Así lo comunicó la legisladora mendocina Claudia Najul a través de su cuenta de Twitter luego de que autoridades de sanidad confundieran África con Asia y habilitaran el ingreso del barco.
Luego de que Sanidad permitió el arribo del crucero “Hamburg” procedente de África al país sin controles por un error geográfico por parte de las autoridades pertinentes, ya que confundieron dicho continente con Asia y en medio de la preocupación mundial por la nueva variante Ómicron de coronavirus, diputados de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informe al Gobierno sobre la situación del buque.
Así lo comunicó la legisladora Claudia Najul (UCR – Mendoza) a través de su red social de Twitter en donde escribió: “Con explicaciones tibias por los medios no alcanza. Junto a legisladores y legisladoras de JxC presentamos un pedido de informes para que el Gobierno detalle la situación del crucero Hamburg proveniente de Cabo Verde, donde se habría confirmado un caso positivo de la variante Ómicron”.
En ese sentido, pidió: “Queremos saber si se realizaron los controles sanitarios correspondientes, de acuerdo a la procedencia del barco y la alarma mundial generada a partir de la nueva cepa de Covid-19”, y remarcó que “es momento de rigurosidad epidemiológica y de transparencia política. Vayan al Congreso”.
Los diputados que acompañaron este pedido son: Luis Petri, Carmen Polledo, Graciela Ocaña, José Cano, Leonor Martínez Villada, Alejandro Cacace, Gustavo Menna, Gabriela Lena, Rubén Horacio Manzi, Roxana Reyes, Hernán Berisso, Lidia Ascárate, Sebastián Salvador, Juan Martín Musac, Karina Banfi, Ximena García y Camila Crescimbeni.
Los radicales mendocinos se sentaron en sus bancas y manifestaron su apoyo al proyecto de etiquetado frontal de alimentos y las iniciativas relacionadas a los trabajadores de viñas, centrales en su provincia. El Senado provincial había solicitado que den quórum.
Con 122 diputados presentes en el recinto y al no llegar a la mayoría, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, levantó la sesión, tras lo cual se expresaron los legisladores de los diferentes bloques. Como referentes de la UCR estuvieron Claudia Najul (Mendoza) quien manifestó que “la manera de lograr consensos es con el diálogo”, y Federico Zamarbide que sostuvo: “Un modelo de representación es en el que los legisladores representamos los intereses del pueblo y eso está por encima de cualquier tipo de discusión partidaria”.
En primer lugar, habló Najul que afirmó: “Estoy para mejorar las condiciones de vida de quienes eligen proyectarse y vivir en mi provincia, muy discriminada por el Gobierno Nacional, muy discriminada en la coparticipación y en el presupuesto al ser de otro color político”, y remarcó que “la manera para lograr los consensos que la Argentina nos pide, no es este llamado y no conseguir quórum, es al revés con diálogo y es responsabilidad de todos”.
“Quiero que se vuelva al consenso y al diálogo, no avalamos los objetivos del Frente de Todos ni del Gobierno, solo queremos que los provincianos vivan mejor y merecen esta ley. Pedimos por favor que lleguen a ese consenso y se trate la ley”, solicitó la diputada mendocina.
Por su parte, su compañero Zamarbide expresó: “Junto a la diputada Najul decidimos participar por dos proyectos puntuales, una la ley de etiqueta frontal y por la ley de trabadores vitícolas porque es importante en nuestra provincia”, y agregó: “Creo en un modelo de representación en el que los legisladores representamos los intereses del pueblo y eso está por encima de cualquier tipo de discusión partidaria. Lo absurdo e injusto que un trabajador rural se jubila a los 55 años y un trabajador vitícola a los 65 años genera una enorme injustica, la tarea de la tierra es muy dura. Solicito que se trate este proyecto”.
A través de dos proyectos diputados quieren conocer el estado actual del mismo, como así también intensificar las campañas correspondientes.
Diputados de Juntos por el Cambio encabezados por Claudia Najul pusieron el foco en el Calendario Obligatorio de Vacunación, y presentaron dos proyectos de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional informes y la realización de una campaña de concientización.
En este sentido, Najul afirmó que “hay muchos interrogantes y pocas certezas”, y agregó: “Luego de un 2020 con una cuarentena interminable y escuelas cerradas, y este año en el que muchas jurisdicciones están lejos de recuperar ciertos parámetros de normalidad, sabemos que hay una considerable baja en el cumplimiento del calendario obligatorio. Observamos una pasividad injustificable en las autoridades respecto a este tema, por eso desde la Cámara de Diputados proponemos nuevas líneas de acción”.
En los proyectos, los diputados solicitan informes acerca del estado actual de la vacunación -con resultados desagregados por provincia, edad, tipo y dosis de vacuna- y piden al Ministerio de Salud la intensificación de campañas de difusión y concientización en medios tradicionales y redes sociales, destinadas especialmente a las personas que tienen a su cargo niños, niñas y adolescentes.
“Estamos hablando de una de las estrategias sanitarias más potentes y efectivas de la historia de la humanidad: la vacunación previene enfermedades debilitantes y discapacidades y salva millones de vidas todos los años. Así como exigimos todos los días la inmunización contra el Covid-19 de los menores de 18 años en riesgo, hacemos lo mismo respecto al calendario obligatorio. El Estado debe facilitar y garantizar el acceso a las vacunas por parte de los más chicos”, concluyó Najul.
Las iniciativas fueron firmadas, además, por los diputados Juan Martín, Mario Arce; Gabriela Lenna , Albor Cantard, Federico Zamarbide, Sebastián Salvador, Diego Mestre, Carla Carrizo, Luis Pastori, María Graciela Ocaña, Carmen Polledo, Gonzalo del Cerro, Lidia Ascarate, Carlos Fernández y Lorena Matzen.
Con una inocultable intención de apuntarle a los jóvenes para contar con su voto en las próximas elecciones, el gobierno se mueve en su principal bastión con el fin de amurallar su electorado. Jaqueado por la oposición, se apeló a un decreto para salir de la encerrona.
Por José Angel Di Mauro
Podrán hacérsele muchas críticas a Cristina Kirchner, pero nunca negar su centralidad. Que la mantuvo aun en los cuatro años en que estuvo fuera del poder. Y que retiene de manera intensa incluso cuando alternadamente se retira a un deliberado segundo plano. Aun ausente, cada vez es más notoria su omnipresencia.
Qué decir cuando ha decidido dejar de lado el perfil bajo para participar activamente en la campaña. Algunos relativizarán lo de “activamente”, pero por mínimos que sean sus gestos, esa influencia es dominante. Y por cierto todo indica que la vicepresidenta ha resuelto jugar, en el que adoptó como su territorio definitivo. La base de su caudal electoral.
Como siempre, la presencia de CFK el jueves en Lomas de Zamora dejó muchas señales, más allá de los títulos periodísticos que aportó su discurso. Y sobre todo un par de confirmaciones. Por un lado, la certeza de que las encuestas que maneja el oficialismo son tan inquietantes que lo obligan a jugar la dama en esta campaña. De lo contrario, Cristina Kirchner no tendría que ponerle el cuerpo y se limitaría a ejercer el poder de su lapicera a la hora de armar las listas, como viene haciendo indefectiblemente desde hace una década.
El otro dato que dejó la participación de la exmandataria en Lomas, junto a Axel Kicillof y el dueño de casa y posible candidato -el nombre de Martín Insaurralde es uno de los que evalúan, como cara moderada para ofrecer en esta campaña-, es que preocupa al kirchnerismo una merma de adhesión que también han detectado las encuestas en un espacio que consideran “propio”: los jóvenes. Y las elecciones se presentan demasiado ajustadas como para resignar nada.
¿Por qué otra cosa sino Cristina decidió hablar de tres jóvenes músicos cuyo talento más destacado son los millones de seguidores que tienen en redes sociales? Así se la vio a la expresidenta transitar un terreno no tan conocido para ella, hablando de los traperos Wos y Trueno, y del cantante de cumbia L-Gante (al que le sacó la “e” al nombrarlo). Con lo que no contaba la vicepresidenta es que L-Gante contradeciría la versión que ella dio en su discurso, en el que elogió el programa Conectar Igualdad que puso en marcha durante su gobierno y que discontinuó Mauricio Macri.
Al día siguiente el cantante aclaró que si bien él había hecho su primer tema -que tuvo 176 millones de reproducciones en Youtube- con una computadora de dicho programa, no se la habían entregado en la escuela, sino que él se la había cambiado por un celular al dueño original. Otro dato que desconocía Cristina es que L-Gante está actualmente en México y por lo tanto es uno de los miles de argentinos que no pueden regresar al país por las restricciones en los vuelos. Por ahora, el cantante lo tomó con humor: “Vamos a ver si vuelvo en el Tango-01”, sugirió.
Se nota tanto que el oficialismo está preocupado por los jóvenes que ese mismo día también se dirigió a ellos el Presidente: “Les digo que lo que les está pasando no es producto de la decisión de un presidente, sino de la pandemia -aclaró-. Quiero que no vayan a recitales ahora, para que vayan el resto de su vida”. Lo hizo al encabezar desde Olivos un acto del Partido Justicialista al cumplirse 47 años de la muerte de Perón. Un acto totalmente opacado por el de Cristina Kirchner en Lomas.
Ella está pensando en otra cosa: en ganar las elecciones por supuesto, pero fundamentalmente en que el oficialismo se imponga claramente en el mayor distrito del país, un resultado que no le atribuirá a su compañero de fórmula. Está claro que el gobernador bonaerense, al que acompaña en todas sus apariciones públicas, es el candidato in péctore que ella tiene para 2023.
Que en este gobierno prevalece claramente un sector que no es el que responde a quien está al frente del Poder Ejecutivo dio otra prueba lo que se resolvió con la Hidrovía Paraná Paraguay. Se cansaron desde el gobierno de decir que se mantendría la privatización, a pesar de los fuertes embates desde el kirchnerismo por la estatización del sistema. Dos semanas atrás el jefe de Gabinete insistió en que se haría un llamado a licitación internacional, y pretendió aventar las presiones hablando de la búsqueda de “un sistema mucho más preciso para definir el rol del Estado”, como así también la creación de un “ente de control”. Pero llamó la atención cuando el Día de la Bandera el Grupo 25 de Mayo difundió una proclama reclamando la estatización de la Hidrovía. Este movimiento aglutina a dirigentes e intelectuales entre los que sobresale la diputada Fernanda Vallejos -quien suele expresar el pensamiento vivo de CFK-, y ya había difundido su proclama fundacional en el aniversario de la Revolución de Mayo, indicándole al Presidente cómo negociar la deuda.
Lo cierto es que finalmente el gobierno tomó el control de la misma por 12 meses, tiempo en el cual se hará la licitación prometida, aunque en este contexto no sorprendería que termine prevaleciendo la postura del kirchnerismo. O bien -como sugieren muchos- que esa tarea quede en manos de los chinos, en lugar de la empresa belga que viene desarrollándola desde hace décadas.
Otra cosa en la que el gobierno debió ceder es en el tema vacunas. Todavía resuena la queja de la ministra de Salud reclamándoles a los periodistas “bajar la obsesión que tienen con Pfizer”, cuando apenas un mes después Carla Vizzotti apareció junto a la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia detallando cómo un DNU adecuaría la Ley de Vacunas para poder finalmente acceder a los requerimientos de los laboratorios norteamericanos.
Si bien es cierto que Vilma Ibarra venía manteniendo conversaciones con representantes de Pfizer desde hacía un tiempo, lo cierto es que no había habido hasta ahora señales de un próximo entendimiento. Y lo cierto es que los acontecimientos parecieron precipitarse luego de que el oficialismo quedara feamente expuesto al tener que bloquear en Diputados el tratamiento de proyectos que permitirían modificar la ley para permitirle al gobierno comprar dosis de Pfizer para poder inmunizar a niños y adolescentes, habida cuenta de que esa vacuna es la única autorizada hasta ahora para aplicar a menores.
Una de las voces cantantes desde la oposición fue la de la mendocina Claudia Najul, que solicitó al Ejecutivo realizar las acciones necesarias y urgentes “para permitir la llegada de vacunas para niños de 12 a 18 años con enfermedades muy graves”.
En su intervención, la diputada radical recordó que al armarse el plan de vacunación en la Argentina no existía ninguna vacuna autorizada para ese grupo. Pero aclaró que “desde mayo tenemos dos, Pfizer y Moderna, que están autorizadas y se están usando en el mundo para este grupo”. Su par del PRO Carmen Polledo defendió el proyecto para quitar de la Ley de Vacunas la palabra “negligencia”, que trabó el acuerdo con Pfizer, recordando que la misma no estaba en el proyecto original. Esa palabra fue introducida a instancias de la vicepresidenta del bloque FdT, Cecilia Moreau. Difícilmente lo haya sugerido sin consultarlo; lo más probable es que haya sido al revés: los “librepensadores” no suelen prevalecer en los oficialismos.
Polledo aportó además una cuota de sospecha al señalar que con AstraZeneca “no existieron esos impedimentos contractuales que tanto tuvieron en cuenta con Pfizer”.
El presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, explicó que si bien al día de hoy “hay un solo laboratorio que tiene autorizada la vacunación para menores de 18”, ya ha habido pruebas de la Sinovac que “ha demostrado en China su efectividad”. Y expresó su confianza en que pronto habría muchos más laboratorios habilitados. Aseguró que en su bloque había voluntad para “realizar los ajustes necesarios a la ley para conseguir la cantidad y el tipo de vacunas necesarias para todos los argentinos”, pero a la hora de votar, se rechazó la moción para tratar el proyecto sobre tablas.
Esa misma noche el oficialismo hizo circular la versión de que había un decreto en marcha para salvar la situación, y con el correr de las horas la especie cobró más fuerza. Al día siguiente Vilma Ibarra y Carla Vizzotti anunciaron la publicación inminente de ese DNU que entre otros temas elimina la palabra “negligencia” como atributo de responsabilidad del proveedor, y quedó flotando la sensación de que el gobierno había cambiado su postura ante la convicción de que el tema se les vendría en contra. Fue como con la apertura de las escuelas, resuelta antes de que los parámetros utilizados para tenerlas cerradas hubieran cambiado.
El argumento utilizado por la secretaria de Legal y Técnica fue que “los tiempos del Congreso” conspiran con el apuro que la situación exige. Lo cual resulta curioso, dada la postura oficial anterior. Ibarra utilizó otra frase que inquietó a los legisladores: “El Congreso no está previsto para responder en épocas de pandemia”.
Como sea, la oposición avalará el DNU. Pero con una fuerte objeción compartida por constitucionalistas respecto de lo inquietante que resulta que una ley pueda cambiarse a través de un DNU.
Desde la oposición reaccionaron ante los dichos de Carla Vizzotti sobre nuevas cepas y la segunda dosis de la vacuna rusa.
“Las declaraciones de Carla Vizzotti sobre la efectividad de las vacunas y la llegada de segundas dosis son un nuevo capítulo del vicio preferido del Gobierno: confundir y distraer para tapar los errores de gestión”, afirmó la diputada nacional Claudia Najul, quien junto al diputado Alfredo Cornejo presentó un pedido de informes para que el Ministerio de Salud de la Nación dé explicaciones sobre cuestiones vinculadas a la detección de la variable de Delta en nuestro país y la estrategia de testeo y vacunación del Gobierno. También reclaman que se presente la documentación que respalda las afirmaciones de la ministra Vizzotti, quien afirmó que “la primera dosis genera casi el 80% de inmunidad y la segunda la completa y le da más duración”.
Los legisladores piden precisiones sobre las fechas previstas para el arribo de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V a la Argentina para completar los esquemas de vacunación de más de 6 millones de argentinos.
Y requieren que se informe el número total de casos de la variante Delta (SARS-CoV-2 B.1.617.2) detectados en nuestro país, desagregado por provincia y municipio y que se indique si los casos detectados en nuestro país de esa variante se trata solo de personas con antecedentes de viajes a países donde se encuentra verificada la circulación comunitaria de dicha variante o si hay casos por contacto estrecho, y qué estrategias se van a implementar para la contención de la misma.
También, entre otras cuestiones, preguntan si existe una estrategia nacional de testeo, en qué casos se realiza la derivación de la muestra para el análisis genómico y con qué mecanismos o procedimientos se está realizando la detección de las distintas cepas de Covid-19 que circulan en el país, y en qué plazo.
La ministra de Salud deberá detallar el porcentaje de efectividad inmunológica de cada una de las vacunas que se están aplicando en el país ante las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 que circulan en Argentina, y en qué evidencia científica se basaron para diferir la aplicación de la primera y segunda dosis de Sptunik V por 90 días y, en la actualidad, por periodos mayores de tiempo.
El Gobierno debe aclarar “las dudas que ellos mismos generan y explicar las medidas que están tomando para impedir la circulación de nuevas variantes, cuyos niveles de contagio son alarmantes”, señaló Najul.
“Parece que hay que recordarles que el frío llegó hace rato y la variante Delta provocó rebrotes en países con la vacunación mucho más avanzada que la Argentina. Hace semanas pedimos controles más estrictos en Ezeiza y seguimiento efectivo a las personas que ingresan”, recordó.
“Lamentablemente la ministra Carla Vizzotti genera más dudas que certezas. Es hora que aclare, sin titubeos, si la segunda dosis de la Sputnik V no es necesaria o, en su defecto, que muestre la documentación fundamentando que se puede postergar indefinidamente”, amplió Alfred Cornejo.
El pedido de informes lleva también las firmas de los diputados de Juntos por el Cambio Carmen Polledo, Karina Banfi, Gonzalo del Cerro, Federico Zamarbide, Ximena García, Mario Arce, Lidia Ascárate, Sebastián Salvador, Martín Berhongaray, Gerardo Cipolini, Gabriela Lena, Gustavo Menna y Luis Petri.
Roxana Reyes y Claudia Najul presentaron un proyecto referido a las vacunas Sinopharm y Sputnik V.
Las diputadas nacionales de la UCR Roxana Reyes (Santa Cruz) y Claudia Najul (Mendoza) solicitaron al Poder Ejecutivo Nacional, a través de un proyecto, que se respete y garantice el cumplimiento del intervalo de 21 días entre la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna Sinopharm. Además piden que se garantice la provisión de la segunda dosis de las vacunas Sputnik V, puesto las dosis tienen componentes diferentes.
“La decisión del Ministerio de Salud de la Nación de postergar la segunda dosis de la vacuna Sinopharm que se está utilizando en la República Argentina con el objeto de inmunizar rápidamente a mayor número de personas, no es una solución viable porque aún no hay evidencia científica que avalen este tipo de estrategia”, cuestionan las legisladoras.
Fundamentan el pedido en que la vacuna china demostró un porcentaje bajísimo de inmunización con la 1 sola aplicación (5%). Se sabe que esta vacuna de utilización en nuestro país, recién con la segunda dosis, a los 21 días, llegarían a superar el 50% mínimo requerido, y en algunos casos el 75%.
“La teoría que impulsan algunos, que aboga por la posibilidad de vacunar a más gente, pierde sentido porque esa gran cantidad de personas vacunadas con 1 dosis de Sinopharm, estaría expuesta al virus casi como si no se hubiera vacunado, con sólo el 5% de inmunidad”, sostienen.
Acompañan también este proyecto los diputados Gustavo Menna, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, José Riccardo, Gabriela Lena y Aída Ayala.
Se trata de la mendocina Claudia Najul, quien lo confirmó a través de las redes sociales.
La diputada mendocina Claudia Najul anunció este domingo que tiene coronavirus. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde señaló este domingo: “Tuve síntomas, me hicieron el hisopado y me diagnosticaron positivo de Covid”.
Agregó que está en su casa “con todos los cuidados necesarios” y apuntó: “Ni el calor ni el aire libre nos exime de cuidarnos. Cuidémonos y cuidemos a nuestros afectos”.
Con Najul, son dos las legisladoras radicales que confirmaron haberse contagiado a lo largo de este fin de semana, pues el sábado había sido el turno de la diputada nacional de la Ciudad de Buenos Aires Dolores Martínez.
La diputada radical Claudia Najul aclaró que el reclamo no busca “una ventaja política”, sino que lo fundamentó en “la credibilidad de la democracia”.
Ante la reunión concedida por Ginés González García a diputados en su despacho, prevista para este martes, la diputada nacional de Juntos por el Cambio Claudia Najul insistió en la postura de su interbloque respecto de que el ministro de Salud “debe ir al Congreso”.
“Es un funcionario de la democracia, y la casa de la democracia es el Congreso, donde conviven distintas miradas y están representadas cada una de las provincias y las diferentes expresiones sociales y políticas del país”, expresó la legisladora mendocina.
Para Najul, el funcionario debe concurrir al Parlamento “porque sus dislates, las dudas que siembra, son dudas que le deja a la democracia, y son inquietudes que la democracia no puede soportar eternamente sin explicaciones”.
En declaraciones periodísticas, Najul recordó que “cuando pedimos que el ministro de Salud de explicaciones, no lo hacemos porque busquemos una ventaja política, sino por la credibilidad de la democracia, que es el capital más preciado, y en medio de una crisis sanitaria de esta magnitud es un valor que no puede dilapidar el Gobierno de cara a la sociedad”.
“Si el ministro y el presidente no tienen nada que ocultar, si genuinamente el presidente quiere que esta crisis la enfrentemos todos juntos, con pluralidad de miradas, no puede negar que el funcionario más importante en materia sanitaria vaya al Congreso”, enfatizó Najul. Y agregó: “Viniendo al Congreso, Ginés da muestras de que en serio le importa el país, de que creen que la democracia es más que un sistema político, un sistema de valores, y demuestra que la crisis tiene una magnitud que requiere de todos”. Najul, que es secretaria de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja, concluyó diciendo: “Ojalá lo haga por el país, por su Gobierno, pero por sobre todo por todos los argentinos que necesitamos claridad, certezas y respuestas”.
Por Claudia Najul, En el marco del debate en el Senado, la diputada radical detalla las razones de la oposición de Juntos por el Cambio.
El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado de la Nación, comenzó a considerar la reforma judicial remitida por el Ejecutivo, con una serie de exposiciones de especialistas en la materia.
El radicalismo y la coalición Juntos por el Cambio ya dejaron sentadas las objeciones al proyecto del kirchnerismo. Creo que es importante profundizar por qué vamos a rechazar esta iniciativa que carece de dos condiciones imprescindibles cuando se trata de reformar un poder del estado: sentido de la oportunidad y un acuerdo sólido como sustento.
En el peor momento de la pandemia, con los sistemas sanitarios de varias jurisdicciones llegando al límite y el personal médico que no da abasto, el Gobierno decide encarar una reforma de la Justicia sin promover ningún canal de diálogo con las fuerzas políticas ni con la amplia familia judicial (gremios, jueces, fiscales, abogados, facultades de derecho).
Desde el comienzo, el presidente lesiona la trascendencia de semejante iniciativa renunciando explícitamente a dar los pasos necesarios para trazar una política de estado. A partir de allí se acumulan los problemas de una reforma que en realidad deforma, desordena y no soluciona los problemas reales que tiene la Justicia.
El sistema acusatorio del nuevo Código Procesal Penal es la primera víctima del proyecto de reforma. Por un lado, hablan de fortalecer el nuevo sistema -que funciona con muy buenos resultados en Salta y Jujuy- pero en los hechos crean más juzgados que fiscalías. No hay ningún atisbo de racionalidad detrás de la decisión de crear más juzgados penales federales, ya que la progresiva implementación de la Ley 27.150 requerirá un ordenamiento judicial distinto.
El traspaso de las competencias de la justicia ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es necesario y lo prescribe la Constitución del 94. Lamentablemente, lo que podría ser un punto de acuerdo seguro del proyecto, está resueltamente incompleto en la propuesta oficial. Se mencionan únicamente el traspaso de las competencias penales, contribuyendo a la desorganización de un escenario que pide a gritos coherencia y sensatez.
Esta reforma, cuyo costo aproximado rondará los $4.000 millones, en un país con las cuentas públicas en rojo y que emite moneda a un nivel sin precedentes, no resuelve los inconvenientes en el funcionamiento de la justicia, principalmente los del interior del país. Por citar un caso: la justicia federal en Mendoza tiene seis vacantes, ¿no habría que colocar jueces titulares en esos lugares, antes de crear nuevos juzgados? La Cámara Federal de Mendoza está asentada en la provincia, pero decide también sobre San Juan y San Luis. ¿Acaso no es más urgente acercar el servicio de justicia a esas jurisdicciones?
Como si fuera poco, una comisión de juristas elegidos a dedo -cuya composición, como mínimo, despierta suspicacias- entre otras tareas, evaluará a la Corte Suprema y la conveniencia de ampliarla. Tanto el presidente, cuando era un ferviente opositor al kirchnerismo, como la vicepresidenta, en su rol de senadora, avalaron el número actual de cinco miembros. Cualquier intento de sumar más integrantes significa, indefectiblemente, la búsqueda de impunidad y de una justicia adicta.
Aquí no hay voluntad alguna de garantizar la independencia y mejorar la eficiencia de un poder donde hace tiempo las cosas no funcionan. Prevalece el desorden, el oportunismo y la exploración permanente de artimañas que le asegure al Gobierno jueces y fiscales dóciles. No vamos a permitir un nuevo atropello a la República.
Claudia Najul es diputada nacional de la Unión Cívica Radical por Mendoza.
La diputada nacional radical presentó un proyecto para este sector sea incluido dentro del universo de beneficiarios. “Se han vaciado sus fuentes de financiamiento con la que pagan salarios e impuestos”, advirtió.
La diputada nacional Claudia Najul presentó un proyecto en el Congreso Nacional para que se incluyan dentro del universo de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia al personal de los clubes de barrio y de pueblo. Se trata de aquellas asociaciones civiles sin fines de lucro, que desarrollan actividades deportivas no profesionales y que facilitan la educación no formal, el fomento cultural, en otros objetivos.
Al respecto señaló que “los clubes son el primer y mayor espacio de contención de niños, niñas y jóvenes en los barrios, pero como consecuencia del aislamiento se han vaciado sus fuentes de financiamiento con la que pagan salarios e impuestos. El pago de la cuota social cayó estrepitosamente y en muchos casos debieron usar dinero pautado para obras para pagar salarios e impuestos. Otros gastos en muchos casos se costean con dinero de los mismos dirigentes”.
Actualmente todos los clubes están cerrados ya que no han sido eximidos para funcionar, como mucho, tienen abiertos sus buffets para mantener un pequeño ingreso de dinero y sus trabajadores se encuentran en serio riesgo de perder su fuente formal de trabajo, o por lo menos de no cobrar sus salarios con regularidad.
El monto de la ayuda de emergencia es de $10 mil pesos, el Gobierno lo otorgó por el mes de abril y se repetirá en el mes de mayo.
Por último, la legisladora radical hizo una referencia a la situación general que está viviendo el país: “Los argentinos han realizado un enorme esfuerzo en estos último dos meses y hemos logrado aplanar la curva de contagios. Por eso ahora necesitamos mitigar los efectos de la crisis en los trabajadores más desprotegidos, de allí nace este proyecto y el pedido urgente al Ejecutivo”, finalizó.
La diputada radical envió notas a la Corte Suprema, la Procuración y la Cámara de Casación solicitando que se reanuden las audiencias sea de forma remota o presencial.
La diputada nacional Claudia Najul (UCR), junto a otros legisladores de su bloque, envió notas a la Corte Suprema, a la Procuración General de la Nación y a la Cámara Federal de Casación Penal, requiriendo que se reactiven los juicios en trámite por causas de corrupción, de manera remota o incluso presencial, en el caso de que los tribunales crean posible implementar las precauciones sanitarias correspondientes.
Al respecto, la mendocina manifestó: “Desde la UCR apoyamos la recomendación de Casación para que se retomen los juicios de lesa humanidad y, en ese sentido, reclamamos lo mismo para aquellos en los que se están juzgando a procesados por corrupción, por quedarse con el dinero que debería estar en escuelas, hospitales y rutas”.
“Estamos transitando una crisis enorme, que va más allá del ámbito sanitario y nos afecta económica, social y humanamente. Es fundamental que la Justicia ponga lo que hay que poner y dé señales inequívocas a la sociedad de que quienes le roban al Estado incumpliendo sus deberes de funcionarios públicos, no pueden beneficiarse precisamente en estos tiempos de angustia e incertidumbre para millones de argentinos”, agregó la legisladora de Juntos por el Cambio.
