, profesional de la salud o director o encargado de institución o establecimiento público o privado destinado al cuidado de las personas menores de edad que, en el ejercicio de su actividad, cometa alguna de las conductas previstas en este capítulo”.

Por último, el 139 quinquies diría lo siguiente: “Las penas establecidas en los artículos 139 bis serán de 6 a 15 años de reclusión o prisión si la alteración de la identidad de una persona menor de edad cuando mediare precio, promesa remuneratoria o cualquier otro tipo de contraprestación, se hiciera con alguno de los siguientes fines: a) Explotación sexual de la persona menor de edad; b) Explotación laboral de la persona menor de edad; c) Transferencia con fines de lucro de los órganos de la persona menor de edad”.

Esta misma diputada presentó también en marzo de este año un proyecto para establecer una pensión vitalicia para víctimas del delito de trata de personas con fines de explotación sexual en los términos de la Ley 26.364, cuando existiere sentencia firme judicial condenatoria.

Otra diputada interesada en este tema ya dejó su banca. Se trata de Fernanda Vallejos, quien en su último día de mandato, el 9 de diciembre de 2021, presentó un proyecto que modifica la Ley de Trata, pero también la Ley de Educación Nacional (26.206) y el Código Penal de la Nación.

Entre otras cosas, prevé introducir en el artículo 2° de la Ley de Trata entre los casos punibles esta posibilidad: “cuando se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos”; como así también “cuando se ejerciere dominio u obtuviere provecho económico o cualquier tipo de beneficio del ejercicio de la prostitución ajena o cualquier otra forma de servicios sexuales ajenos, sean éstos habituales o no; incluido el ámbito del turismo”.

Según confió a parlamentario.com la propia exdiputada, su iniciativa fue conversada a la hora de su elaboración con gente de la Iglesia Católica y es en el marco de la posición del papa Francisco sobre la trata de personas.

La exdiputada nacional y economista jefa de Proyecto Económico, Fernanda Vallejos, advirtió sobre la necesidad de aumentar las retenciones para “adecuarlas a “la situación de precios que tenemos en el mundo y en la Argentina” y respondió a las declaraciones del presidente, Alberto Fernández, quien en una entrevista radial sostuvo que para modificar la alícuota de los Derechos de Exportación “se requiere de la aprobación del Congreso”.

“Me llamó mucho la atención, no sé a qué obedeció ese comentario. No es una política que requiera una ley del Congreso, es una potestad del Poder Ejecutivo, y durante su mandato actual el presidente ya firmó dos decretos modificando alícuotas de derechos de exportación”, aseguró Vallejos.

Este sábado el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ratificó el criterio del presidente al afirmar que la discusión por una suba de las retenciones “es abstracta” debido a que “el Congreso está en contra”.

El 19 de marzo de este año, el presidente secundado por las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Agricultura, Julián Domínguez; del de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Economía, Martín Guzmán, aumentó por decreto 131/22 la alícuota de los Derechos de Exportación de la harina y del aceite de soja, llevándola del 31 al 33 por ciento.

Respecto al planteo de la oposición, que asegura que caducaron las facultades del Ejecutivo para estas cuestiones, fue concluyente: “Es un argumento jurídico que no se sostiene desde lo legal. El código aduanero está vigente. No solo que el Poder Ejecutivo tiene potestad, sino que tiene potestad plena: no hay topes dentro de los que pueda moverse”.

El artículo 755 del Código aduanero indica de forma explícita en el inciso A que el Poder Ejecutivo podrá “gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo” y en su inciso “C” “modificar el derecho de exportación establecido”.

“Acá hay una decisión que tomar: hay riesgo alimentario, una cantidad importante de familias argentinas que no están pudiendo asegurar el acceso a los alimentos. Esto está fuera de toda discusión. Si me preguntas a mí, no tengo ninguna duda: hay que adecuar el esquema de retenciones a la situación que se está viviendo”, puntualizó Vallejos.

 Y sumó: “Fijate los niveles de inflación que estamos teniendo: 58% anual en la última medición, claramente hay un proceso de ajuste fuerte sobre los ingresos de los argentinos. Viene desde el gobierno de (Mauricio) Macri, pero es una tendencia que no se ha revertido en este tiempo. Lo más contundente es lo que ha ocurrido con los salarios en el último año. Perdieron 5 puntos de participación en el ingreso nacional, es un retroceso en términos distributivos”.

Vallejos explicó que “la inflación hoy, indiscutiblemente, está determinada por los precios internacionales y duele más en lo que tiene que ver con alimentos. Y eso a su vez está potenciado por la dinámica de la política cambiaria. A esto debemos sumar la situación de los precios regulados, otra de las exigencias del FMI donde tampoco se discutieron los costos”.

Por último, se mostró partidaria de implementar un sistema de retenciones móviles: “Es el instrumento más efectivo, más eficiente porque ahora que el precio del trigo está llegando a U$S500 la tonelada suben, pero después que termine la guerra en Ucrania, cuando los precios vuelvan a niveles normales, también bajaría el nivel de retenciones. Las alícuotas móviles les dan certidumbre a los productores, los exportadores y también a los consumidores”.

La economista y ex diputada de Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos presentará junto al historiador, Alejandro Olmos Gaona, el libro “El FMI y la deuda: la estructura de dominación”. El lanzamiento formal tendrá lugar este martes 10 a las 20.30 horas en la sala Julio Cortázar de la 46 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará, después de dos años de interrupción por la pandemia, en el Predio de La Rural, ubicado en el barrio porteño de Palermo.

La obra de Vallejos y Olmos Gaona analiza en profundidad los aspectos legales del Stand By que homologó, en junio de 2018, el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional, así como sus consecuencias sociales, económicas, financieras, políticas y geopolíticas. Además, revela detalles desconocidos del acuerdo relativos a su instrumentación y a las graves falencias administrativas y constitucionales que rodearon el préstamo de casi U$S45.000 millones que tendrá efectos para varias generaciones de argentinos.

El libro publicado por Ediciones Continente tiene casi 300 páginas y cuenta con el prólogo del fiscal federal, Federico Delgado.  

En su ponencia, Vallejos realizará también un repaso de los primeros resultados e implicancias políticas, económicas y sociales que han comenzado a observarse a partir del segundo acuerdo económico-financiero que alcanzó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para afrontar los pagos de la deuda que contrajo Macri. 

Horas antes que se conozca el dato del Índice de Precios al Consumidor correspondiente a marzo, la exdiputada y economista jefa de Proyecto Económico, Fernanda Vallejos reclamó una mayor intervención “de la política” en la lucha contra la inflación e insistió en la necesidad de “desacoplar precios de salarios” mediante una suba de los Derechos de Exportación.  

“Como afirmo en el cierre de esa columna: La ciencia económica puede hacer un aporte importante. Pero, al final día, que mañana sea mejor que ayer, depende de la política.” Porque intervenir en el conflicto distributivo es una decisión política. Y no hacerlo, también”, disparó la economista en su cuenta de Twitter.

Vallejos aludió a un artículo de su autoría que apareció publicado en el diario La Nación el 3 de febrero del 2021 en el que puntualizó que “la inflación es un fenómeno de costos, fuertemente impactada por la evolución de los precios fundamentales de la economía (aquellos que influyen sobre todos los demás precios): tipo de cambio, tarifas y salarios”.

Al respecto, Vallejos recordó que “a comienzos de 2021 (ya sufríamos la inflación internacional) el compromiso era ese: la prioridad es q suban los ingresos reales”. En ese momento planteé lo obvio: hay q desacoplar precios. Los medios me hicieron la campañita de “la maldición de exportar alimentos”.

Siguiendo este mismo razonamiento, la economista advirtió, con preocupación: “No dejo de pensar en el drama que significa que haya pasado más de un año desde que la publiqué y que no haya cambiado absolutamente nada, los ingresos siguen sufriendo…”.

El ministro de Economía, Martín Guzmán admitió este lunes en una entrevista televisiva que “la inflación de marzo será superior a 6%” y también que “hay una definición política tomada de no aumentar los derechos de exportación de los granos”.

Entre diciembre del 2015 y marzo del 2022, el IPC registró un aumento del 766,41%, un promedio del 41,27% anual. Sin embargo, desde diciembre de 2019 hasta febrero de este año pudo observarse una aceleración de la inflación pues el crecimiento promedio del IPC saltó al 45,19% anual y al 3,16% mensual. Los números relativos a marzo que se conocerán hoy consolidan esta tendencia alcista

“¿Déficit, emisión? El monetarismo nunca tuvo ninguna solución al problema. Y el problema es que los salarios perdieron, desde 2016, 9 puntos de participación en el ingreso”, retrucó Vallejos a los economistas de escuela ortodoxa que insisten con un ajuste monetarista para atacar la inflación.

En este marco, Vallejos indicó que “la ciencia económica puede hacer un aporte importante. Pero, al final día, que mañana sea mejor que ayer, depende de la política. Porque intervenir en el conflicto distributivo es una decisión política. Y no hacerlo, también” y en un tuit posterior subrayó que “nadie se atrevería, a esta altura, a cuestionar el diagnóstico q sostenemos desde 2020, hoy agravado por la guerra: el principal impulso inflacionario es la inflación internacional. Pero nuestro pueblo no necesita diagnósticos, sino q el Estado intervenga”. Y enseguida acotó que “con una matriz obscenamente regresiva, como la q instauró Macri y perdura hasta hoy, no tomar medidas es, sin dudas, una decisión política fuerte que atenta contra la justicia social: “dejar hacer” es vía libre a la desigualdad y ganancia para “4 vivos”.

Recuerdo que a comienzos de 2021 (ya sufríamos la inflación internacional) el compromiso era ese: “La prioridad es q suban los ingresos reales”. En ese momento planteé lo obvio: hay q desacoplar precios. Los medios me hicieron la campañita de “la maldición de exportar alimentos”. 

Nadie se atrevería, a esta altura, a cuestionar el diagnóstico q sostenemos desde 2020, hoy agravado por la guerra: el principal impulso inflacionario es la inflación internacional. Pero nuestro pueblo no necesita diagnósticos, sino q el Estado intervenga. 

La cuestión es que mañana se conocerá un índice de inflación mensual superior al 6%. ¿Déficit, emisión? El monetarismo nunca tuvo ninguna solución al problema. Y el problema es que los salarios perdieron, desde 2016, 9 puntos de participación en el ingreso. 

Con una matriz obscenamente regresiva, como la q instauró Macri y perdura hasta hoy, no tomar medidas es, sin dudas, una decisión política fuerte que atenta contra la justicia social: “dejar hacer” es vía libre a la desigualdad y ganancia para “4 vivos”. 

No hay magia. Se trata de enfrentar los intereses q sea necesario para defender los derechos del pueblo. Lo básico no debe ser un lujo. Ni la vida puede limitarse a sobrevivir. Como sostuve siempre “el Estado debe intervenir en el conflicto distributivo”. 

Vuelvo sobre esta advertencia: “La devaluación del dólar oficial q viene sucediendo desde octubre de 2021” y que “desde ahora la pauta (del FMI) es q el dólar siga a la inflación. Y a su vez, cada vez q se devalúa se genera mayor presión sobre los precios”. 

Ergo: inflación galopante, impulsada x infla internacional y devaluación del tc nominal, q está en la raíz de la crisis medular (económica y social) argentina: la CRISIS DE INGRESOS. ¿Laissez faire, laissez passer? ¡No! El peronismo siempre armonizó la distribución ganancia-salario. 

Tras reiterar su rechazo al acuerdo por la deuda macrista porque “fue una estafa”, la economista y exdiputada nacional Fernanda Vallejos repudió la presión del Fondo Monetario Internacional para forzar un aumento en las tarifas energéticas mediante políticas focalizadas de eliminación de subsidios y sugirió gravar más a los sectores de ingresos altos con el fin de compensar la proporción de los subsidios que reciben sin afectar a los ciudadanos de ingresos bajos y medios ni al sector productivo.

En ese sentido, la economista jefe de Proyecto Económico y referente peronista presentó una nueva propuesta para mantener los subsidios a la energía y evitar un tarifazo energético que afecte los ingresos de los sectores medios y bajos y al sector productivo. Según un informe de Proyecto Económico alentó un esquema mixto por el cual los consumidores paguen una tarifa reducida que cubra los costos operativos de la empresa más una ganancia razonable y que las inversiones queden a cargo del Estado.

El trasfondo de la iniciativa consiste en compensar el subsidio que reciben los deciles de mayores ingresos gravando sobre “la base de ganancias (ingresos) y bienes personales (riquezas)” a estos mismos sectores”.

A través de la red social Twitter, Vallejos presentó las bases del problema y la respuesta: “Si el problema, como algunos plantean, es que resulta ‘injusto’ que reciban subsidios quiénes no lo necesitan (comparto), la segmentación no es la solución. ¿Quiénes no lo necesitan? Nunca se aclara. ¿Qué porcentaje de la población? ¿El 10% más rico? ¿El 20%? No puede ser más que eso”, indicó la economista y acto seguido en un segundo mensaje acotó: “Si la idea es corregir ese sesgo, que sería injusto, para que quienes no necesitan el subsidio, dejen de recibirlo, no hace falta ningún galimatías: basta y sobra con cobrarles más impuestos a ese 10% o 20%, con escalas y alícuotas progresivas, según el nivel de ingresos y riqueza”.

De esta manera, Vallejos sumó otro aporte para evitar un aumento en el servicio energético que impacte en los sectores de ingresos bajos y medios, incida sobre los costos de las empresas y del sector productivo y agregue más presión al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

“Cuando el Estado subsidia, inyecta recursos. Cuando cobra impuestos, los absorbe. De modo que, si se quiere, sobre la base de ganancias (ingresos) y bienes personales (riquezas), subiendo esos impuestos se absorben entre los sectores q no necesitan, los recursos que se inyectaron”, explicó la dirigente del Grupo 25 de Mayo, quien a través de un nuevo mensaje se explayó: “Cobrando impuestos a los más ricos, para recuperar los recursos que se volcaron en subsidios en esos sectores, se termina la distorsión de la política tarifaria. Es falso que haya tocar las tarifas, segmentar, etc. Si no se hace de ese modo, es porque el objetivo es otro”.

De esta manera, la economista salió a responderle al Fondo Monetario Internacional (FMI) que “presiona a la Argentina para que eliminen o reduzcan sensiblemente los subsidios a la energía con el fin de destinar dichos recursos al pago de la deuda de U$S44.500 millones que el Gobierno de Mauricio Macri contrajo en el 2018 violando la normas legales que establece el país y el propio convenio constitutivo del organismos financiero internacional”.

“El FMI y el BM han tenido históricamente una posición (cosmética o, si se quiere, demagógica, que les permite incorporar a los “sectores vulnerables”) a su relato, en pos de políticas ‘focalizadas’. No es algo nuevo, siempre fue así, como lo proponen ahora para ajustar tarifas”, arremetió vallejos al tiempo que recordó: “Peronismo y progresismo siempre nos opusimos a esa focalización’. Nuestros países no son Suecia. Argentina, por ejemplo, tiene 40% de pobreza estadística (por ingresos) y 50% estructural. Y además, hay otro porcentaje de trabajadores (clase media) en riesgo de caer en la pobreza”:

Con esta misma lógica, Vallejos aclaró que la propuesta apunta en realidad a afectar la política del gasto público de la Argentina e indicó: “Efectivamente, el objetivo del FMI es otro: recortar el gasto. Recortar subsidios afecta a sectores mucho más amplios que sólo los ricos, golpeando a trabajadores de clase media más o menos empobrecida. Y no es progresivo ¿o las tarifas aumentarán más según la escala de ingresos?”.

La economista también desmereció las políticas focalizadas de eliminación de subsidios al señalar que “algunos han hablado de mantener la tarifa social (estamos hablando de una población más cercana a los indigentes, por la cantidad que lo recibe) que al 50% de pobres, aumentando la tarifa para el resto. ¿Qué pasará con los pobres y los que están en riesgo de caer en la pobreza?”.

Los términos del preacuerdo que el Fondo Monetario Internacional pretende imponerle a la Argentina estipulan que el Gobierno debe reducir este año el gasto público del 3,3% del Producto Bruto Interno que el Poder Ejecutivo había pautado en el presupuesto 2022 impugnado por la oposición a un 2,5% del PBI, mediante la eliminación “focalizada” de subsidios a la energía.

En este sentido, Vallejos defendió las políticas universales del gasto público y las contrapuso con las focalizadas que impulsan desde el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID): “¿Por qué no se corrige el sesgo regresivo (toda política universal lo tiene; es un debate archi resuelto en la disciplina económica, que aplica, por ejemplo: de igual manera al salario básico universal, ¿cobrando impuestos directos a los ricos para compensar esa renta básica) con impuestos? Porque los impuestos directos descargan el esfuerzo en los más ricos. En cambio, el recorte del gasto distribuye el ajuste sobre el conjunto y, proporcionalmente -se sabe- más sobre quienes menos tienen (no es igual pagar 80% más de gas para un rico o un laburante de clase media)”, ahondó la economista.

De acuerdo a un informe de Proyecto Económico “la suba de tarifas implicaría un aumento de la tasa de inflación, produciendo una baja del salario real promedio y una suba de la pobreza”, lo que traería aparejado “una transferencia de ingresos del conjunto de los asalariados hacia las empresas prestadoras y llevaría a un empeoramiento de la distribución funcional del ingreso”. El informe sugiere un esquema mixto por el cual los consumidores paguen una tarifa reducida que cubra los costos operativos de la empresa prestadora más una “ganancia razonable” y que las inversiones queden a cargo del Estado.

Por último, Vallejos recordó que “los servicios básicos son DDHH, por supuesto, nadie lo menciona. Y el FMI, menos. Porque, históricamente, se ha dedicado a pisotear los DDHH de los pueblos de los países endeudados”, y reiteró el carácter fraudulento de la deuda que el FMI le entregó a Macri y la imprescindibilidad de recurrir a la Corte Internacional de Justicia. “En cualquier caso, lo nuestro fue una estafa, no una deuda regular. Insisto: el camino es la CIJ”, concluyó Vallejos.

El principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sigue recibiendo críticas por las consecuencias que traería, en esta ocasión fue otra vez la exdiputada oficialista Fernanda Vallejos quien expresó su rechazo en sus redes sociales y le pidió al Gobierno: “Al pueblo hay que decirle la verdad”.

En su cuenta de Twitter, Vallejos retomó las palabras que el equipo de trabajo del ministro de Economía, Martín Guzmán, expresaron sobre el acuerdo con el Fondo: “Se ‘está terminando de definir’ la metodología que permita un equilibrio entre ajustar el tipo de cambio sin hacer un salto devaluatorio y que, al mismo tiempo, no impacte en la inflación”. Por esa frase, la exdiputada pidió: “Al pueblo hay que decirle la verdad: ajuste del TC = +inflación”.

En tanto, advirtió que “todas las exigencias del FMI son políticas inflacionarias y recesivas: devaluación, tarifazos, más tasa de interés. Le piden al FdT que instrumente la política que aplicó el macrismo; cuando fue votado, precisamente, para terminar con esa política”.

“No obstante, la suba de precios internacionales (PI) opera en el mismo sentido que una devaluación. Por ello, con PI al alza, el ajuste del TC puede amplificar el impacto inflacionario. Pero también, una política de desacople de precios, puede compensar, en parte, la devaluación”, señaló Vallejos.

Por último, cuestionó que “no hay, en realidad, tanta ‘metodología’ para ‘definir”, y sugirió: “Los promotores del acuerdo, si piensan en aumentar la devaluación y, de verdad, no quieren seguir alimentando más inflación, tendrían que estar diseñando un esquema adecuado de derechos de exportación.

Además, se refirió a un informe de Proyecto Económico que estimó: “La suba de tarifas implicaría un aumento de la tasa de inflación, produciendo una baja del salario real promedio y una suba de la pobreza”, lo que traería aparejado “una transferencia de ingresos del conjunto de los asalariados hacia las empresas prestadoras y llevaría a un empeoramiento de la distribución funcional del ingreso”.

“El informe sugiere un esquema mixto por el cual los consumidores paguen una tarifa reducida que cubra los costos operativos de la empresa prestadora más una ganancia razonable y que las inversiones queden a cargo del Estado”, manifestó.

"Se 'está terminando de definir' la metodología que permita un equilibrio entre ajustar el tipo de cambio sin hacer un salto devaluatorio y que, al mismo tiempo, no impacte en la inflación".
Al pueblo hay que decirle la verdad: ajuste del TC = +inflación.https://t.co/blEiu1ObBs

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) February 11, 2022

Conocido del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional anunciado por el propio presidente de la Nación, la exdiputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos se mostró en contra del entendimiento y de la entidad financiera. En ese marco, a través de su cuenta de Twitter denunció el recibimiento que le hizo el jefe de la Policía Federal Argentina, Juan Carlos Hernández, al representante del Fondo en la Argentina, Ben Kelmanson, y apuntó: “¿También vino a auditar las políticas de seguridad interior? ¿Con qué autoridad?”.

“¿Qué hace el emisario del FMI entrometiéndose en las cuestiones de nuestra seguridad interior?”, se preguntó Vallejos al compartir el posteo que hizo la cuenta oficial de la Policía Federal Argentina que escribió: “El jefe de la PFA Comisario General Juan Carlos Hernández recibió en nuestro Departamento Central al Señor Ben Kelmanson, representante del Fondo Monetario Internacional en la Argentina, y al Oficial de Seguridad José Antonio Zabala”.

Tras la denuncia de la exdiputada oficialista, desde la página de la fuerza de seguridad borraron el tuit. En tanto, Vallejos volvió a manifestar: “¿También vino a auditar las políticas de seguridad interior? ¿Con qué autoridad? ¿Qué legalidad tienen estos actos?”, y remarcó que “la República no aprobó ningún acuerdo con el FMI. La ley argentina, aprobada en 2020, establece que, para que exista acuerdo, debe ser aprobado por nuestro Congreso”.

“Como decía Fu Lao Chang los símbolos son la evidencia de algo esencial. La bandera británica en el departamento de Policía, simboliza más de lo que se muestra”, advirtió.

pic.twitter.com/oMRwUXxcM1

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) February 4, 2022

Como decía Fu Lao Chang los símbolos son la evidencia de algo esencial. La bandera británica en el depto. de Policía, simboliza más de lo que se muestra.

Pd. Le robo el comentario a @papelesdealejo https://t.co/tmrDxKTjvb

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) February 4, 2022

El presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, aseguró este miércoles que “aparecieron los militantes del default”, tras las declaraciones que realizaron los referentes del Frente de Todos Leopoldo Moreau, Fernanda Vallejos y Claudio Lozano.

“Hace unos días que vengo advirtiendo que desde el sector kirchnerista del gobierno podrían bloquear todo tipo de diálogo o negociación para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario. Creo que Alberto tiene al enemigo durmiendo en casa”, subrayó el exgobernador de Mendoza.

“¿Qué pasaría si el dólar a 221 y dirigentes avalando el default sucediera en un gobierno de Juntos por el Cambio? Caos en las calles; medios de amigos anunciando el fin del mundo; Leopoldos a los golpes en Diputados… Celebren la oposición que tienen, les faltan dos años”, denunció Cornejo y añadió: “Insisto, si esta situación la atravesaría un gobierno no peronista, no tengo dudas que Moreau y Vallejos estarían agitando para que al país no le vaya bien”.

La economista jefa de la Fundación Proyecto Económico y referente de la agrupación Soberanxs y del Frente de Todos, Fernanda Vallejos, cuestionó con dureza al Fondo Monetario Internacional (FMI) por su “corresponsabilidad” en “la fuga de los U$S44.500 millones” que el organismo le desembolsó al expresidente Mauricio Macri en 2018, como parte de un crédito de U$S57.100 millones y reclamó al organismo que “indemnice a la Argentina por los daños ocasionados”.

En un informe interno denominado “evaluación Ex Post” que tomó estado público el miércoles, el FMI admitió que el Gobierno de Cambiemos tendría que haber interpuesto controles de capitales antes y después de concederle el préstamo más importante de la historia del organismo financiero internacional. 

“A estos señores del FMI ningún informe ex post, como lo hacen siempre después de cada estafa, los absuelve de su co-responsabilidad. No queremos informes que digan lo que sabemos desde el momento en que ocurría mientras no hicieron lo que su estatuto manda para evitarlo”, disparó Vallejos en su cuenta de twitter minutos después que trascendió el comunicado del organismo.

“El pueblo argentino lo que quiere es justicia. Quita de capital, plazos, tasas, en función de lo que una auditoría establezca que efectivamente corresponde pagar. Y que el organismo responda, acorde al derecho internacional, ante la CIJ (Corté Internacional de Justicia) y nos indemnice por los daños ocasionados”, señaló Vallejos al tiempo que acotó: “El FMI, al reconocer que los dólares que desembolsó se fugaron -como prohíbe su estatuto- y que el gobierno de Macri debió haber aplicado controles cambiarios -como prescribe su estatuto que el propio organismo debió haberlo instado a hacer-, se autoinculpó”.

El 2 de diciembre último, la Comisión de Finanzas de la agrupación Soberanxs, coordinada por la exdiputada Vallejos y el experto en deuda Alejandro Olmos Gaona, presentó un documento en el que “se analizan las violaciones que cometió el Fondo Monetario Internacional (FMI) al otorgar el crédito de 57 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri” de los cuales se terminaron entregando alrededor de U$S44.500 millones. En el mencionado documento, Vallejos y Olmos subrayaron que “el FMI incumplió con sus normas estatutarias y a través de sus acciones y omisiones permitió que los fondos desembolsados no fueran utilizados para su objetivo específico”.

Ayer, el Fondo Monetario, 42 meses después de conceder el primer tramos del préstamo a Macri, arribó a la misma conclusión y además admitió que la estrategia “de ajuste “fiscal y monetario, combinado con reformas estructurales específicas, para catalizar nuevos flujos de capital”, que llevó adelante la administración de Cambiemos después de recibir el préstamo “no cumplió con sus objetivos”.

Al respecto, Vallejos subrayó que “al reconocer la fuga” el Fondo Monetario Internacional se “autoinculpó” porque “estaba perfectamente al tanto de cada movimiento cambiario que ocurría en la Argentina, tenían una oficina instalada a esos efectos. No hacía falta más que leer las estadísticas cambiarias del Banco Central que se actualizan mensualmente, como lo hacíamos todos, para saber, en tiempo real lo que ocurría”. Acto seguido, Vallejos cuestionó el informe conocido este miércoles, “cuyos resultados son convencionales: siempre reconocen los errores y fracasos domésticos (nunca los propios), a otra cosa mariposa y a pagar”.

La economista fue un paso más allá en sus críticas y dijo que “así como los funcionarios macristas deben responder por los delitos que cometieron al contratar este acuerdo, el FMI es igualmente responsable” y que “sus pretensiones de cobro no están en proporción con su accionar criminal, como cómplice y partícipe necesario de este latrocinio que permitió que un puñado de especuladores financieros se llevaran los dólares del país”.

Un trabajo de Proyecto Económico, en base a datos oficiales del Banco Central de la República Argentina, reveló que entre junio de 2018, cuando se hizo efectivo el primer desembolso del organismo, hasta que el ex presidente Macri dejó el gobierno, se fugaron del país, en concepto de formación de activo externos y salida de capitales de portafolio, el equivalente a los U$S44.500 millones del crédito que el organismo le entregó a la Argentina más U$S6.300 millones adicionales, un total de 50.800 millones de dólares.

“Fue una trampa para asegurarse el control sobre nuestra política económica, el diseño de nuestro patrón de desarrollo y el alineamiento con los EEUU en materia de política exterior, como bien claro lo han dejado los voceros que EEUU mandó a nuestro país. Bien, ahora el FMI reconoce la fuga, y reconoce que el gobierno de Macri debió imponer medidas de regulación cambiaria. Pero, así como el estatuto constitutivo del FMI, prohíbe que los recursos del FMI sean destinados por los países a financiar la fuga, también obliga al organismo, si se presenta esa situación, a llamar la atención del gobierno e instalarlo a adoptar las medidas adecuadas y, si no lo hace, a sancionarlo”, explicó Vallejos.  La economista indicó que, no obstante, todas estas anomalías: “El FMI no hizo nada de esto. Es decir, hay múltiples violaciones a la norma que regula su funcionamiento y fija sus obligaciones. Y eso es un ilícito. Por eso elaboramos, con Alejandro Olmos, una propuesta muy concreta: el FMI debe dar explicaciones ante al CIJ que es el ámbito competente para tratar este conflicto entre un país miembro y un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas”.

Y por último, Vallejos descerrajó: “¿Por qué planteamos la importancia de peticionar esta opinión consultiva ante la CIJ? Porque el verdadero nunca más a la deuda, implica necesariamente, el fin de la impunidad de los endeudadores de los pueblos y saqueadores de los países endeudados. Y el FMI es el protagonista central de esa historia que una y otra y otra vez se repite, junto con los gobiernos locales”. En esta misma línea de razonamiento, Vallejos indicó que “el pueblo argentino está reclamando justicia. El FMI debe reparar, indemnizar a la Argentina por los daños generados. Aquí nosotros somos la víctima. ¿No quieren quitas, ni plazos, ni tasas? ¿Por qué deberíamos permitir que se paren en lugar de exigir cuando son ellos los que están en falta?” ad de justicia, independencia y soberanía”.

La diputada nacional Fernanda Vallejos (FdT – Buenos Aires) participó de la inauguración del trigésimo primer Seminario Internacional de Puertos, Vías Navegables, Transporte Multimodal y Comercio Exterior realizado en la sede central de la CAME (Cámara Argentina de la Mediana Empresa).

Durante su intervención, Vallejos abogó por la recuperación de una flota mercante nacional, así como también por el desarrollo de un sistema de puertos que restablezca la importancia y la soberanía de Argentina en dicho sector.

Según la legisladora oficialista, la implementación de un sistema nacional de puertos es indispensable para el crecimiento económico e institucional del país. “El desarrollo de un sistema de transporte multimodal, es crítico a la hora de pensar la integración territorial de nuestra Nación, a la hora de pensar un federalismo direccionado al desarrollo, asociado al intercambio y agregado de valor, de cada una de las provincias y regiones de nuestro vasto, rico y diverso territorio y las posibilidades de desarrollo integral y de arraigo de los argentinos y argentinas que habitan en cada una de ellas”, argumentó al respecto.

En esta línea, Vallejos expresó su preocupación por el desguace de la flota mercante argentina, hecho al que le atribuyó consecuencias con respecto a la fuga de dólares que se registran en la economía nacional y que son destinados a cubrir gastos de fletes: “estamos obligados a revertir esos jirones de soberanía que nos fueron arrancando junto con la construcción de una renovada independencia económica, sin las cuales será difícil asegurar el compromiso urgente de restaurar la calidad de vida de nuestro pueblo”, proclamó.

Asimismo, la diputada no perdió de vista el complejo momento que atraviesa el país y aprovechó el embate para descalificar la gestión del gobierno precedente al asegurar que “No podemos dejar de vincular su importancia estratégica, con la mismísima coyuntura, tan difícil, que le toca enfrentar a nuestro país en estas horas, asediado por el endeudamiento forzado, irresponsable y fraudulento, que asumió el anterior gobierno con el FMI, y con indicadores socio-económicos que, atento a los niveles de desigualdad, pérdida de participación del salario en el ingreso, pobreza, desocupación, informalidad, hablan de una realidad profundamente dolorosa que tenemos la obligación de revertir con decisión y audacia”.

En su discurso, Vallejos destacó el rol comprometido que, según considera, está cumpliendo José Beni en la Administración General del Puerto de Buenos Aires, subrayando su labor en la vía navegable troncal por la que circula el grueso del comercio exterior argentino. “No podemos escindir el imprescindible rol que el Estado argentino está llamado a ejercer en defensa de los intereses de la Nación, de ciertas alertas, como las que puso de relieve la Unidad de Información Financiera, en el marco del intenso debate sobre nuestro Paraná y la Cuenca del Plata, en relación con el comercio ilícito, el contrabando y otros delitos económicos complejos que tienen a nuestra vía navegable troncal como escenario”, expresó en tal sentido.

Y es que según reza la página gubernamental, esa vía navegable troncal de 1.477 kilómetros, que vincula a los puertos y a las terminales fluviales con el Río Paraná y el Río de la Plata, constituye el principal camino fluvial del país para el comercio exterior, siendo responsable del 80% de las exportaciones nacionales, el 81% de las exportaciones agrícolas y el 96% del tráfico de contenedores con producción industrial.

Por último, la diputada cerró su intervención atribuyéndole un papel central en la materia al primer gobierno de Juan Domingo Perón: “releyendo a un autor peronista, me encontraba con una referencia a los comienzos de nuestra flota mercante y el rol clave que el Estado argentino desempeñó en el impulso del sector, en los años del primer gobierno del General Perón”, recordó para luego finalizar con que “Pensaba, o sentipensaba, como diría Galeano, que los temas que nos ocupan: puertos, vías navegables, transporte multimodal, industria naval, flota mercante, comercio exterior, no sólo son centrales y estratégicos, sino que tienen, para todos y todas quienes portamos el sentimiento de Patria, la capacidad de encendernos el orgullo de la nacionalidad argentina”.

La diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja, Fernanda Vallejos, presentó este viernes un proyecto de ley que establece la creación del Registro Nacional de Beneficiarios Finales. La iniciativa permitiría subsanar algunas de las observaciones que plantea el sistema de beneficiarios finales de la Argentina y sobre las que ha puesto el acento el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La diputada nacional sostiene que su objetivo es combatir la corrupción estructural, la fuga de capitales, el lavado de dinero y la evasión impositiva, y es por ello que el sentido de su iniciativa es poner al descubierto quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas fantasma que se utilizan para cometer distintos delitos económicos contra el Estado y el país.

Vallejos definió los detalles de la propuesta en el marco de la apertura VII jornada de diálogo “Beneficiarios Finales en Argentina, América Latina y el Mundo y su vinculación con la evasión y elusión fiscal, la corrupción y el lavado de activos”, organizada por Fundación SES, La Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (LATINDADD), la Financial Transparency Coalition, con el apoyo de Tax Justice Network y la Red de Justicia Fiscal de América Latina, que tuvo lugar hoy a través de la plataforma zoom.

En los fundamentos de esta iniciativa se explica con claridad que “la identificación de los beneficiarios finales de las empresas representa una de las principales herramientas para combatir los flujos financieros ilícitos relacionados con la evasión fiscal, el lavado de dinero, la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, y diversas violaciones a los derechos humanos”. Vallejos también alerta que “sin políticas sobre transparencia respecto de los beneficiarios finales, la criminalidad económica puede ocultarse detrás de vehículos jurídicos de cualquier tipo”.

El proyecto de Vallejos consta de 13 artículos, de los cuales uno de ellos es de forma.

El primero define expresamente que el Registro Nacional de Beneficiarios Finales, dependerá del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y tendrá como “finalidad de llevar un registro centralizado y actualizado de los beneficiarios finales de toda persona jurídica y/o estructura jurídica, nacional y/o extranjero que opere en el país”.

En la categoría de beneficiario final, la iniciativa de Vallejos engloba a las personas humanas que tengan como mínimo “el 10% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, un fideicomiso y/o de cualquier otra estructura jurídica; y/o a la/s persona/s humana/s que por otros medios ejerza/n el control final de las mismas”. Sin embargo, acto seguido puntualiza que “se entenderá como control final al ejercido, de manera directa o indirecta, por una o más personas humanas mediante una cadena de titularidad y/o a través de cualquier otro medio de control y/o cuando, por circunstancias de hecho o derecho, la/s misma/s tenga/n la potestad de conformar por sí la voluntad social para la toma de las decisiones por parte del órgano de gobierno de la persona jurídica o estructura jurídica y/o para la designación y/o remoción de integrantes del órgano de administración de las mismas”. Asimismo, subraya que “cuando no sea posible individualizar a aquella/s persona/s humana/s que revista/n la condición de Beneficiario/a Final”, la responsabilidad de beneficiario final recaerá en la “persona humana que tenga a su cargo la dirección, administración o representación de la persona jurídica, fideicomiso, y/o estructura jurídica”, según corresponda.

En tanto, en el caso de los fideicomisos o estructuras jurídicas de características similares nacionales o extranjeras “se deberá individualizar a los beneficiarios finales de cada una de las partes del contrato”. En diciembre del año pasado, el Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sancionaron la ley de Autorización de Defensa Nacional, que se convirtió en ley el 1 de enero de 2021 y que incluye una norma contra el Lavado de Dinero, reconocida por sus siglas AML y una segunda de Transparencia Corporativa (CTA), que requerirá a las corporaciones, compañías de responsabilidad limitada y similares que entreguen información sobre sus beneficiarios finales.

La propuesta de Vallejos señala que “las recientes megafiltraciones de información financiera dejaron al descubierto el extendido (ab)uso de complejas estructuras societarias. Panama Papers, Swiss Leaks, Paradise Papers, Bahamas Leaks o Luxleaks pusieron en evidencia la existencia de una industria dedicada a montar diversas estructuras societarias conformadas mediante entramados multijurisdiccionales que incluyen sociedades en guaridas fiscales y jurisdicciones opacas con el objetivo de ocultar la identidad de los verdaderos dueños de las empresas y explotar zonas grises en las legislaciones”.

En el artículo 4, el proyecto explícita que los sujetos obligados a brindar información al Registro de Beneficiarios Finales “serán todas, personas humanas, personas jurídicas, y/o estructuras jurídicas, tales como  fideicomisos o fondos comunes de inversión, sobre las que recae o pueda recaer el deber de declarar al o los Beneficiarios  Finales ante los distintos organismos que componen la Administración Pública Nacional centralizada, los Organismos Desconcentrados, Descentralizados y los Entes Públicos con autarquía financiera, las entidades públicas no estatales y ante los organismos provinciales que así lo requieran”.

Un dato destacado es que el artículo 7 del proyecto advierte que la información del Registro Nacional de Beneficiarios Finales tendrá carácter público y será de acceso gratuito “a través de medio informáticos”, además que “será publicada proactivamente en formato de datos abiertos en las páginas webs institucionales oficiales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en concordancia con el derecho de acceso a la información pública, regulado por la ley 27.275 y la Ley de protección de los datos personales nro. 25.326”. Vale, sin embargo, la aclaración que exceptúa de la publicación “la información referida al DNI, nacionalidad, domicilio real, teléfono, correo electrónico, estado civil, profesión, condición de PEP del Beneficiario Final, datos que podrán ser brindados únicamente a requerimiento de otro organismo del Estado o por requerimiento judicial”. Además, el proyecto prevé la creación de un “órgano consultivo” integrado por un representante del Ministerio de Justicia y Derechos  Humanos, un representante de la Unidad de Información Financiera (UIF), un representante de la AFIP,  dos representantes de dos jurisdicciones, del Poder Judicial y el Ministerio Público, un representante de la sociedad civil, un representante del sector universitario y dos representantes seleccionados por parte de los registros provinciales, “los que irán rotando anualmente”. El objeto de este Comité es la elaboración de propuestas y sugerencias técnicas, que apunten a mejorar el funcionamiento del Registro, labores que se realizarán ad honorem.

En los fundamentos de la propuesta, Vallejos reconoce que la Argentina “ha dado pasos importantes en materia de recolección de información sobre los beneficiarios finales” pero inmediatamente advierte que “la disponibilidad, practicidad y acceso a dicha información aún resulta dificultosa ya sea por razones tecnológicas, por falta de normas claras y sobre todo por la falta de un registro único y nacional que centralice la información de los beneficiarios finales de todas las personas y estructuras jurídicas nacionales y extranjeras registradas en el país. Por último, la diputada kirchnerista alerta también que “la legislación sobre la identificación de los beneficiarios finales de las empresas en Argentina está condicionada por la fragmentación, desactualización y ausencia de verificación de los registros provinciales, así como aquellos que llevan los distintos organismos de control”.

En la misma sintonía, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de un informe del especialista Andrés Knobel, intitulado “Regulación sobre Beneficiarios Finales en América latina”, realiza distintas observaciones sobre la política de beneficiarios finales de la Argentina. Entre ellas destaca que “las autoridades competentes no tienen acceso oportuno a una información adecuada, precisa y actualizada sobre los Beneficiarios Finales de las personas jurídicas porque “aún no existe un registro nacional funcional de personas jurídicas” y que “los registros se mantienen por separado por la ciudad de Buenos Aires y las 23 provincias”. Además, Knobel subraya que “los registros provinciales no contienen información actualizada” y las autoridades provinciales de control tienen una capacidad limitada para obtenerla”. Estas son sólo algunas de las objeciones que plantea el BID y que la sanción de la ley Vallejos permitiría subsanar.

A través de un duro documento en el que se analizan las supuestas violaciones que habría cometido el Fondo Monetario Internacional (FMI) al otorgar el crédito de 55 mil millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri, Soberanxs -el espacio político que conducen Amado Boudou, Alicia Castro y Gabriel Mariotto– le propondrá al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner que antes de sellar cualquier tipo de acuerdo con el organismo multilateral de crédito solicite a la Asamblea General de las Naciones Unidas le pida a la Corte Internacional de Justicia una Opinión Consultiva, en la que se expidan sobre “la forma discrecional y arbitraria en la que se celebró el acuerdo y establezca las responsabilidades pertinentes y la posibilidad de una reparación por los daños ocasionados”.

Para este sector, “está probado” que el FMI incumplió con sus normas estatutarias y a través de sus acciones y omisiones permitió que los fondos desembolsados no fueran utilizados para su objetivo específico. Por eso desde Soberanxs consideraron que “esta sería la primera vez en la historia que se cuestiona al Fondo Monetario en una instancia internacional, resultando hoy imprescindible hacerlo para poner en evidencia que debe terminarse con la impunidad de sus manejos. Resulta necesario plantear una cuestión fundada en el Derecho Internacional a los efectos de acreditar de manera irrefutable la violación por parte de la institución multilateral de su Convenio Constitutivo, de manera tal de establecer su responsabilidad en los daños emergentes de los acuerdos celebrados en los meses de junio y octubre de 2018. Todo esto en virtud de lo establecido en Convenciones Internacionales, en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en las normas establecidas por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas y en los principios generales del derecho que son fuente de las sentencias de la Corte Internacional de Justicia”.

Desde Soberanxs aseguraron que “el Fondo celebró un stand by con el gobierno de Macri a sabiendas que era imposible pagar en 36 meses las sumas comprometidas en un acuerdo sin antecedentes en la historia de la institución, y que no respondió a las prácticas habituales del organismo. Además, el FMI no cumplió con las normas contenidas en su Convenio Constitutivo, violando las disposiciones contenidas en los artículos 1°, Sección 5, Artículo V, Sección 5, y Artículo VI, Sección 1”.

En el documento que presentarán al Gobierno nacional señalaron que cualquier acuerdo al que se llegue con el Fondo Monetario Internacional “supone la aceptación de un programa de política económica, con las conocidas condicionalidades que son la metodología habitual del FMI. Ningún país con 50% de pobreza podría tolerar un programa de ajuste fiscal o una política de ajuste por la vía cambiaria (devaluación), incluso cuando no tuviese que devolver nada en los próximos años”. 

Con la experiencia histórica existente con el FMI, más allá de las justificaciones que se esgriman, el espacio considera “difícil imaginar que el organismo acepte un acuerdo tal que los pagos a los que se obligue el Estado no tengan como contrapartida acentuar las carencias y la fragilidad de una situación social que ya no admite ajustes ni restricciones de ninguna naturaleza”.

Por último, señalaron: “Si queremos ser un país soberano, resulta necesario utilizar todos los recursos legales de que se dispone, para que se reconozcan nuestros derechos y se ponga en evidencia el ilegal comportamiento del FMI a través del pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia. Que esa decisión, por otra parte, limite las exigencias e irreductibilidad con la que se ha manejado esa institución desde siempre, terminando con la discrecionalidad con la que obraran sus funcionarios y los países que lo controlan mayoritariamente. Así como ellos se muestran muy exigentes respecto a la imposibilidad de reducir intereses, o efectuar una quita sobre el dinero prestado porque las normas a las que están sujetos no se lo permiten, es hora de usar el derecho internacional para poner en evidencia el ilegal comportamiento con el que se manejaron durante el gobierno de Cambiemos y ver si de tal manera se limitan las pretensiones de la institución y se la enfrenta con argumentos del derecho internacional público que debe respetar como organismo de las Naciones Unidas”.

Firman el documento Alicia Castro, Amado Boudou, Gabriel Mariotto, Alejandro Olmos Gaona, Hernán Arbizu, Fernanda Vallejos, , Mempo Giardinelli, José Pepe Sbatella, Pedro Peretti, Jorge Elbaum, Cristina Banegas, Liliana Mazure, Carlos Caramello, Javier Arroyuelo, Alejandro Mosquera, Juan Pablo Olsson, Dina Feller, Jorge Fonseca, Mariano Pinedo, Rita Cortese, Luis Arias, Néstor Segovia, Gabriela Piovano, Christian D’Alessandro, Damián Marino, Monika Arredondo, Mario Volpe, Santiago Liaudat, Martin García, Néstor Piccone, Ariel Garbarz, Juan Valerdi, Gabriela Puerto, Sacha Kun Szabo, Conrado Yasenza, Víctor Giusto, Ernesto Gaidolfi, Pablo Pascualini , Horacio Ghilini,   Noemí Brenta, Horacio Rovelli, Rodolfo Treber, Jorge Marchini, José Cárcamo Norberto Itzcovich, Pablo Galarreta, Tommy Lujan, Zunilda González.

Durante un acto frente al Congreso convocado por organizaciones sociales y sindicales, la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos rechazó las expresiones del postulante a embajador de Estados Unidos en el país, Mark Stanley, quien en el Capitolio de Estados Unidos opinó que “es responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un plan macro” para pagar la deuda de 45.000 millones que el expresidente Mauricio Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional.

Sin nombrarlo, la kirchnerista aludió a Stanley y le contestó: “Ya tuvimos otros emisarios… y nuestra respuesta, como argentinos, sigue siendo la misma que le dio a (Spruille) Braden el general (Juan Domingo) Perón: no nos interesa el prestigio con el que a veces recubren en el norte a los que traicionan a su pueblo. No nos conmueven esos falsos reconocimientos. El único reconocimiento que vale para un dirigente popular es el de su pueblo. Por eso, como decía Néstor (Kirchner), lo único a lo que le tenemos miedo es a la entrega”.

Al igual que el senador K Oscar Parrilli lo planteó en la sesión de este jueves en el Senado, Vallejos recordó “la definición tajante” que dio el entonces candidato a presidente, Juan Domingo Perón, cuando en 1945 acusó al lobbista Spruille Braden, designado embajador en la Argentina, de querer colocar al país “en una situación de dependencia”, “una especie de resurrección del protectorado”. Según relató entonces, Perón le contestó a Braden: “Yo entiendo que, quien haga eso a su país, es un hijo de puta”.

“Braden pretendió explicarme lo que, a su juicio, ‘debía hacer el gobierno argentino’. Si yo era ‘buenito’, a cambio de mi ‘comprensión’ era posible que los Estados Unidos no ‘vetaran’ mi eventual candidatura presidencial”, explicó el propio Perón durante un reportaje de la época.

La legisladora formuló estas declaraciones antes más de 20.000 personas que se dieron cita durante un acto en las puertas del Congreso, en rechazo al Fondo Monetario, organizado por la CTA Autónoma y otras organizaciones sociales y sindicales.

En el Capitolio, Stanley sostuvo que “la deuda con el FMI, de U$S45.000 millones, es enorme. El problema, sin embargo, es que es responsabilidad de los líderes argentinos elaborar un plan macro para devolverlos, y aún no lo han hecho. Dicen que ya pronto viene uno”.

En su discurso, la diputada valoró la importancia de la movilización popular y evocó a la figura del expresidente, Néstor Kirchner. “Después de casi dos años de pandemia, lo sabemos mejor que nunca: la movilización popular es central, es vital para nuestra democracia. No puedo evitar traer a este momento unas palabras de Néstor Kirchner, hoy que lo recordamos, a un día de los 11 años de su paso a la inmortalidad, esas palabras cuando decía, allá desde Río Gallegos, que siempre que hubiera una movilización, una demanda popular, él iba a estar al frente. Y eso es lo que intentamos hacer todos los días”.

Asimismo, subrayó que la deuda del FMI “fue dada a un país que no tenía condiciones para devolverla, lo que habla de la irresponsabilidad del acreedor”, y acotó: “Una deuda que fruto exclusivo de una decisión política para favorecer al presidente Macri, como reconoció el representante de EE.UU. en el FMI. Una deuda que se destinó a financiar la fuga de capitales de un puñado de saqueadores que se enriquecieron con las políticas neoliberales de Juntos por el Cambio, que dolarizaron esos excedentes, y esos excedentes dolarizados con los dólares de la deuda los fugaron del país”.

“Los que nunca pidieron perdón por sus errores, por su mala praxis, por haber violado sus propios estatutos, los que nunca pidieron perdón por un crédito mal dado que le hace mucho daño a nuestro país, nos mandan emisarios a exigir planes de política económica”, fustigó y acto seguido agregó: “Sus planes los conocemos muy bien los argentinos y las argentinas. Y no aceptamos comisarios externos que vengan a pretender decirnos a los argentinos cómo debemos conducir nuestra economía”.

En esta misma línea, la economista consideró que “el FMI tiene que hacer un enorme mea culpa, porque cada vez que metió la nariz, cada vez que Argentina siguió su recetario, terminamos en terribles crisis que siempre las ha pagado nuestro pueblo”. “A este pueblo no le interesa tener los planes que reclama el Fondo Monetario, no le interesa que nos digan cuánto tiene que valer el dólar, cuánto tienen que caer los salarios y las jubilaciones, cuánto se tiene que achicar el Estado”, enfatizó.

En otro pasaje de su discurso, la legisladora destacó que “a este pueblo le interesa cuidar y fortalecer la democracia, una democracia sustantiva, no meramente formal, no una democracia domesticada, como decía Néstor. Y en una verdadera democracia, la política económica la decide el pueblo en las urnas”. “Si quieren decir algo relativo a la Argentina, que vengan a decirnos en qué guaridas fiscales se esconden los dólares fugados, que cooperen con nuestro país, para compensarnos por el daño generado”, desafió.

Además, realzó los dichos del jefe del bloque del FdT en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, quien sostuvo que “cuando percibimos una distancia que se abre entre la dirigencia y la sociedad, nuestra responsabilidad es estar siempre junto a nuestro pueblo”.

Al respecto, Vallejos concluyó: “Por eso le decimos no al FMI, no al ajuste, no a los comisarios externos. Sí al pueblo argentino, sí a una democracia plena donde la política económica la define el pueblo y donde el Gobierno hace lo que el pueblo quiere. Sí a la soberanía política, a la independencia económica y a la justicia social. Sí a la Argentina”.

La diputada del Frente de Todos y presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, y el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, trabajarán en un proyecto para combatir la corrupción offshore. Así lo adelantó Vallejos a través de su cuenta de Twitter horas después de mantener una reunión con Crous.

“Esta mañana leí en El Destape Web que el titular de la OA (Oficina Anticorrupción), Félix Crous, tiene intención de trabajar en un proyecto sobre la misma materia de mi proyecto presentado en 2018 y 2020. Esta tarde me comuniqué con él para trabajar juntos”, relató Vallejos a través de la red social.

En 2017, antes de asumir como diputada, me comprometí a presentar un proyecto para combatir la corrupción offshore en el ámbito público, en los 3 poderes del Estado, e incluyendo a los candidatos a cargos electivos. Lo hice. Y lo volví a presentar en 2020: https://t.co/oL3VTzXKzy

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) October 18, 2021

La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que se conoció como “Pandora Papers”, basada en la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros de todo el mundo, desnudó un amplio entramado de empresas y personas físicas que ocultaban activos de origen dudoso en firmas offshore inscriptas en guaridas fiscales, la mayoría de ellos no declarados, con fines de evasión fiscal.

La Argentina, a pesar de que en el contexto económico mundial ocupa el lugar 70 por ingreso per cápita, es el tercer país del mundo con más sujetos que ocultaron activos en empresas offshore.

En este marco, la Oficina Anticorrupción promueve un cambio en la legislación que busca impedir que los funcionarios públicos mantengan posiciones patrimoniales offshore, bajo la forma de sociedades, cuentas o giros patrimoniales en plazas no colaborativas.

La propuesta de la Oficina Anticorrupción prevé reuniones con expertos con el fin de redactar un proyecto final que será elevado al presidente de la Nación y remitido al Congreso de la Nación.

En la misma línea de trabajo, la diputada Vallejos presentó un paquete de proyectos de ley para desalentar la corrupción offshore en el sector público en guaridas fiscales, que ahora analizará junto a Félix Crous.

A saber:

•                              Proyecto I. Prohibición para funcionarios y candidatos a cargos electivos de tener cualquier tipo de vinculación offshore.
•                            Proyecto II. Prohibición de que el Estado otorgue ayuda económica a personas o empresas con actividad offshore.
•                              Proyecto III. Exclusión para participar en licitaciones y contrataciones con el Estado de todas aquellas empresas que tengan actividad económica offshore.
•                              Proyecto IV. Creación de una comisión investigadora de la fuga de capitales (como los USD 45.000 millones del FMI).

“Celebro su iniciativa (la de Félix Crous) y que, finalmente, nuestras ideas tengan eco en otros ámbitos. Son muchos años de estudio, trabajo y dedicación a un tema que considero de importancia estratégica. A partir de la semana próxima nos pondremos a trabajar con la expectativa de que sea ley”, puntualizó Vallejos.

La diputada nacional Fernanda Vallejos (FdT) volvió a respaldar el plan del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, de congelar hasta enero próximo el precio de más de 1.600 productos y salió al cruce del titular de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja, quien rechazó la medida del Gobierno.

“Nos cansamos de explicar que la inflación es un fenómeno de costos. Pero los señores siempre quieren devaluación, principal impulso inflacionario en nuestro país. No quieren retenciones, aunque la inflación mundial impacte como una devaluación. Tampoco quieren control de precios”, fustigó la legisladora kirchnerista en su Twitter.

Y se quejó que los empresarios “no quieren que el secretario de Comercio ejerza su función ni que aplique las leyes vigentes en nuestro país”.

“¿Qué quiere Funes de Rioja? Simple, la quieren toda para ellos, aunque sea sobre el hambre del pueblo gracias al cual se hicieron ricos. Eso, y trabajadores sin derechos”, disparó.

Por último, la economista apoyó a Feletti: “Haga lo que tenga que hacer, compañero Secretario, @RobertoFeletti. A usted lo apoya el pueblo trabajador”.

No quieren que el Secretario de Comercio ejerza su función ni que aplique las leyes vigentes en nuestro país.
¿Qué quiere Funes de Rioja? Simple, la quieren toda para ellos, aunque sea sobre el hambre del pueblo gracias al cual se hicieron ricos. Eso, y trabajadores sin derechos.

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) October 19, 2021

La diputada kirchnerista Fernanda Vallejos salió este martes al cruce de versiones periodísticas que dan cuenta del interés del Fondo Monetario Internacional de que la Argentina modifique el tipo de cambio e impulse un ajuste a través de una devaluación, después de las elecciones legislativas del 14 de noviembre próximo.

Lo hizo a través de su cuenta de Twitter y a modo de respuesta al periodista Marcelo Bonelli, quien en un artículo que apareció publicado en su portal señaló que “el organismo (por el FMI) pide un ajuste cambiario y fijó que el plazo de devolución del crédito será a 10 años”.

En su tuit, la legisladora apuntó: “Me parece, Marcelo, que imposible es devaluar como quiere el FMI. No se enteró el staff de los niveles de pobreza y el enorme déficit de ingresos que existe?”.

Además, Vallejos arremetió contra el Fondo por haberle otorgado al gobierno de Mauricio Macri un crédito por U$S44.800 millones, el más importante de la historia del organismo, y sin respetar el artículo VI de su propio estatuto constitutivo.

“El pueblo argentino pide que el organismo repare su mala praxis, diciendo en qué guarida están los USD que le dejó fugar a Macri”, lanzó la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja.

Me parece, Marcelo, q imposible es devaluar como quiere el FMI. No se enteró el staff de los niveles de pobreza y el enorme déficit de ingresos q existe?
El pueblo argentino pide q el organismo repare su mala praxis, diciendo en qué guarida están los USD que le dejó fugar a Macri https://t.co/bQxjVtMqqe

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) October 12, 2021

La diputada nacional Fernanda Vallejos saludó este fin de semana la designación de Roberto Feletti en el Gobierno nacional, anunciada este sábado a través de un comunicado de la Jefatura de Gabinete.

Feletti asumirá las funciones de secretario de Comercio Interior en el marco del Ministerio de Desarrollo Productivo, al tiempo que la reemplazada Paula Español pasará a desempeñarse en el ámbito del Ministerio del Interior, donde trabajará, en conjunto con las provincias, en la coordinación de estrategias y proyectos de desarrollo a nivel federal, que contemplen la radicación de empresas, la agregación de valor, la generación de empleo y el arraigo socio-productivo en cada rincón del país.

Tras destacar la designación de Feletti, Vallejos advirtió que “una inflación de 51% anual, junto al deterioro de los ingresos y la capacidad de consumo, señala la necesidad de medidas urgentes y efectivas”.

Y agregó: “El pueblo apoyará una gestión que enfrente a los sectores que acumulan ganancias a costa de la pérdida de calidad de vida de la mayoría”.

Una inflación de 51% anual, junto al deterioro de los ingresos y la capacidad de consumo, señala la necesidad de medidas urgentes y efectivas.
El pueblo apoyará una gestión que enfrente a los sectores que acumulan ganancias a costas de la pérdida de calidad de vida de la mayoría. pic.twitter.com/HiG5xg1nrb

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) October 9, 2021

Una filtración de casi 12 millones de documentos derivó en la mayor colaboración periodística en la historia: el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) sacará a la luz los secretos financieros de 35 jefes y exjefes de Estado, más de 330 funcionarios de casi 100 países y un amplio abanico de grandes empresarios, deportistas y celebrities.

Al respecto, el diputado bonaerense Rodolfo Tailhade (Frente de Todos) publicó: “Nos van a seguir tomando por estúpidos y ocultando los nombres de los evasores argentinos? Van a liberar todos los nombres de los Pandora Papers? Queremos saber. Queremos libertad de prensa”.

En tanto, en Twitter, la diputada bonaerense Fernanda Vallejos (FdT) señaló: “Sobre #PandoraPapers, excelente investigación que sigue arrojando luz sobre el funcionamiento de las cloacas del sistema económico que montó el neoliberalismo con la expansión de las finanzas extraterritoriales y la “industria” de la fuga y la evasión, algunos puntos a resaltar”.

El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto declarando su más categórico repudio a la diputada nacional Fernanda Vallejos quien se refirió en audios de whatsapp al expresidente de la Nación Raúl Ricardo Alfonsín con “improperios indignos no sólo a su investidura sino de las más elementales normas de respeto y educación”.

“En uno de los audios se la escucha criticar duramente la recurrente inclinación que ha tenido Alberto Fernández de nombrar al doctor Raúl Alfonsín como figura ejemplar en sus discursos. Llena de un odio absolutamente desmedido e injustificable, la legisladora kirchnerista se dirige al expresidente como un ‘viejo de mierda que se cagó en todo y lo toman como ejemplo’. Antes de abrir la boca para nombrar a Alfonsín, la diputada Vallejos debería lavársela con lavandina”, sentenció el senador Blanco.

Agrega el legislador fueguino que “ese presidente fue quien le permitió a los argentinos recuperar la democracia, juzgar a los militares y a ella misma tener una banca que no está a la altura y a la cual deshonra. Raúl Alfonsín, Padre de la Democracia, nos enseñó los valores de la tolerancia, de la solidaridad y del respeto hacia quienes no piensan como nosotros. Jamás agravió a nadie e hizo de la convivencia una meta permanente del Estado de Derecho”.

En su presentación, el senador radical sostiene que “esta señora, verdadera diputada del resentimiento y del odio, es fiel representante de las ideas antidemocráticas y totalitarias. Es una hipócrita temeraria que, afortunadamente, no integra la lista de candidatos del Frente de Todos para las próximas elecciones y, entiendo, jamás volverá a ser investida”.

“Presento este proyecto como un desagravio hacia quien fuera la figura de don Raúl Ricardo Alfonsín y como una forma de reparar las barbaridades dichas por esta señora indigna de formar parte del Congreso de la Nación argentina. Alfonsín estará para siempre en el corazón de los argentinos y Fernanda Vallejos pasará al olvido como lo que es: una legisladora cuyos valores nada tienen que ver con los valores que admiran y quieren los argentinos”, finalizó el senador fueguino.

Luego de una semana caliente en materia política en la cual trascendió un picante audio de la legisladora nacional Fernanda Vallejos contra Alberto Fernández en donde lo trató de “ocupa, enfermo y mequetrefe”, el diputado nacional Jorge Enríquez (Pro – Ciudad de Buenos Aires) pidió la remoción de Vallejos y también la derogación de la Ley Previsional vigente que ella votó.

“He presentado un proyecto de exclusión de la Cámara de Diputados de la diputada Fernanda Vallejos, por inhabilidad moral sobreviniente en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional”, afirmó el dirigente del Pro.

Por consiguiente, explicó que “las palabras pronunciadas por esa legisladora en unos audios que tomaron estado público son de una gravedad inusitada, no solo por su lenguaje soez, impropio de quien ejerce una función pública relevante, sino por el grado de cinismo que exhiben al revelar que sus discursos públicos de defensa del Gobierno eran opuestos a lo que verdaderamente pensaba”.

En esta línea, Enríquez exigió la derogación de la Ley Previsional por “la inmoralidad de reconocer que votó una Ley a sabiendas de que perjudicaba enormemente a los jubilados”, y agregó: “No hacía falta que ella lo dijera para saber que así es”.

“Ante ese reconocimiento infame he presentado junto a los diputados Luis Juez, Cristian Ritondo, Waldo Wolff; entre otros, un proyecto de derogación de la actual fórmula de movilidad y el restablecimiento de la anterior, notoriamente más favorable a los beneficiarios previsionales”, precisó el diputado que integra el interbloque de Juntos por el Cambio.

Por último, enfatizó que “la permanencia de Vallejos en la Cámara de Diputados sería un escándalo que afectaría la credibilidad del Poder Legislativo y socavaría todavía más la confianza pública en las instituciones. También lo es la permanencia de una norma previsional deliberadamente destinada a hambrear a los jubilados.

Por José Angel Di Mauro

Al cabo de otra jornada febril de negociaciones a puertas cerradas y versiones de todo tipo, se supo que el presidente iría al día siguiente a La Rioja, donde se mostraría con gobernadores. Se especuló entonces conque desde allí anunciaría su nuevo gabinete. Muchos se ilusionaron con un Alberto Fernández “empoderado”, relanzando su gobierno apoyado en los gobernadores, como se teorizaba al inicio de su gestión. Pero no.

Poco después de dejar la Casa Rosada a bordo del helicóptero junto a Gustavo Beliz alrededor de las 22.30, comenzó a circular el comunicado de Presidencia que anunciaba las designaciones con las que se buscaba poner fin a la crisis desatada en la cima del poder, tras la estrepitosa derrota en las PASO. La confección de los cambios no hizo más que certificar que el presidente terminó cediendo.

Lo cual, de alguna manera, infunde cierta tranquilidad porque garantiza que los encontronazos pararán al menos por un tiempo. Posiblemente hasta el 14 de noviembre.

Dice más lo que no está escrito en el comunicado, que los nombres que allí figuran. Pues no se menciona al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, ratificado en consecuencia al frente de esa cartera, luego de que desde el jueves se lo considerara fuera. El viernes se daba por hecho que la solución a la grave crisis planteada entre el presidente y su vice sería salomónica e implicaría la salida de tres funcionarios albertistas y otros tantos de Cristina. Si se iba Wado, también lo haría Santiago Cafiero. Sin embargo el dirigente de La Cámpora seguirá, no así el jefe de Gabinete. Al menos no en ese cargo, sino en Cancillería, cuestión de atenuar el impacto de la salida.

No hubo ninguna compensación; el único cristinista que sale es Roberto Salvarezza, de un peso específico bastante inferior políticamente hablando. Sobre todo si se tiene en cuenta que la primer salida anunciada fue la de Juan Pablo Biondi, mucho más que un vocero para el presidente Alberto Fernández. La suya fue la primera y única renuncia de carácter “indeclinable” presentada en una semana en la que los planteos en ese sentido fueron casi todos verbales.

El presidente podrá considerar que ha logrado retener a varias de las otras cabezas exigidas desde el cristinismo. Por ejemplo Matías Kulfas, o Claudio Moroni. Pero sobre todo Martín Guzmán, aunque en realidad la vicepresidenta no iba por él; no ahora, cuando debe defender el proyecto de Presupuesto 2022 que acaba de mandar al Congreso y está pendiente la firma del acuerdo con el Fondo. Su hijo y otros halcones del cristinismo sí querrían su salida. No es que Cristina haya cambiado su consideración por él, ya lo dejó claro en la carta fulminante que difundió el jueves. Debe considerarse en el mismo sentido que lo exteriorizado sin filtro por Fernanda Vallejos, quien como ya hemos dicho más de una vez, no habla en nombre de la exmandataria, pero suele expresar su pensamiento. La serie de audios que se conocieron de ella serían parte de una puesta en escena dirigida a los sectores en pugna del Frente de Todos.

Tan claro está que en la resolución del conflicto en el Gobierno es Cristina la que se impuso, que hasta la designación del gobernador tucumano como jefe de Gabinete terminó siendo una “sugerencia” suya, tal cual lo dejó claro en su carta del jueves. Allí recuerda las “diferencias ya superadas” con quien fuera su ministro de Salud, que tuvo en agosto de 2018 la osadía de dar por concluido su ciclo. “Valoro que sea senadora y que pueda aportar. Pero ya está, terminó”, dijo entonces. La expresidenta no olvida esas cosas.

Manzur siempre fue el gobernador más cercano a Alberto Fernández y a sugerencia suya iba a ser ministro de Salud de la Nación Pablo Yedlin. Pero por las razones ya expuestas Cristina lo bochó, y el presidente tuvo que llamar a Ginés González. Cuando la debacle peronista de 2015, el tucumano podía regodearse de gobernar el distrito más populoso en manos del PJ. Hoy Manzur es uno de los pocos peronistas que ganaron en las PASO; otro es el riojano Ricardo Quintela, al que Alberto recibió el viernes y fue su anfitrión al día siguiente. El tucumano venció nada menos que a su vicegobernador, con el que vive un duro enfrentamiento que concluyó con el desafío en internas, en el que prevaleció el gobernador. Por esa pelea es que Manzur se resistía a aceptar ser jefe de Gabinete, para no dejarle la gobernación a Osvaldo Jaldo.

🇦🇷 | Felicitamos y valoramos la actitud del gobernador @JuanManzurOK en estos momentos difíciles de asumir como Jefe de Gabinete en el gobierno de nuestro Presidente @alferdez y nuestra vicepresidenta @CFKArgentina, poniéndonos a disposición en lo que haga falta.

— Osvaldo Jaldo (@OsvaldoJaldo) September 18, 2021

Por eso es que el Gobierno nacional se dedicó intensamente a tratar de convencer a este último para que renunciara al cargo -a cambio de un cargo nacional-, de modo tal que Manzur pudiera aceptar mudarse a Buenos Aires. No se sabía a qué acuerdo habían llegado cuando Jaldo escribió este conceptuoso tuit: “Felicitamos y valoramos la actitud del gobernador @JuanManzurOK en estos momentos difíciles de asumir como jefe de Gabinete en el gobierno de nuestro Presidente @alferdez y nuestra vicepresidenta @CFKArgentina, poniéndonos a disposición en lo que haga falta”.

Alberto Fernández quería al menos un gobernador más a su lado en esta nueva etapa que inicia su administración, pero solo encontró negativas en los mandatarios que desfilaron por la Casa Rosada: por caso, el chaqueño Jorge Capitanich, quien debe ordenar su patio trasero pues sufrió una sonora derrota en las PASO; también el sanjuanino Sergio Uñac, que hace tiempo tenía pensado proyectarse a nivel nacional, pero siempre postergó ese deseo y más ahora, poco convencido de sumarse a esta gestión en tales circunstancias.

Así y todo, una fuente oficial valoraba la noche del viernes que con los nombres que se suman al Gobierno -salvo el ministro de Educación, todas figuras conocidas y de peso-, el gabinete “gana volumen político”. Se verá si es suficiente para que el oficialismo pueda recuperarse en las elecciones generales. Difícil: desde que hay PASO, solo 14 elecciones pudieron revertirse en las generales -sobre un total de 123-, y en apenas tres de ellas en favor de lo que hoy representa el Frente de Todos. Así y todo también es cierto que siempre hay casos que se revierten, lo que para el oficialismo nacional podría llegar a representar recuperar algún senador y con ello mantener el quórum propio en la Cámara alta.

La más que probable ratificación de un resultado adverso en noviembre significará seguramente una nueva modificación del equipo ministerial, esta vez más a fondo. Por eso es que todos coinciden en que el Gabinete que asumirá este lunes será “de transición”. Razón por la cual le costó tanto al presidente sumar gente, cosa que hubiera deseado postergar hasta noviembre.

Para Cristina y Máximo Kirchner eso era inaceptable. Los cambios debían hacerse ahora, y profundizarlos después de noviembre, si cabe. Como sea, la pregunta del millón es ahora cómo será hacer campaña después de semejante pico de tensión. ¿Cómo defenderán los candidatos y funcionarios una administración torpedeada de manera tan explícita desde las entrañas del poder? “Ya le encontrarán la vuelta”, relativizó una fuente consultada. Como si fuera sencillo…

Los reproches airados comenzaron a escucharse desde el domingo mismo. Porque no hay derrota que impacte más que la que no se espera. Es de imaginar el enojo de la vicepresidenta que viajó especialmente desde Río Gallegos a Buenos Aires cuando le anticiparon que la elección se ganaba “con amplitud”. Algunos de los que estuvieron en el búnker oficialista aseguran que sus gritos indignados se escuchaban desde lejos. La enojó aún más que el presidente llegara una hora y media después que ella.

Hay 9 semanas entre las PASO y las elecciones generales. El ganador de la interna bonaerense, Diego Santilli, no quiso perder tiempo y el lunes se lo vio haciendo campaña en Tigre y al día siguiente en Ituzaingó, dos municipios en los que Juntos se impuso. Después, la campaña opositora se frenó por la durísima pelea en el oficialismo. ¿Para qué gastar esfuerzos si el Frente de Todos le estaba haciendo la campaña a la oposición?Se limitaron a ver cómo se consumía el oficialismo en una pelea sangrienta, y cómo perdía una semana completa cuando en campaña el tiempo es uno de los bienes más preciados.

¿Le alcanzarán los cambios al Gobierno para evitar otra catástrofe? Difícil. Nunca se vio que un gobierno ganara elecciones en un clima social tan adverso, producto de una economía desmadrada. Es lo que el cristinismo insiste en enrostrarles a sus socios y ahora en público, con el tono de “yo te avisé”. Desligándose de toda responsabilidad.

La derrota electoral cayó como un meteorito en el seno del Frente de Todos y estalló la interna entre el sector de la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández. En esa disputa de poder en la coalición gobernante, se filtró un audio de 11 minutos de la diputada bonaerense Fernanda Vallejos en el que insultó al primer mandatario y lo trató de “okupa” y “mequetrefe” además de criticar su política económica.

Tras ese audio polémico, la diputada Gabriela Cerruti, compañera de bancada de Vallejos, señaló: “Si pensás todo eso, andate”. Luego, en Twitter, aclaró: “No soy nadie para pedir renuncias, cálmense. Dije solo cómo me sentiría yo”.

“Si pensás todo eso, andate. Si formás parte de un gobierno o espacio y pensás todas esas cosas, ¿qué haces ahí? Yo no me quedaría ni un minuto”, señaló Cerruti en Radio con Vos. “Uno no dice en privado lo que no se banca decir en público”, apuntó.

“Por algo no estuvo en las listas de este año. así que no sé si representa a mucha gente”, disparó.

En ese sentido, reiteró: “Si pensás todo eso de gente con la que compartís el espacio, te tenés que ir, no tiene sentido que te quedes”.

No soy nadie para pedir renuncias, cálmense. Dije solo cómo me sentiría yo!
Gabriela Cerruti pidió la renuncia de Fernanda Vallejos: “Si pensás todo eso, andate” – Infobae https://t.co/ClVt34tOcd

— Gabriela Cerruti (@gabicerru) September 17, 2021

Por su parte, el diputado porteño Jorge Enriquez (JxC) también se sumó a las críticas: “Para la diputada Vallejos, el pueblo argentino habla a través de la boca de Cristina Kirchner. Excelente ejemplo para que los padres les expliquen a sus hijos qué es el totalitarismo”.

Para la diputada Vallejos, el pueblo argentino habla a través de la boca de Cristina Kirchner. Excelente ejemplo para que los padres les expliquen a sus hijos qué es el totalitarismo. https://t.co/ClnG3vuy20

— Jorge R. Enríquez (@enriquezjorge) September 16, 2021

Tanto dirigentes oficialistas como opositores salieron a expresar su opinión respecto del conflicto que padece internamente el Gobierno Nacional. En esta oportunidad fue el turno de la diputada nacional Gabriela Cerruti (Frente de Todos – Ciudad de Buenos Aires) quien manifestó que “hay un debate muy fuerte, abierto dentro de la coalición” y sostuvo que la derrota de las PASO fue porque “el Gobierno no empatizó con la situación de la gente”. A su vez, arremetió fuerte contra Fernanda Vallejos por el audio: “si pensas eso, te tenés que ir”.

La legisladora del FdT expresó en diálogo por la 89.9 FM: “Trato de entender lo que pasa en términos en los que tal vez la política a veces no se maneja”, y aseguró que “hay un debate muy fuerte, abierto dentro de la coalición de gobierno, que para mí no tiene que ver con un tema de nombres, sino que tiene que ver con un tema de agenda”.

“El domingo sufrimos una derrota electoral importantísima donde claramente lo que se estaba diciendo es que el Gobierno no empatizó con la situación de la gente”, cuestionó y agregó que “el Gobierno no logró transmitir, previo a las elecciones, que estos dos años que pasamos tremendos de pandemia, los 100 mil muertos, la crisis económica parte heredada parte por la pandemia, tenía una mirada estática. Algo inesperado fue. No sabemos aún cuáles van a ser las consecuencias”.

En relación a la carta que posteo este jueves la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, expresó: “No me asusta que las cosas se digan públicamente, esto es muy de la política que te contestan los militantes que los trapos sucios se lavan adentro, ¿Quién dijo? Eso es una idea antiquísima, de que hay secretos y solo se lavan adentro y no se pueden contar hacia afuera”, por el contrario, subrayó que “la política tiene tensiones y debates, que tienen que ver con una agenda hacia dónde va el rumbo de un Gobierno que tiene que lograr mejorar la vida de la gente y hacernos cargo de que hay un problema”.

Además, Cerruti se manifestó sobre el ataque público de su compañera en Diputados Fernanda Vallejos a Alberto Fernández: “Me parece una barbaridad lo que piensa del Gobierno del que forma parte, porque si pensas todo eso andate”, y ratificó que “si vos formas parte de un espacio que pensas todas esas cosas ¿qué haces ahí?, ocupando una banca en un Gobierno que pensas todo eso y no coincidís”, y apuntó fuertemente: “Dice en privado lo que no se banca decir en público. Es una persona que no representa otros sectores”.

Por último, la diputada oficialista opinó: “Yo creo que no necesitamos ni amigos, ni amantes en el Gobierno. Necesitamos cuadros políticos con convicción de llevar adelante una agenda. Me parece que eso es un gran salto que tenemos que dar en la política, que no estemos allí porque somos ‘amigos de’ o porque nos llevamos bien””, y finalizó: “Hay que hacer una coalición política que tenga formas de coordinación y formas de resolución de conflictos. Esta crisis puede fortalecer al frente de todos, al Gobierno, al presidente y a la vicepresidenta”.

“Ocupa”, “enfermo”, “mequetrefe”, le dijo entre otras linduras la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos al presidente Alberto Fernández, a través de un audio que se conoció este jueves. Después la legisladora pidió disculpas a través de su cuenta de Twitter, pero lo dicho, dicho está.

El primer mandatario no salió a contestar nada. Previsible. Pero sí lo hizo a través de otro gran tuitero del peronismo, Aníbal Fernández, a quien precisamente Fernández recibió el miércoles en plena crisis político-institucional.

El ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner expresó que “la política se hace de cara al pueblo que nos elige. El peronismo es garantía de ello. Repudio los dichos de la diputada Vallejos respecto del presidente Alberto Fernández y de cualquiera de los compañeros. Eso no se hace Señora”. Y concluyó: “El peronismo es pueblo. Comiencen por respetar…”.

A ese mensaje de Aníbal Fernández, Alberto Fernández avaló a través de un “me gusta”.

La política se hace de cara al pueblo que nos elige. El peronismo es garantía de ello. Repudio los dichos de la Diputada Vallejos respecto del Presidente Alberto Fernández y de cualquiera de los compañeros.
Eso no se hace Señora.
El Peronismo es pueblo. Comiencen por respetar…

— Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) September 16, 2021

En medio de la crisis interna del Gobierno, con la renuncia de ministros y funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner, se filtró un audio de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos en el que destroza al presidente Alberto Fernández por la derrota del oficialismo en las PASO.

“Estoy de acuerdo Pedro con lo que vos decís. Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa“, arranca la conversación que se conoció este jueves en medio de una situación de incertidumbre en el Gabinete.

Para la legisladora, el mandatario tenía que haber echado a sus funcionarios y no estar “diciéndole a la Argentina que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente, se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, y tampoco aprendió nada de Néstor (Kirchner), ni de nadie“.

“Pero no lo hizo y no lo quiere hacer, quiere conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado ocupando las oficinas de la Casa Rosada y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el Gabinete porque el jefe de Gabinete es un payaso”, disparó contra Santiago Cafiero.

En otro tramo, Vallejos opinó que “la política económica en marzo del año pasado se debió subordinar a la política sanitaria, no a la reducción del déficit fiscal y a cumplir con el Fondo Monetario”. “Como cuando discutíamos en la Cámara el Presupuesto 2018 de (Mauricio) Macri, que le dije que estábamos ahí para honrar el mandato del pueblo y no para honrar el mandato del Fondo Monetario. Mirá que triste, tener que terminar diciéndole lo mismo a un tipo que nosotros lo llevamos de presidente“, agregó.

Y, entre otras cosas, siguió: “El tipo está atrincherado, como (Martín) Redrado en el Banco Central, así, atrincherado en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nadie”.

La diputada añadió que, en cambio, “a la derecha le sobran opciones” para votar y sentenció: “Mirá si va a votar a este mequetrefe que aparte no sirve para nada. Y nuestra gente no lo quiere porque no se subordinó a la política para la cual fue elegido”.

Tras la viralización del audio, en su Twitter, Vallejos admitió sus declaraciones. “Me entero que se filtró una conversación privada donde, en el marco de la angustia que a muchos y muchas nos generó el resultado del domingo, que dio cuenta del sufrimiento de nuestro pueblo y de que no pudimos satisfacer sus aspiraciones, tuve expresiones realmente impropias”, arrancó su descargo.

La legisladora K lamentó “haber agraviado a compañeros con mis palabras y hago públicas las disculpas del caso”. “Estoy segura que, en ámbitos PRIVADOS, como humanos que somos, todos hemos tenido exabruptos en nuestras vidas, propios del fragor del momento, de los que hemos tenido que arrepentirnos”, completó.

Este miércoles cuando se conocieron las renuncias de varios ministros y funcionarios, Vallejos había sido una de las primeras en salir a hablar del tema. Etiquetando a Eduardo “Wado” de Pedro, Roberto Salvarezza, Martín Soria, Luana Volnovich y Fernanda Raverta, escribió: “Compañeros a los que les tocó gestionar en uno de los momentos más difíciles de los que se tenga registro, en un gesto que los engrandece”.

La diputada nacional y presidenta de la Comisión de Finanzas, Fernanda Vallejos, presentó en la mañana de este viernes una denuncia en la Justicia Federal contra el expresidente Mauricio Macri por “Instigación en concurso con apología del delito” de evasión tributaria.

El Código Penal en su artículo 209 prevé para estos delitos de “orden público” una pena de dos a seis años de prisión.

La semana pasada, Macri señaló durante una entrevista en un canal de televisión que “para ganar plata hay que evadir impuestos”, declaración que se reprodujo en distintos medios de comunicación gráficos, radiales, televisivos, portales de internet, además de redes sociales.

La denuncia, recaída en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10, subraya la “responsabilidad penal” y la “gravedad política e institucional” de los dichos del expresidente, porque “atentan contra un bien jurídico tutelado, la recaudación impositiva, base de los recursos del Estado y, más aún, contra el Estado mismo”.

El escrito de 52 páginas cuenta con el patrocinio letrado del constitucionalista Eduardo Barcesat, que ya había acompañado a Vallejos en otras demandas, como la que encabezó, también contra Macri, cuestionando la legalidad del empréstito tomado con el FMI en 2018. Además, la presentación de este viernes también contó con el asesoramiento jurídico del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni, según informó la propia Vallejos en declaraciones a la señal de noticias, C5N.

En la presentación, Vallejos advierte con preocupación que la declaración de Macri al periodista Alfredo Leuco en el canal LN+, es un mensaje que tiene como principales destinatarios a los grandes empresarios. “Solo así se entiende la referencia específica que efectuó ante los medios de comunicación con el objetivo de aumentar los retornos sobre el capital empleado, un lenguaje que es propio del mundo corporativo”, puntualiza la presentación.

En su declaración pública, Macri dijo expresamente¨: “Hoy nadie que pague todos los impuestos en la Argentina puede tener un retorno sobre su capital”.

En la denuncia, Vallejos alerta que esa afirmación del líder de Juntos por el Cambio “promueve conductas criminales” entre “grandes contribuyentes”, que “desfinancian al Estado”, con el agravante de que se inscriben en un marco de crisis social y sanitario. Vallejos resalta la importancia de una tributación progresiva y de los impuestos directos, como los que recaen sobre las rentas de las grandes corporaciones, al mismo tiempo que rechaza los que pesan sobre el conjunto de la sociedad y que gravan proporcionalmente más a los más vulnerables, como los impuestos al consumo. “¿Cómo financiaremos las sociedades y los Estados la educación, la construcción de rutas, la seguridad social o las políticas para reducir la mortalidad infantil?”, si quienes tienen mayor capacidad contributiva no honran sus compromisos fiscales, se pregunta Vallejos. Y advierte: “La experiencia de las últimas décadas, demuestra que los sistemas tributarios terminarán descansando en los impuestos indirectos como el IVA”.

También llama la atención sobre que “cuando los recursos tributarios son insuficientes, los gobiernos deberán acudir a fuentes alternativas de financiamiento” y, en ese sentido, puntualiza que “lamentablemente, muchos gobiernos de países periféricos y semiperiféricos dependen de la deuda en un alto porcentaje de sus ingresos, lo que, entre otros efectos nocivos, determina que estén más compelidos a rendir cuentas ante los acreedores externos que ante el pueblo soberano”. Por eso, indica más adelante, “Los impuestos, por lo tanto, son un elemento crucial para fortalecer el poder del pueblo por sobre los acreedores externos”. La legisladora y una de las referentes del Grupo 25 de Mayo advierte que la intención de Macri al formular sus declaraciones “no fue la de generar un ámbito de discusión para una potencial reforma impositiva sino, por el contrario, promover conductas criminales en perjuicio de la hacienda pública”. Y enseguida acota: “Es decir, con la única finalidad de horadar las finanzas públicas y así desfinanciar el Estado Nacional”.

Este fin de semana la lista se estirará, porque algunos de los que se postulan quedarán en el camino, internas mediante. Lo cierto es que a partir de la conformación de las listas ya se sabe que numerosas figuras conocidas y varios “pesos pesado” dejarán el Congreso este año. En muchos casos hubo sorpresa por esa decisión, como es con Fernanda Vallejos en el oficialismo, o Carmen Polledo y Brenda Austin en Juntos por el Cambio. Hay figuras que no se aseguraron la continuidad, como los mendocinos Claudia Najul, Luis Petri, Omar Félix y José Luis Ramón, el misionero Luis Pastori o la diputada Gabriela Cerruti. Tampoco seguirán Jorge Sarghini ni “Bali” Bucca. O en el Senado, históricos como Juan Mario País, la pampeana Norma Durango o el catamarqueño Dalmacio Mera.

Lo cierto es que la gran mayoría de los legisladores de ambas cámaras que tienen mandato hasta el 10 de diciembre se volverá a sus casas ese día. Puntualmente solo el 37% de esos diputados nacionales actuales “con fecha inmediata de vencimiento” figura en las listas que competirán en estas PASO para revalidar sus mandatos, y el 25% de los senadores está en la misma condición.

Algunos seguirían en el Congreso, enroque mediante: cinco diputados nacionales competirán para ir al Senado, en tanto que cuatro senadores nacionales probarán el camino inverso.

Conste que estamos hablando solo de aquellos a los que les concluye el mandato, pues hay quienes sin ese plazo perentorio están dispuestos a cambiar de Cámara. Es el caso del diputado Ignacio Torres (Pro – Chubut), que tienen mandato hasta 2023, pero competirá para ir al Senado. Lo mismo hará el cordobés Luis Juez que confrontará nada menos que con el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, por una banca en el Senado, cuando aún tienen mandato por dos años más. Lo mismo que presidente del radicalismo, el mendocino Alfredo Cornejo. En el oficialismo, tenemos el caso de la diputada camporista Gabriela Estévez, que tiene también mandato hasta 2023 y acompañará a Carlos Caserio en la lista cordobesa para el Senado. O al revés, como sucede con el puntano Claudio Poggi y el santafesino Roberto Mirabella, dispuestos a pasar del Senado a la Cámara baja a partir de diciembre.

En definitiva, 49 de los 127 diputados nacionales en cuestión tendrán la oportunidad de participar de las PASO para ver si continúan otro período, lo cual significa que 79 actuales diputados nacionales ya “tienen el boleto picado”.

En el caso del Senado, solo 6 senadores tienen chances de continuar; 18 ya pueden comenzar a vaciar los cajones de sus despachos.

Distrito por distrito

Buenos Aires:

En el principal distrito del país, 11 de los 35 diputados nacionales a los que les vence el mandato figuran en las listas.

Por el oficialismo son los siguientes: Claudia Bernazza, Walter Correa, Mónica Macha, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Hugo Yasky.

De Juntos por el Cambio, están los radicales Josefina Mendoza y Fabio Quetglas; Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica y Graciela Ocaña, de Confianza Pública.

Juan Carlos Giordano tiene chances pues participará de la interna de la izquierda.

La lista de los que se quedaron sin chances es extensa: son 24. Diez del oficialismo: José Ignacio de Mendiguren (que ya lleva un año y medio de licencia, pues está al frente del BICE), Héctor Fernández, Marcelo Koenig, Carlos Ortega, Nicolás Rodríguez Saá, Laura Russo, Liliana Schwindt, Mirta Tundis, Romina Uhrig y Fernanda Vallejos.

Otros diez son de Juntos por el Cambio: Juan Aicega (Pro), Hernán Berisso (Pro), Adriana Cáceres (Pro), Javier Campos (CC), Carlos Fernández (UCR), Ezequiel Fernández Langan (Pro), Héctor “Toty” Flores (CC), Martín Medina (Pro), María Carla Piccolomini (Pro) y Natalia Villa (Pro).

Precisamente esta última legisladora, perteneciente al sector de Jorge Macri, figuraba inicialmente en el séptimo lugar de la lista que encabeza Diego Santilli, pero finalmente es primer candidata a concejal en Vicente López.

Tampoco renovarán mandatos Pablo Ansaloni, Eduardo “Bali” Bucca (Justicialista), Jorge Sarghini (Consenso Federal) y Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista).

Catamarca:

Tres diputados nacionales renuevan en esta provincia, y de ellos los dos oficialistas están anotados para continuar: Silvana Micaela Ginocchio y Dante López Rodríguez figuran en las listas. Semanas atrás falleció Eduardo Brizuela del Moral, del Frente Cívico y Social, y su reemplazante aún no ha podido asumir. Ninguno de ellos figuraba en las listas de este año.

Chaco:

Solo la diputada nacional Aída Ayala participará de las elecciones primarias de septiembre, en el marco de una de las listas que presenta el radicalismo.

Su compañera de bancada Alicia Terada (CC) irá como candidata a diputada provincial, en tanto que los peronistas Juan Mosqueda y Elda Pértile no están en las listas presentadas el sábado pasado.

Chubut:

En esta provincia los dos diputados que concluyen sus mandatos tienen chances de seguir, mas no en la misma Cámara. Sí es el caso del radical Gustavo Menna, anotado para competir en septiembre; en tanto que Rosa Muñoz figura segunda en la lista que presentará el Frente de Todos para el Senado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

En este distrito se renuevan 13 escaños este año. De Juntos por el Cambio tienen chances de continuar Carla Carrizo (UCR), Fernando Iglesias (Pro), Juan Manuel López (CC) y Paula Oliveto (CC) y Facundo Suárez Lastra (UCR), este último tercero en la lista encabezada por Adolfo Rubinstein.

Por el Frente de Todos están anotados en la lista oficial Gisela Marziotta y Carlos Heller.

Quedaron sin chances Gabriela Cerruti, del Frente de Todos, y Alvaro de Lamadrid (UCR), Jorge Enríquez (Pro), Alejandro García (Pro), José Luis Patiño (Pro) y Carmen Polledo (Pro).

Córdoba:

Los únicos diputados nacionales anotados para continuar en sus bancas por esta provincia son el oficialista Pablo Carro, Héctor Baldassi (Pro) y María Soledad Carrizo (UCR).

Quedaron sin chances Brenda Austin (UCR), Gabriel Frizza (Pro) y Diego Mestre (UCR), como tampoco están los diputados de Córdoba Federal Paulo Cassinerio, Claudia Márquez y Alejandra Vigo. No obstante, esta última está en la lista de su espacio, encabezando para ser senadora nacional.

Corrientes:

De los tres diputados nacionales que terminan el 10 de diciembre en esta provincia, solo la radical Estela Regidor Belledone no está en las listas. Sí figuran Sofía Brambilla (Pro) y Jorge Antonio Romero (Frente de Todos).

Entre Ríos:

Dos de los cinco diputados nacionales a los que les vence el mandato en esta provincia buscarán su reelección: el radical Atilio Benedetti y la peronista Ana Carolina Gaillard. No tendrán reelección Mayda Cresto (FdT), Alicia Fregonese (Pro) y Jorge Lacoste (UCR).

Formosa:

En esta provincia el peronista Gustavo Fernández Patri figura para reelegir, no así el radical Mario Arce.

Jujuy:

En esta provincia gobernada por el radical Gerardo Morales ninguno de los tres diputados a los que se les vence el mandato seguirán en sus bancas. Es el caso de la radical Gabriela Burgos, que ya había sido elegida el mes pasado diputada provincial, y tampoco continuarán el peronista José Luis Martiarena, ni Osmar Monaldi (Pro).

La Pampa:

Dos de los tres diputados pampeanos que concluyen el 10 de diciembre están anotados para seguir: el peronista Ariel Rauschenberger y Martín Maquieyra (Pro).

La diputada nacional Melina Delú no está en la lista para reelegir.

La Rioja:

De los riojanos, el oficialista Danilo Adrián Flores no podrá reelegir; en cambio sí tiene chances Julio Sahad, del Pro.

Mendoza:

De los diputados a los que se les vence su mandato, solo el radical Federico Zamarbide figura en una lista. Quedan afuera la radical Claudia Najul y José Luis Ramón, quienes tendrán su lugar en la Legislatura provincial. Se irán a sus casas el radical Luis Petri y el peronista Omar Félix.

Misiones:

Tampoco reelegirá ninguno de los tres misioneros. Es el caso de Flavia Morales y Ricardo Wellbach, del Frente Renovador de la Concordia, y el radical Luis Pastori.

Neuquén:

Solo el oficialista Carlos Alberto Vivero tiene chances de seguir en la Cámara baja. No así Alma Sapag (MPN) y David Schlereth (Pro).

Río Negro:

La diputada nacional Ayelén Spósito figura en las listas del Frente de Todos, aunque está en el lugar de los candidatos suplentes. La radical Lorena Matzen, será en cambio reemplazada.

Salta:

Tampoco en Salta tienen chances los tres diputados nacionales a los que se les vence el mandato. Es el caso de Alcira Figueroa (Frente de Todos), Martín Grande (Pro) y Andrés Zottos (Justicialista).

San Juan:

En esta provincia solo Walberto Allende (Frente de Todos) se aseguró un lugar en las listas. No pasó lo mismo con su compañero de bancada Francisco Guevara, ni con el diputado del Pro Eduardo Cáceres.

San Luis:

El radical José Luis Riccardo figura en una de las listas para competir en las PASO. No es el caso de sus pares del FdT Karim Alume Sbodio y Victoria Rosso.

Santa Cruz:

Solo la radical Roxana Reyes competirá en las PASO por este distrito. Se irán a sus casas Antonio José Carambia (Acción Federal) y Juan Benedicto Vázquez (FdT).

Santa Fe:

En esta provincia la mayoría buscará revalidar sus mandatos. Por el oficialismo volverán a competir las diputadas nacionales Josefina González y Patricia Mounier, en tanto que de Juntos por el Cambio estarán Luciano Laspina (Pro), María Lucila Lehmann (CC) y Gisela Scaglia (Pro).

Quedaron fuera de las listas Esteban Bogdanich (FdT), Luis Contigiani (Frente Progresista) y los radicales Albor Cantard y Gonzalo Del Cerro.

Santiago del Estero:

En esta provincia buscarán su reelección los oficialistas Bernardo José Herrera y María Luisa Montoto, no así Norma Abdala de Matarazzo, que pondrá fin así a una dilatada trayectoria en la Cámara baja.

Tierra del Fuego:

La provincia más austral es la única donde todos los diputados que concluyen sus mandatos buscarán seguir. Son dos, pero son todos. Carolina Yutrovic (FdT) y Héctor Stefani (Pro).

Tucumán:

También en esta provincia todos sus diputados tienen chances de continuar en el Congreso. Mas no en la Cámara baja. Esto es, Gladys Medina es la única diputada que irá por la reelección por el Frente de Todos, mientras que Pablo Yedlin encabeza la lista oficialista para el Senado, y José Cano (UCR) y Beatriz Avila (Partido de la Justicia Social) competirán con listas distintas para la Cámara alta, dentro de Juntos por el Cambio.

Panorama del Senado

Catamarca:

Ninguno de los actuales senadores de esta provincia continuará en la Cámara alta. Estamos hablando de los oficialistas Inés Blas y Dalmacio Mera, sucediendo lo mismo con Oscar Castillo (Frente Cívico y Social).

Corrientes:

Ana Claudia Almirón y Carlos Mauricio Espínola (Frente de Todos) competirán para continuar en sus bancas a partir del 10 de diciembre. No así Néstor Pedro Braillard Poccard, de Juntos por el Cambio, que en realidad competirá este año como compañero de fórmula del gobernador Gustavo Valdés, que irá por su reelección.

Chubut:

En esta provincia los tres senadores pertenecen al Frente de Todos, y ninguno de ellos continuará en la Cámara. No figuran en las listas Juan Mario Pais, Nancy Susana González, ni Alfredo Luenzo.

Córdoba:

Tal cual se anunciaba, Carlos Alberto Caserio (Frente de Todos) buscará su reelección por un nuevo período. En el caso de Juntos por el Cambio, Ernesto Martínez Carignano es candidato a senador suplente por la lista que encabeza Luis Juez para la interna de ese espacio, mientras que Laura Rodríguez Machado irá por una banca en la Cámara baja.

La Pampa:

Fin de ciclo en esta provincia, donde se renovarán todos los escaños. No competirán en esta elección Norma Durango y Daniel Lovera (Frente de Todos), ni el radical Juan Carlos Marino, que es senador desde 2003.

Mendoza:

Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) encabeza la lista de su espacio para buscar su reelección. En cambio los representantes de Juntos por el Cambio Julio Cobos y Pamela Verasay no continuarán en sus bancas de la Cámara alta, pero sí encabezan la lista de Cambia Mendoza para Diputados.

Santa Fe:

Son senadores en esta provincia Roberto Mario Mirabella y María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) y María Alejandra Vucasovich (Santa Fe Federal). De ellos, solo Sacnun tiene chances de seguir, pues figura en la lista que encabeza Marcelo Lewandowski y que competirá contra Agustín Rossi en la interna del Frente de Todos.

Tucumán:

El exgobernador José Alperovich lleva un año y medio de licencia en la Cámara alta por la grave denuncia judicial que pesa en su contra, y se sabe que ya no volverá a la Cámara alta. Tampoco figura para reelegir su compañera de bancada Beatriz Mirkin.

A su vez, radical Silvia Elías de Pérez no continuará en el Senado, pero sí figura como candidata a diputada nacional por JxC.

La diputada nacional Fernanda Vallejos adelantó que la semana próxima realizará una presentación en la Justicia contra Mauricio Macri por apología del delito, luego de que el expresidente haya dicho que “para ganar plata hay que evadir impuestos”.

“Creo que es imperioso llamar a las cosas por su nombre. Macri está, lisa y llanamente, haciendo apología del delito”, cuestionó Vallejos. “Me avergüenza, como argentina, que un ex presidente avale e, incluso, incite a la comisión de delitos claramente tipificados en nuestro código penal, como es el caso de la evasión fiscal y la evasión fiscal agravada, contemplados en la Ley Penal Tributaria”, puntualizó.

“Es de una enorme gravedad y creo que es imprescindible que no naturalicemos este discurso que va contra el Estado y contra bienes jurídicos que debemos proteger, en este caso, la recaudación. Sé que muchas veces, tratándose de ciertos personajes, no sorprende porque Macri históricamente se ha manejado por fuera de los márgenes de la ley, es la forma como ha hecho su fortuna este grupo económico”, enfatizó Vallejos.

En tanto, Axel Kicillof también se manifestó al respecto. El gobernador bonaerense planteó si lo dicho por Macri “no es más o menos incitar a un delito”. “La verdad que decir eso solamente habla de su experiencia personal”, subrayó. “En primera persona tal vez está hablando o confesando que se enriqueció con alguna de estas cuestiones”, dijo el mandatario en una entrevista con C5N.  Y agregó que “de parte de un expresidente y de un dirigente político, es algo muy deplorable”.

En declaraciones al canal La Nación+, el miércoles pasado, Macri dijo que “nadie va a venir a invertir en un país que para ganar plata hay que evadir impuestos”. Agregó que “hoy, nadie que pague todos los impuestos en la Argentina puede tener un retorno sobre su capital”.

Vallejos recordó que el Código Penal (artículo 213) establece que “será reprimido con prisión de un mes a un año, el que hiciere públicamente y por cualquier medio la apología de un delito o de un condenado por delito”.

Asimismo, la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario reprime, para los casos de evasión simple, con prisión de dos a seis años a quien “mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco”. Mientras que para delitos tributarios de evasión agravada, eleva la pena de entre tres años y seis meses a nueve años de prisión.

“Se trata de que los que se creen ‘vivos’, como Macri, pero que no son más que delincuentes de guante blanco dejen de ser tratados con doble vara por el poder judicial”, alertó Vallejos. “Y que paguen los impuestos que tienen que pagar, para que, de esa manera, podamos avanzar en sistemas más progresivos y liberar de cargas a los que menos tienen, porque esos recursos los tienen que aportar justamente aquellos a los que Macri invita a evadir”, concluyó la economista.

La diputada nacional Fernanda Vallejos (Frente de Todos – Buenos Aires) acusó que Mauricio Macri “está claramente haciendo apología del delito”, luego de que el expresidente manifestó que “nadie va a venir a invertir en un país que para ganar plata hay que evadir impuestos” y le recordó que “el grupo económico de la familia del dirigente PRO se ha enriquecido haciendo negociados defraudando al Estado, contrabandeando, fugando y evadiendo”.

“Lo primero que hay que decir es que Macri está claramente haciendo apología del delito. La evasión fiscal es un delito penal, tipificado en nuestro Código. Existen leyes penales tributarias en la Argentina”, sostuvo la presidenta de la comisión de Finanzas, quien le recordó a Macri el contenido de la Ley 24.769 de Régimen Penal Tributario.

Además, agregó que “esa normativa reprime, para los casos de evasión simple, con prisión de dos a seis años, mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño, sea por acción o por omisión, evadiere total o parcialmente el pago de tributos al fisco”, y continuó “mientras que, para los delitos tributarios de evasión agravada, eleva la pena de entre tres años y seis meses a nueve años de prisión”.

“Macri está llamando lisa y llanamente a delinquir”, enfatizó Vallejos y apuntó que “es un señor que se ha enriquecido, él con su grupo económico, haciendo negociados defraudando al Estado, contrabandeando, fugando, evadiendo”, ante lo que puntualizó que “es una práctica habitual en él que pareciera que la extrapola al resto del mundo, porque Macri viene operando con estructuras offshore en el marco de las finanzas extraterritoriales desde la década del setenta, por lo menos que haya registros”.

En declaraciones al canal de televisión LN+, el exmandatario aseguró que “nadie va a venir a invertir en un país que para ganar plata hay que evadir impuestos”, y agregó que “hoy, nadie que pague todos los impuestos en la Argentina puede tener un retorno sobre su capital”. Ante esto, Vallejos ahondó en “cómo el Grupo Macri se ha favorecido utilizando estructuras offshore defraudando al Estado argentino”.

“Durante la última dictadura, el Grupo Macri se enriqueció y creció, además de la nacionalización de su deuda privada sobre el final del período de la dictadura. Desde aquel momento viene operando con este tipo de estructuras opacas, por decir lo menos, para defraudar al Estado, es decir a todos los argentinos y argentinas”, subrayó la economista en diálogo con radio Cooperativa (AM 770).

La diputada nacional del FdT añadió que son esos los “recursos que luego le faltan a la economía”, y rechazó los pedidos de “esos mismos sectores que defraudan al Estado para reducir el déficit fiscal”.

“Son esos los recursos que luego faltan, y se hacen haraquiris porque hay déficit fiscal porque los recursos son insuficientes”, cuestionó la dirigente oficialista y agregó “gracias a personajes como Macri y su grupo económico que han hecho su fortuna defraudando al Estado, es decir al conjunto de los argentinos y las argentinas”.

Por último, la legisladora del Frente de Todos diferenció al resto del empresariado argentino de estas declaraciones y prácticas de Macri, debido a que “es una persona que sinceramente ensucia el buen nombre de muchísimos empresarios y empresarias de la Argentina que invierten y producen en el marco de la ley y con verdadera vocación emprendedora”.

La diputada nacional Fernanda Vallejos (Frente de Todos – Buenos Aires) apuntó contra el exmandatario Mauricio Macri porque “cuando él dejó el Gobierno, la deuda externa había trepado al 45 por ciento del PBI” y lo cuestionó por “mentir y negar responsabilidades de su gestión”.

La dirigente oficialista le puso números a la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri, luego de que la precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires María Eugenia Vidal saliera en defensa del expresidente, respecto de lo cual afirmó que “cuando Macri asumió, la deuda externa con relación al PBI era de menos del 14 por ciento, contabilizando incluso aquellos títulos que no habían ingresado en la reestructuración, que estaban pendientes”, sin embargo remarcó que “cuando Macri dejó el Gobierno, la deuda externa había trepado al 45 por ciento del PBI”.

En esta misma sintonía, Vallejos criticó a Macri por “mentir y negar las responsabilidades de su gestión”, respecto a que “acudió al Fondo Monetario Internacional a través de un crédito Stand by récord en la historia del organismo, por USD 44.000 millones”, lo cual “representa una cifra similar a los USD 50.000 millones del plan del FMI para combatir la pandemia en el mundo”.

“Estamos acostumbrados, después de haber tenido a Macri de presidente cuatro años, a escuchar sus mentiras. Dejó el cargo, pero no la maña con la que nos había acostumbrado”, enfatizó Vallejos.

En suma, remarcó que “Macri se involucró en la campaña al defender el rol del FMI y el crédito que tomó su gobierno”. El expresidente había manifestado que “Fondo se dedica a ayudar a un país que cree que hace las cosas bien”, y que el préstamo “no fue un negocio, fue una ayuda para Argentina”.

“Vidal lo respaldó al acusar al Gobierno de endeudar al país más rápido que Macri”, expresó la diputada nacional, lo cual generó incluso el rechazo del presidente Alberto Fernández.

Según ella, “no solamente aumentaron la deuda bruta, sino que lo peor de todo fue que además del volumen, la deuda se dolarizó, es decir la proporción de deuda en dólares creció muchísimo más que la proporción de la deuda total”, y puntualizó que “la deuda total se duplicó y la deuda externa más que se triplicó. Eso fue lo que pasó en materia de deuda”.

“Macri tampoco reconoció que los fondos que ingresaron por el crédito Stand By se hayan fugado del sistema productivo argentino, debido a la desregulación cambiaria que propició su gobierno”, señaló la presidenta de la Comisión de Finanzas y detalló que “desde el primer desembolso del FMI hasta diciembre del año 2019 se fugaron, entre FAE y capitales especulativos, todo el préstamo del organismo y USD 6.000 millones más”.

Por último, la legisladora del FdT concluyó que “a Macri también lo desmiente el informe elaborado por el Banco Central publicado el 15 de mayo del año 2020. Ese estudio precisó que entre 2015 y 2019, la formación de activos en el exterior (FAE) –más conocida como fuga de capitales– representó USD 86.000 millones de dólares”, y resaltó que “esto provocó las condiciones para la irrupción de un nuevo episodio de crisis por sobreendeudamiento externo”.

En el marco de la campaña electoral, la diputada nacional y economista Fernanda Vallejos (Frente de Todos – Buenos Aires) puso de relieve este lunes, en declaraciones radiales, la diferencia “abismal” entre “nuestro proyecto político y nuestro modelo económico, y el proyecto neoliberal de Macri y Juntos por el Cambio, con resultados diametralmente opuestos en materia de crecimiento, empleo, pobreza y desigualdad”.

En línea con el último discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Vallejos hizo especial hincapié en el crecimiento de la deuda externa durante el gobierno de Mauricio Macri, uno de los principales ejes de la crítica hacia la gestión de Juntos por el Cambio. “Hubo dos ciclos políticos diferentes, con políticas diferentes. En uno nos desendeudamos sensiblemente, a tal punto que hay un registro en video, del propio Nicolás Dujovne, luego ministro de Hacienda de Macri, contándole al mundo lo increíblemente extraordinaria que era la situación argentina en materia de desendeudamiento cuando Macri asumió, lo baja que era la deuda que había dejado Cristina”. Por el contrario, cuestionó que, al cierre de 2019, “nos dejaron hasta la coronilla de deuda y con el FMI nuevamente en el país. La diferencia es abismal”, resaltó la presidenta de la comisión de Finanzas.

En el tramo más extenso de la entrevista con la periodista María O’Donell, Vallejos no escatimó recursos en la defensa de las políticas aplicadas entre 2003 y 2015: “Cuando gobernamos nosotros la economía crecía, el desempleo se reducía y la desigualdad y la pobreza se reducían”, lo que contrastó con el periodo de gobierno de Mauricio Macri “donde la economía caía, la desocupación crecía, la pobreza y la desigualdad crecían”. Si bien la diputada reconoció que “hace rato que venimos con niveles de inflación elevados en la Argentina”, resaltó que Cristina Kirchner terminó su mandato en 2015 con una tasa de inflación que era “la mitad de la que nos dejó Macri en 2019”, subrayó.

Frente a la pregunta de O’Donell de si el kirchnerismo también había fracasado en ofrecer soluciones en materia económica, Vallejos retrucó que no podía considerarse de esa manera “haber dejado la desocupación en menos del 6%; haber reducido 30 puntos la pobreza; haber avanzado en materia de igualdad por primera vez desde la última dictadura cívico-militar, cuando en toda la historia de la recuperación democrática, veníamos retrocediendo de manera persistente hasta 2003”, detalló. “Macri rompió todo lo que habíamos construido en el tiempo previo. Fueron políticas diferentes, con resultados diferentes”, cerró la diputada.

Consultada sobre el actual proceso inflacionario, Vallejos planteó que “hay que ver cómo evoluciona en los próximos meses. Es probable que estemos entre 10 y 15 puntos por debajo de aquello que nos dejó Macri, casi 55% en el 2019 y por supuesto una inercia muy fuerte. Argentina venía con la inflación más alta en tres décadas, que fue la manera en que Macri cerró su gestión de gobierno, además de la recesión”. Por otra parte, la diputada acentuó que uno de “los principales desafíos que tenemos para resolver” en el Frente de Todos es el precio de los alimentos, que se han encarecido a nivel mundial, afirmó en diálogo con O’Donnell en radio Urbana Play. Sobre este punto también aclaró que ”el mundo está viviendo un proceso inflacionario, es un fenómeno que no nos afecta sólo a nosotros, en materia de alimentos especialmente”, aunque especificó que también hay un fenómeno de inflación internacional en otros rubros sensibles, entre los que indicó ”el precio de los insumos difundidos, como el aluminio, que tienen impacto en los costos de la industria, de nuestras pymes”.

En otro tramo de la entrevista, la legisladora analizó la actualidad de la economía argentina y consideró que “la economía está en una situación heterogénea, con muestras de recuperación en algunos sectores bastante importante, en algunos muy alentadoramente, en particular, la industria que está creciendo”, con respecto a los niveles prepandemia, ya que consideró que sería “deshonesto comparar los niveles de actividad con relación al año 2020, fuertemente impactado por la pandemia”. En efecto, la producción industrial mostró en junio su mayor nivel desde mayo de 2018. Según el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) que mide el INDEC, este indicador se ubicó un 8,5% por encima del nivel que tenía previo a la pandemia. Mientras que en el primer semestre acumuló una mejora del 4,6% frente al mismo periodo de 2019.

“La economía se está recuperando de lo que fueron las dos pandemias. Esto nos toca cargar a los argentinos y las argentinas: por una parte el impacto durísimo que significó la irrupción del coronavirus, un 2020 muy duro para todos los países, pero que, en el caso de la Argentina, se suma a una mochila que traíamos de arrastre, que fue haber arrancado esta pandemia en una situación absolutamente desventajosa como corolario de los cuatro años de gobierno neoliberal que impuso Macri en la Argentina”, señaló Vallejos.

En otro tramo, la legisladora rechazó que la economía se encuentre estancada desde hace más de diez años, tal como le planteó O’Donnell. “Es falso. No te lo puedo dejar pasar, porque es una falacia y le estaríamos mintiendo a la gente”, advirtió. En este punto sostuvo que “durante el gobierno de Cristina, los años 2010 (10,4%) y 2011 (6,1%) fueron años de fuerte crecimiento de la economía argentina. Tuvimos algún año donde no crecimos, tuvimos que enfrentar la crisis internacional que desató tras la caída de Lehman Brothers, pero le dejamos la economía a Macri creciendo al 3%”.

Por último, Vallejos se refirió a su mandato como diputada y el recorrido político del peronismo desde la conformación de Unidad Ciudadana. “Entré en 2017 cuando me tocó el honor de encabezar la boleta de diputados nacionales, junto con Cristina como candidata a senadora nacional, con aquella fuerza que fue Unidad Ciudadana, que fue un poco el principio de este Frente de Todos que tenemos hoy”, concluyó.

La diputada Fernanda Vallejos y el senador Oscar Parrilli, junto al embajador en Bolivia, Luis Basteiro, participaron de la presentación del libro “El fraude de la OEA y el Golpe de Estado en Bolivia (un testimonio)”, escrito por César Navarro Miranda, exministro de Minería y Metalurgia durante el gobierno de Evo Morales.

Durante el encuentro, los legisladores kirchneristas cuestionaron al expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios por la causa que se inició sobre el envío de material bélico a Bolivia en noviembre de 2019. Por su parte, Basteiro afirmó que “aparecieron nuevos documentos que prueban” el delito de contrabando de armas que involucra al gobierno anterior.

Vallejos repudió “el apoyo del gobierno anterior al golpe de Estado” en el país vecino y enfatizó que el macrismo “no sólo trajo hambre, pobreza, desigualdad, desocupación, destrucción productiva a nuestro país, sino otras atrocidades que siempre sospechamos, pero que hoy se hacen visibles ante los ojos de todos y todas con el surgimiento de pruebas que muestran la participación del anterior gobierno argentino, encabezado por Mauricio Macri, en el golpe de Estado en nuestra hermana Bolivia”.

“El apoyo del gobierno de Macri al golpe de Estado contra Evo (Morales) nos llena de vergüenza a todos los argentinos y argentinas, que somos verdaderamente demócratas”, prosiguió la legisladora.

El escándalo surgió cuando se conoció una carta en la embajada argentina que habría enviado el entonces comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Terceros Lara, agradeciendo por la “colaboración” de las autoridades argentinas. Ese escrito estaba fechado el 13 de noviembre de 2019, el mismo día en que un contingente de gendarmes argentinos arribaron a Bolivia para custodiar la embajada.

“No hay dudas de que quienes defendemos la democracia, y no sólo una democracia formal, sino una democracia sustantiva, con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo, una democracia plena donde adquieren vigor y carnadura no sólo los derechos civiles y políticos, sino fundamentalmente los derechos económicos, sociales y culturales y, hoy por hoy, agregaría ambientales, nos paramos indubitablemente del lado de la democracia y del lado del gobierno popular de Evo Morales, hoy recuperado con la jefatura del presidente (Luis) Arce, una vez derrotada la aventura golpista”, aseveró Vallejos.

De la presentación del libro también participaron María Nela Prada Tejada, ministra de la Presidencia de Bolivia; Telma Luzzani, periodista y escritora; y Larisa Kejval, directora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación (UBA).

En otro tramo de su intervención, la diputada oficialista remarcó que “el golpe en Bolivia no afectó solo a ese país, sino a toda la región”. “El golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, contra el pueblo, contra los campesinos, contra los trabajadores, contra el nuevo Estado Plurinacional, fue un hecho muy significativo y enormemente doloroso. Y no lo leímos -sólo- como un ataque contra Bolivia y contra su pueblo, sino contra toda nuestra región”, observó.

En esa línea, el senador Parrilli afirmó que “este libro no es un hecho aislado, nos lleva a la reflexión sobre qué ocurrió en América Latina en los últimos veinte años”. En ese sentido destacó a los gobiernos populares de principio de siglo en Venezuela, Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Nicaragua y Honduras como “el proceso de integración regional más grande” en los 200 años de independencia.

El presidente del Instituto Patria señaló que “el golpe en Bolivia fue la continuación de las políticas para América Latina de los años ’80” y llamó a analizar lo que pasó en el país andino con los intentos de golpe fallidos en Venezuela y Ecuador, y los exitosos en Honduras y Paraguay. “Aprendamos de la crudeza del golpe de Bolivia”, advirtió, y puntualizó que resulta necesario “solidificar las relaciones entre los gobiernos para evitar experiencias” como la boliviana.

Por su parte, el autor del libro enumeró “las líneas discursivas que elaboró la derecha para concretar el golpe, con eje en instalar la idea de fraude y suplantar al gobierno legítimamente elegido por otro transitorio”.

“Construyeron toda una narrativa donde nos presentaron a nosotros como enemigos a ser eliminados, una narrativa política y social, pero principalmente racial. Es importante que a partir de la experiencia no volvamos a caer en las mismas acciones, conocer lo que ha pasado y anular de manera drástica y firme esa gran narrativa que terminó con la vida de decenas de compañeros y compañeras en nuestro país”, sostuvo Navarro Miranda.

El rol de la OEA

El exministro de Evo Morales hizo un párrafo aparte para Luis Almagro, secretario general de la OEA, quien podría ser denunciado ante La Haya por complicidad en crímenes de lesa humanidad, por parte de exmiembros del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) que intervinieron en los comicios presidenciales de octubre de 2019.

“Almagro es responsable de los crímenes que se cometieron. El informe de la OEA vale menos que un papel higiénico usado. No tiene sustento técnico”, cuestionó Navarro Miranda, quien calificó a Almagro como “servicial” a los intereses de Estados Unidos en la región. Vale remarcar que un reciente informe de la Universidad de Salamanca de España concluyó “inequívocamente”, consideran, que no existió fraude en las elecciones de 2019.

Vallejos retomó este punto y añadió que “el golpe, por supuesto, no fue un hecho aislado, sino el punto cúlmine de una estrategia planificada y trabajada desde mucho tiempo atrás y donde la participación de los poderes imperiales se observa hasta su consumación, con la participación de la OEA, consagrando el golpe y en el vergonzoso papel desempeñado por el uruguayo Luis Almagro”.

El régimen de facto de Jeanine Áñez, que desplazó del poder a Evo Morales, reprimió las protestas dejando como saldo de 35 muertos, 800 heridos, más de 1.500 detenidos y cientos de exiliados, incluidas las masacres de Sacaba y Senkata.

En tanto, el embajador Basteiro dijo que “el golpe fue construido desde los centros de poder y los medios de comunicación”, pero rescató que “el pueblo tuvo capacidad de movilización y dirigentes que ellos (por la derecha boliviana) no tienen y eso permitió volver al gobierno”.

La documentación que complica a Macri

Basteiro se refirió también a “la colaboración del gobierno de Macri en el golpe”. En declaraciones a El Destape Radio, dijo que el envío de material represivo a Bolivia por parte del anterior gobierno en noviembre de 2019, cuando se consolidaba el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales, es investigada en la nación andina “como tráfico de armas” y aseguró que “aparecieron nuevos documentos que prueban” el delito de contrabando de armas en el que habrían incurrido los funcionarios de Cambiemos.

El jueves 29 de julio, el ministro de Defensa boliviano, Edmundo Novillo, detalló en conferencia de prensa los hallazgos que abrieron nuevas investigaciones en la nación andina. Según enumeró, en la nota Terceros Lara agradeció la recepción de los siguientes materiales represivos: 40.000 balas antitumulto 12/70, dos tipos distintos de gases lacrimógenos y más de 100 granadas de tres clases diferentes.

A su vez, Novillo reveló que en el Ministerio de Defensa boliviano encontraron un “acta de entrega y recepción” del armamento que agradeció la Fuerza Aérea a la embajada argentina el 13 de noviembre de 2019. Asimismo, hay un informe del suboficial de la Fuerza Aérea que recibió el material bélico e hizo el depósito.

Mientras tanto, en Buenos Aires prosigue la causa a raíz de la denuncia del gobierno argentino por contrabando agravado contra el expresidente Mauricio Macri; la exministra de Seguridad Patricia Bullrich; el exministro de Defensa Oscar Aguad; el exembajador Normando Álvarez García; y el exjefe de Gendarmería Gerardo Otero, entre otros.

Por último, Vallejos destacó la importancia del libro y el aporte de Navarro Miranda. “No tengo dudas que es nuestra misión y nuestra responsabilidad trabajar por la verdad, hacer pedagogía con la verdad. Y creo que este libro es una contribución en ese sentido. La verdad es, también, un dique de contención frente a la impunidad del poder real, de los poderes foráneos, de los poderes no democráticos”.

“Tenemos, las y los latinoamericanos, una enorme responsabilidad frente al futuro. Hoy, cuando los viejos imperios debaten su hegemonía y pretenden valerse de nosotros para conservarla”, concluyó.

El precandidato a diputado nacional de Juntos por la Ciudad de Buenos Aires Martín Tetaz planteó en Twitter el debate por la independencia del Banco Central (BCRA) con un retorno a la política monetaria de emisión cero, y recibió una fuerte respuesta por parte de la diputada nacional Fernanda Vallejos y del interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández.

“Quiero presentar un proyecto para independizar al Banco Central de la República Argentina del Poder Ejecutivo y terminar con la inflación”, escribió el economista, quien fundamentó: “Quiero que el Directorio sea nombrado por una mayoría especial del Congreso para que ningún presidente pueda darle órdenes”.

Al respecto, Vallejos salió al cruce: “Esa burrada ya la hizo (Mauricio) Macri. Después de la ‘Inflation targeting’ de (Federico) Sturzenegger, impuso la ‘Emisión Cero’. Por si andás flojo de memoria: se fueron en 2019 con casi 55% de inflación, la más alta en 3 décadas. Estudien y dejen de pasar vergüenza ante la evidencia empírica”, disparó.

En el cruce por Twitter, Tetaz respondió: “Tenemos que convencer a toda la población de la necesidad de cambiar la ley que regula el Banco Central, para que el presidente (este y los que le sigan) no pueda nunca más usar la máquina de hacer billetes. Basta de inflación”.

“Fernanda (Vallejos) no conozco tu trayectoria académica y científica, pero sí los datos, que son tu kriptonita. El plan de emisión cero empezó en octubre 2018 con inflación del 6.5% en septiembre. Para julio 2019 había caído al 2,2% En agosto ganaron ustedes y se hundió la demanda de dinero”, respondió el economista que integra la lista de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

La respuesta de Vallejos no se hizo esperar y refutó a Teta: “O sea que la robustez de tu teoría (¿) depende de un resultado electoral. Raro, Mr Friedman se olvidó de poner esa variable en la ecuación. ¿Demanda de dinero? ¡Hablale claro a la gente! Se la fugaron toda y terminaron defaulteando la deuda que uds. mismos habían emitido”, indicó.

En una serie de tuits, Vallejos continuó: “Conclusiones: 1. Tu receta antiinflacionaria es un fracaso probado. 2. Es falso que se requiere un cambio normativo para llevar esa política a la práctica, ergo no querés una ley por los motivos que esgrimís, sino para quitarle a la Argentina la soberanía monetaria”.

En ese contexto de debate por redes, Tetaz insinuó que el directorio del Banco Central se elija a partir de “ternas sugeridas por bancos y universidades”, lo que fue cuestionado por la diputada del Frente de Todos: “O sea: los poderes fácticos, reemplazarían a la voluntad popular expresada vía representantes del PEN, electos por voto de la ciudadanía. Y el Congreso sería la escribanía que legaliza el vaciamiento de la Democracia. Macrismo 2021”, apuntó.

Después se sumó al debate Aníbal Fernández sobre el rol institucional del Banco Central y abrió un hilo de conceptos. “Dijo EC (Elisa Carrió) que no debía permitirse legisladores que no sepan redactar leyes. No hay que ser abogado para ser legislador pero, por lo menos, habría que tener algún asesoramiento que le explique derecho constitucional”,

“Sr Tetaz, no hay organismos independientes en la Constitución Nacional. Hay un gobierno que se divide en tres funciones principalisimas. Después tenemos algunos órganos desconcentrados o descentralizados que orbitan en alguno de los tres órganos principales”, explicó el exjefe de Gabinete durante el kirchnerismo.

Y continuó: “La CN atribuye la competencia de crear un banco al congreso, el BCRA. Materias administrativas competencia del HCN. Creado el Banco, por imperativo constitucional, entidad descentralizada que goza de plena competencia para decidir sobre los aspectos técnicos de su competencia. Solamente es supervisado por medio de un control de tutela por el Presidente de la Nación en los aspectos administrativos”.

Por último, Vallejos acotó: “sin dudas, pero al BCRA no lo ‘maneja’ el presidente. Como dicta la CN, es atributo del Congreso su creación. Luego, es un organismo con autonomía en la toma de decisiones de su competencia. Y, por supuesto, en él descansa la soberanía monetaria de la Nación”.

El misterio abierto respecto del destino de los 127 diputados nacionales y 24 senadores que terminan sus mandatos este año se cerró en parte este fin de semana, al confirmarse qué diputados y senadores nacionales ya no tendrán la oportunidad de seguir en sus bancas, a partir de los datos que surgen del cierre de listas. Claro que estar en las listas no es garantía de continuidad, pero al menos les deja abierta la esperanza.

Así las cosas, numerosas figuras conocidas y varios “pesos pesado” dejarán el Congreso este año. En muchos casos hubo sorpresa por esa decisión, como es con Fernanda Vallejos en el oficialismo, o Carmen Polledo y Brenda Austin en Juntos por el Cambio. Hay figuras que no se aseguraron la continuidad, como los mendocinos Claudia Najul, Luis Petri, Omar Félix y José Luis Ramón, el misionero Luis Pastori o la diputada Gabriela Cerruti. Tampoco seguirán Jorge Sarghini ni “Bali” Bucca. O en el Senado, históricos como Juan Mario País, la pampeana Norma Durango o el catamarqueño Dalmacio Mera.

Lo cierto es que la gran mayoría de los legisladores de ambas cámaras que tienen mandato hasta el 10 de diciembre se volverá a sus casas ese día. Puntualmente solo el 37% de esos diputados nacionales actuales “con fecha inmediata de vencimiento” figura en las listas que competirán en las PASO para revalidar sus mandatos, y el 25% de los senadores está en la misma condición.

Algunos seguirían en el Congreso, enroque mediante: cinco diputados nacionales competirán para ir al Senado, en tanto que cuatro senadores nacionales probarán el camino inverso.

Conste que estamos hablando solo de aquellos a los que les concluye el mandato, pues hay quienes sin ese plazo perentorio están dispuestos a cambiar de Cámara. Es el caso del diputado Ignacio Torres (Pro – Chubut), que tienen mandato hasta 2023, pero competirá para ir al Senado. Lo mismo hará el cordobés Luis Juez que confrontará nada menos que con el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, por una banca en el Senado, cuando aún tienen mandato por dos años más. Lo mismo que presidente del radicalismo, el mendocino Alfredo Cornejo. En el oficialismo, tenemos el caso de la diputada camporista Gabriela Estévez, que tiene también mandato hasta 2023 y acompañará a Carlos Caserio en la lista cordobesa para el Senado. O al revés, como sucede con el puntano Claudio Poggi y el santafesino Roberto Mirabella, dispuestos a pasar del Senado a la Cámara baja a partir de diciembre.

En definitiva, 48 de los 127 diputados nacionales en cuestión tendrán la oportunidad de participar de las PASO para ver si continúan otro período, lo cual significa que 79 actuales diputados nacionales ya “tienen el boleto picado”.

En el caso del Senado, solo 6 senadores tienen chances de continuar; 18 ya pueden comenzar a vaciar los cajones de sus despachos.

Distrito por distrito

Buenos Aires:

En el principal distrito del país, 11 de los 35 diputados nacionales a los que les vence el mandato figuran en las listas.

Por el oficialismo son los siguientes: Claudia Bernazza, Walter Correa, Mónica Macha, Leopoldo Moreau, Vanesa Siley y Hugo Yasky.

De Juntos por el Cambio, están los radicales Josefina Mendoza y Fabio Quetglas; Marcela Campagnoli, de la Coalicióin Cívica y Graciela Ocaña, de Confianza Pública.

Juan Carlos Giordano tiene chances pues participará de la interna de la izquierda.

La lista de los que se quedaron sin chances es extensa: son 24. Diez del oficialismo: José Ignacio de Mendiguren (que ya lleva un año y medio de licencia, pues está al frente del BICE), Héctor Fernández, Marcelo Koenig, Carlos Ortega, Nicolás Rodríguez Saá, Laura Russo, Liliana Schwindt, Mirta Tundis, Romina Uhrig y Fernanda Vallejos.

Otros diez son de Juntos por el Cambio: Juan Aicega (Pro), Hernán Berisso (Pro), Adriana Cáceres (Pro), Javier Campos (CC), Carlos Fernández (UCR), Ezequiel Fernández Langan (Pro), Héctor “Toty” Flores (CC), Martín Medina (Pro), María Carla Piccolomini (Pro) y Natalia Villa (Pro).

Precisamente esta última legisladora, perteneciente al sector de Jorge Macri, figuraba inicialmente en el séptimo lugar de la lista que encabeza Diego Santilli, pero finalmente será primer candidata a concejal en Vicente López.

Tampoco renovarán mandatos Pablo Ansaloni, Eduardo “Bali” Bucca (Justicialista), Jorge Sarghini (Consenso Federal) y Mónica Schlotthauer (Izquierda Socialista).

Catamarca:

Tres diputados nacionales renuevan en esta provincia, y de ellos los dos oficialistas están anotados para continuar: Silvana Micaela Ginocchio y Dante López Rodríguez figuran en las listas, en tanto que Eduardo Brizuela del Moral, del Frente Cívico y Social, no participará de las PASO.

Chaco:

Solo la diputada nacional Aída Ayala participará de las elecciones primarias de septiembre, en el marco de una de las listas que presenta el radicalismo.

Su compañera de bancada Alicia Terada (CC) irá como candidata a diputada provincial, en tanto que los peronistas Juan Mosqueda y Elda Pértile no están en las listas presentadas el sábado pasado.

Chubut:

En esta provincia los dos diputados que concluyen sus mandatos tienen chances de seguir, mas no en la misma Cámara. Sí es el caso del radical Gustavo Menna, anotado para competir en septiembre; en tanto que Rosa Muñoz figura segunda en la lista que presentará el Frente de Todos para el Senado.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

En este distrito se renuevan 13 escaños este año. De Juntos por el Cambio tienen chances de continuar Carla Carrizo (UCR), Fernando Iglesias (Pro), Juan Manuel López (CC) y Paula Oliveto (CC) y Facundo Suárez Lastra (UCR), este último tercero en la lista encabezada por Adolfo Rubinstein.

Por el Frente de Todos están anotados en la lista oficial Gisela Marziotta y Carlos Heller.

Quedaron sin chances Gabriela Cerruti, del Frente de Todos, y Alvaro de Lamadrid (UCR), Jorge Enríquez (Pro), Alejandro García (Pro), José Luis Patiño (Pro) y Carmen Polledo (Pro).

Córdoba:

Los únicos diputados nacionales anotados para continuar en sus bancas por esta provincia son el oficialista Pablo Carro, Héctor Baldassi (Pro) y María Soledad Carrizo (UCR).

Quedaron sin chances Brenda Austin (UCR), Gabriel Frizza (Pro) y Diego Mestre (UCR), como tampoco están los diputados de Córdoba Federal Paulo Cassinerio, Claudia Márquez y Alejandra Vigo. No obstante, esta última está en la lista de su espacio, encabezando para ser senadora nacional.

Corrientes:

De los tres diputados nacionales que terminan el 10 de diciembre en esta provincia, solo la radical Estela Regidor Belledone no está en las listas. Sí figuran Sofía Brambilla (Pro) y Jorge Antonio Romero (Frente de Todos).

Entre Ríos:

Dos de los cinco diputados nacionales a los que les vence el mandato en esta provincia buscarán su reelección: el radical Atilio Benedetti y la peronista Ana Carolina Gaillard. No tendrán reelección Mayda Cresto (FdT), Alicia Fregonese (Pro) y Jorge Lacoste (UCR).

Formosa:

En esta provincia el peronista Gustavo Fernández Patri figura para reelegir, no así el radical Mario Arce.

Jujuy:

En esta provincia gobernada por el radical Gerardo Morales ninguno de los tres diputados a los que se les vence el mandato seguirán en sus bancas. Es el caso de la radical Gabriela Burgos, que ya había sido elegida el mes pasado diputada provincial, y tampoco continuarán el peronista José Luis Martiarena, ni Osmar Monaldi (Pro).

La Pampa:

Dos de los tres diputados pampeanos que concluyen el 10 de diciembre están anotados para seguir. El peronista Ariel Rauschenberger y Martín Maquieyra (Pro).

La diputada nacional Melina Delú no está en la lista para reelegir.

La Rioja:

De los riojanos, el oficialista Danilo Adrián Flores no podrá reelegir; en cambio sí tiene chances Julio Sahad, del Pro.

Mendoza:

Esta provincia es otra en la que ninguno de los diputados a los que se les vence el mandato reelegirán.

En el caso de la radical Claudia Najul y José Luis Ramón, tendrán su lugar en la Legislatura provincial. Se irán a sus casas los radicales Luis Petri y Federico Zamarbide y el peronista Omar Félix.

Misiones:

Tampoco reelegirá ninguno de los tres misioneros. Es el caso de Flavia Moralesl y Ricardo Wellbach, del Frente Renovador de la Concordia, y el radical Luis Pastori.

Neuquén:

Solo el oficialista Carlos Alberto Vivero tiene chances de seguir en la Cámara baja. No así Alma Sapag (MPN) y David Schlereth (Pro).

Río Negro:

La diputada nacional Ayelén Spósito figura en las listas del Frente de Todos, aunque está en el lugar de los candidatos suplentes. La radical Lorena Matzen, será en cambio reemplazada.

Salta:

Tampoco en Salta tienen chances los tres diputados nacionales a los que se les vence el mandato. Es el caso de Alcira Figueroa (Frente de Todos), Martín Grande (Pro) y Andrés Zottos (Justicialista).

San Juan:

En esta provincia solo Walberto Allende (Frente de Todos) se asguró un lugar en las listas. No pasó lo mismo con su compañero de bancada Francisco Guevara, ni con el diputado del Pro Eduardo Cáceres.

San Luis:

El radical José Luis Riccardo figura en una de las listas para competir en las PASO. No es el caso de sus pares del FdT Karim Alume Sbodio y  Victoria Rosso.

Santa Cruz:

Solo la radical Roxana Reyes competirá en las PASO por este distrito. Se irán a sus casas Antonio José Carambia (Acción Federal) y Juan Benedicto Vázquez (FdT).

Santa Fe:

En esta provincia la mayoría buscará revalidar sus mandatos. Por el oficialismo volverán a competir las diputadas nacionales Josefina González y Patricia Mounier, en tanto que de Juntos por el Cambio estarán Luciano Laspina (Pro), María Lucila Lehmann (CC) y Gisela Scaglia (Pro).

Quedaron fuera de las listas Esteban Bogdanich (FdT), Luis Contigiani (Frente Progresista) y los radicales Albor Cantard y Gonzalo Del Cerro.

Santiago del Estero:

En esta provincia buscarán su reelección los oficialistas Bernardo José Herrera y María Luisa Montoto, no así Norma Abdala de Matarazzo, que pondrá fin así a una dilatada trayectoria en la Cámara baja.

Tierra del Fuego:

La provincia más austral es la única donde todos los diputados que concluyen sus mandatos buscarán seguir. Son dos, pero son todos. Carolina Yutrovic (FdT) y Héctor Stefani (Pro).

Tucumán:

También en esta provincia todos sus diputados tienen chances de continuar en el Congreso. Mas no en la Cámara baja. Esto es, Gladys Medina es la única diputada que irá por la reelección por el Frente de Todos, mientras que Pablo Yedlin encabeza la lista oficialista para el Senado, y José Cano (UCR) y Beatriz Avila (Partido de la Justicia Social) competirán con listas distintas para la Cámara alta, dentro de Juntos por el Cambio.

Panorama del Senado

Catamarca:

Ninguno de los actuales senadores de esta provincia continuará en la Cámara alta. Estamos hablando de los oficialistas Inés Blas y Dalmacio Mera, sucediendo lo mismo con Oscar Castillo (Frente Cívico y Social).

Corrientes:

Ana Claudia Almirón y Carlos Mauricio Espínola (Frente de Todos) competirán para continuar en sus bancas a partir del 10 de diciembre. No así Néstor Pedro Braillard Poccard, de Juntos por el Cambio, que en realidad competirá este año como compañero de fórmula del gobernador Gustavo Valdés, que irá por su reelección.

Chubut:

En esta provincia los tres senadores pertenecen al Frente de Todos, y ninguno de ellos continuará en la Cámara. No figuran en las listas Juan Mario Pais, Nancy Susana González, ni Alfredo Luenzo.

Córdoba:

Tal cual se anunciaba, Carlos Alberto Caserio (Frente de Todos) buscará su reelección por un nuevo período. En el caso de Juntos por el Cambio, Ernesto Martínez Carignano es candidato a senador suplente por la lista que encabeza Luis Juez para la interna de ese espacio, mientras que Laura Rodríguez Machado irá por una banca en la Cámara baja.

La Pampa:

Fin de ciclo en esta provincia, donde se renovarán todos los escaños. No competirán en esta elección Norma Durango y Daniel Lovera (Frente de Todos), ni el radical Juan Carlos Marino, que es senador desde 2003.

Mendoza:

Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) encabeza la lista de su espacio para buscar su reelección. En cambio los representantes de Juntos por el Cambio Julio Cobos y Pamela Verasay no continuarán en sus bancas de la Cámara alta, pero sí encabezan la lista de Cambia Mendoza para Diputados.

Santa Fe:

Son senadores en esta provincia Roberto Mario Mirabella y María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) y María Alejandra Vucasovich (Santa Fe Federal). De ellos, solo Sacnun tiene chances de seguir, pues figura en la lista que encabeza Marcelo Lewandoski y que competirá contra Agustín Rossi en la interna del Frente de Todos.

Mirabella será candidato a diputado nacional.

Tucumán:

El exgobernador José Alperovich lleva un año y medio de licencia en la Cámara alta por la grave denuncia judicial que pesa en su contra, y se sabe que ya no volverá a la Cámara alta. Tampoco figura para reelegir su compañera de bancada Beatriz Mirkin.

A su vez, radical Silvia Elías de Pérez no continuará en el Senado, pero sí figura como candidata a diputada nacional por JxC.

“¿Cómo puede ser que a esta altura de los avances técnicos y tecnológicos que ha acumulado nuestra sociedad, tengamos estos niveles cada vez más altos de desocupación?”, planteó este martes la diputada Fernanda Vallejos. Así, defendió el debate que se abre camino en Argentina en pos de la reducción de la jornada laboral con el objetivo de formalizar mayor cantidad de empleos, crear nuevos, aumentar la productividad y mejorar la calidad de vida de quienes trabajan. Esto, a la vista de las fructíferas experiencias en otros países de la región y el mundo.

La legisladora se preguntó: “¿Cómo puede ser que vivamos vidas tan inhóspitas, donde los hombres y las mujeres que tienen la suerte de tener un trabajo, de pronto trabajen, en el mejor de los casos 8, 10, 12 y hasta 14 horas?”, para luego advertir que esto implica “jornadas laborales interminables por sueldos miserables o al menos insuficientes para calzar la felicidad a la que todo hombre y mujer a esta altura de la humanidad debería tener derecho a aspirar”.

La discusión para reducir la jornada laboral adquirió mayor peso en el último tiempo frente al impacto de la pandemia en mayores niveles de desocupación, desigualdad y pobreza. En esta línea, el Grupo 25 de Mayo pidió en la Proclama del 9 de julio un modelo de capitalismo nacional de salarios altos y trabajo digno para apuntalar la recuperación económica con inclusión social. También, la plena la plena vigencia del art. 14 bis de la Constitución Nacional.

Vallejos es una de las principales referentes del Grupo 25 de Mayo, junto al secretario General Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, y el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas.

En uno de los puntos de esa Proclama que difundieron el Día de la Independencia, impulsaron la reducción de la jornada laboral “conforme con los objetivos de alcanzar el pleno empleo, el crecimiento de la masa salarial y la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras no vivan para trabajar sino que trabajen para vivir, disponiendo del tiempo y los recursos suficientes para disfrutar de los afectos, el arte, la reflexión, el estudio o la cultura, mejorando la productividad de la sociedad”.

El diputado nacional del Frente de Todos Hugo Yasky, el diputado porteño del Frente de Todos, Mariano Recalde, y la ministra de Trabajo del gobierno de Axel Kicillof, Mara Ruiz Malec, también animaron el debate para la reducción del tiempo de trabajo.

Los planteos responden a que la duración del trabajo en Argentina es una de las más altas en el continente. Según la Ley 11.544, el trabajo “no podrá exceder de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas semanales para toda persona ocupada por cuenta ajena en explotaciones públicas o privadas”.

Vallejos retomó el tema como uno de los desafíos de la economía que viene y abogó por “distribuir las horas de trabajo necesarias para sostener la producción que requiere nuestra sociedad, sustentar la reproducción biológica y material y satisfacer las necesidades que como comunidad tenemos entre los millones de desocupados”.

Las experiencias internacionales

Argentina mira a otros países que han avanzado en la reducción de la semana o las horas diarias dedicadas al trabajo. Por caso, el gobierno español lanzó a principios de año una prueba piloto para establecer la semana laboral de cuatro días y destinar 50 millones de euros a empresas en su adaptación a este nuevo modelo. La iniciativa provino del diputado y dirigente de Más País Íñigo Errejón, con quien Vallejos ha mantenido un sostenido intercambio de miradas sobre la temática.

Por otro lado, en Islandia dos ensayos realizados entre 2015 y 2019 comprobaron que llevar a 35 y 36 horas semanales la jornada laboral, sin reducción de sueldo, mantuvo o mejoró la productividad al igual que la salud.

En la región, Colombia avanza en la reducción de la jornada laboral actual de 48 horas semanales, a 42. La iniciativa plantea que la reducción sea gradual, es decir, cada año se bajarán 2 horas de la jornada actual, desde 2023 y hasta 2026, hasta llegar a las 42 que prevé la ley. En tanto, en Chile a fines de junio la Cámara de Diputadas y Diputados declaró admisible el proyecto de ley que busca reducir la jornada laboral a cuatro días y extender los días de descanso a tres.

En este marco, por último Vallejos afirmó que “estamos en perfectas condiciones para plantearnos un modo diferente de funcionamiento, porque hemos logrado, a lo largo de los años, construir las capacidades técnicas para poder hacerlo”. Y finalizó: “¿Qué es lo que nos está impidiendo avanzar en este sentido? En un sentido muchísimo más humano, pero además muchísimo más sustentable que no ponga en riesgo los equilibrios ecosistémicos de nuestro planeta, que no ponga en riesgo nuestra salud física y mental y que no ponga en riesgo nuestra plenitud psíquica y espiritual”.

La diputada nacional Fernanda Vallejos cruzó a Domingo Cavallo, luego de que el exministro de Economía cuestionara a la legisladora del Frente de Todos por su postura a favor del control y la administración estatal del río Paraná. “Como sostuve muchas veces, de las ideas del doctor Domingo Cavallo me separa un abismo. De hecho, durante los 90, empecé a militar, precisamente, en oposición a ellas”, sostuvo Vallejos. También reconoció la “honestidad intelectual” del exministro luego de que Cavallo llamara a sus seguidores a “incorporarse a Juntos por el Cambio”, de cara a las elecciones de medio término que se avecinan.

En un zoom, @domingocavallo pidió incorporarse a @juntoscambioar.
Preocupado por el #ParanaSoberano defendió el diseño de los 90 y criticó la idea de "personajes como Fernanda Vallejos" que implicarían volver a un sistema "como el de Perón".https://t.co/qiw7xlktk4

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) July 11, 2021

Cavallo aludió a Vallejos en un Zoom con sus seguidores de Córdoba donde pidió “ser pragmáticos” y votar por Juntos por el Cambio. Allí rechazó el control y la administración estatal del río Paraná y criticó la idea de “personajes como Fernanda Vallejos” que implicarían volver a un sistema “como el de Perón”.

En reiteradas ocasiones Vallejos ha cuestionado el modelo de “cesión monopólica a privados sin control efectivo del Estado de la principal ruta fluvial del país, un sistema inédito a nivel mundial que generó pérdidas millonarias para el fisco argentino y se instauró desde 1992 durante el menemismo y la administración económica de Cavallo”, sostuvo.

“Ninguno de los países con sistemas de transporte fluvial desarrollados, como EE.UU., China o Europa, ha adoptado, desde entonces, el modelo argentino de cesión monopólica a privados, sin control efectivo del Estado; por el contrario, han mantenido la incumbencia pública para garantizar la defensa de la soberanía y el interés nacional en sus vías navegables interiores”, indicó el Grupo 25 de Mayo en la Proclama del 20 de junio que impulsó Vallejos junto con otros dirigentes.

Como contrapartida, el Grupo 25 de Mayo defendió que el Estado asuma el control y la administración estatal del río Paraná y ejerza el cobro del peaje. Diez días después, el 1º de julio el Gobierno nacional estableció mediante el decreto 427/2021 que la Administración General de Puertos (AGP) cobrará los peajes por el uso del río y se hará cargo por el plazo de un año (prorrogable) de la administración y control de la estratégica Vía Navegable Troncal.

Vallejos y Cavallo habían protagonizado otro cruce el 1º de junio, cuando Cavallo criticó a la economista por el contenido de la Proclama del 25 de Mayo.

Prestar atención a Fernanda Vallejos completaría la obra de destrucción económica de la Argentinahttps://t.co/KHrmbzjxC0

— Domingo F. Cavallo (@domingocavallo) June 1, 2021

En aquella primera proclama del Grupo 25 de Mayo más de 2000 dirigentes pidieron privilegiar la salud y la vida por sobre los pagos por capital e intereses de la deuda contraída con el FMI, con el fin de destinar los recursos públicos y las divisas disponibles a paliar el impacto social de la crisis.

“Cavallo, fiel exponente del neoliberalismo criollo, ex presidente del BCRA en la (última) dictadura (cívico militar) y ministro de Economía de (los ex presidentes Carlos) Menem y (Fernando) De la Rúa, parece que necesita refrescar la memoria de la destrucción económica. No una imaginaria, sino la que él efectivamente provocó”, señaló Vallejos en aquel entonces.

Con una fuerte defensa del trabajo, el salario y la producción nacional, el Grupo 25 de Mayo presentó este 9 de Julio su tercera proclama. Allí se pronunció por un “desarrollo autónomo”, con incremento en la capacidad adquisitiva de las mayorías populares, el consumo y la demanda, como base para la reactivación económica y la creación de trabajo. El texto marca un claro contrapunto con “las grandes asociaciones empresarias y rurales”.

El documento está encabezado por el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; la diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos; el exministro de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni; el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Guillermo Moretti, y el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, Pedro Salas.

En ocasión de conmemorarse los 205 años del Día de la Independencia, el Grupo 25 de Mayo se expresó a favor de “la consolidación y ampliación de los derechos laborales y sociales conquistados, promoviendo la efectiva y plena vigencia del artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional; el crecimiento de los salarios e ingresos por encima de la inflación; el desacople de los precios internacionales y domésticos y el control de prácticas monopólicas y oligopólicas; la creación de trabajo y el robustecimiento del mercado interno, y el fomento del desarrollo de las pequeñas y medianas empresas nacionales”.

La proclama calificó como “ineludible” el debate al respecto de cómo salir de la actual crisis en “una Argentina devastada por los cuatro años de neoliberalismo macrista y los efectos de la pandemia”, el cual sostuvieron “debe darse con valentía, madurez, compromiso y seriedad”, al tiempo que destacaron once “desafíos prioritarios”, a modo de lineamientos de política económica.

“Estas reflexiones sobre la política económica y su dinámica, exhiben la insoslayable necesidad de una inmediata y sustantiva distribución del ingreso y la riqueza, que no sólo es un imperativo de justicia social, sino una condición necesaria del desarrollo económico autónomo”, se lee en el documento de 5 páginas.

Así lo expresaron más de 3 mil referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, referentes de Derechos Humanos, científicos, académicos, artistas y periodistas que suscribieron la Proclama del 9 de Julio, bajo el lema “Independencia económica es más justicia social, trabajo digno, salarios justos y producción nacional”.

El documento fue dado a conocer en el mismo momento en que sectores de la dirigencia agropecuaria se manifestaban en San Nicolás, a los que el Grupo 25 de Mayo definió como “quienes se benefician por rentas diferenciales ante mayores precios internacionales para aumentar, sin justificación de mayores costos, sus precios locales, como resulta tan evidente en el brutal encarecimiento de los alimentos en nuestra mesa”.

Vallejos fue la primera en hacer pública la proclama, con un posteo en sus redes sociales, donde escribió que “con miles de argentinos y argentinas firmamos la Proclama del 9 de julio, por un país con justicia social, trabajo digno, salarios justos y producción nacional, porque para eso queremos la Independencia Económica”. Minutos después, la siguieron otros dirigentes firmantes de la proclama.

"La nueva proclama se da a conocer en medio de las protestas que protagonizan productores del campo en San Nicolás por las últimas medidas de restricción a las exportaciones impuestas por el Gobierno. Hacia ellos pareció dirigido…"#DiaDeLaIndependenciahttps://t.co/yytyU9ULi4

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) July 9, 2021

Unidad ciudadana basada en los trabajadores y las PyMEs

El Grupo 25 de Mayo hace un llamado al protagonismo ciudadano “ante la emergencia”, para salir de la crisis. 

La proclama señala que “el empoderamiento de los trabajadores y trabajadoras -activos y pasivos, formales e informales, ocupados y desocupados-, de las amplias mayorías ciudadanas, y la alianza estratégica con los empresarios con conciencia nacional, resulta políticamente imprescindible” para alcanzar los objetivos de construir un capitalismo nacional. Esto fue refrendado no sólo por un número significativo de sindicalistas, sino por empresarios como, además de Moretti y Salas, Raúl Hutin (directivo de la Fundación ProTejer), Pedro Peretti (productor rural y dirigente de Grito de Alcorta), Francisco Dos Reis (presidente del CEEN), Leo Bilansky (presidente de ENAC y cercano al Instituto Patria), Luis Duarte (directivo de AIERA), entre otros.

Junto con Moyano y Yasky, del gremialismo suscribieron Sonia Alesso, Roberto Baradel, Héctor Amichetti, Pablo Micheli, Daniel Catalano, Walter Correa, Hugo “Cachorro” Godoy, Pedro Wasiejko, Ricardo Peidro, Norberto Di Próspero, Beto Pianelli, Yamile Socolovsky, Raúl Durdos y Daniel Ricci, Daniel Yofra, entre varios otros, además de referentes de organizaciones sociales, como el diputado Juan Carlos Alderete o la organización campesina MOCASE, con varios de sus dirigentes.

La nutrida presencia de gremios y sindicalistas, estuvo en línea con las declaraciones de esta semana de Hugo Moyano, quien sostuvo: “de Cristina critiqué las formas pero no las ideas”, afirmando la pertenencia ideológica al espacio político que lidera la vicepresidenta de la Nación.

El acompañamiento de dirigentes PyMEs lo explicó la ex ministra de Economía Felisa Miceli durante una reunión de trabajo del Grupo 25 de Mayo donde se discutió el contenido del documento: “muchos empresarios nacionales han empezado a entender que pagar altos salarios no es un costo sino algo que les vuelve a ellos en forma de mayor demanda y mayores ventas”.

La proclama tuvo una mención especial para los jóvenes, sosteniendo que se deben “promover las condiciones y oportunidades para la plena incorporación de las y los jóvenes al mercado de trabajo”. También les dio categoría de sujeto político a “los estudiantes” al resaltarlos entre los grupos sociales que estaban llamados a protagonizar el despegue de la Argentina.

Otra mención fue para las mujeres, al señalar entre los objetivos de la política “eliminar las brechas laborales y salariales entre varones y mujeres”. Lo que conquistó la firma de muchas feministas, como las actrices Cecilia Roth y Luisa Kuliok.

Además, suscribieron referentes religiosos, como los curas en la Opción Preferencial por los Pobres Francisco Paco Olveira y Eduardo de la Serna y el pastor evangélico Guillermo Prein, así como el referente del Llamamiento Argentino Judío, Jorge Elbaum.

También sumaron su firma el juez Andrés Gallardo (presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana), el secretario Nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, los constitucionalistas Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, los jueces Juan Ramos Padilla y Alejandro Aníbal Segura; el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, la comisionada nacional para la Prevención de la Tortura, Diana Conti; el director de Nucleoeléctrica Argentina, Gabriel Barceló y un número importante de legisladores nacionales, como la senadora por Tucumán Beatriz Mirkin y los diputados Héctor “Gallego” Fernández, Claudia Ormachea, Marcelo Koenig, Graciela Landriscini, Pablo Carro, Blanca Osuna, Estela Hernández, Mabel Caparrós, María Luisa Montoto y Alcira Figueroa; diputados provinciales como Verónica Mercado, Cecilia Guerrero, Carmen Nebreda, el  legislador de la Ciudad de Buenos Aires José Cruz Campagnoli y su par Lorena Pokoik y las parlamentarias del Parlasur Julia Argentina Perié y Elena Corregido.

Un rol central del Estado

El texto asigna una valoración importante al “rol central” del Estado “interviniendo, regulando, supervisando, orientando, planificando, generando incentivos y oportunidades”. En otro apartado del documento se afirma que “es relevante la reconstrucción de la capacidad empresaria del Estado en áreas estratégicas”, en consonancia con la decisión del presidente Alberto Fernández de recuperar el control estatal de la hidrovía, tal como lo había planteado el Grupo 25 de Mayo en su anterior proclama del 20 de Junio.

En este mismo sentido, los firmantes cuestionan la lógica liberal que “postula que el ámbito productivo debe ser reservado a la iniciativa privada” y recuerdan que “los países que lograron mayores niveles de bienestar y desarrollo humano son los que han tenido y tienen Estados inteligentes y robustos, servidores públicos capacitados y bien remunerados, y políticas públicas potentes, que atienden las necesidades de sus ciudadanías, financiados con sistemas impositivos progresivos”.

Críticas a la dirigencia de grandes asociaciones empresarias y rurales

En el escrito, no se soslaya la gravedad del actual escenario socioeconómico, que encuentra a la Argentina con más del 42% de la población por debajo de la línea de pobreza, más del 10% en la indigencia y más del 22% de las trabajadoras y los trabajadores activos desempleados o subocupados. Sin embargo, alertan que “la crisis no es igual para todos. Hay claros perdedores y ganadores”. En ese sentido, destacan que “siguen multiplicando sus ventajas los especuladores especializados en maniobras financieras y cambiarias; quienes toman provecho de posiciones dominantes en mercados monopólicos u oligopólicos; quienes se benefician por rentas diferenciales ante mayores precios internacionales…”.

“Una parte de la dirigencia patronal, que se expresa a través de las grandes asociaciones empresarias y rurales, pretende un vínculo prebendario con el Estado, limitado a la obtención de mayores beneficios para sí -aún a costas del conjunto- y a la exclusiva defensa de los intereses de la pequeña minoría privilegiada de la que forman parte”, puntualiza el documento.

La proclama hace un llamado a “las dirigencias -no sólo política sino económica, sindical y de todos los ámbitos de nuestra sociedad-“  a “construir respuestas edificantes para atender la emergencia sanitaria, económica y social” que atraviesa la Argentina.

Del mismo modo, el Grupo 25 de Mayo sostiene que “de la crisis sanitaria se sale sosteniendo la campaña de vacunación y las medidas de cuidado que parte de esas dirigencias adversó y boicoteó. De la crisis económica se sale con Producción y Trabajo. De la crisis social se sale con una justa distribución del ingreso, de la riqueza y de las cargas, en relación con la capacidad contributiva”. “Sin esperar ‘derrames’ que nunca se produjeron ni se producirán”, refuerza el texto, que, al igual que en las proclamas anteriores, recoge una nutrida y heterogénea cantidad de adherentes.

Entre ellos, los economistas heterodoxos Alejandro Rofman, referente del Plan Fénix; Guillermo Wierzba y Claudio Lozano, ambos directores del Banco Nación; Roberto Feletti, secretario Administrativo del Senado de la provincia de Buenos Aires; Felisa Miceli, exministra de Economía; Débora Giorgi, exministra de Industria; Jorge Marchini, Pablo Tigani, Magdalena Rúa, Hernán Arbizu y Víctor Portnoy, entre otros. 

También firmaron el exjefe del Estado Mayor General del Ejército, Roberto Bendini, los dirigentes de la Internacional Progresista, Alicia Castro y Juan Pablo Olsson -este último hijo de la ex diputada recientemente fallecida Alcira Argumedo-, el referente de la Tupac Amaru Alejandro “Coco” Garfagnini y la propia Milagro Sala.

Del ámbito del arte, la cultura y el periodismo, aparecen, entre otros, el escritor Marcelo Figueras; los periodistas Víctor Hugo Morales, María Seoane, Daniel Tognetti, Telma Luzzani, Marcos Teruggi, Luisa Valmaggia, Juan Enrique, Héctor Sosa, Marcelo Duhalde y Mariano Beristain; los artistas Juan Falú, Marián Farías Gómez, Liliana Herrero, Jean Pierre Noé, Manuel Callau, Arturo Bonín, Cristina Benegas, Osvaldo Santoro, Luis Ziembrowski, Horacio Roca, Cristina Tejedor, María Ibarreta, Miriam Rellán, Amancay Espíndola y María José Pérez, el historiador Norberto Galasso y el politólogo Atilio Borón.

Proclama-del-9-de-julio-INDEPENDENCIA-ECONOMICA-ES-MAS-JUSTICIA-SOCIAL-TRABAJO-DIGNO-SALARIOS-JUSTOS-Y-PRODUCCION-NACIONAL-1

No a la flexibilización laboral

Un eje fuerte del escrito se centra en el rechazo tajante de una idea que circuló en las últimas semanas para modificar el derecho a la indemnización de los trabajadores, impulsada por el empresario textil Teddy Karagozian y compartida por el flamante presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y vicepresidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), el abogado Daniel Funes de Rioja.

“Repiten ideas antihumanistas de flexibilización de las leyes que protegen a las trabajadoras y trabajadores, que provocarían una merma aún mayor en sus ya castigados salarios y su dañada participación en la riqueza, achicando su capacidad de consumo y su función como destinatarios de la producción”, subraya el Grupo 25 de Mayo.

Como contracara a esas posturas, la Proclama del 9 de Julio propone la plena vigencia del art. 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza al trabajador “condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática”. No por casualidad el documento también fue suscrito por el abogado laboralista Héctor Recalde y el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte.

En línea con la recientemente exitosa experiencia de Islandia tras la puesta en marcha de la jornada laboral reducida o el proyecto piloto aprobado en España y liderado por el dirigente y diputado de Más País, Iñigo Errejón, el Grupo 25 de Mayo propone “reducir la jornada laboral conforme con los objetivos de alcanzar el pleno empleo, el crecimiento de la masa salarial y la necesidad de que los trabajadores y trabajadoras no vivan para trabajar sino que trabajen para vivir, disponiendo del tiempo y los recursos suficientes para disfrutar de los afectos, el arte, la reflexión, el estudio o la cultura, mejorando la productividad de la sociedad”. Una idea que ya habían hecho pública tanto la diputada Fernanda Vallejos, durante una presentación sobre la economía para la pospandemia en el Instituto Patria, como el titular de la CTA y también diputado Hugo Yasky.

A su vez, en otro tramo del texto, la Proclama coloca el acento en la necesidad de “terminar con el trabajo infantil”, un eje sobre el que ha venido trabajando con fuerza el dirigente camionero Pablo Moyano.

Hacia un modelo de desarrollo armónico

El Grupo 25 de Mayo también hace hincapié en la importancia de poner en marcha un modelo de desarrollo armónico que incluya a los distintos sectores económicos y permita que todos los argentinos resulten beneficiados del desarrollo del país.

“La industria, el comercio, los servicios, las actividades agropecuarias, la pesca y la minería son todas necesarias para la reconstrucción de la Argentina. Afortunadamente, en nuestro país pueden desarrollarse plenamente todas ellas, preservando el ambiente. Pero, esas actividades deben articularse en cadenas productivas aguas arriba y aguas abajo…”, explica la Proclama del 9 de Julio.

En esta misma línea de razonamiento, la Proclama considera que “diversificar la estructura productiva y dar valor a las exportaciones, es una tarea sustantiva”. Y considera que “la inversión, tanto pública como privada, ocupa un lugar central y debe ser impulsada priorizando la competitividad sistémica y la diversificación productiva, de acuerdo con el interés nacional”.

En un guiño al ministro de Economía Martín Guzmán, el Grupo 25 de Mayo también reconoce que “debe atenderse la consistencia macroeconómica y la necesidad de alejar la restricción externa, en tanto limitante para la sostenibilidad del crecimiento”, sobre lo que también señala que debe hacerse “siempre -y simultáneamente- priorizando el objetivo central e ineludible de mejorar las condiciones económicas y sociales de nuestro país y de nuestro pueblo”.

Por José Angel Di Mauro

Podrán hacérsele muchas críticas a Cristina Kirchner, pero nunca negar su centralidad. Que la mantuvo aun en los cuatro años en que estuvo fuera del poder. Y que retiene de manera intensa incluso cuando alternadamente se retira a un deliberado segundo plano. Aun ausente, cada vez es más notoria su omnipresencia.

Qué decir cuando ha decidido dejar de lado el perfil bajo para participar activamente en la campaña. Algunos relativizarán lo de “activamente”, pero por mínimos que sean sus gestos, esa influencia es dominante. Y por cierto todo indica que la vicepresidenta ha resuelto jugar, en el que adoptó como su territorio definitivo. La base de su caudal electoral.

Como siempre, la presencia de CFK el jueves en Lomas de Zamora dejó muchas señales, más allá de los títulos periodísticos que aportó su discurso. Y sobre todo un par de confirmaciones. Por un lado, la certeza de que las encuestas que maneja el oficialismo son tan inquietantes que lo obligan a jugar la dama en esta campaña. De lo contrario, Cristina Kirchner no tendría que ponerle el cuerpo y se limitaría a ejercer el poder de su lapicera a la hora de armar las listas, como viene haciendo indefectiblemente desde hace una década.

El otro dato que dejó la participación de la exmandataria en Lomas, junto a Axel Kicillof y el dueño de casa y posible candidato -el nombre de Martín Insaurralde es uno de los que evalúan, como cara moderada para ofrecer en esta campaña-, es que preocupa al kirchnerismo una merma de adhesión que también han detectado las encuestas en un espacio que consideran “propio”: los jóvenes. Y las elecciones se presentan demasiado ajustadas como para resignar nada.

¿Por qué otra cosa sino Cristina decidió hablar de tres jóvenes músicos cuyo talento más destacado son los millones de seguidores que tienen en redes sociales? Así se la vio a la expresidenta transitar un terreno no tan conocido para ella, hablando de los traperos Wos y Trueno, y del cantante de cumbia L-Gante (al que le sacó la “e” al nombrarlo). Con lo que no contaba la vicepresidenta es que L-Gante contradeciría la versión que ella dio en su discurso, en el que elogió el programa Conectar Igualdad que puso en marcha durante su gobierno y que discontinuó Mauricio Macri.

Al día siguiente el cantante aclaró que si bien él había hecho su primer tema -que tuvo 176 millones de reproducciones en Youtube- con una computadora de dicho programa, no se la habían entregado en la escuela, sino que él se la había cambiado por un celular al dueño original. Otro dato que desconocía Cristina es que L-Gante está actualmente en México y por lo tanto es uno de los miles de argentinos que no pueden regresar al país por las restricciones en los vuelos. Por ahora, el cantante lo tomó con humor: “Vamos a ver si vuelvo en el Tango-01”, sugirió.

Se nota tanto que el oficialismo está preocupado por los jóvenes que ese mismo día también se dirigió a ellos el Presidente: “Les digo que lo que les está pasando no es producto de la decisión de un presidente, sino de la pandemia -aclaró-.  Quiero que no vayan a recitales ahora, para que vayan el resto de su vida”. Lo hizo al encabezar desde Olivos un acto del Partido Justicialista al cumplirse 47 años de la muerte de Perón. Un acto totalmente opacado por el de Cristina Kirchner en Lomas.

Ella está pensando en otra cosa: en ganar las elecciones por supuesto, pero fundamentalmente en que el oficialismo se imponga claramente en el mayor distrito del país, un resultado que no le atribuirá a su compañero de fórmula. Está claro que el gobernador bonaerense, al que acompaña en todas sus apariciones públicas, es el candidato in péctore que ella tiene para 2023.

Que en este gobierno prevalece claramente un sector que no es el que responde a quien está al frente del Poder Ejecutivo dio otra prueba lo que se resolvió con la Hidrovía Paraná Paraguay. Se cansaron desde el gobierno de decir que se mantendría la privatización, a pesar de los fuertes embates desde el kirchnerismo por la estatización del sistema. Dos semanas atrás el jefe de Gabinete insistió en que se haría un llamado a licitación internacional, y pretendió aventar las presiones hablando de la búsqueda de “un sistema mucho más preciso para definir el rol del Estado”, como así también la creación de un “ente de control”. Pero llamó la atención cuando el Día de la Bandera el Grupo 25 de Mayo difundió una proclama reclamando la estatización de la Hidrovía. Este movimiento aglutina a dirigentes e intelectuales entre los que sobresale la diputada Fernanda Vallejos -quien suele expresar el pensamiento vivo de CFK-, y ya había difundido su proclama fundacional en el aniversario de la Revolución de Mayo, indicándole al Presidente cómo negociar la deuda.

Lo cierto es que finalmente el gobierno tomó el control de la misma por 12 meses, tiempo en el cual se hará la licitación prometida, aunque en este contexto no sorprendería que termine prevaleciendo la postura del kirchnerismo. O bien -como sugieren muchos- que esa tarea quede en manos de los chinos, en lugar de la empresa belga que viene desarrollándola desde hace décadas.

Otra cosa en la que el gobierno debió ceder es en el tema vacunas. Todavía resuena la queja de la ministra de Salud reclamándoles a los periodistas “bajar la obsesión que tienen con Pfizer”, cuando apenas un mes después Carla Vizzotti apareció junto a la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia detallando cómo un DNU adecuaría la Ley de Vacunas para poder finalmente acceder a los requerimientos de los laboratorios norteamericanos.

Si bien es cierto que Vilma Ibarra venía manteniendo conversaciones con representantes de Pfizer desde hacía un tiempo, lo cierto es que no había habido hasta ahora señales de un próximo entendimiento. Y lo cierto es que los acontecimientos parecieron precipitarse luego de que el oficialismo quedara feamente expuesto al tener que bloquear en Diputados el tratamiento de proyectos que permitirían modificar la ley para permitirle al gobierno comprar dosis de Pfizer para poder inmunizar a niños y adolescentes, habida cuenta de que esa vacuna es la única autorizada hasta ahora para aplicar a menores.

Una de las voces cantantes desde la oposición fue la de la mendocina Claudia Najul, que solicitó al Ejecutivo realizar las acciones necesarias y urgentes “para permitir la llegada de vacunas para niños de 12 a 18 años con enfermedades muy graves”.

En su intervención, la diputada radical recordó que al armarse el plan de vacunación en la Argentina no existía ninguna vacuna autorizada para ese grupo. Pero aclaró que “desde mayo tenemos dos, Pfizer y Moderna, que están autorizadas y se están usando en el mundo para este grupo”. Su par del PRO Carmen Polledo defendió el proyecto para quitar de la Ley de Vacunas la palabra “negligencia”, que trabó el acuerdo con Pfizer, recordando que la misma no estaba en el proyecto original. Esa palabra fue introducida a instancias de la vicepresidenta del bloque FdT, Cecilia Moreau. Difícilmente lo haya sugerido sin consultarlo; lo más probable es que haya sido al revés: los “librepensadores” no suelen prevalecer en los oficialismos.

Polledo aportó además una cuota de sospecha al señalar que con AstraZeneca “no existieron esos impedimentos contractuales que tanto tuvieron en cuenta con Pfizer”.

El presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, explicó que si bien al día de hoy “hay un solo laboratorio que tiene autorizada la vacunación para menores de 18”, ya ha habido pruebas de la Sinovac que “ha demostrado en China su efectividad”. Y expresó su confianza en que pronto habría muchos más laboratorios habilitados. Aseguró que en su bloque había voluntad para “realizar los ajustes necesarios a la ley para conseguir la cantidad y el tipo de vacunas necesarias para todos los argentinos”, pero a la hora de votar, se rechazó la moción para tratar el proyecto sobre tablas.

Esa misma noche el oficialismo hizo circular la versión de que había un decreto en marcha para salvar la situación, y con el correr de las horas la especie cobró más fuerza. Al día siguiente Vilma Ibarra y Carla Vizzotti anunciaron la publicación inminente de ese DNU que entre otros temas elimina la palabra “negligencia” como atributo de responsabilidad del proveedor, y quedó flotando la sensación de que el gobierno había cambiado su postura ante la convicción de que el tema se les vendría en contra. Fue como con la apertura de las escuelas, resuelta antes de que los parámetros utilizados para tenerlas cerradas hubieran cambiado.

El argumento utilizado por la secretaria de Legal y Técnica fue que “los tiempos del Congreso” conspiran con el apuro que la situación exige. Lo cual resulta curioso, dada la postura oficial anterior. Ibarra utilizó otra frase que inquietó a los legisladores: “El Congreso no está previsto para responder en épocas de pandemia”.

Como sea, la oposición avalará el DNU. Pero con una fuerte objeción compartida por constitucionalistas respecto de lo inquietante que resulta que una ley pueda cambiarse a través de un DNU.

El decreto 427/2021 publicado este jueves en el Boletín Oficial establece que la Administración General de Puertos (AGP) cobrará los peajes por el uso del río y se hará cargo por el plazo de un año (prorrogable) de la administración y control de la estratégica Vía Navegable Troncal. Son dos de las demandas de la Proclama del 20 de junio que impulsó el Grupo 25 de Mayo para recuperar la soberanía sobre el río Paraná.

Los dirigentes del Grupo 25 de Mayo destacaron el Decreto 427/2021 que publicó hoy el gobierno nacional, que faculta a la Administración General de Puertos (AGP) a asumir la concesión de las obras y la administración y cobrar los peajes a las navieras por el uso de la red fluvial troncal del Río Paraná. Además, la medida le confiere a la AGP “la concesión de la operación para el mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y el correspondiente control hidrológico de la Vía Navegable Troncal”.

Asimismo, mediante una “licitación corta”, la medida establece que la AGP se hará cargo por el plazo de un año, que comienza a correr a partir de la prórroga de 90 días otorgada por el Gobierno Nacional al consorcio Hidrovía SA.

Sin embargo, el decreto también aclara que las potestades de la AGP son pasibles de una prórroga “hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación” definitiva.

La diputada nacional Fernanda Vallejos, una de las referentes del Grupo 25 de Mayo, subrayó que “la decisión de nuestro gobierno vuelve a colocar al Estado al frente de la gestión sobre el Río Paraná. Es un acto de restauración de la soberanía nacional, inmensamente dañada durante las etapas neoliberales de nuestra historia”.

En idéntico sentido, la legisladora ponderó “las implicancias, también estratégicas, en relación con la integración y la planificación territorial y del modelo de desarrollo que queremos para la Argentina”.

El decreto firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, otorga a la AGP la concesión de la operación para las tareas de dragado y balizamiento y el cobro de peajes a las empresas exportadoras por el uso del río, clave para el comercio exterior argentino.

El dirigente agropecuario y ex titular de la Federación Agraria Argentina Pedro Peretti se mostró entusiasmado con la determinación del Ejecutivo. “Es una decisión muy trascendente del Estado, muy acertada, muy justa. A esto hay que agregarle otros tres hechos muy importantes: la constitución de la Comisión Bicameral de seguimiento de la Hidrovía; la conformación del Consejo Federal, donde hay organizaciones sociales, donde están las provincias; a lo que debemos sumarle la propuesta de volver a dragar el Magdalena, que va a significar una importante reducción de costos para los productores en fletes”, explicó Peretti.

La definición política que tomó el Gobierno Nacional va en línea con dos de los ejes centrales de la Proclama del 20 de junio que impulsó en esa fecha patria el Grupo 25 de Mayo. En ese texto, los dirigentes habían reclamado retomar el control y la administración estatal de la red troncal con una asistencia de la AGP, después de veinticinco años de concesión al consorcio Hidrovía S.A., integrado por la dragadora belga Jan de Nul y la argentina encargada del balizamiento, Emepa.

La relevancia estratégica de este corredor fluvial radica en que por allí se transportan grandes volúmenes de carga los 365 días del año, ubicando a la Argentina como uno de los principales proveedores mundiales de materias primas y derivados.

En esta misma línea de razonamiento, el presidente de Astillero Río Santiago, Pedro Wasiejko aplaudió la decisión gubernamental porqué consideró que “favorecerá a los productores locales y a la industria nacional”.

Por este motivo, el Grupo 25 de Mayo había reclamado también en la Proclama del 20 de junio ejercer el cobro de peajes en el tránsito fluvial, con el objetivo de que el Estado pueda invertir en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y tecnología propias.

Destacan los del Grupo 25 de Mayo que con en este decreto, el Gobierno de Alberto Fernández pone fin a la prolongación de un modelo de concesión que rigió en los últimos 25 años, y que –sostienen- “trajo aparejadas prácticas ilegales como la subdeclaración de exportaciones, sobrefacturación de importaciones o el contrabando, así como del tráfico ilícito”.

Hasta 1992, la AGP se encargaba en forma centralizada de todo lo relativo a la administración de los puertos marítimos y fluviales del país, así como la Dirección Nacional de Vías Navegables se ocupaba del mantenimiento, dragado y balizamiento, de los canales, la red troncal y todos sus accesos.

“Sin embargo, con la sanción de la Ley Nacional de Puertos Nº 24.093, en el marco de las privatizaciones menemistas y la imposición del Consenso de Washington en la Argentina, se produjo la atomización del sistema nacional centralizado, en múltiples organizaciones provinciales, como paso previo para la concesión en 1995 de la tarea de mantenimiento de la red troncal a Hidrovía SA”, expresan quienes promueven la estatización del sistema a través de un comunicado.

La Proclama del 20 de junio advirtió que la concesión a Hidrovía SA significó un “caso piloto ejemplar” de un sistema de privatización del peaje y control del tráfico fluvial, inédito a nivel mundial. Ninguno de los países con sistemas de transporte fluvial desarrollados, como EE.UU., China o Europa, ha adoptado, desde entonces, el “modelo argentino” de cesión monopólica a privados, sin control efectivo del Estado; por el contrario, han mantenido la incumbencia pública para garantizar la defensa de la soberanía y el interés nacional en sus vías navegables interiores.

Fernanda Vallejos, diputada nacional por el Frente de Todos, salió al cruce del expresidente Mauricio Macri y lo tildó de menemista por sus declaraciones a favor de la administración de la Hidrovía Paraná-Paraguay bajo la gestión privada.

En el marco del proceso licitatorio de la administración de la Hidrovía, Vallejos expresó el ideal del sector kirchnerista del FdT al manifestar que “no hace falta que aclare, Mauricio Macri. Los argentinos y las argentinas conocemos su paradigma:  ‘Nada de lo que deba ser estatal, permanecerá en manos del Estado’”, en alusión a la frase del menemismo que pronunció en aquel entonces el ministro de Obras y Servicios Públicos, Roberto Dromi (1989 – 1991).

En 1992, el gobierno de Carlos Menem le quitó a la Administración General de Puertos (AGP) la gobernanza sobre puertos, canales y tareas de mantenimiento, descentralizando la administración. Así, el Estado cedió al sector privado la gestión de la actividad portuaria, el mantenimiento de la ruta fluvial y perdió capacidad de control y regulación, señaló la diputada mediante un comunicado.

Vallejos insistió en que la idea de Macri sintetiza “un paradigma y una época donde se diseñó el actual modelo de cesión monopólica a privados sin control efectivo del Estado, con la que Macri siempre se sintió a gusto, como lo demostró cuando le tocó gobernar”.

Macri también rechazó en una entrevista radial la Proclama del 20 de junio, cuando el Grupo 25 de Mayo había reclamado que “el Estado asuma el control y la administración de la ruta fluvial más importante del país, ejerza el cobro del peaje y avance en la construcción del Canal Magdalena”.

A cuarenta días para el vencimiento de la concesión por peajes de las tareas de dragado y balizamiento del río Paraná, hoy está a cargo de Hidrovía S.A., integrada por la dragadora belga Jan de Nul y la argentina encargada del balizamiento, Emepa.

Más de 3.000 referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, referentes de Derechos Humanos, científicos, académicos, artistas y periodistas suscribieron la Proclama 20 de junio para reclamar el fin de la actual concesión con Hidrovía S.A. A su vez, pidieron “recuperar para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas el imprescindible control y administración de la ruta fluvial” por donde se transportan el 80% de las exportaciones nacionales y el 95% de las importaciones.

Cuando restan cuarenta días para el vencimiento de la concesión por peajes de las tareas de dragado y balizamiento del río Paraná, hoy en manos del consorcio Hidrovía S.A., referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, académicos, artistas y periodistas reclamaron que el Estado asuma el control y la administración de la ruta fluvial más importante del país, ejerza el cobro del peaje y avance en la contrucción del Canal Magdalena.

“Hoy nos encontramos ante la oportunidad de retomar el control del Paraná -un canal crucial para el comercio exterior argentino por el que circula la mayor parte de nuestras exportaciones e importaciones- elevando bien alto la bandera de nuestra soberanía”, destaca la Proclama 20 de junio ideada por el Grupo 25 de mayo.

La diputada Fernanda Vallejos, el senador Jorge Taiana, el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el titular de la CTA y también diputado nacional, Hugo Yasky y el exministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, y encabezaron la iniciativa, a la que adhirieron dirigentes de peso como el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti; Juan Carlos Schmid, secretario general de Dragado y Balizamiento y de la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA), el dirigente social y sindical Pablo Micheli y los dirigentes sociales Juan Carlos Alderete, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y actual diputado nacional, y Juan Grabois, titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Se trata del Grupo 25 de mayo, que en aquella otra fecha patria de este año se había manifestado a favor de priorizar la salud de los argentinos antes que el pago de la deuda externa.

“El fin de esta concesión en nuestro Paraná abre la posibilidad de que el Estado, y con él, el pueblo argentino, recupere el control y la administración en un ámbito estratégico, desandando el camino de las riquezas de la década del 90”, puntualizó Vallejos.

La Proclama del 20 de junio se inscribe en el debate sobre qué sistema aplicar para la explotación comercial del río Paraná. El 30 de abril el gobierno prorrogó la actual concesión por un plazo de noventa días, para luego llamar a una licitación de fondo.

“El próximo 30 de julio se abre la oportunidad de recuperar, para el Estado y para todos los argentinos y las argentinas, el imprescindible control y administración de la ruta fluvial más importante del país”, subraya el Grupo 25 mayo.

Taiana, uno de los principales referentes en la lucha por modificar el actual sistema de explotación, destacó la unidad que consiguió la Proclama. “Nos unimos porque entendemos que tanto la concesión de la vía troncal como el proyecto de construcción del Canal Magdalena nos han permitido debatir cuestiones estratégicas relacionadas con nuestra soberanía, como la actividad portuaria, la preservación de nuestros recursos naturales y su industrialización, y la preservación del ambiente”, aseguró.

El mensaje de garantizar la defensa de la soberanía y el interés nacional sobre el estratégico río es el eje de la Proclama 20 de junio. “Apoyo esta reivindicación defendiendo nuestra independencia, Patria y bandera, y fundamentalmente nuestra dignidad contra aquellos intereses a los que solo les importa ganar dinero y llevarlo al exterior explotando a los trabajadores”, remarcó Pablo Moyano.

Sumaron su firma también Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, promovido por el Papa Francisco; el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen; el titular de la Sociedad Rural (SRA) de Córdoba, Pedro Salas y el también referente rural Pedro Peretti. Acompañaron a su vez el histórico dirigente peronista Carlos Kunkel y una docena de legisladores, entre ellos el diputado nacional y exgobernador de San Juan, José Luis Gioja y la senadora nacional por Santa Fe, María de los Angeles Sacnún, además del diputado del Parlasur Gastón Harispe. También adhirieron el juez Juan Ramos Padilla y los constitucionalistas Jorge Cholvis y Eduardo Barcesat, los artistas Cecilia Roth, Liliana Herrero, Luisa Kuliok, Katja Alemann, Ignacio Coppani, Marian Farias Gómez, entre otros, además de intelectuales como Mempo Giardinelli, activo defensor de la causa “del Paraná”, el ex canciller Rafael Bielsa, el psicólogo Jorge Alemán, el historiador Norberto Galasso y los sociólogos Atilio Borón y Mónica Peralta Ramos; y el General retirado Roberto Bendini, recordado por ser quien bajó el cuadro de Videla de la ex ESMA, por orden del ex presidente Néstor Kirchner.

Entre la nutrida presencia de economistas heterodoxos se destacan las rúbricas de la ex ministra de economía Felisa Miceli, el actual director del Banco Nación Guillermo Wierzba y el economista Jorge Marchini, impulsores de la proclama junto con Vallejos, Moyano y Yasky, entre otros. También suscriben el secretario parlamentario del Senado de la provincia de Buenos Aires, Roberto Feletti, el exvicepresidente Amado Boudou, el expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, la ex ministra de Industria, Débora Giorgi, la referente política, sindical y diplomática, Alicia Castro y el también director del Banco Nación, Claudio Lozano. Entre los dirigentes gremiales empresarios, aparecen, entre otros, Raúl Hutin (Directivo de la Fundación ProTejer), Juan Carlos Lascurain (expresidente de la UIA), Juan Ciolli, vicepresidente de la Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN) y Leo Bilanski (presidente ENAC).

“La soberanía del país hoy está en juego, unámonos en defensa propia, que es la defensa de todos”, pidió Raúl Hutin. En tanto, Pedro Wasiejko, presidente del Astillero Río Santiago, subrayó la importancia de recuperar y desarrollar la industria naval, otro de los ejes de la Proclama. Recalcó que, “en la medida en que se pueda recuperar y avanzar” en fortalecer la soberanía sobre el río Paraná, “la reconstrucción de una flota naval lleva implícito el desarrollo de una industria naval eficiente, competente y mirando el Siglo XXI”.

Dentro de los sindicatos, organizaciones sociales y referentes de la Iglesia, suscribieron la Proclama del 20 de junio Roberto Baradel (Suteba), Raúl Durdos (SOMU), Eduardo López (UTE), Cachorro Godoy (CTAA), los curas en la Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna y Paco Olveira; el dirigente del Llamamiento Argentino Judío, Jorge Elbaum; el pastor y dirigente evangélico Guillermo Prein; la Unión de Recibidores de Granos y Anexos (URGARA), y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval (FEMPINRA). Esta última integra a los sindicatos de trabajadores electricistas y electronicistas navales; empleados de la marina mercante; guincheros y maquinistas de grúas móviles; capataces y estibadores portuarios; encargados apuntadores marítimos; dragado y balizamiento; serenos; obreros navales; conductores navales; patrones y oficiales fluviales de pesca y cabotaje marítimo; trabajadores de la industria del hielo; capitanes y baqueanos fluviales; flota petrolera e hidrocarburíferos; y jefes y oficiales maquinistas navales; y portuarios.

“Es momento de empezar a dar vuelta esta historia. Es posible una administración estatal, federal y soberana de la Hidrovía y nuestros puertos, como así también tener en manos nacionales el dragado de nuestro río”, afirmó Alderete.

A la Proclama por la soberanía del río Paraná la respaldaron a su vez periodistas como Víctor Hugo Morales, Marcelo Figueras, Sandra Russo, Daniel Tognetti, Liliana López Foresi, Néstor Piccone, Horacio Embón, Diego Brancatelli y Mariano Beristain.

Los pedidos

En esta nueva oportunidad, el Grupo 25 de mayo pidió retomar el control y la administración estatal de la red troncal, que el menemismo dejó en manos del consorcio Hidrovía S.A., integrada por la dragadora belga Jan de Nul y la argentina encargada del balizamiento, Emepa.

Para esto, plantearon la asistencia de la Administración General de Puertos (AGP), con intervención del recientemente creado Consejo Federal de la Hidrovía y de la Comisión Bicameral de seguimiento, control de la licitación y funcionamiento de la Hidrovía y del Sistema de Navegación Troncal con jurisdicción en la República Argentina, que cuenta con media sanción del Senado de la Nación.

Asimismo, considerando la brevedad de los plazos, pidieron diseñar una estrategia por etapas, que contemple acciones, por un lado, para el corto plazo, y, por el otro, para el mediano y largo.

Bajo el lema “nos une la bandera del Paraná soberano”, a su vez abogaron por la revisión y optimización de la operatoria del sistema en su conjunto. En particular, “optimizar los mecanismos de fiscalización aduaneros, impositivos y del tránsito fluvial, con el objetivo de ejercer un efectivo monitoreo y control de la actividad portuaria y del tráfico comercial”, para combatir prácticas ilegales como la subdeclaración de exportaciones, sobrefacturación de importaciones o el contrabando, así como del tráfico ilícito.

Además, buscan impulsar “la creación de un organismo de control y una base federal de información centralizada que provea todos los elementos necesarios para un efectivo monitoreo y control de las tareas de dragado y balizamiento, y del tráfico fluvial”.

La relevancia estratégica de este corredor radica en que por allí se transportan grandes volúmenes de carga los 365 días del año, ubicando a la Argentina como uno de los principales proveedores mundiales de materias primas y derivados.

Por este motivo, la Proclama del 20 de junio reclama también ejercer el cobro de peajes en el tránsito fluvial, a partir de lo cual el Estado podrá invertir en el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y tecnología propias.

Otros ejes de la Proclama apuntan a concretar la puesta en marcha del canal Magdalena, y revisar integralmente la Ley Nacional de Puertos y las Leyes de Promoción de la Industria Naval Argentina y de Desarrollo de la Marina Mercante Nacional e Integración Fluvial Regional.

La importancia de la vía troncal para el desarrollo económico y social del país se refleja en que durante el período 1989-2010, el transporte de mercaderías pasó de 700.000 a casi 17,4 millones de toneladas por año, para continuar creciendo en forma exponencial, hasta superar, en la actualidad, las 100 millones de toneladas anuales. Así lo precisó un informe de Proyecto Económico y el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico (IADE).

“Como en 1812, cuando el general Manuel Belgrano por primera vez izó la bandera nacional a orillas del río, hoy el Paraná sigue siendo ámbito de debate y acción imprescindible para afirmar, con la fuerza y la dignidad histórica del pueblo argentino, la soberanía nacional”, concluye la Proclama del 20 de junio, concebida e impulsada por el Grupo 25 de Mayo.

Proclama-del-20-de-Junio-Nos-une-la-bandera-del-Parana-Soberano

Previsiblemente la presencia de representantes de laboratorios ante miembros de la Cámara de Diputados no alcanzó a morigerar la polémica en torno a la compra de vacunas por el Estado argentino. Básicamente la discusión se centró en los dichos del representante de Pfizer, el laboratorio cuya vacuna no alcanzó a comprar nuestro país, desatando una gran controversia en el plano interno.

En las redes sociales, la diputada Fernanda Vallejos la emprendió luego contra el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, al señalar: “Negri pide que un laboratorio extranjero venga a redactar las leyes argentinas. Ya habíamos entendido por donde se pasa Juntos por el Cambio la soberanía nacional cuando Patricia Bullrich ofreció entregarle las Malvinas al mismo laboratorio. Esto sólo lo reafirma, por si quedaban dudas”.

Negri pide que un laboratorio extranjero venga a redactar las leyes argentinas. Ya habíamos entendido por donde se pasa @juntoscambioar la soberanía nacional cuando @PatoBullrich ofreció entregarle las Malvinas al mismo laboratorio. Esto sólo lo reafirma, por si quedaban dudas. https://t.co/lalyLaJnbP

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) June 8, 2021

El tuit de la diputada kirchnerista hacía referencia a otro de Negri que expresaba que según los dichos del gerente de Pfizer Nicolás Vaquer la ley vigente “no es compatible con lo que la empresa solicita” y sugirió que “el Ejecutivo priorizó laboratorios como AstraZeneca”.

Vallejos agregó Más tarde: “Ese país, donde el gobierno ‘convoca’ a multinacionales para escribir las leyes, o contrata a bufetes extranjeros, o acepta un papelito escrito por los buitres de la deuda… nunca más”.

Mucho más leve, pero cruce al fin, Negri tuvo también un intercambio con el diputado Eduardo “Bali” Bucca, quien tuiteó: “Mario querido, la ley a la cual haces alusión la votamos todos. Vos también. Trabajemos de una vez para potenciar el programa de vacunación y conseguir todas las vacunas que haya disponibles. Abrazo”. A lo que su par radical respondió: “Bali, pedimos la reunión de hoy para poder avanzar desde el Congreso. Gracias a nuestro reclamo hoy el Parlamento pudo abordar este tema tan complejo. Ojalá podamos ayudar a que lleguen más vacunas. Todas las posibles”.

En ese marco, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Cecilia Moreau, terció disparando este tuit dirigido hacia sus excorreligionarios: “Pensar que a Illia lo maltrató el gobierno y el congreso de los EEUU a instancias de la industria farmacéutica de ese país por sancionar la ley de medicamentos y los radicales de ahora piden que vengan de afuera a escribirnos las leyes”.

A su vez, la secretaria parlamentaria del bloque oficialista, Cristina Alvarez Rodríguez, expresó en declaraciones a El Destape Radio: “En el Congreso nacional no se hace ninguna ley a medida de ningún laboratorio. Legislamos para las mayorías, para que podamos seguir vacunando a toda la población”.

La diputada nacional Fernanda Vallejos destacó la capitalización del Estado nacional y mendocino de IMPSA, emblemática empresa  de tecnología e infraestructura energética. “¡Este es el camino! Celebro la decisión del Estado nacional y provincial de avanzar en la capitalización de IMPSA”, sostuvo la legisladora, quien en mayo del año pasado, en medio del primer impacto de la pandemia en la economía, había propuesto la capitalización del Estado de las compañías en dificultades económico-financieras.

Vallejos se pronunció tras el acto en el que el presidente Alberto Fernández oficializó la medida desde las instalaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico de la compañía, en el municipio de Godoy Cruz, provincia de Mendoza.

La presidenta de la Comisión de Finanzas había planteado en mayo del 2020 la idea de que el Estado participe en las acciones de grandes empresas a cambio de su salvataje. “Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”, afirmó en aquel momento.

Un año después, el Estado nacional argentino capitalizó IMPSA a través de una inversión de 1.362,9 millones de pesos, que se suma a los 454,3 millones de pesos que destinará la provincia de Mendoza. El gobierno nacional remarcó que esto permitirá preservar años de inversión en el desarrollo de tecnología y en formación del capital humano, además de garantizar la continuidad de más de 720 empleos y el trabajo a más de 100 PyMEs mendocinas.

De este modo, el Estado nacional se transforma en el principal accionista con el 63,7 por ciento del total, mientras que el Estado mendocino participará con el 21,2 por ciento. El restante 15,1 por ciento permanecerá en manos privadas: un 9,8 por ciento correspondiente a las acciones al fideicomiso de acreedores y el otro 5,3 por ciento para el fideicomiso de la familia fundadora.

En funcionamiento desde 1907, IMPSA es una empresa estratégica para el desarrollo nacional, ya que exporta el 85 por ciento de su producción y tiene presencia en más de 40 países en generación de equipamiento para la industria de oil y gas y de la energía hidroeléctrica, nuclear, eólica y solar fotovoltaica.

En el marco de las negociaciones del Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda contraída por el Gobierno de Cambiemos, la diputada nacional Fernanda Vallejos pidió que los plazos de pago sean de al menos veinte años. A su vez, reclamó una “reducción significativa” en las tasas de interés que hoy el organismo le cobra al país y evitar que el Fondo intervenga en la política doméstica, debido a los habituales condicionamientos y recetas que impone y que impedirían la recuperación económica.

“Tiene que haber una reducción en las tasas que el FMI pretende cobrarle al país, en base a lo que Macri firmó. Y también tiene que haber, como mínimo, un replanteo por los plazos”, sostuvo la presidenta de la comisión de Finanzas. “Porque estos plazos convencionales de diez años son inviables para la Argentina, que, con las divisas que genera, no puede destinar quince mil millones de dólares por año a pagar deuda externa”, advirtió.

Vallejos reclamó que los recursos públicos puedan estar disponibles para políticas de cuidado de la salud y la vida de la población. Esto, en un contexto excepcional por la pandemia y mientras la segunda ola amenaza con interrumpir la recuperación económica.

Este fue el espíritu de la Proclama del 25 de mayo que promovieron Vallejos y el exministro de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, y que respaldaron sindicalistas y un amplio abanico de referentes empresariales, sociales, religiosos y del periodismo y la cultura.

“Le reclamamos al Fondo una actitud más vigorosa y más responsable”, reclamó Vallejos. De igual modo, ante los “inmensos dolores sociales” que atraviesa Argentina pidió “reevaluar las exigencias” que mantiene el organismo con los países de ingresos medios, ya que solo ha atendido excepciones en los casos de los países pobres.

Asimismo, la legisladora alertó que tanto los plazos del acuerdo de Macri con el Fondo, como un eventual plan de Facilidades Extendidas a diez años no son “viables” ni para la Argentina ni para los acreedores.

“Un Plan de Facilidades Extendidas a diez años y una tasa de interés del 2% anual -que es lo que se busca acordar con el FMI-, más la deuda con los tenedores de títulos argentinos y con el resto de los organismos internacionales, tornan imposible su pago”, indicó un informe de Proyecto Económico. “Es inconcebible pensar que durante diez años o más, se puede obtener un superávit fiscal primario de una magnitud tal que pague capital e intereses y, a la vez, un superávit comercial para que el Estado Nacional pueda comprar esos dólares”, remarcó el estudio.

Para este año el vencimiento de capital de la deuda con el FMI asciende a 3.614,5 millones de dólares, que, sumado a los intereses de unos 1.200 millones de dólares, conforman un monto a pagar de 4.814,5 millones de dólares. Pero el problema se convierte en “sideral” en el año 2022, cuando hay que pagar 17.860 millones de dólares de capital más los intereses, precisó el estudio.

En este marco, Vallejos solicitó que el organismo revea la situación de Argentina y de los países de ingresos medios.

“Siendo que la pandemia es el marco obligado de referencia, llama la atención que el FMI, que ha tenido expresiones por la pandemia y esto está permanentemente presente en su relato, no ha traducido eso en los hechos, porque no hay una correspondencia con la presunta preocupación por la cuestión de la pandemia y la dificultad de los países”, objetó al economista en diálogo con CNN Radio.

“Se les está exigiendo a los países que cumplan con los compromisos de la deuda como si la pandemia no existiera”, reforzó.

Por último, Vallejos mostró su preocupación por la histórica injerencia del FMI en la economía argentina. “Interferir en la política económica doméstica forma parte de la identidad y la historia del Fondo. Es una de las cosas que queremos evitar -y de la que se habla muy poco- pero la Argentina no debería de ninguna manera aceptar la imposición de las recetas que clásicamente impone el Fondo Monetario, porque eso impediría justamente la recuperación de nuestra economía”.

Encabeza el listado de diputados y senadores que se sumaron al manifiesto marcando pautas para negociar la deuda Fernanda Vallejos, quien además fue una de las organizadoras y redactoras de la movida. Pero también hay una decena de legisladores nacionales que estamparon sus firmas en el documento.

Figuran el senador nacional salteño Sergio “Oso” Leavy y los diputados nacionales Lucía Corpacci, Itaí Hagman, Juan Carlos Alderete, Héctor “Gallego” Fernández, Carolina Moisés, Liliana Schwindt, Marcelo Koenig y Verónica Caliva.

También figuran diputados nacionales con mandato cumplido como Liliana Mazure, Juliana Marino, Verónica Mercado, José Campagnoli, Claudio Lozano, Eduardo Di Cola e Irma Parentella.

Más de 2.000 referentes políticos, sindicales, sociales, empresariales, religiosos, juristas, referentes de Derechos Humanos, científicos, académicos, artistas y periodistas, suscribieron una proclama del 25 de Mayo con el fin de impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses de la deuda contraída por el Gobierno anterior con el FMI, y de las acreencias con el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria. También reclaman reprogramar los vencimientos con los organismos financieros internacionales con plazos que subordinen el pago a las verdaderas posibilidades del país. Y que el dinero correspondiente a los Derechos Especiales de Giro (DEG) se utilice para enfrentar la pandemia y no para pagar deuda, en sintonía con el proyecto del Frente de Todos que ya tiene media sanción del Senado.

Las firmas están encabezadas por Raúl Zaffaroni, Fernanda Vallejos, Héctor Daer, Pablo Moyano y Hugo Yasky. También acompañan Guillermo Moretti, Andrés Gallardo, María Teresa García y Víctor Hugo Morales.

Bajo el lema “Primero la salud y la vida, después la deuda”, más de 2000 referentes políticos, sindicales, científicos, religiosos, académicos, de la cultura y del periodismo, advirtieron que resulta “imprescindible que los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo y a paliar el impacto social de la crisis”.

Los firmantes reclaman, además, “la suspensión de los pagos por capital e intereses que el gobierno de Mauricio Macri asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y de las acreencias con el Club de París”.

El mensaje lo suscribe un amplio abanico de dirigentes, entre ellos el exministro de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, el secretario General de la CGT, Héctor Daer, el secretario General Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti y Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Jueces promovido por el papa Francisco.

Proclama-25-de-Mayo-Primero-la-Salud-y-la-vida-despues-la-deuda-1

Sumaron su apoyo a la proclama los gobernadores Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa), la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, María Teresa García, y el intendente de Ensenada, Mario Secco. También acompañaron la propuesta el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, y el director de Litigios Penales de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Claudio Castelli.

Entre los empresarios, figuran también, Raúl Hutín (Pro-Tejer), Roberto Marquínez (CGE), Daniel Rosatto (IPA), Juan Scioli (CEEN), Marcelo Fernández (CGERA) y Mario Derch (CGI), entre otros.

Además de los mencionados, también acompañan la Proclama del 25 de Mayo, los dirigentes sindicales Sonia Alesso (secretaria General de CTERA), Daniel Catalano (ATE Capital), Roberto Pianelli (Metrodelegados), Daniel Yofra (Aceiteros), Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), Roberto Baradell (Suteba), Eduardo López (UTE), Héctor Amichetti (Corriente Federal de Trabajadores), Angelica Graciano (UTE), Pablo Miceli (CTAA), Ricardo Peidró (CTAA) y Horacio Ghillini (SADOP), entre otros.

Estos reclamos se sustentan en la crisis sanitaria por el Covid-19 y su impacto en la economía. Advierten que los contagios y las muertes se han espiralizado y sostienen que “la economía ya se encontraba en una crisis de envergadura después del gobierno de Mauricio Macri y, con la emergencia sanitaria, se ha profundizado aún más”.

La proclama señala asimismo que la pandemia “exige que todos los esfuerzos se destinen a contrarrestar sus enormes daños económicos y sociales”. Y, a su vez, remarca que “los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo”.

En otro de sus puntos, aboga por la reprogramación de los vencimientos con los organismos financieros internacionales subordinando los plazos a las verdaderas posibilidades de pago de la República Argentina. 

“La deuda resulta impagable y dificulta el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, e impide proyectar un futuro desarrollo de la Argentina”, subraya en otro tramo el texto aludido.

También participaron del mensaje una docena de legisladores nacionales. Y llamó la atención la presencia de más de cincuenta economistas heterodoxos, entre ellos, Felisa Miceli, Guillermo Wierzba, Roberto Feletti, Ricardo Arondskind, Noemí Brenta y Jorge Marchini, quienes, junto a Vallejos, integraron el grupo de trabajo que redactó e impulsó la Proclama del 25 de Mayo, además del ex vicepresidente Amado Boudou, el director del Banco Nación Claudio Lozano y la ex ministra de Industria Débora Giorgi. También se solidarizaron desde España, los economistas de la Universidad Complutense de Madrid Eduardo Garzón y Jorge Fonseca.

En uno de los párrafos centrales, la proclama, recuerda que la Argentina se encuentra en un “estado de necesidad que le impide afrontar los compromisos de deuda contraídos, especialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, bajo riesgo de afectar intereses superiores que el Estado debe proteger, en un contexto de pandemia: la vulnerabilidad social, la salud, el trabajo, la educación y la vivienda del conjunto de la población”.

La iniciativa propone, asimismo, “utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente U$S4.350 millones), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, y no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos”.

Entre los intelectuales, pensadores y hombres de la cultura, respaldaron la propuesta Horacio González, Jorge Alemán, Rafael Bielsa, Alejandro Rofman (Plan Fenix), Norberto Galasso, Atilio Borón, Ricardo Forster, el pianista Miguel Angel Estrella, Mempo Giardinelli y Mónica Peralta Ramos, junto con más de una docena de rectores de universidades nacionales de todo el país, además de investigadores, académicos y científicos, entre los que destacan los médicos y sanitaristas, visiblemente movilizados por la pandemia.

También se comprometieron con la Proclama del 25 de Mayo, los periodistas Víctor Hugo Morales, Marcelo Figueras, Stella Calloni, Eduardo Anguita, Sandra Russo, María Seoane, Mariano Beristain, Martín García y Liliana López Foresi, entre otros.

La Proclama del 25 de Mayo pone el acento en tres puntos claves:

1.- “Apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno”.

2.- “Investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central”.

3.- “Exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de la ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país”.

Además de Zaffaroni y Gallardo, entre los juristas también destacan las firmas del juez Juan Ramos Padilla, el ex decano de derecho de la UBA, Mario Kestelboim, el ex juez Luis Arias y los constitucionalistas Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, entre otros.

Los términos de la Proclama del 25 de Mayo también contaron con el acompañamiento de los curas de Opción por los Pobres, Eduardo de la Serna y Paco Olveira; el padre Pepe (Curas Villeros), el pastor Guillermo Prein (Presidente de la Fundación Centro Cristiano Nueva Vida) y una veintena de referentes religiosos de todo el país.

Ejes centrales de la Proclama del 25 de mayo

•        Impulsar la suspensión de los pagos por capital e intereses con el FMI y el Club de París, mientras se extienda la emergencia sanitaria. 

•        Reprogramar los vencimientos con todos los organismos financieros internacionales con plazos acordes a las verdaderas posibilidades de pago del país.

•        Renegociar la disminución de intereses, cargos y comisiones previstos en los acuerdos vigentes.

•        Utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente 4.350 millones de dólares), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, y no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos.

•        Apoyar la querella criminal iniciada por el Gobierno Nacional contra los funcionarios actuantes del anterior gobierno en la obtención del préstamo “stand by” con el FMI.

•        Investigar el destino de los fondos de dicho préstamo para identificar a los responsables de la fuga de capitales, puesta en evidencia por la investigación del Banco Central de la República Argentina.

•        Exigir al FMI que brinde todo el apoyo para continuar con las investigaciones, determinar y diferenciar deuda legítima de ilegítima y que, asimismo, colabore en encontrar los fondos fugados del país.

El senador nacional Alfredo Luenzo (Frente de Todos-Chubut) respaldó las medidas de cuidado que anunció el presidente Alberto Fernández este jueves. En ese sentido, sostuvo que “esta pandemia ha puesto no solo a la Argentina sino al mundo en una situación extremadamente delicada” y remarcó que la situación argentina es “muy difícil, con una segunda ola que se ha llevado muchas vidas, con trabajadores de la salud que no pueden más, que están agotados, con terapias intensivas al límite y un número de casos alarmante“.

“Frente a esto, el Presidente tomó una decisión junto a los gobernadores muy importante para bajar el número de contagios mientras se sigue avanzando con la campaña de vacunación que en todo el país avanza con mucha fuerza y en forma muy organizada. Por eso, tenemos que acompañar también desde la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Nos necesitamos todos. Tenemos que asumir la responsabilidad de los tiempos”, pidió el chubutense.

Mientras Fernández anunciaba el nuevo confinamiento, Luenzo participaba en forma presencial de la sesión del Senado de la Nación donde se aprobó el proyecto de ley que establece parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la pandemia Covid-19, una iniciativa que envió el Gobierno nacional como parte de la estrategia sanitaria.

Desde su banca en el recinto, el legislador nacional señaló que se trata de “una herramienta para llevar certidumbre a la sociedad, para que sepamos cómo podemos actuar ante un escenario muy dinámico, ante esta pesadilla que se está llevando miles y miles de argentinos”. En ese marco, rechazó el planteo de la oposición y lamentó que “estamos muy lejos de esa madurez institucional, de esa madurez cívica”.

La diputada nacional Fernanda Vallejos (Frente de Todos-Buenos Aires) también apoyó las medidas expuestas por el Gobierno. Sentenció que “Se trata de privilegiar lo más precioso: la vida. El esfuerzo de nuestra comunidad -que es grande para todas y todos, y para algunos mucho más- vale la pena, porque la vida lo vale. Y, por supuesto, para sostener ese esfuerzo, la presencia del Estado, es fundamental”.

Además, la legisladora bonaerense opinó que “estamos en el peor momento de la pandemia, y la enfermedad y la muerte no se pueden naturalizar. En este contexto, la restricción de la circulación en las zonas con ‘Alto riesgo’ o en ‘Alarma epidemiológica’ es, literalmente, vital”.

Fuera del oficialismo, el diputado nacional José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal-Mendoza) fundamentó la decisión desde su cuenta de Twitter. “Reafirmamos nuestro apoyo a las medidas de restricción sanitarias impuestas por @alferdez, al igual que nuestro gobernador @rodysuarez y otros referentes. La pandemia se expande a toda velocidad y el sistema de salud está al borde del colapso. ¡Más que nunca debemos cuidarnos!”, publicó.

🔻Reafirmamos nuestro apoyo a las medidas de restricción sanitarias impuestas por @alferdez, al igual que nuestro gobernador @rodysuarez y otros referentes. La pandemia se expande a toda velocidad y el sistema de salud está al borde del colapso. ¡Más que nunca debemos cuidarnos!

— José Luis Ramón (@JoseLuisRamonOk) May 21, 2021

En el mismo sentido, la senadora nacional Nora del Valle Gimenez (Frente de Todos-Salta) posteó: “El general Perón nos enseñó que los verdaderos líderes en los momentos difíciles toman decisiones pensando en sus pueblos, hoy nuestro presidente@alferdez tomó una decisión pensando en la vida de los 44 millones de argentinos y argentinas. #ArgentinaUnida#CuidarteEsCuidarnos“.

El general Perón nos enseñó que los verdaderos líderes en los momentos difíciles toman decisiones pensando en sus pueblos, hoy nuestro presidente @alferdez tomó una decisión pensando en la vida de los 44 millones de argentinos y argentinas. #ArgentinaUnida #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/EpmRo5IUDl

— Nora del Valle Giménez (@noragimenezok) May 21, 2021

Las nuevas restricciones

En un video pregrabado difundido este jueves en cadena nacional, el presidente Alberto Fernández anunció un nuevo confinamiento estricto para reducir los contagios de Covid-19. El mandatario aseveró que estamos “en el peor momento de la pandemia” y volvió a pedir a la población un nuevo esfuerzo para bajar la circulación, disminuir los contagios y aliviar la carga del sistema de salud.

Como parte de las nuevas medidas, el Gobierno restringirá la circulación en todas las zonas del país que se encuadren en “Alto riesgo” o en “Alarma epidemiológica” (como el AMBA) desde las 0 horas del sábado 22 de mayo hasta el domingo 30 de mayo inclusive. 

Además, quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial, mientras que estarán habilitados los comercios esenciales y los que trabajen con envío a domicilio y con modalidad “para llevar”. 

Del mismo modo, sólo se podrá circular en las cercanías del domicilio, entre las 6 de la mañana y las 18hs, o por razones especialmente autorizadas.

Terminados esos nueve días, medida que el presidente describió como “intensiva y temporaria”, desde el 31 de mayo y hasta el 11 de junio inclusive se retomarán las actividades en el marco de las medidas vigentes hasta este viernes, con restricciones que correspondan a cada zona según los indicadores epidemiológicos y sanitarios.

También en ese lapso y para favorecer aún más la baja de los contagios, se dispondrá que el fin de semana del 5 y el 6 de junio se vuelvan a restringir las actividades en las zonas más críticas. 

En forma paralela, el Estado nacional implementará una serie de medidas adicionales con el objetivo de asistir a las empresas y a las familias. En el primer caso, las medidas abarcan la ampliación por un total de 52.000 millones de pesos del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) para atender a los sectores que se verán afectados por las restricciones; el incremento del monto del salario complementario para las trabajadoras y los trabajadores de los sectores críticos y la salud con una inversión prevista de 6.000 millones de pesos, y la incorporación del sector gastronómico al REPRO y la reducción de las contribuciones patronales en sectores críticos.

Para las familias, en tanto, desde este viernes y hasta fin de mes se inyectarán 18 mil millones de pesos por medio de la tarjeta Alimentar, lo que permitirá fortalecer los ingresos de aquellas con menores de hasta 14 años; se ampliará el Programa Progresar; se incrementará el alcance de la Asignación Universal por Hijo y las asignaciones familiares para llegar a 700.000 personas, y se transformará el Programa Potenciar Trabajo para asociarlos con distintas actividades productivas de la economía popular. 

Estas políticas son acompañadas además por un refuerzo de las partidas presupuestarias por más de 4.700 millones de pesos para asistir a los sectores de la cultura y el turismo; una inversión de 144.000 millones de pesos para reforzar el sistema de salud entre vacunas, el bono para trabajadores y trabajadoras del sector, y la reducción de contribuciones patronales y del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las empresas del rubro, entre otras partidas. 

El presidente afirmó que “hay ciudades y provincias que hoy tienen su sistema de salud al límite, con hospitales públicos y sanatorios privados que están al borde de no poder dar respuesta”. Por eso defendió la necesidad de “un marco regulatorio nacional común para enfrentar la pandemia, minimizar el número de contagios y garantizar la atención hospitalaria para quien lo requiera”. 

Fernández se mostró convencido de que “si se cumplen las medidas, se reducirá el impacto de la segunda ola” y aseveró que si los contagios ceden “podremos recuperar más rápidamente las actividades que temporariamente suspendemos”.

Respecto de la vacunación, insistió en que se está fortaleciendo: “En los próximos días contaremos con más de cuatro millones de dosis de vacunas. Hasta hoy siete de cada diez mayores de 60 años han recibido al menos una dosis de la vacuna. Acelerando la aplicación, en pocas semanas más habremos vacunado a la totalidad de personas en riesgo que optaron por vacunarse”.

Tras el anuncio del cese de comercialización de hacienda vacuna por parte de la Mesa de Enlace, la diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos resaltó la iniciativa del Gobierno para recomponer el consumo doméstico de carnes. Y recalcó subir tres puntos las retenciones al maíz y establecer cupos para bajar el precio y garantizar el abastecimiento interno del insumo de engorde del ganado, con el objetivo de “desacoplar” los precios internacionales de los que pagamos en las carnicerías argentinas.

La diputada nacional Fernanda Vallejos destacó la medida del Gobierno que suspendió por 30 días las exportaciones de carnes con el objetivo de combatir la inflación e impulsar el consumo interno, que cayó fuerte en los últimos meses. La legisladora a su vez reiteró la necesidad de instrumentar políticas para “desacoplar” el precio internacional de los productos primarios de exportación de los precios domésticos de los alimentos.

Para llevar a la práctica el “desacople”, Vallejos planteó aplicar retenciones y cupos que, en el caso de la carne, se podrían combinar con instrumentos de estímulo para incrementar la producción. Esto último, para satisfacer la mayor demanda de exportaciones pero asegurando el abastecimiento interno en un nivel no inferior a los 50 kg per cápita anual, considerando los niveles de 2020, ya de por sí más bajos que los niveles históricos que supo tener Argentina.

Asimismo, la presidenta de la Comisión de Finanzas remarcó la importancia del rol del Estado para “equilibrar el peso de las influencias”, ante la presión de los sectores que se ven beneficiados a pesar de los altos precios que pagan los argentinos por sus alimentos. Esta mañana, en rechazo a la nueva medida del gobierno, la Mesa de Enlace anunció un cese de comercialización por nueve días.

“El principal obstáculo a una moneda estable en países como la Argentina es que las clases que se benefician con la depreciación del peso, o, para el caso que estamos analizando, su equivalente: el alza del precio de las commodities agropecuarias, son mucho más influyentes que las clases que se perjudican. Por eso, es responsabilidad del Estado, entonces, equilibrar el peso de las influencias”, resaltó.

“Las exportaciones son la única fuente genuina de divisas pero el Estado debe intervenir para armonizar intereses y proteger el crecimiento, la producción y el trabajo. Y privilegiar el bienestar general por sobre los intereses sectoriales”, prosiguió la economista.

Este martes, el presidente Alberto Fernández no descartó la posibilidad de aplicar más medidas, como aumentar las retenciones o poner cupos a la exportación.

“Vemos cómo el precio de la carne crece mes a mes sin ningún justificativo, y lo más llamativo es que además baja la demanda, no es que el precio sube porque la demanda creció. Eso lo tenemos que corregir”, advirtió el mandatario a Radio 10.

El jefe de Estado también reconoció que “el tema de la carne se desmadró”, y ante esto cuestionó cómo inciden los precios internacionales de exportación en la mesa argentina. “Fue una gran tentación la aparición de China comprando carne porque pagan precios muy altos”, señaló, al explicar que el problema surgió cuando el gobierno de Macri impulsó una “total apertura al sector”.

“Es evidente que necesitamos desacoplar los precios que puede pagar China del que pagamos en nuestras carnicerías”, insistió Vallejos. El aumento de las exportaciones argentinas de carne bovina congelada entre 2011 – 2020 se explica casi en su totalidad por las compras chinas, que pasaron de 759 toneladas en 2012 a las 462 mil toneladas en 2020. Estas pasaron de representar el 1,6% del valor total exportado de este producto al 87,4% del total de las toneladas exportadas, precisó un informe de Proyecto Económico.

En tanto, en el fenómeno inflacionario que atraviesa Argentina tienen una mayor incidencia la suba de precios de los alimentos y, más aún, el de las carnes. En lo que va del año, el alza de Alimentos (18,7%) y de carnes y derivados (22,2%) fue superior al nivel general (17,6%).

En este marco, Vallejos alertó por el impacto social de esta situación, frente al avance de la pobreza en el país, de ahí la importancia de las medidas anunciadas por el gobierno. “La intervención del Estado responde a un imperativo moral elemental para cualquier sociedad: garantizar el acceso a los alimentos a todos los miembros de la comunidad, un derecho humano básico consagrado en nuestra Constitución”, concluyó.

El 14 de enero Vallejos había señalado la necesidad de “desacoplar precios internacionales de los precios de los alimentos domésticos”, debido a que “los precios internos son tensionados por la dinámica internacional, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra (en pesos) de los argentinos”.

La diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos felicitó personalmente, a través de la red social Twitter, a la candidata del Partido Comunista, Irací Hassler, por la histórica victoria que obtuvo en las elecciones de Chile, que la coronaron como alcaldesa de Santiago de Chile.

“Quiero felicitar de todo corazón a la compañera Irací Hassler por su maravillosa victoria que, no tengo dudas, es la victoria del pueblo. Como mujer, como militante política y como economista, orgullosa de este histórico resultado que nos llena de esperanzas sobre el futuro”, tuiteó la legisladora argentina.

“¡Aguanten las mujeres economistas! Aguante la economía con rostro de pueblo y corazón de justicia social”, agregó Vallejos, quien también es economista, y presidenta de la comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados.

En las elecciones de este sábado y domingo, donde se votó -en dos jornadas- por alcaldes, concejales, constituyentes y gobernadores regionales, Hassler, una economista de 30 años proveniente del Partido Comunista, derrotó al actual intendente oficialista Felipe Alessandri (Renovación Nacional). Se impuso por 38,85% frente a un 35,26%, con el 75,88% de los votos escrutados. Son números irreversibles.

Santiago se trata de uno de los municipios más importantes de la Región Metropolitana y la victoria de la candidata del PC significó una de las grandes sorpresas de la jornada. Además, fue un hecho histórico, ya que nunca el PC había tenido un militante de sus filas en la alcaldía de Santiago, ni siquiera en el Gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende (1970-1973), el cual conformaron.

“¡Tenemos alcaldía constituyente en Santiago y también un concejo municipal mayoritario para los cambios!”, celebró Hassler este lunes en Twitter.

Hassler es economista de la Universidad de Chile. Fue dirigenta estudiantil durante las movilizaciones por el derecho a la educación pública y gratuita. Desde hace cuatro años es Concejala de Santiago. En las elecciones representó a la Alcaldía Constituyente para Santiago, integrada por 50 partidos y movimientos políticos, y organizaciones sociales. Este colectivo se define como un espacio “antineoliberal”, que representa a “los barrios, vecinos, trabajadores, estudiantes, migrantes y diversidades”.

Fernanda Vallejos sugirió una serie de propuestas alternativas para contener la inflación, particularmente de los alimentos, y mejorar el ingreso real de los trabajadores. Lo hizo en el marco del ciclo de charlas de la agrupación “Perspectiva Sur”, que integran, entre otros, el síndico general de la Nación, Carlos Montero y el dirigente justicialista, Eduardo Di Cola. Propuso una mejora de los salarios, subir tres puntos las retenciones al maíz y establecer cupos, para bajar el precio y garantizar el abastecimiento interno del insumo de engorde del ganado, para “desacoplar” los precios internacionales de los que pagamos en las carnicerías argentinas. Además, elogió la decisión gubernamental de frenar la devaluación y de acotar a un dígito las subas de las tarifas de servicios públicos.

La diputada nacional del Frente de Todos advirtió sobre el “alarmante deterioro que vienen sufriendo en los últimos 5 años”, el ingreso real de los trabajadores, producto de la política económica de Mauricio Macri y de la pandemia.

“Tenemos un problema, con dos caras de la moneda: ingresos bajos y precios altos. Naturalmente, a esta realidad, se asocian los grandes dramas sociales que hoy lastiman a nuestra sociedad: el avance de la pobreza, el avance de la desigualdad y los altos índices de desempleo y de informalidad laboral”, explicó Vallejos y a renglón seguido acotó: “La precariedad que hoy caracteriza a nuestro mercado de trabajo, al mismo tiempo, debilita la capacidad de los trabajadores de negociar mejores condiciones salariales. Y es un círculo que se retroalimenta”.

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, puso el acento en “el fenómeno inflacionario que estamos viviendo, acentuado por el hecho de que los incrementos en los precios de los alimentos superan el nivel general, tiene mayor impacto social, cuando lo conjugamos con la realidad de los ingresos en la Argentina”.

Vallejos tomó como referencia un informe del centro de estudios, Proyecto Económico que da cuenta que “el salario promedio cayó de USD 985 en enero de 2020, a 894 en febrero de 2021; la jubilación mínima cayó de USD 234,4 en enero 2020 a USD 225,9 en marzo de 2021; la AUH, cayó de USD 45,8 en enero 2020 a USD 44,1 en marzo de 2021. Los ingresos de los trabajadores activos y pasivos se han deteriorado de manera persistente”.

El trabajo en cuestión señala asimismo que “enero de 2020 un salario promedio argentino podía comprar 3,58 canastas básicas alimentarias, en febrero de 2021 sólo compraba 3, es decir 0,58 canastas menos. Las jubilaciones mínimas, que en enero 2020 compraban 0,85 canastas básicas alimentarias, en marzo de 2021 sólo compran 0,8 CBA, es decir 0,05 canastas menos que antes. Y la AUH que, en enero de 2020 compraba 0,16 canastas alimentarias, en marzo de 2021 compra 0,15, es la que menos perdió”.

En su presentación, intitulada “Ingresos, Precios y Distribución en Pandemia”, Vallejos sugirió una serie de propuestas para mejorar el ingreso de los asalariados y contener la inflación, particularmente, impulsada por los aumentos crecientes de los alimentos de consumo popular.

“Por el lado de los ingresos, el Estado tiene algunas herramientas que puede activar. Por ejemplo, los salarios de los trabajadores públicos, son los más atrasados. Es algo que se podría mejorar. Lo mismo podemos decir de las jubilaciones, pensiones y otros ingresos asociados a la seguridad social, como la AUH. El SMV también es una herramienta valiosa para fijar un piso a los salarios, empujando también los informales, y debería tender a ubicarse en niveles próximos al valor de la canasta básica, que hoy supera los $60.000”, explicitó Vallejos, quien recordó que “los aumentos en los ingresos, que redundan en mejoras sobre el consumo y la demanda agregada, traccionan el nivel de actividad y, a la postre, el empleo y la inversión. Y, por supuesto, esa dinámica virtuosa también redunda en mayor recaudación tributaria”.

Además, Vallejos destacó que “el congelamiento de tarifas dispuesto en el marco de la emergencia sanitaria -aunque matizado por el aumento de los combustibles-, ayudó a tener niveles de inflación más bajos en 2020” y agregó que “Debemos considerar un acierto el hecho de que la salida del congelamiento tarifario se de en un contexto de aumentos moderados, de 9% para el caso de la electricidad y 6% en el caso del gas”.

En este sentido, Vallejos consideró que “aumentos de 2 dígitos hubieran significado un mayor impacto en la inflación y menor ingreso disponible para las familias”. En la misma línea de razonamiento, la legisladora del Frente de Todos, opinó que “la decisión del equipo económico de desacelerar la tasa de devaluación en este 2021 es acertada, ya que fue uno de los impulsores de la inflación el año pasado”.

Vallejos reiteró además la importancia de “desacoplar” los precios internos de los internacionales. “Para lograr este objetivo, podríamos pensar en distintos instrumentos, entre ellos, la aplicación de retenciones y la aplicación de cupos que, en el caso de la carne, debería combinarse con instrumentos de estímulo para incrementar la producción, de manera de poder satisfacer la mayor demanda de exportaciones, pero asegurando el abastecimiento interno en un nivel no inferior a los 50kg per cápita anual, considerando los niveles de 2020, ya de por sí más bajos que los niveles históricos que supo tener nuestro país”, subrayó.

Por último, Vallejos se refirió a la importancia del “Estado como “armonizador de intereses” como “un imperativo moral elemental para cualquier sociedad” que permita “garantizar el acceso a los alimentos a todos los miembros de la comunidad, un derecho humano básico consagrado en nuestra Constitución”. Pero también a “una exigencia de racionalidad económica: evitar una mayor inflación, el derrumbe de los ingresos reales y del consumo popular, clave para una economía como la Argentina, donde el consumo interno, y no las exportaciones, es el principal motor del crecimiento económico, la inversión y el empleo”.

En este sentido, aclaró una vez más que “las exportaciones son la única fuente genuina de divisas pero el Estado debe intervenir para armonizar intereses y proteger el crecimiento, la producción y el trabajo. Y privilegiar el bienestar general por sobre los intereses sectoriales”.

“Siguiendo la misma lógica, Vallejos indicó que “el principal obstáculo a una moneda estable en países como la Argentina es que las clases que se benefician con la depreciación del peso, o, para el caso que estamos analizando, su equivalente: el alza del precio de las commodities agropecuarias, son mucho más influyentes que las clases que se perjudican. Por eso, es responsabilidad del Estado, entonces, equilibrar el peso de las influencias”.

Al finalizar, Vallejos enfatizó: “El principal obstáculo a una moneda estable en países como la Argentina es que las clases que se benefician con la depreciación del peso, o, para el caso que estamos analizando, su equivalente: el alza del precio de las commodities agropecuarias, son mucho más influyentes que las clases que se perjudican. Por eso, es responsabilidad del Estado, entonces, equilibrar el peso de las influencias”.

La diputada Fernanda Vallejos sostuvo que el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) implica en el mediano y largo plazo la sujeción del país a “la supervisión y auditoría del organismo, lo que equivale a que ningún gobierno de signo popular pueda desarrollar su programa, sometido a los ajustes permanentes”. Y agregó que estas condicionalidades que impone el organismo como acreedor y la “deuda impagable” que dejó Juntos por el Cambio “dificultan el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica y pone en duda el futuro desarrollo de la Argentina”.

En este sentido, la legisladora desarrolló una serie de limitaciones que suele imponer el FMI en la política económica de los países deudores, con su respectivo impacto en el plano social y laboral.

“Si bajo la tutela de este organismo, el pueblo no es dueño, a través de sus representantes democráticamente electos, de decidir su política económica, si no puede decidir que ciertos niveles de pobreza son francamente intolerables, que ciertos niveles de desigualdad deben ser combatidos con fiereza, que ciertos niveles de desocupación son inaceptables e inconsistentes con el avance actual de la ciencia y la tecnología y la enormidad de necesidades insatisfechas que existen en la comunidad, y que para ocuparse de todo aquellos es preciso distribuir de otra manera los frutos del crecimiento, los frutos del trabajo; si el pueblo no puede decidir sobre ninguna de esas cosas porque el FMI dice que la seguridad social es un gasto o que los subsidios a la energía que son salario indirecto para las familias y factor de competitividad para nuestras pymes, no son inversiones de calidad, entonces, ¿podemos seguir afirmando que, bajo estas condiciones, estamos viviendo en una democracia?”, inquirió la economista.

Su intervención fue en la charla virtual “Jornadas virtuales sobre deuda, fuga y criminalidad económica”, organizada por el Instituto de Estudios comparados en ciencias penales y sociales (INECIP) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE). También participaron el economista Horacio Rovelli, la socióloga Luci Cavallero y el Coordinador del Grupo de Trabajo de Finanzas para el Desarrollo CEPPAS, Pedro Biscay.

“El poder económico, cuyo principal objetivo es el lucro, está condicionando la vida de una manera total”, continuó Vallejos. En esta línea, la diputada retomó el fallo de la Corte contra la decisión del Gobierno nacional de suspender las clases presenciales por la segunda ola y cuestionó cómo eso expone a la población. “Los argentinos no votamos a la Amcham, no votamos a la SRA, no votamos a BlackRock, no votamos a AEA. ¡Como no votamos a la Corte Suprema de Justicia! ¡Y tampoco votamos al FMI! Entonces, lo que estamos discutiendo es sobre cómo recuperamos una verdadera democracia”, propuso.

La diputada nacional Fernanda Vallejos destacó los niveles de recaudación por el pago del Aporte Extraordinario, ley en la que participó en su elaboración y discusión parlamentaria, y que el Congreso aprobó en diciembre de 2020 para paliar los efectos de la pandemia de Covid-19. Además, llamó a trabajar en una reforma de la estructura tributaria cuyo eje sea mejorar la progresividad del impuesto a los Bienes Personales.

“Esta iniciativa (por el Aporte), fuertemente apoyada por nuestro pueblo, que hoy nos coloca como ejemplo en muchos países, marca, sin dudas, el camino que debemos profundizar. Cuando la desigualdad y la pobreza nos hieren como nunca, la concentración del ingreso y la riqueza es inaceptable”, sostuvo la economista.

Hasta el momento, se recaudaron más de $223.000 millones por el pago del Aporte Extraordinario -informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)-, con relación a los $300.000 millones que estimó el oficialismo cuando diseñó el aporte. Esto representa alrededor del 80% del universo total de contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones, unas 10.000 personas que cumplieron con sus obligaciones. “Cumplieron con un imperativo moral: el del esfuerzo compartido, donde los que más tienen más deben aportar”, subrayó Vallejos.

Asimismo, para avanzar en la progresividad del sistema impositivo, Vallejos abogó por “trabajar en una reforma de carácter integral sobre nuestra estructura tributaria”, basada en mejorar el impuesto a los Bienes Personales “para hacerlo mucho más progresivo, efectivo y eficiente”.

En este sentido, remarcó que resulta necesario que aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva, sean quienes hagan el mayor aporte impositivo. “Es algo que nuestra estructura impositiva lamentablemente en general no refleja porque es muy regresiva a pesar de las mejoras realizadas desde diciembre de 2019”, señaló.

Por último, advirtió que son los sectores más concentrados los que más evaden impuestos, a pesar de su mayor capacidad patrimonial. “Mientras los más vulnerables pagan los impuestos más regresivos, como el IVA, los sectores de mayor capacidad contributiva, los más ricos, las corporaciones más grandes que han tenido mayores ganancias aun en pandemia, son los que componen el universo de evasores y elusores impositivos. Este es un tema primordial sobre el que hay que trabajar con mucha fuerza”, concluyó la diputada.

A través de Twitter, Vallejos señaló sobre la recaudación del Aporte Extraordinario que “ayer conocimos la información actualizada respecto de la recaudación por el #AporteExtraordinario. Los datos son realmente alentadores: se recaudaron, hasta hoy, más de $223.000 millones. Nada mal, en relación con los $300.000 millones que estimamos cuando diseñamos el aporte”.

“Alrededor del 80% del universo total de contribuyentes (con patrimonios superiores a los $200 millones), unas 10.000 personas, cumplieron con sus obligaciones. Pero también cumplieron con un imperativo moral: el del esfuerzo compartido, donde los que más tienen más deben aportar”, precisó Vallejos, para quien “esta iniciativa, fuertemente apoyada por nuestro pueblo, que hoy nos coloca como ejemplo en muchos países, marca, sin dudas, el camino que debemos profundizar. Cuando la desigualdad y la pobreza nos hieren como nunca, la concentración del ingreso y la riqueza es inaceptable”.

En declaraciones a Radio Nacional Córdoba, la diputada kirchnerista señaló además que “tenemos que pensar y trabajar, en el marco de una reforma de carácter integral sobre nuestra estructura tributaria, en cómo se mejora el impuesto a los Bienes Personales, para hacerlo mucho más progresivo, efectivo y eficiente”.

“Mientras los más vulnerables pagan los impuestos más regresivos, como el IVA, los sectores de mayor capacidad contributiva, los más ricos, las corporaciones más grandes que han tenido ganancias mayores aun en pandemia son los que componen el universo de evasores y elusores impositivos. Este es un tema primordial sobre el que hay que trabajar con mayor fuerza”, destacó la presidenta de la Comisión de Finanzas.

Por otra parte, la legisladora kirchnerista concluyó: “Que realmente aquellos que tienen la mayor capacidad contributiva sean los que hacen el mayor aporte. Algo que nuestra estructura impositiva en general no refleja lamentablemente porque es muy regresiva a pesar de las mejoras realizadas entre diciembre de 2019 y hoy”.

Al celebrar el primer año de gobierno de Axel Kicillof, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llamó a alinear “los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas”. Fue en un acto en La Plata, y sonó como una estrategia a establecer en el año electoral.

El mismo día en el que trascendió la habilitación de un aumento de tarifas, y el despido del número dos del área de Energía, quien responde a la vicepresidenta, pero luego ambos temas quedaron en veremos, una voz muy escuchada en el Instituto Patria habló de los salarios.

La diputada Fernanda Vallejos, que de ella hablamos, expresó que “la evolución de los salarios, perdiendo contra la inflación, marcan el principal desafío que tenemos en materia económica”. En ese sentido advirtió que “solo con crecimiento real de los salarios podremos construir un proceso de crecimiento virtuoso q empiece a cerrar las heridas de la desigualdad y la pobreza”.

“Si bien la evolución mensual es más alentadora que los datos interanuales, hay mucho camino por recorrer, y una profunda deuda que saldar con los trabajadores y trabajadoras, que vienen perdiendo no sólo durante la pandemia sino en los 4 años de Macri”, puntualizó la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja.

La evolución de los salarios, perdiendo contra la inflación, marcan el principal desafío q tenemos en materia económica. Sólo con crecimiento real de los salarios podremos construir un proceso de crecimiento virtuoso q empiece a cerrar las heridas de la desigualdad y la pobreza. pic.twitter.com/Gl6HtvERZN

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) April 30, 2021

La legisladora que suele expresar el pensamiento de la expresidenta Cristina Kirchner, agregó que “el retraso de los salarios de las y los trabajadores del sector público, señala una alternativa posible para empujar los salarios al alza, fortaleciendo la demanda, para dinamizar un círculo virtuoso con impacto en el conjunto de los salarios, incluidos los informales”.

Más de una treintena de diputados nacionales del Frente de Todos, encabezados por la bonaerense Fernanda Vallejos, presentaron un proyecto de declaración para repudiar los dichos de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, sobre las Islas Malvinas.

En la iniciativa, los oficialistas señalaron que “ofende e insulta a los héroes, veteranos y caídos en Malvinas y sus familiares, por atentar contra la soberanía”. Y agregaron que su posición “blanquea abiertamente los valores e intereses que defiende su partido”.

Como cofirmantes del proyecto figuran las fueguinas Mabel Caparrós, Rosana Bertone y Carolina Yutrovic.

El rechazo generalizado del oficialismo estalló luego que la exministra de Seguridad dijera que a cambio de vacunas con Pfizer, Argentina “le podría haber entregado las Malvinas”. Algo de lo cual Bullrich tuvo que salir a pedir disculpas por Twitter, y dijo haberse expresado mal y estar a favor de la soberanía de las islas.

“Con estas lamentables y ofensivas expresiones, la presidenta del Pro blanqueó abiertamente los valores e intereses que verdaderamente defiende ese espacio político, contrapuestos a la defensa de nuestra soberanía y a la lucha de todos los pueblos del mundo que aspiran a la construcción de Naciones dignas, equitativas y soberanas”, enfatizó Vallejos.

La legisladora apuntó que “la postura de la dirigente macrista está en abierta oposición con el marco jurídico nacional e internacional en torno a la soberanía argentina sobre las islas, ilegítimamente usurpadas por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.

En este sentido, mencionó la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que dispone la reafirmación permanente de la legítima e imprescriptible soberanía de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.

También, la Ley 26.552, que fija los límites de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Asimismo, las Resoluciones del Congreso de la Nación y las Resoluciones de las Naciones Unidas -2065, entre otras-.

A raíz de las declaraciones de Bullrich, el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, expresó: “Desprecia la soberanía, la Constitución y el sentimiento del pueblo argentino al proponer la entrega de las Islas Malvinas a cambio de vacunas Pfizer”.

Por su parte, el canciller Felipe Solá afirmó que la frase de Bullrich fue “brutal” y “es coherente con lo que hizo su gobierno”. A su vez, cargó contra la “política de entrega y sumisión, desprecio por nuestras causas nacionales”. Y remató: “Olvido imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá. ¿Bullrich no tiene Patria?”.

En una entrevista en el canal LN+, la presidenta del Pro aseguró que “…las Islas Malvinas se las podríamos haber dado (a la empresa multinacional norteamericana Pfizer)”. El debate se suscitó luego de la información que dio una asesora presidencial sobre el reinicio de las negociaciones del gobierno con Pfizer para adquirir más vacunas.

Por último, Vallejos remarcó que con estas manifestaciones “la oposición no está a la altura de las luchas históricas de Argentina”, y ratificó la legítima soberanía sobre las islas. “La memoria de nuestros héroes y el futuro de nuestra Patria merecen una oposición a la altura de nuestra historia, de nuestras luchas y de nuestro pueblo. La soberanía no se negocia. La soberanía no se entrega. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, cerró.

Los diputados oficialistas que adhirieron al repudio

Carlos Heller, José Luis Gioja, Lucía Corpacci, Juan Carlos Alderete, María Graciela Parola, Ramiro Fernández Patri, Liliana Schwindt, Claudia Ormachea, Eduardo Fernández, Blanca Osuna, Itaí Hagman, Jorge Romero, Ariel Rauschenberger, Héctor Fernández, Marcelo Koening, Mónica Macha, Mario Leito, Graciela Landriscini, Nancy Sand, Carlos Ponce, Hilda Aguirre, Nelly Daldovo, Alejandra Obeid, Lía Caliva , Silvana Ginocchio, Rosa Muñoz, Carlos Cisneros, María Rosa Martínez, Alcira Figueroa, Lisandro Bormioli, María Jimena López y Alicia Aparicio.

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos instó a adoptar disposiciones más severas para detener la segunda ola de contagios, complementadas por medidas económicas para los sectores sociales y productivos afectados. Y pidió que la circulación quede limitada a las actividades estrictamente necesarias. “Se trata de evitar una tragedia mayor y salvar todas las vidas cuya pérdida podamos evitar”, enfatizó.

Frente a la segunda ola de la pandemia y la incesante ocupación de camas de cuidados intensivos, la diputada Fernanda Vallejos abogó por medidas más estrictas para evitar mayores contagios y muertes. “Los datos de la realidad hablan por sí solos, tornando ocioso cualquier debate. Hay que actuar, antes de que sea demasiado tarde. Medidas de cuidado, restrictivas y estrictas, que impongan una cuarentena de carácter general, son imperiosas”, reclamó la legisladora.

Este viernes vence el DNU que estableció las medidas que rigen para frenar el acelerado ritmo de contagios. Desde que Alberto Fernández anunció la segunda ola, el 7 de abril, hasta hoy murieron 5.255 personas (total 62.087), se confirmaron 429.609 nuevos casos y la ocupación de camas de cuidados intensivos en el país subió del 58,1% al 67,7%, y en el AMBA -la zona más afectada- del 64,5% al 76,2%.

Otro dato de la segunda ola es que afecta con mayor virulencia que el año pasado a niños y adolescentes. Por caso, en la CABA, en el grupo de 0 a 19 años desde el 1º de marzo hasta mediados de abril hubo un aumento del 450% en los contagios, puntualizó María Rosa Bologna, jefa del Servicio de Control Epidemiológico e Infectología del Hospital Garrahan.

En este marco, Vallejos sostuvo que “la circulación debería quedar limitada a aquellas actividades que resulten estrictamente necesarias para la reproducción de la vida de la comunidad”. Y remarcó la necesidad de “extremar los protocolos y su control y cumplimiento en los ámbitos donde sea imprescindible mantener la presencialidad”.

Entre estas medidas, resaltó la virtualidad en la educación, el cierre de fronteras terrestres, excepto el transporte de mercancías e insumos indispensables, con la debida protocolización y exigencia de testeo para quienes entren o salgan, así como la suspensión de vuelos.

Su postura va en sintonía con las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, quien enfatizó que la situación en el AMBA es “crítica”. “Necesitamos medidas drásticas, de 15 días por lo menos, con un cierre muy fuerte de la circulación de personas y, por lo tanto, del virus”, resaltó. Por su parte, el gobernador Axel Kicillof afirmó que “el número de contagios está creciendo a un nivel que satura la capacidad de respuesta de muchos hospitales públicos y privados”. Y pidió extremar los cuidados mientras avanza el plan de vacunación.

De la mano con disposiciones más rigurosas, Vallejos subrayó que resulta imperioso acompañarlas con “medidas económicas necesarias para garantizar el sostenimiento de los sectores sociales y productivos afectados en sus ingresos y nivel de actividad, durante el tiempo que deban sostenerse las medidas”.

Hace dos semanas, para sostener el apoyo del Estado a los sectores más afectados por la pandemia, la economista había planteado dar la discusión en torno a generar una “política redistributiva drástica en materia tributaria”, donde sean las corporaciones y las élites económicas quienes hagan un mayor esfuerzo.

En otro orden, la presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Rosa Reina, afirmó este lunes que “el sistema de salud está tensionado, con instituciones que tienen el 100% de sus camas (de cuidados intensivos) ocupadas y otras que todavía tienen un margen de ocupación del 17 al 30”. Las advertencias de científicos y del sector privado de la salud también apuntaron en esa sintonía. “Si necesitás una cama ahora, tenés una cola de espera en el sistema privado”, alertó Claudio Belocopitt, presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS).

“Se trata de evitar una tragedia mayor y salvar todas las vidas cuya pérdida podamos evitar. No hay costos -políticos, económicos ni de ninguna otra naturaleza- equiparables a la pérdida de vidas humanas”, concluyó Vallejos.

La diputada nacional Fernanda Vallejos (Frente de Todos-Buenos Aires) advirtió que bajo la fachada del reclamo de madres y padres las grandes empresas respaldan la posición del gobierno porteño sobre las clases presenciales. Sostuvo que lo hacen a través del apoyo a las fundaciones, ONG y cámaras de colegios privados que integran el colectivo #ALasAulas.

“El reclamo impulsado supuestamente por madres y padres en defensa de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires es en realidad sostenido por organizaciones de la sociedad civil patrocinadas por el poder económico más concentrado del país, y, en algunos casos, en alianzas con el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta”, denunció la legisladora bonaerense.

La diputada del oficialismo confirmó que “como veníamos denunciando, los ‘papis’ por la presencialidad eran militantes de Juntos por el Cambio, Clarín y la embajada -de Estados Unidos-. La red funciona siempre así: ONG fachada del poder económico, vínculos con la embajada, sus medios de propaganda, jueces adictos y, obvio, el macrismo”. 

La influyente legisladora había sido una de las primeras voces del oficialismo en manifestarse por el retorno a clases virtuales, en sintonía con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof y los sindicatos docentes. Vallejos utilizó en varias ocasiones su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre las restricciones que consideraba pertinentes, entre ellas la suspensión de clases presenciales.

Las declaraciones de la diputada fueron en respuesta al avance de fundaciones, ONG y cámaras empresariales de la educación privada, que conformaron la plataforma web #ALasAulas, que aboga por la presencialidad escolar. Para Vallejos, los grandes medios de comunicación también están involucrados, “porque venden la iniciativa como una demanda de las familias”, al igual que la Justicia porteña, porque “falló el domingo en favor del gobierno de Larreta y luego se conocieron vínculos entre las partes”.

La bonaerense enlistó algunas de las organizaciones que involucradas: “Piedra libre para Fundación Noble (Clarín), Fundación La Nación, además de la Cámara de Comercio de USA en Argentina, La Rural, JP Morgan y demás corporaciones detrás de ONG que militan la rentabilidad empresaria y la desestabilización política, con una idea bien clara: la vida es una mercancía”.

En el mismo sentido, Vallejos agregó que “estas maniobras se producen mientras en el AMBA, la zona más afectada del país, la ocupación de  Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ya superó el 75%, según datos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.  En el caso de niños y niñas, el Hospital de Pediatría Garrahan informó que hay allí 39 internados, tres de ellos en terapia intensiva, y en abril se registró la mayor cantidad de casos de seguimiento en cinco meses”.

Como veníamos denunciando, los "papis" x la presencialidad eran militantes de JxC, Clarín y la embajada. La red funciona siempre así: ONGs fachada del poder económico, vínculos con la embajada, sus medios de propaganda, jueces adictos y, obvio, el macrismohttps://t.co/VHQL7AzJhj

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) April 22, 2021

#ALasAulas

“En las páginas web de las fundaciones y ONG más resonantes que integran el colectivo #ALasAulas figuran como socias grandes empresas locales e inclusive globales”, argumentó Vallejos. “Por caso, la fundación Cimientos tiene como grandes benefactores a Pan American Energy, Techint y Coca Cola. La fundación Mano Amiga cuenta con Molinos y Johnson & Johnson como socios. Por su parte la organización Endeavor directamente está integrada por grandes empresarios: son parte de su ‘board nacional’ Marcos Galperín (cofundador y CEO Mercado Libre), Gustavo Grobocopatel (presidente Grupo Los Grobo) y Federico Brown (Presidente de Supermercados la Anónima)”,continuó.

La diputada también afirmó que “en la lista, otras empresas están directamente representadas por sus fundaciones, como Clarín (Fundación Noble) y La Nación (Fundación La Nación)”.

“Caso aparte para la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (Amcham Argentina), otra de las peticionantes que conforman #ALasAulas. Además, el gobierno de la CABA patrocina a la Fundación Leer, que a su vez recibe el apoyo de Walmart, Disney y el banco HSBC, entre otras empresas. La gestión de Larreta también respalda a la fundación Enseñá por Argentina”, denunció la legisladora bonaerense.

Para concluir subrayó que “entre las entidades que nuclean a instituciones privadas se encuentra Establecimientos Privados Educativos Asociados (EPEA), cuyo presidente, Alberto Olivero, es asimismo Director General del colegio Cardenal Newman. Allí realizó sus estudios el expresidente Mauricio Macri, quien el lunes felicitó a ‘los padres que se organizaron para mantener la educación'”.

Tras celebrar las medidas anunciadas este miércoles por el presidente Alberto Fernández, la diputada Fernanda Vallejos cuestionó la posición del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de la alianza Juntos por el Cambio, en rechazo al cierre de escuelas en el AMBA.

“Hace años que las familias porteñas vienen peleando contra la falta de vacantes, el déficit de infraestructura escolar o la lamentable calidad nutricional de las viandas escolares. Nunca les importó la educación”, advirtió la legisladora del Frente de Todos.

No sean miserables. No es tiempo de especular electoralmente.
Hace años que las familias porteñas vienen peleando contra la falta de vacantes, el déficit de infraestructura escolar o la lamentable calidad nutricional de las viandas escolares. Nunca les importó la educación. pic.twitter.com/G6fIHifGs2

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) April 15, 2021

Vallejos le recordó a Larreta los “ajustes” que llevó adelante en materia educativa durante los últimos años la administración del Pro en la Ciudad de Buenos Aires, y reclamó: “No sean miserables. No es tiempo de especular electoralmente”.

“Lo escuché a Larreta diciendo que ‘no se pueden suspender las clases’. ¡Dejen de mentir! Las clases no se suspenden. Continúan en otro formato, que no pone en riesgo la salud y la vida de nuestros hijos e hijas, docentes y comunidad”, reforzó la legisladora, en sintonía con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y sindicatos docentes.

La economista compartió un gráfico donde expuso el ajuste que aplicó la gestión Pro en la inversión en educación en sus presupuestos. “Mientras en 2007 -cuando Mauricio Macri asumió como jefe de Gobierno-  la educación representaba el 27,8% del total del presupuesto, ese porcentaje fue descendiendo sostenidamente hasta alcanzar el 17,18% en el año 2021”, precisó.

La diputada oficialista Fernanda Vallejos salió este miércoles al cruce de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, luego que la dirigente opositora la criticara por su opinión sobre un eventual confinamiento sin consensuarlo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La propuesta de la legisladora del Frente de Todos provocó la reacción de varios macristas en las redes sociales y, en ese sentido, la exministra de Seguridad dijo: “Como presidenta de PRO Argentina no puedo dejar pasar el insulto a @horaciorlarreta. Decir que sus actitudes son ‘acciones criminales’ está fuera de todo diálogo razonable y democrático. ¿Piden dialogar y lo acusan de criminal? Así no, diputada @fvallejoss”.

Uds con el único con el q tienen q dialogar es con el pueblo argentino: para pedirle perdón. Por los 9 puntos de pobreza q sumaron, por el crecimiento de 25% de desigualdad, por el desempleo que volvieron a poner 2 dígitos, por meternos al FMI y fugarse los USD del endeudamiento. https://t.co/00y5tktZcL

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) April 14, 2021

“Ustedes con el único con el que tienen que dialogar es con el pueblo argentino: para pedirle perdón. Por los nueve puntos de pobreza que sumaron, por el crecimiento de 25% de desigualdad, por el desempleo que volvieron a poner en dos dígitos, por meternos al FMI y fugarse los dólares del endeudamiento”, le contestó Vallejos.

Y agregó: “Pidan perdón por las marchas anticuidado, por la mentira, la infodemia, por la campaña antivacunas… Pida perdón a los jubilados y jubiladas. Pida perdón a la familia de Santiago. ¡Y dígale a Macri que pague lo del Correo! Que dejaron el Estado fundido y tenemos un pueblo que atender. Saludos”.

La diputada Fernanda Vallejos suele expresar el pensamiento vivo de los sectores más duros del kirchnerismo, como así también las medidas en las que ese espacio piensa. Por eso al hablar ella este lunes de cerrar “sectores críticos” 15 días o un mes, dejó claro cuál es el deseo en esos sectores, como así también, si se quiere, la estrategia de responsabilizar al jefe de Gobierno porteño de lo que pueda llegar a suceder: “Parece que Larreta hasta que no se muera la mitad de la Argentina no va a “aceptar restricciones”, se quejó la legisladora.

Ante ello, el diputado nacional del Pro Alvaro González reaccionó a través de las redes sociales, donde cruzó a su colega diciendo: “Son de manual, siempre queriendo cargar culpas sobre la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de Gobierno, @horaciorlarreta adhirió a todas las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y la Ciudad intensificó los controles y la estrategia sanitaria”.

Son de manual, siempre queriendo cargar culpas sobre la Ciudad de Buenos Aires. El Jefe de Gobierno, @horaciorlarreta adhirió a todas las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional y la Ciudad intensificó los controles y la estrategia sanitaria. #LibertadConResponsabilidad https://t.co/kk3ycZ4Szf

— Álvaro González (@_alvarogonzalez) April 13, 2021

“Como diputada, @fvallejoss no puede ser tan desbocada e irresponsable en sus declaraciones. Sería más útil si nos explicara dónde están las 12 millones de dosis que el Presidente dijo que iban a estar para enero y febrero”, replicó el legislador, que fue más lejos al agregar: “Y ya que representa a los bonaerenses, no estaría mal que le pida explicaciones a su gobernador sobre porqué en PBA nunca se adoptó la estrategia de rastrear, testear y aislar como mecanismo para contener la propagación del virus, recomendada por la OMS, como sí hizo CABA”.

En ese sentido, Álvaro González remarcó que “en lo que va de la pandemia, la Ciudad de Buenos Aires lleva 666.632 testeos por millón de habitantes, cuatro veces más que la Provincia que realizó 162.076 testeos por millón de habitantes, aún por debajo del promedio nacional. #DatoMataRelato

#TestearEsCuidar”.

La influyente diputada Fernanda Vallejos (FdT-Buenos Aires) propuso una serie de alternativas para afrontar esta segunda ola de Covid-19 y el pico de contagios y así evitar la saturación del sistema sanitario. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde sugirió la vuelta a las clases virtuales, la suspensión de actividades culturales y gastronómicas y el cese de vuelos al exterior, entre otras medidas.

Ante al avance de contagios y saturación del sistema:
1. Clases virtuales
2. Teletrabajo obligatorio
3. Mayor frecuencia en el transporte público, sólo para trabajadores presenciales
4. Control estricto de protocolos en establecimientos con trabajo presencial

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) April 12, 2021

5. Suspensión de actividades culturales, recreativas, gastronómicas
6. Suspensión de vuelos desde y hacia el exterior
7. Prioridad en la vacunación de trabajadores críticos (transporte, camioneros).
8. Ingreso de emergencia para trabajadores desocupados, informales, vulnerables.

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) April 12, 2021

“Estas son algunas de las acciones en las que podemos avanzar, con el compromiso de la ciudadanía. Estoy segura de que el pueblo respaldará a nuestro gobierno para tomar las decisiones que hay que tomar, con la prioridad de cuidar la salud pública y salvar vidas”, argumentó la legisladora bonaerense.

Los ítems propuestos por la diputada incluyen el retorno a las clases virtuales, el teletrabajo obligatorio, la suspensión de las actividades culturales, gastronómicas y recreativas, la suspensión de vuelos desde y hacia el exterior, la prioridad de vacunación para trabajadores críticos y la generación de ingresos de emergencia para trabajadores desocupados, informales y/o vulnerables.

Vallejos concluyó que “si paramos 15 días o 1 mes, podemos frenar el pico de contagios y evitar daños mayores, en términos de vidas humanas y también en lo económico”.

En las últimas semanas se reinstaló una discusión tradicional del debate económico, con respecto a la relación entre la distribución y el crecimiento de la economía argentina. Con este telón de fondo, la diputada Fernanda Vallejos (Frente de Todos) y su colega Luciano Laspina (Juntos por el Cambio), espadas legislativas en temas económicos en las dos principales bancadas de la Cámara baja, marcaron su posición en una charla virtual organizada por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).

Vallejos descartó que exista una contradicción entre ambos elementos, y encauzó la discusión hacia otro punto. “No tengo ninguna duda de que una justa distribución es impulso del crecimiento”, destacó al comienzo de su alocución. Argumentó esta premisa en que, en el marco del impacto de la pandemia en los sectores más vulnerables, es necesario aplicar políticas de mejora distributiva orientadas a generar mayor consumo popular para traccionar la actividad y, por lo tanto, también favorecer el empleo y la inversión.

“Es indiscutible que nuestro país necesita crecer y generar más y mejores puestos de trabajo”, aseguró. “Distribuir para recomponer la calidad de vida y la capacidad de compra de los trabajadores y trabajadoras, empezando por los desocupados, los informales y los pasivos, no es sólo una incuestionable necesidad de justicia social, es también una política de pura racionalidad económica para garantizar, por la vía del mayor consumo, el crecimiento de la actividad y el empleo y la puesta en marcha de la rueda virtuosa de la economía”, sostuvo la economista.

Como ejemplos, la diputada contrapuso las experiencias de los gobiernos kirchneristas y macrista. En el primer caso, remarcó que se apuntó estimular la demanda a través de la suba real de las jubilaciones -y la cantidad de sus beneficiarios; mejorar los salarios de los trabajadores activos; ampliar los derechos sociales (AUH y AUE); aplicar políticas de salario indirecto (subsidios tarifarios); en materia de precios, el Estado concentró sus esfuerzos en la contención de los más sensibles, como los alimentos; por último, también cuidó los bolsillos mediante una política cambiaria donde predominó la estabilidad del tipo de cambio.

De la mano con estas políticas, en materia de evolución de la distribución la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre, medida por ingreso per cápita familiar, se achicó un 27% entre el segundo trimestre de 2010 y mismo periodo del 2015. Esto es, cayó de 22 a 16 veces. En el mismo lapso (2010-2015), el PBI creció un 7,6%.

Como contracara, sostuvo que durante el Gobierno macrista aumentó la desigualdad a la par de la caída del PBI. Este último cayó un 3,95%, mientras que la brecha de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre creció 25%, de 16 a 20 veces. Y desde entonces, al segundo trimestre de 2020 había crecido otro 25%, de 20 a 25 veces.

Acto seguido, Vallejos enumeró las políticas que provocaron esta caída del producto y el aumento de la desigualdad. “Devaluación, tarifazos, reformulación de las actualizaciones de las prestaciones sociales, eliminación o recorte de retenciones que, junto con la persistente devaluación, dispararon el precio de los alimentos, reforma tributaria regresiva”. Y remató: “Un conjunto, en definitiva, de políticas que erosionaron la demanda de consumo”.

Las políticas de Macri, además, provocaron a su juicio “la caída de la inversión en un 15%, contra un crecimiento de la inversión inducida por la expansión de la demanda y la actividad, de casi 7,7% entre 2010 y 2015”, precisó Vallejos.

A su turno, Laspina se enfocó en describir cómo elaborar un plan de estabilización para combatir la estanflación que, según su visión, remonta su comienzo a 2010. “El aumento del gasto social  no es condición suficiente para reducir la pobreza”, señaló, aunque no relacionó la pobreza con la desigualdad.

“La estanflación del kirchnerismo arrancó allá por el año 2010. Ahí empieza una suerte de stop and go, y ni hablar del 2011 en adelante”, agregó.

Según datos del INDEC, el PBI creció en 2010 (10,1%), 2011 (6%), 2013 (2,4%) y 2015 (2,7%); y cayó en 2012 (1%) y 2014 (2,5%).

“Solo subiendo el gasto público un poco más para que aparezcan las inversiones, no funciona, porque esa estanflación y ese estancamiento del PBI per cápita coincide con una etapa de enorme gasto público y también de las políticas sociales. Esa receta no vale”, remarcó. “Si queremos generar empleo y bajar la inflación para bajar la pobreza, debemos buscar una solución de largo plazo”, dijo el diputado Pro.

Hacia el final, Vallejos retomó el llamado a construir consensos básicos en materia de debate económico que había propuesto antes Laspina. En particular, con relación a que el gran problema a resolver para sostener el crecimiento en Argentina es la restricción externa. “Resolver eso es condición para que el crecimiento deje de chocar con esa barrera”, subrayó.

Por último, la legisladora resaltó que el otro consenso es no aceptar la convivencia entre los niveles de pobreza y los niveles de concentración de la riqueza. “Con cuidado de no caer en dilemas falaces que pretenden cercenar la puja distributiva confrontando a trabajadores con trabajadores (activos contra pasivos, ocupados contra desocupados, formales contra informales), porque la verdadera disputa está centrada en la obscena concentración de un 10% más rico que acapara más del 30% del ingreso nacional, contra un 10% más pobre que apenas participa de algo más del 1%”.

La diputada nacional Fernanda Vallejos (FdT-Buenos Aires) reclamó restricciones más estrictas en el marco de la segunda ola de Covid-19. Para sostener económicamente estas medidas, instó a avanzar en una reforma tributaria que tenga como prioridad “engrosar las arcas fiscales con el fin de profundizar las políticas de cuidado de la vida y de la economía”. Opinó que “quienes tienen que hacer el esfuerzo, así como lo hace el Estado, son las corporaciones y las élites económicas”.

“La manera de saldar la tensión entre la necesidad de un mayor gasto social por parte del Estado en esta emergencia sanitaria y las restricciones fiscales en las que ponen el acento quienes están cuidando las cuentas públicas, es avanzar en una política redistributiva drástica en materia tributaria para que el mayor aporte de los más ricos o de las corporaciones que tienen ganancias extraordinarias -aún en la crisis- compense esos desequilibrios reduciendo la ampliación del déficit fiscal y la necesidades de emisión”, argumentó la legisladora oficialista.

La economista también consideró que un camino centrado en cuidar la salud conlleva atender con el mismo énfasis las medidas económicas, para que los empleos y los ingresos no se vean afectados “aún más después de los cuatro años de macrismo y el año 2020 signado por la primera ola de la pandemia”.

“Hay dos piezas claves de la estructura tributaria donde se debería poner el foco si queremos ampliar esa capacidad recaudatoria del Estado de una manera justa y posible”, sin afectar a los sectores trabajadores, sostuvo en diálogo con Radio Cooperativa. Y agregó: “Son Bienes Personales, donde creo que hay que profundizar la escala como también la estructura alicuotaria para que haya una mayor carga sobre los sectores más ricos, como ocurre en los países desarrollados”.

“Estamos bastante lejos de que estos gigantes tributen como lo deberían hacer acorde a los enormes beneficios que obtienen de nuestra economía. Por eso, allí están los puntos neurálgicos a los que habría que prestar atención porque son los sectores que tienen realmente espalda y capacidad para contribuir en una situación extraordinaria e inédita”, reforzó Vallejos.

Por último, la diputada del Frente de Todos dijo que “este contexto de un mundo tan lejos de la normalidad que supimos tener debería obligarnos como sociedad a pensar las cosas de otra manera, con mayor solidaridad, y allí las decisiones políticas importan”.

Modificaciones en el proyecto de Ganancias para empresas

Vallejos destacó que el oficialismo modificó las escalas del proyecto original del impuesto a las Ganancias de empresas y lo volvió más progresivo. De este modo, según los cálculos oficiales, sólo el 10% de las empresas deberán pagar la alícuota más alta (35%), mientras que el restante 90% -que engloba al sector de las PyMEs-  pagarán una alícuota menor a la que rigió en 2020.

“Es un esquema progresivo que reconoce la abismal diferencia que existe en muchos casos en las PyMEs respecto de las grandes empresas”, distinguió la diputada. “Tiene que ver con un momento donde las contribuciones tributarias tienen que recaer sobre quienes pueden pagar más, porque no podemos pedirles esfuerzo a quienes a duras penas vienen sobreviviendo”, aseguró, y recordó que durante el macrismo cerraron 25.000 empresas, la gran mayoría PyMEs.

Finalmente, aseveró que “con esta modificación vamos a tener un impuesto a las Ganancias de las sociedades un poquito más justo que contemple la realidad inexorable que atraviesan miles de PyMEs desde hace cinco años”.

En medio del avance sostenido y acelerado de casos de Covid-19, la diputada nacional Fernanda Vallejos fijó posición en pos de “diseñar estrategias que tengan en su base el principio precautorio y la prioridad de salvar vidas”.  A través de su cuenta de Twitter, agregó que “si vamos al terreno de lo económico, es evidente que mayores restricciones exigen una política económica que se subordine a la política sanitaria”, señalando como un obstáculo a superar “la resistencia de los sectores que tienen más espalda para contribuir con el conjunto de la comunidad nacional”.

Vallejos afirmó que, para sostener un cierre estricto por, al menos, 15 días o un mes, en sectores críticos, con restricciones al transporte público y que clausure la nocturnidad, “la asistencia económica del Estado a los sectores que se verían perjudicados, es ineludible”. En ese sentido, y frente a las restricciones que presenta el frente presupuestario llamó a “observar cómo se comportaron los países desarrollados para reconstruir sus economías y sus sociedades a la salida de las grandes guerras”. Y agregó que “entre las respuestas más comunes estuvieron los elevadísimos impuestos sobre las riquezas y sobre las ganancias extraordinarias (de las empresas) que recayeron sobre los sectores más privilegiados”.

De acuerdo con el citado estudio de la Universidad Nacional de Quilmes, acerca de qué tipo de medidas debería adoptar el gobierno ante la suba de casos, el 40% de los encuestados opinó que las medidas deberían ser muy estrictas y otro 23% avaló los aislamientos intermitentes. Asimismo, el 55% estuvo de acuerdo con volver a las restricciones de abril y otro 35%, aun en desacuerdo manifestó que las respetaría. Sólo un 10% afirmó que no estaría dispuesto a respetar las medidas de cuidado dispuestas por las autoridades públicas.

“Es decir que la mirada, tan difundida, de que ‘la gente está harta…’ no expresa la mirada de la mayoría, sino de una minoría, probablemente intensa y, sin dudas, sobredimensionada por y sobrerrepresentada en los grandes medios de comunicación”, puntualizó la diputada.

Vallejos agregó que esos medios “tienden a expresar la mirada interesada de quienes desean sostener y aun incrementar su rentabilidad y para eso necesitan que todo siga como si nada, con cada trabajador y trabajadora en su puesto y, como condición necesaria, con los chicos y chicas en las escuelas”.

Desde el Gobierno bonaerense, el jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco, informó que están trabajando, junto con las autoridades nacionales y porteñas, frente a “la situación epidemiológica en el AMBA”, para tomar “medidas concretas para reducir la circulación y la cantidad de contagios”. Por su parte, Nicolás Kreplak, el segundo del ministerio de Salud bonaerense remarcó que “estamos frente a una situación muy preocupante” y reclamó “no salgamos de casa: hagamos sólo lo esencial”. Vallejos respaldó a Axel Kicillof, de quien dijo que “valora la vida y está dispuesto a tomar las medidas necesarias para protegerla. Pero también conoce la economía argentina y las cuentas públicas y, por lo tanto, su mirada vale doble”.

Las advertencias también provinieron de expertos en salud del sistema privado. El presidente de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, sostuvo que en ese sector “la ocupación de terapia intensiva es del 90%”. Y advirtió: “No estamos logrando transmitir la gravedad de lo que está pasando”.

Ante este cuadro de situación, Vallejos pidió “organizar la economía, la producción y el trabajo, partiendo del principio fundamental de que la vida es el bien más preciado a proteger” y abogó por “apelar al teletrabajo tanto como sea posible y, en el mismo sentido, con todas las actividades donde la presencialidad pueda ser suplantada por otros formatos (como la educación)”, además de “ser muy estrictos con los protocolos sanitarios en los establecimientos productivos donde el teletrabajo no es una opción”. Consideró fundamental “proteger a los más vulnerables, para lo que la respuesta del Estado es indelegable” y abogó por políticas para que, además de hacer uso de la soberanía monetaria, haya mayor contribución de “los sectores que tienen más espalda”.

Fortalecimiento de la demanda para estimular el crecimiento y garantizar que funcionen las micro, pequeñas y medianas empresas, y respaldo político para este sector. Estos fueron los dos principales ejes que les planteó la diputada Fernanda Vallejos a empresarios pymes de todo el país, durante un encuentro virtual vía Zoom organizado por el Consejo Productivo Nacional y la Mesa Nacional de Unidad PyME (MNUP).

“Debe haber una armonía en la construcción de la política económica orientada al fortalecimiento de la demanda, entendiendo que la economía argentina necesita crecer y generar mayores y más puestos de trabajo”, comenzó Vallejos. “Porque necesitamos reactivar la actividad y que las PyMEs vuelvan a producir para un mercado interno con capacidad de comprar lo que producen”, sostuvo la economista en la charla coordinada por el empresario textil Damián Regalini.

La legisladora abogó por una política que permita mejorar el nivel de consumo para “estimular el crecimiento y garantizar que las empresas funcionen, que ocupen su capacidad instalada ociosa y se ocupen también los trabajadores desocupados”.

En este sentido, en el marco de la recuperación que transita el sector, el nivel de utilización de la capacidad instalada en la industria representó el 57,2% en enero pasado, 1,1 puntos porcentual por encima del 56,1% de igual mes de 2020, y acumuló así la tercera suba consecutiva en la comparación interanual (Indec). Además, según el organismo estadístico, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró en enero una suba de 4,4% respecto a igual mes de 2020.

A su vez, tras conocerse los datos de pobreza, la economista reforzó que resulta “indispensable fortalecer el proceso de redistribución de ingresos en favor de los sectores más necesitados y vulnerables”. Agregó que esto se debe priorizar no solo por alcanzar justicia social y estabilidad social y política. “También por una cuestión de razonabilidad económica, porque son esos sectores los que tienen mayor propensión al consumo, y por lo tanto los que nos permiten multiplicar los esfuerzos de emprendimientos, lo que implica una política muy firme en favor de las pymes”.

“Porque justamente lo que necesitan las pymes son consumidores -prosiguió-, una demanda que nos permita reactivar la producción y que eso se consiga fortaleciendo el mercado interno, las economías regionales y la generación de trabajo genuino, de calidad, bien remunerado”, amplió Vallejos. “Eso cierra la famosa rueda virtuosa del funcionamiento de la economía. La demanda es un motor que necesita como combustible los ingresos de los trabajadores”, aseveró.

Con respecto al sector, vale remarcar también que la producción de la industria pyme creció por tercer mes consecutivo en febrero al ubicarse 0,4% arriba del mismo mes de 2020, según el último informe de la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa (CAME). Aunque esta entidad aclaró que “la recuperación manufacturera en ese segmento de empresas sigue siendo muy lenta y traccionada por un tercio de las industrias”. En concreto, de los 11 grandes sectores relevados, 5 tuvieron aumentos anuales y 6 finalizaron con bajas.

El respaldo político

Durante el Zoom, los empresarios también expusieron sus principales preocupaciones en el marco del actual escenario económico y la segunda ola de la pandemia del Covid-19.

Desde el empresariado pyme manifestaron sus dudas por el proyecto del oficialismo para subir el impuesto a las Ganancias para las empresas. Sin embargo, esta iniciativa del Ministerio de Economía no ingresó todavía a las comisiones de la Cámara de Diputados. En este sentido se pronunciaron los empresarios Leonardo Romano (alimentos), Román Tófalo (Centro Comercial de Concepción del Uruguay) y Augusto Santucho (titular de Fametal Aceros).

“No vamos a los paraísos fiscales, no existe en nuestro idioma  fugar capitales, tomar créditos en pesos, comprar dólares y fugarlos”, dijo Tófalo. Luego, Vallejos diferenció la situación de los empresarios pymes de la de “grandes extractivistas, acopiadores y comercializadores vinculados al sector externo, que han gozado desde el año pasado y todavía en este año de un proceso de suba de los precios internacionales de las materias primas y de los alimentos”.

Vallejos escuchó sus intervenciones y les propuso conformar ámbitos de debate con otras y otros legisladores oficialistas y de sectores de la oposición para encauzar los pedidos.

“Necesitamos que la voz de las PyMEs resuene con fuerza para equilibrar la balanza, pensando en construir un escenario lo más equilibrado posible donde el mayor peso de la recaudación impositiva recaiga sobre aquellas personas jurídicas que tienen una mayor capacidad contributiva”, distinguió la legisladora.

Por último, con relación a otra de las preocupaciones del empresariado pyme, la economista hizo referencia a que los próximos cuadros tarifarios de la luz y el gas deben proteger al sector productivo y a las familias. “Para las empresas, la energía representa un vector importantísimo de competitividad, que además no genera otro tipo de conflictos al interior del funcionamiento de la economía, porque es bueno para las familias y los sectores productivos”, concluyó.

Ante la llegada de la segunda ola de contagios de Covid-19 en Argentina -que este lunes registró la cifra más alta de casos desde octubre pasado-, la diputada nacional Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley para establecer multas económicas a quienes propaguen la enfermedad.

La iniciativa, a la que accedió parlamentario.com, consiste modificar tres artículos del Código Penal, referidos al capítulo de delitos contra la salud pública, donde no se cambian los plazos de las penas, sino que se incorporan sanciones pecuniarias, tomando como medida el Salario Mínimo, Vital y Móvil -que actualmente es de 21.600 pesos-.

Se propone que el artículo 202 del Código Penal quede redactado: “Será reprimido con prisión de 3 a 15 años y multa entre 15 y 600 Salarios Mínimo Vital y Móvil, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas“.

En tanto, el nuevo artículo 203 sería “Cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa entre 5 y 100 Salarios Mínimo Vital y Móvil; si tuviere como resultado enfermedad o muerte se aplicará prisión de 6 meses a 5 años.

Mientras que el artículo 205 establecería que “será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años y multa entre 5 y 100 Salarios Mínimo Vital y Móvil, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia“.

“Las sanciones establecidas -en el párrafo anterior- se duplicarán si la violación se produce en el marco de una Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud o de una Emergencia Sanitaria establecida por el Poder Ejecutivo Nacional”, agrega.

En los fundamentos del proyecto, Vallejos destacó que “en nuestro país se realizaron grandes esfuerzos en pos del bienestar y la salud de todo el pueblo argentino, especialmente con la intervención de la ANMAT, que ha autorizado diversas vacunas contra la Covid-19 y se ha iniciado exitosamente la vacunación de forma simultánea en las 24 jurisdicciones del país, que actualmente se encuentra en proceso”.

“No obstante, se visualizan individuos que no respetan las medidas de protección en materia de salud pública, poniendo en grave riesgo la salud y la vida de la población en su conjunto“, remarcó la legisladora del Frente de Todos.

Entre sus argumentos, ejemplificó países donde se han establecido multas económicas en este sentido, y enumeró los casos de Perú, Colombia, Honduras, Bolivia, El Salvador, Panamá, Chile, España e Italia.

“Considero imperioso y urgente el tratamiento del presente proyecto ante la amenaza y el riesgo sanitario sin precedentes que enfrenta nuestro país, especialmente ante el ingreso de las variantes del SARS-CoV-2 provenientes de Brasil, Reino Unido y África y el notable aumento de casos en Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, a efectos de proteger la salud pública, obligación inalienable del Estado Nacional en esta pandemia”, sostuvo.

La diputada Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley para endurecer las penas y las multas contempladas en los artículos 202, 203 y 205 del Código Penal. Se trata de evitar conductas irresponsables de infractores de las medidas de protección en materia de salud pública, que pongan en riesgo la salud y la vida de la población en el marco de la pandemia de la Covid-19.

Actualmente el Código Penal establece cuáles son los delitos contra la salud pública y sus respectivas multas en los artículos 202 y 203, mientras que el artículo 205 establece las penas y multas para quien violare las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Para los dos primeros artículos, a tono con las sanciones más duras que aplicaron otros países, el proyecto de Vallejos refuerza las penas y las multas, mientras que para el artículo 205 duplica las sanciones vigentes si la violación se produce en el marco de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de una emergencia sanitaria establecida por el Poder Ejecutivo Nacional, como ocurre al momento.

Vallejos sostuvo que es “imperioso” y “urgente” el tratamiento del proyecto (0943-D-2021) frente a la suba de casos en países limítrofes y la mayor circulación de variantes del virus SARS-CoV-2. “Considero imperioso y urgente el tratamiento del presente proyecto ante la amenaza y el riesgo sanitario sin precedentes que enfrenta nuestro país, especialmente ante el ingreso de las variantes del SARS-CoV-2 provenientes de Brasil, Reino Unido y África y el notable aumento de casos en Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay, a efectos de proteger la salud pública, obligación inalienable del Estado Nacional en esta pandemia”, afirmó la legisladora en los fundamentos.

Modificaciones al Código Penal

Ante la gravedad de esta situación, la iniciativa busca modificar los tres artículos mencionados. En el caso del artículo 202, establece una multa equivalente entre 15 y 600 Salarios Mínimo Vital y Móvil, y mantiene la pena de tres a quince años de prisión para quien “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.

En tanto, en el artículo 203 modifica la multa vigente fijada en $5.000 a  $ 100.000, estableciéndola en una multa entre 5 y 100 Salarios Mínimo Vital y Móvil. Refiere a los casos en los que “alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los deberes a su cargo”. Además, si tuviera como resultado enfermedad o muerte conserva la prisión de seis meses a cinco años.

En el artículo 205, establece una multa entre 5 y 100 Salarios Mínimo Vital y Móvil, para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Asimismo, las sanciones establecidas se duplicarán si la violación se produce en el marco de una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de una emergencia sanitaria establecida por el Poder Ejecutivo Nacional.

El proyecto  comulga con las medidas que tomó el gobierno nacional para cuidar la salud y la vida de la población argentina, ante la situación epidemiológica existente en las distintas regiones del país con relación a la Covid-19. Además de la campaña de vacunación que avanza en cada una de las jurisdicciones, el gobierno suspenderá desde el sábado los vuelos provenientes de Brasil, Chile y México, y mantiene la misma medida para Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, debido a los crecientes casos de Covid-19 en esos países y la circulación de nuevas variantes del SARS-CoV-2.

A su vez definió a través de la decisión administrativa 268/2021 publicada ayer en el Boletín Oficial que todos los viajantes deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina, otro examen al llegar al país y uno más al séptimo día de ingreso, con el costo económico a cargo del pasajero. La medida entrará en vigencia el sábado. A su vez, entre las decisiones de cuidado de la salud, el Ejecutivo había prorrogado la emergencia pública en materia sanitaria -establecida por la Ley  27.541- hasta el 31 de diciembre de 2021, a través del Decreto 167/2021 publicado el 11 de marzo.

Vallejos presentó el proyecto un día después de la denuncia pública contra el diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Formosa, Ricardo Buryaile, quien viajó en avión desde Resistencia hasta la CABA con un resultado positivo de Covid-19, según señalaron el periodista Alejandro Crivisqui y la diputada nacional Graciela Parola. “Sabía que era positivo y viajó igual a Buenos Aires en un acto profundamente irresponsable”, cuestionó la formoseña Parola.

Qué establecen las sanciones en otros países

En Colombia, las medidas se realizaron a través del decreto 457, y el mismo cuerpo hace una remisión al Código Penal local, ya que especifica que quien quebrante lo allí establecido y las medidas sanitarias impuestas, deberá responder de acuerdo con lo normado en el artículo 368 del Código Penal colombiano. Este dispone de manera clara y contundente que toda persona que viole una medida sanitaria adoptada por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, merecerá la pena de prisión de cuatro a ocho años. Sumado a ello, tendrá que cargar con las multas que establece el Decreto 780 de 2016, de hasta lo equivalente a 10.000 salarios diarios mínimos legales.

En Chile, las sanciones pueden ser multas pecuniarias, o incluso hasta penas privativas de la libertad, como lo señala el artículo 318 en su Código Penal. “El que pusiere en peligro la salud pública por infracción de las reglas higiénicas o de salubridad, debidamente publicadas por la autoridad, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio, será penado con presidio menor en su grado mínimo o multa de seis a doscientas unidades tributarias mensuales”.

En Europa, el gobierno español estableció cuáles son las sanciones frente al incumplimiento de las normas a través del 463/2020, que hace una remisión al artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, que a su vez esta última delega en legislaciones posteriores el régimen sancionatorio, que abarca diversas leyes con variadas multas que van de 100 a 30.000 euros, y en casos muy graves de hasta 600.000 euros. Además, el artículo 556 del Código Penal español establece la pena de tres meses a un año de prisión para aquellos que incurran en el delito de desobediencia contra la autoridad o sus agentes.

Por su parte en Italia incumplir las medidas tomadas por el gobierno en pos de mitigar la propagación del virus, es considerado delito. Las autoridades distribuyen un documento en el que los ciudadanos deben identificarse, establecer el motivo de su desplazamiento y en el mismo documento, figura la sanción que será aplicable en caso de incumplimiento de las medidas dispuestas a nivel nacional. En ese orden, aquellos que realicen desplazamientos injustificados deberán responder con multas de hasta 3.000 euros o con hasta tres meses de prisión, por la violación al artículo 650 del Código Penal italiano.

Por último, en Rusia su Parlamento endureció las sanciones ante el incumplimiento de las medidas sanitarias adoptadas, disponiendo que en aquellos casos en los cuales, como consecuencia de la infracción, muera una persona, el infractor será penado con una multa de hasta 2 millones de rublos o cinco años de prisión y podrían llegar a siete en caso de que fallezcan dos o más personas.

Durante la primera audiencia pública para definir el precio de las tarifas del gas, la diputada Fernanda Vallejos (Frente de Todos) destacó la importancia de este debate “como instancia de participación popular, en un proceso tan importante para las familias argentinas, para nuestros sectores productivos, para nuestra economía, como lo es el debate en torno al precio del gas”.

“Los subsidios representan una política que significa salario indirecto para las familias -continuó-, cuyos ingresos vienen sufriendo pérdidas reales durante los últimos cinco años, marcados por el programa de ajuste y redistribución profundamente regresiva aplicado por el gobierno anterior y un 2020 de pandemia”.

Al momento de tomar la palabra, dentro de una lista de 42 oradores, la economista remarcó “el impacto favorable que tiene la política de subsidios para los hogares  y el sector productivo, después de los años de ajuste y recesión macristas y a un año del inicio de la pandemia”.

“Esos subsidios también representan una política de competitividad para nuestras empresas, porque la energía es un vector crucial de competitividad. Estos dos elementos, el de ser salario indirecto y, por ende, impulso del consumo y la demanda, y factor de mejora de la competitividad, hacen de los subsidios a la energía una importante política de fortalecimiento del mercado interno, de la actividad económica y de las exportaciones argentinas”, resaltó la presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados.

La primera audiencia se abocó al tratamiento de la porción del precio del gas natural en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST) que tomará a su cargo el Estado nacional a través de subsidios, y también a determinar qué porcentaje de las facturas pagarán los usuarios finales.

La audiencia empezó a las 10, convocada por la Secretaría de Energía a través de la resolución 117/20. Se desarrolló de manera virtual y fue presidida por la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, y moderada por la asesora legal de esa cartera, Verónica Tito.

Otro punto que abordó Vallejos es la relación entre los “tarifazos” durante la gestión de Macri y la inflación durante ese período: “Lo que estamos discutiendo aquí es parte del debate, también, sobre la inflación que es un objetivo crítico de la política económica, determinante para el crecimiento real de los ingresos, que son el combustible de la demanda efectiva, que es el verdadero tractor de la producción, de la inversión -inducida por la demanda- y, por supuesto, de la generación de puestos de trabajo que requiere del crecimiento de la actividad”.

Vallejos reforzó cómo los “tarifazos” durante el macrismo alentaron los altos niveles de inflación. “La política tarifaria de aquel entonces, que se popularizó bajo el rótulo de tarifazos, constituyó, junto con la devaluación, uno de los principales motores de la inflación del periodo que, recordemos, terminó el ciclo, a pesar de la política monetaria de ‘emisión cero’, con el nivel más alto en 3 décadas: 55% de inflación en 2019”, precisó la diputada oficialista.

Asimismo, cuestionó que durante el macrismo, además de reducirse los subsidios, los argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas. “Durante esos cuatro años, el Estado redujo los subsidios a las tarifas, pero, en cambio, los ciudadanos y las ciudadanas argentinos subsidiaron la rentabilidad de las empresas, con una fenomenal transferencia de recursos hacia las arcas de las empresas del sector. Sólo durante los primeros 2 años de gobierno de Macri esa transferencia alcanzó a USD 16.000 millones”, detalló.

Por otro lado, alertó que, lejos de realizar las inversiones necesarias, las empresas de la producción, el transporte y la distribución fueron protagonistas de la fuga de capitales. “Entre las empresas del sector, la fuga, medida como formación de activos externos, registrados en el balance cambiario del BCRA, entre 2015 y 2019, fue escandalosa”, aseveró, y acto seguido detalló el listado de las mismas.

Por último, en el marco de la pandemia de coronavirus, Vallejos sostuvo que “los argentinos no se han recuperado para absorber mayores aumentos de tarifas. Por eso a esta Secretaría le toca la inmensa tarea y la inmensa responsabilidad de determinar el costo real de producción del gas y la ecuación que asegure que las empresas funcionen y garanticen el abastecimiento de la demanda energética nacional, pero dentro de una lógica de racionalidad”.

Las exposiciones

Representantes de usuarios y consumidores, asociaciones civiles, legisladores, abogados y economistas, entre otros, coincidieron en que los aumentos de las tarifas de gas no deben afectar los bolsillos de la población. También subrayaron que al informe técnico que presentó la Secretaría de Energía previo a la audiencia le faltaron detalles del costo de gas de boca de pozo.

“No podemos estar hablando de cifras que no son el resultado de un análisis previo que se llevó a cabo por las autoridades. Y esto es lo que está faltando”, planteó Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.

En tanto Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (Adduc), cargó contra los aumentos de la era Macri. “Los consumidores estábamos esperando que se hubiera hecho alguna revisión de lo que significó entre 2000% y 5.000% de aumento de los últimos años, con audiencias públicas en las que ya estaba todo resuelto”, remarcó. 

En representación de las empresas habló Daniel Martini, de la Asociación de Distribuidores de Gas, que engloba a las empresas Camuzzi, Ecogas, Gasnor, MetroGas, Naturgy, Litoral Gas y Ganea. “Resulta necesario finalizar el congelamiento de tarifas y es atribución del Estado decidir la manera en que instrumenta los subsidios, sea a través de procesos de segmentación y/o de la profundización de la tarifa social”, afirmó.

🗨️#AudienciaPublica #Gas
"No hagan el mismo desastre que el gobierno anterior, donde estas 5 empresas ajustaron un 6.800% el valor de las tarifas, trasladándolo a los usuarios".@Energia_Ar @Economia_Ar pic.twitter.com/7ANwxnMq22

— José Luis Ramón (@JoseLuisRamonOk) March 15, 2021

A su turno, José Luis Ramón, diputado y presidente del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, sostuvo que los subsidios del Estado en las facturas de gas es una “herramienta” para que este servicio “esté adecuado a la capacidad económica de los hogares y no a las necesidades del mercado dolarizado de las cinco empresas que tienen la concesión de este bien tan preciado”.

Además, el legislador cuestionó a las empresas por buscar incrementar sus ganancias a pesar de la delicada situación social y de haberse visto favorecidas por el gobierno anterior. “La justicia obligó al gobierno anterior a blanquear el valor del millón de BTU, y se supo que es de USD 3,51. Ahora estos cinco empresarios quieren que el promedio sea de USD 7,60″. Y remató: “Le sugiero al gobierno que no haga lo mismo que el macrismo, donde estas cinco empresas obtuvieron 6.800% del ajuste del valor trasladado a los usuarios”.

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos reclamó que la Justicia avance en las investigaciones para encontrar a los presuntos responsables de los incendios en la Comarca Andina, luego de que el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, presentara una denuncia penal.

Un proyecto de la legisladora busca establecer un régimen sancionatorio especial contra el incumplimiento de las leyes que protegen a los bosques, con penas de entre dos y diez años de prisión. El 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre, según un informe del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR).

“El año pasado presenté un proyecto para establecer un régimen sancionatorio especial en casos de destrucción de bosque nativo. Ojalá podamos avanzar en su sanción. Los responsables de estos crímenes deben ser castigados con todo el peso de la ley”, aseguró la legisladora.

Su iniciativa busca establecer modificaciones al Código Penal incorporando el artículo 186 bis, para disponer un régimen sancionatorio contra el incumplimiento de las leyes que apuntan a impedir la eliminación de la vegetación mediante el uso irresponsable del fuego.

Estas normativas son la de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331), de Sistema Federal de Manejo de Fuego (Ley 26.815) -que se modificó el año pasado por un proyecto de Máximo Kirchner- y de Presupuestos Mínimos para Control de Actividades de Quema (Ley 26.562).

El proyecto, que dialoga con el artículo 41de la Constitución Nacional y con la Ley  General del Ambiente (Ley 25.675), fija penas de entre dos y diez años de prisión y multas para quienes violen las leyes anteriormente mencionadas, de forma intencional y ocasionando “el desmonte, incendio, cambio de uso de suelo o la destrucción de bosques nativos”. 

Además, si hubiera peligro para la vida, el máximo de pena será de doce años. Si se produjera la muerte de una o más personas, el máximo de pena será de veinticinco años de prisión. Las sanciones son aún más severas en los casos en los que sean funcionarios públicos quienes estén implicados en este delito.

“Afortunadamente el año pasado, por iniciativa de Máximo Kirchner, aprobamos la Ley de Manejo del Fuego para proteger a los ecosistemas frente a los incendios. Esos terrenos incendiados, gracias a esa norma, no podrán ser vendidos”, remarcó Vallejos.

Vallejos destacó la denuncia penal que presentó el miércoles el ministro Cabandié en el Juzgado Federal de Esquel para que identifique y castigue a los responsables de los incendios de la Comarca Andina.

“Como advirtió el ministro Cabandié al explicar el fundamento de la denuncia penal ‘porque el fuego es intencional’, la tasa de deforestación que estamos sufriendo implica que, en 70 años, nos quedaremos sin bosque nativo”, alertó la diputada.

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos enumeró una a una las irregularidades que a su juicio “se verificaron” en el préstamo por U$S 57.100 millones que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó a la administración de Mauricio Macri en 2018, y consideró que “tiene que haber una indemnización para la Argentina a la hora de negociar. Esto significa llegar a un acuerdo en las condiciones que se puede pagar y sin sacrificar ninguna de las cuestiones que son fundamentales: recuperar la actividad económica y el empleo, mejorar la situación de los salarios y resolver la situación de desigualdad”.

Vallejos no se quedó con el enunciado y consideró que “puede haber una quita y una extensión de los plazos, porque cuando el préstamo se otorgó en condiciones que nada tienen de convencional, no hay motivos para pensar que tenga que haber convencionalidad a la hora de resolver eso que claramente estaba mal dado”.

En este sentido, Vallejos advirtió que “Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años no sólo serían penalmente y administrativamente responsables, configurando un acto de administración fraudulenta en contra del erario público, entre otras figuras, sino que, además, deberían responder con su patrimonio por ese accionar criminal”.

Las “irregularidades” del acuerdo

El crédito que tomó el Gobierno de la alianza Cambiemos por U$S57.100 millones (de los cuales se desembolsaron alrededor de U$S44.000 millones) fue el mayor de la historia otorgado por el organismo financiero. Se concretó en el marco de la crisis financiera que tuvo lugar durante la gestión de Mauricio Macri y el desembolso se hizo efectivo durante la campaña presidencial del año 2019.

Ahora, el gobierno de Alberto Fernández mantiene las negociaciones para llegar a un acuerdo con el FMI que permita refinanciar la devolución del crédito que tomó Macri. Además, Fernández adelantó el 1° de marzo último, en el discurso de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que el Gobierno iniciará una querella criminal “a los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”.

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Finanzas de Diputados, Fernanda Vallejos, explicó minuciosamente cómo el acuerdo con el FMI infringió leyes y normativas que regulan la contratación de la deuda pública en la Argentina.

Al enumerar las supuestas irregularidades, Vallejos señaló que el Gobierno de Macri firmó la Carta de Intención “sin que existiera expediente previo, a través del cual debió haber tramitado la decisión. El expediente se abrió el 21 de junio de 2018, 9 días después, lo que torna inválido el procedimiento administrativo de acuerdo con el artículo 7, incisos b y d, de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”.

“Tampoco hubo dictamen jurídico previo a la firma de dicha Carta de Intención, otro elemento que vuelve inválido el acto administrativo, según el artículo 7, inciso d, de la ley de Procedimientos Administrativos”, agregó, ni tampoco dictamen previo del Banco Central sobre el impacto del crédito en la balanza de pagos, un requisito que Vallejos considera “fundamental” para contratar deuda externa, tal como lo prescriben los artículos 61 y 66 de la Ley de Administración Financiera N°24.156. De hecho, para el momento en el que se decidió el crédito, “el Balance de Pagos estaba en rojo, algo que no podía ser omitido por los ex funcionarios”, afirmó la diputada kirchnerista.

Agregó Vallejos que “no se dictaron actos administrativos que decidieran tomar el crédito, no hubo decreto presidencial ni resoluciones de Hacienda o del BCRA. Amén de que el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central no tenían competencia para firmarlo sin autorización del Presidente, tal como estipula el artículo 99, inciso 11, de la Constitución Nacional”.

Por otra parte, Vallejos afirmó que “no se conoce ningún estudio, informe, dictamen u opinión técnica, que den sustento a los datos y proyecciones que contienen los memorandos adjuntos a la Carta de Intención. Sin causa válida, toda decisión administrativa es nula, de acuerdo con los artículos 7, inciso b, y 14 de la ley de Procedimientos Administrativos”.

“Tampoco hay constancia de haberse suscripto el acuerdo, ni del acto de aprobación por parte del FMI, a pesar que la Carta dice que los memorandos ‘deben usarse para el diseño del acuerdo stand-by´”, añadió la diputada por la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, la legisladora recordó que “los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el Fondo Monetario incumplieron los procedimientos establecidos en las leyes que regulan la constitución de deuda pública externa, y violaron las obligaciones asumidas con el FMI”.

Siguiendo el mismo razonamiento, Vallejos señaló que Macri podría ir preso si la Justicia avanza y ratifica las mencionadas irregularidades. “La administración fraudulenta es un delito penal tipificado en el Código Penal y por supuesto tiene una pena de privación de la libertad”, subrayó la legisladora oficialista.

Al respecto, Vallejos puntualizó que tanto la ley de Responsabilidad del Estado como la Ley de Administración Financiera “determinan la responsabilidad patrimonial de los funcionarios que tomen decisiones contrarias a las estipulaciones legales”.

Varios legisladores salieron a respaldar, previsiblemente, los anuncios de Alberto Fernández formulados este lunes en el Congreso. La diputada Fernanda Vallejos resaltó el anuncio de la querella criminal para determinar a los responsables del préstamo que otorgó el FMI al gobierno de Mauricio Macri. El jefe de Estado sostuvo que fue “una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”. Desde 2018, la presidenta de la comisión de Finanzas presentó una serie de denuncias y proyectos contra el acuerdo, ante las irregularidades administrativas y legales del mismo.

“El fin de la impunidad de los endeudadores es condición necesaria para que el Nunca Más a la deuda sea una realidad efectiva. Por eso hoy, quienes hemos trabajado desde el momento cero contra el saqueo de la deuda, celebramos el anuncio del presidente”, expresó Vallejos, que consideró que “la lucha que muchos y muchas hemos dado, atravesados por el dolor de asistir al tercer ciclo neoliberal de sobreendeudamiento externo de nuestro país durante la presidencia de Macri, cobrará pleno sentido cuando el Estado argentino accione legalmente, como anunció el presidente”.

“Ha sido un camino regado de tragos amargos. El peor, cuando Macri volvía a meter al FMI en la Argentina… La sensación de pelear contra molinos de viento, cuando presentamos el primer pedido de informes, queriendo no creer que esa decisión sería consumada”, agregó.

El fin de la impunidad de los endeudadores es condición necesaria para que el #NuncaMas a la deuda sea una realidad efectiva. Por eso hoy, quienes hemos trabajado desde el momento cero contra el saqueo de la deuda, celebramos el anuncio de presidente.

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) March 1, 2021

La diputada camporista Gabriela Estévez celebró que se denuncie al Gobierno de Cambiemos por el préstamo recibido por el FMI, que para ella “se usó para financiar la fuga de capitales y evitar que la economía terminara de colapsar en plena campaña electoral de Macri por la reelección. El préstamo del FMI fue una estafa al pueblo argentino y sus responsables deben responder ante la justicia. Terminar con la impunidad de los endeudares seriales es la mejor manera de prevenir que esto vuelva a suceder. Por ello, respaldamos la decisión del presidente Alberto Fernández de impulsar la denuncia judicial contra los autores de esta estafa”.

Asimismo la cordobesa saludó la decisión presidencial de enviar al Congreso una ley para declarar la emergencia de los servicios públicos y regulados con el objetivo de desdolarizar las tarifas. “Cuando asumimos el Gobierno, lo primero que hicimos fue congelar las tarifas que habían aumentado estrepitosamente durante el Gobierno de Cambiemos, golpeando la economía de las familias y la capacidad adquisitiva de los salarios. Vamos a avanzar hacia un sistema de tarifas justas, razonables y asequibles, privilegiando a las familias por sobre los intereses desmedidos de las privatizadas”, precisó.

Además, celebró el llamado presidencial para “construir un gran consenso político y social contra la violencia de género que se transforme en una política de Estado. Se trata de una situación de tal gravedad que la respuesta del Estado debe estar por encima de las diferencias políticas y tener continuidad gobierne quien gobierne”.

A su turno, el senador nacional por Chubut Alfredo Luenzo sostuvo que “el presidente Alberto Fernández ha marcado con mucha claridad el sendero para la Argentina, fijando una agenda de muchas leyes, con una mirada muy fuerte en la recuperación del empleo y del salario y sobre todo en que no vamos a claudicar en este camino de la recuperación de los derechos de los argentinos”. Luenzo remarcó que “para la Patagonia, es clave la mirada del gobierno nacional de trabajar en una política segmentada para enfrentar las asimetrías”. En ese sentido, sostuvo que “será fundamental en este 2021 el proyecto anunciado para promover la industria hidrocarburífera y el relanzamiento de la iniciativa Pampa Azul”.

Además, dijo que “tenemos también el fortalecimiento de la política de seguridad social, el proyecto para desdolarizar las tarifas, la propuesta para Ganancias, la convicción de reducir retenciones en la medida que se agrega más valor, el Plan de Obra Pública (en particular con el corredor Bioceánico), la confirmación de la política de sustitución de importaciones donde Tierra del Fuego tendrá un lugar muy importante en materia de electrónicos” entre otros temas que “serán los pilares de un nuevo paradigma que estamos construyendo para una Argentina productiva, incluso a pesar de la pandemia como lo están indicando los últimos datos en materia macroeconómica”.

A su vez, la senadora Silvina García Larraburu señaló que “el presidente nos invitó a sembrar la unidad nacional en la pluralidad, porque un auténtico proyecto de desarrollo sólo puede prosperar si trabajamos en pos del interés común, preservando nuestra soberanía y protegiendo a los humildes e invisibilizados”.

García Larraburu resaltó la decisión de investigar la deuda con el FMI y el compromiso de no pagarla a costa del hambre del pueblo argentino. “Cambiemos nos endeudó para que algunos pocos protagonicen la más sideral fuga de divisas de los últimos años. Nosotros creemos en un modelo productivo, en donde el crédito esté al servicio de la producción y el consumo interno”, puntualizó, para agregar luego que “tenemos una visión de futuro. La Ley de financiamiento de la ciencia y tecnología y la de economías del conocimiento, nos permitirán trazar una estrategia de desarrollo innovador de cara a los desafíos productivos y ambientales. Esperamos iniciar próximamente el debate parlamentario de los proyectos que anunció el Presidente en materia de electromovilidad, política energética, agroindustria y producción nacional de medicamentos”.

La diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Fernanda Vallejos resaltó la importancia de que en el 2021 se ponga el acento “en la recuperación de los ingresos reales de los argentinos y de las argentinas” porqué “después de tantos años de pérdidas, es absolutamente necesario que salarios e ingresos le ganen a la inflación”. 

En este sentido, Vallejos alertó que “si no hay crecimiento real de los salarios, la recuperación económica del país es pensamiento mágico”.

Siguiendo con esta línea argumentativa, Vallejos recordó, durante una entrevista que le concedió a Radio Provincia, que “hay un precio que claramente tiene que moverse, que son los salarios de los trabajadores, que tienen que crecer por encima de los precios de la economía, y ése es el gran desafió que tenemos”.

La legisladora abundó en la explicación y en la connotación macroeconómica de este razonamiento: “también por racionalidad económica porque si no hay crecimiento de los salarios, es pensamiento mágico creer que hay posibilidades de que nuestra economía se recupere, sin consumo, sin crecimiento de la demanda y sin estímulo además para la inversión que tanto necesitamos. No podemos recuperar la inversión si no crecen los salarios y si no crece el consumo en la Argentina”, puntualizó.

Vallejos formuló estas declaraciones en un contexto marcado por las conversaciones tripartitas entre el Gobierno, los empresarios y las principales entidades gremiales. En este sentido, la economista reclamó un rol más activo del Estado y un mayor compromiso de los empresarios para respetar los acuerdos que se alcancen entre las partes.

“Así como son muy buenos los acuerdos, es muy bueno y necesario que el Estado asuma de manera indeclinable el rol que le cabe en lo que tiene que ver con la intervención en las reglas de juego de la economía”, puntualizó Vallejos, al tiempo que acotó: “No puede haber un acuerdo si una de las partes no está dispuesta a poner algo de sí. Allí, obviamente tiene que haber un compromiso del sector privado de respetar los acuerdos, que históricamente ha sido uno de los grandes talones de Aquiles de los acuerdos de estas características, que se han intentado o que se han ensayado, que en algún momento terminan en el incumplimiento por parte del sector privado”.

La legisladora consideró que “la principal prioridad que tiene la política económica en nuestro país, en este 2021 es la recuperación de los ingresos reales de los argentinos y de las argentinas que, después de tantos años de pérdidas, es absolutamente necesario que salarios e ingresos le ganen a la inflación”.

Con respecto al papel del sector público, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados recordó que “también hay un aporte importante que el Estado puede comprometer frente a los privados como lo que es un sendero de estabilidad en lo que hace al tipo de cambio, sabiendo como sabemos en la Argentina, las devaluaciones han sido y son el principal motor de la inflación en nuestra economía y por eso es un precio absolutamente crítico que define lo que pasa con la inflación en nuestro país”.

Enseguida Vallejos agregó que “lo mismo en el caso de las tarifas de los servicios públicos, y mucho más, después de la nefasta experiencia que hemos sufrido durante los cuatro años de macrismo, y donde además hablamos de sectores que tienen espalda para acompañar un proceso de recuperación económica donde son, justamente, los que mejor la vienen atravesando porqué son los que más ganancias han acumulado y los que tienen la capacidad de contribuir con un aporte mayo, que obviamente no se les puede pedir, por ejemplo, a los trabajadores”.

Para la diputada Fernanda Vallejos, el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública “forma parte de una agenda que para la Argentina resulta central”. Al exponer en el recinto, completando el papel de miembro informante que compartió con Carlos Heller, la legisladora kirchnerista destacó “dos elementos nodales en el proyecto”. Por un lado, dijo, retoma la manda constitucional en lo referente a las facultades de este Congreso en relación con el manejo de la deuda, y apunta esencialmente a los títulos públicos en moneda extranjera regidos por ley extranjera, y también refiere al Fondo Monetario Internacional, a los programas de financiamiento, a la ampliación de créditos ya otorgados por ese organismo y a la necesidad de que sean aprobados por una ley de Congreso”.

El segundo objetivo, agregó, “tiene que ver con los fondos que se obtienen por este endeudamiento, que no van a poder ser utilizados para gastos primarios corrientes”.

La presidenta de la Comisión de Finanzas destacó que la Argentina se encuentra llevando adelante “negociaciones vinculadas a la deuda insostenible que recibió este Gobierno”, y reiteró luego que “bastaron cuatro años para revertir drásticamente el proceso de desendeudamiento que habíamos construido” durante la gestión kirchnerista.

Vallejos señaló que entre fines de 2015 y comienzos de 2018, “en apenas dos años se les pagó a los fondos buitre más de lo que pedían, inaugurando el tercer ciclo de sobreendeudamiento en nuestro país, y después se avanzó en un proceso vertiginoso de endeudamiento privado que sumó la friolera de 100 mil millones de dólares”.

“Tan verginigoso resultó ese proceso que el camino hacia la insolvencia del país se recorrió en apenas dos años, agotando el acceso a créditos privados”, describió la diputada oficialista. Recordó que luego el anterior Gobierno decidió recurrir nuevamente al FMI, por cuanto era imposible sostener ese programa sin acceso al endeudamiento externo.

Tras asegurar que esa decisión tomada por el presidente Mauricio Macri ella la sintió como “uno de los momentos más amargos”, advirtió que el acuerdo “se hizo sin el consentimiento de este Congreso, omitiendo la manda constitucional. Fue una decisión unilateral del Ejecutivo”.

“Si en aquel momento hubiéramos contado con esta ley, ese proceso no hubiera avanzado, debería haber atravesado el tratamiento parlamentario y hubiese sido aprobado o desechado”.

Tras hablar de una “fuga de capitales de más de 88 mil millones de dólares”, destacó la importancia del “énfasis que pone este proyecto en limitar el destino de los fondos que se obtienen cuando se endeuda al país”.

En medio de un debate intenso entre el Gobierno y los sectores productores en torno a la inflación de los alimentos, la diputada nacional Fernanda Vallejos resaltó las herramientas con las que  cuenta el Estado en materia de control de precios. Asimismo, criticó las expresiones de sectores exportadores y medios de comunicación a los que acusó de apelar a “planteos extorsivos”.

Durante una entrevista con El Destape Radio, la legisladora dijo que “las retenciones o los derechos de exportación son un instrumento por excelencia cuando hablamos de medidas económicas para desacoplar los precios internacionales de los productos que forman parte de la canasta de exportación de la Argentina”. Además, agregó que los alimentos “tienen que estar en armonía con la capacidad de compra del salario y de los ingresos del pueblo argentino”.

En los últimos días, y en consonancia con el trabajo que se está llevando adelante desde el Gobierno Nacional para lograr un acuerdo de precios y salarios, el presidente Alberto Fernández brindó una serie de entrevistas donde, al referirse al incremento del precio de los alimentos y la responsabilidad de los sectores productores,  sentenció que “si no entienden, voy a subir las retenciones y establecer cupos a la exportación. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente”.

En la misma línea, la economista indicó que “los argentinos no podemos definir nuestra posibilidad de comer o de dejar de comer, en base a posiciones que se fijan en el mercado de Chicago al tiempo que aseguró que este tema “es el punto número uno no solamente en la agenda económica sino política, pero esencialmente porque no tengo dudas, la agenda de la familia argentina”.

Por otro lado, al referirse a las reacciones de los referentes y sectores económicos vinculados a la exportación de alimentos tras las declaraciones del presidente, la diputada del Frente de Todos mencionó que “en algún punto es lógico que, los sectores vinculados al mercado de exportación agropecuaria, defiendan un ciclo donde sus ganancias están creciendo precipitadamente. En definitiva, están defendiendo su rentabilidad”, pero sin dejar de enfatizar en que “aquí lo que hay que entender es que el Estado tiene que tomar decisiones para el conjunto de la sociedad argentina, no solamente de un sector”. Posteriormente la diputada recordó que el aumento en el precio de los alimentos “tiene connotaciones macroeconómicas porque, si la canasta de alimentos se dispara, evidentemente estamos alimentando un elemento básico del desarrollo de un proceso inflacionario”.

Para finalizar, en cuanto al uso de ciertas prácticas de presión por parte de los sectores agropecuarios la economista subrayó que “No es nuevo que hay sectores que utilizan estas prácticas. Tampoco nos podemos hacer los tontos con el aval de los grandes medios nacionales que acompañan y fogonean este tipo de decisiones, pero que conspiran en definitiva contra el conjunto de los argentinos”.

Concluyó insistiendo en que, “el Estado tienen que velar por el bien estar de todos y de todas, y que de ninguna manera puede ceder ante planteos extorsivos que son sectoriales e indefectiblemente tiene que actuar haciendo caso omiso a los mismos”.

Tras la reglamentación del Aporte Solidario y Extraordinario que hizo el gobierno a través del Decreto 42/2021 publicado este viernes en el Boletín Oficial, la diputada Fernanda Vallejos destacó la medida porque “representa un acto de reparación que señala un sendero a transitar si queremos construir un país más justo”.

La ley 27605 se sancionó en el Congreso el 4 de diciembre y se promulgó el 18 de ese mes. Establece un aporte por única vez que parte de una tasa del 2% para los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a las Bienes Personales más de 200 millones de pesos.

Luego, la tasa sube de acuerdo al rango de fortuna declarado: será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones, del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones, y del 2,75% para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones. El aporte se eleva hasta el 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones.

Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5%. Así, estarían obligados a pagar alrededor de 12.000 contribuyentes.

Esos fondos serán destinados a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia (20%), apoyar a las PyMEs (20%), urbanizar barrios populares (15%), invertir en la producción de gas natural (25%) y relanzar el Progresar para los jóvenes (20%).

“Para un país en el que, en 4 años de macrismo y un 2020 de pandemia, la desigualdad ha avanzado de manera obscena, el aporte extraordinario de las grandes fortunas es, sin dudas, una bocanada de aire fresco”, señaló la diputada Vallejos a la agencia Télam.

Para la legisladora kirchnerista, “es cierto que no resuelve las raíces profundas de la desigualdad, que exige respuestas estructurales y sostenidas, pero este aporte de las 12.000 personas más ricas de la Argentina representa un acto de reparación que señala un sendero a transitar si queremos construir un país más justo, un país donde el contraste entre la riqueza de unos pocos y la pobreza de millones deje de ser el paisaje habitual, abriendo paso a una Argentina donde el fruto del esfuerzo de los 45 millones de argentinos y argentinas, sea disfrutado por todos y no concentrado en las manos de muy pocos”.

“Entonces, no sólo seremos un país más justo, sino una economía con mejores condiciones para sostener el consumo popular y la inversión privada, una economía con mejores condiciones para sustentar el crecimiento, limitado por una fuga de capitales que torna ocioso el ahorro nacional y nos vacía de las divisas que necesitamos”, agregó.

Para Vallejos, “la mayoría del pueblo argentino celebra el aporte extraordinario, porque expresa el anhelo de construir un país más justo y solidario. Es ese el camino que debe recorrer la política argentina”.

La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos salió a apoyar la posición de CTERA en la discusión sobre el regreso de las clases presenciales y cargó contra la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, al sostener que a Juntos por el Cambio “no le interesa convivir con los trabajadores”.

En recientes declaraciones televisivas, Bullrich reclamó el regreso a las clases presenciales a pesar de la pandemia del Covid-19 y criticó a CTERA, que pone reparos en función del peligro de contagio de docentes y alumnos.

 “La sociedad necesita terminar con estos sindicatos obstruccionistas. Declaremos a la educación servicio esencial, como establece el proyecto que acaban de presentar los senadores de Juntos por el Cambio, y docente que no va, tendrá que ser reemplazado. Seamos drásticos porque la Argentina no puede perder dos años de educación”, lanzó Bullrich.

En respuesta a estas declaraciones, Vallejos sostuvo que “más allá del ‘consenso’, el ‘diálogo’ y demás eslóganes” utilizados en el gobierno anterior, “no les interesa convivir con los trabajadores; solo ‘conviven’ entre ellos, la clase económica dominante. El pueblo es ‘descarte’”.

En la carta que emitió CTERA, firmada por su secretaria general, Sonia Alesso, el gremio planteó que la vuelta al dictado presencial de clases debe ser consensuada en las paritarias de febrero, como recomendaron organismos internacionales como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la IE (Internacional de la Educación).

También apoyaron la vacunación a los maestros, pidieron robustecer las medidas de prevención de acuerdo a las necesidades de cada provincia y alertaron por las nuevas cepas y por el crecimiento de casos en niños y adolescentes en el verano europeo y estadounidense.

“Oportuna, equilibrada y responsable perspectiva de los trabajadores de la educación frente a un posible retorno a la presencialidad en el dictado de clases”, destacó Vallejos.

La diputada oficialista hizo énfasis en el fragmento de la carta que aborda lo que ocurre en los países desarrollados por el avance del virus, donde sus gobiernos debieron implementar medidas restrictivas para evitar el colapso sanitario, entre ellas el cierre de escuelas.

“En CABA hay alrededor de 1.300.000 personas de la comunidad educativa que se movilizan. Alrededor de 300.000 son padres, madres, familias que acompañan a los chicos. Luego, las personas mayores y en grupos de riesgo conviven con los chicos que van a la escuela. ¿Quién cuida de ellos?”, planteó Vallejos.

El cine es de esas actividades que tardaron más de lo necesario en retornar. Y de hecho, aún no ha vuelto. Hace tiempo que los representantes del sector aseguran tener los protocolos listos y las medidas a implementar dispuestas para garantizar una actividad que en los lugares del mundo donde ha retornado, no ha registrado contagios. Pero así y todo, recién esta última semana se les dio aquí el visto bueno. La pregunta ahora es qué películas darán los cines cuando reabran, si los tanques se han guardado y en general la producción ha sido derivada al streaming…

A propósito, una película que ya hemos visto los argentinos en tiempo reciente es la que parece estar generándose con la economía. Una que sobre todo se exhibe en años electorales. Es una película en la que se congelan variables clave y se aplican controles de modo tal de contener el índice inflacionario el tiempo que sea suficiente o se pueda. Ya lo adelantó semanas atrás la vicepresidenta en el acto realizado en La Plata, cuando habló de “alinear salarios y jubilaciones, precios -sobre todo los de los alimentos- y tarifas”. Y como para que quede claro, CFK remarcó que no estaba diciendo nada que no se pudiera hacer: “12 años y medio en la República Argentina lo hicimos”, afirmó.

A buen entendedor… Marcelo Midlin le vendió Edenor al consorcio liderado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, convencido de que los tiempos que vienen para las energéticas estarán en línea con una película que vimos en el pasado reciente.

Lo entendió también -tarde, pero lo entendió- Mauricio Macri en 2019, cuando se le venía la debacle electoral y también congeló tarifas, aunque su destino ya estaba marcado.

Tarifas congeladas, Precios Cuidados, prepagas con aumentos pisados… todo lo que se pueda controlar se va a controlar. Comenzando por el tipo de cambio. Al menos hasta las elecciones. Después se verá. Atrasar aumentos con una inflación creciente es preparar una bomba como la que en 2015 recibió Macri; lo que los economistas advierten es que las consecuencias de una estrategia similar, en las condiciones que está hoy la Argentina, las verá este mismo gobierno antes de 2023. No hay resto para estirarlo más tiempo.

Como una lección bien aprendida, los funcionarios actuales repiten al hablar de inflación que en el primer año lograron bajarla “20 puntos”, respecto del último año de Cambiemos. Pero también es cierto que la pandemia causó un impacto directo en la actividad, que aplacó de manera natural las subas. Recién en el último trimestre, con la reactivación paulatina de actividades y la salida del ASPO, la inflación comenzó a acelerarse -octubre 3,2; noviembre 3,8- y llegamos a la cifra de diciembre que verdaderamente inquieta. El 4% anunciado el jueves fue una señal de alerta, advierten economistas como Martín Tetaz, que detalla que “los precios corrieron al 53,6% anualizado en el último trimestre; alimentos y bebidas (4,4%) al 59% anualizado en el trimestre  y la inflación núcleo, que no controla el gobierno (4,9%), corre a una velocidad anualizada del 61,7%”.

Tarifas congeladas, Precios Cuidados, prepagas con aumentos pisados… todo lo que se pueda controlar se va a controlar.

Son datos preocupantes para un año que lleva apenas dos semanas, y para el cual el gobierno prevé un 29% de inflación según consta en el Presupuesto, mientras que el REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado, que elabora el Banco Central), en base a datos de los analistas, tiene una previsión del 50%. El oficialismo es muy crítico respecto de quienes proporcionan esos datos. Basta con escuchar el discurso que dio en la Cámara baja Carlos Heller cuando se aprobó la nueva fórmula jubilatoria. Esa tarde el diputado kirchnerista contrapuso los datos del REM con lo presupuestado por este gobierno y se quejó porque los datos privados son “los que salen en los medios y los que se toman de referencia”.

Heller no es el único que expresa el pensamiento imperante en el Instituto Patria. La diputada Fernanda Vallejos también lo hace. Recordemos que fue nada menos que quien encabezó la lista para diputados de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires en 2017, cuando Cristina Kirchner lideró la del Senado. Es una economista que la expresidenta escucha, y es siempre muy sincera: dice lo que piensa. Le trajo problemas en 2017, cuando defendió a Amado Boudou y luego se tuvo que callar el resto de la campaña. Pero hoy no necesita que la silencien y así como el año pasado sugirió la posibilidad de que el Estado se quedara con acciones de empresas a las que estaba asistiendo en la pandemia, esta última semana volvió a decir algo disruptivo: “Tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional”. Así las cosas consideró “imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra en pesos de los argentinos”. Habrá novedades en el futuro inmediato, seguramente, pues esta no fue una frase tirada al pasar.

Un precio que en cambio escapa al congelamiento es el de los combustibles, que volvieron a aumentar este fin de semana, por segunda vez en lo que va del año. Es la novena vez que el gobierno de Alberto Fernández autoriza un aumento de los combustibles, un insumo con incidencia directa en el índice inflacionario. Sin embargo en este caso el gobierno piensa en YPF: lo que no deje aumentar, debería ponerlo el Estado y las arcas no dan. No es como con las energéticas, donde deben arreglarse los privados.

La inflación será entonces una amenaza real con la que deberá lidiar el gobierno -y más la gente, claro- todo el año. La otra mala noticia es que las expectativas oficiales respecto de la vacuna ya está claro que resultaron exageradas. Más allá del manejo que puede ser cuestionable en la materia, hay que reconocer que a todo el mundo le ha pasado esto. Cada vez son más las voces que alertan que la normalidad está cada vez más lejana. La OMS -que no se ha caracterizado especialmente por la certeza de sus pronósticos- aseguró esta semana que más allá de las vacunas, el mundo deberá convivir todo 2021 con el coronavirus. Stéphane Bancel, el CEO de Moderna -que elabora una de las vacunas contra el Covid- fue más allá en el pesimismo al anticipar que el SARS-CoV-2 “no va a desaparecer” y, por el contrario, “vamos a vivir con este virus, creemos, para siempre”.

Fue en este contexto tan desalentador que aquí vivimos una nueva polémica vinculada con la vacuna, al admitir Carla Vizzotti la posibilidad de que se aplique una sola dosis de la vacuna rusa, para permitir así vacunar a más gente. Muy ponderada por el Presidente, que solía ponerla como ejemplo cuando rechazaba rebajar salarios de los funcionarios, la secretaria de Acceso a la Salud quedó súbitamente en el ojo de la tormenta. Si bien lo que dijo es algo que llegó a evaluarse en el gobierno, se sabe que sus dichos causaron malestar en la Rosada. “No tenía que decirlo”, sintetizó un funcionario ante este medio. Pesó en esa consideración que el tema de la vacuna se ha enrarecido de manera tan inconveniente que ha crecido el recelo a ponérsela, sobre todo la rusa, que es la única a la que la Argentina por ahora tiene acceso. Y semejantes expresiones no contribuyen a mejorar esas expectativas. Preocupante para todos los gobiernos del mundo que apuestan a la vacuna como único elemento para dar vuelta de una vez la página.

Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja -y candidato a ministro de Salud de Alberto Fernández hasta que CFK le sacó bolilla negra, por ser un hombre del gobernador Juan Manzur-, Pablo Yedlin trató de echar luz en la semana sobre el tema, aventando dudas. Entrevistado por Diputados TV, el diputado tucumano aseguró que la segunda dosis siempre tiene por objeto generar “un repique” de anticuerpos y descartó que se vaya el efecto de la primera dosis si pasa mucho tiempo respecto de la segunda. “El sistema inmune tiene memoria de por vida”, afirmó. Y tras apuntar que en la lucha contra este virus se está aprendiendo sobre la marcha, puso como ejemplo a la vacuna contra la hepatitis A. Contra esa enfermedad se aplicaban también dos dosis, y en 2005 el gobierno de Néstor Kirchner lanzó una campaña de vacunación, pero solo aplicó la primera, con resultados muy positivos. Y a partir de entonces, en el mundo dejó de darse la segunda dosis.

Con todo, el problema para una vacunación masiva se grafica de manera aritmética: las empresas farmacéuticas pueden generar 1.500  millones de dosis, y el mundo necesita 6.000. Hay un cuello de botella que demorará de manera indeterminada el final de esta pesadilla.

Siempre disruptiva, la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos armó una nueva polémica al afirmar que “tenemos la maldición de exportar alimentos, de modo que los precios internos son tensionados por la dinámica internacional”. Así las cosas, consideró “imperioso desacoplar precios internacionales y domésticos, ya que los domésticos deben regirse por la capacidad de compra en pesos de los argentinos”.

Las declaraciones de la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara baja fueron hechas a radio El Destape, en un contexto que la legisladora estaba analizando la evolución de los precios de productos que son commodities.

“Hay que hacer un análisis profundo de lo que está ocurriendo en el mundo, de cómo el propio escenario de la pandemia ha impactado, más alguna circunstancia si se quiere climática, que obviamente siempre afecta a los precios de la economía, y termina afectando la oferta de determinados commodities, o productos, y todas esas variables en conjunto también han tenido un impacto en la cuestión de los precios de los alimentos”, explicó la legisladora, para encender a continuación la polémica: “Porque Argentina tiene una desgracia. A veces se piensa que es una bendición, que en algún punto lo es, porque en situaciones de crisis como la que hoy vivimos, donde el comercio internacional se desploma, bueno, mal que bien la demanda por alimentos siempre se mantiene, porque obviamente es lo último que cualquier país del mundo abandona. Porque lo último que dejás es de comer. Y entonces siempre hay demanda por los productos que la Argentina le vende al resto de mundo”.

Los precios de los bienes sensibles, empezando por los alimentos, deben estar en niveles razonables para que sean accesibles para el pueblo. Pero, además, salarios, jubilaciones e ingresos deben crecer x encima de la inflación y recuperar lo que perdieron en los últimos 5 años. pic.twitter.com/LcCy2tksbr

— Fernanda Vallejos (@fvallejoss) January 12, 2021

Vallejos continuó: “Pero la maldición de todo eso es que los precios de los productos también indispensables que tenemos que consumir los argentinos, como son los alimentos, terminan muy tensionados por la dinámica de lo que ocurre en el comercio internacional de esos bienes”.

En este marco, Vallejos piensa que “allí hay una serie de medidas a adoptar que tiendan a desacoplar la evolución de los precios internacionales, con la de los precios domésticos, porque la de los precios domésticos tiene que regirse por la capacidad de compra que tienen los argentinos. Sino, los salarios de los argentins y de las argentinas tendrían que estar atados a la evolución del dólar, la evolución del precio internacional de los alimentos, y estaríamos a mano. Pero sabemos que no es así”.

“Los empresarios cuando negocian paritarias muestran una ecuación de los costos que tienen, de lo que pueden pagar, y en función de lo que son los precios domésticos, estiman y negocian las paritarias, los salarios de los trabajadores”, apuntó la diputada kirchnerista. Entonces, continuó, “si los salarios están en pesos, los precios de los alimentos en la Argentina tienen que estar regidos por lo que ocurre con el peso y particularmente por lo que ocurre con los salarios y con los ingresos en pesos de los argentinos”.

“Y bueno, el precio obviamente internacional se debe regir por otras reglas que obviamete pueden beneficiar en algún punto a la Argentina, porque son divisas que ingresan a la economía y obviamente son indispensables para sustentar el proceso de crecimiento y desarrollo de nuestro país, concluyó Vallejos.

Críticas de la oposición

Previsiblemente salieron a cruzarla desde Juntos por el Cambio. Uno de los primeros fue el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,

Luciano Laspina, quien advirtió que es “la primera vez que leo que exportar alimentos es una ‘maldición’. ¿Cómo califican los países que los importan? ¿Bendecidos? La ‘maldición de los recursos naturales’ es un debate clásico sobre cómo administrar ‘la abundancia’ que sintetiza todo lo que hizo y hace mal el kirchnerismo”, expresó.

La primera vez que leo que exportar alimentos es una “maldición”. Como califican los países que los importan? Bendecidos? La “maldición de los recursos naturales” es un debate clásico sobre cómo administrar “la abundancia” que sintetiza todo lo que hizo y hace mal el kirchnerismo https://t.co/9gs1cDTMaW

— Luciano Laspina (@LaspinaL) January 13, 2021

Desde la Coalición Cívica, la diputada Lucila Lehmann fue más severa, al hablar de “dos burradas al precio de una: hay que ser muy ridícula para considerar una ‘maldición’ tener la bendición natural de poder producir y exportar alimentos; por políticas populistas te convierten en pobre y después la culpa de no poder comprar alimentos es de los productores”.

A su vez, la diputada radical Karina Banfi señaló que “en todo el mundo las políticas que garantizan el acceso a los alimentos en calidad, precio y cantidad se enfocan en la demanda, no en reprimir a la oferta con impuestos y regulaciones. Hagamos un país mejor para todos y todas, Fernanda”.

“Estas políticas erradas que lastiman la confianza de quienes producen para exportar son una de las causas de nuestro estancamiento.

Después nos hablan de ‘falta de dólares’ y ‘restricción externa’. La restricción al crecimiento son estas políticas”, concluyó.

“La maldición es que no entienda nada acerca de cómo hacer que Argentina crezca y mejore la vida de los argentinos”, señaló por su parte la senadora del Pro Laura Rodríguez Machado.

Para el diputado del Pro Jorge Enríquez, “la maldición argentina es tener dirigentes que crean que exportar alimentos es una maldición”. En tanto que Cristian Ritondo señaló: “Para la diputada Vallejos, tener uno de los complejos agroindustriales más importantes del mundo es una maldición. ¿Así vamos reconstruir la Argentina? Poner trabas al sector que más divisas genera sólo nos puede traer pobreza”.

Vallejos le contestó al jefe del bloque Pro a través de Twitter: “Hola, Cristian. Tener un complejo agroindustrial competitivo como el argentino está buenísimo. Pero que tu canasta exportadora esté dominada por bienes salario (alimentos) es una maldición para el pueblo cuando tiene que pagar los alimentos a precio internacional”.

La diputada nacional Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley en la Cámara baja para tipificar a la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) como un delito. En concreto, establece la reclusión o prisión de 3 a 15 años a quien afectara el ecosistema pesquero y marítimo y la sostenibilidad de las especies en esta área, o sus recursos pesqueros migratorios originarios de la ZEE argentina que se encuentren más allá de las doscientas millas marinas.

La iniciativa modifica el artículo 186 del Código Penal, al incluir las penas por el delito de la pesca ilegal. Entre los delitos, contempló la pesca ilegal no declarada y no registrada (INDNR); el transporte de explosivos o sustancias tóxicas como método de extracción o pesca; utilizar artes de pesca no autorizadas por la Autoridad de Aplicación; impedir o dificultar el desplazamiento de los peces en sus migraciones naturales; y capturar o extraer recursos pesqueros en áreas o épocas de veda.

De este modo, busca evitar la pesca ilegal que se realiza en Malvinas, donde se otorgan licencias infringiendo todas las leyes nacionales e internacionales. También, impedir que cientos de buques extranjeros depreden los recursos migratorios argentinos en el Atlántico Sudoccidental. China, España y Corea del sur son los principales países de donde provienen los barcos, indicó el proyecto.

Por año, más de 300 buques extranjeros han llegado a pescar hasta 800 mil toneladas de recursos pesqueros (calamar, merluzas, entre otros) fuera de la plataforma argentina, libres de todo control, regulación ni ordenamiento, según un informe de la Organización para la Protección de los Recursos Pesqueros (Opras). Asimismo, la pesca ilegal y la no reglamentada en aguas adyacentes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) representan, al menos, una pérdida para el país de entre USD 1.000 y USD 2.000 millones al año, según estimaciones de esta organización civil.

En distintos foros desde la década del noventa se promueve el combate contra la pesca ilegal. Por caso, el Comité de Pesca de la FAO elaboró en 2001 un Plan de Acción Internacional (PAI) no vinculante, para prevenir, desalentar y eliminar la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada (INDNR). Sin embargo, después de casi treinta años, casi todos los países que pescan a distancia siguen efectuando pesca ilegal. Así lo indicó un informe elaborado por el experto en pesca César Lerena.

Por otro lado, el proyecto de Vallejos busca ir más allá de la Ley 27564 que aprobó el Congreso en septiembre de 2020, cuando modificó el régimen federal de pesca e introdujo aumentos en las multas por pesca ilegal. “Resulta conveniente contar con mayores medios necesarios para el control debiendo decomisar el buque y las materias primas”, sostuvo la iniciativa.

A su vez, la medida destacó una serie de disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar (CONVEMAR), que establecen que los Estados ribereños deberán determinar la captura permisible en su ZEE,  asegurar la preservación de las especies, que no haya exceso de explotación y garantizar las necesidades económicas de las comunidades pesqueras.

En otras partes del mundo existen medidas o documentos contra la pesca ilegal y sus implicancias en el ecosistema y la economía. En 2014 el Reino Unido en su documento de Estrategia de Seguridad Marítima expuso “la necesidad de protección contra las amenazas de su dominio marítimo, incluida la pesca ilegal”.  Ese mismo año, la Unión Europea incluyó a la pesca ilegal como una amenaza para la seguridad marítima de sus Estados miembros. Mientras que en 2016 el Consejo Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos publicó un informe exclusivo sobre el tema de la pesca ilegal (IUU), y lo definió como una amenaza para la seguridad alimentaria y económica, que beneficia al crimen organizado transnacional.

Radarización

El segundo proyecto (de resolución) de Vallejos en materia de pesca pide al Ejecutivo nacional la instalación de radares para la “vigilancia y control” del tráfico irregular de los barcos en la ZEE del país.

Solicitó que “a través de los organismos competentes en la materia, disponga la instalación de equipos de radarización con las especificaciones técnicas adecuadas para la vigilancia y control  estricto de la navegación, tráfico irregular o ilícito, pesca en el espacio marítimo de superficie, submarino y aéreo de la Zona Económica Exclusiva en el Atlántico Sur a efectos de garantizar la preservación de los recursos naturales en pleno ejercicio de sus derechos soberanos”.

Detalló asimismo que en el millón de km2 de ZEE, en 2004 operaban 95 barcos ilegales, mientras que hoy aumentó a alrededor de 500 los barcos piratas con el trasponder de identificación-localización silenciado. Durante el día, estos navegan en la milla 201, en aguas internacionales, y de noche se cuelan en la ZEE argentina. Están siempre ocultos por la curvatura terrestre, salvo para las pocas patrullas navales o aéreas de la Armada o de la Prefectura Naval Argentina.

Una de las tecnologías que planteó el proyecto incluye los radares de Superficie de Alta Frecuencia, (High Frequency Surface Radar ) que emiten en banda HF (entre 10 y 100 metros de longitud de onda) desde una matriz de antenas radiantes cercanas a otra matriz de antenas receptoras, todas en la costa. Ya en 2004 este tipo de radares los utilizaban Australia, Reino Unidos, Estados Unidos, China y Rusia, especificó el proyecto.

En las últimas décadas, Prefectura logró 2,5 capturas por año en promedio. Las naves piratas, que pasaron de 95 a 500,  causan pérdidas de USD 2000 millones a USD 3000 millones, según cálculos de César Lerena. Con el valor agregado del packaging y la distribución, puesta en anaquel en Vigo o en Shangai, esa pesca representa USD 14.000 millones, de acuerdo a este experto en pesca.

“Poner orden va a requerir de otros radares, con tecnologías más disruptivas. Desplegar seis estaciones fijas de radar transhorizonte de tipo HFSWR podría costar dos días de rapiña pesquera”, concluyó el proyecto.

Los proyectos cuentan con la adhesión de 19 diputados del Frente de Todos, a saber: Carolina  Yutrovic, Aldo Leiva, María Jimena López, Graciela Landriscini, Liliana Schwindt, Blanca Osuna, Mayda Cresto, Alicia Aparicio Rosa Muñoz, Mabel Caparrós, Claudia Ormachea, Lía Caliva, Alejandra Obeid, María Rosa Martínez, Marcelo Koenig, Claudia Bernazza, Héctor Fernandez, Nancy Sand y Ayelén Spósito.

La diputada nacional del Frente de Todos Fernanda Vallejos presentó un proyecto de ley en la Cámara baja para designar a la Ruta Nacional 8 con el nombre de “Diego Armando Maradona”, dos días después de la muerte del astro futbolístico que conmovió al país e impactó en todo el mundo.

La iniciativa desarrolló los principales hitos de la carrera de Maradona, reconocido por el universo futbolero como el mejor jugador de todos los tiempos y hacedor del “Gol del Siglo” a los ingleses en el Mundial de México 86, donde Argentina, bajo la conducción de su capitán, se quedó con el título.

El proyecto enumeró los clubes donde jugó y dejó huella, sus títulos, sus premiaciones otorgadas por instituciones deportivas y los saludos de líderes y dirigentes políticos que lo recordaron con admiración.

“Consideramos que este es un justo reconocimiento a este excepcional  y gigante genio del fútbol mundial del Siglo XX, que permanecerá eternamente en el corazón de todo el pueblo argentino”, argumentó la iniciativa de la legisladora.

El proyecto encomienda al Ministerio de Obras Públicas para que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice las señalizaciones correspondientes en cada una de las intersecciones y accesos a las localidades, poblaciones y rutas que la atraviesan.

La Ruta Nacional 8, creada en 1943 y cuya extensión es de 695 km, une las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis. Sus dos puntos extremos son el noroeste del Gran Buenos Aires, en el enlace con la Ruta Nacional 9, y la Ruta Provincial 55 en Villa Mercedes, provincia de San Luis.

Es una arteria vital del sistema caminero de esta parte del centro del país, ya que conecta la salida de productos de la zona núcleo agrícola y de economías regionales a mercados internos y del exterior, conectando con los puertos.  Cumple la triple función de corredor de cargas industriales y comerciales, además de transporte de pasajeros de larga distancia.

En territorio bonaerense, la RN8 tiene una extensión de 229 kilómetros y vincula las localidades de Pilar, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Capitán Sarmiento, Arrecifes y Pergamino.

El Gobierno nacional trabaja para extender el tramo que funciona como Autopista, en la provincia de Buenos Aires. Las obras de la Autopista RN 8 Pilar-Pergamino abarcan 180 km.