El diputado nacional Manuel Aguirre (UCR – Corrientes) presentó un proyecto de ley por el cual propone la eliminación de las retenciones al trigo y la implementación de certificados de libre disponibilidad pago de Derechos de Exportación de Soja y Maíz con el objetivo de dar “un impulso necesario para fortalecer la producción nacional y contribuir al desarrollo económico del país”.

La propuesta contempla la eliminación de los Derechos de Exportación para el trigo a partir del 1 de enero de 2024, así como la implementación de un Certificado de Libre Disponibilidad para la Soja y el Maíz, “lo cual ha despertado un gran interés y expectativa en la comunidad agroindustrial”.

El legislador resaltó la importancia de brindar certidumbre a los productores y de apoyar el crecimiento del sector agropecuario: “Es fundamental eliminar las retenciones en el trigo para mejorar los márgenes de los cultivos invernales y fomentar la inversión tecnológica, lo cual beneficiará a toda la cadena productiva”.

El proyecto también propone la creación de un mecanismo innovador a través del Certificado de Libre Disponibilidad, que permitirá a los contribuyentes utilizar el 50% de los montos recaudados por los Derechos de Exportación como saldos de libre disponibilidad para el pago de obligaciones impositivas.

Esta medida busca aliviar la carga fiscal sobre los productores y facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, promoviendo así un ambiente más propicio para la inversión y el crecimiento sostenible del sector agropecuario.

“En un contexto donde la incertidumbre climática y los desafíos económicos han puesto a prueba la resiliencia del sector agropecuario, esta propuesta legislativa representa un paso significativo hacia la consolidación de un entorno favorable para el crecimiento y la prosperidad de los productores argentinos”, argumentó Aguirre.

El dato saliente de la Asamblea Legislativa del viernes pasado fue el anuncio presidencial sobre la convocatoria a lo que denominó el “Pacto de Mayo”, que incluye diez políticas de Estado que constituirían un nuevo contrato social y que sería firmado tras la sanción de la ley Bases y un paquete de alivio fiscal para las provincias.

Ese alivio es un reclamo de las provincias que haría frente al agujero que dejó en sus finanzas dejar de percibir la parte coparticipable del impuesto a las Ganancias, que dejaron de tener a partir de la norma impulsada por Sergio Massa el año pasado y transformado en ley antes de las elecciones.

En el marco de su visita a Expoagro, el ministro del Interior, Guillermo Francos contó sobre la reunión del viernes en Casa Rosada que “vamos a comenzar a hablar con los gobernadores. Hablaremos con algunos primero, con otros después, dependiendo de cuáles sean las agendas”.

“Este gobierno fue elegido por el pueblo. Por lo cual podremos conversar y tener diferencias, pero quizás también podemos encontrar una forma de mirar el futuro en conjunto, y cada uno poner lo mejor que tenga para ayudar a los argentinos que la están pasando mal”, expresó el funcionario, que agregó sobre  las negociaciones y el Pacto de Mayo que “es una cuestión natural que en las conversaciones con los gobernadores, como muestra de buena voluntad recíproca hacia un pacto, tratemos los temas que a cada una de las partes les interesa”.

“Los gobernadores están preocupados por su situación fiscal a partir del recorte que se hizo durante la gestión anterior por el famoso tema del impuesto a las Ganancias y la Nación también está interesada en algunas normas que estaban dentro de la Ley Bases y que nosotros consideramos necesarias para acelerar el proceso de crecimiento de desarrollo de la argentina”, agregó el funcionario.

El proyecto

Cabe recordar que el Ejecutivo ya envió al Congreso en su momento el proyecto que reemplaza Ganancias. Fue el 24 de enero pasado, en pleno debate de la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y ese día se publicó en el Boletín Oficial el proyecto de ley que modificaría la Ley de Impuesto a las Ganancias en la cuarta categoría, que modifica la iniciativa que en septiembre del año pasado modificó el tributo del pago de Ganancias. Habrá que ver si el texto que vaya a ser puesto ahora a consideración es el mismo o sufre alguna modificación.

Con las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el presidente Javier Milei, el texto destaca la “grave crisis económica y fiscal que afecta seriamente el funcionamiento del Estado nacional” que atribuye a “las sucesivas políticas en materia fiscal adoptadas en las últimas décadas”.

“En lo que respecta específicamente a la crisis fiscal, su causa se encuentra en el desbalance de las cuentas públicas del Estado nacional que, en forma recurrente y continua, ha realizado erogaciones por encima de sus ingresos”, señala el texto que alerta sobre el agravamiento de la situación en materia impositiva en los 4 meses anteriores al 10 de diciembre de 2023 por la administración que concluyó su mandato en esa fecha”.

Destaca que aquella modificación que los propios presidente y vice votaron en el Congreso “han tenido como consecuencia directa una merma de los recursos fiscales, elevando los ya altos niveles de déficit existente, hecho que dificulta el desarrollo del proceso de saneamiento de las cuentas fiscales que se ha iniciado el pasado 10 de diciembre de 2023”.

Destaca que el proyecto que se remite tiene por finalidad recomponer los ingresos fiscales eliminados entre los meses de agosto y diciembre de 2023, específicamente en lo referido al Impuesto a los Ingresos Personales (cuarta categoría del Impuesto a las ganancias). “Al respecto, no cabe duda de que el impuesto a las ganancias es el tributo de mayor progresividad del entramado fiscal argentino, ya que toma como base para su determinación las ganancias netas que todo contribuyente obtiene, por oposición a otros tributos que, de manera regresiva, imponen cargas fiscales homogéneas a distintos contribuyentes sin tomar en cuenta su situación particular”, precisa el texto, que destaca que el proyecto remitido “tiene por finalidad restablecer el equilibrio dentro del esquema de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019 y sus modificaciones, contando con un Capítulo referido al Impuesto a los Ingresos Personales que abarca a aquellos sujetos que evidencian una capacidad contributiva suficiente para ser alcanzados por el tributo, respetando siempre la progresividad que es el principio rector de la norma”.

“Dadas las altas alícuotas a las que tributan dichas empresas (que van del 25 % al  35 %, se puede fácilmente apreciar que de no gravarse en cabeza del sujeto receptor de pagos deducible el respectivo impuesto a las ganancias, la pérdida de la recaudación será excesiva”. Destaca el proyecto en su fundamentación que “el Estado nacional entiende y reconoce que el sujeto gravado sobre sus ingresos personales debe estar sujeto a un régimen de tributación especial que efectivamente reconozca su capacidad contributiva individual y las circunstancias de su caso particular. Al no tratarse el contribuyente de una empresa, se debe crear un régimen que tome en consideración su especial situación individual e imponga una carga acorde a sus circunstancias”.

De esta manera, se propone modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias, para que, en el marco del denominado “Impuesto a los Ingresos Personales”, se prevea un esquema de alícuotas progresivas y el cómputo de deducciones personales que permita de esta forma al Estado nacional recomponer los ingresos perdidos por la política fiscal adoptada en forma previa al mes de diciembre de 2023, sin dejar de lado los elementos rectores del tributo en cuestión: la valoración de la capacidad contributiva de cada contribuyente en particular y la progresividad del tributo para que, mientras mayor sea el resultado económico de un contribuyente, mayor sea su contribución”.

Según el texto, el nuevo mínimo no imponible alcanzará la suma de $2.360.829. El Impuesto a los Ingresos Personales será pagado por aquellos contribuyentes solteros que tengan ingresos brutos mensuales superiores a $1.250.000. Los trabajadores casados, con dos hijos, no pagarán a partir de salarios de $1.590.062.

Se estima que 800 mil personas volverán a pagar el gravamen a partir de los nuevos valores.

Francos se manifestó “muy optimista” 

“Hay una predisposición muy marcada de los gobernadores de tratar de avanzar hacia este acuerdo, hacia este Pacto de Mayo que propone el presidente, como así también a superar esta instancia inicial del mes de febrero donde no tuvimos el acuerdo para avanzar en ambos temas”, remarcó el ministro del Interior este martes.

Al respecto, dijo ser “muy optimista en la posibilidad de que en esta oportunidad podamos avanzar en ambos temas y podamos darle contenido también a estos 10 puntos básicos que estableció el presidente en su discurso que podrá ser incrementado, agrandado, complementado por las propuestas de los distintos actores de la política, gobernadores, legisladores, líderes partidarios en el camino hacia esa fecha.

Consultado sobre el tema de las retenciones, Francos dijo que “el presidente tiene una idea absolutamente contraria al sistema de retenciones que está establecido hoy en la Argentina, más allá de claramente las dificultades económica y financiera que atraviesa el país y que exigen que por ahora se mantengan. Pero yo sé que en su cabeza permanentemente está la idea de ver cómo liberar a la producción de todos estos frenos que tiene y que no le permiten desarrollarse en plenitud”.

El senador nacional Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza – Formosa) se expresó en contra de las retenciones -tema muy cuestionado en la ley ómnibus que se debate en Diputados- y señaló que “deben desaparecer de la Argentina”.

En diálogo por CNN radio, el oficialista expresó: “Hasta que logremos el déficit cero hay que hacer un esfuerzo de la sociedad”.

Sobre el camino de la Ley Ómnibus, Paoltroni sostuvo que por ahora sigue “desde afuera la negociación de Diputados hasta que llegue al Senado. Con estos arreglos y buscando estos consensos necesarios, más allá de que uno no esté de acuerdo con ciertas cosas, es el verdadero juego de la democracia el consenso y con el sano debate de ideas participativo con muchos sectores para que expongan e ir logrando los cambios tan necesarios para el país”.

“Consenso y debate de ideas significa más simpático para Manuel (Adorni, vocero presidencial) y el resto del equipo que la negociación”, expresó, y comentó que “el problema de base que tenemos es que hay que desregular a una economía enferma y es muy difícil ponerse de acuerdo porque todo el mundo se mira el ombligo. Si empezas a tocar a quién sí y quién no, es cada vez más profundo”.

“Las retenciones están mal para todos señores, no es que para unos sí, para otros es poco y para otros no. Las retenciones tienen que desaparecer de la República Argentina. El primero que está en contra de las retenciones soy yo…”, aclaró.

Así, recordó que “hace 20 años que tenemos retenciones en estas actividades y no permitió que se desarrolle la agricultura en Formosa. Son pésimas las retenciones a mi provincia le produjo el empobrecimiento permanente. No podemos entrar en esa discusión, está mal para todos, pero tenemos que lograr el déficit cero es un objetivo a largo plazo”.

Según Paoltroni, “acá se toca a todos los sectores. No estaba de acuerdo con que se les saquen las retenciones a las economías regionales y entras en el debate de para quién es justo y para quién. Hasta que logremos el déficit cero hay que hacer un esfuerzo de la sociedad”.

“Hasta que no tengamos moneda, la economía no va a arrancar. La discusión es al revés: logremos el objetivo fiscal y empezamos a bajar las retenciones hasta que desaparezcan”, acotó el senador de LLA.

Finalmente, al referirse a los principales actores de la movilización del miércoles 24 de enero en contra del gobierno, lanzó: “Esta gente va a hacer lo imposible para que este gobierno se caiga”, y apuntó: “Mañana marcha la casta y algún confundido puede haber”, pero consideró que “son privilegiados” los que estarán en la manifestación de la CGT.

En la tercera jornada con invitados de la sociedad civil en el plenario de comisiones que debate la ley ómnibus, Juan Carlos Novaira, de la Cámara Argentina del Maní, pidió que “se revean los derechos de exportación a las economías regionales”. 

“Nos sorprendió el hecho de querer volver a instalar los derechos de exportación para la economía regional, que se ha desarrollado sin amparo del Estado”, señaló y afirmó: “Coincidimos con el diagnóstico del Gobierno en cuanto a la reducción del déficit fiscal, la inflación nos pega y nos pega duro, pero sentimos que no se puede hacer a cualquier costo”. 

Sobre este sector, detalló que “el 90% de lo que producimos lo exportamos, somos el principal proveedor de maní de la Unión Europea, a donde van el 65% de nuestras exportaciones”. Respecto al consumo interno, “no tenemos la cultura de consumir maní, si bien en los últimos años se ha dado un incipiente consumo de pasta de maní”. 

Esta economía, que se realiza en Córdoba, La Pampa, San Luis y el sur de Santa Fe, “se ha desarrollado por más de 50 años, trabajando de manera proactiva, básicamente porque miramos el mercado externo y eso hace que compitamos con Estados Unidos, China, India y Nicaragua”, destacó Novaira. 

Y agregó: “Cada vez que hablamos de derechos de exportación nos pega en la competitividad y tenemos que hacer un doble esfuerzo para poder mantener la posición de liderazgo que hoy tiene Argentina”.

Durante la quinta jornada de debate de la ley ómnibus, Manuel Chiappe, de la Fundación Barbechando, advirtió por la suba de retenciones que plantea el proyecto y sostuvo: “Es un pésimo impuesto. Los derechos de exportación empobrecen a las provincias, ya que no son coparticipables. Son menos hospitales, menos rutas y menos escuelas rurales”.

Además, explicó que “no contribuyen a bajar el precio de los alimentos de la mesa de los argentinos” ya que, por ejemplo, “en el caso del pan representan menos del 1% del tributo”. “Nos saca competitividad, exportamos a 155 países y somos uno de los pocos que tiene derechos de exportación. Daña al productor, porque se aplica sobre el precio, gane o pierda y no se aplica sobre la rentabilidad”, continuó. 

En este sentido, el expositor señaló que “los precios no bajan cuando aplicamos derechos de exportación, sino que bajan cuando hay rentabilidad, esa rentabilidad se convierte en mayor inversión, esa mayor inversión se convierte en mayor productividad y termina siendo mayor oferta de alimentos que sí hace bajar el precio”.  

“Al momento de legislar les pedimos que lo hagan pensando en los habitantes de sus provincias; a todos ellos impactan los derechos de exportación”, resaltó y expresó que “aunque el corto plazo lo requiera, no los ahoguemos, porque nos hundimos todos”. 

Chiappe pidió cambiar “ese impuesto por mayor producción, el campo está dispuesto a poner el hombro”. “Las PyMEs son más del 99% de las empresas de nuestro país, siete de cada 10 empleos son generados por las PyMEs, dan una respuesta productiva rápida y federal, celebramos el artículo 641 con el régimen de incentivos a las grandes inversiones, pero les pedimos que incluyan en eso a las PyMEs”, sugirió en otro tramo y lanzó: “No seamos adictos a la macro, veamos también la microeconomía”. 

El representante de Barbechando solicitó a los legisladores que “no deleguen sus facultades indiscriminadamente. Si la urgencia lo exige, que sea puntual y acotado, seis meses, un año, pero no para darle potestad al Poder Ejecutivo para que suba los derechos de exportación que empobrecen a nuestras provincias”.

Y llamó también a “buscar la manera de acotar dicha imposición a soja, maíz y trigo por un período definido, con un programa explícito e improrrogable de reducción hasta su total eliminación, mientras se vayan logrando objetivos fiscales”. 

Biocombustibles 

En su participación en el plenario de comisiones que debate la ley de “bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, Víctor Castro de la Cámara Argentina de Biocombustibles se mostró a favor de las modificaciones a la legislación que regula el sector. “Argentina es un gran jugador mundial en biodiésel, pero viene perdiendo participación todos los años porque los países hacen crecer sus mercados internos con materia prima local. En 10 años se duplicó la producción global de biodiésel, mientras que en Argentina se redujo un 35% debido al marco regulatorio retrógrado que tenemos”, sostuvo. 

En esa línea, señaló que “el mundo tiene políticas de Estado con corte creciente, pero con libre competencia entre plantas de producción de biodiésel y petroleras, mientras Argentina está en el camino contrario desde hace más de 10 años”. A continuación, Castro cuestionó la ley sancionada en 2021 que redujo de 10% a 5% el corte obligatorio de biodiésel, “limitando inversiones y dejando fuera del mercado interno a todas las plantas exportadoras”. 

Actualmente, “más de la mitad de la producción de biodiésel tiene prohibido abastecer y competir, encareciendo el valor y reduciendo la cantidad de empresas que participan en el mercado interno”. “Tenemos un complejo agroindustrial altamente competitivo y no lo estamos aprovechando”, agregó. 

Por eso, sostuvo que apoya “los mecanismos de competencia introducidos en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo” que “abre un camino de crecimiento el biodiésel, al adoptar un corte como en Brasil, de 15% para 2026”. “Establecemos por fin un horizonte de crecimiento para nuestra industria con un marco regulatorio más moderno, eficiente, sustentable; eliminando focos de conflictividad y discrecionalidad”, destacó. 

No obstante, observó que el proyecto también “alenta el desarrollo y crecimiento de energías renovables, pero por otro lado sube retenciones al aceite de soja que es la materia prima central, por lo que va a generar una caída de producción de aceite y eso podría impactar en el suministros”. 

Por el contrario, desde la Cámara de Empresas PyMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, Tomás Lorda consideró que “la ley ómnibus, tal cual está, para nuestro sector PyME directamente es nuestro certificado de defunción. Las PyMEs de biodiésel no fuimos preparadas para competir; el Estado argentino nos creó de esa manera, para que nos localicemos en el interior y pongamos plantas pequeñas”. 

“El sector aceitero, que es quien nos vende la materia prima, es también nuestro competidor y quien a partir del nuevo proyecto de ley podría entrar a abastecer al mercado interno”, explicó, con lo cual aseguró que “competir con nuestro propio proveedor será inviable”. “Establecería dos segmentos dentro del biodiésel para que las grandes compitan por un lado y las PyMEs por otro. Pero esto que suena como que sería la solución, nosotros seguimos quedando afuera, porque las PyMEs no podemos competir entre nosotros”, insistió y sumó que “las plantas que terminarían cerrando serían las más chicas y más alejadas del puerto, contrariamente a la ley original”. Pidió entonces que “se siga creciendo pero sin destruir lo anterior”.

En el mismo sentido, por la Cámara de Biocombustibles de la Unión Industrial de Santa Fe, Marcelo Kusznierz reveló: “Hemos logrado en una semana revertir ocho artículos que estaban presentados en este proyecto, que pretendían una sentencia de muerte para las PyMEs del sector. Pero esto no es suficiente”. “Visitamos a todos los bloques políticos, hemos tenido una recepción muy importante”, valoró, pero reclamó que “abran el debate para mejorar lo que falta mejorar”. 

Pesca

Otro de los puntos por los que hubo representantes invitados fue por la reforma sobre la Ley de Pesca, un tema que los gobernadores patagónicos han salido a rechazar y desde el Gobierno se mostraron dispuestos a retirar. 

Agustín de la Fuente, de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), confesó: “Nos sentimos muy sorprendidos sobre la modificación y derogación de algunos artículos que afectan esencialmente el entramado de una estructura que funciona muy bien”. Habló de que en este sector “continuamente se viene aggiornando la legislación y se vienen tomando medidas de sustentabilidad, de cuidado de recursos, de trazabilidad. Somos destacados en el mundo por uno de los caladeros más cuidados”. Sobre lo propuesto en la ley, señaló que “afecta a nuestra economía, al sentido exportador” y cerró: “Creemos que si esto avanza puede ser un gran error”.  

Desde Intercámaras de la Industria Pesquera de Argentina, Eduardo Boiero enfatizó que “las economías regionales no resistimos un 15% de derechos de exportación, algo que afectará fundamentalmente la producción de productos con valor agregado y nos lleva a tener que volver a exportar materias primas”. “El sector pesquero tiene sus costos muy dolarizados; no tenemos una renta que nos permita afrontar eso”, añadió. 

Además, pidió que “se elimine todo el capítulo” de reforma del Régimen Federal Pesquero, el cual tuvo “un consenso que hasta el día de la fecha se mantiene; no existe una conflictividad en el sector respecto a la Ley de Pesca”. “El Consejo Federal Pesquero tiene amplias facultades para resolver cualquier cuestión que se plantee”, siguió. 

Boiero opinó que los cambios planteados en el proyecto “parten de un grave error o un desconocimiento del sector: permitir una licitación internacional, permitir buques de bandera extranjera, permitir descargas en puertos extranjeros, permitir el uso de tripulantes extranjeros, no sólo acabaría con la industria pesquera, sino que representa una pérdida de soberanía para el país”. 

Retenciones

En nombre de CONINAGRO, Silvina Campos Carles sostuvo que “derechos de exportación en economías regionales son menos ingresos en forma directa, menores ingresos dentro de una cadena de valor que se distribuye de manera distinta” lo cual “restringe la competitividad de las cadenas”. 

“Cuando cambian los derechos de exportación en conjunto con una devaluación se modifica la estructura de ingresos y costos con dinámicas totalmente distintas. En general los efectos de la devaluación se modifican en el corto plazo, en cambio los derechos de exportación quedan. Un nivel de 15% deja muchas actividades afuera”, apuntó. 

A su turno, Gastón Utrera, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba, aseveró que “las exportaciones de manufacturas de origen industrial no resisten la combinación del 15% de derechos de exportación y 17,5% de impuesto PAIS”, por lo cual “el Estado nacional no podrá recaudar lo que pretende recaudar a través de esos tributos”. 

“Es necesario recalibrar esos tributos para que efectivamente pueda recaudar y para que el sector pueda exportar, mantener empleos y contribuir a la actividad económica en el momento en que el plan económico más lo va a necesitar”, subrayó y solicitó “reducir la alícuota que establecen los artículos 200 y 201, con una excepción para las manufacturas de origen industrial”. 

La Oficina de Presupuesto del Congreso elaboró un primer informe donde aborda aspectos del proyecto de ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que incluye un conjunto de iniciativas con impacto sobre la recaudación tributaria nacional y/o sobre su distribución.

El informe fue pedido por los propios legisladores y con el objeto de brindar una respuesta lo más rápida posible presentaron una descripción y costeo –en los casos en que ello fue posible- de las medidas cuyo análisis ya pudo ser completado.

Veremos aquí el capítulo referido a los derechos de exportación, cuestión que abarca desde el artículo 200 al 207. Es una amplia modificación de las alícuotas referidas a retenciones.

En el informe se observa que las principales diez secciones del Nomenclador Común del Mercosur (NCM) explican más del 90% de la recaudación de derechos de exportación, siendo las principales en la sección 23 del NCM (que incluye los subproductos de soya), la 10 (cereales) y la 15 (que incluye el aceite de soja y de girasol).

Si bien en 2023 la recaudación de los capítulos vinculados a la agroindustria se vio afectada  negativamente por la sequía, estos mantuvieron una participación muy elevada en el total de recaudación de derechos de exportación.

 

Derechos de exportación por sección del NCM, % del total

Sección	Descripción	2022	2023
23	Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales.	37,6%	27,0%
10	Cereales	11,1%	18,1%
15	Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento; grasas alimeticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal.	19,3%	12,5%
12	Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales, paja y forrajes.	12,2%	10,7%
27	Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas, ceras minerales.	4,3%	7,6%
2	Carne y despojos comestibles.	2,8%	5,3%
71	Perlas naturales (finas) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaque) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas.	1,5%	3,7%
3	Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.	0,7%	2,0%
38	Productos diversos de las industrias químicas.	3,2%	1,9%
87	Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios.	0,8%	1,6%
–	Resto	6,6%	9,7%
			FUENTE: AFIP

Descripción del articulado

En términos generales, el proyecto de ley eleva al 15% la alícuota de derechos de exportación de aquellas mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias del NCM que actualmente estén gravadas con alícuotas inferiores a ese guarismo (incluyendo los casos en que actualmente no estuvieran gravadas). Para aquellos casos en que la alícuota vigente supere el 15%, no se introducen modificaciones (arts. 200, 201 y 203).

Se plantean los siguientes casos diferenciados:

1. Los subproductos de soja que actualmente estén gravados al 31% pasarían a tributar derechos de exportación a una alícuota del 33% (art. 202).
2. Se mantienen las alícuotas vigentes para hidrocarburos y minería (art. 204).
3. Se fija en 8% la alícuota para las mercaderías del complejo vitivinícola y el aceite esencial de limón (art. 205).
4. Se fija una alícuota del 0% para los siguientes complejos: olivícola, arrocero, cueros bovinos, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana (art. 206).

Por su parte, el artículo 207 otorga al Poder Ejecutivo Nacional la facultad, previo informe técnico del Ministerio de Economía, de reducir hasta el 0% todas las alícuotas, y de elevarlas siempre que no se supere el 15%. La facultad sería delegada hasa el 9 de diciembre de 2027.

 

Impacto fiscal

El cuadro que se ve a continuación refleja el impacto estimado de las modificaciones propuestas a los derechos de exportación. El cálculo de la OPC fue realizado tomando como base la estructura de exportaciones de 2022, ya que se considera que 2023 es poco representativo debido a los efectos de la sequía. En función del nuevo esquema de alícuotas y de la estructura de las exportaciones de 2022 se estima que algunas de las secciones que más podría aportar al aumento de la recaudación ya se encuentran entre las que más derechos pagan:; 10 (cereales), 15 (grasas y aceites animales y vegetales) y 23 (incluye subproductos de soja). Otras secciones que hoy tiene un aporte relativamente bajo a la recaudación de derechos de exportación venían incrementada sustancialmente su contribución como la 87 (incluye vehículos automotores y autopartes), al pasar de tributar alícuotas de entre 0% y 4,5% a 15%.

Del NCM que más podrían aportar al incremento de la recaudación de derechos de exportación son la 87 (incluye vehículos automóviles y autopartes), la 10 (cereales), la 15 (grasas y aceites animales y vegetales), la 2 (carnes y despojos comestibles) y la 23 (incluye subproductos de soja), aunque con un elevado grado de atomización.

 

Impacto estimado de los artículos 200 a 206, año 2024, % del PIB

Concepto	Situación vigente	Proyecto de ley	Diferencia
Recaudación	1,29%	1,71%	0,42%
Distribución	1,29%	1,71%	0,42%
AFIP	0,02%	0,03%	0,01%
Tesoro Nacional	1,26%	1,67%	0,41%
			FUENTE: OPC

La Oficina de Presupuesto del Congreso pide tener presente que la recaudación de derechos de exportación es muy sensible a cuestiones administrativas que, en el caso de los productos que requieren Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE), tienden a generar una disociación entre las exportaciones físicas y el correspondiente derecho. En este ejercicio se tomó como base las exportaciones informadas por INDEC en 2022, pero éstas pueden diferir -en algunos casos, de manera sustancial, cuando hay fuertes procesos de adelantamiento de la registración de mercadería para exportar- de aquellas que definen la recaudación de derechos de exportación. Desde ese punto de vista, el costo informado en el cuadro recientemente citado debe ser interpretado más como una aproximación al orden de magnitud del impacto de la medida que a una proyección de recaudación.

El diputado nacional Oscar Agost Carreño (Hacemos Coalición Federal) cuestionó la suba de retenciones prevista en el proyecto de ley de bases y principios para la libertad de los argentinos, más conocida como ley ómnibus, enviada por el Poder Ejecutivo.

El cordobés observó que “la imposición del 15% de retenciones a las exportaciones de proteínas vegetales, incluido para el debate en el Congreso en la ley ómnibus, es un error estratégico”.

En ese sentido, el legislador aseguró que esa imposición “disminuye la inversión y la competitividad, generando incertidumbre entre las PyMEs, que impulsan un sector de alto valor agregado y contribuyen al crecimiento económico regional”.

“Se vería gravemente afectada la actividad manisera de Córdoba, que ha posicionado al maní en el mundo y volviéndose competitiva por desarrollar una industria altamente tecnificada, generadora de empleo y una pujante economía, sostén de muchos pueblos del interior”, agregó.

Y continuó: “Datos relevantes subrayan la importancia de esta industria en Argentina, que representa más de 12.000 puestos de trabajo, mayoritariamente en Córdoba. El 90% de la producción de maní se exporta a más de 106 países, destacando su contribución significativa a la economía nacional”.

En ese sentido, Agost Carreño resaltó la necesidad de reconsiderar estas retenciones para preservar la vitalidad de estos sectores clave para el país.

Una de las principales distorsiones que cobija el sistema tributario argentino son los regímenes de pago anticipado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos que actúan mediante retenciones sobre pagos hechos con transferencias bancarias, tarjetas de débito y crédito y billeteras virtuales. Estos regímenes promueven el uso de dinero en efectivo ya que aumentan los costos del uso de dinero digital. Además de incentivar un mecanismo de pagos muy ineficiente, lo más dañino es que generan evasión impositiva, advierte el Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA).

La ley ómnibus aborda este importante tema en el artículo 213. La intención sería eximir de las retenciones bancarias a los contribuyentes más pequeños. El planteo es parcial ya que beneficiaría a un universo relativamente bajo de contribuyentes. Es decir que dejaría gran parte del perverso esquema de retenciones bancarias activo. La segunda debilidad importante es que son altas las probabilidades de que las provincias, que usan intensamente las retenciones bancarias para recaudar Ingresos Brutos, cuestionen el artículo.

Para entender la posición de las provincias respecto a las retenciones del Impuesto a los Ingresos Brutos sirve analizar la importancia que dichas retenciones tienen para las finanzas públicas provinciales. En este sentido, según datos oficiales, para el conjunto de las provincias se observa que:

Del total de los impuestos provinciales, el 78% se recauda con Ingresos Brutos.

De total de Ingresos Brutos, el 57% se obtiene por regímenes de retención.

Dentro del 57% de regímenes de retención, 36 puntos porcentuales son retención mandadas a hacer a los bancos, a tarjetas de créditos y a billeteras virtuales.

Estos datos muestran que los regímenes de retenciones bancarias son muy importantes para las provincias. De manera sintética, aproximadamente 1 de cada 3 pesos de Ingresos Brutos se recauda a través de retenciones sobre movimientos bancarios, tarjetas y billeteras virtuales.

Sostiene IDESA que se trata de una evidencia contundente de que es previsible un fuerte rechazo provincial a la limitación de su uso y que, si se aprueba el artículo tal como está planteado, es muy probable que rápidamente aparezcan planteos judiciales.

“El Congreso tiene la oportunidad de hacer un aporte muy positivo para el desenvolvimiento de la economía mejorando el diseño de la norma -plantea el instituto-. El objetivo debería ser que el sistema de pagos no sea distorsionado por mecanismos que lo usan para adelantar el cobro de impuestos. Para esto, se debería establecer expresamente que bancos, tarjetas de crédito y billeteras virtuales no pueden ser obligados a aplicar retenciones de impuestos. El impacto inmediato será un gran alivio administrativo y financiero para los contribuyentes y una reducción de la evasión impositiva porque espontáneamente se tenderá a usar menos los pagos en efectivo”.

Para que el planteo sea atractivo para las provincias, junto con la prohibición de las retenciones bancarias, es necesario que la AFIP celebre con las provincias convenios de colaboración para integrar la recaudación del IVA con el Impuesto a los Ingresos Brutos. Este cobro integrado es operativamente factible y permitirá mejorar ostensiblemente los niveles de cumplimiento. Promoviendo el uso de dinero digital, la AFIP y las provincias pasan a disponer de mejor información de los pagos lo que posibilita ampliar la base imponible tanto del IVA como de Ingresos Brutos. Para las provincias es la oportunidad de aumentar la recaudación dejando de aplicar simultáneamente retenciones bancarias.

El proyecto de ley ómnibus aborda una ambiciosa agenda de transformaciones. Una de ellas es ponerle límite a las retenciones bancarias. Así las cosas, IDESA plantea en un informe que “si el Congreso aplica algunos ajustes sobre su redacción, eliminando todas las retenciones y promoviendo la integración de Ingresos Brutos con IVA, se podrá avanzar de manera más ambiciosa en la promoción del uso del dinero digital sin entrar en conflicto con las provincias. El resultado será un sistema tributario más empático con los ciudadanos y con menores niveles de evasión”.

La candidata a presidente de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich aseguró este martes en Córdoba una serie de medidas que pondrá en marcha el 10 de diciembre para sector agroindustrial argentino: “Vamos a eliminar los Derechos de Exportación (DEX) a las Economías Regionales y a la lechería desde el primer día y, lo antes posible y por ley, al resto de los productos, dando previsibilidad y reglas clara”, arrancó.

En línea con los anuncios, anticipó que “tendremos una nueva Ley de Semillas, Ley de Warrants, Ley de Fertilizantes y otra llamada ‘Prohibido Prohibir’, para impedir que cualquier funcionario pueda bloquear o impedir las exportaciones. También implementaremos una nueva Ley de Biocombustibles”, agregó la exministra de seguridad que recorrió este martes la planta de la empresa local y líder de la región, Bio 4.

“Eliminaré todas las restricciones, trabas y cupos a las exportaciones y vamos a promover los acuerdos comerciales como Mercosur-Unión Europea porque es fundamental aumentar de manera significativa el intercambio comercial, intelectual, científico y tecnológico. Vamos a dejar de ser un país cerrado al mundo”, definió.

“Tener infinidad de tipos de cambio significa -no solo una expropiación de una parte del precio de la venta- sino también una invitación a una serie de actos de corrupción. Por eso vamos a terminar con el cepo cambiario”, remarcó. Además y sobre la ganadería, avisó que impulsará al sector para “duplicar las exportaciones de carnes”, una de las actividades que más mano de obra genera. “La carne argentina tiene que ser no sólo un emblema nacional sino también una fuente de ingreso de divisas y riqueza a nuestro país”, apuntó.

El diputado nacional y exministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, le respondió al candidato presencial Javier Milei en referencia a su propuesta para las retenciones agropecuarias.

“Recién escucho a Javier Milei decir que las retenciones a las exportaciones agropecuarias van a ser tomadas a cuenta del impuesto a las Ganancias. Esa propuesta no cambia la situación del productor ya que sigue percibiendo el mismo precio y la retención a cuenta de Ganancias es irrecuperable”, señaló Buryaile en su cuenta de Twitter.

Para el legislador radical, “técnicamente hay que considerar que los derechos de exportación (retenciones) son pagadas por los exportadores aunque soportados por los Productores. La única alternativa real y no demagógica es la reducción real de los Derechos de exportación. Basta de verso”.

Recién escucho a @JMilei decir que las "retenciones" a las exportaciones agrop van a ser tomadas a cuenta del imp a las ganancias. Esa propuesta no cambia la situación del productor ya que sigue percibiendo el mismo precio y la ret a cuenta de ganancias es irrecuperable. Sigue

— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) August 19, 2023

El bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica presentó este martes el proyecto elaborado por la líder del espacio, Elisa Carrió, que propone la eliminación inmediata de las retenciones agropecuarias, a excepción de aquellas que se aplican a la soja, que se estipula reducir al 31%, para luego eliminarlas por completo en un plazo de 5 años.

Según explicaron, durante ese período, que permitirá al próximo gobierno ordenar las cuentas públicas y poner fin al déficit fiscal, el proyecto contempla un mecanismo de compensación para los productores. Este mecanismo consiste en la emisión de certificados canjeables por bonos, cuyo valor nominal equivaldrá al monto de los derechos de exportación abonados.

La propuesta apunta a “reconocer el aporte del campo a la normalización de la situación fiscal y financiera del país, brindándole a los productores agropecuarios, en relación a la soja (que sólo continuará pagando derechos de exportación de manera provisoria), la posibilidad de obtener ingresos inmediatos mediante la negociación en el mercado secundario de los bonos compensatorios”.

A su vez, los productores podrán destinar los bonos compensatorios obtenidos al pago de impuestos, aceptados a valor nominal, por un porcentaje de lo que inviertan en nuevos proyectos de inversión, o conservarlos para su cobro al vencimiento del plazo de cinco años desde su emisión.

“Los derechos de exportación o retenciones son prácticamente inexistentes en el mundo y no los tienen ningunos de nuestros vecinos en la región con los que competimos. Son menos de quince países los que lo aplican, y menos de cinco los que tienen alícuotas y niveles de recaudación iguales o superiores a los de Argentina”, sostiene el proyecto en sus fundamentos.

Y sumaron: “Este tributo genera un desincentivo directo a la producción de bienes exportables, cuyo efecto es doblemente distorsivo, dado que penaliza al mayor proveedor de divisas en un contexto de fragilidad financiera”.

“La Coalición Cívica mantiene un compromiso histórico: ´dejar en paz al campo´. Esto no puede ser de otra manera que con la eliminación total de todas las retenciones en el menor tiempo posible. Es por ello que proponemos un mecanismo indirecto y transitorio para corregir esta anomalía tributaria en el caso de los bienes con mayor peso en el total de la recaudación”, afirmaron en el proyecto elaborado por la fundadora de la CC.

Además, explicaron que “la cuestión es que los derechos de exportación representan para la Argentina recursos anuales por el equivalente al 2% del PBI. Esto es, aproximadamente el 10% de los recursos recaudados por la AFIP. Dada la frágil situación macro-fiscal de nuestro país, lo perfecto es enemigo de lo posible. Si no fuera esta la situación de vulnerabilidad macroeconómica, estaríamos proponiendo su eliminación directa”.

“Sin embargo, una decisión de ese tipo implicaría, en el corto y mediano plazo, un incremento del desequilibrio fiscal en la misma magnitud, que pondría a la economía argentina más cerca de una nueva crisis que de un ciclo de recuperación y estabilidad”, añadieron.

“Por estos motivos, proponemos un mecanismo que permitirá terminar definitivamente con los derechos de exportación, asegurando al próximo gobierno un tiempo para que efectúe las reformas necesarias para normalizar la situación fiscal y financiera de nuestro país, sin condicionar al sector agropecuario en el aprovechamiento de los frutos de su trabajo”, concluye el proyecto de Carrió presentado por el bloque de legisladores nacionales de la CC.

La iniciativa lleva las firmas de Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Victoria Borrego, Marcela Campagnoli, Mónica Frade, Rubén Manzi, Leonor Martínez Villada, Paula Oliveto Lago, Mariana Stilman Y Mariana Zuvic.

proyecto-cc-ari-retenciones-al-campoEl-Senado-y-la-Camara-de-Diputados

El diputado nacional Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) participó de la edición 2023 de Agroactiva en la localidad santafesina de Armstrong, en donde se reunió con el presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Eduardo Borri, empresarios y productores. El legislador se refirió a la necesidad de que el Congreso apruebe la ley que busca impulsar la producción nacional de maquinaria agrícola.

“La provincia lidera la fabricación nacional de maquinaria agrícola, por lo que consideramos que apuntalar al sector es estratégico, ya que representa la conjugación más importante entre campo e industria. Es clave que haya normativas que impulse el desarrollo de la industria argentina y es imperativo que esto se apruebe lo antes posible”, enfatizó.

El oficialista remarcó: “Estamos promoviendo la ley que impulsa la producción de maquinaria agrícola para fortalecer la industria nacional y el desarrollo de insumos y agropartes. Queremos promover la industria nacional a nuestros empresarios y trabajadores, como lo hacen Brasil y Estados Unidos”.

“En esto, Santa Fe es líder. La provincia lidera la fabricación nacional de maquinaria agrícola, por lo que consideramos que apuntalar al sector es estratégico, ya que representa la conjugación más importante entre campo e industria. Es clave que haya normativas que impulse el desarrollo de la industria argentina y es imperativo que esto se apruebe lo antes posible”, agregó.

“Las retenciones son un impuesto distorsivo”

Asimismo, el diputado se refirió a la necesidad de eliminar progresivamente las retenciones y debatir la distribución de los ingresos entre las provincias productoras de granos, con un esquema similar al de las regalías.

 “Creo que hay que profundizar el debate sobre la eliminación de retenciones en el país. Progresivamente tenemos que ir hacia su eliminación, estoy de acuerdo de que es un impuesto distorsivo, pero mientras se cobren se tienen que distribuir entre las provincias productoras”, enfatizó el legislador.

“No puede seguir pasando que se cobren retenciones y se las siga quedando Buenos Aires. Las provincias son las que ponen su tierra, sus nutrientes, tal como las provincias petroleras que reciben regalías. Santa Fe es una de las quince productoras de granos, la mitad de las retenciones debería volver a ellas. Es una discusión sobre qué país queremos tener”, concluyó Mirabella.

El mencionado proyecto propone declarar a la Industria Argentina de Maquinaria Agrícola y de Agropartes como “Industria Estratégica para el Desarrollo Nacional” y fue presentado por el diputado Mirabella meses atrás, con el apoyo de CAMFA. Contempla el otorgamiento de beneficios fiscales a las empresas del sector, incluyendo devolución de IVA a las inversiones en bienes de capital y la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias. Además, se fija hasta el 31 de diciembre de 2031 un derecho de exportación del cero por ciento (0%) a la exportación de los bienes producidos en el marco del presente Régimen.

La Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el radical formoseño Ricardo Buryaile, llevó a cabo este miércoles en la Sala 1 del Anexo de la Cámara baja, una reunión informativa junto a representantes del sector agropecuario.

Al encuentro asistieron como miembros de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) su presidente Gustavo Vitelli, y David Miazzo, economista jefe de FADA; “a fin de considerar la situación impositiva del sector agropecuario, su impacto en la producción y en la economía nacional”.

Al inicio del encuentro, Buryaile agradeció la presencia de los diputados porque “es una fecha complicada”, e hizo particular el agradecimiento al presidente del bloque oficialista, Germán Martínez. También al senador Alfredo De Angeli “por acompañarnos”.

Buryaile contó que el encuentro se gestó luego de un llamado de Miazzo para poder plantear en el marco de la comisión la inquietud y un análisis de la situación del sector por los derechos de exportación. “No pensé que íbamos a estar tan holgados las dos frentes de la cámara”, expresó el radical.

“Mi espíritu como presidente y, calculo que los que están acá de la comisión, una de las cosas que se plantean es que previo a la discusión política hay sustento técnico para hacerlo y posicionamientos políticos para hacerlo. Hoy esta acá una fundación que va a hablar de por qué cree que el tratamiento de los derechos de exportación va en un sentido, con mucho gusto esta comisión se va a abrir para el que crea que va en otro sentido y para el que quiera exponer situación que comparta o no el oficialismo y la oposición”, planteó Buryaile.

En tanto, sostuvo: “Lo que sucede es que los oficialismos en las cámaras cuando son circunstanciales a breves por cuestiones políticas se les da un tratamiento de mayor celeridad sin el debido debate de las cuestiones y las leyes no son todo lo buena que quizás debiéramos sacarlas”.

En un párrafo aparte, el formoseño saludó a los periodistas presentes en su día: “Mi compromiso y mi respeto hacia quienes siempre buscan la verdad, que informan la verdad y tienen una opinión desde sus convicciones”.

A su vez, el formoseño ratificó que “la comisión va a estar abierta para todo aquel que quiera venir a exponer algo que haga a los intereses relativos a los que maneja la comisión”.

Retenciones cero

El presidente de la Fundación Barbechando, Germán Paats, sostuvo: “Vamos a escuchar una idea que nos permita empezar a pensar una Argentina distinta donde tenemos que volver a plantear todos los temas arriba de la mesa”, e invitó a los legisladores el 27 de junio en la Bolsa de cereales de Buenos Aires al primer Congreso de Políticas Públicas para la AgroBioindustria con el objetivo de mostrarle a la política los ejemplos de países como Brasil que “hicieron las cosas distintas y cómo han evolucionado en los 20 años”. También adelantó que propondrán ideas para “una Argentina grande, en crecimiento, desarrollo” porque “tenemos todas las herramientas para hacerlo, pero hay que hacerlo en conjunto con la política”.

A su turno, Gustavo Vitelli en su carácter de presidente de FADA explicó que es una organización sin fines de lucro que nació hace 14 años en Río Cuarto “dedicada especialmente a la elaboración de políticas públicas con una mirada general y no sectorial. Tratamos de mantener una mirada general para toda la comunidad. Es una perspectiva federal”.

También informó que cuentan con un equipo económico que se encargan de elaborar proyectos, informes y análisis para elaborar las propuestas de políticas públicas. “Tratamos de poner nuestro grano de área para tener mejores políticas públicas para hacer crecer al país”, resaltó y agregó: “En todos esos trabajamos que venimos haciendo, venimos advirtiendo que la otrora competitividad del agro argentino que lo tenemos como un hecho ya no es tanto”.

“Hoy hemos perdido mucho terreno con nuestros vecinos y competidores internacionales y queremos revertir la situación y eso lo hacemos con datos”, planteó Vitelli y contó que se le pidió al equipo económico que analicen el impacto de las decisiones a tomar de manera tal que “la consideremos viable y sujetar todas las mejoras”.

Y sumó: “Queremos tratar de abrir el juego desde otro ángulo mirando las externalidades positivas que pueden tener las medidas. Estamos abiertos a cualquier opinión y a disposición de lo que crean necesario porque buena parte de nuestro trabajo es apoyar a los dirigentes que tienen necesidades de información o proyectos”.

A continuación, fue el turno del economista jefe de FADA, David Miazzo, explicó las cuatro claves para “crecer” y generar medio millón de puestos de trabajo.

“¿Cuánto puede producir Argentina?”, preguntó y procedió a detallar: “En términos de granos podemos llegar a producir 213 millones de toneladas, eso es un 56% más de lo que producimos hoy, parte por el aumento de la superficie producto de una mayor rentabilidad que permita que áreas que hoy no están en producción producto de las distancias de fletes, condiciones de clima y suelo, más un cierre de brechas productivas de rindes por mayor uso de tecnología, fertilizantes, semillas y también el riego que puede generar que la producción crezca”.

“También podríamos producir 1 millón más de toneladas de carne bovina, incrementar 1 millón más de carne porcina, el corte de biodiesel lo podemos llevar hasta un 15% y en el caso de bioetanol hasta un 20%. Tenemos más de una docena de economías regionales de las cuales se podrían hablar de impactos”, precisó Miazzo.

En otro ejemplo, sostuvo que un 56% de aumento de la producción cuando “se quitaron los derechos de exportación y las restricciones a las exportaciones de maíz y trigo en solo tres campañas la producción de maíz se incrementó un 68% y la del trigo un 46%. Podemos lograr este incremento de producción en 10 años “.

Al hacer una comparación con Brasil, planteó como interrogante dónde estaría Argentina si en los últimos 20 años se hubiese comportado con la producción agrícola de la misma manera que el país vecino. Entonces, detalló: “El año pasado hubiésemos producido un 66% más, con 34 mil millones de dólares adicionales por año de exportaciones. Cerca de la mitad de las discusiones económicas que hoy tenemos, no las tendríamos si el año pasado Argentina hubiese sido capaz de generar 34 mil millones de dólares adicionales de exportaciones”.

“Estos incrementos de producción, solo en las cadenas de granos, estimamos que en 10 años pueden llegar a generar 370 mil nuevos puestos de trabajo adicionales a los 3,7 millones de trabajos que hoy generan las cadenas agropecuarias y agroindustriales”, precisó el economista.

Al respecto, precisó que esos puestos de trabajo se distribuyen en las producciones de soja, maíz, cebada, girasol, trigo y enumeró que los puestos de trabajo se distribuyen en huerteros, productores, tamberos, veterinarios, operarios, transportistas, abogados, aceiteros, molineros entre otros tanto. “Para graficar la complejidad que tiene la cadena agropecuaria y cuando hablamos de incrementar la producción no solo hablamos de una persona más, sino toda esa cadena compleja”, planteó.

En esa línea, sostuvo que esos impactos se verían en los primeros años cuatro años y el 56% de producción se generaría el 27% de aumento de producción y llevarla a 174 millones de toneladas y, en 10 años, serían 76 millones de toneladas adicionales lo que genera “un mayor valor de producción a la Argentina de 36 mil millones de dólares que implicaría llevar la producción de 55 mil millones de dólares a 85 mil millones de dólares. Son números similares a lo que se habla de Vaca Muerta”.

“En los próximos cuatro años, solamente esto estaría adicionando 2,4 puntos al PBI y estaría aportando un año de crecimiento. Después se necesitan el resto de las actividades económicas”, ejemplificó Miazzo.

También planteó que, en inversión en insumos, significaría que el mercado debería crecer hasta 7 mil millones de dólares adicionales por año y agrego que “hay estudios que hablan de montos superiores a este”. “Solo la maquinaria agrícola nueva para el pequeño incremento de superficie son mil millones de dólares adicionales y la renovación de la maquinaria. Esto es industria, metal mecánico. Son sectores que se dinamizan”, afirmó.

Sobre la logística dijo que “mover estos millones de toneladas adicionales significan 3 millones de fletes lo que es un gran desafío en la infraestructura del transporte. Si lo ponemos en números estamos hablando de 14 mil millones de dólares a lo largo de los próximos 10 años que crecería el mercado de fletes y logística, pensemos en los impactos indirectos que son combustible, neumáticos”.

“Si a este ejemplo sobre granos, les sumamos los biocombustibles y carnes estamos hablando de otros 7 mil millones de dólares, un PBI que en estos 10 años agregaría 7 puntos y en puestos de trabajo se vería más la diferencia se iría a 544 mil puestos que se pueden generar con estos niveles de producción”, planteó Miazzo y sumó: “Esto podría cambiar la dinámica porque hoy una gran preocupación de los argentinos es el salario porque llevamos 6 años donde cae, y una de las maneras genuinas de que el salario crezca y mejore es si somos capaces de generar más producción, riqueza, trabajo que es una gran preocupación”.

Al respecto, contó que hay cuatro políticas de base para lograr esto: “Cero retenciones, cero restricciones, un dólar y reglas claras de juego”. Y las complementarias son: “Apertura de mercados, impuestos distorsivos, infraestructura de transporte, seguros, fertilizantes, riegos, genética, biocombustibles, conectividad”.

“Todas políticas que, si no se dan sobre una base fuerte de las cuatro medidas, solo terminan actuando en el margen y solucionando problemas no tan significativos”, analizó. Así, planteó que de estas cuatro claves el “mayor desafío se presenta en 0 retenciones dada la situación de déficit fiscal y de inestabilidad económica que hay. Es el principal desafío”.

“Para amortiguar el impacto fiscal de esa clave de retenciones cero trajimos como propuesta bajar de manera inmediata 12 puntos a todos los productos lo que significa la eliminación de los derechos de exportación en todos los productos menos en soja y, en el caso de soja, que vaya al 21 de manera inmediata”, propuso y explicó que “esto es básicamente porque la soja es la más significativa de la graduación y limitamos el desarrollo productivo de muchas actividades cuando en términos de caja no termina de significar tanto”.

Para la soja, que quedará en 21%, propusieron “eliminar el impuesto y reemplazar de forma transitoria por cuatro años por un mecanismo transitorio un pago a cuenta de impuestos que en un futuro se pueda utilizar. El Estado puede otorgar un certificado que sería de aplicación decreciente para que vaya a cero, que pueda ser transferible, nominado en dólares para que tenga algún valor y a partir del 5to año pueda ser utilizado en cuotas para el pago de impuestos o que se empiece a amortizar en cuotas y así desaparece el derecho de exportación como impuesto y, de manera transitoria, queda un mecanismo que permite amortiguar el impacto fiscal”.

Miazzo detalló que la entrega del certificado de crédito fiscal, como mecanismo transitorio para amortiguar el impacto fiscal, amortigua el impacto en la caja del Estado, crece la recaudación por otros impuestos y mayor actividad económica, el productor recibe mayor ingreso, hay un incentivo a producir más.

La palabra de los diputados

El radical Víctor Romero (Córdoba) sostuvo que “todos tenemos que aspirar a la mejora en el sector agropecuario porque es la salida que tiene la Argentina”. “Todo como un aspecto positivo unificar las políticas de tipo de cambio porque no hay posibilidad de proyectar una mejora si mantenemos la macroeconómica como esta y, claramente, la inestabilidad no hay posibilidad de inversión”.

“La baja de retenciones tiene que ir con una baja del gasto público, de una eficiencia del gasto en sí. También de una política integral porque tenemos un 40% de informalidad laboral”, consideró Romero.

El diputado Fabio Quetglas (UCR) destacó el proyecto, pero planteó que “cuando hay que hacer una política pública hay que pensar en ganadores y perdedores y largo y corto plazo porque la gran limitante que tuvo este tipo de iniciativas es que lo que es una patología para la economía agropecuaria es una protección al industrialismo obsoleto. Hay un montón de perdedores que, si es más larga que los ganadores, produce bloqueo político”.

El presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta, manifestó que “no es justo que se discriminar a un producto como la soja que es nuestro futuro y desarrollo, pero tampoco podemos discriminar al sector industrial cargándole todos estos millones de impuestos y que los demás no contribuyan. Esto patea el avispero para seguir trabajando y se reparta más equitativo todo para desarrollar los sectores competitivos”.

El diputado nacional Roberto Mirabella (FdT – Santa Fe) presentó un proyecto para que las provincias productoras y exportadoras de productos agrícolas reciban parte de lo que aportan como retenciones, de forma similar a las que exportan hidrocarburo “para la mejora de la competitividad del sector, el desarrollo de las cadenas productivas con agregado de valor en origen y el fortalecimiento del arraigo territorial”.

En ese sentido la iniciativa indica que “el Estado nacional transferirá a las provincias como compensación por la apropiación de su riqueza natural, el cincuenta por ciento (50%) del producido que se obtenga por recaudación de Derechos de Exportación de origen agrícola y sus derivados”.

Al respecto, el proyecto de Mirabella explica que “la transferencia será proporcional a la participación de cada provincia en la producción de bienes de origen agrícola y sus derivados que estén sujetas a Derechos a la Exportación” y que las provincias deberán destinar estos recursos “al financiamiento de obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura estratégica del sector en caminos, electricidad, conectividad, obras hídricas, salud, vivienda y seguridad rural, como así también proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) y toda inversión que fortalezca la cadena de valor agrícola”.

La iniciativa prohíbe de manera explícita que estos fondos, que serán transferidos de manera automática, sean destinados al financiamiento de gastos corrientes.

Mirabella resaltó que el proyecto, presentado este 6 de marzo, fue conversado con productores y entidades agrícolas desde hace varios meses y que ya había sido anticipando en los medios de comunicación.

“Estamos buscando darle a Santa Fe lo que es de Santa fe”, manifestó el diputado y agregó: “Hoy las provincias petroleras cobran regalías, las provincias productoras de bienes agrícolas no. A pesar del deterioro de los suelos como consecuencia de su uso cada vez más intensivo, las provincias agrícolas que generamos los dólares necesarios para el desarrollo del país no somos compensadas ni recibimos parte de la recaudación aduanera”.

Sobre el tema explicó que “Santa Fe es una de las tres provincias que más aporta por retenciones a las exportaciones, sin embargo, no recibe retribución por ese concepto” y detalló que “es la segunda provincia productora de trigo, la tercera de poroto de soja y de maíz. Estos son los tres complejos agroexportadores que aportan al fisco el 90% de lo recaudado por derechos a la exportación”.

En esa línea afirmó que “durante el 2022 la recaudación por retenciones a las exportaciones de estos tres complejos agrícolas sumó 9.500 millones de dólares y la producción agrícola santafesina aportó más del 20% de esa recaudación”, y finalizó: “Mientras se sigan grabando los derechos de exportación lo justo es distribuir lo recaudado entre las provincias que aportan”.

La Federación Agraria Argentina remitió notas a los diputados de la Nación para solicitar que no aprueben el artículo 95° del dictamen de mayoría del Presupuesto, en el que se busca prorrogar hasta diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación. 

Al respecto, solicitaron que “no acompañen una norma inconstitucional, arbitraria y que favorece la concentración de capitales, en detrimento de la economía de desarrollo del interior argentino. Y proponemos mantenga el Poder Legislativo las facultades de legislar en materia de impuestos y de Derechos de Exportación”. 

Entre los motivos para sustentar dicho pedido, desde la FAA advierten: “En materia Tributaria, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo se encuentra prohibida, atento los presupuestos Constitucionales y los antecedentes Jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia. Entre los fundamentos jurisprudenciales encontramos principalmente que rige el principio de legalidad o de reserva de ley, rígido y estricto en materia tributaria, y que los Derechos de Exportación tienen una naturaleza innegable de carácter tributaria, es decir se trata de impuestos. En este sentido, el Poder Legislativo, no puede bajo ningún concepto delegar tales facultades, de acuerdo al artículo 75° de nuestra Constitución Nacional. Por tanto, admitir la prórroga de la facultad al PEN para determinar derechos de exportación, sería admitir la delegación de dichas facultades, lo cual sería abiertamente contrario a nuestra Ley Suprema, que lo prohíbe”. 

Y continuó: “Agregamos, que, en la práctica contributiva, si bien el Derecho de Exportación es un impuesto que debe tributar el exportador, siempre es trasladado al productor agropecuario en materia agraria, lo cual afecta directamente el precio que percibe el productor. En resumidas palabras, es el productor agropecuario sobre quien repercute directamente el tributo, distorsionándose en la realidad el fundamento original del cobro de dicha tributación, perjudicando de manera directa la distribución de los esfuerzos y afectando a los más pequeños en beneficio de los más grandes exportadores de productos agropecuarios. Esta realidad desdibuja el rol de desarrollo productivo, económico y social del sujeto agrario que moviliza la economía argentina y sobre todo de las comunidades más pequeñas y postergadas”. 

Asimismo, la entidad aprovechó el contacto con los legisladores para señalarles: “Finalmente, y dada la enorme sequía que impacta fuertemente sobre vastas zonas de nuestro país, así como también diversas inclemencias climáticas como granizo y/o helada, que padecemos con más fuerza los productores más pequeños, les pedimos tengan a bien considerar la incorporación en el tratamiento legislativo de estos y tantos otros temas que atentan contra la producción y el desarrollo de nuestro país. En particular, en relación con este tema, desde hace años venimos solicitando desde FAA que se puedan actualizar los fondos previstos por la Ley de Emergencia y/o Desastre Agropecuario, así como también avanzar con la creación de un seguro multirriesgo, por citar algunas propuestas de varias. Muchas veces pareciera que la agenda del Congreso va por un sendero muy distinto al que transitamos los que vivimos y producimos en el campo. Por eso los invitamos a abordar estas problemáticas a la brevedad”. 

El bloque Córdoba Federal, presidido por Carlos Gutiérrez, anticipó su enfático rechazo al artículo del proyecto de Presupuesto 2023 que prorroga la facultad del Poder Ejecutivo para poder tocar las alícuotas en retenciones.

Este fue uno de los reclamos de modificación tanto del interbloque Federal como de Juntos por el Cambio, pero el oficialismo dejó su redacción intacta, tal cual había sido enviada por el Poder Ejecutivo, lo que anticipa una votación en particular ajustada.

A través de Twitter, la bancada que responde al gobernador Juan Schiaretti señaló: “No avalamos la potestad para extender hasta el 31 de diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para subir retenciones”.

“Desde el Bloque Córdoba Federal pedimos que se elimine lisa y llanamente el artículo 96 de la Ley de Presupuesto 2023 que delega facultades al Ejecutivo para aumentar retenciones (trigo, maíz, carne) hasta diciembre del año próximo”, continua el mensaje.

Los legisladores recordaron que eso mismo fue lo que pidieron en comisión y que, de no eliminarse entonces el artículo, votarán en contra de “este despropósito que atenta contra el campo”.

“Tampoco estamos a favor de modificar el texto de ese artículo para bajar del 33 al 30% el límite de los derechos de exportación. Quienes así lo proponen, priorizan especular con ser Gobierno en 2023 y no, bajar las retenciones ya”, concluyeron.

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, Juan José Bahillo se presentó este martes ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, para exponer respecto de la ley de leyes, y ante la consulta de los diputados de la oposición, aseguró que existe en el Gobierno la “decisión política de no subir ninguna retención”, a pesar de que el proyecto lo permita. 

Además, expuso los lineamientos y políticas centrales que desde la Secretaría impulsan y describió algunos de los programas que advirtió como “prioritarios y más importantes” para llevar adelante esas definiciones políticas. 

En primer lugar, el secretario señaló la importancia del sector primario: “Nuestros sectores productivos son gravitantes y estratégico para el desarrollo de nuestra economía y de nuestra Nación. Tenemos una diversidad productiva a lo largo de nuestro país, con más de 30 economías regionales y con un sector primario caracterizados por la agricultura y la ganadería realmente muy importante”, señaló. 

En este sentido, sostuvo que su Secretaría es la de “todas las actividades productivas de nivel primario”, aun cuando “algunas son más visibles, tienen más caja de resonancia, generan mayor volumen productivo, mayor volumen de divisas, y algunas generan una ocupación de mano de obra muy importante, como son las economías regionales”. 

En cuanto a la agricultura, Bahillo indicó que “estamos en una región con condiciones objetivas muy favorables para la producción del primer escalón. Tenemos la mayor cuenca fotosintética del planeta. Tenemos productores realmente muy eficientes, de punta, con mucha tecnología y muy responsables”, por esto, aseguró que “nos hace muy competitivos a la hora de producir agricultura. Estamos en alrededor de 134 millones de toneladas, el objetivo para el 2030 es llegar a 200 millones de toneladas. Para eso hay un desafío muy importante que tiene que ver con producir más, impactando menos, incorporando tecnología, economía del conocimiento, innovación y desarrollo, y no tanto con la extensión de la frontera agrícola, si no con más eficiencia y menor impacto”. 

Respecto a la ganadería precisió que tenemos 230 mil productores ganaderos en el país, y que dentro del Presupuesto, una de las cuestiones que querían destacar es el Plan GanAR, “que tiene un presupuesto importante. Entendemos a la ganadería como una actividad muy federal. De los 230 mil productores, 170 mil tienen menos de 250 cabezas, es decir el 71%. Y si vamos al estrato de los productores que tienen hasta 600 cabezas llegamos al 91%. Esto nos da la significancia de la distribución democrática que tiene esta actividad”. 

La otra cuestión que el secreatrio consideró central son las economías regionales: “Por el impacto que tienen en el interior del país, en las distintas regiones, y por lo que significan en la ocupación de mano de obra. Tenemos un desafío muy importante en este contexto internacional, desafortunadamente por un conflicto bélico, pero que se generan circunstancias favorables para lo que es la producción de alimentos para nuestro país y para la región”. 

Respecto al rol de la Argentina en el mundo, Bahillo manifestó que hay desafíos muy importantes: “Nosotros queremos ser los principales proveedores de alimentos hacia el mundo. Junto con Estados Unidos y Brasil somos los tres países que mayor cantidad de proteína vegetal y animal producimos. En un mundo donde, según la FAO y el Banco Mundial, 800 millones de personas padecen hambre, y 3.300 millones de personas tienen una dieta insuficiente para sus requerimientos de salud, estamos convencidos que tenemos una responsabilidad institucional y social para ser parte de la solución a ese problema”. 

En otro tramo de su exposición, también se refirió al debate en torno a la producción para los mercados internos o externo: “Creemos que tenemos que producir más y tenemos que ir explorando el desarrollo de nuevos mercados y oportunidades comerciales en el mundo, porque si no el potencial productivo que tiene nuestro país le ponemos un techo realmente bajo si solamente lo miramos para el mercado interno. Obviamente que, en este desarrollo, en este crecimiento y la búsqueda de oportunidades en el mercado externo se puede generar algunas situaciones puntuales de coyuntura con el mercado interno, no hay que inmovilizarse, no hay que detenerse, en todo caso hay que resolver sobre la coyuntura y sobre esas tensiones que se generan. Pero es mercado externo más mercado interno”, concluyó. 

Respecto al tema ambiental, Bahillo resaltó el “rol indelegable” que el Estado tiene en “la evaluación, validación o mejoramiento de los sistemas productivos si así lo ameritan. Nosotros entendemos que tenemos sistemas productivos que son sustentables, que son economías sostenibles y en equilibrio con el ambiente, pero esto lo tenemos que ir validando de manera permanente”. 

Finalmente, señaló que la Secretaría está trabajando con CAME respecto al análisis y mejora de la competitiva de las cadenas de valor, y en cómo “darle una mejor situación de rentabilidad y trabajando en conjunto, sobre un proyecto de ley que defina y regule todo lo que son las economías regionales”. 

Concluida su exposición, el diputado y presidente del bloque Coalición Cívica Juan Manuel López, se refirió al artículo 96 del Presupuesto, que prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2023 las facultades que se habían aprobado por este Congreso respecto a los derechos de exportación en actividades primarias, y preguntó si el Poder Ejecutivo está pensando en una suba de retenciones en trigo, maíz y carne. 

El cuestionamiento se enmarca en el rechazo de la Mesa de Enlace Agropecuaria manifesada este martes, sobre la intención del Gobierno de obtener facultades para cambiar las alícuotas de las retenciones, tal como lo propuso en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2023. 

Es que los representantes del agro emitieron un comunicado en el que expusieron la pretensión del Gobierno “tal la redacción del Artículo 96” de la ley de ingresos y egresos del proyecto presentado, por lo que las entidades agropecuarias “rechazan la pretensión del Gobierno de recuperar las facultades que tenía en la Ley N 27.541/19 (Ley De Solidaridad Social y Reactivación Productiva), por las que podrá cambiar, modificar y/o establecer las alícuotas de los derechos de exportación”. 

Al respecto, Bahillo aseguró que “no hay ninguna intención del Gobierno de subir las alícuotas de las retenciones”, y que se trata de “una definición política”. En todo caso, consideró que no le corresponde decir si hay que sacarlo o no del articulado, que “eso forma parte del trabajo legislativo de los representantes de los distintos bloques, pero la decisión política del Gobierno es no subir ninguna alícuota de retención al sector primario”. 

Bodegas de Argentina, la cámara de la industria del vino de la República Argentina, pide al gobierno nacional que elimine la alícuota de 4,5% de derechos a la exportación que actualmente gravan al vino. Además, solicita apoyo para la promoción internacional y que se implementen políticas para reducir o eliminar los aranceles que pagan las bodegas nacionales para ingresar sus vinos en los principales mercados internacionales. 

Durante los primeros siete meses del año, las exportaciones de vino embotellado han tenido una caída de 7,3% en términos de volumen en comparación con el mismo período de 2021, mientras que si se suman los vinos en granel la pérdida es del 20%. Según estadísticas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), durante este período, las exportaciones totales de vino embotellado entre enero y julio alcanzaron 116 millones de litros contra los 126 millones de litros en 2021; si se suman los graneles el total en ese período de 2022 es de 160 millones de litros versus los 201 millones de litros del 2021. En términos de valor, entre enero y julio de 2021 fue de 514 millones de dólares -graneles y embotellados- contra 482 millones en el mismo período de 2022. 

“Los números hablan por sí solos. Es por ello que consideramos imperiosa la necesidad de suspender los derechos de exportación con la finalidad de liberar recursos de las bodegas para reinvertir en el negocio, y mantener la demanda en el exterior en mercados sumamente competitivos. Hoy Argentina es el quinto productor mundial de vino, pero con mucho esfuerzo logra estar entre los diez exportadores mundiales. Las retenciones para un producto tan particular como el vino son desacertadas ya que las bodegas elaboran y venden un producto industrial con base agraria con alto valor agregado y marca en góndola. Es un producto muy sensible en precio, destacó Patricia Ortiz, presidente de Bodegas de Argentina. 

“Por otro lado, hace casi dos años que el tipo de cambio corre detrás de la inflación de costos que tenemos, lo cual reduce nuestros márgenes de exportación. En los últimos 12 meses esto ha causado pérdidas de 20 puntos porcentuales en la rentabilidad de un vino de exportación promedio que se consigue en 10 dólares en una góndola en el exterior”, sostuvo Francisco do Pico, vicepresidente de la entidad. “Con el vino, botellas y cajas subiendo entre 80 y 100% de precio en un año, y este comportamiento del tipo de cambio, es lógico que veamos estos números en la exportación. Las últimas cosechas fueron malas en términos de volumen lo cual disparó los precios de la materia prima por encima de la inflación general. Asimismo, la falta de botellas por el incendio en una de las cristalerías que opera en el país disparó también el precio de ese insumo. Es una tormenta perfecta”, sentenció do Pico. 

“El vino es un producto de consumo masivo en donde no se pueden trasladar los aumentos de costos a los precios en el exterior ya que los mercados dejarían de comprar al quedar desfasados de precio los vinos argentinos en comparación con los de proveedores de otros países. Si bien hoy vemos que la inflación es un fenómeno global, lejos estamos de poder aumentar precios por encima de la inflación que vemos en Europa o Estados Unidos”, agregó Ortiz. 

“Sumado a estas problemáticas, la falta de acuerdos de libre comercio son otra de los obstáculos para la mejora de las exportaciones. El vino argentino paga aranceles para ingresar a distintos mercados en todo el mundo. Éstos se suman a las retenciones y le cuestan a la industria más de 40 millones de dólares / año. El arancel promedio para nuestro vino es de 5% cuando se evalúan los principales mercados de destino: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, México, Unión Europea, China, entre otros. Entonces la cuenta neta de retenciones, reintegros a la exportación y aranceles de ingreso a los mercados resulta negativa para las bodegas. 

Asimismo, la falta de inversión en la promoción del vino argentino y en la marca país en el mundo, dificultan la demanda del exterior. Hace décadas, que el Estado no encara una campaña de marketing sostenible de la Argentina en el exterior. Ello explica también por qué somos el país vitivinícola líder que menos exporta en proporción a su producción. Chile exporta el 90% mientras que Argentina solo el 25%, concluyó Ortiz. 

En el marco del Congreso de la Producción Agroindustrial Argentina “Agro y algo más 2022”, que se desarrolla en la ciudad de Marcos Juárez, el diputado nacional y jefe del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, se manifestó sobre los proyectos vinculados al agro presentados en el Parlamento, y señaló que “es urgente” comenzar a transitar una “baja gradual de los derechos de exportación a cuenta de Ganancias”. 

En el encuentro, Gutiérrez manifestó que “26 presupuestos de la ciudad de Marcos Juárez salen del departamento (homónimo) en concepto de retenciones al campo, sin que la nación devuelva absolutamente nada a los cordobeses”, al tiempo que advirtió la urgencia de “comenzar a transitar la baja gradual de los derechos de exportación a cuenta de Ganancias, en simultáneo a los cambios macroeconómicos que el país necesite, tal como propone el proyecto de ley presentado en la Cámara Baja por Córdoba Federal, con apoyo del interbloque Federal”. 

En este sentido, volvió a enfatizar que “están dispuestos a escuchar sugerencias”, pero “para eso, es necesario conocer si todos quienes conforman esta nueva mayoría en el Congreso también están dispuestos”. 

De lo contrario -dijo- “nos pasa como con el Consenso Fiscal que ahora los que no están gobernado no quieren aprobar, cuando fueron ellos los que lo impulsaron cuando fueron gobierno”.   

“Hace 20 años que se implementaron por única vez las retenciones. Ahora señalan que no es momento por la coyuntura, pero no es posible que todos los cordobeses sigamos aportando 3 mil millones de dólares anuales a cambio de nada. ¿Cuánto hay que esperar? ¿20 años más? Nosotros atendemos lo atendible, pero hay que empezar a desandar este camino, gradualmente”, agregó Gutiérrez. 

“Sabemos que el kirchnerismo no apoyará de ninguna manera este proyecto. Entonces, contamos con aquellos que hoy tienen que demostrar que están de acuerdo con esta iniciativa y no especular con que a lo mejor el año que viene pueden ser gobierno y entonces no les conviene hablar de esto, aunque en paralelo dicen ‘defender’ al campo. No se puede esperar más”. 

En la jornada, el diputado destacó el hecho de que el complejo manicero -que aportó 1.077 millones de dólares- sea considerado economía regional y tenga retención cero, y se pronunció a favor de continuar impulsando otras economías regionales.  

En el mismo sentido, se expresó la candidata a intendenta de Marcos Juárez por la alianza entre la Unión Vecinal y Hacemos por Córdoba, Verónica Crescente. 

La senadora nacional Juliana Di Tullio salió este viernes a reclamar la aplicación de las leyes de Abastecimiento, de Emergencia Económica y de Emergencia Alimentaria, pero la polémica que estalló no fue por eso, sino por la imagen que posteó: una filmación captada por un dron donde se veían cientos de silobolsas al costado de una ruta.

Fue una forma de respaldar los dichos del presidente Alberto Fernández que este viernes en un acto le apuntó a los productores sojeros que “guardan 20.000 millones de dólares y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad cuando el país los necesita”.

#LeyDeAbastecimiento #LeyDeEmergenciaAlimentaria#LeyDeEmergenciaEconómica
YA! pic.twitter.com/d04mxp1nbr

— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) July 22, 2022

La presidenta del bloque Unidad Ciudadana de la Cámara alta recibió innumerables mensajes de respuesta: algunos de apoyo, otros muy críticos. “Dejen de amenazar, si un día el campo no les siembra más, se les termina el gobierno”, por ejemplo, o este: “Estimada Di Tullio. Le faltó poner expropiación, como el modelo de Venezuela que están intentando implementar”.

Otros aclaratorios, que le informaban que lo que mostraba como soja guardada era en realidad “la materia prima de una planta industrializadora de girasol”. “No se puede ser tan bruto y después pretender legislar”, le espetó alguien.

“Uno ve silobolsas al lado de la ruta 2 en Lezama y arman toda una película sobre eso. No se fijan que al lado está Seda SA que produce aceite de girasol”, le dijo un tuitero que la invitó a ir a Google Earth para ver que “los silobolsas están ahí desde hace décadas”.

https://t.co/ZpOA8DGOfI

— Juan Esteban Diaz Belić (@juanestteban) July 23, 2022

En la polémica intervino el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez, que le indicó a Di Tullio: “En las imágenes, el girasol -ya vendido- se acopia para ingresar a una planta de fabricación de aceite y alimentos para mascotas. El pericarpio (cáscara), se aprovecha como fuente de energía para el mismo proceso productivo. Es en la provincia de Buenos Aires. Agregado de valor”, a lo que Di Tullio respondió: “Si la intención es dar información sobre la imagen, gracias por la precisión que por supuesto desconocía, pero usted sabe que ese tipo de imagen se ve en toda la pampa húmeda. Tómelo ilustrativamente y le agradezco la info”.

En las imágenes, el girasol -ya vendido- se acopia para ingresar a una planta de fabricación de aceite y alimentos para mascotas. El pericarpio (cáscara), se aprovecha como fuente de energía para el mismo proceso productivo. Es en la provincia de Buenos Aires. Agregado de valor. https://t.co/M3yjGBQIgF

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) July 23, 2022

Nobleza obliga, la senadora aclaró sobre su posteo que “la imagen de dron utilizada en mi tuit anterior es de una aceitera de Lezama y no corresponde a la retención de granos para especulación. Hecha la aclaración, tómesela como mera ilustración. Ahora discutamos cómo se combate la especulación de pocos en desmedro de un país entero”.

Luego publicó una fotografía con silobolsas que estaba efectivamente corroborada, con el siguiente texto: “Señores y señoras; esta Imagen es ilustrativa de la retención de granos en nuestro país por parte de productores agropecuarios que fue confirmada x la cámara de exportadores de cereales, Ciara-CEC”.

Más tarde Di Tullio posteó una nota de Clarín referida a una oferta de los productores sojeros para liquidar a cambio de una baja de retenciones, planteando con ironía: “Naaa, no están especulando”.

Y hablando de Clarín, que habló de su “insólito error”, la senadora también le dedicó el siguiente tuit:  

Vimos móviles en vivo mientras excavadoras perforaban suelo patagónico buscando 1 PBI🙄(orden d Marijuan) y en prop privada.

Leímos en tapa q Máximo K y Nilda Garré tenían cuentas off shore.

El único error involuntario de @clarin q recuerdo fue poner en tapa
“FUEZA aérea”🤡 https://t.co/6aivBo05Xf pic.twitter.com/CIjLigt1zD

— Juliana di Tullio (@ditulliojuli) July 23, 2022

El senador nacional Alfredo De Angeli criticó los dichos del presidente Alberto Fernández del viernes, cuando acusó a los productores de guardar en sus campos unos 20.000 millones de dólares en granos, a la espera de una devaluación y en perjuicio de las necesidades del Estado de acumular reservas. Para el senador nacional del Pro, “las frases del presidente no ayudan a resolver los problemas de Argentina”.

“Cuando dice que va a enfrentar a los que tienen 20 mil millones, creo que en Argentina hay mucho más que eso atesorado en algún lugar, porque no le tienen confianza a él”, aseguró el senador entrerriano.

Para De Angeli, el presidente “está desorientado, mal asesorado o hay algo ideológico. El campo ha liquidado muchísima soja y muchísimo grano, y ahora está en una etapa donde hay que invertir en fertilizantes, repuestos, semillas…”.

El legislador entrerriano aclaró por CNN Radio que “el campo va liquidando todos los meses”. Es más, agregó, “debe ser uno de los años que más ha liquidado. Pero el productor agropecuario no tiene un sueldo mensual”.

“Todos los meses vendés una parte, pagás los costos fijos, pagás a los empleados, comprás repuestos… Si vendés ahora, ¿para qué vas a vender? Si no tenés insumos, no conseguís el fertilizante, no conseguís gasolina”, explicó De Angeli. “Este hombre -agregó sobre el primer mandatario- está desubicado totalmente. Me da pena lo que estoy diciendo, pero es así”.

Para el senador, “la única forma de gobernar de ellos es buscando culpables, porque tienen un porcentaje de gente que les cree. Yo les diría que el dólar de la cosecha es un tipo de cambio para comprar insumos. Pero yo pregunto: ¿el que atesora dólares en caja fuerte, o los tiene en casa, también le van a decir que venda el dólar a $90? Nadie lo va a vender”.

“Cristina y Alberto son lo mismo. Ella le puso los ministros, se encargó de devaluar la investidura presidencial. Nos duele muchísimo, porque tenemos un país a la deriva sin un presidente fuerte”, sintetizó, afirmando que en el Gobierno “van en contra del campo porque necesitan un enemigo, para ese porcentaje de gente que les cree. Son odiadores seriales”.

De Angeli deslizó que “no saben gobernar, tienen que justificar lo mal que gobiernan. Entonces vamos por el campo. Mucha gente no sabe que el 90% de lo que pone en la mesa a la hora de comer viene del campo. Buscan refugiarse en ese 20% que está con ellos”.

Se preguntó además “¿qué han hecho con los 100 mil millones de dólares que el campo generó en divisa, y que lo agarró el Banco Central, en estos dos años y medio? La malgastaron, porque no saben administrar. Se patinaron todo, y ahora tienen que buscar un culpable”.

De Angeli aseguró que se necesita “un dólar parecido al que tenemos para comprar los insumos. Si los conseguís, te los van a vender al precio del dólar blue. Si nos piden liquidar la soja con un dólar a $90, vos tenés que ir a comprar los insumos al precio de dólar blue. Nadie quiere perder”.

“El Presidente sabe lo que tiene que hacer, ejercer la investidura presidencial. Ponerse firme, buscar gastar menos, bajar el déficit fiscal. Se necesita un shock de confianza”, afirmó.

El diputado nacional y exministro de Agricultura Ricardo Buryaile destacó que “el campo ha estado más picante” en sus reclamos, sin embargo consideró que “estos conflictos del Gobierno con el campo son funcionales a la estrategia del kirchnerismo de siempre querer tener un enemigo como lo han sido los medios, la Corte y la justicia”.

En diálogo con Radio 10, el legislador formoseño manifestó que “desde lo económico es un momento complicado, no solo por el contexto nacional, sino por que los derechos de exportación, mal llamados retenciones, que no son beneficiados por el tipo de cambio”. Además, añadió que “un productor argentino está cobrando un tercio de lo que se gana en Brasil, Uruguay o Paraguay”.

Asimismo, el radical explicó que “los insumos para producir cuestan en dólares a un valor de casi 300 pesos, pero las ganancias se pesifican al dólar oficial de 135”. A su vez, el opositor remarcó que “al kirchnerismo le rinde tener un enemigo político, porque desde el 2006 son funcionales a ese discurso de los piqueteros de la abundancia”.

Para finalizar, Buryaile sostuvo que “más allá del diálogo nunca dejas a todos conformes”, y agregó: “En Argentina hay un tipo de cambio, con una brecha alta y la gente ya no cree que salga 135”.

El diputado nacional Ignacio García Aresca (bloque Córdoba Federal) participó este martes de la reunión entre legisladores de la oposición y representantes de la Mesa de Enlace convocada por el radical Ricardo Buryaile, presidente de la comisión de Agricultura de Diputados.

En el encuentro, el diputado cordobés se explayó sobre los proyectos del bloque Córdoba Federal para bajar las retenciones al agro, la ley de Biocombustibles, de Fertilizantes, y la necesidad de declarar al sector lácteo como economía regional.   

“Dejamos muy clara nuestra postura, que es la de nuestro gobernador Juan Schiaretti, la de los diputados Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota y de la senadora Alejandra Vigo, que es continuar defendiendo la producción. Sobre todo, el proyecto de baja gradual de retenciones agropecuarias, que fue elaborado junto a las entidades agropecuarias y los institutos económicos de nuestra provincia. Queremos ponerlo en debate en Comisión para que luego se trate en el recinto”, dijo García Aresca.

En el marco de la reunión, se explayó sobre el proyecto de ley de Biocombustibles: “Cómo dijo hoy el Gobernador, queremos una ley que contemple mayor mezcla para utilizarlo cada vez más como corresponde. Es una manera de cuidar el ambiente y el trabajo de los cordobeses y los argentinos. Más aun en un momento donde la industria en general, y los productores en particular, se enfrentan a la falta de gasoil”.

El diputado aprovechó la ocasión para comentar la presentación que hizo hoy el gobernador Schiaretti sobre los avances del programa de Autoconsumo de Biodiesel 100% (BIOCBA) y el programa para bioetanol Beta E85, que tienen como fin incrementar el uso de biocombustibles y consolidar la producción provincial. Cabe recordar que en el marco de la iniciativa “Córdoba sostenible y biocombustibles”, coordinado por los miembros del Gabinete Productivo Provincial de Córdoba y la Empresa Oreste Berta S.A. “Es una demostración de cómo en nuestra provincia trabajamos para la producción”.

Por otra parte, en el encuentro, García Aresca enfatizó la necesidad de avanzar con el proyecto para declarar a la actividad láctea como economía regional con el fin de darle la posibilidad al sector lácteo de contar con fondos propios para invertir y tecnificar. Por último, consignó el proyecto de ley de Fertilizantes que permitiría aumentar la productividad y el valor agregado de la cadena agroindustrial.

El diputado nacional Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), a través de su cuenta de Twitter, se dirigió a Alberto Fernández luego de que este afirmara que defendía los derechos de exportación como un mecanismo para desacoplar precios y que “la oposición se niega a discutirlo”.

“Como presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, ofrezco este ámbito para debatir el impacto de la suba de las retenciones en la producción y en el valor de los alimentos”, expresó el exministro de Agroindustria. Y afirmó, sugiriéndole a Alberto Fernández, que “en ese debate iba a demostrarle que sus ideas están equivocadas”.

Mediante este mensaje, el diputado formoseño dejó en claro que, algunos sectores de la oposición, contrariamente a lo que dice Fernández, están dispuestos a debatir el tema de los derechos de exportación en el ámbito que corresponde, que es el Congreso.

Finalmente,  Buryaile manifestó que quedaba a disposición del presidente, para llevar a cabo la discusión en el ámbito de la Comisión de Diputados.

Sr. Presidente @alferdez:

Como Pte. de la Comisión de Agricultura de @DiputadosAR, ofrezco este ámbito para debatir el impacto de la suba de #retenciones en la producción y en el valor de los alimentos, y así demostrarle que están equivocados en sus ideas.

Quedo a disposición. pic.twitter.com/WCz3pjAJI1

— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) May 28, 2022

El diputado nacional Alberto Asseff se refirió a la insistencia del gobierno en subir las retenciones, y lamentó que “sigan sin entender la situación de la economía y de los productores”. En este sentido, agregó que “al parecer la única receta que tiene el kirchnerismo es quitarle la ganancia a quien produce y cree que eso sólo soluciona todo problema de macroeconomía que tiene el país”. 

El legislador de Juntos por el Cambio se explayó además sobre las palabras de la portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, quien dijo que “sin ayuda de la oposición es una batalla perdida”, y dijo que “nuestro compromiso es con la Argentina que produce, con los argentinos que buscan el bien común y que son motor de la economía; no con un gobierno que está fracturado al interior y que entre ellos no se ponen de acuerdo sobre si ‘retenciones si o retenciones no’”. 

El titular del Partido UNIR señaló que “desde el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía ya le dijeron a Fernández que las retenciones eran algo imposible, pero el presidente insiste con una propuesta ridícula para tratar de agradar al núcleo duro del kirchnerismo que ve la economía con anteojeras ideológicas y no sabe lo que sucede en realidad”. 

“Desde JxC asumimos el compromiso de no aumentar ni crear un impuesto más y vamos a cumplirlo porque es nuestro deber ser un límite a la voracidad de un gobierno ciego y hambriento que no entiende la situación grave que vive el sector productivo agrícola y sólo ve la utilidad que puede quitarle para otorgar dinero clientelar”, concluyó Asseff. 

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que el Gobierno nacional está a favor de la suba de retenciones, luego de la polémica que generaron las declaraciones del presidente Alberto Fernández, y tras las cuales el propio ministro de Agricultura, Julián Domínguez, salió a aclarar que no iba a haber aumento en los derechos de exportación de productos agropecuarios.

En su habitual conferencia de prensa de los jueves, la funcionaria aseguró: “Los ministros y yo decimos todos lo mismo que dice el presidente Alberto Fernández. En este momento, que hay que desacoplar los precios internos de los precios internacionales, una de las herramientas que tenemos, y que quizás se podría aplicar más rápidamente, es el aumento de las retenciones y es algo que se está llevando adelante en muchísimos países“.

Aunque “no hay que dar batallas perdidas”, Cerruti admitió que el Poder Ejecutivo no podría avanzar con una ley en ese sentido por la gran resistencia de la oposición. “Si la oposición, antes que hubiera ningún tipo de proyecto en el Congreso, encabeza un tractorazo en contra de las retenciones; o la semana pasada, apenas el presidente dijo algo por el estilo, salieron todos en coro a decir que se oponían y que eso no va a suceder, nos parece que es una pérdida de tiempo tratar dar esa batalla en el lugar inadecuado, que es el Congreso, el único lugar donde se podría dar esa discusión, si ya la oposición está diciendo que de ninguna manera la votaría y por lo tanto no tendríamos los votos para que salga“, expresó.

Y, acto seguido, ratificó la posición oficial, al tiempo que le pidió a la oposición rever su postura. “El Gobierno cree que las retenciones son una de las herramientas adecuadas en este momento para desacoplar los precios nacionales de los internacionales y convoca a la oposición a que revea su posición y que puede sentarse a discutir el tema, porque es una de las posibilidades que tenemos que pensar”, sostuvo.

Por otra parte, la portavoz presidencial fue consultada por la carta que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, le envió al ministro de Economía, Martín Guzmán, para que actualice en lo inmediato el piso en el impuesto a las Ganancias.

“Así como otros hicieron campaña prometiendo que iban a terminar con el impuesto a las Ganancias y durante cuatro años no hicieron absolutamente nada”, arrancó Cerruti, aprovechando para criticar a la gestión macrista, “este Gobierno -continuó- se comprometió a subir el piso y así sucedió, y a ir mejorándolo cada vez que esto fuera necesario”.

Tras señalar que Massa y Guzmán “han conversado varias veces la semana pasada” sobre el asunto, indicó que Guzmán “ya dijo que esto pronto va a suceder y el titular de la Cámara de Diputados insiste con este tema porque tanto a él como a todos nosotros le parece importante”. “Va a suceder en los próximos días”, reiteró.

Las retenciones no deben ser ninguna batalla, @gabicerru , porque no tendrían que ni siquiera existir. Las verdaderas batallas son contra la inseguridad, el narcotráfico y la inflación, y las están perdiendo por goleada.https://t.co/7LjudAsBDL

— Fede Angelini (@fangelini) May 26, 2022

La exdiputada nacional y economista jefa de Proyecto Económico, Fernanda Vallejos, advirtió sobre la necesidad de aumentar las retenciones para “adecuarlas a “la situación de precios que tenemos en el mundo y en la Argentina” y respondió a las declaraciones del presidente, Alberto Fernández, quien en una entrevista radial sostuvo que para modificar la alícuota de los Derechos de Exportación “se requiere de la aprobación del Congreso”.

“Me llamó mucho la atención, no sé a qué obedeció ese comentario. No es una política que requiera una ley del Congreso, es una potestad del Poder Ejecutivo, y durante su mandato actual el presidente ya firmó dos decretos modificando alícuotas de derechos de exportación”, aseguró Vallejos.

Este sábado el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ratificó el criterio del presidente al afirmar que la discusión por una suba de las retenciones “es abstracta” debido a que “el Congreso está en contra”.

El 19 de marzo de este año, el presidente secundado por las firmas del jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Agricultura, Julián Domínguez; del de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Economía, Martín Guzmán, aumentó por decreto 131/22 la alícuota de los Derechos de Exportación de la harina y del aceite de soja, llevándola del 31 al 33 por ciento.

Respecto al planteo de la oposición, que asegura que caducaron las facultades del Ejecutivo para estas cuestiones, fue concluyente: “Es un argumento jurídico que no se sostiene desde lo legal. El código aduanero está vigente. No solo que el Poder Ejecutivo tiene potestad, sino que tiene potestad plena: no hay topes dentro de los que pueda moverse”.

El artículo 755 del Código aduanero indica de forma explícita en el inciso A que el Poder Ejecutivo podrá “gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere gravada con este tributo” y en su inciso “C” “modificar el derecho de exportación establecido”.

“Acá hay una decisión que tomar: hay riesgo alimentario, una cantidad importante de familias argentinas que no están pudiendo asegurar el acceso a los alimentos. Esto está fuera de toda discusión. Si me preguntas a mí, no tengo ninguna duda: hay que adecuar el esquema de retenciones a la situación que se está viviendo”, puntualizó Vallejos.

 Y sumó: “Fijate los niveles de inflación que estamos teniendo: 58% anual en la última medición, claramente hay un proceso de ajuste fuerte sobre los ingresos de los argentinos. Viene desde el gobierno de (Mauricio) Macri, pero es una tendencia que no se ha revertido en este tiempo. Lo más contundente es lo que ha ocurrido con los salarios en el último año. Perdieron 5 puntos de participación en el ingreso nacional, es un retroceso en términos distributivos”.

Vallejos explicó que “la inflación hoy, indiscutiblemente, está determinada por los precios internacionales y duele más en lo que tiene que ver con alimentos. Y eso a su vez está potenciado por la dinámica de la política cambiaria. A esto debemos sumar la situación de los precios regulados, otra de las exigencias del FMI donde tampoco se discutieron los costos”.

Por último, se mostró partidaria de implementar un sistema de retenciones móviles: “Es el instrumento más efectivo, más eficiente porque ahora que el precio del trigo está llegando a U$S500 la tonelada suben, pero después que termine la guerra en Ucrania, cuando los precios vuelvan a niveles normales, también bajaría el nivel de retenciones. Las alícuotas móviles les dan certidumbre a los productores, los exportadores y también a los consumidores”.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a analizar la posibilidad de subir las retenciones, luego de considerar que “desacoplan los precios internos de los internacionales”. En ese contexto, apuntó contra la principal bancada opositora: “Si no quieren retenciones, ¿dónde se quieren parar? ¿Qué proponen?”.

“Yo creo que queremos desacoplar los precios internos de los externos y para eso las retenciones son un instrumento idóneo. Y para eso necesito una ley, pero tengo una oposición que dice que no quiere que se toque ese tema”, sostuvo el primer mandatario en una entrevista radial con AM990.

En este sentido, frente a los reclamos de las filas kirchneristas, Fernández apuntó: “A quienes me reclaman que lo haga por decreto, no puedo hacerlo por decreto porque está expresamente prohibido para cuestiones impositivas, penales o electorales”.

Así, el presidente reprochó a la oposición por no presentar una variante a las retenciones: “Me encantaría que nos demos un debate con la oposición porque es muy posible que los precios sigan subiendo y que esto siga impactando sobre la gente”, y añadió: “Si no quieren retenciones, ¿Qué proponen? No lo sé”.

Fernández reiteró que “ese debate hay que darlo”. “Y hay que ver de qué lado se pone cada uno”, dijo y desafió: “Hagámoslo público, de qué lado de se pone cada uno… Siempre fueron derechos a la exportación y la Argentina los tuvo siempre, pero desde la crisis de 2008 se convirtió en un tema tabú del que nadie quiere hablar”.

Por otro lado, también analizó la problemática de la inflación en la Argentina: “Le pongo todo el empeño en un país con una historia inflacionaria dramática que no empezó conmigo”, y justificó: “Recibí 54 punto de inflación, pero en verdad empezó hace más de doce años el problema de tener dos dígitos de inflación”.

Fernández responsabilizó también al contexto internacional por la inflación en el país. “La inflación es muy complicada por el contexto internacional ahora”, aseguró, y continuó: “Ahora tenemos una cantidad de puntos importante que es inflación importada, porque aumentan el precio de los alimentos y cobran internamente lo mismo que le venden al mundo… Los frigoríficos que importan quieren cobrarle al mismo precio a China que en la Argentina”.

Además, el presidente señaló a “los sectores poderosos de la Argentina” por un problema de solidaridad. “Es muy difícil y hacer entender eso”, sostuvo y agregó: “Es muy difícil esa pelea”.

Puntualmente sobre el lanzamiento de nuevos billetes que llegarán para reemplazar forma paulatina a los animales, el jefe de Estado fue consultado por la decisión de no imprimir moneda de mayor denominación: “No hace falta, creemos que las cosas se pueden ordenar”.

Y amplió: “Como confiamos en nuestra moneda y queremos recuperar el valor de nuestra moneda porque muchos dejaron de creen en esta moneda, lo que quisiera es que nuestra moneda vuelvan a estar quienes hicieron la historia de nuestra Argentina”.

De cara a un martes intenso cargado con mucha actividad legislativa en la Cámara baja, el diputado nacional y presidente de la Comisión de Industria, Marcelo Casaretto (FdT – Entre Ríos), se refirió al proyecto de ley de Compre argentino y aseguró que “prioriza la industria nacional ante lo importado”. Por otro lado, despejó dudas sobre el incremento de las retenciones: “no hay ningún proyecto. Ni se va a tratar en el Congreso”.

Este martes el oficialismo buscará emitir dictamen favorable al proyecto de reforma a la ley de Compre argentino, que propone ampliar el margen de preferencia para empresas locales en las licitaciones públicas, y por la cual el Gobierno estima que podría ahorrar US$ 500 millones. En ese sentido, en declaraciones a la AM 870 Radio Nacional el legislador oficialista sostuvo que se busca “priorizar la industria nacional ante lo importado”, y explicó que “la ley existe, pero según los gobiernos, se bajan o se suben las preferencias”.

Por otro lado, Casaretto despejó las dudas que quedaban luego de que fuera el propio presidente, Alberto Fernández, quien sembrara la hipótesis de suba de derechos de exportación, por lo que aclaró que “no hay ningún proyecto” sobre incremento de las retenciones al agro “ni se va a tratar en el Congreso”.

“Profundizar mucho este tema significaría discutir y discutir sin llegar a ningún lado”, opinó Casaretto, un hombre ligado al peronismo de los gobernadores y cercano también al jefe de Estado.

En tanto, Casaretto reconoció que “cuando uno se encuentra con circunstancias como esta de aumento de los precios internacionales se tiene que analizar todas las iniciativas”, pero aclaró que “nunca me enamoro de ninguna medida”.

“Hay que analizar todas y ver las que se pueden utilizar”, agregó el diputado oficialista, que criticó a la oposición por trabar diferentes proyectos del oficialismo que podrían contribuir a la lucha antiinflacionaria.

Para Casaretto, “hay una gestión económica positiva del presidente” y al respecto remarcó que “el año pasado crecimos 10% y este año 6%”. “La economía funciona”, concluyó, aunque admitió que “lo que no ha bajado es la inflación”, por lo que “es una tarea pendiente de nuestro gobierno”.

Por otra parte, el entrerriano adelantó que desde el Frente de Todos hay intención de “llevar el dictamen de mayoría de la modificación de la ley de alquileres al recinto la semana que viene”.

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, afirmó que se “necesita una discusión en el Congreso para poder incrementar las retenciones”, y llamó a “tener una mirada” que contemple “el mundo de los derechos de exportación y las distintas producciones argentinas”.

“El presidente dice algo cierto, cualquier esquema que supere los topes de lo establecido necesita una aprobación del Congreso argentino”, señaló Martínez sobre la posibilidad de subir las retenciones en diálogo con El Destape Radio.

El legislador recordó que en diciembre de 2019 se aprobó la Ley 27.541, denominada “Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, en la que el Congreso cedió facultades al Poder Ejecutivo para “fijar alícuotas” y en la que también “se establecieron topes para distintas producciones”, que caducaron a fines del año pasado.

“El presidente dice lo correcto”, sostuvo Martínez sobre los dichos de Alberto Fernández, quien el viernes pasado había señalado que “el instrumento con el que se desacoplan más fácilmente los precios internos de los externos son las retenciones” y había asegurado que se trataba de “un tema legislativo”.

En ese sentido, el diputado señaló: “Desde el punto de vista legislativo hay una delegación de facultades que terminó el 31 de diciembre pasado y se necesita una discusión para poder incrementar todo”.

Por lo que explicó que se debe “tener una mirada” que contemple “el mundo de los derechos de exportación y las distintas producciones argentinas”, porque hay “momentos” en donde “la venta no está cumplimentada” y otros en los que “no es así”.

Además, agregó que “no es lo mismo el derecho de exportación en la soja, que en el trigo o en el maíz”.

“Lo que hay que analizar a fondo es la validez de la herramienta, tomando recursos de qué producción, en función de qué expectativa de venta, para que eso pueda ser realmente eficiente a la hora de aplicarse”, completó sobre los impuestos a las exportaciones.

Por otro lado, el legislador adelantó que durante esta semana se tratará el proyecto de ley Compre argentino, cuyo espíritu es que la producción nacional tenga “una mayor preferencia” en las licitaciones públicas”.

“Es una ley muy importante porque, al hablar del desarrollo de proveedores, estamos hablando de sustitución de importaciones, de agregado de valor, de producción de partes de productos finales, y muchos de esos productos se hacen en el interior de la Argentina”, cerró el titular del bloque oficialista.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, volvió a referirse a las retenciones al campo al manifestar que “son el “instrumento con el que más fácilmente se desacoplan los precios internos de los internacionales”. En ese contexto, desde el bloque Córdoba Federal reiteraron su rechazo a dicha medida y remarcaron que “hay que decir basta a recetas que fracasaron”.

A través de las redes sociales, desde el espacio expresaron: “El bloque Córdoba Federal rechaza de plano un nuevo aumento a las retenciones agropecuarias tal como adelantó el presidente Alberto Fernández, diciendo que las retenciones son el ‘instrumento con el que más fácilmente se desacoplan los precios internos de los internacionales’”.

Por el contrario, sostuvieron que “hay que decir basta a recetas que ya fracasaron y dar vuelta la historia de un mal impuesto que comenzó ‘por única vez’ hace ya 20 años”, y señalaron: “Por eso, planteamos la baja gradual de las retenciones en el proyecto de ley que hemos presentado semanas atrás”.

“De ninguna manera los legisladores de Córdoba Federal acompañaremos en Diputados un aumento del derecho a las exportaciones agropecuarias, toda vez que se trata de un impuesto regresivo que atenta contra la producción”, adelantaron.

El presidente Alberto Fernández habló este viernes sobre suba de retenciones, cargó contra la oposición y desde ese sector salieron rápidamente a contestarle.

En declaraciones a Radio Con Vos, el mandatario analizó la situación económica actual del país, a la que vincula con los efectos de la guerra, y consideró que “el instrumento con el cual se desacoplan más fácilmente los precios internos del precio internacional son las retenciones”.

Pero éstas “son un tema legislativo y necesito que el Congreso entienda el problema y acompañe, llegado el caso, una decisión de esa naturaleza”, expresó.

Cuestionando a la oposición, Fernández recordó que “los dirigentes de la oposición fueron hace menos de un mes a hacer un tractorazo a Plaza de Mayo por el impuesto a la ganancia inesperada que no iba a pagar ningún chacarero, lo pagan personas jurídicas”.

Por eso, acusó: “Ellos hacen política con esto y olvidan toda racionalidad sobre el tema. Es un tema políticamente tratado por la oposición”.

“Yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso, pero voy a perder y van a decir que el Gobierno falló y tengo a la oposición haciendo tractorazos”, agregó.

Las respuestas no tardaron en llegar y se fueron multiplicando en las redes. Uno de los primeros mensajes fue del jefe del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo, quien sostuvo que “el Congreso no es el responsable de la pésima política económica”.

“Alberto Fernández no puede ordenar su coalición de gobierno y busca culpar a la oposición. Los problemas se encaran con programas y coherencia, pero al presidente ya no le creen ni los propios”, sumó el mendocino.

El Congreso no es el responsable de la pésima política económica. @alferdez no puede ordenar su coalición de gobierno y busca culpar a la oposición. Los problemas se encaran con programas y coherencia, pero al Presidente ya no le creen ni los propios.

— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) May 20, 2022

Por su parte, el presidente del bloque UCR en Diputados, Mario Negri advirtió: “No vamos a votar la suba de retenciones ni de otro impuesto. El presidente confunde inflación con suba de algunos precios relativos. No se les cae una idea, sólo buscan aumentar la recaudación a costa del sector que más produce. Dejen de expoliar al #campo y armen un plan serio”.

No vamos a votar la suba de retenciones ni de otro impuesto.
El Presidente confunde inflación con suba de algunos precios relativos.
No se les cae una idea, sólo buscan aumentar la recaudación a costa del sector que mas produce. Dejen de expoliar al #campo y armen un plan serio.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) May 20, 2022

“La palabra de @alferdez se devalúa con la rapidez del peso. Incluso, hace 24 horas @Martin_M_Guzman decía que no iban a tomar la decisión de subir retenciones. La palabra del presidente se sostiene menos que un perro en misa. #OtraVezAlCampo”, fue el mensaje del diputado Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería.

En tanto, el diputado del Pro Waldo Wolff escribió: “No cuente conmigo @alferdez para subir retenciones al campo ni más impuestos a nadie que produce. Pruebe con cosas como sacarle la doble jubilación a @CFKArgentina y la renta vitalicia al gobernador de La Rioja @QuintelaRicardo. Dejen de tirar de la soga”.

“Parece una tomada de pelo. La única medida que tiene en la cabeza este Gobierno es subir retenciones, frenar exportaciones, emitir y emitir dinero y generar cada vez más inflación y desempleo. HASTA CUÁNDO @alferdez?”, exclamó el senador entrerriano Alfredo De Angeli.

Desde Juntos por el cambio tenemos un compromiso con la sociedad de no aumentar más impuestos. No vamos a acompañar este disparate. El camino no es por ahí.

— Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) May 20, 2022

La diputada macrista Soher El Sukaria enfatizó: “No! No! NOOOO. No es con retenciones. No cuente conmigo, no cuente con #Córdoba #EsConElCampo”.

“Además del error de seguir gravando al sector productivo, está claro que el Gobierno no tiene un plan. Guzmán dijo hace unos días que no se iban a aumentar las retenciones. Ahora, @alferdez anuncia un proyecto para aumentarlas. ¿Planificar? Imposible!”, manifestó la diputada radical Gabriela Lena.

Desde el interbloque Federal, el diputado Alejandro “Topo” Rodríguez también expresó su rechazo a cualquier posibilidad de suba de retenciones. “El Congreso no aprobará ningún aumento de retenciones. La inflación es un problema serio, que Macri y este Gobierno tomaron livianamente. Si no cambian, van a seguir pulverizando la capacidad de compra del ingreso de la clase media y de los más humildes”, advirtió.

El Congreso no aprobará ningún aumento de retenciones. La inflación es un problema serio, que Macri y este gobierno tomaron livianamente. Si no cambian, van a seguir pulverizando la capacidad de compra del ingreso de la clase media y de los más humildes. https://t.co/wQcmSSOu01

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) May 20, 2022

Más mensajes desde la oposición

Su pedido es insólito, Presidente. No cuente conmigo para seguir vaciando los bolsillos del campo. Si necesita recursos achique gastos, reduzca el Estado y genere programas sólidos que promuevan la inversión. https://t.co/9bTw1A8BUf

— Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) May 20, 2022

Ante la crisis global por la escasez de trigo, el presidente amaga con subir retenciones y así profundizar esta situación. Si queremos ser solidarios con el mundo debemos producir más trigo y para eso necesitamos apoyar a los productores.

— Pablo Torello (@Pablo_Torello) May 20, 2022

¡Dejen de joder al campo y a los que laburan! Háganse cargo de su ineptitud para resolver los problemas.
De ninguna manera vamos a acompañar una suba de retenciones.

— Diego Santilli (@diegosantilli) May 20, 2022

El Presidente ahora entiende que las retenciones son competencia del Congreso. Bien, pero le doy una noticia, los diputados no vamos a subir retenciones. Queremos dejar en paz al campo, el sector que más dólares y progreso nos ha traído y nos va a traer.

— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) May 20, 2022

No vamos a votar suba de retenciones. Presenten un plan económico y dejen de buscar excusas. Los diputados y senadores oficialistas, que representan al interior productivo, tienen q explicarle al campo xq quieren seguir sacándole su esfuerzo para pagar el plan platita.

— Paula Oliveto Lago (@pau_oliveto) May 20, 2022

La movilización de hoy del “campo” autodenominada “tractorazo” para evitar el aumento “presunto” de retenciones me ha dejado sensaciones encontradas.

Para empezar; es increíble ver a la “política” de la derecha argentina apoyando la marcha, y transmitiendo que la “otra” política odia al campo, a la producción e incluso a la propiedad privada.

Es llamativo ver a “porteños” que no han conocido un arado en su vida y que se autodenominan “pro-campo”, únicos conocedores del trabajo duro, matinal y esforzado y le atribuyen al resto de la dirigencia la cualidad de “anti campo”, “anti desarrollo”, “anti patria”, además de parásita e improductiva.

Cuando llegó la pandemia este mismo gobierno “anti desarrollo” tuvo que duplicar las camas de terapia intensiva del país. Asegurar que ningún argentino muriera sin asistencia. Garantizar los insumos y medicamentos (muchos importados) a pesar de haber recibido un país sin reservas y sin acceso al crédito.

Este gobierno al que refieren como “antipatria” tuvo que tomar medidas de aislamiento antipáticas, discutir con una oposición que no quiso barbijos, vacunas ni restricciones. Pero además este gobierno “insensible”, intentó que los desbastadores efectos económicos de la pandemia se atenuaran, generando “Repros”, “IFES” créditos a tasas 0, créditos a tasas subsidiadas que, por supuesto tuvieron un costo fiscal enorme, pero atenuaron el impacto en el sector privado permitiendo una recuperación más rápida de la económica, descuento que el gobierno campestre con zapatos acharolados no hubiera tomado este tipo de medidas tan “deficitarias”.

No soy y no creo que el gobierno sea anti campo, ni anti patria…

La situación postpandemia con la guerra provocada por la “invasión rusa” a Ucrania, ha generado otras complicaciones.

El aumento internacional de los precios de la Energía y de los Commodities que exportamos del rubro alimentario, generan en una economía muy “indexada” como la nuestra, un proceso inflacionario que requiere y requerirá medidas duras quizás hasta antipáticas que deberán discutirse en el Congreso con acuerdos y consenso.

Debemos mantener el acceso de todos los argentinos a los alimentos, esa es la primera prioridad.

Frente a esta compleja situación, “el tractorazo” no debe ser repudiado, todos tenemos el derecho a manifestarnos y seguramente todos los que lo hacen, pero todos tienen parte de verdad en sus reclamos.

Lo de la oposición política subida a los tractores es otro tema, y creo que si merece la crítica. No todo vale para ganar una elección. Los consensos son necesarios para salir de la situación que vivimos. Y los consensos son difíciles cuando de un lado se creen “la patria” y endilgan al otro como la “antipatria”.

No estoy contra el campo, nunca lo estuve, no son antipatria. Si estoy listo a discutir soluciones apura el País que incluyan a todos los argentinos, pero primero a los más desvalidos. No pienso que cada uno se debe salvar solo, en base a sus méritos, en los que también creo, sostengo la obligación del Estado en garantizar la mejor calidad de vida posible para todos sus habitantes, y eso debemos construirlo entre todos.

Nadie sobra en la Argentina.

Los diputados del bloque Córdoba Federal Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca, se reunieron este martes en Jesús María con los representantes de la Sociedad Rural de esa localidad para dialogar sobre el proyecto de ley que propone la baja gradual de las retenciones al campo que presentaron en Diputados semanas atrás.   

“Como lo venimos haciendo, y seguiremos, con distintas Rurales en toda la provincia, vinimos a dar testimonio de que lo que prometimos en la última campaña electoral, lo cumplimos. Presentamos un proyecto de ley para eliminar gradualmente las retenciones de los derechos de exportación. Y aunque nuestra iniciativa tuvo el aval de la Mesa de Enlace, queremos interiorizar a todos los productores y recibir aportes para sacar la mejor ley posible en esta materia”, dijo Gutiérrez.  “El fin es dar vuelta la historia de un mal impuesto que comenzó ‘por única vez’ hace ya 20 años. Por eso planteamos la baja gradual de las retenciones a razón del 4% anual respecto del complejo sojero y del 3% por año en otros casos”. 

Por su parte, De la Sota indicó: “Necesitamos que las otras fuerzas políticas de Córdoba acompañen este proyecto, que se comprometan con la producción de Córdoba. Queremos que sea una buena ley la que finalmente se trate, por eso estamos abiertos a la discusión y el debate y a las modificaciones que sean necesarias. La baja gradual de retenciones agropecuarias fue uno de nuestros ejes en campaña y estamos contentos de poder cumplir con ese compromiso, con el proyecto en la agenda de los productores y abiertos al debate político en el Congreso”. 

Ignacio García Aresca coincidió en la necesidad de recorrer la provincia para conversar el proyecto con los productores, y ratificar el acompañamiento y el trabajo con el campo. “El mejor impuesto a las exportaciones agropecuarias es el impuesto a las Ganancias, que es un impuesto progresivo y no como el que hoy tenemos, las retenciones, que es regresivo y no se coparticipa con las provincias, sino que va a rentas generales”, sostuvo.   

En la actividad estuvo el ministro de Agricultura de la provincia, Sergio Busso; el titular de la Sociedad Rural de Jesús María, Pablo Martínez; entre otros dirigentes del sector, funcionarios y productores rurales. 

Los diputados nacionales del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca y Natalia de la Sota, se reunieron este miércoles con directivos de la Sociedad Rural de Río Cuarto para dialogar sobre el proyecto de ley de Eliminación gradual de Retenciones a las Exportaciones y Desarrollo del Federalismo Productivo en Argentina, presentado días atrás en Diputados. Fue el primero de una serie de encuentros con representantes del sector que los legisladores schiarettistas mantendrán con entidades rurales en toda la provincia.

La iniciativa de Córdoba Federal fija un esquema de reducción anual de derechos de exportación hasta alcanzar la alícuota cero para la producción agroindustrial y que tiene como propósito contribuir al desarrollo del federalismo productivo, disminuir la presión tributaria, brindar certidumbre a las actividades de exportación y establecer incentivos efectivos para la formalización de la economía.

“Nos comprometimos en campaña a presentar un proyecto referido a una baja gradual de retenciones y es importante poder cumplir con ese compromiso a partir de un proyecto serio y responsable que ya está presentado en el Congreso. Lo vamos a presentar en todos aquellos lugares que lo requieran y estamos dispuestos a dialogar con todos los bloques políticos interesados para fortalecer su respaldo”, dijo De la Sota.

En el mismo sentido, García Aresca señaló: “Estamos frente a una buena oportunidad, la de poder discutir este proyecto con todos los sectores. Por supuesto, el debate con todos los bloques será arduo pero es importante empezar a hablar de un tema demasiado importante no solo para Córdoba sino para todo el país”.

Piden explicaciones al secretario de Energía

En el encuentro, además, surgió la preocupación del sector agropecuario por la falta de gasoil en el arranque de la cosecha de granos, afectando a gran parte de la región productiva, especialmente a Córdoba. 

En ese marco, los diputados de Córdoba Federal informaron que  presentaron un proyecto de resolución para convocar al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, a la Cámara para que explique qué políticas se desarrollarán de manera “urgente” para el abastecimiento de energía a la estructura productiva, en particular sobre la situación que atraviesa Córdoba. El proyecto del bloque Córdoba Federal fue elevado a fines de la semana pasada antes de que recrudeciera el conflicto por faltante de combustible que desencadenó en la protesta de transportistas.

“Ante la gravedad de la situación solicitamos convocar urgente al Secretario de Energía para que informe cómo resolverá, además de la falta de gasoil, las dificultades de abastecimiento de gas natural producto de la declinación de la producción de gas natural de la Cuenca Norte, la saturación de la capacidad de transporte desde la Cuenca Neuquina, la ausencia de inversiones en el sistema de transporte en los últimos años, todo ello agravado por el actual contexto internacional”, explicó Gutiérrez sobre el tema.

En la reunión estuvo presente el presidente de la Sociedad Rural Río Cuarto, David Tonello, entre otras autoridades y productores del campo.

Los diputados nacionales Carlos Mario Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca, del bloque Córdoba Federal presentaron un proyecto de ley para que se eliminen las retenciones a las exportaciones y desarrollo del federalismo productivo en Argentina.

En su artículo segundo explica que el propósito de la iniciativa es “contribuir al desarrollo del federalismo productivo, disminuir la presión tributaria, brindar certidumbre a las actividades de exportación y establecer incentivos efectivos para la formalización de la economía”.

A su vez, fija una reducción gradual de 3 puntos porcentuales anuales en las alícuotas de derechos de exportación de las mercaderías comprendidas en todas las posiciones arancelarias de los distintos capítulos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), excepto para los productos del complejo sojero (poroto, aceite de soja, harina de soja y biodiesel), cuya reducción anual será de 4 puntos porcentuales.

“Las mercaderías que se encuentren alcanzadas con alícuotas de derechos de exportación iguales o inferiores al 3% (tres por ciento) al inicio del esquema de reducción, quedarán completamente desgravadas al primer año de entrada en vigencia del nuevo régimen”, agregan.

Entre los fundamentos, remarcan que el proyecto “se formula y presenta en el marco de las atribuciones que, en materia de derechos de exportación (DEX), nuestra Constitución Nacional le confiere al Congreso de la Nación. El Poder Ejecutivo no puede atribuirse el derecho a fijar retenciones (DEX)”, y apelan al artículo 75 de la Carta Magna que establece: “Corresponde al Congreso: 1. Legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación”.

“Argentina cuenta con los recursos humanos, naturales y de conocimiento como para iniciar una estrategia sostenida de crecimiento y desarrollo, basada en un federalismo productivo que incentive la inversión, la innovación y el pleno aprovechamiento de su capacidad exportadora, en una economía que genere trabajo y empleos de calidad con ascenso social”, señalan en el texto y agregan: “Las retenciones (derechos de exportación) también afectan y distorsionan gravemente el federalismo argentino, ya que generan fuertes inequidades y transferencias de ingresos entre regiones”.

Proyecto-de-Ley-Eliminacion-de-Retenciones-a-las-Exportaciones-y-Desarrollo-del-Federalismo-Productivo-en-Argentina

El interbloque de Juntos por el Cambio del Senado de la Nación recibió este miércoles a la conducción de la Mesa de Enlace. El encuentro tuvo lugar en el Salón Auditorio Emar Acosta del edificio Anexo de la Cámara alta.

Por la Mesa de Enlace participaron, el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino; el presidente de las Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; vicepresidente de CONINAGRO, Elbio Laucirica; y el presidente de la Federación Agraria, Carlos Achetoni.

Al inaugurar la reunión, Carolina Losada sostuvo que “las retenciones desde el 1 de enero son ilegales porque el Poder Ejecutivo perdió la facultad delegada del Congreso, por esto presenté un proyecto de ley para la derogación del decreto 131/22 por ser ilegal, atentar contra la industrialización, perjudicar fuentes de trabajo y el ingreso de divisas. Consideramos que el futuro de la Argentina es con el campo y no contra el campo como lo plantea este Gobierno”.

Al finalizar el encuentro, el titular del interbloque en la Cámara alta, el mendocino Alfredo Cornejo, subrayó: “Fue una reunión muy productiva donde junto con la Mesa de Enlace, el interbloque analizamos temas de agenda del sector productivo general, no solo de la Pampa Húmeda, sino de buena parte del campo y la agroindustria argentina. Seguiremos trabajando en forma conjunta para avanzar en objetivos concretos en materia legislativa para el sector”.

A su turno, el senador Alfredo De Ángeli (Frente Pro – Entre Ríos) manifestó: “Celebro este encuentro con la Mesa de Enlace. Desde el bloque Juntos por el Cambio en el Senado tenemos un enorme compromiso con el sector porque sabemos que para que Argentina despegue y se desarrolle necesita del sector. Tenemos que trabajar codo a codo en una agenda amplia para el sector que genera trabajo en todo el interior del país”.

El presidente de la Federación Agraria advirtió: “Estamos compitiendo con países vecinos que no tienen derechos de exportación, no tienen inflación, tienen un solo tipo de cambio de moneda, y aun así estamos peleándola. Así que nos tienen que poder dar mejores condiciones para poder sacar a la Argentina de la pobreza. Por eso creemos claramente que tenemos no sólo que poner en agenda el problema de las retenciones o derechos de exportación, sino también la problemática que tienen un sinnúmero de economías regionales que no la están pasando bien y necesitan del desarrollo”.

“Necesitamos que nos den un marco de previsibilidad, para poder saber cómo van a ser las inversiones de acá en adelante. Tenemos ciclos productivos que, el que menos dura es de seis meses, que es una siembra de soja; pero después tenemos otros ciclos como el de la ganadería que dura entre dos y tres años, o las plantaciones en las economías regionales que pueden durar entre cinco y quince años. Para todas esas cosas necesitamos previsibilidad”, explicó el vicepresidente de CONINAGRO.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina aseveró: “Venimos a pedirles que generen el marco institucional para que las leyes nos dejen producir, bajo esta premisa ganaremos todos los argentinos”.

“Es necesaria una reforma tributaria integral para el sector agropecuario y destacar la ilegalidad de los derechos de exportación. Las retenciones han hecho un daño enorme también a las economías regionales”, destacó el titular de las Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes.

Participaron los legisladores Alfredo de Ángeli, Humberto Schiavoni, Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferri, Mariana Juri, Gladys González, Stella Olalla, Mario Fiad, María Belén Tapia, Edith Terenzi, Carmen Álvarez de Rivero, Silvia Giacoppo, Víctor Zimmermann, Luis Juez, Roberto Basualdo, José Torello, Gabriela Valenzuela, Julio Martínez, Beatriz Ávila, Deonisio Scarpin, Flavio Fama, Pablo Blanco, Daniel Kroneberger y Eduardo Vischi.

La Mesa de Enlace encabezó este miércoles una serie de reuniones con la oposición en la Cámara de Diputados tras el aumento de retenciones anunciado por el Gobierno nacional para el aceite de soja y la harina. El interbloque Provincias Unidas participó de la jornada y expresaron que “el campo no puede se visto como un enemigo” y enfatizaron la importancia que tiene para el país.

“Verdaderamente fue una conversación muy fructífera”, destacó el presidente del interbloque Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) y remarcó: “Nosotros desde el bloque Provincias Unidas pertenecemos justamente a provincias muy ligadas a la producción, a la exportación, a la generación de riquezas y por supuesto estamos convencidos que de ninguna manera el campo puede ser considerado un enemigo o tenemos que caer en esas antinomias campo-ciudad, de productores a industrial”.

En ese sentido, agregó: “Sabemos que todo el complejo tiene contradicciones dentro de si mismo, pero creemos que tenemos que defender a aquellos que de alguna manera terminan aportando la cuota más importante que hace a la posibilidad del desarrollo en la Argentina. Tenemos la responsabilidad de escucharlos y equilibrar los intereses que hay entre esos sectores y no estemos nada más pensando en cuánto podemos sacar a esos sectores para contribuir a este país macrocéfalo en el AMBA y las necesidades que son sociales y electoralistas y se generan éstas antinomias”.

Respecto a la reunión, contó: “Hablamos sobre leyes agroindustriales, sobre retenciones, sobre proyectos que el Congreso tiene que tratar en relación al presente y al futuro. Les comunicamos que se está resolviendo la temática de las comisiones y que próximamente van a ser tratados. El diálogo debe continuar porque el sistema democrático está garantizado a través de un parlamentarismo activo”.

Por su parte, el vicepresidente del interbloque de Provincias Unidas, el misionero Diego Sartori, precisó: “Escuchamos a todos y cada uno de ellos, sus posiciones inclusive sus inquietudes y varios proyectos de ley que hay en este congreso y que deberían ir tomando forma”.

“En ese conjunto de leyes pendiente también se habló de la necesidad que tenemos de trabajar juntos porque la Argentina nos necesita justamente a todos. Nosotros como legisladores tenemos el compromiso de escuchar a todas las partes, este es un sector muy importante para nuestro país, que justamente tiene que ver con el campo, con la producción donde nosotros como legisladores tenemos que ir buscando las soluciones con leyes en favor a de un país federal”, concluyó.

Al finalizar la reunión del interbloque Federal con la Mesa de Enlace nacional, el diputado Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal) anticipó que “la semana que viene vamos a presentar un proyecto que plantea eliminar gradualmente las retenciones agropecuarias en un término de 5 o 6 años y que, en ese período de tiempo, las mismas sean tomadas a cuenta del Impuesto a las Ganancias”.

Según indicó, la iniciativa también contemplará a “otros sectores productivos y aspectos como créditos a generar, etcétera”.

“Es lo que venimos manifestando desde el bloque Córdoba Federal desde la campaña, y lo que nuestro gobernador Juan Schiaretti viene manifestando desde la época de la 125 porque las retenciones son un mal impuesto que penalizan la producción. A punto tal, que muchos productores de Córdoba han manifestado que están dispuestos a tolerar una alícuota mayor del impuesto a las Ganancias, pero no las retenciones porque son injustas y castigan a quienes por razones climáticas -u otras- no les va bien. Mientras que Ganancias es un impuesto progresivo – es decir el que tiene más dinero, más paga- y además es coparticipable con las provincias”, explicó el legislador.

Y agregó: “Si se requieren más dólares, el campo es el sector más dinámico, puede generar esos recursos en menos tiempo. No se entiende por qué se convierte en un objetivo a destruir. Eliminar progresivamente retenciones a cuenta de Ganancias significa sacarle la pata de encima al productor y dejar que se genere riqueza”.

“En todo caso, se debe mejorar la recaudación de Ganancias, porque la incapacidad del Estado no puede ser un argumento para sostener las retenciones”, señaló.

Gutiérrez aseguró que “nadie quiere desfinanciar al Estado, pero lo que es necesario es que el Estado no tenga siempre el mismo cliente: el campo. En todo caso, también habrá que readecuar -si hablamos de huecos fiscales- el tema de AYSA, Edenor y Edesur que se llevan la friolera de mil y pico de millones de dólares en subsidios que beneficia injustamente a un sector del país (AMBA)”.  

Por último, destacó que el intercambio con los representantes del campo para terminar con este “mal impuesto” se haya dado en el Congreso “habla de aprendizaje y madurez del sector y de la voluntad de modificar la situación con una ley consensuada en el Congreso de la Nación”.

El interbloque Federal de Diputados está integrado por Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca, de Córdoba Federal; Florencio Randazzo, Graciela Camaño y Alejandro “Topo” Rodríguez de Identidad Bonaerense; y los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein.

Dirigentes de la Mesa de Enlace mantuvieron distintas reuniones este miércoles en el Congreso con diferentes bloques de la oposición, a raíz del reclamo por la suba de retenciones en la harina y el aceite de soja, que el Gobierno nacional dispuso por decreto el sábado pasado.

Los representantes de la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales conversaron en la Sala del Anexo C desde las 10 con el bloque Avanza Libertad, que integran José Luis Espert y Carolina Píparo, acompañados por Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos). Al mediodía fue el turno del encuentro en la Sala 1 del Anexo con el interbloque Juntos por el Cambio y, por último, con el interbloque Federal que conduce el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez. También se reunieron a puertas cerradas con Javier Milei.

Espert calificó como “fructífera” la reunión que mantuvo con la Mesa de Enlace quienes les plantearon “sus dudas, miedos, los ataques a los que se ve sometido el sector por parte del Gobierno. Estamos a favor de retenciones cero, a favor de una economía abierta al mundo, a favor de que las provincias financien el mantenimiento de los caminos con las inmobiliarias rural que cobran y mucho, que se eliminen ingresos brutos que es un impuesto muy distorsivo en las provincias y lo paga muy fuertemente el agro también, que se cree un IVA diferencial de cuatro puntos”.

El diputado criticó la falta de compromisos de los otros bloques opositores que cada uno quise tener su propia reunión con el campo: “Creo que era un momento oportuno para estar todos juntos y darle un volumen político al reclamo del Campo. Pero los distintos bloques quisieron tener sus 15 minutos de fama y decidieron que sean un encuentro por cada espacio”.

La semana pasada, el diputado nacional presentó un proyecto de ley para modificar el código Aduanero y permitir así, que sea el Congreso Nacional el que tome el control de los aranceles para gravar o desgravar las exportaciones e importaciones.

“La Constitución nacional establece que los derechos de importaciones y exportaciones son una facultad propia del poder legislativo. El Código Aduanero, esconde en cada uno de sus artículos una delegación directa en el Poder Ejecutivo, así los artículos 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 755, 756, 757 y 758 son un escollo para una sana vida constitucional. Por eso con este proyecto se busca que el Congreso retome el control que por ley le asigna y que actualmente debería tener en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación”, dijo Espert.

El legislador aclaró que, si el proyecto prospera, el Congreso debería armar un recorrido para que en comisiones se trate y evalúe que tipo de aranceles se debe fijar para cada producto en particular, tanto de exportación como de importación.

En declaraciones a Diputados TV, Espert ratificó el pedido de la conformación de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo “para tratar el DNU, sino se debe tratar en sesión”.

En otra línea, señaló: “Los países civilizados están aprovechando el boom de los precios de trigo, gas y nafta para producir más para que localmente los precios no suban tanto. Acá no nos comamos más el verso de que más recaudación implica mejoría en las cuentas públicas”. “Hay otras maneras no cavernícolas para aumentar la producción y bajar los precios del pan en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania que es permitir que la producción del trigo explote fruto de los precios extraordinarios que tiene en el mundo. En vez de estar persiguiendo con una pistola en la cabeza al productor, dejemos que se siembre trigo hasta en la maceta de la casa”, subrayó el diputado de Avanza Libertad.

El presidente de la bancada Pro, Cristian Ritondo, sostuvo: “La solución para el Gobierno es cazar en el zoológico, matar a impuestos al sector más productivo del país”.

“En esta reunión hay representantes de todas las provincias productivas, varios de ellos también son productores. Desde Juntos por el Cambio nos comprometimos a no aumentar más impuestos, pero lamentablemente el gobierno nacional actúa en sentido contrario. Nosotros estamos convencidos de que la presión impositiva debe bajar, en vez de subir”, remarcó Ritondo.

Además, el diputado del Pro reclamó: “La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que trata los DNU, debería funcionar desde el 11 de diciembre. Los presidentes del bloque de Pro y de la UCR en Diputados y Senado enviamos varias notas a la presidencia de ambas cámaras para que se normalice la situación. Creemos que hay cuestiones, como la de las retenciones, que deben ser tratadas por el Congreso y no legisladas por decreto”.

Por su parte, el presidente del bloque UCR, el cordobés Mario Negri, señaló: “Somos 116 diputados en JxC comprometidos con el campo. Vamos a dar una fuerte ofensiva parlamentaria para defenderlo y ayudarlo”.

“Este Interbloque tiene 116 legisladores sobre 257. Si tomamos cabal conciencia, solo resta convencer a 13 diputados más opositores. Con esto no sólo lograremos frenar las nuevas medidas, que no tenemos dudas de que son ilegales, sino que podemos aprobar nuevas leyes que apuntalen el desarrollo del campo y la agroindustria”, expresó el dirigente radical durante la reunión.

A su vez, cuestionó: “El kirchnerismo se beneficia con la parálisis legislativa. Hoy se cumplen 104 días sin que se conforme la Bicameral de Trámite Legislativo que analiza los DNU. Desde JxC tenemos compromiso en poner en marcha el Congreso. Esta parálisis tiene además que ver con la fractura expuesta del Frente de Todos, pero no va a continuar porque nosotros vamos a dar una fuerte ofensiva parlamentaria”.

Negri explicó que “se van a hacer todos los esfuerzos para que ambas cámaras del Congreso rechacen el decreto 131/2022 del sábado último que elevó las alícuotas de los derechos de exportación a derivados de la soja. Esto debe ir de la mano de los planteos judiciales que va a poner en marcha el campo”, e insistió: “Si logramos el apoyo de otro sector de la oposición vamos a darle previsibilidad al campo, que es lo que necesitan los productores desde hace 20 años”.

En tanto, el legislador cordobés comunicó a la prensa que el interbloque JxC y las entidades agropecuarias crearon una mesa de trabajo para diseñar un plan de acción. 

En el mismo sentido, Juan Manuel López, jefe del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica, sostuvo: “Nosotros creemos que son ilegales estas últimas medidas y lo que se tienen que preguntar es si puede el Poder Ejecutivo dictar o aumentar o bajar o subir retenciones de algún modo. Sí puede en tanto y en cuanto haya una ley delegante de este Congreso, y esa es una batalla que se logró y esa ley delegante se cayó el 31 de diciembre del año pasado”.

“¿La respuesta es puede? Sí. ¿Hay ley delegante? No. ¿Tienen que venir acá ustedes y el Gobierno a buscar eventualmente una ley delegante? Sí, porque las retenciones que se cobran son ilegales”, se preguntó López.

Y cerró: “Me parece bien que vengan acá a buscar una ley que ponga topes y que sea una ley que delegue en el Ejecutivo por plazos cortos, de 2 y 3 años. Lo estudiaremos, nos pondremos de acuerdo entre todos, pero esa base de discusión me parece que está ganada”.

Por su parte, el diputado Ricardo Buryaile afirmó: “No hay salida posible en la Argentina sin mayor exportación, sin previsibilidad y afectando al sector que más divisas genera y que es uno de los pilares de la economía argentina”.

El diputado Jorge Vara destacó: “Fue una reunión muy abierta y franca. No hay otra intención que tener reglas de juego claras y previsibles, sobre eso hablamos y coincidimos todos. Lo que pide el sector productivo son reglas de juego claras, previsibilidad y bajar la carga impositiva que es altísima”.

Buryaile insistió en que los productores “nos expresaron fundamentalmente su preocupación, porque así como el Gobierno avanzó con el dictado de algunos decretos, mañana perfectamente, y en violación a las facultades que son propias del Congreso, pueden dictar otros y apoderarse del trabajo de los productores agropecuarios. Por lo tanto, la incertidumbre reina en los productores, lo que impactará en la inversión que seguramente tendremos en los próximos meses para la campaña 2022/23”.

Y agregó: “Les manifestamos que vamos a trabajar para, desde lo que está al alcance de los legisladores nacionales, hacer cumplir la Constitución, que los derechos de importación y exportación los fije el Congreso, que las políticas tributarias pasen por el Congreso y darles previsibilidad para que generen una mayor producción y un mayor fomento a las exportaciones”.

Vara, además, se refirió puntualmente al trigo: “Ahora viene la siembra de trigo y lo que necesitamos son reglas de juego claras para que se siembren la mayor cantidad de hectáreas posibles. Hay muchas oportunidades de colocar trigo en todo el mundo y recuperar mercados que fuimos perdiendo a mano de los países que están en la zona de conflicto”.

Y añadió: “Por eso a través de una Ley en el Congreso deberíamos garantizar que no se cambien las reglas de juego para el trigo en medio de la campaña, garantizando el consumo interno y apuntando a tener un gran excedente exportable, en el mismo sentido que propone discursivamente el ministro Julián Domínguez, pero fijándolo a través de una ley”.

“Hay una enorme coincidencia en todo el interbloque de Juntos por el Cambio sobre la valoración que se hace de la producción agropecuaria y el campo al país”, amplió.

En lo que se anticipa será un tema polémico dentro del Parlamento, donde hasta ahora nunca un DNU fue anulado -esto es, rechazado por ambas cámaras-, la medida del Ejecutivo deberá ser primero analizada en la Bicameral de Trámite Legislativo.

Tras la oficialización del aumento de dos puntos -del 31% al 33%- en los derechos de exportación de distintos productos, gran parte de la oposición advirtió que el decreto es inconstitucional por tratarse de una cuestión tributaria, además de no poseer esas facultades el Poder Ejecutivo tras el rechazo que hubo al Presupuesto 2022.

Desde la semana pasada la Mesa de Enlace viene organizando reclamos junto a productores de distintos puntos del país, y con la intención de convocar a una gran marcha en Buenos Aires.

El vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y diputado nacional por Mendoza Omar De Marchi (Pro) participó este miércoles de la reunión que se produjo entre los diferentes bloques y dirigentes de la Mesa de Enlace. Durante el encuentro, se analizaron las últimas medidas anunciadas por el Gobierno nacional, entre ellas el aumento de las retenciones del 31% al 33% para harina y aceite de soja y la creación de un Fondo Estabilizador de Trigo.

“El Gobierno quiere que el Campo pague y se haga cargo de sus despilfarros. Siempre me van a encontrar del lado de la defensa de los que producen. Y siempre voy a estar del lado del Campo, como de todos los sectores productivos. Argentina necesita gente que trabaje y no revolucionarios de café”, sostuvo De Marchi.

Asimismo, apuntó: “Las contradicciones del Gobierno son a este punto intolerables, sostener que Argentina debe exportar más para resolver su problema de divisas y paralelamente cerrar las exportaciones de harina y aceite de soja, delata que hay dos gobiernos en uno. La pelea de fondo entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner se derrama en todas las acciones del Gobierno”.

“El Gobierno debe entender que la única manera de bajar precios es que haya más ofertas de bienes y servicios y para que esto suceda debe haber más inversiones”, concluyó el diputado mendocino.

La diputada nacional Gabriela Lena (UCR – Entre Ríos) apuntó contra el Gobierno nacional, a través de sus redes sociales, por la suba de dos puntos de retenciones en la harina y el aceite de soja que dispuso por Decreto. Además, se dirigió al gobernador de su provincia, Gustavo Bordet, y le consultó por la postura que adoptará en relación al tema.

“El campo entrerriano está en estado de alerta y movilización por las medidas del Gobierno nacional para el sector”, advirtió la diputada radical y preguntó: “¿Qué actitud va a asumir el gobernador Bordet? ¿Va a acompañar los reclamos de sus comprovincianos o se va a alinear con el gobierno de su partido?”.

En ese mismo sentido, señaló que “el país necesita ingreso de divisas y no debe ser poniendo un pie sobre los productores”, y recordó que “aumento de retenciones y cupos a las exportaciones son medidas que ya fracasaron”. “El campo ha sido siempre el sector más dinámico y el que aporta los mayores ingresos a las arcas del fisco”, destacó Lena.

Dirigentes de la Mesa de Enlace se reunirán este miércoles en el Congreso con diferentes bloques de la oposición, a raíz del reclamo por la suba de retenciones en la harina y el aceite de soja, que el Gobierno nacional dispuso por decreto el sábado pasado.

En lo que se anticipa será un tema polémico dentro del Parlamento, donde hasta ahora nunca un DNU fue anulado -esto es, rechazado por ambas cámaras-, la medida del Ejecutivo deberá ser primero analizada en la Bicameral de Trámite Legislativo.

Tras la oficialización del aumento de dos puntos -del 31% al 33%- en los derechos de exportación de distintos productos, gran parte de la oposición advirtió que el decreto es inconstitucional por tratarse de una cuestión tributaria, además de no poseer esas facultades el Poder Ejecutivo tras el rechazo que hubo al Presupuesto 2022.

Desde la semana pasada la Mesa de Enlace viene organizando reclamos junto a productores de distintos puntos del país, y con la intención de convocar a una gran marcha en Buenos Aires.

Este miércoles será el turno de que sean recibidos por legisladores de la oposición, con quienes buscarán coordinar una acción común frente al aumento de las retenciones.

Los representantes de la Sociedad Rural, la Federación Agraria, Coninagro y Confederaciones Rurales se reunirán a partir de las 10 con el bloque Avanza Libertad, que integran José Luis Espert y Carolina Píparo.

En tanto, a las 12 será el turno del encuentro con el interbloque Juntos por el Cambio y, a las 15, con el interbloque Federal que conduce el bonaerense Alejandro “Topo” Rodríguez.

REUNION CON EL CAMPO

Se confirmó la reunión q tendremos el Interbloque de Juntos por el Cambio con la Mesa de Enlace de entidades agropecuarias.

Será este miércoles 12 hs. en la Cámara de Diputados.

Es fundemental escuchar y acompañar al sector más productivo del país.

— Omar De Marchi (@omardemarchi) March 22, 2022

El diputado nacional Rogelio Frigerio (Pro) y el senador nacional Alfredo De Angeli (Pro) participaron este lunes del “tractorazo” organizado por productores agropecuarios en Gualeguaychú, Entre Ríos, en protesta a la suba de dos puntos de las retenciones en la harina y el aceite de soja, que el Gobierno nacional dispuso por DNU.

En declaraciones al canal TN, y en relación al decreto del Poder Ejecutivo, Frigerio advirtió: “Vamos a hacer fuerza tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados para decirle al Gobierno que hasta acá llegó. Su medida es inconstitucional”.

En esa línea, el legislador entrerriano recordó que “cuando no votamos el Presupuesto en diciembre pasado le sacamos al Gobierno las facultades delegadas para que no pudiera hacer esto”.

“Es algo a lo cual el kirchnerismo nos tiene acostumbrados, que ante cualquier problema la primera idea que se les cae, el primer manotazo, es aumentar las retenciones, aumentar los impuestos, poner cupos a la exportación, cerrar mercados. Todas ideas que en el pasado han demostrado su fracaso. De hecho, con todas estas ideas aún en marcha desde hace tiempo, en febrero Argentina fue el país con la inflación más alta del mundo. Claramente el camino tiene que ser el opuesto a lo que viene haciendo el Gobierno nacional hasta ahora”, sostuvo.

El diputado resaltó que en esa movilización “el campo viene a decir basta a la presión impositiva. El campo no viene a pedir nada, solo pide que le saquen la pata de arriba de la cabeza, que le dejen desplegar el potencial, es el sector productivo más competitivo de la Argentina, uno de los más competitivos del mundo que le puede dar a nuestro país las divisas que necesita, las exportaciones, el trabajo, la riqueza que se genera en este sector”.

“Hay mucha paciencia en el campo durante mucho tiempo, pero uno tira de la cuerda hasta que la cuerda se rompe”, expresó Frigerio y consideró que “no da para más la asfixia impositiva que sufre la Argentina, en general, y el campo, en particular”. “Dos puntos (en las retenciones) con un año tan duro como este, con la sequía más dramática que tuvo el campo en muchísimo tiempo, con la bajante de nuestros ríos, complica una situación que ya viene mal de antes”, continuó.

Por eso, el opositor insistió que esta medida “lastima y genera bronca”, al tiempo que demuestra “una posición permanente del Gobierno en contra del campo”. “El presidente anunció una guerra contra la inflación pero pareciera que el enemigo es el campo ante cada medida que toma el kirchnerismo”, completó.

Por su parte, De Angeli remarcó que “tenemos el compromiso de acompañar (al campo) y vamos a ser oposición férrea ante cualquier aumento de impuestos”. “Esto me trae muchos recuerdos y ojalá no tengamos que volver a lo del 2008. Estamos previniendo al Gobierno, al presidente, que no se meta con el campo”, alertó.

El senador opinó que “el país necesita más producción, exportar, generar mano de obra genuina, dar valor agregado”.

“Acá el campo, los productores, le están diciendo ‘si quiere guerra, guerra va a tener'”, añadió y reclamó: “Como legisladores más que guerra queremos un plan de Gobierno”.

Por eso acompañé el tractorazo de hoy en Gualeguaychú y compartí con los productores la preocupación por las medidas que perjudican al motor económico de nuestro país. ¡Defendamos la producción! 🇦🇷 pic.twitter.com/mqxhSIdN0b

— Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) March 21, 2022

El diputado nacional Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos-JxC) denunció penalmente al presidente Alberto Fernández a raíz del DNU 131/2022 que dispuso, hasta el 31 de diciembre de este año, el aumento de dos puntos -de 31% a 33%- en la alícuota del derecho de exportación de productos como la harina y el aceite de soja.

“Acabo de denunciar penalmente al presidente @alferdez por su atropello a la Constitución Nacional. La suba de retenciones anunciada es facultad del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Soy diputado para representar y defender a los argentinos y no voy a tolerar el abuso de poder”, anunció este lunes en su Twitter el porteño.

En el escrito, el legislador opositor expresó: “Antes de comenzar el relato de los hechos constitutivos del ilícito y dada la gravedad que representa denunciar a un presidente de la Nación, debo decir que me ha inspirado avanzar en esta dirección la profunda convicción de que no puede ser la más alta magistratura del Estado” la que apunte a “atropellar los postulados de nuestra Constitución Nacional”.

Acabo de denunciar penalmente al Presidente @alferdez por su atropello a la Constitución Nacional. La suba de retenciones anunciada es facultad del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Soy Diputado para representar y defender a los argentinos y no voy a tolerar el abuso de poder. pic.twitter.com/mjXdein9jd

— Ricardo López Murphy (@rlopezmurphy) March 21, 2022

“La calidad de nuestra democracia, vapuleada desde hace algunos años por gobiernos que detentan un poder ilimitado, sin frenos ni contrapesos, debe comenzar a sanearse a partir de la reivindicación inexcusable de la vigencia del Estado de derecho, del cumplimiento de la ley y de la Constitución Nacional, que al organizar nuestra República establece la división de los poderes para impedir que la preponderancia del Poder Administrador desparrame sus tentáculos amenazando las facultades de otro de los poderes del Estado, como es el Congreso de la Nación”, señaló.

Además, el diputado liberal indicó que “el bien jurídico tutelado por la norma penal que se infringe es, justamente, el regular funcionamiento de la administración pública y la legalidad de sus actos intentando impedir el uso arbitrario o abusivo de la función pública”.

El Poder Ejecutivo Nacional modificó este sábado con la publicación del decreto 131/22 el actual esquema de retenciones de los productos derivados de la soja, como lo son el aceite y la harina, a partir de la quita del diferencial entre los productos industrializados y los sin procesar dentro del complejo sojero.

De este modo, estos subproductos pasarán de tributar 31% al 33% en concepto de derechos de exportación, lo que implica una suba de dos puntos en la alícuota, hasta, por lo menos, el 31 de diciembre de este año.

Previsiblemente la oposición se manifestó de manera crítica y ello permite prever un trámite complicado en el Congreso. Sucede que el decreto de este sábado que subió las retenciones debe pasar el test del Congreso.

“No tenemos duda de que es inconstitucional. Como es un decreto de necesidad y urgencia (DNU) debe ser tratado primero por la Bicameral de Trámite Legislativo y luego por las cámaras”, advirtió el presidente del bloque radical de Diputados, Mario Negri.

En efecto, el artículo 99 de la Constitución nacional establece que dentro de los diez días el DNU debe ser “sometido a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”, mientras que la Ley 26.122 establece en su artículo 24 que “el rechazo por ambas cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Lo cual equivale a que con la aprobación del DNU de una sola de las cámaras alcanza para su ratificación legislativa.

Es de esperar que ese decreto será enviado al Senado, pues esa es la cámara donde el oficialismo cuenta con mayores garantías para avanzar con los decretos de necesidad y urgencia. Hasta el momento, durante la gestión de Alberto Fernández nunca necesitaron que un DNU pasara por la Cámara baja. Con el Senado bastó, pues allí era amplia mayoría.

Ya no, pero todavía sigue siendo esa la Cámara más afín al Gobierno.

El Gobierno dispuso a través del Boletín Oficial la creación del “Fondo de Estabilización” anunciado este viernes y establecio´además una suba de dos puntos en la alícuota de las retenciones a la harina y aceite de soja: de 31 al 33%.

Previsiblemente la oposición reaccionó, y el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri, sostuvo en declaraciones a CNN Radio que “las medidas que se están tomando no van a detener la inflación, porque nadie confía en el Gobierno. Cada medida se va a ir cayendo. Una por una, no tengo dudas”.

“¿Cómo van a hacer acuerdos sectoriales de precios si estos mismos han fracasado hace poco? Busquen con la lupa los Precios Cuidados a ver si los encuentran en las góndolas”, ejemplificó. “¿Se acuerdan de Asado para Todos o de las Milanesas para Todos? ¿Cuántas veces amenazaron con el garrote de la Ley de Abastecimiento? ¿Se acuerdan de que hace poco iban los ministros a los supermercados a controlar los precios?”. 

Ayer el Presidente llamó al diálogo y hoy a la madrugada firmó un decreto ILEGAL para aumentar las retenciones.
No tiene atribuciones ni facultades delegadas,están vencidas
Qué pretende? Un conflicto como el que causó la Resolución 125?
No tiren más de la cuerda, hay hartazgo.

— Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 19, 2022

“El Gobierno no tiene que declarar ninguna guerra, lo que debe tener es un plan antiinflacionario, dejar de amenazar con el garrote. El kirchnerismo ya usó estas armas y no le pudo ganar a la inflación. Porque, encima, tenemos un presidente y un gobierno débil”, dijo Negri.

“Como si esto fuera poco, cuando falta plata se la agarran con el campo. Pero el campo tiene memoria. Los productores que generan las divisas, porque son los que producen y exportan, se van a poner de pie. Si el Gobierno no lee la fatiga social tendrá problemas”, agregó el diputado radical.

“Para la guerra contra la inflación, Alberto Fernández agarró todas las armas viejas que tenía y las aplicó todas. Las medidas que están tomando no van a detener la inflación”, cerró Negri.

La diputada nacional del Pro María Eugenia Vidal sostuvo en tanto que “no tienen facultades legales para hacerlo. Los esperamos en el Congreso”.

“Ahora entendimos: la guerra no es contra la inflación, es contra el campo”, agregó, para enumerar a continuación tres razones: “Es ilegal. El presidente no tiene más facultades para subir retenciones; es inútil. Sólo representa el 0.06% del PBI; es injusto. Este gobierno siempre presiona sobre los que producen y trabajan”.

El diputado Alejandro Cacace expresó: “Finalmente, por el decreto 131/2022, el Gobierno aumentó los derechos de exportación sobre la harina y el aceite de soja al 33%. Lo rechazaremos en el Congreso, ya que el Presidente ha ejercido facultades legislativas impositivas que no le fueron delegadas. Es inconstitucional”.

Para Paula Oliveto, “Alberto Fernández NO tiene facultades para aumentar retenciones. En el Congreso y en tribunales vamos a trabajar para ponerle límites. El camino es incentivar al que produce y bajar impuestos a la canasta básica. No hay un plan ni conducción. Retrocedemos cada vez más”.

El vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación y diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Mendoza Omar De Marchi, junto con un grupo de legisladores opositores, pidieron este lunes citar al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, para que brinde explicaciones por las medidas tomadas recientemente sobre la suspensión de exportaciones de harina y aceite de soja.

El proyecto de resolución presentado expresa su preocupación y rechazo por las medidas dispuestas en las últimas horas por la cartera liderada por Domínguez.

De Marchi pidió que “no puede seguir castigándose al sector más competitivo de la Argentina en lugar de permitirle crecer y alcanzar su máximo potencial. El Estado está allí para absorber recursos en las épocas de bonanza, pero nada hace cuando contingencias climáticas o económicas afectan la producción”.

“La harina y el aceite de soja tienen valor agregado, con lo que esta medida, sumada a la incertidumbre respecto de las posibles retenciones, fomenta la desindustrialización”, alertó el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de la Nación.

Los legisladores de Juntos por el Cambio que acompañaron el proyecto de resolución pedido por De Marchi son Pablo Torello, Graciela Ocaña, Soher El Sukaira, Laura Rodriguez Machado, Gerardo Milman, Alejandro Finochiaro, Gustavo Santos, Claudio Poggi, Sofía Brambilla, Roxana Reyes, Alvaro Martínez, Paula Omodeo, Victoria Morales Gorleri, Alberto Aseff, Hector Stefany, Ana Clara Romero, Alejandro Cacase, Lisandro Nieri, Lidia Inés Ascarate, Marcela Campagnoli, José Nuñez Jurado, Karina Bachey, Laura Carolina Castest, Camila Cresimbeni, Carlos Zapata, Alfredo Schiavoni, Danya Tavela, Matías Tacceta, Roberto Sanchez, Germana Figueroa Casas, Pablo Cervi, Gabriela Lena y Marcelo Antola.

En medio de la polémica por el cierre de exportaciones de harina y aceite de soja, y el estado de alerta por una posible suba de las retenciones, el ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que “no se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos”.

Al recordar que en 2020 se creó el Consejo Agropecuario Argentino, al momento de las preguntas el senador entrerriano Alfredo De Angeli (Pro) arrancó: “Anoche nos despertamos con la noticia de que aumentaron dos puntos las retenciones. Primero clausuran las exportaciones, para cumplir con el trámite administrativo para subir dos puntos los derechos de exportaciones tanto de la harina de soja como del aceite de soja. ¿Tuvieron en cuenta a ese organismo? ¿El Consejo Agroindustrial estuvo de acuerdo en aumentar los dos puntos de retenciones?”.

Y entonces el hombre de campo fue al hueso: “¿Van a aumentar las retenciones o no? Porque ahí tenemos que saber si seguimos sembrando y dejamos de planificar o seguimos trabajando”.

Al contestar, Guzmán apeló al contexto mundial: “Es importante tomar una plena consciencia de lo que conlleva la guerra para la Argentina, porque la guerra está presente y se manifiesta en los precios de todo lo que está asociado a lo que hoy sufre las consecuencias de la guerra: la crisis energética y la situación en el precio de los commodities”.

“Hay una parte de todo esto que para la Argentina implica una oportunidad”, resaltó y, en ese sentido, explicó que “dado que somos exportadores netos se presenta la posibilidad de tener una dinámica en la balanza de pagos más favorables, pero el impacto en el precio de los alimentos es significativo y es algo que se viene viendo con mucha claridad en las últimas tres semanas”.

Sobre esa línea, el funcionario argumentó que “no hacer nada al respecto implica una situación en la cual este shock que se presenta en el mundo es profundamente regresivo en el país. El Gobierno cuenta con limitados instrumentos y siempre se busca llegar a acuerdos a efectos de poder lograr de que este shock pueda resultar positivo, no resulte una presión en el precio de los alimentos que dañe a millones de argentinos”.

“Hemos venido trabajando con los esquemas de fideicomiso, buscando que haya contribuciones voluntarias que se puedan utilizar para lograr una brecha en la evolución del precio internacional y la evolución del precio interno de los alimentos”, continuó.

Guzmán señaló que “enfrentamos un shock de una magnitud que es difícil de encontrar precedentes en mucho tiempo”, por eso “las decisiones que se tomen tienen que ver con la naturaleza de los problemas que enfrentamos. Entendiendo que se buscan alcanzar equilibrios de incentivos a la producción y el impacto de la inflación interna”.

“No se está contemplando un aumento de los derechos de exportación de los granos, el trigo, el maíz, el girasol, el poroto de soja y los demás granos”, aseguró, y aclaró que “hay que buscar instrumentos para poder evitar que haya un efecto desestabilizante en el costo de la canasta alimentaria”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, también hizo hincapié en la cuestión bélica. “No se pueden tomar las decisiones que se tienen que tomar en tiempos normales, hay eventualidades externas que nos obligan a actuar de maneras diferentes. Esto tiene que ver con lo que sucede en esos países productores de granos”, sostuvo.

“Hay decisiones que se tienen que tomar como la que tomó el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, que está en permanente contacto con las entidades, pero lo tenemos que inscribir dentro de la absoluta excepcionalidad que hay en este contexto”, remarcó. “Estas decisiones no son nuestras, son consecuencia de las externalidades”, cerró.

Más temprano, ante una pregunta del senador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR), Guzmán expresó que “no hay ningún compromiso asumido en el contexto del programa con el FMI sobre impuestos o retenciones”.

Al recordar que en la Cámara de Diputados se dio una “discusión fructífera” sobre la cuestión del programa económico -que se retiró del proyecto-, el ministro indicó: “El programa establece un conjunto de compromisos, metas, compromisos de política económica generales, pero después es la responsabilidad del Gobierno nacional el diseño y la ejecución de un número de aspectos grandes que implican la capacidad de cumplir con los compromisos que se toman en el programa”.

Por otra parte, el titular de la cartera económica afirmó que “hay un compromiso de adecuar el Presupuesto (prorrogado), a efectos de que sea consistente con los objetivos de política fiscal que se están trazando en el contexto del acuerdo”.

El senador nacional por San Juan Roberto Basualdo se refirió a la decisión del Gobierno de suspender el Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para las exportaciones de harina y aceite de soja, y advirtió que significa “ir en contra del país”. 

A través de su cuenta de Twitter, el legislador de Juntos por el Cambio consideró que “lejos de perseguirlo”, al campo hay que impulsarlo “porque es el principal generador de divisas, es un motor para la economía argentina y genera millones de puestos de trabajo”. 

Y prosiguió: “Poner cepo a exportaciones del aceite y de la harina de soja es ir en contra del país. Lo mismo si se aplica el potencial aumento de retenciones. Argentina necesita divisas para hacer frente a sus obligaciones, exportar e insertarse al mundo, para generar empleo y salir adelante”. 

“El campo es un orgullo nacional”, concluyó. 

La Coalición Cívica insiste en reclamar que el Gobierno Nacional “deje en paz al campo” y a aquellos que quieren producir e invertir: “Frente a las medidas anunciadas de cierre de exportaciones al aceite y harina de soja, como antesala de un nuevo aumento de retenciones -que consideramos inconstitucional-, la Coalición Cívica expresa su total rechazo a cualquier decisión que implique un incremento en la presión impositiva al sector agroindustrial y a cualquier sector productivo nacional”, señalan. 

“Están atentando contra el único respaldo productivo que sostiene y arrastra el carro de la crisis. Atentan directamente contra el crecimiento económico y la generación genuina de divisas”, agregaron. 

En este sentido, advierten que el déficit fiscal no debe financiarse con mayor presión al sector privado, que produce riqueza y empleo, sino que, por el contrario, “ese es el sector que debe recibir incentivo y menor presión por parte del Estado, para así generar más trabajo y divisas. Más aún en un sector productivo donde el Estado ya se queda con el 70% de lo producido”. 

Desde la CC plantean que “los productores agropecuarios soportan la mayor presión impositiva de toda la actividad privada y es inadmisible que el Gobierno Nacional la siga incrementando, mientras a la vez aumenta el gasto público y la planta estatal”. 

“Además deben ser derogados los artículos 664º, 755º y 756º del Código Aduanero, como hemos propuesto mediante un proyecto de ley presentado este año, para quitarle al Ejecutivo el último resabio legal mediante el cual hace abuso de sus atribuciones, y para que sea sólo el Congreso quien pueda establecer las retenciones y sus alícuotas”, proponen. 

“Al mismo tiempo, no debemos perder de vista la situación global. Mientras los precios internacionales de los commodities de origen agropecuario, entre otros, aumentan, Argentina debería estar pensando de qué manera podemos multiplicar nuestra producción, para aumentar nuestra oferta interna y, sobre todo, aumentar los saldos exportables, para de esta manera generar más divisas, de acuerdo a lo que hoy demandan nuestra economía y compromisos externos”, exponen. 

“Pero no, el Gobierno castiga a los que producen, desincentiva las inversiones y cierran las exportaciones. Por otro lado, realidad a la que no podemos estar ajenos, en un mundo que se vuelve hostil y pone en jaque la seguridad alimentaria desde el momento en que un importante exportador de alimentos es invadido, la respuesta del resto de los productores y exportadores de alimentos del mundo no puede ser el aislacionismo”, consideran en la CC. 

“Nos oponemos a estas medidas y apoyamos el reclamo de los industriales y productores, quienes tienen un rol central”, concluyeron. 

“Suspender la exportación de harinas y aceite de soja es insistir en recetas probadas en su fracaso”, expresaron este lunes los diputados de Córdoba Federal luego de las medidas anunciadas el fin de semana por el Gobierno nacional.

Para los legisladores del schiarettismo, esta medida “desalienta la producción y frena el ingreso de divisas”.

“En el escenario mundial, el complejo agroindustrial es reserva estratégica por el volumen y el rápido impacto que puede generar”, señalaron los diputados Natalia de la Sota, Ignacio José García Aresca y Carlos Mario Gutiérrez, para postear también un mensaje del gobernador cordobés, Juan Schiaretti: “En relación al cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja rechazo esta medida porque perjudica la producción cordobesa y va en contra del ingreso de divisas que son necesarias para nuestro país”.

Diputados. 👇 https://t.co/fZYHikSZl5

— Déborah de Urieta (@ddeurieta) March 14, 2022

“El Gobierno nacional sigue aplicando las recetas del fracaso y ya las conocemos, no son nuevas. Las aplicó el kirchnerismo de manera recurrente. Evidentemente, no saben hacer las cosas de otra manera que castigando ya no solo al sector productivo, sino motor que hace andar nuestro país, que es el campo”, expresó el senador de Juntos por el Cambio por La Pampa el radical Daniel Kroneberger.

En ese sentido, el senador pampeano trazó un diagnóstico respecto a las medidas que está tomando el gobierno Nacional sobre las exportaciones y la suba de las retenciones: “Lo que sucede es que se cerraron las exportaciones y no se permite exportar, porque van a  subir 2% las retenciones al aceite y a la harina de soja, siendo que Argentina es el principal exportador del mundo de aceite y harina. Al subir las retenciones, van a hacer que ese 2% se traslade directamente al productor. Cuando tenés un aumento de costos, los exportadores de harina y aceite no pueden subir el precio, entonces le bajan el precio a los productores”.

“Esta decisión desacertada, en el marco de los impuestos que se han inventado, con una inflación, un déficit y un gasto público que se fue por las nubes, afecta directamente a los que producen, que son los que generan empleo genuino en el país y que apuestan para que nuestra economía salga adelante, en beneficio de todos”, sostuvo el senador Kroneberger. A su juicio, “el Gobierno nacional está sin rumbo, perdido, aplicando decisiones muy dañinas. Y lo peor, es que es en un contexto con grandes oportunidades para la producción lo que están haciendo es asfixiar una vez más”.

Además, destacó el senador, “esta decisión del kirchnerismo se da en un contexto internacional en el que la guerra de Rusia con Ucrania hizo subir el precio de los commodites a  nivel global. Al ser Argentina el primer exportador de harina y aceite se está generando un contexto global peor al generado por la propia guerra”.

Por último, el senador nacional por La Pampa dijo: “El presidente sigue sin un plan a largo plazo. Sin saber lo que pasa en el campo: los productores están por cosechar la soja y en unos meses empiezan a sembrar el trigo. Entonces, estas decisiones erráticas dificultan lo que viene”. “¿Qué viene?”, se preguntó Kroneberger, a lo que respondió: “Se van a demorar las ventas de soja y se va a sembrar menos trigo. Estas son las consecuencias de las viejas recetas del Gobierno Nacional”.

En sus habituales recorridas por La Pampa, Kroneberger estuvo reunido con productores agropecuarios y en ese sentido, adelantó: “Hace unos días leía un pequeño FODA que me compartieron productores pampeanos del campo. Básicamente lo que decía ese diagnóstico es que tenemos una oportunidad, que es el contexto internacional de los commodities. Que tenemos una fortaleza, que es nuestro campo; pero que tenemos una debilidad, que es el gasto público y el déficit. Y que, además, tenemos una amenaza, que es el Gobierno Nacional. Esto deja a las claras que en Argentina, el Gobierno Nacional hace todo al revés: en lugar de potenciar nuestras fortalezas, las está asfixiando y dejando sin aire”.

El titular del bloque Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, advirtió a través de un informe que el Estado incrementará sustancialmente la recaudación proveniente de las retenciones, producto de la suba de los precios internacionales y del nuevo esquema de tipo de cambio. “Aun con este panorama alentador, pretenden aumentar las retenciones. En vez de planificar, gestionar y ordenar las cuentas, el Gobierno insiste con una mayor presión tributaria que desalienta la producción, las inversiones y el crecimiento”.

El diputado realizó una estimación acerca de cuál sería el incremento en la recaudación del Estado para el año 2022 proveniente de las retenciones a la soja, al maíz y al trigo, contemplando el aumento en el precio internacional debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y el tipo de cambio proyectado en el país, pero respetando las alícuotas de retenciones vigentes.

El Presupuesto 2022 proyectaba precios internacionales y un tipo de cambio muy inferiores a los que existen en este nuevo escenario, por lo que la recaudación vía retenciones ya tiene un fuerte incremento.

Desde que se inició la guerra, el precio del trigo subió un 60%, el del maíz un 15% y el de la soja un 6%. Por su parte, el tipo de cambio esperado para fines de 2022 tuvo una fuerte suba debido a las condiciones planteadas en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, que pasó de $131 a $158.

“A pesar de estos dos factores concretos que aumentarán la recaudación del Estado vía retenciones, el gobierno desliza la idea de un posible aumento de alícuotas. Veníamos advirtiendo que esto pasaría. Nuevamente por la falta de gestión optan por una política errática que afecta directamente a la producción y al empleo. No hay plan, ni hoja de ruta, ni rumbo. Van por la más fácil, con una visión recaudadora”, enfatizó De Loredo.

Agregó: “Más retenciones solo implicaría mayor presión en momentos en los que la realidad económica y social no admite más suba de impuestos. Actúan desconociendo la realidad del sector y el desincentivo que generan los cambios abruptos en las reglas de juego: se sembrará lo mínimo, caerán las inversiones y, como consecuencia, la producción”.

De Loredo recordó que el 31 de diciembre de 2021 venció el plazo establecido en el artículo 52 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación para fijar derechos de exportación, de manera que el Ejecutivo no tendría potestad para fijar nuevas alícuotas sin pasar por el Congreso en busca de una ley que lo avale.

Ante estas proyecciones, de Loredo enfatizó: “Con estas decisiones se castiga el agregado de valor en origen, ya que igualar retenciones al grano con productos elaborados como el aceite y la harina, perjudican y desalientan a quienes dan empleo agregando valor. En estos últimos años, China ha aumentado notablemente la capacidad de molienda e industrialización de soja”.

En ese sentido, concluyó: “El aceite de soja influye en el valor de los biocombustibles y la harina de soja en la alimentación animal porque es la principal fuente de proteínas, que es el nutriente más caro y esencial a la hora de producir carnes. Esto impactará en el encarecimiento interno y golpeará en la inflación develando que la lógica del Gobierno es meramente recaudatoria y no para bajar el precio interno de alimentos”.

El Gobierno nacional decidió este domingo suspender el Registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para las exportaciones de harina y aceite de soja, entre otras posiciones arancelarias de la oleaginosa, según informó la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios.

Así las cosas, está al caer una suba de las retenciones, lo cual despertó la reacción de legisladores de la oposición.

“Puede el Gobierno eliminar el diferencial de poroto vs aceite ‘subiendo’ las retenciones? Entiendo que no. En 2016 el gobierno de Mauricio Macri eliminó el diferencial bajando las retenciones. Para entonces la CSJN ya había dictado el fallo ‘Camaronera Patagónica’”, expresó el diputado del Pro Luciano Laspina, que continuó señalando: “Sin embargo, el PEN envió en varias ocasiones el pedido al Parlamento para ratificar las retenciones y delegar cambios en alícuotas, en particular de subas. La última estaba en el proyecto de Presupuesto 2022 que fue rechazado”.

Por lo tanto, agregó Laspina, “el PEN no puede ahora aplicar facultades que solicitó hace muy poco tiempo al Congreso. Eso sería argumentar que solicitó una delegación por pura cortesía. Una burla al Congreso y la ley”.

Coincido con @omarperotti en este punto. Tenemos que aprobar una ley YA que limite la discrecionalidad del PEN en fijar cupos a la exportación y subir las retenciones. ¡Basta de saquear al campo y a los productores! https://t.co/teIYTtvbdD

— Luciano Laspina (@LaspinaL) March 14, 2022

El presidente del bloque radical, Mario Negri sostuvo este domingo que “cerrar exportaciones para pretender frenar la inflación va a profundizar la caída de la economía y generar más pobreza. Como el Gobierno no tiene un plan elige seguir saqueando al sector que más recursos le aporta al país”.

“De bajar los gastos innecesarios, ni hablar –agregó-. Una locura”.

A su vez, el presidente del bloque Pro, Cristian Ritondo, tuiteó: “¿Se vienen más retenciones? Solo saben subir impuestos. Algún día van a entender que subir impuestos no siempre genera mayor recaudación. Ahogar al que produce no es redistribución, es solo un manotazo de un gobierno sin plan ni ideas”.

¿Se vienen más retenciones? Solo saben subir impuestos. Algún día van a entender que subir impuestos no siempre genera mayor recaudación. Ahogar al que produce no es redistribución, es solo un manotazo de un gobierno sin plan ni ideas. pic.twitter.com/kTnKJu576S

— Cristian Ritondo (@cristianritondo) March 14, 2022

Otro diputado del Pro, el santafesino Federico Angelini disparó: “#ElPeorGobiernoDeLaHistoria avanza una vez más contra el mayor motor de la economía argentina. Son un desastre, quieren reactivar la economía peleándose con el campo. Este camino solo generará más desempleo, más pobreza y más gente dependiendo del Estado”.

.#ElPeorGobiernoDeLaHistoria avanza una vez más contra el mayor motor de la economía #Argentina.

Son un desastre, quieren reactivar la economía peleándose con el campo.

Este camino solo generará más desempleo, más pobreza y más gente dependiendo del Estado.#campo #retenciones pic.twitter.com/YqRxJCGSa7

— Fede Angelini (@fangelini) March 14, 2022

A su vez, el exministro de Agroindustria y actual diputado nacional Ricardo Buryaile advirtió que “subir retenciones es repetir recetas fracasadas. El P. Ejecutivo no tiene delegaciones de facultades del Congreso, y la Ley de Emergencia Económica venció el 31/12/21. Así, sólo generan incertidumbre, desalientan la producción e inversión y privan el ingreso de divisas al país”.

José Luis Espert opinó que “si ésta es la previa de una suba de derechos de expo, ojalá que el campo les haga otra 125 y vaya a fondo. Y otra cosa: fijar derechos de exportaciones e importaciones es facultad del Congreso (Art 75 inc. 1 de la CN) que nunca estuvo correctamente delegada, así que son inconstitucionales”.

Y cerró: “Si el campo realmente quiere que no se lo sigan fumando en pipa no debería vender ni un grano de nada a partir de ahora. Nada. 0”.

“Qué caraduras son. Funcionarios del Gobierno Nacional pasearon por Expoagro repitiendo mentiras y ahora cierran las exportaciones de harina y aceite de soja. Están en contra del empleo y la producción. Agreden al campo, atentando contra el futuro del país. Son unos incapaces”, expresó Ricardo López Murphy.

Mientras tanto, la diputada María Eugenia Vidal tuiteó: “Según el Banco Mundial, solamente 33 países tienen vigentes retenciones a las exportaciones.

De estos 33, 25 contaban con una tasa inferior al 1%. Sólo cinco países tienen una relación superior al 15%: Argentina, Islas Salomón, Kazajistán, Rusia y Bielorrusia”.

Según el Banco Mundial, solamente 33 países tienen vigentes retenciones a las exportaciones.
De estos 33, 25 contaban con una tasa inferior al 1%.
Sólo cinco países tienen una relación superior al 15%: Argentina 🇦🇷, Islas Salomón 🇸🇧, Kazajistán 🇰🇿, Rusia 🇷🇺 y Bielorrusia 🇧🇾. pic.twitter.com/d5p6KQNDlW

— María Eugenia Vidal (@mariuvidal) March 7, 2022

A su turno, la diputada Mónica Frade recordó que en la sesión de refinanciación de deuda con FMI, “dijimos hasta el cansancio que, eso NADA tenía que ver con aumento de impuestos. Quedó probado. La ley no se sancionó y ya fueron x retenciones. Este gobierno solo puede sostenerse con mentiras, no sé por cuánto tiempo”.

Miguel Bazze señaló que “cerrar exportaciones o aumentar retenciones es una pésima decisión que limitará el ingreso de divisas y perjudicará la economía de todo el país. El gobierno insiste en su estupidez e irresponsabilidad, tomando medidas que ya fracasaron y nos llevaron a tiempos difíciles”.

A su vez, la diputada Karina Banfi expresó que “el cierre de las exportaciones de harinas y aceite de soja lo único que frenará es cualquier política de crecimiento de la economía. Necesitamos cuidar a los sectores que más recursos aportan al país. Necesitamos empleo e inversión, no esto”.

El cierre de las exportaciones de harinas y aceite de soja lo único que frenará es cualquier política de crecimiento de la economía. Necesitamos cuidar a los sectores que más recursos aportan al país. Necesitamos empleo e inversión, no esto.

— Karina Banfi 💚 (@KBanfi) March 14, 2022

Su correligionaria Soledad Carrizo rechazó “un nuevo cierre de exportaciones, y las arbitrarias medidas de asfixia tributaria como única forma de control de precios y abastecimiento local. El gobierno no aprende de sus errores, repite otra vez la misma historia: reemplazar incentivos por enfrentamiento”.

“De nuevo al interior productivo. El cierre de exportaciones y el potencial aumento de retenciones no resuelve ningún problema y sólo agrava los que ya tenemos. En un país que necesita reglas de juego para crecer, el gobierno siembra sistemáticamente incertidumbre e imprevisión”, comentó el santafesino Juan Martín, en tanto que para su par Martín Arjo, se trata de “una apretada más que no solo es cuestionable en cuanto a su oportunidad sino también a su legalidad”.

Agregó: “En 2016 se eliminó el diferencial bajando las retenciones, la CSJN ya había dictado el fallo Camaronera Patagónica que declaró la inconstitucionalidad de la fijación de retenciones sin aprobación del Congreso.

El cordobés Marcos Carasso expresó: “Tan sólo unos días bastaron para incumplir lo prometido. El gobierno nacional anunció el cierre de exportaciones y una posible suba de retenciones de harina y aceite de soja, atribuyéndose competencias propias del Congreso de la Nación”.

Agregó: “Una vez más el kirchnerismo vuelve a castigar al sector productivo, fuente de la principal entrada de divisas”.

A su turno, el diputado Julio Cobos sostuvo que “nuestra postura es clara, no avalamos nuevos impuestos o aumentos de los mismos. Es una mala señal el aumento de las retenciones, el campo es quien mayor cantidad de divisas aporta a nuestra economía y es contraproducente desalentar la exportación”.

Roxana Reyes se preguntó: “¿Qué está haciendo el gobierno? Kirchnerismo. Van a aumentar las retenciones a las exportaciones, harán el revalúo inmobiliario, van a aumentar las tarifas y seguirán emitiendo. Alberto Fernández no tiene un plan ni la menor voluntad de convocar a un verdadero compromiso político”.

Por su parte, Gabriela Lena comentó: “Otra vez el gobierno aplica viejas recetas en contra de quienes producen. No más impuestos. No más cepo”.

El diputado nacional por la UCR Ricardo Buryaile, se manifestó ante las versiones sobre una posible suba de retenciones y señaló que “el Poder Ejecutivo no está facultado para legislar en esta materia”.

En medio de renovadas versiones sobre una suba de las retenciones para el trigo y el maíz, el ex ministro de Agroindustria de la Nación explicó por qué sería inconstitucional aplicar esa medida: “Si el Gobierno hace tal modificación invocando las disposiciones del artículo 755º del Código Aduanero, ese decreto sería nulo de nulidad absoluta e insanable”, aseguró.

Hola @dmvasco, el aumento de precios 2021/2022 en prendas de vestir y calzado fue del 66,3%, cuando la inflacion fue de 50,7 ¿y si probamos con abrir para que se pueda importar así bajamos los precios? pic.twitter.com/IJMIZrngyr

— Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) March 13, 2022

En un informe elaborado por el legislador formoseño junto a su equipo de asesores, remarca que la Constitución Nacional “establece que sólo el Congreso Nacional impone contribuciones y es quién tiene la facultad de establecer los derechos de importación y exportación”. Además, Buryaile señaló: “Como si ello fuera poco, la Carta Magna prohíbe la delegación legislativa, la que sólo se podrá considerar en situación de emergencia”.

Finalmente, Buryaile sentenció que “este tipo de políticas han tenido consecuencias nefastas para el sector agropecuario. Solo sirvieron para disminuir los niveles de producción, desmotivar la inversión y privar el ingreso de divisas al país”.

Se llevó a cabo la edición 2022 del principal evento empresarial de la vitivinicultura argentina, bajo la combinación de un nuevo formato mixto: presencial y vía streaming. 

Los discursos estuvieron a cargo de la presidenta de Bodegas de Argentina, Patricia Ortíz, el ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié y el ministro de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez. 

Además, se contó con la presencia del Gobernador por Mendoza, Rodolfo Suárez; el Gobernador de Jujuy Gerardo Morales, el vicegobernador de Mendoza, Mario Abed; la ministra de Cultura y Turismo, Nora Vicario; el ministro de Cultura de CABA, Enrique Avogadro, la Senadora Mariana Juri, el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura Martín Hinojosa, entre otros, funcionarios, legisladores y autoridades nacionales, provinciales y municipales. 

En su discurso, la presidente de Bodegas de Argentina enumeró una serie de dificultades que atraviesa el sector, como son la disminución en los despachos totales de vinos, las diferentes intervenciones del Gobierno Nacional y Provincial en la cadena de valor, la pérdida de cuota de mercado internacional. Se refirió también a las políticas sectoriales que no fomentan la reconversión ni la tecnificación de los productores de uvas y vinos, la falta de recursos por parte del estado para la promoción del vino, las retenciones y el atraso cambiario. 

Respecto a las dificultades expresó: “Nos preocupa la caída en las ventas que, luego del paréntesis de la pandemia, sigue su curso y cuyo origen es la falta de competitividad, sobre todo de los vinos de segmentos bajos, que son los más consumidos y los que más impactan en los productores de uvas. Nuestro mercado interno cayó 11% respecto al año anterior, retomando la curva decreciente de los últimos años, y si bien la exportación de vino fraccionado creció en un 8% como mencionara el presidente de la Nación, su valor, en términos reales, está por debajo del récord histórico del 2012”. 

La presidenta enfatizó, además, que hay una gran preocupación por la creciente intervención del Estado en temas privados empresarios y que se necesita del mismo políticas y acuerdos público-privados para fomentar el consumo, como el Distrito del Vino, en desarrollo en la Ciudad de Bs As, replicable en otras provincias y ciudades y en el exterior, trabajar junto a las embajadas, como venimos haciendo, al Mercado de Turismo, promocionando a la Argentina y sus economías regionales. 

Recalcó además que Leyes como el acuerdo Mendoza / San Juan, tendiente a regular los destinos de las uvas para vinificar o elaborar mosto, así como el Banco de vinos, que pretende inmovilizar los vinos a granel, no resolvieron la diversificación de variedades ni los sobre stocks vínicos que pudieran generarse. 

Con relación a la situación con las exportaciones comentó: “Nos preocupa perder cuota en el mercado internacional y crecer a la mitad del ritmo que nuestros competidores, cuando tenemos productos de igual o superior calidad. Nuestra participación del 3,6%, cayó el año pasado al 2,7% acompañado por una disminución en valor; un claro índice de nuestra pérdida de competitividad. En concepto de retenciones, el sector aporta 38 millones de USD, a lo que debemos sumar un valor similar en concepto de aranceles en los mercados de destino como consecuencia de la falta de acuerdos de libre comercio, siendo Argentina el país que más paga en el mundo en concepto de aranceles por importaciones vitivinícolas.” 

La presidente de Bodegas de Argentina enfatizó sobre el trabajo que realiza la cámara en sus diferentes áreas específicas que están presentes en todos los eslabones de la cadena, desde los temas vitícolas hasta los referidos a los mercados de destinos, pasando por la producción de vinos, logística y distribución, teniendo presente que en cada uno de estos ámbitos existen regulaciones y situaciones particulares de una actividad compleja como es el mundo del vino. 

Recalcó, además, lo realizado en los últimos 10 años en los ámbitos de la sustentabilidad, el turismo y el consumo responsable, llevados adelante con recursos aportados por las empresas socias y rechazó la duplicidad por parte de COVIAR que, recientemente, pretende incursionar en estos ámbitos, desviando fondos que deberían ser destinados a la promoción del vino argentino, que con tanto éxito y profesionalismo lleva adelante Wines of Argentina. En este sentido, COVIAR creó una nueva unidad ejecutora para la exportación. 

“Y con estas palabras concluyó su discurso: Mientras seguimos discutiendo estos temas históricos, el mundo avanza y perdemos mercado. Tenemos todas las condiciones para estar a la vanguardia. Debemos coordinar una serie de acuerdos estratégicos que nos permitan cumplir las metas y estar a la altura de las circunstancias. Se lo debemos a todos los que vienen trabajando durante décadas para posicionarnos donde estamos; y a las generaciones de trabajadores, empresarios y consumidores que vienen. No podemos perder más tiempo. 

Finalmente, agradeció al INV, Cancillería, Ministerio de Producción y al Ministerio de Agricultura, Secretaría de Comercio, a las Embajadas y por supuesto al Gobierno Provincial por su permanente predisposición a reunirse”, dijo. 

Luego, fue el turno del ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié y dijo entre otras cosas: “Tenemos que ir más allá, no nos podemos quedar solamente con mirar hacia atrás y hacer las políticas tradicionales. Tenemos que ir a profundizar y crear instrumentos nuevos, que las pymes inviertan y que generen puestos en blanco, que es la política social de corto plazo más importante”. 

Por último, el discurso final fue dado por el ministro de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Dominguez: “El sector ha logrado gestionar beneficios que otros sectores de la Argentina no lo han logrado” (…) “Esta es una Argentina injusta, exportar cuesta muy caro, la incidencia de la logística en nuestro país para todas las economías de las provincias”. 

Héctor Durigutti, enólogo y en representación de Guillermo Lamadrid, dio unas palabras de agradecimiento por recibir tan importante evento en Lamadrid Estate Wines. 

Como es habitual, los vinos fueron acompañados con agua mineral Villavicencio, junto con la difusión de conceptos y directrices del consumo responsable de vino a través del programa Wine in Moderation. 

Acompañan a los Agasajos de Bodegas de Argentina 2022: Banco Galicia, Luján Agrícola y UPL, Insur, Verallia, Banco de la Nación Argentina, Banco Supervielle, Banco Patagonia, Agrinet, COFACE, Altieri, Nix Valores, Andreani, Osde, Aguas Danone, Diario Los Andes, Radio Mitre, Grupo América. 

La diputada nacional por Córdoba de la CC ARI Leonor Martínez Villada presentó un proyecto de ley para despejar cualquier tipo de justificación legal que pueda respaldar la fijación de los derechos de exportación del agro por parte del Poder Ejecutivo. Para eso, la diputada propuso derogar los artículos 664°, 755° y 756° de la Ley 22.415 del Código Aduanero.

“La fijación de los derechos de exportación es potestad absoluta e indelegable del Congreso de la Nación, es la institución que debe trabajar y aprobar lo referido a las retenciones al agro, sector que se encuentra atravesando una difícil situación, resultado de sequías,  incendios forestales y de una severa distorsión tributaria”, sostuvo Martínez Villada.

“Esta iniciativa no sólo fomentará y avanzará hacia un debido cumplimiento de la Constitución y la institucionalidad democrática, sino también se podrá facilitar desde el Congreso un trabajo mancomunado que acerque y brinde soluciones al sector agropecuario, pilar fundamental en nuestro país”, explicó la diputada de la CC ARI.

El proyecto fue acompañado por los diputados nacionales de la Coalición Cívica Rubén Manzi y Mónica Frade.

Según indica la iniciativa, hasta este momento, el Poder Ejecutivo hace uso de herramientas jurídicas que lo habilitan a establecer estos tributos. Uno de ellos es la Ley de Emergencia Pública sancionada en 2019, que perdió vigencia el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el Código Aduanero, actualmente se le delega al Ejecutivo la facultad de establecer elementos esenciales para los derechos de exportación.

El artículo 75°, inc. 1, de la Constitución señala que el Congreso Nacional debe “legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación”.

Además, según el artículo 76 de nuestra Carta Magna, “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.

Tras haber perdido vigencia la Ley de Emergencia Pública y sin la aprobación del proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2022, los diputados de la CC proponen la urgente derogación de los artículos 664°, 755° y 756° del Código Aduanero con el fin de despojar de herramientas jurídicas al Poder Ejecutivo que son contrarias a lo establecido en la Constitución Nacional.

El senador oficialista Oscar Parrilli apuntó contra el campo, que se puso en alerta por las declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre una posible suba de retenciones, y lanzó: “Siempre dicen lo mismo pero se llenan los bolsillos de plata y se llevan las divisas afuera”.

“Hoy el aumento del precio de los alimentos tiene que ver mucho con el aumento de los precios internacionales de los commodities, de los bienes que nosotros exportamos, y ellos pretenden ganar en el mercado interno lo mismo que ganan en el extranjero”, sostuvo.

Para el neuquino, “si no hay una política del Gobierno de desacoplar los precios internos de los internacionales siempre vamos a tener estos problemas”.

El legislador recordó que en los gobiernos kirchneristas “fuimos criticados por los que se creen los dueños de la Argentina” con las medidas tomadas respecto al sector, “pero se podía comer a precio razonable el pan, la leche, el asado, la carne, los alimentos”.

“Teníamos una inflación controlada y un poder adquisitivo inédito. En los 12 años de gestión, nuestro gobierno se caracterizó por eso, por tener un gran poder adquisitivo por parte de los salarios”, agregó.

Consultado en radio Futurock sobre la invitación del jefe de Estado a la Mesa de Enlace, Parrilli se mostró de acuerdo con que “siempre hay que hablar”, sin embargo advirtió: “Eso no significa que uno acepte las condiciones de las patronales agropecuarias, que no se han dado cuenta que perdieron las elecciones”.

En ese sentido, disparó que el gobierno de Mauricio Macri dejó “el país endeudado, empobrecido, destruyeron la industria, los salarios de los jubilados y pensionados por el piso, y los únicos que se llenaron de plata fueron ellos”.

“Si son verdaderamente democráticos tienen que reconocer que hay otro Gobierno, que tiene otras prioridades, otras políticas y que tienen que someterse a esas políticas, y no es que con amenazas, chantajes o con estas acciones violentas que ellos tienen que se puede construir una Argentina en serio”, completó.

Proyecto sobre impuesto a las Ganancias

Parrilli aseguró que la iniciativa presentada por Sergio Massa para que no paguen el impuesto a las Ganancias los salarios hasta 150 mil pesos, “es un buen proyecto, es auspicioso”.

Y cargó contra la gestión de Cambiemos al decir que “esta es otra de las grandes mentiras del macrismo”, porque cuando Cristina Kirchner dejó el poder había un “10, 12% de trabajadores que pagaban impuesto a las Ganancias; Macri dijo que lo iba a sacar, lo iba a eliminar y no solamente lo aumentó sino que aumentó la cantidad de trabajadores que pagan Ganancias”.

Para el senador, la medida será “una manera de mejorar el salario de los trabajadores y mejorar el consumo interno que es lo que Argentina necesita”.

Por otra parte, el legislador del Frente de Todos opinó que “las reformas tributarias hay que hacerlas paulatinamente, no se pueden hacer de un día para el otro porque eso genera un desequilibrio fiscal”.

Y remarcó: “Tenemos que ir haciendo modificaciones bajo el principio de llevar la presión fiscal sobre las grandes fortunas y riquezas”. “Argentina está por debajo de la presión tributaria de los cánones europeos sobre las grandes fortunas. Hoy paga muchos más impuestos el que menos tiene”, añadió.

Elecciones PASO

El kirchnerista se mostró a favor de que se realicen las elecciones PASO, aunque reconoció que quizás haya que “postergarlas en función de la pandemia y de resguardar la salud de la población”.

“Estoy de acuerdo con las PASO y con las generales, creo que es un mecanismo idoneo que se ha creado y me parece que los argentinos tenemos un sistema de votación, adoptado hace años, que ha dado sus frutos”, expresó.

En esa línea, dijo: “No me parece conveniente que todos los años estemos discutiendo a ver qué sistema electoral vamos a tener”. “Lo que sí es razonable y criterioso evaluar el momento en el cuál hacerlas”, reiteró y aseveró que “la democracia tiene su costo” y “en todo caso lo más importante es conservar su importancia”.

En medio de un debate intenso entre el Gobierno y los sectores productores en torno a la inflación de los alimentos, la diputada nacional Fernanda Vallejos resaltó las herramientas con las que  cuenta el Estado en materia de control de precios. Asimismo, criticó las expresiones de sectores exportadores y medios de comunicación a los que acusó de apelar a “planteos extorsivos”.

Durante una entrevista con El Destape Radio, la legisladora dijo que “las retenciones o los derechos de exportación son un instrumento por excelencia cuando hablamos de medidas económicas para desacoplar los precios internacionales de los productos que forman parte de la canasta de exportación de la Argentina”. Además, agregó que los alimentos “tienen que estar en armonía con la capacidad de compra del salario y de los ingresos del pueblo argentino”.

En los últimos días, y en consonancia con el trabajo que se está llevando adelante desde el Gobierno Nacional para lograr un acuerdo de precios y salarios, el presidente Alberto Fernández brindó una serie de entrevistas donde, al referirse al incremento del precio de los alimentos y la responsabilidad de los sectores productores,  sentenció que “si no entienden, voy a subir las retenciones y establecer cupos a la exportación. No se puede especular en este contexto, no tienen derecho a lastimar la tranquilidad de la gente”.

En la misma línea, la economista indicó que “los argentinos no podemos definir nuestra posibilidad de comer o de dejar de comer, en base a posiciones que se fijan en el mercado de Chicago al tiempo que aseguró que este tema “es el punto número uno no solamente en la agenda económica sino política, pero esencialmente porque no tengo dudas, la agenda de la familia argentina”.

Por otro lado, al referirse a las reacciones de los referentes y sectores económicos vinculados a la exportación de alimentos tras las declaraciones del presidente, la diputada del Frente de Todos mencionó que “en algún punto es lógico que, los sectores vinculados al mercado de exportación agropecuaria, defiendan un ciclo donde sus ganancias están creciendo precipitadamente. En definitiva, están defendiendo su rentabilidad”, pero sin dejar de enfatizar en que “aquí lo que hay que entender es que el Estado tiene que tomar decisiones para el conjunto de la sociedad argentina, no solamente de un sector”. Posteriormente la diputada recordó que el aumento en el precio de los alimentos “tiene connotaciones macroeconómicas porque, si la canasta de alimentos se dispara, evidentemente estamos alimentando un elemento básico del desarrollo de un proceso inflacionario”.

Para finalizar, en cuanto al uso de ciertas prácticas de presión por parte de los sectores agropecuarios la economista subrayó que “No es nuevo que hay sectores que utilizan estas prácticas. Tampoco nos podemos hacer los tontos con el aval de los grandes medios nacionales que acompañan y fogonean este tipo de decisiones, pero que conspiran en definitiva contra el conjunto de los argentinos”.

Concluyó insistiendo en que, “el Estado tienen que velar por el bien estar de todos y de todas, y que de ninguna manera puede ceder ante planteos extorsivos que son sectoriales e indefectiblemente tiene que actuar haciendo caso omiso a los mismos”.

El diputado nacional Atilio Benedetti (UCR) calificó de “desacierto” la “amenaza” del presidente Alberto Fernández sobre una posible suma de retenciones, y enfatizó que “los productores no son los formadores de precios”.

“Lo del presidente me parece un desacierto, querer culpar a los productores agropecuarios de la suba de los precios alimentos”, señaló el radical, en referencia a las declaraciones del mandatario en una entrevista al diario Página/12.

El entrerriano dijo que “es cierto que hay una recuperación de los commodities”, algo que es “una noticia muy buena para el país, porque vamos a poder obtener por las exportaciones mayores dólares”.

Sin embargo, “de ahí, a pedir a los productores que resuelvan el problema de la inflación, creo que es un desatino, porque los productores no son los formadores de precios, los formadores de precios son en todo caso las cadenas de comercialización”, resaltó el legislador.

En diálogo FM La Patriada, el opositor consideró que “el presidente anda buscando culpables de una dificultad que es crónica (la inflación)”. “No hay ningún país en la región productor de alimentos que tenga problemas por la suba de los precios internacionales”, continuó.

Benedetti expresó que le parece “mal” que “el presidente busque culpable” y que “se aumenten más los impuestos”. “Es un error que en el mediano plazo lo que hace es reducir la producción y llevar más costo a los alimentos”, explicó.

“Mal le haría al país volver a la confrontación (con el campo)”, alertó el diputado, que aclaró que “no es que poniendo retenciones va a bajar el precio”.

Aunque dijo que no comparte muchas de las ideas de Hebe de Bonafini, coincidió con la idea de la titular de Madres de Plaza de Mayo sobre suplantar la carne por garbanzo, lentejas y arroz: “Complementariamente y desde el punto de vista saludable, es una buena idea”, lanzó el radical.

“El gobierno tiene diálogo con representantes de los sectores productivos y funcionarios que conocen bien el mecanismo de producción y comercial. Hay muchos segmentos para que el Gobierno pueda poner la mirada y no en los productores, que no ponen los precios”. completó.

El ex ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile, actual diputado nacional por Formosa del bloque UCR y del interbloque JxC, decidió responder por escrito a las amenazas que hizo el primer mandatario del país Alberto Fernández a los productores agropecuarios, quien advirtió este domingo sobre la posibilidad de instaurar nuevamente cupos a las exportaciones y subir las retenciones.

Lo hizo a través de una carta abierta publicada en Facebook, donde el legislador responsabilizó al presidente de endilgarles a los productores la inflación y amenazarlos con instaurar cupos a las exportaciones o subir las retenciones, pero desconoce -apuntó- que “los productores no tienen capacidad real de influir en el precio final que pagan los consumidores. Nunca la amenaza puede ser una invitación al diálogo”.

“Presidente, usted les pide a los productores que presenten una propuesta de desacople de precios, ignorando cómo funcionan las cadenas de valor, es decir cómo se forman los precios desde el productor primario hasta el consumidor final. Sería bueno que entienda que el desacople de precios al que usted hace referencia en un diario está dado en primer lugar por el desdoblamiento cambiario entre el dólar oficial y el dólar MEP. Un productor argentino, en el caso del trigo y del maíz, recibe un 50 por ciento menos en pesos de lo que recibe un productor de Paraguay, Brasil o Uruguay. En el caso de la soja los productores argentinos reciben un tercio de lo que reciben los productores de los otros países de la región”, señaló Buryaile.

El exministro de Cambiemos sostuvo que “los productores agropecuarios no son formadores de precio, son tomadores de precios, no hay cartelización en este rubro porque se multiplica por miles los productores a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cómo puede pedirle al primer eslabón que determine el precio que paga el consumidor cuando ni siquiera puede incidir en el propio precio al que vende su producción?”.

Agregó Buryaile que “el productor agropecuario no tiene capacidad de influir en los impuestos nacionales y provinciales, en el precio del transporte y mucho menos en las utilidades que reciben los intermediarios y supermercadistas”.

“Antes de hablar y lanzar estas amenazas, presidente, usted debería saber cuál es la incidencia del valor al que los productores venden sus productos sobre el precio que el consumidor paga en los supermercados. En el caso del valor del trigo, éste tiene una incidencia de solo el 10 por ciento sobre el precio del pan, en el caso del maíz la incidencia en el precio de la carne vacuna es de entre el 15 y 22 por ciento y en el precio de la carne aviar es del orden del 20 por ciento”, detalló Buryaile, quien cuestionó al mandatario por pedirles a “quienes no controlan entre el 80 y 90 por ciento de la cadena de valor que sean los responsables de fijar el precio final de los productos. Usted sabe que esto es imposible. Solo está escondiendo la intención de recaudar 400 millones de dólares adicionales a los más de 10.000 millones de dólares que va a recaudar en 2021 por las retenciones”.

Para Buryaile, restablecer los cupos de exportación significará “volver a la política de la tristemente famosa ONCCA-Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, que reinó durante el kirchnerismo y que fue un antro de discrecionalidad y corrupción”. Y agrega que “esta política ya fracasó y a los únicos que benefició fue a los grandes exportadores, es como poner a un zorro a cuidar un gallinero, porque lo primero que sucede cuando se establecen cupos es la depresión de los precios internos, lo que lleva a los productores a mal vender sus productos a los exportadores quienes, cuando logran acceder a un cupo, venden todo a precio pleno. Mientras existió la ONCCA, los exportadores tuvieron una utilidad de un tercio extra a cuando ésta no existía”.

Buryaile concluye reclamando “una política económica, fiscal y monetaria seria para luchar contra la inflación en lugar de poner como enemigos número uno de la sociedad a los productores agropecuarios”.

La diputada nacional del Pro por Entre Ríos Alicia Fregonese expresó su preocupación luego de que la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, expresara que no se descarta una suba de las retenciones para frenar los precios de los alimentos. “Los dichos de Todesca no hacen más que espantar a todo aquel que quiera invertir en el país”, advirtió.

“Una economía fuera de control no se arregla con más impuestos al campo. El Gobierno nacional tiene herramientas para frenar la suba de los alimentos más efectivas que seguir subiendo las retenciones. Sin embargo, en un año no sólo se aumentaron las retenciones, sino que se amplió la brecha cambiaria y se impuso el impuesto a los grandes contribuyentes para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”, expresó la diputada entrerriana.

“Es inmoral usar el problema del atraso salarial como excusa para un nuevo impuestazo a la producción, el cuarto en catorce meses de gobierno. Y es muy grave el error de diagnóstico de la vicejefa de Gabinete, que es una economista preparada, de no reconocer que el poder adquisitivo del salario cae por la pérdida de valor de la moneda porque nos va a llevar de nuevo a errores del pasado”, sostuvo Fregonese.

Asimismo, la diputada de Pro indicó: “Nuestros vecinos Uruguay, Brasil y Paraguay son productores y exportadores de alimentos como nosotros, pero la inflación en esos países es de un dígito. La política macroeconómica del Gobierno genera la inflación que nos hace perder a todos los argentinos, en especial a los que menos tienen”.

“Los precios internos de los commodities están desacoplados de los precios internacionales por las retenciones y el diferencial del tipo de cambio. Si el gobierno no puede frenar el precio de los alimentos cuando el productor recibe la mitad o menos de los precios internacionales, el problema está claramente en una macroeconomía fuera de control”, concluyó.

El senador nacional por Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck solicitó al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la supresión arancelaria del jugo concentrado de pera y aromas, con el objetivo de fortalecer las economías regionales, crear valor agregado y potenciar la creación de empleo.

Explicó que si bien la reducción de los derechos de exportación incide favorablemente sobre la competitividad del sector frente al exterior, la industria juguera rionegrina no se vio beneficiada por estas medidas, respecto de productos similares que sí fueron beneficiados.

“En el caso de la pera entendemos que el derecho de exportación debería ser del 0% ya que, de no ser así, solo se beneficiaría al Jugo de Manzana, gravando las demás posiciones con una alícuota muy superior a otros jugos concentrados de economías regionales similares a los cuales se les eliminan las retenciones llevándolas a cero, debiendo también tener en cuenta que la exportación en fresco de las mismas especies no tiene retenciones”, sostuvo.

El exgobernador rionegrino fundamentó que el jugo concentrado de pera y los aromas se exportan en un 99% y su producción juega un rol muy importante en la cadena productiva regional, ya que es el destino de aquella fruta que, por razones de falta de calidad el pequeño y mediano productor, no se puede destinar a la comercialización en fresco.

“Internacionalmente el mercado del jugo concentrado de pera es muy reducido, competitivo y con niveles de precio muy ajustados para nuestros costos de producción, habiendo logrado que nuestro país mejorara nuestra  posición en este mercado luego de años de arduo trabajo”, agregó.

En tanto, Weretilneck pidió la supresión de aranceles de exportación para el sector ovino en todos sus productos: lana sucia, lavada, peinada, Blousse, Sub Proutos y Grasa.

Remarcó el daño que ocasionó la pandemia de Covid-19 junto con las intensas nevadas durante el crudo invierno, que dejaron al sector en una delicada situación. A esto se sumó el derrumbe de los precios y mercados nacionales e internacionales de todas las lanas y de la carne ovina, industrias paradas, ventas casi nulas, dificultades propias del coronavirus para el trabajo y la logística.

“Quiero transmitir mi enorme preocupación por el sector lanero, que en Río Negro nuclea a más de 2.200 productores, siendo una de las principales actividades realizadas en el sur de la provincia. Estas medidas tomadas no solo no estimulan la producción si no que, en este tan duro año por el que está pasando, agrava y profundiza la crisis”, finalizó.

El diputado radical Juan Martín se reunió con productores del departamento Caseros, en la zona núcleo santafesina, para analizar alternativas ante el impacto que tendrá la suba de retenciones. Además, en continuidad con el trabajo desarrollado junto a otros diputados del bloque de la UCR, hubo encuentros con agencias turísticas pymes, afectadas por el impuesto PAIS.

“Estamos acompañando al campo en esta situación difícil. Junto al exintendente santafesino José Corral, nos reunimos en Chabás con productores agropecuarios. El cambio de reglas que decidió el gobierno con más retenciones ya son demasiado para nuestra producción”. Así se refirió el diputado Juan Martín al encuentro mantenido en el departamento Caseros, zona núcleo de la producción santafesina, con productores que ven amenazada su continuidad ante el impacto adverso que acarreará el aumento de retenciones.

“A esta situación se suma la prepotencia de los dirigentes kirchneristas como Juan Grabois y Oscar Parrilli, que con sus declaraciones se está llevando a una situación de prepotencia y destrato que nuestros productores no toleran más”, advirtió el legislador.

La senadora nacional Silvia Giacoppo (UCR-Jujuy) se refirió este martes a las versiones que indican que el presidente Alberto Fernández anunciaría el próximo 1° de marzo, en el inicio de sesiones ordinarias del Congreso un aumento del 3% en las retenciones a la soja. Al respecto, la legisladora señaló que “nada más equivocado, si el objetivo es reactivar la economía, que seguir aumentando la carga impositiva de los productores agropecuarios”.

“Es el campo una gran fuente de ingresos, pero no podemos seguir cargando sobre los hombros de los pequeños y medianos productores la carga de ser, una vez más, quienes aporten los recursos para equilibrar las cuentas fiscales”, agregó.

“Si es, como señalan las informaciones previas, una carta de negociación con el Fondo Monetario, le pediría al gobierno que busque la solución por otro lado. Esta presión al sector agropecuario ya la vivimos y los recuerdos no son lo mejores. Alli, se agrandó la grieta y la división entre los argentinos. No profundicemos esas diferencias”, remarcó Giacoppo.

“Las entidades que representan a los productores no descartan ir al paro si el gobierno aumenta un 3% las retenciones a la soja. Están en todo su derecho ya que no parece ser muy acertada la medida que adoptaría el gobierno”, agregó.

“El campo no resiste más impuestos. Los productores hoy están agobiados. Tal vez habría que buscar la forma de aliviarles esa carga, no de aumentarla”, finalizó Giacoppo.