Para el diputado nacional Omar De Marchi, se trata de un “inexplicable privilegio” establecido directamente en el Presupuesto enviado por el Gobierno al Congreso. La empresa hoy está controlada en su mayoría accionaria por el Estado.
El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación y diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Mendoza, Omar De Marchi, calificó de “inadmisible “el privilegio para la empresa IMPSA -recientemente capitalizada por el Estado pasando a controlar la mayoría accionaria- que prevé el proyecto de presupuesto 2022 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación.
De Marchi sostiene que en el artículo 59 del próximo presupuesto, el Ejecutivo le otorga a la Empresa la facultad de no pagar derechos de importación y tasas de servicios varios, entre otros beneficios. “De manera inexplicable se favorece a IMPSA en el presupuesto enviado al Congreso. Se le otorga a la Empresa un privilegio que rompe la igualdad en el acceso a los mercados, teniendo prerrogativas que no tienen otras empresas del sector”, señaló con desagradable sorpresa el diputado por Mendoza.
De Marchi, señala el “privilegio” para IMPSA en el artículo 59 del presupuesto 2022 que recientemente se envió al Congreso. Alí se expresa: “Exímese del pago de los derechos de importación y de las tasas por servicios portuarios, aeroportuarios, de estadística y de comprobación, que gravan la importación para consumo de bienes de capital, partes, componentes, insumos, repuestos y/o bienes intermedios en la cadena de valor, destinados a la producción de obras de infraestructura en el territorio nacional y/o en el extranjero, que sean adquiridos por IMPSA S.A. (CUIT 30-50146646-4). Estas importaciones estarán también exentas de impuestos internos y del impuesto establecido por la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997, y sus modificaciones”.
Al mismo tiempo, Omar De Marchi remarcó que “el artículo 59 del presupuesto implica una burla al sector privado. El propio Estado reconoce que producir en un contexto de acoso fiscal es imposible y se auto genera un privilegio que niega a otras empresas. Es escandaloso”.
“Si hubieran tratado a IMPSA cuando estaba totalmente en manos de la familia Pescarmona de la manera en que hoy la tratan, otra hubiera sido la historia. Sin embargo hicieron todo lo contrario, asfixiaron y extorsionaron hasta quedarse con la compañía, y ahora la sostienen con los impuestos de todos”, aseguró De Marchi.
“Es inaceptable este privilegio. Delata intereses ocultos en la gestión de IMPSA, haciendo que todos los argentinos, con sus impuestos, sostengan a una empresa que aparece como inviable en condiciones de igualdad de trato con otras compañías”, concluyó el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados.
Un diputado radical solicita que el PEN informe las condiciones ambientales para la adjudicación de la obra hidroeléctrica. La incidencia de la estatización de IMPSA.
El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR – La Pampa) presentó un proyecto solicitando al Gobierno que informe cuáles son las medidas adoptadas para garantizar la imparcialidad del Poder Ejecutivo Nacional para resolver sobre las condiciones ambientales indispensables para la adjudicación de la obra hidroeléctrica de Portezuelo del Viento al único oferente (Sinohydro Corporation, IMPSA, CEOSA y Obras Andinas UTE), respecto de la cual el Estado Nacional integra en condición de accionista mayoritario de IMPSA (Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima).
También quiere saber “si se ha considerado la posibilidad, en atención a la calidad de socio mayoritario que el Estado Nacional ha asumido en IMPSA, de determinar el retiro de esa empresa del consorcio oferente de Portezuelo del Viento, a fin de mantener la imparcialidad necesaria al PEN para arbitrar eventuales conflictos interprovinciales”.
Además “si se ha tenido en cuenta que, como consecuencia del papel asumido por Mendoza en la empresa de la que el Estado Nacional ha devenido socio mayoritario, dicha provincia ha pasado a ser, de modo simultáneo con la calidad de controlante de la obra hidráulica, si ésta finalmente se materializa, parte del consorcio controlado”.
Por último, “si el PEN ha tomado conocimiento de las presunciones planteadas acerca de la existencia de sobreprecios en la oferta económica relacionada con la construcción de la represa de Portezuelo del Viento, y si ha adoptado providencias acerca de esa situación”.
El diputado Berhongaray afirmó que “es sabido que con la adquisición 63,7% del capital accionario de IMPSA, en sociedad con la provincia de Mendoza, que ha adquirido 21,2%, el Estado Nacional se ha transformado en integrante del consorcio adjudicatario, pues es el único oferente, de la licitación de la represa hidroeléctrica multipropósito de Portezuelo del Viento, pieza central del sistema hídrico del Río Colorado”.
Agregó: “Así ha perdido la imparcialidad para decidir la realización final de esa obra incluso, para definir la realización de un estudio integral de impacto ambiental, requerido por cuatro de las cinco provincias ribereñas de ese sistema”.
“La anterior administración -a la cual la provincia de La Pampa dirigió un pedido de arbitraje presidencial- había archivado ese pedido, resolución que fue dejada sin efecto por la actual administración, que dispuso la discusión de ese impacto en el ámbito del Consejo de Gobierno del Comité de Cuenca del Río Colorado, que preside el Ministro del Interior, y en esa discusión se resolvió el estudio aludido”, explicó.
Remarcó que “su nueva condición de socio mayoritario –en sociedad con la única provincia interesada en la represa, que además se opone a la realización del mencionado estudio- de una empresa que integra el consorcio presumiblemente adjudicatario confiere al Estado Nacional, interés patrimonial directo en la ejecución del emprendimiento. Por añadidura, el origen de los fondos con que la provincia de Mendoza paga la parte de contado de esa adquisición es un Adelanto del Estado Nacional (ATN)”.
“En tales condiciones, no es razonable presumir que la protección ambiental requerida sea defendida adecuadamente por las autoridades nacionales bajo cuya responsabilidad se encuentra esa defensa”, explicó Berhongaray.
Señaló que “el PEN debe requerir información para determinar si la decisión de capitalizar a la empresa mencionada, y apoyar financieramente a Mendoza para que haga otro tanto, con el propósito de mantener activa una industria estratégica en materia tecnológica, tuvo en cuenta la condición de virtual adjudicatario de la obra antes referida, y la eventual colisión con el carácter de garante de la protección ambiental que la Constitución le asigna”.
Agregó que “el consorcio oferente integrado por IMPSA está envuelto en estas semanas en un conjunto de interrogantes planteados por la prensa especializada, resultante de los por demás elevados precios que ostentan sus propuestas económicas presentadas en el marco del proceso licitatorio de la obra, los que superarían holgadamente el presupuesto oficial de ésta”.
“Esa situación habría sido advertida por las autoridades de Mendoza, la que requirió formalmente al oferente una mejora de la oferta, y estableció asimismo que ésa deberá contener un análisis o fundamentación pormenorizada de la nueva propuesta”, concluyó el legislador pampeano.
Destacó la iniciativa del Gobierno nacional y mendocino para capitalizar a la tradicional empresa de tecnología e infraestructura energética. En mayo del año pasado Vallejos había propuesto que el Estado asuma la capitalización de grandes empresas a cambio de evitar su quiebra, en el marco de la crisis por la pandemia.
La diputada nacional Fernanda Vallejos destacó la capitalización del Estado nacional y mendocino de IMPSA, emblemática empresa de tecnología e infraestructura energética. “¡Este es el camino! Celebro la decisión del Estado nacional y provincial de avanzar en la capitalización de IMPSA”, sostuvo la legisladora, quien en mayo del año pasado, en medio del primer impacto de la pandemia en la economía, había propuesto la capitalización del Estado de las compañías en dificultades económico-financieras.
Vallejos se pronunció tras el acto en el que el presidente Alberto Fernández oficializó la medida desde las instalaciones del Centro de Desarrollo Tecnológico de la compañía, en el municipio de Godoy Cruz, provincia de Mendoza.
La presidenta de la Comisión de Finanzas había planteado en mayo del 2020 la idea de que el Estado participe en las acciones de grandes empresas a cambio de su salvataje. “Si el Estado decide subsidiar a grandes grupos, sería razonable, como lo han hecho antes y lo están haciendo ahora las economías más desarrolladas, que lo haga no como un regalo a esas empresas, sino a cambio de una participación en el capital de las compañías”, afirmó en aquel momento.
Un año después, el Estado nacional argentino capitalizó IMPSA a través de una inversión de 1.362,9 millones de pesos, que se suma a los 454,3 millones de pesos que destinará la provincia de Mendoza. El gobierno nacional remarcó que esto permitirá preservar años de inversión en el desarrollo de tecnología y en formación del capital humano, además de garantizar la continuidad de más de 720 empleos y el trabajo a más de 100 PyMEs mendocinas.
De este modo, el Estado nacional se transforma en el principal accionista con el 63,7 por ciento del total, mientras que el Estado mendocino participará con el 21,2 por ciento. El restante 15,1 por ciento permanecerá en manos privadas: un 9,8 por ciento correspondiente a las acciones al fideicomiso de acreedores y el otro 5,3 por ciento para el fideicomiso de la familia fundadora.
En funcionamiento desde 1907, IMPSA es una empresa estratégica para el desarrollo nacional, ya que exporta el 85 por ciento de su producción y tiene presencia en más de 40 países en generación de equipamiento para la industria de oil y gas y de la energía hidroeléctrica, nuclear, eólica y solar fotovoltaica.
